Comuna 13, la otra versión 13, la... · Noche y Niebla 12 Caso Tipo No. 2 ¡ Cómo cuesta reconocerse y reconocer los hechos, la realidad tal cual es: parece absolutamente necesario

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¡ Cómo cuesta reconocerse y reconocer loshechos, la realidad tal cual es: parece

absolutamente necesario justificar las accionesy omisiones; silenciar y ocultar las

irregularidades, errores e irresponsablidades,las que siempre afectan profundamente a los

más desprotegidos, los más débiles , comoocurrió en la Comuna 13 de Medellín!

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Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo IComuna 13: una políticaComuna 13: una políticaComuna 13: una políticaComuna 13: una políticaComuna 13: una política

estatal de agresión estatal de agresión estatal de agresión estatal de agresión estatal de agresión

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1. OPER1. OPER1. OPER1. OPER1. OPERAAAAACIÓN MARISCAL ...CIÓN MARISCAL ...CIÓN MARISCAL ...CIÓN MARISCAL ...CIÓN MARISCAL ...DE CAMPO ARRDE CAMPO ARRDE CAMPO ARRDE CAMPO ARRDE CAMPO ARRASASASASASADOADOADOADOADO

“Ahí se nos volvió peor la vida, porque cada dos o tres horas eran las plomaceras más horribles; la policíavenía, disparaba hasta que se cansaba, y se iba”.1

Los hechos de la Operación “Mariscal”

A las 3 de la madrugada del 21 de Mayo de 2002,tanques blindados del Ejército colombiano destruye-ron un transformador de energía para cortar el sumi-nistro en la parte alta de los barrios 20 de Julio, ElSalado, Las Independencias y Nuevos Conquistado-res, en la Comuna 13 de Medellín. Se iniciaba así unoperativo militar denominado Operación Mariscal,que duró hasta las 3 y media de la tarde del mismo día,y en el cual participaron por lo menos 1000 efectivosde la Policía, el Ejército, el DAS, el CTI, la FAC, laFiscalía y la Procuraduría.

Según miembros de la Policía y el Ejército Nacio-nal, el operativo fue dirigido contra integrantes de lasFARC–EP, ELN y los Comandos Armados del Pue-blo, CAP. Sin embargo, en curso del mismo, la FuerzaPública atacó indiscriminadamente a la población civilutilizando ametralladoras M60, fusiles, helicópterosartillados. Francotiradores que habían ingresado en lostanques blindados fueron apostados en la parte alta.Nueve civiles, entre ellos varios menores de edad fue-ron muertos; por lo menos 37 más fueron heridos yfueron detenidos arbitrariamente 55 pobladores2.

En desarrollo de la Operación Mariscal, la FuerzaPública combatió con miembros de las FARC–EP,ELN y Comandos Armados del Pueblo, CAP. Un heli-

cóptero de la FAC fue impactado, seispolicías y dos soldados resultaron heri-dos. Según algunas fuentes, tambiénmurieron cuatro policías y dos soldados;pero no fue posible verificar esta infor-mación.

Durante las doce horas y media queduró la Operación Mariscal, los inte-grantes de la Fuerza Pública dispararona cualquier persona que transitara por lacalle o se asomara a la puerta de su casa.Así fueron heridas varias personas den-tro de sus propias viviendas. Al amane-cer del día 21 de Mayo de 2002, habi-tantes de los barrios se atrevieron a salirondeando telas blancas como símbolode protección, para pedir alto al fuego,de modo que fuera posible auxiliar a losheridos. Algunas personas se lanzaronespontáneamente a la calle portando lossímbolos de protección. Los uniforma-

1 Entrevista con Pobladores, Banco deDatos, Noviembre–Diciembre 2002.

2 Todos los datos al respecto forman partede un anexo en el presente documento.

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una 13, la otra versióndos respondieron con ráfagas al aire ydisparos en su contra. Algunos habitan-tes fueron alcanzados por disparos ofi-ciales mientras auxiliaban a los heridos,y otros fueron heridos cuando ondea-ban la bandera blanca, tal como suce-dió en los alrededores de la escuela ElRefugio, donde un grupo de poblado-res se instaló para agitar banderas blan-cas y el joven Alirio Lerma Gómez, de17 años, fue alcanzado por un proyec-til que disparó la Policía.

El comando de la Operación Ma-riscal fue establecido por la Fuerza Pú-blica en la unidad hospitalaria del sec-tor, donde aguardaban los miembros dela Fiscalía y la Procuraduría. Desde allí,los miembros de la Fuerza Pública dis-paraban indiscriminadamente. Una de-nuncia del hecho anota que, pasadasvarias horas de confrontación con losuniformados, algunas mujeres de lacomunidad los desafiaron y lograronsacar a varios de los heridos y conducir-los por sus propios medios hasta elpuesto de salud, donde varios heridosy sus acompañantes fueron ultrajadosy retenidos, bajo la acusación de sermilicianos.

Agentes de la Policía le rompieronla cabeza y le hirieron la espalda congolpes de culata a John Fredy Arango,de 23 años, a quien retuvieron en elbarrio Nuevos Conquistadores, cuan-do se dirigía a su trabajo, a las 8:00 a.m.,aproximadamente. Así como JohnWilmar Ayala, de 16 años de edad, es-tudiante del Liceo La Independencia,recibió un impacto de bala cuando auxi-liaba a otro joven que había sido heri-do. “Testigos aseguran que el disparose hizo desde el sector de ‘Los Ranchos’,donde estaba la Policía y que desde allímismo se le disparaba a cualquiera que

tratara de auxiliarlo. Otro joven, Felipe Tangarife, re-sultó herido por esquirlas cuando trató de ayudarlo.Luego de dos horas, algunas mujeres lograron acercarseal joven John Wilmar y lo llevaron hasta la unidad desalud; pero, al llegar, la policía insultó y maltrató a sumadre”, anota la denuncia citada.

Miembros de la Fuerza Pública ingresaron en variasviviendas y las registraron sin orden judicial, en algunasde ellas tomaron alimentos de sus cocinas y hurtaronalgunas pertenencias. Algunas casas fueron tomadascomo trincheras por los policías. La señora MarlenySuárez llegó hasta la unidad de salud acompañando aun herido y reclamó a los agentes por el irrespeto a labandera blanca y pidió la presencia de organismos dederechos humanos. De inmediato fue golpeada e in-troducida en una tanqueta, en donde se le insultó, se leescupió y se le amenazó con entregarla a los parami-litares. Jesús Adolfo Martínez Moreno, Daniel Alejan-dro Ardila y Juan Esteban Ardila fueron sacados de suspropias casas y detenidos.

Cuando habían transcurrido más de ocho horas dela Operación Mariscal, grupos de pobladores de losbarrios, portando banderas blancas, se movilizaron hastalos alrededores de la iglesia del barrio 20 de Julio, endonde un miembro de la Policía Nacional los conven-ció de que se reunieran para conversar sobre la salida delos heridos. En cuanto se agruparon, la Fuerza Públicalanzó una bomba lacrimógena al grupo e inició unaserie de disparos, con los que resultó herido un niño de12 años.

En un local comercial que funciona cerca de la es-cuela El Refugio, los policías derribaron la puerta, mal-trataron a dos mujeres que se encontraban en el lugar yhurtaron algunas cosas. También se llevaron los docu-mentos de identidad del propietario.

Un joven de 17 años fue detenido por la Policía enel sector de La Gallera. Sus captores lo hicieron arrodi-llar y lo vendaron con un trapo negro. El joven em-prendió la huida cuando escuchó que habían tomadola decisión de ejecutarlo y preparaban el arma cambian-do su munición.

Miembros de la Corporación Jurídica Libertad, unade las organizaciones defensoras de derechos humanosque se hizo presente atendiendo el llamado urgente de

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2 los habitantes desde tempranas horas de la mañana,fueron agredidos por integrantes del CTI cuando lle-garon hasta el sitio.

Concluye la denuncia: “Gran parte de estos hechoshan sido denunciados formalmente ante Procuraduría,Fiscalía y Defensoría del Pueblo y algunas personas hanlogrado relatarlos ante la Oficina de Naciones Unidaspara los Derechos Humanos. Una investigación rápiday exhaustiva se hace urgente, pero ésta debe ser realiza-da por entes independientes. Las oficinas de Procura-duría y Fiscalía en esta ciudad deben estar la margen dela averiguación por cuanto han hecho parte integral delos operativos... sería preciso contar con una comisiónde Naciones Unidas, como en el caso de Bojayá, asícomo con la presencia de instancias internacionalescomo el Relator Especialsobre Ejecuciones Suma-rias, el Relator Especialpara la Independencia Ju-dicial y organizaciones nogubernamentales comoAmnistía Internacional».

Como lo relata untestigo ocular de los he-chos ocurridos durantela Operación Mariscal,ésta tuvo que ser suspen-dida por las presiones dela prensa local, regional y nacional; y de defensores dederechos humanos nacionales e internacionales queconcurrieron a la comuna:

“Cuando explota todo ese cuento de la Operación Ma-riscal, la zona se llena de periodistas y de organismosde derechos humanos y de una cantidad de gente lla-mando de muchos teléfonos a muchas oficinas denun-ciando la cosa y pidiendo una intervención. Total: alas tres de la tarde tuvieron que suspender el operati-vo, que había durado doce horas, de tres de la maña-na a tres de la tarde; en la suspensión de esos operativostuvo que intervenir directamente una autoridad na-cional, fue una orden de Bogotá ... Se retiró el opera-tivo con todos los resultados que conocemos” 3.A ello se suma el hecho de que la Fuerza Pública

que conjuntamente adelantó la Operación Mariscal nocalculó en su totalidad las dimensiones reales de la res-

puesta militar de la guerrilla: “La guerri-lla tenía más fuerza de la que ellos presu-puestaban, la guerrilla les peleó duro des-de las tres de la mañana”, cuentan po-bladores de la Comuna 13. Así comotampoco la Fuerza Pública contó con elhecho de que la población de la Comu-na se volcaría masivamente a la calle, aúna riesgo de su vida, enarbolando símbo-los de protección y exigiendo ser exclui-da de la confrontación:

“Ellos no contaron con la reacciónde la población, que se tiró a las callescon banderas blancas y, a pesar de quemataron e hirieron mucha gente, no

lograron hacer encerrar lapoblación”, afirman va-rios pobladores de laComuna 13.

Con posterioridad a laOperación Mariscal, sesupo que ese día habíaparamilitares concentra-dos en el corregimiento deAguas Frías, en una zonasemi–rural cercana a laComuna 13, esperando laorden para entrar a tomar

posesión de la misma, repitiendo unaestrategia que se había utilizado ya enotras zonas de la ciudad.

3 Testimonio recogido por el Banco deDatos, por razones de seguridad sepreserva el nombre del testimoniante.

4 El Colombiano. Mayo 23 de 2002. P.10 A.5 El Colombiano. Mayo 23 de 2002. P. 10 A.6 Transcripción comunicaciones policiales

radiales operativo Mariscal, del 210502Zona Noroccidental Medellín, barriosBelencito, Veinte de Julio y El Salado, lascuales obran en el proceso disciplinarioque adelanta la Procuraduría General dela Nación, por estos hechos.

"Una investigación rápida y exhaustivase hace urgente, pero ésta debe ser

realizada por entes independientes. Lasoficinas de Procuraduría y Fiscalía en

esta ciudad deben estar la margen de laaveriguación por cuanto han hecho

parte integral de los operativos"

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Operación Mariscal:la búsqueda de la verdad

Ante las denuncias por los excesosde la Fuerza Pública, los responsableshan adoptado una posición unánime:El Brigadier General Mario MontoyaUribe, Comandante de la Cuarta Bri-gada, con sede en Medellín, afirmó que“ningún miembro del Ejército ni de lapolicía dispara contra niños o personas des-armadas”. Esta opinión, defensiva, pre-tende negar la ocurrencia de los hechosy la defensa de la institución militar. Porsu parte, el Comandante de la PolicíaMetropolitana del Valle del Aburrá,Brigadier General Leo-nardo Gallego aseguróque los operativos enseis barrios de esa zonade la ciudad se ajusta-ron a la ley4.

El Comandante de laCuarta Brigada, aseguraque intervinieron milhombres del Ejército yque la operación habíasido planeada con tres meses de antela-ción. Complementariamente, el Gene-ral Luis Ernesto Gilibert, Ex–Directorde la Policía Nacional, aclara que el ope-rativo fue coordinado por la Fiscalía Ge-neral de la Nación5. La fuente agregaque el operativo se planeó tras ser de-tectado un plan de agrupaciones queoperan en el sector para boicotear eltransporte y cometer actos terroristas,antes y durante las elecciones del do-mingo 26 de mayo.

Del carácter indiscriminado con quefueron empleadas las armas y mediosde combate por parte de la Fuerza Pú-blica, dan cuenta los propios informesoficiales. El Capitán Julián Cadena Cas-tillo, oficial del S–2 del Batallón Pedro

Justo Berrío, evalúa como aspecto negativo de la Ope-ración Mariscal:

“La falta de coordinación por parte de la PolicíaNacional al enviar una patrulla por la parte de atrás deterrígenos, atentando contra todas las medidas de se-guridad de la misión táctica y la falta de disciplina defuego por parte del operador de la ametralladora M60de la patrulla de la Policía Nacional”.

A su vez, el Capitán Mauricio Rojas Martínez, Jefede la Unidad de Inteligencia del Gaula Antioquia se-ñaló como aspecto negativo: “La falta de control de lamunición por parte de la Policía”.

Son las propias comunicaciones radiales las que dancuenta de dicha situación. Por parte del Mayor LuisSánchez Martínez, Comandante del Gaula, quien seidentificó dentro de los operativos como “Paris”, se

expresó:“Espere, espere, 5–4, espe-re que yo coordine con laSargento Ana, para queellos me muevan el Ejer-col, que nos están atacan-do, espere haber que yo, osea espere”. 6

A pesar de haber esta-do en comunicación ra-

dial durante el desarrollo de dicha operación, dondelas mismas voces del personal de la Fuerza Pública in-dicaban el carácter indiscriminado con que se hacíanlos ametrallamientos, por parte de los comandantesde la Brigada 4 y la Policía Metropolitana del Valle deAburrá, no se adoptó medida alguna para impedir queesto continuara.

Estas informaciones de las propias autoridades, ha-cen evidente la falta de previsión y cuidado para noafectar la población civil. Si bien es cierto que el ope-rativo contó con planeación y coordinación de la Fuer-za Pública, no fue una preocupación la vida de las per-sonas, como tampoco fue claro el objetivo atacado enrelación con la ventaja militar buscada. Pese a que laFiscalía participó directamente en este operativo, noadoptó medida alguna tendiente a controlar la actua-ción de la Fuerza Pública, permitiendo la violación delos derechos a la vida, integridad y libertad de centena-

"Espere, espere, 5–4, espere que yocoordine con la sargento Ana, paraque ellos me mueva el Ejercol, quenos están atacando, espere haber

que yo, o sea espere"

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2 res de pobladores, así como la destrucción de bienesciviles.

El Brigadier General, José Leonardo Gallego, ex-plicó a varios medios de información que:

“esos decesos se produjeron después de que las unida-des de la fuerza pública y los organismos de investiga-ción fueron atacadas por milicianos con armas largas,cortas y explosivos”7,Refiriéndose a las nueve personas que murieron

durante la operación (según el mismo General, habíaentre dos y cuatro menores). Esta afirmación es pre-sentada a manera de “justificación” de la victimizaciónde civiles, y si bien es cierto que los actores armadosresponden ante la justicia ordinaria por sus hechos almargen de la ley nacional, así como por las infraccio-nes al derecho internacional humanitario, esto no re-leva a los servidores públicos, encargados de la preser-vación del orden, del respeto a los derechos humanos,ni los autoriza a utilizar métodos como la realizaciónde ataques indiscriminados donde mueren inclusomenores de edad. Falta por establecer el carácter de lasdemás víctimas, que de ser población civil se les debiógarantizar la vida y de ser milicianos, miembros de ungrupo armado, si se encontrasen desarmados, se lesdebió respetar.

De las 55 personas detenidas durante la OperaciónMariscal, 25 presentaban heridas y 30 más fueron re-cluidas en las instalaciones de la Sijín. Aproximada-mente 24 horas después, la Defensoría del Pueblo en-trevistó a 20 personas detenidas y constató que: “En-tre estas personas había menores de edad y no habíansido puestas a disposición de autoridad judicial alguna,por lo cual ni conocían los cargos en su contra”8. Segúnun parte oficial, fueron decomisadas cinco armas defuego, siete bombas caseras, dos radios de comunica-ciones, dos teléfonos celulares, un escáner, y fue in-movilizado un vehículo. Los resultados de la opera-ción contrastan evidentemente con el despliegue defuerza; pues, como ya se anotó, participaron en la mis-ma por lo menos mil hombres, apoyados por tanquetasy helicópteros.

El Secretario de Gobierno de Medellín, Jorge En-rique Vélez, calificó en los siguientes términos la laborde denuncia y protección adelantada por las organiza-

ciones no gubernamentales de derechoshumanos:"...es extraña e incomprensible la acti-

tud que han asumido algunas ONGde la ciudad al señalar y acusar a lasfuerzas del orden de violar los Dere-chos humanos y el Derecho Interna-cional Humanitario en los operativoscumplidos ayer en la zona centro oc-cidental de Medellín, donde murie-ron 9 personas, entre ellos dos niños”.9

No se explica qué es lo que resultaextraño e incomprensible, cuando elmismo funcionario reconoce la muer-te de nueve personas. Con lo cual, loque sí resulta claro es la proclividad ha-cia la indiferencia ante la situación y latotal aprobación de antemano de even-tuales desafueros de la Fuerza Pública.Pareciera que la vida no es el bien su-premo a proteger y que su negación esdable en aras de “combatir los violen-tos y a quienes están al margen de laley”10.

El encargado por la ProcuraduríaGeneral de la Nación para instruir es-tos hechos, fue relevado de la investi-gación el 20 de Junio de 2002, después

7 El Mundo. Mayo 22 de 2002. P. 7.8 Declaraciones de la Defensora Regional

del Pueblo9 El Colombiano. Mayo 23 de 2002. P. 11 A.10 Ibidem.11 Carta dirigida por el investigador encar-

gado del Caso “Operación Mariscal,Comuna 13” a la Coordinadora Seccionalde Investigaciones Especiales de laProcuraduría, Ruth Miriam EscobarGarcés. 20 de junio de 2002.

12 Documento de solicitudes difundido porel Colectivo de Derechos HumanosSemillas de Libertad “CODHESEL”. Junio21 de 2002

13 Tomado de El Colombiano, Mayo 23 de2002. P, 3 A.

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una 13, la otra versiónde que en un oficio y en un informeparcial acerca de los hechos manifestarala necesidad de:"...vincular a la investigación a dos (2)

Generales de la República (uno de laPolicía Nacional y otro del Ejército deColombia), dos (2) Directores de Or-ganismos de Policía Judicial y un (1)Procurador Judicial en lo penal y,eventualmente, otros muchos servido-res públicos y en consecuencia darleslos avisos de rigor y las notificaciones aque hubiere lugar”. El investigadoradvirtió, igualmente: “Como quieraque considero que esta decisión es elpreludio de la impunidad total paralos actos contrarios al DIH y como serhumano que no permite actuacionestorticeras es que dejo esta constanciapara la historia, ya que debe quedardelimitada claramente de quién po-dría ser la responsabilidad penal o dis-ciplinaria que se deduzca de estos ac-tos graves de ocultamiento frente a lahumanidad y a las víctimas.”11

El Colectivo de Derechos Huma-nos Semillas de Libertad, CODEHSEL,recogió la denuncia del investigador dela Procuraduría relevado del caso y soli-citó, entre otras cosas, que:* Se adopten las medidas necesarias

para proteger la investigación y ga-rantizar su culminación con absolutaimparcialidad, independencia y trans-parencia.

* Se construya efectivamente una co-misión internacional independienteque investigue los hechos y ejerzaveeduría sobre la averiguación quedeben realizar los órganos del Esta-do.

* Se vincule efectivamente a los fun-cionarios públicos que han resulta-do identificados como posibles res-ponsables de los graves hechos, in-

dependientemente de su rango, cargo o filiaciónpolítica.12

A pesar de que la Mesa por la Vida de Medellín sepronunció en favor de sacar a los civiles del conflicto ypropuso la aplicación de las normas humanitarias enel conflicto que ha alcanzado como escenario las ciu-dades: “Insistimos en acuerdos humanitarios urbanos quesaquen de la confrontación armada a los ciudadanosdesarmados y en el fortalecimiento de la organizacióncomunitaria para la defensa de la vida”13, dado el ma-nejo del ente investigador, era de prever la falta de vo-luntad política para esclarecer la verdad en los hechosinvestigados y abrirle así la puerta a la impunidad delas violaciones contra los derechos humanos cometi-das en el desarrollo de esta operación.

Yiseth Adriana Tascón Olarte (11 años), estudiante asesinada endesarrollo de la Operación Mariscal en la Comuna 13 de Medellín,el 21 de mayo de 2002.

Foto: Archivo Bancodat

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Más de mil uniformados pertenecientes al Ejérci-to, la Policía, el DAS e integrantes del CTI, así comohombres y mujeres informantes vestidos de camufla-do y encapuchados, y miembros de la Fiscalía,Personería y Procuraduría General de la Nación, arri-baron a la Comuna 13 de Medellín, a bordo de ca-miones y tanques blindados, en desarrollo de la deno-minada Operación Orión, ordenada directamente porel Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, lacual se centró en los barrios Belencito, El Corazón, 20de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Con-

quistadores, y comenzó con el descar-gue de la tropa y el acordonamiento dela zona hacia la medianoche del 16 deoctubre de 2002.

Durante la Operación Orión, la po-blación civil fue atacada indiscrimina-

2. OPER2. OPER2. OPER2. OPER2. OPERAAAAACIÓN ORIÓN:CIÓN ORIÓN:CIÓN ORIÓN:CIÓN ORIÓN:CIÓN ORIÓN:UNA CONSTELUNA CONSTELUNA CONSTELUNA CONSTELUNA CONSTELAAAAACIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DE

IRREGULIRREGULIRREGULIRREGULIRREGULARIDARIDARIDARIDARIDADESADESADESADESADES

“La Orión empieza a media noche del 16 de octubre...con descargue de mucha tropa en toda la zona,¡mucha!, y lo que hubo fue la respuesta de la guerrilla, la guerrilla ya estaba también en actitud deresponder, sabía que venía un operativo muy grande, estaban esperando ese operativo desde hace algúntiempo; pero decidieron enfren tarlo, aunque también hubieran tenido la posibilidad de salir. Esta vez elEstado, creo yo que aprovechando la experiencia de la Operación Mariscal, tomó algunas medi das que lepermitieron ganar más fácil control sobre la zona: Acordonó comple tamente el territorio, no permitió elingreso de medios de comunicación, no permitió el ingreso de organismos humanitarios, no dejó que lapoblación saliera a las calles como en la Mariscal; entró con mucha más fuerza, sobre todo la utilizaciónde los helicópteros fue definitiva; porque los black hawk, aunque el General Montoya diga que no, dispararon, sí, dispararon; está no solamente la prueba visual que se trans mitió en televisión, sino quetambién está la prueba física de casas que fueron impac tadas por el helicóptero y, obviamente, si llevanun helicóptero artillado de combate no va a ser para monitorear la zona: efectivamente dispa-raron. Asímismo, la utilización de fuerzas especiales del Ejército; llegó un contingente de la FUDRA (Fuerza deDespliegue Rápido) traído desde Melgar, un grupo entrenado especialmente para este tipo de labores.Todo eso les dio a ellos mucha posibilidad de acción sobre la zona. La consigna era de barrido de la zonay eso fue lo que ejecutaron. La guerrillapor su parte peleó bastante, bastante fuerte...”.

(Un defensor de Derechos Humanos, de Medellín)

14 Ver, el anexo en este documento referidoa listado de víctimas, en el marco de laoperación Orión.

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una 13, la otra versióndamente por la Fuerza Pública, utilizan-do ametralladoras, fusiles y helicópte-ros artillados desde los cuales se causa-ron averías en múltiples viviendas y de-cenas de víctimas civiles. Los miembrosde la Fuerza Pública sostuvieron enfren-tamientos con guerrilleros de las FARC–EP y el ELN, al igual que con los Co-mandos Armados del Pueblo, CAP, enlos cuales murió un civil y 38 más re-sultaron heridos, entre ellos varios me-nores de edad; otros ocho civiles fuerondesaparecidos por miembros del Ejérci-to Nacional, paramilitares de las AUCe integrantes del CTI de la Fiscalía, yfueron detenidos 355 pobladores de laComuna 13. Igualmen-te, murieron diez guerri-lleros, así como un sub-teniente de la Policía, unteniente y dos soldadosdel Ejército; también re-sultaron heridos cincomiembros de la Policíay nueve del EjércitoNacional14.

La Operación Orión empezó en lamadrugada del 16 de octubre de 2002y se extendió a lo largo del mes de no-viembre y principios de diciembre. Aun-que, según el Brigadier General MarioMontoya Uribe, Comandante de laCuarta Brigada, fue dirigida contra “laguerrilla, las autodefensas ilegales y la de-lincuencia común”, la Operación Oriónno arrojó ninguna víctima entre losparamilitares y sí, por el contrario, múl-tiples víctimas entre la población civil,a quienes se les amenazó de muerte ycuyas residencias fueron allanadas o des-truidas; todo lo cual ocasionó desplaza-miento intra urbano y hacia otras zonasdel país.

La Fiscalía, el DAS y la Fuerza Pública, en su Bo-letín # 9, emitido el 29 de octubre de 2002, sobre laOperación Especial Conjunta Orión, presentaroncomo guerrilleros muertos en combate a Elkin de Je-sús Ramírez (civil ejecutado por tropas del EjércitoNacional en el Barrio El Salado) y a Diego AlexanderSalazar (civil muerto durante los combates en el Ba-rrio La Independencia I). En el citado boletín, tam-bién presentan a Diego Alexander como civil herido.

En cuanto a las detenciones, varios testimoniosrecogidos por organizaciones de derechos humanos,indican que:

“se detenía a la gente por ser joven, por no tener eldocumento, por ser sospechoso, porque su actitud noles gustaba, porque había sido grosero, bueno, porcualquier razón”.

Debe tenerse encuenta, que algunas per-sonas fueron conducidasa los puestos de mandode la Operación y hastalas tanquetas del Ejérci-to, allí las tuvieron unashoras, las sometieron areconocimiento de losinformantes y luego fue-ron liberadas; lo cual

constituye una detención arbitraria, así no se registrecomo tal, y así sólo se reconozcan en las cifras las per-sonas que fueron conducidas hasta los patios de losorganismos de seguridad como la Sijín, la Cuarta Bri-gada, el DAS y el CTI de la Fiscalía.

En estos sitios, según testimonios de las propiasvíctimas, los detenidos fueron objeto de reseñas,filmaciones y reconocimientos de informantes. Delas 355 personas que los cuerpos estatales de seguri-dad aceptaron oficialmente haber detenido, 170 per-sonas fueron judicializadas. Lo cual quiere decir quehubo por lo menos 185 personas que permanecierondetenidas arbitrariamente durante varios días, en ca-labozos, antes de ser puestas en libertad.

Los cargos contra las personas judicializadas inclu-yen terrorismo, concierto para delinquir, secuestro,extorsión, homicidio. La Fiscalía resolvió la situaciónjurídica de estas 170 personas, y dejó en libertad a 88,

Un investigador de la Fiscalíaafirma que: “negar la presencia deautodefensas en la Comuna 13 es

como negar a la mamá”

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2 quedando a la fecha 82 personas detenidas yjudicializadas.

Cinco meses después de la Operación Orión, aun-que la Fuerza Pública afirma tener control total de lazona, un investigador de la Fiscalía afirma que “negarla presencia de autodefensas en la Comuna 13 escomo negar a la mamá”15, y según el periódico ElEspectador:

“las autoridades reconocieron que existe una pre-sencia incipiente de un grupo paramilitar en la zona deSan Cristóbal, sector noroccidental, donde alias Kingcomanda un grupo de 150 hombres que están saquean-do el poliducto de Ecopetrol que pasa por la zona,con unos ingresos que superan los 30 millones de pe-sos diarios. “Se tiene información de que en la nochecargan dos carrotanques de 5.000 galones cada uno ydurante el día otro. Esa es la gasolina que venden en laparte alta de ese corregimiento16 a precios que oscilanentre los $1.500 y los $2.000 por galón”, dijo un inves-tigador de la Sijín. Con esa plata, el Bloque Metroestá ofreciendo sobornos a agentes de la Policía y tra-tando de vincular con sueldos buenos a milicianos quequieren desertar de las Farc y del Eln. En otros casos,como en la Comuna 13, no están cobrando impues-tos de guerra a los conductores ni a los dueños de esta-blecimientos públicos, como lo hacían en el pasadolas milicias de la guerrilla“17.

El mismo medio periodístico agrega que: “mien-tras nadie niega la presencia paramilitar en la Comuna13 y la disputa territorial en la nororiental, es evidentetambién la avanzada que vienen haciendo las fuerzasconjuntas de Ejército, Policía, DAS, Gaula, CTI de laFiscalía, Sijín, en toda la ciudad. En lo que va de esteaño, esos organismos del Estado han adelantado 19operaciones militares en Medellín y los resultados sonesperanzadores. Según el coronel Eduardo Martínez,sub comandante operativo de la Policía Metropolita-na, poco más de 700 personas sindicadas de pertene-cer a grupos ilegales han sido capturadas y casi la mi-tad están ahora en las cárceles después de serjudicializadas.

Para el Coronel Martínez, la Operación Orión dejógrandes enseñanzas. “La primera es que el trabajo enequipo con todos los organismos da frutos, y segun-

do, que los grupos ilegales ya lo pien-san más de dos veces antes de enfrentara la Policía y al Ejército, como lo ha-cían antes. No hay lugar de la ciudaddonde no pueda entrar la Fuerza Pú-blica a ejercer control”18.

Pobladores de la Comuna 13 e in-tegrantes de organizaciones defensorasde derechos humanos, cuyos testimo-nios fueron obtenidos por el Banco deDatos, indican que:

“aún la zona está copada por Ejérci-to y Policía, están en todas las esquinas,controlan el teléfono público, habitancasas que encontraron desocupadas, en-tran en las casas habitadas, conversancon la gente, están llegando a las escue-las y colegios a hacer proselitismo, hacenfilar a los muchachos, los ponen a can-tar el himno nacional, los hacen formar,les hacen izar la bandera; y han im-plantado todas las medidas restrictivas,como el toque de queda, la ley seca, elempadronamiento...”.

“El alcalde (Luis Pérez Gutiérrez)dice que la tranquilidad volvió al sec-tor, porque ya no se escuchan lasbalaceras todas las noches, pero lasmuertes siguen. Es más, el Ejército en-contró a fines de diciembre una fosacomún con tres cadáveres en la partealta del 20 de Julio”, dijo un líder co-munal de ese sector. En otras palabras,“a la gente ya no la están matando aquí,sino que la sacan y los asesinan en otrosbarrios aledaños, con lo que se distor-sionan los índices de violencia en la

15 El Espectador, Marzo 16 de 2003.16 Altavista, cercano a la Comuna 13.17 El Espectador, Marzo 16 de 2003.18 Ibidem.19 Ibidem.20 Ibidem.

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una 13, la otra versiónComuna 13”, aseguró el líder comuni-tario del 20 de Julio, donde muchasfamilias han regresado, pero “no las quevivían antes”, según la fuente. “Antes ydurante la Operación Orión el éxodode familias fue casi total, pero en el úl-timo mes ha regresado un buen núme-ro de personas. Lo malo es que los ve-cinos no son los mismos y no hay quetener dos dedos de frente para saberquiénes son los nuevos moradores”,agregó. La denuncia concreta que mu-chos habitantes hacen ante los organis-mos de control y organizaciones dederechos humanos es que, después deOrión, parte de la Comuna 13 quedóen manos de los grupos paramilitares,pese al control y consolidación quevienen ejerciendo el Ejército y la Po-licía...”19.

Esta última versión es confirmadapor pobladores de la Comuna 13, cu-yos testimonios fueron recogidos paraesta separata: “Siguen apareciendomuertos en la zona. Uno no podríahablar del autor material, quién fue elautor material; pero uno dice que enuna zona bajo ese estricto control mili-tar y policial, que ha estado bajo toquede queda, si aparecen personas muertasdentro de la zona tiene que haber unaresponsabilidad pública, ¿cierto? El Es-tado no puede ser ajeno a su responsa-bilidad frente a lo que está pasando ahí,pues es una zona controlada y ocupadapor ellos y, adicionalmente, hay mu-cho temor en la población, porque to-dos sabemos que la fuerza pública nose va a poder quedar eternamente ahí yque cualquier día que amanezca no va

estar la fuerza pública y se va a incrementar la presen-cia paramilitar que además ya en algunas zonas se ad-vierte, pues en algunos sitios de la Comuna han llega-do, se han presentado como autodefensas, han adver-tido que van a ejercer el control...”.

Adicionalmente, “la orden de Rodrigo, jefe del Blo-que Metro de las Autodefensas, es crear tejido socialen las comunas de Medellín y evitar caer en excesoscon la población civil. La clave es no cometer los mis-mos errores de la guerrilla”, dijo uno de los jefes decuadrilla de las autodefensas que opera en la parte altade Manrique. Y un líder comunitario del sector ratifi-ca que los paramilitares vienen haciendo un trabajosocial desde hace poco más de un año y actualmentetienen representación en grupos barriales, organizacio-nes comunales, asociaciones de mujeres y “hasta perfi-lan candidatos al Concejo de Medellín para las próxi-mas elecciones”.20

Pobladores de la Comuna y organizaciones socialesseñalaron que: “Esa mezcla gasolina–paramilitares haceparte del nuevo decorado y de la realidad que cincomeses después de la llamada Operación Orión vivenlos habitantes de la Comuna 13, donde la gente ya noescucha los tiroteos en las mismas calles, pero la muer-te sigue presente, así sea con menos intensidad y fre-cuencia, según las estadísticas. Entre el 1º de enero y el12 de marzo de 2003 fueron asesinadas en ese sector75 personas (una en promedio diario), mientras enigual período de 2002 los homicidios sumaron 114.La reducción es del 38%. Pero esas cifras, pese al opti-mismo de las autoridades locales, no esconden el háli-to de desconcierto que reina entre los investigadoresde la Fiscalía, pues de los 75 homicidios ocurridos enlo que va del año, más de la mitad han sido cometidoscon arma cortopunzante. ‘Ya no matan a fusil, sinocon cuchillo’, dijo a este semanario uno de los investi-gadores de la Fiscalía. Y más grave aún, muchos de losasesinatos que se cometen en sitios distintos a la Co-muna 13 corresponden a personas reconocidas comohabitantes de ese sector”.

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Las detenciones arbitrarias: una decisióninstitucional

De tiempo atrás, diversos organismos interguber-namentales de derechos humanos alertaron sobre los gra-ves riesgos que implicaba el otorgamiento de facultadesde policía judicial a miembros de la Fuerza Pública o suparticipación en el desarrollo de labores judiciales para lavigencia de los derechos humanos, la independencia yautonomía judicial, así como para la vigencia del Estadode Derecho.

Sobre el particular, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos observó: “Una de las medidas que laComisión ve con más preocupación es la referente a permitira miembros de las fuerzas militares ejercer funciones de po-licía judicial en investigaciones realizadas por la Fiscalía enrelación con civiles ... La utilización de militares como agen-tes de policía judicial por parte de los fiscales puede prestarsea la violación de derechos de los ciudadanos, a la realizaciónde pruebas amañadas o al ocultamiento de pruebas cuandopuedan indicar responsabilidades por parte de las FuerzasArmadas, a las cuales se sindica con frecuencia de presuntasviolaciones a los derechos humanos”.21

Dichas impresiones fueron reitera-das por la Oficina del Alto Comisio-nado de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos, en el documentode “Observaciones sobre el decreto le-gislativo 2002 de 2002” del 1 de octu-bre de 2002, donde expresó: “La inte-gración de las unidades de Policía Judicialcon militares, en el plano constitucional,equivale a una intromisión de la admi-nistración en la función jurisdiccional”.

Lo que han revelado las operacionesconjuntas adelantadas por parte de la

3. L3. L3. L3. L3. LOS ÓRGANOS DE JUSTICIAOS ÓRGANOS DE JUSTICIAOS ÓRGANOS DE JUSTICIAOS ÓRGANOS DE JUSTICIAOS ÓRGANOS DE JUSTICIAY CONTROL COMPY CONTROL COMPY CONTROL COMPY CONTROL COMPY CONTROL COMPARARARARARTIENDOTIENDOTIENDOTIENDOTIENDO

ARBITRARBITRARBITRARBITRARBITRARIEDARIEDARIEDARIEDARIEDADES DE LADES DE LADES DE LADES DE LADES DE LAAAAA FUERZA PÚBLICA FUERZA PÚBLICA FUERZA PÚBLICA FUERZA PÚBLICA FUERZA PÚBLICA

21 Comisión Interamericana de DerechosHumanos, Segundo Informe sobreColombia, 14 de octubre de 1993.

22 Transcripción comunicaciones policialesradiales operativo Mariscal, del 210502Zona Noroccidental Medellín, barriosBelencito, Veinte de Julio y El Salado, lascuales obran en el proceso disciplinarioque adelanta la Procuraduría General dela Nación, por estos hechos.

En ocasiones, descubre uno que la ficción nos devuelve la realidad y que la realidad nos envuelve en unmundo de ficción.

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una 13, la otra versiónFuerza Pública, Organismos de Segu-ridad del Estado, Procuraduría y Fisca-lía General de la Nación, en la Comu-na 13 de la ciudad de Medellín, es unclaro quebrantamiento de la indepen-dencia judicial; con sus consecuentesefectos en el respeto de los derechos ygarantías procesales de quienes han sidoobjeto de privación de la libertad. Porparte de dichos entes se ha acudido demanera reiterada y sistemática al meca-nismo de las privaciones masivas eindiscriminadas de la li-bertad de centenares depobladores, señaladospúblicamente como in-tegrantes o auxiliadoresde grupos insurgentes,sin fundamento probato-rio en la casi totalidad delos casos.

Sólo dos operativos(Mariscal y Orión) per-miten concluir el nivel dearbitrariedad y vulnera-ción de las normas inter-nacionales de derechoshumanos. En el primerode ellos, la OperaciónMariscal, 55 personasfueron detenidas arbitra-riamente, debiendo algu-nas de ellas permanecer en dicha situa-ción durante prolongado tiempo. Se-gún conoció el Banco de Datos, en elmes de octubre de 2002, dos personascontinuaban detenidas.

Entre tanto, en desarrollo de la Ope-ración Orión, 355 personas fueron ob-jeto de detención, de las cuales sólo 170fueron judicializadas y a 88 de ellas seles restableció el derecho a la libertaden días posteriores, dado lo infundadode las imputaciones en su contra. Ha-

cia noviembre de 2002, quedaban 82 personas deteni-das y habrá que esperar a saber, si ocurre lo mismo quecon los detenidos de la Operación Mariscal.

Esta situación puede ser entendida al analizar lascomunicaciones radiales del Brigadier General JoséLeonardo Gallego Castrillón, Comandante de la Poli-cía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien actuócomo comandante de las operaciones Mariscal y Orióne identificándose como J1, instruyó al personal bajosu mando en el siguiente sentido:

“U. POLICIAL: ahí ... la unidad intermediava bajando una moto, una moto, tres, tres per-

sonas en una moto, hayun herido ahí, un heri-do ahí.J1: ... salir impune-mente a nadie. A las uni-dades: esa población hayque controlarla y hay quearrestar a todo mundo,después vamos a ver quiénno tiene nada que verpara que quede libre y losque están implicados si-guen detenidos; siga ...Allá para las patrullas quepreguntan, todo el que sevea allá moverse hay queinterceptarlo y se van acu-mulando y después se re-suelve situaciones, pero

todo lo que se mueve hay que irlo interviniendo”. 22

El nivel de detenciones arbitrarias, así como lasmismas manifestaciones del Brigadier General Galle-go Castrillón, vulneran de manera abierta y flagranteel Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Ci-viles y Políticos, en donde se consagra: “1. Todo indivi-duo tiene derecho a la libertad y a la seguridad persona-les. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbi-trarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo porcausas fijadas por la ley y con arreglo al procedimientoestablecido en ésta”.

"J1: ... salir impunemente a nadie.A las unidades: esa población hay quecontrolarla y hay que arrestar a todomundo, después vamos a ver quién

no tiene nada que ver para que quedelibre y los que están implicados

siguen detenidos; siga ... Allá paralas patrullas que preguntan, todo el

que se vea allá moverse hay queinterceptarlo y se van acumulando ydespués se resuelve situaciones, pero

todo lo que se mueve hay que irlointerviniendo”

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2 El sistema de justicia: al servicio de lasoperaciones militares

Consagra el Artículo 14 del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos: “Todas las personas soniguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda perso-na tendrá derecho a ser oída públicamente y con las de-bidas garantías por un tribunal competente, indepen-diente e imparcial”, ello como base esencial para el res-peto de los derechos al debido proceso y la defensa,entre otros.

El día 20 de mayo de 2002, el Mayor Luis Francis-co Mariño Flórez, Jefe del Area de Delitos contra laVida, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá,solicitó al Director Seccional de Fiscalías de Medellín,que ordenara el registro y allanamiento de 34 vivien-das ubicadas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín,con el propósito de hacer efectivas igual número deórdenes de captura, pues por labores de inteligencia sepresumía que las personas podrían ser ubicadas en esasresidencias.

Dicha solicitud de allanamiento se orientaba a laaprehensión de personas procesadas por diferentes de-litos, entre ellos hurto calificado y agravado, lesionespersonales, homicidio, acceso carnal, actos sexuales conmenor, peculado por apropiación, falsedad, estafa, abu-so de confianza, inasistencia alimentaria y, de todosellos, dos por el delito de concierto para delinquir.

Para nada se mencionó, por parte de la Fuerza Pú-blica, el desarrollo de acciones frente a grupos arma-dos. Sin embargo, paralelo al trámite de la orden deallanamiento, para garantizar la presencia de laProcuraduría y Fiscalía General de la Nación, fue ex-pedida la orden de operaciones Mariscal, suscrita porlos Brigadieres Generales Mario Montoya Uribe yLeonardo Gallego Castrillón, donde se establece comoobjetivo capturar en flagrancia y si es del caso reduciren combate a los miembros de las Milicias Populares yotros generadores de violencia, ocultándose en tal for-ma, por parte de estos oficiales a los organismos dejusticia y control, el objetivo central de la operaciónpara la cual pedían las órdenes y el acompañamiento.

Como era previsible en materia de resultados, fren-te a los allanamientos solicitados por parte de la Fuer-

za Pública, la Fiscalía encontró que laspersonas contra quienes se dirigieron di-chos operativos, ya estaban detenidashace meses o años, estaban muertas, susviviendas estaban desocupadas o bienya no residían en el inmueble, hace al-gún tiempo.

Pese a que se constató la falsedad dela información suministrada, y que lospropósitos de la solicitud eran velados,se omitió cualquier actuación para im-pedir que por parte de la Fuerza Públi-ca se continuara interviniendo, dadoque participaban en desarrollo del ope-rativo como cuerpo de apoyo de la Fis-calía General de la Nación. Ello posi-bilitó numerosos allanamientos ilega-les, así como la violación de los dere-chos a la vida e integridad personal delos pobladores. En igual forma, laProcuraduría Regional de Antioquia,que se encontraba representada por elProcurador Judicial Jorge Juan BarreraGómez, omitió cualquier intervención,dejando desprovistos de protección alos habitantes de la Comuna 13.

Estas actuaciones desconocen abier-tamente las Directrices sobre la Fun-ción de los Fiscales en la Prevención yTratamiento del Delincuente, de laONU, las cuales establecen que: “12.Los fiscales, de conformidad con la ley,deberán cumplir sus funciones con im-parcialidad, firmeza y prontitud, respe-tar y proteger la dignidad humana, ydefender los derechos humanos, contri-buyendo de esa manera a asegurar el de-bido proceso y el buen funcionamiento

23 Octavo Congreso de Naciones Unidassobre prevención y tratamiento deldelincuente, directrices aprobadas el 7de septiembre de 1990.

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del sistema penal. (14) Los fiscales no ini-ciarán ni continuarán un procedimien-to, o bien, harán todo lo posible para in-terrumpirlo, cuando una investigaciónimparcial demuestre que la acusación esinfundada”.23

La ausencia de investigación por par-te de la Fiscalía General de la Nación,para verificar las razones, motivos y fun-damentos alegados por parte de la Fuer-za Pública al momento de solicitarallanamientos, ha permitido que la exis-tencia del control judicial resulte sien-do un asunto meramente formal, endonde, quien en últimas determinacuándo, dónde, cómo y bajo qué cir-cunstancias se efectúan este tipo de pro-cedimientos es la Fuerza Pública, queen últimas resulta orientando el proce-dimiento. Bajo este esquema, la Fuer-za Pública y los Organismos de Seguri-

dad han dejado de ser cuerpo de apoyo en la investiga-ción, para derivar en directores de la misma.

Esta situación, como lo pusiera de relieve la Ofici-na del Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos en Colombia, en las observa-ciones al decreto 2002 de 2002, ha llevado a un “im-pacto negativo en el desarrollo de sus funciones ordina-rias de control, en la independencia judicial y en la efi-cacia de la administración de justicia y de la potestaddisciplinaria”.

El derecho al debido proceso y la defensa:una historia de sistemática negación

Los procesos que se han adelantado por parte de laFiscalía General de la Nación, a raíz de las operacionesconjuntas desarrolladas con la Fuerza Pública, en laComuna 13, han vulnerado de manera flagrante elPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,así como la Convención Americana de Derechos Hu-manos, pues en los mismos se han desconocido demanera abierta los derechos y garantías procesales.

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2 Para la detención y judicialización de centenares depersonas, la base ha sido la propia versión de loscaptores, presentadas como informes de inteligencia,los cuales son carentes de fundamento y adicionalmenteno cuentan con ningún respaldo probatorio. Las im-putaciones que allí se hacen tienen como característicael ser genéricas, manifestándose en las mismas que lafuente de la información es “la comunidad”, o que setrata de una “fuente humana confiable”. Con funda-mento en ello, la Fiscalía General de la Nación, havenido vinculando judicialmente a numerosos pobla-dores de la Comuna 13.

Adicionalmente, como fundamento esencial paraprobar la supuesta responsabilidad en la comisión deilícitos penales, viene siendo tomado el dicho deencapuchados remunerados por parte de la Fuerza Pú-blica, los cuales actúan motivados en razonesvindicativas en contrade las comunidades obien por el beneficioeconómico que se les haprometido.

Un hecho reveladordel grado de arbitrariedadcon que se adelantan losprocesos judiciales, es lodenunciado por parte deorganismos de derechoshumanos, quienes señalaron cómo en el caso de losdetenidos en la Operación Orión: “por lo menos en 54diligencias de indagatoria y de reconocimiento en fila depersonas, fueron clonados los abogados e incluso los mis-mos fiscales”.

Estas actuaciones de la Fiscalía General de la Na-ción violan el artículo 14 del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, donde se establece comoderecho de toda persona acusada de un delito: “ser asis-tida por un defensor de su elección; a ser informada, sino tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y,siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se lenombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere demedios suficientes para pagarlo”.

Así mismo, en los Principios Básicos sobre Fun-ción de los Abogados se dispone: “(5) Los gobiernosprocurarán que se establezcan procedimientos eficientes

y mecanismos adecuados para hacer po-sible el acceso efectivo y en condiciones deigualdad de todas las personas que se en-cuentren en su territorio y estén someti-dos a su jurisdicción.

(6) Todas esas personas, cuando nodispongan de abogado, tendrán derechoa que se les asignen abogados con la ex-periencia y competencia que requiera eltipo de delito de que se trate a fin de queles presten asistencia jurídica eficaz y gra-tuita, si carecen de medios suficientespara pagar sus servicios”.

La legislación interna también escategórica al señalar que la indagatoriano podrá ser recepcionada sin presenciadel abogado defensor; en cumplimien-

to de lo establecido en elArtículo 29 de la Consti-tución Nacional. Lo ocu-rrido en la OperaciónOrión, en donde de ma-nera simultánea (a la mis-ma hora y ante diferentesfiscales) un abogado asis-tía las diligencias de variosdetenidos, pone de pre-sente un elevado nivel dedesprecio por el respeto

de los derechos y garantías procesales. Sumado a ello, debe resaltarse que

rompe las formas propias del juicio laforma en que, por parte de la FuerzaPública, se llevaron a cabo los “recono-cimientos en fila de personas”, en don-de los detenidos fueron obligados a for-mar filas, sin presencia del defensor, afin de que encapuchados señalaran aquienes allí se encontraban.

Los testigos: mercaderes ymercenarios de la verdad

Como se indicó, los procesos ade-lantados por la Fiscalía General de laNación se han caracterizado por la au-

“por lo menos en 54 diligencias deindagatoria y de reconocimiento enfila de personas, fueron clonados

los abogados e incluso losmismos fiscales”

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una 13, la otra versiónsencia de independencia e imparcialidad,así como por la negación de los dere-chos al debido proceso y la defensa, endonde adicionalmente en contra vía delo dispuesto en el derecho internacio-nal de los derechos humanos, la basede la cual se ha partido es la presunciónde culpabilidad.

Ha tenido conocimiento el Bancode Datos que, de las 355 personas de-tenidas en la Operación Orión, auncontinúan privadas de la libertad 82 per-sonas, respecto de las cuales a pesar queen numerosos casos los defensores hansolicitado la revocatoriade la medida de asegura-miento y en consecuenciael otorgamiento de la li-bertad, por cuanto laprueba sobreviviente dacuenta de la injusticia co-metida o porque los tes-tigos en algunos eventosse han retractado, la Fis-calía General de la Na-ción ha desatendido estassolicitudes, prolongandola injusta privación de lalibertad.

Sumado a lo anterior,el Banco de Datos cono-ció que uno de los testigos pagados porla Fuerza Pública, en ampliación de de-claración, manifestó con absoluta cla-ridad que en las diligencias de recono-cimiento en fila de personas, recibió laorientación de algunos de los colabora-dores de la Fuerza Pública y Fiscalía,para que señalara a determinadas per-sonas que se encontraban en la fila. Asímismo que parte de la declaración porél firmada fue en realidad rendida porotro de los testigos, limitándose éste afirmar como suyo, lo dicho ante las au-toridades por otros. Esta situación es

reveladora de las prácticas contrarias a los derechos ygarantías judiciales, empleadas por parte de las autori-dades, a efectos de justificar la judicialización de nu-merosos pobladores inocentes.

Un hecho particularmente grave y que revela la au-sencia de autonomía judicial, así como los vínculosexistentes entre Fuerza Pública, Organismos de Segu-ridad y paramilitares es el ocurrido con uno de losprincipales testigos, que se ha encargado de señalar anumerosos habitantes de la Comuna 13 como inte-grantes o colaboradores de la insurgencia. Este testigo,pagado, ha sido señalado, a la vez, por otros infor-mantes como autor de varios homicidios y como unade las personas que ha hecho presencia en la Comuna

13, comandando un gru-po de paramilitares y pro-firiendo amenazas directasen contra de uno de los in-formantes que hace partede la red creada por las au-toridades en la Comuna.

Esta persona que res-ponde al nombre de Mar-lon Andrés Castañeda, seencuentra vinculada for-malmente a una investi-gación penal adelantadapor la Fiscalía Especializa-da Delegada ante los Jue-ces Penales de Medellín yrecluido en las instalacio-

nes del DAS. Cada vez que es solicitado por el funcio-nario judicial a cargo de la investigación penal adelanta-da a raíz de la Operación Orión, para que los defensorespuedan formular el derecho de contradicción, la direc-ción del DAS se ha negado a presentarlo bajo múltiplesexcusas.

La criminalización de las organizacionespopulares como parte de la política estatalde agresión

De tiempo atrás, los habitantes de la Comuna 13conformaron organizaciones barriales, cívicas y demujeres, entre otras, con la finalidad de abordar y tra-

"El Banco de Datos conoció que unode los testigos pagados por la Fuerza

Pública, en ampliación de declaración,manifestó con absoluta claridad queen las diligencias de reconocimientoen fila de personas, recibió la orienta-ción de algunos de los colaboradoresde la Fuerza Pública y Fiscalía, para

que señalara a determinadas personasque se encontraban en la fila"

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2 bajar frente a los diversos problemas sociales a que his-tóricamente se han visto sometidos, expresionesorganizativas que han sido objeto de abierta estigma-tización por parte de las autoridades, quienes las hancalificado, así como a sus integrantes, de ser auxiliadoresde las milicias.

Además de atentados contra la vida e integridadpersonal, quienes conforman estas organizaciones sehan visto sometidos a procesos injustificados y total-mente carentes de fundamento, desde los cuales se habuscado atentar contra los derechos a la asociación ylibre expresión.

Un antecedente que ilustra esta práctica recurrente,implementada a través de grandes operativos que in-cluyen capturas masivas y montajes procesales, es loocurrido el 6 de marzo de 2002, cuando el CapitánEric Rolando Rivas Guerrero funcionario de policíajudicial de la Policía Nacional solicitó al Fiscal Seccional177 autorización para realizar 15 diligencias de allana-miento en la Comuna Centro Occidental. Para efectode realizar estas diligencias el Director Seccional de Fis-calías de Medellín determinó la conformación de unequipo de 12 fiscales.

El 7 de marzo se llevó a cabo un operativo, tras elcual el Brigadier General Leonardo Gallego presentó

ante los medios de comunicación a másde 20 personas detenidas y señaladas depertenecer a grupos de milicias. De estegrupo de personas, solo tres (3) fueronpuestas a disposición de la Fiscalía, en-tre ellas el señor Ricardo Blanco Fabra,líder comunitario del barrio Juan XXIII.

De acuerdo con el informe policial,en el domicilio de Ricardo fue incauta-da una granada y un material explosi-vo. A pesar que en su indagatoria Ri-cardo manifestó que allí no habían sidoincautados dichos elementos y que suesposa e hija declararon en tal sentidopor ser testigos presenciales, por partede la Fiscalía se desconocieron las prue-bas existentes, manteniéndolo privadode la libertad.

El Fiscal que estuvo a cargo del ope-rativo de allanamiento de la residenciade Ricardo denunció meses después queen la residencia de Ricardo Blanco nofue incautado ninguno de los elemen-tos puestos a disposición por integran-tes de la Policía, manifestando que has-

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una 13, la otra versiónta donde tuvo conocimiento, al señorBlanco, la Policía lo condujo hasta laestación Laureles con el propósito deindagar sobre sus antecedentes.

En desarrollo de la OperaciónOrión, efectivos del Ejército y la Poli-cía Nacional, el día 12 de noviembrede 2002, arribaron hacia las 3:30 p.m.,al barrio Las Independencias 3 y proce-dieron a detener arbitrariamente a treslíderes de la Asociación de Mujeres deLas Independencias (AMI). María delSocorro Mosquera, presidenta de laJunta de Acción Comu-nal de Las Independen-cias 3; Mery del Soco-rro Naranjo, fiscal de laAMI y Teresa Yarce. Allílos miembros de laFuerza Pública, acom-pañados de un niño en-capuchado y vestidocon prendas de uso pri-vativo del Ejército, en-traron a las residenciasde estas líderes comuni-tarias y tras ser señaladaspor el encapuchado, sinorden judicial y sin pre-sencia de la Fiscalía pro-cedieron a detenerlas.

Posterior a ello, fueron trasladadasal puesto de mando transitorio y so-metidas a un ‘reconocimiento’ tras unvidrio oscuro por parte de encapuchadosvestidos con prendas militares, en don-de un Fiscal les manifestó que queda-ban detenidas, negándose a informar-les los supuestos cargos por los cualesse les privaba de la libertad, permane-ciendo en dicha condición hasta el día22 de noviembre. Llama la atenciónque estos hechos suceden luego de quelas compañeras Mery y Teresa en unareunión con el Secretario de Gobierno

Municipal, doctor Jorge León Sánchez, el pasado 8 denoviembre, denunciaran las desapariciones y asesina-tos de varias personas, que se han producido luego de laOperación Orión, pese a la presencia permanente de laFuerza Pública.

Similar es lo ocurrido el 12 de enero de 2003, endesarrollo de la Operación Estrella Seis, ejecutada porla Cuarta Brigada del Ejército Nacional, la Policía Me-tropolitana de Medellín, Departamento Administra-tivo de Seguridad y Cuerpo Técnico de Investigación,con la participación de Fiscales delegados, en la quefueron allanadas numerosas viviendas ubicadas en losbarrios La Honda, La Cruz, Bello Oriente y Primave-

ra. En esta operación de-tuvieron a más de cienpersonas, judicializandoa 68 de ellas.

Varios de los deteni-dos son líderes de la po-blación desplazada, or-ganizados en el Movi-miento Social de Des-plazados de Antioquia(MOSDA) y en la ac-tualidad están siendoprocesados por los deli-tos de rebelión, homici-dio y desplazamientoforzado. El fundamentopara estas detenciones esel “dicho” de testigos pa-

gados por la Fuerza Pública, quienes encapuchados par-ticiparon de los operativos.

El reporte dado por el Coronel Rafael Mejía Roa,segundo comandante de la Brigada 4, a los mediosde comunicación, señala como resultado de la Ope-ración Estrella Seis que se “encontraron dos armas defuego y las personas no hicieron resistencia; en supoder (se) encontraron elementos, documentos yfotografías que demuestran que se estaba adelantan-do un trabajo ideológico con la comunidad, espe-cialmente con menores”.

Entre los detenidos se encuentran Luis CarlosDurango, presidente de Mosda; Bernardo Lozano, se-cretario de Mosda; Nora Cecilia Ramírez, tesorera de

"Varios de los detenidos son líderes dela población desplazada, organizadosen el Movimiento Social de Desplaza-

dos de Antioquia (MOSDA) y en laactualidad están siendo procesados

por los delitos de rebelión, homicidioy desplazamiento forzado. El funda-mento para estas detenciones es el“dicho” de testigos pagados por

la Fuerza Pública, quienes encapu-chados participaron de los operativos"

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2 Mosda; Alfredo Mejía, presidente dela Junta de acción Comunal del ba-rrio La Honda; Alba Nora AcevedoMuñoz, coordinadora del comité desalud; así como numerosas personasque participaron de la ocupación de laUniversidad de Antioquia en el mesde noviembre de 2002, con el propó-sito de exigir sus derechos como des-plazados.

Estas nuevas detenciones masivas einjustificadas eran ya un hecho adver-tido. El 16 de diciembre de 2002, porparte de la Defensora Regional del Pue-blo, doctora Maria Girlesa Ville-gasMuñoz, se requirió a Jorge LeónSánchez Meza, secretario de gobiernode la Alcaldía de Medellín, a fin deque atendiera los compromisos adqui-ridos con quienes ocuparon la Univer-sidad de Antioquia, pues: “el pasado 9de diciembre de 2002, según versionesde la comunidad, hombres armados quedijeron pertenecer a organismos de se-guridad del Estado, hicieron presenciay registro de varias viviendas de la Co-muna 3, y dijeron en forma amenazan-te que tenían un plazo de un mes, con-tado a partir de la fecha de esa presen-cia, para coger a 10 líderes de esa Co-munidad”.24

Sorprende, que por parte de la Fiscalía General dela Nación no exista ninguna investigación formal porlos crímenes de que han sido víctimas estos poblado-res, entre ellos del desplazamiento forzado, y sí demanera arbitraria, resulte procesándolos como respon-sables de un delito que no han cometido sino del cualhan sido víctimas, es decir, de víctimas a victimariosde un mismo hecho, situación que revela profundosgrados de perversidad, de ausencia de autonomía en elsistema de justicia, así como de funcionalidad del mis-mo a las órdenes de batalla militares, claros síntomasde un sistema de justicia corrupto y descompuesto.

Coincidencialmente las privaciones de la libertad

de los líderes comunitarios y de los des-plazados, en desarrollo de las operacio-nes Orión y Estrella Seis, se han dadocon posterioridad a reuniones que diri-gentes sociales han sostenido con el Se-cretario de Gobierno, a fin de denun-ciar crímenes e irregularidades por par-te de la Fuerza Pública, bien por acción

24 Oficio RA 5001 – 0754, del 16 de diciem-bre de 2002, Defensoría Regional deAntioquia.

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directa o por el apoyo y complicidadcon paramilitares.

La impunidad frente a lasviolaciones: un caminoexpedito

Este conjunto de hechos (ejecucio-nes extrajudiciales, desapariciones for-zadas, tratos crueles, inhumanos y de-gradantes, detenciones arbitrarias y vio-laciones al debido proceso), hoy per-manecen en la absoluta impunidad. Para

ello son varios los mecanismos quehan sido utilizados.

Un hecho que ejemplifica la im-punidad es la desaparición forzadade Dany Ferney Quiroz Benítez,Jhon Fredy Quintana y Blanca LiliaRuiz, ocurrida el 19 de octubre de2002, en desarrollo de la OperaciónOrión, donde tropas del EjércitoNacional y miembros del CTI de laFiscalía General de la Nación hacialas 4 p.m., arribaron al barrio El Sa-lado de la Comuna 13, realizaronallanamientos en varias viviendas ysacaron de sus respectivas residenciasa estas personas, siendo posterior-mente conducidas en tanquetas ofi-ciales empleadas en el operativo ydesaparecidas desde entonces.

Uno de los detenidos fue meti-do en una tanqueta, pero BLAN-CA LILIA, JHON FREDY y DA-NY FERNEY fueron subidos enotra, en la que viajaban agentes delCTI de la Fiscalía, uno de los cualesmanifestó que los conducían a lasinstalaciones de la Sijín. Un menorde edad que también fue detenidoen la Operación Orión, denuncióque los tres detenidos desaparecidosse encontraban el mismo sábado 19,heridos y golpeados en las instala-

ciones de la Brigada 4 del Ejército Nacional, siendodesconocido desde entonces el paradero de estas per-sonas.

Uno de los mecanismos de impunidad empleadoen la desaparición forzada de estas personas, fue seña-lado por el Juez Decimosexto Penal del Circuito deMedellín, Javier Corrales Betancur. Mediante el ofi-cio 828 del 3 de diciembre de 2002, dirigido a la De-fensora del Pueblo Regional Antioquia, el cual obradentro del trámite de la acción de búsqueda urgente,indicó este funcionario judicial:

“No obstante las diversas o minuciosas actividadesdesplegadas oportunamente, los esfuerzos fueron

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2 nugatorios para obtener algún informe o dar con elparadero de los denunciados. Dicho resultado se de-bió quizás al desorden presentado en un comienzodentro de la operación Orión, donde –se dice– lasdiferentes autoridades actuaron a su libre entender,sin elaborar los registros de las listas que cada organis-mo interviniente debía hacer como lo manda la le-gislación de conmoción; y en segundo lugar, por lalimitante que se presenta para que los militares faci-liten la revisión de órdenes, listados, fotografías y vi-deos, si los hubiere”.Es decir que, contando con la presencia de la

Procuraduría Regional de Antioquia y la Personería deMedellín, los mecanismos de hecho para garantizar laimpunidad denunciados desde hace más de 10 añospor parte de diversos organismos de derechos huma-nos, nuevamente operaron, con claro y total aval delos órganos de control, los cuales después de conclui-da la Operación, certificaron la legalidad de los proce-dimientos, encubriendo los crímenes allí cometidos ydando un sello a la impunidad.

Por parte de la Oficina de Investigaciones Especia-les de Antioquia, adscrita a la Dirección Nacional deInvestigaciones de la Procuraduría General de la Na-ción, se dio inicio a una investigación disciplinaria, la-bor asignada al abogado José Díaz, quien durante unmes recolectó una serie de pruebas, condensadas en3.022 folios. A mediados del mes de junio de 2002,el doctor Díaz rindió un informe preliminar, en el cualconcluía que existían pruebas suficientes para vinculara los Brigadieres Generales Mario Montoya Uribe, Co-mandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional,y José Leonardo Gallego Castrillón, Comandante dela Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, así comoa Emiro Rojas Granados, entonces Director Seccionaldel Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,al igual que al Director Seccional del CTI y al Procu-rador Judicial II en lo Penal.

Solo fueron suficientes tres días,después de haber rendido dicho infor-me, para que la Coordinadora de laOficina de Investigaciones Especiales deAntioquia, doctora Ruth Miriam Es-cobar Garcés, decidiera relevar al doc-tor José Díaz del conocimiento de lainvestigación, ante lo cual el doctorDíaz manifestó:

“me permito devolver el expedienteen cuestión reiterando mi extrañezaporque su decisión se produce despuésde yo haber pasado los escritos men-cionados, en los que consideré que losservidores públicos identificados enellos debían responder en la investi-gación por, entre otras circunstancias,violaciones graves al Derecho Inter-nacional Humanitario, homicidios,capturas y allanamientos ilegales yotros muchos excesos”.Finalmente, el expediente fue tras-

ladado al Grupo de Asesores del despa-cho del Procurador General de la Na-ción, desconociéndose de cualquiermedida adoptada en el desarrollo delmismo. Esta situación es especialmen-te preocupante, pues las faltas que seatribuyen a estos oficiales y directoresde organismos de seguridad del Estadoson calificadas como gravísimas en elCódigo Disciplinario Único, lo que hallevado a que el Procurador General,ante casos de corrupción calificadoscomo gravísimos, ordene la suspensióninmediata de los funcionarios, a efec-tos de que la investigación no se veaentorpecida, medida que aquí brilla porsu ausencia.

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Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IIEl papel de los grandesEl papel de los grandesEl papel de los grandesEl papel de los grandesEl papel de los grandes

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“La mentira -poniendo aparte las mentiras piado-sas- es, en efecto, un arma. Arma que pueden em-plear ya sea los débiles, ya sean los fuertes y, enambos casos, a título ofensivo o defensivo. Perosiempre consiste en colocar al adversario en un es-tado de debilidad relativa. Hoy en día la organiza-ción de la propaganda y de la publicidad se halla enmanos de profesionales, y cuando estos recurren ala mentira vuelcan en ello toda su competencia. Asípues, si uno quiere defenderse de la mentira, tieneque conocer sus procedimientos...”.

(Guy Durandin, La mentira en la propagandapolítica y la publicidad)

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Como en otros casos (Bojayá) y aná-lisis, el Banco de Datos considera váli-do advertir, que el papel de los grandesmedios de información en Colombia(prensa, radio, televisión) es tan grave ypreocupante como la profunda crisishumanitaria que vive el país; en cuantoal tipo de orientación que los mediosdan a la opinión pública nacional e in-ternacional sobre los acontecimientosde la vida nacional, en particular, sobrela violencia política.

La experiencia en el seguimiento alos Medios, realizada por el Banco deDatos, nos permite afirmar entre otrascosas, lo siguiente:* En la selección de hechos conside-

rados de relevancia nacional o regio-nal, se retoma mínimamente lo re-lacionado a la violación a los dere-chos humanos. Mientras se da ungran despliegue a las acciones béli-cas y de delincuencia común, loscasos en donde es previsible o evi-dente la responsabilidad de funcio-

narios oficiales en violaciones a los derechos hu-manos se omiten o se presentan versiones incom-pletas.

* Por lo general, la información que entregan losMedios reproduce textualmente los comunicadosoficiales de la Policía, el Ejército y de los organis-mos de seguridad del Estado, en los cuales se omitela responsabilidad y se presentan ante la opiniónpública como una serie de hechos aislados e inco-nexos. En otras ocasiones, casos que han tenido ungran impacto y trascendencia a nivel regional sonomitidos por los grandes medios informativos.

* En estas situaciones se incumple con la norma bá-sica de confrontación de las fuentes y se le da plenacredibilidad a los voceros oficiales, sin consultar odar un mayor despliegue a otras fuentes más cerca-nas a los hechos (vecinos del sector, organizacionessectoriales o comunidades, entre otras).

* Además los grandes Medios valoran las fuentes demanera distinta. Mientras que las fuentes de orga-nismos oficiales gozan de una total credibilidad,las otras fuentes son relegadas a un segundo plano,tendiendo sobre ellas un manto de duda cuando seles consulta. Así mismo, es necesario tener en cuentaque algunas normas vigentes para el control de la

1. L1. L1. L1. L1. LOS MECANISMOS DEOS MECANISMOS DEOS MECANISMOS DEOS MECANISMOS DEOS MECANISMOS DEMANIPMANIPMANIPMANIPMANIPULULULULULAAAAACIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LCIÓN DE LA INFORMAA INFORMAA INFORMAA INFORMAA INFORMACIÓN:CIÓN:CIÓN:CIÓN:CIÓN:SilenciarSilenciarSilenciarSilenciarSilenciar, Ocultar, Ocultar, Ocultar, Ocultar, Ocultar, Desviar la Atención,, Desviar la Atención,, Desviar la Atención,, Desviar la Atención,, Desviar la Atención,

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2 información no permiten la divulgación en mediosaudiovisuales de pronunciamientos realizados porsupuestos “terroristas”.

Desviar la Atención

Son varias las formas utilizadas para desviar la aten-ción de la opinión pública. En relación con hechos degran trascendencia nacional se da prelación a otro tipode información (deportiva, de farándula, por ejem-plo) que contradice o justifica ciertas acciones, o sereduce el espacio a una mención en un corto tiempode un noticiero o un lugar escondido de una páginacon un titular que tiene poca relación con el cuerpo dela información.

Tergiversar

Es la forma que refleja más explícitamente la in-tención de los propietarios de los Medios de Comu-nicación de proteger y apoyar las acciones que se iden-tifican con sus intereses ideológicos y políticos. En losúltimos años se han presentado varios casos en los quelos Medios se han visto en la obligación de rectificarinformaciones tendenciosas donde se culpabiliza di-rectamente a otros actores, se ocultan ciertos detallesde la forma como ocurrieron los hechos o se presen-tan versiones contrarias a la realidad.

Lo peor de todo es que a pesar de que la ley regla-menta que la rectificación debe hacerse con el mismodespliegue de la información inicial, los Medios sólodedican tiempos o espacios más reducidos.

Avalar y Absolver actitudes de ciertosActores de Violencia y Condenar a susCríticos

En su mayoría, las informaciones de los grandesMedios reflejan una política editorial de defensa deciertos actores de violencia (por lo general funciona-rios oficiales, miembros de las fuerzas de seguridad y,en ocasiones, grupos paramilitares) avalando sus ac-ciones y resaltando sus virtudes y su “abnegada” ges-tión como representantes de la oficialidad o de los

“cimientos de la sociedad”. Así ha ocu-rrido con ciertos altos mandos milita-res que, a pesar de comprobarse su par-ticipación en asesinatos o masacres, hansido presentados como héroes y comovíctimas de complots en su contra.

En este caso se está infringiendo unode los principios básicos de la actividadperiodística: El acercamiento a la obje-tividad en la difusión de información,es decir, la obligación de un tratamien-to veraz, comprobable tanto en la ex-ploración de diversas fuentes como enel contraste de puntos de vista diferen-tes acerca de los hechos y la acción delos personajes.

Otras formas más sutiles perono menos eficientes a la horade enviar mensajes

Además de las formas expuestas,existen otras maneras más sutiles dedesinformar, pero con una gran inci-dencia en los mensajes divulgados pú-blicamente.

La información periodística no sóloes un conjunto de palabras, sino quetiene una forma externa de presentaciónque hace parte de un cuerpo compac-to. En los Medios escritos el tamañodel titular; los giros del lenguaje quecalifican, descalifican o refuerzan lasversiones, muchas veces con el objeti-vo expreso de condenar o tergiversar.En los Medios audiovisuales las imáge-nes que apoyan el texto de la informa-ción o el tono de la voz del locutor o elperiodista pueden estar enviando men-sajes que, expresados a través de la pala-bra, demostrarían en forma demasiadoevidente la intención de avalar o apo-yar acciones y personajes.

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2 . L2 . L2 . L2 . L2 . LOS PECADOS CAPITOS PECADOS CAPITOS PECADOS CAPITOS PECADOS CAPITOS PECADOS CAPITALES DEALES DEALES DEALES DEALES DELLLLLOS MEDIOS EN LOS MEDIOS EN LOS MEDIOS EN LOS MEDIOS EN LOS MEDIOS EN LAS OPERAS OPERAS OPERAS OPERAS OPERAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES

DE L DE L DE L DE L DE LA COMUNA 13A COMUNA 13A COMUNA 13A COMUNA 13A COMUNA 13

Los Medios, en ningún caso pueden suplantar la participación directa, responsable y bien informadade los ciudadanos, pues se estaría destruyendo un pilar esencial de la democracia; tampocopueden suplantar las instancias de justicia.

En este marco, con base en graba-ciones radiales y televisivas de la llama-da Gran Prensa, transcritas literalmen-te, se presenta a continuación una mues-tra, representativa en cuanto a conteni-dos, del comportamiento de los me-dios masivos de información del paísfrente a los hechos de la Comuna 13.

Tergiversaciones por desin-formación con base en unasola fuente

Periodista María Cristina Uribe: “Du-rante seis horas se presentaronintensos combates entre el Ejército ymilicianos de las FARC, en las callesde la Comuna 13 de Medellín. Los en-frentamientos se registraron cuando200 hombres de las Fuerzas Espe-ciales y cuatro helicópteros delEjército ingresaron a esa Comuna yfueron recibidos a bala por los gue-rrilleros, 7 personas murieron, la cifra

podría aumentar por el número de bajas de lasFARC. Miembros del Ejército y la Policía trataronde coordinar cada detalle de la operación durante elenfrentamiento, se convirtió en un campo de batallaen el que tuvieron que participar los helicópterosArpía de la Fuerza Aérea; el Ejército asegura quedurante la entrada de la Fuerzas Especiales delComando General de las Fuerzas Militares a laComuna 13 de Medellín, fueron abatidos diezmilicianos; los Comandos no detuvieron losenfrentamientos para evacuar los cuerpos de tresmilitares abatidos, uno de ellos era un oficial de laInfantería de Marina; tres habitantes más de la zonaque trataron de esconderse de las balas, fueronalcanzados por los disparos de los guerrilleros...”.(Noticias Uno TV, octubre 16 de 2002).

Brigadier General Mario Montoya Uribe, coman-dante de la Brigada 4 del Ejército Nacional: “Eneste momento como resultado de la Operación,infortunadamente tenemos un oficial y dos soldadosasesinados y sabemos que por lo menos, entre ochoy diez cabecillas de, integrantes perdón, de estasmilicias han sido dados de baja”. (Noticias Uno TV,octubre 16 de 2002).

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2 Periodista Caracol Radio: “Atención! Jornada de fuertetensión se vivió hoy en la Comuna 13 de Medellín.Durante todo el día las autoridades sostuvieronduros enfrentamientos con milicianos y para-militares. El balance es todavía provisional de sietemuertos y 27 heridos, dice en Bogotá el comandantedel Ejército, General Carlos Alberto Ospina. Lasautoridades expresaron su disposición de perma-necer en el sector hasta desalojar a los gruposgeneradores de violencia. Por orden del Presidentede la República, Álvaro Uribe Vélez, el Ejército y laPolicía emprendieron desde la madrugada de hoyuna vasta operación contraguerrillera en laconvulsionada Comuna 13 en el occidente deMedellín. Se trata de contrarrestar las acciones demilicianos de las FARC, en un área en la que residenunas 260.000 personas. Las operaciones han sidoapoyadas a lo largo del día por helicópteros y seiniciaron desde las 4 de la madrugada en los barrios20 de Julio, Belencito–Corazón, ambos de lapopulosa Comuna San Javier”. (Caracol Radio,octubre 16 de 2002).

Periodista Caracol Radio: “Los balances sobre elnúmero de muertos han sido diversos; en algunosmedios y algunas fuentes informativas señalaron queiban 18 víctimas. Sin embargo, esta noche, elComandante del Ejército ha aclarado que son sietelas personas muertas hasta el momento, entre loscuales tres guerrilleros abatidos. El Alcalde deMedellín, Luis Pérez, advirtió que las actuacionesde las Fuerzas del Estado permanecerán en esa zonade Medellín adelantando operativos hasta cuandose recobre la tranquilidad, se restablezca el orden yhaya plena presencia de las autoridades”. (CaracolRadio, octubre 16 de 2002).

General Carlos Alberto Ospina, Comandante delEjército: “Han sido dados de baja tres bandidos,hay otros tres heridos que han sido capturados; dela misma forma unos secuestradores que tenían aun señor de Medellín allá, que son siete secues-tradores. Y se les ha decomisado una cantidadimportante de armas, unos fusiles, explosivos ymaterial de este tipo. De parte nuestra, hay un oficialde la Armada y un oficial de la Policía que fueronasesinados, así como dos soldados del Ejército y hayun número de 6 heridos. El problema es que los

bandidos están escondidos en casasy utilizando a la población civil,entonces es muy difícil de esa manera,pues, avanzar de una forma másrápida; a ellos los ha protegido es esoprecisamente, estar escudados en lascasas o en la población civil pero laoperación va a continuar y los vamosa sacar y pues tienen dos opciones: ose entregan o los sacamos vivos omuertos”. (Caracol Radio, octubre 16de 2002).

Desviaciones Temáticas yJustificaciones

Periodista Noticias Uno: “La Operaciónprovocó una verdadera emergenciasanitaria en la ciudad, el últimobalance reporta 7 muertos y 22heridos entre población civil, Policía,Ejército y guerrilla”. (Noticias UnoTV, octubre 16 de 2002).

Periodista Noticias Uno: “Muchos delos habitantes debieron suspender sustareas, debido a los combates quecomenzaron en la madrugada. Uno auno, quienes salían de sus trabajosfueron requisados y sus antecedentesverificados. Según el Ejército, laOperación Orión continuará hastatanto la Comuna 13 esté totalmentepacificada; ella dejó de ser un proble-ma municipal y se convirtió en unobjetivo del Gobierno Nacional”.(Noticias Uno TV, octubre 16 de2002).

Periodistas Noticias Uno: “Desde hacedoce años, las autodefensas y laguerrilla se disputan cuadra a cuadrael control de al menos diez barrios delas Comunas de Medellín. durante losúltimos seis meses, los combatesentre ambos han ido en aumento. Laguerra en las Comunas de Medellíncomenzó en la década de los noventa,

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una 13, la otra versióncuando Fidel y Carlos Castaño crea-ron la primera red militar y deinteligencia urbana antisubversiva,que hoy se conoce como BloqueMetro. Su objetivo, librar una batallaa muerte con las Milicias de las FARCy el ELN, que en esa época, comohoy, ya tenían un territorio propio yun ejército de combatientes. Para elalcalde, Luis Pérez, ésta es una guerraen donde históricamente cada bandoha tratado de medir fuerzas. La únicadiferencia es que hoy el Estado, conorden presidencial, decidió recuperarla Comuna 13 para demostrarle a losarmados ilegales que en este territoriorepleto de callecitas, callejones sinsalida, ranchos y empinadas esca-linatas no hay una zona vedada parala autoridad”. (Noticias Uno TV,octubre 16 de 2002).

Periodista Yolanda Ruiz: “Se veníahablando desde hace varios meses dela urbanización del conflicto y ya sehabían presentado otros enfren-tamientos en las calles de la capitalantioqueña, particularmente en estaregión. Sin embargo, tan intensacomo la que se registró en el día deayer, pues no se había presentadotodavía en la capital antioqueña. Loque dicen algunos analistas, es quese debe preparar el país y parti-

cularmente las autoridades para enfrentar la nuevacondición de una guerra que se está dando en lascalles de las ciudades”. (Caracol Radio, octubre 17de 2002).

Avales y Absoluciones

Periodista Mario Sánchez: “Los vamos a sacar de allívivos o muertos, afirmó el General Carlos AlbertoOspina, Comandante del Ejército, luego departicipar en las operaciones en la Comuna 13, quebusca sacar de allí a todos los guerrilleros de lasFARC y del ELN, así como a milicianos de los para-militares y a grupos secuestradores que tiene azotadaa Medellín. El General también denunció que laguerrilla y los grupos al margen de la ley estánutilizando a las personas que allí habitan comoescudos humanos para tratar de evadir la acción delas autoridades, presentó el balance”. (Caracol Radio,octubre 16 de 2002).

Periodista Mario Sánchez: “El General dijo que losoperativos se adelantan pero respetando los derechoshumanos”. (Caracol Radio, octubre 16 de 2002).

Periodista Darío Arizmendi Posada: “A las siete de lamañana y doce minutos, la comunicación de Caracoles con el General Leonardo Gallego, quien desdehace bastante tiempo puso el dedo en la llaga, desdeque llegó como comandante de policía a la ciudadde Medellín. Se habla en otros medios de comu-nicación de 14, de 20 muertos, ¿cuál es el balanceoficial que nos puede ofrecer a esta hora de lamañana?”. (Caracol Radio, octubre 17 de 2002).

Para nadie es un secreto que el lenguaje de las armas aparece allí donde enmudecenlas palabras, razón por la que deberíamos guardarnos del monopolio de la voz enmanos de los Medios y el Establecimiento. El silencio, al cual los Medios condenan ala mayoría de la población colombiana, es además de injusto, peligroso pues implica unaforma de acrecentar la violencia de hoy y alimentar la de mañana.

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Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIILLLLLa agresión en perspectivaa agresión en perspectivaa agresión en perspectivaa agresión en perspectivaa agresión en perspectiva

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La Chicago latinoamericana

Hace 30 años, aproximadamente, laviolencia en Medellín alcanzó índicesque estuvieron entre los más altos delcontinente, lo cual le valió a la ciudadel mote de Chicago Latinoamericana.En barrios como La Independencia 1 y2, y otros de la actual Comuna 13, lasbandas de sicarios vinculadas al narco-tráfico imponían su ley, controlaban elorden y ejercían un poder derivado desus armas, sus motocicletas de altocilindraje y sus bolsillos repletos de bi-lletes después de cada trabajo:

“Cuando le robaban las cositas a unapersona, uno iba a la estación de poli-cía más cercana, y allá le contestaban:Nosotros no vamos a subir allá, orga-nícense ustedes y defiéndase como pue-dan’; nos decía la misma autoridad”,recuerdan una mujer y un hombre,pobladores de la zona, líderesbarriales y fundadores de sus ba-rrios25.Durante este periodo, década del

setenta y ochenta, “en la ciudad se pre-sentaron algunos hechos aislados de losgrupos insurgentes, pero más bajo laforma de apoyo logístico a sus accionesrurales. Es también la época en que sedesarrolla y consolida el sicariato y lasacciones del narcotráfico. Aparecen gru-

pos anti–subversivos y de “justicia privada” como elMAS (Muerte a Secuestradores), creado por los nue-vos ricos vinculados al narcotráfico y oficiales de laFuerza Pública. Se mantienen las prácticas de “limpie-za social”. A finales, el Narcotráfico había penetradotodos los estamentos de la sociedad y del Estado. Ac-ciones terroristas en la ciudad y “ajustes de cuentas.Exaltación de la cultura de la ilegalidad y de la conse-cución de dinero por vía rápida, con amplia acepta-ción social y una perversa tolerancia estatal. Fue asícomo el narcotráfico ganó amplias bases sociales y le-gitimidad. Programas como “Medellín sin tugurios”y otras acciones fueron ejemplo de esto“.26

Los Milicianos

Posteriormente, entre los 80’s y los 90’s, “la notasobresaliente la constituye la respuesta de sectores dela sociedad frente al florecimiento de las bandas en losbarrios, el auge del sicariato vinculado al narcotráficoy al consumo de estupefacientes, al lado de una ausen-cia del Estado. Para combatir la situación de las ban-das aparecen como “salvadores” los milicianos, los cua-les logran un auge y consolidación entre los años 88hasta el 94. Fenómeno que contó con márgenes desimpatía social y tolerancia estatal, como puede apre-ciarse en los registros periodísticos de la época“27. Po-bladores de la Comuna 13 recuerdan ésta como unaépoca de “una seguridad enorme, buena, donde ustedpodía dormir hasta con la puerta abierta; se acabaronladrones, se acabaron marihuaneros, se acabó el atrope-llo a la comunidad, porque a uno (antes) le robaban loszapatos y se los estrenaban ese mismo día”28.

1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO1. ANTECEDENTES DEL CONFLICTOEN LEN LEN LEN LEN LA COMUNA 13 DE MEDELLÍNA COMUNA 13 DE MEDELLÍNA COMUNA 13 DE MEDELLÍNA COMUNA 13 DE MEDELLÍNA COMUNA 13 DE MEDELLÍN

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2 En este periodo, las milicias del ELN (Ejército deLiberación Nacional) y las FARC (Fuerzas ArmadasRevolucionarias de Colombia) se asentaron en los ve-cindarios de la Comuna 13. Bajo lemas como: “por ladefensa de los intereses comunitarios”, estas miliciasdesplazaron a las bandas y combos de delincuencia co-mún, cuyas actividades principales eran los robos, lasviolaciones y los atracos. Dicho desplazamiento se diomediante prácticas como asesinatos selectivos, amena-zas, adhesión y cooptación de sus integrantes. Una vezobtenido el control de la Comuna, las milicias impu-sieron su autoridad y orden reemplazando en varioscampos a la autoridad estatal. Las milicias se constitu-yeron, igualmente, en defensoras de los pobladores antelos intentos de desalojo llevados a cabo por el Estadobajo el principio de la ilegalidad de los asentamientos.

“Por allá no se veía un policía para nada, para nada,no se veía un policía nunca, nunca, un problema queusted tuviera con un vecino ellos (las milicias) lo arre-glaban, un papá que no quería ver por un hijo, elloslo arreglaban, de buena manera, conciliación y condialogo”29, recuerdan pobladores de la Comuna.

Los Paramilitares

Posteriormente, como producto de acuerdos de pazcon los más destacados grupos de esta fuerza, se pro-duce un descenso de las Milicias. Simultáneamente, sedan procesos de “bandolerización” de algunas miliciasy “milicianización” de las bandas, “al lado de una cre-ciente presencia urbana de las organizaciones insurgentesde carácter nacional y un incipiente asomo de los gru-pos paramilitares”30. Con la iniciación de los tratadosde paz durante la administración del PresidentePastrana 1998–2002, la guerrilla replegó sus fuerzas alas áreas rurales, mientras que los paramilitares deci-dieron ocupar los centros urbanos de las principalesciudades del país. Con la ruptura del proceso de paz,los grupos paramilitares iniciaron su arremetida en laciudad de Medellín, ingresando en cuatro comunas dela ciudad: la Nor Oriental, la Centro Oriental, la NorOccidental y la Centro Occidental o Comuna 13.

A partir de 1995, “se inicia lentamente el procesode rearticulación de las organizaciones vinculadas al nar-cotráfico y al comercio ilícito de armas. Se desarrollan

las ACCU (Autodefensas Campesinasde Córdoba y Urabá) y posteriormentela coordinación de todos los gruposparamilitares con la sigla de las AUC(Autodefensas Unidas de Colombia),bajo cuya dirección realizan accionesurbanas puntuales apoyándose en lasbandas armadas barriales, particular-mente “La Terraza” y otras similares.Dan golpes a personas y entidades su-puestamente de apoyo de la insurgen-cia y de este modo van logrando au-mentar su presencia barrial desde el 98y hasta la fecha. Luego, van consolidán-dose con fuerte presencia armada urba-na a través del llamado “Bloque Me-tro”. Para el año 2002 los paramilitareshabían logrado la cooptación y/o arti-culación de la mayoría de las más im-portantes agrupaciones armadas ilega-les (bandas) y desarrollado importan-tes “combates con las diferentes faccio-nes urbanas de la insurgencia (CAP, Mi-licias Bolivarianas, ELN), obligándolosa suspender sus propios enfrentamientosinternos para pactar una “alianza anti–paramilitar“. Pero, al mismo tiempo,las noticias informaban de escisiones alinterior de los “paras”, llegándose enMedellín a enfrentamientos armadosentre el “Bloque Metro” y el “FrenteCacique Nutibara”31.

25 Entrevista con Pobladores. Banco deDatos, Noviembre 2002.

26 Angarita Cañas, Pablo Emilio,”CON-FLICTOS VIOLENTOS EN MEDELLÍN:REFLEXIONES”, Octubre 31 de 2002.

27 Ibidem.28 Entrevistas con Pobladores. Banco de

Datos, Noviembre–Diciembre 2002.29 Idem.30 Idem.31 Ibidem.

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Globalización y Comuna 13

Para nadie es un secreto que variasregiones del país, rurales y urbanas, songeoestratégicamente claves para la im-plantación de modelos de desarrolloderivados de la era de la globalización,en el marco de procesos como el ALCA,

la Iniciativa Andina, el Plan Puebla Panamá, el PlanColombia, entre otras expresiones macroeconómicascon implicaciones simbióticas de carácter político–ideológico. En este marco, el conflicto urbano de laComuna 13 de Medellín es una expresión de la exclu-sión de amplios sectores de la población de estratosbajos a favor de proyectos de infraestructuraenmarcados en propuestas de desarrollo que favorecen

2. L2. L2. L2. L2. LOS MEGAPROOS MEGAPROOS MEGAPROOS MEGAPROOS MEGAPROYECTOS DEYECTOS DEYECTOS DEYECTOS DEYECTOS DEDESDESDESDESDESARROLLARROLLARROLLARROLLARROLLO COMO TELÓN DE FONDOO COMO TELÓN DE FONDOO COMO TELÓN DE FONDOO COMO TELÓN DE FONDOO COMO TELÓN DE FONDO

DEL CONFLICTO EN LDEL CONFLICTO EN LDEL CONFLICTO EN LDEL CONFLICTO EN LDEL CONFLICTO EN LA COMUNA 13A COMUNA 13A COMUNA 13A COMUNA 13A COMUNA 13DE MEDELLÍNDE MEDELLÍNDE MEDELLÍNDE MEDELLÍNDE MEDELLÍN

“Lo que esta viviendo Medellín es una guerra, si se le podría llamar así, de dos modelos de ciudad, de dosproyectos de ciudad: Uno, el de la élite liderada por el grupo empresarial antioqueño, con sus títeres enla alcaldía, en las empresas públicas, en cada una de las instituciones del municipio; y por el otro lado,el modelo impulsado por las organizaciones sociales, las comunidades desplazadas, los organismos dederechos humanos que plantean que hay que atender es la problemática real que está viviendo la mayoríade las comunidades...”. (Una defensora de derechos humanos, de Medellín)

“Medellín es una ciudad que está condenada a una violencia aterradora. Es que la principal violenciaaquí no es el enfrentamiento, digamos, del conflicto interno colombiano, eso es una parte; pero aquí laviolencia dura, dura, es la lucha por la subsistencia, es el rebusque social permanente...los lugares derebusque son la calle y aquí hay una pelea muy fuerte por el cuento del espacio público; para quienesestán en la onda de la ciudad bonita de Colombia, el espacio publico debe ser con árboles, con pájaros,con fachadas bonitas, con edificios antiguos restaurados, con museos, con el tren metropolitano;entonces, es muy bonito, muy agradable. Pero, para mucha otra gente que habita en esta ciudad, la callees la única posibilidad de subsistencia: entonces es la venta en el semáforo, es el rebusque, es la carreratodo el día con una carreta llena de frutas porque los persigue la fuerza pública y los vigilantes del espaciopúblico; o sea, son dos nociones de calle, son dos nociones de espacio público, son dos nociones de vida,son dos nociones de ciudad... Nosotros insistimos en que aquí hay dos ciudades, claramentediferenciadas y antagónicas, y se están volviendo muy conflictivas y en la medida en que no le dan salidaa eso, ese conflicto se resuelve por la vía violenta”. (Un defensor de Derechos Humanos, de Medellín)

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2 un modelo de ciudad pensado de manera excluyente,desde los intereses de la élite económica y política dela ciudad y del departamento de Antioquia, que sonlos mismos intereses desde los cuales se ha estructura-do una visión estratégica de la región denominada:“Antioquia, la Mejor Esquina de América”.

En este sentido, como lo analizan organizacionessociales y defensores de derechos humanos de la ciu-dad de Medellín, la población de la Comuna 13 esconsiderada como un obstáculo para la implantaciónde las políticas de globalización económica, por lo cuales necesario que su terri-torio sea controlado, demodo que ningún me-gaproyecto de los quesustenta la posibilidad deque Medellín y Antio-quia estén a la vanguar-dia de la implantación delos modelos neoliobe-rales vaya a ser retrasadopor causa de dicha pobla-ción.

“Entonces, lo que pasaen la Comuna 13, loque representa la Co-muna 13 es un áreade conflicto, y mien-tras haya conflicto nova a haber posibilida-des; mientras no hayaotra imagen la ciudadse hace inviable en-tonces ellos, las elites, lo que están es viabilizando suproyecto de ciudad a partir de la represión; entoncesno es la 13 por la 13, no es la 1 por la 1, no es la 5 porla 5, sino que el modelo requiere tener toda una cues-tión de orden público para que haya otra imagen dela ciudad, que pueda ser bien calificada en cuanto ariesgos de inversión”.32

Comuna 13, condición estratégica

Y es que, aunque las versiones oficiales, que son lasmás difundidas, definen la situación de la Comuna 13

en términos de su funcionalidad comocorredor estratégico para los grupos ar-mados, lo cual puede darse como váli-do; no es menos cierto que dicha con-dición estratégica va de la mano con sufuncionalidad territorial en términos delmodelo de ciudad y de desarrollo quese ha venido impulsando desde los sec-tores de poder, ya que ésta es un área“que conecta de manera muy inmediatacon el altiplano del oriente antioqueño,

zona muy rica y muy im-portante en el proyecto es-tratégico de la ciudad: elaeropuerto internacional,la zona franca privada, elasentamiento industrial,la expansión de vivienda,las fincas de recreo de lagente más rica de la ciu-dad y del país en el sectorde Llano Grande; el pro-yecto del túnel que conec-taría el área metropolita-na de Medellín con el ae-ropuerto internacional deuna manera superágil ytodas las vías complemen-tarias que se desarrolla-rían en función de eso.Entonces hay un interésconcreto y en el caso de lazona centro occidental de

la ciudad, comunas 13 y 7, está todo elproyecto, que ya no es tan proyecto, que

En este sentido, como lo analizanorganizaciones sociales y defensoresde derechos humanos de la ciudad deMedellín, la población de la Comuna13 es considerada como un obstáculopara la implantación de las políticasde globalización económica, por lo

cual es necesario que su territorio seacontrolado, de modo que ningún

megaproyecto de los que sustenta laposibilidad de que Medellín y An-tioquia estén a la vanguardia de laimplantación de los modelos neo-liberales vaya a ser retrasado por

causa de dicha población

32 Ver: Libardo Sarmiento Anzola, “Laviolencia como mecanismo de regulaciónde la economía colombiana”, en: Globa-lización de los derechos, repensando lacondición humana, IPC, Medellín, enerode 2003.

33 Entre otros: Alonso Salazar, Pablo EmilioAngarita, Gloria Naranjo.

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una 13, la otra versiónya esta en plena ejecución y que se pon-dría en funcionamiento a finales del2003, que incluye también el túnel deoccidente que conectaría el área metro-politana con el Valle del Río Cauca enSan Jerónimo y Santafé de Antioquia,vía al mar, vía Urabá ... Entonces, todael área de las comunas 13 y 7 es afectadapor obras complementarias del túnel; dehecho hay una vía principal que saldríadesde el sector céntrico de la carrera 80,que es como una de las vías principales,céntricas, de Medellín. Atravesaría todala comuna 7, que se conoce como la zonade la Quebrada La Iguaná, habitadatradicionalmente por gente muy pobre ytugurianos, y buscaría el Corregimientode San Cristóbal para llegar hasta el tú-nel, hasta la boca del túnel, que luegosale en San Jerónimo”; puntualiza elanalista, quien compara esta estrategiacon la del Sillicon Valley, San Francis-co, en los Estados Unidos, en cuanto asu papel de región referente de dina-mización económica.

Un modelo esteticista deciudad

Para otros analistas urbanos, “el pro-blema de las guerras en las comunas esmuy sencillo, está atravesado por el cuen-to de la estrategia de guerra que hay eneste país, entonces algunos dirán que lacomuna es estratégica para el desplaza-miento de los cordones hacia los frentesrurales y de abastecimiento, y eso pesa yeso cuenta, pero hay una mirada que esla de fondo, y es la mirada de los mode-los de desarrollo de esta ciudad.” 33 Por-que, por lo menos en las tres últimasadministraciones municipales de Me-dellín, en el presupuesto de inversionesde la ciudad se le ha dado gran priori-

dad al desarrollo paisajístico y urbanístico, en detri-mento del componente social, en una dinámica de in-versión que, si bien no ha dejado de lado la atenciónde problemas sociales y de servicios, sí ha dado paula-tinamente preponderancia a la atención de las obrasfavorables al proyecto estratégico de ciudad concebi-do desde las elites. De modo que la infraestructuraurbana de Medellín ha sido pensada en función dedicho modelo de ciudad, ejemplo altamente significa-tivo de lo cual es el Metro, respecto al cual anota elanalista citado: “Esta no era la ciudad que más necesi-taba el Metro ni era la principal necesidad de la ciudad;si el metro fuera un asunto de interés nacional debióhaber sido instalado en Bogotá, que tenía un caos abso-luto en el transporte público, no en Medellín, que notenía esos niveles de retraso en la malla vial”.

Del mismo modo, en nombre de este modelo deciudad, obras de adecuación del centro de Medellín,como la Ciudad Botero y el Parque de San Antoniohan sido construidas a costa de graves hechos de viola-ción de derechos de la población de las calles; por ejem-plo, “antes de empezar las obras del trabajo del Museode Botero, empezaron a matar las putas de Veracruz,hace cinco años, entre el 97 y el 98, en acciones clandes-tinas, en las cuales, según testimonios de las víctimas,estaban vinculados hombres de la Sijín; y en procesos derecuperación urbana y arquitectónica fueron desalojadosentre 500 y 1000 indigentes, que tenían en esos sitios suúnico dormitorio ... en una política de embellecimientode la ciudad, de mejoramiento de vías, de construcciónde parques, de museos, de zonas verdes, que no conside-ra para nada las necesidades de la gente más pobre: unmodelo de ciudad excluyente y altamente represivo”.

Así, se ha ido imponiendo, tanto de hecho comoen el imaginario de sectores medios y altos de la po-blación, como imagen deseable de ciudad, aquella sinprostitutas, sin indigentes, sin desplazados, sin vende-dores ambulantes, sin gente pidiendo la monedita encada semáforo, casi obligando al conductor a com-prarle alguna cosa, limpiando el parabrisas del carro acambio de una moneda; sin tomar en cuenta que elloresponde, objetivamente, a pura y física necesidad desubsistencia, que esta gente simplemente estárebuscándose la vida. Y por ello la alternativa para ob-tener la imagen deseable de ciudad ha sido represiva:

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2 “...el Alcalde manda a recoger las prostitutas envolquetas, en buses del municipio, en carros de la poli-cía; las retienen, se las llevan para las estaciones de poli-cía, las reseñan, las amenazan; pero ellas tienen que vol-ver a la esquina, tienen que volver a la calle...incluso elAlcalde ha amenazado hasta con filmar o fotografiar alos clientes de estos sitios dizque para darles un escarniopúblico, mandándole la foto a su familia”.

Comuna 13 y megaproyectos

Según datos de fuentes estatales34, existen por lomenos dos proyectos viales con implicaciones terri-toriales sobre la Comuna 13, los cuales afectarán deuna forma u otra la tenencia de la tierra y la perma-nencia de los residentes en la zona, y se pueden cons-tituir en factores de amenaza y riesgo para la comu-nidad dependiendo de su manejo institucional; porejemplo, según el mecanismo de negociación de pre-dios que adopte el Estado, debido al fuerte interésque en su ejecución existe en el ámbito local, regio-nal y nacional.

En el nivel Metropolitano se encuentra la construc-ción de la Circunvalar Metropolitana Occidental, lacual comunica con la vía al mar (Urabá Antioqueño yChocoano). En el nivel regional, nacional e interna-cional, la vía que comunica con el Túnel de Occiden-te, la cual compromete la cuenca de la Quebrada La

Iguaná e implica el desalojo de nume-rosas viviendas ubicadas en los retirosde la quebrada. Este proyecto formaparte del proyecto del Tapón del Darién,el cual comunicaría al departamento deAn-tioquia con el Océano Pacífico y Pa-namá, y del proyecto de la denomina-da Troncal de la Paz, que comunicaría aMedellín con Nuquí (Chocó).

De modo, pues, que existe una co-nexión significativa entre dos modelosde ciudad y de región y de país, contra-dictorios, y la resolución violenta delconflicto que ello genera, en escenarioscomo la Comuna 13 de Medellín; delmismo modo que la extensión de laguerra en el Chocó Biogeográfico cons-tituye una expresión estructural de laimplantación de modelos de desarro-llo contrarios a las necesidades de suspobladores, que es el marco en el cualse inscribe el doloroso episodio deBojayá.

Nuestra presentación de Comuna 13 Caso Tipo constituye una mirada, entreotras miradas; una mirada parcial porque la información que publicamos es solamenteuna aproximación a la realidad que vivimos, pues la misma violencia, los mecanismosdel silencio o silenciamiento de las víctimas o sus familiares y los mecanismos deimpunidad instaurados impiden recoger la totalidad de los hechos.

34 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Informe deRiesgos, SAT. op. cit.

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Capitulo IVCapitulo IVCapitulo IVCapitulo IVCapitulo IVLLLLLa situación crítica de losa situación crítica de losa situación crítica de losa situación crítica de losa situación crítica de los

derechos humanos y las operaciones derechos humanos y las operaciones derechos humanos y las operaciones derechos humanos y las operaciones derechos humanos y las operaciones militares en la Comuna 13, componentes militares en la Comuna 13, componentes militares en la Comuna 13, componentes militares en la Comuna 13, componentes militares en la Comuna 13, componentes

integrales de la estrategia estatal integrales de la estrategia estatal integrales de la estrategia estatal integrales de la estrategia estatal integrales de la estrategia estatal

Capitulo IVCapitulo IVCapitulo IVCapitulo IVCapitulo IVLLLLLa situación crítica de losa situación crítica de losa situación crítica de losa situación crítica de losa situación crítica de los

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El año 2002 se inició con una fuerte crisis de lasconversaciones entre el Gobierno y las FARC que, fi-nalmente, dio al traste con el proceso de negociación.Así, la campaña electoral para Senado y Cámara contócon el escenario propicio para el posicionamiento delos sectores más extremos de la derecha política delpaís y los “teatros de operaciones” amparados en la leyde defensa y seguridad nacional, se instalaron para au-mentar las violaciones a las libertades individuales ycolectivas y al debido proceso.

La ruptura del proceso de negociación. En los pri-meros días de enero, el proceso de negociación con lasFARC entraba en su estado terminal pero una rápidaacción de cabildeo de la Comunidad Internacional conlas Partes (Gobierno y FARC) prolongaron su agonía.

Las FARC exigían retirar los controles que el Presi-dente anunció sobre la zona de distensión. Las Parteshicieron públicas posiciones cada vez más radicales yde esta forma, fueron reduciendo, hasta anular total-mente, su margen de maniobra. Se generó una espiralde desconfianzas mutuas en la que los contendientesveían en las acciones de la contraparte una prueba desus propias suspicacias.

El manejo de la zona de despeje, quedesde el comienzo del proceso fue elorigen de casi todas las crisis vividas,terminó propiciando las circunstanciaspara su rompimiento. El 20 de febre-ro, en la alocución radiotelevisada en laque anunció la ruptura del proceso, elPresidente Andrés Pastrana presentó al-gunas “pruebas” del mal manejo de lazona de distensión, por la parte de lasFARC.

Indudablemente, la escalada militarde las FARC, iniciada el 20 de enero,afectaba a bienes civiles de gran impor-tancia, protegidos por el derecho inter-nacional humanitario. Según el Gobier-no, el secuestro del avión de Aires y delsenador Turbay, rebosó la copa de lasinfracciones al derecho humanitario yde la tolerancia con el proceso, lo quellevó al Presidente Pastrana a calificar,desde ese momento, a las FARC comoun grupo terrorista y como el “florero”

Lo sucedido en la Comuna 13 no constituye hechos aislados, son parte integral de la Estrategia Estatal de“Seguridad Democrática”, implementada también en otras regiones del país, tales como las zonas derehabilitación y consolidación. Eso lo demuestran los informes reseñados a continuación.

1. EL 2002,1. EL 2002,1. EL 2002,1. EL 2002,1. EL 2002,ENTRE ELECCIONES,ENTRE ELECCIONES,ENTRE ELECCIONES,ENTRE ELECCIONES,ENTRE ELECCIONES,

GUERR GUERR GUERR GUERR GUERRA Y DESMONTE DELA Y DESMONTE DELA Y DESMONTE DELA Y DESMONTE DELA Y DESMONTE DELESTESTESTESTESTADO SOCIAL DE DERECHOADO SOCIAL DE DERECHOADO SOCIAL DE DERECHOADO SOCIAL DE DERECHOADO SOCIAL DE DERECHO

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una 13, la otra versiónque justificaba la ruptura del procesode negociación. La guerra, entonces fuedeclarada.

La actividad política de las semanassiguientes giró, precisamente, en tornoal endurecimiento de la opinión públi-ca. Las encuestas impulsaron el ánimocolectivo de cuestionamiento extremoal proceso de paz. El papel de los me-dios masivos de comunicación que ve-nían ambientando la necesidad de sali-das de fuerza y la ruptura del procesofue indiscutible. La tendencia tradicio-nal que favorecía siempre la búsquedade la paz mediante el diá-logo, le cedió el paso aluso de la fuerza y a las pre-ferencias por la confron-tación abierta.

En ese ambiente, Ál-varo Uribe Vélez –el can-didato que más se habíaopuesto al proceso– seconvirtió en un auténti-co fenómeno político yorientó claramente laselecciones para Senado yCámara. Y como unabola de nieve, los mediosde comunicación, gre-mios y algunos funcionarios públicosse apropiaron del concepto de “resisten-cia civil” para animar una serie de“cacerolazos” y movilizaciones contra laguerrilla en algunas ciudades del país.

El gobierno del presidente Pastranadictó una serie de medidas orientadasal control del orden publico: estableci-miento de los “teatros de operaciones”,amparado en la ley de defensa y seguri-dad nacional. 19 municipios de seis de-partamentos fueron incorporados comoteatros de operaciones bajo el mandodel Mayor General Gabriel Eduardo

Contreras. Este Oficial se dotaba de facultades paraestablecer toques de queda, censos de población, con-trol y limitaciones de la movilización, horarios paralos establecimientos públicos, etc. Los alcaldes de es-tos municipios no fueron informados ni consultadossobre las medidas tomadas y de los efectos que éstastendrían para su ejercicio como autoridades civiles le-gítimas.

Otras medidas tuvieron que ver con el control,comercialización y transporte de materiales explosivosutilizados y requeridos por empresas (mineras) legal-mente constituidas. El establecimiento de recompen-sas hasta por mil millones de pesos, para quienes su-ministraran información conducente a la captura de

subversivos. Regulaciónde actividades conteni-das en el código de poli-cía respecto de requisascallejeras, transporte noc-turno, venta de bebidasalcohólicas. Presentaciónal Congreso de un pro-yecto de Ley sobre Esta-tuto Antiterrorista y fi-nalmente un llamado ala “resistencia civil” de lapoblación entendida,por el Gobierno, comola colaboración de todoslos colombianos con

información, entrega de datos, pistas e indicios paraque la Fuerza Pública pueda actuar con mayores re-sultados”.

La reacción de varias organizaciones sociales, frentea la utilización y tergiversación del concepto y expe-riencias de Resistencia Civil no se hizo esperar. La Or-ganización Nacional Indígena, ONIC, señaló al res-pecto: “Manifestamos nuestro enérgico rechazo a losintentos de los medios de comunicación, del gobier-no nacional y algunos candidatos presidenciales de uti-lizar la defensa de las comunidades de Caldono comoejemplo de una supuesta acción contrainsurgente delos pueblos indígenas; lo que defendemos es la vida ynuestra dignidad”.

“Manifestamos nuestro enérgicorechazo a los intentos de los medios

de comunicación, del gobierno nacio-nal y algunos candidatos presidencia-les de utilizar la defensa de las comu-nidades de Caldono como ejemplo de

una supuesta acción contrainsur-gente de los pueblos indígenas; lo

que defendemos es la vida ynuestra dignidad”

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2 Las elecciones presidenciales. En la primera vueltafue elegido Álvaro Uribe como Presidente, confir-mando las tendencias ya señaladas. Su programa degobierno, consignado en cien puntos, se refiere fun-damentalmente a la construcción de un Estado Co-munitario, soportado en una estrategia de seguridaddemocrática, fortalecimiento de las fuerzas armadase involucramiento de los ciudadanos en dicha estra-tegia.

En los primeros cien días35 de gobierno de ÁlvaroUribe ha quedado claro que el unanimismo logradoen torno a su liderazgo y especialmente frente a lastesis de recuperación del orden público y la seguridaddemocrática, es asumido por el Gobierno como uncheque en blanco para el ambiente autoritario de sugestión y para la imposición más que para laconcertación, de sus políticas y modelo de Estado. Deigual forma, y por lo observado en estos primeros ciendías, amplios sectores de la sociedad parecen estar dis-puestas a legitimar y participar en la construcción deun Estado autoritario y políticamente excluyente. Cadavez se reduce, más y más, la llamada “masa crítica” enla sociedad.

El decreto 2002 de 200236, expedido en el marcodel estado de conmoción interior, contradice conve-nios internacionales de derechos humanos y derechointernacional humanitario y limita derechos fundamen-tales de los colombianos relacionados con el debidoproceso, la presunción de inocencia, la distinción en-tre combatientes y no combatientes y la no–discrimi-nación. Creemos, junto con otras organizaciones in-ternacionales y nacionales de derechos humanos, quelas medidas que el Gobierno adopte para establecersus políticas y estrategias de seguridad y control delorden público, deben estar basadas en el pleno e

irrestricto respeto a los tratados inter-nacionales vinculantes para Colombia.

Las consideraciones y las medidasespecíficas del decreto 2002 incriminana la población civil como la responsa-ble del conflicto; se la señala comoabierta colaboradora de los grupos almargen de la ley, y por tanto, es contraella que se dirigen las medidas. Resultaclara la intencionalidad de estigmatizary criminalizar a la población civil, demanera particular aquella que vive enzonas de presencia de los grupos insur-gentes. El peso riguroso de la represiónse está aplicando a los que no son y lasmedidas no apuntan específicamente aconjurar las causas que fueron señala-das como motivo de la perturbación.

Los Medios pueden desempeñar un papel clave en la conjura del silencio y de la violencia,que en ellos se origina; para ello no requieren sino dejar hablar a los demás.

35 Un balance detallado de los primeroscien días del gobierno de Uribe, enmateria de derechos humanos fuepublicado conjuntamente por el Bancode Datos de Derechos Humanos, Codhesy la Escuela Nacional Sindical. Puedeconsultarse en: www.nocheyniebla.org

36 El Banco de Datos de derechos huma-nos ha publicado ocho boletines deseguimiento a los efectos sobre laslibertades individuales y colectivas yderechos fundamentales de las medidasdictadas en el marco de la política deseguridad democrática y de los decretosde conmoción interior. Ver:www.nocheyniebla.org, “boletines deseguimiento a Conmoción”.

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En su informe de 2002, sobre la si-tuación de Derechos Humanos en Co-lombia, la Oficina del Alto Comisio-nado de Derechos Humanos de Nacio-nes Unidas, hace una importante lec-tura y análisis de los hechos sucedidosen la Comuna 13, en el marco del pa-norama general de los derechos huma-nos en todo el país.

Entre los aspectos que aborda el in-forme sobre lo ocurrido en Medellín yen específico en la Comuna 13, se en-cuentran:* El carácter indiscriminado de los

operativos desarrollados por parte dela Fuerza Pública, así como el des-conocimiento de los principios dedistinción y proporcionalidad.

* El papel desarrollado por parte delos Organismos de Control y la Fis-calía General de la Nación en el de-sarrollo de estos operativos.

* La consolidación de los gruposparamilitares, con posterioridad aoperaciones contrainsurgentes desa-rrolladas por parte de la Fuerza Pú-blica.Así mismo, a pesar que en algunos

párrafos no se hace referencia directa a

las operaciones Mariscal y Orión, por sus contenidosen los que se hacen importantes reflexiones sobre si-tuaciones similares en otras regiones del país, han sidoretomados en este capítulo ya que indican claramenteque lo ocurrido en la Comuna 13 no resulta aislado,sino que se enmarca en el desarrollo de una estrategiaglobal de Estado.

Principales apartes del informe

El informe califica de crítica la situación de los de-rechos civiles y políticos y señala que el año 2002 se hacaracterizado por violaciones graves, masivas y siste-máticas de esos derechos, constituyendo muchas deellas crímenes contra la humanidad. Se registraronejecuciones extrajudiciales (masacres y homicidios decarácter individual o selectivo), actos de tortura, tratoscrueles, inhumanos o degradantes, acciones que im-plicaron empleo desproporcionado de la fuerza, des-apariciones forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias,impedimentos ilegítimos al libre tránsito interno, des-plazamientos forzados, injerencias arbitrarias o ilega-les en la vida privada y el domicilio, y atentados con-tra el debido proceso y las garantías judiciales. El in-forme señala que los autores de esas violaciones fue-ron servidores públicos comprometidos en graves abu-sos de poder, en omisión o en abierta connivencia conel paramilitarismo.

2. EL INFORME Y L2. EL INFORME Y L2. EL INFORME Y L2. EL INFORME Y L2. EL INFORME Y LAS OBSERAS OBSERAS OBSERAS OBSERAS OBSERVAVAVAVAVACIONESCIONESCIONESCIONESCIONESDE NADE NADE NADE NADE NACIONES UNIDCIONES UNIDCIONES UNIDCIONES UNIDCIONES UNIDAS RESPECTO DEAS RESPECTO DEAS RESPECTO DEAS RESPECTO DEAS RESPECTO DE

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2 El informe da cuenta de un aumento significativode denuncias de violaciones atribuidas directamente amiembros de la Fuerza Pública, en comparación conel año 2001. Muchas de estas conductas se realizaronen desarrollo de la política de seguridad del nuevo Go-bierno, y en particular en aplicación de las normasadoptadas en el marco del estado de conmoción inte-rior declarado en agosto. Varias de estas conductas serealizaron con el acompañamiento o la autorizaciónde agentes de la Fiscalía General de la Nación.

9. Al mismo tiempo, el Estado continuó demostran-do falta de efectividad para contrarrestar las accio-nes violentas de los llamados grupos paramilitares,en particular de las AUC, y para atenuar la influen-cia que ellos ejercen sobre ciertos sectores del apa-rato estatal y de las élites locales. Durante el año2002 siguieron presentándose denuncias sobre nexosentre miembros de grupos paramilitares y agentesdel Estado.

28. “...Los enfrentamientos entre grupos armados ile-gales y la fuerza pública en las comunas de Medellín,con su alto costo en vidas humanas, pusieron demanifiesto la dificultad del Estado para proteger ala población civil y garantizarle el cumplimientode los principios de distinción y proporcionalidad.El nuevo Gobierno cambió la estrategia de respuestaal conflicto armado mediante una política de segu-ridad que buscó fortalecer la capacidad militar delEstado y recuperar el control de varias regiones delpaís, en particular la de la red vial...”.

29. “... De otro lado, el aumento del conflicto en laszonas urbanas responde a la estrategia de neutrali-zar, manipular o patrocinar las bandas de delincuen-cia común para beneficio de sus propios fines. Cabeseñalar que sólo en la Comuna 13 de Medellín laSecretaría de Gobierno de Antioquia registró 442muertes violentas entre combatientes y civiles en-tre el 1º de enero y el 9 de octubre de 2002. Estorepresenta un aumento superior al 100% en rela-ción con 2001”.

38. Cabe señalar que, en varias oportunidades, se re-gistraron incursiones y el posicionamiento de gru-pos paramilitares en regiones del país donde pre-

viamente se habían desarrollado ac-ciones contrainsurgentes de la Fuer-za Pública. Así ocurrió, por ejem-plo, en los municipios de Mesetas,Vistahermosa y San Vicente delCaguán (antigua zona de distensión),en la provincia de Ocaña (Norte deSantander), en Curillo (Caquetá), enCravo Norte, Puerto Rondón yTame (Arauca) y en Medellín.

46. “En algunos casos, los operativosdesarrollados en el marco de las po-líticas de seguridad, como allana-mientos y capturas, tuvieron comoconsecuencia la muerte de civiles.En otros, afectaron a la libertad in-dividual y la seguridad personal, me-diante privaciones arbitrarias de la li-bertad y desapariciones forzadas, asícomo los derechos a la vida privaday a la inviolabilidad del domicilio.Entre esos casos puede mencionarseel operativo Orión efectuado en oc-tubre en Medellín y otros que afec-taron a organizaciones sociales, dederechos humanos o de paz”.

47. “Además de estos casos, otras ac-ciones atribuidas a servidores públi-cos pusieron en particular riesgo lavida de defensores de derechos hu-manos y sindicalistas. En otras, seatribuyeron a miembros de la fuer-za pública amenazas directas a la po-blación civil, ya estigmatizando apersonas como simpatizantes o co-laboradoras de la guerrilla, yaintimidando a la población con elanuncio de la llegada de gruposparamilitares”.

49. Se registraron violaciones al debi-do proceso, en especial los princi-pios de legalidad, de presunción deinocencia, y otras garantías judicia-les, en el marco del Decreto Nº

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2002 que facultó a los miembros dela fuerza pública, incluyendo a mi-litares, para allanar y capturar sin or-den judicial o con autorización ju-dicial escrita o verbal. Se registra-ron violaciones a la defensa técnicay al derecho a ser oído por un tribu-nal competente, independiente e im-parcial, y persistieron dificultades deacceso a la justicia.

64. En el marco de esas disposiciones,las autoridades desarrollaron en losúltimos meses del año una políticade allanamientos a gran escala y cap-turas masivas. La Oficina recibióvarias denuncias de abusos de la fuer-za pública y de procedimientos in-compatibles con los principios in-ternacionales, en particular el de laprotección contra las privaciones ar-bitrarias de la libertad y los de lega-lidad y de inocencia. Las denuncias

también cuestionaron la actuación de los órganosjudiciales y de control, y en particular de la Fiscalía,atribuyéndoles falta de independencia, irrespeto delas exigencias procesales para autorizar las privacio-nes de libertad, y la utilización de encapuchados enlas diligencias relacionadas con allanamientos y cap-turas.

65. Considerando el corto período de implementacióndel estado de excepción es prematuro presentar con-clusiones contundentes. No obstante, el Alto Co-misionado debe destacar la preocupación por el usoabusivo o indiscriminado de la fuerza y por las vio-laciones al debido proceso y a otros derechos fun-damentales que conlleva la aplicación de medidasno fundamentadas en el principio de legalidad ymarginadas del control independiente, previo y pos-terior, de los órganos judiciales y del Ministerio Pú-blico. Las principales preocupaciones en la materiase concentran en la necesidad de contar con garan-tías adecuadas para asegurar un control estatal efec-tivo e independiente. Asimismo, es necesario exa-minar con precaución y responsabilidad los riesgos

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2 de que la población civil termine siendo desmesu-radamente afectada y se incremente su vulnerabili-dad, en particular en el caso de grupos como losdefensores de derechos humanos, los líderes socia-les y los desplazados.

68. En muchos de los operativos, la fuerza públicarecurrió a las facultades a ella atribuidas por el de-creto (y posteriormente declaradas inconstitucio-nales por la Corte Constitucional) de practicar cap-turas, allanamientos y registros sin mandamientojudicial, con un alto número de personas retenidas,de las cuales sólo una minoría fue puesta a disposi-ción judicial. En varios casos, la utilización de in-formantes encapuchados estigmatizó a las personasseñaladas. Las retenciones de unas 2.000 personas,practicadas en Saravena (Arauca), entre el 12 y el13 de noviembre, determinaron la judicializaciónde 49 de ellas, de las cuales casi 20 son miem-bros de organizaciones sociales o sindicales. Ade-más de esto, en Saravena, por lo menos cinco fa-miliares de informantes han sido matados por gru-pos guerrilleros. Por otra parte, se denunciaron abu-sos graves por parte del Ejército, incluyendo ejecu-ciones, en particular en Arauquita, donde esos pro-blemas ya se habían registrado con anterioridad a lacreación de la zona.

76. “Pocas de las medidas excepcionales y de seguri-dad del Estado se han orientado hacia un combatedirecto de los grupos paramilitares. La presenciade una base paramilitar en el municipio de ElGuamo, en los Montes de María, por ejemplo, de-nunciada desde el año 2000 por la Oficina, y queestá dentro de la actual zona de rehabilitación y con-solidación, no ha sido objeto de operativos e inclu-so los paramilitares han consolidado su presenciaen los municipios cercanos. Lo mismo ha sucedi-do en otras regiones del país, como en el caso deMedellín después de la operación Orión de octu-bre, donde fuerzas paramilitares se han asentado envarias partes de la Comuna 13 cometiendo abusoscontra la población civil y graves violaciones”.

4. “Algunos procedimientos desarrollados en el marcode las políticas de seguridad, como allanamientos ycapturas, tuvieron como consecuencia la muerte

de civiles atribuida a la acción di-recta de la fuerza pública. Estas con-ductas fueron registradas principal-mente en el operativo Orión, enoctubre, en la Comuna 13 deMedellín, con un saldo de tresmuertos civiles. Anteriormente yase habían registrado nueve muertosciviles en el operativo Mariscal enel mes de mayo, en la misma co-muna”.

6. “Se registraron actos de empleo in-necesario y desproporcionado de lafuerza, de tratos crueles, inhumanoso degradantes y de tortura. La Ofi-cina registró un incremento de lasdenuncias sobre actuaciones de agen-tes de la autoridad que implicabanya el abuso físico contra personas encondiciones de inferioridad o inde-fensión, ya el uso innecesario y des-proporcionado de la fuerza. Los ma-los tratos y la aplicación desmedidade la fuerza se dieron, por lo gene-ral, en el contexto de motinescarcelarios, paros cívicos, marchas deprotesta, diligencias de lanzamientode predios, redadas y allanamientos.Ejemplo de esos casos se dieron enla marcha campesina del 16 de sep-tiembre en Bolívar y en los opera-tivos de mayo y octubre en la ciu-dad de Medellín”.

8. “Este derecho (libertad individual yseguridad personal) se vio especial-mente afectado por las desaparicio-nes forzadas y por las detenciones ile-gales o arbitrarias. Según la Vice-presidencia, y tomando en cuentalas denuncias que examinó la Procu-raduría General de la Nación, existeun aumento leve en la responsabili-dad imputable a los agentes del Es-tado en casos de desaparición forza-

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una 13, la otra versiónda. Como desaparecidas fueron re-portadas tanto personas a quienes seprivó de la libertad en carreteras, ca-minos y otras vías públicas del árearural, en el marco de allanamientosy operativos militares de captura,como personas que fueron vistas porúltima vez en domicilios o lugaresde trabajo situados en los cascos ur-banos. La autoría de la desapariciónfue imputada a servidores públicosen casos como el ocurrido enPopayán (Cauca) el 6 y el 7 de ene-ro, que afectó a un menor de edadluego de la privación de libertad decinco personas por agentes del DAS.Igualmente, como consecuencia dela operación Orión de la fuerza pú-blica en la Comuna 13 de Medellín,en octubre, se registraron siete des-apariciones de personas”.

9. Se denunciaron privaciones arbitra-rias de la libertad en relación con loscasos en los cuales las autoridades ad-ministrativas, actuando sin manda-miento judicial, aprehendieron a per-sonas con violación de las normaspoliciales sobre detención preventi-va o por razones incompatibles conel respeto a los derechos fundamen-tales. En otros casos, aun existien-do órdenes judiciales, no se cumpliócon las exigencias internacionalespara justificar la privación de liber-tad. El carácter arbitrario de mu-chas aprehensiones fue señalado es-pecialmente en la aplicación delDecreto legislativo Nº 2002, bajocuya vigencia miles de personas fue-ron objeto de aprehensión.

31. La Oficina tuvo también conoci-miento de denuncias de homicidioscuya autoría fue atribuida a miem-bros de la fuerza pública. Así, por

ejemplo, durante las operaciones militares realiza-das entre el 2 y 8 de julio por la Cuarta Brigada delEjército en el Oriente antioqueño, se reportó la des-aparición de por los menos seis campesinos, ejecu-tados posteriormente y enterrados en fosas comu-nes. Otras de las denuncias estuvieron relacionadascon la ejecución de un niño de 12 años, el 30 demarzo, cuando corría para protegerse de un opera-tivo de miembros de la misma brigada que en com-pañía de personas encapuchadas habían ingresadoal barrio Olaya Herrera de Medellín.

37. La Oficina recibió denuncias de ataques contra lapoblación civil y de ataques indiscriminados atri-buidos directamente a integrantes del Ejército.Como ejemplo de estos ataques pueden citarse elrealizado en el mes de septiembre, en el corre-gimiento de Santa Ana, municipio de Granada(Oriente antioqueño), y los desarrollados por efec-tivos de la IV Brigada del Ejército y de la PolicíaMetropolitana en los barrios de Medellín. Entreestos últimos se destaca la operación Mariscal del21 de mayo, en la que la fuerza pública intervinocon armamento pesado, tanquetas blindadas y apoyoaéreo, dejando un saldo de 9 civiles muertos y 37heridos, incluyendo entre ellos a personas que on-deaban banderas blancas. La operación Orión del16 de octubre, dejó a su vez 3 civiles muertos y 40heridos, además de 7 desaparecidos. Según infor-mación preliminar y parcial recibida por la Ofici-na, serían por los menos 39 los muertos civiles re-portados en todos los operativos de la fuerza pú-blica en Medellín durante el año (entre ellos 14menores de edad) y 120 los heridos. También seregistraron, principalmente en el departamento delCauca, varios casos de operaciones aéreas indis-criminadas de las fuerzas militares, en las cuales re-sultaron afectados personas y bienes civiles. Así ocu-rrió en el municipio de Belalcázar, en mayo, y en elcorregimiento de Pitayó, el 21 de agosto37.

37 Informe Completo: E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de 2003,p.61.

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AMNISTÍA INTERNACIONAL señaló38 que laestrategia de seguridad adoptada por el Gobierno “hademostrado ser totalmente inadecuada a la hora dehacer frente a las graves crisis humanitaria y de dere-chos humanos que afectan a Colombia, un país queha sufrido 40 años de conflicto armado entre las fuer-zas gubernamentales –con la colaboración de los gru-pos paramilitares– y los grupos armados de oposición.En lugar de hacer frente a la crisis, esta estrategia sólosirve para agravar aún más una tragedia humanitaria yade por sí espantosa”.

Agregaba el informe que: “Amnistía Internacionalsiente especial preocupación por una serie de medidasdestinadas a socavar los sólidos mecanismos y salva-guardias institucionales de derechos humanos intro-ducidos en la última década, como la Corte Constitu-cional, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Mu-nicipales. El gobierno también ha declarado un Esta-do de Conmoción Interior y ha aprobado otros decre-tos relacionados con éste que limitan los derechos hu-manos fundamentales de los habitantes de Colombiay minan la capacidad de las organizaciones internacio-nales humanitarias y de derechos humanos para llevara cabo de forma efectiva su legítima labor en el país”.

“La decisión del gobierno de crear una red de unmillón de informantes civiles y su propuesta de esta-blecer un ejército a tiempo parcial de ‘soldados cam-pesinos’ compuesto por 150.000 miembros –pensa-dos ambos para que colaboren activamente con las

fuerzas armadas y la policía– no sóloarrastrará a la población civil aún másal conflicto, sino que además amenazacon fortalecer la presencia de los gru-pos paramilitares en el país. Se trata deuna medida peligrosa, ya que losparamilitares siguen formando parteintegrante de la estrategia decontrainsurgencia de las fuerzas de se-guridad”, anotaba igualmente el infor-me de Amnistía Internacional.

Lógicamente, como sucede cada añofrente a dicho informe, agentes estata-les reaccionaron adversamente.

El Comandante de las Fuerza Mili-tares, Jorge Enrique Mora Rangel, lo des-calificó “porque son personas sectarias,porque son personas que no cambian sudiscurso, porque no vienen aquí al país,porque no conocen, porque generalizany porque no hablan de hechos concre-tos”. (Noticias Uno, octubre 16 de 2002).

Así mismo, “el Comandante de lasFuerzas Militares, General Jorge Enri-

3. EL INFORME DE AMNISTÍA3. EL INFORME DE AMNISTÍA3. EL INFORME DE AMNISTÍA3. EL INFORME DE AMNISTÍA3. EL INFORME DE AMNISTÍAINTERNAINTERNAINTERNAINTERNAINTERNACIONAL 2002: como cada año,CIONAL 2002: como cada año,CIONAL 2002: como cada año,CIONAL 2002: como cada año,CIONAL 2002: como cada año,

el Estado colombiano se rel Estado colombiano se rel Estado colombiano se rel Estado colombiano se rel Estado colombiano se revuelcaevuelcaevuelcaevuelcaevuelca

38 Informe de Amnistía Internacional,“Colombia: Seguridad, ¿a qué precio?. Lafalta de voluntad del gobierno para hacerfrente a la crisis de derechos humanos”,Diciembre de 2002.

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una 13, la otra versiónque Mora Rangel, reiteró hoy que laFuerza Pública respeta los derechos hu-manos y el derecho internacional hu-manitario en todo el territorio colom-biano. Los soldados están con los ciuda-danos, la vida y el sacrificio de los solda-dos es por defender a nuestros compa-triotas, indicó. El alto oficial consideróque el informe presentado por Amnis-tía Internacional, en el que se habla dedebilidad de las Fuerzas del Estado y deuna supuesta alianza entre el Ejército ylos grupos de autodefensas ilegales estámuy equivocado; la presencia del Ejér-cito y la Policía ha sido transparente entodo el territorio colombiano, informescomo el que salió hoy son de personassectarias que no cambian el discurso por-que no conocen el país y no hablan dehechos concretos, sostuvo el comandantede las Fuerzas Militares”. (Caracol Ra-dio, octubre 16 de 2002).

El Vicepresidente de Colombia,Francisco Santos, manifestó: “Es abso-lutamente inadmisible y los resultados

de la Fuerza Pública en contra de los der... de losparamilitares son clarísimos: Eso demuestra unaideologización de los derechos humanos, demuestrauna ligereza”. (Noticias Uno, octubre 16 de 2002). Igual-mente: “El Gobierno rechazó en forma vehemente elinforme de Amnistía Internacional, sobre un supues-to contubernio o relación entre los militares y losparamilitares en la liquidada zona de distensión para lapaz; habló el Vicepresidente de la República”. (CaracolRadio, octubre 16 de 2002). Y: “El Gobierno no acep-ta el informe de Amnistía Internacional que se refierea una supuesta alianza entre las Fuerzas Militares y lasAutodefensas para violar los derechos humanos en laantigua zona de distensión. El Vicepresidente de la Re-pública, Francisco Santos, dijo que 27.000 asesina-tos al año, 3500 secuestros y más de un 1.000.000de desplazados en Colombia, no puede ser omitidopor informes hechos desde las capitales europeas endonde viven absolutamente tranquilos”. (Caracol Ra-dio, octubre 16 de 2002). “La afirmación de una su-puesta alianza entre las fuerzas de seguridad y los gru-pos de autodefensa es inadmisible para el Gobierno”,dijo Francisco Santos. (Caracol Radio, octubre 16 de2002).

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A propósito del tema de los Derechos Humanosen Colombia, con motivo de la conmemoración deun aniversario más de la expedición de la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos, hubo diversas ma-nifestaciones públicas sobre el momento actual del paísen este aspecto.

Así, Carlos Fernando Giraldo, del Departamentode Ciencia Política de la Universidad Javerianaconsideró que:

“En las condiciones colombianas, lo que está vi-gente es la necesidad por lo menos de que la primerageneración de los derechos humanos se cumpla, es decirla protección a la vida, a la seguridad y las condicionessicológicas y morales básicas para vivir dignamente...Pues, en Colombia hay que decirlo abiertamente, nohay un respeto a los derechos humanos, y no lo hayporque el Estado en primer lugar no ha garantizadotodavía la protección de esos derechos, como está obli-gado a tenerlo que hacer; digamos que nosotros losciudadanos estamos comprometidos, y el Estado connosotros, a que haya vigencia de ello, o sea que no hayduda de que el Estado tiene la obligación de hacer cum-plir la vigencia de los derechos humanos, por lo me-nos lo básico, seguridad, propiedad, libertad e igual-dad política. Ahora, de hecho, sobre todo lo violan yno lo cumplen actores políticos que le hacen paralelis-

mo al Estado, que cumplen una seriede labores que en principio le corres-ponden al Estado, por la debilidad deéste; entonces hay actores privados u or-ganizaciones de diverso tipo que cum-plen las funciones del Estado y al ha-cerlo, o al pretender hacerlo en nom-bre de la sociedad, dado que ellos se autoproclaman así, se supone que jurídica-mente deberían estar obligados a hacerrespetar, promover y defender los dere-chos humanos. En otras palabras, encondiciones de conflicto como la nues-tra, es imposible poder hablar y las evi-dencias son enormes de una vigenciareal de derechos humanos. Vale haceruna anotación final, es que toda socie-dad democrática se caracteriza hoy díapor dos elementos básicos: un desarro-llo de las instituciones políticas demo-cráticas y la vigencia plena de todos losderechos humanos; si eso no se da, ob-viamente que difícilmente se puedehablar de una sociedad auténticamentedemocrática y mucho menos de lasposibilidades de vigencia de los dere-chos humanos." (Caracol Radio, diciem-bre 8 de 2002).

4. OTR4. OTR4. OTR4. OTR4. OTRAS VAS VAS VAS VAS VOCES SOBRE ELOCES SOBRE ELOCES SOBRE ELOCES SOBRE ELOCES SOBRE ELPPPPPANORANORANORANORANORAMA DE LAMA DE LAMA DE LAMA DE LAMA DE LOS DERECHOSOS DERECHOSOS DERECHOSOS DERECHOSOS DERECHOS

HUMANOS EN EL PHUMANOS EN EL PHUMANOS EN EL PHUMANOS EN EL PHUMANOS EN EL PAÍSAÍSAÍSAÍSAÍS

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una 13, la otra versiónPor su parte, el Defensor del Pueblo,Eduardo Cifuentes Muñoz,manifestó:

“Los derechos humanos en Colom-bia están en la misma situación, si nopeor que en el pasado. El conflicto ar-mado interno se ha agudizado, ésta esuna de las grandes fuentes de violaciónde los derechos humanos; adicional-mente el nivel de pobreza y de exclu-sión en el país en lo que tiene que veren los derechos económicos, sociales yculturales, igualmente pone de presen-te una situación crítica. De modo quepor todas estas razones creemos que elpanorama es ciertamente desolador yademás vemos hacia el futuro un pa-norama todavía mucho mas sombrío,pues se han comenzado a dar pasos paradesmantelar el inicio de garantismo quesignificó la Constitución de 1991 enlo que tiene que ver con los derechosfundamentales y las garantías para suprotección; porque el gran desafío al re-cordar la fecha del 10 de diciembre de1948 es la efectividad de los derechoshumanos y no simplemente recordarque se proclamaron los derechos en untexto; es el reconocimiento a la digni-dad de la persona humana. Los dere-chos humanos no son concesión gra-ciosa de los Estados sino atributos de lapersona humana". (Caracol Radio, di-ciembre 8 de 2002)

Carlos Rodríguez, de la ComisiónColombiana de Juristas, expresó:

“...En Colombia mueren o desapa-recen más de 20 personas diarias en

promedio, de los cuales el 85% es atribuido a agentesdel Estado y grupos paramilitares y el 15% a guerri-llas; se desplazan 1000 personas diarias, de las cuales el60% por acción de agentes estatales y gruposparamilitares y 40% por guerrillas, más del 50% de lapoblación desplazada son mujeres; se secuestran 9 per-sonas diariamente, el 60% por la guerrilla y el 10%por paramilitares, 30% por delincuencia común; seataca indiscriminadamente a poblaciones; se ataca a lainfraestructura por parte de las guerrillas, oleoductos,torres de energía, puentes; hay 30.000 homicidios poraño por violencia común y hay violencia sexual, pros-titución forzada y esclavitud sexual, de la cual son víc-timas las mujeres por parte de los actores armados.Eso da un cuadro de la situación de los derechos civi-les y políticos, a lo cual se agrega un incremento de lapobreza en materia de derechos económicos, socialesy culturales." (Caracol Radio, diciembre 8 de 2002).

Jorge Rojas, de CODHES analizó la situacióncolombiana en los siguientes términos:

“Hay un crecimiento importante y grave del des-plazamiento forzado en Colombia. En lo que va delaño 2002, hemos superado la cifra de 1000 personaspor día, pero en promedio hay 300.000 personas queestán huyendo por la guerra y esto es una manifesta-ción de la crisis humanitaria, pero también de la pro-funda crisis de derechos humanos porque ahí práctica-mente se sintetiza la violación de los derechos civiles,políticos, económicos, sociales y culturales. En el marcode esta crisis del desplazamiento, podríamos desarro-llar con los oyentes, con motivo de este 10 de diciem-bre, una reflexión: ¿en Colombia se violan los dere-chos humanos porque hay conflicto y guerra, o hayguerra y conflicto porque no se ha logrado establecerun parámetro de respeto y de realización de los dere-chos humanos? Y esto tiene que ver con el desplaza-miento; pero tiene que ver también con la realidad delpaís." (Caracol Radio, diciembre 8 de 2002).

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En relación con el papel de la Defensoría del Pue-blo y las propuestas de suprimir esta institución, re-sulta pertinente citar el siguiente diálogo:

Caracol Radio: Señor Defensor del Pueblo, y pensarque hay personas, respetabilísimas por cierto, quequieren hacer desaparecer la Defensoría porque esuna institución que hoy no cumple objetivos; yo creoque frente a lo que nos han contado sus interlo-cutores, y Usted nos lo ha revelado, creo que hoymás que nunca la Defensoría del Pueblo es unanecesidad y una urgencia para los ciudadanos.

Defensor del Pueblo: Es cierto, o sea, los instru-mentos de garantía como la Acción de Tutela, laJurisdicción Constitucional, la Defensoría delpueblo, las acciones de las organizaciones nogubernamentales que defienden los derechoshumanos son esenciales si queremos de verdadrescatar al país del verdadero caos y desorden, queconsiste fundamentalmente en el no cumplimiento delos derechos humanos; se trata de las institucionesmás cercanas a los grupos más vulnerables y aquí,como se ha señalado por los expositores, es claroque la víctima es la población civil; de modo que sino tenemos organizaciones que controlen la accióndel Estado, que denuncien las violaciones a losderechos humanos y que busquen realmente crearun clima de paz, yo creo que de verdad dejamos de

ser un Estado de Derecho, o sim-plemente esta fachada que hemostenido finalmente se derrumba, muyfácilmente. (Caracol Radio, diciembre8 de 2002).

Jorge Rojas: En este orden de ideas,lo más importante es defender laDefensoría. La preocupación de lasONGs es que el anuncio del Gobiernode acabar con la Defensoría no hasido descartado y a nosotros nospreocupa que en el marco de esaspolíticas de Seguridad Democráticay de Conmoción Interior, una vez sedesgaste este mecanismo, podamosvolver sobre propuestas como Estadode Sitio, acabar con Defensoría delPueblo y seguir cerrando los espaciosde acción democrática y de control delEstado de Derecho. Vamos en unfranco retroceso en materia de dere-chos y en un desman-telamiento de loque se avanzó en la Constitución de1991 (...) Nos preocupa que elGobierno esté usando los mecanismosactuales para después demostrar queno sirven, que se desgastaron; enton-ces se cambia conmoción interior porestado de sitio, se elimina como ya

5. SOBRE L5. SOBRE L5. SOBRE L5. SOBRE L5. SOBRE LAS PROPAS PROPAS PROPAS PROPAS PROPUESTUESTUESTUESTUESTASASASASASDE REESTRUCTURDE REESTRUCTURDE REESTRUCTURDE REESTRUCTURDE REESTRUCTURAAAAACIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DEORGANISMOS DE CONTROLORGANISMOS DE CONTROLORGANISMOS DE CONTROLORGANISMOS DE CONTROLORGANISMOS DE CONTROL

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una 13, la otra versióndijimos la Defensoría del Pueblo, seacaba la acción de tutela y el ciudada-no común no va a tener posibilidadesde reivindicar sus derechos en un paísen donde la violación de los derechoshumanos sigue siendo una constantey en donde el panorama, como bienlo dice el Defensor, es sombrío, esdecir vamos hacia un modelo casi dedictadura presidencialista en cuantoa derechos. (Caracol Radio, diciembre8 de 2002).

Defensor del Pueblo: Ya lo hemoscomenzado Jorge, ya lo hemos comen-zado porque realmente este Referendoque tiene un contenido disímil, hacomenzado a desmontar los instru-mentos de garantías; otra cosa quequiero decir sobre la Defensoría esque a la Defensoría no solamente sele quiere acabar, sino que se le estáasfixiando económicamente. Y hayque insistir ante la comunidad in-ternacional, menos apoyo a lo military más apoyo a instituciones como laDefensoría del Pueblo, que efec-tivamente velan por la vigencia de losDerechos Humanos en Colombia.(Caracol Radio, diciembre 8 de 2002).

Caracol Radio: Señor Defensor delPueblo y contertulios, el Congresoaprobó el fin de semana el cuestio-nario completo para la convocatoriaa un referendo a los ciudadanos el añopróximo, para cambiar las costumbrespolíticas y combatir la corrupción,principalmente; no se volvió a tocarel tema de las Personerías y lasPersonerías por ahora no van a sertocadas mediante referendo, Ustedpor qué cree que son importantes lasPersonerías aparte de recibir de-nuncias y de advertir sobre comporta-mientos non sanctos de funcionariospúblicos?

Defensor del Pueblo: Las Personerías constituyenprácticamente la gran red de interés publico y dedefensa de los derechos humanos en el país. Tantola Procuraduría como la Defensoría del Pueblo seapoyan en esa red, esa red hay que rescatarla. Sibien antes de 1991 cumplían solamente misiones,digamos, disciplinarias, después de 1991 han sidotambién muy importantes como defensores de losderechos humanos y estaban concentradas en latarea de la defensa efectiva de los derechos humanos.¿Realmente, esto es lo que le duele al Régimen, queexistan personeros cercanos a la población, queatiendan las quejas? Estamos advirtiendo, porejemplo, en el registro de quejas de la Defensoríadel Pueblo, y uno de los rubros más altos de violaciónde derechos es el de los derechos de petición, es elacercamiento de la comunidad con las autoridadesy hacer que las autoridades finalmente se ajusten alos derechos humanos; esa gran red, ese caminoque tiene que recorrer el ciudadano, es el caminoque finalmente se va a cancelar. (Caracol Radio,diciembre 8 de 2002).

Carlos Rodríguez: Quiero llamar la atención de doso tres aspectos de la propuesta que ha llevado elGobierno sobre Justicia. Primero, quiere restringirla acción de tutela; yo quisiera señalar que la tutelaen Colombia se ha transformado en el único, quizásen el principal, para no exagerar, instrumento quetiene el ser humano común, el que nos estáescuchando, para defender sus derechos; tanto asíque todos sabemos que se ha incorporado un verboal lenguaje, cuando uno se siente atropellado poralguien le dice: “voy a entutelarlo”. Eso es unamuestra de cómo se ha incorporado a la cultura,pues se quiere restringir la acción de tutela, y setienen argumentos que son sofísticos. Por ejemplo,en la acción de tutela contra sentencias, usted dice:cómo se va a actuar contra una sentencia que hasido formalmente emitida por un tribunal; yo quisierallamar la atención que lo que aquí se hace no esacción de tutela contra sentencias, sino contradecisiones judiciales, que están revestidas de lasformas de sentencias; pero que son groserasviolaciones a los derechos humanos. Es la única víaque tiene el ciudadano para defenderse. Supon-gamos que se le niega la pensión a un ciudadano,mediante una decisión de un juez laboral, teniendo

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2 el ciudadano derecho. ¿Qué hace ese ciudadano,qué hace ese ser humano? Puede recurrir a unrecurso de casación que se lo fallan en 15 ó 20 años;ya no sería una pensión sino un auxilio funerario.Entonces, ¿qué hace si le quitan la acción de tutela,o qué hace la niña que expulsan del colegio porquequedó embarazada y hay una sentencia que autorizaa que la expulsen? (Caracol Radio, diciembre 8 de2002).

Defensor del Pueblo: Percibo un panorama sombríoen el futuro de los derechos humanos, porque hayuna declaración en la Constitución y un recono-cimiento del 91 muy importante, que es el EstadoSocial de Derecho. Esto no es una figura retórica,como mucha gente cree. Estado Social de Derechoquiere decir Estado Material de Derecho; es unEstado en el cual no solamente la autoridad tienelímites, sino que tiene obligaciones, y la obligaciónprincipal es la efectividad de los derechos humanos,los derechos de libertad, los derechos económicos,sociales y culturales. En otras palabras, en laConstitución hay un programa perenne de digni-ficación de la persona humana y una obligaciónpermanente de todos los gobiernos de turno. ¿Quépasa con la Tutela? En el proyecto que presentó elMinistro del Interior (Fernando Londoño) aconsideración del Congreso, de reforma consti-tucional, que se va a debatir precisamente en lalegislatura en el próximo año, se desmantela laAcción de Tutela no solamente contra sentencias,sino también la llamada Tutela Social, por losderechos económicos, sociales y culturales; todo loque signifique, en últimas, una afectación delpresupuesto y obviamente que el derecho a la salud,a la educación, al agua potable, a unos serviciospúblicos mínimos, supone necesariamente gasto, osea, si no hay gasto, si no se dan prestaciones acargo del Estado, no estamos ha-blando de derechoseconómicos, sociales y culturales. En un país conun 60% de pobreza, un 20% de miseria, pues esevidente que la gente que se encuentra en condi-

ciones de debilidad extrema debetener un recurso como la Tutela paradefender el mínimo vital, el mínimovital, no el máximo vital; estamoshablando simplemente de los mínimos.Y, precisamente, esa Tutela Social delEstado Social de Derecho, que sedirige a hacerlo efectivo, se va aextirpar. Esto me parece a mí quetambién debe ser objeto de debatepúblico. Y a esto se agrega la tutelacontra sentencias, cuando una sen-tencia es arbitraria, cuando viola demanera grosera y manifiesta losderechos humanos, no habrá posi-bilidad a través de un mecanismoexpedito para que se acceda a lajusticia. Entonces: ¿qué puede es-perar el pueblo de estas futurasreformas que le arrebatan unosinstrumentos fundamentales parademandar mínimos; y dos, paraoponerse a arbitrariedades máximas?(Caracol Radio, diciembre 8 de 2002).

Carlos Rodríguez: Si nosotros que-remos copiar un modelo que noshomologue a sociedades democrá-ticas, es éste del Estado Social yDemocrático de Derecho, que no es,como algunos han señalado, unamajadería; sino que es lo que está enla constitución española del 78, en laconstitución italiana, en la cons-titución alemana, en la constituciónfrancesa: la igualdad material.Hemos pasado de aquella igualdadformal (“todos los seres humanossomos iguales”) a decir: “el Estadoestá obligado a crear las condicionespara que esa igualdad sea real”.(Caracol Radio, diciembre 8 de 2002).

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Francisco Santos, Vicepresidentede la República y responsable de Dere-chos Humanos del actual Gobierno,presenta un panorama diferente al ana-lizado por los defensores de derechoscitados antes. Así, afirma respecto a laimagen del gobierno, que “lo primeroes que lo que pensaban, lo que les hanpintado, que venía una ola autoritaria,que éramos la guerra, que las violacio-nes a los derechos humanos se iban aincrementar, no ha sido cierto. Se estáejerciendo una política de autoridad conrespeto a los derechos humanos, loserrores se están corrigiendo, no haynada oculto; todos los ciudadanos, las

6. L6. L6. L6. L6. LA VERSIÓNA VERSIÓNA VERSIÓNA VERSIÓNA VERSIÓNOFICIAL DEL PROBLEMAOFICIAL DEL PROBLEMAOFICIAL DEL PROBLEMAOFICIAL DEL PROBLEMAOFICIAL DEL PROBLEMA

ONG, los Medios, pueden ver lo que está pasando entodo el país; que somos un gobierno guerrerista nosdicen. Y resulta que el Gobierno ha planteado un pro-ceso con el ELN, un proceso con las Autodefensas yun proceso con las FARC...unos están andando mejorque otros; pero el Gobierno tiene toda la voluntad debuscarle otra salida, luego lo que aquí se ha demostra-do es que el Ejército y la Fuerza Pública ha mejoradosustancialmente su accionar sin abuso y en detrimentode los derechos humanos. Y estamos poco a poco, em-pezando a recuperar la seguridad en distintas regionesdel país, con total transparencia y respeto a los dere-chos humanos; luego creo que el balance es más quesatisfactorio. Más que satisfactorio, sin dejar de pensarque es mucho lo que tenemos que mejorar." (CaracolRadio, diciembre 8 de 2002).

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Comuna 13, la otra versión 13, la... · Noche y Niebla 12 Caso Tipo No. 2 ¡ Cómo cuesta reconocerse y reconocer los hechos, la realidad tal cual es: parece absolutamente necesario