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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Heidi M. Acevedo Mangual Daniel Francis Ayala y la Sociedad de Bienes Gananciales Por ellos constituida Demandantes-Peticionarios
v.
SIMED como aseguradora del Dr. Edgardo Colón Ledeé Demandada-Recurrida
Dr. Edgardo Colon Ledeé Hospital Mimiya, Inc., SIMED Demandandos
Certiorari
2009 TSPR 122
176 DPR ____
Número del Caso: CC-2005-0042
Fecha: 14 de julio de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel I
Juez Ponente: Hon. Carlos J. López Feliciano
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Fabiola Fernández Chaves
Abogada de la Parte Recurrida: Lcda. Cristina B. Martínez Guzmán
Materia: Seguros-Interpretación de Contrato de Segu ro de responsabilidad médico hospitalaria.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correccione s del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónic a se hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Heidi M. Acevedo Mangual Daniel Francis Ayala y la Sociedad de Bienes Gananciales por ellos constituida Demandantes-Peticionarios v. CC-2005-42 Certiorari SIMED como aseguradora del Dr. Edgardo Colón Ledeé Demandada-Recurrida Dr. Edgardo Colón Ledeé, Hospital Mimiya, Inc., SIMED Demandados
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2009.
Nos corresponde pautar si un contrato de venta
al por menor a plazos en su modalidad de contrato de
financiamiento de primas de seguro, que fue suscrito
por las partes contratantes y la compañía
aseguradora, pero que no se hizo formar parte de la
póliza de seguro, puede modificar los términos de
ésta.
I
El 30 de noviembre de 2000, el Sindicato de
Aseguradores para la Suscripción Conjunta del Seguro
de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria
(SIMED) expidió una póliza de seguro de
responsabilidad médico-hospitalaria a favor del
CC-2005-42 2 doctor Edgardo Colón Ledeé, especialista en cirugía
plástica y reconstructiva. La póliza, del tipo “claims
made”, cubría el periodo comprendido entre el 26 de enero
de 2001 al 26 de enero de 2002, con fecha retroactiva al
26 de enero de 1998.1
La cubierta de la póliza no se extendía a todas las
reclamaciones instadas en contra de Colón Ledeé, sino que
entre los términos y condiciones del contrato se
establecían ciertas exclusiones. Así, SIMED no respondería
por aquellas reclamaciones que se generasen de actos u
omisiones del galeno ocurridas previo al 26 de enero de
1998 o con posterioridad a la terminación del contrato, ni
que se hayan instado en contra de éste previo al 26 de
enero de 2001 o con posterioridad a la terminación del
contrato.
Ahora bien, en cuanto a las reclamaciones generadas
por actuaciones u omisiones de Colón Ledeé ocurridas con
posterioridad al 26 de enero de 1998, pero instadas luego
de la terminación del contrato, las cuales de ordinario no
1 El término “póliza” “[s]e refiere al contrato por escrito mediante el cual una parte, el asegurador, se compromete, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a un tercero, por lo general al asegurado o un reclamante, por una pérdida contingente al ocurrir un evento futuro incierto previsto”. R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Publicaciones JTS, 1999, págs. 386-387. La póliza del tipo “claims made”, conocida en castellano como de “reclamaciones hechas” o de “descubrimiento” (discovery policy), ofrece protección al asegurado sólo en contra de las reclamaciones hechas y traídas a la atención de la aseguradora durante su periodo de vigencia, por lo que la notificación de la reclamación a la aseguradora es lo que constituye el evento y el riesgo asegurado, independientemente de la fecha en que ocurrió el siniestro. Torres v. E.L.A., 130 D.P.R. 640, 645-647 (1992); Cruz, op cit., pág. 338. “Así pues, la cubierta bajo un póliza de tipo ‘claims-made’ depende de que se presente la notificación a la aseguradora dentro del término de vigencia de la póliza o dentro de cualquier otro término que puedan haber convenido las partes después de la expiración de la misma.” Torres v. E.L.A., supra, págs. 646-647 (1992) (énfasis suplido) (escolio omitido).
CC-2005-42 3 estarían cubiertas, la cláusula número IX de la póliza
establecía una extensión automática del periodo de
cubierta. La referida cláusula le proveía a Colón Ledeé un
periodo de cubierta adicional de 60 días para notificar a
SIMED sobre las reclamaciones instadas en su contra. Este
periodo de 60 días comenzaba a transcurrir a partir de
hacerse efectiva la terminación o cancelación de la
póliza. Se dispuso, además, que esta extensión automática
procedía tanto si la póliza era cancelada por la
aseguradora, como si lo era a petición del asegurado, por
cualquier razón que no fuese la falta de pago de las
primas por parte del asegurado.2 Por lo tanto, la única
2 La aludida cláusula número IX expresamente establecía:
IX. AUTOMATIC EXTENDED REPORTING PERIOD Notwithstanding the provisions of the preceding Section I, the period for reporting claims or suits shall be automatically (and without the payment of any additional premiums) extended for a period of sixty (60) days if the insurance provided by this policy is terminated by either the Syndicate or the Insured, for whatever reason, except for the Insured´s nonpayment of premiums. The Automatic Extended Reporting Period shall only apply to claims first made against the Insured during the sixty (60) days following immediately upon the effective date of such termination, but only by reason of claims because of injury to which this policy applies, arising out of the rendering of or failure to render professional services by the Insured on or after the retroactive date of this policy and prior to the effective date of such termination, and subject otherwise to all of the terms, exclusions and conditions of this policy. However, this Automatic Extended Reporting Period may be of unlimited duration under the following circumstances: a) if the Insured retires permanently from the practice of medicine after attaining the age of sixty (60) years; b) the named insured has been insured by the Syndicate for at least five (5) consecutive years immediately prior to such termination; and c) the Insured has not been involved in any claim or suit during the period insured by the Syndicate. There shall be no separate aggregate limits of liability for this Automatic Extended Reporting Period, and it shall be subject to the remaining aggregate limit of liability, if any of this policy. The Automatic Extended Reporting Period does not apply to claims first made against the Insured that are covered under any subsequent insurance or any other extended reporting period coverage the Insured purchased, or that would otherwise be
CC-2005-42 4 situación que permitía que SIMED negara cubierta a favor
de Colón Ledeé en esos 60 días era si la cancelación del
contrato se debía a la falta de pago de las primas.
Así lo convenido, Colón Ledeé financió con BT Finance
(BTF), una subsidiaria del Bank & Trust of Puerto Rico, el
pago de la prima correspondiente a la póliza mediante un
contrato de venta al por menor a plazos, en su modalidad
de contrato de financiamiento de primas de seguro.3 Como
la prima total pactada en la póliza fue de $21,948.00,
Colón Ledeé pagó un pronto de $6,584.00 y BTF pagó
directamente a SIMED la diferencia de $15,364.00, siendo
covered under said coverages, but for exhaustion of the amount of insurance applicable to such claim.
3 El contrato de venta al por menor a plazos está definido en la Ley de ventas a plazos y compañías de financiamiento, Ley Núm. 64 de 19 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 731 et seq., en los siguientes términos:
Significa cualquier acuerdo convenido en Puerto Rico para pagar el precio de venta al por menor a plazos de mercancía o servicios en el transcurso de un periodo determinado de tiempo. Además, incluye los certificados de mercancía y certificados de crédito, así como cualquier acuerdo convenido en Puerto Rico en virtud del cual el comprador prometa pagar a plazos el precio de venta diferido de mercancía o servicios, o cualquier parte del mismo o cualquier otro acuerdo convenido en Puerto Rico en virtud del cual el comprador prometa pagar a plazos el balance descubierto de su deuda con un vendedor al por menor y bajo los cuales los cargos a plazos se debitan al balance descubierto por la deuda. El término incluye exclusivamente acuerdos convenidos para pagar el precio de venta al por menor a plazos de mercancía o servicios donde el comprador sea un individuo y medie un cargo por financiamiento.
10 L.P.R.A. sec. 731(6). Por otro lado, la Ley de ventas a plazos y compañías de financiamiento, supra, define el término “compañía de financiamiento” de la siguiente manera:
Significa una persona que se dedique total o parcialmente, directa o indirectamente, al negocio de comprar o de otra manera adquirir contratos de ventas al por menor a plazos o intereses sobre los mismos, otorgados por otras personas. Este término incluye las personas que se dedican al negocio de financiar primas de póliza de seguro. . . .
10 L.P.R.A. sec. 731(15).
CC-2005-42 5 ésta la cantidad finalmente financiada. De esta forma,
SIMED recibió el pago total de la prima y BTF quedó
designado como cesionario de Colón Ledeé. Así, BTF tenía
la facultad para, entre otras cosas, ordenarle a SIMED la
cancelación de la póliza en caso de que el doctor dejare
de pagar cualquier mensualidad a la que estaba obligado en
virtud del contrato de venta al por menor a plazos.4
Además, el galeno pactó con BTF que la póliza
serviría de garantía del cumplimento con los términos del
financiamiento, toda vez que éste cedía a BTF todas las
sumas y los pagos que le adviniesen pagaderos en relación
con la póliza, su cancelación o cualquier reembolso de
primas no devengadas.5 SIMED, quien consta como parte
suscribiente del contrato de venta al por menor a plazos,
consintió a la cesión. Sin embargo, este contrato no se
hizo formar parte de la póliza de seguro.
4 Sobre el particular, es menester puntualizar que hemos establecido que cuando una compañía financiera solicita la cancelación de una póliza debido a la falta de pagos por parte del asegurado, ello debe entenderse como una cancelación realizada a solicitud del asegurado y, como tal, adviene efectiva de manera inmediata, esto es, sin necesidad de esperar a que la aseguradora devuelva las primas no devengadas. Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., 130 D.P.R. 743, 748 (1992). En cambio, cuando dicha cancelación se debe a una actuación unilateral de la aseguradora, la cubierta de la póliza se mantendrá vigente hasta que la aseguradora devuelva las primas no devengadas, momento en el cual adviene efectiva la cancelación. Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 695 (1978). 5 Específicamente, la cláusula número 4 del contrato de venta al por menor a plazos disponía:
En garantía de la obligación del Comprador evidenciada por este documento, el Comprador cede y transfiere a BT FINANCE la póliza y todos los derechos del Comprador bajo la misma, incluyendo, sin estar limitado a, todas las sumas y pagos que sean o advengan pagaderos al Comprador en relación con la Póliza, su cancelación, cualquier reembolso por primas no devengadas resultantes de cualquier cancelación o por cambios que surjan en las pólizas que conllevan primas a devolver. . . .
CC-2005-42 6
El 8 de agosto de 2001, tras no recibir el pago
mensual correspondiente de parte del doctor Colón Ledeé,
BTF ordenó a SIMED que cancelara la póliza. Mediante la
comunicación escrita a esos efectos, BTF expuso que ello
se debía a atrasos en los pagos del financiamiento,
entiéndase, fundamentó su petición en el incumplimiento
con los términos del contrato de venta al por menor a
plazos.6 Como consecuencia, el 10 de agosto de 2001 SIMED
informó a Colón Ledeé sobre la cancelación de su póliza,
efectiva el 20 de agosto de 2001. En el documento mediante
el cual SIMED le notificó la cancelación de su póliza al
galeno, se consignó que el motivo por el cual ésta se
cancelaba era debido a la petición de BTF a esos efectos.7
Así las cosas, en una fecha anterior al 16 de octubre
de 2001 –no surge claramente del expediente de autos la
fecha exacta- Colón Ledeé solicitó la reinstalación de la
póliza, a lo que SIMED le requirió que sometiera un
documento intitulado “Insured´s Statement of
Representation and Acceptance”.8 El documento no fue
devuelto con la firma de Colón Ledeé, sino que, el 16 de
octubre de 2001, el galeno le envió a SIMED una misiva en
la que adujo que el atraso en los pagos a BTF se había
resuelto. Manifestó que no emitió el pago correspondiente
6 BTF fundamentó su solicitud de cancelación de la póliza en los siguientes términos: “The loan granted for the insurance policies financing is in arrears. We have request[ed] the cancellation p[u]rsuant to loan terms and conditions”. 7 En específico, SIMED expuso: “Reason(s) for the Cancellation is (are): REQUESTED BY FINANCE COMPANY”. 8 Este documento requería una declaración del doctor Colón Ledeé a los efectos de que no se había presentado ninguna reclamación en su contra durante el periodo de la cancelación.
CC-2005-42 7 al financiamiento debido a que había estado fuera de
Puerto Rico por más de un mes. Luego de saldar la deuda
atrasada, y a pesar de la cancelación de la póliza, Colón
Ledeé continuó efectuando pagos a favor de BTF por
concepto de las mensualidades correspondientes al
financiamiento. Sin embargo, el 23 de octubre de 2001,
SIMED le notificó al doctor Colón Ledeé que no le
reinstalaría la póliza. Además, el 10 de diciembre de
2001, SIMED le envió a BTF un cheque por la suma de
$9,560.00.9 La razón aducida para la emisión de ese cheque
fue que se otorgaba en concepto de la prima no devengada
con posterioridad a la efectividad de la cancelación.10
Ahora bien, la controversia que nos ocupa surge
cuando, el 18 de octubre de 2001, esto es, entre la
solicitud de reinstalación hecha por Colón Ledeé y la
consiguiente denegación de SIMED, el doctor le notificó a
SIMED de la demanda sobre daños y perjuicios por alegada
impericia médica presentada por los aquí peticionarios,
Heidi M. Acevedo Mangual, Daniel Francis Ayala y la
9 A pesar de que el referido cheque está fechado de 25 de septiembre de 2001, del expediente se desprende que SIMED se lo envió a BTF el 10 de diciembre de ese año y que éste lo recibió el siguiente 14 de diciembre. Además, se desprende que fue el mismo 10 de diciembre de 2001 que se le notificó a Colón Ledeé que la suma de $9,560.00 había sido entregada a BTF a tenor con la cesión pactada entre las partes. Incluso, este cheque aparece como cobrado el 24 de enero de 2002. 10 El concepto de primas no devengadas se refiere a aquellas primas que tienen que ser devueltas al asegurado como consecuencia de la cancelación de una póliza pagada antes de su vencimiento. Véase, Cruz, op cit., pág. 365 (definiendo el término “devolución de primas”). Al contrario, el término “prima devengada” se define como la “[p]orción de prima correspondiente al período estricto de seguro transcurrido durante el ejercicio en que se ha asumido la cobertura del riesgo”. J. Castelo Matrán, Diccionario MAPFRE de seguros, Madrid, 1988, pág. 211. A modo de ejemplo, si una póliza se suscribe con carácter anual un 10 de enero de determinado año, para el 30 de junio de ese mismo año, la prima devengada será el 50% de la que hubiese correspondido a la anualidad completa. Íd.
CC-2005-42 8 Sociedad de Bienes Gananciales por ellos constituida, en
contra de él y de SIMED como su aseguradora, entre
otros.11
La acción civil se presentó en el Tribunal de Primera
Instancia el 27 de septiembre de 2001 y se emplazó a Colón
Ledeé el 18 de octubre del mismo año, fecha en la que,
como ya señalamos, el galeno procedió a notificar
inmediatamente la reclamación a SIMED.
Trabadas las alegaciones entre las partes, el 20 de
diciembre de 2002 SIMED le solicitó al foro primario que
dictara sentencia sumaria a su favor y, en consecuencia,
desestimara la demanda en su contra. Adujo que procedía
dictar sentencia sumaria toda vez que no estaba en
controversia que para la fecha en que se presentó la
reclamación de epígrafe, Colón Ledeé no era asegurado de
SIMED ya que desde el 20 de agosto de 2001 la póliza
estaba cancelada.
Oportunamente, los peticionarios presentaron su
oposición a que se dictara sentencia sumaria.
Argumentaron, entre otras cosas, que la póliza se canceló
el 20 de agosto de 2001 por falta de pago a BTF, por lo
que, para el 18 de octubre de 2001, fecha en que se
emplazó a Colón Ledeé y se le notificó a SIMED, el doctor
sí estaba asegurado de acuerdo con la cláusula IX de la
11 En esencia, los peticionarios alegaron en su demanda que el 3 de octubre de 2000 el doctor Colón Ledeé le realizó a Acevedo Mangual una abdominoplastía y que, como consecuencia de las actuaciones negligentes del médico, ésta sufrió necrosis en el área del abdomen. Así, solicitaron que se responsabilizara solidariamente a los demandados a indemnizarles por los daños y perjuicios sufridos, los cuales estimaron en $2,100,000.00.
CC-2005-42 9 póliza. Ello, debido a que dicha cláusula establecía una
extensión automática de 60 días para reportar
reclamaciones sin necesidad de pago de prima adicional
siempre que la cancelación de la póliza se hubiese
efectuado por cualquier razón que no fuese la falta de
pago de las primas. De tal forma, sostuvieron que como la
póliza se satisfizo totalmente en un solo pago, ésta no se
canceló por falta de pago de la prima.
Luego de que las partes presentaran ciertos
documentos suplementarios concernientes al planteamiento
de sentencia sumaria, el 20 de marzo de 2003 el Tribunal
de Primera Instancia desestimó con perjuicio la
reclamación instada contra SIMED. Determinó que como Colón
Ledeé notificó la reclamación a SIMED el 18 de octubre de
2001, a sabiendas de que su póliza se había cancelado
desde el 20 de agosto de 2001 por falta de pago, SIMED no
era el asegurador del galeno a la fecha en que se presentó
la demanda.
Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal
de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia apelada. El
foro a quo concluyó que SIMED no aplicó la aludida
extensión automática porque la cancelación de su póliza
obedeció a la falta de pago de la prima, lo que constituyó
la excepción única para no extender el periodo de cubierta
ante reclamaciones como la de autos. Determinó que la
cancelación respondió a disposiciones claramente pactadas
entre el doctor Colón Ledeé, SIMED y BTF. Así, dispuso que
ante la ausencia de una genuina controversia sobre los
CC-2005-42 10 hechos esenciales y materiales pertinentes a la cuestión
de si Colón Ledeé estaba asegurado por SIMED al momento en
que se presentó la reclamación, procedía confirmar la
sentencia parcial recurrida.
Insatisfechos con la determinación del Tribunal de
Apelaciones, Heidi M. Acevedo Mangual, Daniel Francis
Ayala y la Sociedad de Bienes Gananciales por ellos
constituida presentaron un recurso de certiorari ante este
Tribunal. El 15 de abril de 2005 expedimos el auto. Con el
beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos a
resolver.
II
En primer lugar, en su alegato los peticionarios
señalan que la cancelación de la póliza que aseguraba al
doctor Colón Ledeé se debió a la falta de pago de las
mensualidades estipuladas en el contrato de venta al por
menor a plazos, mediante el cual, a su vez, se financió la
prima del contrato de seguro. Por lo tanto, éstos exponen
que en realidad nunca hubo tal falta de pago de la prima,
como lo sostuvo el foro apelativo intermedio. Siendo así,
aducen que la cláusula de extensión automática del término
de cubierta se encontraba en pleno vigor, por lo que la
reclamación debió haber sido acogida por haberse
notificado dentro del periodo de 60 días a partir de la
cancelación de la póliza.
De esta forma, concluyen que Colón Ledeé era un
asegurado de SIMED toda vez que la única excepción para no
proveer cubierta en dicho periodo era que la cancelación
CC-2005-42 11 se debiera a la falta de pago de las primas y no a la
falta de pago del financiamiento. Sobre este particular,
resalta el hecho de que la prima se había pagado en su
totalidad con anterioridad a que se originara la
controversia de autos.
En segundo lugar, los peticionarios argumentan que el
convenio con la compañía de financiamiento de modo alguno
pudo modificar o alterar el contrato de seguro ya que, al
no haberse hecho formar parte de éste, no se cumplió con
lo dispuesto en el Art. 11.180 del Código de Seguros de
Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26
L.P.R.A. sec. 1118.
Por su parte, SIMED plantea que el contrato de venta
al por menor a plazos suscrito con BTF gravó la prima
pagada a SIMED como garantía del cumplimento del asegurado
con los términos del financiamiento, ya que en éste se
dispuso que Colón Ledeé cedía a BTF todas las sumas y los
pagos que le adviniesen pagaderos en relación con la
póliza, su cancelación o cualquier reembolso por primas no
devengadas. En virtud de esa garantía, aduce que cualquier
notificación por falta de pago del financiamiento se debe
considerar como una cancelación por falta de pago de la
prima.
Más aún, sostiene que por mediar un contrato de venta
al por menor a plazos como mecanismo de pago de la prima,
resultaría antijurídico no equiparar la falta de pago del
financiamiento a la falta de pago de la prima. De esta
forma, concluye que se constituyó una cancelación por
CC-2005-42 12 falta de pago de la prima bajo los términos del contrato
de seguro, cuestión que impide la aplicación de la
extensión del término de cubierta de 60 días, por lo que a
la fecha de recibo de la reclamación, SIMED no tenía
expedida póliza alguna a favor del galeno.
Así las posiciones encontradas, analicemos las
características principales del contrato de seguro y la
forma adecuada de modificarlo o alterarlo.
III
Las compañías aseguradoras constituyen la institución
por excelencia para la protección de las necesidades y
consecuencias dañosas de los riesgos que amenazan al
hombre en su vida o patrimonio.12 El alto interés público
del que está revestido el negocio de los seguros se
desprende de la extraordinaria importancia y el papel
evidentemente social del que participa.13 De ahí que el
Estado se haya encargado de regularlo ampliamente, en
principio, mediante el Código de Seguros de Puerto Rico,
Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 L.P.R.A. sec. 101
et seq., rigiendo las disposiciones de nuestro Código
Civil de manera supletoria.14
Un contrato de seguro es un acuerdo mediante el cual
una persona se obliga a indemnizar a otra, o a proveerle
un beneficio específico o determinable, ante la ocurrencia
12 L. Benítez de Lugo y Reymundo, El Riesgo Jurídico, Madrid, 1961, pág. 17. 13 Véase, Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. ___ (2008), 2008 T.S.P.R. 126, 2008 J.T.S. 146, 1581. 14 López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562, 569 (2003).
CC-2005-42 13 de un suceso incierto pero previsto en el contrato.15 El
asegurador asume unos riesgos a cambio de una prima, de lo
que surge una obligación por parte de éste de responder
por la carga económica que recaiga sobre el asegurado en
caso de ocurrir el evento especificado en el contrato.16
Así, el propósito de todo contrato de seguro es la
indemnización y la protección en caso de producirse el
suceso incierto previsto en éste.17
El contrato de seguro contra la responsabilidad
profesional médico-hospitalaria tiene como finalidad
indemnizar a los galenos y a las instituciones para el
cuidado de la salud por las pérdidas pecuniarias en las
que éstos incurren al ser responsabilizados por los daños
causados a terceros reclamantes, pacientes y familiares,
por error, omisión, culpa o negligencia, como consecuencia
de, o inherentes a, los servicios profesionales brindados
o que debieron haber brindado.18 En otras palabras,
constituye una cubierta de seguro que protege al
asegurado, dentro de los límites establecidos en el
contrato, contra la responsabilidad legal de éste por los
daños o lesiones causadas a terceras personas como
15 26 L.P.R.A. sec. 102. 16 Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, 158 D.P.R. 714, 721 (2003). 17 Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Molina v. Plaza Acuática, 166 D.P.R. 260, 267 (2005). 18 Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 689-690 (2001); véase, 26 L.P.R.A. sec. 4102(2),(7).
CC-2005-42 14 consecuencia del rendimiento negligente de sus servicios
profesionales.19
Este tipo de contrato, comúnmente conocido como de
impericia médica o mala práctica profesional, ha adquirido
en los pasados años una gran importancia. Esto, debido a
que permite que tanto el paciente como el médico o la
institución asegurada puedan sentirse confiados: el
paciente, porque sabe que en su día, y en el supuesto de
que le asista la razón, será indemnizado por los daños que
el médico pueda causarle; y el asegurado, porque sabe que,
por su profesión, está verdaderamente expuesto a causar
daños a otros cuyas causas de acción agravarían
extraordinariamente su patrimonio.20
Confirma la importancia que tiene en la vida moderna
el seguro de responsabilidad por impericia médica, el
hecho de que a los profesionales de la salud se les exige,
como condición previa para ejercer la medicina en Puerto
Rico, tener que demostrar su responsabilidad financiera
para el año fiscal en que ejercerán sus funciones,
mediante, entre otras cosas, la obtención de una póliza
anual de responsabilidad por impericia médica.21
Ahora bien, adquirida una póliza de seguro, en caso
de producirse el suceso incierto previsto en ésta, suelen
generarse controversias con relación a si los términos en
que fue redactada obligan al asegurador a indemnizar al
19 Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 690. 20 Véase, Benítez de Lugo y Reymundo, op cit., págs. 32-33. 21 26 L.P.R.A. sec. 4105.
CC-2005-42 15 asegurado o a proveerle el beneficio especificado. Ante
esta realidad, es menester tener presente al momento de
interpretar tales cláusulas que los contratos de seguro,
al igual que todos los contratos, constituyen en estricto
derecho la ley entre las partes.22 Claro está, esto
siempre y cuando cumplan con los requisitos de los
contratos en general, a saber, consentimiento de los
contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que
se genera.23
Anteriormente hemos resuelto que un contrato de
seguros es uno de adhesión.24 Un contrato de adhesión es
aquel mediante el cual una sola de las partes dicta las
condiciones del contrato, las cuales ha de aceptar la otra
parte contratante.25
Como contrato de adhesión, el de seguros debe
interpretarse liberalmente a favor del asegurado con el
objetivo de sostener la cubierta por vía de una
interpretación razonable.26 Esto obedece a que, como los
términos de las pólizas de seguro no son el producto de la
negociación entre las partes, sino que son prefijados por
el asegurador sin que el asegurado tenga la facultad de
22 Art. 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3451; Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1581; López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 569. 23 Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3391; Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 154 (1996). 24 López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 568, Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155. 25 Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878, 880 (1961). 26 López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 568, Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.
CC-2005-42 16 variarlos, el asegurador “tiene la obligación de hacer
clara su intención; en otras palabras[,] viene obligado a
establecer en la póliza, de manera diáfana, los riesgos
por los que viene obligado a responder”.27
No obstante, esta norma no tiene el efecto de obligar
a los tribunales a interpretar a favor del asegurado una
cláusula que claramente le da la razón al asegurador
cuando su significado y alcance sea claro y libre de
ambigüedad.28
En reiteradas ocasiones hemos sostenido que si los
términos, las condiciones y las exclusiones de un contrato
de seguro son claros, específicos y libres de
ambigüedades, se hará valer la clara voluntad de los
contratantes.29 Los términos de un contrato son claros
cuando “por sí mismos son bastante lúcidos para ser
entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas,
controversias ni diversidad de interpretaciones y sin
necesitar para su comprensión razonamientos o
demostraciones susceptibles de impugnación”.30 En ausencia
de ambigüedad, las cláusulas del contrato son obligatorias
27 Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521, 547 (1991). 28 Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155; A.A.A. v. Librotex Inc., 141 D.P.R. 375, 380-381 (1996). 29 Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1581; Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 724; López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 569. 30 Sucn. Ramírez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 357, 361 (1959).
CC-2005-42 17 pues no se admitirá una interpretación que vulnere el
claro propósito y voluntad de las partes.31
En atención a lo anterior, hemos reconocido que los
términos de las pólizas de seguro “deben ser generalmente
atendidos en su más corriente y usual significado, sin
atender demasiado al rigor gramatical, sino al uso general
y popular de las voces”.32 Así, se le confiere al
asegurado el derecho a confiar en la cubierta que se le
ofrece tras una lectura de sus cláusulas conforme al
sentido popular de sus palabras.33 Sin embargo, si de la
póliza se desprende un significado particular para
determinado término, éste se aplicará a tenor con lo
convenido por las partes. Consecuentemente, la labor de
los tribunales consiste en buscar el sentido y significado
que a las cláusulas contenidas en la póliza le daría una
persona de inteligencia promedio que se apreste a
adquirirla.34
Por otro lado, al determinar cuáles son los riesgos
cubiertos por una póliza de seguro, es necesario
considerar si en el contrato figura alguna cláusula de
exclusión.35 Debido a que estas cláusulas tienen el
propósito de limitar la cubierta establecida en el acuerdo
31 Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 156; López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 569. 32 Morales Garay v. Roldan Coss, 110 D.P.R. 701, 706 (1981). 33 Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Domínguez v. GA Life, 157 D.P.R. 690, 699-700 (2002). 34 Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 723; Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155. 35 Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 D.P.R. ___ (2007), 2007 T.S.P.R. 153, 2007 J.T.S. 159, 99.
CC-2005-42 18 principal y disponen que el asegurador no responderá por
determinados eventos, riesgos o peligros, hemos concluido
que éstas han de interpretarse restrictivamente de forma
tal que cualquier ambigüedad debe resolverse a favor del
asegurado.36 De esta forma se cumple con el propósito de
todo contrato de seguro, esto es, ofrecer la mayor
protección a la persona asegurada.37 No obstante, si una
cláusula de exclusión aplica claramente a determinada
situación, la aseguradora no está obligada a responder por
los riesgos expresamente excluidos.38
Ahora bien, la interpretación que de una póliza de
seguro se realice tiene que ser cónsona con la norma de
hermenéutica que impone el Art. 11.250 del Código de
Seguros de Puerto Rico, el cual dispone lo siguiente:
Todo contrato de seguro deberá interpretarse
globalmente, a base del conjunto total de sus
términos y condiciones, según se expresen en la
póliza y según se hayan ampliado, extendido, o
modificado por aditamento, endoso o solicitud
adherido a la póliza y que forme parte de
ésta.39
El texto referido establece que la ampliación,
extensión o modificación del contrato de seguro se da por
aditamento, endoso o solicitud adherida a la póliza para
36 Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra, pág. 99; Marín v. American Int´l Ins. Co. of P.R., 137 D.P.R. 356, 362 (1994); véase además, Cruz, op cit., págs. 167-168. 37 Íd. 38 Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Marín v. American Int´l Ins. Co. of P.R., supra, pág. 362. 39 26 L.P.R.A. sec. 1125 (énfasis suplido).
CC-2005-42 19 formar parte de ésta, y debe interpretarse de manera
global a partir del conjunto total de sus términos y
condiciones.40 De lo anterior se desprende que al
interpretar una póliza, ello debe realizarse conforme al
propósito de ésta, a saber, ofrecer protección al
asegurado.41 Por esto, no se favorecerán interpretaciones
sutiles que le permitan al asegurador evadir su
responsabilidad.42
Además, y como piedra angular a la controversia que
nos ocupa, es cardinal también el Art. 11.180 del Código
de Seguros de Puerto Rico, el cual en su primer inciso
señala que “[l]a póliza deberá contener todo el contrato .
. . [ya que n]ingún convenio que esté en conflicto con el
contrato de seguro o que lo enmiende o amplíe será válido
a menos que fuere por escrito y se hiciere formar parte de
la póliza”.43 Como puede colegirse de los artículos del
Código de Seguros antes citados, cualquier alteración a la
póliza se tiene que adherir y hacer formar parte de ésta.
Fundamentados en el referido Art. 11.180, hemos
establecido que el Código de Seguros “interesa un contrato
de seguro completo en sí mismo, que contenga todo lo
acordado entre las partes y que sea por escrito”.44 Así,
40 Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 691; Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, págs. 154-155. 41 Íd. 42 Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 723; Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155. 43 21 L.P.R.A. sec. 1118(1) (énfasis suplido). 44 The London Assurance v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 305, 310 (1967).
CC-2005-42 20 el contrato de seguro puede ser objeto de todas las
alteraciones o modificaciones que se estimen convenientes
siempre que las partes consientan y se haga constar
expresamente en el contrato o se incorpore a la póliza.45
En consecuencia, existen varias alternativas para
modificar una póliza de seguro válidamente de manera que
las alteraciones que se pretenden surtan efecto
jurídico.46 Para esto, es necesario que éstas se realicen
mediante un endoso al margen o al dorso de la póliza, por
medio de inserción de palabras en el cuerpo del contrato,
por un documento aparte que exponga que se adjunta y se
hace formar parte de la póliza, o mediante la redacción de
un nuevo contrato que recoja el cambio convenido.47
IV
En el caso de autos, SIMED expidió una póliza de
seguro de responsabilidad médico-hospitalaria a favor del
doctor Colón Ledeé, la cual cubría el periodo comprendido
entre el 26 de enero de 2001 al 26 de enero de 2002, con
fecha retroactiva al 26 de enero de 1998. A cambio de la
prima, SIMED asumió la obligación de responderle al galeno
por cualquier reclamación por mala práctica profesional
que se incoara en su contra durante la vigencia del
contrato de seguro o dentro del periodo extendido de
45 2 Appleman on Insurance, 2nd Ed., West Publishing, sec. 8.3 (1996). 46 No obstante, debe tenerse en cuenta que los requisitos establecidos en el referido Art. 11.180 “no se aplicarán a la concesión de beneficios adicionales a todos los tenedores de pólizas de un asegurado, o a una clase o clase de ellos, que no requieran aumentos en los tipos de primas o reducción o restricciones de cubierta”. 21 L.P.R.A. sec. 1118(3). 47 2 Couch on Insurance, 3rd Ed., West Group, sec. 25:10 (1997).
CC-2005-42 21 cubierta de 60 días provisto en éste. De esta forma, la
reclamación de impericia médica presentada por los
peticionarios constituye el suceso incierto o el evento
específico, y el riesgo asumido por el recurrido, que
genera la obligación de indemnizar al doctor Colón Ledeé,
como el tenedor de la póliza, por las pérdidas pecuniarias
que podría sufrir si en su día se le responsabiliza por
los daños causados como consecuencia de las alegadas
actuaciones negligentes en la prestación de sus servicios
profesionales.
La reclamación se incoó y se le notificó a SIMED con
posterioridad a que se cancelara la póliza. En específico,
SIMED advino en conocimiento de que se había entablado una
reclamación por impericia médica en contra de Colón Ledeé
59 días después de la cancelación del contrato de
seguro.48 Ahora bien, la cláusula número IX de la póliza
le proveía al galeno un periodo de cubierta adicional de
60 días a partir de su cancelación para notificar a SIMED
reclamaciones instadas en su contra. De esta forma, la
aludida cubierta adicional constituye parte integral del
riesgo previsto y asumido por SIMED al expedir la póliza.
Ésta operaría automáticamente, sin necesidad de pago
adicional, siempre que la cancelación del contrato se
48 Téngase en cuenta que como fue BTF quien solicitó la cancelación debido a la falta de pagos por parte de Colón Ledeé, ésta advino efectiva tan pronto fue efectuada, esto es, el 20 de agosto de 2001. Véase, Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., supra, pág. 748. En este sentido, como a SIMED se le notificó de la reclamación el 18 de octubre de 2001, un mero cálculo nos lleva a concluir que dicha notificación ocurrió 59 días después de que fue efectiva la cancelación solicitada por BTF. Ello así, debido a que en este caso resulta irrelevante el que las primas no devengadas hayan sido devueltas el 10 de diciembre de 2001. Íd.
CC-2005-42 22 debiera a cualquier razón que no fuera la falta de pago de
las primas.
La prima de $21,948.00 se pagó en su totalidad al
comienzo del periodo de cubierta. El doctor Colón Ledeé
pagó a SIMED un pronto de $6,584.00 y BTF pagó
directamente a SIMED la diferencia de $15,364.00. De esta
forma, BTF quedó constituida como la compañía que financió
más de la mitad de la prima mediante un contrato de venta
al por menor a plazos. Por medio de este contrato, Colón
Ledeé le otorgó a BTF la facultad para ordenarle a SIMED
la cancelación de la póliza cuando el galeno dejare de
pagar cualquier mensualidad del financiamiento. Además,
convino en cederle a BTF, como garantía para asegurar el
pago del financiamiento, cualquier suma de dinero que
SIMED adviniese obligada a pagarle con relación a la
póliza. Ciertamente, todo lo anterior se realizó con el
consentimiento expreso de SIMED ya que ésta consta como
parte suscribiente en dicho contrato, no obstante, este
convenio escrito no se hizo formar parte de la póliza.
Como consecuencia de que Colón Ledeé incumplió con el
contrato de venta al por menor a plazos al no efectuar uno
de los pagos mensuales correspondientes al financiamiento,
BTF ejerció su facultad de ordenarle a SIMED la
cancelación de la póliza. SIMED notificó al galeno la
cancelación de su póliza manifestando que ello se debía a
una petición de la compañía financiera a esos efectos. Al
respecto, es menester enfatizar que en ninguno de los dos
eventos, es decir, ni cuando BTF solicita la cancelación
CC-2005-42 23 de la póliza ni cuando SIMED le informa al doctor la
efectividad de la cancelación, se aduce como razón para la
cancelación la falta de pago de la prima del contrato de
seguro, sino que la cancelación se fundamentó en todo
momento como un incumplimiento con los términos del
contrato de venta al por menor a plazos.
Transcurridos 59 días de hacerse efectiva la
cancelación, el doctor Colón Ledeé le notificó a SIMED la
reclamación de los aquí peticionarios ya que, al ser el
término de extensión de cubierta uno de 60 días, Colón
Ledeé se consideraba aún un asegurado de SIMED toda vez
que la cancelación no se debió a la falta de pago de la
prima. Sin embargo, la aseguradora negó la referida
cubierta a base de que la notificación por falta de pago
del financiamiento constituía una cancelación por falta de
pago de la prima, debido a que medió un contrato de venta
al por menor a plazos como mecanismo para el pago de la
prima.49
En primer lugar, no coincidimos con la interpretación
que hace SIMED de la cláusula número IX del contrato de
49 Sobre este particular, resalta el hecho de que no existe controversia en torno a que la prima de la póliza se satisfizo en su totalidad al comienzo de las relaciones contractuales entre Colón Ledeé y SIMED. Indistintamente de qué parte de la prima se abonó mediante financiamiento de BTF, ésta se pagó en su totalidad. Más aún, resulta revelador como el propio recurrido le envió un cheque por la cantidad de $9,560.00 en concepto de devolución de la prima no devengada al momento de la cancelación del contrato. Esta devolución se efectuó el 10 de diciembre de 2001, es decir, casi dos meses después de habérsele notificado la reclamación instada por los peticionarios. Debido a que el concepto de primas no devengadas se refiere a aquellas primas que tienen que ser devueltas al asegurado como consecuencia de la cancelación de una póliza pagada antes de su vencimiento, ello impide argumentar con éxito que el motivo por el cual se canceló la prima fue la falta de pago de ésta, pues, incluso, fue como resultado de tal cancelación que procedió la devolución de la prima pagada pero no devengada.
CC-2005-42 24 seguro; su lenguaje no lo justifica. Todo lo que se
necesita es realizar una lectura de la cláusula en
cuestión para concluir que ésta es clara y no impone
condiciones más allá de su fiel cumplimiento. La cláusula
expresamente dispone que el periodo para reportar
reclamaciones o pleitos será extendido automáticamente por
60 días si la póliza es cancelada por cualquier razón que
no sea la falta de pago de las primas por parte del
asegurado. Cuando dicha cláusula establece la falta de
pago de las primas como condición única para no extender
el periodo de cubierta a favor del asegurado, se refiere
específicamente a la situación en que se acuerda con el
asegurador pagar la prima del seguro a plazos.50 No se
refiere al incumplimiento del asegurado dentro de una
relación paralela con una compañía de financiamiento
mediante un contrato de venta al por menor a plazos en el
cual se designa al acreedor financiero como cesionario con
facultad para ordenar la cancelación de la póliza en caso
de la falta de pago de los plazos del financiamiento. Por
lo tanto, la cancelación solicitada por BTF no configura
el tipo de cancelación excluyente que establece la
cláusula número IX, toda vez que la prima a la que ésta
hace referencia se pagó en su totalidad al comienzo del
periodo de cubierta del seguro.
50 Se le conoce como “prima fraccionada” a “[a]quélla que, aunque calculada en períodos anuales, es liquidada por el asegurado mediante pagos periódicos más reducidos (semanas, meses, trimestres, etc.)”. Castelo Matrán, op cit., pág. 211.
CC-2005-42 25
Los términos en que está redactada la cláusula en
controversia son lo suficientemente lúcidos como para ser
entendidos en un mismo sentido, sin dar lugar a dudas ni a
diversidad de interpretaciones, lo que nos lleva a hacer
valer la clara voluntad de los aquí contratantes. En la
medida en que la prima del seguro se pagó en su totalidad,
y la exclusión de la cubierta extendida se activa
únicamente ante la falta de pago de ésta, es forzoso
concluir que SIMED viene obligado a reconocer que Colón
Ledeé es su asegurado según el lenguaje utilizado en la
propia póliza. De esta forma, nos distanciamos de realizar
una interpretación sutil que le permita al asegurador
evadir su responsabilidad, a la vez que ejercemos nuestra
labor de buscar el sentido que le daría a la cláusula una
persona de normal inteligencia que se apreste a comprar
una póliza como la de autos.
En segundo lugar, es la contención del recurrido que
resultaría antijurídico no equiparar la falta de pago del
financiamiento a la falta de pago de la prima ya que el
contrato de venta al por menor a plazos gravó la prima
pagada a SIMED como garantía del cumplimento del asegurado
con los términos del financiamiento. Esto, debido a que
mediante dicho contrato, en el que SIMED aparece como
suscribiente, Colón Ledeé cedió a BTF todas las sumas y
los pagos que le adviniesen pagaderos en relación con la
póliza, su cancelación o cualquier reembolso por primas no
devengadas. Tampoco le asiste la razón.
CC-2005-42 26
El aludido contrato de venta al por menor a plazos no
se adhirió ni se hizo formar parte de la póliza, por lo
que constituye más bien un convenio separado e
independiente del contrato de seguro. En vista de lo
anterior, los peticionarios sostienen válidamente que el
convenio con la compañía de financiamiento de modo alguno
pudo modificar o alterar el contrato de seguro ya que, al
no haberse hecho formar parte de éste, no se cumplió con
lo dispuesto en el Art. 11.180 del Código de Seguros. Por
lo tanto, el asegurador no puede argumentar con éxito que,
como los beneficios de la póliza servían de garantía al
financiamiento, la falta de pago de éste se equipara a la
falta de pago de la prima.
Sabido es que las pólizas de seguro deben
interpretarse globalmente a partir del conjunto total de
sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza
y según se hayan ampliado, extendido o modificado por
aditamento, endoso o solicitud adherida a la póliza para
formar parte de ésta.51 A tenor con esta norma de
hermenéutica, el Art. 11.180 del Código de Seguros
“interesa un contrato de seguro completo en sí mismo, que
contenga todo lo acordado entre las partes y que sea por
escrito”.52 Para que cualquier alteración o modificación a
la póliza surta efectos jurídicos dentro de la relación
contractual entre el asegurado y el asegurador, resulta
51 26 L.P.R.A. sec. 1125. 52 The London Assurance v. Tribunal Superior, supra, pág. 310 (énfasis suplido).
CC-2005-42 27 indispensable que conste por escrito y se haga formar
parte del contrato de seguro, constituyéndose así un
convenio que, en sí mismo, integre todo lo acordado entre
las partes. Es a partir de que se satisfagan estas
exigencias normativas, que los contratantes tendrán que
atenerse a los términos de la póliza según enmendada.
En ese sentido, si la enmienda no cumple con lo
dispuesto en el estatuto, resultará inmaterial cuál sea o
haya sido la intención de las partes, por lo que será la
aseguradora quien asumirá las consecuencias de no cumplir
con el procedimiento establecido en la ley que regula sus
negocios.53
Ciertamente, en el presente caso los beneficios de la
póliza servían de garantía al pago del financiamiento que
se estableció mediante el contrato de venta al por menor a
plazos suscrito entre BTF, el doctor Colón Ledeé y SIMED.
No obstante, la falta de pago de éste no se puede
equiparar a la falta de pago de la prima ya que el
contrato de venta al por menor a plazos no se adhirió ni
se hizo formar parte de la póliza, como dispone el Art.
11.180 del Código de Seguros.
Además, en el referido contrato nada se dispuso con
relación a que la falta de pago del financiamiento debía
entenderse como la falta de pago de la prima. Ésta era la
única alternativa que tenía SIMED para poder validar su
argumento, a saber, que el contrato de venta al por menor
53 2 Couch on Insurance, supra, sec. 25:2; Industrial Indem. Co. v. Aetna Casualty & Surety Co., 465 F. 2d 934, 938 (1972).
CC-2005-42 28 a plazos se hizo formar parte de la póliza y que en éste
se estableció expresamente que la falta de pago de los
plazos del financiamiento se entendería como la falta de
pago de la prima. De este modo, la cancelación solicitada
por BTF se hubiera podido adjudicar como una situación de
falta de pago de la prima del contrato de seguro, única
excepción contemplada en la cláusula número IX para
excluir la aplicación del periodo de cubierta extendida de
60 días.
Por los fundamentos que anteceden, se revoca la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el presente caso al Tribunal de Primera Instancia
para que resuelva conforme con lo aquí expuesto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Heidi M. Acevedo Mangual Daniel Francis Ayala y la Sociedad de Bienes Gananciales por ellos constituida Demandantes-Peticionarios v. CC-2005-42 Certiorari SIMED como aseguradora del Dr. Edgardo Colón Ledeé Demandada-Recurrida Dr. Edgardo Colón Ledeé, Hospital Mimiya, Inc., SIMED Demandados
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el presente caso al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva conforme con lo aquí expuesto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton emitió Opinión de Conformidad a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
Aida Ilena Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Heidi M. Acevedo Mangual Daniel Francis Ayala y la Sociedad de Bienes Gananciales Por ellos constituida Demandantes-Peticionarios
v. CC-2005-42 Certiorari
SIMED como aseguradora del Dr. Edgardo Colón Ledeé
Demandada-Recurrida Dr. Edgardo Colon Ledeé Hospital Mimiya, Inc., SIMED
Demandandos
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton, a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico a 14 de julio de 2009.
Aunque coincidimos con el resultado al que
llega el Tribunal en la Opinión que emite hoy en
el caso de epígrafe, hemos decidido suscribir
esta breve Opinión de Conformidad por entender
que es necesario aclarar unos aspectos
relacionados con la normativa jurídica aplicable
a una cancelación de póliza de seguro a solicitud
de la compañía que financió las primas.
I
Los hechos que originan la controversia de
autos están debidamente expuestos en la Opinión
del Tribunal, por lo que pasaremos directamente a
los asuntos de Derecho que nos conciernen. La
controversia medular del caso de autos consiste
CC-2005-42 2
en determinar el tratamiento que debe dársele a una
solicitud de cancelación de una póliza de seguro hecha por
BT Finance luego de que el asegurado, el Dr. Edgardo Colón
Ledeé, incumpliera con un pago mensual del financiamiento
de las primas. En particular, el Tribunal debía resolver si
la falta de pago del Dr. Colón Ledeé a BT Finance, como
parte del contrato de financiamiento de la póliza, debe ser
considerada como una falta con los pagos de las primas para
fines de la cláusula IX del contrato de seguro. Dicha
cláusula provee una extensión automática del período para
notificar una reclamación a la aseguradora durante 60 días
a partir de la fecha de terminación o cancelación de la
póliza, siempre que dicha cancelación no se deba a la falta
de pago de las primas.
Luego de revisar el contrato de financiamiento
suscrito por las partes, así como la jurisprudencia y la
doctrina aplicable, estamos de acuerdo con la Opinión del
Tribunal en que -en las circunstancias particulares de este
caso- la falta de pago a la compañía financiera no debe
tratarse como falta de pago con las primas de seguro, por
lo que procede revocar la Opinión del Tribunal de
Apelaciones. La razón para llegar a esa conclusión –según
nuestro criterio- es que cuando la financiera es la que le
solicita la cancelación de la póliza a la aseguradora,
dicha cancelación se debe considerar como una cancelación a
solicitud del asegurado. Ello en virtud de la cesión de
derechos a favor de la financiera que ocurre en el contrato
de financiamiento, el cual -entre otras cosas- concede un
CC-2005-42 3
poder de mandato a la financiera para solicitar la
cancelación de la póliza. Veamos.
II
Por lo general, en un contrato de financiamiento de
pólizas de seguro el asegurado cede a la compañía
financiera ciertos derechos que surgen del contrato de
seguro, incluyendo el poder para solicitar la cancelación
de la póliza a nombre suyo, en caso de éste incumplir con
algún pago del financiamiento. 6 Appleman on Insurance, 2d
Ed. Lexis Law Publishing, sec. 39:10 (1996). La cesión que
hace el asegurado a la financiera, en la mayoría de las
ocasiones, incluye el derecho de recobrar las primas de
seguro no devengadas y cualquier otro pago que la
aseguradora deba hacer a favor del asegurado. De igual
forma, la financiera puede recobrar cualquier balance
pendiente relacionado al financiamiento de la póliza.
No obstante, en aquellos casos en que el contrato de
financiamiento no le otorga a la compañía financiera un
poder para tratar la falta de pago del financiamiento por
parte del asegurado como una determinación de cancelar la
póliza, la compañía financiera no tiene ningún poder para
requerir la cancelación. 2 Couch on Insurance, 3rd Ed.,
West Group, sec. 31:43 (1995). Es por ello que los derechos
y las obligaciones de las partes sobre este asunto dependen
en gran medida del lenguaje utilizado en el contrato de
financiamiento. Al abundar sobre la importancia de los
términos del contrato de financiamiento, Couch expresa que
CC-2005-42 4
“[A] premium finance company has the right to cancel the
insurance policy it has financed only if the right is
contained in the finance agreement.” Íd, pág. 31-55.
(Énfasis nuestro).
De lo anterior se desprende que el contrato de
financiamiento de pólizas de seguro, entre otras cosas,
traspasa los derechos adquiridos por el asegurado en el
contrato de seguro de póliza, pero no los modifica. Es
decir, el contrato de financiamiento, de por sí, no tiene
el efecto de modificar el contrato de seguro, sino más
bien, se limita a traspasar los derechos del asegurado tal
como éstos fueron establecidos en el contrato de seguro.
Además, en cuanto a la compañía aseguradora se refiere,
debemos recordar que ésta sólo debe cumplir con sus
obligaciones contractuales hasta el momento de la
cancelación, la cual, según el Derecho vigente, al ser
solicitada por la financiera – y entenderse en dicho caso
que es como si la solicitara el asegurado- es inmediata.
Ahora bien, es menester resaltar que en Casanova Díaz v.
Puerto Rican-American Ins. Co., 106 D.P.R. 689 (1978)
resolvimos que cuando la cancelación se debe a una acción
unilateral de la aseguradora por falta de pago con las
primas, la aseguradora tendrá que continuar proveyendo
cobertura hasta que devuelva las primas no devengadas,
momento en que se considera efectiva la cancelación.
Posteriormente, en Reyes Ayala v. Torres Amaral, 130
D.P.R. 730 (1992), este Tribunal resolvió que cuando la
CC-2005-42 5
financiera es la que solicita la cancelación de la póliza
por falta de pago del financiamiento, la financiera se
coloca en los “zapatos del asegurado”. (Énfasis nuestro).
En esas circunstancias, según dicho precedente, la
cancelación tiene efecto inmediato. Íd. Véase, además, 6
Appleman On Insurance, supra. Si bien algunas
jurisdicciones estatales han descrito la cancelación de la
póliza a petición de la financiera como una cancelación en
contra de la voluntad del asegurado, dicho análisis se ha
hecho para resaltar el deber que algunas jurisdicciones
imponen a las aseguradoras de notificar al asegurado antes
de proceder con la cancelación. Íd. No obstante, tanto la
jurisprudencia como la doctrina aplicable coinciden en que
dicha cancelación debe ser considerada como una cancelación
a solicitud del asegurado. Sobre el particular nos dice
Couch:
Generally, it has been held that
cancellation by a premium finance company is the
same as though the insured has cancelled
directly. Accordingly, where an insured has
executed a power of attorney authorizing a
premium finance company to cancel, and the
company requests cancellation as insured´s
attorney-in-fact, the insurer is not required to
give the insured notice of cancellation. 2 Couch
on Insurance, supra, pag. 31-57. (Énfasis
nuestro). Véase, además, Reyes Ayala v. Torres
Amaral, supra, citando a Georgia Ins. Co. V.
White, 370 S.E. 2d 525, 526 (Ga. App., 1989) y
Prudential Property & Casualty Ins. Co. V.
Safeguard Mtu. Ins. Co., 528 F. Supp. 709 (D.C.
1981).
CC-2005-42 6
En atención a ello, es forzoso concluir que la
cancelación de la póliza a petición de la financiera no
debe ser considerada como una cancelación por falta de pago
con las primas de seguro para efectos de la cláusula IX del
contrato de seguro en controversia. Téngase presente que
cuando se cancela una póliza por falta de pago de las
primas se trata de una cancelación unilateral por parte de
la aseguradora, no del asegurado. Además, en el caso de
autos, la aseguradora había recibido el 100% de los pagos
de las primas. En ese sentido, la comparecencia de la
aseguradora al contrato de financiamiento persigue
garantizar que todas las partes –incluyendo la aseguradora-
reconozcan la cesión que hace el asegurado a favor de la
financiera, el cual se extiende al poder de solicitar la
cancelación de la póliza, a pesar de que se han pagado la
totalidad de las primas. Dicho poder está regulado por el
contrato de financiamiento y el contrato de póliza seguro.
2 Couch on Insurance, supra, pág. 31-55.
Dado que el contrato de financiamiento -de por sí- no
altera los derechos adquiridos por el asegurado en el
contrato de seguro, sino más bien se limita a cederlos a la
financiera tal como éstos fueron establecidos en el
contrato de seguro, es lógico concluir que dichos derechos
sólo pueden ser variados modificando el contrato de seguro.
Nada hay en el contrato de financiamiento suscrito por las
partes en el caso de autos que nos lleve a pensar que de
alguna forma éste alteró el contrato de seguro, incluyendo
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la cláusula IX sobre la extensión del término para
notificar una reclamación a la aseguradora aun después de
cancelada la póliza. Más aún, el Código de Seguros de
Puerto Rico requiere, como requisito formal para que un
documento posterior altere el contrato de seguro, que éste
se haga formar parte del contrato original. Art. 11.180 del
Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de
junio de 1957, 26 L.P.R.A. sec. 1118. Ello, claramente, no
ocurrió en el caso de autos.54
A la luz de lo anterior, somos del criterio que SIMED
debe proveer cobertura en el caso de la demanda presentada
por la señora Acevedo Mangual y notificada dentro de los 60
días de la cancelación de la póliza por hechos ocurridos
antes de la cancelación. Tales hechos ocurrieron mientras
la póliza estaba vigente y fueron notificados dentro del
término provisto por la cláusula IX del contrato de seguro.
Siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal en cuanto
a que una solicitud de cancelación por parte de la
financiera por falta de pago con el financiamiento debe
entenderse como una hecha a solicitud del asegurado,
entendemos que es incorrecta la alegación de la aseguradora
de que dicha cancelación debe ser considerada como una por
falta de pago con las primas para fines de la cláusula IX
del contrato de seguro. Ahora bien, conforme a lo expresado
54
Sobre la conveniencia de adjuntar cualquier modificación a
un contrato de seguro al documento original, véase 2 Couch on
Insurance, supra, sec. 25:5, y 4 Appleman on Insurance, supra,
sec. 20.6; 2 Appleman on Insurance, supra. sec. 8.3.
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por este Tribunal anteriormente, en estos casos la
cancelación de la póliza será inmediata una vez la
financiera así lo solicite, sin necesidad de esperar a que
la aseguradora devuelva las primas no devengadas. Por lo
tanto, el término de 60 días debe computarse a partir del
momento en que se solicita la cancelación y ésta es
efectiva. Véase Reyes Ayala v. Torres Amaral, supra.
No hay duda de que en el caso de autos dicha
notificación ocurrió dentro del período de 60 días a partir
del momento en que fue efectiva la cancelación solicitada
por BT Finance. En vista de ello, coincidimos con la
Opinión del Tribunal en que SIMED estaba obligada por el
contrato de seguro otorgado entre ésta y el Dr. Colón Ledeé
a proveer la cobertura correspondiente.
Por las razones expuestas anteriormente, estamos
conforme con la Opinión del Tribunal que revoca la
Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el caso
de autos.
Federico Hernández Denton Juez Presidente
