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UNIVERSIDAD METROPOLITANA
LATIN CAMPUS
ANTOLOGIA
“INTRODUCCION AL DERECHO DE AMPARO”
SALVADOR GUILLERMO GALVAN ORTA.
MATRICULA: 1913-1200-2100
ABRIL
2015
2
MATERIAL EDUCATIVO SIN FINES DE LUCRO Y DE USO INTERNO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
3
LICENCIATURA EN DERECHO
CLAVE: 2115 - 2116
4
INTRODUCCION GENERAL:
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es
una victoria completa”.
Mahatma Gandhi.
El presente estudio fue realizado con la finalidad de hacer una antología de diferentes libros
y autores dedicados al conocimiento básico del Juicio de Amparo.
Cuando mencionamos la palabra amparo, nos viene a la mente: protección, acogimiento,
refugio, cobijo, en fin un sin número de sinónimos de los que desprendemos básicamente el
goce de derechos que como mexicanos encontramos plasmados en la Constitución Política
de los estados unidos mexicanos en sus primeros 28 artículos.
Esta sencilla obra, es una interpretación que engloba los diferentes razonamientos jurídicos
de autores, muchos de ellos ampliamente conocidos en el ámbito jurídico del derecho de
amparo y entender que este desde la antigüedad en el siglo XIII ya se conocía.
En nuestros tiempos para el año de 1840 el estudioso jurista Manuel Crescencio Rejón
García, hace referencia al derecho de amparo, al proyectar la Constitución Política para el
Estado de Yucatán cuando se pretendía que el mismo se independizaría de la Federación.
En el proyecto de Constitución de 1857, desde el año de 1842, los entonces constituyentes
entre otros Mariano Otero, ya estudiaban la posibilidad de que los ciudadanos se acogieran
a la protección del Juicio de Amparo.
La finalidad que se persigue en la presente obra, es fortalecer las bases para el estudio del
derecho al Juicio de Amparo previsto constitucionalmente y las diferentes aplicaciones del
mismo desde distintas ramas del derecho, civil, penal, laboral, agrario, esperando sea de
utilidad para las futuras generaciones de alumnos de la carrera de derecho.
Dentro de ésta investigación, se dan a conocer los diferentes conceptos introductorios y el
objeto del Juicio de Amparo, así como el contexto de la libertad humana y los derechos
5
fundamentales del hombre. Se hace un análisis en cuanto a que si el Juicio de Amparo debe
ser considerado como un juicio o un recurso. Se estudia el concepto y las partes que
componen a la acción dentro del juicio. Se investiga el concepto de parte desde diferentes
puntos de vista de distintos autores. Se exponen los principios jurídicos fundamentales que
componen la doctrina y que rigen al Juicio de Amparo. Se analiza el concepto y las clases
de improcedencia, así como el momento oportuno para presentarse. También se estudia la
competencia del Juez de Distrito para conocer del asunto de amparo y las funciones que
tiene así como las funciones del Tribunal Unitario de Circuito.
Además dentro de esta antología se hace un análisis exhaustivo del concepto de demanda y
los requisitos que se deben cumplir para presentarla, llevando de la mano al estudiante a lo
largo de todo el proceso del Juicio de Amparo, señalando términos y características
esenciales. Se explica cómo deben ser las pruebas que se presentan a juicio. Se da la noción
de lo que es la audiencia constitucional, y por último se esboza lo que es la sentencia y los
medios para ejecutarla.
En cuanto a la jurisprudencia en el Juicio de Amparo, se estudia el concepto jurídico y se da
a conocer la materia fundamental de la misma, su extensión a las leyes locales, su
significado del carácter obligatorio, su invocación y en qué casos es aplicable; también se
expone una contradicción de tesis y su manera de resolverá y se estudiara quienes son los
órganos jurídicos que pueden modificarla.
En materia Agraria, esta antología, estudia las reformas a la Ley Agraria que se han hecho
hasta el año 2014 y también como se compone el nuevo proceso agrario. Se mencionan las
características especiales de la demanda en materia agraria hasta la sentencia dictada por
los Tribunales Agrarios.
Posteriormente se analizan las funciones que tiene un Juzgado de Distrito en materia Penal,
como se organiza, cuales son las atribuciones de las secciones del mismo, como son la
sección de apoyo, la sección de amparo y la sección penal.
Y por último, se hace un estudio acerca de los principios fundamentales del Juicio de
Amparo en materia Penal, así como, el procedimiento que debe llevarse para la iniciación
6
del trámite y todo lo relacionado a la demanda, competencia, suspensión, sobreseimiento y
pruebas, que deben exponerse dentro del Juicio. Hasta el proceso de sentencia y de los
recursos de los que se pueden llegar a valer las personas interesadas. Así como la intención
de presentar la petición formal para la extradición y el procedimiento de extradición que se
presenta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se expone el proceso acusatorio y la
competencia de los Jueces de Distrito en materia de amparo penal y la suspensión de actos
atentados a la libertad personal.
7
ÍNDICE DE CONTENIDOS:
Pág.
Unidad I
La libertad, el derecho, el Estado y el Juicio de Amparo.
1.1 La libertad humana. 15
1.2 Derechos del hombre. 17
1.3 Amparo en general. Definición del Juicio de Amparo. 18
1.4 ¿Quién tiene derecho a pedir amparo? 19
1.5 Objeto del Juicio de Amparo. 20
1.6 Juicio de amparo, Constitucional o de Garantías. 21
1.7 Supremacía de la Constitución. 21
1.8 Análisis del artículo 103 Constitucional. 22
Unidad II
¿Juicio o recurso?
2.1 Juicio o recurso. 26
Unidad III
La acción y sus elementos.
3.1 Teoría clásica. 31
3.2 Concepto de acción en general. 33
3.3. La concepción de la acción en el Juicio de Amparo y sus elementos. 34
Unidad IV
Concepto de parte. Las partes en el Juicio de Amparo.
4.1 Concepto de parte. 38
4.2 Las partes en el Juicio de Amparo. 40
a) El quejoso (agraviado). 41
b) La autoridad responsable. 41
c) El tercero perjudicado. 41
8
d) Ministerio Público de la Federación. 43
Unidad V
Principios fundamentales del Juicio de Amparo.
5.1 El de iniciativa o instancia de parte agraviada. 46
5.2 El de la existencia de agravio personal y directo. 48
5.3 El de la definitividad del acto reclamado. 49
a) Excepciones a este principio. 49
5.4 El de estricto derecho. 51
a) Excepciones a este principio. 52
5.5 El de la relatividad de las sentencias. 53
5.6 El de prosecución judicial. 54
Unidad VI
La improcedencia del Juicio de Amparo.
6.1 Concepto. 59
6.2 Clases de improcedencia. 59
a) Improcedencia manifiesta e indudable. 59
b) Improcedencia procesal. 60
c) Improcedencia legal. 60
Unidad VII
De la competencia de los Jueces de Distrito.
7.1 Concepto de competencia en derecho procesal. 66
7.2 Juzgados de Distrito, Función Judicial y de Control Constitucional. 66
7.3 Competencia de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales
Unitarios de Circuito frente a los Tribunales Colegiados de Circuito.
(Competencia por razón de grado). 68
7.4 Competencia de los Juzgados de Distrito entre sí en razón de
Territorio. Análisis de los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo. 69
7.5 Competencia de los Juzgados de Distrito en razón de Materia. 70
9
7.6 Competencia auxiliar. 71
Unidad VIII
La demanda de Amparo Indirecto.
8.1 Demanda. 76
8.2 Procedencia. 76
8.3 Autoridad competente para conocer del Juicio de
Amparo Indirecto. 78
8.4 Sus formas. 79
8.5 Requisitos de la demanda. 80
Unidad IX
Substanciación del Juicio.
9.1 Presentación de la demanda. 84
9.2 Auto inicial en el Juicio de Amparo Indirecto. 85
9.3 Ampliación de la demanda. 87
9.4 Admisión de la demanda. 88
9.5 Notificación al tercero interesado. 89
9.6 Informe justificado. 90
9.7 La competencia. 90
9.8 Incidentes. 91
9.9 Acumulación. 92
9.10 El sobreseimiento. 93
9.11 Las pruebas. 93
9.12 Audiencia constitucional. 94
9.13 La sentencia. 95
9.14 Los recursos. 95
Unidad X
De la ejecución (cumplimiento) de las sentencias.
10.1 Concepto. 102
10
10.2 Medios para llevar a cabo la ejecución de las sentencias. 102
10.3 Cumplimiento de ejecutorias de amparo en función
de lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo. 103
10.4 Actitud de la autoridad de amparo. 104
10.5 Principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo. 105
10.6 Medios de defensa que proceden en contra de diversas
resoluciones dictadas. 105
10.7 Cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. 106
10.8 Aplicación de la suplencia de la queja deficiente
en el recurso de inconformidad e incidentes. 107
10.9 Obligación de cumplir con la ejecutoria de amparo por
cualquier medio. 107
10.10 Prohibición de archivar un Juicio de Amparo sin
que esté cumplida la sentencia. 108
10.11 Denuncia por incumplimiento de la
declaratoria general de inconstitucionalidad. 108
Unidad XI
La Jurisprudencia.
11.1 ¿Qué es la Jurisprudencia? 113
11.2 Materia de la Jurisprudencia. 114
11.3 Significado del carácter obligatorio de la Jurisprudencia
y su extensión a las leyes locales. 115
11.4 Compilación de la Jurisprudencia. 116
11.5 Invocación de la Jurisprudencia. 117
11.6 La Jurisprudencia solamente es aplicable en casos
jurídicamente análogos. 118
11.7 Contradicción de tesis y manera de resolverla. 118
11.8 Los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir
y aun modificar la Jurisprudencia. 122
11
Unidad XII
El Juicio de Amparo en materia Agraria.
12.1 Concepto. 126
12.2 El nuevo proceso agrario. 126
12.3 Características especiales de la demanda en materia Agraria. 129
12.4 Emplazamiento. 130
12.5 Audiencia de ley. 133
12.6 Las pruebas en el proceso agrario. 134
12.7 Alegatos. 135
12.8 Resolución agraria. 136
12.9 Recurso de revisión. 137
12.10 Ejecución de sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios. 138
Unidad XIII
El Juez de Distrito en su doble función de Juez Constitucional y Juez de Instrucción.
13.1 Juzgado de Distrito en materia Penal. 142
13.2 Organización de un Juzgado de Distrito en materia Penal. 143
13.3 Secciones del Juzgado. 144
a) Sección de Apoyo. 144
b) Sección de Amparo. 146
c) Sección Penal. 147
Unidad XIV
Principios fundamentales del Juicio de Amparo en materia Penal.
14.1 Principios fundamentales. 150
14.2 Duplicidad de juicios. 151
14.3 Del procedimiento en el Juicio de Amparo Indirecto.
(Iniciación del trámite). 153
- Oficialía de partes. 153
- Competencia. 154
- Notificación de la demanda. 156
12
- El informe justificado. 157
14.4 Incompetencia por tratarse de amparo directo. 158
14.5 Incompetencia por declinatoria. 159
14.6 Acumulación. 161
14.7 La Suspensión. 163
14.8 El sobreseimiento. 165
14.9 Las pruebas en el juicio. 167
14.10 La audiencia constitucional. 168
14.11 Las sentencias. 171
14.12 Los recursos. 176
14.13 Sustanciación del recurso. 178
14.14 La queja. 182
Unidad XV
Procedimiento de extradición.
15.1 Intención de presentar petición formal para la extradición. 185
15.2 Petición formal de extradición. 186
Unidad XVI
Competencia del Juez de Distrito para conocer del Juicio de Amparo Penal.
16.1 Marco del Amparo Penal. El Amparo Penal y sus principios. 194
A. Prosecución judicial. 194
B. Instancia de parte agraviada. 194
C. Agravio personal. 195
D. Relatividad de las sentencias. 196
E. Definitividad. 197
F. Estricto derecho y suplencia de la queja. 198
G. Mayor beneficio. 198
16.2 Principios del Amparo Penal. 199
16.3 Juicio de Amparo y proceso acusatorio. 201
a) El proceso acusatorio. 201
13
b) Amparo y principios del sistema acusatorio. 203
16.4 Jueces de control y defensa de la libertad. 206
16.5 Competencia del Juez de Distrito en materia Penal. 211
16.6 Juicio de Amparo Penal. 214
16.7 Demanda. 218
16.8 Competencia de los jueces de Distrito en materia de
Amparo Penal. 218
16.9 Suspensión de actos atentados a la libertad personal. 220
Glosario. 225
Bibliografía. 227
Bibliografía complementaria. 228
14
UNIDAD I
LA LIBERTAD, EL DERECHO, EL ESTADO Y EL JUICIO DE
AMPARO.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Autor: Ignacio Burgoa O. Editorial Porrúa.
2013.
EL JUICIO DE AMPARO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FIGURAS
PROCESALES. Autor: Julio C. Contreras Castellanos. Editorial Mc Graw Hill.
2009.
EL JUICIO DE AMPARO: CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial
Trillas. 2014.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En esta unidad se dan a conocer diferentes conceptos introductorios con la finalidad de
estudiar y comprender el entorno jurídico del juicio de amparo, comenzado por la
definición de la libertad humana y los derechos fundamentales del hombre, hasta la
exposición de la definición del concepto y objeto del juicio de amparo. Se analizara
también el artículo 103 constitucional así como la supremacía de la constitución.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar esta unidad el alumno deberá conocer y comprender el significado de la libertad
humana, estudiar y aplicar los diferentes derechos fundamentales del hombre. Explicar el
15
concepto y objeto del juicio de amparo, así como quien tiene derecho a pedir amparo y
determinar en qué consiste la supremacía de la constitución.
TEMÁTICA:
1.1 La libertad humana:
Una de las condiciones indispensables, sine qua non, para que el individuo realice sus
propios fines, desenvolviendo su personalidad y propendiendo a lograr su felicidad, es
precisamente la libertad, concebida no solamente como una mera potestad psicológica de
elegir propósitos determinados y excogitar los medios subjetivos de ejecución de los
mismos, sino como una actuación externa sin limitaciones o restricciones que hagan
imposible o impracticable los conductos necesarios para la actualización de la teleología
humana.
La existencia sine qua non de la libertad, como elemento esencial del desarrollo dc la
propia individualidad, encuentra su sustrato evidente en la misma naturaleza de la
personalidad humana. Efectivamente, hemos hecho hincapié en la circunstancia de que la
persona tiende siempre a realizar su propia finalidad, que por lo general se traduce en el
anhelo de operar valores subjetiva u objetivamente, según el caso.
Ahora bien, la calidad y cualidad de los fines particulares deben estar de acuerdo con la
idiosincrasia y el temperamento específicos del que los concibe. Por ende, los fines o
propósitos deben ser forjados por la propia persona interesada, pues sería un contra- sentido
que le fueran impuestos, ya que ello implicaría no sólo un valladar insuperable para el
desenvolvimiento de la individualidad humana, sino que constituiría la negación misma de
la personalidad, porque la noción de ésta "implica la de totalidad y la de independencia".'
Los anteriores asertos se robustecen con la estimación kantiana acerca de la personalidad,
en la que se la aprecia como un auto-fin humano, esto es, que el hombre constituye un fin
de sí mismo y no un mero medio para realizar otros propósitos, que se suponen impuestos.
Si el hombre, si la persona humana estuvieran constreñidos a realizar ciertos fines
16
determinados de antemano sin intervención de su libre albedrío, se destruiría entonces la
personalidad, ya que en tal hipótesis, el sujeto sería implicado como un mero medio de
verificación de los propósitos materia de la aludida pre-determinación, no constituyendo,
por ende, un fin en sí mismo (auto-fin), en que estriba su propia evolución.
Sobre el particular, Juan Manuel Terán Mata, en un interesante estudio sobre los valores
jurídicos, se expresa así: "En su valor positivo existiría la libertad en cuanto no se tenga un
medio como puro fin, porque en este caso, la conducta o el acontecer libre se encadena, ya
que lo condicionado, medio, se hace condicionante y a priori desaparece la posibilidad de
elegir fines que sólo se dan para el sujeto en cuanto no se subordina a un motivo limitado, a
lo que debe ser medio, sino que aspira a un infinito fin que es la idea de su propia
personalidad.
En consecuencia, lo estimable de la libertad estriba en el orden de los medios y los fines,
esto es, de la voluntad misma. Pero cuando una voluntad determinada obliga a la persona
exclusivamente a un objeto limitado, por dulces que los lazos sean, el sujeto del querer está
en tránsito de no ser persona, de no ser libre, ya sea que la elecci6n de fines le está vedada
al convertirse en mera cosa condicionada en esclavitud. De todo lo asentado con
anterioridad se desprende que la libertad de elecci6n de fines vitales es una mera
consecuencia no solo lógica y natural del concepto de la personalidad humana, sino un
factor necesario e imprescindible de su desenvolvimiento.
Por eso Kant ha dicho: "personalidad es libertad e independencia del mecanismo de toda
naturaleza"," y Fichte se ha expresado: "mí ser es mi querer, es mi libertad; solo en mi
determinación moral soy dado a mí mismo como determinado".
Por otra parte, la escogitación de medios o conductos para realizar dichos fines debe
obedecer al juego del libre albedrío del hombre, en cuya práctica consiste la conducta
humana, tanto interna (moral) como externa (social). Se dice, entonces, que en este sentido
la persona es "autónoma", puesto que tanto desde el punto de vista subjetivo, en sus meras
relaciones morales, como desde el punto de vista objetivo, en la formulación de sus propias
normas que regulen su actividad externa dirigida a la cristalizaci6n de sus fines, su
17
conducta respectiva siempre es normada por disposiciones, reglas o ideas que ella misma se
crea o forja.
Fácilmente se comprende, de lo que llevamos expuesto, la relación inextricable de
identidad entre el concepto de hombre y de persona y entre éste y el de libertad. Si el
hombre es un ser esencialmente volitivo y si su voluntad se enfoca invariable y
absolutamente hacia la obtención de su felicidad, es evidente que constituye, como lo
concibe Kant, un ente autoteleológico (persona). Por consiguiente, en función de la auto-
teleología, el hombre es naturalmente libre para concebir sus propios fines vitales y para
seleccionar y poner en práctica los medios tendientes a su realización. De ahí que,
filosóficamente, la libertad sea un atributo consubstancial de la naturaleza humana, es decir,
que el hombre, en su íntima esencia, es libre por necesidad ineludible de su personalidad, o
sea de su autoteleología, como elemento substancial de su ser.1
1.2 Derechos del hombre:
Los artículos 2 a 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
comenzó a regir el 1º de mayo de 1917, expresan los diversos derechos de que disfruta toda
persona dentro de nuestro territorio. En su contenido ideológico, dichos preceptos
garantizan el libre ejercicio de esos derechos, con las restricciones y las modalidades que
los mismos preceptos especifican. Tales derechos son sustancialmente los derechos del
hombre, o sea, los que deben reconocerse a todo ser humano por su sola calidad de
humano, los cuales tuvieron un destello en la Magna Charta, que los barones ingleses
impusieron a su rey Juan sin Tierra, en 1215; luego fueron consignados de manera
sistemática, por primera vez, con el nombre de Bill of Rights, en la Constitución que, en el
año 1776, aprobaron los representantes del pueblo de Virginia, colonia inglesa en
Norteamérica; después los proclamo la Asamblea Nacional Francesa en su Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789; y últimamente integran la
1 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Autor: Ignacio Burgoa. Editorial Porrúa. 2013. Introducción II.
18
Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
El texto literal del artículo 1 de la Constitución ha motivado que, en el lenguaje usual, los
derechos del hombre sean designados, también, con el nombre de garantías y ambos
vocablos se emplean indistintamente como sinónimos, es decir, que por una figura de
dicción se designa la noción sustancial, que es el derecho del hombre, con su efectividad
práctica, que es la garantía.2
1.3 Amparo en general. Definición del juicio de amparo:
Amparo es protección o defensa contra una imposición o exigencia que restringe o
desconoce nuestro derecho. En nuestros remotos antecedentes legislativos encontramos esa
noción en la ley II del título I de la Primera Partida, (redactada en 1256), que decía “Cada
uno se puede amparar contra aquellos que deshonra o fuerza le quisieron hacer”, y era
aplicable tanto contra las autoridades como contra cualquier persona privada. En la
legislación mexicana el juicio de amparo es el proceso instituido en la Constitución, con el
carácter de controversia judicial, para que las personas puedan obtener el que las
autoridades de todo orden, con las excepciones que la ley consigna, respeten y hagan
respetar la efectividad de los derechos humanos. Brevemente, el juicio de amparo es el
medio específico y concreto de evitar o corregir los abusos o las equivocaciones del poder
público que afecten los derechos del hombre. Expliquemos en detalle esta doble definición:
1. Es una controversia porque enfrenta a una autoridad determinada con la persona que
reclama contra esa autoridad que viola o intenta violar los derechos humanos.
2. Es judicial porque se desarrolla ante una autoridad de esa clase, en forma de juicio,
o sea, mediante la demanda del promovente, la resolución judicial que la admite y
manda tramitarla, la contestación de la autoridad responsable, la citación de la
contraparte del actor, que se designa como el tercero perjudicado, la audiencia en
que los interesados exhiben sus pruebas y producen sus alegatos y la sentencia. Los
2 EL JUICIO DE AMPARO. CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial Trillas. 2014. Página 11.
19
jueces y tribunales que deben conocer del juicio de amparo están específicamente
designados en la Constitución (art. 103 y 107, fracciones V, VI, VII, VIII y IX).3
1.4 ¿Quién tiene derecho a pedir amparo?
En general, todas las personas tienen el derecho de pedir amparo contra los actos de una
autoridad que viola o intenta violar sus derechos humanos; consiguientemente, el juicio de
amparo puede ser promovido por cualquier individuo o persona física, cualquiera que sea
su edad, su sexo o su estado civil, aunque no sea mexicano, sino extranjero de cualquier
nacionalidad, porque los derechos humanos abarcan sin ninguna distinción a todos los
hombres y a todas la mujeres que consideren violadas sus garantías dentro del territorio
nacional, pues así se desprende claramente del artículo 1º de la Constitución, en la parte que
dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece”. El amparo esta también al alcance de las personas morales, de toda
clase, que pretendan protección en el disfrute de sus derechos, aunque el precepto
constitucional acabado de invocar alude expresamente a individuos como seres humanos, la
evolución del amparo ha llevado a la ley reglamentaria a extenderlo a las personas morales,
tanto a las privadas como a las oficiales o públicas (art.7, parte publicada el 2 de abril de
2013).
Según el texto constitucional (art.- 103), el juicio de amparo comprende a las autoridades
mexicanas, sin ninguna distinción, por consiguiente, todas están obligadas a someter sus
actos a dicho juicio cuando una persona reclame que han violado o pretenden violar sus
derechos humanos. Sin embargo, la ley reglamentaria, por las razones que veremos en su
oportunidad, excluye expresamente del amparo todos los actos de la Suprema Corte de
3 “Op cit. Página 12.
20
Justicia (art. 61 fracciones II), y algunos específicos de otras autoridades (art. 61, fracciones
II, IV y VI).4
1.5 Objeto del juicio de amparo:
El único objeto del juicio de amparo es concretamente imponer a la autoridad el respeto del
derecho o los derechos humanos del quejoso, dentro del marco de su reclamación, a fin de
restablecer, por derecho y de hecho, el orden jurídico, según el régimen establecido en la
Constitución; a ese efecto, en el juicio de amparo se dilucida y decide si la autoridad
responsable ha ajustado o no sus actos al precepto o a los preceptos constitucionales
referentes a las garantías individuales que sean aplicables en el caso que haya motivado la
promoción de dicho juicio, aun cuando no sean precisamente los invocados en la demanda.
Si la sentencia reconoce y declara la existencia de la violación, la intervención del juez del
amparo se extiende hasta obligar a la autoridad responsable a que restituya al promovente el
uso y disfrute de su garantía, con total independencia de la legitimidad de sus respectivos
derechos civiles, que perfectamente pueden serle disputados por cualquier interesado, ante
la autoridad competente.
El juicio de amparo no es el medio exclusivo y único, para obtener que sean respetados los
derechos del hombre, pues perfectamente cualquier autoridad puede reparar la violación de
derechos humanos en que haya incurrido cuando la ley permite que el afectado la reclame
ante la propia autoridad, mediante una reconsideración en el orden administrativo, o una
revocación en el judicial, o que promueva su corrección ante el superior respectivo,
mediante la revisión en los asuntos administrativos y la apelación o la queja en los
judiciales; por eso el amparo procede solamente contra las violaciones que ya no pueden ser
reparadas por la autoridad responsable ni por su superior.
Es enteramente humano que, en el ejercicio de sus funciones, cualquier autoridad incurra en
exceso o defecto, ya por error, ya por ignorancia, ya por interés, y precisamente para
corregir esa equivocación o ese abuso, cuando afecta los derechos protegidos por la
4 “Op cit” Página 12-13.
21
Constitución, nuestra ley suprema ha instituido el juicio de amparo, que en principio
proporciona a todo interesado la manera fácil y rápida de conseguir que sus derechos sean
respetados por la autoridad que de buena o mala fe los afecta ilegalmente.
La justificación sociológica y política de nuestro juicio de amparo está en la calidad
democrática de nuestras instituciones porque, si las autoridades instituidas por el pueblo
deben gobernar para el pueblo, racionalmente debe haber un procedimiento adecuado para
hacer que las autoridades respeten en toda su actuación los derechos que al mismo pueblo
se han dado, y que son parte de las bases específicas y definidas de su organización en
Estado libre y soberano. 5
1.6 Juicio de amparo, constitucional o de garantías:
El juicio de amparo se llama así porque su objeto es defender y proteger a las personas
contra las equivocaciones o los abusos de las autoridades, y además con ese nombre lo
designa expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional; es constitucional porque
lo ha instituido expresa y detalladamente la Constitución Federal, en sus artículos 103 y
107. 6
1.7 Supremacía de la Constitución:
La Constitución Política de la República Mexicana es nuestra ley suprema, ella debe de
prevalecer sobre cualquiera otra ley, y sus disposiciones referentes a los derechos del
hombre, que garantiza en sus primeros 28 artículos, deben ser norma limitativa de la
actuación de todas las autoridades, porque los derechos del hombre son base imprescindible
de la convivencia social, y en consecuencia su efectividad practica debe ser reconocida y
aplicada por los órganos gubernativos, a fin de que sus actividades se desarrollen sin
perjuicio de ninguno de los derechos humanos, que por estar garantizados en la
5 “Op cit” Página 13-14. 6 “Op cit” Página 15.
22
Constitución, su respeto interesa al orden público que deriva de nuestro régimen de
derecho.7
1.8 Análisis del artículo 103 Constitucional:
La función específica para dirimir las controversias que se susciten por la vía de la
legalidad en un estado de derecho como el nuestro, la desempeña un órgano del gobierno
estatal, al que se le identifica como Poder Judicial.
El ejercicio de la actividad jurisdiccional, cuya finalidad implica el aplicar la ley a un caso
concreto, sometido al conocimiento y decisión de los tribunales, tiene más alto significado
en el desempeño judicial del control de la Constitución.
En efecto, el artículo 103 constitucional, estatuye que compete a los tribunales de la
federación resolver todas las controversias que se susciten por:
- Leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.
- Leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los
estados o la esfera de competencia del Distrito Federal.
- Leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la
esfera de competencia de la autoridad federal.
Nuestra Ley Fundamental expresamente dispone que el ejercicio del Poder Judicial de la
Federación se deposite en la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, Tribunales
Colegiados y Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito y en el Consejo de la Judicatura
Federal (artículo 94).
Tomando en cuenta lo anterior erige a sus tribunales como los únicos y genuinos intérpretes
de la Constitución, leyes, reglamentos federales o locales y tratados internacionales
celebrados por el Estado mexicano, por conducto de la jurisprudencia que establezcan.
7 “Op cit” Página 17.
23
Dado lo anterior, el conocimiento, sustanciación y resolución del juicio de amparo compete
exclusivamente a dichos tribunales, salvo al Tribunal Electoral, dado que no tienen
competencia para ello, conforme a lo estipulado por el numeral 99 de la Constitución;
también se exenta al Consejo de la Judicatura, toda vez que este no es un tribunal, sino que
es un órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como se aprecia, el artículo 103 establece los supuestos de procedencia del juicio de
amparo en forma limitativa, pues en su primera fracción prevé los casos en que las
autoridades violen las garantías individuales en perjuicio del agraviado o quejoso, así como
en las dos siguientes: cuando por invasión de competencia o soberanía de las autoridades
federales y locales se cause una infracción a los derechos subjetivos públicos del gobernado
con el acto emitido por éstas, por violentar la garantía de legalidad – lo que ha provocado
plantearse, a raíz de diversas opiniones doctrinales, lo innecesario de estas dos últimas
fracciones del artículo en cuestión, dado que en lo previsto en la primera de ellas se cubre
cabalmente el ámbito de procedencia del juicio de amparo-.
Por otra parte, la extensión protectora del juicio de amparo se irradia a la tutela integral de
la Constitución, en virtud de la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la
Carta Magna, ya que todos los actos de privación de la libertad, propiedades, posesiones o
derechos, deben ser “conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, de la
misma forma en que, en materia penal, por lo que se refiere a los delitos y a las penas, la
aplicación de la ley es en sentido estricto, como lo prevé el tercer párrafo del numeral 14 en
mención, al estatuir la exacta aplicación de la ley penal, aunado a que su precisión en
materia civil se hace patente en el párrafo cuarto de este mismo arábigo, cuando dispone
que la sentencia definitiva que se dicte en esta materia deberá ser “conforme a la letra o la
interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundara en los principios generales del
derecho”; más aún cuando todo acto de autoridad que infrinja alguna molestia al gobernado
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, necesaria y obligadamente debe ser
en “virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento”, como lo exige el articulo 16 en cita.
24
De aquí que el juicio de amparo se instituya como un verdadero medio jurisdiccional de
control de la Constitución, así como de la legalidad de los actos de todas las autoridades del
Estado, por violación de los preceptos constitucionales que prevean garantías individuales y
sociales, ya que por razón de lo dispuesto por sus artículos 14 y 16, si dichas autoridades
vulneran una disposición legal que tenga por consecuencia una violación de tales
dispositivos constitucionales, se hará procedente la vía de impugnación del acto autoritario
así dictado por medio del juicio de amparo.
Lo anterior, aunado a la previsión establecida por el numeral 107 constitucional, sobre la
procedencia del juicio de amparo contras las resoluciones de los tribunales judiciales,
administrativos y del trabajo, por violación a las leyes del procedimiento que les rige que
hubieran vulnerado las defensas del gobernado, trascendiendo el resultado del fallo.8
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realizar un resumen de los temas de esta unidad.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Escribe el concepto de la libertad humana.
Es una facultad del ser humano de obrar de una manera o de otra o de no obrar, por lo
que es responsable de sus actos es el libre albedrio, es el hacer o decir todo aquello que
no se oponga a las layes o a las buenas costumbres.
2. Explica la doble definición del Juicio de Amparo.
8 EL JUICIO DE AMPARO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FIGURAS PROCESALES. Autor: Julio C. Contreras Castellanos. Editorial Mc Graw Hill. 2009. Páginas 36-38.
25
Es una controversia porque enfrenta a una autoridad con quien reclama una violación.
Es judicial porque se desarrolla ante una autoridad de esa clase en forma de juicio.
3. ¿Cuál es el objeto del Juicio de Amparo?
Es concretamente imponer a la autoridad el respeto del derecho o derechos humanos
del quejoso dentro del marco de su reclamación a fin de restablecer de hecho y por
derecho el orden jurídico.
4. ¿Qué significa la Supremacía de la Constitución?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra ley suprema,
prevalece sobre cualquier otra ley y garantiza en sus primeros 28 artículos el respeto a
los derechos humanos que son base imprescindible de convivencia social.
5. ¿Por qué es importante conocer el contenido del artículo 107 Constitucional para el
Juicio de Amparo?
Este artículo trata sobre la procedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de
los Tribunales Judiciales, Administrativos y del Trabajo.
26
UNIDAD II
¿JUICIO O RECURSO?
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
EL JUICIO DE AMPARO: CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial Trillas.
2014.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En esta unidad se expone la opinión del autor Luis Bazdresch, en cuanto a que si el amparo
debe ser considerado como juicio o como recurso, para fines educativos que a la materia le
concierne.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante analizará de forma práctica la opinión del autor y podrá responder a la
cuestión que esta unidad nos refiere.
TEMÁTICA:
2.1 Juicio o Recurso:
El juicio de amparo tiene por objeto especifico hacer real, eficaz y practica la
autolimitación del ejercicio de la autoridad por los órganos gubernativos, la cual jurídica y
lógicamente resulta de la decisión de la soberanía, que en los primeros artículos de la
27
Constitución garantiza los derechos del hombre, pues dicho juicio tiende a lograr que esos
preceptos de la Constitución predominen en la actuación de todas las autoridades sin
distinción de rango, inclusive las más elevadas. Tan solo la Suprema Corte de Justicia, por
circunstancias ineludibles, queda fuera de su acción.
En una rama de suma importancia y de muy amplio contenido, que es la regida por los
artículos 14 y 16 constitucionales, el juicio de amparo se extiende a un minucioso control
de la legalidad, que consiste, primero, en revisar la aplicación concreta de la ley hecha por
la autoridad responsable y, segundo, en examinar si el acto reclamado expresa su
fundamento legal y su motivo de hecho con el objeto de determinar si ese fundamento y ese
motivo son o no pertinentes, pero todo esto restringido a los actos de las autoridades que
tengan alguna relación con los derechos del hombre garantizados en la Constitución.
El juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho, y entraña una
verdadera contención entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que dicho
promovente considera que ha afectado o trata de afectar sus derechos garantizados en la
Constitución; el agraviado asume el papel de actor de la controversia y la autoridad
designada como responsable interviene como demandada; la materia de la controversia es
el acto concreto o la omisión de autoridad que el interesado considera lesivo de sus
garantías individuales; y la decisión incumbe, en única o en última instancia, a los
tribunales judiciales federales.
El juicio de amparo, con todos sus muy importantes propósitos y con todos sus muy
benéficos efectos, no se abre por simple denuncia de una violación de derechos, ni menos
por mera oficiosidad de la autoridad judicial federal o de cualquiera otra, sino que es
necesario que lo inicie o promueva en toda forma la persona a quien perjudica el acto de la
autoridad que se trata de ajustar a las prevenciones constitucionales relativas a los derechos
del hombre, pues muy acertada y racionalmente no se quiso instituir una fiscalización
popular ni oficial de la actuación de las autoridades, sino poner al alcance de quien
considere que la autoridad lo priva de sus derechos, o se los registre injustificadamente, un
medio especial o especifico de defender sus intereses; en consecuencia, por grave y
trascendente que sea la acción lesiva de la autoridad, es indispensable que la reclame
28
personalmente el agraviado porque, si se trata de proteger sus derechos, es enteramente
natural que solo él pueda mover el sistema de control para alcanzar la eficiencia de sus
garantías, y puesto que se trata de sus intereses personales, perfectamente puede, por
cualquier razón, a su libre arbitrio, abstenerse de defenderlos, y tal decisión debe ser
escrupulosamente respetada por cualquier órgano de control constitucional que pueda
haber.
El juicio de amparo, como lo define el autor, es propiamente un juicio; en lo formal, se
inicia ante un juez de derecho con una demanda, que debe plantear una verdadera
controversia sobre la constitucionalidad del acto de que se trate, y a tal efecto debe expresar
los requisitos técnicos, o sea, quien es el actor o quejoso, quien el demandado o autoridad
responsable, cual es el acto reclamado, con relación de los antecedentes pertinentes, cuales
son las garantías que se consideran violadas, y la causa de pedir, es decir, los respectivos
conceptos de violación; la autoridad demandada debe producir su contestación, que es el
informe justificado, las partes deben presentar sus pruebas y producir sus alegatos, lo que
en principio se realiza en una audiencia, y el juez debe dictar una sentencia verdaderamente
tal, es decir, con exposición del asunto, consideraciones jurídicas pertinentes y la decisión
final; y en lo sustancial, su propósito es el de juzgar la constitucionalidad del acto
reclamado, para decidir si concede o niega la protección demandada.
El juicio de amparo no es un recurso porque, en lo formal, su planteamiento y su
tramitación se realizan ante autoridad distinta de la que ordenó el acto que se estima ilegal,
y que, salvo el caso del artículo 37 de la ley reglamentaria, tampoco es su superior
jerárquico; y en lo sustancial, conduce específicamente a una definición sobre la
constitucionalidad del acto reclamado, pero sin confirmarlo ni revocarlo; en tanto que los
recursos se proponen ante la misma autoridad que dictó la resolución objetada, o ante su
superior jerárquico, y el resultado consiste en confirmar dicha resolución o en sustituirla
total o parcialmente por otra. El juez de amparo nunca sustituye a la autoridad responsable
del conocimiento directo, ni en los tramites, ni en el fondo del asunto en que se produjo el
acto reclamado, conocimiento de que sí conserva la autoridad que ordenó dicho acto,
cuando le compete el recurso interpuesto, o lo asume total o parcialmente su superior
jerárquico, si el recurso es de grado.
29
Cuando el amparo es concedido, la autoridad responsable debe volver a ejercer sus
atribuciones propias en una nueva resolución que se ajuste a la decisión del juez
constitucional; en tanto que en los recursos, cuando proceden, su resolución sustituye lisa y
llanamente sin más a la recurrida, salvo ciertos casos excepcionales, como cuando el
recurso conduce a la reposición del procedimiento, y otros. Sin embargo, en los asuntos
contenciosos el juicio de amparo tiene prácticamente el mismo efecto que un recurso final,
puesto que de hecho se traduce en la confirmación, en la modificación o en la revocación
de la resolución reclamada, con las consecuencias procesales o sustanciales que en cada
caso procedan; pero esa identidad de resultados no justifica que en tales casos el juicio de
amparo sea calificado o considerado como recurso, porque siempre subsisten las diferencias
técnicas antes puntualizadas, tanto más en la revocación resultante del amparo concedido,
en principio deja a la autoridad responsable en libertad de decidir en una nueva resolución
lo que estime procedente, con la única taxativa de no insistir, ni abierta, ni encubiertamente,
en la decisión que motivó el amparo.9
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un mapa conceptual sobre el tema.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Para el autor Luis Bazdresch, ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo?
El objeto es hacer real, eficaz y practica la autolimitación del ejercicio de la
autoridad por los órganos gubernativos.
9 EL JUICIO DE AMPARO: CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial Trillas. 2014. Capitulo I.
30
2. ¿Quién asume el papel de actor de la controversia?
La persona agraviada que lo promueve, el quejoso, el afectado.
3. ¿Cómo debe iniciarse el juicio de amparo?
Con una demanda ante el Juez de derecho y que plantea una controversia sobre la
constitucionalidad del acto de que se trate.
4. ¿Cómo define el autor al juicio de amparo?
Es propiamente un juicio, en lo formal se inicia ante un Juez con una demanda que
plantea una controversia y a tal efecto debe expresar los requisitos técnicos: quién
es el actor, quien es el demandado o autoridad responsable, cual es el acto
reclamado, cuales son las garantías violadas y la causa de pedir.
5. ¿Por qué el juicio de amparo no es un recurso?
Porque en lo formal su planteamiento y su tramitación se realizan ante autoridad
distinta de la que ordeno el acto que se estima legal.
31
UNIDAD III
LA ACCION Y SUS ELEMENTOS.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
EL JUICIO DE AMPARO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FIGURAS
PROCESALES. Autor: Julio C. Contreras Castellanos. Editorial Mc Graw Hill. 2009
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En este apartado, se estudiara una pequeña introspección de la teoría clásica que intenta
explicar al derecho de acción, atravesando por los diferentes conceptos de “acción” que
tienen algunos autores importantes y por último se establecen las partes que componen a la
acción dentro del juicio de amparo.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: h
En esta unidad el estudiante analizara las diferentes concepciones de la acción,
comprenderá cada uno de los elementos que la conforman y como se aplican dentro del
juicio de amparo.
TEMÁTICA:
3.1 Teoría clásica:
El vocablo “acción” proviene del latín actio, que significa movimiento, actividad; aunque
posee una multiplicidad de acepciones jurídicas. Sin embargo, dicha locución tiene
32
significación real hasta que la sociedad erradica las formas violentas de solución de
controversias y aminora la autotutela o autodefensa, dando paso a las medidas
heterocompositivas, como lo es el proceso.
Para la explicación de la naturaleza jurídica de la figura procesal de la acción, en principio
se elaboró la teoría clásica, la cual también se conocía como monolítica, por su inclinación
a fusionar en un solo concepto el derecho sustantivo con el de accionar.
Lo anterior, a pesar de que existieran cambios en la concepción de la acción en las tres
épocas del derecho romano (legis actiones o acciones de la ley; con la abolición de estas se
sustituyó por las formulae o procedimiento formulario y “extraordinaria judicial” o
procedimiento extraordinario).
En efecto, como lo informa Manuel de Jesús García Garrido, las antiguas legis actiones
eran las declaraciones formales y rituales de las partes ante el magistrado. En el
procedimiento formulario, eran la petición de una concreta formula al pretor; y en el
procedimiento cognitorio, la facultad de demandar y obtener la protección del representante
del poder.
Empero, como se ha dicho, la esencia del concepto romano de la acción se preservo durante
estos tres periodos, incluso hasta mediados del siglo XIX, en la conocida definición del
jurisconsulto Celso: “el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe”, y como
Fernando Flores García nos narra, fue complementada siglos más tarde al agregar los
glosadores a esta concepción: “o lo que nos pertenece”.
La doctrina ha reconocido a Savigny como el principal exponente de esta teoría, con raíces
en la percepción romanista aludida, pues considero que la acción tenía dos acepciones
distintas: la de un derecho nacido por la violación de otro conferido al sujeto lesionado, y la
del ejercicio mismo del derecho. Esto es, toda acción implica necesariamente dos
condiciones: un derecho y la violación de este.
De acuerdo con Eduardo Ferrer Mac-Gregor, si el derecho no existiere, su violación sería
imposible; y de no haber violación del derecho, este no podría revestir la forma especial de
acción.
33
Como relata José Ovalle Favela, tres conclusiones de esta concepción eran inevitables: no
hay acción sin derecho, no hay derecho sin acción y la acción sigue la naturaleza del
derecho.
En suma, el derecho sustancial material y el derecho de acción comparten una sola
individualidad, una en su concepción estática y otra en su noción dinámica.
3.2 Concepto de acción en general:
A la luz de la teoría antes mencionada, la concepción de la acción ha sufrido variaciones
sustanciales: desde el planteamiento romanista de Celso, pasando por las que exaltan su
autonomía, así como por las que le refieren a través del derecho que les anima o la esencia
potestativa con que se le inviste, e incluso por las que le observan desde el derecho
abstracto de obrar que contiene, o desde su función procesal, o a partir de su precisión
como instancia proyectiva en el proceso. Aquí solo nos concentraremos en las
concepciones contemporáneas, dadas con mayor aceptación.
Existen algunas que adoptan postura de espectro amplio, al pretender abarcar todos los
contenidos posibles, como la que Cipriano Gómez Lara nos ofrece, cuando concibe a la
acción como el derecho, la potestad, la facultad o actividad, mediante la cual un sujeto de
derecho provoca la función jurisdiccional.
Empero, también existen otras que adoptan tendencia definida y específica, como la
expresada por Luis Guillermo Torres Díaz, quien la concibe como un derecho público
subjetivo en virtud del cual los gobernados acuden ante la autoridad judicial en demanda de
tutela de una pretensión fundada en el derecho sustancial.
De tal suerte que podemos concebir a la acción como un derecho público subjetivo
autónomo en favor del gobernado, cuya actualización se percibe en un proceso, con el
objeto de que las autoridades del Estado desarrollen su función jurisdiccional, al fin de que
se dicte una resolución a la controversia en la que se plantea la violación de un derecho
sustancial.
34
3.3 La concepción de la acción en el juicio de amparo y de sus elementos:
Aquí podemos encontrar diversas acepciones de la acción de amparo, las cuales observan
claras influencias de las teorías que se han esbozado en relación a su naturaleza jurídica.
Por ello, se puede apreciar que la expuesta por Ignacio Burgoa se conduce como el derecho
público subjetivo (característica genérica), que incumbe al gobernado, víctima de cualquier
contravención a alguna garantía individual cometida por cualquier autoridad estatal
mediante una ley o un acto (stricto sensu), o a aquel en cuyo perjuicio tanto la autoridad
federal como la local, por conducto de un acto concreto o la expedición de una ley, hayan
infringido su respectiva competencia (sujeto activo o actor), derecho que se ejercita en
contra de cualquier autoridad de la Federación o de las autoridades locales, en sus
respectivos casos (sujeto pasivo o demandado), y con el fin de obtener la restitución del
goce de las garantías violadas o la anulación concreta del acto (lato sensu) contraventor del
régimen de competencia federal o local, por conducto de los órganos jurisdiccionales
federales (objeto).
Por su parte, Manuel Bernardo Espinoza Barragán, lo concibe como el derecho subjetivo
público que tiene el gobernado para solicitar ante los tribunales federales, o de los Estados,
la prestación del servicio público jurisdiccional, a efecto de que se obligue a la autoridad
responsable a dejar insubsistente la actuación inconstitucional que se le reclama y a restituir
al quejoso en el goce y disfrute de la garantía individual por ella infringida. Entonces, la
acción de amparo es un derecho público subjetivo autónomo de índole constitucional en
favor del gobernado (actor), cuya actualización se percibe en un proceso, con objeto de que
los tribunales federales del Estado desarrollen su función jurisdiccional en la materia, o de
los Estados, en caso de jurisdicción concurrente, a fin de que se dicte una resolución en que
se analice la constitucionalidad del acto reclamado (lato sensu)¨que se controvierte por
violación de una garantía individual imputada a la autoridad responsable (demandada).
El planteamiento esencial de Chiovenda ha sido seguido para desglosar los elementos de la
acción, aunque sus contenidos se diferencian con atención a la teoría predominante que se
adopte, los cuales se pueden deducir de los siguientes cuestionamientos: ¿Quién pide?, ¿de
35
quién se pide? Estos a su vez, serán los sujetos, ¿Qué se pide?, que es el objeto, y ¿con base
en que se pide?, preguntas que constituyen las causas.
Bajo estos lineamientos, podemos decir que los elementos de la acción de amparo son:
- Los sujetos: el activo, que es todo gobernado; el pasivo, las autoridades del Estado
señaladas como responsables en el juicio de amparo.
- El objeto: que resulta ser la prestación del servicio público jurisdiccional; siendo la
pretensión del agraviado o quejoso que, mediante el objeto de la acción, se le
otorgue el amparo y protección en contra del acto de autoridad reclamado en juicio.
- Las causas: son dos: la remota, que es la posición jurídica del gobernado frente a las
garantías individuales como su titular indiscutible; y la próxima, que es la
contravención de las garantías individuales (agravio) atribuida a las autoridades
responsables en perjuicio de la órbita jurídica de algún gobernado. 10
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Desarrollar un cuadro sinóptico con los temas y conceptos más importantes.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. ¿Cómo se describe a la acción en la teoría clásica?
“Acción” proviene del vocablo latín actio que significa movimiento o actividad. Sin
embargo dicha locución tiene significación real hasta que la sociedad erradica la
forma violenta de solución de controversias y aminora la auto-tutela dando paso al
10 EL JUICIO DE AMPARO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FIGURAS PROCESALES. Autor: Julio C. Contreras Castellanos.
Editorial Mc Graw Hill. 2009. Capitulo V.
36
proceso. A pesar de que existieran cambios en la concepción de la acción en épocas
del derecho romano.
2. Escribe el concepto general de acción.
Cipriano Gómez Lara nos dice cuando concibe a la acción como el derecho, la
potestad, la facultad o actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la
función jurisdiccional. Luis Guillermo Torres Díaz, la concibe como un derecho
público subjetivo mediante el cual los gobernados acuden a la autoridad judicial en
demanda de tutela de una pretensión fundada en el derecho substancial. Acción
derecho público subjetivo autónomo en favor del gobernado a través de un proceso.
3. ¿Cuál es la característica genérica del concepto de acción?
Es la expuesta por el maestro Ignacio Burgoa la cual se conduce por el como el
derecho púbico subjetivo que incumbe a la gobernada víctima de cualquier
contravención a alguna garantía individual.
4. ¿Cuál es el planteamiento esencial de Chioveda?
¿Quién pide que? Y ¿De quién se pide? ¿Qué se pide? ¿Con base en que se pide?
5. ¿Cuáles son los elementos de la acción?
Sujetos, objeto y causas. Sujeto: activo: todo gobernado. Pasivo: autoridades del
Estado. Objeto: la prestación del servicio público jurisdiccional. Causas: la remota:
que es la posición jurídica del gobernado frente a las garantías individuales. La
próxima: que es la contravención de las garantías individuales.
37
UNIDAD IV
CONCEPTO DE PARTE. LAS PARTES EN EL
JUICIO DE AMPARO.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
EL JUICIO DE AMPARO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FIGURAS
PROCESALES. Autor: Julio C. Contreras Castellanos. Editorial Mc Graw Hill.
2009.
EL JUICIO DE AMPARO. CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial
Trillas. 2014
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
Dentro de esta unidad se analiza el concepto de parte desde diferentes puntos de vista de
distintos autores y como lo concibe del Poder Judicial de la Federación, y la Ley de
Amparo; así también, se dan a conocer las partes que conforman este procedimiento
judicial.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante analizará las diferentes opiniones y conceptos en cuanto a la noción de
“parte”, así también conocerá los sujetos que son piezas importantes dentro del Juicio de
Amparo e identificará a las autoridades que pueden ser responsables en el mismo.
38
TEMÁTICA:
4.1 Concepto de parte:
Por parte se entiende a la persona que al intervenir en un proceso ejercita en él una acción,
opone una excepción o defensa, o bien, interpone un recurso; es decir, lo es tanto quien
impulsa como en quien repercute una actuación de ley, pero sobre todo cuando su actuación
obedece a la defensa de un interés específico y concreto (o lo sean el contenido de las
pretensiones encontradas) que es el objeto del propio proceso.
Dante Barrio de Angelis refiere que por partes debe entenderse: los sujetos implicados
expresamente (mediante asunción o pretensión) en los intereses específicos del objeto, a
quienes se atribuye la acción, la gestión y el poder de excepción (o derecho de
contradicción). Dicho de otro modo, partes son el actor, el demandado, el procesado penal y
el tercerista.
En similar sentido, Luis Guillermo Torres Díaz indica que el concepto de parte: está
reservado exclusivamente a los sujetos interesados sustancialmente en el resultado del
proceso, de modo que partes son dos: el que reclama para sí, o en nombre de otro, la
intervención del órgano jurisdiccional para tutela de una pretensión y aquel de quien se
reclama la satisfacción de dicha pretensión.
Esto es así en virtud de que existen otras personas que intervienen en el proceso con
intensidad notable y su participación puede ser decisiva en la sentencia que se pronuncie.
Sin embargo, no son partes esenciales en dicho proceso, pero sí sujetos procesales o partes
accesorias o suplementarias, ya que ocurren en su carácter de peritos, testigos, etcétera.
De aquí que lo característico de las partes esenciales o fundamentales sea el interés de
obtener una sentencia favorable, lo que no reúnen los testigos ni los peritos.
Como expresa Rafael de Piña y José Castillo Larrañaga, puede existir pluralidad de partes
activas y singularidad en la pasiva, o en forma inversa, en su manifestación mixta. También
puede concurrir en el proceso alguna parte accesoria o un tercero interviniente, que deducen
sus derechos en contra de lo controvertido por las partes principales. En todo caso, se
39
observa que las partes son aquellas personas que intervienen en un proceso con la finalidad
de defender sus propios intereses, deduciendo en la controversia judicial suscitada el
derecho que les asiste en lo personal, al tenor de lo que sigue:
Partes son estas personas necesarias para la existencia del pleito; son aquellos entre quienes
tiene lugar o, más concretamente, es parte de todo aquel que pide o contra el cual se pide en
juicio una declaración de derecho (…) En el proceso, además del actor y el
demandado -partes principales-, pueden aparecer otras personas que, ocupando posición
diferente, tengan, no obstante, también la consideración de partes, aunque con carácter
accesorio.
Al respecto, también se puede citar la noción que, sobre parte en el proceso, manifiesta el
Poder Judicial de la Federación: Parte en el proceso, concepto. En primer término, debe
señalarse que el concepto de parte no se refiere a las personas que intervienen en el
proceso, sino a la posición que tienen en él. Así es, la parte actora es la que inicia el
.procedimiento para exigir del demandado determinada prestación, y la segunda parte tiene
una posición, en cierto modo pasiva, porque recibe el impacto de la acción ejercitada en
contra suya. De esta forma, si al recurrente le fueron requeridos diversos actos en su
carácter de secretario del consejo, apercibiéndolo en lo personal de que en caso de
incumplir con aquellos, se aplicarían en su perjuicio las medidas de apremio previstas por
la ley, es indudable que debe ser considerado como parte, pues es parte el que demanda en
nombre propio (o en cuyo nombre se demanda) una actuación de ley, y aquel frente a la
cual esta es demandada… Para evitar confusiones, debe distinguirse claramente la parte en
sentido formal y la parte en sentido material, y el sujeto de la acción es parte en sentido
formal. Con base en lo anterior, resulta infundado lo alegado por el recurrente en el sentido
de que debió considerársele tercero extraño al juicio.
Cabe decir que cuando los sujetos que tienen ese interés específico y concreto que se
deduce en el proceso, lo hacen en forma material, es decir, son en quienes recae el resultado
de la resolución que pone fin al proceso, como es la sentencia de fondo, entonces actor y
demandado son las partes materiales en el proceso. Sin embargo, cuando estos no tienen esa
posibilidad material de comparecer en el proceso, la ley prevé que lo puedan hacer por
40
medio de sus representantes, los cuales se constituyen como partes formales en dicho
proceso.
Así, José Becerra Bautista nos informa que: parte en sentido material son las personas
físicas o morales que intervienen en un juicio y sobre las cuales recaen los resultados de la
sentencia de fondo, termino y fin del proceso mismo. Por lo que, toda persona desde que
nace hasta que muere puede ser parte material, aunque cuando estas no puedan comparecer
por si mismas a juicio en defensa de sus respectivos derechos surge la necesidad de la
representación, pues efectivamente, si los directamente afectados no pueden comparecer en
juicio por sí mismos, se necesita que otras personas actúen en el procedimiento aun cuando
a ellos no les afecte, en lo personal, la sentencia que se dicte. Son pues, los representantes,
precisamente, a los que en teoría se les denomina partes formales, que pueden ser
instituidas en forma legal o voluntaria.
Finalmente, es en la Ley de Amparo del 30 de diciembre de 1935, actualmente en vigor, la
que termino de definir, en su artículo 5º, a quienes se les considera partes en el juicio de
amparo: el agraviado o agraviados, la autoridad responsable, el tercero perjudicado y el
Ministerio Publico de la Federación. Aunque conservó una imprecisión técnica en su
expresión legislativa, puesto que el concepto de agraviado no es de naturaleza adjetiva,
como si lo es el de quejoso. Así mismo debe decirse que solo el agraviado y el tercero
perjudicado son partes materiales, pero pueden comparecer al proceso de amparo por medio
de sus representantes, que son partes formales; en tanto, las autoridades responsables, como
el Ministerio Publico de la Federación, serán siempre partes formales.11
4.2 Las partes en el juicio de amparo:
Las partes en un procedimiento judicial son las personas que materialmente intervienen en
el mismo, por razón de su interés en el asunto controvertido. Tienen derecho a intervenir en
11 EL JUICIO DE AMPARO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FIGURAS PROCESALES. Autor: Julio C. Contreras Castellanos.
Editorial Mc Graw Hill. 2009. Capitulo III.
41
una contienda judicial las personas a quienes pueda afectar la resolución que llegue a dictar
al tribunal del conocimiento, y por tanto esas personas deben tener oportunidad de hacer
valer sus derechos y aportar sus pruebas.
a) El agraviado o quejoso: es la persona que resiente perjuicio en sus intereses
personales o patrimoniales, por la existencia o por la ejecución del acto contra el
cual pide amparo. Este perjuicio puede referiste a la persona física del mismo actor,
a sus intereses familiares o a sus intereses patrimoniales, incluso los derechos
intangibles.
b) La autoridad responsable: el artículo 5º fracción II de la Ley de Amparo dice que es
autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que
crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u
omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones
jurídicas. Para los efectos del juicio de amparo, son autoridades, en general, los
órganos del poder público, superiores o inferiores, que por la ley que los instituyo
están facultados para expedir prevenciones, ordenes o disposiciones, que afectan de
alguna manera a los particulares, ya en su conjunto, ya individualmente, así como
los órganos encargados de cumplir esas disposiciones o de imponer su
cumplimiento a los particulares, ya por sí mismo, ya con la intervención de otro
órgano gubernativo; una autoridad determinada reviste la calidad de responsable,
cuando alguien le atribuye un acto o una omisión que considera violatorio de sus
derechos humanos.
c) El tercero interesado: las personas que en cada caso concreto tienen un interés
jurídico opuesto al del agraviado, que promueve un juicio de amparo, pueden
intervenir en ese juicio, y la ley los designa con la calidad de terceros interesados.
La ley define específicamente quienes son las personas que pueden comparecer al
juicio de amparo con el carácter de terceros interesados, según la naturaleza de cada
asunto, de la siguiente manera:
o Cuando el acto reclamado deriva de un juicio del orden civil, administrativo
o del trabajo, en el que el agraviado interviene como parte, el tercero
42
interesado es la persona que figura en ese juicio como opositor o parte
contraria del agraviado.
o Si el agraviado no tiene derecho a intervenir como parte en el juicio en que
se ha producido el acto que reclaman, entonces todas las partes que
intervienen en ese juicio, el actor, el demandado y aun los terceros llamados
a juicio por cualquier razón, tienen derecho a concurrir al juicio de amparo
en calidad de terceros interesados, por la misma razón de que debe
respetarse y atenderse el interés jurídico que tengan en el acto reclamado, el
cual debe inferirse de su sola calidad de partes en el procedimiento del que
dicho acto emana.
o En los juicios del orden penal, el opositor del agraviado no es el ofendido
por el delito, sino el Ministerio Público que ejercitó la respectiva acción
penal; la Ley de amparo admite dicho Ministerio Público como tercero
interesado en el amparo que promueva el reo, siempre que no tenga el
carácter de autoridad responsable, pues considera que el interés social, que
el Ministerio Público debe defender, debe ser representado en el juicio de
amparo por el Ministerio Público Federal a quien le da intervención directa.
o Por otra parte, la ley ha previsto especialmente el caso en que el acto
reclamado, aunque provenga de un juicio del orden penal, trasciende directa
o indirectamente a la procedencia o a la cuantía de la reparación del daño o
de la responsabilidad civil que debe causar el delito perseguido en ese juicio
del orden penal, y entonces, por la repetida razón de que nuestro sistema de
amparo da oportunidad de intervenir en el proceso constitucional a todas las
personas que tengan algún interés jurídico que hacer valer en relación con la
constitucionalidad y la consiguiente subsistencia del acto que impugna el
agraviado, autoriza la intervención del titular de la reparación del daño o de
la responsabilidad civil que jurídica y legalmente proviene de todo delito.
o Cuando el acto reclamado procede de una autoridad que no es judicial ni del
trabajo, el inciso a) de la fracción III del artículo 5 dispone que el tercero
perjudicado es la persona que haya gestionado en su favor el acto contra el
que se pide amparo; el precepto se aplica claramente en los amparos
43
promovidos contra autoridades administrativas, y su justificación deriva del
principio de audiencia pues, si una persona ha obtenido a su favor
determinado acuerdo de una autoridad administrativa, es enteramente
racional darle intervención en el juicio entablado ante la autoridad judicial
federal para debatir la constitucionalidad de dicho acuerdo.
o El aludido inciso a) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, por
sus términos literales, incluye los amparos pedidos contra leyes, puesto que
abarca las providencias dictadas por las autoridades distintas de las
judiciales o del trabajo, como ostensiblemente lo son el Congreso Federal y
los de los estados; pero cuando el precepto se refiere a la persona que haya
gestionado en su favor el acto contra el que se pide el amparo, racionalmente
alude a personas de derecho privado, y de ninguna manera a los funcionarios
u organismos de derecho público que el artículo 71 constitucional autoriza
para iniciar una ley; por otra parte, aunque alguna asociación o alguna
persona haya promovido ante el presidente de la República, ante algún
diputado o senador al Congreso de la Unión, o ante la Legislatura de algún
estado, la expedición de alguna ley, cuando tal ley sea reclamada en el juicio
de amparo no debe reconocerse a ese promotor el derecho de intervenir en
dicho juicio, dado que en nuestro sistema constitucional es inadmisible que
alguna ley haya sido emitida en “favor” de alguna persona particular, y por
ende debe entenderse que la persona física o moral que gestiono ante las
autoridades capacitadas para ello, que iniciasen la ley que llega a ser materia
de amparo, no lo hizo “en su favor”, sino en beneficio del público en
general.
d) El Ministerio Público Federal: la fracción IV del artículo 5 admite como parte en el
juicio de amparo también al Ministerio Público Federal, y lo hace por la
consideración de que a dicho Ministerio Público incumbe en términos generales la
vigilancia del cumplimiento de las leyes, y así debe intervenir en el procedimiento
de amparo, en el que se trata de dilucidar si la autoridad responsable ha aplicado
debidamente la ley que norma sus actos; pero, en razón de que la función del
Ministerio Público es de interés general, y la intervención que le corresponde en el
44
juicio de amparo es en beneficio social y no en defensa del interés del quejoso o del
tercero interesado, ni aun para sostener el criterio o la actuación de la autoridad
responsable.12
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realizar un mapa conceptual de esta unidad.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Escribe el concepto de “parte” según José Becerra Bautista.
“Parte” en sentido material son las personas físicas o morales que intervienen en un
juicio y sobre las cuales recaen los resultados de las sentencias de fondo, termino y
fin del proceso mismo.
2. ¿Cómo considera el concepto de “parte en el proceso” el Poder Judicial de la
Federación?
Debe señalarse que el concepto de parte no se refiere a las personas, sino a la
posición que tienen en él. Parte actora y parte demandada pasiva son material. Parte
formal son las representantes de las partes.
3. Escribe tu concepto de “parte”.
“Partes” son dos, el que reclama para sí o en nombre de otro la intervención del
órgano jurisdiccional y aquel de quien se reclama la satisfacción de dicha
pretensión.
12 EL JUICIO DE AMPARO. CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial Trillas. 2014. Capítulo 4.
45
4. Describe con tus propias palabras el significado de “quejoso o agraviado”.
Es la persona que resiente perjuicio en sus intereses personales o patrimoniales por
la existencia o ejecución del acto reclamado de cual pide amparo.
5. ¿Cuáles son las personas que pueden comparecer al juicio de amparo con el carácter
de terceros interesados?
Según la naturaleza de cada asunto:
a. Cando el acto reclamado deriva de un juicio de orden civil administrativo de
trabajo de la persona que figura como opositor o parte contraria del
agraviado.
b. En los juicios de orden penal el tercero interesado es el ministerio público.
c. En el que el caso reclamado provenga de un juicio del orden penal en el que
se tenga que hacer la reparación del daño o de responsabilidad civil da la
oportunidad de intervenir en el proceso constitucional a todas las personas
que tengan interés jurídico (como terceros interesados).
d. Cuando el acto reclamado procede de una autoridad que no es judicial ni del
trabajo, el tercero perjudicado es la persona que haya gestionado a su favor
el acto contra el que se pide amparo.
46
UNIDAD V
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUICIO
DE AMPARO.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
EL JUICIO DE AMPARO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FIGURAS
PROCESALES. Autor: Julio C. Contreras Castellanos. Editorial Mc Graw Hill. 2009
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
Ahora, se exponen los principios jurídicos fundamentales que componen la doctrina y que
rigen al Juicio de Amparo, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 107
Constitucional.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al concluir esta unidad, el alumno será capaz de conocer los principios jurídicos principales
y secundarios que rigen el Juicio de Amparo.
TEMÁTICA:
5.1 El de iniciativa o instancia de parte agraviada:
Este principio rector del juicio de amparo, expresado en forma ligera por Manuel Crecencio
Rejón, consiste en la satisfacción necesaria de la promoción de la acción por iniciativa de
parte agraviada ante la autoridad judicial que deba conocer de un proceso de orden
47
jurisdiccional para que este de inicio y se sustancie en todas sus secuelas procedimentales
hasta su resolución definitiva, sin que sea válida jurídicamente la iniciación y el tramite
oficioso del mismo.
La necesaria promoción de parte agraviada hace que solo con su formulación ante la
autoridad judicial que deba conocer del juicio de amparo, este pueda tener vida jurídica,
como lo ordenan tanto la fracción I del artículo 107 de la Constitución Políticas de los
Estados Unidos Mexicanos (Constitución), como por lo previsto en el numeral 4º de la Ley
de Amparo.
Sin embargo, en casos especiales, se permite que la promoción del juicio de amparo sea por
un tercero a nombre de la parte agraviada (quejoso) –como acontece en materia penal en
términos de lo dispuesto por los artículos 4º, 12, 16 y 17 de la Ley de Amparo-, ya sea
representante legal o defensor, o cualquier otra persona, aunque sea menor de edad. Esto
último solo en caso de que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida,
ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o
alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, y en caso de que “el
agraviado se encuentre imposibilitado para promover el juicio de amparo”, sin que esto
implique, según la doctrina, excepción alguna a este principio, toda vez que la
sustanciación del juicio deberá ser a instancia de la parte agraviada (quejoso), como se
desprende del precepto 17 de la Ley que se invoca, en donde se estatuye que la procedencia
de este caso está supeditada a que el agraviado comparezca ante el juzgador dentro del
plazo de tres días para que ratifique la demanda de amparo formulada a su favor y pueda
entonces tramitar el juicio, ya que, si esto no sucediera, se tendrá por no interpuesta la
demanda y, en consecuencia, quedaran sin efectos las providencias que se hubieren dictado.
En estas formas de promoción del juicio de amparo, se observa que este principio rige en
todo caso, puesto que indefectiblemente se deberá acreditar la legitimación activa del
representante legal o del defensor en los términos que exige la ley de la materia, para
sostener la validez jurídica de ese accionar. De la misma forma, en el último supuesto, el
quejoso deberá ratificar la demanda interpuesta a su favor, toda vez que en caso contrario,
48
esta se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias que se hubieran
dictado.
La percepción de un caso de excepción a este principio, solo se finca en la determinación
jurisprudencial del inicio del juicio de amparo, cosa que no es muy acertada, ya que fuerza
la real esencia de los acuerdos previos al de admisión de la demanda, así como la índole
jurídica de la suspensión del acto reclamado y, por supuesto, la definición de este principio
de instancia de parte agraviada.
5.2 El de la existencia de agravio personal y directo:
Este principio rector del juicio de amparo también encuentra su fundamento en lo dispuesto
por la fracción I del artículo 107 de la Constitución y 4º de la Ley de Amparo, al exigir que
el acto reclamado cause en la esfera jurídica del gobernado un agravio personal y directo.
Por “agravio” debe entenderse la producción de una ofensa o menoscabo real en los
derechos del gobernado, o sea, es la afectación de los intereses jurídicos de las personas
físicas o morales, privadas, públicas o sociales, consagrados en las leyes a su favor.
Asimismo, por “personal” se entiende que el agravio recae en la propia esfera jurídica del
gobernado, individualmente determinado, sin que éste pueda ser de carácter genérico,
abstracto o indeterminado. En cambio, “directo” se refiere a los inminente de su
actualización, cuando el agravio se da en el pasado o en el presente, en forma actual e
inmediata o en el futuro, pero de realización cierta, no en el eventual, es decir, en el futuro
aleatorio, probable, y de realización incierta. Por lo que es preciso también que el acto de
autoridad cause al gobernado un agravio personal y directo, esto es, que materialmente se
vean afectados sus intereses, como un elemento fundamental y estructural del principio de
instancia de parte agraviada.
De tal suerte que en este principio tampoco se admiten excepciones, pues rige en todo caso,
ya que de no acreditarse la existencia de un agravio o que este no sea personal y directo, no
se afectarían los intereses jurídicos del quejoso y no tendría legitimación activa para incoar
el juicio de amparo, sobreviniendo la causa de improcedencia prevista por la fracción V del
49
artículo 73 de la Ley de Amparo, generándose con ello la actualización del sobreseimiento
en el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por la fracción III del numeral 74 de esa
misma ley.
5.3 El de la definitividad del acto reclamado:
En este principio, que resalta la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario
de impugnación, se hace alusión a lo definitivo que debe ser el acto de autoridad para poder
ser reclamado por vía del amparo. De lo cual, se infiere que el acto de autoridad que cause
agravio podrá ser impugnado por medio del juicio de amparo, una vez que el quejoso
hubiere agotado los recursos o medios legales de defensa que pueden modificar, revocar o
nulificar dicho acto, es decir, si el agraviado por ese acto de autoridad tiene la posibilidad
de agotar otros recursos o medios de defensa ordinario para combatir el acto de autoridad
en cuestión, necesariamente deberá hacerlo antes de ocurrir al juicio de amparo. El
principio de definitividad tiene su fundamento en lo dispuesto por las fracciones III y IV
del artículo 107 de la Constitución, así como por lo establecido por las fracciones XIII, XIV
y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sin embargo, cabe decir que este principio no es
absoluto, toda vez que admite excepciones, como son las autorizadas por la Constitución, la
Ley de Amparo y la jurisprudencia.
a) Excepciones a este principio:
La presencia de estas excepciones significa que el gobernado podrá ocurrir a juicio de
amparo, sin que sea obligatorio previamente agotar recurso o medio de impugnación
ordinario alguno, pues son de aplicación estricta, es decir, el juzgador no puede aplicar más
excepciones que aquellas que están expresamente identificadas por la Constitución, la Ley
de Amparo y la jurisprudencia. Las excepciones al principio de definitividad del acto
reclamado previstas en la Ley de Amparo son:
50
a) En caso de que se impugnen las leyes con motivo del primer acto de aplicación
(artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo).
b) Los casos de terceros extraños en contra de las resoluciones, cuyo objeto sea
privarlos de su posesión, propiedad o derechos, sin que se les hubiera concedido
garantía de audiencia alguna, sin perjuicio de hacer valer la tercería (artículo 73,
fracción XIII, párrafo in fine, de la Ley de Amparo).
c) Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida,
deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución (artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo).
d) En el caso de los actos administrativos, respecto de los cuales la ley que los rige,
exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su
ejecución (artículo 73, fracción XV, primer párrafo in fine, de la Ley de Amparo).
e) El caso de que el acto reclamado carezca de fundamentos (artículo 73, fracción XV,
párrafo segundo, de la Ley de Amparo).
f) Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales del caso, por virtud de
los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran
previstos en un reglamento, y no en la ley que regula.
g) Los actos o resoluciones cuya ley no prevé la suspensión de su ejecución con la
interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que procedan en su
contra.
h) Cuando se reclamen únicamente violaciones directas a la Constitución, sin
introducir argumento alguno que se refiera a cuestiones de legalidad.
i) En caso de que el gobernado no haya sido emplazado legalmente en forma debida al
procedimiento respectivo.
j) Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en
materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal.
51
5.4 El de estricto derecho:
Con base en este principio, al que también se le puede calificar de excepción por no tener
fundamento constitucional, el examen de la constitucionalidad de los actos reclamados que
se hace en la sentencia dictada en el juicio de amparo será conforme a los argumentos
vertidos a título de conceptos de violación propuestos en la demanda de garantías; así como
en las resoluciones dictadas en los recursos hechos valer en contra de alguna resolución
dictada por el juez o tribunal del amparo, donde el revisor deberá apreciar la resolución
impugnada a la luz de los agravios expuestos. En ambos casos, no hará referencia a
cuestiones no planteadas, ya sea en la demanda o bien en los recursos.
De lo anterior se infiere que las cuestiones no abarcadas en la demanda de garantías o en
los recursos previstos por la Ley de Amparo, se reputan consentidas en perjuicio del
quejoso o recurrente, según sea el caso, y también que las referencias genéricas sin
razonamiento jurídico alguno resultan inoperantes.
Si bien este principio n o tienen un fundamento constitucional expreso, se deduce de la
percepción a contrario sensu de lo dispuesto por la fracción II del artículo 107 de la
Constitución, pues fuera de estos casos la apreciación de los conceptos de violación de la
demanda o los agravios del recurso, en su caso, serán de estricto derecho.
Sin embargo, si se puede encontrar en la Ley de Amparo, como se aprecia en la parte final
de lo dispuesto por su artículo 79, en relación con lo previsto por el similar 76 bis, toda vez
que fuera de los casos en que operan tanto la suplencia del error, como la suplencia de la
deficiencia de la queja, la valoración del acto reclamado se hará a la luz de los conceptos de
violación expresados. Lo mismo sucederá con la resolución impugnada conforme a los
agravios expresados en el recurso interpuesto, en forma estricta, sin que sea permitido
suplir ni ampliar nada. Sin embargo, cabe decir que este principio no es absoluto, toda vez
que admite excepciones (cuando así se considera a la suplencia de la queja), como son las
autorizadas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia.
52
a) Excepciones a este principio:
La suplencia de la deficiencia de la queja ha sido considerada como un rango de excepción
al denominado principio de estricto derecho, pero si observamos que esta tiene como
fundamento la fracción II, del artículo 107 de la Constitución, puede válidamente pensarse
en ella como un principio fundamental del juicio de amparo y conforme a la noción de
estricto derecho, como la nota de excepción a esta regla constitucional. Empero, debe
decirse, que la aplicación de la suplencia de la queja solo será en casos definidos, en los
cuales el juzgador del amparo deberá realizar el análisis de la constitucionalidad del acto
reclamado o de la resolución impugnada en forma oficiosa, aun ante la ausencia de
conceptos de violación o de agravios, según corresponda, con las características propias que
la Ley de Amparo provea.
Sin embargo, no debe confundirse la suplencia de la deficiencia de la queja con la “causa
de pedir”, es decir, que se señale cual es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa
el acto que se reclama o la resolución que se impugna, y los motivos que originaron ese
agravio (argumentos jurídicos), toda vez que si estos rangos medulares se encuentran
plasmados, se deberá proceder al análisis del acto reclamado o resolución, conforme a lo
ahí expuesto, sin que por esto se pretenda señalar que se está aplicando suplencia alguna.
Las siguientes excepciones al principio de estricto derecho tienen su fundamento en lo
dispuesto por los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 107 de la
Constitución, así como por lo establecido en el artículo 76 bis dela Ley de Amparo.
Se hará excepción en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, lo anterior en atención al carácter obligatorio de la jurisprudencia, como lo refieren
los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo y con el fin de evitar el riesgo de pronunciar
en este tema resoluciones contradictorias.
En materia penal, la suplencia operar aun ante la ausencia de conceptos de violación o de
agravios del reo. En materia agraria, la suplencia será sobre la deficiencia de la queja e
incluso sobre las exposiciones, comparecencias y alegatos en los juicios de amparo en que
53
sean parte como quejosos o como terceros las entidades de los núcleos de población ejidal o
comunal, y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios. También, en su
pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, y en los recursos que
los mismos interpongan con motivo de dichos juicios, no así para los pequeños propietarios
a quienes aplica solo el principio de estricto derecho. En materia laboral, no se aplica
suplencia alguna a favor de los patrones, sino que únicamente se surtirá tal suplencia en
favor del trabajador.
Asimismo, se aplica la suplencia de la queja en todos los casos a favor de los menores de
edad o incapaces, pues aquí se atiende a la capacidad disminuida que presentan, aunado a
que resulta ser un complemento idóneo a la regla especial consagrada por el propio artículo
6º de la Ley de Amparo, aunque con una cobertura aun mayor, ya que abarca dicha
suplencia a su actuación enjuicio, sea como quejoso o como tercero perjudicado. En otras
materias (distintas a la penal, agraria o laboral), cuando se advierta que ha habido en contra
del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado
sin defensa. Por lo que, fuera de estos casos que se detallan, el principio de estricto derecho
opera plenamente en el estudio, análisis y valoración de los conceptos de violación de la
demanda de amparo o de los agravios planteados en los recursos.
5.5 El de la relatividad de las sentencias:
Este principio, acuñado por Manuel Crecencio Rejón en el artículo 53 del proyecto de
Constitución del estado de Yucatán de 1840, y aprobado el 31 de marzo de 1841 por su
Legislatura local, fue precisado y delimitado por Mariano Otero en el artículo 25 del Acta
de Reformas del 18 de mayo de 1847, en la cual se consagra la idea de un efecto interpartes
de las sentencias de amparo y desecha la de efectos erga omnes; esto es, el alcance de la
resolución es del orden particular, toda vez que únicamente surte efectos para el caso
concreto que lo motivo, limitándose los tribunales competentes en materia de amparo a
impartir la protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna
declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.
54
El principio de la relatividad de las sentencias tiene su fundamento en lo dispuesto por las
fracciones II del artículo 107 de la Constitución, así como por lo establecido por el artículo
76 de la Ley de Amparo. Puede apreciarse que la esencia de este principio se traduce en
que las sentencias no podrán hacer declaraciones generales, por lo que estas solo podrán ser
pronunciadas respecto de aquellas personas que hubieren promovido el juicio de amparo, y
por esto mismo, solo se ocuparan del acto o ley que se reclame y surtirán efectos respecto
de las autoridades que hayan sido señaladas como responsables. No escapa a lo anterior
que, si bien se pueden hacer estimaciones de carácter general en los considerandos de la
sentencia de amparo, no así en sus puntos resolutivos, los cuales tendrán efectos concretos
y limitados al caso que se hubiere planteado.
No se considera excepción a dicho principio el hecho de que los efectos de una sentencia de
amparo deberán ser observados por las autoridades que, aunque no hubieran sido llamadas
a juicio, tengan por virtud de sus facultades que intervenir en la ejecución del acto
reclamado, en virtud de que de otro modo se haría nugatoria la eficacia de las sentencias
que concede el amparo. Igualmente, esta situación tampoco se observa por el beneficio que
obtenga el tercero codemandado del quejoso, siempre y cuando entre estos exista Litis
consorcio pasivo necesario, aunque no hubieren promovido juicio de amparo alguno, en
virtud de constituirse lo anterior como un elemento indispensable para verificar en forma
debida la ejecución del fallo protector. Por tanto, se observa que este principio rige en todo
caso, puesto que indefectiblemente la sentencia de amparo solo se ocupara de los
gobernados que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, en el caso
especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto del acto
reclamado por esta vía.
5.6 El de prosecución judicial:
En relación con este principio, debe anotarse que el órgano de control de la Constitución en
México es el Poder Judicial de la Federación, conforme lo dispone el artículo 94, en
relación a los numerales 99,103,104,105 y 107 de la propia Ley Suprema, y conforme a lo
dispuesto por el primer párrafo del artículo 107 constitucional, que en su parte conducente
55
dice que todas las controversias a que se refiere el similar 103 se sujetaran a “los
procedimientos y formas del orden jurídico” que determine la ley, esto es, demanda,
contestación de esta, ofrecimiento y admisión de medios probatorios, audiencia de
desahogo de pruebas, presentación o formulación de alegatos y dictado de sentencia, hace
que el juicio de amparo se instituya como un medio de defensa de la Constitución de
carácter judicial.
Por lo que no se puede sustanciar procedimiento alguno que verse sobre el amparo, por
ninguna otra autoridad que generalmente no sea del orden judicial federal, toda vez que lo
consagrado en el numeral 133 de la Constitución, únicamente admite interpretación en el
sentido de que los demás órganos judiciales solo efectúan una abstención de aplicar un
norma legal ordinaria, por estimarla inconstitucional, cuando su texto sea directamente
violatorio de un mandato constitucional, sin que necesariamente realicen interpretación
alguna de ambos textos; es decir, cuando sea notoriamente perceptible la contrariedad de la
norma legal ordinaria a lo dispuesto en la Constitución, sin que para ello se requiera mayor
exegesis.
Sin embargo, se permite la intervención de las autoridades judiciales del fuero común en
los casos de jurisdicción concurrente (artículo 37 de la Ley de Amparo) o competencia
auxiliar (artículos 38, 39, 40 de la Ley de Amparo) en materia de amparo, para conocer de
dicho juicio de garantías, total o parcialmente, pero nunca se podrá sustanciar mediante un
procedimiento administrativo o legislativo ni ante autoridades de esa índole. De tal suerte
que este principio rige en todo caso, puesto que indefectiblemente el juicio de amparo será
sustanciado mediante un proceso judicial.13
13 EL JUICIO DE AMPARO: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FIGURAS PROCESALES. Autor: Julio C. Contreras Castellanos.
Editorial Mc Graw Hill. 2009. Capitulo II.
56
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un cuadro sinóptico con los aspectos más importantes del tema que atañe a
esta unidad.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Explica con tus propias palabras el principio de iniciativa o instancia de parte
agravada:
Este principio rector del juicio de amparo expresado en forma ligera por Manuel
Crescencio Rejón García consiste en la satisfacción necesaria de la promoción de la
acción por iniciativa de parte agraviada ante la autoridad judicial que deba conocer
de un proceso de orden jurisdiccional para que este dé inicio.
2. ¿Cuáles son las excepciones del principio de la definitividad del acto reclamado?
a) En caso de que se impugnen las leyes con motivo del primer acto reclamado.
b) Los casos de terceros extraños en contra de las resoluciones.
c) Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida,
deportación o destierro.
d) En el caso de los actos administrativos respecto de los cuales la ley que los rige
exija mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo.
e) El caso de que el acto reclamado carezca de fundamentos.
f) Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales del caso por virtud
de los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.
g) Los actos o resoluciones cuya ley no prevé la suspensión de su ejecución con la
interposición de los recursos o medios de defensa.
h) Cuando se reclamen únicamente violaciones directas a la constitución.
i) En caso de que el gobernado o haya sido emplazado legalmente en forma
debida.
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j) Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16
en materia penal y 19 y 20 de la Constitución Federal.
3. ¿Cuáles son las excepciones en materia agraria del principio de estricto derecho?
Serán sobre la deficiencia de la queja e incluso sobre las exposiciones,
comparecencias y alegatos en los juicios de amparo en que sean parte como
quejosos o como terceros las entidades de los núcleos de población ejidal o
comunal, ejidatarios o comuneros en sus derechos agrarios no así a los pequeños
propietarios a quienes aplica solo el principio de estricto derecho.
4. ¿Dónde tiene su fundamento el principio de la relatividad de las sentencias?
En lo dispuesto por las fracciones II del artículo 107 Constitucional y artículo 76 de
la Ley de Amparo.
5. Describe el principio de prosecución judicial.
Debe anotarse que el órgano de la constitución en México es el Poder Judicial de la
Federación según el artículo 107. Demanda, contestación, ofrecimiento de pruebas,
audiencia, desahogo de pruebas, alegatos y sentencia.
58
UNIDAD VI
LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
Dentro de esta unidad, se analizara el concepto de improcedencia dentro del Juicio de
Amparo, las clases de improcedencia y el momento en que puede presentarse la misma, con
la finalidad de imposibilitar el análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad
del acto reclamado.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El alumno podrá conocer los tipos de improcedencia que existe en el juicio de amparo,
precisar cuáles son las causas de improcedencia que existen en el juicio de amparo y
determinar la etapa dentro del amparo en que puede declarase la improcedencia de la acción
de amparo por parte de la autoridad que conozca del mismo.
59
TEMÁTICA:
6.1 Concepto:
La improcedencia de la acción de amparo es aquella que imposibilita el análisis sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, por la actualización de
las causales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la
Ley de Amparo que impiden ese examen y que deberán ser estudiadas de oficio por la
autoridad de amparo, en el momento en que tenga a la vista por vez primera una demanda,
en el transcurso del juicio, o bien, en el momento en que dicte sentencia.
6.2 Clases de improcedencia:
La improcedencia según el momento en que puede presentarse en el juicio de amparo, es de
dos clases, a saber: a) manifiesta e indudable; y b) improcedencia procesal.
a) Improcedencia manifiesta e indudable:
Es aquella que la autoridad de amparo hace valer de oficio al tener por vez primera a la
vista una demanda y estima que se actualiza, sin duda, una causal prevista en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley de Amparo, que
evidencia en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de
tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para
configurarla y tampoco pueda, previsiblemente, desvirtuar su contenido, al no ser
posible en el momento de dictar sentencia, el examen sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad del acto reclamado, porque aun cuando se tramitara el juicio de
amparo, de cualquier forma el resultado sería el mismo, dando como consecuencia su
desechamiento. Sin embargo, si hubiese alguna duda, el tribunal de amparo se
encuentra obligado a admitir la demanda, sin perjuicio que durante el trámite del juicio
o en la sentencia que dicte, sin ninguna duda, determine la improcedencia y decrete el
sobreseimiento en el juicio.
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b) Improcedencia procesal:
Es aquella que sobreviene durante el trámite del juicio de amparo, por consiguiente,
deberá hacerse valer de oficio o a petición de parte, sea que se determine en el
transcurso del juicio (con la característica de que además, debe ser manifiesta e
indudable) o en la sentencia que se dicte, lo que dará como consecuencia, el
sobreseimiento en el juicio de amparo.
c) Improcedencia legal:
Es la que establece el artículo 61 (hoy artículo 73) de la Ley de Amparo que prevé:
I.- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia;
II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;
III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre
pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por
el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las
violaciones constitucionales sean diversas;
IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo,
en los términos de la fracción anterior;
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso;
VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al
quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal
perjuicio;
VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia
electoral;
VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que
lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o
61
Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los
casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver
soberana o discrecionalmente;
IX.- Contra actos consumados de un modo irreparable;
X.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación
jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones
reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin
afectar la nueva situación jurídica.
Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de
primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para
los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca
del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al
quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que
recaiga en el juicio de amparo pendiente;
XI.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que
entrañen ese consentimiento;
XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que
no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos
21, 22 y 218.
No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en
amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI
de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya
promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.
Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal
por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el
62
interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer
caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del
plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al
recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente
motivos de ilegalidad.
Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el
artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento.
XIII.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo
respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del
procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun
cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción
VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños.
Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro
de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el
artículo 22 de la Constitución.
XIV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa
legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el
acto reclamado;
XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del
trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda
contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser
modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se
suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de
defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la
presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el
acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta
ley.
63
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado
carece de fundamentación;
XVI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;
XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material
alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;
XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.
Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.14
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un resumen del tema visto en esta unidad.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Escribe el concepto de improcedencia.
Es aquella que imposibilita el análisis sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de los actos reclamados.
2. ¿Cuáles son las clases de improcedencia?
Manifiesta e indudable.
Improcedencia procesal.
Improcedencia legal.
3. Describe improcedencia manifiesta e indudable.
14 NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015. Capítulo 17.
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Es aquella que la autoridad de amparo hace valer de oficio al tener por primera vez
a la vista una demanda y que se estima una causal prevista en la constitución o en la
ley de amparo que evidencia en forma clara y fehaciente la improcedencia de la
pretensión intentada.
4. Describe improcedencia procesal.
Es aquella que sobreviene durante el juicio de amparo por consiguiente deberá
hacerse valer mediante oficio o a petición de parte.
5. ¿A qué se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo?
Se refiere a la improcedencia legal. Hoy artículo 73 de la ley de amparo. Contra
actos de la Suprema Corte de Justicia. Contra resoluciones dictadas en los juicios
de amparo. Contra leyes o actos materia de otros juicios. Contra actos que no
afecten intereses del quejoso.
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UNIDAD VII
DE LA COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En esta unidad se expone la facultad que tiene un órgano jurisdiccional o un Juez de
Distrito para que conozca de determinado asunto, con la finalidad de dar resolución a un
determinado proceso. Así también se dan a conocer las dos funciones fundamentales que
ejercen tanto el Juez de Distrito, como el Tribunal Unitario de Circuito; precisando cuándo
es competente el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito para conocer del juicio
con razón del grado. Así también, cuándo un Tribunal Unitario de Circuito es competente
para conocer de un juicio de amparo indirecto
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El alumno sabrá determinar en qué casos el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito
es competente para conocer un juicio de amparo indirecto por razón de territorio. Sabrá
distinguir en qué casos otras autoridades, independientemente del Juez de Distrito o
Tribunal Unitario de Circuito pueden conocer del juicio de amparo.
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TEMÁTICA:
7.1 Concepto de competencia en derecho procesal:
Es la facultad que se otorga por virtud de la ley a un órgano jurisdiccional para que conozca
de un determinado asunto.
7.2 Juzgados de distrito, función judicial y de control constitucional:
Los juzgados de Distrito ejercitan dentro de sus atribuciones dos funciones esenciales:
a) Jurisdiccional propiamente dicha o de jurisdicción ordinaria.
b) De control constitucional.
El Juez de Distrito generalmente desempeña las dos funciones señaladas; por un lado, actúa
como autoridad judicial de proceso federal que no es materia de amparo; y, por otro lado,
actúa como autoridad de amparo.
El Juez de Distrito, en su función jurisdiccional propiamente dicha, conoce de juicios de
orden federal en materia civil, penal y, excepcionalmente, administrativo (artículos 50, 52,
fracción I y 53, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).
Como órgano de control constitucional, tendrá competencia para conocer de todos los
juicios de amparo que se le presenten, de acuerdo las hipótesis que establece el artículo
107, de la Ley de Amparo, excepto en el supuesto que estable el artículo 36, de la Ley de
Amparo.
Excepcionalmente el Juez de Distrito no desempeña las dos funciones antes señaladas, que
resultan ser los juzgados de Distrito siguientes: a) Juez de Distrito Especializado en
Ejecución de Sentencias (no desempeña ninguna de las dos funciones); b) Juez de Distrito
Auxiliar – ubicado en las distintas regiones de los Centros Auxiliares de diversas regiones
creados por el Consejo de la Judicatura Federal – (que únicamente desempeña la función de
ayudar al dictado de las sentencias a los juzgados de Distrito numerados); c) Juez de
Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal (exclusivamente amparo); d) Juez de
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Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y en los Estados de Jalisco y
Nayarit (solo amparo); e) Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito
Federal y en los Estados de Baja California, Chiapas, México, Nayarit, Querétaro,
Tamaulipas y Veracruz – con residencia en Villa Aldama – (únicamente proceso penal
federal); f) Juez de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicio de Cuantía
Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y en Cancún, Quintana Roo
(solamente juicios orales y ejecutivos mercantiles – competencia temporal -, ambos de
cuantía menor); g) Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con
residencia en Mazatlán, Sinaloa, que anteriormente tenía como denominación Juzgado de
Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías y Auxiliar en toda la República y que tiene
competencia mixta y jurisdicción territorial en toda la República, así como para tramitar y
resolver los asuntos derivados de juicios penales originados en el Distrito Judicial
conformado por el territorio del Archipiélago de las Islas Marías, auxiliado por la Oficina
de Enlace y Notificaciones del Poder Judicial de la Federación en Islas Marías, con las
funciones que señala el Acuerdo 8/2013, del Consejo de la Judicatura Federal. Mientras que
todos los demás jueces de Distrito en la República Mexicana que integran los treinta y dos
circuitos de Amparo, conocen de ambas funciones y en todas las materias (Excepto:
Distrito Federal, Jalisco, Nayarit – únicamente por lo que se refiere a materia penal – y
Nuevo León que se encuentran especializados por razón de materia).
En cuanto a los Tribunales Unitarios de Circuito, al igual que el Juez de Distrito,
desempeñan las dos funciones, una como órgano de jurisdicción ordinaria cuando conoce:
a) Del recurso de apelación que se promueva contra resoluciones del Juez de Distrito
cuando actúa como órgano jurisdiccional propiamente dicho.
b) Del recurso de denegada apelación que procede en contra del auto del Juez de
Distrito que deseche el recurso de apelación cuando actúa como órgano
jurisdiccional propiamente dicho.
c) De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los Jueces de
Distrito, cuando actúen como órganos de jurisdicción ordinaria.
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d) De las controversias de competencia que se susciten entre los Jueces de Distrito
sujetos a su jurisdicción, cuando éstos actúen como órganos jurisdiccionales
propiamente dichos.
No debe pasar desapercibido que en caso de que el Tribunal Unitario de Circuito o el Juez
de Distrito desempeñen la función de órgano jurisdiccional propiamente dicho pueden
incurrir en violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su
protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en perjuicio de las partes
que intervienen en el juicio de orden federal, por lo que, puede promoverse un amparo en
contra sus actos, a diferencia de que, cuando ejercen su función de control constitucional,
no pueden violar tales derechos fundamentales, por ser órganos tuteladores de éstos
mediante el juicio de amparo.
7.3 Competencia de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito
frente a la de los Tribunales Colegiados de Circuito (Competencia por razón de grado):
Con suma facilidad se puede determinar la competencia de los Jueces de Distrito y de los
Tribunales Unitarios de Circuito para conocer de los juicios de amparo, con relación a los
que conoce el Tribunal Colegiado de Circuito, ello por vía de exclusión, ya que todos los
juicios de amparo en los que los actos reclamados no sean materia de amparo directo, serán
motivo de amparo indirecto. Por tanto, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitarios de
circuito serán competentes para conocer de los juicios de amparo que no sean competencia
del Tribunal Colegiado de Circuito.
En consecuencia, los Jueces de Distrito de Amparo conocerán de los juicios de amparo que
señalan los artículos 51, 52, fracciones II a V, 54, 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, así como en los artículos 37 y 38, de la Ley de Amparo. En cuanto a los
Tribunales Unitarios de Circuito, conocen del juicio de ampao indirecto y su competencia
está prevista en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, así como en el artículo 36, e la Ley de Amparo.
69
7.4 Competencia de los Juzgados de Distrito entre sí en razón de territorio. Análisis de los
artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo:
Para establecer la competencia de los Juzgados de Distrito por razón del territorio debe
consultarse el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, número
53/2014, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en
que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y
especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los
Juzgados de Distrito, así como los numerales 37, 38 y 39 de la Ley de Amparo.
Al efecto, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece:
Art. 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se
reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si
el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse
en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se
presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es
competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
En el precepto transcrito se advierten tres hipótesis para determinar la competencia: a) Que
el acto reclamado tenga ejecución; b) Que el acto reclamado tenga ejecución en un lugar y
siga ejecutándose en otro y c) Que el acto reclamado no tenga ejecución.
En el primer supuesto, se determina la competencia del juez de Distrito para conocer del
juicio de amparo que se presente ante él, cuando ejerza jurisdicción en el lugar donde se
ejecute, deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Por
cuanto a la segunda hipótesis, cuando el acto reclamado tenga un comienzo de ejecución
dentro de la jurisdicción de un Juez de Distrito, y se siga ejecutando dentro de la
jurisdicción de otro Juez de distrito, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio
de amparo será aquél ante quien primero se haya presentado la demanda de amparo, lo que
significa que queda a elección del quejoso el acudir ante uno u otro Juez, y ambos resultan
competentes para conocer de la demanda antes de la presentación de ésta. Respecto al
70
último caso, la competencia del Juez de Distrito se determina en función de la elección que
realice el quejoso del quien mejor le parezca lo que en realidad constituye una irregularidad
que debe corregirse, pues puede darse el caso que ante el supuesto de que la autoridad
responsable radique fuera de la jurisdicción del Juez de Distrito, el hecho de que el quejoso
la presente, ello le daría competencia para conocer del amparo.
En lo referente a la competencia del Tribunal Unitario de Circuito para conocer del juicio
de amparo indirecto, que se promueva en contra de actos de otro Tribunal Unitario de
Circuito, será aquél que pertenezca al mismo Circuito y en caso de que no lo haya, el que
esté más próximo a la residencia de aquel que en contra de sus actos se interpone el
amparo.
7.5 Competencia de los Juzgados de Distrito en razón de materia:
La competencia de los Juzgados de Distrito en razón de materia únicamente se presenta,
por ahora, en el Primer, Tercer, Cuarto y Vigésimo Cuarto Circuito de Amparo, esto es, en
el Distrito Federal y en los estados de Jalisco, Nayarit y Nuevo León, que son los lugares en
donde se encuentran juzgados especializados en razón de materia; en el recto de la
República los juzgados de distrito son mixtos, porque conocen de todas las materias.
La competencia por razón de materia también se encuentra prevista en el Acuerdo General
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y
límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a
la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y
Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
Para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito por razón de materia, debe
analizarse el acto reclamado y establecer cuál es su naturaleza y atendiendo a ella se
promoverá el amparo, consultándose el Acuerdo que se menciona en el párrafo que
antecede, así como los preceptos relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y en su caso, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En
tanto que, la competencia específica de los Juzgados de Distrito por razón de materia se
71
encuentra establecida en los numerales 51, 52, fracciones II a V; 54 y 55, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
7.6 Competencia auxiliar:
Tiene su fundamento en el artículo 159, de la Ley de Amparo, aplica solamente en amparo
indirecto en que existen tres formas para que pueda interponerse el amparo por esa vía, que
son:
La primera:
a) Que no resida el Juez de Distrito en el lugar donde se vaya a ejecutar el acto
reclamado;
b) Que el acto que reclame en el amparo se ejecute o trate de ejecutarse;
c) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad
personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión del país,
proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea
nacionales.
La segunda:
a) Que no resida Juez de Distrito en el lugar donde se vaya a ejecutar el acto
reclamado.
b) Que el acto que reclame en el amparo se ejecute o trate de ejecutarse.
c) Que los actos reclamados emanen de un juez de primera instancia y no haya en el
lugar otro o se reclamen actos de diversas autoridades y no pudiere ser habido; y
d) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad
personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión del país,
proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de
los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
72
Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea
nacionales.
La tercera:
a) Que no resida Juez de Distrito en el lugar donde se vaya a ejecutar el acto
reclamado.
b) Que el acto que reclame en amparo se ejecute o trate de ejecutarse.
c) Se trate de actos consistentes en la probable comisión del delito de desaparición
forzada de personas.
La primera forma se detalla de la forma siguiente: que no resida Juez de Distrito en el lugar
donde se vaya a ejecutar el acto reclamado; que el acto que reclame en el amparo se ejecute
o trate de ejecutarse y se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques
a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión del
país, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
La segunda forma en que se puede actualizar la competencia auxiliar la demanda de amparo
se presentara ante cualquier autoridad judicial del lugar que ejerza jurisdicción en el lugar
donde se pretenda ejecutar el acto reclamado, teniendo que cumplirse los requisitos que se
indican en el párrafo precedente.
La tercera forma, será cuando se trate de actos consistentes en la desaparición forzada de
personas, en cuyo caso, la demanda de amparo podrá presentarse por cualquier persona,
aunque sea menor de edad, el juez de primera instancia tendrá un plazo no mayor de
veinticuatro horas para dar trámite al amparo, dictar la suspensión de oficio y requerir a las
autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la
localización y liberación de la probable víctima.
Pero no podrá ordenar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el
quejoso, ni las autoridades a quienes requiera podrán negarse a practicar las diligencias que
73
les solicite o les ordene bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la
desaparición de personas.
La competencia que la Ley de Amparo otorga al juez de primera instancia o cualquier
autoridad judicial – una Sala o un juez menor – ante quien se promueva la demanda,
siempre que fuere competente, se limita a recibir la demanda y suspender de plano y de
oficio el acto reclamado, formara por duplicado un expediente que contenga la demanda de
amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de los actos presuntamente
violatorios de los derechos fundamentales y el señalamiento preciso de la resolución que se
manda suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer
cumplir su resolución.
Ordenara a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se
encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición
del Ministerio Publico al quejoso y que rinda al Juez de Distrito el informe previo; y
remitirá original de las actuaciones al Juez de Distrito competente que será quien ejerza
jurisdicción en el lugar donde se vaya a ejecutar el acto reclamado y conservara el
duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el Juez de
Distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción.15
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realizar un mapa conceptual sobre el tema.
15 NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015. Capítulo 9.
74
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Escribe el concepto de competencia en Derecho Procesal.
Es la facultad que se otorga por virtud de la ley a un órgano jurisdiccional para
conocer de un determinado asunto.
2. ¿Cuáles son las dos funciones esenciales de los Juzgados de Distrito?
Función judicial (autoridad judicial de proceso federal no materia de amparo) y
función constitucional (como autoridad de amparo).
3. ¿En qué artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación está
prevista la competencia de los Tribunales Unitarios de circuito para conocer del
juicio de amparo indirecto?
En el artículo 29 fracción I. Así como en el artículo 36 de la Ley de Amparo.
4. ¿En dónde se presenta la competencia de los Juzgados de Distrito en razón de
materia?
En el Distrito Federal y en los estados de Jalisco, Nayarit y Nuevo León.
5. ¿En dónde se encuentra el fundamento de la competencia auxiliar?
En el artículo 159 de la Ley de Amparo.
75
UNIDAD VIII
LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa.
2015.
JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. Autor: Rafael Tena Suck. Hugo
Italo Morales Saldaña. Editorial Trillas. 2015
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En esta sección, se expone de forma clara el concepto de demanda, con la cual se da inicio,
de forma jurídica, al Juicio de Amparo; se darán a conocer los casos en los cuales procede
dicha acción de queja, ante quien o que órgano judicial de la materia se da a conocer, así
también, las formas de la demanda y los requisitos que debe cumplir para ser admitida.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante precisara el concepto de demanda, la procedencia y forma del juicio de
amparo indirecto y conocerá las diversas figuras procesales que surgen durante su
tramitación. Así también, la actitud que el juez de distrito adopta cuando se presenta ante él,
una demanda de amparo indirecto.
76
TEMÁTICA:
8.1 La demanda:
La demanda de amparo es el acto jurídico procesal por el cual se ejercita la acción
constitucional por el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o
colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos
previstos en el artículo 1º de la propia Ley de Amparo, con lo que se produce una
afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su
especial situación frente al orden jurídico, para que realizados los trámites previos de ley se
resuelva lo que en Derecho proceda. 16
8.2 Procedencia:
La doctrina y la ley lo denomina indirecto, sin embargo, aquella y la práctica le concede
también la denominación de biinstancial, ya que todas las sentencias que se dicten en el
amparo indirecto admiten recurso de revisión, por lo que cuando alguna de las partes que
está inconforme con la resolución de la autoridad que conozca del juicio en primera
instancia de amparo y promueve ese recurso, se abre una segunda instancia que concluye
con la sentencia que revoca, confirma o modifica la resolución en contra de la cual se
promovió el medio de impugnación citado. Este dispositivo legal se encuentra previsto y
reglamentado en el artículo 107 de la Ley de Amparo:
El amparo indirecto procede:
I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer
acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley,
se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:
a. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
16 JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. Autor: Rafael Tena Suck. Hugo Italo Morales Saldaña. Editorial Trillas. 2015. Pág. 231.
77
salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos
humanos;
b. Las leyes federales;
c. Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal;
d. Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
e. Los reglamentos federales;
f. Los reglamentos locales; y
g. Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;
II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales
judiciales, administrativos o del trabajo;
III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La
resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o
durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin
defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el
procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los
que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte;
IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo
realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de
ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última
resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que
aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la
imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el
archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las
violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin
defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los
procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma
definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de
78
los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas
durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;
V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose
por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;
VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos,
así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción
penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la
reparación del daño;
VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el
conocimiento de un asunto, y
IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de competencia
Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de
resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento
seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por
violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas
generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el
amparo promovido contra la resolución referida.17
8.3 Autoridad competente para conocer del juicio de amparo indirecto:
Por disposición expresa del artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y artículo 37, de la Ley de Amparo, la autoridad competente
para conocer del juicio de amparo de que se habla, es siempre el Juez de Distrito y, por
excepción, el Tribunal Unitario de Circuito (artículo 36, de la Ley de Amparo).
17 NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015. Pp.155-156.
79
Existe otro caso en el cual la demanda de amparo indirecto se podrá interponer ante otra
autoridad que no es ninguna de las autoridades que se indican en el párrafo que antecede,
que es un juez de primera instancia o cualquier autoridad judicial del lugar donde se vaya a
ejecutar el acto reclamado (competencia auxiliar), pero sólo será para que reciba la
demanda y en su defecto suspender de plano y de oficio la ejecución de los actos
reclamados, sin que esa autoridad sea la que tramite y resuelva la controversia de amparo
(artículo 159, de la Ley de Amparo).18
8.4 Sus formas:
De acuerdo con el artículo 110 de la Ley, existen diversas formas:
a) Por comparecencia: directa ante el juez de Distrito. Solo procede contra actos que
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de
procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los actos consignados por
el artículo 22 de la Constitución Federal.
b) Por vía telegráfica: por excepción en los casos en que no admita demora, y que el
actor encuentre algún inconveniente en la justicia local, la que deberá ratificarse
ante el Juzgado de Distrito dentro de los tres días siguientes a la petición telegráfica,
en la inteligencia de que la falta de ratificación provocará tener por no interpuesta la
demanda de garantías y la imposición de multas. (artículo 118).
c) Por escrito: constituye la regla general. La demanda de amparo indirecto deberá
formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la Ley lo autorice
(art. 108). Desde luego que la demanda por escrito es la utilizada por la
generalidad.19
18 “Op cit”. Página 162. 19 JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. Autor: Rafael Tena Suck. Hugo Italo Morales Saldaña. Editorial Trillas. 2015. Pág. 231.
80
8.5 Requisitos:
De acuerdo con la teoría general del proceso toda demanda debe reunir ciertos requisitos
esenciales establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo:
I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá
acreditar su representación;
II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así
bajo protesta de decir verdad;
III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas
generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los
que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que
hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su
publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades
responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;
IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;
V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los
antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de
violación;
VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos
humanos y las garantías cuya violación se reclame;
VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de
esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al
Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se
promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto
de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la
autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y
VIII. Los conceptos de violación.
En la nueva Ley de Amparo se establece la posibilidad de promover el amparo indirecto
por escrito en forma impresa o por medios electrónicos, mediante el empleo de las
81
tecnologías de la información, así como utilizar la firma electrónica conforme la regulación
que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.20
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realizar un cuadro sinóptico con los temas y conceptos más importantes del tema.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Escribe el concepto de demanda.
La demanda de amparo es el acto jurídico procesal que ejercita la acción
constitucional por el titular de un derecho subjetivo.
2. Describe ¿qué es la procedencia en el Juicio de Amparo Indirecto?
La doctrina y la ley lo denominan indirecto, en la práctica se le denomina
biinstancial ya que todas las sentencias que se dicten en el juicio de amparo
indirecto admiten el recurso de revisión en la que se concluye con la sentencia en
segunda instancia, que la revoca, confirma o modifica la resolución.
3. ¿Quién es la autoridad competente para conocer del Juicio de Amparo Indirecto?
El Juzgado de Distrito.
4. ¿Cuáles son las formas de la demanda según el artículo 10 de la Ley?
Por comparecencia, vía telegráfica o por escrito.
20 “Op cit”. Pág. 232.
82
5. Menciona cinco requisitos de la demanda de Amparo Indirecto.
Nombre y domicilio del quejoso.
Nombre y domicilio del tercero interesado.
Autoridad o autoridades responsables.
Acto u omisión que de cada autoridad se reclame.
Conceptos de violación.
83
UNIDAD IX
SUBSTANCIACION DEL JUICIO
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
EL JUICIO DE AMPARO. CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial
Trillas. 2014.
JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. Autor: Rafael Tena Suck. Hugo
Italo Morales Saldaña. Editorial Trillas. 2015.
NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa.
2015.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En esta unidad se da a conocer como debe presentarse la demanda, la cual, dentro del plazo
de veinticuatro horas contado a partir de su presentación o en su caso turnada, el órgano
jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Se expone el auto inicial, que
debe contener para que sea admitida la demanda. Se explica que después de admitida la
demanda se debe hacer la notificación al tercero interesado. Se debe rendir un informe
justificado. Y se exponen los conceptos jurídicos como la acumulación y el sobreseimiento.
Así también, se expone como deben ser las pruebas que se presentan a juicio. Se da la
noción de lo que es la audiencia constitucional, y por último se esboza lo que es la
sentencia y los medios para ejecutarla.
84
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
En este apartado, el alumno conocerá como debe tramitarse el Juicio de Amparo, tomando
en cuenta los requisitos, términos y condiciones en las cuales debe realizarse.
TEMÁTICA:
9.1 Presentación de la demanda:
La demanda de amparo por escrito, deberá presentarse ante la Oficialía de Partes Común de
Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito que corresponda, de las nueve a las
veinte horas (en los lugares en donde no exista buzón funcionará hasta las veintitrés horas
con cincuenta y nueve minutos), o bien, en el buzón judicial en un horario de las veinte
horas con un minuto a las veintitrés cincuenta y nueve horas en días hábiles – salvo que se
trate de una demanda de amparo en que se reclamen actos del artículo 15, de la Ley de
Amparo o de cualquier otro acto que afecte la libertad personal y el quejoso se encuentre en
peligro de que sea privado de su libertad, pues en tal caso no debe depositarse en el buzón-.
(Los buzones judiciales no operarán durante las vacaciones ni aquellos días en los que las
oficinas de correspondencia común suspendan sus labores. Es importante hacer notar que la
presentación en los buzones judiciales solo operará en caso de que el Consejo de la
Judicatura Federal haya autorizado su instalación, como ocurre en la actualidad en los
Circuitos: 4º, 5º, 7º, 8º, 11º, 12º, 17º, 18º, 19º, 21º y 24º, por lo que deberá verificarse tal
circunstancia). Para el caso de que no exista Oficina de Correspondencia Común (cuando
solo existe un solo juzgado o tribunal en el lugar donde deba exhibirse), se presentara en
horario de labores ante el juzgado o tribunal respectivo, y en el supuesto de que sea fuera
del horario de labores por conducto del secretario de guardia autorizado para el efecto. Lo
anterior en los términos que se han señalado. Y por vía electrónica en el portar del Consejo
de la Judicatura Federal que establecerá el modulo para la presentación de demandas
85
de amparo indirecto, dirigidas a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la
Federación. 21
9.2 Auto inicial en el juicio:
El auto inicial que puede dictar el Juez de Distrito o, en su caso, el Tribunal Unitario de
Circuito que reciba la demanda de amparo indirecto será de:
a) Incompetencia: si el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que se declare
incompetente, deberá dictar un auto de incompetencia, que podrá formularlo en
forma de resolución o de acuerdo y que deberá contener: el lugar y fecha en que se
dicta, el nombre del promovente del amparo, de las autoridades contra quienes se
promueve el juicio, la transcripción del acto reclamado de forma literal, los
razonamientos lógico-jurídicos por virtud de los cuales estima que es incompetente
y los fundamentos legales que los apoyen.
b) De excusa: para determinar si el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito
están impedidos para conocer de la demanda de amparo debe consultarse lo previsto
en el artículo 51, de la Ley de Amparo y si se encuentra en cualquiera de las
hipótesis que indica, procederá en términos de lo que señalan los artículos 52, 53 y
54 del mismo ordenamiento legal, sin decidir sobre la admisión ni sobre la
suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento,
incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición,
desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Armada o Fuerza Aérea
nacionales, en cuyo caso proveerá sobre la suspensión de tales actos y remitirá la
demanda al Tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva sobre la causa de
impedimento.
21 NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015. Pp. 171-172
86
c) De desechamiento: si después de examinar la demanda de amparo, el Juez de
Distrito o el Tribunal Unitario de circuito resulta competente y no existe causa de
impedimento para conocer de ella, analizara si no se actualiza una de las causales de
improcedencia constitucional o legal. Si apareciere alguna causal, que deberá ser
manifiesta e indudable, entonces deberá dictar un auto de desechamiento, de deberá
contener los mismos requisitos que el auto de incompetencia, con la característica
de que se citara el artículo 113, de la Ley de Amparo que es el fundamento para el
desechamiento de mérito. Si de la demanda de amparo no se actualiza ninguna
causal de improcedencia que la afecte, entonces procederá a examinar sus
requisitos.
d) Aclaratorio: después de que el Juez de distrito o Tribunal Unitario de Circuito, ha
estudiado la demanda de amparo, siempre que resulte competente, no exista ningún
impedimento legal y no apareciere ninguna causa de improcedencia, deberá
examinar si la demanda de amparo adolece de alguno de los elementos siguientes:
a. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda.
b. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que se señalan en los apartados
19.5.1 a 19.5.8.
c. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la
personalidad o este resulte insuficiente.
d. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado.
e. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.
Si apareciere cualquiera de los elementos que se precisan en los incisos que anteceden,
procederá su aclaración.
e) Admisorio: si la demanda de amparo reúne todos los requisitos de que se hablaron, o
bien, se dio cumplimiento en sus términos, por parte del promovente del amparo al
auto aclaratorio, el admisorio de la demanda. (podrá desecharla también). Auto que
tendrá como requisitos esencialmente: lugar y fecha en que se dicta; nombre del
87
quejoso, y en su caso, de quien promueve en su nombre; contra actos de que
autoridades; la declaración expresa de que se admite la demanda de amparo. 22
9.3 Ampliación de la demanda:
No es un acto procesal que necesariamente tenga que aparecer en el trámite del juicio de
amparo, sin embargo, por diversas causas puede acaecer y sólo entres momentos que son:
a) Cuando las autoridades responsables no han rendido su informe con justificación, o
bien, rindiéndolo no se haya hecho del conocimiento de las demás partes en el
juicio, siempre que el quejoso se encuentre dentro del plazo que la ley señala para
su interposición, y,
b) Cuando por cualquier medio se entere de la existencia de nuevos actos que guarden
estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, pudiendo recaer la
ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos
de violación. El quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden
estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la
ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17, de la
Ley de Amparo. La demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos,
siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentarse una
nueva demanda.
c) Cuando la autoridad administrativa en el informe justificado que rinda, funde y
motive el acto reclamado, cubriendo la falta o insuficiencia en esos aspectos
alegados en la demanda. Debe correrse traslado con tal informe al quejoso, para
que, si lo estima pertinente en el plazo de quince días realice la ampliación de la
demanda, que se limitara a cuestiones derivadas de la referida complementación. 23
22 “Op cit” pp. 172-177. 23 “Op cit”. Pp.177-178.
88
9.4 Admisión de la demanda:
Cuando la demanda cumpla con los requisitos legales o ya fueron subsanadas las
irregularidades u omisiones del auto aclaratorio, el órgano jurisdiccional dictara auto de
admisión, relacionando los actos reclamados que serán objeto del juicio, y proveerá lo
conducente para que se realice la notificación a las partes del acuerdo respectivo con copia
de la demanda. El proveído de admisión de la demanda debe contener los siguientes
elementos:
1. Admisión de la demanda. Ordenar la formación del expediente respectivo y su
registro en el libro de gobierno.
2. Petición de informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo
por escrito o en medios magnéticos en el término de quince días (que podrá
ampliarse por diez días adicionales), remitiéndole copia de la demanda si no se
hubiese enviado al pedirles el informe previo (art.117).
3. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad
responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la
jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los
Plenos de Circuito, el informe con justificación se reducirá a tres días
improrrogables, y la celebración de la audiencia se señalara dentro de diez días
contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda (art. 118).
4. Otorgar la intervención del Ministerio Público Federal, para efectos de su
representación cuando proceda. Señalamiento de la Audiencia Constitucional en un
plazo no mayor de 30 días (diez días en amparo contra normas generales).
5. Ordenar el emplazamiento al tercero interesado, si existiere y en su caso al
particular señalado como autoridad responsable.
6. Por cuerda separada ordenar la apertura del incidente de suspensión, de haberse
solicitado.
7. Tener por autorizada a la persona que se indique.
8. En su caso, prevenir a los quejosos para que designen representante común (art.13).
9. Las demás providencias necesarias o especiales.
89
En contra de la resolución que admita total o parcialmente, deseche o tengan por no
presentada la demanda de amparo indirecto o su ampliación, procede el recurso de queja
conforme a la fracción I, inciso a) del artículo 97 de la Ley de Amparo, que deberá
interponerse por conducto del Juez de Distrito dentro del término de cinco días, contados
del siguiente al que surta efectos la notificación.24
9.5 Notificación al tercero interesado:
Cuando exista tercero interesado, entre la fecha de la admisión de la demanda y la de
celebración de la audiencia constitucional, debe notificársele de la demanda y su admisión,
que será en forma personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de
Amparo. En el caso de que no resida en el lugar en el que se tramita el juicio de amparo,
deberá ordenarse se le notifique por medio de exhorto o despacho que se gire a la autoridad
de amparo que ejerza jurisdicción en el domicilio que se haya indicado como de dicho
tercero y se requiera a este para que señale domicilio para notificaciones en el lugar del
juicio, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter
personal, se harán por medio de lista. También podrá efectuársele haciendo uso del juicio,
pero en la zona conurbada, se le notificará por conducto del actuario del juzgado o tribunal.
Siempre deberá hacérsele saber al tercero interesado de la demanda de amparo, para que si
así lo estima conveniente se apersone en el juicio y alegue lo que a su interés convenga.
(Aunque no tiene ninguna obligación en el amparo indirecto). Si no se practica la
notificación aludida y se dicta sentencia en el proceso de amparo, ello amerita la reposición
del procedimiento desde el momento procesal en que se incurrió en la violación
procedimental, siempre que se le conceda la protección federal al quejoso, de otro modo no
procede esa reposición.25
24 JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. Autor: Rafael Tena Suck. Hugo Italo Morales Saldaña. Editorial Trillas. 2015. Pp. 242-243. 25 NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015. Pp. 178-179.
90
9.6 Informe justificado:
Así también, se rendirá un informe, el cual constituye la manifestación de la autoridad
responsable, sobre la existencia o no del acto reclamado que se les atribuye, con la
posibilidad de expresar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para
sostener la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado, o en su caso la improcedencia
del juicio. Al solicitarle el informe con justificación a la autoridad responsable, se le
remitirá copia de la demanda, en caso de que no se le hubiese enviado al requerirle el
informe previo (art. 116).
La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios
magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano
jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el pazo por diez días
adicionales. El Juez de Distrito debe publicar la recepción del informe, con el fin de que las
partes tengan conocimiento de su contenido y pueda alegar lo que su derecho convenga, por
lo menos con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia.
El Juez de distrito impondrá a la autoridad responsable una multa de cien a mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, si no rinde su informe previo, no
rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada
completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional,
salvo que acredite que el emplazamiento sea irregular o inoportuno. 26
9.7 La competencia:
El Congreso de la Unión, en uso de su jurisdicción, expide leyes; pero es competente para
expedirlas únicamente en los casos que expresamente le atribuye la Constitución; el
Presidente de la República y los funcionarios del Poder Ejecutivo ejercen su jurisdicción al
organizar y atender los servicios públicos, al procurar el exacto cumplimiento de las leyes
administrativas y al aplicarlas al público en general o a algún individuo particular, pero
26 JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. Autor: Rafael Tena Suck. Hugo Italo Morales Saldaña. Editorial Trillas. 2015. Pág. 244.
91
solamente son competentes para hacerlo, en los casos que dichas leyes administrativas
determinan, genérica o específicamente, y en las ocasiones, en el modo y con los requisitos
que las propias leyes señalan; las autoridades judiciales y sus similares, los tribunales
administrativos y del trabajo, tienen jurisdicción para conocer de las controversias que
surjan entre personas físicas o morales, o entre los particulares y el poder público, a causa
de los sucesos que según las leyes originan responsabilidades personales o definen
situaciones jurídicas, para decidir cuáles son sus efectos o consecuencias, para hacer que
los interesados cumplan o se sometan a tal decisión, y para fijar la situación que en derecho
corresponda a personas o cosas determinadas; pero son competentes para ejercer las
facultades, exclusivamente en los casos que expresamente les asignan las leyes que
organizan su institución y regulan su funcionamiento.27
9.8 Incidentes:
El juicio de amparo está conformado para el propósito de tramitar la reclamación del
agraviado de la manera más rápida posible, sin mayores formalidades y sin otros requisitos
que los estrictamente indispensables para el debido planteamiento del litigio y la sucinta
aportación de las pruebas; con ese propósito la ley reglamentaria es sumamente parca en lo
relativo a los incidentes. La Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013 establece
la regulación general para la tramitación de los incidentes en sus artículos 66 y 67,
especificando que será el órgano jurisdiccional quien determinara, según cada caso, si el
incidente se resuelve de plano, se reserva para resolver en la sentencia o bien si es de
especial pronunciamiento.
Los incidentes que la Ley de Amparo establece expresamente y que por tanto deben ser
materia de una sustanciación y de una resolución especial son, además del de suspensión a
que acabamos de referirnos, el de nulidad de notificaciones, regido por los artículos 68 y
69, el de competencia, a que se refieren los artículos 42, 43, 45, 46 y 47, el de impedimento
alegado por cualquiera de las partes, de que se ocupan los artículos 56, 57, 59 y 60, y el de
27 EL JUICIO DE AMPARO. CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial Trillas. 2014. Pp.112-113.
92
pago de los daños y perjuicios provenientes de la suspensión o de la ejecución del acto
reclamado, a que aluden los artículos 193, 204, 206 y 97, fracción I, inciso g); además,
existe el referente a la objeción de falsedad de algún documento presentado en la audiencia,
regido por el artículo 122 que, si bien motiva la suspensión de la audiencia para recibir las
pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento el día que se fije para la
continuación de la audiencia, no es de especial pronunciamiento, porque esas pruebas
deben ser apreciadas en la sentencia de fondo. Cualquier otro incidente distinto de los que
acaban de mencionarse, debe ser resuelto en los términos de los artículos 66 y 67, o sea, de
plano, sin ningún trámite, ni aun vista a la parte contraria ni al Ministerio Público, si por su
naturaleza fuera de especial pronunciamiento, y en caso distinto hasta la sentencia de
fondo, pero también sin ninguna sustanciación.28
9.9 Acumulación:
El articulo 57 autoriza la acumulación cuando concurre identidad sustancial en dos o más
juicios que se encuentren en trámite, y según las dos fracciones de dicho artículo 27 esa
identidad sustancial resulta de que los amparos pendientes hayan sido promovidos por el
mismo quejoso y contra el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales
aducidas en uno de esos juicios sean distintas de las planteadas en el otro, y también sean
diversas las autoridades responsables, o cuando los amparos son promovidos contra las
mismas autoridades y contra el mismo acto reclamado, aunque sean diversos los quejosos.
La acumulación puede ser promovida por cualquiera de las partes, también pueden serlo
por acuerdo oficioso del juzgado de distrito, y se justifica sustancialmente por la identidad
del acto reclamado pues, aunque sean diversos los quejosos y distintas las autoridades
responsables, el fallo constitucional debe ser uno solo, para evitar todo riesgo de
resoluciones contradictorias; y concurre también un propósito de estricta economía
procesal, para evitar duplicación de controversias.29
28 “Op cit” pág. 165-166. 29 “Op cit”. Pág. 173.
93
9.10 El sobreseimiento:
El sobreseimiento significa que el órgano jurisdiccional que conoce de una controversia da
por concluida su tramitación y manda archivar las actuaciones respectivas sin emitir una
decisión final a favor de alguno de los contendientes, porque razones de hecho o de derecho
justifican que no continúe el debate y que el asunto no sea resuelto en cuanto al fondo.
Concretamente en materia de amparo, el sobreseimiento obedece a que, en el curso de la
tramitación de un juicio de amparo, ya en primera, ya en segunda o ya en única instancia,
sobreviene un hecho, o el tribunal del conocimiento advierte o admite su existencia
anterior, que generalmente implica la falta directa o indirecta, de alguna de las bases
fundamentales de dicho juicio, y que determina la improcedencia de la acción ejercitada.
Por su propia naturaleza jurídico-procesal, el sobreseimiento impide que el tribunal de
amparo decida si son o no ciertas las violaciones atribuidas al acto reclamado, el cual
subsiste en toda su fuerza y eficacia. El sobreseimiento es distinto del desechamiento de la
demanda, aunque ambos pueden tener la misma causa; el primero lo decreta el tribunal
durante el curso del juicio, es decir, se produce solamente en los juicios que ya están
iniciados, en tanto que el segundo impide precisamente que el juicio principie.
El artículo 63 en su fracción I señala que procede sobreseimiento cuando el agraviado se
desista expresamente de la demanda, y ratifique él mismo ante la autoridad judicial que
conozca de la solicitud de amparo.30
9.11 Las pruebas:
En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por
posiciones, puesto que las autoridades responsables deben rendir oportunamente su informe
con justificación, por lo que el desahogo de esta prueba se considera innecesario e
inadecuado, ya que tienen que cumplir con diversas funciones propias de su actividad. En
términos del artículo 119 de la Ley, las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia
30 “Op cit”. Pp. 275-276.
94
constitucional, salvo disposición en contrario de la Ley, y no es obstáculo para que puedan
ofrecerse desde la presentación de la demanda, con las excepciones previstas para las
pruebas documentales, testimonial, pericial e inspección que deberán ofrecerse previamente
a la audiencia y en el plazo legal concedido, con el objeto de preparar su desahogo.
- Las documentales deberán presentarse con anterioridad a la audiencia, sin perjuicio
de que el órgano jurisdiccional las relacione en dicha audiencia y se tengan por
recibidas en ese acto, aunque no haya gestión expresa del interesado.
- La testimonial, pericial e inspección judicial requieren de preparación especial, por
lo que deben ofrecerse con cinco días hábiles de anticipación de la audiencia
constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia
audiencia. Cuando no sea posible desahogar las pruebas en la audiencia
constitucional, el juzgador deberá suspenderla o diferirla, y fijara nueva fecha que
permita su preparación.31
9.12 Audiencia constitucional:
La audiencia constitucional es un acto procesal que debe realizarse ante la presencia del
juez, asistido por el secretario del juzgado, en la cual se desahogaran las pruebas
previamente anunciadas por las partes. En la misma diligencia se formularan los alegatos
por escrito con el pedimento de la representación social y se dictara la sentencia respectiva.
La audiencia constitucional se rige por dos principios: a) principio publicista. La audiencia
constitucional y la recepción de pruebas son públicas, y b) principio de concentración.
Abierta la audiencia constitucional se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los
alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se
dictara el fallo que corresponda. En ese sentido, el art. 124 de la Ley, establece que las
audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y
pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los
31 JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. Autor: Rafael Tena Suck. Hugo Italo Morales Saldaña. Editorial Trillas. 2015. Pp. 245-248.
95
alegatos por escritos que formulen las partes; acto continuo se dictara el fallo que
corresponda.32
9.13 La sentencia:
La sentencia constituye la resolución del Juez sobre la causa controvertida que las partes
sometieron a su decisión, por tanto, constituye la culminación del proceso en la que el
juzgador define los derechos y obligaciones de las partes. Por lo general, y derivado de las
excesivas cargas de trabajo, la sentencia no se emite en la audiencia constitucional, sino
después de su celebración, por lo que en este supuesto debe notificarse personalmente a las
partes. Las sentencias de los jueces de distrito admiten el recurso de revisión, por lo que
una vez transcurrido el termino de diez días para su interposición o haberse confirmado por
el Tribunal Colegiado de Circuito, podrá declararse judicialmente que ha causado ejecutoria
y tendrá el carácter de cosa juzgada, por no admitir en esas condiciones ningún recurso
posterior.33
9.14 Recursos:
El recurso es un medio de impugnación que la ley establece para que las personas afectadas
por un acto, ya sea judicial, ya administrativo, se defiendan con la finalidad de que el
superior jerárquico, o la misma autoridad que haya emitido dicho acto, lo revoque,
modifique o nulifique mediante un nuevo análisis que se realice conforme a los elementos
que aparezcan en el mismo.
La Ley de Amparo, expresamente en el artículo 80, señala que en los juicios de amparo no
se admitirán más recursos que los de revisión, queja y reclamación y tratándose del
cumplimiento de sentencia, el de inconformidad. Excepcionalmente en el amparo indirecto,
existe el recurso de revocación en los artículos 133 y 140 de la misma Ley.
32 “Op cit” Pág. 249. 33 “Op cit”. Pp. 242-252.
96
Revisión: por medio de este recurso se establece un sistema de control de las resoluciones
emitidas por la autoridad que conoce del juicio de amparo, dicho control se sustancia en
otra instancia, dado que, es el superior jerárquico de aquella, quien conoce y resuelve dicho
recurso. Previsto en el artículo 81, de la Ley de Amparo, contiene en sus cuatro primeras
fracciones su procedencia en contra de actos dictados en amparo indirecto, éstas son:
a) Contra autos que concedan o nieguen la suspensión definitiva.
b) Contra resoluciones que en el mismo incidente de suspensión.
c) Contra sentencias interlocutorias que resuelvan sobre la procedencia o
improcedencia de un incidente de reposición de autos.
d) Contra autos de sobreseimiento por estimar que se actualiza alguna causal que
previenen las fracciones I, II, III y V del articulo63, de la Ley de Amparo y el
quejoso no este conforme con ello.
e) Contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por el Juez de Distrito o
por un Tribunal Unitario de Circuito.
Queja: mediante este recurso se combaten las resoluciones en contra de las cuales no
admiten expresamente recurso de revisión, y se encuentran contenidas en el artículo 97 de
la Ley de Amparo. Este recurso procede en contra de actos dictados en amparo indirecto en
las resoluciones siguientes:
a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una
demanda de amparo o su ampliación.
b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional.
c) Rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los
requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes.
d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado.
e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio del incidente de suspensión, que
no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza
trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en
97
la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan
después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional.
f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios.
g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en
que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto
reclamado; y
h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de
amparo.
Revocación: existe la revocación sin perjuicio que es de explorado derecho que ninguna
autoridad puede revocar sus propias determinaciones, sin embargo, por disposición expresa
de la ley es posible que una autoridad de amparo indirecto pueda revocar sus propias
determinaciones en los casos previstos en los artículos 141, 153 y 154 de la Ley de
Amparo.
a) Artículo 141.- Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la
jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su
informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de los medios a
que se refiere el artículo anterior, se celebrara la audiencia incidental respecto del
acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que
corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera
audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes.
b) Artículo 153.- La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita
la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque
se interponga recurso de revisión; pero si con motivo del recurso o del recurso se
concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria
correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita.
c) Artículo 154.- La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá
modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho
superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el
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juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de
suspensión.
Reclamación: este recurso procede ante autos de trámite pronunciados por el presidente de:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) De cualquiera de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
c) De cualquiera de los Tribunales Colegiados de Circuito.34
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un resumen de los temas vistos en esta unidad.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. ¿Cómo debe presentarse la demanda?
Por escrito en la oficialía de partes común de Juzgado de Distrito o Tribunales
Unitarios de Circuito. En horario de las 9:00 horas a las 20:00 horas o bien en buzón
judicial de las 20:01 horas a las 23:59 horas; en días hábiles. Fuera de este horario
con el Secretario de Guardia por vía electrónica.
2. Escribe los requisitos del auto admisorio de la demanda en el Juicio de Amparo
Indirecto.
Lugar y fecha en que se dicta. Nombre del quejoso o de quien promueve a su
nombre y contra actos de que autoridades. Declaración expresa de que se admite la
demanda de amparo.
34 NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015. Pp. 265-283.
99
3. ¿Qué se manifiesta en el informe justificado?
La existencia o no del acto reclamado que se les atribuye con la posibilidad de
expresar razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. O en su caso la
improcedencia del juicio.
4. ¿Qué es el sobreseimiento?
Significa que el órgano jurisdiccional que conoce de una controversia da por
concluida su tramitación y archiva las actuaciones respectivas sin emitir una
decisión final a favor de alguno de los contendientes.
5. Describe cada uno de los recursos en el Juicio de Amparo Indirecto.
Revisión: por medio de este recurso se establece un sistema de control de las
resoluciones emitidas por la autoridad que conoce del juicio de amparo, dicho
control se sustancia en otra instancia, dado que, es el superior jerárquico de aquella,
quien conoce y resuelve dicho recurso. Previsto en el artículo 81, de la Ley de
Amparo, contiene en sus cuatro primeras fracciones su procedencia en contra de
actos dictados en amparo indirecto.
Queja: mediante este recurso se combaten las resoluciones en contra de las cuales
no admiten expresamente recurso de revisión, y se encuentran contenidas en el
artículo 97 de la Ley de Amparo.
Revocación: existe la revocación sin perjuicio que es de explorado derecho que
ninguna autoridad puede revocar sus propias determinaciones, sin embargo, por
disposición expresa de la ley es posible que una autoridad de amparo indirecto
pueda revocar sus propias determinaciones en los casos previstos en los artículos
141, 153 y 154 de la Ley de Amparo.
Reclamación: este recurso procede ante autos de trámite pronunciados por el
presidente de:
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a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) De cualquiera de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
c) De cualquiera de los Tribunales Colegiados de Circuito.
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UNIDAD X
DE LA EJECUCION Y/O CUMPLIMIENTO DE
LAS SENTENCIAS
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
Dentro de esta unidad se expone el concepto de la ejecución y/o cumplimiento de las
sentencias y los medios para llevar acabo la ejecución de las mismas. También se da a
conocer la actitud que toma la autoridad de amparo ante dichas sentencias. Se estudian los
medios de defensa que proceden en contra de diversas resoluciones dictadas, así como el
análisis del cumplimiento sustituto de las mismas. Se expone la obligación que se tiene de
cumplir con la ejecutoria de amparo por cualquier medio. Se presentan los efectos que
pueden llegar a presentarse si se archiva un juicio de amparo sin que este cumplida la
sentencia y se explica cómo hacer la denuncia en caso de incumplimiento de la declaratoria
general de inconstitucionalidad.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El alumno conocerá los diversos medios por los cuales puede llevarse al cabo el
cumplimiento de una sentencia en el juicio de amparo, precisara cuando existe
incumplimiento por parte de la autoridad responsable en las sentencias en el juicio de
amparo tanto directo como indirecto; comprenderá el procedimiento que se lleva cuando
102
existe incumplimiento de una ejecutoria de amparo, así también, identificara en qué
consiste el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo y los medios por los cuales
puede inconformarse el quejoso cuando se tenga por cumplida una ejecutoria de amparo.
TEMÁTICA:
10.1 Concepto:
El cumplimiento en las sentencias de amparo significa el acatamiento de la ejecutoria de
amparo por parte de la autoridad responsable cuando recibe la comunicación de la
autoridad de amparo de la sentencia ejecutoria que concede la protección de la justicia
federal. Solo podrán ser ejecutables aquellas que hayan concedido el amparo y protección
de la justicia de la Unión, pues la autoridad responsable tiene la obligación de restituir al
agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violados. Excepto en los casos en
materia penal que señala el artículo 77, de la Ley de Amparo en que es posible que haya
cumplimiento de la sentencia de amparo aun sin haber causado ejecutoria.
La ejecución de una sentencia de amparo es el mandado dictado por la autoridad de
amparo, a fin de que se cumpla con lo resuelto en el juicio de amparo, el cumplimiento
será, en consecuencia, la conducta que al respecto tome la autoridad responsable a fin de
acatar el fallo en sus términos.
La Ley de Amparo dedica todo un título a la ejecución y cumplimiento de las sentencias de
amparo, que abarca de los últimos artículos 192 al 214, incluso.
10.2 Medios para llevar a cabo la ejecución de las sentencias:
De acuerdo a lo previsto en la Ley de Amparo los medios por los cuales se puede llevar a
cabo la ejecución de las sentencias, son dos, a saber:
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I. Por cumplimiento de la ejecutoria de amparo de parte de la autoridad responsable o
quien tenga obligación de ello;
II. Por cumplimiento sustituto mediante un incidente de daños y perjuicios a elección
del quejoso o por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
se tramitará ante la autoridad de amparo que haya conocido del juicio de
amparo, para que esta resuelva del modo y la cuantía de la restitución, o bien,
por convenio celebrado entre el quejoso y la autoridad responsable.
10.3 Cumplimiento de las ejecutorias de amparo en función de lo establecido en los
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo:
En materia de amparo, el efecto de la sentencia de amparo puede ser de diversa índole, ya
que en la mayoría de las ocasiones aparece que aparte de que se aducen violaciones de
fondo en la resolución reclamada, también se alegan violaciones de procedimiento y aún
más la inconstitucionalidad de una norma general.
En amparo directo:
En caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito en la sentencia de amparo directo:
a) Decida que es inconstitucional una norma general que se haya aplicado en la
resolución reclamada.
b) Resuelva que son fundadas las violaciones de procedimiento que el quejoso alegue
en su demanda.
c) Determine que son fundadas las violaciones de fondo que el quejoso alegue en su
demanda.
En amparo indirecto:
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En caso de que la autoridad de amparo indirecto en la ejecutoria de amparo, resuelva:
a) Otorgar el amparo contra normas generales, el cumplimiento no se da por parte de
las autoridades responsables que hayan expedido y promulgado tales normas.
b) Conceder el amparo porque son fundadas las violaciones de procedimiento que el
quejoso alegue en su demanda.
c) Que conceda el amparo para efectos por considerar fundadas violaciones de forma
cometidas en el acto reclamado.
d) Que conceda el amparo liso y llano por considerar fundadas violaciones de fondo
reclamadas en la demanda de amparo.
e) Que conceda el amparo contra actos negativos u omisivos.
10.4 Actitud de la autoridad de amparo:
Cuando la autoridad de amparo reciba informe de la autoridad responsable que ya cumplió
la ejecutoria, dará vista al quejoso y al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres
días (amparo indirecto) y diez días (amparo directo), manifiesten lo que a su derecho
convenga. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido
conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a
juicio para defender su interés.
Transcurrido el plazo otorgado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano
judicial de amparo dictara resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está
cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para
cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni
defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenara el
archivo del expediente.
Si no está cumplida o no lo está totalmente, no lo está correctamente o se considera de
imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito (en amparo
105
indirecto) o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en amparo directo), a fin de que
resuelvan lo que estimen procedente.
10.5 Principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo:
Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la
sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos
necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades
que señala la Ley de Amparo (artículo 197).
10.6 Medios de defensa que proceden en contra de diversas resoluciones dictadas:
a) Recurso de inconformidad, que procede contra la resolución de autoridad de amparo
que:
a. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo.
b. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u
ordene el archivo definitivo del asunto.
c. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto
reclamado.
d. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la
declaratoria general de inconstitucionalidad.
b) Repetición del acto reclamado: para que exista la repetición del acto reclamado, la
autoridad responsable al cumplimentar la sentencia que concede la protección
federal a la parte quejosa, debe dictar otro nuevo acto con los mismos vicios y
defectos que tenga el acto respecto del cual se concedió el amparo y protección de
la Justicia de la Nación.
106
c) Un nuevo amparo: cuando habiéndole concedido para efectos, dejo en plenitud de
jurisdicción a la autoridad responsable, por lo que al dictarse nueva resolución se
trata de un acto nuevo.
10.7 Cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo:
Reglamentado en los artículos 204 y 205, de la legislación de amparo, tendrá por efecto que
la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.
Tiene la naturaleza de un incidente y como tal se presenta, tramita y resuelve, pero por
excepción no se tramitara cuando el quejoso y la autoridad responsable acuerden un
convenio para dar por cumplida la ejecutoria de amparo. Procede a) cuando la ejecución de
la sentencia de amparo afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los
beneficios que pudiera obtener el quejoso; o b) por las circunstancias materiales del caso,
sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que
guardaban con anterioridad al juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación,
funcionando en Pleno, está facultada para ordenar de oficio el cumplimiento sustituto de la
sentencia de amparo. Sin embargo, para que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación pueda disponer de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de
amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor
proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, es necesario que
la autoridad que haya dictado la sentencia de amparo formule declaratoria sobre la
imposibilidad material para su acatamiento, a fin de que la superioridad este en aptitud de
resolver lo que proceda con la debida precisión.
Independientemente de lo antes señalado, dentro del cumplimiento sustituto existe otra
forma en que puede cumplirse una ejecutoria de amparo, que es el caso de que el quejoso y
la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida
la ejecutoria. Del convenio se hará del conocimiento de la autoridad de amparo ante quien
se haya tramitado y resuelto el juicio de amparo; quien, una vez que se le compruebe que
los términos del convenio fueron cumplidos, mandara archivar el expediente.
107
10.8 Aplicación de la suplencia de la queja deficiente en el recurso de inconformidad e
incidentes:
De conformidad con lo previsto en el artículo 213, de la Ley de Amparo, en el recurso e
incidentes a que se refiere el título de la Ley de Amparo relativo al cumplimiento y
ejecución de la sentencia, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de
la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.
10.9 Obligación de cumplir con la ejecutoria de amparo por cualquier medio:
El recurso, los incidentes y las providencias de que se habla en este capítulo, tendentes al
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debe entenderse sin perjuicio de que el órgano
jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de
apremio necesarias. Si estas no fueren obedecidas, comisionara al secretario o actuario para
que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo
juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla.
En que, incluso, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su
jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá
solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo.
Igualmente si el Pleno o la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió
el amparo no obtuviere el cumplimiento material de la sentencia respectiva, dictara las
ordenes que sean procedentes al órgano jurisdiccional que corresponda que se regirán por
lo que prevé el párrafo que antecede.
Los casos en que solo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia
de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el
expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad
personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad
108
responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de
inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandara ponerlo en libertad sin perjuicio de
que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de
las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta
disposición.
10.10 Prohibición de archivar un juicio de amparo sin que esté cumplida la sentencia:
El numeral 214, de la Ley de Amparo, reglamentario del artículo 107, fracción XVI,
párrafo in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que
no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que
concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya
determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada.
10.11 Denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad:
Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad,
se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto,
procediendo de la forma siguiente: la denuncia se hará ante el Juez de Distrito que tenga
jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté
ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un
distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite
se llevara ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquel que
dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto
denunciado no requiera ejecución material se tramitara ante el juez de distrito en cuya
jurisdicción resida el denunciante.
El Juez de Distrito, con la denuncia dará vista a las autoridades responsables, tercero
interesado si lo hubiere y Ministerio Público Federal, para que en un plazo de tres días
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expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictara resolución dentro
de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general
inconstitucional, ordenara a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado
y de no hacerlo en tres días se estará a lo que dispone la ley en cuanto al incumplimiento de
las ejecutorias de amparo. Si la resolución fuere en el sentido de que no se aplicó, podrá
impugnarse mediante el recurso de inconformidad.
Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva
cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá
combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto
reclamado, promoviéndose y tramitándose en la misma forma que se ha señalado para la
repetición del acto reclamado.
No debe pasar desapercibido que la denuncia de que se trata, procede no solamente cuando
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto la declaratoria general de
inconstitucionalidad, debido a la jurisprudencia emitida en amparo indirecto en revisión,
sino también cuando la haya declarado en acciones de inconstitucionalidad o en
controversia constitucional.35
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un mapa conceptual sobre los puntos más importantes del tema de esta
unidad.
35 NUEVO JUICIO DE AMPARO. Autor: Raúl Chávez Castillo. Editorial Porrúa. 2015. Pp. 245-264.
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PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Escribe el concepto de cumplimiento de sentencia.
Significa el acatamiento de la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad
responsable. Solo podrán ser ejecutables aquellas que hayan concedido el amparo y
protección de la justicia de la unión, restituyendo al agraviado en el goce de sus
derechos violados. No así en materia penal, en que es posible que se cumpla la
sentencia aun sin haber causado ejecutoria.
2. ¿Cómo es el principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo?
Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la
sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia los actos
necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán obligados a las mismas
responsabilidades que señala la ley de amparo.
3. ¿Cuáles son los medios de defensa que proceden en contra de las resoluciones
dictadas en la sentencia?
a) Recurso de inconformidad.
b) Repetición del acto reclamado.
c) Un nuevo amparo.
4. ¿Qué es el cumplimiento sustituto?
Este tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante pago de daños y
perjuicios al quejoso. Tiene la naturaleza de n incidente y como tal se presenta, tramita
y resuelve. Procede cuando la ejecución de la sentencia de amparo afecte en mayor
proporción a la sociedad que los beneficios que pudiera obtener el quejoso o por las
circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso
restituir las cosas a la situación anterior al juicio.
111
5. ¿Qué reglamenta el numeral 214 de la Ley de Amparo y el artículo 107, fracción
XVI, párrafo in fine, constitucional?
Menciona que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la
sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la
ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en
resolución fundada o motivada.
112
UNIDAD XI
LA JURISPRUDENCIA.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
EL JUICIO DE AMPARO: CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial Trillas.
2014.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
Dentro de esta unidad se estudiara el concepto jurídico de jurisprudencia, la ciencia del
derecho, así también, se dará a conocer la materia fundamental de la misma, su extensión a
las leyes locales, su significado del carácter obligatorio, su invocación y en qué casos es
aplicable. Se expone una contradicción de tesis y su manera de resolverá y se estudiara
quienes son los órganos jurídicos que pueden modificarla.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante comprenderá la importancia de la jurisprudencia y conocerá tanto el manejo
de la misma como su localización y empleo adecuados.
113
TEMÁTICA:
11.1 ¿Qué es la jurisprudencia?
En el lenguaje usual, jurisprudencia es la ciencia del derecho, que los romanos definieron
como la noticia de las cosas divinas y de las cosas humanas, que da conocimiento de lo
justo y de lo injusto. En el lenguaje de los tribunales la jurisprudencia es el criterio
establecido por los precedentes para la decisión de las controversias judiciales.
Particularmente en nuestra Ley de Amparo es el sentido de las ejecutorias de la Suprema
Corte de Justicia, de sus Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito, dictadas por
cierto número de fallos.
El párrafo segundo del artículo 222 dispone que la jurisprudencia se la Suprema Corte de
Justicia cuando funciona en Pleno se forma por cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra
en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho votos. El número de
ejecutorias es constante para la formación de todas las tesis de jurisprudencia, y el número
de ocho votos es la mayoría de dos terceras partes del número total de ministros que
integran el Acuerdo Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es de once, según el artículo
94 de la Constitución, mayoría que a ley ha estimado suficiente garantía de acierto.
Para la jurisprudencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, el párrafo segundo del
artículo 223 fija también cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario,
aprobadas por lo menos por cuatro de los ministros que integran cada Sala; ese número de
votos resulta de la presunción humana de que razonablemente cuatro votos uniformes entre
cinco son acertados. Según el último párrafo de dicho artículo 222, la jurisprudencia sobre
constitucionalidad de leyes de los estados puede formarse con ejecutorias de una sola o de
ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia.
Según el artículo 217, la jurisprudencia definida es obligatoria para el tribunal que la ha
establecido, la de la Suprema Corte de Justicia lo es también para las Salas de la misma
Corte y para todos los demás tribunales, tanto judiciales, federales o del orden común,
como militares, administrativos o del trabajo, locales o federales; la de las Salas de la
Suprema Corte de Justicia lo es también para los diversos tribunales que acaban de
114
mencionarse; y la de cada tribunal colegiado de circuito es igualmente obligatoria para los
juzgados de distrito, los tribunales judiciales del fuero común, los administrativos y del
trabajo que funcionen dentro de la jurisdicción territorial del propio tribunal colegiado de
circuito, restricción que naturalmente resulta de que, mientras la jurisdicción de la Suprema
Corte de Justicia y de sus Salas se extiende a toda la Nación, la de los tribunales colegiados
de circuito comprende solamente el territorio que resulta de las asignaciones de juzgados de
distrito que para cada uno de estos tribunales fija el artículo 72 bis de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.
El artículo 228 autoriza que la jurisprudencia sea interrumpida y deje de tener carácter
obligatorio, cuando sobrevenga una Ejecutoria en sentido contrario al de la propia
jurisprudencia, aprobada por ocho votos en el Acuerdo Pleno de la Suprema Corte de
Justicia, por cuatro votos en una de sus Salas, o por unanimidad de tres votos en el
respectivo tribunal colegiado de circuito. Ese mismo artículo 228 previene que la Ejecutoria
que interrumpa la jurisprudencia debe expresar las razones que funden la interrupción,
razones que deberán referirse precisamente a las que determinaron el criterio de las
ejecutorias que formaron la jurisprudencia de que se trate; esa referencia a las razones de la
jurisprudencia establecida la exige expresamente el artículo 228, y por consiguiente, la
Ejecutoria que contradiga la jurisprudencia, pero que se abstenga de exponer los
argumentos en que se apoye para desestimar los motivos y fundamentos de la propia
jurisprudencia, legalmente no la interrumpe. Y de acuerdo con el artículo 229, la
jurisprudencia quedara modificada, si su interrupción ha sido sostenida durante cinco
ejecutorias continuas, aprobadas por los votos necesarios para la formación de la
jurisprudencia. La interrupción de la jurisprudencia no la cambia, pero le quita el carácter
obligatorio, la modificación sí la sustituye por otra distinta, que a su vez es obligatoria.
11.2 Materia de la jurisprudencia:
La jurisprudencia de los tribunales de amparo puede versar sobre la interpretación tanto de
algún precepto de la Constitución como de las prevenciones de cualquiera ley, ya sea
federal o local; particularmente, la del Acuerdo Pleno de la Suprema Corte de Justicia
115
puede referirse también a los reglamentos, federales o locales, de que se trate en los juicios
de amparo en que el propio Acuerdo Pleno interviene como tribunal revisor; y la de dicho
Acuerdo Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia puede asimismo referirse a la
interpretación de los tratados internacionales celebrados por México con alguna nación
extranjera.
11.3 Significado del carácter obligatorio de la jurisprudencia y su extensión a las leyes
locales:
El carácter obligatorio de la jurisprudencia significa que el tribunal que la estableció y
todos los sometidos a su jurisdicción, federales o locales, deben ajustar sus decisiones al
criterio definido por dicha jurisprudencia, que les fija el sentido en que han de aplicar los
preceptos conducentes de las leyes o reglamentos que rijan los asuntos de su conocimiento.
Se ha dicho que al supeditar la interpretación de las leyes y de los reglamentos locales al
criterio establecido por los tribunales judiciales de la federación, la soberanía de los estados
residente serio agravio, puesto que, si los estados son independientes y soberanos en su
régimen interior, la interpretación de sus leyes y reglamentos debe ser fijada
exclusivamente por sus propios tribunales judiciales, sin intromisión de los federales; pero,
aunque en principio ese argumento es estrictamente acorde con nuestro régimen federativo
constitucional, debe entenderse que la facultad de los tribunales federales que ejercen el
control constitucional, para extender ese control a las leyes y reglamentos locales, resulta
de la prevención del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, puesto que no
distingue respecto de la calidad de la autoridad a que se refiere, y por tanto, no está
circunscrita a las federales, sino que comprende también las locales, y así entraña otra de
las restricciones de las soberanías estatales que provienen del aludido régimen federativo,
según lo establece el artículo 124 de la citada Constitución Federal, conforme al cual las
facultades expresamente concedidas a la federación, no incumben a los estados; además,
hay una consideración, ciertamente de orden práctico, pero de capital importancia: las
legislaciones de los estados suelen ser similares, sobre todo en materia sustantiva, y si el
sentido de sus preceptos debiese ser fijado en ultimo grado por los tribunales superiores de
116
justicia de los propios estados, con toda facilidad podría resultar que, por discrepancia de
criterio entre dichos tribunales de los estados, lo que fuera legal en determinado estado
resultaría ilegal en otro, en razón de que, si las leyes locales rigen únicamente dentro del
territorio de cada estado, también su interpretación por los tribunales locales no puede ser
obligatoria en ningún otro estado, precisamente a causa de las soberanías locales, lo que
provocaría gran desconcierto de los foros respectivos y gran desprestigio de las
administraciones de justicia locales; pero, si el sentido de las leyes locales es el que fijen
los tribunales de la federación, al juzgar de la constitucionalidad de esas mismas leyes
locales y de su aplicación hecha por las autoridades de los estados, será uno solo el criterio
que fije tal sentido y ese criterio será aplicable en toda la República, con la consiguiente
uniformidad de las resoluciones, que dará a los interesados la confianza necesaria para
atenerse en sus asuntos a un criterio definido y único, sin temor de ir a caer en una distinta
interpretación de la ley respectiva.
11.4 Compilación de la jurisprudencia:
Actualmente tanto las tesis aisladas precedentes y tesis de jurisprudenciales deben
presentarse con las siguientes características: a cada tesis deberá asignársele una clave, la
cual se localizara en la parte superior izquierda que corresponden al tribunal, tribunal
colegiado (TC), los primeros dos dígitos corresponden al circuito, primero circuito (01), el
digito siguiente corresponde al tribunal, primer tribunal (1), los tres dígitos siguientes
corresponden al número de tesis, para la primera (001), por ejemplo, para identificar la
Época se agregara un digito, anteponiendo un punto a éste por lo que quedaría así 001.9
(primera tesis de la Novena Época), enseguida se agregara las abreviaturas relativas a cada
una de las materias que en su caso proceda (PE, AD, CI y LA), a continuación se citara el
número 1, en el caso que se envié una tesis aislada con el asunto que le dio origen, o el
numero progresivo que le corresponda a la Ejecutoria que sustente el mismo criterio, hasta
la quinta con la que se integrara la jurisprudencia.
Para que lo anterior quede más claro se pondrá un ejemplo:
117
TC 01 3 037 .9 CI 1
1 2 3 4 5 6 7
1. Tribunal Colegiado.
2. Primer circuito.
3. Tercer tribunal.
4. Número de la tesis, en este caso: 037.
5. Novena Época. (.9)
6. La materia, en este caso CI, que corresponde a la civil.
7. Primer asunto que origina la tesis.
11.5 Invocación de la jurisprudencia:
Puesto que la jurisprudencia es de observancia obligatoria, las partes en toda clase de
controversias suelen invocar la que beneficia o refuerza su postura en el litigio, y a tal
efecto el artículo 221 de la Ley de Amparo previene que la invocación de la jurisprudencia
de los tribunales judiciales federales debe hacerse por escrito, con expresión de los datos de
identificación y publicación, lo cual propiamente tiende a facilitar al tribunal respectivo la
consulta de la jurisprudencia que el interesado considera aplicable a su asunto, a fin de
decidir si efectivamente dicho asunto es similar a los que comprende la tesis de
jurisprudencia invocada. La cita de una tesis de jurisprudencia suele hacerse con referencia
a su número y a su sumario, con expresión de la página del apéndice del Semanario Judicial
de la Federación en que aparece publicadas, aunque ese estilo no incluye la designación
precisa de las ejecutorias que informan la jurisprudencia de que se trate, como previene el
artículo 221, usualmente es considerado suficiente para tomar en consideración la tesis
invocada, en razón de que las ejecutorias respectivas están listadas inmediatamente después
del sumario especificado en la invocación.
118
También usualmente la jurisprudencia se invoca y se aplica con exclusiva referencia a los
términos de los sumarios de las tesis respectivas, tal como aparecen en el Semanario
Judicial de la Federación. Pero como algunas veces las ejecutorias listadas a continuación
de dichos sumarios no corresponden exactamente al sentido de los mismos, es muy
conveniente que quien invoca una tesis de jurisprudencia tenga cuidado de comprobar,
mediante la lectura integra de las ejecutorias correspondientes, que ciertamente las propias
ejecutorias contienen la apreciación y la decisión que indica el sumario, pues lo obligatorio
es el criterio de las decisiones, según su tenor, y no el contenido del sumario.
11.6 La jurisprudencia solo es aplicable en casos jurídicamente análogos:
Si la jurisprudencia se forma por resoluciones dictadas en casos específicos concretos, su
aplicación debe entenderse restringida a casos similares a los que la motivaron, o sea, a los
que entrañen el mismo problema jurídico particular que fue resuelto en las ejecutorias
respectivas; y en consecuencia, también es necesario tener gran cuidado, al invocar y al
aplicar las tesis de jurisprudencia, de examinar si ciertamente el asunto en que se pretende
aplicarlas es jurídicamente análogo a los que se refieren las ejecutorias relativas, en vez de
atenerse a una expresión o a un argumento que, aunque expresado en la Ejecutoria, es
meramente colateral y aun contingente, sin ninguna trascendencia al sentido de la
resolución.
11.7 Contradicción de tesis y manera de resolverla:
La Ley de Amparo prevé que las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales
colegiados de circuito sustentan tesis contradictorias en sus respectivas resoluciones; la
contradicción puede ser entre resoluciones de una misma Sala o de un mismo tribunal
colegiado de circuito, entre las de una Sala y las de otra Sala, o entre las de un tribunal
colegiado de circuito, en relación con las de una Sala o con las de otro tribunal colegiado.
119
El artículo 225 no comprende específicamente todas esas posibilidades, sino que las prevén
en términos generales, y precisamente por esa generalidad, sus disposiciones deben
observarse en los distintos casos antes referidos.
El artículo 227 dispone que la contradicción sea denunciada ante el Acuerdo Pleno de la
Suprema Corte de Justicia, si se trata de Salas de ese alto tribunal, o ante la Sala de la
misma Suprema Corte que corresponda por razón de la materia, si se trata de tribunales
colegiados de circuito; el Acuerdo Pleno de la suprema Corte de Justicia, en el primer caso,
o la Sala respectiva, en el segundo, debe decidir cuál es la tesis que ha de prevalecer; pero
muy acertadamente el propio artículo 226 concluye con la prevención de que la resolución
que se dicte con motivo de las referidas contradicciones no afectara de ninguna manera las
situaciones jurídicas concretas resultantes de las sentencias en que ocurrió la contradicción,
pues cada una de esas sentencias sigue firme y valedera en sus propios términos y efectos,
porque la decisión de la contradicción de ninguna manera es una nueva instancia de la
respectiva controversia.
El texto vigente de los artículos 215, 216 y 217 disponen que la resolución de la
contradicción, ya por el Acuerdo Pleno, ya por una Sala de la Suprema Corte de Justicia,
constituyen tesis jurisprudencial obligatoria, con lo que dicha resolución de la contradicción
tiene un alcance practico, puesto que su sentido obliga en los casos similares futuros.
La posibilidad de que el sentido de la jurisprudencia sea modificado o variado por
resoluciones posteriores origina un serio problema: una vez que las resoluciones sostenidas
de la Suprema Corte de Justicia han definido la interpretación que debe darse a determinado
texto legal, ha de entenderse que son acertados y legítimos los actos de los particulares y las
resoluciones de los tribunales que se ajustan a tal interpretación, con arreglo a la cual los
primeros obtienen derechos y contraen obligaciones y los segundos deciden las
controversias; pero posteriormente la propia Suprema Corte de Justicia varía su criterio y
en una modificación de su jurisprudencia define una distinta interpretación de ese mismo
texto legal; ese nuevo criterio afecta en potencia, pero directamente los derechos
adquiridos, las obligaciones contraídas y las resoluciones no ejecutoriadas, que se apegaron
120
al anterior criterio de la jurisprudencia; lo que evidentemente da pie a que los interesados se
sientan defraudados puesto que, a pesar de haberse ajustado al sentido que la jurisprudencia
marcaba al tiempo de su actuación, sus relaciones jurídicas resultan con distinto alcance del
que se habían propuesto, por la aplicación de un nuevo criterio que desconocían totalmente.
En principio, por aplicación analógica de las reglas que norman la aplicación de las leyes en
el tiempo, puesto que la jurisprudencia es en sí misma una norma obligatoria para la
aplicación de las leyes, parece enteramente justificado que los tribunales constitucionales
debieran decidir que los actos ejecutados y las sentencias pronunciadas, antes de la
modificación de la jurisprudencia a que se avinieron, no incurrieron en violación de
garantías por la inexacta aplicación de la ley determinada en la nueva jurisprudencia; sin
embargo, con el argumento de que la jurisprudencia es obligatoria desde que queda
formada, la Suprema Corte de Justicia ha decidido que debe aplicarse sin ninguna
discriminación por razón del tiempo, pues rige para todas las resoluciones que hayan de
dictarse a partir de su formación; esa decisión se apoya además en que, si la legalidad de las
sentencias reclamadas debieran seguirse juzgando forzosamente de acuerdo con la
jurisprudencia que estaba en vigor al tiempo en que los interesados adquirieron el
respectivo vinculo jurídico, o siquiera al tiempo en que dichas sentencias fueron
pronunciadas, se tendrá que mantener el sentido de esa misma jurisprudencia
indefinidamente, y así no habrá oportunidad de que la Suprema Corte de Justicia la variara
o modificara, naturalmente para superarla, mediante la implantación del nuevo criterio.
En consecuencia, la previsión de los particulares de ajustar sus actos y contratos al criterio
de una tesis determinada de la jurisprudencia en realidad no les da completa seguridad de la
legalidad de sus actos y contratos porque, aun cuando lograsen que la decisión de su
controversia se ajustara a ese criterio, perfectamente bien puede ser que, al llegar el asunto
a su última decisión ante la Suprema Corte de Justicia, ese alto tribunal resuelva en el
diverso sentido marcado por su nueva jurisprudencia, establecida con posterioridad a la
actuación de los interesados y aun después de la sentencia reclamada.
121
Pero esa contingencia resulta estrictamente lógica y jurídica, porque es enteramente debido
que, cuando un tribunal llega a reconocer que era antijurídico el criterio con el que había
venido resolviendo determinado problema, sería absurdo y contra derecho obligarlo a que
mantenga su error indefinidamente, por tanto, debe reconocerse que es justo que aplique en
todo su alcance el nuevo criterio que considera más acertado para decidir en justicia; y debe
tenerse muy presente que en realidad la variación no es de la ley, que sigue siendo la
misma, y la autoridad judicial, por alta que sea su jerarquía, no puede variarla, sino
únicamente varia la interpretación de la misma ley, que si es atribución exclusiva de la
autoridad judicial, y debe hacerla con su propio criterio, naturalmente con sujeción a las
reglas jurídicas de la interpretación de las leyes, de acuerdo con su teología y con la
naturaleza y las cualidades de la relación que rigen, pero sin poder variar su sentido
determinado por su texto, y ese criterio, también lógica y jurídicamente, es susceptible de
ser modificado, en un nuevo enfoque del asunto, que considere un aspecto o una
circunstancia que anteriormente se había omitido. En fin, esta cuestión resulta ser
solamente una de las muchas en que la administración de la justicia es deficiente, por la
falibilidad humana y por la complejidad de los problemas.
Según los artículos 219 y 220, las ejecutorias de amparo que informan la jurisprudencia, así
como las que la contrarías, y los votos particulares que los ministros y magistrados hayan
emitido en relación con dichas ejecutorias, deben publicarse en el Semanario Judicial de la
Federación, en el que también se publican las ejecutorias que el Acuerdo Pleno de la
Suprema Corte de Justicia, las Salas de la misma o los tribunales colegiados de circuito, así
lo acuerden expresamente. Esa disposición tiene la finalidad de que el público en general y
los profesionistas del derecho, al mismo tiempo que los tribunales de toda categoría, tengan
conocimiento detallado de las razones que se tomaron en consideración para sustentar el
criterio aplicado en las ejecutorias que forman la jurisprudencia, con objeto de que dichos
profesionistas y dichos tribunales puedan a su vez aplicarlo adecuadamente en los casos en
que ellos intervienen; y la publicación de los votos particulares y de las ejecutorias que
contradicen las tesis ya establecidas por la jurisprudencia tienden a informar a los
interesados de las razones que se hayan aducido para contradecir dichas tesis, y a mas
122
hacen del dominio público las ejecutorias que en su oportunidad puedan llegar a formar
parte de la jurisprudencia.
11.8 Los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y aun modificar la
jurisprudencia:
Desde su creación en 1951, y mayormente por las reformas subsecuentes, los tribunales
colegiados de circuito conocen actualmente de varias clases de asuntos de amparo que
anteriormente correspondían al conocimiento de las Salas de la Suprema Corte de Justicia.
El respectivo cambio de competencia dejo prácticamente congelada la jurisprudencia que
las ejecutorias de dichas Salas habían formado en la materia a que esos asuntos pertenecían
pues, como ya no conocían de esos propios asuntos, las Salas no tenían ya oportunidad de
interrumpir y modificar la jurisprudencia que habían establecido, y las resoluciones de los
tribunales colegiados de circuito no formaban jurisprudencia, ni esos tribunales tenían
oportunidad de oponer su propia jurisprudencia a la de las Salas de la Suprema Corte de
Justicia, lo cual significaba que la jurisprudencia de dichas Salas quedaba sin posibilidad de
ser perfeccionada, sino que debía permanecer estática indefinidamente. Pero actualmente, a
partir de las reformas de 1968, las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito sí
forman jurisprudencia, en los términos que ya vimos anteriormente, de lo cual se sigue que
ya pueden oponer su propia jurisprudencia a la establecida por las Salas de la Suprema
Corte de Justicia, y aún más también por efecto de su actual competencia, los repetidos
tribunales colegiados de circuito pueden interrumpir, y aun modificar, con su propio
criterio, la jurisprudencia que las Salas de la suprema Corte de Justicia habían formado en
las clases de asuntos de que en la actualidad conocen dichos tribunales colegiados de
circuito, aunque naturalmente esa interpretación debe sujetarse a los requisitos que a tal
efecto previene el artículo 224, del que ya se trató en los párrafos anteriores.36
36 EL JUICIO DE AMPARO: CURSO GENERAL. Autor: Luis Bazdresch. Editorial Trillas. 2014. Pp. 335-343.
123
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un resumen del tema.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Según los romanos ¿qué significa jurisprudencia?
Significa la noticia de las cosas divinas y de las cosas humanas que da conocimiento
de lo justo y lo injusto.
2. ¿Cuál es la materia de la jurisprudencia?
La jurisprudencia de los tribunales de amparo puede versar sobre la interpretación
de algún precepto de la Constitución como de las prevenciones de cualquier ley ya
sea federal o local particularmente la del acuerdo pleno de la Suprema Corte de
Justicia.
3. ¿Cómo es el carácter obligatorio de la jurisprudencia?
Significa que el Tribunal que la estableció y todos los sometidos a su jurisdicción
federal o local, deben ajustar sus decisiones al criterio definido por dicha
jurisprudencia.
4. ¿Qué es la compilación de la jurisprudencia? Da un ejemplo.
A cada tesis deberá asignársele una clave que corresponde al Tribunal de que se
trate, los primeros dos dígitos corresponden al circuito de que se trate, el digito
siguiente al tribunal, los tres dígitos siguientes a la tesis, para identificar la época se
agrega un punto y el número correspondiente, en seguida, se agregaran las
abreviaturas relativas a cada una de las materia que en su caso proceda.
124
5. ¿Dónde se publican las ejecutorias de amparo que informan la jurisprudencia?
En el Semanario Judicial de la Federación al igual que las ejecutorias de la Suprema
Corte de Justicia.
125
UNIDAD XII
EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
NUEVO FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO AGRARIO EN MEXICO. Autor: Dr.
Ramón Martínez Lara. Editorial SISTA. 2014.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
A continuación se da a conocer el proceso que lleva el Juicio de Amparo en el ámbito
agrario. Las reformas a la Ley Agraria que se han hecho hasta el año 2014 y también como
se compone el nuevo proceso agrario. Así como, el término para su interposición, el plazo
para rendir el informe justificado, en general las características especiales de la demanda en
materia agraria hasta la sentencia dictada por los Tribunales Agrarios.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante conocerá como es que se realiza el Juicio de Amparo en materia Agraria, ya
que el mismo cuenta con reglas especiales diversas a las contempladas para la tramitación
del Juicio de Amparo o de Garantías en general.
126
TEMÁTICA:
12.1 Concepto:
Según el artículo 163 de la Ley Agraria: Son juicios agrarios los que tienen por objeto
sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación
de las disposiciones contenidas en la ley.
12.2 El nuevo proceso agrario:
Siguiendo los principios doctrinales tiene características esenciales que señalan la nueva
Ley Agraria vigente: y estos son:
Iniciativa de parte: conforme a los artículos 170 y 181 de la Ley Agraria, lo que significa
que dicho proceso solo puede iniciase a petición de parte es contrario al procedimiento
administrativo que se establecía en la Ley Federal de la Reforma Agraria y el que podría ser
iniciado de oficio por la autoridad agraria competente.
Igualdad jurídica de las partes: conforme a lo establecido en los artículos 179 y 186
último párrafo; característica que no es en detrimento de la suplencia de los planteamientos
de derecho a favor de los núcleos de población ejidales o comunales o de los ejidatarios o
comuneros como lo prescribe el artículo 164; sino que se refiere a que se debe procurar la
igualdad de las partes en cuanto a la asesoría jurídica y a la admisión y desahogo de las
pruebas a que se alguna en las partes habla algún idioma que no sea el español, esta cuente
con traductores.
Suplencia de los planteamientos de Derecho: como lo preceptúan el párrafo tercero del
artículo 164, que se conserva solo en cuanto al planteamiento legal, que pudiera ser
deficiente en las promociones de los núcleos agrarios o de sus integrantes, y no como
suplencia en forma amplia como lo ordenaba la Ley Federal de Reforma Agraria.
Conocimiento de la verdad, como lo prescriben los artículos 186, 187 y 189, el Tribunal
127
está obligado a agotar todos los medios para llegar al conocimiento de la verdad real o
material de los hechos controvertidos, estableciéndose la posibilidad de la práctica,
ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia que sea conducente para el
conocimiento de la verdad o de requerir documentos o pruebas a terceros o a dependencias
que los tengan, o requiriendo a terceros para que declaren lo que les conste al respecto.
Oralidad y expedites: la oralidad como sistema de desahogo del procedimiento se
establece con preferencia para que a la vez sea más expedito y oportuno, a fin de superar
los vicios en que se había incurrido de que un procedimiento agrario tardara años y años en
ser resuelto a tiempo que podría prolongarse por 20, 30 o más años; por lo que la Ley
Agraria en sus artículos 179 último párrafo, 180 último párrafo, 185 fracciones I y III, 188
último párrafo, 192, 193 y 197 y 50 fracción I del Reglamento Interior de los Tribunales
Agrarios establecen medidas para hacer más ágil del desahogo de las pruebas, y la emisión
de la sentencia correspondiente, estableciendo incluso, en el artículo 192 que las cuestiones
incidentales se resolverán conjuntamente con el principal a menos que por su naturaleza sea
forzosa decidirlas antes, o que se refieran a la ejecución de la sentencia, como podrían ser
los incidentes de incompetencia o falta de personalidad; pero que en ningún caso se formara
artículo de previo y especial pronunciamiento, sino que se decidirán de plano.
Inmediación o inmediatez: en materia agraria, por las características especiales que
revisten los conflictos o controversias se requiere que el juzgador conozca y escuche en
forma directa a las partes, valore su seguridad, su sinceridad, su grado de cultura y su
situación económica y social, para que en verdad, pueda como dice el artículo 189, dictar
una sentencia a verdad sabida, en conciencia y fundado y motivando las mismas, por lo que
el último párrafo del artículo 185 de la Ley Agraria y 50 fracción I del Reglamento Interior
de los Tribunales Agrarios, establecen la obligación del Magistrado de presidir la audiencia
con el propósito de dar cumplimiento a lo anteriormente citado.
Publicidad: como lo establece el artículo 194 las audiencias son públicas, excepto cuando
a criterio del Tribunal pudiera perturbarse el orden o propiciar la violencia; lo que es
consecuencia de ser un procedimiento en estricto derecho, pues en los procedimientos
128
administrativos que desahogaba la Secretaria de la Reforma agraria no se celebraban
audiencias, y los actos y comparecencias eran exclusivamente entre las partes, y en la
mayoría ni siquiera en presencia de ambas partes.
Conciliación: la conciliación ha sido siempre un medio de lograr la solución de los
conflictos agrarios, evitando el empleo de tiempo y dinero a los campesinos, que son los
que menos tienen, y sobre todo que dicho procedimiento no deja rencores y diferencias
entre las partes al llegar a una sentencia que en la mayoría de los casos se ejecuta por
voluntad de las mismas, por lo que la Ley Agraria impone como una obligación del
Tribunal intentar la conciliación de las partes hasta antes de dictar sentencia, como lo
prescribe el artículo 185 fracción VI, y 191 fracción I en cuanto a la ejecución de la
sentencia y el 135 y 136 en cuanto a las facultades de la Procuraduría Agraria para llevar a
convenios de conciliación a las partes en conflicto y solicitar al Tribunal agrario los eleve a
sentencia.
Legalidad: es importante destacar la vigencia del principio de legalidad en el proceso
agrario, que abarca tanto la institución y competencia del tribunal, como la marcha del
procedimiento. En el Derecho procesal mexicano campea, ciertamente, el principio de
legalidad. Ahora bien, conviene destacar este hecho en el caso particular de la justicia
agraria para seguir acentuando el carácter de los Tribunales como órganos de estricto
Derecho, y la imperiosa, indeclinable necesidad de que las resoluciones jurisdiccionales se
hallen bien cimentadas en la ley. No hay lugar para la discreción o el capricho de los
tribunales, ni siquiera bajo el argumento –que sería un pretexto- de aliviar el rigor de la Ley
y actuar según lo aconseje la equidad. Atrás de estas razones, aparentemente persuasivas, se
estaría refugiando una vieja e inadmisible flexibilidad, que pudo entenderse en las primeras
fases de la reforma agraria pero no carece de sentido en este momento.
Defensa: el justiciable, que no es por la fuerza un perito en derecho –en la realidad rara vez
lo es- debe asistir al juicio debidamente asesorado. Ningún procedimiento es hoy día a tal
punto sencillo, y ninguna contienda resulta a tal punto intrascendente, que sea razonable ver
con indiferencia la actuación de personas que carecen de formación jurídica, sin asistencia
129
de esta naturaleza a cargo de verdaderos profesionales. La ley procesal establece un sistema
completo de asistencia legal que sustente el principio de bilateralidad, y otorgue sentido al
dogma audita altera pars. La audiencia, en efecto, carece de significado –o resulta
peligrosa, dañina- si quien es escuchado no tiene defensa. La igualdad ante la Ley- una
igualdad real, se entiende, no apenas una igualdad aparente- se sirve mejor cuando las
partes comparecen al juicio con asistencia legal. Esto forma parte del debido proceso legal,
o bien, según nuestra tradición hispánica, de las formalidades esenciales del procedimiento.
Celeridad y concentración: se trata en realidad de dos exposiciones de un mismo interés y
de su correspondiente regulación: el interés y la regulación de la razonable y posible
prontitud en el despacho de la justicia. Con ello se quiere corregir una antigua y arraigada
realidad, que consta en el conocido reproche: justicia retardada es justicia denegada. Con la
celeridad se asocia la concentración que a diferencia del principio de continuidad, pugna
por reunir en una sola audiencia o en un número pequeño de audiencias, celebradas a
intervalos muy breves, las diligencias principales del proceso, inclusive la sentencia. 37
12.3 Características especiales de la demanda en materia agraria:
La demanda es el documento que se presenta por escrito o verbalmente por comparecencia
personal, por la cual se solicita al Tribunal Unitario Agrario o Superior Agrario la
resolución; de una controversia agraria o una declaración de certeza judicial.
Al respecto el artículo 107 de la Ley Agraria dispone:
El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso,
se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera
concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e
imparcialidad debidas. Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que
comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se
37 NUEVO FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO AGRARIO EN MÉXICO. Autor: Dr. Ramón Martínez Lara. Editorial SITSA. 2014. Pág. 22-30.
130
expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la
fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no
menor a cinco ni mayor a diez días, contado a partir de la fecha en que se practique el
emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas,
salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la
audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de
quince días. Atendiendo a circunstancias especiales de lejanía o apartamiento de las vías de
comunicación y otras que hagan difícil el acceso de los interesados al tribunal, se podrá
ampliar el plazo para la celebración de la audiencia hasta por quince días más.
Debe llevarse en los tribunales agrarios un registro en que se asentarán por días y meses,
los nombres de actores y demandados y el objeto de las demandas que se presenten
diariamente y dar cuenta por el secretario de acuerdos al magistrado del Tribunal Unitario
Agrario correspondiente para su acuerdo de aceptación o tramite o de aclaración, desde
luego otorgándole un nuevo número de expediente para control interno de información del
índice y control respectivo. 38
12.4 Emplazamiento:
Es el acto procesal dictado en el auto o acuerdo de admisión en que se ordena por los
tribunales agrarios que a través del actuario adscrito se comunique legalmente al
demandado el emplazamiento al juicio con copia de la demanda para que la conteste a más
tardar el día de la audiencia de ley, en que deberá ofrecer las pruebas convenientes de su
interés jurídico de ignorar el domicilio del demandado se emplazara por edictos; y este
acuerdo deberá contener como mínimo, el nombre del actor, la causa de la demanda, lo que
se pretende obtener, la fecha y hora de la audiencia.
Al respecto los artículos 171 hasta 178, de la Ley Agraria, establecen:
Artículo 171.- El emplazamiento se efectuará al demandado por medio del secretario o
actuario del tribunal en el lugar que el actor designe para ese fin y que podrá ser:
38 “Op cit”. Pp.31-32.
131
I. El domicilio del demandado, su finca, su oficina o principal asiento de negocios o el
lugar en que labore; y
II. Su parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de creerse que se halle al
practicarse el emplazamiento.
Artículo 172.- El secretario o actuario que haga el emplazamiento se cerciorará de que el
demandado se encuentra en el lugar señalado y lo efectuará personalmente. Si no lo
encontraren y el lugar fuere de los enumerados en la fracción I del artículo anterior,
cerciorándose de este hecho, dejará la cédula con la persona de mayor confianza. Si no se
encontrare al demandado y el lugar no fuere de los enumerados en la fracción I mencionada
no se le dejará la cédula, debiéndose emplazarse de nuevo cuando lo promueva el actor.
Artículo 173.- Cuando no se conociere el lugar en que el demandado viva o tenga el
principal asiento de sus negocios, o cuando viviendo o trabajando en un lugar se negaren la
o las personas requeridas a recibir el emplazamiento, se podrá hacer la notificación en el
lugar donde se encuentre. Previa certificación de que no pudo hacerse la notificación
personal y habiéndose comprobado fehacientemente que alguna persona no tenga domicilio
fijo o se ignore dónde se encuentre y hubiere que emplazarla a juicio o practicar por
primera vez en autos una notificación personal, el tribunal acordará que el emplazamiento o
la notificación se hagan por edictos que contendrán la resolución que se notifique, en su
caso una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces
dentro de un plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor circulación en la región en
que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento agrario y en el periódico
oficial del Estado en que se encuentre localizado dicho inmueble, así como en la oficina de
la Presidencia Municipal que corresponda y en los estrados del tribunal.
Las notificaciones practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos una vez
transcurridos quince días, a partir de la fecha de la última publicación por lo que, cuando se
trate de emplazamiento, se deberá tomar en cuenta este plazo al señalar el día para la
celebración de la audiencia prevista en el artículo 185.
132
Si el interesado no se presenta dentro del plazo antes mencionado, o no comparece a la
audiencia de ley, las subsecuentes notificaciones se le harán en los estrados del tribunal.
Sin perjuicio de realizar las notificaciones en la forma antes señalada, el tribunal podrá,
además, hacer uso de otros medios de comunicación masiva, para hacerlas del
conocimiento de los interesados.
Quienes comparezcan ante los tribunales agrarios, en la primera diligencia judicial en que
intervengan, o en el primer escrito, deben señalar domicilio ubicado en la población en que
tenga su sede el tribunal respectivo, o las oficinas de la autoridad municipal del lugar en
que vivan, para que en ese lugar se practiquen las notificaciones que deban ser personales,
las que, en caso de que no esté presente el interesado o su representante, se harán por
instructivo. En este caso, las notificaciones personales así practicadas surtirán efectos
legales plenos.
Cuando no se señale domicilio para recibir notificaciones personales, éstas se harán en los
estrados del tribunal.
Artículo 174.- El actor tiene el derecho de acompañar al secretario o actuario que practique
el emplazamiento para hacerle las indicaciones que faciliten la entrega.
Artículo 175.- El secretario o actuario que practique el emplazamiento o entregue la cédula
recogerá el acuse de recibo y, si no supiere o no pudiere firmar la persona que debiera
hacerlo, será firmado por alguna otra presente, en su nombre, asentándose el nombre de la
persona con quien haya practicado el emplazamiento en el acta circunstanciada que se
levante y que será agregada al expediente.
Artículo 176.- En los casos a que se refiere el artículo 172, el acuse de recibo se firmará por
la persona con quien se practicará el emplazamiento. Si no supiere o no pudiere firmar lo
hará a su ruego un testigo; si no quisiera firmar o presentar testigo que lo haga, firmará el
testigo requerido al efecto por el notificador. Este testigo no puede negarse a firmar, bajo
multa del equivalente de tres días de salario mínimo de la zona de que se trate.
133
Artículo 177.- Los peritos, testigos y, en general, terceros que no constituyan parte pueden
ser citados por cédula o por cualquier otro medio fidedigno, cerciorándose quien haga el
citatorio de la exactitud de la dirección de la persona citada.
Artículo 178.- La copia de la demanda se entregará al demandado o a la persona con quien
se practique el emplazamiento respectivo. El demandado contestará la demanda a más
tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. En este
último caso, el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación
por escrito en forma concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios
de objetividad e imparcialidad debidas. 39
12.5 Audiencia de ley:
En la parte adjetiva de la Ley Agraria que comprende de los artículos 163 al 200, son
diversos los preceptos que se refieren al tema de la audiencia; sin embargo, ninguno señala
que en el auto que admite la demanda se deberá precisar hora y fecha para el desahogo de la
misma. Esta omisión se ha subsanado en la práctica por los Tribunales Unitarios Agrarios.
El segundo párrafo del artículo 170, dispone que recibida la demanda, se emplazara al
demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. También
refiere que en el emplazamiento se expresará, por lo menos… la fecha y la hora de la
audiencia,… y advierte que en dicho acto se desahogaran las prueba, salvo las que no
puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y podrá
continuar en un plazo de quince días.
El siguiente párrafo, prevé que se podrá ampliar el plazo para la celebración de la audiencia
hasta por quince días más, atendiendo a circunstancias especiales de lejanía o apartamiento
de las vías de comunicación y otras que hagan difícil el acceso de los interesados al
Tribunal.
39 “Op cit” pp. 145-151.
134
El artículo 173, tercer párrafo, señala que para la celebración de la audiencia, tratándose de
notificación o emplazamiento por edictos, se deberá tomar en cuenta que hayan
transcurrido quince días a partir de la última publicación, para que surtan sus efectos.
En el siguiente párrafo se indica si el interesado no se presenta dentro del plazo antes
mencionado, o no comparece a la audiencia de ley, las subsecuentes notificaciones se le
harán en los estrados del Tribunal.
El artículo 178 precisa que el demandado contestara la demanda a más tardar en la
audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante comparecencia. A diferencia del
artículo 170, este precepto señala la forma de como contestar la demanda en la audiencia.
Por su parte, el artículo 179 previene la suspensión del procedimiento cuando una de las
partes acuda a la audiencia sin asesoría legal; de inmediato se solicitaran los servicios de un
defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto gozara de cinco días,
contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento.
El artículo 180 señala que el Tribunal Unitario Agrario, con especial cuidado constatará que
el demandado fue correctamente emplazado y lo llamara para que conteste la demanda, si
no estuviere presente continuara con la audiencia. Si el demandado se presentara continuara
ésta con su intervención según el estado en que se halle y no se admitirá prueba sobre
ninguna excepción si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza mayor que le
impidiera presentarse a contestar la demanda.40
12.6 Las pruebas en el proceso agrario:
Admisión y desahogo:
Se inicia con las pruebas que ofrece la parte actora y después con las de la parte
demandada. El magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a
40 “Op cit” pp.162-163.
135
cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las partes entre sí o con los testigos y a
éstos los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer
por peritos, en términos del artículo 185, fracción IV de la Ley Agraria.
En cuanto a este tema, la Ley Agraria dispone lo siguiente:
Artículo 186.- En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras
no sean contrarias a la ley. Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera
que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier
diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos
cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente
para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y
procurando siempre su igualdad.
Artículo 187.- Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus
pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas
ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar
oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados
por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su
poder; para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo
protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos. 41
12.7 Alegatos:
Una vez desahogadas las pruebas, el Tribunal oirá los alegatos de las partes, concediendo
tiempo para que se formulen. En este caso es invitar a los contendientes para que los
formulen por escrito otorgando el término necesario para ello.
En la parte final de la fracción VI del citado artículo 185 de la Ley Agraria, se indica que
transcurrido el periodo de alegatos y para que se produzcan se otorgan tres días a las partes,
41 “Op cit”. Pp. 203-227.
136
ordenándose que fenecido el plazo, con o sin ellos se turnaran los autos para emitir
sentencia; se podrá en su caso, de ser posible, cuando se producen en la misma audiencia
por el Tribunal pronunciar su fallo en presencia de las partes de una manera clara y sencilla.
Esto último no deja de ser una buena voluntad del legislador, sin embargo, en la práctica es
casi imposible porque en la mayoría de los casos, el estudio de los hechos de la demanda,
así como de su contestación, o bien, de la reconvención en su caso, adminiculados con los
medios probatorios traídos al procedimiento requieren de un término prudente para fallar,
circunstancia que se salva con lo previsto en el siguiente artículo:
Artículo 188.- En caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por
el tribunal de conocimiento, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que
estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de veinte días, contados a
partir de la audiencia a que se refieren los artículos anteriores.
No se continuara el trámite en los juicios donde se llega a un convenio conciliatorio entre
las partes o bien en juicios sucesorios en que no existe controversia entre los sucesores, en
los cuales es posible dictar un fallo de inmediato. 42
12.8 Resolución agraria:
Es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto
o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso. La sentencia en el juicio
agrario. Las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictaran a verdad sabida, sin
necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos
y los documentos según los Tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundado y
motivando sus resoluciones.
Artículo 189.- Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin
necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos
42 “Op Cit”. Pp. 229-230.
137
y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y
motivando sus resoluciones.
Artículo 190.- En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del
actor durante el plazo de cuatro meses producirán la caducidad.43
12.9 Recurso de revisión:
En materia agraria y dentro del juicio agrario, se establece únicamente el recurso de
revisión en contra de las sentencias de los tribunales unitarios, en los casos señalados por el
artículo 198 de la Ley Agraria:
Artículo 198.- El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los
tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre:
I.- Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de
población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios
núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;
II.- La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; o
III.- La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria.
Este precepto guarda relación con el artículo 9º, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de
los Tribunales Agrarios.
Los recursos en el sentido estricto, son medios de impugnación previstos por la Ley, que se
conceden a las partes para que obtengan mediante su interposición la modificación o la
revocación de la resolución dictada por un tribunal de primera instancia y que deberá ser
substanciada por una instancia superior. En sentido más amplio se interpone para revocar,
modificar o anular una resolución judicial, ya sea auto o decreto.
43 “Op Cit”. Pp. 740-741.
138
Así también, los artículos 199 y 200 de la Ley Agraria, manifiestan:
Artículo 199.- La revisión debe presentarse ante el tribunal que haya pronunciado la
resolución recurrida dentro del término de diez días posteriores a la notificación de la
resolución. Para su interposición, bastará un simple escrito que exprese los agravios.
Artículo 200.- Si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos del artículo 198 y es
presentado en tiempo, el tribunal lo admitirá en un término de tres días y dará vista a las
partes interesadas para que en un término de cinco días expresen lo que a su interés
convenga. Una vez hecho lo anterior, remitirá inmediatamente el expediente, el original del
escrito de agravios, y la promoción de los terceros interesados al Tribunal Superior Agrario,
el cual resolverá en definitiva en un término de diez días contado a partir de la fecha de
recepción. Contra las sentencias definitivas de los Tribunales Unitarios o del Tribunal
Superior Agrario sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito
correspondiente. En tratándose de otros actos de los Tribunales Unitarios en que por su
naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda.44
12.10 Ejecución de las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios:
Para que resulten ejecutables las sentencias en materia agraria, se deberá atender al
principio jurídico procesal de la ejecutoriedad, esto es que se encuentren firmes
definitivamente, es decir, que en su contra no se haya opuesto recurso alguno o que una vez
substanciando el mismo se ha resuelto dejando firme la sentencia por resolución de los
tribunales agrarios, o sea que hayan causado ejecutoria por voluntad de las partes al no
haber promovido el recurso legal en su contra o que se haya decidido definitivamente.
Al respecto, la Ley Agraria previene diversas formas para ejecutar las sentencias dictadas
por los Tribunales Agrarios en su artículo 191, encontrado novedades en este aspecto,
otorgando facilidades a las partes hasta lo imposible para que ellas mismas propongan y
44 NUEVO FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO AGRARIO EN MÉXICO. Autor: Dr. Ramón Martínez Lara. Editorial SITSA. 2014. Pp. 577-582.
139
solucionen la forma desde luego que se aplicara en esta fase del procedimiento agrario, el
capítulo correspondiente del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la materia agraria, conforme al artículo segundo de la propia ley, teniéndose en
cuenta lo dispuesto en el título quinto, de las reglas generales de ejecución y el capítulo
tercero, de dicho título que marca las formas de ejecución, localizados dentro del Código
Federal mencionado.
Artículo 191.- Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata
ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias,
incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin
contravenir las reglas siguientes:
I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las
interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que
lleguen a un avenimiento a ese respecto; y
II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de
institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con
audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la
aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor
tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere
cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente.
Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a
tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la
superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada,
dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario.
En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se
presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones
que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante.
140
Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del
conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el
plano definitivo.
La institución prevista en la fracción segunda, del precepto citado, de garantizar el
cumplimiento de la sentencia mediante fianza o garantía suficiente, es nueva y única en el
Derecho Procesal Agrario y procura una ejecución con facilidades para la parte vencida y
seguridad a su cumplimiento para la parte vencedora dentro del proceso agrario al haber
demostrado el mejor derecho en la cuestión controvertida; este artículo en realidad busca el
beneficio y la tranquilidad para los hombres del campo que buscan justicia ante los nuevos
tribunales agrario, que han colmado en gran medida la sed de justicia anhelada en la
historia del derecho agrario.45
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realizar un mapa conceptual con los puntos más importantes abordados en esta
unidad.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Escribe el concepto del Juicio de Amparo en materia Agraria.
Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las
controversias que se susciten por aplicación de disposiciones contenidas en la ley.
2. ¿A qué se refiere con celeridad y concentración en el nuevo proceso agrario?
45 “Op Cit”. Pp. 583-585.
141
Se trata de dos exposiciones de un mismo interés y de su correspondiente
regulación, en otras palabras rapidez y concentración de audiencias celebradas a
intervalos muy breves, inclusive la sentencia.
3. ¿Qué es el emplazamiento y que artículos de la Ley Agraria lo rigen?
El emplazamiento de efectuará al demandado por medio del secretario o del actuario
del Tribunal y podrá ser en el domicilio del demandado, su finca, casa, oficina o
negocio, en su parcela o en el lugar que frecuente al momento de realizar el
emplazamiento. Artículos 171 y 178 de la Ley Agraria.
4. ¿Qué señala el artículo 180 de la Ley Agraria?
Señala que el Tribunal Unitario Agrario constatará que el demando fue debidamente
emplazado, lo llamara para contestar la demanda y continuará con la audiencia.
5. ¿Qué es la resolución agraria?
Es la que pronuncia el Juez o Tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o
controversia lo que significa la terminación normal del proceso.
142
UNIDAD XIII
EL JUEZ DE SITRITO EN SU DOBLE FUNCION DE JUEZ
CONSTITUCIONAL Y JUEZ DE INSTRUCCIÓN.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Editorial
THEMIS. 2005.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
A continuación se analizan las funciones que tiene un Juzgado de Distrito en materia Penal,
como se organiza, cuales son las atribuciones de las secciones del mismo, como son la
sección de apoyo, la sección de amparo y la sección penal.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante, al terminar esta unida de estudio, comprenderá las funciones y la
organización de cada sección de un Juzgado de Distrito en materia Penal.
TEMÁTICA:
13.1 Juzgado de Distrito en materia penal:
El Juzgado de Distrito en materia penal, como órgano del Poder Judicial Federal, tiene
encomendada una doble función: por una parte, su titular actúa como juez constitucional, y,
143
por la otra, como juez de instrucción, juez de proceso o juez natural, dado que el artículo 51
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en sus fracciones I y II le da
facultad para conocer de los delitos del orden federal y de los procedimientos de
extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales; y en las fracciones III,
IV y V para la tramitación de los juicios de amparo.
Como juez constitucional se encarga de la tramitación de los juicios de amparo de
naturaleza penal, y como juez de instrucción tramita el proceso penal federal.
Los juzgados de jurisdicción mixta se encargan de la tramitación de los juicios de amparo
penal, administrativo, agrario, civil y laboral y de los procesos penales federales, civiles
federales y del juicio ordinario federal.
Los juzgados especializados por razón de la materia sólo conocen de la que le es asignada,
tanto en lo que se refiere al juicio de amparo, como al proceso.
13.2 Organización de un Juzgado de Distrito en Materia Penal:
Para que el juzgado pueda realizar las labores que tiene encomendadas, es preciso que su
titular organice debidamente su funcionamiento, que determine los sistemas de trabajo que
han de seguirse, que asigne las tareas a cada una de las personas que colaboraran con él y
que señalen la ubicación y utilización del mobiliario y equipo que se le proporcione.
Además de esa facultad de organización, el titular del juzgado tiene además la facultad de
nombramiento, ya que el juez es quien, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nombra a los secretarios, actuarios y
empleados del juzgado, y el que concede licencia y vacaciones a su personal, conforme al
artículo 97 del mismo ordenamiento.
El Juez de Distrito, además, posee la facultad de decisión, que le permite emitir sus
resoluciones judiciales, la facultad de mando, para ordenar a sus colaboradores la
realización de determinadas tareas, la de disciplina, para imponer sanciones por
incumplimiento del deber o por la comisión de faltas, la de vigilancia, que le permite
144
supervisar el comportamiento del personal en el desempeño de sus labores, y la de
revisión, para examinar el trabajo realizado con el objeto de evitar fallas y corregir las que
llegaren a aparecer. Desde luego que las facultades de nombramiento, de organización, de
disciplina, de decisión, las realiza directamente el juez, así como las de mando, revisión y
vigilancia, pero estas tres últimas las puede delegar en alguno de los secretarios o actuarios.
13.3 Secciones del juzgado:
Tratándose de un Juzgado de Distrito en materia penal, una vez designado el personal que
colaborará con el juez, deberá proceder a la organización de las secciones del juzgado, esto
es, la de amparo y la de trámite de procesos penales, así como la sección de apoyo, que si
bien es cierto que no resuelve amparos ni procesos, sin embargo brinda su auxilio para que
estas dos actividades puedan realizarse.
a) Sección de apoyo:
Brinda apoyo a las labores del juzgado está formada por la sección administrativa, por la
oficialía de partes, por el archivo, por la mesa de correspondencia, por la mesa de
diligenciacion de exhortos, por la de estadística y por la de control de caja de valores.
- La Sección Administrativa: lleva el control de los recursos humanos, materiales y
financieros del juzgado.
o Para llevar el control de los recursos humanos forma el expediente personal
de cada uno de los funcionarios y empleados que trabajan en el mismo, con
los documentos necesarios: acta de nacimiento, fotocopia del título y cédula,
en su caso, registro federal de causantes, etc. Asimismo, tramita los
nombramientos, avisos de licencias, avisos de vacaciones, ascensos, avisos
de baja y todo lo relativo a nombramiento del personal. Lleva el control de
asistencia de las personas que trabajan en el juzgado.
145
o Para el control de los recursos materiales, se encarga de que el juzgado
cuente con el mobiliario y equipo de trabajo, papelería y útiles de escritorios
necesarios para el desempeño de las labores. Para ello oportunamente hace
el pedido correspondiente al almacén de la Suprema Corte que proporciona
todo lo mencionado, además de numerosas formas impresas.
o Esta sección lleva el control de los bienes muebles del juzgado y de los
resguardos que firman los que los tienen en su poder.
o El control de los recursos financieros, lo realiza a través del manejo de los
gastos menores que proporciona la Suprema Corte y que utiliza para adquirir
el material de trabajo que no proporciona el almacén y todos aquellos gastos
de emergencia que se presenten.
o También se encarga del trámite de la correspondencia del juzgado, el cual
clasifica en diferentes expedientes.
- Oficialía de partes: lleva el registro de toda la correspondencia que ingresa al
juzgado además de su respectiva anotación en el Libro de Correspondencia
proporcionado por la Suprema Corte. Cuenta con dos Libros Auxiliares, en uno se
anotan los números de los amparos y las mesas que lo tramitan; y en otro, los
números de los procesos y nombre de los procesados, para que el oficial de partes
clasifique y turne adecuadamente las promociones a las mesas de trámite. En
algunos juzgados se llevan dos Libros de Registros de Correspondencia, uno para la
sección penal y otro para la de amparos.
- Archivo: concentra los expedientes de amparo, los de procesos y de la sección
administrativa que están terminados, así como los Libros de Registro que se
encuentran concluidos. Guarda igualmente, los objetos de delito que son remitidos
con las consignaciones, entre tanto se determina en la sentencia con que culmina el
proceso, el destino de esos objetos de delito.
- Mesa de correspondencia y Mesa de diligenciación de exhortos: registra los
exhortos y despachos que libra el juzgado de Distrito y se encarga de anotar los
146
datos relativos a los exhortos y despachos que se reciban en el propio juzgado y
cuida que sean debidamente diligenciados. Su actividad se anota en un libro que se
llama de Registro de Exhortos y Despachos.
- Mesa de estadística: concentra la sección penal el informe acerca del número de
procesos que se inician y de las sentencias que se dictan mensualmente; y la sección
de amparos el número de demandas que se admiten, que se desechan por falta de
aclaración y de los que se resuelven, para formular la estadística correspondiente.
- Control de la caja de valores: donde se conservan los billetes de depósito que
garantizan la libertad de algún procesado o la suspensión provisional o definitiva de
algún quejoso, así como los billetes de custodia que expide Nacional Financiera,
respecto de algún objeto de delito que debe conservarse en la forma como se
recogió. Para el control de la caja de valores se lleva un libro en que se anotan con
número progresivo cada uno de los sobres que se encuentran en la caja. Es
recomendable que solo una persona conozca la combinación de la referida caja.
b) Sección de amparo:
Es la sección encargada de recibir de la Oficialía de Partes todas las demandas de garantías
que se presentan. Las estudia el secretario respectivo y comprueba si el juzgado es
competente, si la demanda es procedente y si reúne los requisitos que señala el artículo 116
de la Ley de Amparo. Da cuenta con ella al juez, para que el titular indique si está o no
impedido para conocer de la demanda, y en caso de no estarlo, para que acuerde si la
admite o no.
En el supuesto caso de que la demanda sea admitida, el Secretario la anota en el Libro de
Registro de Juicios de Amparo, que proporciona la Corte.
En caso de que la demanda no sea admitida o que el juzgado se declare incompetente para
conocer de la misma, o que resulte improcedente o que tuviere alguna irregularidad que
147
amerite aclaración, la registra el secretario en el Libro Auxiliar de Juicios de Amparo y
forma el cuadernillo de antecedentes respectivos, en su caso.
c) Sección penal:
Se encarga de recibir las consignaciones que le turna la Oficialía de Partes y, previo
acuerdo del juez, radica la causa, decreta la detención, ordena la presentación del inculpado
para que rinda su declaración preparatoria y dentro del término constitucional proyecta la
resolución que proceda, bien sea formal prisión o libertad o sujeción a proceso. Recibe las
promociones que correspondan a cada uno de los procesos que tiene instaurados y lleva el
trámite de los mismos hasta el dictado de la sentencia correspondiente y su
cumplimentación al quedar firme.
Esta sección penal cuenta con una mesa de averiguaciones a la que se turnan las
consignaciones si detenido, con pedimento de orden de aprehensión, para radicarlas y, en su
oportunidad, previo acuerdo del titular, resolver si se dicta o no la orden de aprehensión.46
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un cuadro sinóptico del tema.
Realizar una visita a algún Juzgado en materia Penal, cercana a su lugar de
residencia.
46 MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Editorial THEMIS. 2005. Pp.265-274.
148
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. Describe la doble función del Juez de Distrito en materia penal.
Por una parte es Juez Constitucional y por otra parte es Juez de Instrucción. Como
Juez Constitucional tramita los juicios de amparo en materia penal y como Juez de
Instrucción tramita el proceso penal federal.
2. ¿Qué facultades tiene el Juez de Distrito en materia penal?
Facultades de administración, nombramiento, organización, de decisión, mando,
disciplina, vigilancia, revisión.
3. Menciona las secciones para organizar un Juzgado de Distrito en materia penal.
Sección de apoyo, sección de amparo y sección penal.
4. Describe la sección administrativa.
Es aquella que lleve el control de los recursos humanos, materiales y financieros del
juzgado.
5. Describe la sección penal.
Recibe la consignación que le turna la oficialía de partes. Previo acuerdo del Juez
radica la causa, decreta la detención, ordena la presentación del inculpado para que
rinda su declaración preparatoria y dentro del término constitucional proyecta la
resolución que proceda: formal prisión, libertad o sujeción al proceso. Recibe
promociones y lleva trámite de proceso hasta el dictado de sentencia y
cumplimiento en firme.
149
UNIDAD XIV
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUICIO DE
AMPARO EN MATERIA PENAL
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Autor: Jesús Quintana Valtierra. Alfonso
Cabrera Morales. Editorial Trillas. 2008.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En esta unidad se analizan los principios fundamentales del Juicio de Amparo en materia
Penal, así como, el procedimiento que debe llevarse para la iniciación del trámite y todo lo
relacionado a la demanda, competencia, suspensión, sobreseimiento y pruebas, que deben
exponerse dentro del Juicio. Hasta el proceso de sentencia y de los recursos de los que se
pueden llegar a valer las personas interesadas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante conocerá del proceso que debe llevarse al interponer un Juicio de Amparo en
materia Penal, así como los requisitos de debe cumplir para el trámite del mismo.
150
TEMÁTICA:
14.1 Principios fundamentales:
1. De iniciativa o instancia de parte. El juicio no procede oficiosamente (art. 107, frac.
I, Constitucional y 4º. De la Ley de Amparo).
2. De existencia del agravio personal y directo. Agravio esto menoscabo u ofensa a la
persona. Es personal ya que debe concretarse en alguien y no ser abstracto. Es
directo porque debe haberse producido, estarse ejecutando o ser inminente (art. 107,
frac. I, Constitucional y 73, fracs. V y VI, de la Ley de Amparo).
3. De la relatividad de la sentencia. Las autoridades que en virtud de sus funciones
tienen que intervenir en la ejecución del acto reclamado, están obligadas a acatar la
sentencia de amparo, aunque no hayan sido parte del juicio (tesis 137, último
apéndice, parte común al pleno y a las salas. Así como art. 105 Constitucional,
penúltimo párrafo, de la frac. I [controversia constitucional]).
En la llamada “Fórmula Otero”. Las sentencias sólo surten efectos en relación con
las personas que promovieron el juicio de amparo (art. 107, frac. II, Constitucional
y 76 de la Ley de Amparo).
4. De definitivita del acto reclamado:
a) En materia penal (art. 73, frac.)
b) No es necesario agotar apelación contra auto de formal prisión (tesis juris. 58,
60 y 64, último apéndice, tercera sala).
c) Si el quejoso no es emplazado a juicio (tesis juris. 139, último apéndice, tercera
sala).
d) Si el quejoso es extraño al procedimiento (art. 73, frac. XIII, de la Ley de
Amparo; tesis juris. 199 y 400, último apéndice, partes común pleno y sala).
e) Si el acto reclamado carece de fundamentación (art. 73, frac. XV, último párrafo
de la Ley de Amparo).
f) En materia administrativa, si el recurso no prevé la suspensión o previéndola
exige más requisitos que los que indica el artículo 124 de la Ley de Amparo
(arts. 107, frac. IV, Constitucional y 73, frac. XV, de la Ley de Amparo).
151
g) Si se reclama una ley (art. 73, frac. XII, de la Ley de Amparo, y tesis
jurisprudencial 403, último apéndice, segunda sala).
5. De estricto derecho:
a) Si el quejoso se equivocó al citar el número del precepto constitucional violado,
se le ampara por los que realmente aparezcan violados (art. 79 de la Ley de
Amparo).
b) En materia penal, la suplencia opera aún ante la ausencia de conceptos de
violación o de agravios del reo (art. 76 Bis, frac. II, de la Ley de Amparo).
c) En materia obrera, si es el trabajador (art. 76 Bis, frac. IV, de la Ley de
Amparo).
d) En materia agraria (art. 76 Bis, frac. III, de la Ley de Amparo).
e) Si se promueve a favor de menores e incapaces (art. 76 Bis, frac. V, de la Ley de
Amparo).
f) Si el acto reclamado se funda en la ley declarada inconstitucional por la
jurisprudencia de la corte (art. 76 Bis, frac. I, de la Ley de Amparo).
g) En materia civil y administrativa, cuando se advierta que habido en contra del
quejoso o del particular recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo
haya dejado sin defensa (art. 76 Bis, frac. VI, de la Ley de Amparo).
14.2 Duplicidad de juicios:
Si el juez de distrito ante quien se haya interpuesto el juicio de amparo, tiene conocimiento
de que otro juez está conociendo de un juicio promovido por el mismo quejoso, contra las
mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean
diversos.
Dará aviso inmediatamente a dicho juez por medio de oficio, acompañándole copia de la
demanda, con expresión del día y la hora de su presentación.
152
El juez que reciba dicho oficio, después de escuchar los alegatos que las partes puedan
formular dentro del término de tres días, resolverá en 24 horas. Si decide que se trata del
mismo asunto y reconoce la competencia del otro juez, le mandará los autos. En caso
contrario, sólo le comunicará su resolución.
Si el juez requeriente está de acuerdo con la resolución del requerido, lo comunicará y le
enviará los autos; en caso contrario, le pedirá la remisión de los que obren en su poder.
Si el requeriente no estuviere conforme con la resolución del requerido y se trata de jueces
de la jurisdicción del mismo Tribunal Colegiado de Circuito, lo hará saber al requerido y
ambos remitirán al citado tribunal copia certificada de las respectivas demandas con
expresión de la fecha y hora de su presentación, y constancias conducentes.
Con lo que exponga el Ministerio Público y aleguen las partes, se resolverá en ocho días
cuál de los jueces debe conocer el caso, o se trata de asuntos diversos y que cada uno debe
conocer por separado.
Si se trata de jueces que no sean de la jurisdicción del mismo tribunal, la tramitación es
igual, excepto que la copia certificada de las demandas, con expresión de la fecha y hora de
su presentación, y constancias conducentes, se enviará el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, quien turnará el caso a la sala correspondiente. Si se resuelve que se
trata de un mismo asunto, únicamente se continuará el juicio promovido ante el juez
declarado competente.
Solo subsistirá el auto dictado en el incidente de suspensión, sobre la definitiva,
pronunciado por el juez declarado competente, quién, sin acumular, los expedientes,
sobreseerá en el otro juicio, quedando sin efectos el auto de suspensión en él dicado, sin
perjuicio de hacer efectivas las cauciones o medidas de aseguramiento de decretadas. Si el
expediente está en revisión, se hará saber la resolución dictada en el principal al que
conozca de la revisión. Si el juez de distrito declarado competente, o si el tribunal colegiado
o la corte, no encontraren motivo fundado para haberse promovido dos juicios de amparo
contra el mismo acto reclamado, impondrán al quejoso, o a su apoderado, o a su abogado o
153
a ambos, una multa de 30 a 180 días de salario, sin perjuicio de las sanciones penales que
procedan, salvo que se trate de los actos mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo
(art. 51 de la Ley de Amparo).
14.3 Del procedimiento en el Juicio de Amparo Indirecto: (Iniciación del trámite)
- Oficialía de partes.
a. Recibe la demanda.
b. La registra en el libro de correspondencia.
c. La pasa a la secretaría de trámite.
1. Secretario encargado del trámite.
a) Examina la demanda para determinar:
1. Si es competente el juzgado por tratarse de amparo indirecto, lo mismo por
territorio y materia (art. 36, 37, 42, 43, 47, 49, 54 y 114 de la Ley de
Amparo, y 48, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Federal).
2. Si es procedente (art. 73, de la Ley de Amparo).
3. Si se cumple con los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo.
b) Dará cuenta al C. Juez.
2. Juez de distrito (impedimento). Examina la demanda para determinar si existe o
no algún impedimento, y si está impedido para conocer el juicio por actualizarse
alguna de las causas previstas en el artículo 66 de la Ley de Amparo:
I. Ser cónyuge o pariente consanguíneo a fin de alguna de las partes o de sus
abogados o representantes, en línea recta, sin limitación de grado; dentro del
cuarto grado, en la colateral por consanguinidad o dentro del segundo grado, en
la colateral de afinidad.
II. Tener interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado.
III. Haber sido abogado o apoderado de alguna de las partes en el mismo asunto o en
el juicio de amparo.
IV. Haber tenido con anterioridad el carácter de autoridad responsable en el juicio de
amparo, o haber aconsejado como asesor la resolución reclamada.
154
V. Tener pendiente algún juicio de amparo semejante al de que se trata en el que
figure como parte.
VI. Tener amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus
abogados o representantes.
Tramite que hay que seguir:
1. Deberá manifestar que está impedido para conocer del juicio y comunicará la
providencia al Tribunal colegiado de Circuito (TCC) de su jurisdicción, para que
este resuelva sobre el impedimento (arts. 66 y 67 de la Ley de Amparo).
2. El tribunal colegiado calificará de plano el impedimento, admitiéndolo o
desechándolo
(Art. 68 de la Ley de Amparo).
3. Si el juez no manifiesta su impedimento, éste podrá ser alegado por cualquiera de
las partes ante el juez que se considere impedido. El juez enviará al TCC el escrito
del promovente y su informe, dentro del término de 24 horas para que lo resuelva
(art. 70 de la Ley de Amparo).
4. El TCC resolverá lo procedente, ya que el juez admita la causa de impedimento o
no rinda informe. Si el juez la niega, citará a una audiencia dentro de los tres días
siguientes para recibir pruebas y alegatos de los interesados y resolverá en la misma
audiencia (art. 70 de la Ley de Amparo).
- Competencia:
1. Si el juez es competente, no existe notoria improcedencia, pero no se cumplen los
requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo; o si faltan copias para los
emplazamientos relativos:
a) Prevendrá al quejoso para que los requisitos (art. 146 de la Ley de Amparo).
b) Prevendrá al quejoso que exhiba las copias faltantes de la demanda (art. 120 y
146 de la Ley de Amparo).
155
2. Si el juzgado es competente y la demanda procedente, se reúnen los requisitos
del artículo 116 de la Ley de Amparo, o se aclaró la demanda y el juez no está
impedido para conocer del juicio.
Indefectiblemente deberá acordar lo siguiente:
1. Admitir la demanda.
2. Mandar que se registre en el Libro de Gobierno.
3. Fijar fecha para la celebración de la audiencia.
4. Solicitar los informes justificados a las autoridades responsables (art. 147 de la
Ley de Amparo).
5. Ordenar que se dé vista al Ministerio Público de la Federación de la adscripción,
para los efectos de su representación.
Además de lo anterior, deberá, según las circunstancias del caso peticiones de quejoso,
acordar:
a) Tener por autorizada a la persona que se indique para oír y recibir notificaciones,
en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.
b) Cuando promuevan varias personas el amparo, prevenirlas para que designen
representante común (art. 20 de la Ley de Amparo).
c) Con fundamento en el artículo 123 fracción II de la Ley de Amparo, ordenar que
se suspenda, de oficio, el acto si, de llegar a consumarse, resultara físicamente
imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.
d) Ordenar que se forme, por separado y duplicado, el incidente de suspensión, si
ésta es solicitada y no se está en la hipótesis anterior (art. 124 de la Ley de
Amparo).
e) Ordenar que se emplace al tercero perjudicado y se le haga entrega de una copia
de la demanda.
f) Prevenir a quejoso que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el
lugar del juicio (art. 305 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria conforme al art. 2º. De la Ley de Amparo).
156
A continuación, se pasan los autos al actuario para su notificación (pp. 91 y 92).
- Notificación de la demanda:
Si el tercero perjudicado o la persona extraña al juicio radican fuera del lugar de este, el
juez ordenará que el emplazamiento o notificación se haga:
a) Por exhorto.
b) Por conducto de las autoridades responsables.
En el primer caso girará tal exhorto al juez de distrito de la jurisdicción en que radiquen el
tercero perjudicado o la persona extraña al juicio y le encomendará que realice el
emplazamiento, para lo cual enviará copia de la demanda relativa o indicará la notificación
que deba realizarse a la persona extraña al juicio.
En el segundo caso, encomendará a las autoridades responsables la entrega, al tercero
perjudicado, de una copia de la demanda así como que hagan saber a éste el día y hora para
la celebración de la audiencia constitucional.
Por su parte, el juez exhortado, una vez efectuado el emplazamiento o la notificación de
referencia, devolverá el exhorto debidamente diligenciado, o sin diligenciar por las causas
que en el propio exhorto exponga.
Si a su vez, la persona a quien deba emplazarse o notificarse, no radica en el lugar de
residencia del juez exhortado, éste librará requisitoria a la autoridad ordinaria que puede
encargarse de la notificación mencionada y, realizadas las notificaciones respectivas, hará
la devolución antes indicada al juez exhortado para que este a su vez las devuelva al juez
exhortante.
Si no hubieran podido realizarse el emplazamiento o la notificación por parte del juez
exhortado o la autoridad responsable, el juez exhortante acordará que se investigue el
157
domicilio del tercero perjudicado o de la persona extraña al juicio, y si a pesar de la
investigación no llegare a conocerse tal domicilio, ordenará, si se trata de la primera
notificación, que ésta se realice por edictos, a cargo del quejoso. Si se trata de la segunda
notificación, mandará que ésta se haga por lista (art. 30 de la Ley de Amparo).
- El informe justificado:
En los informes justificados que están obligados a rendir las autoridades responsables,
éstas, según el caso:
a) Reconocerán si es cierto el acto reclamado.
b) Negaran la existencia del mismo.
c) Expondrán los hechos que estimen conveniente exponer, o controvertirán los
narrados por el quejoso (art. 149 de la Ley de Amparo).
d) Harán valer, si existen razones legales, la incompetencia del juez para conocer
del juicio (art. 49 y 52 de la Ley de Amparo).
e) Solicitarán la acumulación del juicio de amparo a otro que se tramita ante el
mismo juzgado o en uno diferente (art. 57 de la Ley de Amparo).
f) Objetarán, si hay base para ello, la personalidad o capacidad del quejoso (arts. 12
y 13 de la Ley de Amparo).
g) Aducirán el impedimento del juez para conocer del juicio cuando consideren que
se da alguno de los impuestos del artículo 66 de la Ley de Amparo (art. 70 de la Ley
de Amparo).
h) Comunicaran la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo
quejoso, contra las mismas autoridades responsables y respecto de los mismos actos
reclamados (art. 51 de la Ley de Amparo).
Si el informe es firmado. A.” por persona distinta a quien debería suscribirlo, no se tendrá
por legalmente rendido, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, el cual sólo admite la
representación del C. Presidente de la República por los funcionarios que el propio precepto
158
indica; a menos de que se trate de la sustitución legal, “por ausencia” (no enunciada P.A.)
de quien está obligado a rendirlo.
Rendidos los informes, el juez ordena que se agreguen éstos al expediente para que obren
como corresponda y que se notifique por lista tal acuerdo y, en su caso, resuelve y sustancia
la incompetencia, la acumulación o el impedimento alegados por los responsables, en los
términos antes precisados.
14.4 Incompetencia por tratarse de amparo directo:
Cuando se presente ante un juez de distrito una demanda contra alguno de los actos
expresados en el artículo 44 de la Ley de Amparo, se declarará incompetente de plano y
mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, sin
resolver sobre la suspensión del acto reclamado (art. 49 de la ley de Amparo).
El Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si confirma o revoca la
resolución del juez. En el primer caso, podrá imponer al promovente una multa de 10 a 180
días de salario, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso y a la autoridad
responsable un término que no podrá exceder de 15 días para la presentación de las copias y
del informe correspondiente; y, en caso de renovación, mandará devolver los autos al
juzgado de origen, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse
entre los jueces de distrito (art. 49 de la Ley de Amparo).
Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito apariencia del informe previo o
justificado de la autoridad responsable, el juez, conforme al segundo párrafo del citado
artículo 49, se declarará incompetente y comunicará su resolución a la autoridad
responsable para los efectos de los artículos 107, fracción X, Constitucional, y 171 a 175 de
la Ley de Amparo (para los efectos de la suspensión del acto reclamado).
159
14.5 Incompetencia por declinatoria:
(Art. 52 de la Ley de Amparo)
Cuando un juez de distrito se esté tramitando un juicio de amparo del que otro debe
conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al juez que en su
concepto debe conocer del juicio, acompañándole copia de la demanda.
El juez requerido, en 48 horas decidirá de plano si acepta o no el conocimiento del asunto.
Si acepta, comunicará su resolución al requeriente para que este le remita los autos, previa
notificación a las partes y aviso a la superioridad.
Si no acepta, hará saber su resolución al requeriente para que en 48 horas diga si insiste o
no en declinar su competencia.
Si el requeriente no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requeriente y se dará
por terminado el incidente.
Si el requeriente insiste por declinar su competencia y los jueces son de jurisdicción del
mismo tribunal colegiado, el requeriente remitirá los autos al tribunal y avisará al requerido
para que éste exponga lo que estime pertinente ante dicho tribunal.
Si se trata de jueces de diferentes tribunales colegiados, el requeriente remitirá los autos a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y avisará al requerido para que este exponga ante
aquella lo que estime conducente.
En la Suprema Corte de Justicia de la Unión o en el Tribunal Colegiado de Circuito, según
sea el caso, se tramitará un expediente con audiencia del Ministerio Público de la
Federación, y en ocho días se resolverá quién de los dos jueces contendientes debe conocer
el juicio, y poder decir que es otro distinto a los contendientes. Se comunicará la ejecutoria
a los mismos jueces y se remitirán los autos al que sea declarado competente.
160
Aunque el artículo 52 de la Ley de Amparo literalmente alude a los casos en que ante un
juez de distrito “se promueva” un juicio de amparo, debe entenderse que se refiere en el
supuesto que ante un juez de distrito se esté tramitando un juicio de amparo de que otro
deba conocer, pues aquella expresión de la idea de que el mencionado juez advierte su
competencia en el momento mismo en que recibe la demanda y tiene que resolver si la
admite o no, momento éste que está regido por lo establecido por el artículo 54. Es decir,
dos son los momentos en que el citado juez puede declarar su incompetencia:
1. Al acordar en relación con la demanda (art. 54).
2. Después de admitida la demanda, durante el procedimiento (art. 52).
Alguna cuestiones relacionadas con la competencia:
Si entre jueces que ya están conociendo los sendos juicios se suscita una cuestión de
competencia, las autoridades contendientes suspenderán todo procedimiento, excepto en el
incidente de suspensión, que continuarán tramitando hasta su resolución y ejecución (art. 53
de la Ley de Amparo).
Admitida una demanda de amparo, ningún juez de distrito podrá declararse incompetente
antes de resolver sobre la precedencia de la suspensión definitiva (art. 54 de la Ley de
Amparo).
Ningún juez o tribunal podrá promover competencia a sus superiores (art. 55 de la Ley de
Amparo).
Cuando alguna de las partes estime que un juez de distrito está conociendo de un amparo
que es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito y aquel no ha declarado su
incompetencia, podrá recurrir al presidente del TCC exhibiendo copia de la demanda y de
las constancias que estime pertinentes. Si estás fueren bastantes, el presidente del TCC
resolverá sobre la procedencia de la promoción y ordenará la remisión de los autos. Si no lo
161
fueren, podrá pedir informes al juez y, con lo que éste exponga, resolverá (art. 56 de la Ley
de Amparo).
14.6 Acumulación:
(Art. 57 de la Ley de Amparo)
La acumulación procede a instancia de parte o de oficio, en los juicios de amparo que se
encuentren en tramitación ante los jueces de distrito, en los supuestos siguientes:
1. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto
reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas y sean diversas las
autoridades responsables.
2. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el
mismo acto reclamado, y sean diversos quejosos.
Es competente para conocer de ala acumulación, así como de los juicios acumulados, el
juez de distrito que hubiese prevenido; y el juicio más reciente se acumulará al más antiguo
(art. 58 de la Ley de Amparo).
Cualquier caso de duda o contienda sobre lo establecido en el párrafo anterior, se deducirá
por el TCC dentro de cuya jurisdicción resida el juez de distrito que previno (art. 58 de la
Ley de Amparo).
Si en un mismo juzgado se siguen los juicios cuya acumulación se pide, el juez dispondrá
que se haga una relación de ellos en una audiencia en la que se escucharán los alegatos que
se produjeren las partes y se dictará la resolución que proceda, contra la cual no se admitirá
recurso alguno (art. 59 de la Ley de Amparo).
162
Si los juicios se siguen en juzgados diferentes, al promoverse la acumulación el juez citará
a una audiencia en la que escuchará los alegatos que produjeren las partes y pronunciará la
resolución que corresponda (art. 60 de la Ley de Amparo).
Si el juez estima que procede la acumulación, reclamará los autos por medio de oficio, con
inserción de las constancias que sean bastantes para conocer la causa de la resolución (art.
60 de la Ley de Amparo).
El juez que reciba el oficio hará conocer al as partes que ante él litiguen, para que expongan
lo que a su derecho convenga, en una audiencia en que resolverá sobre la procedencia o
improcedencia de la acumulación (art. 60 de la Ley de Amparo).
Si estima que procede la acumulación, remitirá los autos al juez requeriente con
emplazamiento a las partes (art. 61 de la Ley de Amparo).
Si estima que no procede la acumulación, lo comunicará al juez requeriente y ambos
remitirán los autos de sus respectivos juicios al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro de
cuya jurisdicción resida el juez de distrito que previno. Recibidos los autos, con el
pedimento del Ministerio Público de la Federación y los alegatos escritos que puedan
presentar las partes, resolverá el TCC dentro del término de ocho días , si procede o no la
acumulación y además qué juez debe conocer los amparos acumulados (art. 61 de la Ley de
Amparo).
Desde que se pida la acumulación hasta que se resuelva, se suspenderá todo procedimiento
en los juicios de que se trata, excepto en los incidentes de suspensión (art. 62 de la Ley de
Amparo).
Resuelta la acumulación, los amparos acumulados se fallarán en una solo audiencia. Los
autos dictados en los incidentes de suspensión, continuarán en vigor hasta que se resuelva
lo principal en la definitiva (art. 63 de la Ley de Amparo).
163
14.7 La suspensión:
(Art. 122 al 144 de la Ley de Amparo)
Como se ordenó en el cuaderno principal, se forma el incidente de suspensión por separado
y duplicado, para que, si se interpone el recurso de revisión contra la resolución que se dicte
en el incidente, se envíe a la superioridad el expediente original y se pueda seguir actuando
en el duplicado (art. 142 de la Ley de Amparo).
Consecuentemente, el juez acuerda:
1. Pedir informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el que
deberá rendirse dentro del término de 24 horas (art. 131 de la Ley de Amparo).
Podrá ordenar a dicha responsable, en casos urgentes, que rinda su informe
telegráficamente (arts. 132 y 23, párrafo tercero, de la Ley de Amparo).
2. Fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que deberá
celebrarse dentro de las 72 horas siguientes, salvo lo dispuesto por el artículo 133
(art. 131 de la Ley de Amparo).
3. Conceder o negar la suspensión provisional del acto reclamado.
I. Si se decreta la suspensión provisional del acto reclamado, es para el efecto
de que se mantengan las cosas en el estado que guardan hasta que se
notifique a la autoridad responsable de la resolución que se dicte sobre la
suspensión definitiva (art. 130 de la Ley de Amparo). Tal concesión se
decreta si concurren los requisitos que señala el artículo 124 de la Ley de
Amparo, que son:
a) Que la solicite el agraviado.
b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan
disposiciones de orden público.
c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al
agraviado con la ejecución del acto.
164
Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que
afecten la libertad personal, el juez deberá existir al quejoso que exhiba la garantía, sin
perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes (art. 124 Bis de la Ley
de Amparo).
En los casos en los que resulte procedente la suspensión, pero ésta pueda ocasionar daños y
perjuicios a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño
e indemnizar los perjuicios que con ella se llegaren a ocasionar. Si tales daños no son
estimables en dinero, el juez fijará discrecionalmente el importe de la garantía (art. 25 de la
Ley de Amparo).
La suspensión otorgada conforme al párrafo anterior, quedará sin efecto si el tercero a su
vez da caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la
violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al quejoso
(art. 126 de la Ley de Amparo).
Pero no se admitirá la contra fianza, cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin
materia el amparo, ni ene l caso del párrafo segundo del artículo 125 (art. 127 de la Ley de
Amparo).
II. Si se niega la suspensión provisional, deberán expresarse las razones de tal
negativa en el proveído (no satisfacerse los requisitos del art. 124; ser
actos consumados o negativos, etc.)
Recibidos en el juzgado los citados informes, el juez acordará que se agregue a sus autos
para que obren como corresponda, con conocimientos de las partes.
En la fecha y hora fijadas, el juez celebrará la audiencia incidental en la que:
a) Si las autoridades no rindieran sus informes previos y hay constancia de su
notificación, tendrá por presuntivamente ciertos los actos que se les atribuyen, sólo
a efecto de la suspensión, y les impondrá una corrección disciplinaria (art. 132 de la
Ley de Amparo).
165
b) Si alguna de las autoridades foráneas no informan ni hay constancia de su
notificación, se celebrará la audiencia respecto de las demás y señalará fecha para la
celebración de una nueva audiencia en la que se resolverá en cuanto a las citadas
autoridades foráneas, en la inteligencia de que esta nueva resolución puede conducir
a la modificación o renovación de lo resuelto en la primera audiencia, en vista de los
nuevos informes (art. 131 de la Ley de Amparo).
c) En la audiencia incidental se podrán recibir únicamente las pruebas documental y
la inspección judicial. Sin embargo, en tratándose de alguno de los actos a que se
refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, podrá el quejoso ofrecer también la
prueba testimonial (art. 131 de la Ley de Amparo).
d) Recibidas las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y se resolverá en la
misma audiencia si se concede o se niega la suspensión definitiva.
14.8 El sobreseimiento:
El sobreseimiento es un acto procesal que pone fin al juicio; pero le pone fin sin resolver la
controversia de fondo, sin determinar si el acto reclamado es o no contrario a la
Constitución y, por lo mismo, sin fincar derechos u obligaciones en relación con el quejoso
y las autoridades señaladas como responsables. Es de naturaleza adjetiva, ajeno a las
cuestiones sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo.
Conforme a la Tesis Jurisprudencial número 270, página 467, último apéndice, parte común
al pleno y a las salas:
El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la
Justicia de la unión ampara o no, a la parte quejosa y, por tanto, sus efectos no pueden ser
otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y
la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones.
166
El artículo 74 de la Ley de Amparo dice que procede el sobreseimiento de los siguientes
casos:
I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda (es un error, ya
que considera que el desistimiento implica sólo perdida de la instancia, ya
que trae aparejada la pérdida de la acción, por efectos del desistimiento
mismo).
II. Cuando el agraviado muere durante el juicio, si la garantía reclamada sólo
afecta a su persona.
III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere el artículo 73 (podría decirse el
sobreseimiento es el resultado y la improcedencia una de sus causas, o
que el sobreseimiento es el género y la causal de improcedencia una de
sus especies).
IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que
no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley (es factible que el
acto reclamado haya existido y que durante el juicio desaparezca, que se
extinga. Pero en esta hipótesis no cabe sobreseer partiendo de la base de
que el acto carece de existencia o de que no es cierto, sino que debe
entenderse que han cesado los efectos de dicho acto y, por lo mismo, que
resulta aplicable la fracción XIV del artículo 73 en relación con la III del
74).
V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren trámite ante
los jueces de distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o
administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha
efectuado ningún acto procesal durante el término de 300 días,
incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.
(No obstante lo anteriormente expresado, no siempre la falta de promoción del quejoso lo
hace incurrir en la causa de sobreseimiento de que se trata, pues el propio artículo 74
167
estatuye en el último párrafo de su fracción V que: “Celebrada la audiencia constitucional o
listado el asunto para audiencia, no procederá sobreseimiento por inactividad procesal.”)
(En cuanto a la oportunidad para declarar el sobreseimiento, es conveniente puntualizar
que, por regla general, es la audiencia constitucional, en la sentencia que entonces se
pronuncie, salvo que se trate de una causal incontrovertible, indudable, cuya operancia no
pueda ser desvirtuada en forma alguna, ya que de ser así cabe decretarla en el mismo
momento en que se presenta, es decir, con anterioridad a la fecha señalada para la
celebración de la mencionada audiencia.)
14.9 Las pruebas en el juicio:
En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las
que fueren contra la moral o contra el derecho (art. 150 de la Ley de Amparo).
Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, con excepción de la
documental que puede presentarse con anterioridad, y de la inspección judicial, testimonial
y pericial, que deben ofrecerse cinco días antes de dicha audiencia, sin contar el día de
anuncio ni el de la audiencia, lo que significa siete días hábiles antes de la citada audiencia
(art. 151 de la Ley de Amparo).
En el caso de la prueba documental, pública o privada, puede presentarse con anterioridad a
la audiencia, sin perjuicio de que se haga relación de ella en dicha audiencia y se tenga
como recibida en ésta, aunque no exista gestión expresa del interesado (art. 151 de la Ley
de Amparo).
- Actuación del juez respecto de las pruebas.
Pericial. Anunciada debidamente ésta, el juez:
168
1. Hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la
práctica de la diligencia (puede solicitar de alguna dependencia oficial que no tenga
el carácter de responsable, que le proporcione a quien esté en condiciones de
desempeñar el cargo) sin perjuicio de que cada parte designe perito para que se
asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado.
2. Ordenará que se distribuyan entre las partes copias del cuestionario relativo (el
cual deberá ser exhibido en copias suficientes por quien ofrezca la prueba)
conforme al cual deberán dictaminar los peritos.
3. En la sentencia calificará la prueba pericial, según prudente estimación (art. 151
de la Ley de Amparo).
Testimonial. Anunciada debidamente ésta, el juez:
1. Ordenará que se entregue a cada una de las partes copia del interrogatorio (el
cual deberá ser exhibido en copias suficientes por quien ofrezca la prueba) al tenor
del cual deban ser examinados los testigos, para que aquéllas puedan ser formular
por escrito o verbalmente las preguntas que estimen pertinentes al efectuarse la
audiencia.
2. Si los testigos residen dentro de la jurisdicción, pero fuera de la ciudad en que
reside el juzgado, librará despacho el juez del fuero común que corresponda (a falta
de éste, a la autoridad que considera competente) para encomendarle el desahogo de
la prueba, en los términos indicados en el párrafo precedente.
14.10 La audiencia constitucional:
No siempre es posible celebrar la audiencia constitucional en la fecha y hora señaladas
previamente, ya que procederá diferir su celebración:
1. Por no estar debidamente integrado el expediente en virtud de que:
169
a) No exista constancia de que el tercero perjudicado haya sido emplazado.
b) El informe justificado rendido por las responsables no ha sido dado a
conocer a las partes.
c) Falta la constancia correspondiente a alguna notificación (por correo, por
exhorto, por requisitoria) o no ha surtido efectos la notificación relativa; o
está corriendo el término otorgado a alguna de las partes para que realice
determinada conducta.
d) Falta que las responsables entreguen las copias solicitadas por las partes,
o que las envíen directamente al juzgado; o las enviadas son incompletas.
e) No ha sido devuelto, diligenciado, el exhorto o despacho que el juzgado
hubiese girado a alguna autoridad encomendándole la práctica de una
diligencia, o es necesario volver a remitírselo para su correcta
diligenciación.
f) Aún no se ha practicado la inspección judicial.
2. Por estar ausente el juez, por vacaciones o licencia, si no está facultado el
secretario para fallar (art. 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación).
En caso de estar debidamente integrado el expediente y de que sea procedente celebrar la
audiencia constitucional, en la que se reciben las pruebas y los alegatos y se dicta sentencia,
se actuará en el orden siguiente:
1. Declarará abierta la audiencia.
2. Ordenará que la secretaria haga constar la presencia de las partes asistentes y
que dé lectura a las constancias de autos.
3. Recibirá por su orden, las pruebas que ofrecieren y aceptaren:
a) La documental, que se desahoga por su propia naturaleza. Si una de las
partes objeta de falso algún documento presentado como prueba,
suspenderá la audiencia y señalará fecha para la celebración de una
audiencia, que deberá tener lugar dentro de los 10 días siguientes, en la
que recibirá las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad o
170
falsedad del documento; y una vez celebrada ésta, reanudará la
constitucional suspendida y proseguirá la recepción de las demás pruebas
(art. 153 de la Ley de Amparo). La apreciación de la autenticidad o
falsedad del documento se hará en la sentencia, apreciación que
circunscribe sus efectos al juicio en que es realizada (art. 153 de la Ley de
Amparo).
b) La pericial.
c) La testimonial. Se tomará a los testigos la protesta de ley; se les separará
para que los unos no se enteren de las respuestas de los otros; se les
examinará conforme al interrogatorio relativo y previamente calificado
por el juez. Las partes y el juzgador podrán formular las preguntas que
estimen pertinentes, pero las aquellas también serán calificadas por el
juez.
d) La inspección judicial. Si no se ha desahogado, se suspenderá la
audiencia que se está celebrando, para el efecto de que se traslade el
personal que comisione, en compañía de las partes, al lugar que deba ser
inspeccionado, donde se levantará acta circunstanciada, que será firmada
por quienes concurran.
Con el acta se dará cuenta al juez y se continuará el desarrollo de la audiencia
constitucional (puede, por exhorto o requisitoria, comisionar a otro juez o autoridad para el
desahogo de la prueba de inspección mencionada, en cuyo caso el juez o autoridad
requeridos señalarán día y hora para el desahogo de dicha prueba, previa notificación a las
partes; y una vez recibido dicho exhorto, diligenciado, el juez que conoce del amparo
señalará fecha para la reanudación de la audiencia constitucional).
4. Recibirá los alegatos, formulados por escrito, de las partes (el quejoso podrá
alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de
privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o
alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, asentándose en
171
autos extracto de sus alegaciones, si lo solicita. En los demás casos las partes
podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegatos se hagan constar
en autos y sin que tales alegatos puedan exceder de media hora por cada
parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas)
5. Recibirá el pedimento del Ministerio Púbico de la Federación.
6. Ordenará que la secretaria recabe marginalmente las firmas de las personas
que estuvieron presentes.
7. Acto continuo, dictará la sentencia relativa.
14.11 Las sentencias:
Según Escrich, sentencia es: “La decisión legítima del juez sobre la causa controvertida en
su tribunal. Se llama así de la palabra latina sentiendo, porque el juez declara lo que siente
según lo que resulta del proceso…”
La sentencia es, por consiguiente, la acumulación del proceso, la resolución con que
concluye el juicio, en la que el juzgador define los derechos y las obligaciones de las partes
contendientes.
En el juicio de amparo existen tres clases de sentencias: 1. Las que sobreseen; 2. Las que
niegan el amparo; 3. Las que conceden el amparo.
1. Las sentencias que sobreseen. Son solo declarativas puesto que se concretan a
puntualizar la sinrazón del juicio. Obviamente no tiene ejecución alguna y las
cosas quedan como si no se hubiese promovido el juicio.
2. Las que niegan el amparo. Son declarativas y dejan a la autoridad
responsable, por lo mismo, en absoluta libertad de actuar, en lo referente al
acto reclamado, como estime pertinente: si decide dejar en pie o ejecutar el
acto que de ella fue impugnado, actuará conforme a sus atribuciones y no en
cumplimiento de tales sentencias, como erróneamente suele decirse. (Cuando
172
se niega el amparo, deben de examinarse todos los conceptos de violación
expresados en la demanda).
3. Las que amparan. Son típicas sentencias de condena porque fuerzan a las
autoridades responsables a actuar de determinado modo. Estas sentencias sí
hacen nacer derechos y obligaciones para las partes. El artículo 80 de la Ley
de Amparo, es terminante al establecer que: “La sentencia que conceda el
amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía
individual violada.” La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis
246, expresa: “El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie
en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas del
estado que tenía antes la violación de garantías, nulificando el acto reclamado
y los subsecuentes que de él deriven ”
Resultados y considerados de las sentencias:
En la primera parte, llamada de “resultados”, se hace una narración de los hechos que
constituyen la historia del juicio; esta parte tiene por finalidad plantear el problema que se
va resolver, objetivamente: precisar quién ha solicitado la protección de la justicia federal,
contra qué autoridades y respecto de qué actos, y si se han hecho los emplazamientos
respectivos.
La segunda parte, la de los “considerandos”, es aquella en que, siguiendo una secuela
lógica, se esclarece, primero, si los actos autoritarios que se combaten realmente existen, ya
que, de no ser ciertos, habrá que declarar el sobreseimiento del juicio. En segundo lugar, se
precisa s el juicio es procedente, pues de no serlo por actualizarse alguna de las causales
que lista el artículo 73 de la Ley de Amparo y que determinan la inejercitabilidad de la
acción de amparo, también habrá que sobreseer. Después se hace una relación de
argumentos aducidos por el quejoso, que se denominan “conceptos de violación”, que
tienden a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. A continuación, el
juzgador examinará los mencionados conceptos de violación y, según que sean fundados o
no, concluirá que se está en el caso de conceder o de negar el amparo solicitado.
173
Pero en cuanto:
1. Al tratamiento que debe darse al análisis de los conceptos e violación.
2. Al orden que los mismos deben ser estudiados.
3. A la eficacia que se le reconozca, es pertinente atender varias reglas, a saber.
a) Si en los mencionados conceptos se hacen valer tanto las violaciones formales
como de fondo, deben estudiarse primero los que plantean aquéllas, ya que si
resultasen fundados habría que amparar para efecto de que se subsanaran tales
violaciones, sin que, en consecuencia, estuvieran trascendencia alguna los
demás.
b) Es factible que los conceptos de violación sean fundados en cuanto lo aseverado
en ellos sea correcto, pero que deban estimarse ineficaces e ineptos para
conducir al otorgamiento del amparo solicitado porque no objetan la totalidad de
las consideraciones jurídicas en que se sustente el acto reclamado, si el principio
de estricto derecho impide someter a análisis las no combatidas. En este caso
debe negarse el amparo.
c) También puede ocurrir que los citados conceptos sean fundados, pero inoperantes
para atacar deficiencias de acto reclamado (o del procedimiento que se siguió al
emitirlo) de tal manera intrascendentes que, aunque fuesen subsanadas, el acto
se mantendría en pie. Igualmente habría que negar el amparo.
d) El artículo 76 de la Ley de Amparo establece que: “Las sentencias de amparo
sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales,
privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y
protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin
hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.”
e) La forma en la que surge a la vida jurídica un acto autoritario no siempre es la
misma, ya que en unos casos la autoridad obra espontáneamente, por propio
impulso, sin que esté obligada a actuar; simplemente le está legalmente
permitido realizar determinada conducta, pero ejecutarla no es obligatorio. En
174
cambio, hay ocasiones en que corre a su cargo el deber actuar, de asumir cierta
conducta por requerirlo el cumplimiento de tales atribuciones.
En la primera hipótesis, si el acto es considerado inconstitucional, el efecto de la sentencia
será el de que se invalide dicho acto y se vuelva las cosas al estado en que se encontraban
antes de que éste se produjera. Es un amparo absoluto, liso y llano.
En la segunda hipótesis, cuando el acto reclamado se invalida porque padece vicios propios
o derivados del procedimiento que se siguió para emitirlo, que lo hacen inconstitucional
pero pueden ser subsanados, quizá sea pertinente, a fin de no entorpecer la realización de la
conducta que la autoridad está obligada a efectuar por exigírsela ley que puntualiza sus
atribuciones, otorga el amparo para el efecto de que la autoridad destruya el acto
inconstitucional y emita otro que no incurra en los vicios de aquél.
Los siguientes ejemplos ilustran ambos casos:
1. El quejoso pide amparo contra una resolución carente de fundamentación legal,
que lo sanciona económicamente y que fue pronunciada en atención a la facultad
que la autoridad está en aptitud de ejercitar o no. El amparo que se le conceda debe
ser absoluto, liso y llano.
2. El quejoso pide amparo contra la resolución, infundada, que le niega una licencia
por él solicitada. El amparo que se conceda debe ser para el efecto de que la
autoridad responsable destruya la negativa reclamada y vuelva a resolver, en el
sentido que en derecho estime procedente, pero expresado en la resolución los
fundamentos y motivos que le sirvan de apoyo.
f) Si el juzgador advierte, cuando son varios los conceptos de violación que se
hacen valer, que cuando menos uno de ellos es fundado y suficiente para
conducir al otorgamiento de la protección solicitada, bastará que concrete a él su
análisis; pero si, por el contrario, considera que ninguno es justificado, debe
examinarlos todos para negar tal protección.
175
La tercera parte de la sentencia, la de los puntos resolutivos, es la que realmente contiene la
decisión del juez. En la parte considerativa solamente se pone de manifiesto cómo debe
resolverse el juicio constitucional y se expresan los motivos por los que el juzgador así lo
estima debido. Conforme al artículo 77 fracción III de la Ley de Amparo, las sentencias
deben contener, además de lo ya visto: “Los puntos resolutivos con que deban terminar,
concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresean,
concedan o nieguen amparo.”
Diagrama relativo a las reglas que deben tomarse en consideración al sentenciar:
Primera. Determinar la certeza de los actos reclamados.
a) Si todos los actos no son ciertos.
b) Si unos no son ciertos y otros sí lo son.
Sobreseer en el juicio en su integridad (art. 74, frac. IV, de la Ley de Amparo).
Sobreseer respecto de los primeros (art. 74, frac. IV, de la Ley de Amparo).
Segunda. En cuanto a los actos que son ciertos.
a) Si respecto de todos ellos el juicio es improcedente.
b) Si sólo respecto de algunos de ellos es improcedente.
Tercera. En lo referente a los actos que son ciertos y acerca de los cuales el juicio es
improcedente.
Se deberá examinar los conceptos de violación en el orden siguiente:
1. Los que aduzcan incompetencia de la autoridad responsable. Si son fundados,
amparar, si no son fundados o no se hacen valer.
2. Los que arguyan violación a la garantía de audiencia. Si son fundados,
amparar, si no son fundados o no se hacen valer.
176
3. Los que planteen violación a las normas de procedimiento. Si son fundados,
ampara para efecto de que se reponga el procedimiento a partir del momento
en que haya incurrido en la violación. Si no son fundados o no se hacen valer.
4. Los que aduzcan cualquier otra violación de carácter formal (ejemplo: falta
de análisis en la resolución reclamada, de determinada prueba). Si son
fundados y dicha prueba puede influir en el sentido de la resolución, amparar
para que sea tomada en consideración. Si no son fundados o no se hacen
valer.
5. Los que aleguen falta de fundamentación y motivación. Si son fundados,
amparar. Si no son fundados o no se hacen valer.
6. Los que planteen violaciones de fondo. En cuanto a éstos puede ocurrir:
a) Que sean fundados porque lo aseverado en ellos sea correcto, pero
insuficientes porque no desvirtúan todas las consideraciones en que se
sustente el acto reclamado, debe negarse el amparo.
b) Que sean fundados porque la responsable haya incurrido en la infracción
que se le atribuye, pero inoperantes porque ni aun subsanado tal
infracción variaría el acto reclamado. Debe negarse el amparo.
c) Que sean infundados, debe negarse el amparo.
d) Que sean fundados, debe concederse el amparo.
Si opera la facultad de suplir las deficiencias de la queja, amparar con base en ella.
14.12 Los recursos:
Los recursos son el medio defensa previsto por la ley para impugnar los actos autoritarios
surgidos en un procedimiento, judicial o administrativo, con los que no se esté conforme, y
que tienden a lograr la revocación o la modificación de dichos actos.
Para que un recurso pueda prosperar es necesario que: 1. Esté previsto en la ley; 2. Que sea
el idóneo; y 3. Que se interponga oportunamente. La falta de alguna de estas circunstancias
177
hará que el recurso sea improcedente y por lo mismo debe ser desechado, quedando el acto
impugnado firme.
En los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los de revisión, queja y
reclamación (art. 82 de la Ley de Amparo).
El recurso de revisión, conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo, procede:
I. Contra resoluciones de los jueces de distrito o del superior de la autoridad
responsable (en el caso de que éste haya conocido del juicio de garantías de
conformidad con lo previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo), que
desechen o tengan por no interpuesta la demanda de amparo.
II. Contra resoluciones de los mencionados juzgadores:
a) Que concedan o nieguen la suspensión definitiva.
b) Que modifiquen o revoquen, por haberse producido un hecho superveniente,
la interlocutoria en que haya concedido o negado dicha suspensión.
c) Que nieguen tal revocación o modificación.
III. Contra los autos de sobreseimiento y contra las interlocutorias que se dicten en
los incidentes de reposición de autos.
IV. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los
mencionados jueces de distrito y superior de la autoridad responsable; en la
inteligencia de que si se pretende objetar alguno o algunos de los acuerdos
dictados en la citada audiencia, deberán ser impugnados al recurrirse dichas
sentencias.
V. Contra las resoluciones que en amparo directo dicten los tribunales colegiados de
circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales y locales,
tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la
República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y
reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados, o
cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
178
VI. Contra el auto en que se conceda o niegue la suspensión de plano. El artículo 83
de la ley omitió ésta. Sin embargo, es de suponerse que tal omisión fue
involuntaria porque el artículo 89 de la ley se refiere al mencionado auto en
términos que autoriza a considerar que es recurrible en revisión, pues expresa
que: “Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de
plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al tribunal colegiado de
circuito…”
NOTA: Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Unión estime que un amparo en
revisión, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá de revisión,
bien sea procediendo al efecto de oficio, bien a petición fundada del correspondiente
Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República (art. 84, frac. III,
de la Ley de Amparo).
14.13 Sustanciación del recurso:
El recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, debe interponerse:
a) Por escrito, original y copia para cada una de las partes, en el que el recurrente
expresará los agravios que le cause la resolución que impugna. Cuando falten total o
parcialmente dichas copias, se requerirá al recurrente, por notificación personal,
para que las presentes dentro del término de tres días, con el apercibimiento
correspondiente; si no las exhibe, quien esté conociendo del amparo tendrá por no
interpuesto el recurso (art. 88 de la Ley de Amparo).
b) Dentro del término de 10 días, contados desde el siguiente al en que se surta sus
efectos la notificación de tal resolución (art. 86 de la Ley de Amparo).
c) Por conducto, siempre, del juez de distrito o de la autoridad que conozca del
juicio, ya que su interposición en forma directa, ante el tribunal revisor, no
interrumpa el término antes indicado (art. 86 de la Ley de Amparo).
179
Es importante destacar, en tratándose de la procedencia del recurso, que las autoridades
responsables de carácter no jurisdiccional, sólo pueden recurrir en revisión de sentencias
que afecten específicamente el acto de cada una de ellas se haya reclamado, por lo que no
están en aptitud de impugnarlas para salir en defensa de actos que no sean los suyos; pero,
tratándose de amparos contra leyes, quienes las hayan promulgado, o quienes los
representen en los términos de cada ley, si pueden interponer el recurso (art. 87 de la Ley
de Amparo). Esto es así, en razón de que en el amparo contra leyes o contra actos
administrativos se da un conflicto entre los intereses institucionales de la autoridad que
realizó el acto reclamado y los del quejoso, de modo que mientras éste tiene la pretensión
de que el acto quede sin efectos a aquélla le asiste el interés de que el acto subsista.
El artículo 89 de la Ley de Amparo, establece el procedimiento que debe seguirse para
remitir el recurso a la autoridad que debe conocer de él. En cambio, las autoridades
responsables de carácter jurisdiccional, que hayan emitido su resolución en un
procedimiento contencioso, no están en aptitud de recurrir, cálidamente, la sentencia que
ampare contra resolución, pues carecen de interés jurídico al respecto. Ello es así, ya que
como juzgadoras que son, deben de proceder en absoluta imparcialidad y no empeñarse en
sacar avante de criterio sustentado por ellas en dicha resolución. Además, por el hecho de
que el conflicto de intereses se da entre quien ejerce la acción (actor) y aquel en contra de
quien la acción es ejercida (demandado), por lo que la autoridad jurisdiccional ningún
interés debe tener en que subsista la resolución por ella pronunciada.
Por su parte, el artículo 91 de la Ley de Amparo, señala las reglas que deben seguir las
autoridades que conozcan del recurso de revisión, para dictar su sentencia.
Diagrama que compendia las reglas para sentenciar en segunda instancia (recurso de
revisión):
Primera. Determinar si el recurso es procedente:
a) Si no lo es, desecharlo y dejar firme la sentencia recurrida (art. 83 de la Ley de
contrario sensu).
180
b) Si es procedente.
Segunda. Determinar si el procedimiento seguido en la primera instancia es correcto.
a) Si se advierte que se infringieron las reglas fundamentales que norman el
procedimiento; que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al
recurrente o que pudiera influir en la sentencia por pronunciar, o que no ha sido oída
alguna de las partes, revocar la resolución recurrida y mandar que se reponga el
procedimiento.
b) Si no existen tales violaciones.
Tercera. Examinar lo relativo a la procedencia del juicio. Al respecto puede ocurrir:
a) Que el juzgador de la primera instancia haya sobreseído oficiosamente. En el
caso:
1. Si los agravios no destruyen las consideraciones en que se apoya el
sobreseimiento, confirma éste.
2. Si los agravios destruyen las consideraciones en que se apoya el sobreseimiento,
pero el revisor encuentra operante una causal de improcedencia diferente a la
invocada por el inferior, confirmar y sobreseer con base en ella.
3. Si los agravios son fundados y no existe ninguna razón para sobreseer, revocar y
entrar al análisis de los conceptos de violación.
b) Que el juzgador de primera instancia haya sobreseído atendido a una causa
invocada por alguna de las partes. En este supuesto caso:
1. Si los agravios no destruyen las consideraciones aducidas por el juzgador,
confirmar el sobreseimiento.
2. Si los agravios son fundados, pero ante el juzgador de primera instancia se
hicieron valer varias causales de improcedencia que éste no examinó, estudiarlas
en su totalidad. Si alguna de ellas es fundada, confirmar y sobreseer; en caso
contrario pasar al análisis de los conceptos de violación.
181
c) Que el revisor advierta que es operante alguna causal de improcedencia no hecha
valer por el juzgador de primera instancia, quien concedió o negó el amparo:
revocar y sobreseer.
Cuarta. Examinar los agravios referentes al fondo cuando el juzgador de primera instancia
haya concedido o negado el amparo. Al respecto puede ocurrir en:
I. Que sean fundados porque lo expresado en ellos sea correcto; pero insuficientes
porque no desvirtúan todas las consideraciones en que se apoya la sentencia
recurrida. Confirmar.
II. Que sean fundados por correctos; pero intrascendentes porque, aunque
demuestren en la primera instancia se incurrió en algún error, subsistiría el
sentido de la sentencia recurrida a pesar de que se enmendará dicho error.
Confirmar.
III. Que sean fundados y acrediten la ilegalidad de las consideraciones que sustentan
la resolución recurrida. En este supuesto:
1. Si en la sentencia recurrida se estudiaron todos los conceptos de violación,
revocar y, según el caso, amparar o negar el amparo.
2. Si en la sentencia recurrida solamente se analizaron algunos de los conceptos de
violación, estudiar los demás conceptos y, atendiendo al resultado de tal estudio,
confirmar o revocar y, según el caso, amparar o negar el amparo. Confirmar.
IV. Que no sean fundados. Si se hacen valer varios agravios y algún de ellos es
fundado, basta para establecer la ilegalidad de la sentencia recurrida y revocarla,
es innecesario el estudio de los demás.
Si se opera la facultad de suplir las deficiencias de los agravios (de la queja) con base en
ella revocar y amparar.
182
Es necesario que en lo que el recurso de revisión se confirma, modifica o revoca, son los
puntos resolutivos de la sentencia recurrida, no las consideraciones en que la misma se
apoya, por lo que debe confirmarse tal sentencia si su resolutivo no es destruido por los
agravios; en tanto que debe modificarse o revocarse dicho resolutivo si los agravios
demuestran su ilegalidad.
14.14 La queja:
El recurso de queja previsto en el artículo 95 de la Ley de Amparo, saliendo se la técnica
tradicional, permite la impugnación tanto de resoluciones emitidas por los órganos de
control constitucional que conocen del juicio de amparo (jueces de distrito, autoridad que
actúa en los términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y tribunales colegiados de
circuito), como de actos provenientes de las autoridades responsables, que son parte de
dicho juicio.
La reclamación. Es procedente contra acuerdos de trámite dictados por el presidente de la
SCJN o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho
recurso se podrá interponer dentro del término de tres días siguientes al que surta sus
efectos la notificación de la resolución impugnada. El órgano jurisdiccional que deba
conocer el fondo del asunto resolverá de plano el recurso, dentro de los 15 días siguientes a
la interposición del mismo (art. 103 de la Ley de Amparo).47
47 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Autor: Jesús Quintana Valtierra. Alfonso Cabrera Morales. Editorial Trillas. 2008. Pp.177-206.
183
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un resumen de los temas vistos en esta unidad.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. ¿Cuáles son los principios fundamentales del Juicio de Amparo en materia Penal?
a. De iniciativa o instancia de parte.
b. De existencia de agravio personal.
c. De la relatividad de la sentencia.
d. De definitividad de acto reclamado.
e. De estricto derecho.
2. Describe la incompetencia por tratarse de amparo directo.
Cuando se presente ante un Juez de Distrito una demanda contra alguno de los actos
expresados en la ley de amparo, se declarara incompetente de plano y mandara
remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito según corresponda sin
resolver sobre la suspensión del acto reclamado.
3. ¿Cuándo procede la acumulación?
Procede a instancia de parte cuando se trate de: juicios promovidos por el mismo
quejoso, juicios promovidos por diversos quejosos ante las mismas autoridades por
los mismos actos reclamados. El juicio más reciente se acumulara al más antiguo.
4. ¿Cuáles son las 3 clases de sentencias en el Juicio de Amparo en materia Penal?
Las que sobreseen, las que niegan el amparo y las que conceden el amparo.
184
5. Describe la procedencia de la reclamación en el Juicio de Amparo en materia Penal
Es procede contra acuerdos de tramite dictados por el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación o por los Presidentes de sus Salas o de sus Tribunales
Colegiados de Circuito. Dentro de los tres primeros días después de que surta sus
efectos la notificación de la resolución impugnada.
185
UNIDAD XV
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Autor: Jesús Quintana Valtierra. Alfonso
Cabrera Morales. Editorial Trillas. 2008.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En la siguiente unidad se estudia la intención de presentar la petición formal para la
extradición y el procedimiento de extradición que se presenta ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el análisis de esta unidad, el estudiante comprenderá el proceso de extradición y
cuando y como debe aplicarse en el proceso jurídico determinado.
TEMÁTICA:
15.1 Intención de presentar petición formal para la extradición:
Estado solicitante. Manifiesta a nuestro país, por conducto de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, la intención de presentar petición formal para la extradición de una persona y
que se adopten medidas precautorias.
186
La petición debe contener del delito por el cual se solicitará la extradición y la
manifestación de existir en contra del reclamado, una orden de aprehensión emanada de
autoridad competente.
Secretaria de Relaciones Exteriores. Se considera que hay fundamento para la petición, la
tramitará al Procurador de la República, quien de inmediato promoverá ante el juez de
distrito que corresponda, dicte las medidas apropiadas, que podrán consistir, a petición del
procurador, en arraigo o las que procedan conforme a los tratados o las leyes de la materia.
Si dentro de un término de dos meses que previene el artículo 119 de la Constitución
Política Mexicana, contados a partir de la fecha en que se hayan cumplido las medias
precautorias, no se presenta la petición formal de extradición a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se levantarán de inmediato dichas mediadas. El juez de distrito que conozca del
asunto notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del plazo para que ésta, a
su vez lo haga del conocimiento del Estado solicitante.
15.2 Petición formal de extradición:
Estado solicitante. Presenta ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, petición formal de
extradición y los documentos en que se apoye, que deberán contener:
1. La expresión del delito por la que se pide la extradición.
2. La prueba de la existencia del cuerpo del delito y de la probable
responsabilidad del reclamado. Cuando el individuo haga sido condenado
por los tribunales del Estado solicitante, bastará acompañar copia auténtica
de la sentencia ejecutoria.
3. En caso de no existir tratado, la manifestación del Estado solicitante de:
a) Que llegado el caso, otorgará la reciprocidad.
b) Que no será materia del proceso, ni aun como circunstancias
agravantes, los delitos cometidos con anterioridad a la
187
extradición, omitida en la demanda e inconexa con los
especificados en ella. El Estado solicitante queda relevado
de este compromiso si el acusado consiste libremente en
ser juzgado por ello o si permaneciendo en su territorio
más de dos meses continuos n libertad absoluta para
abandonarlo, no hace uso de esa facultad.
c) Que el presunto extraditado será sometido a tribunal
competente, establecido por la ley con anterioridad al
delito que se le impute la demanda, para que se le juzgue
y sentencie con las formalidades de derecho.
d) Que será oído en defensa y se le facilitarán los recursos
legales en todo caso, aun cuando ya hubiere sido
condenado en rebeldía.
e) Que si el delito que se le imputa al detenido es punible en su
legislación hasta con la pena de muerte o algunas
señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se le
impondrá la prisión.
f) Que no se le conceda la extradición del mismo individuo a un
tercer Estado, sino en los casos de excepción que marca el
inciso b anterior.
g) Que proporcionará al Estado Mexicano una copia auténtica de
la resolución ejecutoriada que se pronuncie en el proceso.
4. La reproducción del texto de los preceptos de la ley del Estado solicitante
que define el delito y determina la pena, los que se refieren a la prescripción
de la acción y de la pena aplicable y la declaración autorizada de su vigencia
en la época en que se cometió el delito.
188
5. El texto auténtico de la orden de aprehensión que, en su caso, se haya librado
en contra del reclamado.
Los datos y antecedentes personales del reclamado que permitan su identificación y,
siempre que sea posible, los conducentes a su localización.
Los documentos señalados y cualquier otro que se presente y estén redactados en idioma
extranjero, deberán ser acompañados con su traducción al español y legalizados como
marca el Código Federal de Procedimientos Penales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, al recibir la Petición Formal de Extradición la
estudia, y:
1. Si la encuentra improcedente no la admitirá y así lo comunicará al Estado
solicitante.
2. Si no se hubieren reunido los requisitos establecidos en el tratado o en la Ley de
Extradición, lo hará del conocimiento del Estado promovente para que subsane las
omisiones o defectos que se señalen y, si en el plazo de dos meses no lo hace, se
levantan las medidas precautorias, en caso de haberlas.
3. La admite y envía la requisitoria al Procurador General de la República.
El Procurador General de la República:
1. Promueve ante el juez del distrito de la jurisdicción donde se encuentre el
reclamado. Si no se conoce su paradero, será competente el juez del distrito en
materia penal en turno en el Distrito Federal y le pide que dicte auto mandando
cumplir la requisitoria.
2. Que ordene la detención del reclamado.
189
3. Que en su caso ordene el secuestro de papeles, dinero u otros objetos que se hallen
en poder del reclamado, relacionados con el delito imputado o que puedan ser
elementos de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante.
El Juez de Distrito:
1. Obsequia el pedimento del procurador.
2. Una vez detenido el reclamado, sin demora lo hará comparecer ante su presencia y
le dará a conocer el contenido de la petición de extradición y los documentos que se
acompañen a su solicitud.
El detenido en la misma audiencia podrá nombrar defensor y en caso de no tenerlo y
manifestar su deseo de hacerlo, se le presentará lista de los defensores de oficio para que
elija; si no lo hace, el juez lo hará en su lugar. El detenido podrá solicitar al juez difiera la
celebración de la diligencia hasta que su defensor acepte el cargo.
Al detenido se le oirá en defensa por sí o por su defensor y dispondrá hasta de tres días para
oponer excepciones, que únicamente podrán ser: a) que la petición de extradición no está
ajustada al tratado o la ley, en caso; o b) que es persona distinta de aquella cuya extradición
se pide. El juez considerará de oficio estas excepciones aun cuando no se hubiesen alegado
por el reclamado.
El reclamado dispondrá de 20 días para probar sus excepciones, plazo que podrá ampliarse
en caso de ser necesario, dando vista previa al Ministerio Público, quien dentro del mismo
plazo podrá rendir las pruebas que estime pertinentes.
El juez, atendiendo a los datos de la petición formal de extradición, a las circunstancias
personales y a la gravedad del delito del que se trata, podrá conceder el reclamado, si éste
lo pide, libertad bajo fianza, en las mismas condiciones en que tendría derecho a ella si el
delito se hubiere cometido en territorio mexicano.
190
3. Una vez concluido el plazo de 20 días o antes si estuvieren desahogadas las
actuaciones necesarias, el juez dentro de los siguientes cinco días dará a conocer a
la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión jurídica de acuerdo a lo actuado y
probado ante él y le remitirá el expediente para que el titular de relaciones dicte su
resolución. Si el reclamado no opone excepciones o consiente expresamente en su
condición en el término de tres días arriba mencionados, el juez procederá sin más
trámite dentro delos tres días a emitir su opinión.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en vista del expediente y de la opinión del juez,
dentro de los 20 días siguientes, resolverá si se concede o rehúsa la extradición. En el
mismo acuerdo resolverá, si fuere el caso, la entrega de los objetos secuestrados al
detenido. (El detenido, entre tanto, permanecerá en el lugar donde se encuentra a
disposición de la Secretaría.)
1. Si rehúsa la extradición, ordenará que el reclamado sea puesto
inmediatamente en libertad. Si fuere mexicano y por ese solo motivo se
rehusare la extradición, notificará el acuerdo al detenido y al Procurador
General de la República, poniéndolo a su disposición y remitiéndole el
expediente, para que el Ministerio Público consigne el caso al tribunal
competente, si hubiere lugar a ello.
2. Si concede la extradición, la notificará al reclamado y si éste o su legítimo
representante no interponen demanda de amparo, dentro de término no de
ley, o se le niegue éste, la secretaría comunicará al Estado solicitante el
acuerdo favorable a la extradición y ordenará que se le entregue el preso.
La entrega del reclamado se hará previo aviso a la Secretaría de Gobernación y se efectuará
por la Procuraduría General de la República al personal autorizado del Estado que obtuvo la
extradición, en el puerto fronterizo, o en su caso, a bordo de aeronave en que deba viajar el
extraditado. La intervención de las autoridades mexicanas cesará, en este último caso, en el
momento en que la aeronave esté lista para emprender el vuelo.
191
Cuando el Estado solicitante deje pasar el término de dos meses desde el día siguiente en
que el reclamado quede a su disposición, sin hacerse cargo de él, éste recobrará su libertad
y no podrá volver a ser detenido ni entregado al propio Estado, por el mismo delito que
motivó la solicitud de extradición.48
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un cuadro sinóptico del tema visto en esta unidad.
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. ¿Ante quién se tramita la petición de extradición?
Ante la Secretaria de Relaciones Exteriores.
2. ¿Cuáles son los documentos en que se apoya la petición formal de extradición?
a. La expresión del delito por la que se pide la extradición.
b. La prueba de la existencia del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del
reclamado. Cuando el individuo haga sido condenado por los tribunales del Estado
solicitante, bastará acompañar copia auténtica de la sentencia ejecutoria.
c. En caso de no existir tratado.
d. La reproducción del texto de los preceptos de la ley del Estado solicitante que
define el delito y determina la pena, los que se refieren a la prescripción de la acción
y de la pena aplicable y la declaración autorizada de su vigencia en la época en que
se cometió el delito.
48 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Autor: Jesús Quintana Valtierra. Alfonso Cabrera Morales. Editorial Trillas. 2008.
Pp. 217-220.
192
e. El texto auténtico de la orden de aprehensión que, en su caso, se haya librado en
contra del reclamado.
3. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso?
Recibe la petición y la estudia. Si es improcedente no la admite. Si no se reúnen los
requisitos lo hará del conocimiento al Estado solicitante. La admite y envía al
Procurador General de la República.
4. ¿Cuál es la función del Procurador General de la Republica en el proceso de
extradición?
Promover ante el Juez del Distrito de la jurisdicción donde se encuentre el
reclamado. Que se ordene la retención del reclamado. Que se ordene el secuestro de
documentación, dinero u objetos en el poder del reclamado relacionados con el
delito imputado.
5. ¿Cuál es la función del Juez de Distrito en este proceso?
Obsequia pedimento del Procurador. Una vez detenido el reclamado la presenta y le
dará a conocer el contenido de la petición de extradición. El detenido en la misma
audiencia podrá nombrar defensor de lo contrario se le nombra un defensor de
oficio. Se le oirá en defensa y tendrá 3 para oponer excepciones las cuales son: que
la petición de extradición no se ajusta al tratado o la ley, que es persona distinta a la
que se pide su extradición.
193
UNIDAD XVI
COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER
DEL JUICIO DE AMPARO PENAL
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
EL NUEVO JUICIO DE AMPARO Y EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.
Autores: Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Rubén Sánchez Gil. Universidad Nacional
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2013.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Autor: Jesús Quintana Valtierra.
Alfonso Cabrera Morales. Editorial Trillas. 2008.
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD:
En esta última unidad de antología, se hace el estudio del marco del amparo penal, los
principios que lo rigen, el proceso acusatorio, así como el análisis de la competencia de los
Jueces de Distrito en materia de amparo penal y la suspensión de actos atentados a la
libertad personal.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante comprenderá los términos que rigen los principios que rigen al Juicio de
Amparo en materia Penal y sabrá de la competencia de los Jueces de Distrito.
194
TEMÁTICA:
16.1 Marco del amparo penal. El amparo penal y sus principios:
Los principios generales del amparo son conocidos por todos. En lo sucesivo, únicamente
los traeremos a la memoria, haciendo las aclaraciones pertinentes que resulten de la reforma
constitucional del 6 de junio de 2011 y la nueva Ley de Amparo.
A. Prosecución judicial:
El juicio de amparo es un proceso en el más puro sentido técnico de la palabra: es un
conjunto de actos concatenados a la finalidad de solucionar un conflicto de intereses
derivados de la aplicación de los derechos fundamentales y otras normas constitucionales.
La autoridad que lo desarrolla y resuelve es una de corte material y formalmente
jurisdiccional, y los jueces de amparo gozan de diversas garantías que aseguran su
independencia e imparcialidad. Como todo procedimiento jurisdiccional en sentido estricto,
el juicio de amparo se halla sujeto a los parámetros del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, en particular a los del debido proceso. Sin embargo, la jurisprudencia ha
afirmado dogmáticamente que los jueces de amparo no pueden violar garantías individua-
les, porque son sus garantes.
Esta afirmación se ha tomado en el sentido de que son inoperantes los agravios relativos a
dichas violaciones; aunque el Pleno de la Suprema Corte ha matizado este criterio,
afirmando que pueden considerarse dichos argumentos, cuando se relacionan con la
indebida aplicación de la Ley de Amparo u otra atinente a la materia.
B. Instancia de parte agraviada:
Como sucede en todo proceso, el juez de amparo no puede actuar motu proprio. Para iniciar
este medio de control se requiere que el juzgador sea instado a ello por una persona
legitimada al efecto, en virtud de la lesión que le produzca el acto de autoridad reclamado.
195
C. Agravio personal:
Si bien quien debe iniciar el juicio de amparo es el lesionado por el acto reclamado, no
cualquier agravio da derecho a ejercer esta acción procesal. Antes de la reforma del 6 de
junio de 2011, la fracción V del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, exigió que el
agravio que legitima al quejoso sea una afectación a su “interés jurídico”. Pero ahora dicha
reforma permite que el agravio para acceder al juicio de amparo se produzca por el
perjuicio causado al “interés legítimo” del quejoso, salvo cuando se reclamen actos de
tribunales judiciales, administrativos o laborales, para los cuales se conservó el concepto de
“interés jurídico”. Los artículos 5o., fracción I, 6o., y 61, fracción XII, de la nueva Ley de
Amparo regulan precisamente esta nueva legitimación ampliada. La diferencia entre el
“interés jurídico” y el “legítimo”, grosso modo, es que el primero se refiere a agravios
directos a la esfera de derechos y obligaciones personales del quejoso; en cambio, el
“legítimo” permite extender la esfera protectora del amparo a lesiones indirectas a la esfera
jurídica y aun a situaciones grupales jurídicamente tuteladas, ocasionadas por la autoridad.
Por eso ya es incorrecto denominar este principio de legitimación activa como de “agravio
personal y directo”, y proponemos denominarlo simplemente “agravio personal”. Desde
luego, no sin considerar que “actos o resoluciones provenientes de tribunales”, como indica
la fracción I del artículo 107 constitucional, quien desee promover amparo en su contra
deberá estar respaldado por un interés jurídico. Esta nueva legitimación ampliada en el
juicio de amparo extiende su esfera protectora, mas no al grado de hacerlo una “acción
popular” que cualquiera pueda ejercer. Por eso la legitimación activa en este proceso
requiere un “agravio personal”; expresión que a nuestro parecer comprende tanto al interés
“jurídico” como al “legítimo”, y así denota a grandes rasgos la naturaleza del agravio que
ahora debe sufrir su promovente.
Para el sistema procesal acusatorio, el “interés legítimo” del juicio de amparo no es tan
importante, pues, como señalamos, la reclamación de actos provenientes de órganos
jurisdiccionales sigue exigiendo un interés para obrar restringido: el “jurídico”.
196
D. Relatividad de las sentencias:
Este principio ha sido de los más tradicionales de nuestro juicio de garantías, pues data
incluso de la Constitución yucateca de 1841 en que Manuel Crescencio Rejón creó el juicio
de amparo. Como se sabe, se expresaba a través de la “fórmula Otero” contenida en el
primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional. Bien vista, la reforma
publicada el 6 de junio de 2011 no suprimió del todo esta fórmula, y las sentencias de
amparo continúan teniendo solo efectos relativos. Lo que dicha reforma sí eliminó en el
mencionado texto constitucional, fue su última parte que prohibía hacer una “declaración
general” sobre la constitucionalidad del acto o norma general que se reclamó. La protección
que otorga una sentencia de amparo —aunque con los matices derivados del interés
legítimo— seguirá teniendo efectos solo en relación con la persona que planteó este
proceso constitucional. La novedad respecto del sistema anterior es que cuando la Suprema
Corte de Justicia declare en jurisprudencia firme la inconstitucionalidad de una norma
general avisará de ello al órgano que la expidió, y si transcurrido el plazo de noventa días
naturales este no hubiera solucionado dicha irregularidad, el máximo tribunal emitirá una
“declaratoria general de inconstitucionalidad” que anulará erga omnes la norma de que se
trate.
A estos efectos resulta importante lo dispuesto por el artículo 78 de la nueva Ley de
Amparo, que explica la eliminación de la última parte de la fórmula Otero: cuando la
sentencia se refiera a la reclamación de una norma general, dicha resolución “deberá
determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional”; lo que servirá para
ulteriormente, en su caso, emitir la declaratoria general que expulse del ordenamiento dicha
norma.
El artículo 234 de la nueva Ley de Amparo señala que los efectos de esta declaratoria de
inconstitucionalidad “no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo
primero del artículo 14 de la Constitución”. Esta propuesta es muy conveniente porque
homologa el juicio de amparo con otros procesos constitucionales: de acuerdo con el último
párrafo del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105
Constitucional, las sentencias en controversia constitucional y acción de
197
inconstitucionalidad que expulsan del ordenamiento una “ley” en sentido amplio,
generalmente tiene efectos ex nunc, hacia el futuro, salvo en materia penal precisamente.
Lo único que habría que cuidarse es si dicha declaratoria pudiera tener efecto retroactivo en
perjuicio de los derechos de la víctima, dado el papel relevante que se le ha reconocido en
el proceso penal, especialmente por la reforma de 2008; por lo que sugerimos que dicha
retroactividad no los afecte cuando hayan sido reconocidos en alguna sentencia y se
refieran a la reparación del daño. Dada su trascendencia para el ordenamiento jurídico, los
efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad deben quedar muy bien
establecidos en cuanto a su temporalidad. Por eso consideramos que la regulación de esta
figura en las modificaciones a la legislación de amparo debe establecerse en el sentido que
proponemos.
E. Definitividad:
El juicio de amparo no es otro medio ordinario de defensa, por lo que solo puede iniciarse
una vez agotadas las vías jurídicas ordinarias, sean estas procesos judiciales, recursos o
incidentes. Empero se han previsto excepciones a este principio según la Constitución, su
legislación reglamentaria y la jurisprudencia, cuando se reclamen:
- Normas generales;
- Violaciones directas a la Constitución;
- Actos administrativos que por el medio de defensa ordinario no puedan suspenderse
con iguales o mayores alcances y facilidad que en el amparo;
- Terceros extraños al juicio o las partes asimilables a ellos, y
- Los casos de extrema gravedad, entre ellos la desaparición forzada de personas, que
prevé el artículo 15 de la nueva Ley de Amparo.
198
F. Estricto derecho y suplencia de la queja:
El artículo 79, fracción III, de la nueva Ley de Amparo dispone que operará la suplencia de
sus conceptos de violación o agravios a favor del inculpado o sentenciado, o bien, del
ofendido o víctima cuando sea quejoso o adherente. Lo relativo a esta cuestión amerita un
tratamiento más detenido, que le daremos en un apartado posterior, a cuyas consideraciones
nos remitimos.
G. Mayor beneficio:
Un principio del juicio de amparo de “reciente” elaboración jurisprudencial es el de “mayor
beneficio” al quejoso. Tiene fundamento en el artículo 17 constitucional, y puede
formularse, en términos generales, diciendo que en el juicio de amparo debe interpretarse y
aplicarse la ley del modo que otorgue el mayor beneficio jurídico al quejoso. El principio
de mayor beneficio es una manifestación del principio pro persona, que busca dar a los
derechos fundamentales el máximo espectro de tutela, bajo la idea de que es necesario
“garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de
justicia”.
Su justificación yace en el fin de la acción de este proceso constitucional: proteger los
derechos fundamentales. De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo debe ofrecer la
mayor amplitud para salvaguardar esos derechos, en beneficio de la parte que se duele de su
vulneración: la quejosa. Dicho principio es reconocido por el artículo 189, párrafo primero,
de la nueva Ley de Amparo, referente a la manera que deben estudiarse los conceptos de
violación en el amparo directo, en relación con el cual se acuñó este concepto. Sin
embargo, consideramos que el mismo principio también debe regir en el indirecto, como lo
ha hecho en varias ocasiones.
El principio de mayor beneficio puede tener múltiples aplicaciones, que van desde una
interpretación pro actione de los requisitos para acceder a este medio de control
constitucional, hasta la manera en que deben considerarse los conceptos de violación
presentados por el quejoso. No obstante, siempre existe la carga argumentativa del tribunal
199
respecto a los motivos por los cuales estimó que su determinación aporta “mayores
beneficios” al quejoso.
16.2 Principios del amparo penal:
Tradicionalmente el juicio de amparo en materia penal se ha regulado por disposiciones
legales expresas y criterios jurisprudenciales, que otorgan múltiples beneficios al reo. Estas
regulaciones se hallan inspiradas por la finalidad tutelar del juicio de amparo y el valor
superior que representa la libertad física, menoscabada por las restricciones a que puede
someterse en los procedimientos penales.
La elevada estima de la libertad física ha hecho que amerite una “protección superior,
jurídica y axiológicamente”, e incluso que se apliquen por analogía las reglas del amparo
penal a otros ámbitos jurídicos en los que se afecte dicho derecho fundamental. Tan
importante es este derecho de la persona que el “trata- miento especial que recibe la
afectación de la libertad personal en el juicio de amparo”, se ha convertido en un lugar
común que no siempre se usa con precisión. El amparo penal ha sido entonces un
procedimiento garantista en grado superlativo. Si naturalmente el juicio de amparo ya tiene
esa calidad en muchos aspectos, en la materia penal, en que está en juego uno de los valores
superiores de la persona y del orden constitucional, tiene que desplegar una tutela mucho
más intensa.
Aunque en los últimos años se ha convertido en un expediente de fácil disposición, el
“garantismo” consiste en una corriente jurídica bien delineada que intenta “posibilitar la
máxima eficacia de los derechos fundamentales”. Hay entonces reglas del juicio de amparo
en materia penal que específicamente atienden a los altos valores implicados en él. Entre
las principales se encuentran:
b) La promoción del juicio de amparo por comparecencia de cualquier persona, incluso
un menor de edad y ante jue- ces ordinarios en competencia concurrente, y sin
formular conceptos de violación; cuando se reclamen ataques a la libertad personal
200
fuera de procedimiento judicial, incomunicación o desaparición forzada de personas
que siempre serán suspendidos;
c) La suplencia de la queja a favor del inculpado y la víctima, aun ante la falta de
conceptos de violación o agravios;
d) Eximir al amparo directo en materia penal, cuando lo pro- mueva el inculpado, de la
“preparación” de la reclamación de violaciones procesales, a través de la reiteración
de las violaciones procesales en los agravios de la apelación contra dicha sentencia.
Las reglas anteriores configuran un “amparo penal” con verdaderos privilegios para el
quejoso, en aras de la defensa de su libertad personal. Por razones históricas, estos
privilegios se han enfocado hacia el acusado, y no en pro de la víctima u ofendido por el
delito. El nuevo papel de esta parte procesal en el sistema acusatorio, orilla a reconsiderar
su situación dentro del juicio de garantías, lo que haremos en oportunidades posteriores.
No obstante lo anterior, en la nueva Ley de Amparo vemos un problema para la tradición
liberal del juicio de derechos funda- mentales. El artículo 17, fracción IV, de este
ordenamiento dispone que “en cualquier tiempo” puedan impugnarse los actos a que se
refiere su artículo 15, homólogo al 17 de la ley anterior. Entre dichos actos se encuentran
los “ataques a la libertad personal fuera de procedimiento”, contra los cuales, sin limitación
temporal alguna, puede promoverse amparo. El artículo 22, fracción II, de la ley anterior
habló solo de los “ataques a la libertad personal”, sin calificativo, lo que permitía que en
cualquier tiempo se reclamasen actos tan importantes como la orden de aprehensión, la
prisión preventiva —que antes se dictaba en el auto de formal prisión— o el arraigo.
En cambio, al especificar que esa amplitud solo se otorgará respecto de ataques a la libertad
personal “fuera de procedimiento”, la nueva Ley de Amparo restringe la defensa contra
afectaciones a ese bien jurídico distintas a las especificadas de tal manera, al sujetarlas a la
regla general de quince días. Para lo anterior debe considerarse que: 1) el proceso penal
comienza con el auto de vinculación a proceso, según el numeral 170, fracción I, último
párrafo, de la nueva Ley de Amparo; 2) el artículo transitorio quinto de la misma establece
que serán aplicables sus plazos a los actos dictados antes de su vigencia, cuyo plazo de
201
impugnación no haya fenecido al iniciar esta, lo que repercutirá en la impugnación de esta
clase de actos, y 3) el auto de formal prisión debe considerarse “equivalente” al de
vinculación a pro- ceso para los efectos de esta nueva legislación, de acuerdo con su
transitorio décimo, lo que a primera vista parece inadecuado por las diferencias existentes
entre ambas resoluciones y los sistemas a que pertenecen.
Para el segundo de nosotros esta limitación es contraria a los numerales 7.6 —que prohíbe
restringir el recurso contra la detención ilegal— y 25.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos que tienen como fin último que haya la máxima amplitud para tutelar la
libertad personal, lo que apoya el hecho de que este supuesto es claramente una excepción
al principio de definitividad del juicio de amparo.
Por tanto, los juzgadores de amparo deberán ejercer sus facultades de interpretación
conforme o control de convencionalidad en relación con estos aspectos, y admitir en
cualquier tiempo todo juicio de amparo contra medidas que afecten la libertad personal de
las personas, entre las cuales también se halla el auto de vinculación a proceso, permitiendo
su promoción en cualquier tiempo y sin requerir el agotamiento de medios de defensa
ordinarios. Esto, por supuesto, sin perjuicio del posible cambio de situación jurídica que
permitan los términos del artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, tópico
que luego trataremos.
16.3 Juicio de amparo y proceso acusatorio:
a) El proceso acusatorio:
El sistema procesal penal acusatorio fue implantado por la reforma constitucional publicada
el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con la propia ley
fundamental, tiene los fines siguientes: 1) esclarecer los hechos, 2) proteger al inocente, 3)
procurar que el culpable no quede impune, y 4) reparar los daños causados.
No nos detendremos en una extensa exposición sobre el proceso acusatorio, tan llevado y
traído en los últimos años, pero sí consideramos pertinente, para que nuestra exposición
202
posterior tenga una base, traer a la memoria sus aspectos más importantes. El aspecto más
llamativo de la reforma penal de 2008, reiteramos, es la explícita introducción de la
oralidad de los procesos penales como mandato constitucional, contenida en la primera
línea del artículo 20 de la ley suprema. Como es fácil suponer, la oralidad tiene importantes
consecuencias en el desarrollo del proceso y en los “métodos probatorios” propios del
sistema acusatorio, sobre lo cual volveremos adelante. En el campo penal es absolutamente
indispensable con la máxima amplitud, por la alta jerarquía de los valores implicados: por
un lado la libertad física y el honor del imputado, y por el otro el interés público en la
persecución de los delitos —entendidos como agravios a los bienes colectivos más
fundamentales—, incluyendo una mejor comunicación de las condenas de la comisión de
actos delictivos.
En los principales tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por México, la
oralidad del proceso penal se halla establecida implícitamente, como consecuencia de la
publicidad que debe revestirlo; la recomendación 25.1 de las Reglas de Mallorca lo
establece con claridad, pero no es vinculante como su nombre indica.
Por eso es tan importante la consagración constitucional de la oralidad en el proceso penal
mexicano. Con rigor técnico, es incorrecto hablar de proceso “oral” o “escrito”, pues en
todas las materias los procesos tienen elementos de una y otra naturaleza; aunque por lo que
respecta a la reforma penal de 2008, ella tiene por objeto poner de relieve la consagración
constitucional que operó. A muy grandes rasgos y sin entrar en pormenores teóricos, las
etapas del procedimiento penal mexicano pueden explicarse de la siguiente manera:
- Investigación: En esta etapa la autoridad ministerial recabará datos, a partir de la
notitia criminis, tendentes a acreditar hechos que constituyan un delito y la probable
responsabilidad del indiciado. Es factible que en casos con un alto estándar de
urgencia y necesidad, se le autoricen por el juez de control diversas actividades
probatorias (cateo, intervención de comunicaciones, etcétera);
- Etapa preliminar: Considerando que los datos sean suficientes para cumplir los
extremos para una orden de aprehensión o de presentación, el Ministerio Público
imputará a una persona cierto delito ante el juez de control, quien determinará en el
203
auto de vinculación a proceso si dichos datos son suficientes, dictando las medidas
cautelares que correspondan (como la prisión preventiva), y abriendo la
investigación formalizada por el tiempo estrictamente necesario, que deberá ser el
menor posible en caso de dictarse prisión preventiva.
- Etapa intermedia: De contarse con los elementos suficientes, el Ministerio Público
formulará acusación contra el imputado. Posteriormente, en la audiencia intermedia,
se ofrecerán las pruebas conducentes, sin perjuicio de los acuerdos probatorios entre
las partes para que algún hecho sea incontrovertido; el juez de control los admitirá
según su pertinencia, idoneidad y licitud. El mismo juzgador indefectiblemente
abrirá la etapa de juicio oral mediante el auto correspondiente.
- Juicio oral: Ante juez distinto al de las etapas anteriores, se desarrollará el debate
procesal sobre la litis fijada, y se desahogarán los medios probatorios
correspondientes (salvo cuando se admita la prueba anticipada). Este mismo
juzgador dictará sentencia que condenará o absolverá al acusado.
b) Amparo y principios del sistema acusatorio:
Se ha discutido si los principios señalados por el primer párrafo del artículo 20
constitucional son aplicables al juicio de amparo en materia penal. Hay quien sostiene que
dichos principios también deben ser observados en sede constitucional, cuando en esta se
impugnan actos relacionados con el procedimiento penal. Otros, en cambio, son de la idea
de que “todos los [principios] inherentes al nuevo sistema penal, son propios del proceso
ordinario, pero no necesariamente para el juicio de amparo cuya naturaleza y fines son
distintos”, y de que “no deben confundirse las distintas formalidades y principios
procesales que rigen al nuevo proceso penal…, con las que continúan vigentes para el
juicio de amparo”.
A nuestro parecer, la razón está con el segundo criterio que referimos.98 No obstante,
deben considerarse ciertos matices importantes. El juicio de amparo es un proceso judicial
verdaderamente autónomo, seguido ante autoridades orgánica y materialmente diferentes, y
204
sobre todo con un objetivo que difiere del perseguido por el proceso penal: salvaguardar los
derechos fundamentales y el orden constitucional. Aunque pueden hacerse precisiones
sobre él de índole directa, por su cercanía con la casación, en términos generales el juicio
de amparo no es una instancia que propiamente continúe el proceso original, y esto ha
quedado claro desde que se discutía si este medio extraordinario se trataba de un juicio o un
recurso.
A lo anterior no se interpondría que la CIDH hubiera considerado la instancia de amparo
como parte del “proceso penal”, según vimos en la sección respectiva del capítulo anterior.
Dicho tribunal sostuvo esa opinión para efectos de establecer si el asunto se resolvió en un
“plazo razonable”, y a ese fin obedece la “adición” del amparo a las etapas del proceso
penal, no a una declaración ontológica sobre la naturaleza del amparo. Además, en todo
caso, su afirmación se referiría al de otros países en sus propias circunstancias, que podrían
diferir de las mexicanas.
Por otra parte, los principios constitucionales relativos al pro- ceso acusatorio penal tienen
el carácter de derechos fundamentales, y por ende de principios que buscan influir toda
decisión jurídica en que sean relevantes. El juzgador de amparo, más que cualquier otro por
ser el guardián de esos derechos, debe estar atento a no vulnerarlos y procurar que sus
resoluciones se ajusten al contenido de los mismos. Esto significa que las decisiones del
juez constitucional deben estar orientadas por dichos principios, los cuales tampoco el
legislador ha de vulnerar. ¿Qué sucede cuando uno los principios característicos del juicio
de amparo parece pugnar con los del sistema acusatorio? Un ejemplo claro sería el conflicto
entre la suplencia de la queja del primer proceso y la rigurosa igualdad del segundo, que
incluso excluye terminantemente las comunicaciones ex parte. A grandes rasgos, las bases
del juicio de amparo no son menos constitucionales que las del proceso penal acusatorio;
bajo el principio de especialidad (lex specialis derogat generali), la aplicación de las
disposiciones que regulan el juicio de amparo tendrían preferencia sobre cualquier otra
ajena a la materia correspondiente, y, en todo caso, especialmente cuando no sea definitivo
el criterio anterior (que se refiere exclusivamente al plano literal), la interpretación
constitucional correspondiente debe pasar el tamiz del principio de proporcionalidad.
205
Por todo lo anterior, los principios del proceso penal “no necesariamente” aplican al juicio
de amparo. Algunos de ellos sí lo hacen, pero no porque el amparo sea una “continuación”
de la instancia ordinaria, o aquel indefectiblemente deba seguir dichos principios al ingresar
en esa materia —aunque siempre deba considerar su influencia—, sino porque: 1) son
generalmente aplicables a todo proceso, como es el caso de los de contradicción e
inmediación para las pruebas ofrecidas en sede constitucional, o 2) porque como
“principios” que son, influyen la decisión jurídica correspondiente que toma el juzgador
dentro de su ámbito de discrecionalidad interpretativa o aplicativa.
Sin embargo, debe considerarse que el objetivo del amparo no es tener efectos que
desnaturalicen los procesos naturales. Tampoco lo es permitir al quejoso obtener un
resultado que no le correspondería, por exceder lo que el derecho otorga. Pero siempre debe
analizarse con cuidado cada situación, para establecer los límites de los derechos de quienes
intervienen en ella. En tal virtud creemos que el primer criterio mencionado previamente,
aparentemente aplica de manera incorrecta el principio de contradicción en el juicio de
amparo. Dicho principio o cualquier otro del sistema acusatorio no debe llevarse del
proceso penal al constitucional, afectando los principios específicos de este, en perjuicio de
los derechos fundamentales del reo, con un inadmisible formalismo contrario al garantismo
del amparo.
Esencialmente de esa misma opinión fue la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver
las contradicciones de tesis 160/2010 y 412/2010. En ambas ejecutorias el máximo tribunal
sostuvo que “la naturaleza del proceso penal y del juicio de amparo son completamente
distintas”, puesto que en el último se ejerce la función de control constitucional, por lo cual
en él debe velarse porque “prevalezcan los principios constitucionales frente a cualquier
legislación o acto de autoridad”.
Esta razón justifica las diferencias entre el juicio de amparo y el proceso penal. En
resumen, “no necesariamente” se deben aplicar rigurosa e inmediatamente los principios
del proceso penal en el juicio de amparo. Como señaló la Suprema Corte, aquellos deben
atender- se por la fuerza normativa que les corresponde como derechos fundamentales.
Pero solo pueden servir como criterios orienta- dores a usar en el ejercicio de la
206
discrecionalidad interpretativa y aplicativa de los jueces de amparo, porque los sujetos a
quienes se dirigen naturalmente no son estos, sino los tribunales ordinarios, y por supuesto,
siempre considerando la correcta ponderación entre ellos, como mostró la colisión de los
principios acusatorios de contradicción, igualdad y no incriminación, que tuvo lugar en el
caso materia de la contradicción de tesis 412/2010. El influjo de tales principios procesales
penales no puede alcanzar a “derogar” los principios y reglas legislativas del juicio de am-
paro, y menos cuando derivan de la naturaleza y fines propios de este proceso también
constitucional.
16.4 Jueces de control y defensa de la libertad:
La reforma constitucional de 2008 operó una modificación orgánica sumamente
importante: la introducción del llamado “juez de control”, también llamado en otras
latitudes y en entidades federativas mexicanas, “juez de garantía”. Se ha dicho que esta es
“una de las medidas más importantes y acertadas” de la reforma penal de 2008, habida
cuenta de que con ella por sí sola se logran diversos objetivos como la “judicialización” de
la investigación y evitar demoras en la misma.
La indicada reforma solo menciona a los jueces de control en el párrafo decimotercero del
artículo 16 constitucional, atribuyéndoles la obligación de autorizar medidas cautelares,
providencias precautorias y técnicas de investigación. Nunca se recalcará lo suficiente la
importancia de lo anterior: la investigación penal requiere la intervención estatal de
múltiples ámbitos en que se involucran los derechos fundamentales: domicilio,
comunicaciones, etcétera; y corresponde a la autoridad judicial su vigilancia para garantizar
la protección de los derechos en juego. Esto en razón de que, como veremos al hablar del
principio de proporcionalidad en un apartado posterior, dicha intervención requiere la
ponderación del cumplimiento de diversos parámetros jurídicos, un juicio que tendría un
resultado con graves consecuencias independientemente de su sentido, cuya corrección solo
un juzgador podría asegurar por su imparcialidad.
207
Además del anterior fundamento textual, la existencia de estos juzgadores se apoya
implícitamente en la separación del artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional,
relativa al juez que instruyó el caso y el que lo juzgará, que conlleva la celebración de la
etapa de preparación del juicio oral. Asimismo, el tercer párrafo del artículo 17
constitucional admite la posibilidad de que un órgano judicial autorice los convenios de
reparación del daño entre el imputado y la víctima, lo que correspondería a los indicados
jueces de control. A estas nuevas figuras judiciales les corresponde, por su naturaleza,
participar a todo lo largo del procedimiento penal, salvo en las etapas de juicio oral y
ejecución.
Por ende, las funciones de estos juzgadores se resumirían en las siguientes:
1) Resolución de las solicitudes del Ministerio Público que se traduzcan en
afectaciones a los derechos (fundamentales) del indiciado, como la orden de
aprehensión y la intervención de sus comunicaciones;
2) Resolución de conflictos que se presenten durante el desarrollo de las etapas previas
al juicio oral, y eventualmente,
3) Control de convenios derivados de mecanismos alternativos de resolución de
controversias, celebrados durante el lapso procesal de su competencia.
La participación de los jueces de control en el procedimiento penal plantea la cuestión de si
ejercen alguna forma de control constitucional, puesto que una importante porción de sus
competencias implica aplicar directamente los derechos fundamentales con miras a su
protección. En un momento previo, y sin considerar lo establecido por la Suprema Corte en
el caso Radilla (varios 912/2010) porque era muy reciente esta resolución, opinamos que
este problema debe resolverse en sentido negativo: los jueces de control no tienen
jurisdicción constitucional, sino ordinaria.
Sin duda, nuestra opinión anterior debe responder ahora a la actual configuración del
sistema de control constitucional en México y a las opiniones expresadas últimamente. El
caso Radilla instituyó en nuestro país un sistema “mixto” de control constitucional,
formado por instrumentos de tipo concentrado que operan por vía de acción —incluyendo
208
entre ellos, para efectos prácticos, al juicio de amparo—, y la respectiva facultad para que
se ejerza dicho control de modo difuso por todos los órganos jurisdiccionales por vía de
excepción.
Como estableció la Suprema Corte en dicha resolución, ambos sistemas no son excluyentes
entre sí ni alternativos, sino que se ejercen ambos sin perjuicio recíproco. Es innegable que
de alguna manera la existencia del control difuso —de constitucionalidad y también de
convencionalidad, que a grandes rasgos son concomitantes— convierte a todos los
juzgadores en garantes del orden constitucional, y sobre todo de los derechos humanos. Sin
embargo, en realidad esto no es una competencia ajena a la propia función jurisdiccional,
vedada por la anterior proscripción jurisprudencial de dicho control. En la clásica sentencia
de Marbury vs. Madison que estableció el control difuso, la Suprema Corte norteamericana
por voz de su chief justice, John Marshall, enfatizó para fundar la existencia de la facultad
de control judicial, que es “ámbito y deber (province and duty) del Departamento Judicial
decir lo que es el derecho”; de manera que el control difuso está basado en una “simple” y
natural interpretación que determina la norma aplicable al caso particular. En cambio, en
los sistemas concentrados que tienen procesos cuya acción tiene como particular fin
determinar si un elemento jurídico —primordialmente una ley en sentido estricto— es o no
conforme a la Constitución, no solo se da dicha operación hermenéutica, sino que tal
cuestión de regularidad es el precisamente litigio que específicamente dirime el juzgador o
tribunal, que cuenta con competencia especializada y particularmente otorgada para ello.
Cuando ejercen control difuso, los jueces ordinarios no llevan a cabo más que una
operación necesaria —ahora exigible— para dirimir el litigio ordinario que se les sometió
(civil, penal, mercantil, administrativo, etcétera); de ahí que no haya necesidad de, por
ejemplo, citar a la legislatura que emitió la norma general impugnada. Los jueces
constitucionales ejercen precisamente la función que justifica su existencia, y lo hacen
juzgando al órgano a que se atribuye un proceder inconstitucional, llamándolo para que
exprese lo que a su derecho corresponda, y según el caso invalidando su acto para todos los
efectos a que haya lugar, no solo para el caso concreto.
209
Esta especialización, tanto orgánica como procesal, hace “constitucionales” a los jueces. La
respuesta a si los jueces de control y sus procedimientos constituyen un “medio de control
constitucional” es mucho más compleja. Hasta cierto punto esta discusión es bizantina,
porque si se les negara dicha calidad, los indicados juzgadores no dejarán de tener la
competencia que tienen, y esta tampoco acrecerá teniéndolos como instrumentos de control
constitucional. Su utilidad es meramente científica, en el sentido de que nos permitirá
comprender mejor la naturaleza de la actividad de los jueces de control. En una interesante
monografía derivada de su investigación doctoral, Salvador Castillo Garrido planteó muy
atendibles argumentos que aportó a la discusión de este tema la interesante monografía que
referiremos adelante. Otro aspecto plausible de su metodología fue también que consideró
las razones para negar o afirmar la naturaleza “constitucional” de los jueces de control. La
posición del mencionado autor parece inclinarse a que los jueces sí ejercen un control
constitucional, pues indica que “deben asumirse como verdaderos garantes de derechos
fundamentales”, que incluso “supera[n] en economía procesal al juicio de amparo”, y cuya
impugnación, en caso de ejercicio indebido, debiera darse a través de la inmediata
procedencia del recurso de revisión que prevé la legislación de amparo. La llamada
“jurisdicción constitucional de la libertad” es “[u]n modo… diferenciado, reforzado, o sea
distinto incluso estructuralmente pero sobre todo por los efectos, de aquellos por los cuales
igualmente pueden sostenerse en juicio otros derechos”. Se trata entonces de una vertiente
del control constitucional concentrado, destinada ex profeso a hacer valer los derechos
fundamentales, a través de un proceso en que el litigio versa únicamente sobre si un
determinado acto es o no contrario a dichos derechos.
Por ello, los procedimientos de los jueces de control no pueden comprenderse dentro de
dicha “jurisdicción constitucional de la libertad”: su labor es solo accesoria, y a lo mucho
connatural del fin primordial de su existencia, que es contribuir a determinar si se dan los
su- puestos que justifican someter a proceso penal a una persona, relativo a si incurrió en
una responsabilidad de tal naturaleza, no a determinar exclusivamente la violación de
derechos fundamentales. Que parte importante de la labor de dichos juzgadores sea pre-
venir tales contravenciones o impedir su eficacia en el proceso penal, se debe a que la
materia penal, en todo instante, está íntimamente vinculada con la libertad personal, y a que
210
esta y otros derechos corren grandes riesgos en materia penal. La función de garantía de los
jueces de control consiste en un control “objetivo”, en el sentido de requerirse una
“segunda opinión” para la pertinencia de determinadas acciones ministeriales —incluyendo
la continuación del curso del procedimiento—, que se encarga a un órgano judicial como
suele hacerse con las determinaciones más importantes del ordenamiento jurídico, que por
virtud de la materia se relaciona estrechamente con afectaciones graves a derechos
fundamentales importantes, como sucede con la sanción judicial que se exige en otras
materias para determinados actos —como la transmisión de propiedad de bienes
pertenecientes a menores—, que también tiene por objeto proteger derechos, algunos de
ellos también fundamentales.
Si entendemos de una manera extensa el “control constitucional”, e incluimos en él a
cualquier procedimiento que tenga por objeto prevenir, sancionar, reparar y, en general,
salvaguardar los derechos fundamentales, toda autoridad tendrá esa función. No habría
diferencia entre la Suprema Corte resolviendo una acción de inconstitucionalidad y
cualquier otra autoridad protegiendo y promoviendo los derechos humanos como pres-
cribe el artículo 1o. constitucional. Hay que poner algún límite conceptual entre las
operaciones de dicho control y las que no lo son: aquellas consisten en las resoluciones que
a través de un procedimiento precisamente creado para ello establecen, previenen, reparan
y/o sancionan las violaciones a las normas constitucionales, en particular la relativa a los
derechos humanos. Al no ser la prevención de vulneración de derechos fundamentales la
materia esencial y exclusiva del procedimiento penal y de las funciones de los jueces de
control, aunque estos se hallen previstos en la ley fundamental, no deben considerarse
“jueces constitucionales” —máxime al no poder establecer la invalidez de una norma
general, si siquiera por lo que respecte a la esfera jurídica del justiciable— ni pensar que su
labor es propiamente de “control constitucional”.
Lo anterior evidentemente, y como ya señalamos, sin negar las importantes competencias
que tienen los jueces de control, que incluyen la facultad que tiene toda autoridad de
211
interpretar de manera directa —aunque no definitiva— la Constitución y los tratados
internacionales. 49
16.5 Competencia del Juez de Distrito en materia Penal:
El Ministerio Público:
a) Recibe la denuncia o querella.
b) Practica la averiguación.
c) Ejercita la acción penal: con detenido o sin detenido.
El juez dicta:
I. Radicación. Dicta auto de radicación:
Si es sin detenido: estudia el expediente y dicta la orden de aprehensión o de
comparecencia o la niega.
Si es con detenido: decreta la detención. Pide al director del reclusorio haga
comparecer al inculpado ante la presencia judicial el día que señale para que
rinda su declaración preparatoria.
II. Declaración preparatoria. Dentro de las 48 horas contadas a partir de su
detención le toma su declaración preparatoria, que comenzará por las generales
del inculpado.
Le hace saber:
a) El derecho que tiene a defenderse por sí o por persona de su confianza;
advirtiéndole que si no lo hiciera el juez le nombrará un defensor de oficio
que no le cobrará honorarios.
b) La naturaleza y causa de la acusación.
c) La querella si la hubiera.
49 EL NUEVO JUICIO DE AMPARO Y EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Autores: Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Rubén Sánchez Gil. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2013. Pp. 23-50.
212
d) Los nombres de sus acusadores y testigos que deponen en su contra.
e) El motivo de su detención.
f) El delito del que se le acusa.
g) Que la acusación que le presento el Ministerio Público.
h) Que puede declarar o negarse a hacerlo.
i) Que tiene derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional, la que le
concederán si procede.
j) Se le da a conocer el oficio de consignación y sus anexos.
k) Si manifiesta su voluntad de declarar, se le examina respecto a los hechos
que motivaron la averiguación.
III. Formal presión o libertad.
a) Dentro de las 72 horas siguientes a la de su detención, resuelve sobre la
situación jurídica del detenido, expresado si queda formalmente preso o en
libertad por falta de elementos para proceder.
Se dicta el auto de formal prisión, cuando de lo actuado aparezca acreditado:
1. Que se tomó declaración preparatoria al inculpado en forma y términos
que exige la ley o que conste en el expediente que se negó a declarar.
2. Que está comprobado el cuerpo del delito que tenga señalado sanción
privativa de la libertad.
3. Que está demostrada la presunta culpabilidad del acusado.
4. Que no está plenamente comprobada a favor del inculpado, alguna
circunstancia eximente de responsabilidad, o que extinga la acción penal.
b) Se comunica la resolución al director del reclusorio, al presidente del
Instituto Federal Electoral y al superior jerárquico del procesado cuando sea
servidor público.
c) Se le manda identificar por medio del sistema adoptado administrativamente.
d) Se pide informe de sus ingresos anteriores.
213
IV. Se declara agotada la instrucción. En el auto de formal prisión o de sujeción a
proceso, según corresponda, el juez, de oficio, resolverá la apertura del
procedimiento sumario en el que se procurará agotar la instrucción dentro del
plazo de 30 días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos:
1. Que se trate de flagrante delito.
2. Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o
ratificada ante ésta de la rendida legalmente con anterioridad.
3. Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena
aplicable, o ésta sea alternativa o no privativa de libertad.
V. Cierre de la instrucción. Una vez que el juzgador estime agotada la instrucción,
que se procurará que se haga dentro de los 15 días siguientes al dictado del auto
mencionado, dictará resolución citando a la audiencia a que se refiere el artículo
307, la que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de
la resolución que declare cerrada la instrucción (art.152 del Código Federal de
Procedimientos Penales).
VI. Audiencia de vista. Al recibirse la ficha de identificación y el informe de
ingresos anteriores, se solicita a los jueces que hubiesen conocido de los
procesos anteriores, que informen sobre el estado de los mismos.
VII. Sentencia. Se ordena la práctica de careos con las personas que declararon en su
contra o que el inculpado afirma no conocer.
VIII. Tribunal unitario. Una vez practicados los careos, recibida la ficha y los informes
de ingresos anteriores, declara agotada la instrucción y pone el proceso a la vista
de las partes por 10 días comunes, para que promuévanlas pruebas que estimen
pertinentes y que puedan desahogarse dentro de los 15 días siguientes al en que
se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba.
Transcurridos o renunciados los plazos anteriores, declara cerrada la instrucción y pone la
causa a la vista del Ministerio Público, por 10 días, para que formule conclusiones por
escrito.
214
Al presentarse las conclusiones acusatorias del Ministerio público, se dan a conocer al
acusado y al defensor para que en el término de 10 días formulen las que crean procedente.
Si no las presentan en este plazo, se tienen por formuladas de inculpabilidad.
El mismo día que el acusado y el defensor formulen conclusiones, se cita a la audiencia de
vista, que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes, y que produce efectos de
citación para sentencia.
En la audiencia, el juez, el Ministerio Público y la defensa, pueden interrogar al acusado
sobre los hechos materiales del juicio. Al concluir, se declararán vistos los autos para
sentencia.
Dicta sentencia. Comunica su contenido al director del reclusorio, al tribunal unitario y al
juez del amparo, si lo hay, lo mismo que a todas las autoridades que ordene la propia
sentencia.
Si en cinco días no apelan, se declara ejecutoriada a cumplimentarla.
Si apelan, se envía los autos al tribunal unitario.
Contra su resolución procede el amparo director ante el tribunal colegiado.
16.6 Juicio de Amparo Penal:
1. Actos contra los que procede (art. Fracs. I, II y III de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación):
a) Contra las resoluciones judiciales del orden penal.
b) Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal (salvo que se
trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del
procedimiento penal).
215
c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, de la libertad,
deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22
constitucional.
d) Contra las resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible
a personas distintas de las inculpadas, o en los de responsabilidad civil, por los
mismos tribunales que reconozcan o hayan conocido de los procesos
respectivos, o por los tribunales diversos, en los procesos de los juicios de
responsabilidad civil, cuando la acción se funda en la comisión de un delito.
e) Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal.
2. Ante quien debe interponerse:
a) Ante el juez de distrito (art, 42 y 114 de la Ley de Amparo).
b) Ante el superior de tribunal que haya cometido la violación (art. 37, 64, 83, fracs.
I y IV, 156 de la Ley de Amparo). (Competencia concurrente.)
c) Ante el juez de primera instancia (arts. 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Amparo).
(Competencia auxiliar.)
3. Quien puede interponerlo:
a) La parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame (art. 4o. de la Ley de
Amparo)
b) El defensor (arts. 4º. Y 16 de la Ley de Amparo).
c) Algún pariente (art. 4o. de la Ley de Amparo).
d) Alguna persona extraña (arts. 4º. 17 y 18 de la Ley de Amparo).
e) El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación
del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de algún
delito, sólo contra actos que emanen del incidente de reparación o de
responsabilidad civil, o contra actos surgidos dentro del procedimiento penal,
relacionado inmediatamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los
bienes que estén afectados a la reparación del daño (arts. 10 de la Ley de
Amparo).
4. Cómo puede interponerse:
a) Por escrito (arts. 3º. Y 116 de la Ley de Amparo).
b) Por comparecencia (arts. 117 y 121 de la Ley de Amparo).
216
c) Por telégrafo (arts. 118, 23, párrafo segundo, de la Ley de Amparo).
5. Término para interponerse:
En cualquier tiempo (arts. 22, frac. II, y 23 de la Ley de Amparo).
Trámite de la demanda de amparo indirecto penal:
Oficialía de partes
Recibe la demanda
La registra
La turna al secretario de acuerdos.
Secretario de acuerdos. Quien examina si el juzgado:
Es competente.
Si la demanda es procedente.
Por ser amparo indirecto.
Por territorio
Por materia.
Si se cumplen los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo.
Da cuenta al juez, quien determina:
1. Si está o no impedido.
2. Si es o no competente.
3. Si la demanda es o no procedente.
4. Si previene al quejoso cumpla requisitos, haga aclaraciones op reente copias.
5. Si la admite.
6. Si concede suspensión de oficio.
7. Si se tramita o no incidente de suspensión.
217
8. Si concede o no suspensión provisional y para qué efectos y bajo qué
condiciones.
Ordena que pasen los expedientes al actuario para que notifique.
Por oficio.
Por lista.
Personalmente
El juzgado recibe:
Informes previos.
Informes justificados.
El juez ordena:
a) Se reciban documentales.
b) Se preparen pericial y testimonial y de inspección judicial.
- Celebra audiencia.
- Dicta sentencia.
Alguna de las partes interpone recurso d revisión:
- Plantean.
- Incompetencia.
- Acumulación o aducen impedimento del juez.
Se tramita:
- Sentencia firme.
- Cumplimentación.
218
16.7 Demanda:
El juez está impedido:
Remite la demanda al juez que debe conocer de la misma; el juzgado resulta
incompetente.
Se declara incompetente y remite la demanda a quien estima competente.
La demanda es manifiesta e indudablemente improcedente se desecha de plano.
La demanda no cumple con los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo.
Se previene al quejoso llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones
requeridas o presente las copias faltantes.
El juez no está impedido, el juzgado es competente, la demanda es procedente y
cumple con el artículo 116 de la Ley de Amparo.
16.8 Competencia de los Jueces de Distrito en materia de Amparo Penal:
Reglas de
competencia:
Excepciones Tramite de
incompetencia:
1.- Por ser amparo indirecto.
Es competente para conocer del amparo indirecto a que se refiere el art. 114 de la Ley de Amparo.
1.- Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
Aunque residan en su jurisdicción.
1.- No tiene
competencia para
conocer de los
amparos contra actos
del tribunal unitario,
por ser su superior
jerárquico. Es
competente el juez de
distrito que sin
pertenecer a su
jurisdicción este más
próximo a la
residencia de aquel.
Art. 42.
Si presentan al juez de distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos a que se refiere el art. 44 (sentencias definitivas), se declarara incompetente de plano y mandara remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal, conforme al at. 49.
219
2.- Por territorio. 2.- Si ha comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
2.- Aun cuando la autoridad responsable este dentro de su jurisdicción no es competente el juez de distrito para conocer del amparo que se interponga contra actos de autoridad que actúen en auxilio de la justicia federal o diligenciando requisitorias, exhortos o despachos, si debe avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado, o se hubieren librado la requisitoria, despacho o exhorto. Es competente el juez de distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, este más próximo a su residencia. Art. 43.
Si ninguna de las
autoridades
responsables radica en
la jurisdicción
territorial del juez de
distrito, su
incompetencia resulta
notoria.
a.- Si se trata de actos
que importen peligro
de privación de la
vida, ataques a la
libertad personal fuera
del procedimiento
judicial, deportación o
destierro, o alguno de
los prohibidos por el
art. 22 constitucional,
conforme al segundo
párrafo del art. 54 el
juez se limitara a
proveer sobre la
suspensión provisional
o de oficio, y sin
proveer sobre la
admisión de la
demanda, la remitirá
con sus anexos al juez
que estime
competente.
b.- Si no se trata de
ninguno de los actos
señalados, el juez, sin
proveer sobre si
admisión y sin
sustanciar incidente de
suspensión, la remitirá
con sus anexos al juez
de distrito que
corresponda, con
apoyo en el segundo
220
párrafo del art. 54 ya
citado.
Si presentan una demanda de amparo a un juez de distrito especializado por razón de materia, en que el acto reclamado emane de un ramo diverso al de su jurisdicción, con fundamento en el art. 50, la remitirá de plano con todos sus anexos al juez de distrito que corresponda, sin resolver sobre su admisión, ni sobre la suspensión, salvo el caso previsto en el segundo párrafo del art. 54.
3.- Por materia. 3.- El juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando esta no requiera ejecución material (at.36): conoce de los juicios de amparo a que se refiere el artículo 51 fracciones I y II y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
16.9 Suspensión de actos atentatorios a la libertad personal:
II. Emanados de autoridades judiciales:
A. Actos en vías de ejecución (quejoso libre):
221
1. Orden de aprehensión de juez en que el delito que se atribuye al quejoso
está sancionado con una penalidad que en su término medio aritmético
no excede los cinco años de prisión.
2. Orden de aprehensión de juez en que el delito que se atribuye al quejoso
está sancionado con una penalidad que en su término medio aritmético
excede los cinco años de prisión.
B. Actos ya consumados (quejoso detenido). Quejoso detenido en virtud del
auto de formal prisión que dictó en su contra el juez del proceso.
III. Emanados de autoridades distintas de la judicial (administrativas):
A. Actos en vías de ejecución:
1. Se trata de detener al quejoso con policías.
2. Se trata de detener al quejoso por el procurador de justicia o por el
agente del Ministerio Público.
B. Actos ya consumados (quejoso detenido). Quejoso detenido por autoridades
administrativas.
Se concede la suspensión provisional para que el quejoso no sea privado de su libertad y
quede a disposición del juez de amparo por lo que toca a su libertad personal y al juez de su
causa para los efectos de la continuación del procedimiento penal, con la obligación de
presentarse ante el juez de su causa y la de otorgar caución que fije el juez de distrito.
Se concede la suspensión provisional para el efecto de que una vez aprehendido, quede a
disposición del juzgado de Distrito en el lugar que sea recluido, únicamente por lo que se
refiere a su libertad personal y a la del juez de su causa para la continuación del
procedimiento penal, en atención a que la orden de aprehensión fue dictada por un delito
sancionado con pena cuyo término medio aritmético es mayor a cinco años de prisión que
no le permite del beneficio de la libertad caucional a que se refiere el artículo 20
constitucional fracción I.
Se concede la suspensión provisional para que el quejoso quede a disposición del Juzgado
de Distrito en el lugar que se encuentra detenido, en cuanto a su persona y libertad, y ala del
222
juez del proceso por lo que hace la continuación del procedimiento (si el delito por el que
fue detenido está sancionado con una penalidad que no excede de cinco años de prisión en
su término medio aritmético, el juez de distrito puede conceder la libertad provisional en el
incidente de suspensión).
Se concede la suspensión provisional para que el quejoso no sea privado de su libertad,
hasta en tanto se notifique la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.
Se concede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso no sea privado de su
libertad, hasta en tanto se notifique la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva,
siempre y cuando la orden de captura no proceda de autoridad distinta de las señaladas
como responsables, con la responsabilidad de presentarse ante el procurador de justicia o
Agente del Ministerio Público que señala como responsables, sin prejuicio de que estos
practiquen las diligencias necesarias o hagan la consignación correspondiente.
Se fija la garantía a juicio del juez.
Se concede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso quede a disposición
del juez de distrito, en cuanto hace a su libertad personal, en el lugar que se encuentre
detenido del cual no podrá ser trasladado a otro sitio diverso, salvo que la autoridad
responsable lo ponga en libertad de inmediato o lo consigne a la autoridad judicial
correspondiente dentro del término de 24 horas. 50
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Realiza un mapa conceptual sobre los temas vistos en esta unidad.
50 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Autor: Jesús Quintana Valtierra. Alfonso Cabrera Morales. Editorial Trillas. 2008. Pp. 207-216.
223
PREGUNTAS DE AUTOEXAMEN:
1. ¿A qué se refiere la prosecución judicial?
Al proceso que es un conjunto de actos concatenados a la finalidad de
solucionar un conflicto de intereses derivados de los derechos fundamentales
y otras normas constitucionales.
2. Describe el principio de Relatividad de las Sentencias.
Este principio ha sido de los más tradicionales de nuestro juicio de garantías
pues data de la Constitución Yucateca en que en 1841 Manuel Crescencio
Rejón crea el Juicio de Amparo y surge la formula Otero en la que se
menciona que la sentencia en Juicio de Amparo tendrá efectos solo en
relación con la persona que planteo este proceso constitucional.
3. Describe el proceso acusatorio.
El sistema procesal penal acusatorios fue implantado por la Reforma
Constitucional publicada el 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la
Federación y tiene los fines siguientes: esclarecer los hechos, proteger al
inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar los daños
causados.
4. ¿Cuál es la competencia del Juez de Distrito en materia Penal?
El juez dicta el auto de radicación, estudia el expediente y dicta orden de
aprehensión, toma declaración preparatoria, le hace saber sus derechos, la
causa y la querella.
5. ¿Contra qué actos procede el Juicio de Amparo Penal?
224
Contra las resoluciones judiciales de orden penal. Contra actos de cualquier
autoridad que afecte la libertad personal. Contra actos que importen peligro
de privación de la vida. Contra las resoluciones dictadas para la reparación
del daño a personas distintas de las inculpadas. Contra leyes y demás
disposiciones de observancia general en materia penal.
225
GLOSARIO
Agraviado: se dice de la persona que sufre una lesión jurídica de cualquier índole.
Alegatos: escrito en el que el abogado expone las razones que fundamentan el derecho de
su cliente e impugna las del contrario.
Amparo: institución que tiene por finalidad garantizar y proteger la libertad individual o
patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad
que actúa al margen de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas.
Campea: acción de campear, recorrer el campo revisando los ganados.
Careo: confrontación de testigos entre sí.
Definitividad: inmodificabilidad o irrevocabilidad de una resolución.
Demanda: en derecho de amparo, la que se formula para solicitar protección federal por
violaciones cometidas en perjuicio del peticionario.
Excogitar: encontrar o hallar una cosa con el discurso y la meditación.
Extradición: aquella que se da cuando un Estado requiere la entrega de un delincuente a
otro Estado donde reside.
Impugnación: refutación, objeción, contradicción, tanto las referentes a los actos y escritos
de la parte contraria, cuando pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como a las
resoluciones judiciales que sean firmes y contra las cuales cabe algún recurso.
Incidente: cuestión distinta del principal asunto del juicio, pero relacionada con él, que se
trata y decide por separado, a veces sin suspender el curso de aquél y otras suspendiéndolo.
Incoar: comenzar, iniciar una cosa (se dice más bien de un pleito, proceso, expediente o
alguna otra actuación oficial).
Jurisdicción: autoridad o poder que tiene uno para gobernar y poner en ejecución las leyes
o para aplicarlas en juicio.
226
Legitimación: situación de una persona con respecto a determinado acto o situación
jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta.
Litis: la que puede modificarse por las partes hasta antes de citación para sentencia
definitiva.
Litispendencia: estado litigioso ante otro juez o tribunal de la cuestión o asunto que se
pone o intenta poner sub júdice (es motivo para una de las excepciones dilatorias admitidas
por la ley).
Notificación: medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el
contenido de una resolución judicial.
Nugatoria: frustráneo, engañoso; que burla el juicio que se había hecho o la esperanza que
se había concebido.
Objeción: la que consiste en afirmar que un documento presentado en juicio es falso.
Perito: el que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa, bajo
juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber
o experiencia.
Proceso: conjunto de actos procesales que se inician con la presentación y admisión de la
demanda y terminan cuando concluye por las distintas causas admitidas por la ley.
Prosecución: acción y efecto de proseguir. Persecución, seguimiento.
Recurso: acción concedida por la ley al interesado en un juicio o en otro procedimiento
para reclamar contra las resoluciones, ya sea ante la autoridad que las dicto, ya ante alguna
otra.
Sobreseer: desistir del empeño o pretensión que se tenía.
227
BIBLIOGRAFIA
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DICCIONARIO PARA JURISTAS. Autor: Juan Palomar de Miguel. Mayo
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