Despenalizar el consumo

Pedro YageDespenalizar el consumo

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Universidad de Buenos AiresFacultad de Ciencias SocialesSociologa

Despenalizar el consumo

Cuestin social, gubernamentalidad y construccin de subjetividad

Primer cuatrimestre de 2013

Alumno: Pedro Yage DNI: 35111367 E-mail: yague.pe@gmail.com

Lo neoliberal

Diciembre del 2001 fue el ltimo gran acontecimiento, la ltima gran reconfiguracin de los modos de pensar, sentir y decir de la sociedad argentina. Algo se haba agotado, un malestar se volva asfixiante, intolerable. Diciembre del 2001 estableci los mrgenes de nuestra sociedad. Las imgenes dejaron de funcionar como funcionaban, las palabras dejaron de significar lo que significaban. En esta alteracin de las relaciones sociales y los procesos de subjetivacin, lo neoliberal, como categora de enunciacin, sufri un particular desplazamiento. El adjetivo neoliberal dej de ser propiedad exclusiva de intelectuales y militantes para transformarse (junto con la dictadura militar de 1976) en el campo de adversidad de toda poltica que se pretendiera fundacional. La crisis de gubernamentalidad del 2001 produjo la emergencia de toda una nueva retrica en torno a las polticas y discursos de los aos 90. El presente trabajo intenta alejarse de este uso de lo neoliberal como mecanismo de denuncia. El neoliberalismo es mucho ms que un conjunto de recetas econmicas. El neoliberalismo es un arte de gobierno; un conjunto de tcnicas sobre la conduccin de las conductas de los hombres, vinculadas con los objetivos, reglas y objetos del conjunto a gobernar; un principio y mtodo de racionalizacin del ejercicio de gobierno. Ms all de que hoy en da nadie se presente como neoliberal, la lgica de esta racionalidad poltica se sigue desplegando en la sociedad argentina. Entendiendo a Diciembre del 2001 como un acontecimiento que produjo una alteracin en los cdigos del ver y del hablar, surge la necesidad de analizar las nuevas formas en las que el neoliberalismo se presenta y desarrolla como racionalidad gubernamental.A modo de hiptesis para el trabajo, me gustara sostener lo siguiente: varios de los ltimos derechos ganados por las polticas progresistas del gobierno kirchnerista se encontraron habilitados e impulsados por una racionalidad poltica neoliberal. Con esto no quiero decir que, como lobo con mscara de oveja, el neoliberalismo se oculte detrs de cada poltica progresista. Tampoco considero que sea un modelo nico de funcionamiento. Simplemente sostengo que la racionalidad poltica neoliberal sigue presente en diversas polticas contemporneas que se muestran combativas de lo neoliberal. En este sentido, resulta necesario comprender estas polticas y discursos progresistas, y su correlacin con los diagramas de poder en los que se efectan.Cada poltica, cada discurso y cada ley movilizan y son movilizados por una multiplicidad de racionalidades y afectos. Una poltica, en principio progresista, como la reforma de la ley 26.618 (Matrimonio Igualitario) puso de manifiesto, a partir de los debates internos que gener, las distintas racionalidades que conviven al interior de los partidos polticos. No se puede reducir una fuerza poltica a una sola lgica. Por este motivo, si queremos analizar la forma en la cual la matriz poltica neoliberal se despliega en la sociedad argentina actual, deberamos pensar con qu otras racionalidades converge y bajo qu nombre se presenta.En las siguientes pginas me propongo indagar la presencia de una racionalidad poltica neoliberal en el apoyo al proyecto de reforma de la ley 23.737 (Ley de Estupefacientes). En el ao 2012 fueron presentados ocho proyectos de reforma de esta ley (siete de ellos muy similares entre s) que contaron con el apoyo de militantes, jueces, ONGs, expertos y un gran sector de la poblacin. Estos proyectos plantearon, a grandes rasgos, la necesidad de reducir el peso de la ley penal sobre los consumidores de estupefacientes. En este trabajo intentar describir cmo estos proyectos y los discursos sobre los cuales se sostienen se encuentran inmersos y posibilitados por una matriz poltica neoliberal. Partir, para ello, del enfoque del mtodo arqueolgico. Siguiendo a Lucien Febvre (1952) entender a cualquier producto social como un documento. En una primera instancia me centrar en el proyecto de reforma de la ley 23.737 y en los discursos[footnoteRef:1] y antecedentes judiciales referidos a ste, intentando, de esta manera, dilucidar qu tipo de sujeto habilita y se construye a partir de estos enunciados. Luego examinar un conjunto de enunciados referidos a la despenalizacin del consumo de estupefacientes, elegidos en funcin del lugar institucional y la posicin estratgica desde los cuales se emiten. Por ltimo, describir brevemente el accionar de determinados organismos internacionales, ONGs y fundaciones para as dar cuenta de las condiciones globales de aparicin de este proyecto de ley a nivel nacional. [1: Los discursos a los que hago referencia no se encuentran desprovistos de materialidad, sino que, por el contrario, se encuentran atravesados por relaciones de saber-poder y aseguran sus efectos apoyndose en relaciones sociales precisas que les sirven de puntos de anclaje.]

Hoy en da la despenalizacin del consumo de estupefacientes genera gran inquietud entre funcionarios estatales, organismos internacionales y ONGs. No creo que sea til entender este fenmeno en trminos de obtencin de derechos. Se puede identificar rasgos de una racionalidad poltica neoliberal en el impulso del proyecto de reforma de la ley 23.737? Existe una correspondencia entre estos proyectos de ley y el arte de gobierno neoliberal? Qu tipo de sujeto (individual y colectivo) se pone en juego en este debate?

El consumidor y la ley

Con la emergencia y desarrollo del neoliberalismo la dimensin individualizante de las tcnicas de gobierno se fue extendiendo y complejizando. El arte de gobierno, como sealamos anteriormente, es aquello que histricamente se concibe como la manera meditada de hacer el mejor gobierno y tambin, y al mismo tiempo, la reflexin sobre la mejor manera posible de gobernar (Foucault, 2007; 17). El arte de gobierno neoliberal, especficamente, abri un proceso de consolidacin del yo individual como espacio fundamental de toda poltica econmica y social. Los tericos neoliberales conciben al hombre como un sujeto econmico activo, como un empresario de s mismo, cuyas conductas se encuentran regidas por un principio de satisfaccin. Estos pensadores afirman que el consumo debe considerarse como una actividad de empresa por la cual el individuo () producir algo que va a ser su propia satisfaccin (Foucault, 2007; 265). El arte de gobierno neoliberal buscar desplegar este modelo de sujeto empresario a lo largo del tejido social. De lo que se trata, en definitiva, es de filtrar toda accin humana bajo la grilla econmica de la oferta y la demanda. Nos preguntamos entonces, por qu la racionalidad poltica neoliberal estara a favor de la prohibicin del consumo individual de estupefacientes? Foucault afirma que el ordoliberalismo se encuentra implicado en un intervencionismo social a la vez activo, mltiple, vigilante y omnipresente (Foucault, 2007; 189). El arte de gobierno neoliberal es, en este sentido, productor y producto de un orden social y legal, de un constante intervencionismo jurdico del Estado. Habra que hablar, por lo tanto, de un orden econmico-jurdico. En el ao 2010 comenzaron a introducirse en el Congreso de la Nacin Argentina algunos proyectos de reforma de la ley 23.737 que, como mencionamos en el apartado anterior, buscaron tener fuerza de ley dos aos ms tarde. Estos proyectos propusieron fundamentalmente despenalizar a quien cultive o guarde materias primas utilizables para producir estupefacientes para consumo personal. Es decir, se busc separar al consumidor de estupefacientes de cualquier sancin penal. En el texto que sigue al proyecto de ley 0175-D-2012 presentado por la diputada Victoria Donda se alega el carcter inconstitucional de la ley 23.737 vigente, en la medida en que se opone al Articulo 19 de la Constitucin Nacional. Dicho artculo afirma que:

Las acciones privadas de los hombres que de ningn modo ofendan al orden y a la moral pblica, ni perjudiquen a un tercero, estn slo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningn habitante de la Nacin ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohbe.

Algunas lneas ms adelante, en este mismo proyecto, se toma como antecedente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 4 de julio del 2006, en el que se seala que:

el desenvolvimiento del ser humano, no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder pblico. Bajo una perspectiva general, aqul posee, retiene y desarrolla, en trminos mas o menos amplios, la capacidad de conducir su vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo, valerse de medios e instrumentos para este fin, seleccionados y utilizados con autonoma que es prenda de madurez y condicin de libertad-, e incluso resistir o rechazar en forma legtima la injerencia indebida y las agresiones que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonoma y desecha tentaciones opresoras, que pudieran ocultarse bajo un supuesto afn de beneficiar al sujeto, establecer su conveniencia y anticipar o iluminar sus decisiones.

Qu sujeto se desprende de estos textos? Uno libre, capaz de decidir sobre su propio destino y capaz de juzgar qu es conveniente para l, independientemente de las iniciativas del poder pblico. Estas referencias presentes en el proyecto de reforma de la ley 23.737 intentan, segn mi punto de vista, fundamentar la siguiente proposicin: el sujeto es libre de consumir lo que desee y ninguna ley debera interceder en las decisiones privadas de este sujeto-empresario. En una entrevista televisiva[footnoteRef:2] Victoria Donda sostiene, en relacin con estos argumentos, que la tenencia simple no daa un bien jurdico protegido de otra persona[footnoteRef:3]. Esta afirmacin agrega una segunda proposicin a la anteriormente mencionada: el lmite de la libertad de consumo de este sujeto-empresario es la no alteracin de un bien jurdico protegido de otra persona. Es decir, la libertad de consumo de uno termina donde empieza la del otro. [2: Entrevista con Vctor Hugo Morales en el programa Bajada de Lnea del da 06/02/11.] [3: Este enunciado tiene gran presencia en el discurso de expertos, jueces, militantes y funcionarios pblicos. Esto ser mostrado con un poco ms de claridad en el siguiente apartado.]

A diferencia de lo implcito en las teoras jurdicas predominantes (Rawls, Rorty, Taylor), habra que afirmar que el derecho no se encuentra separado del trabajo y la produccin capitalista. Hardt y Negri (2003) sostienen, en este sentido, que a partir del siglo XX se produjo una constitucionalizacin del trabajo en el Estado social. Por un lado, las teoras del derecho incorporaron la categora de trabajo como criterio exclusivo del vnculo entre lo jurdico y lo social; por el otro, el Estado [despleg] sus estructuras de mediacin jurdica y econmica para recuperar y contener los antagonismos nacidos en el proceso de explotacin de este trabajo (Hardt y Negri, 2003; 41). Los procesos jurdicos no se encuentran en una relacin de exterioridad con respecto a las prcticas econmicas, polticas y sociales, sino que son inmanentes a stas. Habra que entender, de esta manera, la emergencia de la figura jurdica del trabajador a partir del entramado social que dio lugar a su aparicin. En el marco de un anlisis del arte de gobierno neoliberal, esta afirmacin nos conduce a la siguiente pregunta: no podramos pensar del mismo modo la emergencia de la figura jurdica del consumidor? Michel Foucault (2007) seala que lo que a los economistas [liberales] se les escapa en su anlisis es () cmo la institucin y las reglas de derecho tienen relaciones de condicionamiento recproco con la economa (189). Los ordoliberales advirtieron este problema terico y quisieron darle una solucin. Hayek, por ejemplo, sostuvo que la institucin jurdica no se encuentra separada del juego econmico, sino que sta debe enmarcar y determinar las reglas del mismo. En trminos de arte de gobierno, esta revalorizacin de lo judicial no implic solamente una nueva lgica en el establecimiento de las reglas econmicas, sino tambin un intervencionismo judicial que deber llevarse a la prctica como arbitraje en el marco de las reglas del juego (Foucault, 2007; 211). Los distintos discursos que sostienen la necesidad de la reforma de la ley 23.737 apelan a una figura jurdica fundamental: el consumidor. Como sealamos anteriormente la matriz poltica neoliberal se propone la construccin de una sociedad compuesta por sujetos unidades-empresas, que lo que buscan es su propia satisfaccin a travs del consumo de bienes y servicios. En este sentido, el sujeto empresario de s mismo es tal en la medida en que se vincula con sus pares como consumidor productor de satisfaccin.Sujeto controversial y silencioso, el consumidor hizo su aparicin en el derecho argentino a mediados de los aos 90. Primero en 1993 con la ley 24.240; un ao ms tarde, con la introduccin del artculo 42 en la Constitucin Nacional. La pregunta por el ser o no constitucional de una figura no es una nimiedad. Nos habla, entre otras cosas, del lugar jurdico y simblico de un sujeto en un momento histrico dado. La historia efectiva trabaja sobre esos pequeos acontecimientos que para los estudiosos de las grandes fechas histricas pasan desapercibidos. En medio de ruidosas discusiones sobre la reeleccin presidencial, el consumidor realiz una sigilosa entrada en la Constitucin Argentina. Esta figura jurdica fue definida en el artculo primero de la ley 24.240 como quien adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. A partir de la reforma de 1994 la figura del consumidor, junto con sus derechos y obligaciones, alcanz un reconocimiento constitucional.

Art. 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relacin de consumo, a la proteccin de su salud, seguridad e intereses econmicos; a una informacin adecuada y veraz; a la libertad de eleccin, y a condiciones de trato equitativo y digno.Las autoridades proveern a la proteccin de esos derechos, a la educacin para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios pblicos, y a la constitucin de asociaciones de consumidores y de usuarios.La legislacin establecer procedimientos eficaces para la prevencin y solucin de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios pblicos de competencia nacional, previendo la necesaria participacin de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Resulta llamativo que los distintos discursos que sostienen la necesidad de realizar la reforma de la ley 23.737 no apelen a la figura del ciudadano, sino a la del consumidor. El nuevo status constitucional de la figura del consumidor otorg, con sus derechos y obligaciones, un nuevo margen jurdico y retrico al cuestionamiento de la penalizacin del consumo individual de estupefacientes.

El consumidor es () una sustancia primera de rango constitucional. No se dice que todos los habitantes gozan de estos derechos y garantas. Tampoco se dice que los habitantes o ciudadanos son consumidores. Escuetamente se enuncia que estos privilegios son de los consumidores. (Lewkowicz, 2004; 23)

La Constituyente de 1994 inaugur una figura de rango constitucional antes inexistente. Ignacio Lewkowicz (2004) sostiene que este nuevo sujeto jurdico emergente vino a desplazar al ciudadano (figura soberana del Estado nacin). En mi opinin, la aparicin del consumidor no desplaza a la del ciudadano, sino ms bien a la del trabajador. As como el ciudadano-trabajador naci en 1949 a la luz del proceso peronista, el ciudadano-consumidor hizo lo propio en 1994 en plena consolidacin del neoliberalismo. En este sentido, el artculo 42 de la Constitucin Nacional evoca los derechos del sujeto-empresario caracterstico del arte de gobierno neoliberal. El ciudadano-consumidor se consolida, de esta manera, como el fundamento del nuevo contrato neoliberal. Esta figura designa una novedad que, como veremos a continuacin, ser el centro de los discursos que proponen la despenalizacin del consumo de estupefacientes.

Es interesante castigar?

El arte de gobierno neoliberal se propone ajustar el ejercicio global del poder poltico a los principios de una economa de mercado. A la hora de pensar esto deberamos tener en cuenta que, como seala Foucault (2002), las relaciones de poder son intencionales y no subjetivas; es decir, la racionalidad del poder, si bien no tiene una cabeza ltima que la dirija, posee una direccin. El Estado debe ser comprendido, de esta manera, como el efecto mvil de un rgimen de gubernamentalidades mltiples. La matriz poltica neoliberal, por lo tanto, no tratar de liberar un lugar vaco sino de remitir, referir, proyectar en un arte general de gobernar los principios formales de una economa de mercado (Foucault, 2007; 157). En esta proyeccin y construccin de dicho arte de gobierno se inscribe la figura del consumidor, figura en la que se basan los diferentes enunciados que fundamentan el proyecto de reforma de la ley 23.737.En el presente apartado me propongo analizar algunos discursos que sirven de soporte a los proyectos de reforma de la Ley de Estupefacientes. Me centrar principalmente en aqullos producidos por Sebastin Basalo y Eugenio Zaffaroni. Eleg estos discursos teniendo en cuenta la posicin estratgica e institucional que dichos individuos ocupan. El primero de ellos, director de la conocida revista THC Revista de la cultura Canbica, publicacin de gran circulacin que se ha puesto al frente de la militancia por la reforma de la ley 23.737. Sebastin Basalo se consolid en estos ltimos aos como una fuente ineludible de consulta y referencia a la hora de obtener una opinin fundamentada y convincente de la necesidad de una reforma integral de la actual Ley de Estupefacientes. Eugenio Zaffaroni, por su parte, ministro de la Corte Suprema de Justicia, conocido garantista y habitual disertante en jornadas sobre polticas de drogas. Nominado por Nstor Kirchner, Zaffaroni alcanz en el ao 2003 el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una renovacin de esta institucin judicial, cuyos integrantes se encontraban, a los ojos de la opinin pblica, demasiado relacionados con la dictadura militar de 1976 y las polticas neoliberales de los aos 90. Los discursos de Basalo y Zaffaroni se encuentran constantemente atravesados por una retrica de poca cuyas afirmaciones suelen tener por referencia a los Derechos Humanos, a las polticas econmicas de los aos 90 y al terrorismo de Estado de la ltima dictadura militar. En relacin con las torturas sufridas por parte de los encarcelados por consumo de estupefacientes, Basalo seala que hay doce mil usuarios en Argentina de droga detenidos por ao que son maltratados[footnoteRef:4]. En esta misma entrevista, el director de la revista THC nos cuenta que un consumidor lleg a tener una condena de tres aos de prisin por tenencia simple de droga. Basndose en las condiciones carcelarias a las que se ven sometidos los detenidos, el director de la revista THC afirma que la Ley 23.737 habilita la violacin de los Derechos Humanos. [4: Entrevista con Gerardo Rozin en el programa Esta noche con Gerardo Rozin del da 31 de mayo del 2011.]

Por otro lado, Basalo sostiene que la 23.737:

Es una ley inconstitucional porque viola la privacidad de las personas y porque viola el principio de inocencia. () A pesar de que se haba advertido que era una ley que lo nico que iba a provocar era daos en los usuarios y que eso no iba a lograr combatir eficazmente el narcotrfico tuvieron que pasar veinte aos para que () con hechos en la mano, con miles de vctimas que sufrieron esta ley de drogas, con un narcotrfico que en la argentina no hizo ms que expandirse () [quedara] claro que estos hechos son innegables[footnoteRef:5]. [5: Entrevista en Noticiero Popular de Barricada TV emitido el 22 de junio de 2011.]

En el discurso de Basalo convergen dos argumentos principales. Por un lado, la ineficacia de la lucha contra el narcotrfico; por el otro, los daos que la ley 23.737 provoca en los consumidores de estupefacientes. Esta ley, en definitiva, impide el reconocimiento de los usuarios de estupefacientes como consumidores y, por lo tanto, inhibe el derecho que stos tienen a la proteccin de su salud, seguridad e intereses econmicos (Art. N 42 de la Constitucin Nacional Argentina). Matas Faray, detenido durante quince das por la posesin de veinticinco plantas de marihuana, seala, en este sentido, que "la ley se necesita urgentemente para que dejen de ir presos personas inocentes slo por consumir o por tener plantas en sus casas"[footnoteRef:6]. En relacin con la intervencin del poder poltico, Basalo afirma que ste no puede interceder en las decisiones que cada uno toma sobre su cuerpo, y sostiene que el consumidor [tiene] el derecho de ejercer sobre su propio cuerpo un acto de soberana, que eso est reconocido por la Constitucin Nacional[footnoteRef:7]. [6: Nota del diario Clarn del da 18/05/12 titulada Matas Faray (32): "Caer como si fueras narco te arruina la vida".] [7: Participacin de Basalo en el programa 678 el da 06/06/12.]

Teniendo en cuenta los argumentos a partir de los cuales Basalo defiende el proyecto de reforma de la ley 23.737, podramos deducir lo siguiente: si el Estado no ejerce un acto de soberana sobre el cuerpo de los individuos, cada persona es, por lo tanto, soberana y responsable de lo que suceda con su propio organismo. Esta afirmacin parte de una premisa implcita. Para concebir al individuo como soberano y responsable de su destino (y del de su cuerpo), habra que entender a la accin humana como racional y libre (sin condicionamientos sociales o psicolgicos). Por lo tanto, el desarrollo personal, el xito o el fracaso de una persona, se encuentra sujeto a las buenas o malas decisiones que sta tome sobre sus actos individuales. Encontramos en este punto una correspondencia con el arte de gobierno neoliberal. Al concurrir al mercado cada sujeto empresario de s mismo obtiene a cambio del capital que pueda ofertar una renta aumentable o no en funcin de sus elecciones. De esta manera, as como, segn dicha racionalidad poltica, el hombre se transforma en rico o pobre de acuerdo a sus decisiones, tambin son las elecciones de consumo que los hombres establezcan con los estupefacientes las que marcarn el destino de sus cuerpos. Esta concepcin del consumo de drogas omite cualquier tipo de condicionamiento social o econmico que repercuta en el hecho de que individuos de distintos sectores sociales se relacionen de diferente manera con los estupefacientes. En el neoliberalismo el aumento del espacio del yo individual se produce junto con la eliminacin del condicionamiento social de las elecciones individuales, lo cual hace entender a la desigualdad como producto de buenas o malas decisiones.Incluso para las posturas que se ubican en la otra vereda del debate, el argumento de la libertad y soberana que cada individuo tiene sobre su cuerpo ocupa un lugar principal. La diferencia se traza, bsicamente, entre lo que uno puede hacer con su propio cuerpo y lo que uno no puede hacer con el cuerpo del otro. Claudio Izaguirre (presidente de la Asociacin Antidrogas de la Repblica Argentina) sostuvo, en un conocido debate televisivo con Sebastin Basalo, que:

Las plantitas de dos metros y medio de altura () dan suficiente marihuana como para que el consumidor consuma durante todo el ao. Doce plantas es para vender o para regalar, que, para el caso, es lo mismo: es daar a otro es daar a un tercero. Ese es el tema[footnoteRef:8]. [8: Entrevista con Gerardo Rozin en el programa Esta noche con Gerardo Rozin del da 31 de mayo del 2011.]

De este mismo argumento parte Eugenio Zaffaroni, quien entiende (en una posicin opuesta a la de Izaguirre) que la reforma de la ley permitira dejar de estigmatizar una conducta individual que no trasciende a terceros. La sentencia de La Corte Suprema de Justicia en el conocido Fallo Arriola reafirm en el ao 2009 la imposibilidad de sancionar una conducta que no ponga en un peligro concreto a otras personas. Lorenzetti, presidente de la corte, seal que "no se trata slo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un mbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea"[footnoteRef:9]. [9: Nota del diario La Nacin del da 26/08/09 titulada Drogas: no es delito la tenencia mnima.]

Zaffaroni afirma que treinta aos de penalizacin no han servido para nada. Los txicos han trado una serie de problemas, pero no s si los problemas son ms de los txicos o de la prohibicin[footnoteRef:10]. En este sentido, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, se pregunta por las consecuencias de la ley 23.737. [10: Entrevista Tlam del da 29/04/13 en Las primeras Jornadas Universitarias sobre Polticas de Drogas y Cannabis desarrolladas en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), organizadas por esa casa y por el Centro de Estudios de la Cultura Cannbica (CECCa).]

Qu efecto tiene la punicin de la tenencia para consumo? () Es un dispendio de actividad policial y judicial que le cuesta mucho dinero al Estado y que no termina en ninguna pena porque se prescribe la accin o se prescribe la pena. () Para lo nico que sirve es para generar gastos y distraer esfuerzos[footnoteRef:11]. [11: Entrevista con Vctor Hugo Morales en el programa Bajada de Lnea del da 08/05/11.]

Zaffaroni sostiene que la ley 23.737 ha producido un enorme gasto de recursos Estatales y no ha solucionado el problema del narcotrfico. La pregunta que atraviesa el fragmento anteriormente citado es la pregunta por el sentido y el inters de la punicin del consumo de estupefacientes. Qu sentido tiene seguir castigando? Es realmente til hacerlo? Tanto para el liberalismo como para el neoliberalismo el sistema penal es pensado en trminos utilitaristas. En relacin al lugar del castigo en el arte de gobierno liberal, Foucault se pregunta:

Qu se ha interpuesto entre el crimen, por una parte, y la autoridad soberana que tiene derecho a castigarlo ()? La delgada pelcula fenomnica de los intereses que son de ahora en ms lo nico sobre lo cual la razn gubernamental puede tener influjo. Y de golpe se plantea la idea de que el castigo debe calcularse en funcin, claro, de los intereses de la persona perjudicada, de la reparacin de daos, etc. Pero el castigo ya no debe enraizarse ms que en el juego de los intereses de los otros, el entorno, la sociedad, etc. Es interesante castigar? Cul es su inters, qu forma debe adoptar el castigo a fin de que sea interesante para la sociedad? (Foucault, 2007; 66).

La pregunta por los efectos y la eficacia de la ley 23.737 es, a la vez, la pregunta por la mejor forma de gobierno posible. Zaffaroni nos dice que la Ley de Estupefacientes vigente produce 1) enormes gastos materiales y de personal, 2) genera la persecucin de consumidores de estupefacientes, provocando as limitaciones a la libertad individual de las personas que no perjudican ni daan bienes jurdicos protegidos de terceros y 3) no combate en ningn aspecto al narcotrfico. La 23.737 es una ley que ya no se ajusta los intereses del arte de gobierno actual. No tanto por su ineficacia en la lucha contra el narcotrfico, sino ms bien, por los enormes gastos pblicos que sta implica y por el lmite que establece sobre las libertades individuales de los consumidores. En estos trminos, la pregunta por la utilidad de esta ley es slo retrica.

Reducir el dao

No se puede ignorar el proceso globalizatorio y circunscribir un arte de gobierno a nivel nacional. Habra que entender, por el contrario, al arte de gobierno neoliberal como algo que se extiende a lo largo del planeta. Con la desaparicin del mundo bipolar, el poder poltico profundiz su accionar a partir de una red mundial constituida por Estados nacionales, instituciones internacionales como el Banco Mundial o el FMI y otros pequeos poderes como las ONGs y las fundaciones. Como es evidente, el arte de gobierno neoliberal no se limita a la intervencin poltica estatal. Por este motivo, si pretendemos entender dicha racionalidad poltica, deberamos analizar la dimensin nacional en relacin con esta red mundial de pequeos y grandes poderes.Partiendo de esta concepcin del arte de gobierno neoliberal, me propongo describir brevemente las condiciones globales que dieron lugar a la aparicin del proyecto de reforma de la ley 23.737 en Argentina. La despenalizacin del consumo de estupefacientes es, en tanto poltica de drogas, un proyecto que se inscribe en una racionalidad de gobierno delineada por diversas empresas, ONGs, fundaciones y organismos internacionales. En este apartado intentar describir a grandes rasgos los principales actores globales que impulsaron en estos ltimos aos la despenalizacin del consumo individual de estupefacientes, para as entender su relacin con el proyecto de reforma de la ley 23.737.Habra que comenzar este anlisis incorporando la figura del magnate[footnoteRef:12] hngaro, nacionalizado estadounidense, George Soros. Desde su rol de filntropo, este personaje ha encabezado mltiples ONGs y fundaciones, y ha realizado, a su vez, millonarias donaciones en funcin de sus objetivos ideolgicos. Siendo uno de los principales actores de la poltica internacional, Soros realiza constantemente propuestas de todo tipo; entre ellas, sobre una nueva poltica mundial de droga. En su pgina de internet[footnoteRef:13] podemos advertir con claridad su postura frente a este tema. Entendiendo al consumo de estupefacientes como natural y comn a todas las sociedades, Soros se opone a la criminalizacin del usuario de estupefacientes. El consumo de drogas, segn el magnate hngaro, no incumbe al Estado, ya que es un tema estrictamente privado. En este sentido, Soros afirma que el flagelo de la droga existe y que es inevitable, por lo que las polticas pblicas que buscan solucionar el problema del consumo de estupefacientes deben apuntar a una reduccin de daos. [12: George Soros fue considerado segn la revista Forbes de septiembre del 2011 como la sptima persona ms rica del mundo.] [13: http://www.georgesoros.com/faqs/entry/georgesorosinvolvementinpolitics]

Este principio de reduccin de daos resulta central en la racionalidad poltica neoliberal y en el pensamiento de George Soros. De hecho, Harm Reduction, es el nombre de la asociacin que agrupa diferentes ONGs, financiadas por la Open Society Foundations[footnoteRef:14][footnoteRef:15]del magnate hngaro. Esta coalicin de organizaciones se propone el planeamiento de polticas de salud pblica dirigidas a reducir las consecuencias de la violencia y las drogas en las sociedades contemporneas. En su pgina de internet, Harm Reduction se define como una organizacin de defensora nacional y de capacitacin que promueve la salud y la dignidad de individuos y comunidades que sufren el impacto del uso de drogas [Harm Reduction Coalition is a national advocacy and capacity-building organization that promotes the health and dignity of individuals and communities impacted by drug use][footnoteRef:16]. Desde esta coalicin de organizaciones no gubernamentales, Soros ha realizado donaciones, patrocinado eventos e impulsado proyectos de ley en distintos pases del mundo, entre ellos, Argentina. [14: Este conjunto de fundaciones tienen por propsito el desarrollo de polticas pblicas para la promocin del gobierno democrtico, los derechos humanos, la diversidad, y la justicia y libertad en el juego econmico, legal y poltico. Open Society Foundations se define a partir de la creencia en los derechos humanos, la dignidad y la legalidad. Ver http://www.opensocietyfoundations.org/about/mission-values] [15: Como se puede advertir en el nombre, la Open Society Foundations tuvo gran influencia del pensamiento del filsofo austraco Karl Popper.] [16: http://harmreduction.org/about-us/mission/]

Como mencionamos anteriormente, las diferentes organizaciones que componen Harm Reduction enfocan la problemtica de la droga desde una perspectiva de reduccin de daos. Dichas ONGs actan a partir de un

conjunto de estrategias prcticas e ideas orientadas a reducir las consecuencias negativas asociadas al uso de drogas. Harm Reduction es tambin un movimiento por la justicia social fundado en la creencia y el respeto de los derechos de quienes usan drogas [Harm reduction is a set of practical strategies and ideas aimed at reducing negative consequences associated with drug use. Harm Reduction is also a movement for social justice built on a belief in, and respect for, the rights of people who use drugs][footnoteRef:17]. [17: http://harmreduction.org/about-us/principles-of-harm-reduction/]

Como sealamos, George Soros ha realizado mltiples donaciones e inversiones en distintas empresas del mundo. Una de ellas es la famosa Monsanto, empresa proveedora de productos agrcolas, en la cual el magnate hngaro se consolida como el segundo mayor accionista. Los nombres de Soros y Monsanto aparecieron rpidamente en Mxico, Estados Unidos y Uruguay al introducirse el debate sobre la despenalizacin de estupefacientes. Estas menciones hacan referencia a la intensin de la empresa de hacerse, una vez que fuera legal, del mercado de semillas de marihuana[footnoteRef:18]. [18: Resulta sugestivo sealar que en el proyecto de reforma de la ley 23.737 nos encontramos con una modificacin que se propone derogar la penalizacin de la comercializacin de semillas utilizables para producir estupefacientes. Es decir, se podr comercializar semillas, pero no plantas ya cultivadas]

Esta breve descripcin del accionar y las polticas de Soros y Harm Reduction, no permite slo dar cuenta de la forma en la que se est desarrollando el tema de la despenalizacin de estupefacientes a nivel global, sino tambin de cmo estas organizaciones intervienen silenciosamente en la poltica argentina. Nadie esconde a George Soros en nuestro escenario poltico. Ya sea hacindose dueo de todos los shoppings de Capital Federal en la dcada del 90, reunindose con Cristina Fernndez en Nueva York[footnoteRef:19], o siendo uno de los principales actores del negocio agropecuario (posee aproximadamente unas 200.000 hectreas), el magnate hngaro participa activamente de la vida econmica y poltica argentina. [19: Ver http://www.casarosada.gov.ar/informacion/actividad-oficial/26099-cristina-fernandez-se-reunio-con-george-soros-en-nueva-york]

El 6 de agosto del 2009 se llev a cabo la primera Conferencia Latinoamericana y sptima Conferencia Nacional sobre Polticas de Drogas en el Congreso de la Nacin. En este evento disertaron, el entonces jefe de gabinete, Anbal Fernndez y el ministro de la Corte Suprema,Eugenio Zaffaroni, quienes expusieron sus posturas a favor de la despenalizacin del consumo individual de estupefacientes. El congreso fue organizado por la Asociacin Civil Intercambios, la cual se presenta abiertamente a favor de la poltica de reduccin de daos[footnoteRef:20]. En el boletn publicado por dicha asociacin civil se puede advertir la siguiente mencin: [20: http://www.intercambios.org.ar/reduccion-de-danos/%C2%BFque-es/%C2%BFque-es-reduccion-de-danos/]

La conferencia se realiz con la adhesin del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nacin, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la OPS, ONUSIDA y el Consorcio Internacional sobre Polticas de Drogas (IDPC) entre otras instituciones. Adems, es patrocinada por la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la Fundacin Open Society Institute, la Embajada del Reino de los Pases Bajos, la Embajada Britnica en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica de Argentina.[footnoteRef:21] [21: Ver http://www.conferenciadrogas.com/2009/?page_id=2742]

Las donaciones, el patrocinio y el financiamiento son moneda corriente en este nuevo mapa global. Estas supuestas ofrendas caritativas de millones de dlares, son en realidad inversiones que forman parte del recetario neoliberal. Detrs del aparente desinters de las donaciones realizadas por las grandes fundaciones y empresarios, se encuentra siempre presente una tcnica de gobierno. Se dona para investigar, organizar congresos, publicar informacin, desarrollar polticas pblicas, etc. Es desde este punto de vista que habra que entender el patrocinio del Open Society Institute de George Soros y del resto de las instituciones mencionadas en este Congreso. As como describimos el accionar de fundaciones, ONGs y empresas como parte del examen del arte de gobierno neoliberal y su perspectiva respecto a las polticas de drogas, habra que referirse tambin a la postura asumida al respecto por los organismos internacionales. Tanto en la ONU como en la OEA podemos encontrar oficinas, departamentos o comisiones especializadas en polticas de droga. Cabe sealar que el desarrollo de este tema se produce con distinta dinmica en ambos organismos. Mientras la ONU maneja el tema lentamente y con cautela, en la organizacin panamericana el debate sobre la reforma de la poltica de drogas se presenta, al menos mediticamente, como uno de los temas principales.El desacuerdo suscitado en la OEA en torno a la despenalizacin del consumo de marihuana pone de manifiesto la convivencia de diferentes racionalidades a la que haca referencia al principio del trabajo. El debate sobre polticas de drogas en la OEA nos permite dar cuenta del creciente lugar ocupado por este tema en el arte de gobierno neoliberal. En el marco de esta discusin, Uruguay se consolida como el pas vanguardista que lleva a la cabeza la legalizacin del consumo de cannabis. Esto es as al punto de que en julio del 2013 la cmara de diputados uruguaya aprob un proyecto de ley para regular la produccin y venta de marihuana.Jos Miguel Insulza, secretario general de la Organizacin de Estados Americanos, haba sostenido meses antes de que se aprobara este proyecto de ley que Uruguay podra ser un buen lugar para el ensayo de la legalizacin de la marihuana. En el ltimo informe de la OEA sobre el Problema de las Drogas en las Amricas podemos advertir una condena a la penalizacin del consumo individual de estupefacientes:

La despenalizacin del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pblica. Un adicto es un enfermo crnico que no debe ser castigado por su adiccin, sino tratado adecuadamente. Si no es posible pasar de la noche a la maana a un cambio radical en el tratamiento de los adictos, al menos debera comenzarse con mtodos transicionales, como las cortes de drogas, la reduccin sustantiva de penas y la rehabilitacin. Las medidas restrictivas de libertad son antagnicas de este enfoque y slo deberan usarse cuando est en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad.[footnoteRef:22] [22: Informe de la OEA sobre el Problema de las Drogas en las Amricas. Ao 2013. Ver http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf]

Vemos en esta cita cmo se comienza apelando a un criterio de salud pblica para, finalmente, condenar el verdadero problema de la penalizacin: la restriccin de la libertad individual de las personas. El 6 de Octubre del ao 2006 George Soros disert en la Ctedra de las Amricas. Esta conferencia es organizada desde el ao 2004 por la OEA con el objeto de promover los principios y valores democrticos en los pases del Hemisferio [Sur][footnoteRef:23]. La exposicin del magnate hngaro se titul Retos de la sociedad abierta. Al comienzo de la disertacin Soros reconstruy aqul campo de adversidad neoliberal fundado en oposicin a los regmenes estatales totalitarios (fascismo, nazismo y URRSS) y, tambin, a los Estados incapaces de reglar el juego econmico y poltico de sus territorios. Una vez realizado esto, el empresario explic los logros y objetivos de su fundacin: [23: Ver http://www.oas.org/es/sre/dai/catedra/]

Cuando se trata del trabajo de la Fundacin, principalmente hemos llegado a la conclusin de que la Fundacin tiene un papel muy importante que desempear para llenar ciertos vacos en dos reas: primero y por encima de todo, ayudar a la sociedad civil a hacer que los gobiernos rindan cuentas de sus actos. Segundo, ayudar a los gobiernos que buscan construir sociedades abiertas, ofrecindoles apoyo y la capacidad necesaria para poder cumplir con sus promesas[footnoteRef:24]. [24: http://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.asp?sCodigo=06-0188]

Gran capacidad de sntesis la de Soros, quien resume en pocas lneas algunas tcnicas del nuevo arte de gobierno. Estados nacionales, ONGs, fundaciones, empresas, organismos internacionales: todos ellos se articulan constituyendo una red global de poderes que desarrolla las polticas neoliberales. La cuestin de la droga no se encuentra por fuera de este horizonte. Ahora bien, sera algo reduccionista creer que esto se produce nicamente con el objetivo de liberar un mercado y hacerse cargo de l. La despenalizacin del consumo de estupefacientes va ms all de un juego estrictamente econmico. Lleva implcita una concepcin del individuo, de la sociedad, del Estado, del mercado. Lleva en s todo un arte de gobierno.

Algunas reflexiones finales

Los distintos apartados de este trabajo no deben ser entendidos aisladamente, sino a partir de su conjunta articulacin. Los discursos, leyes, actores e iniciativas que describ ponen de manifiesto una concepcin neoliberal del sujeto y de la sociedad que, segn intent mostrar a lo largo de estas pginas, posibilit la emergencia del proyecto de reforma de la ley 23.737. Las condiciones histricas de aparicin de este proyecto fueron analizadas en relacin con esta visin del mundo, propia del arte de gobierno neoliberal. En este sentido, el trabajo se encontr atravesado por una pregunta fundamental: cules fueron las condiciones de posibilidad y las reglas que hicieron posible la emergencia del proyecto de reforma de la Ley de Estupefacientes en este momento y no en otro?Este interrogante me llev a pensar los discursos y fallos que fundamentan el proyecto de reforma de la ley 23.737 en funcin de la historia jurdica argentina reciente y del lugar ocupado por la despenalizacin del consumo de drogas en el nuevo mapa mundial. En estas ltimas dcadas la matriz poltica neoliberal ha logrado desplegarse en todos los mbitos de la vida. Segn esta racionalidad, cualquier persona tiene derecho a consumir lo que considere conveniente. Por lo tanto, si el consumo de estupefacientes resulta placentero para la persona (adulta, racional y libre para elegir sobre el destino de su vida), la sociedad no tiene ningn derecho a reprimirlo. El consumo de drogas es entendido, a su vez, como un hecho natural e inevitable. Es a partir de esta lgica que debemos pensar el principio de reduccin de daos; principio que se encuentra presente en el accionar de las fundaciones de Soros, en el proyecto de reforma de la ley 23.737 y en los discursos de Basalo y Zaffaroni.Ahora bien, el verdadero problema surge cuando advertimos que en esta interpretacin reductora de daos convergen las reivindicaciones de algunos sectores progresistas y una racionalidad poltica coincidente con los principios neoliberales de no intervencionismo, individualismo, libertad de eleccin de los sujetos, reduccin de gastos pblicos y liberalizacin mercantil. Como seala Ponz Diez (2008) la consideracin fatalista del consumo de drogas como un hecho inevitable recuerda tambin a la tica neoliberal en el sentido de aceptar las desigualdades como un hecho inevitable e inherente a la dinmica social y a la libertad de cada individuo para elegir su propio destino (169). Esta concordancia nos oblig a repensar y analizar la despenalizacin del consumo de estupefacientes en el marco de la hegemona mundial del arte de gobierno neoliberal.Pensar el proyecto de reforma de la ley 23.737 en trminos de obtencin de derechos es, por lo menos, una ingenuidad o un error. Por qu? Bsicamente porque, si bien en el apoyo a este proyecto efectivamente existe la convergencia de diferentes lgicas y actores polticos, no todos ellos tienen el poder efectivo como para impulsar esta reforma legal. Es por este motivo que en el ltimo apartado me propuse mostrar qu actores e intereses impulsan y dan fuerza a este proyecto de ley. Me parece ingenuo pensar que el proyecto de reforma de la ley 23.737 se instale con tanta fuerza en los medios y en el poder poltico solamente por algunas marchas anuales de consumidores de marihuana. Hay algo ms, otra fuerza poltica que est impulsando esta reforma. Volvamos a la pregunta fundamental: por qu en este momento y no en otro? La respuesta est en la singularidad poltica de esta dcada: en la sociedad argentina actual podemos advertir una coincidencia estratgica entre una nueva retrica gubernamental progresista y algunas tcnicas propias del arte de gobierno neoliberal. Es en esta coincidencia estratgica donde se insertan proyectos tales como el de reforma de la ley 23.737.La expansin de las tcnicas de gobierno neoliberales a lo largo del entramado social debe ser entendida a partir de la eficacia de la ideologa. Ninguna racionalidad poltica podra anudarse al espritu de los hombres sin un mapa imaginario que represente un determinado tipo de sujeto y de relaciones sociales. De lo que se trata, en definitiva, es de cmo nos representamos nuestras propias condiciones de existencia. En la medida en que no entendamos la coincidencia estratgica entre la retrica progresista y el arte de gobierno neoliberal, no vamos a poder pensar esta nueva racionalidad de gobierno. Asistimos a una poca en la cual el sentido comn se llama a s mismo pensamiento crtico y los conceptos que alguna vez fueron disruptivos ya no lo son. Los discursos y clichs progresistas construyeron en esta dcada un nuevo cuerpo para el espritu neoliberal.Aunque no queramos, aunque lo neguemos, aunque lo suframos, estamos impregnados de neoliberalismo. Y all donde nos creemos ms disruptivos, innovadores y progresistas nos encontramos nuevamente envueltos por la matriz poltica neoliberal. Varios elementos de este sentido comn se encuentran presentes en nuestra concepcin del mundo. Nos imaginamos como justo, por ejemplo, que el individuo sea libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, sin preguntarnos por la procedencia de este axioma. La ideologa y el sentido comn actan all donde no los reconocemos; nunca hay que subestimar su poder.

Bibliografa

Febvre, L. (1952) De 1892 a 1933. Examen de conciencia de un historiador en Febvre, L. Combates por la historia. Madrid: Planeta-Agostini.Foucault, M. (2002). Historia de la sexualidad: la voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopoltica: curso en el Collge de France: 1978-1979. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica.Hardt, M. y Negri, A. (2003). El trabajo de Dionisos. Madrid: Ediciones Akal, S.A.Lewkowicz, I. (2004). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Buenos Aires: Paids.Ponz Diez, X. (2008). Modelos interpretativos del consumo de drogas en Polis. Investigacin y anlisis Sociopoltico y Psicosocial, Vol. 4, N 2, 2008.