Un mar de diferencia, la libertad de expresión y la política en Gran Bretaña y los EUA1

Jack Rowbottom

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el caso Citizens United v. FEC representó

un duro golpe a las leyes de financiamiento de campañas en los Estados Unidos. La decisión no sólo permite

que el dinero de las compañías fluya hacia las campañas electorales sino que afirma una lectura más

libertaria de la Primera Enmienda que permanecerá como una barrera para reformas adicionales y puede

apoyar nuevos retos para los controles financieros existentes para las campañas. Es una lectura de la

primera enmienda la que se cimenta en la desconfianza al gobierno y ve a la intervención jurídica como la

amenaza primaria para un proceso político justo. La mayoría de la Corte considera los controles en los

gastos corporativos una interferencia para “el ‘mercado abierto’ de las ideas” (p. 38) y que “más expresión,

no menos” es la mejor manera para combatir las preocupaciones de una influencia indebida (p. 45).

El enfoque estadunidense contrasta con el marco electoral británico, en el que existen leyes complejas y

detalladas que rigen el financiamiento político. Estas leyes van desde un tope para el gasto electoral hasta

la regulación de los medios de comunicación y la prohibición de publicidad política en los medios

electrónicos. Si esas leyes hubieran sido consideradas por la Corte Roberts en los Estados Unidos,

probablemente hubiera sido cuestión de minutos antes que el grueso de estas leyes fueran abatidas. La

diferencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña yace parcialmente en la cultura política. En el sistema

británico, se desconfía de las compañías y los individuos adinerados al igual que del gobierno y la

protección jurídica de la libertad de expresión bajo la Convención Europea le permite a los estados

involucrarse en una mayor regulación del proceso político; en consecuencia, en Gran Bretaña, se acepta

que las intervenciones jurídicas no son sencillamente una amenaza a la libertad política sino que pueden

asegurar las condiciones para un proceso político justo. Los tribunales británicos concluyeron que los

grandes gastos de los grupos adinerados no sólo no le dan mayor información al público, sino que tienen el

potencial para distorsionar el debate político; no obstante, el sistema británico se encuentra lejos de la

perfección; los tribunales y las legislaturas son con frecuencia vagos respecto los requisitos para un sistema

político justo y los daños que representan las erogaciones políticas. También existe muy poca jurisprudencia

que articule claramente cuáles controles sí concuerdan con la libertad de expresión.

El presente documento explicará las diferencias entre los sistemas británico y estadounidense, tomando

como punto de partida el fallo en el caso Citizens United; posteriormente se contrastará el derecho

británico con los temas clave que surgieron en dicho fallo.

1. Dos lecturas de la Primera Enmienda

1 Borrador de la ponencia del autor para el III Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 6 y 7 de octubre de 2008, Ciudad de México.

Antes de abordar el derecho británico, es necesario en primer lugar proporcionar un bosquejo de los

principales casos de financiamiento de campañas para tener una base de comparación. Al comentar estos

casos, es común contrastar dos diferentes líneas de autoridad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de

EU. La primera se asocia principalmente con una lectura particular del fallo Buckley v. Valeo (1976), en el

que la Corte asumió una posición firme en contra de los límites de erogación en las campañas electorales.

Dicho caso hizo énfasis en la importancia de asegurar la cantidad máxima de expresión política (suponiendo

que la cantidad puede equivaler a las cantidades erogadas). Bajo esta opinión, más que distorsionar el

proceso político, una campaña con grandes gastos meramente contribuye a una mayor expresión que da al

público más fuentes de información de dónde elegir. La Suprema Corte también rechazó sonadamente la

idea de que la cantidad de expresión (asegurada por la cantidad de dinero) de una persona podía

restringirse para mejorar la voz relativa de otra; sin embargo, en Buckley, la Corte sí aceptó que el

financiamiento de las campañas debe regularse con el objeto de evitar la corrupción, particularmente los

tratos entre los donantes y los políticos, y de ese modo abogó por límites para las donaciones. La Corte fue

famosa por trazar una distinción entre donaciones y gastos. En esta lectura, Buckley permitió límites sobre

la expresión electoral sólo para evitar la corrupción en un sentido relativamente constreñido (BeVier, 2004)

Otra parte importante del fallo Buckley se relacionaba con las disposiciones de la Ley de Campañas para

Elecciones Federales de 1971 que regulaba el financiamiento “con el propósito de influir” en una elección.

Para eliminar los problemas de vaguedad, la Suprema Corte interpretó la ley de manera que se requiriera

que las palabras expresas de defensa se entraran dentro de los reglamentos. Esta parte del fallo abrió la

puerta para que las organizaciones independientes se involucraran en actividades políticas que en gran

medida no estaban reguladas siempre y cuando evitaran expresar palabras en defensa de la elección de un

candidato en particular. (Hasen, 2010) Sólo se trató con problemas de defensa emitida

independientemente con posterioridad en 2002 con la promulgación de la Ley de Reforma de Campaña

Bipartidista (BCRA por sus siglas en inglés).

La segunda de autoridad se relaciona con el fallo del caso Austin v. Michigan State Chamber of Commerce

(1990), en el que la Suprema Corte mantuvo una ley que restringía el uso de aportaciones corporativas para

el gato de campañas electorales independientes. Al llegar a esta conclusión, el Ministro Marshall concluyó

que la legislación debía tener como objetivo evitar la corrupción; sin embargo, su concepto de corrupción

era muy diferente de la que se establecía en el caso Buckley:

“La regulación de Michigan tiene como objetivo otro tipo de corrupción en el entorno político:

los efectos corrosivos y distorsionantes de los inmensos cúmulos de riqueza que se amasan con

la ayuda de la fórmula corporativa y que tienen un poca o nula correlación con el apoyo del

público para las ideas políticas de la corporación”

Este tipo de corrupción no estaba relacionada con los arreglos bajo la mesa entre los candidatos y los

donantes sino que más bien expresaba la inquietud de que los grandes gastos efectuados por las

compañías tuvieran un efecto “corruptivo” y “distorsionador” en el proceso democrático. El

argumento implica que el poder adquisitivo de los grupos políticos debe ser aproximadamente

proporcional a los niveles de apoyo, un ideal que se distorsiona si las oportunidades comunicativas se

basan en la distribución de la riqueza, dicho razonamiento “antidistorsión” se aleja de la idea en

Buckley de que el público está mejor con más expresiones (y gastos mayores). En lugar de lo anterior,

este fallo ha sido considerado por muchos (incluyendo a los que apoyan el falllo de Austin) como una

reinterpretación de la corrupción que introduce razonamientos de igualdad al juego por debajo de la

mesa (Hasen, 1994 p.40)

La explicación anterior respecto a las dos líneas de autoridad está abierta a debate. Es una historia de

la jurisprudencia de la Primera Enmienda a la que frecuentemente hacen referencia los críticos de la

ley de financiación de campañas, quienes presentan al fallo Buckley como la norma y al fallo Austin

como una aberración (esta fue la posición mayoritaria en el fallo Citizens United). En contraste, los

defensores de Austin pueden ver este último fallo de la Corte Suprema como meramente la

encarnación de la noción de corrupción que se ha adelantado en Buckley. Por ejemplo, en su

impugnación en Citizens United, el Ministro Stevens argumentó que la anti-distorsión no era sólo la

igualdad disfrazada, sino “sencillamente una variante del clásico interés gubernamental de protegerse

en contra de las influencias indebidas sobre los funcionarios las cuales debilitan el proceso

democrático”. (Citizens United, p.74). También es importante señalar que aunque se muestra a

Buckley como una barrera para la reforma del financiamiento de campañas, el fallo no bloqueó todas

las regulaciones al respecto. Al sostener los límites en las contribuciones, Buckely fue objeto de críticas

por parte del ala más liberal de la Corte (por ejemplo, vea la impugnación del Ministro Thomas en

McConell). Por esta razón, Buckley puede verse como un cierto acuerdo que acomodó cierto tipo de

regulaciones, mientras que también atendía algunas de las preocupaciones respecto a la libertad de

expresión. (Hasen, 2010) Asimismo, los fallos Buckley y Austin se ocupaban de asuntos diferentes.

Austin no trataba con límites de erogación, pero sí contempló una restricción específica sobre los

gastos corporativos en las elecciones. Las restricciones sobre gastos corporativos, que han estado

presentes durante varios años, no eran un asunto a tratarse en Buckley.

Para los fines de la presente discusión, se acepta que los dos casos no van de la mano. Los

razonamientos anti-distorsión expresados en Austin tenían implicaciones más amplias y podían

utilizarse para justificar un rango más amplio de restricciones en el financiamiento de campañas que

las que se hubieran permitido en la lectura de Buckley explicada anteriormente. En las dos décadas

posteriores a Austin, los casos coexistieron, y aunque no entraban en conflicto directo, si había cierta

tensión entre ambos. En diferentes ocasiones la Corte dio diferente énfasis a las dos líneas de

autoridad.

En McConell v. FEC (2003), la Suprema Corte mantuvo sus razonamientos corrupción/anti-distorsión

de Asutin. El caso involucraba una disposición de la Ley de Reforma de Campaña Bipartidista de 2002

que extendía la prohibición sobre gastos corporativos en el periodo electoral para cubrir

“comunicaciones electoralistas” (de esta forma cubría no sólo publicidad que de manera expresa

defendieran la elección de un candidato, sino también aquellos anuncios que se refirieran a un

candidato para un puesto público). La Suprema Corte concluyó que la limitación de Buckley de una ley

anterior para expresar defensa electoral fue una cuestión de interpretación jurídica y no estaba

requerido por la Constitución. La Corte en McConnell concluyó que la disposición era válida a primera

vista y que no violaba la Primera Enmienda dado que los anuncios inmediatamente anteriores a una

elección son el “equivalente funcional” de los anuncios expresos. En este punto, el enfoque tomado en

Austin parecía ir en ascenso.

Sin embargo, lo anterior no duró mucho. En el caso FEC v Wisconsin Right to Life (2007) la Suprema

Corte de EU concluyó que la misma disposición no se aplicaba a un anuncio por parte de un grupo de

presión en el que se solicitaba a las personas que contactaran a los dos senadores de Wisconsin para

instarlos a oponerse a un retraso a los nombramientos judiciales. La Corte razonó que los anuncios del

grupo no eran el “equivalente funcional” de una defensoría expresa y concluyó que el razonamiento

de Austin no podía aplicarse para restringir anuncios genuinos ante cuestiones específicas por lo que

prevalecieron los derechos de expresión. Mientras que McConnell y Austin permanecieron como leyes,

la Corte dio un paso atrás en Wisconsin Right to Life y puso riendas a los efectos de dichos fallos.

La tensión entre dos líneas de autoridad finalmente llegó a su fin con el caso Citizens United v FEC

(2010) en el que la Suprema Corte derribó la disposición que prohibía a las compañías realizar gastos

de acciones generales en “comunicaciones electoralistas”. La Corte pudo haber decidió el caso sobre

bases más difusas, pero concluyó que los derechos de libertad de expresión no pueden protegerse al

tomar una lectura superficial de la ley, ya que el nivel de incertidumbre podría tener un efecto

intimidatorio sobre la expresión. En lugar de eso, la mayoría destacó la Primera Enmienda. Al llegar a

esta conclusión, la Corte desestimó el fallo en Austin y aquellas partes de McConnell que se basaban

en Austin, y rechazó los razonamientos antidistorsión. De la siguiente manera en la que el Ministro

Kennedy declaró en su opinión principal:

“Para efectos de la Primera Enmienda es irrelevante que las financiaciones corporativas

puedan ‘tener poca o ninguna correlación con el apoyo del público para las ideas políticas de

las compañías.’[…] Todos los oradores, incluyendo a los individuos y los medios de

comunicación, utilizan dinero proveniente del mercado económico para financiar su

expresión. La Primera Enmienda protege la expresión resultante, incluso si ésta fue posible

gracias a transacciones económicas con personas o entidades que no concuerdan con las ideas

del orador” (Citizens United, p.35)

La mayoría argumentó que los razonamientos de anti-distorsión no explicaban por qué las compañías se

distinguían para la regulación. Los razonamientos podían usarse para justificar las restricciones en los

medios de comunicación (p.35). La mayoría también reformuló la posición de que las restricciones sobre la

expresión para igualar las oportunidades de expresión eran impermisibles. (P.34) La Corte prosiguió con el

rechazo de los argumentos de que la disposición era necesaria para evitar la corrupción y proteger

accionistas.

Aunque Citizens United claramente equivale a un rechazo rotundo de la línea de autoridad en

Austin/McConnell, no representa una aprobación directa de Buckley. Aunque Citizens United parece hacer

eco de los sentimientos liberales asociados con Buckley, su efecto puede tener mayor alcance. Como lo

señala el Profesor Hase, la Corte en Citizens United tomó una visión más limitada de corrupción, lo que

excluye al “congraciamiento y la aceptación”. (Hasen, 2010) Esto parece restringir la corrupción a arreglos a

cambio de algo entre el candidato y el donante, y excluye las influencias menos directas que el dinero

puede tener en un miembro del Congreso. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Circuito del

Distrito de Columbia también se basó en Citizens United para reglamentar que los límites de donación en

527 grupos independientes son anticonstitucionales, basándose en que las erogaciones independientes no

significan una amenaza para la corrupción (Speechnow.org v FEC). La Corte declaró que después de Citizens

United los argumentos acerca de que los gastos independientes pueden llevar a un acceso preferencial “no

tienen mérito alguno”. Por ende, no sólo se eliminó el amplio sentido de corrupción en Austin, sino que la

definición de corrupción legislativa articulada en Buckley parece haberse contraído. Por lo tanto, Hasen

especula si el caso Citizens United pueda dirigirse hacia el desafío de los antiguos límites en las donaciones

para candidatos y una posible anulación de Buckley (Hasen, 2010).

Las tendencias en la jurisprudencia de los Estados Unidos y el fallo en el caso Citizens United proporcionan

un número de puntos de contraste con la regulación de las elecciones en el Reino Unido. En las siguientes

secciones, la discusión se centrará en:

• Las justificaciones para reglamentar el financiamiento político y el marco para las regulaciones de

financiamientos de campaña

• El papel de las compañías en las campañas electorales

• La posición de los medios de comunicación

• La línea entre la actividad y la expresión política en general.

2. Las justificaciones para reglamentar el financiamiento político y el marco para las regulaciones

de financiamientos de campaña

Al igual que la jurisprudencia en los Estados Unidos, en Gran Bretaña la prevención de la corrupción (y la

apariencia de corrupción) es aceptada como una meta legítima para regular la expresión electoral. La

definición precisa de corrupción en este contexto no ha sido definida por los tribunales y no se restringe a

arreglos abiertos de algo a cambio de algo. De manera más significativa, tanto los tribunales británicos

como los europeos aceptan que la igualdad y la necesidad para proteger la integridad del proceso político

son bases legítimas para restingir los derechos a la libertad de expresión (Bowman v UK). Mientras que el

Ministro Kennedy en Citizens United rechazó los razonamientos “anti-distorsión”, la Baronesa Hale, en el

tribunal superior de apelación del Reino Unido, mantuvo una medida basándose en que los gastos

políticos en publicidad “ arriesgan en gran medida ya que distorsionan el debate en favor de los ricos”

(Animal Defenders International [51]). Como resultado, los tribunales británicos y los abogados no tienen

que involucrarse en los debates relacionados con el significado de corrupción y sobre si este significado se

extiende a una forma más amplia de “corrupción electoral” articulada en Austin. La protección de un

proceso democrático justo y equitativo permanece como una justificación de su propio derecho y no es

parásito del argumento de corrupción. De este modo el enfoque británico elude uno de los asuntos que

fueron causantes de la gran tensión entre las dos líneas de autoridad en los Estados Unidos.

La dificultad con este enfoque es en decidir de manera exacta a qué se refiere la igualdad o un proceso

justo. Como se muestra más adelante, los límites de gastos existentes en las elecciones británicas están

primeramente encaminados a reducir las desigualdades entre los candidatos y los partidos. En contraste,

la prohibición sobre publicidad política en los medios de transmisión ha sido justificada en términos de

proteger al público y asegurar la igualdad entre los diversos oradores políticos (no sólo los partidos y los

candidatos). Mientras que los tribunales tienen la intención de aceptar los razonamientos de igualdad,

aún existen preguntas sobre entre quienes se está asegurando la equidad (Ringhand, 2002). En mi

publicación reciente, Democracy Distorted, propongo el argumento de que un estándar de “igualdad

política sustantiva” debe ser una fuerza impulsora en este rubro. El principio básico que subyace a la

igualdad política sustantiva es que cada ciudadano debe tener una oportunidad igual para influir en la

toma de decisiones democrática, y que la oportunidad para participar no sólo dependa de la riqueza de

los individuos. Este es un estándar demandante y, si va a tomarse en serio, es necesario realizar algunos

cambios al sistema de financiamiento político en el Reino Unido. En particular, las donaciones políticas

necesitan estar bajo un control mayor, deben imponerse mayores limitaciones a las campañas y debe

dirigirse la posición de los medios de comunicación.

A diferencia de los Estados Unidos y Canadá, tanto en el Reino Unido como en Europa existe

relativamente escasa jurisprudencia. Sólo un puñado de decisiones ha examinado la regulación del dinero

en el proceso político en relación con la libertad de expresión. Como resultado, la jurisprudencia de la

Convención Europea sobre Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés) está relativamente sub

desarrollada. Para explicar el enfoque británico sobre el financiamiento de campañas y la comunicación

política, será necesario hacer un perfil de las leyes y reglamentos. Esto comenzará al mirar los controles

sobre financiamientos en elecciones y posteriormente se cubrirá a las compañías y los medios de

comunicación.

3. Financiamiento de las elecciones británicas

i. Límites de gastos

El Reino Unido desde hace mucho tiempo ha impuesto límites a las cantidades que pueden gastarse en una

elección. Los primeros controles se impusieron en 1883, mediante los cuales se limitó la cantidad que un

individuo puede gastar en su campaña electoral. Estos controles iniciales se impusieron como una

respuesta a las preocupaciones relativas a la corrupción electoral y al soborno de los votantes en la época

victoriana. Sin embargo, estos controles fueron interpretados para aplicarse sólo al gasto de los candidatos

individuales y no a los partidos políticos (R v Tronoh Mines). Como resultado, en el transcurso del siglo XX

se volvió aparente que estos controles no eran efectivos para limitar el gasto en elecciones. Las campañas

electorales se han centralizado cada vez más en los partidos políticos nacionales que son los que gastan

más dinero. Después de la elección del Gobierno Laborista en 1997, el Comité sobre Estándares en Vida

Pública (el Comité Neill) abordó las inquietudes sobre el costo de las elecciones y recomendó un número

de reformas importantes. La mayoría de estas recomendaciones se promulgaron en la Ley de Partidos

Políticos, Elecciones y Referendos del año 2000, las dos recomendaciones más importantes para el

propósito del presente trabajo son: el límite sobre la cantidad que puede erogarse por los partidos políticos

(así como por los candidatos) en una elección, la obligatoriedad de revelar las donaciones para los partidos

políticos por encima de cierto umbral.

Se pensó que los límites de gastos de los partidos políticos eran necesarios para estabilizar un marco

regulatorio con las realidades de la práctica política en Gran Bretaña, en la que los partidos son la

organización dominante para las campañas. Los razonamientos para la reforma propuesta por el Comité

Neill fueron que era necesario un límite de gastos para evitar una “carrera armamentística” entre los

principales partidos políticos, en la que cada uno sentiría la presión para reunir donativos para mantenerse

al parejo del otro. El Comité pensó que los grandes gastos también pueden crear una percepción de las

elecciones fueron “compradas. (Neill, 1998 inciso 3.45) De ese modo, el régimen de gastos tiene el objetivo

de reducir las desigualdades entre los partidos políticos en el proceso electoral. Lo anterior no asegura que

los partidos políticos realmente tengan los recursos para participar en una elección y no proporciona a los

ciudadanos una oportunidad igual para influir en una elección. El límite sólo controla hasta qué punto un

partido puede gastar más que el otro. Asimismo, se pensó un límite en los gastos para limitar la demanda

de dinero y de ese modo evitar que los partidos dependieran de donaciones grandes. En la década

posterior a la promulgación de la ley, la legislación no ha cumplido con sus metas, para explicar el motivo

es necesario delinear el funcionamiento del sistema.

Existen dos niveles de control de gastos en las elecciones británicas. El primero es el límite impuesto en los

partidos políticos nacionales en los 12 meses previos a una elección para el Parlamento de Westminster.

Este límite varía de acuerdo al número de candidatos que el partido está postulando para la elección, En la

elección de 2010, un partido político con candidatos postulados en los 632 distritos electorales de Gran

Bretaña estuvo sujeto a un límite global de gastos de 18.96 millones de libras a nivel nacional durante los

12 meses anteriores a las elecciones. Además de los límites sobre los partidos políticos, un segundo nivel

separado de límites de gastos se aplica a los candidatos individuales; sin embargo, estos límites se imponen

por un período más corto. Una vez que se llama a elecciones (normalmente un mes antes del día de la

votación) los candidatos solo pueden gastar £7,150 más 5 o 7 peniques adicionales por elector en su

distrito electoral. Durante los cinco meses anteriores a que se llame a elecciones los candidatos están

sujetos a un límite de gasto adicional de £25,000 más 5 o 7 peniques por elector en su distrito electoral.

El sistema de dos niveles de controles de gastos separados para candidatos y partidos puede ser confuso;

por ejemplo, si se gasta dinero en un cartel que tiene el nombre de un candidato y de un partido político,

¿bajo qué límite cae el gasto? Por lo normal, los costos de dicho material se dividirían de manera que mitad

del costo esté registrado bajo el límite de gastos del partido y la otra mitad quede sujeta al límite del

candidato, esto significa que mientras los límites de gasto del candidato se establecen a niveles

relativamente bajos, las prácticas tales como la división de costos permiten que mayores cantidades se

gasten a nivel local sin incumplir las regulaciones. Algunas investigaciones recientes también han sugerido

que el sistema es demasiado laxo al permitir la separación de costos y que se abusó de dicho sistema en la

elección general de 2010 (Channel Four News, 2010).

Si se esperaba que los límites de campaña disminuyeran la demanda de dinero, parece que las reformas

han fallado. Las partes y los candidatos se mantienen bajo una presión considerable para recaudar dinero y

con frecuencia reciben donaciones muy grandes. Una razón es que algunos consideran que los límites de

gasto son demasiado altos (Ewing, 2007, p. 233). Los partidos aún tienen dificultades para recaudar los 19

millones de libras antes de la elección junto con todo el dinero necesario para las campañas de los

candidatos; por ello, algunos han llamado a que se reduzca el límite nacional de gastos a £15 millones. Un

factor más importante es que los límites de gasto solo se aplican a los gastos de campaña lo cual cubre

ciertas categorías de costos; sin embargo, no se aplica a los gastos administrativos cotidianos en los que

incurre el partido; en consecuencia, los partidos siempre requerirán recursos para actividades no

electorales; además, los niveles de gasto aplican para los 12 meses anteriores a una elección, por lo

anterior, las cantidades que gastan los partidos en años no electorales no tiene límite aunque podría tener

límite en cuanto al efecto a largo plazo en el éxito electoral del partido. Como resultado, la demanda de

dinero aún sigue siendo lo suficientemente alta como para que los partidos dependan de donadores

importantes. Finalmente, en la elección más reciente, los límites de gasto hicieron poco para reducir las

inequidades entre los principales partidos políticos. En 2010, el Partido Conservador tuvo una ventaja

considerable en el gasto, mientras el Partido Laborista luchó para recaudar los fondos que le permitieran

montar una campaña (Fisher, 2010). Aún con los límites de gasto pueden surgir inequidades considerables

entre los partidos.

Estas cuestiones han llevado a un llamado por más reformas; por ejemplo, algunos han argumentado que

los límites de gasto deben imponerse a los partidos políticos durante años no electorales y que se debe

aplicar a todos los gastos en los que incurra un partido político. Lo anterior sería una extensión significativa

en la ley y representaría que se considera a los partidos políticos principalmente como máquinas de hacer

campañas electorales. El que dichas reformas siquiera sean consideradas muestra cómo el Reino Unido

está dispuesto a regular el dinero para la política fuera del contexto de una elección inmediata. El principio

de “excepcionalismo electoral” (que se comenta más adelante), prominente en los escritos al respecto en

Estados Unidos, aún no ha echado raíces fuertes en el Reino Unido.

Las restricciones en el gasto también se imponen a terceros (organizaciones e individuos independientes

que no están vinculados a ningún partido o candidato pero que buscan participar en las campañas

electorales. Si un tercero desea gastar más de £10,000 en Inglaterra o £5,000 en Gales, Escocia o Irlanda

del Norte, debe registrarse con la Comisión Electoral. Una vez registrado, el tercero está sujeto a un límite

general de gasto de £793,000 en Inglaterra, £108,000 en Escocia, £60,000 en Gales y £27,000 en Irlanda del

Norte. El límite se aplica al “material electoral” el cual es material “que razonablemente se puede

considerar que su intención tiene el objeto de promover u obtener el éxito electoral” o “mejorar la

posición” de un partido político en una elección o de partidos y candidatos que “defienden (o no

defienden) políticas en particular”. Para contar como “material electoral” el tercero no tiene que participar

en un apoyo expreso hacia un candidato o partido en particular. De acuerdo con las pautas publicadas por

la Comisión Electoral, el material que se utiliza en las campañas durante el período de elecciones para

promover una política en particular que resulte estar relacionada con un partido político en particular

contará como “material electoral”. De nuevo, esta interpretación subraya la amplitud de las regulaciones y

la tendencia hacia una visión extensa de lo que se puede considerar “electoral” en comparación con la

expresión política en general. La presencia de tales restricciones muestra que el Reino Unido no sólo va

más allá de cualquier cosa que se podría permitir en los EU después del fallo en Citizens United, sino que

también va más allá de la legislación que se sostuvo bajo las normas más permisivas en Austin y McConnell.

A pesar de la amplitud de estas definiciones, hay relativamente poca actividad registrada por ambas partes.

Las estadísticas de la Comisión Electoral muestran que en la elección general de 2010 sólo se registró a 16

terceros que estaban gastando dinero en “material electoral”. Estos grupos consistían en sindicatos

gremiales y grupos de interés. El mayor gasto era por parte de IFAW in Action quienes gastaron £206,634

(muy por debajo del límite en general para terceros); sin embargo, esto podría no darnos una imagen

completa de la actividad de terceros. Algunos grupos pueden participar en expresiones políticas

significativas durante una elección pero la cual no obstante cae fuera de la definición de “material

electoral”. Lo anterior puede incluir el trabajo de centros de pensamiento los cuales son independientes

de los partidos políticos pero que proporcionan experiencia e investigación, trabajo que proporciona un

campo de pruebas para las ideas de un partido y que puede servir como apoyo para las políticas existentes;

además, varios centros de pensamiento también reciben respaldo financiero de quienes hacen las mayores

donaciones a los partidos políticos, con lo cual se cuestiona la independencia. A pesar de este trabajo, la

mayor parte de los centros de pensamiento más prominentes no aparecen en la lista del registro de

terceros.

Otra razón para el bajo nivel de actividades registradas de terceros podría ser que muchas personas que

hacen campaña no cubren con el nivel mínimo necesario; por ejemplo, si se forma un grupo de interés

principalmente para investigaciones no electorales o no partidistas pero que se involucra en un apoyo

limitado a una candidatura en una elección, entonces el costo de producir la expresión electoral puede ser

relativamente pequeño. La mayor parte de los costos administrativos relacionados con dicho material

quizá ya se hayan absorbido en la producción de la expresión no electoral del organismo; como resultado,

es posible que no se halla llegado el umbral a partir del cual se solicita el registro. A pesar de los controles

que aparentemente son de largo alcance, la legislación puede restringir en la práctica menos actividades de

lo que se espera.

Dadas las numerosas impugnaciones jurídicas que se han hecho en contra de regulaciones equivalentes en

EU y Canadá, se podría pensar que los controles en el Reino Unido estarían sujetos también a

impugnaciones judiciales. La Ley de Derechos Humanos de 1998, la cual ahora proporciona protección

jurídica al derecho a la libertad de expresión, es una que podría pensarse que hace más posibles dichas

impugnaciones; sin embargo, estas no han procedido y el principal precedente es un fallo de la Corte

Europea de Derechos Humanos anterior a la entrada en vigor de la Ley de Partidos Políticos, Elecciones y

Referendos (PPERA). En el caso de Bowman v UK (1998), el solicitante, director de un grupo que hacía

campaña en contra del derecho al aborto, buscaba distribuir un panfleto que mostraba la posición respecto

al aborto de todos los candidatos en un distrito electoral. Se encontró que el solicitante estaba excediendo

los límites de gasto de terceros (en relación con campañas concernientes a candidatos particulares) que en

1992 era de £5 durante el período de elecciones. La Corte Europea de Derechos Humanos aceptó que el

límite servía a un fin legítimo al promover la igualdad entre los candidatos de manera que un candidato no

pudiera conseguir una ventaja al tener patrocinadores adinerados que apoyaran financieramente una

campaña independiente; no obstante, la Corte concluyó que el límite era una violación al derecho a la

libertad de expresión ya que un tope de £5 en la práctica impedía a terceros producir cualquier material

relacionado con los candidatos; en palabras de la Corte, la medida era desproporcionada ya que “para todo

fin práctico funcionaba como una barrera total en contra de que la Sra. Bowman publicara información con

el objeto de influir en los votantes”.

Después del fallo hubo algo de especulación respecto a que la postura de la Corte Europea podía hacer a la

legislación Británica vulnerable a impugnaciones; sin embargo, lo que defiende el fallo es el principio de

que no se pueden usar los límites para prohibir toda forma de expresión durante un período de elecciones.

Siempre y cuando los límites permitan un nivel suficiente de expresión, los topes de gasto serán una

medida adecuada; desde luego, lo anterior hace surgir la difícil pregunta de qué nivel de gasto permite una

cantidad “suficiente” de expresión. La corte no proporcionó ninguna pauta al respecto y la cuestión no ha

sido puesta a prueba desde entonces. Dado que los límites actuales sobre los partidos y los candidatos

permiten un nivel significativo de actividades de campaña, parece probable que ambos sobrevivan una

impugnación jurídica. En su lectura, Bowman apoyará únicamente aquellas impugnaciones a los límites de

campaña más estrictos; por tanto, enfoque que han tomado las cortes en Gran Bretaña y Europa contrasta

con el de EU en el grado en que a los tribunales les preocupe menos asegurar la cantidad máxima de

expresión en todas las circunstancias; por el contrario, la Corte Europea trata la cantidad de expresión

como un factor importante, pero un factor que se debe considerar en conjunto con otros valores

democráticos. En consecuencia, las limitaciones sobre la cantidad de expresión pueden permitirse en el

marco de la Convención Europea para los Derechos Humanos en el sentido de que son necesarias para

conservar la integridad del proceso democrático.

ii. Lecturas políticas

La Ley de Partidos Políticos, Elecciones y Referendos también introdujo nuevas regulaciones para las

donaciones políticas; primero impuso una restricción respecto a quiénes pueden hacer donaciones a

partidos políticos, los individuos solo pueden hacer donaciones si la persona en cuestión se encuentra en el

padrón electoral con lo cual en la práctica se prohíben donaciones del extranjero. La ley también permite

donaciones provenientes de varias instituciones, las compañías pueden donar siempre y cuando estén

constituidas en la UE y lleven a cabo sus negocios en el Reino Unido. Los sindicatos gremiales pueden

donar dinero al igual que las asociaciones no constituidas que desempeñen sus actividades y tengan su

sede principal en el Reino Unido.

El cambio más grande en relación con las donaciones son los requisitos de divulgación de información. Las

donaciones a partidos políticos por más de £7,500 (o £1,500 si se dan a una organización partidista local)

deben reportarse a la Comisión Electoral y los detalles se hacen públicos en la página de internet de la

misma. El razonamiento detrás de esta medida era que la transparencia restauraría la confianza del público

en el sistema ya que las personas podrían ver por sí mismas de dónde provenía el dinero de los partidos y

que la exposición pública desalentaría a los dirigentes políticos de hacer tratos clandestinos con donadores

importantes. Si se esperaba que las medidas restauraran un sentimiento de confianza, entonces fallaron; el

conocimiento que el público adquirió sobre la financiación a los partidos ha alimentado las especulaciones

de que se otorgan favores a cambio de donaciones; si un individuo o una compañía hacen una donación

grande, las personas naturalmente comenzarán a pensar en los compromisos adquiridos y en la manera en

que los donadores podrían beneficiarse de ciertas decisiones gubernamentales. Lo anterior no es

necesariamente una falla en la legislación sino que podría ser una señal de una democracia saludable.

Aunque muchos que han comentado al respecto lamentan que se incremente el cinismo en la política, lo

anterior es cuando menos preferible a una cultura política en la que se mantenga al público conforme y sin

hacer preguntas debido a su ignorancia.

La marea del cinismo ha recibido la afluencia de diversos escándalos y controversias que se siguen

suscitando en relación con las donaciones políticas, la más notable es la controversia de “loans for

honours” (dinero a cambio de nombramientos) en la que se encontró que una serie de individuos que

habían donado o prestado dinero al Partido Laborista habían sido nominados a nombramientos. Otra

controversia reveló la evasión del régimen de divulgación de información por parte de un donador que

contribuyó con dinero mediante intermediarios. El que fluyan escándalos no señala necesariamente una

disminución de los estándares en la vida pública sino que podría reflejar un incremento en las

expectativas, ahora los políticos tienen más reglas con las cuales cumplir y en potencia hay mas leyes que

podrían romper. Antes de que se promulgara la PPERA, el público sabía poco respecto a los arreglos de

financiación del partido y había pocas disposiciones jurídicas que regularan al sistema. Dado el incremento

en la regulación era por completo esperable que las personas pudieran afirmar que algo estaba mal, o que

se había violado una disposición con mayor frecuencia.

Una ausencia notable en el régimen regulatorio es que no hay límite en la cantidad con la que cualquier

individuo u organización puede contribuir a un partido político; en este sentido, el sistema británico

proporciona una mayor libertad para que el dinero se use en la política que los enfoques estadounidense o

canadiense. Por consecuencia, los partidos políticos en Gran Bretaña normalmente reciben donaciones que

superan el millón de libras y que provienen de individuos adinerados y sindicatos gremiales. Por ejemplo,

en abril de 2010 Lakshmi Mittal hizo una sola donación de un millón de libras al Partido Laborista, y

durante el 2010, la compañía JCB Research hizo una serie de donaciones que superaban el millón de libras

al Partido Conservador. Con frecuencia la justificación a un tope en las donaciones se explica desde la

perspectiva de cómo evitar la corrupción. Limitar la cantidad de dinero que puede donar un individuo

significa un límite de los recursos que se pueden emplear para asegurar favores políticos; sin embargo, en

Democracy Distorted (La democracia distorsionada), argumento que es defendible limitar las donaciones

con base el principio de la igualdad política. Al hacer una donación, una persona no solo expresa el apoyo

hacia un partido sino que ayuda a decidir qué partidos tendrán los recursos para hacer campaña; también

de ese modo puede dar a los donadores un mayor acceso a un político y los partidos políticos pueden

responder más a quienes proporcionan fondos. Por tanto, una donación es un acto importante de

participación. Al permitir que dichos niveles diferentes de participación se determinen con base en los

recursos económicos de cada persona, un sistema sin un tope en las donaciones socava el valor de la

igualdad política.

En la actualidad, el Gobierno de la Coalición Demócrata/Conservadora Liberal está comprometido a buscar

un acuerdo respecto a los topes de donaciones; no obstante, las propuestas son por un límite de donación

de aproximadamente £50,000 anuales. Aunque lo anterior eliminaría a los donadores millonarios

sumamente ricos en realidad no haría mucho para hacer al sistema más igualitario, los muy ricos aún

podrían ser capaces de participar más donando £50,000 anuales que que quienes ganan un sueldo

promedio y podrían donar apenas una pequeña fracción de dicha suma. También sería ineficaz para dar un

viraje a las percepciones respecto a la corrupción. Aunque una donación de £50,000 podría no ser

suficiente para persuadir a un partido de hacer algún gran cambio en las políticas, aún así podría llevar a

especulaciones de que se están asegurando favores más pequeños; por ejemplo, las personas aún se

preguntarán si una donación de £50,000 ayudó a asegurar el otorgamiento de contratos de gobierno y la

toma decisiones de planeación favorables.

También hay dificultades prácticas con los topes a las donaciones. Dada la dependencia actual de los

partidos en las donaciones grandes, hasta un límite bastante generoso podría producir un corte en el

suministro de fondos. Aunque lo anterior podría subsanarse mediante cambios en las estrategias de

obtención de fondos de los partidos, es probable que pudiera llevar a una escasez de recursos para los

mismos, cuando menos a corto plazo. Una segunda dificultad tiene que ver con los problemas de las

donaciones institucionales, en particular en caso de que los sindicatos gremiales estuvieran sujetos al límite

en las donaciones (Rowbottom, 2010); dado que los sindicatos han sido la principal fuente apoyo

económico del Partido Laborista, un tope uniforme sobre todas las donaciones políticas tendría en ese

partido un efecto mayor que en cualquier otro. Las razones anteriores han demostrado ser las principales

barreras para la reforma del sistema actual de financiación partidista y aún está por verse si se las podrá

superar en los debates tocantes a las propuestas actuales de reforma.

4. Compañías

Un segundo tema relevante en Citizens United tenía que ver con los reglamentos en las actividades

políticas de las compañías. El fallo en Citizens United se relacionaba con una restricción en las

comunicaciones electoralistas de las corporaciones. La prohibición no silenció a las corporaciones, pero la

difusión en las elecciones no se podía pagar de las tesorerías generales de las compañías; en cambio,

dichos gastos tenían que provenir de un fondo separado, el comité de acción política (PAC). Además de esa

restricción específica, en EU habían existido desde hacía mucho restricciones que evitaban que las

compañías y los sindicatos hicieran donaciones a los candidatos que provinieran directamente de las

tesorerías generales.

Existen varias justificaciones para dichas medidas especiales aplicadas a las compañías; primero bajo el

razonamiento “anti-distorsión” de Austin, el requisito de un fondo político separado aseguraba que el

poder adquisitivo del PAC guardaba una proporción aproximada con el número de personas que hacían

pagos a dicho fondo. En segundo lugar, dado que las corporaciones reciben una serie de beneficios por

parte del estado, los controles en el gasto político ayudan a evitar que dichos beneficios se usen para

obtener una mayor voz política que la de otros grupos o individuos. En tercer lugar, la regulación de las

actividades corporativas protege a los accionistas para asegurar que los recursos de las corporaciones no se

usen en maneras que serían objetables a los accionistas o que no favorezcan los intereses de la compañía.

En cuarto lugar, dado que su objetivo principal es maximizar las utilidades, el incentivo principal de una

compañía con fines de lucro para participar en la actividad política es buscar cierta ganancia proveniente

del político electo, en lugar de expresar apoyo por las ideas de un candidato (Juez Stevens, disintiendo en

Citizens United, p. 64). Desde ese punto de vista, las actividades corporativas representan un mayor riesgo

de una influencia indebida sobre la legislatura.

En quinto lugar, los defensores de las regulaciones argumentan que las compañías no son participantes

dentro del proceso político y no tienen interés en expresarse dentro del debate político. Aunque que se

considera que una compañía es una persona jurídica, ésta no tiene derecho a votar. El Juez Stevens, se

expresó en el sentido de estas líneas al disentir en Citizens United ya que argumentaba que a quienes

hicieron el marco de la constitución estadounidense les preocupaban los derechos de expresión de los

individuos en lugar de los de las compañías y después agregó que “las corporaciones no tienen

consciencias, ni creencias, ni sentimientos, ni pensamientos, ni deseos” (Citizens United, p.76). Esto

devuelve a la pregunta de si las compañías deben o no tener derechos de expresión. En este sentido, el

Profesor Baker ha argumentado que la expresión de las corporaciones con fines de lucro, cuya motivación

es maximizar las ganancias, no es verdaderamente autónoma y por ello no debería considerarse cubierta

bajo (su interpretación de) la Primera Enmienda (Baker 1989).

En Citizens United, la Corte invalidó la restricción a la actividad electoral independiente por parte de las

corporaciones y rechazó muchos de los argumentos antes mencionados. En particular, la Corte concluyó

que las corporaciones detentan derechos de libertad de expresión y consideraba que tales derechos no

deberían restringirse sencillamente debido a la identidad del orador. La Corte también rechazó el

argumento de la protección a los accionistas con base en que los accionistas ya recibían protección por el

mal uso de los fondos en los “procedimientos de democracia corporativa” (p.46). Además, la Corte

concluyó que los beneficios a las compañías tales como la responsabilidad limitada no justifican una

restricción a los derechos de la Primera Enmienda. Citizens United da considerable libertad a las

corporaciones para gastar en las elecciones de una manera que no habría sido permisible en ciclos

anteriores, la decisión no solo retira los controles de la BCRA sino que también retira los controles

anteriores que evitaban que las corporaciones participaran en la defensa expresa de campañas. Se

esperaba que lo anterior se reflejara en un incremento de los gastos independientes en las elecciones a

mitad de periodo; no obstante, aún hay algunos controles sobre la actividad corporativa tales como la

prohibición de donaciones a candidatos políticos. Esto contrasta con la posición en el Reino Unido en las

que compañías siempre tuvieron suficiente libertad para participar en las elecciones.

En el Reino Unido, las compañías son libres de incurrir en gastos políticos y de hacer donaciones a partidos

políticos provenientes de sus fondos generales. Los límites a esta facultad son bastante reducidos. Los

gastos políticos en los que incurra una compañías deben estar autorizadas por una “resolución de los

miembros de la compañía” (Ley de Sociedades 2006, Art. 366). Esta autorización no especifica a qué

partido político o causa se dará el dinero, sencillamente autoriza a que los directores de la compañía

eroguen el dinero para la política de una manera que sirva a los intereses de la compañía; las otras

salvaguardas principales son las obligaciones que se imponen a los directores de las compañías; por

ejemplo, al decidir gastar los recursos de la compañía, los directores deben actuar de buena fe de una

manera que promueva el éxito de la compañía para beneficio de la totalidad de sus miembros (Ley de

Sociedades 2006, Art. 172). La protección primaria a los accionistas se da mediante los procedimientos

ordinarios de la ley de sociedades, esto le da cada accionista un control limitado y en 1998, el Comité Neil

concluyó que cualquier accionista que se oponga a una donación en particular “no tiene otro recurso más

que la venta de sus acciones” (Reporte Neill, [6.35]).

La libertad que se otorga a las compañías no ha llevado a la proliferación de campañas corporativas

independientes tal como se temía en EU de acuerdo con Citizens United. Los partidos no dependen de las

compañías como financiadoras tanto como los individuos o los sindicatos gremiales. Se piensa que la

mayoría de las compañías preferirían evitar el potencial de publicidad negativa provocado por financiar a

un partido político; sin embargo, esta conducta podría cambiar en el futuro y no estaría restringida por la

ley. Aún con la actividad relativamente limitada de la actualidad, los livianos controles impuestos sobre las

compañías producen lagunas importantes en la ley de financiamiento de campañas en Gran Bretaña. Por

ejemplo, si un individuo no está en el padrón electoral y por lo tanto no tiene permitido donar dinero como

individuo, una compañía que sea propiedad de dicha persona sí puede donar dinero a un partido siempre y

cuando esté constituida en la Unión Europea y haga negocios en el Reino Unido. Por lo anterior, las

compañías constituyen un vehículo para las donaciones extranjeras. Una compañía propiedad de Michael

Brown dio £$2.4 millones a los Liberales Demócratas a pesar del hecho de que Brown no se encontraba en

el registro electoral y no podía donar dinero como individuo. También existe el peligro de que se pudieran

montar compañías como organizaciones de fachada para estos fines. En el pasado se han dado alegatos de

este tipo, pero son difíciles de demostrar. Cuando se les investiga, la Comisión Electoral debe considerar si

la compañía está llevando a cabo algún negocio y si lo está haciendo dentro del Reino Unido. Los fallos que

ha emitido la Comisión Electoral sugieren que hay un umbral bastante bajo para que la compañía lo

cumpla, y la Comisión considerará la ubicación de las instalaciones y a los empleados además de verificar si

hay pruebas de actividad empresarial (Comisión Electoral, 2009 y 2010).

Las donaciones de compañías también presenten dificultades de transparencia. Si una donación se reporta

a la Comisión Electoral como proveniente de una compañía en particular, sin investigar más a fondo la

gente no sabrá quién se encuentra detrás de esa compañía y no se podría saber de dónde obtiene sus

ingresos la misma. Las donaciones de compañías pueden proporcionar un método para ocultar la fuente de

los fondos. Es posible que surjan más problemas si se implementa un tope en las donaciones políticas. Sin

algunas restricciones para las compañías, los individuos que poseen o controlan una compañía podrían

donar como individuos así como a través de la compañía y dichas personas tendrían el doble de recursos

para fines políticos de lo que tienen a su disposición otros individuos.

Al otorgar una libertad considerable a las compañías, el Reino Unido ha dejado pasar de largo muchas de

las preguntas difíciles que surgen en el contexto de los Estados Unidos. No ha habido duda respecto al

derecho a la libertad de expresión de las compañías, ya que la ley del RU le da a las compañías la misma

libertad de hablar y gastar que se concede a los individuos. Las compañías no tienen que organizarse en

comités de acción política para gastar ya que pueden gastar directamente de sus tesorerías generales; sin

embargo, tal estado de cosas no es satisfactorio y deja espacio para que se evada el espíritu de la ley;

como resultado, es necesario que se reconsidere la posición jurídica de las compañías junto con otras

instituciones. Aunque el modelo de los Estados Unidos también presentan lagunas, un avance hacia el

modelo del comité de acción política en el que las compañías no pueden donar de sus tesorerías generales

sería una mejora al sistema actual (Rowbottom, 2011).

5. Los medios

Otro tema importante que surge de Citizens United se relaciona con los medios. Bajo la BCRA de Estados

Unidos, los reportajes noticiosos y los comentarios por parte de corporaciones de medios durante una

campaña electoral estaban exentos de las comunicaciones corporativas en elecciones. Dicha exención se

podría considerar una disposición discriminatoria ya que distingue a un tipo de corporación para darle trato

preferencial. Tomando esta postura en su disensión en Austin, el Juez Kennedy argumentó que no hay

“distinción significativa” entre las corporaciones de medios y otras compañías (712-713).

Bajo este argumento, una corporación que por casualidad sea propietaria de un diario podría defender que

se eligiera un candidato inmediatamente antes de una elección mientras que las compañías que no tienen

injerencia en los medios no podrían hacerlo. La falta de una distinción significativa también fue usada por

los críticos de Austin como un argumento respecto a que podría ser un cambio relativamente pequeño que

podría provocar algo de mayores consecuencias diciendo que el razonamiento “anti distorsión” podría

emplearse para restringir la libertad de prensa. Dicho argumento afirma que ya que las corporaciones de

medios pueden influir en las elecciones (y generar deudas políticas al proporcionar una cobertura

favorable), la justificación para los límites de la actividad corporativa podría aplicarse a los medios. En su

disensión en el caso McConnell, el Juez Thomas explicó esta amenaza:

En cuanto a los ‘efectos corrosivos y distorsionadores' de la riqueza acumulada por las corporaciones

que tiene ‘poca o ninguna correlación con el apoyo del público para las ideas políticas de la

corporación’ […] no hay distinción entre una corporación de medios y una de otro tipo. Las

corporaciones de medios tienen influencia, se puede dudar poco de que los editoriales los

comentarios que hagan pueden afectar las elecciones, tampoco se duda que las compañías de

medios con frecuencia desean influir en ellas. Se podría pensar que el New York Times tiene la

ferviente esperanza de que su respaldo a los candidatos presidenciales influirá en realidad sobre las

personas. ¿Qué es lo que detendrá a que en el futuro el congreso determine que la prensa es

“demasiado influyente” y que la “apariencia de corrupción” es significativa cuando las

organizaciones de medios respalden candidatos o emitan noticias “parciales” o “sesgadas” a favor de

candidatos o partidos? O aún más sencillo, ¿qué es lo que impedirá que en el futuro, un congreso

concluya que la disponibilidad de corporaciones de medios sin regular crea una laguna que permita

una evasión fácil de las limitaciones de las leyes actuales de financiamiento de campañas? (283-284).

En este sentido el Juez Kennedy advirtió que el razonamiento anti-distorsión de Austin “produciría la

consecuencia peligrosa e inaceptable de que el Congreso pudiera prohibir la expresión política a las

corporaciones de medios” (p. 35). De acuerdo con el Juez Kennedy, no hay precedente para lo anterior

bajo la Primera Enmienda.

Tal como se esbozará más adelante, en el Reino Unido ya hay una disposición similar que exenta a los

periódicos y las emisoras de los controles de financiamiento de los partidos; por lo tanto, los medios

masivos disfrutan de una posición privilegiada aunque los medios difusores están sujetos a regulaciones

respecto a su cobertura política con lo cual se intenta reducir el nivel de privilegio y tratar con algunas

inquietudes respecto a la influencia de los medios. Así pues, el enfoque británico podría confirmar los

peores temores de los Jueces Kennedy y Thomes. Algunas de las regulaciones Británicas no sobrevivirían a

un escrutinio bajo la Primera Enmienda, señalando que la diferencia en el abordaje a la libertad de prensa

bajo el Artículo 10 de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos. Para explicar mejor estas

cuestiones, el resto de la sección considerará las posiciones respectivas de los medios de difusión, los

medios impresos y el internet.

i. Los medios de difusión

Los medios de difusión están sujetos a restricciones especiales en lo relacionado al contenido político no

solo durante las elecciones sino en todo momento. Las dos restricciones principales que se deben

considerar aquí son la prohibición a publicidad política en la radio y la televisión y las reglas de

imparcialidad.

Publicidad política

La publicidad política comprada de manera comercial está prohibida en todos los medios de difusión en

todo momento. Dichos anuncios jamás han estado permitidos en los medios de difusión británicos. El

anterior es un factor importante para mantener abajo el costo de la política ya que los partidos políticos y

los grupos independientes no tienen que gastar dinero en tiempo aire, lo cual ha sido un costo

predominante en los Estados Unidos. La prohibición está redactada de manera general y se aplica a los

anuncios que tienen un mensaje político o a grupos cuyos objetivos son principalmente de naturaleza

política. Por consiguiente, a un grupo de apoyo político no se le permitiría hacer anuncios en la televisión

aún si su mensaje no es de naturaleza política (por ejemplo, vender camisetas). El término “político”

también se toma en sentido general por lo que se aplica más allá de los mensajes electorales. Bajo la Ley

de Comunicaciones de 2003, la definición de político incluye: “producir cambios de la ley en todo o parte

del Reino Unido o en otros lugares o que de influyan de otra manera en el proceso legislativo en cualquier

país o territorio”; “influir en las políticas y decisiones de gobiernos locales, regionales o nacionales, ya sea

en el Reino Unido u otros lugares”; “influir en las políticas o decisiones de personas a quienes están

conferidas funciones gracias o bajo tratados internacionales” e “influir en la opinión pública sobre una

cuestión que en el Reino Unido es una cuestión de controversia pública” (Ley de Comunicaciones, Art.

321[3]).

La prohibición en sí misma ha quedado sujeta a la controversia pública en los últimos años y muchos

académicos y críticos argumentan que viola la libertad de expresión (Barendt 2005, Scott, 2003). Aunque

bajo la Primera Enmienda en Estados Unidos habría poco debate antes de que se derogara una prohibición

de ese tipo, la postura bajo el Artículo 10 de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos es menos

clara. En esta cuestión hay una tensión entre el enfoque de la Corte Europea para los Derechos Humanos y

los tribunales del Reino Unido.

La cuestión surgió por primera vez ante la Corte Europea en VGT (Verein gegen Tierfabriken) v. Suiza

(2001), en el que una prohibición sobre publicidad política en los medios de difusión en suiza evitó que un

grupo en prode los derechos de los animales comprara tiempo aire en la televisión. La Corte Europea

concluyó que la prohibición era desproporcionada; para llegar a dicha conclusión, la corte subrayó la

importancia de la expresión política y la necesidad de un escrutinio intensificado cuando dicha expresión se

ve restringida. Aunque se reconoce que hay una necesidad importante para evitar que la expresión política

sea dominada por grupos adinerados, la Corte señaló que no había tal riesgo en el caso actual dado que el

grupo en pro de los derechos de los animales no era organización tan acaudalada. Finalmente, la corte hizo

énfasis en que la televisión era la única manera de llegar a un público nacional, así que los medios

alternativos no habrían tenido un alcance tan amplio. Esta conclusión se confirmó más recientemente en

TV Vest As y Rogaland Pensjonisparti v. Noruega (2008) aunque el caso concernía a un partido político

pequeño en lugar de a un grupo avocado a un solo tema. La Corte por tanto determinó en dos ocasiones

que una prohibición en la publicidad política es una interferencia desproporcionada con la libertad de

expresión.

La prohibición en Gran Bretaña aún tiene que pasar por la Corte Europea pero fue impugnada en la corte

superior de Gran Bretaña (entonces la Cámara de los Lores) en 2008. En el caso de Animal Defenders

International, un grupo en pro de los derechos de los animales deseaba comprar un anuncio de 30

segundos que resaltaba la crueldad contra los primates. Al igual que la Corte Europea, la Cámara de los

Lores aceptó que la prohibición servía a un fin legítimo al proteger la integridad del proceso democrático;

sin embargo, los jueces explicaron la naturaleza de este interés de maneras ligeramente diferentes. Lord

Bingham vio en la prohibición una protección para el público y explicó los peligros de la publicidad política

pagada de la siguiente manera:

“El riesgo es que cuestiones que son políticas en esencia puedan llegar a ser aceptadas por el público

no porque se muestre en el debate público que están en lo correcto sino que por efecto de la

repetición se ha condicionado al público a que los acepte. Una restricción en el ejercicio de la

libertad de expresión diseñada adecuadamente para proteger los derechos de otras partes debe

contar, a mi juicio, el derecho a ser protegido en contra de los posibles daños provocados por una

publicidad política parcial” [28].

El punto de vista de Baroness Hale es más cercano a la oportunidad igualitaria y racional para participar en el proceso político. Como ya se ha mencionado, estos argumentos basados, ya sea, en igualdad o distorsión no serán aceptados bajo la jurisprudencia de la Primera Enmienda.

Mientras la proscripción sea legítima; no es un problema central en este caso. Por lo contrario, el debate enfocado en la proscripción de toda la publicidad política fue una interferencia desproporcionada con la libertad de expresión. El grupo de interés buscaba argumentar que la proscripción podría ser llevada a cabo a través de medios alternativos menos restrictivos, como el limitarla a solo la incidencia política o discursos de partidos políticos. El argumento invita a la corte a adoptar un principio de “excepcionalísimo electoral”. Cuando esto ocurrió en la corte de primera instancia, la explicitad de Auld LJ rechazó la distinción entre la expresión política electoral y general:

“...no habría sido un principio o una distinción lógica el limitar la proscripción a los partidos políticos durante los periodos electorales. Mientras que su comienzo en los tiempos críticos para la democracia está en su mayor intensidad y mientras el uso controlado de los medios de comunicación masiva en estos tiempos pueden ser más poderosos y persuasivos que otras formas de comunicación, los accesos incontrolados y regulares de otros tiempos, para el propósito político publicitario es posible que, en un efecto acumulativo, sea tan poderoso y de gran influencia para el electorado en cualquier ámbito o asuntos políticos estrechos a los cuales van dirigidos. Si se abusa de los proponentes ricos de determinadas cuestiones, habría tanto un gran potencial de distorsión en el proceso democrático, como ningún control en absoluto.

Como señaló el Sr. Pannick, los grupos que no son partidos políticos, pero que tienes fines políticos de manera declarada podrían ser capaces de gastar grandes sumas de dinero en publicidad política en televisión y radio, ya sea durante o no en los periodos electorales, o en asuntos importantes, por ejemplo,

el aborto, el cambio climático, el matrimonio de homosexuales, inmigración o pertenencia a la UE o los términos de la misma. [80]

Por lo tanto las razones para la proscripción se extienden más allá del periodo electoral. Sin más discusión, la Casa de los Lores siguió esta posición y aceptó la propuesta del gobierno: sería difícil concebir una norma menos restrictiva sin abrir una puerta a la evasión. Otra parte importante del razonamiento de la corte fue que se debía de dar un peso considerable al fallo de la asamblea legislativa. Lord Bingham explicó que los “políticos sería sensitivos de manera peculiar a las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestra democracia” [33]. Teniendo esto en cuenta, como los políticos electos decidieron que la proscripción sería necesaria para preservar la integridad del proceso democrático y como los políticos tienen experiencia y pericia en dicho proceso, la corte deberá respetar esa evaluación legislativa. Lo anterior hace, una vez más, un fuerte contraste con la postura estadounidense, en la cual los actores políticos son tratados con recelo. La postura de Estados Unidos de América sugiere que en el momento cuando los políticos intenten regular el proceso político deberán repicar unas campanas de alarma, por temor a que el político arregle el sistema a su conveniencia. En contaste, la Casa de los Lores muestra una gran confianza en los políticos electos que sirven al interés público al dejarlos entrometerse en las metas electorales de corto plazo. La conclusión de la Casa de los Lores puede ser sorprendente debido a que anteriormente la Corte Europea de los Derechos Humanos decidió que una proscripción similar violaba la libertad de expresión en Suiza. Sin Embargo la Casa de los Lores concluyó que no había en realidad conflicto alguno entre los dos enfoques. De manera particular, se puede notar que la decisión de laVGT Verein se basaron en diferentes hechos. La televisión suiza es el único medio de comunicación que llega a la audiencia nacional; sin embargo, en el Reino Unido existen numerosos periódicos nacionales en los cuales diversos grupos pueden hacer publicidad. Por ende, la Casa de los Lores ha logrado dejar de lado el caso europeo con una baja discusión de manera relativa. No obstante, unos meses después de que se decidiera Animal Defenders International, la Corte Europea dio su fallo en Rogaland. Mientras que todavía se argumenta que cada caso debería de tomar su decisión bajo sus propios hechos, queda por verse si la distinción entre los casos británico y europeo pueden mantenerse.

Aunque la proscripción en la publicidad política ha sobrevivido la objeción legal bajo el Acto de los Derechos Humanos de 1998, es posible que en un futuro sea atacada. Por un lado, podría presentarse una objeción ante la Corte Europea de los Derechos Humanos. Por otro lado, aunque la proscripción permaneciese, podrían presentarse objeciones a su aplicación. La Casa de los Lores insinuó que si se aplicaba la proscripción de una manera discriminatoria, por ejemplo, en el caso de que se le impidiera a un grupo ambiental el responder a un anuncio comercial de una compañía de petróleo, la objeción sería exitosa. Sin embargo, a pesar de que la proscripción esté en vigor, los medios de comunicación masiva no son una zona libre de asuntos políticos. Además de la cobertura política mediada, los partidos políticos tienen derecho a tiempo aire libre, a esto se le conoce como Transmisión de Partidos Políticos (PPBs, por sus siglas en inglés) y en las vísperas de una elección Transmisión de Elección de Partidos (PEBs, por sus siglas en inglés). Aunque no todos los partidos tienen derecho a dicho tiempo. La PEBs es normalmente asignada a los partidos políticos que tienen un historial de apoyo electoral o que están compitiendo por lo menos por un sexto de los asientos en una elección. A pesar de que lo anterior compensa unos de los efectos más rigurosos de la proscripción; no obstante, las críticas argumentan que ésta opera injustamente para los partidos políticos pequeños y grupos de interés que no tiene derecho a ese tiempo aire.

Control del contenido

Otra de las normas importantes es el requisito que todas las transmisoras deberán manejar asuntos políticos y asuntos relacionados con políticas públicas con la “debida imparcialidad" También está prohibido que las transmisoras den su opinión, lo cual muestra, una vez más, que el cómo los controles del Reino

Unido van más allá de lo permitido en la Primera Enmienda de EE.UU. (FCC v Liga de las Mujeres Votantes). Esto se puede ver como una barrera para prevenir que canales como Fox News se hagan dominantes en el RU. Con esta norma en vigor, el propietario o controlador de un canal televisivo o estación de radio no sería capaz de usar estos como boquilla política o su instrumento para promover sus puntos de vista políticos. De nuevo, esta norma es aplicable a todos los tiempos y no solo durante las campañas electorales. La imparcialidad como una regla para todas las transmisoras eleva el número de asuntos complicados.

Antes que nada, es claramente no deseable para los medios tener que ser imparcial ante la verdad y tener que tratar los puntos de vista que son descaradamente falsos con el mismo respeto con el que se tratan los que se han probado ser verdaderos. Las normas no requieren que las transmisoras sean imparciales a los valores democráticos, por lo tanto las reglas no aplican cuando se enfrentan a expresiones neo-Nazis o racistas. También existen dificultades en determinar que asuntos son el sujeto de las controversias políticas y necesita ser tratado de manera imparcial. Por ejemplo, ¿Existe algún punto en el cual las pruebas científicas sean demasiado fuertes en un punto de vista en particular, que no se pueda ver como controversial y donde la visión contraria no pueda ser tratada de manera imparcial?

Las reglas de la imparcialidad pudiesen ser más fáciles de aplicar en tiempos antiguos en los cuales había dos principales partidos políticos que representaban cada lado de un asunto en particular. Se piensa que en una época donde la política está más fragmentada y donde los grupos de interés y partidos pequeños juegan un papel increíblemente importante, el antiguo modelo de la imparcialidad empieza a ejercer presión. Además, la imparcialidad también ejerce presión debido al aumento de medios internacionales disponibles en el RU. Si los subscriptores a cable y televisión por satélite pueden ver Fox News y otros canales como éste, las transmisoras británicas necesitan proporcionar contenido que compita y que enfrente la presión producida por el amplio contenido polémico.

Aunque la imparcialidad se necesita en todo momento, las normas, vaya que, reconocen que mientras una elección se acerca y la competencia entre los participantes endurece, las reglas son más necesarias. El código Ofcom prevé que: “Un debido peso deberá darse a la cobertura de partidos principales durante los periodos electorales. Las transmisoras también deberán considerar dar la apropiada cobertura a otros partidos y candidatos independientes con visiones y perspectivas importantes”. Puede pensarse que estos requisitos son más fáciles de manejar durante una campaña electoral, mientras los participantes principales, los candidatos y partidos, sean claramente identificados. A pesar de que no es claro cuántas visiones existan para un asunto, es claro cuántos candidatos están compitiendo en una elección y necesitan ser considerados por la transmisora. Sin embargo, las dificultades siguen surgiendo al aplicar esa norma durante la campaña electoral. En las elecciones generales de 2010, esto fue más aparente en relación con los debates televisados de los líderes. Por primera vez en la elecciones del RU, los líderes de los tres principales partidos políticos (Los Conservadores, el del Trabajo, el Liberal Demócrata) participaron en un debate televisado. No obstante, otros partidos políticos se sintieron injustamente excluidos de este evento y sintieron que las transmisoras violaron sus deberes de imparcialidad. Particularmente, El Partido Nacional de Escocia, que ha formado una minoría gubernamental en Escocia y que tiene un número considerable de MP (Miembros del Parlamento) en Westminster, buscaron objetar la decisión. Una semana antes de la elección, un tribunal escocés se negó a emitir una orden que impedía la transmisión del debate final de los líderes (Partido Nacional Escocés, 2010). En el Tribunal de Justicia de la sesión, Lady Smith declaró que "la imparcialidad no requiere de la representación de todos los argumentos o las facetas de cada punto vista o un reparto equitativo del tiempo para cada punto de vista." De lo contrario las transmisoras tienen una discreción considerable en decidir el nivel de cobertura apropiado para una elección y pueden tomar en cuenta factores como el nivel de apoyo electoral para cada partido político. Mientras que se presentan objeciones legales a la aplicación de las normas electorales, los tribunales permiten una discreción considerable hacia las transmisoras (Gibbons, 1998).

La presencia de normas de imparcialidad no han sido sujetas a ninguna objeción legal y están elaboradas pensando en el disfrute del apoyo entre el público británico. Cualquier modificación a las reglas es probable que provengan de modificaciones en las políticas de los medios de comunicación que de una decisión judicial. Ha incrementado la especulación en cuanto a si estas reglas se relajarán, mientras las leyes de los medios de comunicación son revisados por el gobierno de Coalición. Algunos también han cuestionado si estas razones de los requisitos de imparcialidad todavía existen debido al gran número de canales de difusión. Si se toma en cuenta esta posición, la liberalización no se producirá a través de un compromiso con la libertad de expresión, sino como un resultado del entorno cambiante de los medios, los compromisos ideológicos del gobierno y de la presión de algunos organismos privados de radiodifusión más importantes.

ii. Periódicos

A diferencia de la radio y la televisión, los periódicos no están obligados a mostrar el resultado de cualquier imparcialidad en la cobertura de las noticias o temas de actualidad. Los periódicos son libres, pueden ser lo más sesgados y partidistas como lo deseen, y con frecuencia lo son. Además, la cobertura de los periódicos está exenta de cualquiera de las leyes de financiamiento de las campañas. La cantidad que un periódico puede hacer una campaña no está restringida por los límites de gastos de terceros. La cobertura en apoyo de un partido político no cuenta como una donación o gasto político por el propietario del documento, y por lo tanto no tiene que ser autorizada por una resolución de los miembros de la empresa (Empresas (Exención de Gastos Políticos) Orden 2007).

Lo antes mencionados significa que la prensa cuenta con una posición privilegiada en una elección. Aunque en los 12 meses anteriores a una elección, un individuo o grupo de interés está sujeto a un límite de gastos en material electoral, los propietarios de los medios de comunicación como Rupert Murdoch son libres de utilizar tantos recursos comunicativos como lo deseen en la promoción electoral. El problema de la discriminación identificado anteriormente se aplica en gran medida a los periódicos en las elecciones británicas.

Una mirada rápida en el mercado de prensa de Gran Bretaña pone de relieve la magnitud de este problema. Rupert Murdoch, propietario del Times, Sunday Times, el Sun y News of the World, además de la radiodifusión y las empresas editoriales. Richard Desmond es dueño del Daily Express y Daily Star, así como su reciente adquisición de Canal 5. El Daily Telegraph es propiedad de los hermanos Barclay. The London

Evening Standard y The Independent, han sido recientemente adquiridos por el oligarca ruso Alexander Lebedev. El Daily Mail sigue siendo propiedad de Lord Rothermere, el último de los antiguos barones de la prensa, pero el verdadero poder está en manos de su editor en jefe Paul Dacre. Todos estos individuos ricos, junto con sus designados, tienen un poder considerable para dirigir e influir en el debate político británico, el cual no está abierto a otras personas.

Los controladores de estos medios de comunicación también se cree que tienen acceso a los pasillos del poder y la atención del gobierno, sea cual sea el partido en el poder. Hay otros modelos de propiedad. The Guardian es propiedad de un fideicomiso, que trata de salvaguardar su independencia editorial y el Daily

Mirror es propiedad de una empresa. Estos antecedentes ayudan a explicar por qué en Gran Bretaña la preocupación es frecuentemente con el poder de los dueños de los medios en una elección.

La cuestión es ¿cómo tratar la discriminación que privilegia a la prensa? Tomando el criterio de la Corte de Ciudadanos Unidos, la discriminación puede ser eliminada mediante la supresión de los límites de gastos de campaña para todos y ampliando así la libertad de que gozan hoy los periódicos. No hay intención para una reforma de este tipo en el Reino Unido, dada la preocupación por el dinero en la política y la tendencia a

imponer controles más estrictos sobre los gastos de campaña. Por otro lado, el control de gastos que correspondan a terceros, podría extenderse a la prensa, lo que elimina la exención. Ésta es actualmente la posición en relación a las campañas de referéndum, en los que los apoyos de los periódicos cuentan como una actividad de terceros regulada. Queda por verse cómo funcionará en el próximo referéndum de la reforma electoral. Si este control fuera estrictamente aplicado en las elecciones, pueden existir preocupaciones de que se podría restringir la cobertura de las elecciones en la prensa. Un enfoque a medio podría ser el conceder la exención de prensa en la condición de que si un periódico apoya la elección de un partido en particular, tiene que otorgar el espacio similar a los principales partidos de oposición (Rowbottom, 2010). La perspectiva de una reforma como ésta parece poco probable, y, dada la posibilidad de una reacción hostil por parte de la prensa a dicha propuesta, se necesitaría un político valiente para avanzar en ese cambio. Es muy probable que la prensa retenga esta posición privilegiada en un futuro previsible.

iii. Internet

Antes de cada elección general en la última década, los comentaristas han especulado que habrá una “primera elección por internet". La expectativa es que las comunicaciones a través de Internet será el rival de los medios de comunicación audiovisuales, auditivos y escritos A pesar de estas previsiones, esta tendencia no ha surgido y esto es tan cierto en el 2010 como en elecciones anteriores. En las elecciones de 2010, la televisión era sin duda más importante que nunca, dado el papel central que desempeña en el debate televisado de los líderes. (Ver Wring y Ward, 2010,) Sin embargo, el impacto de la Internet no debe ser pasado por alto. Un estudio publicado poco después de las elecciones de 2010 admitió que "las diferencias en el entorno político y los medios de comunicación 'hace' las elecciones británicas un terreno menos fértil para las campañas en línea" que las de los EE.UU. (Gibson et al, 2010, p. 14). Sin embargo, los autores también encontraron que el número de personas "que accedan a Internet para buscar información sobre las elecciones se ha duplicado desde el 2005. )(Gibson et al, 2010, p.15)

Se cree que el Internet tiene el potencial de transformar el proceso democrático en un número de maneras. Una de ellas es facilitar la recaudación de fondos. Mirando a las campañas de Howard Dean y Barack Obama en los Estados Unidos, los políticos británicos han expresado con frecuencia la esperanza de que Internet va a facilitar una cultura en la que un gran número de personas donan pequeñas cantidades de dinero a los partidos políticos. A menudo se espera que esta estrategia de donantes pequeños reduzca la dependencia de los partidos de las donaciones de gran tamaño. Los partidos de vez en cuando aclaman cierto éxito en hacerlo, por ejemplo, con los conservadores que afirman haber acumulado £ 500,000 a través de recursos en línea (Williamson, 2010). Sin embargo, la tendencia de los donantes pequeños no se ha convertido en una fuente importante de fondos y los principales partidos siguen dependiendo de las donaciones de gran tamaño. El problema es que, dada la ausencia de una estrategia de donación en el Reino Unido, hay pocos incentivos para que los partidos cambien a una estrategia de los donantes en masa Mientras que Internet puede hacer más fácil la recolección de pequeñas cantidades de dinero, todavía es mucho más fácil pedirle a un multimillonario que haga un cheque (y por ende, esto ofrece una fuente más estable de los ingresos). Nuevas reformas a las donaciones políticas pueden presionar a los partidos a adoptar una estrategia de donantes pequeños.

Una segunda manera en la que el Internet pueda democratizar las campañas políticas es proporcionar una plataforma para una amplia gama de ponentes. No hay duda de que los canales tecnológicos o también llamados techannels para participación se han incrementado. Ahora es muy fácil y barato para las personas crear sus sitios web o blogs para difundir sus puntos de vista. Otros sitios proporcionan un espacio de encuentro y participación en actividades políticas. Existe un sitio web independiente donde los electores publican sus propias parodias de los carteles de la campaña oficial. El debate político en Internet no se

encuentra sólo en sitios creados especialmente para asuntos políticos, como sitios como Mumsnet o moneysavingexpert.com dan un espacio para el debates acerca de la elección (Williamson, 2010). Twitter y Facebook también proporcionan una nueva plataforma para la participación. Por ejemplo, durante los debates televisados de los líderes, mucha gente usó Twitter y Facebook para enviar comentarios en tiempo real sobre el desempeño de los tres líderes de los partidos. Esto claramente tiene ventajas democráticas en la medida en que permite a los ciudadanos convertirse en críticos en el debate político. Sin embargo, estas actividades destacan el poder de los principales medios de comunicación, en la medida en que la gente está respondiendo y comentando sobre lo que ven en la televisión o leen en los periódicos.

No obstante, los medios de comunicación en línea son a veces vistos como la creación de plataformas que pueden desafiar el dominio de los medios de comunicación. En otros lugares, he expresado un escepticismo considerable acerca de este argumento (Rowbottom, 2010). Si bien es fácil de configurar un sitio web, muy pocos ganan prominencia nacional o la posibilidad de establecer la agenda política. Los sitios web de asuntos políticos más populares tienden a ser asociados con los medios de comunicación existentes, como los blogs alojados por The Guardian o la BBC (ver Gibson, et al 2010 p. 8). Muchos de los mejores bloggers políticos que se encuentran fuera de los medios de comunicación tienen vínculos con los principales partidos políticos. Hay varios ejemplos de los principales bloggers políticos en Gran Bretaña que han trabajado para un partido político o se han lanzado como candidato para el Parlamento.

Las comunicaciones en Internet se ven a menudo como la promoción de un tipo de discurso barato, dado a que los costos para crear un sitio son muy bajos. Es interesante notar como algunos de los principales blogs políticos son financiados, para saber lo anterior se necesita de una investigación amplia. Por ejemplo, los ConservativesHome es un sitio web que tiene un foro para los partidarios del Partido Conservador. Fue fundado por un ex asesor del Partido Conservador, Tim Montgomery, y en 2009 Lord Ashcroft trajo una participación mayoritaria en el sitio (uno de los principales donantes y miembro del Partido Conservador). El pie izquierdo hacia adelante, un foro de "progresistas" se puso en marcha con la ayuda de los avances de la organización del Partido del Trabajo y con el apoyo de algunos donantes del mismo partido. Si bien de forma independiente, estos sitios y foros demuestran cómo las comunicaciones caen libremente dentro de la infraestructura de los partidos, en lugar de ser una plataforma para nuevas voces y organizaciones. El Internet puede ser un nuevo frente de batalla entre las organizaciones políticas ya establecidas.

Las comunicaciones por Internet se plantean una serie de desafíos para la regulación legal de las campañas electorales. Los controles actuales fueron diseñados en una época en donde la televisión y la prensa eran los medios de comunicación dominantes. En Ciudadanos Unidos, el juez Kennedy sostuvo que los controles pronto podrían volverse obsoletos: “Hoy en día, los anuncios televisivos de 30 segundos pueden ser la manera más eficaz de transmitir un mensaje político. [...] Sin emabrgo, pronto puede ser que las fuentes de Internet, como blogs y sitios web de redes sociales, les darán a los ciudadanos información importante sobre los candidatos políticos y otros asuntos. " (p.49)

El Ministro Kennedy argumentó, entonces, que las restricciones en el electolarismo empresarial podrían aplicarse a la empresa que cree un sitio web de asuntos políticos. Se plantean problemas similares en el Reino Unido, en particular, si la exención de los límites de gastos concedida a los periódicos y las emisoras debe ampliarse a ciertos sitios web. En la actualidad, los sitios web no están exentos de los límites de gastos de terceros (descrito anteriormente). Si una persona u organización desea gastar más de £ 10.000 en difusión de material electoral en un sitio web, tendrían que registrarse con la Comisión Electoral y estarían sujetos a un límite de gasto global. A pesar de la existencia de estos controles, hasta el momento ninguno de los blogs políticos se ha inscrito como terceros. Una razón puede ser que la mayoría de los gastos de los sitios web están incurridos en relación con el material no electoral, y por lo tanto no cumplen con el umbral de registro. Sin embargo, esto deberá ser monitorizado de manera detallada. Existe otra cuestión difícil

relacionada a los sitios web de los periódicos y difusoras. Mientras que la versión impresa del periódico está exenta de los límites de gastos de terceros, la posición de un sitio web de periódicos no es clara. Por ejemplo, si un periódico tiene un sitio web que contiene material no incluido en la edición impresa, ¿Queda ese material fuera de la exención? Hasta ahora, estas preguntas no han sido abordadas por los reguladores. A medida que más información política se mueve en línea, las normas legales tendrán que ser actualizadas para reflejar estos cambios.

Internet también ha cambiado la forma de comunicación de los partidos políticos y candidatos con el electorado, ya que muchos políticos han tratado de comunicarse con los votantes a través de Twitter,

Facebook y YouTube. Los partidos políticos también compiten por la publicidad en el sitio web de Mumsnet. Durante los debates televisados entre los representantes de los partidos, los partidos políticos compraron términos en Google AdWords para que los que busquen durante la transmisión de los debates serán dirigidos al mensaje de los partidos. El Internet también puede ser un vehículo para recoger información y datos sobre los partidarios, quienes podrían ser contactados por medio de correo electrónico (Williamson, 2010). Si bien la prohibición de la publicidad política en los medios de difusión ha mantenido el costo de las elecciones británicas hacia abajo, la libertad de los partidos para hacer publicidad en Internet presenta un nuevo conjunto de costes. A menudo se piensa que la publicidad en internet es barata, pero para llegar a un público amplio se deben colocar anuncios en una amplia gama de sitios y en varios formatos. En conjunto, esto puede introducir un nuevo gasto considerable en el proceso electoral.

6. Excepcionalsimo electoral.

Un cuarto punto de contraste entre los EE.UU. y Gran Bretaña / Sistema europeo al cual le preocupa el principio de “excepcionalsimo electoral”. Este principio es importante en la labor de los estudiosos de EE.UU., quienes defienden la reforma de la financiación de campañas y se describe en los siguientes términos por Schauer y Pildes:

"De acuerdo con el excepcionalsimo electoral, las elecciones deben ser constitucionalmente entendida como (relativamente) dominios acotados de la actividad comunicativa. Debido al alcance definido de esta actividad, sería posible prescribir o aplicar principios de la Primera Enmienda a los procesos electorales que no se aplican necesariamente a través del alcance completo de la Primera Enmienda. Si prevalece el excepcionalsimo electoral, los tribunales que evaluan las restricciones de expresión que forman parte del proceso de nominación y elección de candidatos emplearían un estándar diferente de lo que de otro modo podrían caracterizarse como el normal, o de referencia, grado de control de la Primera Enmienda.

...] a pesar de que el principio de que uno puede gastar su dinero personal para promover una buena causa está en la Primera Enmienda de la ley en general y ésta no se aplica cuando no se está apoyando ideas o problemas específicos, sino que tratan de hacerle publicidad a un candidato para que sea elegido en un cargo público . Desde un punto de vista operativo, la versión más común de la excepcionalsimo electoral permitiría restricciones para la actividad comunicativa en el contexto de las elecciones y que no se permitiría en otros contextos. (Schauer y Pilders, 1999, p.1805-1806)

Aquellos que confían en el excepcionalismo electoral argumentan que en el limitado contexto de una elección, los controles de las finanzas son permisibles bajo la Primera Enmienda, incluso si el efecto es reducir la cantidad global de expresión. Bajo este principio, los controles especiales para crear las condiciones para una elección justa podrían aplicarse durante un período de tiempo limitado relacionado con las comunicaciones que influirán en la elección. Los controles de comunicación de las campañas electorales llevados a cabo por las empresas que fueron confirmadas en McConnell y que golpearon en el Citizens United muestran un ejemplo de un reglamento que refleja el principio de excepcionalismo.

La decisión en Citizens United se aleja del principio de excepcionalismo. Al llegar a su conclusión, la Corte aplicó los principios de la Primera Enmienda que se aplican fuera del contexto de una elección. La decisión de la Corte indica que no hay nada especial acerca de una elección que permita cierta desviación de los principios de libertad de expresión ordinarios. El Juez Kennedy analizó algunos controles legales durante una elección en la que anularía a los oradores, si tuvieran que "iniciar un juicio prolongado” antes de transmitir su mensaje (p. 17). En todo caso, el Tribunal sugiere que los principios de la Primera Enmienda deben aplicarse con mayor firmeza en el momento de una elección. Citizens United reafirma (o tal vez más allá) a Buckley. Si bien el excepcionalismo electoral es un principio invocado por los críticos de Buckley, que argumentan que la Primera Enmienda debe permitir más controles en los gastos de campaña, el principio no está arraigado en la jurisprudencia británica o europea de la libertad de expresión.

En Bowman, el Tribunal de Justicia Europeo declaró que en una elección puede ser necesario “el establecer ciertas restricciones de un tipo que normalmente no serían aceptables en materia de libertad de expresión”. Del mismo modo, los tribunales británicos en numerosas ocasiones se han referido a la importancia de la libertad de expresión en el momento de una elección. Hasta ahora esto parece reflejar el principio de excepcionalismo; sin embargo, tanto los tribunales británicos y como los europeos aceptan que los grupos ricos y que las personas gasten dinero en comunicación política fuera del periodo electoral también es problemático. Como ya se ha señalado, en todo momento se pueden ver los tribunales que defienden la prohibición de la publicidad política en la televisión; asimismo, se pueden ver las propuestas de limitación de los gastos de los partidos políticos en años no electorales, y las amplias definiciones de los gastos de campaña de los límites del gasto electoral. La legislación británica no reconoce que hay algo especial acerca de una elección, lo que podríamos llamar de controles más estrictos sobre el financiamiento político. Sin embargo, no hay una línea clara de distinción entre la expresión electoral y de expresión política en general. Los principios de la libertad de expresión en el marco del Convenio Europeo permiten que algunos controles ejecuten la igualdad política, incluso en el discurso político más amplio, ya que van más allá de las medidas preconizadas por la crítica de Buckley y de Citizens United de los EE.UU.

7. Conclusión

Se ha elaborado una serie de contrastes entre la jurisprudencia articulada en Citizens United y el enfoque adoptado en Gran Bretaña y Europa. Los límites de gasto electoral y la regulación de los medios de comunicación, los cuales son comunes en Europa, no será permitido por la Primera Enmienda. Al mismo tiempo, la ley británica es mucho más permisiva en relación con determinadas actividades electorales. Esto es especialmente cierto en el caso de donaciones políticas, que no están limitadas, y la libertad otorgada a las empresas a participar en actividades políticas. La jurisprudencia europea de la libertad de expresión en estos asuntos está mucho menos desarrollada que en los EE.UU. o Canadá. Un número relativamente pequeño de casos llegan a los tribunales. Como resultado, hay una serie de incertidumbres

Por ejemplo, los tribunales adoptan la igualdad y los argumentos de antidistorsión, pero no está exactamente claro lo que estas normas significan o qué tipo de regulación estarán autorizadas para alcanzar estos objetivos. No obstante, esto no significa que el enfoque europeo sea inferior. En mi opinión sobre Citizens United , el Tribunal ha socavado gravemente la integridad del proceso político, adoptando una postura más liberal y un enfoque formal de igualdad política. El enfoque europeo, al menos, reconoce la importancia de la igualdad política de fondo en el proceso electoral, y el principio de la libertad de expresión no se sostiene como una barrera para las reformas. Por otra parte, los reformistas en Europa no tienen que enmarcar el caso de la regulación de diversas interpretaciones y significados de la corrupción.

Las diferencias son por una parte culturales. En Citizens United, el juez Kennedy dijo que la Primera Enmienda está basada en la desconfianza del poder gubernamental. Por el contrario, en Gran Bretaña, a

pesar de que existe desconfianza hacia el gobierno, también hay desconfianza hacia los grandes grupos de poder privado y económico (Feldman , 1998), por ejemplo, los dueños de periódicos y los donantes súper ricos, los cuales ejercen influencia debido a su riqueza, a menudo son presentados como los 'villanos' en las elecciones británicas. Mientras que en los EE.UU. la preocupación tiende a ser los "intereses especiales", tales como la defensa de las armas o de las empresas farmacéuticas, en Gran Bretaña el debate suele centrarse en determinados individuos ricos, como Rupert Murdoch o Lord Ashcroft . La desconfianza del poder privado, ayuda a explicar el porqué de los estándares británicos de la libertad de expresión son más permisivos. Sin embargo, hay una serie de problemas con el enfoque británico del financiamiento de la política, ya que los controles tienen deficiencias y lagunas. La demanda para ajustar la ley también puede dar lugar a medidas cada vez más restrictivas o reformas potencialmente partidistas. La normativa británica también se promulgó en momentos diferentes para responder a problemas diferentes y por lo tanto carece de una lógica unificadora. Si bien hay mucho margen de mejora, el enfoque británico al menos proporciona un marco que reconoce la importancia del dinero en el control de las elecciones y en cierta medida para lograr ese objetivo.

Bibliografía

Austin v. Michigan Chamber of Commerce, 494 U.S. 652 (1990) Baker, C. E. (1989) Human Liberty and Freedom of Speech (Cambridge University Press)

Barendt, E. (2005). Freedom of Speech (Oxford University Press).

Bevier, L. (2004). McConnell v FEC: Not Senator Buckley’s First Amendment. 3 Election Law Journal 127.

Bowman v UK (1998) 26 EHRR 1

Buckley v Valeo 424 U.S. 1 (1976)

Channel Four News. (2010). Questions over Zac Goldsmith's election expenses.http://www.channel4.com/news/articles/politics/domestic_politics/exclusive+questions+over+zac+goldsmithaposs+election+expenses/3711877

Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. ___ (2010)

Communications Act 2003.

Companies Act 2006.

Electoral Commission (2009). Case summary: Investigation into donations to the Liberal Democrats reported as being from 5th Avenue Partners Ltd, 20 November 2009;

Electoral Commission (2010). Case summary: Electoral Commission investigation into donations reported by the Conservative Party from Bearwood Corporate Services Limited, 4 March 2010.

Ewing, K. (2007). The Cost of Democracy (Hart).

FCC v League of Women Voters, 468 U.S. 364 (1984) Federal Election Commission v Wisconsin Right to Life, Inc., 551 U.S. 449 (2007)

Feldman, D. (1998). Content Neutrality in Loveland, I. (ed.) Importing the First Amendment (Hart).

Fisher, J. (2010). Party Finance: Normal Service Resumed? 63 Parliamentary Affairsn 778.

Gibbons, T. (1998). Regulating the Media, Second Edition (Sweet and Maxwell).

Gibson, R, Cantijoch, M and Ward, S. (2010). Citizen participation in the ecampaign, in Gibson, R, Williamson, A and Ward, S. (2010). The internet and the 2010 election: putting the small ‘p’ back in politics? (Hansard Society).

Hasen, R. (1996). Clipping Coupons for Democracy: An Egalitarian/Public Choice Defense of Campaign Finance Vouchers. 84 Cal. L. Rev. 1.

Hasen, R (2010). The Nine Lives of Buckley v Valeo in Garnett,R and Koppelman,A (eds), First Amendment Stories, Foundation Press.

McConnell v Federal Election Commission, 540 U.S. 93 (2003) Neill Report. (1998). The Fifth Report of the Committee on Standards in Public Life, The Funding of Political Parties in the United Kingdom Cm.4057-I.

Palmer, S. (2011). Regulation of Political Broadcasting: The Role of the Judiciary in Ewing, K, Rowbottom, J and Tham, J (eds.) The Funding of Political Parties (Routledge). Political Parties, Elections and Referendums Act 2000.

R (Animal Defenders International) v Secretary of State for Culture, Media and Sport [2008] UKHL 15.

R v Tronoh Mines [1952] 35 Cr App R 196.

Representation of the People Act 1983.

Ringhand, L. (2002). Concepts of Equality in British Campaign Finance Reform Proposals. 22 Oxford J. Legal Stud. 253.

Rowbottom, J. (2010). Democracy Distorted: Wealth, Influence and Democratic Politics (Cambridge University Press).

Rowbottom, J. (2011). Institutional Donations to Political Parties in Ewing, K, Rowbottom, J and Tham, J (eds.) The Funding of Political Parties (Routledge).

Schauer, F and Pildes, R. (1999). Electoral Exceptionalism and the First Amendment, 77 Texas Law Review 1803.

Scott, A. (2003). A Monstrous and Unjustifiable Infringement? Political Expression and the Broadcasting Ban on Advocacy Advertising. 66 Modern Law Review 224.

Scottish National Party and other petitioners [2010] CSOH 56.

SpeechNow.org v FEC, 599 F.3d 686 (D.C. Cir. 2010)

TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti v Norway [2008] ECHR 21132/05 VgT Verein gegen Tierfabriken v Switzerland (2001) 34 EHRR 159

Williamson, A. (2010) Inside the Digital Campaign in Gibson, R, Williamson, A and Ward, S. (2010). The internet and the 2010 election putting the small ‘p’ back in politics? (Hansard Society).

Wring, D and Ward, S. (2010). The Media and the 2010 Campaign: the Television Election? 63 Parliamentary Affairs 802.