El seguro agrícola en Colombia

El seguro agrícola en Colombia

Reflexiones comparadas sobre su desarrollo a partir de experiencias internacionales

Andrés Felipe lunA rozo*

MAyo 2013

* Se agradecen extensamente los valiosos aportes de Julián David Pérez, cuyas investigaciones comparativas entre España y México fueron el punto de partida de este trabajo.

.. 3 ..


1. IntroduccIón

En Colombia, los seguros históricamente han estado orientados casi exclusivamente hacia ámbitos urbanos. En la actualidad, el grueso de las primas es emitido en las dos principales ciudades: el 75% corresponde a Bogotá y Medellín (Fasecolda, 2012). No obstante, el campo cumple una función crucial como proveedor de alimentos y como generador de riqueza. En el caso colombiano, la participación de las actividades agropecuarias en el PIB es el 6,2% (Banco de la República, 2013), proveyendo alimentos y materias primas para la industria y alcanzando una presencia notable en los mercados internacionales de productos agrícolas como café y banano (PNUD, 2009); además, genera cerca del 18% del empleo.

La actividad agrícola es altamente dependiente de factores exógenos que pueden afectar su productividad y, con ello, el crecimiento de la economía, el precio de la canasta básica o, incluso, la seguridad alimentaria. Sin embargo, la presencia del seguro agrícola tiende a estar concentrada en países con alto desarrollo del sector agropecuario. En Nor-teamérica se concentra el mayor número de primas emitidas en este ramo (55%), seguido por Europa Occidental (29%), Latinoamérica (4%), Asia (4%), Australia y Nueva Zelanda (3%); el resto del mundo participa sólo con el 5%. Los países en vías de desarrollo —que producen el 70% de los productos agrícolas— sólo contribuyen con el 20% de las primas del ramo (Roth & McCord, 2008), lo cual da cuenta de la vulnerabilidad que afronta la actividad agrícola en estos países y de su precariedad en materia de protección.

En el caso colombiano, las primas emitidas de seguros agrícolas durante 2012 com-ponen sólo el 0,2% del total de primas emitidas en el año. Además, de los 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola que existen en Colombia, sólo 61 mil estuvieron aseguradas en 2012, lo cual equivale a un aseguramiento de sólo el 0,3% (Finagro, 2012). Esta relación indica que el sector agrícola en Colombia es aún vulnerable frente choques externos que puedan perjudicarlo, además de que el potencial de expansión del seguro agrícola es altamente prometedor.

Este capítulo no buscará abordar la temática de los seguros pecuarios, sino que se centrará en su vertiente agrícola. Este capítulo pretende comprender la naturaleza de los seguros agrícolas y su aplicabilidad al caso colombiano. Por ello, se partirá de una caracterización del funcionamiento de este tipo de seguros, así como de sus limitaciones y ventajas, para luego analizar su operatividad a través del estudio de dos casos exitosos: España y México. Se identificarán los principales atributos de ambos sistemas para, final-mente, comprender cuáles son las características más favorables para el desarrollo de los seguros agrícolas en Colombia.

.. 4 ..

2. El sEguro agrícola y los rIEsgos

La actividad agrícola es altamente dependiente de factores no controlables; esto implica la dificultad existente en intentar mantener una productividad constante en el tiempo. Los riesgos que enfrenta la agricultura son numerosos y de diversa naturaleza; además, no todos afectan por igual a todas las regiones agrícolas, a todos los tipos de cultivos ni a todas las escalas de producción. En la literatura se ha buscado crear una taxonomía de éstos, para facilitar su comprensión.

Así, los riesgos pueden dividirse entre i) riesgos de producción y ii) de precio. Los primeros hacen alusión a los riesgos resultantes de la incertidumbre frente a los niveles de producción —con la calidad requerida por el mercado. En cambio, los riesgos de precio están asociados a la incertidumbre sobre el precio de mercado de los insumos y de la pro-ducción (Iturrioz, 2009). En este capítulo sólo se tratará la primera categoría, en la medida en que ésta recae directamente sobre las actividades en las cuales se ha especializado el sector asegurador en Colombia.

Ahora, los riesgos de producción pueden, a su vez, ser subdivididos. La literatura ha empleado la siguiente clasificación, según la naturaleza de los riesgos (Zorrilla, 2002):

a. Riesgos climáticos: Exceso o déficit de lluvia, vientos fuertes, heladas, fuego, granizo, etc.

b. Riesgos geológicos: Terremotos, deslizamientos de tierra, etc.c. Riesgos biológicos: Plagas y enfermedades, etc.d. Riesgos de mercado: Cambios del precio de los bienes, tasa de cambio, etc.e. Riesgos del hombre: Guerras, violencia, revueltas y cambios institucionales, crisis

financieras, etc.

Las dos primeras categorías han sido probablemente las que más interés e inquietud han suscitado en la literatura académica en la historia reciente. Son los factores que, por su frecuencia y naturaleza, ponen en situación de vulnerabilidad a la mayor parte de los productores agrícolas. La tercera categoría tiene la particularidad de no ser necesariamente ajena a las acciones del productor. La incidencia de los riesgos biológicos puede depender de las buenas prácticas del agricultor, de sus conocimientos técnicos o de su pericia. Sin esquemas de control y ajuste muy bien diseñados, los problemas de riesgo moral pueden hacer que los factores biológicos sean inasegurables.

Ahora bien, los seguros agrícolas tienen unas características muy particulares, que los diferencian de otro tipo de seguros de propiedad. La naturaleza de los cultivos, de los siniestros y del ajuste son elementos característicos que están en la base del aseguramiento

.. 5 ..


agrícola. Si la industria aseguradora logra afrontar satisfactoriamente las particularidades de este tipo de seguro, su potencial de crecimiento será muy atractivo para las compañías del sector, dadas las condiciones del mercado agropecuario en Colombia.

La teoría general de seguros requiere que los eventos asegurados cumplan con ciertas características (Roth & McCord, 2008):

i) Aleatoriedadii) Baja probabilidad de ocurrencia, para garantizar la sostenibilidad del esquemaiii) Independencia estadística de otros eventos aseguradosiv) No controlabilidad por parte del aseguradov) Comprobación inequívoca de su ocurrenciavi) Perjuicio financiero para el asegurado

Sin embargo, en el caso de los seguros agrícolas, algunas de estas condiciones pue-den no cumplirse —aunque este no es un problema exclusivo de este tipo de seguros. Por ejemplo, la ocurrencia de un siniestro puede estar asociada con el buen cuidado que un productor haga de su cosecha. Además, los riesgos afrontados por los productores muchas veces son de naturaleza covariada, es decir que puede no darse la condición de independencia estadística: el valor y la utilidad de los seguros agrícolas generalmente provienen de la posibilidad de que los productores puedan defenderse de epidemias y desastres naturales, que son riesgos invariablemente covariados.

Por otro lado, la comprobación de que el daño en la cosecha realmente se relaciona con el evento asegurado no suele ser inequívoca; en cambio, el daño en un cultivo puede provenir de una combinación de eventos, dificultando el proceso de ajuste. Valorar las pérdidas agrícolas puede ser un proceso difícil y costoso.

Adicionalmente, igual que cualquier seguro, los seguros agrícolas son vulnerables a problemas de selección adversa y riesgo moral. Puede darse selección adversa en caso de que los productores más riesgosos se vean inclinados a tomar el seguro más que aquellos menos riesgosos. Por otro lado, pueden aparecer problemas de riesgo moral cuando la póliza crea incentivos perversos para que un productor se vea abocado a cuidar con menor responsabilidad su cultivo. En los esquemas de aseguramiento de otros países, se ha busca-do solucionar este problema a través de exclusiones (no cubrimiento, salvo que la cosecha haya sido fumigada, por ejemplo), deducibles y copagos. Además, los seguros agrícolas tampoco están exentos del riesgo de fraude. Como generalmente los predios productivos se encuentran lejos de los centros urbanos, un proceso deficiente de verificación y ajuste de los siniestros puede crear incentivos para las reclamaciones falsas.

.. 6 ..

Los seguros agrícolas pueden ser diseñados para amparar al productor contra uno o más riesgos. Entre mayor sea al número de riesgos cubiertos, mucho mayor será el precio del seguro (Roth & McCord, 2008). En los seguros agrícolas, el cubrimiento puede ser de tres tipos: de Riesgos Nombrados, Todorriesgo o Paramétrico. Además, el monto asegurado puede estar basado en los costos de producción o el precio de la cosecha (Iturrioz, 2009)1.

Cuando el cubrimiento es de Riesgos Nombrados, los pagos del seguro están en función del daño efectivo a las plantas sufrido por el productor. Si ocurre un siniestro, un ajustador podrá visitar el predio afectado para realizar una valoración de la pérdida, previa verificación de que los daños hayan sido causados por los riesgos cubiertos; a partir de ello, se determinará la cuantía de la indemnización (Iturrioz, 2009). Las pólizas contra un solo riesgo generalmente cubren granizo, incendio, anegación, exceso y déficit de lluvia y heladas.

En caso que el seguro ofrezca protección todorriesgo, cubrirá al productor contra todos los riesgos que puedan afectar la producción, a menos que algunos de ellos se ex-cluyan expresamente. En esta modalidad, la visita del ajustador no tiene como fin valorar las pérdidas en que incurre el productor por cada planta afectada, sino cuantificar el ren-dimiento efectivo del cultivo. Si el rendimiento cae por debajo de un nivel previamente acordado con el tomador de la póliza, éste adquiere el derecho a cobrar la indemnización, equivalente a la diferencia entre el rendimiento efectivo y el rendimiento garantizado. Normalmente, el rendimiento asegurado oscila entre un 50% y un 70% del rendimiento promedio histórico. El monto asegurado puede depender del precio futuro de mercado del rendimiento asegurado (rendimiento mínimo garantizado por el seguro) o la cuantía del crédito, en caso de que el productor haya adquirido uno (Iturrioz, 2009). En resumen, los seguros todorriesgo funcionan mejor que los seguros contra un solo riesgo cuando la producción puede ser afectada por distintos eventos y es difícil determinar cuál de ellos contribuye mayoritariamente a la disminución del rendimiento.

Finalmente, los seguros agrícolas pueden ser de índole paramétrico. Esto implica que el pago de los siniestros no está sujeto a la verificación in situ de las pérdidas. En cambio, el pago de los siniestros se condiciona al hecho de que un índice sobrepase un nivel acordado en el contrato de seguro. Así, los pagos no dependen del ajuste en campo de las pérdidas sufridas, sino del valor que tome un índice o parámetro correlacionado positivamente con éstas: milímetros de lluvia, temperatura ambiental, nivel de agua en los ríos, rendimiento regional, etc. (Iturrioz, 2009). Los seguros paramétricos frecuentemente

1 Aunque en Colombia el cubrimiento se da sobre los costos de producción, la teoría de seguros agrarios indica que también es posible —e incluso deseable, en ciertos casos— cubrir el valor de la cosecha, es decir el precio de la producción.

.. 7 ..


son utilizados para proteger a los productores contra riesgos covariados como lo son los eventos climáticos extremos. Los seguros paramétricos tienen la ventaja de solucionar algunos de los riesgos de suscripción concomitantes con el seguro agrícola: i) riesgo moral, pues los agricultores no pueden influir en el clima; ii) selección adversa, pues la decisión de los agricultores no tendrá impacto sobre el riesgo, que sólo dependerá del clima; y iii) altos costos de ajuste, pues en este esquema no es necesaria la participación de ajustadores (Roth & McCord, 2008).

La dificultad de los seguros paramétricos estriba en el diseño de los índices, de tal modo que se logre una correlación muy cercana con la ocurrencia de los siniestros. Si no existe una estrecha correspondencia entre el índice y el siniestro, puede ocurrir que el índice se dispare y la aseguradora deba pagar el siniestro, sin que los productores hayan sufrido ninguna afectación. De la misma forma, puede ocurrir que se siniestre la produc-ción agrícola, pero que los cultivadores no reciban una indemnización porque el índice no se disparó, lo que técnicamente recibe el nombre de riesgo de base. El correcto diseño de un índice implica unos ciertos costos y dificultades técnicas; sin embargo, una vez ha sido creado, los costos de operación son bajos. Por ello mismo, este esquema de aseguramiento presenta grandes facilidades para que pueda operar bajo la modalidad de microseguro, con la consecuente posibilidad de masificarse y atraer a pequeños productores. Sin embargo, la industria enfrenta un reto importante: para la demanda potencial puede ser difícil rela-cionar un índice abstracto e imaginario con la posibilidad real de daño en el cultivo (Roth & McCord, 2008). De lo anterior se deduce que un requisito para el funcionamiento del seguro paramétrico es la confianza que las partes tengan en la objetividad y transparencia del índice, para lo cual es necesario que éste sea independiente de la voluntad de los ac-tores, que exista información suficiente sobre su comportamiento histórico, así como un alto grado de correlación con las pérdidas (Iturrioz, 2009).

Finalmente, es posible ofrecer aseguramiento a los productores contra las variacio-nes en ingreso, a raíz de perturbaciones en el rendimiento de la cosecha, en los precios de mercado o en una combinación de ambos. Este cubrimiento se diferencia de los seguros anteriores en que el objeto asegurado no es la producción, sino el flujo de ingresos, por lo que puede verse como un seguro indemnizatorio de riesgos múltiples, con una cobertura de precio (Iturrioz, 2009). Actualmente, este cubrimiento sólo existe en EE.UU. para los agricultores domésticos.

.. 8 ..

3. El sEguro agrícola En España

España se ha caracterizado por ser un importante productor de alimentos en Europa. En 2009 fue el cuarto país europeo con mayor nivel de exportaciones, representando el 7,6% del total y fue el segundo país del continente que más superficie agrícola utilizó, destinando para la producción agrícola 24,9 millones de hectáreas, un 14,4% del total del área cultivada en Europa (INE, 2010).

Desde el siglo XIX, España incursionó en los seguros agrícolas. Para 1919 ya se había creado un seguro que cubría el riesgo de pérdida de cultivos por causa del granizo, y fue en ese año cuando se creó la Mutualidad Nacional del Seguro Agropecuario (MNSA), de naturaleza pública (Pérez, 2012). Con la MNSA se pretendía asegurar por todos los riesgos a los campesinos que se agruparan para crear sociedades mutuales (Escribano, 2010)2. Sin embargo, el aumento logrado en la cobertura no fue significativo y no se logró llegar a más del 0,6% del total (Pérez, 2012).

En 1930, se promovió la participación de las compañías privadas, con lo que el rol del Estado se transformó, pasando a actuar como reasegurador. Esto sucedió a través de la intermediación del Servicio de Seguros Agrarios (Burgaz & Pérez, 1996). Sin embargo, todos los riesgos cubiertos estaban concentrados en las zonas que enfrentaban una gran siniestralidad por granizo, por lo que este esquema de aseguramiento se hizo financiera-mente insostenible (Pérez, 2012). Así, se reformó el Servicio de Seguros Agrarios, para transformarse en el Servicio Nacional de Seguros del Campo (SNSC), con el cual se reglamentó la necesidad de discriminar los riesgos entre asegurables y no asegurables (Burgaz, 2002). Aun así, no se logró el cubrimiento de riesgos diferentes a Granizo e Incendio (Pérez, 2012).

Buscando fomentar el desarrollo de los seguros agrícolas —pues sólo el 6,3% de las cosechas estaba asegurado—, en 1972 se creó el Servicio Nacional de Pedrisco e Incendio —SNPI— (Pérez, 2012). En un formato creado inicialmente para cultivos de cereales, se diseñó un esquema de aseguramiento tipo pool, en el cual las aseguradoras involucradas coaseguraban todos los riesgos, con la coordinación del SENPA, Servicio Nacional de Productos Agrarios (Pérez, 2012). Este nuevo esquema probó ser exitoso, y logró que al cabo de seis años se duplicara la cantidad de cultivos asegurados (Pérez, 2012). Así, en los Pactos de Moncloa se discutió la implementación de un sistema que permitiera aumentar

2 Las sociedades mutuales son asociaciones solidarias cuyo fin principal es la ayuda recíproca entre los miembros, en pos de un beneficio común. En España, las sociedades mutuales de seguro agrícola aparecieron como fondos que se nutrían con las cooperaciones de los miembros y, en caso de que uno de sus miembros sufriera un siniestro, éste recibía recursos del fondo.

.. 9 ..


la cobertura para beneficiar a un mayor número de agricultores en un esquema de pool, en el que se otorgaran ayudas con preferencia para quienes percibieran menores ingresos. Esto daría origen a la Ley 87 de 1978, mediante la cual se estableció “el seguro agrario combinado de riesgos múltiples” (Pérez, 2012). Esta ley fue la piedra angular del Sistema Nacional de Seguros Agrarios (SNSA), aún en funcionamiento.

3.1 El surgimiento del SNSA

El Sistema Nacional de Seguros Agrarios (SNSA) se compone de diferentes entidades independientes cuyas funciones abarcan tareas de aseguramiento, control y supervisión, coordinación, entre otros. El Sistema agrupa a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS y FP), al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), las Comunidades Autónomas, a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agrarias y a Agroseguro (Agru-pación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A.) (Cordero & Parra, 2004).

El SNSA funciona como una sociedad mixta, con participación pública y privada. En particular, Agroseguro es un pool privado de coaseguro, con facultades para proveer servicios de seguros agrícolas voluntarios con subsidio (Mahul & Stutley, 2010a). Esta institución realiza la coordinación global de todo el sistema, aprovechando las economías de escala, al determinar las tarifas y condiciones, cobrar las primas, pagar los siniestros, y administrar los subsidios y la red de ajustadores (Cordero & Parra, 2004; Pérez, 2012). La utilización de economías de escala permite optimizar el esquema de costos, evitando que cada compañía deba incurrir en mayores gastos, lo cual conlleva a poder ofrecer primas más bajas. Agroseguro es una sociedad anónima cuyo capital está suscrito por las compañías de seguros y el CCS. Tiene la función de mediar entre el beneficio de las aseguradoras y los intereses de los productores agropecuarios. Agroseguro cuenta con un equipo técnico que estudia el entorno agropecuario, buscando el perfeccionamiento constante del entendimiento de los riesgos (Pérez, 2012), con lo cual se pretende fomentar la innovación en productos (Agroseguro, 2011). Adicionalmente, gracias a que el sistema provee dinero para realizar los procesos de ajuste, se puede hacer un peritaje confiable de los siniestros con un bajo costo para las compañías, ayudando a reducir los problemas de riesgo moral y de fraude (Hatch, 2008). La condición inicial para que una compañía aseguradora pueda hacer parte de Agroseguro es que tenga aprobados los ramos de granizo

.. 10 ..

e incendio de cosechas, vida de ganado e incendios forestales. Para que una aseguradora pueda participar en el pool debe estar dispuesta a suscribir todos los riesgos; además, no podrá ofrecerlos fuera éste.

Por su parte, ENESA es la entidad encargada de representar los intereses del Minis-terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Debe elaborar la propuesta del Plan Anual de Seguros Agrarios y determinar las condiciones técnicas del seguro (montos subsidiables por el estado, rendimientos asegurables, condiciones técnicas mínimas del cultivo, etc.). La ENESA también tiene el deber de proponer un plan anual que contemple los ramos y las zonas aseguradas, teniendo presente que los seguros deben ser expandi-dos en la población rural de manera paulatina. Para tales fines, ENESA tiene la misión de recolectas información estadística histórica, que permita promover el desarrollo del mercado de seguros agrícolas.

Por otro lado, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ejerce control sobre las peritaciones y opera como un reasegurador público. La naturaleza de reasegu-rador del CCS diferencia al modelo Español de los demás modelos de seguros agrarios. El CCS reasegura riesgos catastróficos como terremotos e inundaciones. Lo especial de su funcionamiento es que el reaseguro se da a través de dos vías: i) dispersando el riesgo, al añadir al mismo pool producciones agropecuarias de diversos atributos y regiones, y ii) garantizándole a las compañías coaseguradoras que, si sus pérdidas superan el 160%, el CCS asume aquellas que sobrepasen ese umbral (Mahul & Stutley, 2010a). Esto se logra gracias a que cerca del 21% de las primas que pagan los productores se destina al CCS, cuya naturaleza es eminentemente comercial. Además, el CCS a su vez está reasegurado por varios años futuros, frente a grandes catástrofes, como sequías, inundaciones, heladas o epidemias —para los seguros de ganado (Mahul & Stutley, 2010a).

Por su parte, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tiene como uno de sus deberes el facilitar la creación de mutualidades entre agricultores, que podrán suscribir pólizas de seguros y participar en coaseguros con Agroseguro, de acuerdo con su capacidad financiera.

Las normas del proceso de ajuste deben surgir del consenso entre Agroseguro, ENE-SA y representantes del sector agropecuario. Agroseguro es quien gestiona los servicios de peritaje requeridos para el ajuste. El monto de la indemnización se establece de acuerdo con la valoración de los daños a la luz del rendimiento real de la cosecha, del salvamento y de los gastos incurridos para evitar los daños ocasionados por el siniestro. Tanto el asegurado como la aseguradora deben estar de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización. En caso de que no se llegue a un acuerdo, cada parte llamará a un perito que la represente; si con

.. 11 ..


ello no se llega a un acuerdo, iniciará un proceso de arbitramento. A los agricultores, la indemnización se pagará al final de la cosecha; a los tres meses del siniestro, a los ganaderos, y a los seis meses, a los productores forestales.

3.2 El desarrollo del mercado de seguros agrícolas

En 1981 se ofreció al público la primera línea de aseguramiento que amparaba los eventos de helada, sequía, inundación y vientos cálidos o huracanados en la producción de cereales, además de seguros para cítricos, tabaco, manzana y uva para vinos (Pérez, 2012). En este año, se logró asegurar una suma equivalente a 22 millones de euros, recaudar 1,2 millones en primas y pagar 230.000 en siniestros. La tendencia en la evolución de los indicadores del seguro agrícola en España ha sido muy favorable, a tal punto que en 2010 se logró emitir un total de 732 millones de euros, asegurando un capital de 11.071 millones (Fernández, 2006; Pérez, 2012).

Con el paso de los años, Agroseguro se convirtió en el mayor programa público de seguros agrícolas a nivel mundial, abarcando más de 200 productos para el aseguramiento de cosechas, plantaciones forestales, acuacultura y ganado (Pérez, 2012), con una emisión anual de primas superior a los 800 millones de dólares (Mahul & Stutley, 2010a). Además, casi la totalidad de los cultivos asegurados en España cuenta con una póliza suscrita frente a Agroseguro (Pérez, 2012). La fuerte presencia de Agroseguro se debe a que es el único agente que puede asegurar cultivos con los subsidios estatales a las primas.

4. la ExpErIEncIa mExIcana

Los primeros antecedentes del seguro agrícola en México se remontan a 1926. Des-de esta época hasta 1961, el aseguramiento de la agricultura se dio bajo un esquema privado de protección mutua, que operaba a través de cooperativas que constituían fondos para cubrir una parte de las pérdidas causadas por desastres naturales (Mahul & Stutley, 2010b).

Sin embargo, a partir de 1961 se creó un programa público de aseguramiento agrí-cola, con la constitución de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), con varios propósitos: de un lado, pretendía proteger al productor agrícola, pero además buscaba mitigar el riesgo de crédito al que estaba expuesta la banca oficial, así como fomentar el otorgamiento de préstamos para el desarrollo agrario (Díaz, 2006). Por ello,

.. 12 ..

la suscripción de una póliza era prerrequisito para poder obtener un crédito del banco nacional para el desarrollo rural (Mahul & Stutley, 2010b).

La naturaleza del programa era de orden redistributivo, por lo cual los beneficia-rios de la reforma agraria (ejidatarios) pagaban menores primas que los agricultores privados: los subsidios cubrían entre el 45% y el 61% de la prima (Bassocco, Cartas, & Norton, 1986). No obstante, el carácter social del programa no era compatible con su sostenibilidad financiera. Las primas no eran determinadas actuarialmente y el ajuste de reclamaciones, así como la valoración de las pérdidas, eran llevados a cabo de una manera muy rudimentaria (Mahul & Stutley, 2010b). Así, además de la facilidad de hacer fraude, se presentaban graves problemas de riesgo moral pues, muchas veces a los agricultores les resultaba más favorable descuidar sus cultivos y cobrar la indemnización (Díaz, 2006). Como el objetivo de este sistema era incrementar constantemente el número de asegurados —en consonancia con su naturaleza social—, la selección de riesgos asegu-rados era muy laxa, con los consecuentes problemas de selección adversa. Esta política hizo posible el aseguramiento de dos tercios de la superficie cultivada, con una amplia participación de pequeños productores, pero también llevó a la insostenibilidad del esquema (Díaz, 2006). Así pues, el sistema fue modificado en 1990, dados los costos de funcionamiento, la siniestralidad disparada y los altos montos subsidiados. Además —y aunque no era el objetivo inicial— bajo el esquema de ANAGSA los productores comerciales empezaron a recibir una porción considerablemente alta de los subsidios, afectando la distribución equitativa del ingreso en el campo —medida a través del índice de Gini— (Bassocco, Cartas, & Norton, 1986).

4.1 El fin de ANAGSA y el surgimiento de Agroasemex

La liquidación de ANAGSA ocurre en el marco de una aguda recesión que experimentó la economía mexicana a finales de la década del 80, caracterizada por una gran inflación y un déficit incontrolable. En 1990, se creó Agroasemex sobre la base de la experiencia adquirida con ANAGSA. Varios de los criterios políticos con que funcionaba ANAGSA fueron reemplazados por criterios técnicos, más afines a la sostenibilidad financiera del sistema. Se introdujeron los deducibles, unos mayores requisitos a los productores para ser asegurables y se permitió la participación de aseguradoras privadas (Díaz, 2006). Además, la suscripción del seguro se hizo voluntaria para el productor, dejando de estar atada al crédito.

Aunque la nueva política pretendía una racionalización de los subsidios, reducién-dolos para los mayores productores y favoreciéndolos para la población campesina de

.. 13 ..


menores ingresos, en la práctica Agroasemex tendió a dejar por fuera del sistema de seguros a los pequeños productores, es decir, a quienes tenían cultivos temporales o de subsistencia, por su mayor siniestralidad (Díaz, 2006). De hecho, en 1991 más de dos terceras partes de la superficie asegurada correspondía a predios con una extensión de más de cinco hectáreas. En consonancia con la rigurosidad del nuevo sistema, la superficie asegurada disminuyó estrepitosamente desde los cinco millones de hectáreas —a finales de los ochentas— hasta 760 mil. Así mismo, el porcentaje subsidiado de la prima se mantuvo en el 30%, cuando entre 1983 y 1989 había estado en el rango del 62% al 71% (Díaz, 2006). No obstante, la siniestralidad se redujo, ubicándose en un nivel de largo plazo cercano al 50% (Mahul & Stutley, 2010b).

4.2 Los Fondos de Aseguramiento, una realidad mexicana

Una particularidad del sistema mexicano de aseguramiento agrícola es la existencia de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario; éstos son asociaciones no lucrativas de peque-ños productores cuyo fin es el aseguramiento mutualista. Surgieron espontáneamente y durante varios años fueron informales; sin embargo, cuando se les dio el respaldo legal, se abrió la posibilidad para que pudieran ser receptores de subsidios estatales, a condición de cumplir con unos requerimientos sencillos. En particular, se les obligó a reasegurarse con Agroasemex —bajo la modalidad stop-loss—, por cuyo conducto, además, se les otorgaba la subvención estatal. Tienen la ventaja que de la cercanía con los clientes —técnicamen-te, socios— les permite crear productos de aseguramiento con una mejor información que aquella a la que podría acceder una gran compañía. Además, los mayores niveles de integración permiten ofrecer servicios educativos y de prevención, disminuyendo la prevalencia de siniestros. Aunque su fortalecimiento ha necesitado el apoyo estatal, los Fondos se han constituido en una alternativa eficiente de aseguramiento agrícola en el caso mexicano (Díaz, 2006).

Con la aparición de Agroasemex, y el beneplácito legal para que compañías privadas pudieran empezar a ofrecer seguros agrícolas, el mercado sufrió cambios considerables. En 1991, el 52% de la superficie asegurada había suscrito pólizas con el Estado —Agroa-semex— y el 48% restante correspondía a fondos de aseguramiento. No obstante, a finales de 2000, los Fondos, Agroasemex y las compañías privadas tenían una participación en el mercado cercana a un tercio cada uno (Díaz, 2006).

.. 14 ..

4.3 El nacimiento de un nuevo Agroasemex: México actual

En 2001, el gobierno mexicano decidió transformar la naturaleza de Agroasemex, reti-rándole la facultad de participar en el mercado como asegurador directo. Se convirtió en una entidad especializada en reaseguramiento agrícola. Además, debía prestar servicios técnicos de investigación en seguros agrícolas (Mahul & Stutley, 2010b). Agroasemex, al convertirse en reaseguradora, desarrolló productos altamente especializados. Con la re-forma, se creó un sistema mixto con participación pública y privada en el cual participan Agroasemex, como reaseguradora; aseguradoras privadas y fondos de aseguramiento. Sin embargo, Agroasemex funciona como una reaseguradora paraestatal que debe competir comercialmente con reaseguradoras internacionales, cuya participación empieza a per-mitirse a partir de la reforma. Ahora, los Fondos mantienen su deber de reasegurarse con Agroasemex. Aparte de las compañías privadas que ofrecen seguros agrícolas, existen 270 fondos de aseguramiento y una aseguradora de carácter mutual: Torreón Sociedad Mutualista de Seguros (Mahul & Stutley, 2010b).

Actualmente, en México, existe una oferta de seguros tanto agrícolas como pecuarios —el mercado de seguros para ganado más desarrollado de Latinoamérica se encuentra en México—. Además de los seguros agrícolas que amparan al productor contra un solo riesgo (granizo, heladas, lluvia, etc.), existen ‘seguros a la inversión’ que cubren los costos de producción en caso de pérdida de la cosecha. Estos últimos amparan al productor contra riesgos múltiples y la indemnización cubre los costos de producción hasta el mo-mento de la pérdida. Adicionalmente, existen seguros de riesgos múltiples en los que se le garantiza al productor un rendimiento determinado —típicamente entre el 50% y el 70% del rendimiento máximo esperado (Mahul & Stutley, 2010b). Además, recientemente se desarrolló un seguro paramétrico que cubre la escasez de pasturas para la ganadería, a partir de un sistema satelital de monitoreo de un índice de vegetación: NVDI (Normalized Difference Vegetation Index).

Aunque los seguros agrícolas son ofrecidos exclusivamente por compañías priva-das, el Estado sigue ofreciendo subsidios a las primas. Dependiendo de la región y de la vulnerabilidad, los subsidios oscilan entre el 35% y el 60%, para los cultivos prioritarios; para todos los demás, aplica un subsidio único del 35%. Sin embargo, la participación del sector privado en los seguros agrícolas ha estado orientada hacia los productores grandes y bien organizados, con menor riesgo (Villarreal, 2009). Algunos riesgos que enfrenta la actividad agropecuaria no son asegurables comercialmente, bien sea porque son sistemá-ticos o correlacionados, porque son eventos climáticos extremos o porque son difíciles de cuantificar y los gastos de ajuste son demasiado elevados (Díaz, 2006). Por ello, en 2002, —pensando específicamente en los pequeños productores que, por su reducido tamaño

.. 15 ..


y bajos ingresos, no podían acceder a seguros agrícolas comerciales— se creó un sistema de seguros catastróficos (Mahul & Stutley, 2010b). Este sistema tiene una particularidad: no son los productores quienes toman el seguro; cada póliza opera a gran escala, es decir que no cubre a productores individuales, sino a los de todo un municipio o región. En este esquema, los seguros —tanto de tipo paramétrico como no paramétrico— son cos-teados conjuntamente por el gobierno federal (70%) y por los gobiernos de los diferentes estados mexicanos (30%), con un subsidio del 100% para los productores (Agroasemex, 2013). En caso de siniestro, la indemnización se paga al municipio y éste debe encargarse de repartirlo entre los productores; aunque en el 82% de las ocasiones éstos reciben los pagos sólo entre 3 y 6 meses después del siniestro. Los principales riesgos cubiertos son sequía, exceso de humedad, granizo, helada, huracán, ciclón, vientos fuertes e inunda-ción. Aunque el programa nacional de seguros catastróficos sólo cubre riesgos de orden climático y geológico, en el mercado es posible encontrar seguros comerciales —ofrecidos por empresas privadas— que amparan también contra riesgos biológicos, como plagas, depredadores y enfermedades.

5. pErspEctIvas dEl sEguro agrícola En colombIa

5.1 El estado actual de la agricultura

En Colombia hay 44 millones de hectáreas destinadas a usos agropecuarios (MADR, 2011). Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el potencial de uso agrícola del suelo en Colombia es de 21,5 millones de hectáreas, mientras que el uso efectivo es de sólo 4,9 millones, lo cual revela el potencial de crecimiento de la agricultura en Colombia. Del mismo modo, el potencial de uso pecuario es de 20 millones, mientras que actualmente el uso efectivo es de 38 millones. Lo anterior demuestra, por un lado, que en Colombia se está usado un mayor número de hectáreas para ganadería de las que realmente son utilizables para este fin; además, constata la naturaleza agrícola del suelo nacional, actualmente desaprovechado. Según datos del DANE3, el 40% del suelo de uso agrícola se concentra los departamentos de Meta, Antioquia, Tolima, Santander y Huila. Al examinar el uso del suelo departamental (Gráfico 1), se encuentra que los departamentos con mayor dedicación al agro son: Risaralda (32,2% del suelo es de uso agrícola), Quindío (30%), Nariño (16,3%), Huila (16%), Caldas (15,6%), Valle del Cauca (15%), y Tolima (14,1%).

3 Encuesta Nacional Agropecuaria. DANE 2012.

.. 16 ..

Risaralda

Quindío

Nariño

Huila

Caldas

Valle del Cauca

Tolima

Cauca

Cesar

Santander

Norte de Santander

Sucre

Cundinamarca

Antioquia

Bolívar

Córdoba

Magdalena

Boyacá

Atlántico

Casanare

Meta

La Guajira

Total

▶ Gráfico 1

Uso del suelo departamental. Hectáreas de uso agrícola

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

32,2%

30,0%

16,3%

16,0%

15,6%

15,0%

14,1%

10,2%

9,8%

8,7%

8,5%

8,3%

8,2%

7%

6,6%

6,5%

6,4%

6,0%

4,9%

4,6%

4,2%

1,0%

7,9%

Área de uso agrícola como porcentaje del uso total del suelo

Fuente: DANE. Encuesta Nacional Agrícola 2012.

.. 17 ..


5.2 Marco legal del seguro agrícola

En Colombia, el inicio del seguro agrícola ocurre formalmente en 1993, con la sanción de la Ley 69. Esta ley promovía la oferta de seguros de cosechas, a través de la creación de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario —para centralizar la administración del crédito agropecuario— y del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios —para favorecer que hubiera oferta de reaseguro para las compañías que ofrecieran seguros agrícolas. La Ley 101 del mismo año autorizó un subsidio sobre las primas, para que funcionara como un incentivo al aseguramiento.

En el contexto regulatorio colombiano actual, los subsidios a las primas son regidos por las resoluciones 1ª y 2ª de 2012 de la CNCASA (Comisión Nacional de Crédito Agro-pecuario sobre Seguro Agropecuario). En este año se establece que entre el 60% y el 80% de las primas será subsidiado por el Estado. La magnitud de los subsidios depende simultá-neamente del tamaño del productor y de la tenencia de algún crédito con Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario)4. Si un productor no tiene crédito con Finagro, el subsidio es del 60% pero, en caso de tener un crédito, el porcentaje aumentaría al 70%, para grandes productores, y 80% para pequeños productores (CNCASA, 2012). Adicionalmente, en la última reforma tributaria quedó estipulado que el gravamen del IVA a la prima de los seguros agrícolas disminuiría del 16% al 5%. Además, si el pago se hace con tarjeta débito o crédito, 2 puntos adicionales del IVA serán devueltos a los tomadores.

5.3 La oferta de seguros agrícolas en Colombia

En Colombia, los seguros agrícolas son ofrecidos exclusivamente por compañías de segu-ros; sin embargo, la oferta sólo recientemente empezó a estabilizarse. Actualmente, la oferta de seguros agrícolas en Colombia consiste en pólizas de riesgos nombrados, en la medida en que los lineamientos de acceso al subsidio a la prima obligan a que los riesgos cubiertos sean aquellos permitidos por la ley. Es decir, que un esquema puro de rendimiento —en la modalidad todorriesgo— no es compatible con los subsidios que otorga el Estado. Aunque existen pólizas que amparan al productor contra la disminución de su rendimiento, a la hora de la valoración de los siniestros, los ajustadores intentan determinar si la disminu-ción del rendimiento se debió a los riesgos cubiertos por el seguro, lo cual no siempre es posible, dado que la disminución del rendimiento puede deberse a una multiplicidad de factores cuyos efectos aislados pueden ser inciertos.

4 Finagro es la entidad estatal que se encarga, desde su creación con la Ley 16 de 1990, de la gestión especializada y centralizada del crédito agropecuario con recursos públicos.

.. 18 ..

Adicionalmente, el esquema de cubrimiento de rendimiento no se da en Colombia porque no hay pólizas que cubran el precio de venta de la producción. Para su desarrollo, se debe estu-diar la concordancia de estas pólizas con la naturaleza indemnizatoria del seguro. Una primera aproximación sugiere que el pago de la cosecha al precio de mercado no viola el principio indem-nizatorio del seguro, en la medida en que la teoría económica indica que el precio de mercado de un bien incorpora los costos de los factores, así como los costos de oportunidad en que incurre el productor. Así pues, una indemnización completa debería ser calculada con base en el precio de venta de la producción (Iturrioz, 2009). Los costos de producción en un sentido económico también incluyen el costo de oportunidad asumido por el agricultor.

En Colombia la historia de los seguros agrícolas es reciente. Durante 1998, la Caja Agra-ria fomentó el inicio de un programa piloto de seguro agrícola para las áreas bananeras, con cubrimiento contra inundación y vientos fuertes. Este sistema era reasegurado por compañías europeas expertas en reaseguro agrícola. En 1999, el proyecto fue transferido a La Previsora, compañía de seguros de origen público, pero sólo estuvo en funcionamiento hasta 2002. Fue hasta 2007 que reapareció el seguro agrícola, ahora en manos de Mapfre (Iturrioz & Arias, 2011). Entre 2006 y 2007, se dio un gran aumento en la emisión anual de primas de seguro agrícola, pasando de 8.582 a 15.724 millones de pesos; hasta hoy, la emisión anual ha permanecido esta-ble (Gráfico 2). Actualmente, el seguro agrícola en Colombia está protegiendo principalmente los cultivos de banano, maíz, plantaciones forestales, arroz y tabaco; geográficamente, cubre una gran concentración de las primas emitidas para cultivos ubicados en Urabá y Magdalena.

▶ Gráfico 2

Primas emitidas seguro agrícola (millones de pesos)

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: FASECOLDA.

.. 19 ..


Uno de los hitos del seguro agrícola en Colombia corresponde al programa de segu-ro catastrófico en el Quindío (2010); éste se nutrió de ciertas características del modelo mexicano. El gobierno departamental daba acceso a un sistema de atención de desastres respaldado por un esquema de seguro catastrófico, en el que se compraba cubrimiento por un monto similar al que el departamento ofrecería en caso de emergencia. Los riesgos ase-gurados fueron: sequía, exceso de lluvia, granizo, vientos fuertes, deslizamientos de tierra, heladas e inundaciones. Este programa buscaba la protección de los pequeños productores de plátano en el departamento, para quienes el aseguramiento era gratuito. Los costos del seguro eran sufragados conjuntamente por la Nación (60%) y por la Gobernación (40%).

Ahora bien, en el esquema mexicano, el Estado tiene el rol de informar a la asegura-dora la cantidad de hectáreas cultivadas, con lo cual se hace el cálculo actuarial de la prima. No es necesario identificar a cada uno de los productores ni pedirles su consentimiento. No obstante, en la implementación del seguro catastrófico en el Quindío se exigió el consentimiento firmado de cada productor, lo cual en la práctica tuvo efectos nocivos para el éxito del programa. En primer lugar, la necesidad de visitar a cada productor implicó un gran aumento en los costos, y por ende en la prima. Adicionalmente, una gran cantidad de los productores no vivían en sus fincas, por lo que conseguir su firma fue imposible. Pero, además, aunque el seguro era gratuito y no implicaba que el productor asumiera ningún deber, muchos agricultores lo rechazaron. Es muy probable que varios produc-tores declararan ante la DIAN un número de hectáreas inferior al que verdaderamente tenían con el fin de evadir impuestos, por lo que el temor a ser descubiertos los hubiera incentivado a no firmar la autorización. Lo que al fin ocurrió fue que el número de pro-ductores asegurados fue muy bajo. Al tratarse de un seguro catastrófico, se estipuló que el disparador para el pago de un siniestro sería que el 50% de una vereda hubiera sufrido daños. Finalmente, el reducido número de agricultores asegurados llevó a que nunca se pagara ningún siniestro. Este programa, aunque no fue exitoso en su implementación, enseña mucho para futuras iniciativas similares en Colombia. El Estado tiene el deber de garantizar el bienestar de los campesinos y de proveer las condiciones para su desarrollo integral. Por ello, dadas las características del campo colombiano y la gran cantidad de pequeños productores altamente vulnerables a choques externos, el seguro catastrófico se constituye como un mecanismo idóneo para proteger a los campesinos sin poner en riesgo el presupuesto público.

Por otro lado, durante 2004 en Colombia existió un esquema de aseguramiento paramétrico para algodoneros en el Tolima, en el cual las indemnizaciones ocurrían cuan-do la cantidad de lluvia sobrepasaba un nivel acordado con el productor. Se ofrecían tres alternativas: que la lluvia excediera el promedio máximo histórico i) un 20%, ii) un 40% y iii) un 60%. Naturalmente, la última alternativa era la más barata y, por ende, la menos

.. 20 ..

probable. La gran mayoría de productores compró la cobertura económica. El nivel de lluvia fue elevado, pero nunca superó el umbral de la cobertura económica, por lo que los productores que habían adquirido esta póliza tuvieron pérdidas, pero no obtuvieron indemnizaciones, lo cual invariablemente perjudica la confianza de los productores frente a los seguros paramétricos. En este tipo de seguros, la calidad de los datos climáticos es indispensable, pues de ésta depende el éxito del diseño del parámetro.

En 2012, el gobierno nacional anunció que otorgaría un subsidio de cerca de 30 mil millones de pesos para la creación de un seguro agrícola dirigido a los pequeños cafeteros (con predios de menos de 5 hectáreas). Este monto equivale al 80% de lo que costaría el programa; el otro 20% sería cubierto por el Fondo Nacional del Café (FNC). El cubrimiento sería gratuito para los productores, e incluiría amparos contra lluvias, granizadas, deslizamientos e inundaciones. Se estima que el seguro beneficiará a más de 540 mil caficultores. El riesgo sería asumido por una compañía de seguros, cuya contra-tación se efectuaría a través de la modalidad de invitación: durante los próximos meses, se conocerá el resultado

6. rEflExIonEs fInalEs

En materia de seguros agrícolas, tanto el modelo español como el mexicano se caracterizan por funcionar a partir de una combinación entre participación estatal y participación de empresas comerciales. La particularidad de esta combinación de fuerzas radica en que se obtienen tanto las ventajas de la eficiencia de la empresa privada, como la cobertura y amplitud propias del aparato público.

En los sistemas estatales puros —sin participación privada— la penetración tiende a ser mayor pero, como los estados tienen la propensión a absorber los siniestros y a asu-mir la totalidad de los costos de operación, los costos fiscales son bastante elevados; sin embargo, aunque los criterios sociales al ser priorizados sobre los financieros repercuten en la viabilidad, en estos esquemas generalmente la población más vulnerable sí encuentra cabida. Los sistemas de mercado puro, aunque tienden a ser más sostenibles al priorizar los criterios financieros sobre los sociales, suelen tener una penetración mucho menor. Además, la competencia entre las compañías privadas puede derivar en el no asegura-miento de los pequeños productores, en la medida en que el mercado los concibe como una población riesgosa. La literatura indica que existe una correlación positiva entre la participación estatal en un sistema de seguros agrícolas y su penetración (Iturrioz, 2009).

Los sistemas de seguros agrícolas más balanceados son los sistemas mixtos, en los cuales confluyen el Estado y empresas privadas. La importancia de la participación estatal

.. 21 ..


estriba en que su presencia puede suplir falencias generadas por el mercado. Los costos de arranque para un negocio de seguros agrícolas suelen ser elevados, así como los costos administrativos y de distribución, por lo cual generalmente el Estado se ve en la necesidad de intervenir. De lo contrario, una parte de las compañías aseguradoras podría verse inca-paz para sortear las barreras a la entrada. Adicionalmente, la participación estatal puede resolver dificultades a las aseguradoras a la hora de obtener reaseguros.

En el diseño institucional del sistema de aseguramiento agrícola puede estribar su éxito o fracaso. Una característica común a los sistemas mexicano y español es la parti-cipación mixta pública y privada, pero bajo principios actuariales y comerciales. El caso mexicano demuestra con ANAGSA que, en aras de su viabilidad, un sistema debe ser moderado en su observancia de criterios sociales. En la base de cualquier sistema exitoso de seguros agrícolas se encuentra la determinación actuarial y técnica de las primas. Además, un sistema viable debe vigilar con especial cuidado las reclamaciones, lo cual incluye la verificación de siniestros, la valoración de las pérdidas y el salvamento. También es crucial que los riesgos sean seleccionados técnicamente, dado que no todos los riesgos son asegu-rables. En el caso español, el territorio agrícola se divide en unidades territoriales en torno a las cuales se demarcan áreas para las que se crean criterios de viabilidad para el seguro agrícola; en otras palabras, se declara la inasegurabilidad de ciertos cultivos en ciertas áreas geográficas. Así pues, la subvención estatal no puede darse a través de la promulgación de la obligación de las compañías aseguradoras a asegurar riesgos no asegurables, pues ello haría insostenible el sistema, al poner en juego el buen funcionamiento del pooling de riesgos; en cambio, la subvención estatal debe darse a través de los subsidios a las primas.

Una importante lección del caso español es que el aseguramiento de las cosechas debe darse de manera paulatina. Los seguros agrícolas tienen un componente altamente técnico, por lo que para poder asegurar una cosecha es necesario conocer muy bien las condiciones que ésta requiere para fructificar adecuadamente: de temperatura, de hume-dad, de lluvias, del suelo, etc. Así pues, es necesario que la industria empiece asegurando cultivos de características similares en climas parecidos, antes de incluir otros ramos y otro tipo de cultivos en otras regiones. Así mismo, debe empezarse asegurando cultivos de rendimiento temprano, en los que el riesgo tiende a ser menor, antes de optar por el aseguramiento de cultivos de rendimiento tardío, en los cuales el tiempo de exposición es mucho mayor.

La principal diferencia entre los modelos español y mexicano es que, mientras que Agroaseguro (España) engloba todos los productos de seguro agrícola que gozan de subsi-dio estatal en España, Agroasemex (México) sirve sólo como reaseguradora, por lo que los productos de seguro son desarrollados y comercializados directamente por cada compañía aseguradora. La gran bondad de Agroseguro es su capacidad para facilitar la creación de

.. 22 ..

economías de escala en materia de ajuste, salvamentos, y tarifación de primas. No obs-tante, Agroseguro, al actuar a partir de la coordinación de las iniciativas de las compañías aseguradoras, se ve limitado a la hora de innovar en seguros y de responder ágilmente a las necesidades del mercado. Este problema no lo adolece el sistema mexicano pues cada compañía actúa independientemente, lo cual se ve reflejado en una mayor capacidad de reacción de la industria.

Una importante lección de los sistemas mexicano y español es la disponibilidad de un reasegurador público. El Estado, al actuar como reasegurador, cierra el círculo, incentivando a las compañías a ofrecer productos de seguros agrícolas, con la garantía de que una parte de sus pérdidas potenciales será absorbida por el Estado. La existencia de un reasegurador estatal incentiva el desarrollo de los sistemas de seguros agrícolas, al disminuir el temor de asumir riesgos, entre las compañías aseguradoras.

En este sentido, la existencia de los Fondos de Aseguramiento es uno de los principa-les atributos del sistema mexicano; su implementación en Colombia es altamente deseable, dada la gran cantidad de pequeños productores en las áreas rurales, algo similar a lo que ocurre en México. Como se vio anteriormente, estos fondos tienen una naturaleza mutual y ofrecen aseguramiento a sus miembros, que generalmente son pequeños productores. Al tratarse de fondos de tamaño moderado, el nivel de conocimiento entre sus miembros es alto, lo cual le confiere grandes ventajas frente a un esquema convencional de asegura-miento. El conocimiento recíproco que tienen sus miembros, así como el entendimiento de los riesgos que afrontan, contribuye a disminuir en gran medida los problemas de riesgo moral, de fraude y de selección adversa: en una comunidad campesina es relativamente fácil que se detecten los intentos de fraude o el descuido voluntario de una cosecha. Del mismo modo, el profundo grado de conocimiento de los riesgos permite que a aquellos productores cuyos predios implican mayores riesgos puedan pedírseles primas más ele-vadas. Este tipo de minucias es mucho más fácilmente conocido por las asociaciones de campesinos reunidas en los Fondos, que por una gran compañía aseguradora.

En el caso mexicano, los Fondos cumplen funciones importantes en materia educa-tiva y de prevención: la gran cercanía entre los Fondos y sus miembros permite impulsar programas de capacitación agrícola técnica con una relativa facilidad. Esto es muy impor-tante y conveniente pues una adecuada capacitación puede contribuir a la disminución de la siniestralidad a lo largo del tiempo, como consecuencia de un mejor conocimiento sobre buenas prácticas agrícolas para la mitigación del riesgo. Ahora, como la diversificación del riesgo en los Fondos no es mayor, dada la concentración geográfica que suponen, son obli-gados por el Estado a reasegurarse con éste. De esta manera, se garantiza la supervivencia de los Fondos, pues su vulnerabilidad frente el riesgo se minimiza. En el caso mexicano, los Fondos son reasegurados por el Estado, a través de Agroasemex; para Colombia, también

.. 23 ..


podría pensarse en modelos en los que la empresa privada tuviera participación, fuera como coaseguradora o como reaseguradora.

Los seguros catastróficos también representan un caso altamente rescatable del modelo mexicano. Difieren de los seguros agrícolas comerciales en que el tomador es el Estado y no están dirigidos a proteger a productores organizados en sistemas productivos, sino que se dirigen a proteger a una población vulnerable de los choques climáticos que puedan afectar su integridad. La implementación de los seguros catastróficos en Colombia es imperiosa, pues cumplen una función social muy importante que no puede ser asumida por el Estado, dada la gran carga fiscal que ello supondría: la protección de los pequeños productores frente a las catástrofes climáticas. Sin embargo, esto no implica que los seguros catastróficos no representen oportunidades de negocio para las compañías comerciales.

Ahora bien, es pertinente notar que tanto en el sistema mexicano como en el español, se han diseñado mecanismos para que el seguro agrícola no compita con la ayuda estatal. En cambio, se opta por la armonización de los diversos apoyos ofrecidos por el Estado ante adversidades climáticas. Si un productor presume que obtendrá recursos del Estado en caso de verse afectado por factores del clima, éste no tendrá incentivos para pagar una prima de seguro agrícola. Por ello, en ambos países los auxilios estatales son diferenciales: el no aseguramiento es desestimulado, de modo que con la ocurrencia de un siniestro los productores asegurados recibirán un apoyo más cuantioso que el que recibirían aquellos que no lo estaban. Naturalmente, la diferencia en los subsidios está sujeta a la oferta de seguros agrícolas en la región del productor.

Por otro lado, una gran limitación que menciona la literatura es la escasez de infor-mación geográfica y climática disponible en España (Cordero & Parra, 2004). El éxito de una compañía aseguradora estriba en su capacidad para valorar adecuadamente el riesgo, lo cual requiere la disponibilidad de información abundante y confiable. Sin embargo, en España la información disponible no es de la mejor calidad, repercutiendo en la dificultad para determinar con precisión la magnitud de los riesgos que enfrenta la industria ase-guradora. Algo similar ocurre en Colombia en materia de disponibilidad de información climática. Los seguros de rendimientos requieren la disponibilidad de información histórica sobre el rendimiento promedio, bien sea del predio o de la región, pero actualmente esta información no se dispone en la mayoría de los casos. La determinación adecuada del monto de las primas necesita un mínimo de información sobre la naturaleza, frecuencia, intensidad y dispersión geográfica de los riesgos que afronta un productor. Para el desa-rrollo de la oferta de los seguros agrícolas en Colombia, es necesario mejorar los sistemas de medición de variables climáticas, con el fin de poder encontrar patrones históricos de

.. 24 ..

su comportamiento5. Esta empresa podría llevarse a cabo con la colaboración privada: a manera de ejemplo, en México, algunos propietarios de proyectos productivos de cierto tamaño han accedido a sufragar los costos de instalación de pequeñas estaciones climáticas en sus predios, a partir de cuyo monitoreo las compañías aseguradoras pueden determinar la ocurrencia de siniestros. De un modo similar, los grandes proyectos productivos podrían contribuir al subsidio de la instalación de estaciones climáticas para la implementación de seguros catastróficos en otras regiones del país.

5 Además, convendría el desarrollo de un sistema de mapas de riesgo que pueda dar cuenta de las características de los riesgos en cada región del territorio. Los mapas de riesgo deberían reunir toda la información disponible de cada región, lo cual requiere una labor de centralización de las diversas fuentes que, en muchos casos, son de naturaleza estatal.

.. 25 ..

REFERENCIAS

AgroAsemex. (2013). Contingencias climatológicas. Recuperado el 31 de enero de 2013:http://www.agroasemex.gob.mx/index.php/es/noadministracionrecursosfederales/contingenciascli-matologicas

BAssocco, cArtAs & NortoN (1986).Sectoral analysis of the benefits of subsidized insurance in Mexico. En P. Hazell, & C. Pomareda, Crop Insurance for Agricultural Development: Issues and Experience. Caracas: IICA Biblioteca Venezuela.

BurgAz, F. (2002). El sistema español de seguros agrarios combinados. Madrid: Conferencia Internacional de los Seguros Agrarios y la garantía de rentas.

BurgAz, F., & Pérez, m. (1996). 1902 - 1992. 90 años de seguros agrarios en España. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-mentación.

cNcAsA. (2012). Resoluciones 1a y 2a. Bogotá.

cordero, J., & PArrA, g. (2004). Aplicación de los SIG al seguro agrario combinado: una solución a los problemas de gestión de los datos de las inspecciones en campo. En C. Conesa, J. B. Martínez, & Y. Álvarez, Medio ambiente, recursos y riesgos naturales: análisis mediante tecnologia SIG y teledetección (págs. 387-398). Murcia: Editum.

díAz, e. (2006). El seguro agropecuario en México: experiencias recientes. Estudios y perspectivas. México D.F.: CEPAL.

escriBANo, s. (2010). Los seguros agrarios: Una visión desde las ciencias sociales. Madrid: Visión Libros.

FAsecoldA. (2012). Contexto del sector asegurador colombiano. Bogotá.

FiNAgro. (2012). Informe de pasantía – Sistema de Seguro Agropecuario (España). Bogotá: Finagro.

iturrioz, r. (2009). Agricultural insurance. Washington: The World Bank.

iturrioz, r., & AriAs, d. (2011). Agricultural insurance in Latin America. Washington: The World Bank.

mAhul, o., & stutley, c. (2010A). Overview on Agricultural Insurance: Spain. En O. Mahul, & C. Stutley, Government Support to Agri-cultural Insurance (págs. 219-225). Washington: The World Bank.

.. 26 ..

REFERENCIAS

mAhul, o., & stutley, c. (2010B). Overview on Agricultural Insurance: Mexico. En O. Mahul, & C. Stutley, Government Support to Agri-cultural Insurance (págs. 142-152). Washington: The World Bank.

miNisterio de AgriculturA. (2010). Una política integral de tierras para Colombia. Recuperado el 5 de Marzo de 2013: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ministro_jc_restrepo_tierras_2.pdf

Pérez, J. (2012). Seguro agrícola: Aspectos en común entre España y México. Bogotá: Fasecolda, Documento de trabajo.

PNud. (2009). Documento de discusión nacional acerca de los asuntos claves en el análisis del sector de la agricultura (Mitigación). En PNUD, Memorias del diálogo nacional interministerial sobre cambio climático en el sector agropecuario . Bogotá.

roth, J., & mccord, m. J. (2008). Agricultural Microinsurance: Global practices and prospects. Appleton: Microinsurance Centre.

VillArreAl, A. (2009). Index insurance applied to agriculture: The mexican case. Innovations in Insuring the Poor.

zorrillA, J. l. (2002). Extensive Herbaceous Cultivation and Cattle Risks: Possibilities that agricultural insurance offers for their management. Madrid: Agricultural insurance and income guarantee.

Documents

El seguro agrícola en Colombia