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Dictaduras y lógica de dominación en Guatemala (1954 – 1985) Julieta Carla Rostica
I. El caso guatemalteco y la experiencia sudamericana. La cristalización de imágenes
vigentes.
Según es bien conocido, las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas se instalaron
en el Cono Sur a partir de mediados de la década del sesenta, todas bajo el fundamento ideológico
de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Fueron y son objeto permanente de estudio, incluso
comparado. Sin embargo, el caso guatemalteco no ha tenido la misma suerte por los rasgos
diferenciales que lo han caracterizado, entre ellos la preponderancia que han tenido las fuerzas
guerrilleras desde la década del sesenta y en general la movilización popular, la enorme influencia
de los Estados Unidos, la acusación por la legislación internacional del crimen de genocidio, así
como su particular transición a la democracia mediante las Naciones Unidas.
El período histórico que abarcó los años 1954 a 1985 en Guatemala fue caracterizado
comúnmente de “conflicto interno”, “conflicto social armado”, “enfrentamiento armado interno” o
en algunos casos “guerra civil”, apreciaciones no desdeñables cuya imagen – fuerza ha permitido
considerar la enorme capacidad de acción revolucionaria y organización que han tenido las
agrupaciones guerrilleras en Guatemala durante ese período.1
La fuerza de dicha representación del pasado tendió en general a originar investigaciones
que equilibraron las relaciones de fuerza de la guerrilla y del ejército de acuerdo al modo en que se
llevó a cabo el “proceso de paz” (1994-1996)2, en desmedro de análisis enfocados en los
mecanismos de dominación que ha utilizado el sector castrense desde una perspectiva socio-
histórica evaluando la sistematización de un proceso social que podemos considerar genocida.
En efecto, el proceso contrarrevolucionario en Guatemala puede ser considerado un proceso
social genocida3 que excede en gran medida la definición de Naciones Unidas. La sociedad
guatemalteca ha sufrido la desaparición de 45 mil personas y la muerte de 150 mil civiles. El pueblo
indígena representó el 83,3 % del total. Las últimas dictaduras institucionales militares cerraron el
proceso concentrando la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos, legitimándose
ideológicamente en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Desde nuestra consideración “las dictaduras son la negación de la política, y se caracterizan
por eliminar toda forma de disenso. Son la reducción de la polifonía a una única voz monocorde e
1Los períodos presidenciales que abarcamos son: Cnel. Carlos Castillo Armas (1954 – 1958); Gral. Miguel Ydígoras Fuentes (1958 – 1963); Cnel. Enrique Peralta Azurdía (1963 – 1966); Lic. Julio César Méndez Montenegro (1966 – 1970); Gral. Carlos Manuel Arana Osorio (1970 – 1974); Gral. Kjell Eugenio Laugerud García (1974 – 1978); Gral. Romeo Lucas García (1978 – 1982); Gral. Efraín Ríos Montt (1982 – 1983); Gral. Humberto Mejía Víctores (1983 – 1985). 2 El mismo tuvo dos interlocutores, la URNG y el ejército. 3 Según la definición de “proceso social g enocida” de Feierstein Daniel, 2000.
2
incluso al silencio” (Ansaldi , Waldo 2004: 2). Las dictaduras institucionales en Guatemala tuvieron
un rol central en el período y es menester el estudio específico de ellas. Bajo esta acepción y en
función de las diferencias que presenta la historia social y política de este país nos permitimos
analizar la aplicación y las particularidades de la Doctrina de la Seguridad Nacional en Guatemala,
quienes sostuvieron dicho proyecto y cómo lo llevaron a cabo, y poder ampliar la puesta en
comparación con el resto de los países latinoamericanos.
El presente trabajo es, entonces, una aproximación al sistema de dominación que concluyó
en las dictaduras institucionales militares de los años 1982-1985. En este período se reconocen
varias cuestiones que las caracterizan: sistematización y teorización de la Doctrina de la Seguridad
Nacional en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo; identificación del enemigo interno con la
“población potencialmente subversiva”; terrorismo de Estado e institucionalizació n de la represión
y el alto nivel de violaciones a los derechos humanos; legalización de las fuerzas paramilitares en
las Patrullas de Autodefensa Civil entre otras.
El análisis consta de dos ejes principales. Uno forma parte de los antecedentes ideológicos:
el proceso de adopción de la doctrina de la seguridad nacional en Guatemala como legitimidad de
ejercicio de las dictaduras (Ansaldi, Waldo, 2004). El otro forma parte de las estrategias políticas
para el sostenimiento y sucesión del proyecto militar en el poder, que podemos dividir en dos
etapas: mediante la apelación a prácticas democráticas, muchas veces fraudulentas, y mediante la
institucionalización de las dictaduras militares. Ambas, “ pretendieron ser correctivos de lo que
consideraban vicios de la democracia”, particularmente el de los gobiernos devenidos por el
movimiento de octubre de 1944 que se extendió hasta 1954, década comúnmente denominada
“Primavera Democrática”.
II. El proceso de adopción de la Doctrina de la Seguridad Nacional en Guatemala, el
anticomunismo y las olas de terror: la búsqueda de una legitimidad de ejercicio
Uno de los primeros rastros de la fuerte influencia que tendría la DSN en Guatemala se
encuentra en el año 1954 en la 10° Conferencia Panamericana. Bajo el contexto de la Guerra Fría y
del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se suscribía la Declaración de Caracas. La
misma aparecía como condena al comunismo detectado por los Estados Unidos al régimen del
presidente guatemalteco Jacobo Arbenz4. Las razones se encontraban en la reforma agraria
realizada por él dos años antes, y en la confiscación de tierras a la United Fruit Company, tierras
que habían sido repartidas a cien mil familias indígenas campesinas. Sin embargo, la Ley de
Reforma Agraria tenía por objetivo “liquidar la propiedad feudal en el campo (…) para desarrollar
4 “…el 10 de junio, el secretario de Estado norteamericano dirigió un publicitado llamamiento a las naciones americanas `para que ayudasen al pueblo de Guatemala a liberarse por sí mismo de la penetración comunista.´`Es evidente- dijo- que la intervención extranjera que llevó a la Declaración de Caracas –que condena la intervención
3
la forma de explotación y métodos capitalistas de producción” , base de la oligarquía y arena de las
sucesivas dictaduras.
La política de los Estados Unidos era evidente, y el pretexto de la reforma agraria sirvió para
dirigir una invasión mercenaria desde Honduras y culminar con el golpe de estado del Coronel
Carlos Castillo Armas. Esta operación fue denominada PB Success, documentada recientemente por
la desclasificación de los archivos de la CIA.5
En efecto,
“...la adopci ón y adaptación de la DSN en Guatemala anticiparon las de otros países de América Latina. Se inició con los Gobiernos anticomunistas a partir de 1954. Según Héctor Alejandro Gramajo: "El nuevo orden político que se implantó en Guatemala, era el producto de la interpretación guatemalteca de la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que identificaba al comunismo como su primera y más peligrosa amenaza"” ( CEH, Tomo I, Capítulo 1, III: 119)
Uno de los documentos norteamericanos desclasificados con fecha 1 de junio de 1954
comprueba su intervención en el golpe de estado, la estrategia para desvincularse de su
responsabilidad en el mismo, y la necesidad de una contrarrevolución regional:
“ Es deseable que los acontecimientos que pudieran conducir al derrocamiento del gobierno guatemalteco al mismo tiempo dejen bien claro que el gobierno de los Estados Unidos no tiene nada que ver con el asunto o, por el contrario, que proporcionen justificación para la intervención de los Estados Unidos o incluso la intervención internacional (panamericana).” (Memorándum “Planes de Provocación” 1/6/1954 en Grandin Greg, 2001: 33)
El anticomunismo tuvo sus comienzos en Guatemala bajo el régimen liberal del general
Ubico (1933-1944), y se vigorizó tras los diez años de gobiernos revolucionarios (1944-1954). Esta
década consistió de importantes reformas en lo político y económico que ampliaron socialmente las
bases de un estado ahora mas inclusivo que excluyente. En efecto, consistía en una revolución
burguesa apoyada en una alianza multiclasista “La política social que benefició a las clases
explotadas fue menos resultado de luchas reivindicativas que de concesiones populistas realizadas
desde el estado.” (Tor res-Rivas Edelberto, 1977:48) El golpe de 1954 fue un atentado a esas
reformas “revolucionarias”. La mayoría de ellas fueron anuladas, en especial la Ley de Reforma
Agraria, devolviendo a sus antiguos dueños las tierras expropiadas.
El período de Castillo Armas impulsa el anticomunismo desde el estado, creando el Comité
de Defensa Nacional contra el Comunismo y sancionando la Ley Preventiva Penal contra el
Comunismo. Esta última lo declaraba fuera de la ley en todas sus manifestaciones y brindaba al
Comité de facultades acusatorias y punitivas en base a la confección de un registro de “todas las
comunista en este hemisferio- se ha hecho más pronunciada y la sumisión de uno de los Estados americanos al despotismo extranjero ha aumentado.´” (Torres-Rivas, Edelberto, 1977: 38)
4
personas que en cualquier forma hayan participado en actividades comunistas”. La CEH determina
este momento como el comienzo de la violación institucionalizada de los derechos humanos.
Bajo este contexto se llevó a cabo la persecución de campesinos que anteriormente habían
recibido tierras, la supresión de las organizaciones políticas, sindicales y culturales relacionadas con
el comunismo y la destitución y nombramiento arbitrario de maestros.
Entrados los años 1960, la revolución cubana creaba a la región centroamericana en enclave
geopolítico estratégico para la lucha interna y externa contra el comunismo, basada ahora sí
firmemente en los postulado mas desarrollados de la DSN y en una nueva relación de Estados
Unidos con Latinoamérica: John Kennedy, la “Alianza para el Progreso” y el programa de cursos en
la Escuela de las Américas, que en 1961 reorganizaba los departamentos creando especialmente uno
denominado “Seguridad Interna”.
La 8° Reunión de Consulta del TIAR de enero de 1962 en Punta del Este iniciaba una nueva
etapa en donde el enemigo dejaba de ser externo al continente, para pasar estar dentro del mismo.
La concepción de “seguridad hemisférica” dejaba paso a la “doctrina de segu ridad nacional”.
(Lázara Simón A., 1981)
De acuerdo a esta percepción, la Ley de Asistencia Militar de Estados Unidos que
funcionaba mediante acuerdos bilaterales tomaba preeminencia en la década del 1960. Los
programas de asistencia se dividían en dos secciones que apuntaban, una a la seguridad (asistencia
militar) y otra al desarrollo (planes de acción cívica). Kennedy y el Pentágono empezaron a crear
programas, entre los cuales estaba la fundación de los “Boinas Verdes” y la Escuela de Guerra
Especial y Operaciones Psicológicas en Fort Bragg, Carolina del Norte. La base de soldados
norteamericanos de contrainsurgencia, los Boinas Verdes, se asentaron en Guatemala adiestrando a
oficiales del Ejército.
En el documento desclasificado Plan de Defensa Interna – Guatemala. Informe de Progreso
se traslucía la fórmula “Seguridad y Desarrollo” que tiñó todo el período. Detallaba en el ítem “A:
Seguridad Interna” la tarea formativa que comenzaban a realizar los militares norteamericanos
luego del golpe militar a Ydígoras Fuentes: adiestramiento antiguerrillero del Ejército, a la policía y
a los servicios de inteligencia en el MAP; y en el ítem “B: Acción Cívica” su acción de fomento al
progreso:
“B: ACCION CIVICA (…) La ayuda de los Estados Unidos al Programa de Acción Cívica en Guatemala durante el
año fiscal de 1963 incluye $587,000 en fondos de AID y $800,000 en MAP. Entre los progresos actuales que pueden ser citados (…) se incluyen: (1) expansión continuada del programa de educación masiva (…) ; (2) la construcción de carreteras (…) ; (3) los programas de almuerzos escolares (…) ; (4) comienzo de la construcción de un hospital de niños en Zacapa; (5) eliminación
5 Para una aproximación rápida al tema ver “¿Quién ganó en 1954?”, en Revista Domingo, Revista semanal de Prensa Libre, Nº 1207, 13 de junio de 2004.
5
de los barrios bajos y proyectos de abastecimiento de agua potable; (6) establecimiento de un servicio de evaluación y ambulancia aérea de la Fuerza aérea con un avión especial de Acción Cívica ...” (Grandin Greg, 2001: 59-60)
En suma, este nuevo rumbo correspondió a la gestión de Ydígoras Fuentes, al gobierno
golpista que lo sucedió y al del presidente electo Julio César Méndez Montenegro, acentuando la
represión, consolidando el modelo contrainsurgente y reafirmando la ilegalidad del comunismo.
Una vez tecnificado el Ejército, en 1965 se comenzó a planificar la “ operación limpieza”, la
primera desaparición selectiva forzada a gran escala en Latinoamérica, que consistió en cateos casa
por casa de los “subversivos” 6 a partir de la información que brindaban los servicios de inteligencia.
Esto se llevó a cabo en marzo de 1966, días antes de las elecciones que darían por resultado
victorioso al candidato Méndez Montenegro.
Durante su mandato se expandieron las fuerzas civiles paramilitares que actuaban como
Escuadrones de la Muerte. La dinámica del terror...
“...consiste en hacer clandestina la represión oficial y enmascarar, no los órganos de la represión, sino su forma de funcionamiento...Así la honorabilidad internacional está salvada y la democracia representativa intacta.” 7
Surgían así en Guatemala organizaciones clandestinas anticomunistas como comandos
especializados de los cuerpos de seguridad y organizaciones irregulares, partidos políticos y
entidades políticas de extrema derecha. También actuaron de esa forma los “Comisionados
Militares”, creados para el apoyo y la asistencia a las insti tuciones armadas en 1939, pero que a
partir de 1963 no sólo se acrecienta su número, sino que pasan a ser de indiscutida importancia
estratégica por sus tareas de recolección de información para la inteligencia militar a nivel de redes
locales, fincas o aldeas.
Simultáneamente, táctica de terror aplicada en Vietnam mediante, comenzaban los marcajes
de las zonas donde se ubicaba la guerrilla; se realizaban estrictos controles militares; y se
establecieron destacamentos militares permanentes, iniciando cercos operativos. 8
Durante el período de gobierno del Coronel Arana Osorio la intensificación del terror se
trasladaba desde campo a la zona urbana y el control se fortaleció por medio de un estado de sitio
con toque de queda por más de un año, con cateos casa por casa y detenciones arbitrarias. El
6 Secuestro y ejecución de 33 miembros del PGT, las FAR y otros grupos izquierdistas. 7 Citado por Aguilera Peralta, Gabriel (1981): 16-17. Fuente Original Regis Debray, Les épreuves du feu (La critique des armes 2), Editions de Seuil, París, 1974. 8 “Las cifras de la represión entre 1966 y 1970 son variables. En noviembre de 1968 el Comité Guatemalteco de Defensa de los Derechos Humanos, con sede en México, presentó una lista de 550 casos -individuales y colectivos- de personas asesinadas y desaparecidas entre julio de 1966 y octubre de 1968. En un estudio publicado en 1971, se recopiló un listado con 438 casos de personas secuestradas por los escuadrones de la muerte entre octubre de 1966 y marzo de 1968, para ilustrar lo que denominó "primera ola de terror". Por su parte, la revista TIME del 17 de marzo de 1970 dio la cifra de 3,000 muertos para el período (no incluye a miembros de las fuerzas gubernamentales), de los
6
número de asesinatos y desapariciones correspondiente, según el recuento de la CEH, llegó a cerca
de 7200 guatemaltecos.
En 1974 con el Gral. Laugerud García, se abren ciertos espacios para la movilización social
que se aceleraron rápidamente, formándose el Comité de Unidad Campesina, el Ejército Guerrillero
de los Pobres, la Organización del Pueblo en Armas y varias organizaciones indígenas, tendencia
que se acrecentó luego del terremoto del 4 de febrero de 1976, provocando la muerte de 27 mil
personas y más de 77 mil heridos. Los graves efectos socioeconómicos y políticos acrecentaron las
redes de solidaridad horizontales y la toma de conciencia popular, especialmente en las regiones
mayas. Las movilizaciones sociales o huelgas urbanas y rurales durante 1976 se vieron como nunca
antes en la historia de Guatemala, desencadenando una descollante represión estatal.
Lentamente el suministro técnico militar de los Estados Unidos disminuía, bajo la
administración Carter, mientras que las acusaciones por violación de los derechos humanos
aumentaban. A pesar de ello, el Ejército guatemalteco lo seguía obteniendo por parte de otros países
como Israel, España, Yugoslavia, Bélgica y Suiza. La formación contrainsurgente se solicitó a
Israel y Taiwán, así como a la mayoría de los países sudamericanos.
Así es como las acciones contrainsurgentes para nada desaparecieron, desembocando en la
conocida “Masacre de Panzós” con un saldo de 53 campesinos Q´eqchi´ muertos y 47 heridos.
III. Las apelaciones a la democracia para la sucesión del proyecto militar: el fracaso en la
búsqueda de una legitimidad de origen
Simultáneamente al proceso de ósmosis de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y a la
lucha contrarrevolucionaria contra el comunismo, el sector castrense ha buscado una y otra vez
encubrir sus violaciones al régimen democrático precisamente apelando al mismo. Waldo Ansaldi
dice al respecto: “ se colocan en la paradójica situación de pretender legitimarse con el argumento de
ser restauradoras de las democracias conculcadas por las prácticas viciadas de los malos políticos” .
(Ansaldi Waldo, 2004)
El proyecto militar en Guatemala que se inició en 1954 tuvo una modalidad particular para
su reproducción. Los primeros tres golpes de estado (1954, 1957, 1963) se realizaron con la
voluntad de encauzar en el camino de su proyecto “verdaderamente democrático” lo que se
desbarrancaba del mismo. En este sentido, o se “ordenaron” las elecciones democráticas y/o se
derogaba la antigua Constitución Nacional mediante un Estatuto y se sancionaba una nueva.
Durante la década del `70, en cambio, la modalidad del golpe de estado y de las derogaciones de las
Constituciones vigentes fue suplantada por la elección “democráti ca sucesiva” de los ex Ministros
de Defensa como presidentes.
cuales 80 serían guerrilleros, 500 simpatizantes de la guerrilla y 2,400 inocentes. Por su parte, la guerrilla avanzó una cifra que oscilaba entre 4,000 y 5,000 víctimas.” (CEH, Tomo I, Capítulo 1, IV: 144)
7
Este permanente control militar del poder permitió que el plan estratégico de la Doctrina de
la Seguridad Nacional se realizara sistemáticamente. La seguridad y el desarrollo parecieron no
suscitar contradicciones, y ambas pudieron desenvolverse en su totalidad gracias al incansable
apoyo norteamericano, al terror y el silencio generado en la población, y a la manipulación de las
instituciones democráticas que permitió sostener al plan político - militar bajo una aparente
legalidad.
Todo el período está signado por la contradictoria apelación a la defensa de la democracia
contra aquellos “revolucionarios de octubre” que la desvirtuaron y permitieron la filtración
comunista. Fue parte, como en el resto de Latinoamérica, de la imposición de un sentido común de
negación de la represión y “disciplinamiento social por la vía del miedo” demonizando al enemigo
frente a los valores democráticos que paradójicamente decían defender. (Funes Patricia, 2001: 3). A
ello debemos relacionar el primer golpe de estado que distancia a Arbenz del poder por realizar
prácticas “subversivas”; la denominación de los partidos políticos de extrema derecha9; la defensa
de la democracia frente al despotismo de la revolución y la dictadura del comunismo; la creación de
la Ley de Defensa de la Instituciones Democráticas; el golpe de estado de 1963 que impediría llegar
al poder a Juan José Arévalo, ex presidente de la “primavera democrática” ; la voluntad de disfrazar
la represión ejercida mediante elecciones democráticas; y la tutelada apertura democrática del
dictador Mejía Víctores luego de años de represión y exterminio masivo.
Los sucesos que ya hemos mencionado -la invasión, golpe de estado y renuncia de Jacobo
Arbenz- fueron proseguidos por tres Juntas Militares de Gobierno que concluyeron el 7 de julio de
1954, cuando Castillo Armas se alzó como Jefe de una nueva Junta Militar de Gobierno. Esta, el 10
de agosto firmaba un Estatuto Político de la República de Guatemala, que derogaba la Constitución
de 1945 y brindaba un marco legal provisional para el plebiscito del 10 de octubre de 1954 en el
que triunfa el Coronel Castillo Armas con el 99,9% de los votos públicos y obligatorios,
convirtiéndose en Presidente de la República de Guatemala. Dos años después de la sanción de la
nueva Constitución de la República de 1956, el Cnel Castillo Armas fue asesinado.
Su sucesión fue teñida de las disputas por el poder entre dos facciones anticomunistas del
Ejército. Tras los dos gobiernos transitorios de tres meses cada uno y un golpe militar, finalmente se
organizaron las elecciones. El resultado dio por vencedor al candidato del Partido de Reconciliación
Democrática Nacional (PRDN), General Ydígoras Fuentes como Presidente de la Nación, antiguo
rival del Coronel Castillo Armas.
9 Por ejemplo, el Movimientos Democrático Nacional, el Partido de Reconciliación Democrática Nacional, el Partido de Democracia Cristiana, el Partido Revolucionario.
8
Ydígoras Fuentes lentamente fue modificando su llamado a la reconciliación nacional
sancionando en febrero de 1961 la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas la cual
reafirmaba la ilegalidad del comunismo y decretaba penas de cárcel para sus miembros, las cuales
se endurecían si se verificaba que los acusados atentaban contra el Ejército o se comprobaba que
mantenían relaciones con partidos comunistas extranjeros, y en 1962, bajo estado de sitio, instaló un
Gabinete Militar.
La Secretaría de Información de la Presidencia de la República publicaba en abril de 1962 el
texto que se transcribe a continuación, el cual expresa en gran medida la sólida defensa de los
derechos democráticos frente a la “dictadura comunista” :
“Pueblo de Guatemala no permitas que por segunda vez el comunismo ensangriente tu tierra sagrada y destroce tus libertades democráticas.
Pueblo de Guatemala: el comunismo pugna por imponerse otra vez en nuestra bendita tierra, para aplicar la ley del paredón y llenar las cárceles con todos aquellos ciudadanos demócratas y sinceros que trabajan por una Patria grande y justa.(…)
Pueblo de Guatemala: la llamada dictadura del proletariado, como está demostrando el despotismo rojo de Fidel Castro, suprimirá tu libertad de trabajo, tu libertad de asociación sindical, tu derecho a elegir libremente a tus gobernantes. (…)
Pueblo de Guatemala: reafirma tu credo democrático que sólo a través de él defenderás tu hogar, tu felicidad y la de tus hijos que, bajo el régimen comunista, son educados por el Estado para convertirlos en orejas de la monstruosa maquinaria policíaca.
Pueblo de Guatemala: el triunfo revolucionario aventurera del comunismo en nuestra Patria determinaría automáticamente tu entrega al colonialismo soviético.
Guatemala convertida en una colonia, (…) Guatemala sujeta a las leyes del paredón, el lavado de cerebro y los trabajos forzados.” (CEH, Tomo 1, Capítulo 1, Apéndice, Documentos Históricos, Nº 13: 277)
Su mayor oposición internamente fue la alianza de tres organizaciones de derecha: MLN, El
Partido Democracia Cristiana (DC) y el Partido Revolucionario (PR), que a su vez pactaron: “ ... la
lucha ideológica y material en forma categórica y permanente contra el comunismo, hasta
erradicarlo definitivamente de Guatemala”. Su unión luego en el Partido Institucional Democrático
(PID), representó el pacto estratégico militar que guió y tuteló el régimen democrático hasta el
golpe de estado de 1982.
Mientras tanto los Estados Unidos, que seguían de cerca la vida política guatemalteca,
temían la posibilidad de que el ex – presidente Juan José Arévalo se presente como candidato a las
elecciones de 1963. Entre las líneas de acción del objetivo principal Negarles Guatemala a los
comunistas cabe citar:
“…como la llegada de Arévalo a la presidencia incrementaría las posibilidades de que los comunistas al final se hagan con el poder (…) [hay] que tratar de desalentar, por todos los medios posibles, a Juan José Arévalo para que no regrese a Guatemala o para que no presente su candidatura a la presidencia (…) Si esto fracasara, no hay que escatimar esfuerz os para evitar que alcance ese cargo…” (Grandin Greg, 2001: 51)
9
Bajo estas instrucciones, el 30 de marzo de 1963 los 16 más altos jefes militares lograban
unirse ejecutando un golpe de estado y colocando como Jefe de Gobierno al Coronel Enrique
Peralta Aturdía. Sin embargo, el balance de los Estados Unidos en el Plan de Defensa Interna –
Guatemala. Informe de Progreso manifestaba que:
“...eliminar al régimen d e Ydígoras y a Arévalo no ha resuelto nuestro objetivo básico a largo plazo de promover el desarrollo de una sociedad democrática vital y progresista en Guatemala, con un gobierno que se amistoso y coopere con los Estados Unidos [...]” (Grandin Greg, 2001: 59)
El Cnel. Peralta Azurdía presidió durante mil días bajo total estado de sitio y prohibición de
toda actividad partidaria. En abril de 1963 ponía en vigor una Carta Fundamental de Gobierno y
anulaba la Constitución de 1956, expresando que “ el poder público será ejercido por el Ejército de
Guatemala, conservando su jerarquía militar” (A rt. 1). Además, reforzaba los alcances de la Ley de
Defensa de las Instituciones Democráticas creada por su antecesor y suspendía el PDRN y el MDN.
La sanción de la nueva Constitución del 15 de septiembre de 1965 implicaba el marco de
legalidad bajo el cual se consolidaba el poder del Ejército, el cual dictaría las pautas al próximo
gobierno civil que asumiría en 1966. Tal como ocurrió luego del golpe anterior, se intentó legalizar
la situación golpista a través de un nuevo llamado a elecciones. Correlativamente, en el mismo
marco fraudulento se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente bajo lista única, unión de las tres
fuerzas políticas de derecha: MLN, PR y DC. Las abstenciones llegaron a un 70%.
El 6 de marzo de 1966 se convocó finalmente a elecciones resultando victorioso el Lic. Julio
César Méndez Montenegro por el PR. El era el único de los tres candidatos que no era militar, razón
por la cual días antes de la ascensión se suscribió un pacto secreto entre los coroneles de la cúpula
militar y el futuro presidente y vicepresidente, el cual establecía:
“El futuro Gobierno Constitucional continuará la lucha contra los grupos y facciones subversivos que perturban la paz y la seguridad nacionales y en ningún caso, ni bajo pretexto alguno, entrará en entendimientos o pactos con tales grupos…”
Desde 1971 a 1978 se consolidó la alianza entre el Ejército, los partidos políticos -el MNL y
el PID- y los sectores empresariales.
“ La forma utilizada fue la de un presidencialismo fuerte, con el Ministro de la Defensa como candidato a la presidencia y un civil de prestigio como vicepresidente. La Constitución de 1965 fue la base legal del modelo, mientras la modernización operativa del Ejército, especialmente de su núcleo de inteligencia, se convirtió en el factor fundamental de sustento. (…) el debate parlamentario siempre encontró límites en las decisiones militares y en los intereses marcados por la Doctrina de Seguridad Nacional. [...]. El terrorismo de Estado fue permanente, aunque aplicado de manera selectiva. Sin embargo, el Organismo Judicial permitió la impunidad y continuó sometido al poder Ejecutivo...” (CEH, Tomo 1, Capítulo 1, V: 147-148)
10
Los militares que participaron de este período fueron el Coronel Carlos Manuel Arana
Osorio; el General Kjell Eugenio Laugerud García, Ministro de Defensa del gobierno anterior; y el
General Romeo Lucas García, Ministro de Defensa del período presidencial previo.
En 1982, como era de esperar, se vuelve a repetir la estrategia para la sucesión de militares a
cargo de la presidencia de la nación. En marzo triunfa el ex – Ministro de Defensa del Gral. Lucas
García, el Gral. Angel Aníbal Guevara. Sin embargo, un nuevo golpe de estado dio finalización a
esta forma de reproducción política.
IV. Conclusión sistemática del proceso: Institucionalización de la dictadura. (1982 – 1985)
El 23 de marzo de 1982 un grupo de oficiales jóvenes del Ejército puso fin al modelo
político a través del un golpe de estado, nombrando un triunvirato que derogó la Constitución, y
promulgó el Estatuto Fundamental de Gobierno. En junio Ríos Montt disolvió el triunvirato y se
proclamó Presidente de la República. Durante su gestión, no sólo se institucionalizó la represión y
se concentró la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos10, sino que paradójicamente
adoptó varias decisiones para la liberalización del régimen y el retorno a la constitucionalidad:
organizó un Consejo de Estado con integración corporativa, incluyendo por vez primera diez
representantes mayas y el 23 de marzo de 1983 promulgó cuatro leyes políticas que regularían el
sistema democrático electoral, entre ellas la ley del Tribunal Supremo Electoral y la del Registro de
Ciudadanos. No obstante, también su régimen fue detenido en 8 de agosto de 1983 por miembros
del alto mando del Ejército y comandantes, que reemplazaron a Ríos Montt por el Gral. Oscar
Humberto Mejía Víctores, hasta el momento Ministro de Defensa.
Ahora bien, la esencia de estas dictaduras militares no se llega a comprender sino nos
aproximamos a ellas desde una perspectiva procesal. El hilo conductor entre las dictaduras militares
y los regímenes de democracia restringida que se observaron desde los sesenta hasta fines de los
ochenta, fueron las acciones de terror de una enorme y perversa racionalidad. Este fenómeno de la
violencia estatal en Guatemala –violencia estatal extrajudicial e institucionalización de la represión-
tuvo un carácter de programa gubernamental al permanecer y expandirse a lo largo de sucesivos
gobiernos, como parte estructural de las intervenciones estatales.
“En Guatemala desde los años cincuenta, se vivió un proceso que paulatinamente fue trasladando la toma esencial de las decisiones políticas al alto mando de las fuerzas armadas y por éste significamos al grupo de altos oficiales que dirigían el ejército. He aquí lo fundamental de la definición de lo que es una dictadura militar.” (Figueroa Ibarra Carlos, 1999: 37)
10 Durante el año 1982 se concentraron la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos según los datos recogidos por las tres bases de datos: la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el Programa de Recuperación de la Memoria Histórica, y el Centro Internacional para Investigaciones de Derechos Humanos.
11
Por esta razón, y como conclusión sistemática del terror y apogeo de las máximas de la
doctrina de la seguridad nacional, a continuación analizaremos algunas dimensiones de esta
institucionalización de la dictadura.
a) Identificación del enemigo interno
“Enemigo interno son todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales, tratan de romper el orden establecido, representados por los elementos que siguiendo consignas del comunismo internacional, desarrollan la llamada guerra revolucionaria y la subversión en el país” [También es] “considerado enemigo interno aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de romper el orden establecido” 11
Los gobiernos de los generales Lucas García y Ríos Montt concentraron todos sus esfuerzos
por sistematizar y aplicar dogmáticamente el aniquilamiento total del “enemigo interno”. Ahora se
identificaba a la subversión con la población potencialmente insurgente, y el indígena en Guatemala
cabía ahora en la definición. Esta acepción por parte del Ejército se venía manifestando desde
1970, momento en que la guerrilla operaba en el oriente del país donde la mayoría de la población
era ladina, al caracterizar al enemigo interno con “los mismo rasgos sociológicos que los habitantes
de nuestro altiplano”, en general comunidades mayas 12. Pero en 1980 el indígena ya era claramente
parte del enemigo interno:
“ Las grandes masas indígenas del Altiplano de la nación han encontrado eco en las proclamas de la subversión por ser sus banderas la escasez de tierra, la inmensa pobreza y debido a los largos años de concientización recibida, ven al Ejército como a un enemigo invasor… ” 13
Esta apreciación del indígena tenía una clara connotación racista que encastraba con los
lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, al comprenderlo como un ser no sólo
marginal y excluido a lo largo de toda la historia, sino además incapaz de diferenciar y de elegir
correctamente la organización capaz de representar sus intereses. En cierta forma la autonomía
cultural y étnica del indígena respecto de los valores destacados por el Ejército instigaba a
relacionarlo ineludiblemente con el enemigo, puesto que en sí mismo subvertía dicho orden. Por
esta razón, la inteligencia militar en sus informes generalmente hacía referencia sobre el origen, la
lengua y la costumbre de un determinado grupo étnico. Los elementos culturales que más se
exteriorizaban como la lengua y el vestido, pasaron a ser identificaciones estigmatizadas no sólo
para el Ejército, sino para el resto de la sociedad civil. Portarlas generaba un gran peligro.
Respecto de ello la CEH afirma que
“...el Ejército percibía l a participación indígena ya sea en el movimiento social o insurgente como producto de su falta de integración al Estado y de un débil sentido nacionalista. A su vez, en 11 Citado por la CEH (1999), Tomo II, Capítulo 2, II: 20. Fuente original Centro de Estudios Militares del Ejército de Guatemala, Manual de guerra contrasubversiva, Edición 1983, pg. 3 12 Citado por la CEH, Capítulo II, XXI: 322. Fuente original Centro de Estudios Militares, Manual de Inteligencia G-2, 1972, pg. 217. 13 Citado por la CEH, Capítulo II, XXI: 322. Fuente original Ejército de Guatemala, Plan Campaña Victoria 82, Guatemala 1982.
12
buena medida alimentados por preceptos racistas, argumentaban que por inmadurez los indígenas eran fácilmente manipulables por la acción política de la guerrilla. El Ejército consideraba que la participación indígena y campesina estaba determinada por la presión y amenaza guerrillera, así como por el resentimiento y el abandono en que se encontraban. En consecuencia, definían su conexión con los insurgentes como potencialmente peligrosa. Según explicó Francisco Bianchi, portavoz de Ríos Montt en 1982, en una controvertida entrevista: "Los guerrilleros conquistaron muchos colaboradores indígenas, entonces los indígenas eran subversivos, ¿no? ¿Y, como se lucha en contra de la insurgencia? Netamente, tendría que matar a los indígenas porque ellos estaban colaborando con la subversión".” (Capítulo 1, VI:199)
Como indicó el mismo Ríos Montt:
“Nat uralmente, si una operación subversiva existe donde los indígenas están involucrados con la guerrilla, los indígenas morirán. Sin embargo no es la filosofía del Ejército matar indígenas, sino reconquistarlos y ayudarlos”. 14
Esta identificación, por ende, del indígena con el subversivo y el guerrillero, como asegura
Ana González (dic. 2000), implicó la ejecución de actos genocidas contra grupos étnicos invocando
razones políticas y militares.
b) Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD)
Fue creado en abril de 1982 por la Junta Militar liderada por el General Efraín Ríos Montt.
Fue el documento oficial que conformaba la columna vertebral de la política contrainsurgente del
período, pues abarcaba al estado en su conjunto y permitió su militarización absoluta.
“Guatemala acometerá a corto y mediano plazo las reformas administrativas, funcionales y jurídicas de la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado valiéndose de las correspondientes ramas del poder político y coordinará e integrará los planes y programas antisubversivos a nivel de los organismos políticos del país. Esta acción será apoyada, asegurando el óptimo funcionamiento de las estructuras y actividades económicas y la atención a los problemas socioeconómicos prioritarios de la población, la conducción de programas destinados a formar y mantener un nacionalismo compatible con las tradiciones del país; la adecuación de la estructura y funcionamiento del Ejército de Guatemala y de los cuerpos de seguridad interna al enfrentamiento del combate eficaz de los movimientos y grupos subversivos; se pondrá en funcionamiento, programas tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de las clases desposeídas y finalmente en el campo internacional se buscará el mejoramiento de la imagen de Guatemala, basado en acciones diplomáticas definitivas y agresivas” 15
Este PNSD creó el Estado Mayor Especial que tuvo las funciones de la preparación de los
planes estratégicos para la seguridad y la defensa, y la evaluación, supervisión y coordinación del
cumplimiento del mismo Plan que lo creó.
Por otra parte, el mismo preparó la concentración total del poder en el Jefe de Estado, quien
tendría facultades ejecutivas y legislativas para ordenar los “decreto -leyes”. Además, le otorgaba la
14 Citado por la CEH, Tomo 1, Capítulo 1, VI: 200. Fuente Original Gobierno de EEUU, “Foreign Broadcast Information Service, Central America”, 2 de junio de 1982. 15 Citado por CEH, Tomo IV, Capítulo 3, III: 76. Fuente Original Ejército de Guatemala, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, CEM, Guatemala, 1982.
13
autoridad de nombrar al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al del Organismo Judicial, a
todos los magistrados de los tribunales colegiados, y a todos los funcionarios y empleados del
organismo ejecutivo incluyendo a los alcaldes de los municipios de la República.
El Ejército se colocaba así en la cúpula del poder de estado mediante el Decreto Ley 44-82:
“Todos los funcionarios y empleados del E stado, de cualquier jerarquía, deberán acatar las disposiciones que el mando del Ejército dicte en cumplimiento de este decreto, y en caso de que por cualquier circunstancia tal acatamiento no se realice, el Ejército ejecutará por sí lo que estime conveniente”.
Asimismo, el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo entendía al poder nacional como la
unión del poder militar, político, económico y social, idea que surgía de la Doctrina de la Seguridad
Nacional. Dicha seguridad para ellos, además, requería de una estrategia desarrollista, puesto que el
terrorismo y la subversión se alimentaban de la pobreza, de la miseria y del subdesarrollo. La
Seguridad y el Desarrollo alcanzaron un alto nivel de teorización y sistematización para ejecutarlo
prácticamente:
"1. Campo Político: Crear al más alto nivel político, un organismo de dirección del esfuerzo anti subversivo, que conforme las políticas nacionales correspondientes, imparta las instrucciones y directivas generales, integre las medidas acordadas en cada campo y coordine eficazmente su realización.
2. Campo Económico: Establecer las áreas económicas y/o geográficas con situaciones económicas deficientes donde haya alta probabilidad de surgimiento de situaciones contribuyentes a la subversión ... Velar por el establecimiento y eficaz cumplimiento de medidas, procedimientos y mecanismos de seguridad física de las fuentes de producción, instalaciones y actividades económicas.
3. Campo Psicosocial: Estructurar y determinar el Nacionalismo, promoverlo y fomentarlo en todos los organismos del estado e irradiarlo al área rural; asegurándose que forme parte del proceso de formación y educación de la población, como doctrina opuesta al Comunismo Internacional. Asegurar que se conduzcan los programas destinados a reducir el analfabetismo para hacer más permeable a la población las nuevas ideas.
4. Campo Militar: Mantener y mejorar de acuerdo a la situación, la organización del Ejército y de los cuerpos de seguridad interna, para enfrentar con éxito a los movimientos y grupos subversivos y perfeccionar los organismos y sistemas de entrenamiento en esta área".16
Dado el marco general de la estrategia contrainsurgente con el PNSD, el Ejército operó
mediante la ejecución de Planes de Campaña que delineaban sistemáticamente todas las actividades
a realizar por un año para toda la cadena de mando.
c) Los Planes de Campaña
Los tres Planes de Campaña que establecieron las directrices del período fueron: el plan
Campaña Ceniza 81, el Victoria 82 y el Firmeza 83. Fueron los documentos que más expresaron la
forma en que se encarnó la Doctrina de la Seguridad Nacional en Guatemala.
En el Plan Campaña Victoria 82 del 25 de junio de 1982 se establecían como objetivos:
14
“Crear un marco de legalidad y justificación para combatir abiertamente al comunismo...” (…) “Elevar el espíritu nacional dentro de la ideologí a anticomunista...” 17
El alto nivel de coordinación, de mando y de responsabilidades se expresaron claramente en
el mismo Plan, que caracterizó el período del General Efraín Ríos Montt:
“El Plan de Desarrollo y Seguridad del Gobierno está siendo planificado y coordinado por el Estado Mayor Especial de Coordinación y Supervisión de la Presidencia de la República … los planes particulares de cada comando deberán establecer fechas en que se deberán cumplir los objetivos previamente planificados en cada actividad, estas fechas servirán al comandante y al EMGE (Estado Mayor General del Ejército) ... para establecer la continuidad del esfuerzo y el cumplimiento de metas y objetivos fijados”
“Cada comandante de área de operaciones es el responsable directo del planteamiento y toma de decisiones adecuadas en su área”. 18
El mismo Plan de Campaña, también expresaba la estrategia a seguir:
“Los comandos involucrados conducirán operaciones de seguridad, desarrollo, contrasubversivas y de guerra ideológica en sus respectivas áreas de responsabilidad a partir del día ‘D’ hora ‘H’ hasta nueva orden, con el objeto de localizar, capturar o destruir grupos o elementos subversivos, para garantizar la paz y seguridad de la Nación...” 19
Según los preceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se refería a las operaciones de
control físico y psíquico de la población:
“Efectuar todas las operaciones de control de la población y sus recursos, segú n lo demande la situación particular de cada área de operaciones y comando jurisdiccional...” 20
Utilizaba las operaciones de guerra ideológica de sostén de las contrainsurgentes:
“… y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia dará inicio a la campaña publicitaria anticomunista, la cual se saturará al finalizar el plazo...”
“Se elaborarán mantas y efectuarán pintas en forma clandestina en contra de las facciones subversivas, de preferencia deberán ser elaboradas y colocadas por la defensa civil...”
“Se incentivarán concentraciones de apoyo de la población civil al Ejército y repu dio a la subversión, teniendo especial cuidado en que estas actividades aparenten ser iniciativas de la población...” 21
Exponía las operaciones “castigo” como parte de la guerra psicológica (punto 2.c) y marcaba
las etapas y actividades:
“1. Primera fase (pre ofensiva): a. Junta militar de Gobierno: El 0100JUN82 decretará la amnistía para los delincuentes
subversivos en todo el territorio nacional.
16 Citado por CEH, Tomo I, Capítulo 1, VI: 198-199. Fuente Original Ejército de Guatemala, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, CEM, Guatemala, 1982. 17 Citado por CEH, Tomo II, Capítulo 2, II: 40. Fuente Original Ejército de Guatemala, Plan de Campaña Victoria 82, Guatemala, 1982. 18 Citado por CEH, Tomo III, Capítulo 2, XX: 301-302. Fuente Original Idem. 19 Citado por CEH, Tomo II, Capítulo 2, II: 22. Fuente Original Idem. 20 Citado por la CEH, Tomo II, Capítulo 2, II: 29. Fuente Original Idem. 21 Citado por CEH, Tomo II, Capítulo 2, II: 40-41. Fuente Original Idem.
15
f. Primera y tercera secciones del Estado Mayor General del Ejército: (… ) elaborarán los planes pertinentes para la movilización parcial a mediados de la última semana de amnistía.
g. Brigadas, zonas, bases militares, áreas de operaciones: Elaboración de estudios y planes POSIC, enviando sus requerimientos al Estado Mayor General del Ejército.
2. Segunda fase (ofensiva): a. Señor Presidente de la República: El último domingo del mes de junio en su mensaje
acostumbrado, enfatizará a la población sobre los procedimientos a seguir en las áreas en donde operan los delincuentes subversivos.
b. Estado Mayor General del Ejército: A finales de la última semana efectuará la movilización parcial a las áreas de operaciones a manera de demostración de fuerza.
c. Departamento de Cultura y Relaciones Públicas del Ejército: Con una saturada publicidad, creará el ambiente necesario para la justificación de operaciones militares en gran escala y medidas punitivas…
3. Tercera fase (consolidación): a. El Presidente de la República: Decretará la creación de una Secretaría o Ministerio de
Reactivación Agraria… d. Quinta sección del Estado Mayor General del Ejército: De acuerdo con los requerimientos
de las diferentes áreas elaborará planes para que con la estrecha colaboración del Comité de Reconstrucción Nacional y de Emergencia, las ponga en ejecución en las áreas seleccionadas.
1. Propósito general: a. Defender a la población. b. Recuperar aquellos miembros de las Fuerzas Irregulares Locales que sea posible y a la vez
eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas. c. Aniquilar a los Comités Clandestinos Locales y las Unidades Militares Permanentes del
enemigo.” 22 Este último punto refería al aniquilamiento de las células de base de la guerrilla23, puesto
que el Ejército consideraba que la guerrilla ya estaba dispersa en todo el territorio, con lo cual debía
comenzar a centrarse en el control y la neutralización del apoyo de la población a la insurgencia
antes que perseguir las unidades militares de la guerrilla. Para ello dispersaron las operaciones en 10
áreas:
“Las operaciones y nuestra conducta deben estar encaminadas a negar el acceso de la guerrilla a la población civil, de la cual se nutre y dentro de la cual se esconde”. 24
La identificación del enemigo interno correspondió entonces a un marcaje de las zonas en
las que se ubicaban determinadas poblaciones étnicas con “características especiales”. Estas tenían
que ver generalmente con el nivel de participación activa de las comunidades en diferentes tipos de
reivindicaciones.
Para poder dispersarse en las zonas militares se crearon las Fuerzas de Tareas que
respondían al Estado Mayor de la Defensa Nacional, paralelamente retornando al empleo de las
organizaciones clandestinas anticomunistas, que comenzaron a pasar de la clandestinidad a su
22 Citado por CEH, Tomo III, Capítulo 2, XX: 303-304. Fuente Original Idem. 23 Las Fuerzas Irregulares Locales eran civiles que durante el día desarrollaban sus tareas en el campo y a la noche colaboraban con la guerrilla. Los Comités Clandestinos Locales, en cambio, eran campesinos dirigentes y autoridades de las comunidades que apoyaban políticamente a la guerrilla y estaban desarmados. 24 Citado por CEH, Tomo III, Capítulo 2, XX: 273. Fuente Original Idem.
16
institucionalización y legalización. Así es como el Plan Campaña Victoria 82 solicitó el
incremento del rol de una organización que denominó las Patrullas de Autodefensa Civil en las
áreas de responsabilidad de cada comando militar, a las cuales les dedicó un Anexo, haciéndolas
conocer oficialmente con ese nombre.
De esta forma se planearon todas las operaciones de aniquilamiento, de tierra arrasada y de
desplazamiento de la población con actos de extrema crueldad. Durante el régimen del Gral. Efraín
Ríos Montt se ejecutaron las violaciones colectivas a los derechos humanos como las “masacres
indiscriminadas” mediante campañas de cerco – aniquilamiento y de tierra arrasada, provocando
los índices mas altos de desplazamientos internos como externos, con la destrucción de aldeas y
poblaciones enteras. Estas campañas tenían por objetivo no sólo dificultar el abastecimiento de la
guerrilla sino el reasentamiento de las comunidades desplazadas. Este tipo de acciones constaba en
los sucesivos planes de campaña:
“Además de tratar de destruir totalmente a los grupos subversivos , se deben destruir sus trabajos colectivos de siembra, media vez sean comprobadas o estén en áreas donde se sospecha existan sus campamentos, con el propósito de cortarles sus fuentes de abastecimientos y obligarlos a que por hambre se rindan (…) con el propósito de desorganizarlos lo suficiente como para que en el año 1984, se pueda lograr aniquilarlos…” .25
“ … las unidades se empeñarán para ubicar y destruir las fuerzas enemigas con todo su esfuerzo (…) para poder arrasar con todos los trabajos colectivos de siembra que la subversión posee...” 26
La destrucción de bienes materiales se centró en las casas, cultivos y animales. La
destrucción del maíz y de la piedra de moler cargaba con un fuerte sentido simbólico y cultural,
además de representar la fuente de producción y sustento. Fueron blanco, también, los centros de
oración, las escuelas y los salones comunales, los cuales no sólo representaban la destrucción
material, sino también la de importantes lazos comunitarios.
d) El apoyo militar internacional
Una de las revelaciones más importantes que brindaron los documentos desclasificados
norteamericanos es que ya en febrero de 1982, meses antes del golpe del dictador Ríos Montt, los
Estados Unidos tenían pleno conocimiento del aniquilamiento, masacres y operaciones de tierra
arrasada realizadas por el gobierno guatemalteco:
“ 1. (…) Los oficiales al mando de las unidades participantes han recibido órdenes de destruir todos los pueblos y aldeas que está cooperando con el EGP (…) 3. Desde que comenzó la operación, han sido quemadas completamente varias aldeas (…) 4. (…) El alto mando del Ejército está muy satisfecho con los resultados iniciales de la operación de aniquilamiento (…) 5. (…) El jefe del Estado Mayor de Ejército, Lucas, les ha advertido a sus hombres que no hagan daño a los campesinos inocentes, pero reconoció que como la mayoría de los indígenas apoyan a la guerrilla, probablemente será necesario destruir varias aldeas. Este tipo de actividad casi seguramente recibirá
25 Citado por CEH, Tomo II, Capítulo 2, II: 26. Fuente Original Idem. 26 Citado por CEH, Tomo II, Capítulo 2, II: 25. Fuente Original Ejército de Guatemala, Plan de Campaña Firmeza 83-1, Guatemala, 1983.
17
cobertura prominente en los periódicos extranjeros.” (Secreto Febrero 82 en Grandin, Greg 2001: 207-208)
Si bien las restricciones de ayuda militar de los Estados Unidos se hizo sentir, la ayuda
militar directa a través del Military Assistance Program (MAP) no fue afectada, así como tampoco
las ventas comerciales ni el Foreign Military Sales (FMS) que concedió créditos para compras de
armamentos.
e) Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)
Fueron grupos armados que actuaron dentro de las comunidades rurales desde el año 1981,
fortalecidas en el plan de campaña Victoria 82 y legalizadas en el Firmeza 83 de marzo de 1983.
Fueron un ejército de paramiliares que llegaron a contar con un millón de reclutados en sus filas, y
su objetivo último consistió en aislar al movimiento guerrillero de su base social y controlar a sus
comunidades mediante la militarización de los mayas.
Su legalización se concretó con la creación de La Jefatura Nacional de Coordinación y
Control de la Autodefensa Civil. De esta forma dependían jerárquicamente de las autoridades
militares, logrando con ello la desestructuración del sistema de autoridad indígenas, ya que éstos
fueron reemplazados por los Jefes de patrullas y se convirtieron en una forma de control del total de
las comunidades Mayas. Se constituyeron en una nueva estructura de poder local militarizada que
destruyó el tejido y las relaciones sociales tradicionales al interior de las comunidades.
Las PAC funcionaron en conjunción con la estrategia de pacificación del plan de desarrollo
socioeconómico que se denominó “frijoles y fusiles” a través del cual se distribuían alimentos a los
campesinos y se los reclutaba a la fuerza en sus Patrullas.
“para proteger a la población honrada y trabajadora del país de la acción destructora promovida por la subversión, el Ejército de Guatemala ha organizado las PAC, especialmente en las poblaciones del interior de la República”
Las tareas fueron de vigilancia, apoyo al patrullaje militar y represivas, hasta de realización
de trabajos de infraestructura.
La CEH cita la declaración de un ex Presidente al respecto:
“Es la primera vez en la historia de Guatemala que el indígena se siente útil, es primera vez en la historia de Guatemala que el indígena se siente usado, utilizado necesariamente por el Ejército, por el Gobierno, por el Presidente y por el sector económico. Es la primera vez que el indígena se siente indispensable frente al patrón, porque él era el que frenaba el paso de la guerrilla y además con un rifle en la mano”. 27
27 Citado por la CEH, Tomo II, Capítulo 2, VI: 190. Fuente Original Testigo directo (ex Presidente de Guatemala) CEH. (T.C. 21).
18
f) La Magnitud de la Violación a los Derechos Humanos
Tras 36 años de políticas antisubversivas han desaparecido 45.000 personas y dado muerte a
150.000 civiles28 de los cuales el 83,3% fueron indígenas29. Estos números son realmente llamativos
si consideramos que Guatemala posee una población de 11.237.196 habitantes, siendo los 50%
indígenas en su mayoría pertenecientes al pueblo Maya.
Las bases de datos de la CEH, REMHI y CIIDH atribuyen más del 94% de las violaciones a
los derechos humanos perpetradas durante el año 1982 al Estado, y menos del 6% a la guerrilla.
Las estadísticas confirmadas por la Comisión entregadas a Naciones Unidas hablan de
500.000 refugiados externos desde 1978 a 1983, y 1.000.000 de desplazados internos, lo que
representa el 10% de la población.
Del total de masacres documentadas por la CEH, el 95% fueron realizadas entre 1978 y
1984, y el 64% de junio de 1981 a diciembre de 1982. Las masacres de los primeros 15 años del
enfrentamiento armado se habían realizado principalmente en contra de la población campesina y
ladina del Oriente del país, en los departamentos donde se habían asentado las primeras columnas
guerrilleras y con un mayor grado de selectividad. En contraste, durante el período más álgido
(1978-1984), estas operaciones militares se concentraron principalmente sobre las comunidades
mayas de cinco departamentos del Altiplano. En ellas murió el 97% de todas las víctimas de
ejecuciones arbitrarias perpetradas en masacres durante todo el período del enfrentamiento
armado.30
Por otra parte, la CEH ha reconocido la existencia de 4 casos de Genocidio para las regiones
Maya Ixil, Achi, K´iche´ y Maya Chuj – Q´anjob´al, según la definición clásica creada en la
“Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio” por la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1948.31
V. Las Dictaduras institucionales como correctivas a los “vicios de la democracia”, y
restauradoras de la misma
“A partir del proceso que desató el golpe de Estado de 1982 (…) El Ejército se adjudicó el papel de ‘constructor del nuevo orden político’ al reori entar su eje estratégico para poder atacar las causas que provocaron el apoyo al movimiento insurgente en el área rural del Altiplano. Emprendió el camino de la democracia estratégica. Sin embargo, en el diseño y aplicación del modelo acudió a las raíces corporativistas de la propia institución y produjo un modelo de desarrollo que exigía que
28 Datos aproximados presentados por la Comisión de Verdad guatemalteca ante la ONU. 29 El desglose de las violaciones a los derechos humanos indica los siguiente: El 87% de las víctimas de las ejecuciones arbitrarias, el 75% de las víctimas identificadas de desapariciones forzadas, el 85% de las víctimas de las torturas, el 85% de las víctimas de violaciones sexuales, y finalmente el 82% de las víctimas de privaciones a la libertad fueron Mayas según los datos de la CEH en el período 1962-1996. 30 CEH, Tomo III, Capítulo 2, XX: “Las m asacres: violencia colectiva contra la población indefensa”. 31 CEH, Tomo III, Capítulo 2, XXI: “Genocidio”.
19
‘todos los recursos de la nación’ se pusieran a la orden de esta estrategia (...) el Ejército impulsó una democracia estratégica como paliativo a su propia intervención directa” (Beltranena Falla, 1992: 4)
No obstante, el Gral. Efraín Ríos Montt rompió con el plan estratégico inicial del
cronograma electoral para el retorno a la institucionalidad civil conducida por el Ejército, motivo
por el cual fue sustituido por el general Oscar Humberto Mejía Víctores.
El año 1983 significó la reorganización de las fuerzas militares por su dispersión en 23
zonas y la ampliación del control, ahora de la población desplazada, intentando reubicarla en aldeas
modelo, verdaderos ghetos, bajo estricto control militar, promoviendo los polos de desarrollo y las
coordinadoras interinstitucionales como estructuras militarizadas.
Mejía Víctores, seguro de haber controlado al principal movimiento insurgente, el 19 de
enero anunció la Ley Electoral y la convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional
Constituyente, acciones delineadas por la cúpula militar.
A través de los planes de Campaña del Ejército pueden leerse cada una de las metas
propuestas respecto del apadrinamiento y guía militar a la apertura democrática. En este sentido
desde 1984 el objetivo se dirigió hacia la consecución de una estabilidad institucional para la
apertura del régimen. El plan de campaña de ese año se denominó Reencuentro Institucional 84 y su
meta fueron las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Carta
Magna.
El año siguiente, bajo el plan Estabilidad Nacional 85, se aprobó la nueva Constitución el 31
de mayo, se desarrollaron los comicios generales de noviembre para la elección del nuevo
presidente, Vinicio Cerezo, y finalmente entró en vigencia la nueva Constitución el 14 de enero de
1986.
La nueva Constitución tuvo elementos de suma importancia que permitieron la apertura
democrática y la vuelta a legalidad. Uno de los principales artículos que la diferenciaban de la
anteriores Constituciones es el 186 que vetaba la aspiración a la presidencia al caudillo de un golpe
de estado y a los partícipes de las Juntas Militares de gobierno derivadas de los mismos. Otro
aspecto sumamente importante fue el espíritu de defensa y respeto a los derechos humanos, a través
de la creación de la figura del ombudsman, el Procurador de los Derechos Humanos que velaría por
la vigencia de los mismos, y a través del reconocimiento de la preeminencia del derecho
internacional en materia de los derechos humanos. Además, reconocía a Guatemala como un país
multiétnico, multicultural y multilingüe. En materia de participación electoral y política, la creación
del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la promulgación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos
se completó con el reconocimiento constitucional del derecho de libre organización política,
excluyendo las cláusulas de las anteriores Constituciones que prohibían expresamente las
20
organizaciones de filiación ideológica comunista. A su vez, se crea la Corte de Constitucionalidad,
como tribunal autónomo.
El plan de campaña Consolidación Nacional 86, contempló la toma de posesión de
autoridades electas —primer presidente civil en más de 20 años— y la finalización de la fase inicial
del proceso de democracia estratégica conducida militarmente.
Vistos los resultados de los planes de campaña y el PNSD, el proceso de apertura política
fue parte integral del proyecto contrainsurgente que fue acompañado por tres premisas: la derrota
militar de la insurgencia; el debilitamiento del movimiento social a través de una sistemática
violación a los derechos humanos y control de la población; “…la reorganización estatal a pa rtir de
una visión estratégica , con base en una proyección del Poder Nacional, considerado como la unión
del poder militar, político, económico y social…” .
En este sentido, el grupo especializado “Proyecto de Análisis Electoral 32” (julio 2003: 3)
coincide con nosotros:
“La apertura política fue concebida de tal forma que se permitiera la participación de expresiones política proscriptas por mandato de la Constitución de 1965 pero que, al mismo tiempo, no pusiera en peligro el sistema y la institucionalidad vigente. Una apertura política que diera paso a una democracia tutelada, pero sin los vicios de los anteriores gobiernos de la dictadura militar.”
El repliegue de las fuerzas armadas del gobierno también coincide con el de otros países
latinoamericanos, con lo cual tampoco fue un hecho aislado. En este contexto, en Guatemala, la
transición a la democracia que se inicia en el año 1986 atraviesa el Proceso de Paz, y a nuestro
entender, continúa hoy día.
Ejemplo de ello fue la victoria en las urnas en segunda vuelta con el 68,32% de los votos del
Frente Republicano Guatemalteco el 7 de noviembre de 1999 -partido liderado por Efraín Ríos
Montt- que colocó como presidente a Alfonso Portillo, y la elección del mismo Ríos Montt como
presidente del Congreso. A lo largo de ese gobierno, los actos de corrupción e impunidad crecieron
enormemente; aumentaron continuamente las violaciones a los derechos humanos y las
intimidaciones a los defensores de los mismos; se rearticularon los aparatos clandestinos y los
cuerpos de seguridad ilegales; se rearticularon las Patrullas de Autodefensa Civil en base a su
demanda de resarcimiento económico; no se llevó a cabo la desarticulación del Estado Mayor
Presidencial, etc., etc..
Esta larga lista supone un retroceso en el proceso de transición a la democracia y
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pero sobre todo implica el sostenimiento en el poder del
sector más conservador dentro y fuera del ejército, responsable de la contrainsurgencia, las
32 Grupo compuesto por seis instituciones de investigación de prestigio en Guatemala: ASIES, FDMCA, INIAP, INCEP, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del INGEP de la Universidad Rafael Landívar, y el IIPS de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos.
21
violaciones a los derechos humanos, el genocidio y demás hechos de violencia. Esta realidad es la
que permitió a Efraín Ríos Montt concretar su candidatura en las elecciones del 9 de noviembre de
2003, logrando que el 30 de julio del mismo año la Corte de Constitucionalidad le otorgue la
posibilidad de inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral violando el artículo 186 de la
Constitución citada anteriormente.
A pesar del fracaso del FRG para la Presidencia, ha obtenido la mayor cantidad de escaños en
el Congreso, y ha triunfado en la mayoría de la Municipalidades, lo cual representa la enorme
influencia que aún siguen teniendo a lo largo y a lo ancho del país.
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