Borrador de documento base:

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas ante la reforma del sistema de educación superior

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, en cuya composición se expresa una larga y valiosa tradición de pluralismo y diversidad intelectual y cultural de la nación, ha sido reconocido como uno de los principales referentes institucionales en el ámbito educativo, científico-tecnológico y cultural, por su contribución a la generación de políticas públicas que propenden a mejorar la educación y la sociedad. Consecuente con su compromiso histórico y social, así como por su carácter de organismo público y autónomo considera como parte de sus deberes con la sociedad chilena dar a conocer su posición ante la reforma de la educación superior que el país se ha propuesto llevar a cabo. Ciertamente, las evaluaciones, juicios críticos y propuestas contenidos en este documento tienen como propósito contribuir a una deliberación pública que estimamos indispensable tanto como experiencia cívica como de cara a los objetivos de dotar al país de un sistema de educación superior que responda a las necesidades y desafíos del desarrollo nacional.

Luego de un análisis interno que llevamos a cabo en un trabajo de comisiones respecto de cada uno de los ejes temáticos que considera las propuestas de reforma, en el presente documento los rectores hemos arribado a un conjunto de principios, directrices y propuestas específicas que ponemos al servicio de un debate que esperamos sea participativo y ayude a las autoridades políticas a tomar las mejores decisiones.

Consideraciones preliminares

La educación superior debe ser abordada como una política de Estado, con visión de largo plazo y definida con la participación activa de actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con sentido de urgencia.

El sistema de educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, económico, científico y tecnológico del país.

El país cuenta con un sistema de provisión mixta, con una diversidad de instituciones, cuyo desarrollo ha generado un creciente aporte en cobertura, equidad y movilidad social. No obstante, la institucionalidad actual de la Educación Superior chilena, ha demostrado sus falencias y su falta de adecuación en relación a los nuevos desafíos que tiene el país en este ámbito: una débil e insuficiente institucionalidad pública y amplios espacios desregulados, caracterizan el sistema.

El aumento en la complejidad del sistema de educación superior, ciencia y tecnología, requiere ser recogido dentro de la institucionalidad del Estado y de sus políticas públicas.

A partir de estos antecedentes descriptivos y juicios críticos el CRUCH, en esta etapa, ha definido algunos planteamientos en torno a ciertos ejes estratégicos que sustentan la reforma de educación superior.

Principios y objetivos fundamentales

El Consejo de Rectores valora la decisión de introducir cambios sustantivos a un sistema educativo que muestra a simple vista altos niveles de desigualdad y segregación, características que atentan contra la calidad general del sistema. Valora que la política pública asuma la educación como un derecho social garantizado por el Estado, procurando asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva. En un contexto de provisión mixta del servicio educativo, resulta necesario el fortalecimiento de una educación pública que se ha visto manifiestamente reducida y debilitada. En suma, el CRUCH apoya una reforma orientada a la calidad educativa, al desarrollo humano, a la integración social y al fortalecimiento de un sistema democrático de convivencia.

En materia de Educación Superior, la propuesta del gobierno en tanto contempla mejorar la institucionalidad pública -a través de una Subsecretaría, una Superintendencia y una nueva Agencia de Evaluación y Certificación de la Calidad de Educación Superior- constituye, a juicio de este Consejo, una corrección necesaria y urgente a la precaria situación vigente.

Por otra parte, para subsanar la existencia de amplios espacios desregulados en la educación superior, resulta indispensable establecer una regulación apropiada que consagre con claridad los derechos y deberes de las instituciones, de sus autoridades y sus comunidades, y que proporcione un marco regulatorio del que carece hoy el sistema. Concordamos plenamente en la necesidad de definir normas y mecanismos de fiscalización que aseguren el cumplimiento de la norma legal que prohíbe el lucro.

Coincidimos en la necesidad de avanzar sustantivamente en materializar la gratuidad en la educación superior, aunque ciertamente este enorme esfuerzo de la comunidad nacional debe ir aparejado de un eficiente y fiable sistema de aseguramiento de la calidad, de acreditación y de fiscalización. Asimismo, en el ámbito del financiamiento institucional, resulta fundamental que el Estado defina un nuevo modelo de asignación de recursos a las universidades del CRUCh, que permita su real fortalecimiento y posibilite un desarrollo equilibrado y equitativo del sistema.

Estas son las motivaciones de este Consejo para compartir los ejes de la Reforma Educacional. Esperamos que por el bien del país los esfuerzos que se hagan en esta materia culminen con éxito. El Consejo de Rectores cuenta con una vasta experiencia que pone a disposición del proceso de reforma al sistema educacional, explicitando de este modo su férrea voluntad y disposición de colaborar activamente en esta ineludible tarea nacional.

Principales áreas temáticas de la reforma

NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE

El Estado tiene la obligación de resguardar niveles básicos de calidad, equidad y transparencia y de promover la eficacia y la eficiencia de las instituciones de educación superior. No obstante, la institucionalidad actual de la Educación Superior chilena resulta manifiestamente precaria e insuficiente para satisfacer dichas garantías, generando además amplios espacios desregulados. En efecto, la actual institucionalidad es producto de un modelo centrado en la subsidiariedad del Estado, la desregulación, el financiamiento privado y la supremacía del mercado en la regulación del sector.

Fiscalización mínima de una normativa débil, órganos públicos con escasas atribuciones, deficientes sistemas de aseguramiento de la calidad, precario e inorgánico sistema de ciencia y tecnología, ausencia de políticas públicas en la formación técnica y hasta ahora restricciones a la participación en las Instituciones de Educación Superior, son características de la actual institucionalidad.

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas tiene la convicción que Chile debe tener un sistema de educación superior regulado, transparente, con una institucionalidad robusta que garantice calidad y equidad; los órganos e instrumentos de supervisión y control deben velar eficientemente por el cumplimiento de leyes y regulaciones que rigen el sector, en particular de la norma que prohíbe el lucro. El Consejo concuerda asimismo en que las políticas públicas en educación superior deben estar claramente dirigidas a lograr estándares de excelencia en materia de formación de técnicos de nivel superior, pregrado y postgrado, deben fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, estimular la vinculación con el medio y potenciar el desarrollo de las regiones para dar lugar a un país más armónico, justo y equilibrado.

I. PRINCIPIOS GENERALES DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Concordamos en establecer en normas del más alto rango el reconocimiento del derecho a la educación de calidad y en incorporar al ordenamiento jurídico regulaciones sustantivas al sistema de educación superior. El CRUCH estima que la educación superior constituye un derecho a cuya provisión pueden contribuir también organizaciones no estatales o privadas en la forma que determine la ley, excluyendo la actividad empresarial con fines de lucro. En todo caso, la prestación del servicio educacional debe sujetarse a estándares públicos de calidad, obligatorios para todas las instituciones. Asimismo, todas las Instituciones, públicas o privadas, deben estar sujetas a un régimen de transparencia y rendición de cuentas que garantice ampliamente su conocimiento por la ciudadanía.

Reafirmamos que las IES deben gozar del derecho a la autonomía, reconocido por el ordenamiento jurídico al más alto nivel; en todo caso, el ejercicio de este derecho no puede limitar ni vulnerar los derechos fundamentales que garantiza la Constitución Política del Estado ni las leyes vigentes.

Los recursos públicos que se transfieran a las IES, cualquiera sea su carácter, deberían estar sometidos a la fiscalización de órganos públicos de modo de garantizar su fiel destino a los fines para los que fueron transferidos. Sostenemos que es necesario establecer la sujeción a parámetros de orden público, de todas las instituciones que reciban recursos fiscales (libertad académica y pluralismo, participación de las comunidades conforme a normas comunes, procesos de admisión reglados, transparencia, rendición de cuentas con sujeción a control público, deberes de probidad y no discriminación, ausencia de fines lucrativos).

El CRUCH sostiene y valora la existencia de un sistema de provisión mixta en educación en el que concurren agentes públicos y privados. En consecuencia, en todo momento ha de respetarse y reconocerse que las instituciones de educación superior según sus orígenes, carácter y propiedad están sujetas a diversos regímenes y estatutos jurídicos. Pero atendido que todas ellas cumplen una función del más alto interés público deben sujetarse a unos estándares comunes que garanticen la promoción de ciertas virtudes cívicas propias e imprescindibles de todo sistema educativo.

II. Sobre la propuesta de nueva institucionalidad pública para la educación superior.

La propuesta del supremo gobierno en cuanto contempla perfeccionar la actual institucionalidad pública, a través de una Subsecretaría de Educación Superior, de una Superintendencia de Educación Superior y de una nueva Agencia de Evaluación y Certificación de la Calidad, a juicio de este Consejo constituye una mejora necesaria y urgente a la precaria institucionalidad que actualmente rige en la educación superior chilena. Por otra parte, resulta evidente que existen amplios espacios desregulados que hacen necesario además, establecer un marco regulatorio apropiado que consagre con claridad los derechos y deberes de las instituciones de educación superior, de sus autoridades y sus comunidades.

En términos generales el Consejo valora como pertinente la institucionalidad pública de la propuesta gubernamental, aunque estima que se debe profundizar por el gobierno los aspectos referidos al rol y funciones de cada órgano. Además, se hace un deber manifestar a continuación, algunas opiniones, reservas y diferencias con la propuesta de nueva institucionalidad y marco regulatorio para la educación superior:

1.- Subsecretarías. El CRUCH estima conveniente que se debieran crear dos Subsecretarías: de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología.

Se coincide en que la función de diseñar y financiar políticas públicas en educación superior deba estar radicada en una Subsecretaría. Esta debiese ser una instancia articuladora de la acción del Estado en educación superior a fin de promover una acción coherente entre todas las agencias gubernamentales que interactúan con el sistema.

No obstante, el Consejo de Rectores propone además la creación de una Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación. El Consejo de Rectores estima que el desarrollo de la investigación científica y la formación de investigadores en Chile tienen su base en las universidades, fundamentalmente en las tradicionales, por lo cual resulta evidente la vinculación y complementariedad imprescindible con la educación superior. Esta realidad justifica el planteamiento del CRUCH de su dependencia de la institucionalidad educacional y no de la autoridad económica.

2. Superintendencia de educación superior. La función de guiar y asegurar el cumplimiento de deberes y derechos involucrados en la tarea educativa y velar por la fiscalización de los recursos públicos, ciertamente debe ser ejercida por una entidad autónoma. La creación de una Superintendencia de Educación Superior constituye un innegable avance para la institucionalidad del sector y representa un anhelo claramente manifestado por el CRUCH durante varios años. Este debería ser el órgano del Estado con competencias para la supervisión y control en los ámbitos del cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen a la educación superior.

Entre su funciones principales debieran encontrarse: 1. La supervisión y control del cumplimiento de toda la normativa aplicable a la Educación Superior; entre ellas especialmente la norma que prohíbe el lucro. 2. La supervisión y control del uso de los fondos públicos destinados a la educación superior tanto estatal como privada. 3. Impartir instructivos para el mejor cumplimiento y control de la normativa referida a la Educación Superior. 4. Supervisión y control del funcionamiento y cumplimiento normativo de todas las instituciones que ejerzan funciones en el ámbito de la Educación Superior, incluidos la CNA, el CNE y otras agencias. 5. Ejercer el control financiero y contable de las instituciones de educación superior estatal y de todas las demás instituciones de educación superior respecto al uso y destino de los fondos públicos que reciban por cualquier concepto. 6. Ejercer facultades disciplinarias a través de investigaciones, auditorías, sumarios y aplicar las sanciones establecidas en las leyes.

3. Institucionalidad para la calidad y acreditación. Es necesario un nuevo modelo de Evaluación y Certificación de la Calidad que reemplace al actual sistema; la Agencia Nacional de Acreditación, deberá ser un organismo público de alto nivel de especialización y dotado de los recursos humanos y materiales y de las atribuciones que sean necesarias para garantizar la calidad y la fe pública del sistema. Ciertamente se debe introducir la obligatoriedad de la evaluación y certificación para todas las instituciones de educación superior.

En Chile se permitió el crecimiento de la oferta educacional sin el establecimiento previo de un sistema de aseguramiento de la calidad. Constituyó una falta de responsabilidad ciudadana esta permisividad de décadas en que la producción de un servicio público tan relevante fuese ofrecido sin las suficientes garantías que acreditaran calidad.

4. Institucionalidad para la admisión en la educación superior. El Consejo de Rectores ha sostenido que todas las instituciones de educación superior deben sujetarse a un sistema de admisión y evaluación de sus estudiantes, que esté constituido por normas preestablecidas y de público conocimiento. Son características deseables de un sistema de selección: ser centralizado, simultáneo y eficiente; ser objetivo y no discrecional; ser transparente; ser dinámico. El

Consejo de Rectores es la única institución del país que cuenta con un sistema de admisión de las características enumeradas. Las referidas características conducen a la configuración futura de un sistema único de admisión que permita la participación en él de todas las instituciones de educación superior, cualquiera sea su naturaleza, que cumplan determinados requisitos. El Sistema de Admisión del CRUCH está abierto a incorporar nuevas universidades que se ciñan a las condiciones generales de calidad y acreditación y que, además, se comprometan a cumplir la normativa que deberá regular el sistema y que garantizará que no sea posible defraudarlo.

5. Institucionalidad para la representación de las instituciones de educación superior. La propuesta gubernamental contempla la existencia de un Foro o Conferencia de Rectores, pero no ha entregado detalles ni profundizado los alcances de dicho planteamiento. El CRUCH, aunque requiere conocer mayores detalles para adoptar una posición fundada, no se opone en principio a una Conferencia de Rectores. No obstante, la creación de una entidad como la que se señala, en ningún caso podría suponer la desaparición del CRUCH. La fórmula por la que se opte en definitiva, debiera dar cuenta de la tradición y el proceso histórico y cultural que representa el Consejo de Rectores.

6. Institucionalidad para la formación técnica. El CRUCH coincide en que sin una educación técnica de calidad, Chile no avanzará en equidad. Coincide asimismo en que la formación técnica de calidad es una condición para que el país alcance los objetivos de incrementar su productividad y competitividad económica y alcanzar así mayores niveles de desarrollo.

La Política Nacional de Formación Técnica, que contempla entre otras medidas la creación de 15 Centros de Formación Técnica Estatales, genera interrogantes y preocupaciones en una serie de universidades, especialmente regionales, sobre el rol o papel de la Formación Técnica que actualmente se imparte al interior de las universidades; en el Consejo de Rectores es ampliamente mayoritaria la idea que las universidades puedan seguir impartiendo formación técnica y otorgando títulos técnicos y profesionales sin licenciatura. En suma, se requiere mayor precisión respecto a la institucionalidad que se piensa para la formación técnica, que resuelva entre otros aspectos, temas como la relación entre los nuevos CFT y la formación técnica histórica que imparten un conjunto de universidades.

III. PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1.- Sobre la Participación en las Instituciones de Educación Superior. Las instituciones del sistema deben permitir y no inhibir de manera alguna la libre asociación de sus miembros y la promoción de sus intereses. Por principio el CRUCH ha tenido una posición favorable a eliminar toda forma de prohibiciones legal a la participación de los distintos estamentos en las casas de estudios de educación superior.

Respecto a la participación estudiantil en particular, al CRUCH le asiste la convicción que la formación de los estudiantes debe ser integral y su incorporación en distintas instancias de participación favorecerá

sin lugar a dudas su formación como ciudadanos activos y pensantes que contribuirán al desarrollo del país.

Cada institución, conforme a su propia autonomía y cultura, debe optar o incentivar las formas de participación que estime adecuadas. No obstante, el Consejo coincide en la necesidad de la existencia de normas legales que regulen la participación al interior de las instituciones de educación superior; aspiramos a que dichas normas se apliquen al conjunto de las instituciones del sistema; aunque no tendrían por qué ser iguales para los CFT e IP.

En particular, sostenemos que tales normas comunes sobre participación deberían precisar o determinar ciertos rangos de ponderación respecto de la participación de los distintos estamentos. Cabe explicitar que actualmente en las Universidades del CRUCH, existen diversos y variados mecanismos de participación. Entendemos por lo mismo que la regulación que se plasme en estas normas, debiera considerar las características o naturaleza de las instituciones.

Los rectores coincidimos en vislumbrar que este tema será muy importante en el debate del periodo venidero. De allí surge la decisión de instar al gobierno a que defina con prontitud los mecanismos y ponderaciones de la participación.

El Consejo de Rectores, en particular, coincide en valorar la participación como regla general en los órganos colegiados. La participación plena en los consejos universitarios, supone una diversa ponderación para los distintos estamentos, la que debe reconocer un peso sustantivamente mayor a la representación académica. La ponderación diferenciada de los estamentos se sustenta en la permanencia de los miembros de los mismos en la respectiva institución y en la responsabilidad de diversa naturaleza que pesa sobre las autoridades.

2.- Órganos de gobierno de las Instituciones de Educación Superior. Considerando la orgánica de gobierno actual en las universidades y sus funciones más permanentes, los órganos de gobierno deben ser de carácter ejecutivo o de gestión, normativos o legislativos y órganos contralores o de fiscalización.

El Consejo de Rectores, por otra parte, enfatiza que las universidades estatales deben dejar de ser consideradas como servicios de la administración central del estado. Las normas legales que restringen y ahogan su quehacer universitario deben ser modificadas, de tal modo de permitirles una mayor autonomía de gestión. En este sentido, la fiscalización de la Contraloría General de la República a estas universidades debiera ser reducida al mínimo, dejando la labor de control a la Superintendencia de Educación Superior.

Calidad de la educación superior

La calidad es el pivote que articula institucionalidad, gratuidad y equidad. En consecuencia, el conjunto de normas, políticas y medidas que implementen la reforma deben dirigirse prioritariamente a elevar los

estándares de calidad de la educación superior, considerando al sistema en su conjunto y no sólo a un sector de las instituciones o de la matrícula. En esta misma medida, el sistema de aseguramiento de la calidad debe ser de aplicación universal, es decir, con independencia del carácter público o privado que tenga la institución o la caracterización socioeconómica de la matrícula.

El objetivo de la reforma en este sentido debe ser asegurar umbrales básicos comunes para todo el sistema de educación superior, independientemente del régimen de propiedad o de financiamiento de las instituciones. En otras palabras, la educación superior puede tener regímenes de financiamiento distinto, pero no puede tolerar ni promover sistemas de aseguramiento de la calidad o estándares diferenciados. Es a propósito de la calidad que el sistema debe presentar su mayor unidad y consistencia.

El Estado tiene la potestad de establecer definiciones y estándares de calidad en la educación superior. La calidad debe ser siempre un asunto propio de lo público, considerando las necesidades de desarrollo del país y reconociendo un contexto de diversidad y complejidad del actual sistema.

Luego de varios años del establecimiento de un sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, en la actualidad corresponde que las políticas de calidad se asocien a las nociones de aseguramiento de la calidad y/o evaluación de la calidad. Es decir, ya no pueden estar asociadas a regímenes de financiamiento institucional o de aranceles vía subsidio a la demanda.

Considerando que la reforma de la educación superior debe contemplar un nuevo marco legal para mejorar y fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad, el Consejo de Rectores proyecta los siguientes factores a tener presente:

1.- Enfrentar los desafíos de una cultura de calidad en la educación superior y una política de aseguramiento de la calidad afín a los principios y orientaciones de la reforma de la educación superior, requiere una mirada del sistema de educación superior en todos sus niveles y en el caso de las universidades no restringida al pregrado sino comprensiva de todas sus funciones, considerando particularmente el postgrado y la investigación.

2.- Debe estar presente el componente REGULACIÓN, considerando que en todo el mundo los sistemas regulados muestran mayor calidad. No obstante, la REGULACIÓN de la calidad no debe estar restringida al financiamiento, sino que debe tener además una vinculación debidamente normada con los marcos de fiscalización. Por lo tanto es necesario discutir y tener un planteamiento en el marco global de la institucionalidad del sistema de educación superior.

3.- Las políticas públicas deben actuar no sólo mediante regulaciones sino también mediante incentivos e instrumentos financieros dirigidos a lograr ciertos estándares de calidad, pues la mera de existencia de normas o de sistemas de fiscalización por más eficaces que lleguen a ser no serán nunca suficientes para instalar una cultura de la calidad.

4.- Se debe aspirar a una evaluación integrada entre la evaluación institucional y de carreras, lo cual supone un sistema de acreditación más complejo y una metodología a revisar oportunamente.

5.- Incluir el componente de EQUIDAD en un sistema de aseguramiento o evaluación de la calidad; considerando en el concepto de equidad diversas expresiones como discapacidad, edad, género, etnia y nivel socio económico.

6.- Todas las instituciones de educación superior – incluyendo las nuevas universidades y CFT estatales – deben recorrer el camino de calidad, desde el licenciamiento. En caso que éstas consideren gratuidad en el pregrado deberán operar bajo la tutela de otra universidad estatal.

7.- Avanzar hacia un Licenciamiento de instituciones con un control más riguroso y acotado; permanente en el caso de nuevas carreras, sedes o áreas. Este debe ser además una condición de existencia y nacimiento de las instituciones, sin el cual éstas no podrán funcionar ni impartir carreras ni desarrollar actividades de ningún tipo.

8.- Cada institución de educación superior debería definir estrategias propias de calidad, basadas en sus procesos internos; el sistema debe apoyar a las instituciones a instalar estos procedimientos internos.

9.- La relación entre pregrado y postgrado debe quedar explícita; si solo se regula el pregrado, las universidades irán generando una oferta “explosiva” a nivel de postgrado. El postgrado debe ir hacia una “acreditación” obligatoria en un determinado plazo, aquellos doctorados o magíster que no alcanzan estándar de calidad en cinco años, no deben funcionar.

Acceso a la educación superior

La calidad del sistema de educación superior tiene como uno sus componentes relevantes la existencia de un proceso de admisión o acceso que garantice el cumplimiento de ciertas condiciones mínimas de entrada habilitantes. Uno de los factores que contribuye a una peligrosa dispersión o diferenciación de los niveles de calidad de nuestra educación superior es la inexistencia de un proceso de admisión o selección debidamente regulado conforme a unos objetivos nacionales preestablecidos.

El sistema de admisión integrado que depende hoy del Consejo de Rectores debiera avanzar hacia un sistema de acceso a la educación terciaria que sea de carácter nacional, incorporando a otras instituciones de educación superior que se hallen debidamente acreditadas y cumplan con los demás requisitos que establezca la ley.

Para llegar a eso, sin embargo, es necesario recorrer un proceso tal que la heterogeneidad actual de las instituciones sea regulada de manera adecuada. Adicionalmente, las instituciones participantes deben entregar garantías de calidad, seriedad y responsabilidad, de modo de resguardar la objetividad, transparencia, equidad e imparcialidad del sistema público de admisión. Para ello, se requiere implementar una normativa clara y una mayor fiscalización, previo al ingreso de nuevas instituciones, que garanticen la no vulnerabilidad del sistema, fijando las condiciones de ingreso y salida del mismo.

Por otra parte, la participación en un sistema centralizado de estas características funciona como un sistema de validación de las opciones (carreras) que se ofrecen. Es por ello que también se requiere definir los criterios de incorporación (y desafiliación) a las instituciones participantes, que incluyan cierto grado de exigencias en términos de la calidad ofrecida, pero siempre considerando la diversidad de las instituciones.

Todo proceso de admisión requiere de criterios de selección, en especial cuando la demanda de postulantes supere la oferta de vacantes, como es la racionalidad del sistema universitario chileno. No obstante lo anterior, el sistema de selección debe considerar mecanismos especiales de inclusión para minorías sub representadas o grupos excluidos, teniendo como perspectiva alcanzar una mayor equidad en el acceso a la educación superior, considerando también la retención de estos estudiantes.

La inclusión de grupos desaventajados puede llevarse a cabo por medio de instrumentos de selección ad hoc (como es el caso del Ranking de Notas) o a través de la implementación de cuotas especiales de acceso que operen como medios de acción afirmativa o de discriminación positiva, con el deliberado propósito de corregir las asimetrías o inequidades de origen o de entornos educativos.

A través del sistema actual de admisión del Consejo de Rectores, es posible generar un sistema centralizado de equidad, que integre los sistemas especiales más significativos, en forma simultánea con el proceso regular. Cada institución podría definir libremente las ponderaciones para cada factor de selección, incluyendo criterios adicionales, como pueden ser las características socioeconómicas del estudiante o algún indicador que se convierta en un “puntaje de equidad". Esta integración permitiría adecuar el proceso de selección a un sistema de “cuotas de equidad”, lo cual es concordante con lo planteado en el programa de gobierno comprometido democráticamente con el país. Como se sabe, dicho programa se propone como una meta en educación superior: “1. Avanzar en mecanismos de selección inclusivos: hacia la institucionalización de políticas de equidad en un sistema de selección centralizado. 2. Avanzar en una institucionalidad de carácter nacional, que integre las distintas instituciones de la educación terciaria, bajo principios de fe pública y condiciones de funcionamiento que garanticen la no vulnerabilidad del sistema.

Estos dos planteamientos requieren establecer un marco institucional, con una normativa y fiscalización apropiadas, con participación de las instituciones, con el desarrollo de estudios que garanticen calidad y transparencia del sistema y con la factibilidad de incorporar carreras técnicas al sistema de admisión.

Financiamiento de la educación superior

1.- Financiamiento institucional.

El CRUCH considera que el régimen de financiamiento de la educación superior debe ser modificado estructuralmente en el sentido de avanzar progresivamente hacia un sistema de aportes a las instituciones que sustituya la forma de subsidio a la demanda.

La nueva tipología de financiamiento a la Educación Superior hasta ahora parece insuficiente atendido que no reconoce debidamente la diferencias que presentan las instituciones no estatales del CRuch y las privadas ajenas a éste.

La clasificación de las Instituciones de Educación Superior en Estatales, Privadas con aporte público (suscriben voluntariamente compromisos públicos con el Estado, incluyendo gratuidad de la formación de pregrado) y Privadas sin aporte público (no adhieren a compromisos que les impone acceder al sistema de gratuidad), se asocia a instrumentos de financiamientos institucionales específicos. En el Consejo de Rectores existen opiniones diversas en relación con esta clasificación y sus implicancias, por lo cual propone considerar los siguientes aspectos:

• El Sector de las instituciones no Estatales (privadas con aporte público) no es homogéneo; en consecuencia, debe haber lugar para que al interior de este grupo existan políticas de financiamiento diferenciadas.

• No escapa a la percepción del Consejo que en esta tipología de universidades privadas con aporte público se incluya Universidades manifiestamente heterogéneas, pertenecientes y no pertenecientes al CRUCH, con las implicancias que ello significa.

Financiamiento a docencia e investigación.

Cualquiera sea el sistema de financiamiento que se proponga, el Consejo de Rectores manifiesta que dicho sistema debe surgir de una concepción de universidad compleja. Esto es, de instituciones que cumplen funciones de docencia de pre y postgrado, investigación, vinculación y gestión. La propuesta debe explicitar las fuentes de financiamiento del postgrado y gestión.

Se constata las dificultades inherentes al esfuerzo por diferenciar el costo de la docencia de las demás funciones universitarias. No obstante esta dificultad, si se intenta separar los costos de docencia, de investigación, extensión y vinculación con el medio, se debe establecer una fórmula equitativa que considere los planes de desarrollo de las universidades, las regiones y condiciones de sus entornos económicos y sociales, más que en los diferenciales entre los aranceles de referencia y real.

Existen Universidades del CRUCH que han desarrollado particularmente la docencia de pregrado y que tienen un incipiente desarrollo de la investigación; estas instituciones deberían recibir colaboración y apoyo para fomentar la investigación.

Aranceles.

Se hace necesario que el modelo de aranceles regulados permita una docencia de alta calidad, fundado en una concepción de Universidad compleja y no solo docente.

La nueva política de financiamiento efectivamente debe considerar que actualmente el arancel subsidia funciones claves para el funcionamiento de la actividad Universitaria. Se debiera asegurar, en

consecuencia, que en ningún caso un cambio de régimen en el sistema de financiamiento arriesgue la calidad de las instituciones.

Es complejo implementar un sistema de fijación de aranceles, considerando la heterogeneidad de las universidades. La asignación de aranceles debe tener algún vínculo con un parámetro de calidad. Se debe propiciar que aquellas casas de estudios que tienen menor calidad –de acuerdo al modelo del MINEDUC- avance a mayores grados de calidad recibiendo más recursos.

Asimismo, el modelo de asignación de aranceles que se defina debe ser reajustado año a año de acuerdo al incremento del sector público, con el propósito de asegurar la sustentabilidad de las casas de estudio.

Otros factores fundamentales a considerar para la determinación de aranceles son el apoyo a la descentralización y regionalización, además de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes.

Adicionalmente el modelo debe considerar financiamiento para el intercambio internacional de estudiantes y para acoger a estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales.

Límites a la gratuidad.

El Consejo de Rectores comparte la propuesta de gratuidad que contempla el programa del actual gobierno, pero tiene ciertas observaciones a dicho planteamiento:

- La propuesta de gratuidad debería incluir tres elementos claves que no han sido suficientemente considerados: la nivelación, la mantención de los estudiantes más vulnerables y el endeudamiento al superarse el límite de gratuidad (360 SCT).

- La gratuidad no debiera impedir la flexibilidad de cambios de carreras (orientación de programas). En esta misma perspectiva, se debiera contemplar la situación de aquellos estudiantes de tiempo parcial, que probablemente demorarán más tiempo en completar sus estudios.

Regulaciones que deberían cumplir las instituciones para participar del régimen de gratuidad de la docencia

1.- Garantizar que cada institución de educación superior no persigue fines de lucro y someterse a los sistemas de control de la regulación que establecerá la Superintendencia de Educación Superior.

La Superintendencia de Educación Superior tendrá como función de guiar y asegurar el cumplimiento de deberes y derechos, velar por la fiscalización de los recursos públicos. Es un órgano del Estado con competencias para la supervisión y control en los ámbitos del cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen a la educación superior.

2.- Rendición de cuentas y transparencia, rigiéndose por un sistema común a todas las IES, y respetando los derechos de las personas

Habiendo desarrollado el país un sistema mixto de educación superior, a medida que se abre un nuevo sistema de financiamiento a la oferta, es indispensable que todas las instituciones de educación suprior – universidades y politécnicos – se rijan por un sistema común de rendición de cuentas y transparencia, a través de indicadores nacionalmente establecidos que permitan garantizar comparaciones y estándares básicos de desarrollo y gestión.

3.- Participar del sistema común de acceso a ESUP, permitiendo la diferenciación por tipología institucional y regional.

El sistema de admisión centralizado e integrado que depende hoy del Consejo de Rectores debiera avanzar hacia un sistema de acceso a la educación terciaria que sea de carácter nacional, incorporando a nuevas universidades privadas, en un principio, y, eventualmente, también a instituciones de formación técnica profesional.

Para llegar a eso, sin embargo, es necesario recorrer un proceso tal que la heterogeneidad actual de las instituciones sea regulada de manera adecuada. Adicionalmente, las instituciones participantes deben entregar ciertas garantías de calidad y conducta, de modo de resguardar el sistema de admisión. Para ello, se requiere implementar una normativa clara y una mayor fiscalización, previo al ingreso de nuevas instituciones, que garanticen la no vulnerabilidad del sistema.

Por otra parte, la participación en un sistema centralizado de estas características funciona como un sistema de validación de las opciones (carreras) que se ofrecen. Es por ello que también se requiere definir los criterios de incorporación (y desafiliación) a las instituciones participantes, que incluya cierto grado de exigencias en términos de la calidad ofrecida, pero siempre considerando la diversidad de las instituciones.

Todo proceso de admisión requiere de criterios de selección, en especial cuando la demanda de postulantes supere la oferta de vacantes, como es la racionalidad del sistema universitario chileno.

En este sentido, se debe contar con un sistema de acceso en base al mérito de los postulantes, con una determinación previa de los cupos disponibles, comunicados en un sistema transparente de información pública.

4.- Asegurar derecho de asociatividad y participación de la comunidad en las políticas institucionales.

Con el fin de permitir la libre asociación de sus miembros y la promoción de sus intereses comunes, el Consejo de Rectores sostiene que, cada institución, conforme a su propia autonomía y cultura, debe regular formas de participación de conformidad con los limites o rangos que establezca la ley.

TIPOLOGÍA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES

Introducción:En la Jornada de Trabajo sobre Reforma a la Educación Superior, realizada el 20 de abril de 2015, se dispuso un grupo de rectores que abordara el tema de la tipología de las instituciones de educación superior, los títulos y grados que podrían otorgar y su vinculación con marco nacional de cualificaciones. Por cierto este es un importante subtema, que se vincula a los planteamientos realizados en los ámbitos de la institucionalidad y la calidad de la educación superior. En efecto, este tema se relaciona trasversalmente con aquellos referidos a la calidad, la institucionalidad y la gratuidad. A continuación se detallan los aspectos relevantes en torno a la discusión realizada por el respectivo grupo de trabajo en la jornada del día 20 de abril.

a) Aseguramiento de la Calidad En términos globales, para garantizar la calidad de un nuevo sistema de Educación Superior es fundamental:

- La acreditación obligatoria para todas las instituciones de educación superior y que ésta obedezca a un modelo global.

- Definición de estándares mínimos (umbrales) y transversales, - Definición de indicadores de procesos y resultados.- Contemplar la diversidad de universidades existentes y disponer apoyos adicionales

(basales) para aquellas universidades que se encuentren en una situación desventajada, a fin de que puedan mejorar sus niveles de calidad.

b) Tipo de instituciones, misión y funciones

La propuesta gubernamental considera que los tipos de instituciones que debieran conformar el nuevo sistema son dos: Universidades y Politécnicos. El Consejo de Rectores concuerda con dicho planteamiento y enfatiza que es fundamental que la misión y función de estas instituciones debe estar definida por ley.

En cuanto a la definición de cada tipo de institución, el Consejo de Rectores considera pertinente introducir las precisiones que se indican a continuación:

- Coincidimos en que la misión de la Universidad es la creación o producción, cultivo y transmisión del conocimiento en todas sus manifestaciones, en ciencia, tecnología, humanidades y artes, y al nivel más elevado del sistema nacional de educación. La búsqueda del bien común, la libertad académica y la libre expresión de las ideas y el compromiso con la comunidad y la realidad local, son principios que se encuentran en la base de la misión de la universidad.

- Concordamos también en que las funciones fundamentales de las Universidades son la investigación básica y aplicada en las áreas y niveles de la ciencia, la tecnología, las humanidades, la creación artística; la docencia, por medio de la formación de investigadores, profesionales y graduados; sin perjuicio de aquellas funciones que le impone su ineludible vinculación con el medio.

- Reconocemos que las universidades no necesariamente deben o pueden abordar todas las áreas. Dependerá esto de la especificidad de su misión, de sus áreas de desarrollo y/o de su contexto regional.

- Entendemos que la definición misma de universidad no podría limitar las posibilidades de su desarrollo al más alto nivel. Por otra parte, estimamos que es necesario atender a la tensión que puede emerger entre la definición que haga la ley de la misión de las universidades y la autodefinición que realiza cada institución en virtud de su contexto y prioridades.

- Compartimos que, respecto de los Institutos Politécnicos, sus funciones fundamentales son la docencia a través de la formación de profesionales y técnicos que cuenten con conocimientos, competencias y habilidades vinculadas al desarrollo de la sociedad desde el punto de vista de sus requerimientos tecnológicos y de servicios. Para este efecto deben articularse con el mundo productivo, las universidades y la enseñanza secundaria, conociendo y participando activamente de los procesos de innovación que desarrolla la industria. También deben ser funciones de los institutos politécnicos la innovación y transferencia tecnológica y la investigación en las ciencias aplicadas.

b. Otorgamiento de títulos y grados :

El Consejo de Rectores manifiesta que las universidades debieran estar facultadas para otorgar títulos y grados; los institutos politécnicos, por su parte, debieran otorgar sólo títulos. Resulta imprescindible que para mayor claridad del sistema, debiera establecerse explícitamente cuáles carreras se impartirán en las universidades y cuáles en los Politécnicos.

c. Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).

- Resulta prioritario que las definiciones anteriores – tipos de instituciones y títulos otorgados por cada- se articulen con el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). El Consejo de Rectores tiene la convicción que el Marco Nacional de Cualificaciones es fundamental para el futuro de la educación superior.

- Estamos conscientes que el Marco Nacional de Cualificaciones impone un desafío de gran envergadura puesto que supone cambios sustantivos al interior de cada universidad y en el sistema en su conjunto. Dichos cambios involucran aspectos como la articulación de los niveles formativos, la flexibilidad, el reconocimiento de trayectorias formativas anteriores, la reducción de la duración de las carreras, entre otros aspectos.

El Consejo de Rectores considera que en este aspecto debe existir ciertamente un periodo de transición. Para esto se requiere la formulación reglas claras para reducir a incertidumbre frente al cambio, y considerar necesariamente un periodo de transición, que se estima puede tardar entre 5 a 8 años.