AUH en Perspectiva. Anses, Observatorio. 2012

LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL EN PERSPECTIVA.

AUTORIDADES

La política pública como restauradora de derechos.

Presidenta de la NaciónDra. Cristina Fernández de Kirchner Jefe de Gabinete de MinistrosDr. Juan Manuel Abal Medina

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad SocialDr. Carlos Alfonso Tomada Director Ejecutivo de ANSESLic. Diego Bossio

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LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL EN PERSPECTIVA

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El siguiente documento realiza un análisis de la implementación y alcance de la Asignación Uni-versal por Hijo para Protección Social, desde un enfoque que reconoce a sus beneficiarios como “ciu-dadanos portadores de derechos”.

En la primera sección del trabajo, se analiza el marco teórico y normativo que acompaña a la me-dida. En una segunda parte, se describen las carac-terísticas de sus beneficiarios, el nivel de cobertura y los impactos territoriales que ha tenido la Asig-nación Universal por Hijo para Protección Social.

This paper analyses the implementation and scope of the Universal Child Allowance for Social Protection from a social political conception which considers its beneficiaries as right holders’ citizens.

The first section of this work analyzes the theoretical and normative framework accompanying the social policy. The second part describes the characteristics of the beneficiaries, the level of coverage and the territorial impact that the Universal Child Allowance for Social Protection has had.

RESUMEN

ABSTRACT

A continuación, se incorpora al análisis la reciente Asignación por Embarazo para Protección Social, concretando un nuevo avance en políticas de inclu-sión y de igualdad de oportunidades.

Por último, se describen políticas sociales simi-lares implementadas en el marco de la región Lati-noamericana, a fin de compararlas con la experien-cia argentina.

Similarly, the third chapter includes an analysis of the recently implemented policy of Pregnancy Allowance for Social Protection.

Finally, the experiences of similar social policies carried out within the Latin American region are detailed in order to compare them with the ones carried out in Argentina.


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RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN

MARCO TEÓRICO

El Piso de Protección Social Argentino

El auge de los Programas de Transferencias Condicionadas

MARCO NORMATIVO

Antecedentes Internacionales: los derechos económicos y sociales

Antecedentes Locales

Normativa específica de la AUH

Objetivos de la AUH

Beneficiarios

Condicionalidades

La AUH y el Sistema de Salud

La AUH y el Sistema Educativo

AUH: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE SU COBERTURA ACTUAL

Características de los Beneficiarios

Distribución territorial

Características de los Titulares

Evolución de los montos abonados

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO PARA PROTECCIÓN SOCIAL

Primeros registros de su cobertura

EXPERIENCIAS SIMILARES EN LATINOAMÉRICA

Análisis comparado de los distintos PTC de la región

Situación de los PTC que contemplan asignaciones por embarazo en la región

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CONTENIDO

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La Asignación Universal por Hijo para Protec-ción Social (en adelante AUH) representa una de las medidas de política social más importantes de los últimos tiempos: dado su alcance y cobertura, se constituye como un programa de inclusión so-cial sin precedentes en la historia de nuestro país. Esta medida no se haya aislada sino que resulta enmarcada dentro de un profundo proceso trans-formador del Sistema de Protección Social que co-menzó a gestarse en el país desde 2003.

En primer lugar, la AUH significa el reconoci-miento de un derecho social: el derecho de las ni-ñas y niños argentinos a estar incluidos, a gozar de un estándar básico de vida, de bienestar y de segu-ridad económica. En segundo lugar, se convierte en una política que ratifica la universalidad de los de-rechos sociales hacia aquellos que aún participando del mercado de trabajo, se encontraban impedidos de recibir los beneficios de las asignaciones fami-liares. Esto es, a partir de la implementación de la AUH, el Sistema de Protección Social de Argenti-na se acerca cada vez más al carácter de universal. Se trata, por un lado, de continuar realizando im-portantes esfuerzos desde el Estado Nacional para combatir el trabajo no registrado, y por el otro, atender a aquellos que dadas las circunstancias del mercado de trabajo actual, aun no han tenido la oportunidad de salir de la informalidad.

INTRODUCCIÓN

En tercer lugar, la medida recoge la historia re-ciente de los trabajadores argentinos y adapta el alcance de la Protección Social a la realidad de la sociedad actual. Durante las últimas décadas del siglo XX, la flexibilización laboral, el desempleo y la informalidad socavaron el sostén de los sectores de menor poder adquisitivo. Con la implementa-ción de la AUH, también se avanzó en la inclusión social de estos sectores postergados.

Por último, la AUH acerca la política de Protec-ción Social nacional a las nuevas metas planteadas a nivel internacional. De esta manera, a partir de la puesta en marcha de la AUH y otras medidas tomadas en materia social, Argentina implementa una nueva política social que se establece como lí-der en la región, tanto en términos de casos como en montos asignados.

Analizar las características, los desafíos y el al-cance actual de la AUH constituye entonces una tarea fundamental para conocer el grado en que esta medida aporta al desarrollo social del país, permitiendo además contar con información e in-ferir acciones próximas para potenciarla, en pos de alcanzar la plena justicia social.


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PRIMERA SECCIÓN.

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO

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El piso de Protección Social Argentino

En Argentina, en particular desde mediados de la década del cuarenta, los servicios esenciales de salud y educación se fueron expandiendo y estandarizan-do, cubriendo a la mayor parte de la población.

El sistema de seguridad social se conformó en tor-no a un sistema Bismarckiano, caracterizado por ser un modelo contributivo. Esto supone que el derecho a percibir prestaciones (cobertura de salud a través de las obras sociales, asignaciones familiares, seguro de desempleo, beneficio previsional, entre otras) se deriva de las contribuciones previas efectuadas por los propios beneficiarios (trabajadores activos) y de los aportes realizados por sus empleadores. De esta forma, la seguridad económica quedaba garantizada a través del empleo, que traía consigo una batería de derechos relacionados, haciéndolo funcionar como elemento integrador.

Sin embargo, durante el período comprendido entre 1976 y 2002, los cambios en el contexto po-lítico y económico, mundial y local, modificaron los canales de protección social al reducir el rol del Esta-do así como el nivel general de empleo. Con ello, las redes de seguridad social tradicionales encontraron límites para lograr una protección social amplia en un contexto de incremento del desempleo y la infor-malidad laboral.

A partir de 2003, se fueron adicionando distintas políticas sociales que cumplían con el doble objetivo de reconstruir el vínculo social roto, mejorando la calidad de vida de una población mayoritariamente pobre.

De esta manera, comenzó a hacerse visible en Argentina la construcción de un Piso de Protección Social (PSS), mientras que en paralelo estos princi-pios se desarrollaban internacionalmente, amplian-do la cobertura de la seguridad social más allá de las condiciones laborales o del nivel de percepción de ingresos1.

Actualmente, puede observarse que la construc-

MARCO TEÓRICO

ción de un PPS en Argentina se compone de distin-tas iniciativas que combaten la vulnerabilidad social en sus diversos frentes: políticas de empleo, de previ-sión social, de desarrollo comunitario, de extensión del sistema de salud y educación.

Entre los principales programas argentinos que tienden la red de inclusión social desde la seguridad económica, compuesta por beneficios de tipo contri-butivo y no contributivo, se encuentran:

Niñez y Adolescencia: Asignaciones familiares (contributivas), AUH y Asignación por Embara-zo para Protección Social (no contributivas).

Edades centrales o en edad de trabajar: el Seguro de Capacitación y Empleo y el Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo, el Plan de Empleo Comu-nitario y el Inter zafra (todos ellos no contributi-vos), la Prestación por Desempleo, el Programa REPRO y las Pensiones no contributivas por in-validez y para madres de 7 o más hijos.

Vejez: Jubilaciones y pensiones ampliadas a través del Plan de Inclusión Previsional en el marco del sistema contributivo, Jubilaciones y Pensiones no contributivas Asistenciales por Vejez.

Además de la seguridad económica, existen otros elementos que colaboran en la construcción del “Piso”. Dentro del sistema de salud se destaca la in-corporación del Plan Nacer, la extensión de redes de Centros de Atención Primaria, las Campañas de Vacunación Gratuita y de concientización sobre distintas enfermedades a todo el país.

Dentro del sistema educativo, existen distintas iniciativas como el Programa Nacional de Becas, el Programa Nacional de Inclusión, el Plan Conectar Igualdad y la iniciativa “Secundaria para Todos”, en-tre otros.

A la vez, desde el Ministerio de Desarrollo So-cial de la Nación se gestionan distintas políticas que complementan la protección social, generando

1 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el PPS se constituye como un conjunto básico de derechos, servicios e infraestructuras sociales con los que toda persona debería poder contar. Es decir, implica alcanzar un mínimo de prestaciones.


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nuevas fuentes de empleo, educación nutricional y desarrollo local. El Plan Argentina Trabaja incluye distintas líneas de acción: Inclusión Social con Tra-bajo, Proyectos Socio-productivos “Manos a la obra”, “Marca Colectiva”, el financiamiento y capacitación a proyectos de microcréditos así como la extensión del Monotributo Social. Por su parte, el Plan “Fa-milia Argentina” incluye líneas de acción referidas a niñez, juventud, adultos mayores, seguridad alimen-taria, desarrollo comunitario y deporte y recreación.

De esta manera, la iniciativa de protección social en Argentina, busca extender el alcance de la segu-ridad social, priorizando su cobertura sobre la po-blación que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad y se posiciona naturalmente como una estrategia continua, y no como forma de reme-diar un hecho focalizado, atado a una visión corto-placista.

Todas las prestaciones de seguridad social repre-sentan transferencias sociales (en efectivo o en es-pecie) de un grupo de la sociedad a otro. Los Pro-gramas de Transferencias Condicionadas (PTC), como uno de los componentes de un sistema de protección social, pertenecen a regímenes no contri-butivos, por lo que se constituyen en instrumentos destinados a proteger a las personas más pobres y vulnerables de la sociedad, con vistas a promover y facilitar el acceso a los servicios sociales para el desa-rrollo y fortalecimiento del capital humano.

En general, los PTC se construyen con criterios de condicionalidad y de transferencia directa. La condicionalidad se compone de metas que impli-can un cumplimiento generalmente vinculado a controles sanitarios o la asistencia a la escuela y, de no efectuarse, ésto comprometerá los pagos futuros de la transferencia. En algunos casos, el total de la transferencia está condicionada al cumplimiento de los objetivos, en otros se trata solo de un porcentaje (este es el caso de la AUH). Asimismo, los requi-sitos pueden exigirse ex-ante o ex-post del pago de la transferencia. De esta forma, los PTC buscan in-tervenir en el comportamiento individual del hogar mediante el incentivo monetario.

Durante las últimas décadas del siglo XX, las im-portantes transformaciones ocurridas en América Latina en el plano político y económico, acentuaron la desigualdad en todo el continente y elevaron fuer-temente los niveles de pobreza (CEPAL, 2011). Los planes de ajuste en búsqueda de equilibrio fiscal y eficiencia en los mercados, redujeron los alcances del Estado de Bienestar, sus esferas de participación y sus mecanismos de protección social.

Las medidas de liberalización del sector finan-ciero, la desregulación del mercado laboral y las

privatizaciones estuvieron acompañadas por el des-mantelamiento paulatino de las instituciones socia-les universales (CEPAL, 2010). De esta manera, se produjo una retracción del rol del Estado, que desde el programa de gobierno proponía limitarse exclu-sivamente a aquellas funciones que no resultaban rentables para el sector privado.

En este marco, se desarrolló una reconversión de la política social hacia políticas focalizadas en transferencias de ingreso (Lo Vuolo et al, 2002). En particular, la reforma del sistema previsional -uno de los pilares fundamentales de la seguridad social- consolidó un enfoque individualista de la política social y significó no sólo la privatización parcial de la administración de los recursos previsionales, sino también el traspaso de la cobertura de los riesgos so-ciales a la esfera privada (Arza, 2009; Goldberg y Lo Vuolo, 2006).

Los PTC comenzaron a ser utilizados en la re-gión por una porción elevada de países, como me-canismo para revertir esta situación. El objetivo planteado para estos programas fue luchar contra la pobreza y la desigualdad, aceptando que muchos de los derechos sociales que anteriormente el Estado de Bienestar garantizaba, en la realidad no podían hacerse efectivos para grandes porciones de la pobla-ción (CEPAL, 2007). Por ello, a través de la cons-trucción de estos programas, se buscó tender redes más directas o más rápidas, para asegurar que los más marginados pudieran acceder a estos servicios (Correa, 2009).

La educación y la salud son dos áreas que se vie-ron fuertemente afectadas por las políticas neolibe-rales de los noventa. Los niños, niñas y adolescen-tes se incorporaron masivamente entre los grupos excluidos de dichos servicios básicos, sufriendo

El auge de los Programas de Transferencias Condicionadas

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Antecedentes Internacionales: los derechos económicos y sociales

situaciones de discriminación, privación y pobreza (Minujín, 2007). Por eso, los objetivos de la mayoría de los PTC se focalizaron en las transferencias mo-netarias hacia familias con hijos menores de edad y condicionaron las mismas con el fin de reconstruir el vínculo familiar y el ejercicio de condiciones sociales básicas: educación y salud pública.

El criterio de transferencia directa significa que en la ejecución del programa no se utilizan grandes estructuras tradicionales, ni de verificación de condi-ciones ni de intermediación en el pago de cada una de las sumas (que en la mayor parte de los casos son mensuales). Al reducir estas redes se disminuyen las posibilidades de error, de que la transferencia no lle-gue a destino y, al mismo tiempo, suelen limitar las

prácticas clientelares (CEPAL, 2011). Al respecto, el mecanismo de implementación de la AUH alta-mente sistematizado y bancarizado, permite que el beneficio llegue directamente al titular de derecho, evitando intermediaciones y demoras en los tiem-pos de recepción.

En el último capítulo de este trabajo, se mencio-nan experiencias fructíferas de otros países de la región en materia de PTC. Entre estos programas existen diferencias y similitudes. De su análisis se destacan algunos objetivos compartidos: el aumento de la escolaridad y la salud, la reducción de la pobre-za, la reducción del trabajo infantil, la creación de redes de contención, y la mejora en las instituciones educativas y sanitarias.

MARCO NORMATIVO

La AUH como instrumento de protección social se enmarca en el contexto de derechos económicos, sociales y culturales, que constituyen una amplia ca-tegoría de derechos humanos, garantizados en tra-tados internacionales y regionales. Estos derechos buscan, entre otros objetivos, proteger a los indivi-duos y a la sociedad ante determinados riesgos (en-fermedad, vejez, invalidez, desempleo, pobreza). La mayoría de los países del mundo son Estados Partes en alguno de estos tratados jurídicamente vincu-lantes. Principalmente, este conjunto de derechos apunta a garantizar (ONU, 1948 y 1966):

• El derecho al trabajo, a condiciones laborales justas y equitativas,

• El derecho a la educación, garantizando el acce-so a una educación primaria gratuita y obligatoria,

• El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluidas condiciones de vida saludables y la disponibilidad de servicios de salud accesibles, aceptables y de buena calidad;

• El derecho a la alimentación, que incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida nutritiva suficiente o a los medios para obtenerla.

La Declaración Universal de los Derechos Hu-manos, redactada en 1948 por Naciones Unidas, establece en su artículo 22° que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la orga-nización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, in-dispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad”. Asimismo, según la misma Conven-ción, toda persona tiene derecho a un seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En particular, la maternidad y la infancia tienen de-recho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimo-nio, tienen derecho a igual protección social.

En este marco, Argentina es uno de los países que ratifica en el artículo 75° de la Constitución Nacio-nal de 19942 la Declaración Universal de los Dere-chos Humanos y, en este sentido, la implementación de la AUH se manifiesta como un avance más en la garantía de derechos aplicados a la vida cotidiana.

2 En la Constitución Nacional de la República Argentina, texto ordenado 1994, artículo 75°, inciso Nro. 22 establece: “Aprobar o desechar tratados conclui-dos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civi-les y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”


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Antecedentes Locales

La AUH se encuentra enmarcada en una nueva concepción de la política social que adopta un enfo-que de derechos por medio del cual se trasciende la mera satisfacción de necesidades y se apuesta a res-taurar derechos vulnerados. A partir de esta pers-pectiva, los beneficiarios ya no son sujetos pasivos sino ciudadanos portadores de derechos (Abal Me-dina, 2010). De esto se deriva a su vez, la necesidad de conferir a la política social un carácter universa-lista y no focalizado, en contraposición a lo plantea-do por las políticas adoptadas por el neoliberalismo.

La AUH se constituye entonces como un dere-cho y como tal, encuentra su marco normativo en el Decreto 1.602/09 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional el 29 de octubre del año 2009. Este de-creto establece la incorporación del Subsistema no contributivo de “Asignación Universal por hijo para Protección Social”, dentro del Régimen de Asigna-ciones Familiares. De esta manera, la AUH se in-corpora en el plexo normativo de la Ley 24.714.

Esta ley, sancionada en octubre de 1996, estable-ció el Régimen de Asignaciones Familiares con al-cance nacional y obligatorio, reemplazando a aquél administrado por las Cajas de Subsidios y de Asig-naciones Familiares, contenidas en la Ley 18.017 (1968 y modificatorias). En su formato original, este régimen estaba basado en un subsistema con-tributivo y uno no contributivo. Allí la asignación por hijo y la asignación por hijo discapacitado se constituyeron como beneficios concedidos solo a través del empleo formal: hasta ese momento, eran beneficiarios de la asignación los trabajadores que prestasen servicios remunerados en relación de de-pendencia, beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios del Seguro de Desempleo. Por otro lado, dentro del subsistema no contributi-vo también quedaban cubiertos por esta normativa los beneficiarios del SIPA y del régimen de pensio-nes por invalidez.

Si bien el alcance de esta política era amplio, aquéllos sectores más vulnerables (por caso, aque-llos que se encontraban desocupados, empleados en el servicio doméstico, u ocupados en la economía informal), quedaban fuera del régimen.

En el contexto local, durante la década del noven-ta, las condiciones del mercado de trabajo argentino sufrieron fuertes modificaciones, flexibilizándose las normas y aumentando la precarización laboral. El trabajo no registrado fue acrecentándose con el paso de los años, alcanzando en 2003 al 50,9% de la población empleada3.

La situación de este conjunto creciente de traba-jadores informales era de total desprotección, que-dando excluidos incluso del régimen de asignaciones familiares.

Para adecuar el monto de las asignaciones fami-liares al desarrollo de la actividad económica y del nivel de precios, en el año 2004 se sancionó el Decre-to 368/04 que modificó la Ley 24.714. Esta norma otorgó un incremento de las asignaciones familiares, elevando los montos y los topes en las remuneracio-nes para la exclusión de las prestaciones. También dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera establecer en adelante, en forma periódica, la cuantía de las asignaciones, rangos y topes remuneratorios.

Analizar el marco normativo de la AUH tam-bién requiere tener en cuenta la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-lescentes (Ley 26.061). Esta normativa, sancionada en septiembre de 2005, tuvo por objeto la protec-ción integral de las niñas y niños argentinos, para garantizar el ejercicio y el disfrute, pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional. En ese sentido, la ley establece el interés superior que el Estado coloca sobre estos sujetos.

Específicamente, el artículo 3° define:

“INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

a) Su condición de sujeto de derecho;

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;

3 Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Informe Económico del Primer Trimestre de 2011.

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c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de dis-cernimiento y demás condiciones personales;

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;

f ) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

[...] Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes fren-te a otros derechos e intereses igualmente legíti-mos, prevalecerán los primeros”. 4

De esta forma, el Estado se compromete a brin-dar las condiciones necesarias para que el desarrollo personal de los niños no se vea perjudicado por las circunstancias que rodean su entorno social.

Asimismo, en su artículo 7° la ley deposita en la familia la responsabilidad de asegurar a los niños, ni-ñas y adolescentes sus derechos, aclarando que “los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la fami-

lia pueda asumir adecuadamente esta responsabili-dad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”.

Por último, la ley agrega, en su artículo 26, el de-recho de los niños a ser beneficiarios de la seguridad social:

“DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.”

Teniendo en cuenta las obligaciones estatales que surgen de esta ley, la reglamentación e implemen-tación de la AUH constituye un nuevo avance de responsabilidad estatal, a partir del cual los recep-tores se posicionan como portadores de derechos y no como meros sujetos pasivos. Por otra parte, contemplando los cambios del mercado laboral y las limitaciones del antiguo régimen de asignaciones familiares, la medida también constituye un avance en tanto completa la cobertura hacia quienes más la necesitan.

4 El subrayado es propio. 5 Según datos del Informe Económico del Primer Trimestre 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a fines de 2009, el desempleo se colocaba entorno a 8,7%. La población con ingresos por debajo de la línea de pobreza pasó de representar 50,9% (2003) a 13,6% (2009) y aquellos que se encontraban debajo de la línea de indigencia pasaron de 24,1% (2003) a 3,8% (2009). Bajo este escenario, hacia septiembre de 2009 cuando se dispuso la implementación de la AUH, existía en el país un margen mayor para proyectar medidas de largo plazo, con un impacto social más amplio y abarcando distintas esferas.

Normativa específica de la AUH

En los primeros años de la post-convertibilidad se hicieron evidentes las consecuencias en el plano social de las políticas económicas aplicadas durante la década anterior. El modelo de crecimiento eco-nómico con baja generación de empleo llegó a su agotamiento a finales de los noventa provocando un fuerte aumento del desempleo, la pobreza y la indi-gencia. Tras la crisis económica, política y social, que estalló en diciembre de 2001, el país debió enfrentar un escenario social con más de la mitad de la pobla-ción por debajo de la línea de pobreza y altas tasas de indigencia, afectando especialmente a niños, adultos mayores y mujeres.

En este contexto, el Estado debía asumir políti-cas de emergencia, que sostuvieran directamente a

las familias en peligro, generando empleo y capaci-tándolas para una futura reinserción en el mercado de trabajo. Es así que como a través del impulso de políticas sociales basadas en lograr mayor igualdad e inclusión social, comenzó a implementarse desde el año 2003 un proceso transformador en el que el Estado volvió a asumir un rol activo como garante de una mayor justicia social y equidad.

De esta manera, la situación del mercado laboral comenzó a mejorar paulatinamente. El crecimiento económico logró reducir el desempleo por medio de la generación de nuevos puestos de trabajo y creci-miento del empleo formal5.

Hasta el año 2009, existían principalmente dos planes de cobertura social dirigidos a las poblacio-


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nes de bajos ingresos: el Programa Familias por la Inclusión Social a cargo del Ministerio de Desarro-llo Social de la Nación, y el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados a cargo de los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los planes tuvieron experiencias fructíferas, especialmente en lo que compete a la indigencia y la pobreza extrema (Galasso y Ravallion, 2003; Kre-menchutzky, 2008). Salvaguardaron la calidad mí-nima de vida de los más pobres y motorizaron de a poco su poder adquisitivo en el corto plazo (Zibec-chi y Calvi, 2004).

La descripción de dichos programas excede al objetivo de este trabajo, pero es importante desta-car que la AUH persigue objetivos más amplios y de más largo plazo.

Al respecto, por un lado la AUH adopta un ca-rácter universal, extendiendo los derechos hacia aquellos niños que, por las condiciones de inserción laboral de sus padres, no se encontraban ampara-dos por los beneficios del Régimen de Asignaciones Familiares; y por otro lado, su meta final es de más largo plazo dado que plantea detener la dinámica de la pobreza intergeneracional. En este sentido, el De-creto 1.602/09 que reglamenta la AUH menciona “que la mejor política social de promoción y articu-lación del tejido social es el trabajo que, sumado a la educación, la salud, la modernización o creación de infraestructura, servicios básicos y viviendas, permi-tirá mejorar las condiciones de vida y avanzar sobre el núcleo más duro de la pobreza, consolidando pro-gresivamente un desarrollo humano integral, soste-nible e incluyente”.

A través de sus condicionalidades, la AUH cum-ple entonces un papel fundamental en la promoción de la educación y la salud de los niños, en tanto los titulares deben acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación de sus hijos; y para aquellos niños en edad escolar, deben certificar además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo correspondiente.

Con el Decreto 1.602/09 se incorporó al Régi-men de Asignaciones Familiares (Ley 24.714) “…un subsistema no contributivo de Asignación Uni-versal por Hijo para Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o

se desempeñen en la economía informal”.

Por su parte, la Resolución 393/09 de ANSES reglamentó el Decreto de creación de la AUH, a fin de ponerlo en ejecución y definir las condiciones de aplicabilidad.

De la misma forma, la Resolución 132/10, esta-bleció la creación de la “Libreta Nacional de Seguri-dad Social, Salud y Educación”, para poder ejercer el control del cumplimiento de las condicionalidades y consolidar en un único instrumento el seguimiento de cada niño en relación a los requisitos de salud y escolaridad.

En septiembre de 2010, se reglamentó el beneficio durante el período de reserva de puesto de trabajo, a los trabajadores de temporada del sector agropecua-rio que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 20.744.

Asimismo, en octubre de ese mismo año a través del Decreto 1.388/10, se incrementaron los montos tanto para las asignaciones familiares como para la AUH, pasando ésta última de $180 a $220 para hi-jos menores de 18 años y de $720 a $880 para hijos discapacitados, sin límite de edad.

Más tarde, a principios de 2011, se amplió la co-bertura de la asignación a mujeres embarazadas, a través del Decreto 446/11.

Las beneficiarias de la Asignación por Embara-zo para Protección Social quedaron definidas por aquellas mujeres que se encuentran desocupadas, o son monotributistas sociales sin ninguna prestación contributiva o no contributiva, trabajan en el sector informal o en el servicio doméstico y perciben un sa-lario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil. El objetivo de esta asignación es reducir los niveles de mortalidad materna y las defunciones neonatales, ambos evitables con acceso a los servicios de aten-ción médica especializados. Consiste en una presta-ción monetaria no retributiva mensual que se abona a la mujer embarazada desde la doceava semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción de em-barazo.

Con el Decreto 1.110/11, en junio de 2011, como una respuesta rápida del Estado Nacional ante una si-tuación de emergencia, se modificaron los montos de la AUH en las Provincias de Río Negro y Neuquén, cuyas poblaciones sufrieron el esparcimiento de ceni-zas a partir de las erupciones volcánicas del Puyehue.

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Asimismo, a través de la Resolución 421/11 de julio de 2011, se implementó el “Informe Periódico de la Asignación Universal por Hijo para Protec-ción Social (IPAUH) que se remite anualmente en el mes de agosto a todos los titulares de la AUH. Este informe brinda un detalle mensual de los movi-mientos registrados en relación a la liquidación de la AUH, correspondientes al año calendario anterior al de su remisión, representando una política más de transparencia.

Por último, un nuevo aumento del monto de las transferencias monetarias otorgadas por la AUH se

dispuso en septiembre de 2011 a través del Decreto 1.482/11. El mismo estableció que el monto de la AUH y de la Asignación por Embarazo para Pro-tección Social pasara de $220 a $270, y de $880 a $1.080 para hijos discapacitados, acumulando un aumento del 50% del monto mensual desde su pues-ta en marcha en noviembre de 2009.

Con el fin de otorgar mayor detalle, a continua-ción se exhibe cronológicamente la normativa que ha sido mencionada en este apartado y toda aquella otra vinculada a la AUH.

Objetivos de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social

La implementación de una medida como la AUH persigue múltiples objetivos, vinculados a las dis-tintas esferas del desarrollo infantil, creando una retroalimentación entre el aumento en el poder ad-quisitivo del hogar (y su consecuente mejora en la alimentación), el acceso a la educación y la salud. A través de su implementación se fortalece el ejerci-cio de los derechos de los niños asumidos en la Ley 26.061.

De acuerdo con el Decreto 1.602/09 se establece que el objetivo de la AUH es:

“…contemplar la situación de aquellos menores pertenecientes a grupos familiares que no se en-cuentren amparados por el actual Régimen de Asig-naciones Familiares instituido por la Ley 24.714”.

Así, para los padres y tutores con trabajo infor-mal, la asignación busca reforzar su salario, el cual por las propias condiciones de empleo, es en prome-dio menor que el del sector formal6. Por otra parte, para aquellos padres y tutores desempleados, el in-greso representa un piso que aleja a los miembros de la familia de la emergencia alimentaria y de la indi-gencia (OIT, 2010).

6 Para el segundo trimestre del año 2011 el ingreso medio de los ocupados plenos registrados era de $ 3.750 y el de los ocupados plenos no registrados era de $2.095 (según datos de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales- Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Año Fecha Ley, Decreto o Resolución En�dad Medida

1996 18 de octubre Ley 24.714 H.C.N.LEY DE ASIGNACIONES FAMILIARES: SE INSTITUYE CON ALCANCE NACIONAL Y OBLIGATORIO, EL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES.

2004 1 de abri l Dec. 368/04 P.E.N.MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.714, CON LA FINALIDAD DE OTORGARLE MOVILIDAD A LOS MONTOS, COEFICIENTES ZONALES, TOPES Y RANGOS REMUNERATIVOS DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES.

2005 8 de sep�embre Ley 26.061 H.C.N. LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

29 de octubre Dec. 1.602/09 P.E.N. INCORPORACIÓN DE LA AUH AL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES.

10 de diciembre Res . 393/09 ANSES REGLAMENTA LA AUH DESDE ANSES. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

16 de diciembre Dec. 2.044/09 P.E.N.REGISTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CENTRALIZA INFORMACIÓN DE TODAS LAS POLÍTICAS SOCIALES VINCULADAS.

15 de enero Res . 137/09 ANSESPROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN DE DATOS RELATIVOS A ACTIVOS, PASIVOS, PLANES SOCIALES PROVINCIALES Y MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS QUE SE HAYAN SUSCRIPTO AL CONVENIO DE COOPERACION CON ANSES.

4 de marzo Res . 132/10 ANSES LIBRETA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN. FORMALIDADES Y PLAZOS.

30 de abri l Res . 320/10 ANSES PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA AUH – APROBACIÓN.

22 de junio Res . 494/10 ANSESMODIFICACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA LIBRETA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN.

1 de octubre Dec. 1.388/10 P.E.N. ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES, INCLUYENDO LA AUH.

19 de abri l Dec. 446/11 P.E.N. INCORPORACIÓN DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO PARA PROTECCIÓN SOCIAL.

9 de mayo Res . 235/11 ANSES REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO PARA PROTECCIÓN SOCIAL.

29 de junio Res . 56/11 ANSES DISEÑO DE REGISTRO DE PASIVOS-MODIFICACIÓN.

25 de jul io Res . 421/11 ANSES IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO DE LA AUH.

29 de jul io Dec. 1.110/11 P.E.N. ASIGNACIONES ESPECIALES PARA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN.

23 de sep�embre Dec. 1.482/11 P.E.N. ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES, INCLUYENDO LA AUH.

2009

2010

2011

Leyes, decretos y resoluciones vinculadas a la AUH

Fuente: Elaboración propia en base al Centro de Documentación e Información del MECON (Infoleg)


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Asimismo, dado que en Argentina como en el res-to de América Latina, el núcleo de la pobreza está compuesto principalmente por mujeres y niños, la medida intenta también por esta vía reducir la in-fantilización y feminización de la pobreza, dada la definición de su población objetivo.

Desde otro punto de vista, la AUH transfiere dinero no solo hacia los sectores de menores ingre-sos sino también hacia aquellos que tienen menor potencial para generarlos, pues según el MTEySS entre los desocupados y los empleados informales el nivel de calificación es en general menor, de ahí también su menor poder de negociación en las con-diciones de contratación.

Otro de los objetivos principales de la medida es consolidar el vínculo de las familias de menores re-cursos con la educación y la salud infantil. Esta meta es a largo plazo y está sostenida por el monto de la asignación y exigida por las condicionalidades de la misma (véase apartado).

El cumplimiento de las corresponsabilidades en estas dos áreas es fundamental porque implica rom-per con la cadena de la pobreza a futuro. En este sentido, la política busca detener la dinámica de la pobreza intergeneracional, atacando las falencias que venían sosteniendo con permanencia las pobla-ciones más vulnerables.

El acceso a los servicios de atención médica cons-tituye una condición indispensable para que estos niños puedan realizarse, tanto física como intelec-tualmente, y debe entenderse más allá del intento de reducir su riesgo de enfermedad y muerte. Incluye aspectos médicos, psico-afectivos, sociales que bus-can mejorar las condiciones de vida del niño, com-prendiendo desde el acceso a una vivienda decente hasta la atención materno infantil, adquisición de los alimentos adecuados, buenas prácticas nutricionales y educación sanitaria. En el mismo sentido, una me-jor educación abre las puertas a los infantes a mayo-res oportunidades en el futuro, ya sea para continuar en la formación académica, para adquirir empleos de mayor calificación o para desenvolverse en sociedad de mejor manera.

Para aquellas familias que no tienen ingresos mí-nimos continuos, el acceso a los servicios es más di-fícil. La asistencia al colegio requiere realizar gastos de traslado, vestimenta, útiles, etc. En este sentido, las dificultades para contar con los elementos nece-

sarios para concurrir a la institución, generan ausen-cias reiteradas.

En el caso de los adolescentes, la deserción escolar se vincula en gran medida con el grado de participa-ción en las tareas productivas y reproductivas de la familia, en tanto elementos centrales en la estructu-ra de las oportunidades (IIPE- UNESCO, 2002). Otras veces, los jóvenes abandonan el colegio para trabajar y así colaborar con nuevos ingresos al man-tenimiento del hogar. Es así que, en este contexto, a la par de reconstituir el vínculo escolar, la AUH se relaciona con el objetivo implícito de colaborar con la política de eliminación del trabajo infantil.

Aún en el caso de que no abandonen su escolari-dad completamente, aquellos niños que viven situa-ciones de escasez de alimentos en el hogar, tienden a disminuir su atención en el aula. Entonces a las di-ficultades económicas de enviar al niño a la escuela, se suman las dificultades de su inserción en la ins-titución educativa, por lo que el incentivo a dejar la escuela es doble: económico y psicológico.

Lo mismo ocurre en el plano de la atención mé-dica: implica traslados, remedios y gastos varios. Los tratamientos médicos necesitan de continuidad en las visitas a las instituciones de salud así como un compromiso en la toma de medicamentos y otras conductas que solo en un escenario de estabilidad económica pueden ser llevadas a cabo.

De todas formas, la política no pierde de vista que el principal vínculo de participación social y acceso a los servicios sigue siendo el trabajo formal. Este punto se encuentra explícito en los considerandos del Decreto 1.602/09: “la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo”.

Desde otra perspectiva, la inclusión de los niños en la escuela y la progresiva mejora en sus condiciones de salud amplían las posibilidades de las madres (sobre quienes pesa el trabajo de cuidado) de buscar un em-pleo o cumplir en mayor medida con las condiciones del trabajo ya obtenido. En los hogares de clase media-baja de características mono-parentales, permitiría facilitar a muchas madres quedarse al cuidado de los más pequeños y aliviar la presión sobre las hijas muje-res mayores, del cuidado de los hermanos.

20 | ANSES

ABRIL 2012

Por último, a través de sus condicionalidades, la medida busca inducir la registración de los naci-mientos y la acreditación de una identidad, garan-tizando que cada niño receptor de la AUH cuente con su Documento Nacional de Identidad (D.N.I).

Beneficiarios

Los beneficiarios de la AUH son todos aquellos niños, niñas y adolescentes menores de dieciocho años (o sin límite de edad cuando se trate de un niño discapacitado) que no tengan otra asignación familiar prevista por la Ley 24.714 y cuyos padres/tutores/cuidadores o parientes de hasta tercer grado sean:

• Trabajadores no registrados o del servicio do-méstico, que perciban una remuneración menor al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM),

• Desocupados,

• Trabajadores de temporada (en los meses de reserva del puesto de trabajo),

• Monotributistas sociales7.

Adicionalmente, deben poseer D.N.I., ser argen-tinos nativos o por opción, naturalizados o residen-tes, con residencia legal en el país no inferior a tres años previos a la solicitud; y sólo pueden recibir asig-naciones, como máximo, por cinco de sus hijos.

Los niños también deben ser argentinos nativos o tener al menos tres años de residencia en el país, deben poseer D.N.I., y ser solteros.

Condicionalidades

La AUH presenta las características de un con-junto de programas conocidos como de Transfe-rencias Monetarias Condicionadas (PTMC), cuyas modalidades de pago se ajustan al cumplimiento por parte de los padres de ciertos requisitos que ac-túan como incentivos para la inversión en el capital humano de sus hijos (fundamentalmente, educación y salud). En particular, la AUH plantea ciertas con-dicionalidades para recibir la prestación monetaria no retributiva: los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación de sus hijos, y para aquellos niños en edad escolar, se debe certificar además, el cumpli-miento del ciclo escolar lectivo correspondiente.

De esta manera, los adultos responsables perci-ben el 80% del monto de la prestación dineraria en forma directa, mensualmente, mediante el depósito en una cuenta bancaria8. El 20% restante se reserva todos los meses; ese dinero solo podrá ser retirado una vez al año, cuando demuestre que el niño con-currió a la escuela durante el ciclo escolar y cumplió con los controles sanitarios y el plan de vacunación.

El cumplimiento de estas condicionalidades se acredita a partir de marzo de cada año a través de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. Se trata de un ejemplar único y personal para cada uno de los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años que certifica los requisitos indispensables para poder recibir la AUH.

7 Los monotributistas sociales son una categoría tributaria para personas físicas, integrantes de proyectos productivos de hasta tres personas o asocia-dos a cooperativas de trabajo que sean vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y cuyos ingresos como titular del derecho no superen los $24.000 anuales.8 Este monto puede ser abonado por distintos medios de pago: a través de depósito en CBU (se realiza la transferencia por la Cámara Compensadora Electrónica directamente a la cuenta bancaria del beneficiario), por correo oficial (en lugares donde no existen bancos, el pago es efectuado por ven-tanilla en las sucursales del correo oficial), o por tarjeta de débito (contando con una red de 35 entidades bancarias que disponen alrededor de 4.000 sucursales en todo el país).


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Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación

Fuente: ANSES

La libreta contiene información referente a datos filiatorios del niño y a la situación laboral del adulto responsable. Además posee una hoja para cada año del niño en donde se consignan la condición de esco-laridad, la inscripción al Plan Nacer (para los niños de 0 a 6 años), el cumplimiento de los controles mé-dicos y del plan de vacunación obligatorio.

La libreta fue suministrada por ANSES y entre-gada en los domicilios particulares de cada adulto responsable de percibir la asignación. Quienes no recibieron libretas por ser beneficiarios nuevos, pue-den certificar los requisitos a través de formularios

de certificación.

El cobro de la AUH es incompatible con la re-cepción de otro tipo de prestación contributiva o no contributiva nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso los be-neficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupa-dos y del Plan Familia, que cumplieran los restantes requisitos, pasaron a ser receptores de la AUH. En forma automática, ambos grupos incrementaron su poder adquisitivo, puesto que en este caso, el benefi-cio se asigna por hijo y no por hogar.

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La AUH y el Sistema de Salud

Los niños beneficiarios de la AUH menores a 6 años, deben inscribirse en el Plan Nacer y cumplir con el esquema de vacunación determinado para cada edad (acreditado por un especialista matriculado).

El Plan Nacer es una estrategia de seguro público de salud, destinado a las mujeres embarazadas, hasta los 45 días después del parto, y a los niños y niñas hasta los seis años de vida que no tienen cobertura

en salud. El objetivo del plan es disminuir el com-ponente sanitario de la morbimortalidad materno infantil. Se trata de una política pública de inversión descentralizada pero sujeta a resultados medibles y auditables. Actualmente cuenta con 7.023 estable-cimientos de salud de todo el país participando del programa.

Los niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años de-ben cumplir con el esquema completo de controles de salud y de vacunación correspondientes a la edad (acreditados por un profesional matriculado).

Desde el lanzamiento de la AUH, en noviem-bre de 2009, fueron inscriptos en el Plan Nacer 1.543.192 niños y niñas (Ministerio de Salud de la Nación, 2011), indicando en 2010 un crecimiento

en el nivel de las inscripciones de 71% con respecto a 2009.

Es importante destacar que Argentina cuenta con un sistema de salud público gratuito. De acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2009 el Gasto Público Consolidado en Salud representaba 6,2% del PBI, el mayor porcentaje registrado en 30 años.

Instancia ¿Qué Incluye?

▪ Control a la semana de nacimiento.▪ Control mensual durante los primeros 6 meses.▪ Control bimestral entre el 7° y el 12° mes.▪ Control trimestral entre el año y los 18 meses.▪ Controles semestrales entre los 18 meses y los tres años.▪ Controles anuales entre los 3 y los 6 años.▪ Promoción de la lactancia.▪ Pautas de alimentación y crianza.▪ Consejos para la prevención de accidentes, intoxicaciones y muerte súbita.▪ Promoción de la salud.▪ Iden ficación de casos de urgencia.▪ Consejería buco-dental.

O�almología ▪ Una consulta a los 5 años.Odontología ▪ Control anual a par r de los 6 meses.Vacunas ▪ Según calendario nacional.

Prestaciones infan�les incluidas en el Plan Nacer

Controles Clínicos

Consejos a los padres

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Salud de la Nación


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La AUH y el Sistema Educativo

Tal como se mencionó anteriormente, tras la pues-ta en marcha de la AUH, ANSES y los Ministerios de Educación y de Salud, implementaron en conjun-to la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

En lo que respecta a las condiciones educativas a constatar, la Libreta Nacional permite identificar al alumno (a través del número de CUIL), en qué es-tablecimiento estudia (principalmente a través del Código de Establecimiento Único - CUE) y su tra-yectoria escolar (incluyendo información sobre la condición de alumno regular).

El Director u otra Autoridad del establecimiento educativo debe firmar donde se indica en la Libreta, para dar fe que el niño o la niña fue alumno regular en el ciclo anterior, de manera análoga al Certificado de Alumno Regular que se expide anualmente a los hijos de trabajadores formales.

Según datos proporcionados por la Red Federal de Información Educativa de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, sobre el rele-vamiento anual 2010, la AUH junto a otras políticas

públicas orientadas a ampliar y retener a los alumnos desde el nivel inicial hasta secundaria, permitieron in-crementar significativamente la matrícula entre 2009 y 2010.

También se observó una mejora de la tasa de aban-dono interanual (porcentaje de alumnos que no se ma-tricularon en el año lectivo siguiente para 2008-2009 vs 2009-2010) en el nivel secundario – ciclo de orien-tación, pasando de 21,4% a 16,8%.

En Catamarca, Misiones, Río Negro, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, se redujo la tasa de abando-no interanual en los niveles primario y secundario. En tanto que en Córdoba, La Rioja y Neuquén la caída de dicha tasa se produjo en el nivel secundario.

Cabe mencionar que el Gobierno Nacional no sólo ha procurado atender la demanda de necesidades so-ciales, sino que también se ha preocupado por facilitar el acceso a estos servicios destinando recursos para in-crementar la oferta. Por ello para el año 2009, el Gasto Público Consolidado en Educación, Cultura Ciencia y Técnica representaba 6,7% del PBI (el mayor porcen-taje en 30 años), 15,5% del Gasto Público Total y 24% del Gasto Público en Servicios Sociales.

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SEGUNDA SECCIÓN.

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE SU COBERTURA ACTUAL

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Características de los Beneficiarios

La incorporación de niños y jóvenes beneficiarios de la AUH se realizó en forma masiva. Las acciones llevadas a cabo desde ANSES y la implementación al inicio de nuevos procesos especializados, sistema-tizados y parametrizados, permitieron encarar en el corto plazo el impacto que generó la incorporación inmediata de los beneficiarios a fines de 2009. Esto determinó que en noviembre de 2009, primer mes en el que comenzó a abonarse la asignación, los be-neficiarios alcanzaran los 3,3 millones de niños y jó-venes en situación de vulnerabilidad social.

En la actualidad, se encuentran percibiendo la prestación más de 3,5 millones de niños, lo que im-plica que a diciembre de 2011, la cantidad de benefi-ciarios se incrementó 5,9% con respecto al inicio del programa. En el mes de mayo de 2010, se registró el número máximo de beneficiarios, llegando a casi 3,7 millones de niños.

La cantidad de beneficiarios discapacitados, para los cuales la prestación no tiene límite de edad, al-canzó a diciembre de 2011 a 20.457 personas. En términos relativos este subgrupo de beneficiarios de AUH representa, en forma sostenida, entre un 0,2% y un 0,6% del total.

AUH: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE SU COBERTURA ACTUAL

Es esperable que a futuro el número de benefi-ciarios no continúe su crecimiento, dado que las po-líticas activas que se implementan desde el Estado Nacional para combatir el trabajo no registrado, lle-varían a reducir la población objetivo del programa.

En cuanto a la distribución por sexo, a diciembre de 2011 el 49,2% de los beneficiarios son niñas y 50,8% son niños. Estos datos se corresponden con una distribución representativa de la población in-fantil argentina9.

Por otra parte, en el mismo periodo la edad mo-dal se ubica en los 2 años. De esta manera, la mayor cantidad de beneficiarios se concentra en el rango de los primeros años de vida: 888.332 beneficiarios son menores de 4 años (25,3% del total).

A continuación se presenta la distribución por edades de los beneficiarios de la AUH a diciembre de 2011, realizando una contrastación con el ciclo educativo que correspondería según los rangos de edad de los beneficiarios.

A poco más de dos años del 29 de octubre de 2009, día en que el Poder Ejecutivo Nacional dic-tó el Decreto 1.602/09, resulta oportuno evaluar los avances en materia de cobertura e inclusión so-cial alcanzados a partir de la implementación de la AUH. Si bien el período es relativamente corto, re-

sulta suficiente para observar el impacto que ha teni-do esta medida sobre los sectores más postergados.

A continuación se presentan las principales carac-terísticas de alcance e impacto geográfico de la AUH, que surgen a partir del análisis de los datos disponibles.

9 Según los datos poblacionales del censo 2010, el 50,8% de la población total argentina menor de 18 años son varones y el 49,2% son niñas.


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Distribución territorial

A diciembre de 2011, la AUH alcanzó un nivel de cobertura sobre la población total del país de 8,7%11. Considerando únicamente la población menor de 18 años12(rango etario en el que se concentra la po-blación objetivo del programa), la tasa de cobertura alcanzó 28,4%13.

A continuación se exhibe la distribución territo-rial de los beneficiarios de la AUH, por provincia y por región.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de asignaciones otorgadas (1.218.294 be-neficiarios), en línea con su mayor densidad pobla-

10 Los datos no se corresponden con la etapa educativa en que efectivamente se encuentra cada beneficiario, sino que la relación entre edad y nivel edu-cativo fue calculada en función a los rangos establecidos por el Ministerio de Educación. El gráfico no incluye a 20.457 beneficiarios con discapacidades que también reciben la AUH. Adicionalmente, se excluyeron del análisis aquellos beneficiarios que cumplieron 18 años en diciembre de 2011 (en total son 10.236 beneficiarios que en enero de 2012 dejarían de pertenecer al programa). 11 Considerando una población total país de 40.117.096 habitantes, según datos del CENSO 2010-INDEC.12 Esto es, 12.333.747 jóvenes menores de 18 años, según datos del CENSO 2010-INDEC.13 Por cuestiones metodológicas, dentro de los beneficiarios menores de 18 años también se considera a todos los beneficiarios discapacitados, indepen-dientemente de su edad (a diciembre de 2011 se registraban 20.457), y aquellos beneficiarios que cumplieron 18 años en diciembre de 2011.

Beneficiarios según edad y etapa educativa correspondiente10 (dic-11)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Maternal25%

Jardín de Inf.12%

Nivel Primario39%

Nivel Secundario24%

Edad

Cant. Beneficiarios

cional en el total país y también en el total de niños y jóvenes menores de 18 años. En segundo lugar, se encuentran las provincias de Córdoba y Santa Fe con 273.289 y 256.814 beneficiarios, respectivamente.

En términos de cobertura sobre la población ob-jetivo, las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Formosa son las que presentan los mayores por-centajes: 52,3%, 49,8% y 47,6%, respectivamente. Se trata de provincias en las que la pobreza y la vulnera-bilidad han estado históricamente presentes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ANSES

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En términos regionales14, la Región Centro y Buenos Aires presenta la mayor cantidad de benefi-ciarios, considerando la gran densidad de población que concentran las provincias que la componen. En este sentido, la región cuenta con más de 1,9 millo-nes de beneficiarios a diciembre de 2011 y alcanza una tasa de cobertura de 24,1% sobre la población menor de 18 años.

En segundo lugar, se encuentran las regiones de NOA y NEA, con 555.676 y 524.609 beneficia-rios, respectivamente. Estas dos regiones también presentan las tasas de cobertura más altas: 39,5% y 46,4% respectivamente, indicando que las regiones más vulnerables del país son las que más se benefi-cian con la asignación.

14 La regionalización adoptada corresponde a la clasificación realizada por la Dirección de Información y Análisis Regional del MECON.

Provincia Beneficiarios Población < 18 años Cobertura

Buenos Aires 1.218.294 4.803.833 25,4%

CABA 93.583 888.559 10,5%

Catamarca 37.726 113.086 33,4%

Chaco 169.584 324.433 52,3%

Chubut 27.186 156.522 17,4%

Córdoba 273.289 1.017.293 26,9%

Corrientes 131.053 305.167 42,9%

Entre Ríos 101.047 379.999 26,6%

Formosa 77.651 162.995 47,6%

Jujuy 74.570 207.004 36,0%

La Pampa 24.315 98.059 24,8%

La Rioja 29.747 102.576 29,0%

Mendoza 163.673 534.623 30,6%

Misiones 146.321 338.678 43,2%

Neuquén 43.382 169.483 25,6%

Río Negro 49.534 196.347 25,2%

Salta 149.863 373.372 40,1%

San Juan 72.244 209.386 34,5%

San Luis 30.502 132.911 22,9%

Santa Cruz 11.218 84.228 13,3%

Santa Fe 256.814 982.140 26,1%

San�ago del Estero 133.913 268.708 49,8%

Tierra del Fuego 4.487 39.108 11,5%

Tucumán 159.604 445.236 35,8%

DEPÓSITO EN CBU 27.623 - -

TOTAL 3.507.223 12.333.747 28,4%

Fuente: Elaboración sobre la base de ANSES y es�maciones propias de la población por edad y provincia, según datos del CENSO 2010-INDEC

(por provincia - dic 2011)

Distribución territorial de los beneficiarios

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ANSES y estimaciones propias de la población por edad y provincia, según datos del CENSO 2010-INDEC.


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Fuente: Elaboración sobre la base de ANSES y estimaciones propias de la población por edad y región, según datos del CENSO 2010-INDEC.

Cantidad de beneficiarios y cobertura por región (dic-11)

46,4%

39,5%

30,2%

24,1%21,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

NEA

NOA

NUEV

O CU

YO

CENT

RO y

BUEN

OS A

IRES

PATA

GÓN

ICA

Beneficiarios Cobertura (eje der.)

Región Cobertura

(en can�dad) (en porcenta je) (en can�dad) (en porcenta je) (en porcenta je)

NOA 555.676 15,8% 1.407.406 11,4% 39,5%

NEA 524.609 15,0% 1.131.272 9,2% 46,4%

NUEVO CUYO 296.166 8,4% 979.496 7,9% 30,2%

PATAGÓNICA 160.122 4,6% 743.749 6,0% 21,5%

CENTRO y BUENOS AIRES 1.943.027 55,4% 8.071.823 65,4% 24,1%

Sin iden�ficación 27.623 0,8% - - -

TOTAL 3.507.223 100,0% 12.333.747 100% 28,4%

Distribución territorial de los beneficiarios(por región - dic 2011)

Fuente: Elaboración sobre la base de ANSES y es�maciones propias de la población por edad y región, según datos del CENSO 2010-INDEC

Beneficiarios Población < 18 años

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ANSES y estimaciones propias de la población por edad y región, según datos del CENSO 2010-INDEC.

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ABRIL 2012

Características de los Titulares

En diciembre de 2011, la AUH se otorgó a 3,5 millones de niños y jóvenes, mientras que la canti-dad de familias que recibieron la asignación ascen-dió a más de 1,8 millones. El 48,9% de los titulares tiene un solo hijo a cargo, mientras que en promedio la cantidad de hijos por titular recibiendo la asigna-ción es cercana a 2, relación que se mantiene desde los comienzos de implementación de la AUH.

La mayor parte de los titulares se concentra en la franja etaria entre los 30 y los 34 años. Del total, el 94,4% son mujeres, es decir que son las madres/tutoras las que administran casi la totalidad de las asignaciones. En este sentido, la titularidad se ha ido “feminizando” desde el inicio de la medida, cuando las mujeres representaban el 78% de los adultos res-ponsables. Parte de esta feminización puede ser ex-plicada por la normativa dispuesta por ANSES en

Evolución de los montos abonados

La AUH comenzó a abonarse en el mes de no-viembre de 2009 como una prestación monetaria consistente en una suma mensual de $180 por cada hijo menor de 18 años y una suma de $720 por cada hijo discapacitado, pertenecientes a grupos familia-res en situación de vulnerabilidad social.

Posteriormente, a partir de los aumentos decreta-dos en octubre de 2010, estos montos se elevaron a

su Resolución 393/09, que establece en su artículo 10° que “cuando la tenencia del niño, adolescente o persona discapacitada sea compartida por ambos padres, la madre tendrá prelación sobre el padre en la titularidad de la prestación”.

Con respecto a la situación laboral relevada sobre los padres, madres y tutores de los beneficiarios re-ceptores de la AUH, a diciembre de 2011 el 94,0% de los beneficiarios corresponde a titulares desem-pleados o trabajando en condiciones no registradas, mientras que cuando se puso en marcha el progra-ma, este porcentaje era 96,9% (correspondiente a los titulares de 3,3 millones niños beneficiarios). Por otra parte, el 3,9% de los beneficiarios corresponde a titulares que están inscriptos como monotributistas sociales y el 2,1% son beneficiarios cuyos titulares trabajan en empleo doméstico registrado.

$220 y $880, respectivamente.

En la actualidad, a partir de los últimos ajustes aplicados en septiembre de 2011, la prestación mo-netaria asciende a $270 por cada hijo menor de 18 años y $1.080 por cada hijo discapacitado. De esta manera, desde su puesta en marcha, los montos mensuales por beneficiario abonados a través de la AUH acumulan un crecimiento de 50%.


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Aumentos registrados en los montos mensuales abonados por beneficiario

$ 180 $ 220 $ 270$ 720 $ 880 $ 1.080$ 0

$ 200

$ 400

$ 600

$ 800

$ 1.000

$ 1.200

ene-00 ene-00 ene-00

AUH AUH con discapacidad

nov-09 sep-10 sep-11

↑ 50% acum.

↑ 22,2% acum.

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO PARA PROTECCIÓN SOCIAL

En el marco de las políticas sociales concebidas como un derecho y avanzando en su universalidad, en abril de 2011 el Poder Ejecutivo decidió extender la prestación a mujeres embarazadas desde la sema-na 12 de gestación hasta el momento de finalización del embarazo.

Mediante el Decreto 446/11, el Gobierno Nacio-nal modificó la Ley 24.714, ampliando gradualmen-te los beneficios que brinda el Sistema de Protección Social en Argentina: de esta manera, se incorporó a la legislación nacional la Asignación por Embarazo para Protección Social.

A partir de esta ampliación, el objetivo es conti-nuar avanzando sobre la reducción de la pobreza, al mismo tiempo que se busca disminuir los índices de mortalidad maternal, perinatal, neonatal e infantil asociados a problemas en el acceso a los servicios de atención médica especializados. Para poder acceder a la asignación, puntualmente se requiere que la mu-jer embarazada sea argentina, nativa o por opción, con residencia legal en el país no inferior a 3 años previos a la solicitud de la asignación, portadora de DNI, y que además se encuentre inscripta en el Plan Nacer, cumpliendo con los controles que éste establece.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ANSES.

Controles y acciones a realizar durante el embarazo exigidos por el Plan Nacer

▪ 5 controles médicos que cons is ten en: peso, medición de la embarazada, control mamario, medición de la panza, la�dos del bebé y papanicolau.

▪ Recibi r información sobre cuidados durante el embarazo, luego del parto y del recién nacido; consul tas urgentes durante el embarazo y luego del parto, lactancia materna, etc.

▪ Examen odontológico.

▪ Anál i s i s de sangre y orina: Grupo sanguíneo, chagas , s ífil i s , SIDA, cul�vo de orina, etc.

▪ Vacunas : 2 dos is de vacuna doble en el embarazo y 1 dos is de vacuna doble vi ra l luego del parto.

▪ 2 ecogra�as .

▪ Derivación en caso de ser necesario a : médicos especia l i s tas , nutricionis tas as is tentes socia les , ps icólogo, etc.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Salud de la Nación.

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Asimismo, tanto la mujer embarazada como su grupo familiar, deberán estar desocupados; ser mo-notributistas sociales sin ninguna prestación contri-butiva o no contributiva; o trabajar en el sector infor-mal o en el servicio doméstico, percibiendo un salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil.

Cabe destacar que la receptora de la prestación puede tener obra social únicamente si se trata de una monotributista social o empleada del servicio doméstico (percibiendo una suma igual o inferior al salario mínimo, vital y móvil) o de una trabajadora de temporada en los meses de reserva de puesto de trabajo.

De manera similar a la AUH para Protección So-cial, el 80% del monto de la prestación es abonado

mensualmente a las titulares desde la semana 12 y hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. El restante 20% se percibe una vez finalizado el emba-razo si se certifica el cumplimento de los controles médicos previstos en el Plan Nacer.

Por otra parte, al tratarse de una medida que busca cumplir con los controles y tratamientos es-pecíficos durante el periodo de gestación, en caso de embarazos múltiples el monto percibido conti-núa siendo uno solo. Asimismo, la percepción de la transferencia resulta incompatible con el cobro de cualquier otra suma de dinero originada en planes sociales de cualquier otra jurisdicción que perciba el grupo familiar, con excepción de la AUH.

Primeros registros de su cobertura

La Asignación por Embarazo para Protección Social comenzó a implementarse en mayo de 2011. El pe-ríodo de puesta en marcha es corto para analizar impactos, pero pueden presentarse los primeros registros de la cobertura de esta medida.

En este sentido, a diciembre de 2011 el número de beneficiarias ascendía a 68.580, mientras que en el primer mes de implementación del programa, el número alcanzaba las 5.170 embarazadas.

Evolución de las beneficiarias (may-11; dic-11)

5.170

36.191

48.805

54.743

59.282

63.576

67.527 68.580

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ANSES.


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Con relación al contexto laboral de las beneficiarias, el 95,4% se encontraba desocupada o trabajando en condiciones de informalidad, mientras que 3,2% pertenecía a la categoría de monotributista social, y por último, 1,4% se encontraban empleadas en el servicio doméstico.

Condición laboral de las beneficiarias (dic-11)

3,2%

1,4%Monotribu�stas Sociales

Empleadas en Servicio Domés�co

Desocupadas / SectorInformal

95,4%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ANSESFuente: Elaboración propia sobre la base de ANSES.

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TERCERA SECCIÓN.


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Los PTC en América Latina surgen a mediados de la década del noventa. A partir de entonces, se han difundido en la región como un instrumento de lucha contra la pobreza.

En los distintos países de la región difieren, prin-cipalmente, en cuanto al protagonismo que se les otorga en los sistemas de protección social, así como también con relación al enfoque que se utiliza para sus diseños.

En algunos casos otorgan transferencias mone-tarias, otros en especie (alimentos, útiles escolares, capital productivo) y algunos brindan servicios di-rectamente o por medio de otros programas (talle-res educativos, acompañamiento familiar, inserción laboral, etc.).

Según CEPAL, en la actualidad los programas de protección social no contributivos en América Lati-na y el Caribe operan en la actualidad en 18 países de la región y benefician a más de 25 millones de familias (alrededor de 113 millones de personas), es decir, cubren al 19% de la población con una inver-sión aproximada de 0,4% del PBI regional .

Desde su implementación, los PTC no sólo cre-cieron en cantidad sino que aumentaron los montos, así como su nivel de cobertura y alcance geográfico.

A continuación se detallan los PTC más repre-sentativos de 17 países de América Latina. Para hacer comparables las transferencias monetarias se convirtieron los montos en moneda local a dólares al tipo de cambio de octubre de 2011.

Bolivia: Bono Juancito Pinto

Se inicia a partir de la aprobación del Decreto Supremo 28.899/06 en 2006. La Unidad Ejecuto-ra para la gestión y entrega del Bono Juancito Pinto depende del Ministerio de Educación y Culturas, y rige en todo el territorio nacional.

• Objetivo: Fortalecer, proteger y desarrollar las capacidades humanas, favoreciendo fundamen-talmente a los niños y niñas del país. Busca focali-zar acciones para crear las condiciones que incen-tiven la matriculación y reduzcan la inasistencia y la deserción escolar.

• Beneficiarios: Niños y niñas hasta 18 años de edad que cursen de 1° a 8° de primaria en las uni-dades educativas públicas de Educación Formal de todo el territorio nacional, y los alumnos de Educación Especial y Educación Juvenil Alterna-tiva sin límite de edad.

• Monto de la transferencia: US$29 anuales. Se entrega una vez al año.

• Condicionalidades: Los beneficiarios deben acreditar asistencia escolar regular a las unidades educativas públicas.

Bolivia: Bono Madre Niña-Niño Juana Azurduy

El Decreto Supremo 0066 de abril de 2009, ins-tituye el incentivo para la maternidad segura y el desarrollo integral de la población infantil de 0 a 2 años de edad, en el marco del Plan Nacional de De-sarrollo y las políticas de erradicación de la pobreza extrema.

Según datos del Decreto, hasta el momento de la implementación del programa, aproximadamente el 74% de la población nacional no estaba cubierta por la seguridad social de corto plazo, siendo este por-centaje mayor en el área rural. Esta situación afec-taba principalmente a mujeres y niños; y se eviden-ciaba en las elevadas tasas de mortalidad maternas e infantiles, y en los niveles de incidencia de desnutri-ción crónica en la población menor de 2 años.

• Objetivo: Garantizar el derecho de las muje-res a la maternidad segura, así como el derecho inherente de toda niña o niño al proceso de de-sarrollo integral, contribuyendo a la disminución de la mortalidad de las mujeres embarazadas y la desnutrición crónica de los menores de 2 años.

• Beneficiarios: Mujeres embarazadas y en pe-ríodo de lactancia, niños y niñas menores a 1 año de edad en el momento de su inscripción, hasta cumplidos los 2 años de edad. Se excluye a los be-neficiarios de la seguridad social que tengan otro seguro de salud y a mujeres embarazadas cuyo úl-timo niño nacido tenga menos de 2 años de edad en el momento de su inscripción.

• Monto de la transferencia: US$260 a entregar-se por etapas en un periodo de 33 meses.


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• Condicionalidades: Asistencia de las mujeres embarazadas a 4 controles prenatales, parto ins-titucional y control post-natal. Los niños y niñas menores de 2 años deben asistir a 12 controles de salud bimestrales.

Brasil: Bolsa de Familia

Se inicia en 2003 dentro del marco del “Programa Hambre Cero” tras la unificación de los programas Bolsa Escuela, Bolsa Alimentación, Tarjeta de Ali-mentos, y Auxilio-Gas. Posteriormente, en 2005 también unifica sus prestaciones con el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI). Se en-cuentra en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y de Lucha contra el Hambre.

• Objetivo: Reducir la pobreza y contribuir a que las familias inviertan en el capital humano de sus hijos, rompiendo el ciclo de transmisión inter-generacional y la disminución estructural de la pobreza.

• Beneficiarios: Familias en extrema pobreza, con niños de 0 a 17 años en situación de vulnera-bilidad. Para participar del programa las familias deben estar inscriptas en el Catastro Único para Programas Sociales (instrumento que identifica y caracteriza a las familias cuya renta mensual es de hasta medio salario mínimo por persona o tres salarios mínimos en total).

• Monto de la transferencia: Se otorga un bene-ficio básico de US$40 mensuales sólo para fami-lias en extrema pobreza, con ingreso per cápita igual o inferior a US$40. Un beneficio de US$18 para familias con niños de 0 a 15 años (hasta un máximo de 5 hijos por familia); y un beneficio de US$22 para familias con jóvenes entre 16 y 17 años (hasta un máximo de 2 por familia), siem-pre que estén inscriptas en el Catastro Único para Programas Sociales.

• Condicionalidades: Acreditar asistencia esco-lar, vacunación, control nutricional y exámenes pre y post natales. Para los grupos expuestos al riesgo de trabajo infantil, se exige asistencia a acti-vidades socio-educativas.

Chile: Sistema de Protección Social Chile Solida-rio (SPS Chile Solidario)

Fue creado en 2002 a través de la Ley 19.949, como estrategia gubernamental para superar la po-breza extrema. Está a cargo del Ministerio de Pla-nificación. Sus componentes son: 1) “Apoyo psico-social personalizado e intensivo y aporte solidario (Bono de Protección Familiar)”, 2) “Subsidios mo-netarios garantizados” y, 3) “Acceso preferente a pro-gramas de promoción social”.

La diferencia radica en que Chile Solidario no es un programa, sino un sistema de protección social, un modelo de gestión que organiza y coordina pro-gramas y servicios sociales que existen en la red pú-blica, asegurando acceso preferente para sus usua-rios por ser considerada la población más vulnerable del país.

• Objetivo: Fortalecer a las personas para que cumplan las funciones propias de la etapa del ciclo de vida en que se encuentran y desarrollen mejoras estratégicas para enfrentar situaciones críticas, actuales y emergentes. Promover su in-corporación a las redes sociales y acceso a mejores condiciones de vida.

• Beneficiarios: Está dirigido a familias en situa-ción de extrema pobreza, a sus integrantes meno-res de 18 años y mayores de 65 años que no hayan cotizado en el sistema de pensiones.

• Monto de la transferencia: A cada uno de los componentes corresponde diferentes montos. El componente Apoyo psicosocial personalizado e intensivo y aporte solidario (Bono de Protección Familiar), consiste en una transferencia directa de servicios a través de atención personalizada en el domicilio por parte de un Apoyo Familiar duran-te 24 meses. Adicionalmente, se otorga un aporte monetario llamado “Bono de Protección”. El mon-to es decreciente semestralmente (US$27 para el primer semestre y US$13 para el cuarto). Las familias que cumplen con las condiciones del sistema durante 6 semestres, acceden a un Bono de Egreso de US$13 mensuales con una duración de 3 años. El componente “Subsidios monetarios garantiza-dos” incluye: un Subsidio Único Familiar (SUF) a menores de 18 años de US$13 mensuales y de

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US$28 mensuales en caso de discapacidad; una Pensión Básica Solidaria de Vejez o Invalidez de US$155 mensuales; un subsidio al Consu-mo de Agua Potable equivalente al 100% sobre los cargos fijos y variables del consumo mensual que no exceda de 15 metros cúbicos; un subsi-dio Pro Retención Escolar para estudiantes que cursan entre 7° básico y 4° medio, y un subsi-dio a la obtención de la Cédula de Identidad. Adicionalmente, en 2011 comenzó a implemen-tarse una Asignación Social, dirigida a mejorar el ingreso de las familias más vulnerables. El bono está dividido en dos elementos: un componente base mensual que se paga por cada integrante de la familia beneficiaria (entre US$8,5 y US$14,5 de acuerdo al puntaje obtenido en la FPS), e in-crementos a ese monto cuando se cumplan ciertas condiciones y compromisos familiares.

• Condicionalidades: Cada familia debe cumplir con 53 condiciones mínimas para avanzar en su propio camino de superación de la pobreza ex-trema. Principalmente, las áreas sobre las que se exige el cumplimiento de condicionalidades son: salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad y trabajo. Por ejemplo: tener cédula de identidad, que las embarazadas tengan sus controles de sa-lud al día, que los niños y niñas menores de 6 años tener sus vacunas y sus controles de salud al día, los adultos mayores deben estar bajo control médico, asistencia escolar de niños y adolescentes desde preescolar.

Colombia: Familias en acción

Se trata de una iniciativa del Gobierno Nacional que comienza a implementarse en 2002. No sólo cu-bre a la población pobre, sino también a la población en situación de vulnerabilidad por problemáticas relacionadas con conflictos armados que desplazan familias y pueblos originarios.

• Objetivo: Busca contribuir a la formación de capital humano de las familias en extrema pobre-za, mejorando aspectos relacionados con la nu-trición, salud, y asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación primaria, secundaria y media vocacional.

17 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

• Beneficiarios: Familias pertenecientes al nivel 1 del SISBEN17(instrumento de focalización individual que identifica a los hogares, a las fa-milias o a los individuos más pobres y vulnera-bles), familias en condición de desplazamiento registradas en el Sistema de Información para la Población Desplazada (obligadas a dejar su lugar de origen a causa de conflictos armados por diferencias políticas, económicas, drogas) y familias indígenas registradas en los Censos In-dígenas avalados por el Ministerio del Interior y Justicia con menores de 18 años.

• Monto de la transferencia: Se otorga un sub-sidio de nutrición de US$27 por mes a familias con niños entre 0 y 7 años de edad. En algunas regiones, el subsidio de nutrición también se en-trega a familias con niños entre 7 y 11 años por una suma de US$11 mensuales. En caso que una familia tenga niños en ambos grupos eta-rios, se entrega un solo subsidio de US$27 por mes. Los pagos son bimestrales y se realizan por intermedio de las instituciones financieras con las que el programa tiene convenios. También se otorga un subsidio de educación, a niños entre 7 y 18 años de edad y el monto varía entre US$8 y US$33 por mes según el lugar de residencia y el nivel educativo al que asista (primario o se-cundario).

• Condicionalidades: Cumplir con la matricu-lación y asistencia regular de los menores a los establecimientos educativos. En cuanto a la co-rresponsabilidad de salud, las madres titulares deben garantizar la asistencia de los menores del grupo familiar a todas las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas por la entidad de salud, de acuerdo con el protocolo establecido por el Ministerio de la Protección Social y el Trabajo. Adicionalmente, las madres titulares así como los miembros de las familias beneficiarias asumen el compromiso de asistir a los espacios de encuentro, capacitación y jorna-das de atención programadas por el municipio.


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Costa Rica: Programa Avancemos

El Programa Avancemos ha sido establecido y ejecu-tado siguiendo varios Decretos Ejecutivos. Se puso en marcha en 2006, mediante el Decreto Ejecutivo 33.154. Busca incrementar los ingresos de las fami-lias, favorecer el acceso a la educación y la universa-lización de la secundaria, reducir la pobreza, revertir los procesos de rezago, evitar el fracaso escolar y pre-venir el trabajo infantil.

• Objetivo: Promover la permanencia y reinser-ción en el sistema educativo formal de adolescen-tes y jóvenes pertenecientes a familias que, por causas económicas, tienen dificultades para man-tener a sus hijos en el sistema educativo.

• Beneficiarios: Para ingresar al programa los beneficiarios deben contar con la Ficha de Infor-mación Social (FIS) y calificar en condiciones de pobreza según los parámetros institucionales, así como presentar constancia de salario o decla-ración jurada de ingresos, entre otros requisitos. La FIS permite captar información general de las condiciones materiales de vida, de toda la po-blación que participa de alguno de los programas que ofrece el Instituto Mixto de Ayuda Social.

• Monto de la transferencia: Los montos aumen-tan de conformidad con el año cursado ya que se busca que sea un incentivo para avanzar en la escuela: se pagan US$29 mensuales si el alumno cursa el 7° año y llega a US$97 mensuales si el alumno cursa el 12° año. La transferencia se paga por estudiante y el monto máximo por familia es de US$155 dólares mensuales.

• Condicionalidades: Apoyar y asegurar la asis-tencia puntual y permanente de los jóvenes a los centros educativos, así como la aprobación del ci-clo lectivo.

Ecuador: Bono de Desarrollo Humano

Iniciado en 1998 como Bono Solidario, en abril del 2003 a través de Decreto Ejecutivo 347/03, se oficializa e inicia la implementación del Progra-

18 Sistema de Selección de Beneficiarios19 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

ma. Se trata de un Programa de transferencia de recursos económicos, condicionada a la inversión en educación y salud, dirigido a los hogares más pobres.

• Objetivo: Contribuir al fortalecimiento del ca-pital humano, físico y social de las personas, fami-lias y comunidades que viven en condiciones de riesgo y pobreza, como base para ejercer el dere-cho a una vida digna.

• Beneficiarios: Se otorga a jefes o representantes de hogar con niños menores de 16 años de edad, que hayan sido previamente encuestadas por el SELBEN18y calificados dentro de los quintiles más pobres de la población. Está considerado como un beneficio familiar, por lo que sólo pue-de acceder al mismo una sola persona dentro del mismo núcleo.

• Monto de la transferencia: Se otorga un subsi-dio monetario condicionado de US$30 mensuales.

• Condicionalidades: Las familias con hijos e hi-jas entre los 6 y 16 años cumplidos deben acredi-tar asistencia regular a los establecimientos esco-lares. Los niños y niñas menores de 6 años deben asistir a con troles en la Unidad de Salud cada dos meses.

El Salvador: Comunidades Solidarias

Se pone en marcha a través del Decreto N° 56 del Órgano Ejecutivo publicado en el diario oficial del 9 de Octubre de 2009. El programa se divide en Comunidades Solidarias Rurales y Comunida-des Solidarias Urbanas. El primero interviene en 100 municipios considerados de Pobreza Extrema Severa y Pobreza Extrema Alta de acuerdo al mapa de pobreza elaborado por el FISDL19; el segundo de alcance nacional, pretende dar un abordaje in-tegral en atención y mejora de las condiciones de pobreza humana, habitabilidad y exclusión social en asentamientos urbanos precarios en un marco de coordinación y corresponsabilidad institucional del Gobierno Central como de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

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inversión en educación, salud y nutrición.

• Beneficiarios: Familias que viven en condición de pobreza extrema, con niños menores a 16 años de edad, y/o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que radican principalmente en el área rural y en las zonas marginales de las periferias de los centros urbanos.

• Monto de la transferencia: Se entregan dos bo-nos mensuales: uno de US$19 por salud y otro de US$19 por educación. También hay un bono de nutrición que es aplicable únicamente en deter-minados municipios, cuyo monto no se encuentra especificado por el Consejo de Cohesión Social.

• Condicionalidades: Asistencia regular de ni-ños y niñas a la escuela y atención periódica en los centros o puestos de salud. El incumplimiento por parte de la familia en educación y salud por tres bimestres consecutivos da lugar a la exclu-sión del programa.

Honduras: Bono 10 Mil Educación, Salud y Nutrición

Se aprobó en junio de 2010 a través del Decreto Ejecutivo N° PCM 024-10. Es un programa de la Secretaría de la Presidencia, y la entidad co-ejecuto-ra operativa del programa es el Programa de Asigna-ción Familiar (PRAF) que también tiene a su cargo la ejecución de otros programas, tales como: Bono Juvenil, Bono de Tercera Edad, Programa Desarro-llo Integral de la Familia, Proyecto de Desarrollo In-tegral de la Mujer, Comedores Solidarios, Proyecto Mano Amiga y Fomento de Empresas Autogestio-narias para Mujeres en Zona Rural.

• Objetivo: El Programa Bono 10 Mil tiene por objetivo contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza e indigencia a través de la creación de oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud y nutrición para las familias.

• Beneficiarios: Familias en condición de indi-gencia y pobreza cuyos integrantes sean mujeres embarazadas y en periodo de puerperio; y niños y niñas de 0 a 18 años.

• Monto de la transferencia: El bono consiste en una transferencia monetaria de US$132 trimes-trales. Las transferencias se realizan en efectivo y

• Objetivo: Brindar atención integral a las fa-milias en situación de pobreza, extrema pobre-za y exclusión social, debiendo considerarse los componentes de educación y salud que incluyen transferencias a las familias, inversión en infraes-tructura social básica, promoción de productivi-dad y generación de ingresos.

• Beneficiarios: Personas adultas mayores de 70 años, residentes en cualquiera de los 100 munici-pios de pobreza extrema y que no cuenten con otro tipo de pensión; niños y niñas de 0 a 18 años que no hayan cursado el 6° grado; y mujeres embarazadas.

• Monto de la transferencia: Los adultos mayo-res reciben un apoyo de US$50 mensuales. Las familias recibirán el dinero cada dos meses y la cantidad varía de acuerdo al tipo de bono. Por el Bono Salud, las familias que tienen niños y niñas menores de 5 años o con mujeres embarazadas, reciben US$30. Por el Bono Educación, las fami-lias con niños o niñas mayores de 5 años y me-nores de 18 años que no hayan cursado el sexto grado de educación, reciben US$30. Por el Bono Salud y Educación, las familias con niños o niñas menores de 5 años, con mujeres embarazadas, o con niños y niñas mayores de 5 años y menores de 18 años que no hayan cursado el sexto grado, reciben US$40 dólares.

• Condicionalidades: Inscribir a los beneficiarios menores de 18 años de edad en la escuela y apoyar a los que ya están inscriptos para que asistan y es-tudien desde preescolar hasta sexto grado. Regis-trar a la familia en los programas de salud, asistir a los controles de salud infantil y prenatal, cumplir con el protocolo básico materno infantil y de vacu-nación. Asistir a las capacitaciones para la familia.

Guatemala: Mi Familia Progresa

Este programa, creado por Acuerdo Gubernati-vo 117-2008, se inicia en abril del 2008. Es coor-dinado por el Consejo de Cohesión Social, y está al servicio de los sectores más desposeídos. Tiene como misión brindar apoyo financiero a las fami-lias en situación de pobreza, para que puedan ac-ceder a los servicios de educación primaria, salud preventiva y nutricional.

• Objetivo: Contribuir a generar capital humano en familias de extrema pobreza, promoviendo la


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en forma directa al titular principal de la familia beneficiaria. En el caso del componente de nutri-ción, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, garantiza la entrega de micronutrientes a los niños y niñas de 0 a 5 años y a las mujeres em-barazadas.

• Condicionalidades: Los niños, niñas y ado-lescentes en edad escolar (de 6 a 18 años) deben estar matriculados y concurrir regularmente a un centro educativo público. Por otra parte, los niños y niñas entre 0 y 5 años y las mujeres embaraza-das y en período de puerperio, deben asistir a los centros de salud, cumpliendo con las normas es-tablecidas.

• Adicionalmente, a través del PRAF se entrega “El bolsón escolar” (compuesto por material bási-co educativo), y el Bono Juvenil (que financia los servicios de formación y capacitación de los jóve-nes en situación de extrema pobreza y vulnerabi-lidad social de entre 14 y 30 años), entre otros.

Jamaica: Programa de Avance mediante Salud y Educación (PATH)

El programa se inició en 2002, buscando racio-nalizar las operaciones de otros tres programas existentes a fin de eliminar la duplicación de costos y mejorar la eficiencia.

• Objetivo: Mejorar la calidad de vida de familias en situación de extrema pobreza.

• Beneficiarios: Deben pertenecer a una familia pobre. Se distinguen 5 categorías: niños desde su nacimiento hasta completar la educación secun-daria, mayores de 60 años que no reciben pen-sión, discapacitados, mujeres embarazadas y en periodo de puerperio, y adultos de 18 a 59 años en situación de pobreza.

• Monto de la transferencia: Los niños de 0 a 6 años reciben US$8 mensuales. A medida que avanzan en su escolaridad, aumenta el monto de la transferencia desde US$9,5 hasta US$15 men-suales (cabe destacar que las niñas que se encuen-tran en el mismo nivel educativo que los varones reciben un monto inferior). El resto de las catego-rías de beneficiarios reciben US$10,5 mensuales. Los pagos se realizan bimestralmente bajo dos modalidades: por medio de cheque o por trans-ferencia electrónica. Para quienes no cumplen

con las condicionalidades, desde junio de 2010 se otorga una transferencia básica de US$4,5 dólares; el monto restante se entrega una vez que cumplen con sus responsabilidades.

• Los estudiantes que desean continuar con sus estudios una vez concluido el nivel secundario, re-ciben por única vez un subsidio de US$175.

• Condicionalidades: Todos los beneficiarios de-ben asistir periódicamente a los centros de salud, y los niños mayores de 6 años deben también con-currir regularmente a las escuelas públicas.

México: Plan oportunidades

Fue creado en 2002 a través del Decreto por el que se reforma el diverso que crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Ali-mentación, modificando el Plan Progresa de 1997 y extendiendo su alcance a sectores urbanos.

• Objetivo: Contribuir a la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación y salud de las familias beneficiarias del Programa.

• Beneficiarios: Está destinado exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, vulnera-bilidad, rezago y marginación. Una vez identifica-das las familias elegibles, el Programa incorpora a los hogares cuyos ingresos estimados se encuen-tren por debajo de la línea de “bienestar mínimo” o “bienestar económico” y tengan integrantes menores a 22 años y/o mujeres en edad repro-ductiva. La selección de las familias se hace por focalización geográfica y análisis de información socioeconómica.

• Monto de la transferencia: El programa está basado en tres componentes: educación, salud y nutrición. En el pilar educación, proporciona becas desde el nivel primario, aumentando en secundario y en educación media superior (los montos son más elevados para las mujeres a di-ferencia de Jamaica). El monto máximo de una familia con becarios en primaria y secundaria es de US$120, y el de una familia con becarios en primaria, secundaria y educación media superior es de US$194.

• En salud, el programa proporciona atención básica a toda la familia, priorizando la atención

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Panamá: Red de Oportunidades

Desde 2006, la Red de Oportunidades está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y enfo-cada en corregir situaciones de pobreza extrema, población identificada por el Mapa de Pobreza y el estudio de Vulnerabilidad Social.

• Objetivo: Romper el ciclo de pobreza gene-racional en los grupos más pobres por medio del fortalecimiento del capital humano y social. También se trabaja sobre la oferta de servicios, el acompañamiento familiar y la infraestructura te-rritorial para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

• Beneficiarios: Mujeres embarazadas y en pe-ríodo de lactancia, y niños menores de 18 años de edad en condiciones de pobreza extrema.

• Monto de la transferencia: La familia recibe 18 pagos bimestrales consecutivos de US$100. El período máximo de permanencia es de 5 años.

• Condicionalidades: Las mujeres embarazadas y en período de lactancia y los niños menores de 5 años deben realizarse los controles médicos, de cre-cimiento, desarrollo y vacunación. Los niños entre 4 y 17 años de edad deben asistir regularmente a un establecimiento escolar, y sus padres o tutores deben presentarse periódicamente en las reuniones escolares. Asimismo, los adultos deben participar de las jornadas de capacitación que se realicen.

Paraguay: Programa Tekoporâ

Forma parte de los Programas de Protección Social que el gobierno implementa actualmente a través de la Secretaría de Acción Social (SAS) des-de el año 2005. El marco legal por el que se rige es el Decreto 1.928/09.

• Objetivo: Romper la transmisión inter-gene-racional de la pobreza por medio de transferen-cias monetarias y reforzar las actividades de apo-yo socio-familiar.

• Beneficiarios: Está dirigido a los hogares en situación de extrema pobreza del área urbano-rural y busca garantizar el acceso a salud, educa-ción y seguridad alimentaria de los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidades in-dígenas y personas discapacitadas.

preventiva (se trata de una transferencia no mo-netaria). El componente nutricional está basado en una asignación fija de US$17 mensuales para el consumo de alimentos mejorados y suplemen-tos nutricionales para niños entre 4 meses y 2 años, niños desnutridos, mujeres embarazadas y lactantes. Adicionalmente, a través del compo-nente “Apoyo infantil vivir mejor” se otorga una transferencia de US$8 mensuales por cada hijo menor de 10 años, a fin de apoyar su nutrición y sano desarrollo (se brinda como máximo a 3 hi-jos de una misma familia). Asimismo se brinda un subsidio al consumo de energía eléctrica por US$4,5.

• Condicionalidades: Los niños tienen que asis-tir regularmente a la escuela y participar en char-las de salud y citas de atención a la salud.

Panamá: Bonos Familiares para Alimentos

Comenzó a operar como programa piloto en dos distritos de Panamá en 2005. Es un programa que forma parte de la Red de Oportunidades, y es ejecutado por la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Consiste en la transferencia condicionada de una libreta de bonos para la compra de alimentos a familias en condiciones de extrema pobreza.

• Objetivo: Asistir a quienes por su situación de pobreza extrema, necesitan atención urgente.

• Beneficiarios: Familias en extrema pobreza. Se atienden a 10 mil familias aproximadamente.

• Monto de la transferencia: Actualmente la li-breta de bonos está conformada por 20 bonos de US$5 que son entregados bimestralmente.

• Condicionalidades: Asistencia a la escuela de los niños y niñas beneficiarios, cumplimiento del siste-ma de vacunación, controles de salud de la mujer, y participación de un adulto en programas de capaci-tación para el empleo o la producción agrícola que brinda el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través del Programa “Familias Unidas”.


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• Monto de la transferencia: El monto mínimo aproximado por familia es de US$60 y el mon-to máximo es de US$70, que se distribuye de la siguiente manera: US$19 por un bono alimen-tario (monto fijo por hogar), US$8 por cada niño o niña de 0 a 18 años (máximo de 4 niños), US$8 por adulto mayor de 65 años (máximo 1 adulto por hogar) y US$8 por integrantes de la familia con discapacidad física aguda (máximo 1 discapacitado por hogar).

• Condicionalidades: Asistir a los centros de atención para control del crecimiento, desarrollo y vacunación de los niños, niñas y adolescentes; controles prenatales de mujeres embarazadas; atención básica a la salud de adultos mayores y discapacitados. En educación, se exige la ma-triculación y asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a las escuelas y participación de adultos en programas de alfabetización. Por otro lado, también se requiere contar con documento de identificación, desarrollar acciones incentiva-das por el Estado y organizaciones de la sociedad civil en cuanto a seguridad y soberanía alimenta-ria, y participación social en su comunidad. Se contempla el acompañamiento familiar a través de agentes de apoyo llamados “Guías familiares”, que visitan los hogares para verificar el cumpli-miento de las condicionalidades por parte de las familias y para brindar orientaciones vinculadas al mejoramiento del hábitat familiar y de los há-bitos de higiene, entre otras.

Paraguay: Programa Abrazo

Comenzó a implementarse en 2005 a través de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adoles-cencia. El componente clave del programa son los Centros Abiertos, de Protección y Comunitarios en donde los niños reciben apoyo escolar, segui-miento de su asistencia a la escuela, alimentación, atención pediátrica y odontológica, realizan acti-vidades deportivas y de recreación.

• Objetivo: Disminuir progresivamente el tra-bajo infantil en las calles.

• Beneficiarios: Está dirigido a los niños y las niñas de 0 a 14 años que viven con su familia y que trabajan en las calles vendiendo, limpiando parabrisas y/o mendigando.

• Monto de la transferencia: Principalmente se transfieren servicios y acceso a infraestructura, bonos solidarios y canasta básica. El componente clave del Programa son los Centros Abiertos, de Protección y Comunitarios en donde los niños re-ciben apoyo escolar, seguimiento de su asistencia a la escuela, alimentación, atención pediátrica y odontológica, realizan actividades deportivas y de recreación. El 56% de las familias en situación de pobreza extrema reciben bonos solidarios, aun-que su monto no se encuentra especificado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescen-cia. El 36% de las familias reciben canasta básica.

• Condicionalidades: Asistencia de los niños a los Centros Abiertos y a la escuela.

• A nivel local, para atender a poblaciones cam-pesinas e indígenas de Alto Paraguay, también se puso en marcha en 2005 el Programa Ñopytyvô. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza a través de la en-trega de bonos solidarios.

Perú: Programa Juntos

Fue creado en 2005 a través del Decreto Supre-mo 032-2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo 062-2005-PCM.

• Objetivo: Contribuir a la disminución de la po-breza, romper su transmisión inter-generacional y generar capital humano. Promover y garantizar el acceso y participación de los hogares en extre-ma pobreza a servicios de salud, nutrición, educa-ción e identidad.

• Beneficiarios: Hogares en situación de vulne-rabilidad, exclusión o pobreza, que tengan entre sus miembros a niñas y niños hasta los 14 años de edad o mujeres embarazadas. La focalización se basa en el cumplimiento de cinco variables esta-blecidas por el Ministerio de Economía y Finan-zas: afectación de la Violencia, Pobreza Extrema, Pobreza Por Necesidades Básicas Insatisfechas, Brecha de Pobreza y Desnutrición Infantil Cró-nica.

• Monto de la transferencia: El hogar beneficia-rio recibe US$74 por única vez. Adicionalmente, otorga un incentivo monetario por cumplimiento de las condicionalidades cada dos meses. A los ho-gares con al menos una mujer embarazada o niño

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ABRIL 2012

• Por otra parte, los hogares en extrema y mode-rada pobreza reciben entre US$8 y US$16 men-suales, según el número de integrantes menores de 16 años de edad.

• Los hogares en los cuales el jefe(a) de hogar es mayor a 65 años, y no recibe ninguna otra pensión ni se encuentra trabajando, se otorga una transfe-rencia mensual por valor de US$10,50.

• Condicionalidades: Cumplir con las acciones de salud, educación y capacitación que exige el progra-ma para cada grupo familiar, las cuales exigen cum-plir con los planes de vacunación, controles sanita-rios, educación alimentaria y nutricional y asistir regularmente a establecimientos educativos.

Trinidad Y Tobago: Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas

Se inició en 2005, brindando asistencia alimen-taria de corto plazo y otras iniciativas de desarrollo destinadas a familias vulnerables.

• Beneficiarios: Familias en situación de vulnera-bilidad social.

• Monto de la transferencia: Se les entrega a los beneficiarios una tarjeta de débito que les permite comprar alimentos y otros elementos de primera necesidad. La transferencia otorgada se basa en el tamaño de la familia. Las familias con menos de tres miembros reciben US$47 por mes. Las fami-lias de 4 ó 5 miembros reciben US$62,5 por mes y las familias compuestas por más de 6 miembros reciben US$78 por mes.

• Condicionalidades: Los beneficiarios deben adherir a alguno de los programas sociales de em-poderamiento del gobierno.

Uruguay: Asignación Familiar “Plan de Equidad”

A través del Plan de Equidad se modificó el ré-gimen de asignaciones familiares, entrando en vi-gencia a partir del 1° de enero de 2008. Es un pro-grama que reforma el sistema de protección social abarcando a toda la población uruguaya. A partir del Plan, se renovó la red de asistencia e integración social de naturaleza no contributiva, que brinda protección social a las personas de menores recur-sos en las distintas etapas de su vida.

menor de 5 años que cumpla con sus controles sanitarios (1 cada 2 meses) se les otorga US$37 bimestrales. A los hogares con niños y niñas en edad escolar (con máximo de 6 inasistencias en el bimestre) se les entregan US$37. A medida que avanzan en su escolaridad reciben entre US$15 y US$30.

• Los niños menores a 1 año que tienen las va-cunas completas y su peso registrado bimestral-mente reciben US$74 por única vez, y los niños de 3 años que registran peso y talla adecuado para su edad reciben US$55 por única vez.

• Condicionalidades: Asistir periódicamente a controles de salud, vacunación, nutrición y matri-culación; asistir regularmente a la escuela (para el caso de los niños menores de 14 años); e inscribir a los niños para obtener su documento de identidad.

República Dominicana: Programa Solidaridad

El Decreto 536/05 de 2005 puso en funciona-miento este programa bajo la responsabilidad de la Coordinación del Gabinete de Políticas Sociales.

• Objetivo: Mejorar la inversión que los hogares pobres realizan en educación, salud y alimen-tación, potenciando la acumulación en capital humano. Entre otros objetivos específicos, se pretende también asegurar a las familias benefi-ciarias un nivel mínimo de consumo de los bienes que componen la canasta básica alimentaria.

• Beneficiarios: El programa atiende a mujeres embarazadas desde el diagnóstico del embarazo hasta el primer mes luego del nacimiento, niños y niñas de 0 a 16 años, y adultos mayores de 65 años de edad.

• Monto de la transferencia: Se otorga al jefe o jefa del hogar beneficiario, a través de la tarjeta de débito Solidaridad. La transferencia “Comer es Primero” está destinada a la adquisición de alimentos básicos, por un monto equivalente a US$18 mensuales. También se entregan suple-mentos de micronutrientes como forma de pre-venir la deficiencia de vitaminas y minerales en niños, mujeres embarazadas y en periodo de lac-tancia.


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• Objetivo: Asegurar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, en especial de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, a través de la nivelación de sus oportuni-dades de acceso en relación a servicios sociales universales, ingresos a través del trabajo digno y prestaciones sociales básicas.

• Beneficiarios: La asignación se paga a muje-res embarazadas, a niños menores de 14 años si reciben educación primaria, o hasta los 16 años, cuando no hayan completado sus estudios prima-rios como consecuencia de una enfermedad o por residir en zonas rurales a más de 5km del centro educativo más cercano. Si cursa estudios superio-res en institutos estatales y/o privados habilita-dos, la asignación se paga hasta los 18 años, o si el beneficiario es pensionista por invalidez, siempre que el beneficiario estudie o que su discapacidad justifique la no concurrencia a centros de estudio.

• Monto de la transferencia: La asistencia con-siste en un monto mensual de dinero que admi-nistran las personas físicas o jurídicas que ejer-zan la capacidad legal del menor. El monto por menor de 5 años y por menor que asista a la pri-

maria es de US$37 mensuales y un adicional de US$16 dólares por hijo que asista a la enseñanza media (en caso que existan más beneficiarios en el mismo nivel se aplicará una escala progresi-va, según indica el Banco de Previsión Social de Uruguay). Por menores internados en régimen de tiempo completo en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el monto de la asignación es de US$37 por un beneficia-rio (luego el monto decrece por cada miembro adicional en la familia). Por cada beneficiario discapacitado se paga US$54 dólares, en este caso la prestación continua brindándose a partir de los 18 años de edad por períodos de 3 años, con revisión médica al finalizar cada período. Para percibir la transferencia no se puede estar percibiendo otra asignación familiar.

• Condicionalidad: Inscripción y concurrencia regular del beneficiario a institutos docentes de educación formal o no formal, públicos o priva-dos autorizados, excepto en casos de beneficiarios discapacitados. Por otro lado, deben concurrir periódicamente a controles de asistencia médica brindados a través del sistema público o privado.

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Principales características de los PTC en América Latina

1 Se seleccionan las unidades geográficas que presentan mayores niveles de pobreza, de acuerdo a información censal y encuestas de hogares que permiten construir mapas de pobreza.

2 Comprobación de la situación socioeconómica de los beneficiarios a través de índices multidimensionales de calidad de vida o fómulas que predicen el ingreso a través de variables supuestamente muy relacionadas a dichos ingresos.

3 Se contempla una evaluación directa de los medios de vida, utilizando el nivel de ingresos informado por las propias familias en las encuestas o empadronamientos llevados a cabo porprogramas ad hoc. Si no se comparara con la información suministrada por las familias con otra información, se corre el riesgo de aumentar el error de inclusión.

4 Se definen poblaciones fácilmente identificables a las que se otorgan beneficios por igual (Ej: niños que cursen de 1° a 8° grado, mujeres embarazadas).

5 Monto idéntico para beneficiarios de similares características.

6 Disminuye el monto por cada miembro que se suma al grupo familiar.

x13 X14XX X X

X

X

Población obje�vo

X X X X

0 - 2 2 - 6

X

Comproba-ción de

Medios de Vida Directa3

Atributos categóricos4

Comprobación de Medios de Vida Indirecta2

Pobreza Extrema pobreza

Año

Argen�na

2003

2002

2001

2006

Estrategia de focalización

País

EcuadorBono de Desarrol lo

Humano

El Sa lvador Comunidades Sol idarias

Chi le Sol idario

Colombia Fami l ias en Acción

Costa Rica Avancemos

Chi le

X XX

X X X

X

Red de Oportunidades

Jamaica

X X

X

XXX

Oportunidades

X X

X X

Embara-zadas

6 - 12

Disca-pacitados sin límite de edad

X

Bonos fami l iares para la compra de a l imentos

X

X

Mi Fami l ia Progresa

X

X

Bono Juanci to Pinto

Bono Madre Niño - Niña "Juana Azurduy"

Bolsa Famíl ia

X

> 60

X

X X X XX

X X

X XXX X X X

X X

X X X X

X X X X X X X

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X X

X X X X X X

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X

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X X XXXX X X

X X X11X

X X X X X X X9

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X X X X

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X X X

X X X X

X12

X X X

X X X X X

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X X X X XXXX X X X

Programa

Edad

12 - 18 18 - 60

As ignación por Embarazo para Protección Socia l

X X

Geográfica1Condición en el

mercado de trabajo

As ignación Universa l por Hi jo para Protección

Socia l2009

2011

2009

2009

2008

X

X

2002

2001

2005

2006

2005

2005

2005

UruguayAs ignaciones Fami l iares

del Plan de Equidad

Panamá

Trinidad y Tobago

Transferencias Monetarias

Condicionadas Foca l i zadas

Paraguay

2005

2006

2008

Tecoporá

Ñopytyvô y Abrazo

Perú Juntos

Repúbl ica Dominicana

Sol idaridad

Avance mediante la Sa lud y la Educación

México

2003

2009

2010

1990

Honduras

Bono 10.000 Educación, Sa lud y Nutrición

Guatemala

Bol ivia

Bras i l

As ignaciones Fami l iares


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Suplemen-tos

alimen�cios

Mochilas escolares

Otros Directos Indirectos

X X

No monetaria Servicios

X XXX

X

Mo�vos de Exclusión

No cumplir

condicio-nali-

dades8

Tiempo máximo de permanen-

cia en el Programa

Can�dad máxima de beneficia-

rios

X X X

A la oferta

Único

Periodicidad del pago

X

Bonos / Vales

Por persona

Idén�co5 Decreciente6 Variable7Monetaria

de libre uso

A la demanda

Des�no y �po de transferencia

X

X

Mensual Bimestral Semestral Anual Por Control

Trimestral

X

Escalonado o según

composición familiar

Por Familia / Hogar

Subsidio a Servicios Básicos

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Metodología del cálculo del monto

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X

X

X

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9 Hasta 14 años

10 Hasta 15 años

11 Hasta 22 años

12 Hasta 16 años

13 Hasta 30 años de edad

14 Hasta 12 años de edad

15 Se entrega tarjeta de débito para la compra de alimentos y otros elementos de primera necesidad.

7 Varía el monto según el grupo al que pertenece el beneficiario (excepto casos de discapacidad, si el alumno concurre a primaria o a secundaria, según la zona geográfica de residencia, etc.).

8 Cambia entre los países la tolerencia por incumplimientos.

16 Sólo para discapacidad y adutos mayores.

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Como se mencionó anteriormente, la puesta en marcha de los PTC en los distintos países de la re-gión adopta diferentes formas, en función de las ne-cesidades sociales y el desarrollo de objetivos parti-culares que se persiguen en cada marco nacional. En este sentido, algunos PTC otorgan facilidades para el acceso a servicios básicos y, en otros casos, directa-mente brindan transferencias, ya sean monetarias o no monetarias. Sin embargo, en general, la mayoría de los PTC buscan extender el alcance de los siste-mas de seguridad social sobre las poblaciones que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y comparten algunos objetivos específicos combatien-do las causas estructurales de la pobreza: incentivan el aumento de los niveles de escolaridad, promueven el acceso a los servicios públicos de salud (cumplimien-to de los controles sanitarios, planes de vacunación y nutrición), combaten el trabajo infantil, e impulsan la creación de redes de contención, entre otros.

De esta manera, los PTC implementados en la región, a través de sus condicionalidades, buscan principalmente transformar y detener la trasmisión inter-generacional de la pobreza en los hogares, pro-moviendo la inversión en capital humano (funda-mentalmente, en educación y salud).

Con relación a los mecanismos a través de los cuales se otorgan las transferencias, la mayoría son monetarias de libre uso, es decir, los beneficiarios pueden disponer a voluntad del dinero transferido. También se entregan transferencias no monetarias (Ej: suplementos alimenticios en México), transfe-rencias de servicios directas (Ej: actividades de apoyo socio-familiar en Paraguay o actividades de capacita-ción en Panamá), o a través de otros programas (Ej: Programas de empoderamiento del Gobierno de Trinidad y Tobago, Programas Complementarios a Bolsa de Familia en Brasil para la inserción laboral y generación de ingreso, incluyendo capacitación pro-fesional, acceso a microcrédito, generación de em-pleo y apoyo al trabajo independiente).

Si bien los PTC actúan principalmente sobre la demanda de servicios sociales, existe como contra-partida la necesidad de contar con una oferta pro-veedora de dichos servicios, que en muchos casos puede resultar insuficiente tanto en cantidad como en calidad. Por este motivo, algunos PTC apuntan a financiar la oferta de servicios sociales y de infraes-tructura, buscando ampliar la cobertura y facilitando

Análisis comparado de los distintos PTC de la región

el acceso (Ej: en el Programa Bono 10.000 en Hon-duras, la Secretaría de Estado a través del Despacho de Educación y del Despacho de Salud, garantiza el acceso a los servicios de educación básica y de aten-ción primaria de salud a la población beneficiaria, para que puedan cumplir con su corresponsabilidad).

En relación con el cálculo del monto de las trans-ferencias, la periodicidad de la entrega y los montos máximos que puede percibir una familia, cada país aplica diferentes criterios a sus PTC.

Algunos programas contemplan una transferen-cia mensual (AUH en Argentina), otros bimestral ( Jamaica, México, Panamá), o anual (Bono Juancito Pinto de Bolivia).

La transferencia puede otorgarse por persona o por hogar, independientemente del número de miembros elegibles en la familia (Ecuador, Perú).

En algunos programas se contemplan transferen-cias planas, es decir, idénticas para beneficiarios que presenten similares características socioeconómi-cas, aunque pueden estar limitadas por un número máximo de beneficiarios dentro del mismo grupo familiar (la AUH en Argentina).

También existen casos en los que el cálculo del monto de la transferencia consiste en la entrega de una suma de dinero diferenciada, según las caracte-rísticas de cada grupo y según las diferencias exis-tentes hacia adentro de dichos grupos (por ejemplo, de acuerdo al nivel que cursan en los establecimien-to educativos, o en función al género, o por cada miembro que se suma al hogar).

A lo largo del tiempo, los países han realizado ajustes a los montos de las transferencias a fin de evi-tar la pérdida de su poder adquisitivo. Tal es el caso de la AUH que tras el último aumento anunciado el 7 de septiembre de 2011, acumula un crecimiento de 50% desde su puesta en marcha. En países como Chile, Colombia, México y Uruguay están contem-plados ajustes por inflación, en función a la evolu-ción del IPC.

Con respecto a la población objetivo, varía de un país a otro. Encontramos PTC orientados a familias que viven en extrema pobreza, otros que incluyen a pobres no indigentes y otros programas que tienen en cuenta otros indicadores de vulnerabilidad. En Argentina por ejemplo, se considera la situación en


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el mercado laboral del padre o tutor (es decir, toma en cuenta si se trata de un trabajador informal, si está desocupado o si tiene un salario inferior al mí-nimo vital y móvil).

Los mecanismos de focalización (a través de los cuales se determina quiénes pueden o no acceder a los beneficios del programa) también varían de un país a otro. Se observa que algunos tienen sofisti-cadas técnicas de selección, mientras que otros es-tablecen mecanismos de focalización más sencillos, por lo que estos últimos resultan ser programas que más han avanzado sobre la universalización de los derechos sociales. Al respecto, cuanto más sencillos sean los mecanismos de focalización, más fácil será aumentar la cantidad de beneficiarios o la tasa de co-bertura (Fiszbein Ringold y Sriniv, 2011).

Entre las técnicas más sofisticadas de selección de beneficiarios, existen casos en los que se construyen índices de priorización geográfica a partir de la foca-lización de las regiones que presentan mayores nive-les de pobreza (Ej: Programa Tekoporâ de Paraguay, Familias en Acción de Colombia, y Oportunidades de México). En otros casos, se utilizan indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para las zonas rurales, y de ingresos y gastos para las zonas urbanas. Algunos programas, tras la focalización geográfica, también aplican instancias de partici-pación ciudadana/comunitaria a fin de validar los listados de beneficiarios y lograr transparencia en el otorgamiento de las transferencias.

Cabe destacar que, según los criterios y cantida-des de mecanismos de focalización implementados, se pueden cometer errores de exclusión (familias que satisfacen los criterios de elegibilidad, pero que no participan del programa), o de lo contrario, errores de inclusión (familias que no satisfacen los criterios de elegibilidad, pero que participan del programa). Esto se debe principalmente a la existencia de pro-blemas de información asimétrica.

A medida que se establecen mecanismos más sofisticados para focalizar en las personas/hogares más vulnerables, se corre el riesgo de dejar afuera po-blaciones que también lo necesitan, ya sea por estar incluidos en el límite entre pobres-no pobres, o por no tener residencia en la zona geográfica en la que se enfocan las acciones.

Las técnicas más sofisticadas buscan minimizar

el error por inclusión, sin considerar que puede re-sultar más grave, desde una perspectiva de derechos, cometer errores de exclusión, dejando desprotegi-das a personas que realmente necesitan atención. La preocupación principal debe pasar por pensar en programas que permitan incluir a las personas/hogares en situación de vulnerabilidad social y no en pensar en programas destinados a excluir a perso-nas/ hogares que llevan condiciones de vida digna.

En México, por ejemplo, teniendo en cuenta que algunos hogares satisfacían los criterios de elegibili-dad y no recibían el PTC Oportunidades por pro-blemas relacionados con la oferta de servicios socia-les, se han extendido otros programas para satisfacer las necesidades nutricionales y sanitarias de estos sectores de la población, hasta poder ser incluidos a futuro en el programa.

En cuanto a los criterios de egreso, en general las familias dejan de percibir la transferencia cuando pierden las condiciones de elegibilidad (esto puede ocurrir cuando los hijos llegan a las edades máximas, cuando superan las condiciones de pobreza, cuando dejan de residir en la zona geográfica en la que se focaliza el programa, cuando ingresan al mercado de trabajo formal, entre otros); si no cumplen con las condicionalidades; y en otros casos, cuando llegan al número máximo de años de permanencia (en Trini-dad y Tobago el límite de permanencia en el progra-ma es de 2 años).

Como forma de alcanzar los objetivos de largo plazo, en algunos casos los gobiernos incorporan otros programas al que acceden las familias una vez que egresan del PTC, ya sea mediante el apoyo al trabajo independiente, la capacitación técnica y pro-fesional, y el otorgamiento de microcréditos produc-tivos para fundar nuevas empresas o continuar con emprendimientos existentes.

Finalmente, con relación al grado de cobertura de los PTC, según datos de CEPAL, su alcance se ha incrementado en la región durante el período 2000 a 2010. Así, mientras que en 2000 la cobertura era 5,7% de la población total en 2010 se incrementó a 19,3%: “En 2010 los PTC alcanzaban a más de 25 millones de familias latinoamericanas y caribeñas. De modo que estos programas llegan a cubrir alre-dedor del 19% de la población (113 millones de per-sonas), con un esfuerzo de inversión que representa el 0,4% del PIB”20.

20 Cuadernos de la CEPAL 95, año 2011.

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ABRIL 2012

Analizando la implementación y alcance de cada programa en particular, los niveles de cobertura al-canzados varían entre sí. De esta manera, el Progra-ma que cubría al mayor porcentaje de población en 2010 fue el Bono de Desarrollo Humano de Ecua-dor (44% de la población total), mientras que los programas con mayor número de beneficiarios en términos absolutos fueron Bolsa Família de Brasil (52 millones de personas, cerca de la mitad de los beneficiarios de PTC a nivel regional), Oportunida-des de México (27 millones de personas) y Familias en Acción de Colombia (12 millones de personas). Por otra parte, en 6 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay), el núme-ro de beneficiarios igualaba o superaba al número de indigentes21. Al respecto, cabe destacar que a menos de un año de su implementación, la AUH ya pre-sentaba una tasa de cobertura superior a la de otros

21 Cuadernos de la CEPAL 95, año 2011.22 Burgos Silva, Germán. “Estado de Derecho y Desarrollo Humano: más allá del derecho y del desarrollo humano. Hacia un marco de capacidades institucionales básicas”. En Revista Instituciones y Desarrollo N° 8/9. Publicación del Instituto Nacional de Gobernabilidad.23 Para el análisis del nivel de universalidad de los PTC en la región, se consideraron las siguientes variables: monto de las transferencias, mecanismos de focalización, población objetivo, tipo de transferencias (monetarias, bonos o en especie) a la demanda o a la oferta, metodología para calcular el monto asignado, si es por persona o por hogar, y los motivos de exclusión.

programas de la región con mayor antigüedad.

El hecho de que los gobiernos lleven adelante este tipo de programas, facilitando y promoviendo la inversión en capital humano en los sectores de la población más desprotegidos, representa un enfo-que de derecho pensado desde y para el desarrollo humano.

“El desarrollo humano comporta un concepto in-tegral de desarrollo según el cual el desarrollo econó-mico es apenas uno de los componentes, entre otros, del proceso de desarrollo. En segunda instancia y en el ámbito normativo, el sentido y fin del desarrollo humano está dirigido a la realización de la libertad, entendida como la ampliación de las capacidades in-dividuales para hacer aquellas cosas que una persona tiene razones para valorar (Sen, 1999).” 22

De esta manera, la cobertura que ofrecen los dis-tintos PTC de la región varía de un país a otro. En Argentina, el grado de cobertura de la AUH sobre la población total a diciembre de 2009 era 8,6%, mien-

tras que en marzo de 2011 ascendía a 8,8%. Con respecto a la cobertura sobre la población pobre, en diciembre de 2009 era 56,8% y en marzo de 2011 alcanzó 82,0%.

23


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En la región, no existen muchos casos similares a la Asignación por Embarazo para Protección Social. En Latinoamérica, sólo dos países además de Ar-gentina, brindan PTC cuyas beneficiarias directas son mujeres embarazadas: Bolivia y Jamaica.

En el caso de Bolivia, a través del Bono Madre Ni-ño-Niña “Juana Azurduy”, se entregan a las madres US$28 si cumplen con 4 controles prenatales, o US$7 por cada control. Adicionalmente, se les paga US$18 por parto y postparto (una semana posterior al nacimiento), el cual debe ser asistido por personal de salud.

En el caso de Jamaica, se otorga una transferencia de US$10,5 por mes a las mujeres embarazadas y en período de lactancia (durante 6 meses posteriores parto) siempre que pertenezcan a familias en situa-ción de pobreza.

Situación de los PTC que contemplan asignaciones por embarazo en la región

En Argentina, la Asignación por Embarazo para Protección Social, si bien no cubre el período de lac-tancia como en Jamaica o la etapa de postparto como en Bolivia, al finalizar el embarazo, suponiendo que se trate de un embarazo a término, el monto acumu-lado que una mujer recibe es US$ 384. Asimismo, si el contexto socioeconómico en el que se desarrolla es similar al momento de la gestación, el recién nacido será receptor de la AUH para Protección Social.

Existen otros casos, en los cuales las mujeres embarazadas quedan cubiertas por pertenecer a fa-milias en situación de pobreza o extrema pobreza. Las transferencias se entregan por familia u hogar y deben cumplir con condicionalidades exigidas en el área de salud.

Otros PTC que contemplan la etapa de embarazo

▪ En Brasil, el programa Bolsa de Familia otorga un beneficio básico de US$40 mensuales a familias en extrema pobreza, con ingresos per cápita iguales o inferiores a US$40. Las beneficiarias asumen el compromiso de realizarse control nutricional y exámenes pre y post natales.

▪ En El Salvador, el Programa Comunidades Solidarias entrega el Bono Salud (US$30 mensuales) o Bono Salud y Educación (US$40 mensuales) a las familias compuestas por menores de 18 años o con mujeres que en el momento del censo estuvieran embarazadas. Las mujeres embarazadas que integran las familias beneficiarias, deben asis�r a controles de salud.

▪ En Guatemala, con Mi Familia Progresa, las mujeres embarazadas y lactantes pertenecientes a familias que viven en condición de pobreza extrema y que radican principalmente en áreas rurales o zonas marginales de las periferias de los centros urbanos, reciben entre US$19 y US$38 mensuales por familia.

▪ En Honduras, las familias compuestas por mujeres embarazadas y en período de puerperio reciben una transferencia condicionada de US$44 mensuales, de entrega trimestral a través del Programa Bono 10 Mil.

▪ En México, con el Plan Oportunidades, las familias en situación de pobreza compuestas por mujeres embarazadas y lactantes reciben US$17 mensuales y suplementos nutricionales.

▪ En Panamá,a través de Red de Oportunidades, las familias en condiciones de pobreza extrema con mujeres embarazadas y en período de lactancia, reciben 18 pagos bimestrales consecu�vos de US$100.

▪ En Paraguay, el programa Tekoporâ beneficia a los hogares en situación de extrema pobreza del área urbana-rural compuesto por mujeres embarazadas. El monto de la transferencia por familia es de US$19 en concepto de un bono alimentario por mes.

▪ En Perú, el programa Juntos entrega, a los hogares conformados por mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, exclusión o pobreza, un incen�vo monetario condicionado de US$37 dólares bimestrales.

▪ En República Dominicana, el Programa Solidaridad a�ende a mujeres embarazadas desde el diagnós�co del embarazo hasta el primer mes luego del nacimiento. Se otorga al jefe o jefa del hogar beneficiario, a través de la tarjeta de débito Solidaridad. Comer es Primero, es un bono perteneciente al programa, des�nado a la adquisición de alimentos básicos por un monto equivalente a U$S 18 dólares mensuales. También se entregan suplementos de micronutrientes como forma de prevenir la deficiencia de vitaminas y minerales en niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Fuente: Elaboración propia en base a organismos oficiales de cada programaFuente: Elaboración propia en base a organismos oficiales de cada programa.

52 | ANSES

ABRIL 2012

• AGIS E.; CAÑETE C. Y PANIGO D. (2010), “El impacto de la asignación universal por hijo en Argentina”.

• ARZA, C. (2009), “La política previsional argentina: De la estratificación ocupacional a la individualiza-ción de los beneficios”, en Susana Torrado, “El costo social del ajuste (1976-2002)”. En prensa.

• AISS (2011),”Perspectivas de política social”. Serie “Lo esencial de la Seguridad Social” Nro. 12.

• ANSES (2010), “Asignación Universal por Hijo para protección Social (Decreto 1.602/09). Primer aniversario - Octubre 2010”.

• ANSES (2011), “La Asignación Universal por Hijo para Protección Social”. Documento “La inclusión social como transformación: políticas públicas para todos”.

• AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA [http://www.accionsocial.gov.co/portal/default.aspx]

• BARBEITO A.C. Y LO VUOLO R.M. (2009),”Ingreso ciudadano para la niñez. Reelaborando ideas para construir una sociedad más igualitaria”. Documento Nro. 70 del Centro Interdisciplinario para el Estu-dio de Políticas Públicas (CIEPP).

• BASE DE DATOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL NO CONTRIBUTIVA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. [http://dds.cepal.org/bdptc/].

• BERTRANOU F. (2010), “Aportes para la construcción de un piso de protección social en Argentina: El caso de las asignaciones familiares”. Oficina de la OIT en Argentina, primera edición.

• BONO 10 MIL DE HONDURAS. [http://bonodiezmil.blogspot.com/]

• BURGOS SILVA G. (2001), “Estado de Derecho y Desarrollo Humano: más allá del derecho y del desarro-llo humano. Un marco de capacidades institucionales básicas”. En Revista Instituciones y Desarrollo N° 8/9.

• CECCHINI S. Y MADARIAGA A. (2011), “Programas de Transferencias Condicionadas: Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe”. Cuadernos de la CEPAL N° 95.

• CEPAL (2007),”Las transferencias condicionadas en América Latina: Luces y Sombras”. Documento de la CEPAL para el Seminario Internacional “Evolución y desafíos de los programas de transferencias condicionadas”.

• CEPAL (2011),”Programas de Transferencias Condicionadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe”. Cuadernos de la CEPAL Nro. 95.

• CEPAL (2005), “Redes e institucionalización en Ecuador. Bono de Desarrollo Humano”. Proyecto “Gober-nabilidad democrática e igualdad de género en América Latina y el Caribe”. Serie Mujer y Desarrollo Nro. 76

• CICHON ET. AL. (2011), “La Iniciativa del Piso de Protección Social de las Naciones Unidas. Cambiando la tendencia en la Conferencia de la OIT de 2011”. Fundación Friederich Ebert Stiftung.

• CIFRA (2010),”La Asignación Universal por Hijo a un año de su implementación”. Documento de trabajo Nro. 7 de CIFRA-CTA.

• COGLIANDRO G. (2010), “El programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social y los cam-bios en los Programas de Transferencias Condicionadas”. Apuntes Nro. 12 de la Fundación Siena.

• CONDITIONAL CASH TRANSFER PROGRAMME (CCTP). GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO. [http://www.gov.tt/gortt/portal/ttconnect/Cit_disableDetail/?WCM_GLOBAL_CON-TEXT=/gortt/wcm/connect/gortt+web+content/TTConnect/Citizen/Role/APersonwithaDisability/SocialServices/Conditional+Cash+Transfer+Programme+-+CCTP]

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA


| 53

• CONSEJO DE COHESIÓN SOCIAL. PROGRAMA MI FAMILIA PROGRESA DE GUATEMALA. [http://mifamiliaprogresa.gob.gt/joomla/]

• CORREA N. (2009),”Programas de Transferencias Condicionadas: Aportes para el debate público”. Revis-ta Economía y Sociedad Nro. 71 de CIES, abril 2009.

• DIARIO OFICIAL. SAN SALVADOR (2009). Órgano Ejecutivo Presidencia de la República, Decreto 56.

• FISZBEIN A., RINGOLD, D. Y SRINIVASAN S. (2011), “Cash transfers, children and the crisis: Protecting current and future investments”. Development Policy Review, Vol. 29.

• FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL. COMUNIDADES SOLIDARIAS DE EL SALVADOR. [http://www.fisdl.gob.sv/temas/comunidades-solidarias/comunidades-solidarias-rurales.html]

• GACETA OFICIAL DIGITAL N° 26352 (2009). Decreto N° 121-2009-DMySC. Panamá. [http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26352/20512.pdf ]

• GALASSO E. Y RAVALLION M. (2003), “Protección Social en la Crisis: El Plan Jefas y Jefes de Hogar de Argentina”. Grupo de investigación sobre desarrollo del Banco Mundial.

• GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Decreto Supremo 29.321- Edición 3034.

• GARCETTE N. (2011), “ Programas de Transferencia Condicionada del Ingreso en América Latina”. Informe de Coyuntura Nro. 20 del Observatorio Social.

• GASPARINI ET. AL (2008), “Un piso de protección social en América Latina: Costos fiscales e im-pactos sociales”. CEDLAS, Universidad Nacional de La Plata.

• GASPARINI L. Y CRUCES G. (2010), “Estimación del Impacto de las asignaciones universales por hijo”. Nota del CEDLAS. Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires.

• GASPARINI L. Y CRUCES G. (2010), “Las asignaciones universales por hijo. Impacto, discusión y alternativas”. Documento de Trabajo Nro. 102 del CEDLAS. Universidad Nacional de La Plata.

• GOLDBERG, L. Y LO VUOLO, R. (2006), “Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación”. CIEPP, Ed. Miño y Dávila.

• GONZÁLEZ, R. (2010), “Programas de Transferencias Condicionadas. La Asignación Universal por Hijo para Protección Social en Argentina”. IDEAL.

• HISTORIA DE LA LEY 19.949. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE: [http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-19949/HL19949.pdf ]

• IDELAS (2010), “La mujer vuelve a retirarse del mercado laboral en Argentina”. Instituto de Investi-gaciones Laborales y Sociales. Informe Nro. 25, UCES.

• IIPE- UNESCO (2002),”Estrategias sistemáticas de atención a la deserción, la repitencia, y la sobree-dad en escuelas de contextos desfavorecidos. Un balance de los año ’90”.

• INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. PLAN DE EQUIDAD DE URUGUAY. [http://www.bps.gub.uy/Trabajadores/AsignacionesFamiliares/PlanDeEquidad.aspx?menu=madres]

• INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. PROGRAMA AVANCEMOS. COSTA RICA. [http://www.imas.go.cr/prog_soc/beneficios_ind/ps-avancemos.html]

• KREMENCHUTZKY ET. AL. (2008), “Informe final evaluación de focalización del programa - Datos provisorios del programa Familias por la Inclusión Social”. Contrato de BID 1669/OC-AR. Minis-terio de Desarrollo Social de la Nación.

54 | ANSES

ABRIL 2012

• LA GACETA REPÚBLICA DE HONDURAS (2010). Sección Acuerdo y Ley 32.250. Tegucigalpa, M.D.C.

• LO VUOLO R., BARBEITO A. Y RODRÍGUEZ C. (2002), “La inseguridad socio-económica como política pública: Transformación del sistema de protección social y financiamiento social en Argentina”. Documento de trabajo Nro. 33, CIEPP.

• LOZANO C. Y RAFFO T. (2010), “Bicentenario sin hambre. Evaluación del Programa Asignación Univer-sal por Hijo para Protección Social en sus primeros 4 meses de implementación”. CTA .

• MECON (2005), “Análisis Económico N°3: Empleo e Ingresos en el Nuevo Contexto Macroeconómico”.

• MECON (2009), “Asignación Universal por Hijo”. Nota Técnica Nro. 23 Perteneciente al Informe Econó-mico Nro. 70 del cuarto trimestre de 2009. Secretaría de Política Económica.

• MIDES (2010), “Plan de Equidad”, Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay. [http://www.mides.gub.uy/mides/index.jsp]

• MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE URUGUAY. [http://www.mides.gub.uy/mides/index.jsp]

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. [http://www.minedu.gob.bo/Inicio/tabid/40/language/en-US/Default.aspx#]

• MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. BONO DE DESARROLLO HUMANO DE ECUA-DOR. [http://www.mies.gov.ec/index.php/programas/proteccion-social/programa-de-proteccion-social-pps]

• MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO DE CHILE. CHILE SOLIDARIO. [http://www.chileso-lidario.gob.cl/]

• MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. BOLSA FAMÍLIA. BRASIL. [http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/]

• MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY. PROGRAMME OF ADVANCEMENT THROUGH HEALTH AND EDUCATION (PATH), JAMAICA. [http://www.mlss.gov.jm/pub/index.php?artid=23]

• MINUJÍN A., DAVIDZIUK A Y DELAMÓNICA E. (2007), “El boom de las transferencias de dinero sujetas a condiciones ¿De qué manera estos programas sociales benefician a los niños y niñas latinoa-mericanos?”. Revista Salud Colectiva.

• OIT y OMS (2010),”Iniciativa del Piso de Protección Social. Manual y marco estratégico para las actividades nacionales conjuntas de las Naciones Unidas”.

• PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE PERÚ. PROGRAMA DE APOYO NACIONAL DIREC-TO A LOS MÁS POBRES JUNTOS. PERÚ. [http://www.juntos.gob.pe/]

• PANIGO, D. Y NEFFA J.C. (2009), “El mercado de trabajo argentino en el nuevo modelo de desarro-llo”. Documento de trabajo del MECON.

• PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE HONDURAS. [http://www.praf.hn/]

• PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL MADRE NIÑO NIÑA BONO JUANA AZURDUY. [http://www.bonojuanaazurduy.sns.gob.bo/]

• PROGRAMA SOLIDARIDAD, REPÚBLICA DOMINICANA. [http://www.solidaridad.gov.do/]

• RODRÍGUEZ MOJICA A. (2010). “Programas de transferencias condicionadas, políticas sociales y comba-te a la pobreza en Panamá”. División de Desarrollo Social. CEPAL. Serie Políticas Sociales Nro. 162.

• SCHWARZER H. (2010), “El Piso de Protección Social: Desarrollo conceptual y aplicación en América Latina”. Panorama Laboral 2010 de la OIT, América Latina y el Caribe.


| 55

• SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMA TEKOPORÁ DE PARAGUAY. [http://www.sas.gov.py/xhtml/DGPSyDH/dgpsydh_dtekopora2.html]

• SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL). PROGRAMA OPORTUNIDADES DE MÉXICO. [http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/]

• SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. PROGRAMA ABRAZO. PARAGUAY: [http://web.snna.gov.py/index.php?option=com_content&view=article&id=38:programa-abrazo&catid=32:proteccion&Itemid=2]

• SECRETARÍA NACIONAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SENA-PAN). BONOS FAMILIARES PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PANAMÁ. [http://190.33.197.130/senapan/ultimanoticiasenapan/Noticias/UNA%C3%91ODELOGROS/tabid/101/Default.aspx]

• SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR. COLOMBIA. [http://matriculabd1.redp.edu.co/sistemat02/sed/websubsidios/index.htm]

• TIRENNI J. (2009), “La asignación universal por hijo. ¿Una etapa de políticas sociales?”

• UNICEF (2006), “Efectos de la crisis en Argentina. Las políticas del Estado y sus consecuencias para la infancia”.

• ZIBECCHI C. Y CALVI G. (2004), “De la emergencia económica a la emergencia ocupacional. El Plan Jefes y Jefas de hogar en el marco de la crisis del modelo neoliberal”.

56 | ANSES

ABRIL 2012

Documents

AUH en Perspectiva. Anses, Observatorio. 2012