esquema principios sancionador

7/23/2019 esquema principios sancionador

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ESQUEMA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Alejandro Vergara Blanco

SUMARIO: 1. RTaturaleza y principios del Derecho Administrativo San-

cionatorio. 1, Naturaleza de las sanciones administrativas. 2. Recepcinde prin-

cipios del derecho administrativo sancionatorio en Ia Constitucin y en la juris-

prudencia del Tribunal Constitucional. II. Principios inspiradores del ius

puniendi, en su manifestacin administrativa. ll. Prrnctptos inspiradores del ius

puniendi, en su manifestacin administrativa. 1. Principio de legalidad. 2.

Principio de tipicidad. 3. Principio de la culpabilidad. 3. Principio de la

culpabilidad. 4. Principio non bis in idem. 5. Principio de la proporcionalidad.

6. Derecho a la presffnci6n de inocencia.

III. El procedimiento sancionatorio:

procedimiento legal. Conclusiones. Bibliografa.

RESUMEN: Trtase en este trabajo de una exposicin sistematizada de

los principios que se aplican en materia sancionatoria a nivel administrativo. Se

describe en

l su nataraleza

jurdica, los principios que la inspiran, sus mani-

festaciones, y cul es a expresitn normativa del procedimiento sancionatorio de la

especie.

Palabras clave: Administracin - Potestad sancionatoria - Natura-

leza jurdica - Principios - Procedimiento.

Ofrezco, a efectos de sistematizacin, este sencillo esquema de los

principios que cabe aplicar en materia de sanciones administrativas2.

La potestad sancionatoria de la administracin cabe distinguirla de

la potestad sancionatoria penal, aunque ambas son reflejo del ius puniendi

del Estado; esta surge de la potestad jurisdiccional del Estado (solo los

Tribunales imponen propiamente sanciones penales, materia estudiada

por el derecho penal) y aquella surge de la potestad de administrar (la

Administracin puede imponer directamente sanciones, las que legal-

mente no se reputan penas, en virtud del artculo 20 del Cdigo Penal,

pero cuyo ejercicio que puede ser revisado por los Tribunales).

Doctor en Derecho, Universidad de Navarra. Profesor de Derecho Admmisrrariv-o Econ-

mico, Pontific ia Universidad Catlica de Chile.

2

Esquema que se sigue, igualmente, en nuesrro ilbro: Dere& El&~rrco, Santiago, Editorial

Jurdica de Chile, 2004, pp. 317- 327. de ah que los ejemplos que util izo en este escrito

son de la normativa elctrica, pero aplicables a toda potestad sanc~onator~.

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Revista de Drrechn Ano 11 N 2 2004

U. Carlica del P\orte Sede Gx,un,,bo

En muchos textos legales vigentes se le otorga a la Administracin

la potestad sancionatoria (como es el caso, por ejemplo, de los artculos

15 y siguientes, Ley N 18.410 de 1985, que crea la Superintendencia

de Electricidad y Combustibles, en materia elctrica), potestad cuya le-

gitimidad rara vez se discutes, pues en definitiva su ejercicio siempre

queda vinculado a la juridicidad y al posterior control jurisdiccional,

siendo esto ltimo algo ineludible en todo acto de la Administracin.

1. NATURALEZA t' PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

SANCIONATORIO

Antes de todo anlisis dogmtico de toda norma que establezca

potestades sancionadoras de la Administracin, es necesario revisar la

naturaleza y los principios que regulan el ejercicio de esta potestad, para

verificar:

(i)

por un lado, desde la perspectiva de la Administracin, sus lmites

y posibilidades de accin, y

(ii) por otro, los derechos que al respecto le asegura el orden jurdico al

administrado.

1. Naturaleza de las sanciones administrativas

Dada la usual diferencia cuantitativa de las penas que son suscepti-

bles de imponer en el derecho penal, por un lado, en que son ms graves,

por afectar la libertad personal; y, por otro, en el derecho administrativo

sancionatorio, en que son menos graves, pues en general se reducen a las

multas y a otras sanciones patrimoniales, se podra estimar que la natu-

raleza misma de las sanciones administrativas, es distinta que la natura-

leza de las sanciones penales, para, a partir de tal diferencia, postular la

inaplicabilidad de los tradicionales principios del ius puniendi: como la

juridicidad, tipicidad, culpabilidad o fon bis in idem.

La distincin material entre penas administrativas y penales ha sido

esgrimida mediante una interpretacin algo forzada de lo dispuesto en el

artculo 20 del Cdigo Penal, en cuanto seala que no se reputan penas

(.. .), las multas (...) que los superiores impongan a (. ..) administrados

en uso de su[s] (...) atribuciones gubernativas. No obstante, del tenor

3

No obsranre, ver: SOTO KLOSS, Notas, cit. , y Arsrica, Alpnor. c~t., acrptan con reservas

esta

poresrad

e la Administracin.

4

As: NOvoA, Eduardo: Curro & derechn ,bena/ cb~lenn, Santiago, Editorla Jurdica de Chile,

1960, 1, pp, 40-41.

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de esta disposicin no puede desprenderse esa diferente naturaleza>; antes

al contrario, tal disposicin legal (al sealar que no se reputan: no

niega que son penas), junto con el artculo 501 del Cdigo Penal,

realiza un mandato de regmenes procesales aplicables, y de entidades

estatales con potestad para hacerlo: las penas del Cdigo Penal correspon-

de aplicarlas a los Tribunales,

directamente; las penas administrativas

corresponde aplicarlas a los rganos administrativos, sin perjuicio de la

revisin jurisdiccional ulterior, en este ltimo caso.

Hoy en general, no se discute que en ambos casos existen sanciones

que afectan a las personas y que, materialmente, son de idntica naturaleza.

De lo sealado se desprende la unidad material de la naturaleza del

ius puniendi

estatal, o al menos de su esencial similitud, de lo que surge,

a su vez, la necesidad de respetar en el ejercicio de ambas clases de

sanciones (penales y administrativas) los principios que al efecto ha aco-

gido la Constitucin y que se entienden parte integrante en el actual

ordenamiento jurdico.

2. Recepcin de principios del Derecho Administrativo Sanciona-

torio en la Constitucin y en la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional

En esta materia son esenciales los incisos G, 7 y 5 del artculo 17

N 3 de la Constitucin, relativo a {lia

igual proteccih de Lu ley en el

ejercicio

de SU

derechos,

segn los cuales:

Ld ley no podrU presumir de derecho IU responsabilidird penc2l.

Ningtin delito se castigar con otra pena que fa que seale una ley

prond-

gada con anterioridad a su perpetracin, u menos que una nzdeva le? fauorezca

al afectado.

Ninguna ley podr establecer penas sin que la conducta que se sanciona est

expresamente descrita en ella.

Al respecto, por su texto tan expresivo, solo nos basta con transcribir

lo que ha sealado la Sentencia de Tribunal Constitucional, Rol N 244,

26/8/1776 (a propsito de la Ley de Caza), en sus considerandos 7, lo,

11 y 12:

9. Que, los principios inspiradores del orden /w~.~al contemfilados

e7t la Constitucin Poltica de la Repzblica han de aplicarse, por regla

general, al derecho administrativo

sancionador, puesto que amhof son

manifestaciones del ius puniendi propio del Estado;


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Kewsra de Derecho Ao l i - N 2 2004

U. Carlica del Norte - Sede Ccqumbo

lo. Que, entre ellos. es necesario destacar los principios de legalidad y

de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido

propio como modo de realizacin del primero. La legalidad se cumple con la

previsin de los delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipi-

cidad requiere de algo miss. que es la petisa definicin de la conductd que lt

ley considera reprochable, garantizndose as el principio constitucional de segu-

ridad jurdica y haciendo realidad, pnto a la exigencia de una ley previa, la

de una ley cierta;

ll. Que, en estesentido, ambos primcipios se encuentran consagrados en los

incisos sptimo y octavo del N 3 del arthlo 19: de la Carta Fundamenta/, de

acuerdo con los cuales Ningn delato se castigara con otra pena que la que seale

una ley promulgada con anterioridad a su perpetracin, a menos que una nueva

ley favorezca

al afectado. y Ninguna ley podr establecer penas sin que la

conducta que se sanciona est expresamente descrita en ella.

12. Que, de esta forma, la Constitucih precisa de manera clara que co-

rresponde a la ley y solo a ella establecer al menos el ncleo esencial

de las conductas que se sancionan, materia que es asi, de exclusiva y

excluyente

reserva

legal, en trminos tales, que no procede a su respecto ni

siquiera la delegacin de facultades legislativas al Presidente de la Reptblica,

en conformidad con lo que dispone el artculo 61, inciso segundo, de la Consti-

tucin Poltica.

De lo anterior podemos desprender claramente que el ius puniendi del

Estado, ya sea en su manifestacin penal o administrativa, dada la evi-

dente naturaleza comn, en su ejercicio debe respetar los mismos prin-

cipios de legalidad y tipicidad, y sus derivados, que ya veremos (culpa-

bilidad y non bis in idem). En otras palabras, aunque exista una dualidad

de sistemas represivos del Estado, en ambos casos, por su unidad mate-

rial, aunque el procedimiento sea distinto, se han de respetar estos prin-

cipios de fondo: es el mismo ius puniendi del Estado. Entonces, los prin-

cipios conocidos generalmente como del derecho penal, hay que

considerarlos como principios generales del derecho sancionador, y el

Tribunal Constitucional ha sealado claramente que tales principios tra-

dicionales del derecho penal SCaplican a la csfcra sancionatoria adminis-

trativa.

6

El nfasis es agregado.

Si bien con algunas matees, como seala la doctrina (vid. GARCA DE ENTERRIA y

FERNNDEZ, op. rit., II, p. 170), y que desarrollaremos ms adelante.

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II. PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL zus PUPV'IENDI,EN su MANIFESTA-

CIN ADMINISTRATIVA.

Corresponde ahora desarrollar tales principios del derecho sanciona-

dor en va administrativa; esto es, cuando la Administracin ejerce su

potestad administrativa de sancin.

Si bien la sentencia del Tribunal Constitucional citada solo desarro-

lla los principios de la legalidad y de la tipicidad, en cuanto al ZUJ

puniendi, desarrollaremos tambin sus derivados, ya enunciados, los cuales

no solo tienen un tradicional acogimiento doctrinario y jurisprudenciala,

sino que se encuentran consagrados en nuestro ordenamiento jurdico.

En algunos casos, por ejemplo en materia elctrica, la Administra-

cin, siguiendo un texto legal algo escueto (artculo 15, Ley 1X.4101

1985, citada), y en una parte inconstitucional (algo lamentablemente

usual: aceptar la tipicidad por va reglamentaria), no ha respetado siem-

pre estos principios en su prctica sancionatoria, y la jurisprudencia se ha

mostrado renuente a su anlisis.

1. Principio de legalidad

Su formulacin ms tradicional es el principio nulltln crimen, nullu

poena

sine

lege. En la recepcin constitucional chilena, ha de existir una

ley promulgada con anterioridad, la que deber determinar la pena que

corresponde (artculo19 N 3 inciso7 de la Constitucin).

Esto supone, de inmediato, como lo ha sealado la sentencia del

Tribunal Constitucional citada:

1 Solo ia Iq ptlede establecer delitos 3; w penas. En palabras del Tribunal

Constitucional: corresponde a la ley y solo a ella establecer al

menos el ncleo esencial de las conductas que se sancionan,

materia que es as, de exclusiva y excluyente reserva legal

(considerando 12).

2 La proscripcin del reglamento en la materia. Esto es, el reglamento

en ningn caso puede establecer delitos, ni de ah derivarse penas.

Para el caso de la potestad sancionatoria de la Administracin, im-

plica que esta solo puede ser ejercida cuando haya sido atribuida por

una norma de rango legal. Esto, por lo dems, es el reflejo del

principio general de la juridicidad de la Administracin, desarrolla-

do ms arriba.

8

ALCALDE.ir., p. 229, aporca arios allos (sin sealar ede e publicach) en que sedeja

de manifiesto a Identidad de naturaleza urdlca de las sanciones enales adminiscra-

tivxs, y aplican los nusmosprinclpios en ambos 3sos.

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La llamada colaboracin reglamentaria est no solo limitada sino

virtualmente proscrita en materia de ius ptlnlw.4 estatal, ya sea penal o

sancionatorio administrativo, y no cabe, en ningn caso, considerar al

reglamento como origen de algn ilcito administrativo o de alguna

pena.

Entonces, de acuerdo a este principio las sanciones solo son legtimas

en la medida que hayan sido establecidas en leyes y no en reglamentos,

por lo que cabe sealar, que carece de legitimidad constitucional, por

ejemplo, el artculo 15 inciso 1 de la Ley No 1X.41011985, citada, al

prescribir que las infracciones de (...) reglamenros (. ..) podrn ser ob-

jeto de la aplicacin por [la Superintendencia] de las sanciones.. .. No es

concordante con el principio de la legalidad considerar que ia infraccin

de un reglamento puede dar origen a una conducta sancionable, pues ello

quebranta el principio de la legalidad, y solo es posible establecer sancio-

nes mediante una ley promulgada con anterioridad a su perpetracin

(artculo 19 N 3 inciso 7 de la Constitucin).

Y, a partir de este principio, ninguna resolucin administrativa que

imponga una sancin podra basarse en una infraccin a un reglamento;

esta sancin as impuesta resulta claramente inconstitucional, y un texto

legal, en cuanto recoja al reglamento como fuente de una conducta san-

cionable administrativamente, es en s mismo inconstitucional; pues:

toda pena debe fundarse en ley.

2. Principio de tipicidad

Este principio es una derivacin del principio general de la certeza

ikx cerfaaj, y en su virtud, la ley respectiva (nunca el reglamento, segn

lo dicho: principio de legalidad) debe contener ella misma una descrip-

cin precisa de la conducta especfica que podr ser sancionada.

No caben, por lo tanto, frmulas genticas, abiertas o indetermina-

das de infraccin, llamadas tambin leyes penales en blanco.

Lo que debe emanar del cumplimiento de este principio es el esta-

blecimiento, por la ley, de una descripcin y determinacin de la o las

conductas que quedan sometidas a sanciones, de tal manera que sea po-

sible predecir con alguna certeza la sancin que se impondr en caso de

que alguien incurra en la conducta as tipificada.

En trminos del Tribunal Constitucional, en

SLI

sentencia citada, 10

que se requiere para que una ley sea considerada respetuosa del principio

de la tipicidad es: la precisa definicin de la conducta que la ley con-

sidera reprochable.

En materia elctrica, por ejemplo, cabr revisar si el tipo que se

establece en el artculo 15 inciso 1 de la Ley No 18.410/1985 cumple

medianamente este principio, al referirse a infracciones de las leyes.. _,

de un modo tan genrico, que debe ser precisado y graduado en cuanto

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Ale,mdro Yergara Blanco

a sus sanciones, segn la gravedad de sus resultados, establecrdos en los

incisos 3 y 4 de tal disposicin legal.

3. Principio de la culpabilidad

La culpabilidad, como principio, es lo contrario a la presuncin de

culpa por el derecho, sin requerir dolo o culpa personal en la conducta

sancionable; esto es, a la llamada responsabilidad objetiva. En virtud de

este principio queda erradicada de todo ordenamiento jurdico sano la

aplicacin de sanciones sin culpabilidad personal, esto es, sin dolo o

culpa en la accin sancionable.

No cabe en ningn caso imponer una sancin, en este caso, adminis-

trativa, a quien no pueda dirigrsele un reproche personal por la ejecu-

cin de la conducta prohibidag.

De este modo, segn los trminos del artculo15 de la Ley N

18.41011985, solo cabe aplicar sanciones a las empresas, entidades o

personas naturales (inciso l), en la medida que por hechos, actos LI

omisiones (incisos 3 4 y 5) de ellas mismas, se hubiese incurrido en

las conductas sealadas en la ley, a las que cabr aplicarles las sanciones

establecidas tambin en la ley. De lo anterior, se deriva, que en aplicacin

de este principio de la culpabilidad, en general, y especficamente en

materia elctrica, est proscrita:

1 La llamada responsabilidad objetiva, esto es, imponer una sancin

sin verificar previamente la culpabilidad personal, a la luz simple-

mente de un hecho que aparente ser el resultado de una accin u

omisin cuyo nexo culposo no se haya establecido.

2 La responsabilidad solidaria, aun cuando se encubra larvadamente

en otras figuras, no es admisible, pues se quebranta el necesario nexo

culposo personal en la aplicacin de la sancin.

Estos dos casos de responsabilidad objetiva y (larvadamente) so-

lidaria veremos que ha tenido algn acogimiento prctico en materia

elctrica, en resoluciones de la SEC y un descuido jurisprudencial, que

ser analizado ms adelante.

4. Principio nolz bis in idem

Este principio debe set considerado ntimamente vinculado a los

principios de la legalidad y de la tipicidad, pues se deriva de estos; por

lo que este principio non bis in idem, tendra ese mismo estatuto de

9

Cfr. : CURY, op. rit., p. 80

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principio general, ya que lo que est llamado a impedir es la doble

punicin. Y si en virtud de los principios de legalidad y tipicidad se

impide aplicar alguna sancin sin previa ley existente y descriptora de

la conducta; en virtud de este principio non bis in

idem

se impide aplicar

una nueva sancin por una conducta ya sancionada.

Desde la perspectiva administrativa, tiene dos vertientes este prin-

cipio. Por una parte, impide que un mismo hecho sea considerado a la

vez delito penal y delito administrativo; y, por otra, que un mismo

hecho personal sea considerado a la vez objeto de dos sanciones de tipo

administrativo; por ejemplo, que de un mismo hecho se deriven dos o

ms multas.

5. Principio de la proporcionalidad

Supone este principio una correspondencia entre la infraccin y la

sancin impuesta, con el fin de impedir que la ley autorice y que la

autoridad tome medidas innecesarias y excesivas. Este principio impone

criterios de graduacin de las sanciones, basados en diversos criterios,

incluso derivados de otros principios, como la intencionalidad, la rei-

teracin, los perjuicios causados, la reincidencia en la misma sancin,

pero en perodos de tiempo acotados. Este principio, en nuestro sistema

constitucional surge del artculo 19 N 3 inciso7

in fine

de la Consti-

tucin, dado que todo lo que favorezca al afectado debe ser conside-

rado, y una ley aplicada sin la racional proporcionalidad puede ocasio-

nar una desproporcin en su aplicacin, lo que impide este principio.

Este principio de la proporcionalidad est claramente acogido en

los artculos 15, 16 y 16A de la Ley N 18.410/1985. En todo caso,

deben aplicarse en funcin de la culpabilidad personal, pues de otro

modo se produce una imposibilidad de aplicacin de este principio. En

otras palabras, si st: infringe rl principio de la culpabilidad (y se im-

ponen, por ejemplo, sanciones de modo objetivo o larvadamente solida-

rio, como se intenta en el caso que se analiza en este trabajo), ya se hace

muy difcil aplicar este principio de la proporcionalidad.

6. Derecho a la presuncin de inocencia

Este principio est consagrado en el artculo 19 N 3 inciso 6 de

la Constitucin, en una formulacin in e.uremis: prohibiendo la presun-

cin de derecho de la responsabilidad penal, y tiene como base el sis-

tema de proteccin general de la libertad. Esta presuncin de inocencia,

que tiene rango constitucional no solo para la responsabilidad penal,

sino para todo tipo de responsabilidad, y en especial para la responsa-

bilidad sancionatoria administrativa, supone que solo sobre la base de

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Alepdro Vergara Blanco

Esquma de los pr,nc,p,or del Dcrccha.

pruebas efectivas, y cuyo aporte es carga de quien acusa, podr alguien

ser acusado y sancionado.

Este principio de la presuncin de la inocencia quiere decir, enton-

ces, que en un procedimiento sancionatorio administrativo, como el pro-

cedimiento que la SEC ha llevado adelante en esta causa, es la propia

Administracin (la SEC), en la fase de instruccin del procedimiento

sancionatorio, la que debe aportar las pruebas que implican responsabi-

lidad de quienes soporten una sancin.

111. EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: PROCEDIMIENTO LEGAL

La Administracin, para llegar a aplicar una sancion debe seguir un

procedimiento formal, a travs del cual, con pleno respeto de la legalidad

y de los principios de rango constitucional ya sealados, jusrifique a

travs de la prueba de los hechos pertinentes, y fundamente en el Dere-

cho vigente las eventuales sanciones que Imponga.

Hoy en Chile, a partir del 29 de mayo de 2003. ningn acto de la

Administracin debe dictarse sin el cumplimiento de lo sealado en la

Ley N 19.880, de esa fecha, la que [e}stablece bases de los procedimien-

tos administrativos que rigen los actos de los rganos de la Administra-

cin del Estado (LBPA). Esta ley rige plenamente en los casos en que no

hay procedimiento especial alguno; en caso contrario, el procedimiento

especial preexistente se completa de modo supletorio con esta nueva

ley. En esta ley se establecen una serie de principios relativos al proce-

dimiento administrativo que deben ser respetados en la emisin de los

actos sancionatorios de la Administracin, so pena de posible invalida-

cin (artculo 53 LBPA), u otros recursos administrativos y jurisdiccio-

nales.

CONCLUSIONES

1 La potestad sancionatoria de la administracin cabe distinguirla

de la potestad sancionatoria penal, aunque ambas son reflejo del iza PI*-

niedi del Estado. Esta surge de la potestad jurisdiccional del Estado (solo

los Tribunales imponen propiamente penas penales, materia estudiada

por el derecho penal) y aquella surge de la potestad de administrar (la

Administracin puede imponer directamente sanciones, las que legal-

mente no se reputan penas,

pero cuyo ejercicio que puede ser revisado

por los Tribunales). De lo sealado se desprende la unidad material de la

naturaleza del i~s puniendi estatal, y la necesidad de respetar en su ejer-

cicio los principios que al efecto ha acogido la CP y que se entienden

parte integrante en el actual ordenamiento jurdico.

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Kev,sta de Dcrrcho Ao ll N 2 2004

2 El ius puniendi del Estado, ya sea en su manifestacin penal o

administrativa, dada la evidente naturaleza comn, en su ejercicio debe

resperar los mismos principios de legalidad y tipicidad, y sus derivados

(culpabilidad y PZOYZif in idem). En otras palabras, aunque exista una

dualidad de sistemas represivos del Estado, en ambos casos, por su uni-

dad material, aunque el procedimiento sea distinro, se han de respetar

estos principios de fondo: es el mismo ius puniendi del Estado. Entonces,

los principios conocidos generalmente como del derecho penal, hay que

considerarlos como principios generales del derecho sancionador, y tales

principios tradicionales del derecho penal se aplican a la esfera sanciona-

toria administrativa.

3 A partir del principio de la legalidad de las sanciones, ninguna

resolucin administrativa que imponga una sancin podra basarse en una

infraccin a un reglamento; una sancin as configurada y a partir de un

reglamento impuesta resulta claramente inconstitucional, en cuanto reco-

ge al reglamento como fuente de una conducta sancionable administra-

tivamente, es en s mismo inconstitucional; pues: toda pena debe fundar-

se en ley.

4 En cumplimiento del principio de tipicidad, el establecimiento,

por la ley, de una descripcin y determinacin de la o las conductas que

quedan sometidas a sanciones, debe hacerse de tal manera que sea posible

predecir con alguna certeza la sancin que se impondr en caso de que

alguien incurra en la conducta as tipificada.

5 En virtud del principio

non

bis

in

idem,

queda

prohibida la doble

.,

pumclon, a partir de un mismo hecho.

6 La Administracin, para aplicar una sancin, debe tramitar pre-

viamente un procedimiento formal, a travs del cual, con pleno respeto

de la legalidad y de los principios de rango constitucional ya sealados,

justifique a travs

de la

prueba de los hechos pertinentes y fundamente

en el Derecho vigente las eventuales sanciones que imponga.

ALGUNAS REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

1. En manuales de Derecho Administrativo:

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Nexis, 2002, 1, pp. 435-460.

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tracidn: la Constitucidn espaola y el Tribunal Constitucional, Madrid,

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Alrpndro Veryara Blanco

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Esqurma dr los prcncipios del Derecho

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5.

SOTO KLOSS, Eduardo: Notas para el estudio de la potestad sancio-

natoria de la Administracin, en:

Boletn de Investigaciones,

Facultad

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197911980, pp. 95-103.

AR~STICA MALDONADO, Ivn: Algunos problemas del derecho ad-

ministrativo penal, en:

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cin, N 182, 1987, pp. 71-81.

BERMDEZ SOTO, Jorge: Elementos para definir las sanciones admi-

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Revista Chilena de Derecho (Ntimero Especial),

1998,

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Desde la perspectiva del Derecho Penal:

CURY URZA, Enrique: Algunas reflexiones sobre la relacin entre

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Boletn de Investzgaciones,

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tad de Derecho, Pontificia Universidad Catlica de Chile, N 44 y

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Pavte

Genera , 2 ed., Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 1992, pp.

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Desde la perspectiva del Derecho Civil:

CORRAL TALCIANI, Hernn:

Lerciones de responsabilidad civil extvacon-

tractuai,

Santiago, Editorial Jurdica de Chile, 2003, pp. 18-19, que

distingue breve y correctamente el tpico.

En fin, desde una perspectiva ms general, vase lcidos desarrollos

sobre el tema en:

ALCALDE RODRfGUEZ, Enrique:

Los principios generales del derecho. Su

fzmcin

de garanta en el derecho

pblico

y privado

chileno,

Santiago,

Ediciones Universidad Catlica de Chile, 2003, pp. 224-239.

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Documents

esquema principios sancionador