Capítulo nacional de Transparencia Internacional ......deficiencias y dispersión en pro del logro de los sagrados principios de soberanía. Es realidad palpable en todos los espacios

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL COMISIÓN ESPECIAL DE FRONTERA

INTRODUCCIÓN

Antecedentes del problema en la frontera

La inclusión de toda la población al pleno goce y disfrute de los derechos humanos

y la vinculación de estos derechos con un concepto integral de Seguridad y

Defensa más allá de una decisión de sus gobernantes, residen en el mandato

constitucional establecido en la Carta Magna de 1999.

Las dos últimas décadas del pasado siglo, han sido escenarios de una creciente

agudización de problemas del eje fronterizo a consecuencia de una penetración de

acciones que vulneran reiteradamente la soberanía sobre el territorio venezolano,

cuyas variables de un sitio a otro son geográficas y demográficas, dependiendo

del territorio en cuestión, donde se pone de manifiesto la expoliación de los

recursos económicos naturales o no, generando astronómicas pérdidas

financieras a la nación y trayendo una profunda degradación en la naturaleza y

tipología propia de cada territorio y como es natural en estos casos, cambios

perjudiciales en las actividades, económicas (productivas y comerciales), sociales

y culturales para la gente que habita en las fronteras venezolanas.

La ausencia de políticas del Estado para la frontera, conlleva a determinar los

bajos niveles de desarrollo fronterizo y abandono, determinados a partir de un

conjunto de problemas de seguridad y antecedentes conceptuales sobre la

dinámica económica, social y cultural que surgen a partir de la ocupación humana

de determinados territorios fronterizos, tomando en cuenta aquellos fenómenos

derivados de intercambios en el marco de la interrelación espacial de dos o más

modos de vida diferentes.


Problemas que afectan a la frontera

La ausencia de recato por parte del Estado y por ende su falta de énfasis en pro

de un ordenamiento territorial básico que permita una gestión pública

planificada en las remotas zonas integrantes de los espacios fronterizos, ocasiona

actividades ilegales: desde el contrabando de combustible, productos de primera

necesidad, materia prima para las industrias, minería ilegal, extracción de

productos forestales, productos pesqueros, especies exóticas, procesos

migratorios ilegales, penetración del narcotráfico, el ingreso de grupos

irregulares (guerrillas colombianas), degradación de vida de las etnias aborígenes

que las habitan, la destrucción del medio natural por tecnologías no apropiadas

entre otras manifestaciones, hasta una pujante industria de fuga de productos

acabados (alimentos, medicinas, artículos de construcción, repuestos

automotrices), así como también mafias alentadoras del soborno, peajes ilícitos,

secuestro, invasión de territorios, acrecentamiento del sicariato, entre otras, cuyo

auge eleva la línea emergente de estos odiados fenómenos, en el marco de un

cierre del paso de los municipios fronterizos al territorio colombiano por parte del

Ejecutivo Nacional.

Expectativas en torno a una Ley de Fronteras

Para nadie es un secreto y la propia dinámica lo refleja, que el accionar político

del Estado venezolano hacia sus regiones fronterizas se caracteriza por profundas

deficiencias y dispersión en pro del logro de los sagrados principios de soberanía.

Es realidad palpable en todos los espacios limítrofes del Territorio Nacional, donde

la dinámica tiene supremacía, que se requiere con suma urgencia, mayor

transparencia y claridad en el accionar del Estado venezolano para sus fronteras,

en aras de apuntalar la integridad territorial y el desarrollo de estas regiones en

plena sintonía con las naturales y nacionalistas estrategias que deben servir de


soporte a la gestión económica, a las garantías sociales, de seguridad y defensa,

ambientales, tecnológicas y culturales propias de una nación cuidadosa de sus

intereses y patrimonio.

Un ordenamiento jurídico que facilite la implementación de la seguridad y

defensa de las fronteras nacionales, como preeminencia de una homogénea y

sólida política fronteriza, va de la mano con incentivar la agricultura, la pesca

y la ganadería, la industria agroforestal, petrolera, gasífera y minera, la

agroindustria, la industria y el comercio, como enclaves de un desarrollo

nacional, así como el fomento de centros poblados con óptimos servicios y vías

de comunicación, trayendo consigo una sustancial elevación de la calidad de vida

para sus habitantes y en aras de la consolidación social, económica y cultural

de toda Venezuela.

Todos estos aspectos están comprometidos con un ordenamiento jurídico para las

fronteras en el que se establezca las líneas de acción del Estado venezolano para

cambiar un rostro empañado por una compleja problemática que ocasiona

pesimismo, desesperanza y sobre todo el deterioro ético y moral en los espacios

territoriales en discusión.

En la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución de la República aprobada en

diciembre de 1999, señala la prioridad de legislar en torno a un marco jurídico

relacionado con la frontera, en un lapso de dos años, en donde establece “La

Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislará sobre todas las materias

relacionadas con esta Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas

sobre pueblos indígenas, educación y fronteras”. Sin embargo, que muchas

organizaciones y expertos presentaron propuestas en este sentido, el 30 de

diciembre de 2015 en el marco de la Ley Habilitante, el Presidente de la República


Promulga una Ley Orgánica de Frontera carente de consulta y sin considerar el

Proyecto de Ley que ya se venía discutiendo en el parlamento y del cual ya se

encontraban aprobados 38 artículos.

Estados de Excepción y cierre de Fronteras

El cierre de la frontera en el Estado Táchira, se ejerce mediante Decreto de

Estado de Excepción válido por 60 días continuos, que comienza en 5 Municipios:

Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho-Libertad, Capacho-Independencia:

posteriormente se extendió a otras zonas del Occidente del país afectando a otros

19 municipios para un total de 24: Rafael Urdaneta, Lobatera, García de Hevia,

Ayacucho y Panamericano del estado Táchira; La Guajira, Mara, Almirante Padilla,

Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, La Cañada de

Urdaneta, Jesús María Semprun, Catatumbo y Colon del estado Zulia: Páez,

Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure: y Atures del estado

Amazonas. El pretexto, un ataque a miembros de la FAN perpetrado en San

Antonio del Táchira con resultado de varios heridos, para luego argumentar la

guerra económica, el contrabando de extracción y el bachaqueo. El estado de

excepción tenía vigencia de 60 días y fue prorrogado por 60 días más, es decir

que cesó su vigencia el 19 de diciembre de 2015, sin embargo a la presente fecha

(mayo 2016) la frontera continua cerrada.

A raíz de esta situación son cuantiosas las denuncias, desde crímenes de lesa

humanidad, en el entendido en este caso como manifestaciones de Deportación o

traslado forzoso de población, especialmente de ciudadanos colombianos a su

país de origen; hasta una parálisis de la actividad económica en la frontera, con

pérdida de millones de dólares diarios, afectando a ambas partes de la frontera


que vivían del intercambio comercial trayendo como expresión una crisis

humanitaria en estado manifiesto a menos que reabran el paso.

La nueva gestión parlamentaria realizó una serie de actividades, para recoger in

situ, toda la información necesaria para el cumplimiento de la misión

encomendada a esta Comisión. El presente Informe refleja las situaciones

encontradas: contrabando de extracción como manifestación que no escapa a los

desajustes económicos entre ambos lados y cuya expresión se concreta en los

miles de ciudadanos practicando el bachaqueo, el contrabando de extracción de

gasolina y productos de la cesta básica; toda esta actividad continua de forma

acelerada, pero ahora bajo el control de supuestas mafias asociadas con algunos

funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que se dejan corromper mientras

deben cumplir con sus funciones de resguardo de la soberanía nacional. Los

pasos fronterizos principales están cerrados y controlados, pero no hay manera de

cerrar los cientos de trochas que existen entre ambos países.


CREACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE FRONTERA

La Asamblea Nacional en su Sesión Ordinaria del día 13 de enero de 2016,

incluye en su Agenda, un debate sobre el cierre de la frontera, donde aprobó un

“Acuerdo Sobre la Crisis de Frontera y Estado de Excepción en Veinticuatro

Municipios de la República”, para rechazar categóricamente el cierre unilateral

de la frontera venezolana con la República de Colombia y solicitar al Presidente de

la República, la apertura inmediata de la frontera, la restitución inmediata del

Estado de Derecho, respecto al derecho al libre tránsito y demás garantías

constitucionales; así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por

la República, así mismo contempla designar una Comisión Especial de Frontera,

para investigar y atender todas las afectaciones producto del cierre de la frontera y

evalúe el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Fronteras,

publicado en Gaceta Oficial N° 6210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de

2015.

La Comisión quedó integrada por las diputadas Laidy Gómez (Presidenta) y Gaby

Arellano (Vicepresidenta); y por los diputados Juan Requesens, Omar Barboza

y Julio Montoya. El 21 de enero de 2016 se instala formalmente la Comisión

Especial de Frontera, y en esa sesión se acuerda establecer la temporalidad de

la Comisión en ciento ochenta (180) días continuos.

La Comisión Especial de Frontera para dar cumplimiento a lo establecido en el

Acuerdo de la Asamblea Nacional, aprueba un cronograma de visitas a los

estados fronterizos para reunirse con los distintos sectores sociales y productivos

como con la comunidad en general para conocer la afectación que les ha

ocasionado el cierre de la frontera y para informarles sobre la Ley de Frontera

aprobada el 30 de diciembre de 2015.


La Comisión realizó reuniones y sus miembros asistieron a diversos eventos para

escuchar a distintas organizaciones y ciudadanos conocedores del tema

fronterizo, entre ellos:

Foro organizado por la ONG “Somos Ciudadanos Organizados” (SOCIO) el

día 12 de marzo, en el Colegio de Abogados del estado Táchira, donde

asistieron las diputadas Laidy Gómez y Gaby Arellano.

Invitación a la reunión Ordinaria de la Comisión del día 7 de abril de 2016, a

los expertos: María Teresa Belandria, Especialista en Derecho

Internacional Público y Relaciones Internacionales, quien hace una amplia

exposición sobre la cronología de estudios y análisis de la situación fronterizas

desde hace varias décadas, resaltando que hay importantes diagnósticos

como los hechos por la Comisión Presidencial de Integración de Asuntos

Fronterizos, que contienen análisis perfectamente vigentes a la actualidad.

Hizo críticas a la Ley de Frontera vigente, la cual debió ser objeto de una

amplia consulta, su contenido pareciera estar ajustado únicamente a la

frontera colombiana y no para el resto de los estados fronterizos; explicó el

caso de las REDIS fronterizas con actividades contradictorias y facultades que

no vienen al caso. Refiere que la ambigüedad de la ley vigente parte de su

propia exposición de Motivos, que fue aprobada sin que mediara una

discusión de fondo, es una ley improvisada que pone al descubierto un gran

desconocimiento de la realidad fronteriza, por lo que a su juicio debería ser

derogada y formularse un nuevo instrumento jurídico. Rocío San Miguel,

Especialista en Materia de Seguridad y Defensa, señalando que la actual

ley de frontera fue aprobada de manera apresurada, apenas seis (6) días

antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, con un contenido de

apenas 23 artículos y tres disposiciones transitorias, la cual se pudiera

describir a grandes rasgos como un instrumento hecho para otorgar a la

potestad del Ejecutivo Nacional la política de frontera, lo cual si es potestad


del Poder Público Nacional, considera que salvo el artículo 20, su contenido es

meramente declarativo y fraudulento ante la Constitución, por lo que considera

debe ser derogada. Igualmente informó que la Asociación Control Ciudadano

ha presentado en esta reunión un documento sobre la ley que se propone sea

incorporado al conjunto de documentos, para que sirvan de base en el análisis

y discusión de la presente ley. Walter Márquez, Defensor de Derechos

Humanos y Diputado Jubilado, sostiene que hace falta una ley de frontera

con una nueva metodología para enfrentar los graves problemas que ahí

sucede; considera que el cierre fronterizo es absolutamente inconstitucional y

que tiene que ver con esa visión meramente militarista que tiene el gobierno

sobre esta zona, refiere que el concepto de seguridad social debe ser

humanizado. También señala que es importante reivindicar los avances de los

anteriores gobiernos sobre este tema, como por ejemplo poner de relieve el

tema de la integración fronteriza. Propone la convocatoria a reuniones de

trabajo donde se analice el derecho comparado, los diagnósticos de las

Comisiones Presidenciales Fronterizas y las referencias que al respecto hacen

las constituciones estadales. José Gregorio García, Especialista en

Integración, informa que en noviembre de 2014 y por vía de la Ley

Habilitante, el Presidente Nicolás Maduro puso el Ejecútese a la Ley de

Desarrollo Regional Integral – Socioproductiva de la Patria, la cual contiene

más elementos sobre el tema fronterizo que la propia Ley de Frontera, mas

aun cuando tenemos una caracterización muy particular, y es que somos un

país aguas abajo, ya que casi todos los afluentes acuíferos vienen de

Colombia y en menor grado de Brasil, por lo que lo ideal es una frontera que

genere desarrollo. Asegura que las diversas comisiones fronterizas han

realizado un trabajo importante que pueden servir en este momento, sobre

todo en temas tan relevantes como el social y ambiental.


Reunión con los distintos sectores sociales y productivos en el marco de las

visitas realizadas por la Comisión a los estados fronterizos. Estado Táchira el

12 y 13 de febrero; En Apure el 19 de febrero; Zulia el 26 de febrero; y

Amazonas el 8 y 9 de abril.

Invitación de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana

(CAVECOL) a la Diputada Laidy Gómez el 9 de mayo del año en curso, donde

se comprometieron a proporcionar información sobre la afectación del sector

comercial del eje fronterizo a causa del cierre de la frontera.

Es importante señalar que esta instancia legislativa participó de manera formal

sobre la conformación de la Comisión Especial de Frontera a objeto de coordinar

acciones en conjunto a las siguientes instituciones sin obtener respuesta alguna:

Mayor General Vladimir Padrino López , Ministro de la Defensa y

Comandante Estratégico Operacional.

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República.

Aristóbulo Isturiz, Vicepresidente Ejecutivo de la República.

Mayor General Gerardo Izquierdo Torres, Ministro de Estado para la

Nueva Frontera de Paz.

Delcy Rodríguez, Canciller de la República.

Asimismo se destaca la negativa de los diputados del Polo Patriótico en conformar

y participar en la Comisión.


GIRAS REALIZADAS

A continuación se describe los resultados de las vistas realizadas por la Comisión

a los estados fronterizos:

Visita al Estado Táchira:

La visita realizada al Estado Táchira se realizó durante los días 12 y 13 de febrero;

el primer día en la población de Boca de Grita del Municipio García de Hevia, y en

San Antonio, Municipio Bolívar el 13 de febrero. Los diputados que asistieron a

esta actividad fueron Laidy Gómez, Karin Vera, Sonia Medina, Eduardo Marín,

Franklin Duarte y Carlos Valero.

Boca de Grita

El día 12 de febrero del presente año, en la localidad de Boca de Grita, Estado

Táchira se realizó una asamblea entre las cuales se encontraban representantes

de distintos sectores, de la Alcaldía de Panamericano, del Concejo Municipal de

García de Hevia y comunidad en general. En dicha jornada se expresaron

aquellos problemas que han surgido en la población luego del cierre de la frontera

en el mes de agosto de 2015, así como aquellos problemas que ya se

manifestaban y en el presente agravados y su preocupación por la actuación

abusiva por parte de funcionarios militares en la zona.

En el sector comercial los principales problemas que se le han presentado ha sido

la falta de insumos para comercializar dada la baja producción por falta de materia

prima, así como la retención ilegal de la mercancía por parte de funcionarios

militares, entre los cuales existen quienes cobran vacunas a aquellos que desean


transportar su mercancía. El resultado de todo esto es una escases enorme

acompañada de altos precios por la poca mercancía que llega. Indican también

que anteriormente compraban gran parte de la mercancía del otro lado de la

frontera pero que hoy en día dependen prácticamente de La Fría.

La falta de materia prima para la producción de alimentos y productos ha

generado el cierre de diversas empresas en la zona. Afirman que anteriormente

compraban esta en Colombia, sin embargo dado al cese de tal oportunidad se han

visto obligados a disminuir drásticamente la producción. Uno de los sectores más

afectados es el agrícola, el cual indica que gracias a la ineficiencia de Agropatria

no consiguen semillas, fertilizantes y otros materiales que le son necesarios para

la producción, que antes podían ser adquiridos en Colombia. Afirman que no se

consiguen repuestos para las unidades, en especial cauchos y baterías, los cuales

eran adquiridos anteriormente al otro lado de la frontera. También indican que

muchos transportistas tienen sus unidades apresadas del otro lado de la frontera a

causa del cierre de la misma, situación que trae como consecuencia una

deficiencia en el servicio de transporte público y que muchos de ellos se

encuentren sin trabajo en la actualidad.

Al igual que el resto de la población del país, el sector salud presenta dificultades

para conseguir insumos y medicamentos. Afirman que anteriormente los

compraban del otro lado de la frontera pero que hoy en día dependen solo de La

Fría y no llegan medicamentos a la zona. Más preocupante aún es el hecho que

Boca de Grita dependía de los servicios médicos a 5 minutos del otro lado de la

frontera, y con el cierre de la misma tienen el CDI más cercano a 40 minutos

aproximadamente, esto expone a la población a un inminente riesgo de vulnerar el

derecho a la vida como en efecto les ha sucedido a las victimas fallecidas por falta

de atención medica inmediata ante el cierre fronterizo de la zona.


La violación al derecho de libre tránsito, acompañado de abusos, sobornos y

chantajes de partes de funcionarios militares, quienes además se involucran

directamente en el tráfico ilegal de combustible, medicamentos y alimentos

confirman que las medidas tomadas en el mes de agosto y reiteradas por el

Ejecutivo Nacional están lejos de resolver los problemas que se presentaban en

los municipios fronterizos y han traído consecuencias gravísimas en materia de

Derechos Humanos así como la disminución de la calidad de vida de sus

habitantes.

También presentaron denuncias algunos ciudadanos en cuanto a la modalidad

tomada por funcionarios militares de requerir en las alcabalas a aquellos que

quieren ingresar a Boca de Grita el RIF y su carta de residencia en vez del

documento válido que es la cédula de identidad, una violación flagrante del

derecho al libre transito condicionado por la sustitución del documento de

identidad venezolano (Cedula de identidad) por otros documentos de carácter

administrativo que no demuestra la nacionalidad que permite a los ciudadanos

ejercer su soberanía.

San Antonio del Táchira

El día 13 de febrero del presente año una comisión conformada por seis

diputados de la Asamblea Nacional, entre otros, realizaron una asamblea en la

Plaza Bolívar de San Antonio del Táchira con la presencia de distintas autoridades

municipales y estadales, y la participación de la comunidad en general así como la

representación de sectores sociales y productivos, que expresaron una serie de

problemas que se han creado y agudizado desde el cierre de la frontera el año

pasado. Cabe destacar que aunque cada población fronteriza tiene problemas

distintos, en su mayoría estos son los mismos para los habitantes de los distintos


poblados de los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Entre los cientos de

problemas, informaron los ciudadanos que existen algunos que causan mayor

preocupación entre los que destacan:

El sector transporte informo que su principal problema es la falta de repuestos, en

especial cauchos y baterías, lo que los ha obligado a mantener sus unidades

paradas. Además muchos dicen tener sus unidades retenidas del otro lado de la

frontera con altísimas deudas en estacionamiento y afirman la existencia de

grupos pertenecientes a las Fuerzas Armadas cobrando cifras muy altas para el

paso por trochas. La Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Antonio

del Táchira asegura que tan solo en el área de transporte de carbón existen

aproximadamente tres mil empleos directos entre transportistas, agencias de

aduana, almacenadoras y otros servicios, los cuales han sido afectados por las

medidas tomadas por el Ejecutivo.

El sector comercial afirma que sus ingresos han caído de manera acelerada

debido a la retención de mercancía legal dentro del casco de la ciudad por

miembros de la FANB a través de procedimientos arbitrarios y discrecionales, así

como a la poca producción relacionada con la falta de materia prima que no se

produce en el país y que anteriormente se compraba en Colombia. Denuncia que

muchos se han visto obligados a cerrar sus negocios y otros han quedado

desempleados por las bajas ventas que estos registran, incrementando de manera

abrupta los índices de desempleo de la economía formal en el poblado fronterizo.

Según José Rozo, ex presidente de Fedecamaras Táchira, las perdidas gracias al

bloqueo al libre tránsito son aproximadamente de dos millones de dólares diarios,

afectando severamente los ingresos económicos de los ciudadanos de la zona.

Las medidas adoptadas han llevado al cierre técnico de un 70% de los

establecimientos del sector comercial y de un 80% del sector industrial, los cuales


no solo han sido afectados por la imposibilidad de comercializar del otro lado de la

frontera sino también son afectados por cortes de energía prolongados, ausencia

de mano de obra calificada y falta de materia prima e insumos para la elaboración

y comercialización de productos.

Para el sector salud la principal preocupación es la falta de insumos y medicinas,

al igual que en el resto del país en estos últimos meses. Afirman que

anteriormente muchos de los habitantes de la zona frecuentaban el sistema de

salud de la ciudad de Cúcuta, en especial aquellos enfermos de cáncer, los cuales

asistían a sus tratamientos de quimioterapia así como de diálisis al otro lado de la

frontera. De igual manera, se ve con altísima preocupación la situación de salud

de los ciudadanos de tercera edad, los cuales no consiguen los medicamentos

que les resultan indispensables para mantener su calidad de vida.

Sin embargo, lo más relevante de la información extraída en esta reunión fue la

existencia de un malestar general de la población de San Antonio ya que las

supuestas razones que dio el Ejecutivo Nacional para el cierre de la frontera en

varios estados a partir de agosto del año pasado eran el aumento del contrabando

de gasolina, alimentos y medicamentos pero sin embargo la situación se ha

agudizado, dándole espacio a ciertos grupos, de los cuales forman parte

miembros de la Fuerza Armada Nacional, para acaparar el negocio del

contrabando. Esta actividad ilícita en manos de tales grupos ha empeorado de

manera notable la calidad de vida de los ciudadanos de San Antonio del Táchira.

Los ciudadanos han denunciado en la presente asamblea el cobro de vacunas y

de tarifas para el paso por las trochas alternas, la confiscación de los productos de

primera necesidad por parte de funcionarios de las FANB, la imposibilidad de ir a

estudiar a colegios y a universidades a los cuales asistían un gran número de


estudiantes y el abuso de control constante por parte de las autoridades militares,

entre otros de los muchos problemas que causan preocupación en la ciudad de

San Antonio y dando fe de que el cierre de las frontera no ha traído beneficios

para su población.

Con respecto a las violaciones de derechos humanos, garantizados en nuestra

Constitución, existen numerosos casos denunciados por parte de los ciudadanos

de San Antonio. El más notable es la violación del derecho a la vida por la falta de

atención medica oportuna que antes recibían en Cúcuta y ahora se ven limitadas

por la restricción fronteriza; de libre tránsito que sufren los habitantes de la zona al

no permitírsele el ingreso al país vecino, agravado por el hecho de que ciertos

funcionarios de las FANB están cobrando grandes cantidades de dinero para

permitirles el acceso por las trochas. Muchos de los habitantes de San Antonio

aseguran constantes tratos crueles e inhumanos por parte de tales funcionarios,

incluso robo de dinero en efectivo, alimentos, medicinas, entre otros. De igual

manera, se evidencia una clara violación al derecho al trabajo, producto del gran

número de venezolanos cuya actividad laboral se produce al otro lado de la

frontera, afectando los ingresos de cientos de familias. También causa gran

preocupación ciertas denuncias de privación ilegitima de libertad de personas bajo

presunción de ser bachaqueros o contrabandistas, dejando a un lado los derechos

fundamentales del ámbito procesal como lo son el derecho a la defensa y al

debido proceso, estipulados en nuestra Constitución. Otras denuncias de

gravedad son aquellas con respecto a humillaciones y vejaciones por parte de

funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana, los cuales actúan

regularmente de una manera contraria con los preceptos legales.

Resulta evidente que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo son una clara

violación al Artículo 7 del Estatuto de Roma, el cual protege al libre tránsito de


manera colectiva o individual y al Artículo 13 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, entre otros artículos de tratados internacionales los cuales ha

firmado y ratificado la República Bolivariana de Venezuela.

Visita al Estado Apure

Guasdualito

El día 19 de febrero de 2016 la Comisión Especial de Frontera se trasladó a la

población de Guasdualito, Estado Apure. Dicha reunión contó con la presencia de

la Diputada Laidy Gómez y los Diputados Julio Montoya y Luis Lipa, en donde

informaron los diversos problemas que presentan los distintos sectores de la

sociedad y la comunidad en general producto del cierre de la frontera por orden

del Ejecutivo el pasado mes de agosto.

Los ciudadanos denuncian que desde el cierre de la frontera la adquisición de

productos de primera necesidad se les ha vuelto casi imposible. Lo poco que llega

a la localidad de Guasdualito es confiscado por los funcionarios militares, quienes

han tomado control total de la venta de dichos productos. Representantes de la

Cámara de Comercio denuncian que el matraqueo ya se ha vuelto una actividad

habitual a la que se deben enfrentar los comerciantes de la zona. Para las

personas que hacen vida en este rubro se ha vuelto una tragedia la presencia

excesiva de funcionarios de la GNB en la localidad. Los ciudadanos también

indican que ellos son los que están sufriendo la implementación del chip de

combustible, puesto que sigue existiendo contrabando de este y se ha vuelto más

difícil conseguirlo. De igual manera, causa desagrado en la población el total

control que ejercen los funcionarios militares en la venta y distribución de cemento,

elevando el precio de este de manera desproporcionada.


Los pobladores del sector denuncian que el cierre de la frontera ha afectado la

producción en Guasdualito, existe un gran abandono de la agricultura porque no

tienen como adquirir la materia prima al otro lado de la frontera, existe malestar en

los productores, ganaderos, comerciantes y agricultores porque no son tratados

como ciudadanos sino como delincuentes por parte de los funcionarios militares

en las alcabalas que lo que hacen es “matraquearlos”; la única forma de conseguir

insumos para desarrollar la industria es por medio del contrabando por la frontera,

que está tomada por funcionarios militares. El sector piscícola denuncia

especulación o sobre precios en el alimento para los peces y todo tipo de insumos

requeridos para el proceso productivo, y con la frontera cerrada es mucho más

difícil adquirirlos.

Al igual que con los alimentos, existe una falta pronunciada de insumos y

medicamentos, la cual se ha agudizado de manera abrupta desde el cierre de la

frontera. Los ciudadanos muestran preocupación por el estado de los ambulatorios

y del hospital, en especial luego del aumento del zika, dengue, chikungunya y

sarna tras las inundaciones del año pasado.

Diversos habitantes de la localidad de Guasdualito han indicado en la asamblea el

constante abuso de los funcionarios militares, los cuales no solo extorsionan sino

que cometen actos de violencia, roban productos y se han apoderado del mercado

del contrabando. A esto se le suma la quema de varias casas de la población

campesina luego del cierre de la frontera y las arremetidas en contra de

manifestaciones pacíficas.

En cuanto al combustible y los diferentes controles implementados (el chip), se

observa que no resuelve el problema de las colas en las estaciones de servicios

de la localidad, evidenciándose que el cierre de frontera, no ha solucionado tal


problemática; se ha acrecentado el contrabando y la fuga del combustible al

vecino país.

El cierre de la frontera ha afianzado el abuso de poder y el maltrato de parte de las

autoridades militares, violando los derechos constitucionales y humanos de los

ciudadanos; tales como: el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud (atención

médica oportuna y adecuada) , el derecho a la educación(Los estudiantes ya no

les sirve de nada el pasaporte y la cédula de identidad para poder asistir a las

universidades ubicadas en el hermano país (Colombia), tienen que gestionar un

carnet emitido por el Vicealmirante Antonio Clemente Carreño, Única y Máxima

Autoridad de la Zona Especial de Frontera). El derecho a calidad de vida y buena

alimentación (La falta de productos de la cesta básica, el racionamiento y la

imposibilidad de acceder a ellos por el desabastecimiento, entre otros).

Se culmina el evento, tomando en cuenta todos los planteamientos efectuados por

los voceros y adquiriendo los diputados de la comisión el compromiso de hacer la

segunda visita en el lapso de un mes para recibir y compartir posiciones y

planteamientos sobre la ley y su posible modificación o reforma. Seguidamente los

diputados se dirigieron por petición de sus residentes a la población de El Amparo,

en atención a invitación hecha por los voceros de esa parroquia, donde los

esperaba un grupo de habitantes para hacer planteamientos de la problemática

que viven en la zona relacionada con la falta de productos de la cesta básica, el

maltrato por parte de los funcionarios militares y el cobro que estos hacen para

facilitar el paso a Colombia. Ratificaron la problemática de los estudiantes para

pasar a las universidades y la gestoría del carnet emitido por la Autoridad Única de

la Zona Especial. Las cooperativas de chalaneros en el Amparo denunciaron que

la frontera se encontraba cerrada para ellos, situación que impide el traslado de

personas de un lado a otro por el cierre de la frontera, lo que representa que en la


actualidad están sin trabajo, pero señalan que los efectivos de Fuerza Armada

Nacional, con sus embarcaciones militares, trasladan a personas cobrando la

cantidad de Bs. 5.000 por viaje.

Visita al Estado Zulia

Paraguaipoa:

El día 26 de febrero del presente año, la Comisión Especial de Frontera se

traslada a Paraguaipoa con la asistencia de los diputados Laidy Gómez, Gaby

Arellano, Virgilio Ferrer, Karin Vera y Ricardo Fernández.

La actividad estaba prevista realizarse en las adyacencias de la plaza de

Paraguaipoa, pero al llegar al sitio, había un operativo para venta de alimentos

que impidió hacer el evento en ese lugar, razón por la cual hubo la necesidad de

habilitar otro espacio, y mientras se acondicionaba el mismo la Comisión se

trasladó a una almacenadora de la zona en donde se observó que se encontraba

totalmente vacía, sin operaciones. Posteriormente la Comisión logró llegar al límite

de la frontera en el puesto de Paraguachón, en donde se reunió con un grupo de

venezolanos que planteaban la grave situación que están viviendo con el cierre de

la frontera. Una vez culminado el encuentro en Paraguachón se trasladan a la

cancha de la comunidad de Puerto Aleramo, sitio que se habilitó para desarrollar

el evento, que inicia con la misma metodología empleada en los eventos

anteriores, en donde lograron exponer sus problemáticas los representantes de los

sectores de aduana, educación y transporte.

El sector aduanero se ve afectado por el bloqueo de la mercancía legal, lo cual

implica que no existe proceso de importación y exportación que atender y que

además que le genera una afectación directa al fisco nacional. Esta situación

cercenó el comercio legal con el cierre de la frontera. El 90 % del personal que


trabaja en las almacenadoras son wuayu por lo que considera que ellos si pueden

superarse trabajando. Existe un grave problema por la paralización económica al

no producirse nada debido a la imposibilidad de adquirir la materia prima

necesaria desde Colombia. Solicita la reapertura de la frontera para que la

mercancía que hace falta pueda entrar y lograr activar el aparato productivo para

abastecer el país y la idea es que los dejen trabajar en las almacenadoras que en

la actualidad se encuentran completamente vacías.

Desde que se declaró el cierre de la frontera, lo que se hizo fue mover la misma

desde Paraguachón a el Limón, por las largas trancas que ahora se hacen en ese

punto de control, ocasionando colas interminables que afectan a toda la población

y en especial a los educadores que se trasladan a trabajar; esta situación provocó

también el que se duplicara el costo de los pasajes, alegándose el aumento de la

gasolina de contrabando.

Al momento de intervenir los representantes del Transporte, entraron al evento un

grupo de aproximadamente 60 personas identificadas con el partido de gobierno

gritando consignas políticas y saboteando la actividad que ya se venía

desarrollando, comenzaron a lanzar objetos desde las afuera de la cancha por lo

que se decidió abandonar el lugar por recomendación de algunas personas, ya

que no existía la seguridad necesaria para el resguardo de los diputados y

presentes en el evento.

Otra denuncia recibida en la Comisión es el hecho que el Gobernador del estado

Zulia Francisco Arias Cárdenas, apoyándose en el Decreto 1035, publicado en

Gaceta Oficial del estado Zulia Nº 5210, de fecha 9 de marzo de 2016, que

establece que se implementan medidas para colocar bienes esenciales, servicios,

medicamentos, repuestos, autopartes, productos de limpieza e higiene personal,


en el mercado interno del estado Zulia, a fin de garantizar el abastecimiento,

distribución equitativa y justa de alimentos y productos; que se dispense de los

tramites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de

cincuenta (50) rubros previa autorización del Presidente de la Republica dentro del

Decreto de Emergencia Económica; implementar las medidas necesarias para

agilizar el transito de mercancías por el puerto y aeropuerto del estado, pudiendo

desaplicar temporalmente procesos regulares que se requieran para ser posible la

agilización previa autorización del Ministro con competencia; el gobernador previa

autorización del Presidente de la Republica y del Ministerio con competencia,

dispensara de los tramites cambiarios establecidos por CENCOEX y el Banco

Central de Venezuela, a los fines de agilizar y garantizar la importación, sin que

esto constituya mecanismo en detrimento de la recuperación del aparato

productivo nacional.

A pesar que el Decreto establece la entrada de mercancía por el puerto y

aeropuerto del estado Zulia, el gobernador lo aplica para la importación por la vía

terrestre, cuando el transito por la frontera se encuentra cerrado; esta acción

ocasiona una afectación directa al fisco nacional ante la tramitación aduanera y

pago de impuestos fiscales; se convierte en el acceso de una mercancía ilegal, sin

el debido permiso sanitario; por ultimo queda a total discreción del gobernador la

distribución de estos productos sin la debida información a la población para lograr

la equidad en la venta de los mismos. Otra desventaja del Decreto es que permite

solo la importación de productos dejando por fuera la posibilidad de exportar los

nuestros.

Visita al Estado Amazonas:

El 8 y 9 de abril del año en curso, la Comisión Especial de Frontera

conjuntamente con la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, realizan


la visita al estado Amazonas con la asistencia de los diputados Laidy Gómez,

Presidenta de la Comisión Especial de Frontera; Armando Armas

(Vicepresidente) de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, y los

diputados miembros de esa Comisión Marco Bozo Tamayo, Avilio Troconis y

Roger Cordero Lara.

El viernes 8 de abril se llevó a cabo la reunión con comunidades y sectores

sociales, y para el sábado 9 de abril en primer lugar con las autoridades regionales

para tratar el tema de seguridad y luego con las organizaciones indígenas COIBA,

SARAI, ORPIA y HORONAMI. En estas jornadas se resaltaron los siguientes

problemas:

La gente en la frontera se encuentra indefensa y en constantes amenazas, la

Policía del estado Amazonas está intervenida desde el 9 de julio de 2013 y en la

actualidad está prácticamente desmantelada. El funcionario encargado de la

intervención de la Policía señala que no cuentan con las condiciones mínimas

para el funcionamiento de dicho cuerpo. Los Órganos de Seguridad del Estado

con presencia en Amazonas (SEBIN, CICPC, REDI, ZODI) no se encuentran

coordinados y articulados entre ellos, es decir, no existe una política coordinada

en materia de seguridad ciudadana. El Plan Patria Segura tiene previsto 13

cuadrantes de seguridad para el estado Amazonas de los cuales ninguno

funciona. Toda esta problemática ha ocasionado un incremento desproporcionado

en los índices de homicidios que ya superan los 90 en lo que va de año. Quienes

controlan la zona son las FARC y el ELN que viven en constantes enfrentamientos

por el control de los territorios, de acuerdo a lo planteado por las autoridades y los

presentes en las reuniones.


El cierre de la frontera es sólo para los venezolanos porque los colombianos

entran y salen del país a cada momento por vía irregular bajo la complicidad de los

efectivos militares.

Existen entre 15 y 20 mil personas en su mayoría extranjeros (colombianos y

brasileros) que ejercen de forma ilegal la minería, lo que genera contrabando y

prostitución bajo la mirada complaciente de los efectivos de la Fuerza Armada.

Denunciaron a la Fuerza Armada de ser responsables del contrabando de

alimentos, gasolina y oro bajo la extracción ilegal. También son señalados de

violar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, al desnudarlos

con el objeto de requisarlos en busca de oro. La comida que debería ser

entregada a las comunidades indígenas a través de los Hércules lo desvían a las

minas.

Se presenta desabastecimiento y sobreprecio de los productos básicos y muchas

comunidades indígenas con niños en un alto nivel de desnutrición.

Para el procesamiento y análisis de las denuncias y observaciones expuestas por

los distintos sectores sociales y productivos en las visitas realizadas a los estados

fronterizos, así como las presentadas ante la Comisión por organizaciones y

ciudadanos en general, se conformó una Comisión Técnica integrada por: Julio

César Lobo Secretario de la Comisión que la coordina; Víctor Barraez, miembro

del Equipo Técnico de la Comisión Permanente de Política Interior; Alberto

Pastrano, Carlos Daniel Degwitz y Andrés Canelón de la Universidad

Metropolitana; Marjorie Jiménez, Gonzalo Contreras y Sor Ruiz.


PROPUESTA PARA UNA NUEVA LEY ORGÁNICA DE FRONTERA

El Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el día 13 de enero de 2016,

establece en su CUARTO Punto “Que la Comisión designada evalúe el Decreto

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Fronteras, publicado en Gaceta

Oficial N° 6210 Extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2015, por su carácter

represivo y evasivo a la intención del legislador plasmada en 38 artículos que ya

habían sido aprobados en Primera y Segunda Discusión, en el Proyecto de Ley

discutido en el anterior Período Constitucional de esta Asamblea Nacional y sus

efectos consecuenciales en la frontera”

En este sentido, la Comisión realizó varias actividades:

En las vistas realizadas a los estados fronterizos, se conformaron mesas de

trabajo por sectores para revisar la Ley Orgánica de Frontera aprobada el 30 de

diciembre de 2015, y presentar sus observaciones y propuestas ante la Comisión

en una nueva jornada de trabajo. Estos debates se llevaron a cabo en San Antonio

coordinado por la Diputada Laidy Gómez; en Boca de Grita por la Diputada Karin

Vera; y en Guasdualito el Diputado Luis Lipa, quienes consignaron a la Comisión

el resultado de cada mesa de trabajo.

También se invitó al Centro de Estudios de Frontera e Integración “Dr. José

Manuel Briceño Monzillo (CEFI)” de la Universidad de los Andes, Núcleo

Táchira, para involucrarse en el proceso de elaboración de un Proyecto de Ley de

Frontera.

En la Sesión Ordinaria de la Comisión efectuada el 7 de abril de 2016, se

recibieron a los expertos María Teresa Belandria, Rocío San Miguel, Walter


Márquez y José Gregorio García quienes expusieron sus consideraciones en

cuanto a la Ley Orgánica de Frontera y posteriormente presentaron por escrito sus

observaciones y propuesta para una nuevo instrumento jurídico.

Para estudiar y canalizar todas las propuestas de una nueva Ley de Frontera

presentadas ante esta instancia legislativa, se conformó una Comisión integrada

por el Diputado Jubilado Walter Márquez, y de los profesores Francisco Javier

Sánchez Chacón y Marleny Bustamante del Centro de Estudios de Frontera e

Integración “Dr. José Manuel Briceño Monzillo (CEFI)” con el objeto de

presentar un Proyecto de Ley de Frontera , considerando todas las observaciones

formuladas en las distintas actividades realizadas por esta Comisión.


CONCLUSIONES

Luego de revisar todas las denuncias consignadas a la Comisión y observar in situ

la situación que viven los habitantes en la frontera colombo venezolana, se aprecia

una serie de violaciones de los derechos humanos en cuanto a: derecho a la vida,

libre tránsito, trabajo, salud, educación, alimentación, que afecta de manera

directa la calidad de vida de sus pobladores. Asimismo se destaca en todos los

municipios visitados los constantes y reiterados abusos de poder, maltratos,

vejaciones y humillaciones por algunos efectivos militares que cobran dinero para

permitir el acceso por las trochas y están apoderados del mercado del

contrabando. También son señalados de ejercer el matraqueo y decomiso de

mercancías legales.

Esta situación del cierre de la frontera conlleva a manifestaciones anómalas en

donde funcionarios solicitan documentos más allá de los que identifican al

ciudadano como lo es la cédula de identidad; estos documentos son cartas de

residencia, RIF y carnet emitidos por la Autoridad Única de Frontera. Se releva el

documento de identidad venezolana (Cédula de Identidad) a la discrecionalidad de

funcionarios de la Fuerza Armada.

El contrabando de productos básicos regulados por el gobierno y la fuga de

combustible fueron una de las justificaciones para que el Ejecutivo Nacional

decretara el cierre de la frontera, sin embargo esta medida no ha surtido ningún

efecto al respecto, por el contrario se ha profundizado en los nueve meses en el

que se encuentra el paso restringido.

La industria del eje fronterizo se ve seriamente afectada con el cierre de la frontera

debido a la imposibilidad de adquirir materia prima en Colombia, la cual en el país


es difícil de conseguir, esto lleva a una drástica disminución de la producción y un

abandono de la agricultura frente a la crisis que vive Venezuela.

Los comerciantes al no tener que vender por la falta de producción y la escases de

otros productos básicos, se ven en la obligación de reducir personal y en otros

casos hasta el cierre total, ocasionando un aumento del desempleo en la zona.

Los pocos comerciantes que quedan son víctimas del abuso de efectivos militares

que le confiscan la mercancía legal bajo la actuación discrecional y arbitraria. De

acuerdo a datos suministrados por CAVECOL, sólo en el estado Táchira existe un

cierre técnico del sector comercial de un 70% y de un 80% del sector industrial

producto del cierre de la frontera.

El Estado venezolano ha dejado de percibir una cantidad incalculable de recursos

económicos por concepto de nacionalización de mercancía legal a través de las

aduanas que se encuentran paralizadas por el cierre fronterizo, pero lo más grave

es que prevalece el contrabando y comercialización de mercancía ilegal que no

deja ningún tipo de beneficio a la nación.

La restricción de la frontera deja sin actividad a los operadores cambiarios de la

zona, a los cuales se les ha atribuido la pérdida del valor de la moneda

venezolana; no obstante y a pesar de que estos no ejercen en la actualidad

operación alguna en territorio venezolano, el precio del bolívar sigue

depreciándose ante el peso colombiano en mas de un 200% en comparación a los

valores referenciales para la fecha previa al cierre.

En conclusión el cierre de la frontera no generó ningún beneficio social ni

económico para la región, por el contrario esta acción tiene a la población en un

caos, con malestar y desesperanza, bajo la presencia de mafias, cuerpos


irregulares y la desviación institucional de algunos funcionarios de las Fuerza

Armada Nacional que controlan todos los flagelos fronterizos que afectan la

economía nacional, procesos de producción, medio ambiente y calidad de vida.

En cuanto a la revisión de la Ley Orgánica de Frontera, se establecen las

siguientes consideraciones finales de acuerdo al estudio realizado por el Dr. José

Gregorio García que señala:

Carece de un marco definitorio, que permita comprender las principales

características y problemáticas de la Frontera.

Otorga una potestad absoluta al Ejecutivo Nacional por intermedio de diversos

Ministerios, sin crear un Organismo Centralizado que coordine, planifique y

ejecute la Política Integral de los Espacios Fronterizos de carácter unilateral.

Excluye la participación del poder estadal y municipal del desarrollo del Plan

de Desarrollo Integral de los Espacios Fronterizos.

Establece la creación de nuevas instancias Regionales por parte del Ejecutivo

Nacional, sin la consulta y participación de los estados y municipios, y las

cuales pudiesen socavar

Salvo su relación con la Ley para la Regionalización Integral para el desarrollo

socioproductivo de la patria, cuyas normas no concuerdan debidamente, no

se concatena con las demás normativas de la materia, inclusive tratados y

acuerdos binacionales y multilaterales.

Es una Ley Subsidiaria y/o apéndice de la Ley para la Regionalización

Integral para el desarrollo socioproductivo de la patria y del sistema nacional

de regionalización.

Da una primacía al proceso de regionalización dirigida centralista como

solución a la problemática de la frontera.


No toma en cuenta la complementariedad y homogeneidad de algunas de

nuestras regiones fronterizas con regiones limítrofes de nuestros países

vecinos.

Excluye a los órganos especializados aun vigentes pero inactivos como el

Consejo Nacional de Fronteras, Comisión Presidencial de Integración y

Asuntos Fronterizos Colombo Venezolana, Comisión Binacional de Alto Nivel,

así como a otros de más reciente creación con el Estado Mayor Cívico Militar

Fronterizo y la Misión Nueva Frontera de Paz.

Salvo las exenciones y ventajas establecidas en la Ley para la Regionalización

Integral para el desarrollo socioproductivo de la Patria, no se establece

ninguna especie de asignación especial.

Hace una breve mención a los diferendos limítrofes, los cuales debieron

mencionarse expresamente a fin de validar nuestra soberanía en esas áreas.

Otorga funciones Subsidiarias de Policía Administrativa e investigación Penal

a la Fuerza Armada Nacional; funciones que ya son ejercidas por uno de sus

componentes como es la Guardia Nacional Bolivariana.

No hace referencia a la participación ciudadana.

No toma en cuenta a los Pueblos y Hábitats Indígenas.

El aporte de esta ley es mínimo en lo que se refiere a los procesos de

integración fronteriza, especialmente el que pudiese darse en el Mercosur.

No fue consultada con los diversos sectores que hacen vida en las zonas

fronterizas.

En conclusión se puede indicar que después de un retardo legislativo de 14 años,

hoy se tiene una Ley Orgánica de Fronteras, que posiblemente no cubrirá las

expectativas de la frontera y que probablemente no presentara las soluciones

necesarias. La premura con la que se dicta esta Ley, y su carácter de apéndice a

la del Ley de Regionalización Integral Para el Desarrollo Socio Productivo de la


Patria, dan evidencia de que la misma es resultado de un tiempo político

determinado en el cual el Ejecutivo Nacional aprovechando al máximo la última ley

habilitante, buscan la creación de un nuevo orden geopolítico mediante una

regionalización centralizada y unilateral y en la cual el Ejecutivo Nacional es el

único participante, excluyendo a los Estados y Municipios, así como a las fuerzas

vivas que hacen su día a día en la frontera.

RECOMENDACIONES

Solicitar al Ejecutivo Nacional se levante la medida de cierre fronterizo de manera

inmediata, para restablecer la economía formal de industria, comercio y aduanas

así como restituir el estado de derecho respecto a la violación de garantías

constitucionales cometidas durante el periodo de cierre de frontera

Presentar una nueva Ley de Frontera previa consulta y participación de todos los

actores involucrados, basada en una política integral de Estado para promover la

seguridad, defensa y soberanía de la frontera así como un sistema económico

fronterizo que restituya la economía formal desvirtuada en los nueve (9) meses

que lleva la medida de cierre.

Documents

Capítulo nacional de Transparencia Internacional ......deficiencias y dispersión en pro del logro de los sagrados principios de soberanía. Es realidad palpable en todos los espacios