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Indudablemente el movimiento es-tudiantil que ha venido constituyén-dose a lo largo del último año ha sido expresión del desgaste y deterioro de la educación superior, definida ésta bajo el modelo económico neoliberal y, en el mismo sentido, determinada por la privatizadora Ley 30 de 1992.

Resulta de gran importancia recono-cer que, luego de varios años el movi-miento estudiantil ha podido articularse nacionalmente, a partir del acuerdo con el Programa Mínimo de los estudiantes (Financiamiento, Excelencia Académi-ca, Autonomía y Democracia Universi-taria, Relación Universidad – Sociedad, Bienestar Universitario y Libertades Democráticas), y aún más, que pudo

obtener un triunfo al generar un gran movimiento de rechazo a la reforma a la educación superior propuesta por el gobierno nacional en octubre del año 2011. Esta iniciativa buscaba profundi-zar el modelo comercial y privatizador de la Educación Superior colombia-na, y contra esta reforma nos levan-tamos y movilizamos masivamente hasta triunfar en esta primera etapa.

No obstante, el problema no radi-caba, ni radica, estrictamente en la re-forma gubernamental, ya que el mar-co jurídico vigente (Ley 30) es el que tiene a las Instituciones de Educación Superior (IES) en la actual crisis in-tegral (financiera, académica, etc).

Introducción

Es por ello que este triunfo (en opo-sición) fue solo un primer momento en la lucha por la construcción de una Educación Superior que responda a las necesidades del pueblo colombia-no y que aporte a la edificación de un país libre, soberano y justo, es decir, una educación que contribuya a las necesarias transformaciones políti-cas, económicas, sociales y culturales.

El momento actual se caracte-riza entonces por el desafío y la exigencia de avanzar en la cons-trucción de una Propuesta de Ley Alternativa para la Educación Supe-rior Colombiana. Es en este sentido que se produce la presente cartilla.

Durante el proceso de movilización y el Paro Universitario, en la Universi-dad Nacional de Colombia Sede Me-dellín no dimos a la tarea de empren-der una labor que permitiera avanzar en la discusión, análisis y elaboración de propuesta que permitiera apor-tar al proceso programático, es decir que brindara insumos para la cons-trucción de propuesta de educación.

Nos reunimos alrededor de tres se-manas para discutir en torno a los puntos del Programa Mínimo, sistematizando las discusiones y buscando elaborar tan-to diagnóstico de la situación en la sede, como análisis de la propuesta guberna-mental de ese momento y posibles pro-puestas a partir de cada uno de los ejes.

Lo que se presenta a continua-ción es la compilación y síntesis de

los aportes que nutrieron el debate y la movilización. Se elaboró un do-cumento por cada uno de los puntos tratando de recoger los tres elemen-tos que se enunciaron anteriormente.

Finalmente, es necesario acla-rar que este producto escrito no es la última palabra frente a estos te-mas, sin embargo, si es un importan-te insumo teniendo en cuenta que se construyó en medio de la moviliza-ción y a partir del esfuerzo colectivo.

Esperamos que esta pequeña con-tribución aporte y motive a construc-ción de una propuesta de Educación Superior para otra Colombia posible.

Mesa de Trabajo UNALMEDComisión de Estudio

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AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA

UNIVERSITARIALa Autonomía es condición fundamental e inherente de las universidades,

como lo establece el artículo 69 de la constitución, por lo tanto el Estado además de garantizarla debe respetarla y reconocerla. La autonomía es un concepto que está ligado a la pregunta ¿en función de quien se está la universidad?, se necesita que la comunidad universitaria sea la que defina el rumbo de esta, pensando en lo que el país necesita y que no esté condicionada a intereses particulares de un gobierno de turno, partidos políticos, religiones, entre otros entes externos.

Aparentemente la ley 30 que hoy nos rige establece dentro de sus artículos de manera explícita aspectos importantes como: la libertad de cátedra, enseñan-za, investigación y extensión; autonomía en los aspectos administrativos y finan-cieros, y el desarrollo de un gobierno interno. Pero hoy en día es fuertemente violentada en muchos aspectos.

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El Estado en los últimos años ha venido usando la autonomía financie-ra como sinónimo de autofinanciación de las universidades, llevándolas cada vez más a que ellas mismas busquen sus recursos a través de proyectos de extensión, venta de servicios, alquiler de planta física, entre otras. Un ejem-plo claro es que para la Universidad Nacional los aportes del estado en el 2010 fueron de 47.8 % cuando en el 2000 eran del 80.5%. Claramente se evidencia como cada vez más el esta-do se deshace de la responsabilidad de garantizar la financiación plena de las universidades públicas.

Por lo anterior es necesario aclarar que queremos una autonomía financie-ra entendida como autonomía presu-puestal ó de determinación del gasto, donde es urgente que el Estado asuma su papel de financiar completamen-te las universidades públicas, pero no condicionar el uso de los recursos. Las universidades deben ser autónomas para decidir sobre sus planes, progra-mas y proyectos, evitando que la lógica del mercado se inserte en las funciones misionales de la universidad –investiga-ción, docencia y extensión. Además que la asignación del gasto, es decir en que se invierten los dineros, debe ser cons-truida por la comunidad universitaria a través de los espacios de gobierno pro-

AUTONOMÍA FINANCIERA

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pio. Adicional-mente es nece-sario que la veeduría del gasto y la ejecución de los recursos se lleve a cabo por la comunidad universitaria para permitir el control de las mismas y evitar casos de corrup-ción administrativa que vayan en contra del buen funcionamiento de la uni-versidad. Aquí se plantea la pregunta acerca de ¿cómo agentes externos podrían ejercer – o no- la veeduría en este aspec-to?.

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Otro problema que se percibe hoy es que las universidades cada vez están más ajustadas a intereses particulares y con fines políticos, sin herramientas necesarias para formar personas críti-cas y autónomas. Nos educan para sa-lir a trabajar y seguir reproduciendo la lógica del mercado, esto se evidencia por ejemplo en como la libertad de cáte-dra se ve condicionada por las pruebas Saber Pro, estas no evalúan potencia-lidades, ni habilidades ni capacidad de innovación en un estudiante, sino que evalúan una serie de competencias de-terminadas en un marco de competitivi-dad laboral. En este sentido los pensum se adecuan para sacar unos buenos puntajes y no pensando verdadera-mente en una educación de calidad. Así mismo la investigación se ha convertido

AUTONOMÍA ACADÉMICA

en consultoría, ajustándose a las nece-sidades del sector productivo y dejando a un lado la extensión solidaria, desfi-gurando la función social que se tiene como universidad estatal, por perseguir el proyecto más cuantioso, bajo el con-texto de desfinanciación al que ya se ha hecho referencia.

Ante esto es necesario que se ga-rantice a las universidades la libertad para definir los programas académicos, cuales se deben crear, cómo se desa-rrollan y organizan según las necesida-des presentes en el país formando per-sonas críticas y autónomas, y no hacia intereses particulares del sector produc-tivo. Igualmente debe existir libertad de Cátedra (cómo se enseña y la definición de los contenidos), libertad de inves-tigación y libertad de aprendizaje para escoger libremente las materias y que se dé un reconocimiento del aprendiza-je extracurricular.

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Hoy dentro de las universidades no hay sistemas democráticos para su fun-cionamiento, el Consejo Superior Universitario es quien toma las decisiones más relevantes pero la participación de la comunidad universitaria es minoritaria si se compara con el peso que tiene directivos y representantes del gobierno. En contravía a lo anterior creemos que la democracia participativa de todos los es-tamentos debe ser la que defina los órganos de control de la universidad, sus funciones y sus actores. Al respecto queda el debate abierto frente a cual forma de democracia sería la más pertinente para el espacio universitario.

AUTONOMÍA DE ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO

¿Cómo participarían los gobiernos nacionales y/o departamentales en los órganos de decisión del gobierno universitario? Al respecto se plantean

dos posiciones, la primera que reduce la presencia de representantes del go-bierno en los órganos de decisión; la segunda la eliminación de esta represen-tación en los mismos, en tanto pondría en peligro la autonomía de las univer-sidades.

¿Cuál debe ser el Papel de los trabajadores como parte activa del gobierno universitario? Se plantean dos puntos de vista, incluirlos en los temas que

los atañen directamente ó incluirlos en las decisiones que afectan el conjunto de la comunidad universitaria.

¿Cuál sería el órgano máximo de decisión en la universi-dad? Al respecto se plantean dos propuestas: La primera

propone que las asambleas aparezcan como el órgano máxi-mo de decisión, con reconocimiento institucional, el cual defi-ne el devenir de la universidad, en esta propuesta el Consejo Superior Universitario (CSU) aparece tan solo como un órgano ejecutor, que serviría para viabilizar las propuestas realizadas por la comunidad universitaria. Dentro de esta propuesta la asamblea contendría representantes estudiantiles y profeso-rales, contando con 2 de cada uno por programa curricular, y además con la participación de egresados. La segunda propuesta considera que los CSU deben ser democratizados, ampliando significativamente la participación de los estudian-tes y profesores de la siguiente forma: 1/3 de los participantes serían estudiantes, 1/3 de profesores, 1/3 de otros, compuesto por administrativos, rectores y otros representantes que tiene allí presencia.

¿Cómo deben ser elegidos los rectores, decanos y miem-bros de los órganos decisorios? Se propone que esta

debe ser por elección directa de la comunidad universitaria. Al respecto se aclara que sería importante la implantación del voto directo estudiantil, en oposición al voto ponderado donde unos tienen mas peso que otros.

La construcción de procesos de autoevaluación permanen-te es una propuesta a implementar como proceso colecti-

vo de revisión de cómo avanza la universidad en todos sus as-pectos, cuáles son sus aciertos, falencias y aspectos a corregir, permitiendo así la reorientación de las políticas de la misma.

La extraterritorialidad entendiéndose como la autonomía que tiene la comunidad universitaria en la resolución de

sus problemas. Esto implica el rechazo a cualquier interven-ción de la fuerza pública a las universidades, así como al con-trol de empresas privadas de vigilancia en las universidades y el rechazo de los mecanismos de control en las universidades públicas (uso del carnet para controlar la entrada a los campus universitarios y sus edificios.

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Con la propuesta de reforma se pre-tendía tratar a todos los tipos de Ins-tituciones de educación superior por igual dándoles el mismo grado de au-tonomía. Se hace necesario que dentro del sistema de educación superior se establezca y diferencie claramente los tipos de instituciones, sus funciones, responsabilidades y obligaciones, junto con el proceso para pasar de un tipo de institución a otro. Para esto es necesa-rio dar el debate y tomar como insumos propuestas ya elaboradas. Se propone

otras propuestas y puntos para el

debate

además una autonomía equivalente o proporcional, al papel que cumple cada institución, de tal forma que no tengan igual autonomía una Universidad a un tecnológico. Sin desconocer el rol tan importante que este último asume en el marco de la educación colombiana.Muchas de las propuestas anteriores son posibles de llevar a cabo a través de la exigencia y garantía constante del ejercicio de la autonomía y democracia, pero para esto además es necesario que las IES brinden las bases académi-cas a sus estamentos para la total com-presión de su papel como ciudadanos y parte activa en una democracia cons-tructiva y participativa.

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La universidad pública tiene el deber de contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Nación desde la excelencia académica, pero no todo se queda en este aspecto, puesto que los estudiantes tienen otras necesidades que pueden impedir un desarrollo efec-tivo del aprendizaje.

Debido al carácter público y estatal de la universidad es necesario crear espacios y proyectos para que la di-versidad de sus estudiantes accedan a asistencia de salud, esparcimiento y

deporte, con la creación de programas en donde estos puedan obtener un apo-yo económico, de alimento y vivienda que por diferentes circunstancias no poseen, pero que son condiciones ne-cesarias para un buen desarrollo del aprendizaje y para el sostenimiento en la universidad.

Para garantizar la permanencia de sus estudiantes en la universidad y si-guiendo el carácter de la educación pública se crea Bienestar Universitario (BU), ofreciendo programas de acuerdo

BIENESTAR UNIVERSITARIO

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a las necesidades que tiene la comuni-dad universitaria; pero reforma tras re-forma se viene olvidando que el bienes-tar universitario es parte esencial de la academia ya que contribuye al desarro-llo de los potenciales y habilidades de la comunidad universitaria, es una de las soluciones para frenar la deserción estudiantil y ampliar la cobertura, sin sacrificar la excelencia académica, pero actualmente la universidad se ha ido desentendiendo del BU y hoy muchos de sus programas han pasado a manos privadas o han sido eliminados, res-pondiendo a unas políticas de desfinan-ciación de la educación superior que se vienen dando en el país, llevando cada vez más a la universidad a la venta de servicios a empresas privadas y a una disminución de los programas y cupos ofrecidos por BU para los estudiantes.

Las residencias estudiantiles son

casi inexistentes, ya que los cupos cada vez son más reducidos, al igual que se han disminuido los subsidios de trans-porte y los créditos condonables. Aun más preocupante es la situación del bono alimentario, ofrecido a una mínima por-ción de la población vulnerable del cam-pus y ni siquiera es financiado por la universidad, a esto se suma la no regu-lación de los precios en las cafeterías,

por lo que hoy vemos urgente la crea-ción de un restaurante estudiantil que garantice el servicio principalmente a la totalidad de la población vulnerable de la universidad.

Situación similar se presenta con la ruta de buses, puesto que en busca de optimizar el servicio de transporte y me-jorar la cobertura, se declaro exclusivo entre los núcleos del volador y robledo, sin hacer paradas que impliquen reco-ger o dejar usuarios por fuera de las ins-talaciones universitarias, esta medida fue aprobada por el aumento significa-tivo de estudiantes y por la urgencia de un servicio de transporte más eficiente, lo que provoco el efecto contrario, dis-minuyendo la cobertura y dejando de lado la eficiencia del servicio, afectan-do a los beneficiarios de este. Como si esto fuera poco, también se elimino la ruta de buses al centro en la mañana y ahora en la noche, esta vez argumen-tando que los estudiantes no éramos

los que hacíamos uso de este servicio sino los trabajado-res y otro argumen-to fue la eliminación de las residencias ubicadas en el cen-tro, pero aun así los estudiantes para el trasporte internu-cleos deben hacer filas larguísimas y aparte de esto llegar tarde a las clases, porque no nos po-demos decir menti-

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ras; se necesitan más buses que cubran la demanda creciente del servicio.

El fomento a las actividades deportivas también se ha visto deteriorado, al punto que a la comunidad universitaria no se le brinda el apoyo necesario para que asista a los campeonatos, ni se les proporciona la dotación necesaria para realizar dichas actividades ni siquiera los espacios como el coliseo que ahora son administrados por Comfama: principalmente para sus cursos y eventos, que si bien no estamos en contra de compartir los espacios universitarios estos no se prestan a toda la sociedad en general si no a los que puedan pagar por ellos. Observando esta situación con el bienestar universitario, podríamos afirmar que sus funciones se han limitado a propor-cionar servicios de extensión y a la realización de conversatorios sobre cómo mejorar las relaciones de pareja, métodos de estudio y capacitaciones de emprendimiento em-presarial, estas tienen como objetivo incitar a los estudiantes a poner el conocimiento al servicio de la modernización económica para dar respuesta a la globalización, anu-lando así la capacidad crítica del estudiantado y subordinando la educación pública al mercantilismo.

La atención en salud se ha reducido a programas de P y P – Promoción y Preven-ción - actividades tales como jornadas de concientización sobre algunas enfermeda-

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des, conferencias sobre el cuidado de la salud, etc., que tienen algún valor para la po-blación académica, pero no resuelven las necesidades que se cubren con la atención médica a toda la población universitaria sin restricciones de “porque es de esta ciudad o no”, o “tiene EPS”, hay urgencias que son necesarias atenderlas y no mandar al es-tudiante a un centro de salud o no hacerle un debido seguimiento desde que entra a la universidad. Se necesita un adecuado servicio de salud en la universidad que priorice en la atención de la comunidad universitaria sin restricciones.

Se ha reducido cada vez más el apoyo a las iniciativas culturales, políticas, depor-tivas… resumiéndolas a iniciativas de emprendimiento empresarial, y capacitaciones en generación de empresas, pero sin dar pasó a un real apoyo a la libre expresión e iniciativa de la diversidad del estudiantado.

Por otro lado, el dinero que se destinan a los préstamos a estudiantes pasó de 174 millones a 302 millones. Igualmente se registró un inmenso aumento de los estudian-tes con créditos condonables ofrecidos por EPM – Fondo EPM – que han ingresado a la Universidad a partir del año 2008, año en el cual entró en vigencia; dos años des-pués, se multiplicó por 12, pasando de 76 millones a 919 millones de pesos los pres-tamos a estudiantes. Nada extraño teniendo en cuenta que el énfasis de la política de desfinanciación de la educación superior es el de disminuir los gastos del estudiante

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con mecanismos de crédito, y no mediante transferencias directas a las universidades públicas, y que sean estas las que garanticen la disminución de gastos y permanencia del estudiante.

Un motivo más para exigir que el dinero para la educación superior se transfiera directamente a la base presupuestal de las universidades, y no a través de instituciones credi-ticias como el ICETEX, ni como un mecanismo de premio a indicadores de gestión; necesitamos una real estrategia contra la gran deserción estudiantil que hay principalmente por problemas económicos y el endeudamiento de estudian-te no es una solución real, es solo un negocio.

Necesitamos que el BU tome un carácter universal y que sea uno de los garantes del derecho a la educación, pero atendiendo las necesidades particulares de cada institución según la diversidad de sus estudiantes, sin olvidar que debe ser democrático y participativo construido por todos y todas.

Excelencia Académica

Con el paso del tiempo y como con-secuencia directa de las múltiples refor-mas ante las cuales ha sido sometida la Universidad Pública y la Educación en general, por parte diferentes grupos y entes económicos que imponen y dictan recetas al sistema educativo, se ha he-cho evidente el detrimento de la calidad académica en las diversas instituciones de enseñanza.

Para el caso concreto de la Univer-sidad Pública colombiana el conge-lamiento de la planta docente y el au-mento de los profesores ocasionales

constituyen dos de los principales pro-blemas a la hora de fortalecer el apren-dizaje de los estudiantes: las asesorías que son el espacio para que estudiante y profesor entablen un diálogo más cer-cano y personalizado, se ven reducidas por falta de tiempo de los docentes que deben dictar clase en diferentes univer-sidades. Así mismo el congelamiento ha generado que los profesores constante-mente se vean obligados por parte de las direcciones académicas, a rotarse materias semestre a semestre, asigna-turas y currículos que desconocen y ca-recen de un programa estructurado con

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respecto a los pregrados.

Añadido a esto, la mediocridad y fal-ta de pedagogía de muchos docentes de planta es evidente, aun así, la Uni-versidad no hace nada por sustituirlos, desconociendo en gran parte la evalua-ción profesoral hecha por los estudian-tes. Es necesario entonces que ante las diferentes convocatorias que abren las universidades para la vinculación y/o contratación de docentes, no solo sea tenido en cuenta el componente forma-tivo académico, sino también los ele-mentos pedagógicos que contribuyen al proceso de aprendizaje.

En esta misma lógica han sido inser-tadas la investigación y la extensión que hace unos años se hacían bajo paráme-tros de solidaridad y compromiso social y en la actualidad se desarrollan bajo lineamientos de rentabilidad y producti-vidad, dejando totalmente de lado una relación directa y horizontal con la co-munidad y la realidad que nos aqueja.

Así mismo, el uso de los laborato-rios, campos y espacios de la universi-dad se ha priorizado para la extensión lucrativa (o privada). Extensión que en los últimos años bajo la agudización del capitalismo y la dinámica de acumula-

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ción por desposesión, se ha enfocado en in-vestigaciones para la extracción y usurpación de los territorios ricos en recursos, territorios donde se encuentran asentadas comunidades ancestrales, y donde el excedente y produc-ción generada ni siquiera es utilizada para la economía interna del país. Ahora investiga-mos para destruir nuestro territorio.

Además de ello la investigación se impulsa a partir de COLCIENCIAS, departamento que fomenta la investigación rentable y a favor de las multinacionales, para la satisfacción de los intereses mercantiles. Se pretende entonces que los dineros para la investigación en las universidades no vayan directamente a las bases presupuestales, sino al presupuesto de funcionamiento de COLCIENCIAS. Esto rele-ga inevitablemente las iniciativas estudiantiles que no son apoyadas sino tienen un profesor de por medio y si estas no son rentables; es necesario disponer de herramientas e instru-mentos para trabajar desde nuestras iniciati-vas que eviten que las empresas se quedan con la propiedad intelectual de las investiga-ciones.

Bajo el discurso de la cobertura, la univer-sidad se ha enfocado en la educación virtual, relegando la importancia de las relaciones humanas y el acercamiento entre los profeso-res, estudiantes y la comunidad universitaria en general. Allí se evidencia la necesidad que tienen de reducir la permanencia de los estu-diantes en la universidad, relación directa con el recorte arbitrario en el tiempo de las carre-ras por medio de los créditos y la reducción de los semestres que ilógicamente son 4 meses.

Por medio de las acreditaciones a las ca-rreras, que son títulos de estandarización in-

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ternacional y se promueve por medio de los ECAES, Saber Pro, ICFES; se pretende condicionar la labor académi-ca de las instituciones, frente a un mo-delo económico productivo, “pertinen-te” y de competencia. La acreditación desconoce la autonomía universitaria, además de ello se cae en la ambigüe-dad para clarificar quienes acreditan y certifican y por qué se hace bajo esos parámetros.

Los anteriores aspectos sumados hacen del detrimento de la educación una realidad, no solo de nuestra sede (UN – Med) si no de la mayoría de las instituciones públicas del país.

Se hace entonces necesario mo-dificar desde las concepciones de los estudiantes, hasta los currículos que deben contar con líneas de profundiza-ción y enfoque, carreras no estandari-

zadas, que fortalezcan el conocimiento teórico práctico, haciendo uso de los laboratorios y las salidas de campo; ya que el aprendizaje no solo se puede entender como aquel que se construye en los claustros universitarios. El cono-cimiento critico y contextualizado debe responder a las necesidades sociales.

La universidad y los sujetos que la conformamos, debemos incentivar el dialogo, la discusión y la construcción de propuestas ante las diferentes pro-blemáticas que aquejan nuestra socie-dad, a partir de las diferentes carreras. El estudiante no puede reproducir lo que se le esta enseñando, debe reflexionar, crear y construir. Es necesario alterar las relaciones de profesor-estudiante, donde haya un reconocimiento entre iguales, sujetos pensantes que pueden contribuir en igual medida a la construc-ción de conocimiento.

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LA DEMAGOGIA DE LAS CIFRASLa financiación de la educación

superior “pública”

FINANCIACIÓN

Las políticas principales de “financiación” Estatal a las IES públicas son:

- Entrega de recursos insuficientes (bajo criterios obsoletos e impositivos) a las universidades impulsándolas al déficit y endeudamiento, a la quiebra, o a convertirse en empresas rentables para su autofinanciamiento.

- Tendencia cada vez mayor a subsidiar la oferta o hacer “inversión para el en-deudamiento” de los estudiantes; en lugar de subsidiar las universidades para garantizar educación de calidad y ampliación de cobertura en IES publicas.

- Otras formas Como a través de Colciencias, alianzas con entidades territoria-les, etc. (Las cuales no desarrollaremos en el presente documento e invitamos a su profundización y discusión)

Abordaremos entonces estos problemas en dicho orden planteado a la par las soluciones y propuestas de cada punto.

Un tema central y quizás de los más relevantes en lo que atañe al financia-miento, es la manera en que llegan los recursos a las universidades públicas, o mejor dicho, bajo qué criterios se asignan recursos a las Instituciones de Edu-cación Superior (IES). La crisis financiera de la educación pública -profundizada bajo la implementación de la Ley 30 de 1992, más exactamente art. 86 y 87- es el fiel reflejo de las falencias de una política educativa que no busca convertir la educación en pieza clave para el desarrollo del país.

Así pues, en las últimas dos décadas y bajo la ley 30, los recursos de las IES quedaron limitados al crecimiento del IPC, el cual sólo tiene en cuenta la varia-ción anual de precios de los artículos que hacen parte de la canasta familiar, de manera que el incremento en la base presupuestaria de la universidad crece de acuerdo este porcentaje, sin tener en cuenta el crecimiento en cobertura, la aper-

Mecanismos para entrega de recursos

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tura de nuevos programas académicos, el crecimiento en la contratación de do-cente provisionales, entre otros gastos que significan un fuerte impacto para los centros educativos, que van más allá de los recursos percibidos a través del aumento del IPC.

El déficit financiero en las universi-dades es ocasionado porque los recur-sos no son suficientes para suplir todos los nuevos gastos (el déficit asciende a los 500.000 millones) y así no se tiene otra alternativa que recurrir a la autofi-nanciación, sacrificando la extensión e investigación y limitándolos a un crite-rio de rentabilidad. De esta manera se puede apreciar el carácter anti-técnico de la asignación de recursos a través del IPC, ya que este no es la mejor he-rramienta para calcular los nuevos gas-tos de la universidad.

Además en las propuestas sub-secuentes a la ley 30 de 1992 para aumentar(irrisoriamente) estas trans-ferencias a las IES, se conceden au-mentos en la transferencias de recur-sos solo a aquellas universidades que cumplan con ciertos parámetros en cuanto al manejo “adecuado” fiscal-mente lo que pone contra la pared la eficacia en el tratamiento de problemas en la infraestructura que afrontan la universidades, lo que podría tomarse como la intromisión administrativa uni-versitaria, lo que deja en desventajas a instituciones de educación superior que no cumplan esos requerimientos. De igual forma, la disminución cada vez mayor de la inversión por estudiante,

evidencia la urgencia de una indepen-dencia administrativa de estas institu-ciones, en lo que refiere a la autonomía para la distribución de los dineros que llegan a las IES, esto contrasta con la pretensión del gobierno de turno en la autofinanciación de las instituciones de educación superior (independencia financiera), olvidando por completo su deber como garante de la continuidad y sostenibilidad del derecho a la edu-cación.

Si una institución es incapaz de ha-cerse eficiente, rentable, o no se ajus-ta adecuadamente a los criterios para recibir aumentos del gobierno, puede aplicarse (como se evidencio en el caso de la Universidad del Atlántico y se rea-firmó en la Propuesta de reforma a ley 30 2011) la ley de quiebra, lo cual es la muestra fehaciente de que las IES se rigen bajo un enfoque que no solo abraza la idea de empresa educativa sino que se olvida de todo rastro de la educación como motor social. Esto es lo suficientemente diciente sobre el sig-nificado de la educación superior, pues esta solo cumpliría la función darle va-lor agregado a la mano de obra.

Por consiguiente se desaprueba y es perjudicial para la garantía de la educación de calidad la asignación de recursos en base a un índice (IPC), y también se desaprueba de aumentos que violan claramente autonomía uni-versitaria y que pondría a las universi-dades a competir entre si y a ajustarse a requerimientos que no necesariamente impliquen calidad educativa.

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Sería complicado proponer arbitrariamente que los recursos de financiación se desprendan de un porcentaje del PIB, debido a que sería una proposición poco realista, con lo cual una alternativa es calcular cuales son verdaderamente los gastos de las IES, cuanto crece año a año y así consolidar una proyección de recursos que sea lo más cercana posible a la realidad de los gastos dentro de un centro universitario, dando como resultado un Índice de Precios de la Educación Superior – IPES – que tome en cuenta variables que el IPC ignora, tales como au-mento de cobertura, fomento de la investigación, calidad académica, programas de bienestar estudiantil, extensión solidaria, aumento de infraestructura, capacita-ción y aumento de planta docente, IPC, etc ; Además de esto, es imperativo que el gobierno reconozca y proponga un plan de pagos (amortización) para la deuda que tiene el estado con estas instituciones desde 1993, pues la falta de participa-ción en el presupuesto por parte de éste, es uno de los factores que ahondan la situación grave y de incertidumbre en cuanto a financiamiento.

¿Entonces, qué PROPONEMOS?

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Es claramente visible la ineficiencia y desenfoque de una política educativa que considera la rentabili-dad como criterio académico, donde se direcciona la sostenibilidad de la educación superior en el país al aumento de la demanda, a través de créditos edu-cativos. Se puede apreciar que los recursos girados hacia el ICETEX son cada vez más abundantes y en un 80% van a parar a las universidades privadas pese a que allí la tasa de deserción estudiantil es del 53%. Mientras tanto, los recursos directos que van hacia la base presupuestaria de las universida-des públicas, están congelados con lo cual no hay inversión directa sobre los entes educativos, lo que genera también un congelamiento de la planta do-cente de las universidades, además de un rezago en cuanto a infraestructura se refiere.

Rechazamos Que sea el ICETEX u otros medios de endeudamiento al estudiantado sean el meca-nismo de “financiación” de la educación superior ya que en primer lugar fomenta la idea de la educación como privilegio, mercancía y servicio y no como de-recho. El dinero que se presta en el ICETEX es (en su gran mayoría) para el acceso a universidades pri-vadas, debilitando la educación Publica en el País; Además de que se propone el ICETEX como un ór-gano financiero con ánimo de lucro (sociedad anó-nima con inversión de capital que obviamente busca multiplicarse) por lo que se estarían enriqueciendo a costa del endeudamiento de los colombianos por algo que debería ser derecho.

Por esto Proponemos que tanto el ICETEX como otros órganos similares, no puedan tener ánimo de lucro, ni criterio de rentabilidad, y que estos, deben ser mecanismos para contribuir a garantizar la con-tinuidad y sostenibilidad del Derecho educativo. Y tercero, que El ICETEX (u otro similar) tienda a des-aparecer en el tiempo, en la medida que haya un descenso alto en los costos de matrícula.

Política de Subsidio a la Oferta y no a la demanda

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Fácilmente se podría decir que el porcentaje del PIB que va dirigido hacia la educación en Colombia (4.6%, cifra que incluye no solo inversión directa a IES sino que esta inflada por recur-sos para ICETEX entre otros), esta por encima del promedio latinoamericano (3.6%), pero que sigue siendo inferior al destinado para el aparato militar, en donde esta primera cifra representa a una primera mirada una buena oportu-nidad para una educación de calidad, pero también demuestra el demagógi-co papel de la cifra, si se tiene en pers-pectiva la dependencia de la educación superior a IPC en los recursos, además de la presión que ejercieron y ejercen la ambiciones de cobertura apresura-da, ausentes de todo análisis, lo que conlleva amarrar el financiamiento de la educación a criterios de mercado (ín-dices); pasando por alto que el aumen-to en la cantidad de alumnos no quiere decir , ni calidad en la educación , ni mucho menos una cobertura real que demuestre una disminución en las bre-chas de desigualdad que marcan el in-greso a la educación superior (muestra de estos es el 60% de cobertura en Bo-gotá y el 10% en otros departamentos del país).

Como ya ha sido señalado, el pro-blema estructural de la financiación está en la manera en que se asignan los recursos, además de los mecanis-mos y el criterio que definen el cómo llegan los dineros a las instituciones de educación superior, esto añadido al abandono del estado en la base presu-puestal de las mismas. Cabe recordar que este tipo asignación presupuesta-ria obedece a una política de desarro-

llo en la cual se dice que no hay dinero para financiar la educación superior y se recurre a la financiación por parte del sector privado. Sin embargo, cuando se trata de alimentar el aparato militar los recursos parecen ser ilimitados, y aun mas, cuando se conceden exenciones tributarias a compañías multinacionales mineras por más de 10.000 billones de pesos y se destina un gran porcentaje del PIB al pago de la deuda. En este contexto negar los recursos para finan-ciar plenamente la educación es irriso-rio.

De este modo, la construcción de una nueva propuesta de educación su-perior debe contener autonomía ad-ministrativa pero con plena financiación del estado (directa y no a través de en-tidades de endeudamiento), también debe quedar claro que frente a la actual situación es necesario un estudio que dé cuenta de los gastos en que incurre una IES, además de abolir el paráme-tro del IPC para el aumento de la base presupuestaria y consolidar la manera de que en base a la proyección de re-cursos, se otorgue las nuevas transfe-rencias a las universidades, igualmente debe existir un descongelamiento de la planta docente, pero además que ésta responda a la ampliación de cobertura requerida.

Por ultimo, el tema del financiamien-to en la educación superior tiene que estar direccionado al cumplimiento de su labor social, como impulsador de un desarrollo equitativo, donde el sos-tenimiento delas IES no esté ligado a criterios de mercado, ni mucho menos a la conformación de un país homoge-nizado.

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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y UNIVERSIDAD

La universidad debe ser un espacio de flujo constante de saberes, ideolo-gías, pensamientos y opiniones, un es-pacio donde idealmente el pensamien-to es libre, donde el disentimiento y el argumento deben estar presentes. Re-sultaría contradictorio pensar en univer-sidad sin pensar en estas condiciones que se ven reflejadas en las constan-tes expresiones artísticas, culturales, y políticas; en organizaciones sociales, estudiantiles, profesorales y sindicales; en actividades de movilización social y de protesta individual y colectiva que se resumen en el pleno y efectivo goce de los derechos humanos por parte de toda la comunidad universitaria, son estas las libertades democráticas, el

conjunto de acciones inherentes a una sociedad que propician la participación e inclusión libre de las personas de ma-nera individual y colectiva .

Los mecanismos existentes en las universidades para garantizar y propi-ciar las libertades democráticas son considerablemente mínimos, es la co-munidad universitaria la que ejerce de manera efusiva sus libertades y resulta realmente preocupante que estos in-tentos de ejercer libertades democráti-cas se vean impedidos constantemente por mecanismos de represión y censu-ra, tanto internos (administración) como externos (fuerza pública y medios de comunicación). Es evidente el irrespe-

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LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y UNIVERSIDAD

to y la falta de apoyo para el desarro-llo de las expresiones de libertad en la comunidad universitaria, es inaceptable la persecución y estigmatización de los movimientos y protestas sociales (estu-diantiles, profesorales, sindicalistas) y es preocupante que los miembros de la comunidad universitaria desconoz-can sus derechos y los mecanismos existentes para la exigencia de los mis-mos esto se debe fundamentalmente a la falta de formación política y social dentro de la universidad que permita la construcción de un pensamiento crítico y transformador capaz de ejercer las libertades democráticas dentro y fuera de la universidad.

Para estructurar el análisis de las liber-tades democráticas en la universidad, es de vital importancia distinguir las formas en que estas se desarrollan, di-ferenciándose en dos formas: la partici-pación democrática y el goce y ejercicio de los derechos humanos. Dos formas que están ampliamente interrelaciona-das y que no se pueden concebir por separado.

Análisis y propuestas en

torno a libertades

democráticas en la universidad

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1. Garantía y fomento de la participación democráticaLa universidad es un actor crítico en

el análisis de problemáticas sociales, que debe propiciar la participación po-pular en la toma de decisiones en fun-ción de su autonomía y autogobierno. Se encontró que uno de los problemas fundamentales en torno a libertades democráticas radica en la falta de me-canismos que fomenten y garanticen la participación democrática de los miembros de la comunidad universita-ria, para ello es fundamental en primera instancia que los actores de esta situa-ción (comunidad universitaria) cuenten con las herramientas formativas y pe-dagógicas necesarias para el ejercicio de la participación democrática. Por lo cual se propone:

- Materias obligatorias contextuali-zadas en la formación de sujetos crí-ticos y propositivos y en el análisis profundo de las necesidades del país, para propender por una formación in-tegral.

- Fomentar los espacios amplios de discusión periódicos o permanen-tes para que los miembros de la comu-nidad universitaria aporten a la trans-formación social del país.

La comunidad universitaria debe tener amplias posibilidades de partici-pación directa en las decisiones que competen a la universidad y el país. Los mecanismos y medios deben ser

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altamente participativos e incluyentes, la democracia representativa no pue-de ser el único mecanismo de partici-pación de la comunidad universitaria, puesto que todos los estamentos uni-versitarios deben participar de manera activa y propositiva, se debe reconocer y respetar dicha participación. Para el fomento de la democracia participativa y directa en la universidad se propone:

- Reconocer y garantizar desde lo institucional los espacios asam-blearios tanto por estamentos como entre los estamentos, garantizando los espacios, los medios logísticos y de comunicación.

- Representación estudiantil cla-ramente definida desde la base con consultoría y rendición de cuentas hacia los estudiantes.

- La participación de la represen-tación estudiantil debe ser relevante ante el consejo superior.

- Fomento para todos los meca-nismos democráticos.

- Debe garantizarse los medios para el desarrollo intelectual de los estudiantes.

- Garantizar los espacios para el desarrollo de las actividades de los diferentes grupos de la Univer-sidad.

1. Garantía y fomento de la participación democrática

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La universidad debe apoyar y respe-tar las diferentes formas de organiza-ción del estudiantado (académica, cul-tural, artístico, político) y de los demás estamentos, debe promover la organi-zación de los trabajadores, respetar su libertad de sindicalización como medio necesario para la libertad de expresión movilización y participación. La univer-sidad debe respetar la voz de los tra-bajadores y cumplir los acuerdos pacta-dos con sus organizaciones sindicales. Para garantizar lo anterior se propone:

- Destinación de presupuestos para apoyos económicos a las or-ganizaciones universitarias e ini-ciativas individuales a través de un programa construido por los esta-mentos y viabilizado por la Univer-sidad (bienestar).

Se hace perentoria la democratiza-ción de todas las instancias de dirección dentro de las universidades, desde los comités de programas, los consejos de facultades, los consejos académicos, y superiores a la elección de los directo-res de sede como mecanismo indispen-sable para el ejercicio de las libertades democráticas. Los trabajadores son un estamento que debe tener participación en estos escenarios de discusión y de decisión.

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2. Garantía y fomento de dere-chos humanos

El Estado debe garantizar la promo-ción y defensa de los derechos huma-nos como elemento fundamental en la construcción democrática de la socie-dad contra las condiciones actuales, así el ejercicio de las libertades demo-cráticas no puede verse aislado de la reivindicación de autonomía y demo-cracia dentro de las universidades.

- Campaña en fomento y concien-tización de Derechos Humanos.

- Creación de cátedras de divul-gación de Derechos Humanos.

La Universidad debe oponerse contundentemente a las acciones de persecución, estigmatización, señala-miento y criminalización de las expre-siones sociales, políticas y culturales de protestas y organización las cuales niegan el derecho a la libre asociación, movilización, y la libre expresión.

La presencia de la fuerza pública y grupos paramilitares son la principales herramientas del Estado que agreden los derechos humanos, la autonomía y las libertades democráticas en la universidad, ya que cualquier indicio de oposición, de ideologías, protesta y mecanismo de participación demo-crática para denunciar irregularidades,

es brutalmente reprimido, perseguido, silenciado, amenazado, estigmatizado. Para la cual se propone:

- El desmonte del ESMAD (Es-cuadrón Móvil Anti Disturbios) por ser un órgano represor del movi-miento estudiantil y social.

En las universidades se presentan abusos y controles excesivos de la vigi-lancia por parte de la seguridad privada, que suele actuar como fuerza policiaca. La celaduría de planta junto con la par-ticipación de la comunidad universitaria puede generar autorregulación al inte-rior del campus con un tratamiento dig-no y confiable sin señalamientos.

Bibliografía recomendada: universi-dad y libertad (Jorge Yarce)

http://www.liderazgo.org.co/Jorge-Yarce/educacion_u/universidad_y_li-bertad.pdf

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UNIVERSIDAD y SOCIEDAD

Desde hace algunos meses, en el escenario público se abrió el debate acerca de las Universidades Públicas. La Financiación, la autonomía, el bien-estar, la calidad académica, son as-pectos claves para entender nuestra realidad, añadiéndole a este, un factor que de alguna manera transversaliza a todos los otros: la relación Universidad-sociedad.

Como se ha reiterado en varias oca-siones, a cada modelo de país, le co-rresponde un modelo de Universidad, y en Colombia, en donde todos los recur-

sos son negocios potenciales, y los de-rechos se han convertido cada vez más en un servicio, los claustros universi-tarios representan “Hipermercados de conocimientos”, dejando a un lado la verdadera formación de los ciudadanos y la posibilidad de crear ciencia y tec-nología que verdaderamente le sirvan al grueso de la población colombiana.

Para situar esta realidad, es perti-nente ubicar una serie de ejemplos que marcan la cotidianidad de nuestra U.

En primera medida, podemos ha-

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“Qué la universidad se pinte de negro, que se pinte de mulato, no sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores, que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la Universidad no es el patrimonio de na-

die y pertenece al pueblo ….” Che Guevara.

blar de lo que atañe a la investigación. Cuando nos preguntamos ¿para quién investiga la U?, es evidente que en el ejercicio de esta labor académica, la mayoría de los grupos de investigación realizan trabajos para grandes empre-sas en su mayoría multinacionales ex-tranjeras que vienen a saquear nues-tros recursos, las cuales son quienes en últimas agudizan la situación en la

que se encuentra este país. Con esto, se pone de manifiesto el hecho de que la investigación no está de ninguna ma-nera encaminada a la resolución de los problemas sociales, sino que al contra-rio, al haberse convertido en una mer-cancía necesaria para la supervivencia financiera de la universidad, y que se ofrece únicamente al que pueda pagar-la, termina por agravar la problemática

social del país.

Está dinámica de entender la inves-tigación como forma de lucro, puede observarse además donde sin entrar a hacer generalizaciones, muchos pro-fesores investigan para adquirir puntos que son traducidos en mayores sala-rios, dejando de lado la docencia y ol-vidando la responsabilidad que implica generar conocimientos en una institu-ción pública ¿Para esto nos están for-mando en la UN?

Por otro lado, tenemos los denomi-nados “servicios de extensión” los cua-les también son entendidos como una forma de lucro para la Universidad, los

cursos de formación continua a altos precios (incluso para los estudiantes de la sede), son la muestra más represen-tativa de que a la Universidad solo le in-teresa extenderse hacia los individuos que puedan generarle lucro. ¿Dónde queda entonces el concepto de exten-sión solidaria? ¿Cómo aportamos des-de la U a la solución de los problemas de las comunidades?

En este mismo sentido, tanto en la investigación como en la extensión, es evidente que la relación Universidad-Empresa-Estado está muy por encima de la casi inexistente relación Universi-dad-Sociedad.

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El último aspecto que pretendemos resaltar en esta serie de críticas es el tipo de relación que se tiene desde la institucionalidad universitaria con las di-ferentes comunidades en el país. Como ya lo mencionamos antes, es evidente que no muchas personas tienen acce-so a la Universidad, ni conocen lo que en ella se produce, esto se debe a que la U encierra los saberes, creando una especie de élite académica que desco-noce la realidad que hay afuera.

Más grave aún es el hecho, de que las pocas veces que se da esta relación con la comunidad, esta se da de forma jerárquica, es decir, la “academia” va a imponer sus saberes, sobe los saberes ancestrales y populares, negándose la posibilidad de consolidar relaciones de diálogo entre todos los saberes. Es co-mún ver por los pasillos de la U mues-tras culturales que supuestamente rei-vindican a la diversidad de los pueblos que habitan Colombia, pero ¿y donde están ellos en lo científico? ¿Pueden estos diversos pueblos colombianos acceder a la universidad?¿estamos ne-gando los conocimientos que constitu-yen nuestra cultura?.

Este panorama nos muestra la gran cantidad de falencias que afronta la Universidad Pública. La investigación, la cobertura, la docencia, la extensión y la calidad pedagógica de las clases no llenan las expectativas en la adqui-sición del conocimiento, estas se redu-cen a la réplica y no a la creación. De ahí que la universidad deba generar espacios propicios para la formación

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crítica, que problematice las realidades sociales del país e impulse la formación de verdaderos profesionales (multidis-ciplinares) y no simples graduados indi-ferentes a las problemáticas del entor-no donde viven.

Con todo lo anterior, entendemos que es imperativo que desde la Univer-sidad empiecen a generarse relaciones de articulación con los diferentes esta-mentos (profesores, trabajadores y ad-ministrativos) y sectores sociales, don-de se posibilite generar procesos de formación reciproca que enriquezcan los conocimientos e impulsen la plura-lidad, la conciencia y la participación activa en el proceso de transformación, no solo de la educación superior sino de la sociedad en general. Es por esto, que tanto quienes habitamos este es-pacio, como los externos a este, de-bemos empezar no solo a criticar sino también a construir conjuntamente una nueva Universidad, que critique, deba-ta y proponga soluciones acordes a las necesidades sociales del país.

En este orden de consideraciones, es evidente la necesidad de impulsar una nueva Universidad Pública que se encuentre acorde y comprometida con las necesidades del país, que se cons-tituya como garante de los saberes de las minorías, que rompa las fronteras interculturales y promueva un contacto con otros conocimientos y que fomen-te la extensión solidaria, lo cual implica una mejor financiación para que esta desarrolle, proyectos de investigación multidisciplinares sin ánimo de lucro y en constante vinculación con los de-más sectores sociales, en especial los demás niveles educativos como lo son la educación media, técnica y tecnoló-gica.

Finalmente, debemos resaltar que por el carácter público de la Universi-dad, esta se debe a la sociedad, pero hay que preguntarse ¿por qué hoy a la universidad acceden unos pocos? y ¿Por qué lo que produce la universi-dad está al servicio de unos pocos, si es toda la sociedad la que aporta a su construcción y desarrollo?

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Indice INTRODUCCIÓN

AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA UNIVERSITARIA Autonomía financiera Autonomía académica Autonomía de administrativo y de gobierno Otras propuestas y puntos para el debate

BIENESTAR UNIVERSITARIO

EXCELENCIA ACADÉMICA

FINANCIACIÓN Mecanismos para entrega de recursos ¿Entonces, qué proponemos? Política de subsidio a la oferta y no a la demanda

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y UNIVERSIDAD Análisis y propuestas en torno a libertades democráticas en la universidad Garantía y fomento de la participación democrática Garantía y fomento de derechos humanos

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

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comisiondeestudiounalmed@gmail.comasambleaunalmed.blogspot.com

2011-2012

MESA DE TRABAJO

UNALMED