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EXP NO 6165-2005-Hcrrc LIMA BLANCA LUCY BORJA ESPINOZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima a los 6 diacuteas del mes de diciembre de 2005 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen Gonzales Ojeda y Garciacutea Toma pronuncia la siguiente sentencia

I ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por dontildea Blanca Lucy Borja Espinoza a favor de Generacioacuten Instituto de Investigaciacuteoacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social contra la sentencia de la Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas 324 su fecha 12 de julio de 2005 que declaroacute improcedente la demanda de haacutebeas corpus de autos

II ANTECEDENTES

a) Demanda

Con fecha 6 de junio de 2005 la recurrente en su calidad de presidenta de Generacioacuten Instituto de Investigacioacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social interpone demanda de haacutebeas corpus contra la Jueza del Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima y el Comandante de la Policiacutea Nacional del Peruacute Comisario de Magdalena del Mar por vulneracioacuten de su derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio al haberse prohibido el funcionamiento de la institucioacuten imposibilitando proseguir con la ayuda a nintildeos y adolescentes Incidentalmente precisa que se ha transgredido el derecho a reunioacuten

Alega que mediante Resolucioacuten NO 1 del 18 de abril de 2005 del Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima se intervino el local ubicado en el distrito de Magdalena procedieacutendose a su clausura y al impedimento de ingreso Asimismo manifiesta que se le suspenden las actividades sociales de acoger albergar yo desarrollar sus planes y programas de atencioacuten de nintildeos y adolescentes y se e ordena la reubicacioacuten temporal de todos los menores de edad que la institucioacuten alberga

Agrega que se han producido tales violaciones porque no se permite el ingreso al local de los asociados trabajadores y joacutevenes en alto riesgo de salud y necesidad alimenticia toda vez que un piquete de policiacuteas estaacute posicionado en la puerta del local determinado detiene a los que pretenden ingresar

b) Declaraciones instructivas

Con fecha 8 de junio de 2005 don Daniel Annando Aliaga Hinojosa Comandante de la PNP Comisario de Magdalena del Mar manifiesta que no realizoacute afectacioacuten alguna de los derechos de la recurrente puesto que simplemente cumplioacute con el mandato judicial contando con la aprobacioacuten de su comando de la Seacuteptima Direccioacuten Territorial de la PNP Sentildeala que cuando se produjo la clausura no se perpetroacute ninguacuten tipo de violencia ni de la Policiacutea ni de las personas que se encontraban en el interior del centro agregando que el ingreso no estaba restringido para los recurrentes ni para los trabajadores quienes podiacutean ingresar un tiempo prudencial para recoger sus pertenencias

Con fecha 10 de junio de 2005 dontildea Cannen Nelia Torres Valdivia viuda de Gamarra en su

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momento Jueza del Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima declara que su intervencioacuten judicial se debioacute a las denuncias presentadas por diversas fiscaliacuteas penales y al pedido de los pobladores de la zona acotando que el diacutea de la intervencioacuten soacutelo se encontraron en el local tres menores de edad y ocho adultos con antecedentes penales y que la recurrente no se encontraba presente Explica que en la resolucioacuten que expidioacute se sentildeala que la institucioacuten no cuenta con la autorizacioacuten de MIlllDES ni de la Municipalidad de Magdalena motivo por lo cual se ordena que los menores de edad sean trasladados al INABIF Asimismo expresa que como no teniacutea permiso como ONG Generacioacuten simplemente funcionaba con autorizacioacuten como casa de hueacutespedes pero su actividad excediacutea tales funciones

c) Resolucioacuten de primera instancia

Con fecha 15 de junio de 2005 el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Lima declara improcedente la demanda de haacutebeas corpus por considerar que se ha desvirtuado enfaacutetica y categoacutericamente las imputaciones vertidas por la recurrente por los siguientes motivos

El comisario de Magdalena del Mar ha actuado de acuerdo a sus atribuciones al dar cumplimiento a un mandato judicial

La jueza actuoacute sobre la base de un pedido de medida cautelar formulada por la Municipalidad de Magdalena del Mar admitieacutendola y procediendo a la posterior intervencioacuten del locaL

Los hechos demandados no se encuentran de los casos establecidos en el artiacuteculo 25deg del Coacutedigo e Procesal Constitucional que sentildeala taxativamente los casos de procedencia por no haberse comprobado violacioacuten del derecho constitucional invocado

d) Resolucioacuten de segunda instancia

Con fecha 12 de julio de 2005 la Quinta Sala Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia recurrida argumentando que

- Tomando en cuenta las pruebas aportadas por las partes y las diligencias practicadas por la jueza de primera instancia se desprende que no existen elementos de prueba suficientes que demuestran los supuestos actos violatorios contra los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la reunioacuten

- La que en el fondo pretende la demandante es que a traveacutes de una viacutea no idoacutenea se revise el fondo de lo resuelto por el juez ordinario

1 DATOS GENERALES

o Violacioacuten constitucional invocada La demanda constitucional de haacutebeas corpus fue presentada por dontildea Blanca Lucy BOIja Espinoza en su calidad de presidenta de Generacioacuten Instituto de Investigacioacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social contra dontildea Cannen Nelia Torres Valdivia viuda de Gamarra Jueza del Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima y contra don Daniel Armando Aliaga Hinojosa Comandante de la Policiacutea Nacional del Peruacute Comisario de Magdalena del Mar

Los supuestos actos lesivos fueron producidos en dos etapas En primer lugar con la emisioacuten de la Resolucioacuten NO 1 del 18 de abril de 2005 del Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima por el que se ordena que Generacioacuten suspenda las actividades de acoger albergar yo desarrollar sus planes y programas de atencioacuten de nintildeos y adolescentes disponieacutendose la reubicacioacuten temporal de todos los menores de edad que la institucioacuten alberga En segundo lugar por la intervencioacuten del local que significoacute su clausura y el impedimento de ingreso a dicho establecimiento a la recurrente trabaj adores y beneficiados


VOIO)-LVV)-tiL Page 3 of 11

o Petitorio constitucional La demandante considera que se ha producido la vulneracioacuten de su derecho a la inviolabilidad de domicilio (artiacuteculo 2deg inciso 9 de la Constitucioacuten) y consecuentemente a su derecho a la reunioacuten (artiacuteculo 2deg inciso 12 de la Constitucioacuten) Alegando tales actos vulneratorios solicita 10 siguiente

Se declare inaplicable la Resolucioacuten No 1 de fecha 18 de abril de 2005 expedida por el Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima Cese la clausura dellocaI

o Materias constitucionalmente relevantes Sobre la base del petitorio establecido por la recurrente este Colegiado responderaacute las siguientes inquietudes bull iquestSe debe ingresar a analizar el fondo del asunto bull iquestSe han vulnerado los derechos fundamentales alegados por la recurrente

iquestQueacute sucede con el derecho a la inviolabilidad de domicilio iquestSe ha violado el derecho a la reunioacuten

bull iquestSe han protegido correctamente las actividades realizadas por la entidad demandante iquestCoacutemo se ha de entender el intereacutes superior del nintildeo y del adolescente iquestDe queacute forma ha actuado la institucioacuten

III FUNDAMENTOS

l De la demanda se aprecia claramente que la recurrente acude a la viacutea constitucional no a nombre propio sino a favor de Generacioacuten Instituto de Investigacioacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social es decir como representante de una personajuridica de la cual ella es su presidenta Para este Colegiado no cabe duda que las asociaciones tienen la titularidad de derechos fundamentales y pueden plantear a traveacutes de sus apoderados las demandas de tutela de derechos que consideren pertinentes tal como se ha precisado a partir de la sentencia del Expediente NO 0905-2001-AATC Por tal razoacuten en el caso concreto estima pertinente ingresar a analizar el petitorio realizado por la solicitante no sin antes analizar una cuestioacuten de procedencia

sect1 Anaacutelisis de procedencia

2 Si bien la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar no es parte del proceso a traveacutes de un escrito presentado ante este Colegiado ha dejado constancia de un hecho que es esencial para la

ill resolucioacuten de la presente causa Se ha presentado un recurso de queja contra la declaratoria de

rn improcedencia de la apelacioacuten planteada por la recurrente contra la Resolucioacuten NO 1 de fecha 18 de abril de 2005 lo cual demostrariacutea que no nos encontramos ante una resolucioacuten firme Este dato es trascendente si se torna en cuenta que seguacuten el artiacuteculo 4deg del Coacutedigo Procesal Constitucional soacutelo se puede interponer una demanda de haacutebeas corpus contra una resolucioacuten judicial si es que eacutesta tiene el caraacutecter de firme

3 De autos se advierte que la medida cautelar reprochada por la recurrente no ha adquirido la firmeza necesaria que posibilite la interposicioacuten de una demanda como la planteada al haber presentado un recurso de queja contra la negativa de su apelacioacuten Por tal razoacuten la demanda debe ser declarada improcedente Sin embargo la proteccioacuten superlativa dispensada a los derechos fundamentales de los nintildeos y adolescentes en situacioacuten de abandono prevista en el articulo 4deg de la Constitucioacuten impone a este Colegiado ingresar al fondo del asunto con el fin de estudiar la situacioacuten especiacutefica que se ha presentado Ademaacutes seguacuten el artiacuteculo III del Tiacutetulo Preliminar del Coacutedigo Procesal Constitucional


( ) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las fonnalidades previstas en este Coacutedigo al logro de los fines de los procesos constitucionales ( )

Asiacute las cosas y en aras de procurar una tutela superlativa de los nintildeos y adolescentes es necesario examinar si la medida tomada en sede judicial y policial afecta o no a estos especiales titulares de derechos fundamentales Pese a que en principio no corresponda el examen del fondo del asunto (por ser improcedente la demanda como ya se ha precisado) por existir en juego bienes juriacutedicos superiores es imperativo que se esclarezca la controversia en esta sede

sect2 La supuesta vulneracioacuten de derechos fundamentales

4 Si bien en la demanda planteada la recurrente denuncia exclusivamente la existencia de una vulneracioacuten a la inviolabilidad de domicilio tambieacuten deja entrever la violacioacuten del derecho a la reunioacuten Por tal razoacuten es necesario hacer algunas precisiones sobre tales pedidos y analizar si la resolucioacuten judicial emitida o la actuacioacuten policial constituyen actos que violentan los derechos fundamentales invocados

a El derecho a la inviolabilidad de domicilio

5 El derecho a la inviolabilidad de domicilio se encuentra reconocido constitucionalmente en el artiacuteculo 2deg inciso 9 de la Constitucioacuten el cual a la letra dice que toda persona tiene derecho

A la inviolabilidad del domicilio Nadie puede ingresar en eacutel ni efechlar investigaciones o e registros sin autorizacioacuten de la persona que lo habita o sin mandato judicial salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetracioacuten Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley

Este derecho fundamental merece tutela urgente seguacuten lo expresa el artiacuteculo 25deg in fine del Coacutedigo Procesal Constitucional cuando sentildeala que procede el haacutebeas corpus con la finalidad de sal vaguardarlo La recurrente asevera que este derecho fue transgredido cuando se dispuso en el aacutembito judicial lo siguiente

() ordenar a laPNP que impidan el ingreso a nuestro domicilio de nuestros asociados que impidan el ingreso de nuestros empleados y trabajadores a nuestro domicilio que impida a

ill mayores o menos que nos vienen a pedir ayuda de ingresar a nuestro domicilio ( )

Pero iquestrealmente con estas acciones judiciales y policiales se ha llegado a vulnerar este derecho en el caso de autos e

6 Tal como lo sentildeala el propio artiacuteculo de la Norma Fundamental existe la posibilidad de controlar el ingreso a un domicilio (como puede ser el de la entidad recurrente) si es que media un mandato judicial Ello no significa la vulneracioacuten del derecho sino una foacutermula constitucional que limita el aacutembito de la inviolabilidad de domicilio Como se puede observar en el presente caso ha existido una resolucioacuten judicial la cual no impide el ingreso al domicilio de algunas personas pero siacute ordena

() 1- la suspensioacuten provisional de las actividades sociales de acoger albergar yo desarrollar sus planes y programas de atencioacuten de nintildeos y adolescentes ( ) 2- ( ) la abstencioacuten provisional de los directivos de la institucioacuten cumplan con la suspensioacuten de actividades en el

ill local institucional sito en la jiroacuten veintiacuteocho de julio nuacutemero 740 Magdalena del Mar ( )

De una medida como eacutesta se colige que existen ciertas restricciones que se han dispuesto a nivel judicial para la realizacioacuten de actividades de la entidad reclamante pero que no implican

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necesariamente una orden a la Policiacutea para impedir el ingreso de las personas enunciadas Lo que se aprecia en realidad es que existe una orden judicial perfectamente vaacutelida y que debe ser plenamente aceptada a la luz de la independencia de los estamentos judiciales prevista en el artiacuteculo 139deg inciso 2 de la Constitucioacuten Es maacutes es muy categoacuterico lo que explica sobre el particular el demandado quien describe la situacioacuten ocurrida

e)con relacioacuten al piquete existente quiero explicar que la doctora Camlen Torres Valdivia al ejecutar la medida cautelar dispuso en su acta que tal centro de Generacioacuten dejariacutea de funcionar como tal ordenando que los menores sean trasladados al INABIF e) de igual forma la referida juez ordena que el ingreso a dicho Centro no era restringido para la sentildeora Lucy BoIja ni para los trabajadores los cuales podriacutean ingresar durante un tiempo prudencial a retirar sus

Iil pertenencias ( )

Ahora bien la recurrente ha presentado como medios probatorios fotografiacuteas en las cuales se IQl

muestran policiacuteas en el frontis del local de la institucioacuten Sin embargo ello no demuestra ni evidencia exactamente la vulneracioacuten de la inviolabilidad del domicilio de Generacioacuten Lo uacutenico que muestra es que se estaacute cumpliendo con la orden judicial emitida por juez competente

7 Asiacute las cosas este Colegiado considera que no existe vulneracioacuten alguna del derecho a la inviolabilidad del domicilio En primer lugar porque existe una orden judicial que amerita la intervencioacuten policial la misma que tiene como finalidad principal el acatamiento de la medida cautelar dictada En segundo lugar porque no se ha demostrado fehacientemente que se impida el ingreso a la demandante empleados trabajadores socios o menores de edad al local en mencioacuten Y en tercer lugar porque tampoco se ha alegado el ingreso injustificado del personal policial al local sino soacutelo el impedimento de estos a que otros ingresen Asimismo si se toma en cuenta lo sentildealado por la propia jueza demandada respecto al petitorio de la demanda es decir que

( ) lo uacutenico que estaacute pretendiendo la demandante es cuestionar una intervencioacuten judicial por cuanto se procedioacute cOllfomle a ley y lo uacutenico que hace la demandante es entorpecer la justicia Ul

queda claro que no ha existido vulneracioacuten alguna a la inviolabiliacutedad de domicilio

b El derecho a la libertad de reunioacuten

8 La libertad de reunioacuten es un derecho fundamental protegido por la Norma Fundamental en artIacuteCulo 2deg inciso 12 cuando expresa que toda persona tiene derecho

A reunirse paciacuteficanlente sin armas Las reuniones en locales privados o abiertos al puacuteblico no requieren aviso previo Las que se convocan en plazas y viacuteas puacuteblicas exigen anuncio anticipado a la autoridad la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad puacuteblicas

Con relacioacuten a la vulneracioacuten de este derecho la reclamante expresa que dado que las personas no pueden ingresar al local de Magdalena de la institucioacuten se estaacute impidiendo tambieacuten que se reuacutenan en eacutel Es decir la recurrente tan soacutelo ha hecho referencias indirectas a una supuesta vulneracioacuten de este derecho pues asevera que se viola la inviolabilidad de domicilio y entonces

rn () como consecuencia nos impiden reunimos libremente como lo dispone la Constitucioacuten

Este Colegiado decidioacute ingresar a analizar la existencia de tal vulneracioacuten luego que la sentencia

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[2l de segunda instancia fijoacute tal transgresioacuten como punto controvertido

9 Al respecto cabe sentildealar que este derecho constitucionalmente protegido por la Constitucioacuten como todo derecho fundamental no es uno absoluto o ilimitado Asiacute lo ha expuesto este Tribunal en la sentencia recaiacuteda en el Expediente No 4677-2004-AA tomando en cuenta lo expuesto por la Constitucioacuten en el artiacuteculo 2deg inciso 12 Asimismo estos liacutemites estaacuten previstos en la Convencioacuten Americana de Derechos Humanos instrumento que permite interpretar la norma constitucional a la luz de Cuarta Disposicioacuten Final y Transitoria de la Norma Fundamental Asiacute debe tenerse en cuenta de modo particular el artIacuteCulo 15deg de la Convencioacuten que establece que

Se reconoce el derecho de reunioacuten paciacutefica y sin annas El ejercicio de tal derecho soacutelo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democraacutetica en intereacutes de la seguridad nacional de la seguridad o del orden puacuteblicos o para proteger la salud o la moral puacuteblicas o los derechos o libertades de los demaacutes

En todo caso los motivos que se aleguen para prohibir o restringir el derecho de reunioacuten deben ser probados No debe tratarse en consecuencia de simples sospechas peligros inciertos ni menos auacuten de argumentos insuficientes antojadizos o arbitrarios sino deben ser razones objetivas suficientes y debidamente fundadas En tal sentido la prohibicioacuten debe ser la uacuteltima ratio a la que puede apelar la autoridad administrativa o judicial para limitar el derecho debiendo optar de ser posible por medidas _ simplemente restrictivas tales como proponer la modificacioacuten del lugar fecha hora duracioacuten o itinerario previsto Se trata en suma de que la prohibicioacuten o establecimiento de restricciones al ejercicio del derecho de reunioacuten se encuentre debidamente motivado por autoridad competente caso por caso de manera tal que el derecho se restrinja soacutelo por causas vaacutelidas objetivas y razonables y en modo alguno maacutes allaacute de lo que resulte estrictamente necesario

10 Del estudio de los medios probatorios aportados por las partes se verifica que la medida restrictiva fue adoptada por la juzgadora demandada por las distintas irregularidades que el local institucional ubicado en el distrito de Magdalena del Mar presentaba Por lo tanto la resolucioacuten fue emitida dentro de un proceso que se puede considerar regular Es maacutes el derecho a reunioacuten no merece proteccioacuten constitucional a traveacutes de una demanda de haacutebeas corpus sino maacutes bien a traveacutes de un amparo (artiacuteculo 37deg inciso 7 del Coacutedigo Procesal Constitucional) motivo por lo cual el petitorio en este extremo tambieacuten debe ser desestimado

sect3 El resguardo del funcionamiento de la entidad demandante

11 Independientemente de 10 alegado por la recurrente lo que en el fondo se pretende con la _ demanda es que la entidad peticionante siga funcionando tomando en consideracioacuten la labor que supuestamente cumple con los nintildeos y adolescentes desamparados Por ello este Colegiado estima necesario realizar un estudio de los derechos aparentemente violentados adicional al mero formal con la finalidad de que realmente se pueda ver proteger a la entidad recurrente en el caso de que 10 merezca dada la importante funcioacuten que alega estar cumpliendo

a El intereacutes superior del nintildeo y del adolescente

12 La Constitucioacuten ha expresado claramente a traveacutes del ya mencionado artiacuteculo 4deg que

La comunidad y el Estado protegen especialmente al nintildeo al adolescente a la madre y al anciano en situacioacuten de abandono ( )

La tutela permanente que con esta disposicioacuten se reconoce tiene una base justa en lo que se ha sentildealado como intereacutes superior del nintildeo y del adolescente doctrina que se ha admitido en el

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aacutembito jmiacutedico como parte del bloque de constitucionalidad del mencionado artiacuteculo 4deg a traveacutes del artiacuteculo IX del Tiacutetulo Preliminar del Coacutedigo de los Nintildeos y Adolescentes y en el espectro internacional gracias al principio 2 de la Declaracioacuten de los Derechos del Nintildeo y al artiacuteculo 3deg inciso 1 de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo Una doctrina de este ti po posee un caraacutecter eminentemente especial cuando media un desamparo para los menores de edad (situacioacuten objetiva de abandono) como la que ha sido reconocida constitucionalmente

13 Al respecto este Colegiado ya tuvo una ocasioacuten para analizar el contenido del artiacuteculo 4deg de la Constitucioacuten precisamente en un proceso constitucional de amparo que involucraba a la misma institucioacuten (Generacioacuten) ante el cierre de su local institucional ordenado por la Municipalidad de Magdalena del Mar En aquella oportunidad se precisoacute en los fundamentos de la sentencia recaiacuteda en el Expediente NO 0298-96-AAfTC S-993 lo siguiente

() Que dentro del orden de prelaciones y jerarquiacuteas existente al interior de una Constitucioacuten es decididamente un hecho incontrovertible que mayor importancia reviste para un Estado y su colectividad el proteger a la infancia y maacutes auacuten si se encuentra en situacioacuten de abandono que promover la seguridad como valor aislado pues independientemente de que tal dispositivo reposa directamente sus fundamentos en el artiacuteculo 10 de la Norma Fundanlental y es por consiguiente rigurosamente tributario del principio Dignidad de la Persona a la larga del cumplimiento de un dispositivo depende en los hechos la eficacia y vigencia del otro No es posible que un Estado proclame la Seguridad Ciudadana como valor preciado de hoy cuando alimenta las condiciones de su propia alteracioacuten a futuro Si una colectividad pennite de espaldas a su propia realidad que la desproteccioacuten a la nintildeez se solvente con actitudes de indiferencia croacutenica lo uacutenico que engendra son las condiciones para que la seguridad que hoy proclama como bandera no vaya mas allaacute de su propia existencia como si el futuro de sus descendientes paradoacutejicamente la seguridad de ellos no le interesara en lo absoluto Que en consecuencia si resulta tarea primordial del Estado el proteger a la infancia ya sea por conducto directo o por el que brinden instituciones particulares como la patrocinada por la demandante la solucioacuten al petitorio administrativo de compatibilidad de uso y en su caso de otorgamiento de licencia de funcionanliento no puede ser visto desde una perspectiva carente de base constitucional y legal sino en armoniacutea con los diversos intereses y valores en conflicto En uacuteltima instancia no debe ignorarse que la razoacuten de ser de los gobiernos municipales estriba en la necesidad de reconducir los problemas internos de cada provincia o distrito hacia la buacutesqueda de las mejores y maacutes oacuteptimas soluciones mas no en la adopcioacuten facilista de decisiones que lo uacutenico que grafican es apresuranliento y carencia de sensibilidad social ( )

Es asiacute como debe quedar plenamente establecido que los nintildeos y adolescentes que tuvieron como centro de albergue el centro Generacioacuten merecen la maacutes amplia tutela por parte del Estado y tambieacuten de la comunidad ya esta funcioacuten no puede ni ha de rehuir el Tribunal Constitucional A nuestra institucioacuten garante suprema de lavigencia y validez de las normas constitucionales corresponde evitar que la infancia desamparada quede en la desatencioacuten material y juriacutedica Revertir la situacioacuten por la que tantos nintildeos y adolescentes han buscado refugio en las viacuteas puacuteblicas (tema sobre el cual tambieacuten mostroacute su preocupacioacuten la Corte Interamericana de Derechos Humanos a traveacutes de la Sentencia de los Nintildeos de la Calle Caso Villagraacuten Morales y otros) es una tarea ineludible de cualquier Estado que se jacte de democraacutetico y social de derecho Haciacutea ello debe encaminarse cualquier resolucioacuten que se emita en el seno de nuestra institucioacuten y es por ello que esta sentencia debe encaminarse a cumplir tal objetivo

b La correcta forma de tutela de los nintildeos y adolescentes

14 La tutela que ha sido prevista en la Norma Fundamental es permanente pero como se ha ido estableciendo la responsabilidad no soacutelo es del Estado pese a que siempre los reclamos son siempre dirigidos a eacuteste sino de la comunidad toda Entonces por maacutes que se reconozca una proteccioacuten superlativa a los nintildeos y adolescentes en situacioacuten de abandono ello no es oacutebice para que este Colegiado acepte y apoye cualquier tipo de


acnvlOaa que se real1ce para con ellos Si se acepta que una medida que sea contraproducente a la tutela efectiva de sus derechos es una forma de ejercer el artiacuteculo 4deg de la Constitucioacuten seriacutea caer en un grave error Asiacute tomando en cuenta que Generacioacuten se debe dedicar a defender los

ilQJ derechos de la nintildeez debe esc1arecerse si la institucioacuten cumple con tal finalidad Por eso corresponde a este Colegiado revisar si la fonna en que Generacioacuten ejerce su labor de ayuda a los menores necesitados es coherente y ajustada a lo que la Constitucioacuten exige y si por lo tanto por maacutes que se haya declarado infundada e improcedente la demanda planteada en los extremos antes explicados pueda la misma lograr una salvaguardia superior de los nintildeos y adolescentes en situacioacuten de abandono

15 El artiacuteculo 4deg de la Constitucioacuten respecto a dicha salvaguardia si bien le asigna un papel protagoacutenico al Estado la hace extensiva a la comunidad en este aacutembito se puede incluir a una institucioacuten como la que impulsa la presente causa y ello demuestra la eficacia horizontal de los derechos fundamentales Pero una cosa es que se haya autorizado de manera expliacutecita en el aacutembito constitucional a diversas instituciones la realizacioacuten de actividades relacionadas con el trabajo social y otra muy distinta aceptar como vaacutelidas cualquier tipo de acciones que eacutestas ejecuten Es ahiacute donde nuevamente aparece el Estado como garante final del respeto de los derechos fundamentales de nintildeos y adolescentes Es menester recordar que seguacuten el artiacuteculo 44deg de la Constitucioacuten

Son deberes primordiales del Estado ( ) garantizar la plena vigencia de los derechos e humanos ( ) y promover el bienestar general que se fundamenta en lajusticia ( )

Sobre esta base se puede sentildealar que es el Estado tal como lo pregona el artiacuteculo 25deg del Coacutedigo de los Nintildeos y Adolescentes el que

( ) garantiza el ejercicio de los derechos y libertades del nintildeo y del adolescente consagrados en la Ley mediante la poliacutetica las medidas y las acciones permanentes y sostenidas

Es asiacute como la proteccioacuten debe ser lo maacutexima posible razoacuten por la cual el articulo 39deg de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo prescribe que se

( ) adoptaraacuten todas las medidas apropiadas para promover la recuperacioacuten fisica y psicoloacutegica y la reintegracioacuten social de todo nintildeo victima de cualquier fonl1a de abandono explotacioacuten O

abuso ( ) Esa recuperacioacuten se llevaraacuten a cabo en un ambiente que fomente la salud el respeto de siacute mis1110 y la dignidad del nintildeo

Por ello es el Estado a traveacutes de los oacuterganos a los cuales competen las respectivas funciones el que puede observar y examinar coacutemo las instituciones privadas cumplen con el rol asignado por e la Norma Fundamental Gracias a su funcioacuten supervisora eacuteste debe ejecutar las medidas correspondientes para exigir que tales instituciones actuacuteen exclusivamente de acuerdo a las necesidades de los nintildeos y adolescentes en situacioacuten de desamparo

16 En el caso concreto este Colegiado se remitioacute a los estudios realizados por las entidades estatales pertinentes respecto al funcionamiento de Generacioacuten tal como pasamos a explicar

bull En el aacutembito municipal Utilizando su facultad para garantizar el cumplimiento de las normas legales referidas a licencias de funcionamiento la Municipalidad de Magdalena del Mar considerando que los nintildeos y adolescentes que se encuentran en Generacioacuten lejos de regenerarse se encuentran en situacioacuten de descuido y falta de control revocoacute a dicha entidad la autorizacioacuten de apertura

Iill de establecimiento y fijoacute el plazo de un diacutea para su clausura imnediata Los vecinos de la zona no sin dejar de manifestar su preocupacioacuten por la recuperacioacuten de los


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nintildeos y adolescentes consideroacute adecuada la intervencioacuten realizada por la municipalidad por

illl las irregularidades de la institucioacuten

bull En el aacutembito judicial Luego de una inspeccioacuten fiscal los representantes el Ministerio Puacuteblico consideraron que la

illl situacioacuten irregular de muchos nintildeos y adolescentes ameritaba una intervencioacuten judicial

llil La Municipalidad de Magdalena interpuso demanda ante el Juzgado de Familia no sin antes haber solicitado una medida cautelar en forma temporal sobre el fondo pidiendo que se ordene la suspensioacuten provisional de las actividades en dicho local con la reubicacioacuten de los

nintildeos y adolescentes que se albergaban en ese lugar La jueza del proceso dictaminoacute la suspensioacuteh provisional de las actividades sociales de la

llil institucioacuten _Para ello se basoacute aparte de los documentos presentados en la diligencia que llevoacute a cabo en la cual se constatoacute la existencia-de mayores de edad con antecedentes penales

- dentro del local se observoacute el estado de insalubridad de la cocina del local y se determinoacute que no se percibiacutea que Generacioacuten estuviese cumpliendo los requisitos indispensables que debe

Ll1lbull tener toda institucioacuten que se dedique al cuidado y proteccioacuten de nintildeos y adolescentes

bull En el aacutembito administrativo La oficina de Registro Central de Instituciones consideroacute que en las instalaciones de Generacioacuten existe falta de infraestructura segura y metodologiacutea de atencioacuten inadecuada al no presentarse un programa en que se precisen objetivos y logros de cada fase etaacuterea con

ill1 relacioacuten directa a un progreso de plan terapeacuteutico _Tal informe devino en que la Direccioacuten de Nintildeas Nintildeos y Adolescentes del MIMDES resuelva la cancelacioacuten parcial del registro de

Il2l shyGeneracioacuten en lo refelido al local de Magdalena Llama la atencioacuten ademaacutes que en un informe posterior se constate en una supervisioacuten in siu la condicioacuten en que se encuentra la institucioacuten la cocina estaba desordenada con alimentos hacinados y en aparente estado de descomposicioacuten los nintildeos dormiacutean de forma contigua con adolescentes especiales (asiacute denominan a los homosexuales) las mujeres dormiacutean en una habitacioacuten contigua a la de los varones sin la conveniente supervisioacuten de un educador (eacuteste se encargaba del cuidado de 60 menores de edad) no se visualizaron acciones concretas que

[20] _y~ifiacutes-ordf~~ u~1ordfJlletodolog_-ordf-4~cu2-daYJ]ordm~-J(QJli~iordfba lareinsIDioacuteaiamiliaL___ ______ --- shy

17 De lo mostrado es claro que han sido las propias instituciones estatales encargadas de alguna de las funciones constitucionales las que han considerado que la institucioacuten recurrente no ha cumplido con el rol que el propio artiacuteculo 4deg de la Constitucioacuten le reserva Finalmente seraacute el proceso iniciado en su contra el que determine el grado de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones pero hasta este momento todo hace indicar que maacutes que beneficiar a nintildeos y adolescentes su actividad puede terminar siendo perjudicial para con ellos Bien se sabe que es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) el encargado de dirigir y proponer las normas y poliacuteticas nacionales respecto a los nintildeos y adolescentes por lo que estaacute dentro de sus facultades realizar una supervisioacuten de las acciones ejecutadas por la institucioacuten Generacioacuten en el local situado en Magdalena Tambieacuten le corresponde velar por su comunidad a la municipalidad y son los jueces ordinarios con todos estos elementos los que decidieron suspender las actividades de Generacioacuten todo dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y con el fin real de proteger eficientemente los derechos de los nintildeos y adolescentes en situacioacuten de abandono

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IV FALLO

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de haacutebeas corpus de autos

ss

BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCIacuteA TOMA

Presentacioacuten de copias certificadas de 24 de octubre de 2005 (fs 30 del Cuademillo de Agravio Constitucional)

Recurso de queja del 21 de mayo de 2005 (fs 35 del Cuadernillo de Agravio Constitucional)

Demanda de haacutebeas corpus (fs 2 3 del Expediente)

Med ida cautelar (fs 12 del Expediente)

Declaracioacuten instructiva del demandado (fs 42 43 del Expediente)

Tres fotografiacuteas (fs 3536 del Expediente)

Declaracioacuten instructiva de la demandada (fs 101 del Expediente)

Demanda de haacutebeas corpus (fs 3 del Expediente)

Sentencia de segunda instancia (fs 324-b del Expediente) I1Q]

Artiacuteculo Cuarto punto 2 de los Estatutos de Generacioacuten (fs 8 del Expediente) I11J

Resolucioacuten de Gerencia Municipal NO 005-2005-GM-MDMM de fecha 17 de enero de 2005 (fs 91 92 del Expediente)

L1ll Carta de la Asociacioacuten Vecinos del Distrito de Magdalena del Mar de 19 de mayo de 2005 (fs 142 del _

----middot---Expedientemiddot) - --------- -------------------------------------------_W_shy

mI Resolucioacuten NO 01-2005 Deacutecima Primera Fiscaliacutea Provincial de Familia de Lima de 21 de enero de 2005

(fs 112 del Expediente) llil

Demanda de proteccioacuten de los intereses difusos e individuales que atantildeen a los nintildeos y adolescentes de 18 de mayo de 2005 (fs 131 del Expediente)

J1sect1 Medida cautelar fuera del proceso de 10 de abril de 2005 (fs 73 del Expediente)_

Resolucioacuten de medida cautelar Exp NO 774-71-05 de 18 de abril de 2005 (fs 12 del Expediente)

Declaracioacuten instructiva de la demandada (fs 99 100 del Expediente)

L1ru Informe NO 018-2005MIMDES-DIGNNA-OPNAIA-RCI de 23 de mayo de 2005 (fs 60 del Expediente)

Resolucioacuten Directoral NO 001-2005-MIMDES-DIGNNA (fs 64 del Expediente)


06165-2005-HC Page 11 of 11

[201 Informe NO 054-2005-MIMDES-DfGNNA-MPARDC de 11 de mayo de 2005 (fs 67 68 del Expediente)


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Ilmll~~IIII~IIIII11111l11 EXP No 00550-2008-PAITC LIMA RENEacute QUENT A CALDEROacuteN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIOXAL

En Lima a los 17 diacuteas del mes de setiembre de 2010 el Pleno del Tribunal Constitucional integrado iexclor los magistrados Mesiacutea Ramiacuterez Beaumont Callirgos Calle Hayen Eto Cruz Alvarez Miranda ) Urviola Hani pronuncia la siguiente sentencia

~ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reneacute Quenta Calderoacuten

contra la resolucioacuten de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica de fojas 75 de segundo cuaderno su fecha 23 de octubre de 2007 que revocando la apelada declara improcedente la demanda de autos

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de agosto de 2006 don Reneacute Quenta Calderoacuten interpone demanda de amparo contra don Luis Ernesto Rojas Flores juez del Segundo Juzgado de Familia de Tacna solicitando que se declare inaplicable y sin efecto legal la Resolucioacuten Judicial No 14 de fecha 8 de agosto del 2006 recaido en el proceso N 2005-1416 sobre filiacioacuten judicial de paternidad extramatrimonial promovido por dontildea Regjna Piacutelco Ayala mediante la cual se revoca la apelada y declara infundada la excepcioacuten de cosa juzgada disponieacutendose la continuacioacuten de dicho proceso A entender del demandante la resolucioacuten cuestionada fa sus derechos a la tutela jurisdiccional y al debido proceso especiacuteficamente la eo juzgada

Refiere que en el - 1995 dontildea Regina Piacuteleo Ayala interpuso ante el Segundo Juzgadoacute Civil deacute Tacfia ernanda sobre- miadoacuteh ex1taacutemaacutetrimorti-al (ExpNo 15095) con el objeto de que e recurrente reconociera como hijo al menor Heacutector Joseacute Piacuteleo la misma que es decl bull da infundada mediante sentencia de fecha 22 de julio de 1996 impugnada por la demandante y contirmada mediante Sentencta de Vista de fecha 15 de noviembre de 1996 pronunciamiento contra el cual la misma citada persona iacutenterpuso Recurso de Casacioacuten que fue desestimado por la Corte SUR a de Justicia de la Repuacuteblica con fecha 7 de julio de 2007 En tales circunst ias y tras agotarse las instancias judiciales y los medios impugnatoriacuteos previstos ley lo resuelto adquirioacute caraacutecter de cosa juzgada

Antildeade que luego de diez antildeos ante el Primer J gado de Paz Letrado de Tacna la misma persona dolia Regina Pileo Ayala nueva e promueve proceso de filiacioacuten

020

~

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111111I1111111111nl 1IIII11 EXP No 00550-2008-PAITC LIMA RENEacute QUENTA CALDEROacuteN

VV

judicial de patemidad extramatrimonial (Exp No 2005-1416) con el objeto -al igual que en el anterior proceso- de que se reconozca la patemidad del menor antes mencionado razoacuten por la cual dedujo la excepcioacuten de cosa juzgada la cual es declarada ftmdada en primer grado disponieacutendose la nulidad de actuados y dando por concluido el proceso fallo judicial que sin embargo es recurrido por la demandante y al cual fue avoca el juez emplazado quien actuando como de segundo grado expide la Resolucioacuten

diCial NO 14 mediante la cual revocando la apelada se declara infundada la xcepcioacuten deducida y se dispone la continuacioacuten del proceso Alega que la resolucioacuten

cuestionada afecta sus derechos fundamentales toda vez que en ambos procesos civiles se configura la triple identidad esto es ambos tienen ideacutenticos sujetos procesales el

mismo objeto e ideacutentica pretensioacuten lo que afecta la santidad de la cosa juzgada y violenta la prohibicioacuten constitucional de revivir procesos fenecidos con sentencia ejecutoriada

El Procurador Puacuteblico de los aSlmtos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda alegando que no existe vulneracioacuten de derechos fundamentales dado que la resolucioacuten cuestionada fue expedida en estricta aplicacioacuten del debido proceso y la tutela procesal efectiva

El juez emplazado contesta la demanda solicitando que en su oportunidad sea declarada improcedente antildeade que si bien en ambos procesos concurren todos los elementos que configuran la triple identidad toda regla tiene excepciones como ocurre en el presente caso en el que existen otras opciones probatorias En dicho contexto se dispone la continuacioacuten del proceso con el objeto de que se practique la prueba de ADN ya que dicha prueba no existiacutea eu se archivoacute el primer proceso

La Sala Civil de la Corte Supe or de Tacna con fecha 11 de abril de 2007

I

declara fundada la demanda por c siderar que la resolucioacuten judicial cuestionada afectoacute la garantiacutea fundamental la cosa juzgada y quebrantoacute la prohibicioacuten constitucional de revivir proc os fenecidos lesionando con ello los derechos fundamentales del demandante

La Sala Suprema revisora revocoacute la apelada y reformaacutendola declaroacute improcedente la demanda por considerar que el segundo proceso se basoacute en un nuevo fundamento de hecho y de derecho no invocado en el primer pr ceso esto es la declaracioacuten judicial de filiacioacuten extramatrimonial prevista en el i iexclso 6) del artiacuteculo

del Coacutedigo Civil mediante medios probatorios distintos

e se declare inaplicable o se de Agosto del 2006 emitida

a de Tacna mediante la cual se

NDAMENTOS

El presente proceso constitucional tiene por finalidad deje sin efecto la Resolucioacuten Judicial Ndeg 14 de fee en segundo grado por el Seglmdo Juzgado de Fan

-

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1I jlllll~lllflllllllll mil EXP No 00550-2008-PATC LIMA RENt QUENTACALDEROacuteN

declara infundada la excepcioacuten de cosa juzgada deducida por el recurrente y se dispone la continuacioacuten del proceso de filiacioacuten extramatrimonial promovido por dontildea Regina Piacuteleo Ayala contra el actual recurrente

Alegatos del demandante

2 El demandante alega la vulneracioacuten de sus derechos fundamentales especiacuteficamente ltv los derechos a la prohibicioacuten constitucional de revivir procesos fenecidos y a la V V inmutabilidad de la cosa juzgada en cuanto atributos integrantes del derecho al

debido proceso Dicha afectacioacuten como ya se ha sentildealado se habriacutea concretizado I mediante la Resolucioacuten Judicial NO 14 que revocando la apelada declara infundada

la excepcioacuten propuesta y ordena la continuacioacuten del proceso de filiacioacuten extramatrimonial promovido contra el accionante

Argumenta que la resolucioacuten cuestionada es inconstitucional porque la pretensioacuten de la demandante fue resuelta en forma definitiva en el proceso NO 150-95 por lo que ordena continuar COIl la tramitacioacuten de la segunda causa esto es la NO 2005-1416 implica una violacioacuten constitucional tanto maacutes siacute ambos procesos son ideacutenticos pues en ambos concurren la igualdad de petitorio el objeto y los sujetos procesales Puntualiza que la sentencia recaiacuteda en el proceso 150-95 fue desestimatoria con pronunciamiento de fondo expedido en doble instancia mediante el cual se declaroacute infundada la demanda el mismo que al ser recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Repuacuteblica tambieacuten fue desestimado siendo que a la fecha dicho fallo se encuentra ejecutoriado

~

Alegatos del emplazado

3 El magistrado emPlazad~ce que existe afectacioacuten de derechos constitucionales ya que si bien ambos procesos s ideacutenticos -en tanto ambos son seguidos por las mismas partes tienen el mis petitoriacuteo y el intereacutes para obrar es el mismo- el presente caso constituye la xcepcioacuten de la regla ya que atendiendo al intereacutes supaacuteiordeacutel adoleacutescenteiacuterivolucuacuteuacutefoacute [riJomiddotmiddot esmiddot suficiacuteellte amparaacuterse en una institucioacuten juriacutedica que protege una verdad formal para preferir la verdad real y despejar una incertidumbre de relevancia juriacutedica (ff 6368)

La Procuraduriacutea Puacuteblica encargada de los asuntos judiciales del Poder Judicial por su parte sostiene que la resolucioacuten judicial cuestionada

nte controversia se hace funcioacuten jurisdiccional ha

se ioacute en estricta aplicacioacuten del debido proceso y de la tutela procesal efectiva

aleriacuteas constIacuteuciollalmellte relevantes

Considera este Tribwlal que para la dilucidacioacuten de la necesario analizar siacute la judicatura en el ejercicio

~----__~-~----- _-shy

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL IIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIII

r

I cosa precepto

constitucional

Son principios y derechos de la funcioacuten jurisdiccional 2) La [i]ndependencia en el ejercicio de la funcioacuten jurisdiccional

~ I i

ti

li

EXP No 00550-2008-PAtrC LIMA RENEacute QUENTA CALDEROacuteN

observado o no los principios y garantiacuteas reconocidos en la Constitucioacuten~ como liacutemite a su facultad de impartir justicia o si por el contrario al dejar de lado los emmciados previstos en ella ha afectado de alguna manera los derechos fundamentales invocados

Especiacuteficamente este Colegiado evaluaraacute si en el caso concreto el magistrado emplazado se encontraba obligado a obserVar la prohibicioacuten constitucional de revivir procesos fenecidos y por ende respetar la cosa juzgada o si corno sostiene en su defensa la controversia hecha de su conocimiento constituye por sus caracteriacutesticas una excepcioacuten a la institucioacuten de la cosa juzgada

La inmutabilidad de la cosa juzgada como garantiacutea de la funcioacuten jurisdiccional

5 El inciso 2) del artiacuteculo 139deg de la Constitucioacuten reconoce el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de juzgada En Jos teacuterminos de dicho

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el oacutergano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones Tampoco puede dejar sin efecto resoluCIacuteones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni cortar procedimientos en traacutemite ni modificar sentencias ni retardar su ejecucioacuten ( ) [eacutenfasis antildeadidol

6 Esta disposicioacuten constituciona~deacute6~etarse -por efectos del principio de unidad de la Constitucioacuten- de copfoacutermidad ~~iexclinciso 13) del mismo artiacuteculo 1390 de la Ley Fundamental el cual preveacute qu

Son principios y derechos d a funcioacuten jurisdiccional () 13 La prohibicioacuten de- revivir prncesos fenecidos con resolucioacuten ejecutoriada -La amnistiacutea el indulto el sobreseimiento definitivo y la prescripcioacuten producen los efectos de cosa juzgada

7 Se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que lmJediante el derech que se respete una resolucioacuten que ha adquirido la autoridad deacute cosa juzgada se gar f el derecho de todo justiciable en primer lugar a que las resoluciones que hayan u sto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios a ea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla segundo lugar a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condic n no pueda ser dejado sin efecto ni modificado sea por actos de otros poderes puacuteblicos e reeros o incluso de los mismos oacuterganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en e se dictoacute (Cfr STC NO 4587-2004-AATC Fund Juriacutedico 38deg entre otros)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1I111111~1I111111111 1111111 EXP NO 00550-2008-PAfTC LIMA RENEacute QUENTA CALDEROacuteN

Se ha sostenido tambieacuten que [1]0 establecido en una sentencia o resolucioacuten que ponga fiacuten al proceso debe ser respetado y no puede ser objeto de nueva revisioacuten salvo las excepciones previstas (Cfr STC NO 1279-2003-HCrrC Caso Navarrete Santillaacuten)

8 En consecuencia 10 que corresponde a los oacuterganos jurisdiccionales es ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tengan que decidir sobre una relacioacuten o

f situacioacuten juriacutedica respecto de la cual existe una sentencia firme derivada de un proceso seguido entre las mismas partes (perfecta identidad) en relacioacuten con los mismos hechos y tramitado ante la misma autoridad jurisdiccional Dicho pronunciamiento constituye en consecuencia un antecedente loacutegico concerniente a aqueUo que nuevamente se pretende someter ajuzgamiento

9 En este orden de ideas resultariacutea legiacutetimo que al existir una sentencia firme que pone fin al proceso seguido entre los mismos sujetos procesales en la eua] el Poder Judicial se pronuncioacute respecto a los mismos hechos se opte primafacie por declarar que eacutesta tiene la calidad de cosa juzgada Sin embargo el fallo dictado en el presente caso si bien finaliza el conflicto de intereses de los progenitores no resuelve en modo alguno el problema del menor que por su condicioacuten de persona humana constituye el fin supremo de la sociedad y del Estado y a quien por tanto le asiste el derecho a la identidad Tampoco y por otra parte toma en cuenta un aspecto que maacutes adelante se detallaraacute y que resulta particularmente capital en el caso de autos que quien resu1ta involucrado en sus derechos tiene la condicioacuten de menor adolescente ) por consiguiente debe g~zar de una especial proteccioacuten conforme lo disponen la Constitucioacuten y el Derecho1nt~ nacional de los Derechos Humanos

Derecho a la identidady cosa j~a 10 Todos las personas son iguales r el solo hecho de su condicioacuten humana y de la

dignidad que les es inherente sin embargo aun sieacutendolo no existen dos o maacutes personas ideacutenticas pues ca a una responde a las caracteriacutesticas individuales o autodetenninativas que le son propias y tienen derecho a que las mismas sean respetadaacutes o en su caso defentildediacutedas - _ _

En reiterada jurisprudencia se ha subrayado [e]) artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten expresamente refiere que toda persona tiene derecho a la identidad ( ] que comprende [ ] el derecho a un nombre -conocer a sus padres y conservar sus apellidos- el relativo a tener una nacionalidad y la obligacioacuten de que el Estado reconozca su persa idad juriacutedica (Cfr STC NO 02432-2005-PHCTC Fund Jur 4 Caso Espinoza Joffr

Maacutes auacuten se ha precisado que dicho atributo implica lu]o por un lado es objetivo (nombre seudoacutenimo registros herenci e acteriacutesticas corporales etc) y por otro es de caraacutecter subjetivo (ideologiacutea identidad ural valores reputacioacuten etc) pudiendo ser en muchos casos mucho maacutes relevante e e Itimo En este sentido este derecho implica distinguir a una persona frente a otras a pa ir ~e datos tan elementales como

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL IIIIII~I~IIIIIIIIII~I~ II~I EXP N 00550-2008-PAfTC LIMA RENEacute QUENTA CALDEROacuteN

el nombre o las caracteriacutesticas fiacutesicas pudieacutendose requerir de referentes mucho maacutes complejos como las costumbres o creencias por consiguiente este derecho se concibe de una manera integral (Gfr STC No 02273~2006-PHCTC Fund Jur 2123 Caso Quiroz Cabanillas)

Si bien es cierto que la cosa juzgada constituye una de las expresiones baacutesicas de todo Estado de Derecho tambieacuten 10 es que dicho atributo se caracteriza no soacutelo por VJ

su contenido formal sino tambieacuten por poseer un contenido material compatible con la vigencia p]ena y efectiva de los derechos que la Norma Fundamental reconoce De

este modo la cosa juzgada soacutelo es tal en tanto se complementa con el cuadro de valores materiales proclamado desde la Constitucioacuten

En el presente caso sin embargo se aprecia que lo que se invoca como cosa

I I

( juzgada adolece de una falta de visioacuten integral en relacioacuten con el resto de derechos fundamentales esto es el derecho a la identidad que es el atributo especiacuteficamente involucrado es asumido corno un simple enunciado carente de contenido a la par que de efectividad praacutectica El oacutergano judicial ni se pronuncia respecto del mismo ni respecto de la eventual implicancia que tendriacutea en la controversia resuelta

Principios universales de orientacioacuten protecciollista

12 Los derechos fundamentales son en buena medida la concreti7acioacuten de diversos ~ V valores constitucionales Para el caso materia de anaacutelisis resultan especialmente

relevantes el principio de proteccioacuten especial del nintildeo y el principio del intereacutes superior del nintildeo )

13 El principio de proteccioacuten especial de0iiacutentildeo se erige en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como un p9ricipiacuteo fundamental lnicialmente enunciado en (eiexcl

[~ la Declaracioacuten de Ginebra sobre)6s Derechos del Nintildeo parte de la premisa de que los nintildeos representan el valorp1aacutes preciado que tiene la humanidad razoacuten por la cual deben ser especialm71iacuterotegidOS

De una manera mucho maacutes amplia y precisa este principio fue tambieacuten reconocido en la Declaracioacuten de los Derechos del Nintildeo cuyo Principio 2 sentildeala que el ltnintildeo gozaraacute de una proteccioacuten especial y dispondraacute de oportunidades y servicios ( ) para que pueda desarrollarse fiacutesica mental moral espiritua y socialmente en fonna saludable y normal asiacute como en condiciones de liberta dignidad

El artiacuteculo 252 de la Declaracioacuten Universal de De os Hwnanos tambieacuten reconoce este principio al proclamar que la infancia e derecho a cuidados y asistencia especiales En sentido similar el artIacuteCulo de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo reconoce que los Estados Parte comprometen a asegurar al niacutentildeo la proteccioacuten y el cuidado que sean necesario ara su bienestar

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111111J1~1iexcl1111111I1~111111IEXP No 00550-2008-PArrC LIMA RENEacute QUENTA CALDEROacuteN

Finalmente~ el artiacuteculo 190 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos dispone que laquotodo nintildeo tiene derecho a las medidas de proteccioacuten que por su condicioacuten de menor requiere por parte de su familia de la sociedad y del Estado En linea similar el Principio de Proteccioacuten Especial del Nintildeo es reconocido por los artiacuteculos 234 y 241 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos y por el artiacuteculo 103 del Pacto Internacional de Derechos Econoacutemicos Sociales y Culturales

El principio concerniente al intereacutes superior del nintildeo en el aacutembito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos fue reconocido priacutemigeniamente en la Declaracioacuten de los Derechos del Nintildeo cuyo acaacutepite 2 establecioacute que

[E] J nintildeo gozaraacute de una proteccioacuten especial y dispondraacute de oportunidades y servicios

1 ( dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse fisica

mental moral espiritual y socialmente en forma saludable y normal asiacute como en condiciones de libertad y dignidad Al promulgar leyes con este fin la consideracioacuten fundamental a que se atenderaacute seraacute el intereacutes superior del nintildeo

El mismo criterio se reitera y desalTolla en el attiacuteculo 31 de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo que dispone

r CEJn todas las medidas concernientes a los nintildeos que tomen las instituciones puacuteblicas o privadas de bienestar social los tribunales las autoridades administrativas o los oacuterganos legislativos una consideracioacuten primordial a que se atenderaacute seraacute el intereacutes superior del L nintildeos

] 5 Los instrwnentos intemaciacuteonales sobre erechos humanos aquiacute mencionados llevaron a este Colegiado a sostener en riente jurisprudencia (STC NO 1817-2009shyPHCITC) que

[E]I Tribunal estima que para el iquestfecho Internacional de los Derechos Humanos el nintildeo entendido como todo ser humano menor de dieciocho antildeos de edad es un sujeto de derecho ae proteccioacuten especial que reacutequ-iexcleacuterede asjstencia y cuumlidados adecuados necesarios y especiales para su desarrollo y bienestar tanto antes como despueacutes del nacimiento

[SJobre esta base normativa supranacional el artiacuteculo de la Constitucioacuten reconoce que la comunidad y el Estado protegen especialm e al nintildeo Asiacute pues teniendo presente el enunciado normativo de este artiacutec o este Tribunal estima que el constituyente ha reconocido el principio de e ecial proteccioacuten del nintildeo que se fundamenta en la debilidad inmadurez (fisic y mental) o inexperiencia en que se encuentran los nintildeos y que impone tanto al ta 6 como a la familia a la comunidad y a la sociedad entre otras acciones y debe s a obligacioacuten de brindarles atenciones y cuidados especiales y el deber de ado as medidas adecuadas de proteccioacuten para garantizar su desarrollo libre armoacutenic ntegral

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16 Es en este contexto que se analizaraacute si en el caso concreto es menester observar la garantiacutea de la cosa juzgada -que le asiste a la sentencia dictada en la causa de filiacioacuten extramatrimonial~ o si por el contrario resulta legiacutetimo desestimar la excepcioacuten deducida y continuar con la tramitacioacuten de la demanda incoada a efectos de descartar o establecer el vinculo parental entre el presunto padre y el menorUJ Ello en salvaguarda del derecho a la identidad que le asiste a este ultimo

Dilucidacioacuten de la controversia

17 iquestExisten razones juriacutedico constitucionales para considerar que en el caso concreto es atendible priorizar el derecho ti la identidad y el intereacutes superior del nintildeo frente a la irunutabilidad que le asiste a la cosa juzgada O dicho de otro modo iquestHay razones juriacutedico-constitucionales para que en el presente caso se ampare el derecho del adolescente -que pretende conocer a su progenitor y su apellido- frente al derecho del padre a que se respete la inalterabilidad y definitividad que le asiste al fal10 expedido en un proceso anterior

18 A juicio de este TribW1al la respuesta es afirmativa Ninguacuten esquema constitucional donde se reconoce la justicia como valor esencial y se le rodea de garantiacuteas de seguridad puede a la vez de proclamarse legiacutetimo operar en forma contraria a los mismos derechos que pretende proteger Ello significariacutea que una parte de la Constitucioacuten quedariacutea invalidada so pretexto de otra lo que resultariacutea no solo paradoacutejico sino abiertamente irrazonable e irracional En dicho contexto considera este Colegiado que aun cuando la cosa j~tgada es importante esta institucioacuten no puede superponerse al derecho a la identidad por 10 que en el presente caso debe ampararse la pretensioacuten de quien exige conocer a su progenitor asiacute como de ser el e caso de conservar su apellido

De este modo el Estado -y los poderes y organismos que integran su estructurashymaterializan la especial proteccioacuten que mandatoriamente preveacute el artiacuteculo 4deg de la Nonna Fuumlntildedaacutementalquemiddot impone e1 deber de adoptaacuter iaacutesmiddot didas correspon(Uuml~~tes para garantizar el bienestar fiacutesico psiacutequico moral intel al espiritual y social de la persona siendo inevitable la incidencia sobre el pr cto de vida cuando no se descarta o establece a cabaJidad el viacutenculo parental re una persona y su presunto middotid progenitor

I~ Por otro lado es menester subrayar que sIacute co sostiene el demandante no existe viacutenculo parental alguno -confonne afirma e demanda- resultan infundados los

temores a que durante la tramitacIacuteoacuten del ceso se ordene la praacutectica de pruebas - geneacuteticas o cientiacuteficas que no se actuara anterior oportunidad

MESIacuteA RAMIacuteREZ BEAUMONT CALLIRGOS CALLEHAYEN ETOCRUZ AacuteLVAREZ MIRANDA URVIOLA HANI

J

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11111llllllllllllllillll~l~ EXP Ne 00550-200amp-PArrC LIMA RENEacute QUENT A CALDEROacuteN

20 Por consiguiente al no acreditarse en autos la inconstitucionalidad de la resolucioacuten judicial cuestionada ni la afectacioacuten de los derechos fundamentales invocados la presente demanda de amparo debe desestimarse

Por estos ftmdamentos el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confieren la Constitucioacuten PoJiacutetica del Peruacute

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo por no haberse acreditado la vulneracioacuten de los derechos alegados

Publiacutequese y notifiacutequese ~

ss

middote

___________ ---------0------__0 -------c--~---_-o ____~__-~ __~_~_

VV)L-LVVf-AA Page 1 of6

EXP N middotOOS2-2004-AAlTC CALLAO J J C C


En Lima a 1 de setiembre de 2004 la Sala Primera del Tribunal Constitucional con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen Gonzales Ojeda y Garciacutea Toma pronuncia la siguiente sentencia con los votos discordantes de los magistrados Bardelli Lartirigoyen y Revoredo Marsano y el voto dirimente del magistrado Alva Orlandini

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por dontildea Martha Elena Cueva Morales contra la resolucioacuten de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao de fojas 226 su fecha 24 de setiembre de 2003 que declara inflmdada la accioacuten deamparo de autos

A~TECEDENTES

Con fecha 10 de abril de 2003 la recurrente interpone accioacuten de amparo a Hivor de su menor hijo J 1 C C (7) y la dirige contra Richard Astoquilca Mayhuire director de la Escuela Primaria de Menores No 5006 Alberto Secada Sotomayor alegando que se ha lesionado el derecho a la educacioacuten del favorecido pues el demandado se ha negado a ratificar su matriacutecula en el referido centro educativo

El emplazado aduce que no ha tenido ninguna responsabilidad en el proceso de matriacutecula ya que mediante memoraacutendum NO 70-2002-CE-5006-ASS designoacute a la subdirectora del plantel dontildea Hilda Esther Lucas Marzal para que se encargara de organizar y ejecutar el proceso de matriacutecula del antildeo acadeacutemico 2003 agregando que ella mediante informe No 02-CE5 006-ASS-CD-HELM le comunicoacute que la demandante nunca se apersonoacute a ratificar la matriacutecula de su hijo

El Procurador Puacuteblico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educacioacuten deduce la excepcioacuten de falta de agotamiento de la viacutea administrativa alegando que la demandante no ha acreditado no ha acreditado haber interpuesto recursos de reconsideracioacuten apelacioacuten o revisioacuten ni tampoco sus alegatos

El Tercer Juzgado Civil del Callao con fecha 13 de junio de 2003 declara infundada la demanda por considerar que estaacute fuera de discusioacuten el derecho de la demandante de matricular a su hijo y de que este continuacutee sus estudios agregando que la demandante no ha acreditado haber solicitado o gestionado matriacutecula de su menor hijo en el centro educativo

La recUlTida confIrma la apelada por el mismo fundamento

FUNDAMENTOS

1 Respecto de la excepcioacuten deducida si bien el artiacuteculo 27 de la Ley NO 23506 establece que solo procede la accioacuten de amparo cuando se haya agotado la viacutea previa el artiacuteculo 28deg inciso 2 precisa que no es exigible cumplir tal requisito en caso de que su cumplimiento pudiera convertir en irreparable la agresioacuten

El Tribunal Constitucional considera que tal exigencia en el presente caso es irrazonable puesto que habria que esperarse su cumplimiento lo cual postergaria el ejercicio del derecho a la educacioacuten del beneficiario y particularmente el de matricularse y estudiar en el antildeo escolar correspondiente por lo que la excepcioacuten deducida debe ser desestimada

2 La demandante denuncia la negativa del emplazado de permitir la matriacutecula del beneficiario en

mhtmlfileIICDocuments and SettingsACOSSIOMis documentos0052-2004-AA 080212012

cambIo el emplazado niega tal hecho sentildealando que es la demandante quien no ha cumplido con apersonarse al centro educativo a fin de matricular a su menor hijo Por su parte las instancias judiciales ordinarias han desestimado el amparo por considerar que la demandante no ha acreditado fehacientemente la lesioacuten alegada

3 Es indiscutible que si efectivamente el demandado hubiera impedido que el beneficiario se matriculara para seguir en el siguiente antildeo escolar se habriacutea afectado el derechomiddot a la educacioacuten del favorecido El deber de educar a los hijos que se ha impuesto a los padres de familia conforme al artiacuteculo 13deg de la constitucioacuten estaacute en con-elacioacuten con el derecho de los hijos de ser educados No solo se trata de un deber de los padres para con sus hijos sino tambieacuten de un derecho -el de educacioacuten- que cabe oponer y exigir al Estado El educando tiene derecho a una formacioacuten que respete su identidad asiacute como al buen trato psicoloacutegico y fisico (segundo paacuterrafo del artiacuteculo 15deg de la Constitucioacuten)

Si la Constitucioacuten ha establecido que los padres tienen el deber de brindar educacioacuten a sus hijos respecto del Estado ha declarado que este estaacute en la obligacioacuten de proteger especialmente al nintildeo y al adolescente (art 4deg) Naturalmente esta proteccioacuten especial implica primeramente la obligacioacuten de permitirle ingresar a un centro educativo asiacute como que se adopten todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a impedir que nadie se vea impedido de recibir educacioacuten adecuada por razoacuten de su situacioacuten econoacutemica o de limitaciones mentales o fisi cas (art 16deg)

Evidentemente se incumple ese deber especial por ejemplo cuando el Estado a traveacutes de sus e oacuterganos y funcionarios competentes niega a un menor la posibilidad de continuar sus estudios sin existir motivos razonables para ello

4 En el caso de autos precisamente la demandante ha alegado que el emplazado en su condicioacuten de Director de un centro educativo ha impedido que se matricule el beneficiario del amparo No obstante como lo ha sostenido la recurrida la demandante no ha acreditado su alegato

El problema por tanto es dilucidar a) a quieacuten corresponde asumir la carga de la prueba en el presente caso y b) si en el caso existen indicios razonables de una violacioacuten del derecho a la educacioacuten

5 Una de las reglas que regulan la materia procesal es que quien alega un hecho debe probarlo salvo disposicioacuten contrariacutea de la ley (art 1960 del Coacutedigo Procesal Civil) La legislacioacuten que regula el proceso de amparo por cierto no tiene una claacuteusula especiacutefica que estipule a quien corresponde la carga de la prueba Por el contrario en el artiacuteculo 33 de la Ley NO 25398 se establece que En todo lo que no esteacute previsto en la Ley y en la presente rigen supletoriamente las disposiciones de los Coacutedigos de Procedimientos Civiles y Penales e Sin embargo en diversos pronunciamientos este Tribunal ha sostenido que tal aplicacioacuten supletoria de las reglas de los procesos civil y penal ha de observarse siempre que ellas sean compatibles con la peculiaridad y los fines del proceso de amparo constitucional (Fund Jur NO 5 RTC 2051-2003-AATC)

6 Como se ha destacado en diversa jurisprudencia (cf STC 1797-2002-HDTC) por la propia naturaleza restitutoria del amparo a fin de que se pueda emitir un pronunciamiento de fondo es preciso no solo que no se encuentre en discusioacuten la titularidad del derecho constitucional que se alega lesionado sino incluso que quien sostiene que ha sido afectado en su ejercicio acredite la existencia del acto cuestionado

De ahiacute que este remedio procesal en buena cuenta constituya un proceso al acto en el que el juez no tiene tanto que actuar pruebas sino juzgar en esencia sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional Como lo sostiene Juventino Castro [El sistema del derecho de amparo Editorial

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POITUacutea Meacutexico 1992 paacuteg 169] en el [ ] amparo hay dos hechos a probar esencialmente la existencia del acto reclamado que en ocasiones es una cuestioacuten de hecho y su constitucionalidad o inconstitucionalidad que generalmente es una cuestioacuten de derecho valorable finalmente por el juzgadorll (STC 0976-200l-AAITC)

7 En el caso desde un punto de vista estrictamente formal la inexistencia de un documento con el cual se acredite que el demandado se ha negado a matricular al beneficiario del amparo podria llevar a la conclusioacuten a la que llegan las instancias judiciales de que no se ha acreditado por un lado la existencia del acto reclamado ni por otro la lesioacuten del derecho a la educacioacuten alegada

No obstante el Tribunal considera que tal apreciacioacuten no dejariacutea de ser una evaluacioacuten estrictamente formal pues por una parte el impedimento de matricula de un menor teniendo en cuenta las circunstancias que rodean al presente caso [como es el hecho de que la demandante haya presentado una serie de denuncias por maltrato fisico de un docente] rara vez podria materializarse mediante un documento por otro porque encontraacutendose en discusioacuten el derecho a la educacioacuten de un nintildeo el asunto debe ventilarse a partir del deber especial de proteccioacuten que en este tema tienen los jueces y autoridades administrativas

No solo los padres tienen el derecho de escoger los centros educativos de sus hijos (art 15 de la Constitucioacuten) y el Estado el deber de asegurar que nadie se vea impedido de recibir educacioacuten adecuada por razoacuten de su situacioacuten econoacutemica (art 16 CP) sino que ademaacutes encontraacutendose comprometida la posibilidad de continuar en el sistema estatal de educacioacuten primaria de un menor este derecho -y en el presente caso las reglas procesales que regulan o podriacutean regular el proceso destinado a protegerlo- debe interpretarse y aplicarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos conforme lo establece la IV Disposicioacuten Final y Transitoria de la Constitucioacuten

8 Particularmente relevante es el sentido y propoacutesito que a estos efectos estaacute llamado a cumplir el artiacuteculo 31 de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo [aprobada por Resolucioacuten Legislativa NO 25278 Y ratificada con fecha 14 de agosto de 1990] a tenor del cual En todas las medidas concernientes a los nintildeos que tomen las instituciones puacuteblicas oacute privadas de bienestar social los tribunales las autoridades administrativas o los oacuterganos legislativos una consideracioacuten primordial a que se atenderaacute seraacute el intereacutes superior del nintildeo

De esa consideracioacuten especial que deben tener los jueces y autoridades administrativas cada vez que se encuentre en discusioacuten el ejercicio de determinados derechos del nintildeo es decir de observarse siempre una solucioacuten que tenga en cuenta ese intereacutes superior del nintildeo se desprende que tales funcionarios estatales deben estar dotados de una especial sensibilidad a la hora de resolver los problemas en que pudieran encontrarse envueltos bien se trate de aspectos que pudieran calificarse de sustantivos bien~e asuntosgue pu~ieT~n caracte~izarse como pr~c~~ales

En este sentido por ejemplo del artiacuteculo 31 de la Convencioacuten citada se deriva una exigencia en materia de interpretacioacuten y aplicacioacuten de las reglas procesales Estas en efecto habraacuten de aplicarse de manera que mejor se optimice el derecho de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de aquello que aqueja al nintildeo y no optar por una respuesta jurisdiccional que postergue el pronunciamiento final a costa de que el nintildeo continuacutee privado del ejercicio de determinados derechosfundamentales

9 Esta situacioacuten considera el Tribunal viene sucediendo en el presente caso Y es que independientemente de los diversos medios de prueba que la demandante ha actuado a lo largo del proceso con el objeto de acreditar que el demandado impide que el beneficiario del amparo pueda continuar sus estudios primarios en el centro educativo que dirige lo cierto es que pese a las diversas denuncias administrativas y penales presentadas por la demandante e incluso la iniciacioacuten de este proceso de amparo el demandado no ha probado haber tenido una conducta lo suficientemente diligente como para probar que en realidad no es eacutel quien impide que el


benetlclano pueda seguir cursando sus estudios primarios

Esa exigencia derivada del artiacuteculo 31 de la Convencioacuten de los Derechos del Nintildeo esto es la de adoptar medidas que atiendan al intereacutes superior del nintildeo imponiacutea que el demandado independientemente del resultado de este proceso e incluso de las denuncias a las que antes se ha hecho referencia adoptara todas aquellas medidas necesarias oportunas y adecuadas para tratar de ratificar la matriacutecula supuestamente negada Sin embargo no se ha actuado asiacute

De ahiacute que el Tribunal Constitucional considere que si bien originariamente existiacutean dudas razonables sobre la verosimilitud de la violacioacuten del derecho a la educacioacuten que se ha alegado con su conducta displicente el demandado las ha disipado corroborando con ello las denuncias de la demandante


HA RESUELTO

1 Declarar infundada la excepcioacuten de falta de agotamiento de la viacutea previa y FUNDADA la accioacuten de amparo

2 Ordena que el Director de la Escuela Primaria de Menores NO 5006 Alberto Secada Sotomayor ratifique la matricula del menor JJCC e

Publiacutequese y notifiquese

SS

ALV A ORLANDINI GONZALES OJEDA GARCIacuteATOMA

-e

EXP N bull 0052-2004-AAlTC CALLAO J J C c

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JAVIER ALVA ORLANDINI

Vistos los escritos presentados por las partes el 2 y 3 de setiembre de 2004 a propoacutesito de la discordia surgida en el caso del rubro mi voto concuerda con la parte dispositiva y los fundamentos en que se apoya la resolucioacuten de mayoriacutea ya que al tratarse del derecho a la educacioacuten de un menor debe concederce especial atencioacuten al intereacutes superior del nintildeo principio consagrado en el artiacuteculo 31 de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo

SR


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ALV A ORLANDINI

EXP N bull 0052-2004-AAfTC CALLAO J Jc C

iexcl e VOTOS DISCORDANTES DE LOS MAGISTRADOS BARDELLI LARTIRIGOYEN y REVOREDO MARSANO

No compartimos respetuosamente los fundamentos esgrimidos en la sentencia pues consideramos que la demanda debe ser desestimada por ello formulamos este voto singular de acuerdo a los siguientes fundamentos

l La recurrente interpone accioacuten de amparo a favor de su menor hijo Jheremy Cortez Cueva y la dirige contra el Director de la Escuela Primaria de Menores Ndeg 5006 Alberto Secada Sotomayor quien se niega a realizar la ratificacioacuten de la matriacutecula del mismo afectaacutendose su derecho constitucional a la educacioacuten

bull 2 En una demanda de amparo no basta con alegar y enumerar los derechos constitucionales

amenazados o violados sino que debe acreditarse el nexo causal entre eacutestos y el acto violatorio o amenazante lo que permite a los juzgadores verificar o constatar la existencia y ejercitabilidad del derecho ya sea en funcioacuten de un fehaciente medio probatorio acompantildeado a la demanda o por inferirse indubitablemente de la propia condicioacuten subjetiva de quien la invoca

3 En suma el dantildeo debe ser real efectivo tangible concreto e ineludible lo que concuerda con lo dispuesto por el- artiacuteculo 196deg del Coacutedigo -Procesal-Civil de apli-cacioacuten supletoria -de acuerdo al artiacuteculo 33deg de la Ley Ndeg 25398 Dicho artiacuteculo establece que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensioacuten

4 En el caso de autos la recurrente no ha acreditado con medio probatorio alguno la vulneracioacuten del derecho constitucional a la educacioacuten de su menor hijo maacutes bien conforme consta del Informe NO 02-CE5006-ASS-SD-HELM de fojas 41 nunca se apersonoacute al plantel a ratificar la matricula sino maacutes bien solicitoacute la libreta de notas del menor lo cual se acredita con el documento de fojas 42

5 De otro lado los documentos sobre maltratos fisicos y psicoloacutegicos a su menor hijo son meras denuncias que en nada prueban el hecho de la no ratificacioacuten de la matricula por parte del emplazado y en todo caso se debe esperar el pronunciamiento jurisdiccional correspondiente

6 Por los fundamentos expuestos nuestro voto es por que se declare INFUNDADA la demanda


S-993

si Iesulta tarea plimordial del Estado el proteger a la infancia ya sea por conducto directo o por el que brinden instituciones particulares como la patrocinada por la demandante la solucioacuten al petitorio administrativo de compatibilidad de uso y en su caso de otorgamiento de licencia de funcionamiento no puede ser visto desde una perspectiva carente de base constitucional y legal sino en armoniacutea con los diversos intereses y valores en conflicto

Exp Ndeg 298-96-AATC

Lima

Caso Blanca Lucy Borja Espinoza

SENTENCIA DEL TRIBUNAJ CONSTITUCIONAL

En Lima a los tres diacuteas del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho el Tribunal Constitucional reunido en sesioacuten de Pleno Jurisdiccional con la asistencia de los sentildeores Magistrados

Acosta Saacutenchez Vicepresidente encargado de la Presidencia

Nugent

Diacuteaz Valverde y

Garcia Marcelo

actuando como Secretaria Relatora la doctora Mariacutea Luz Vaacutesquez pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto contra la resolucioacuten de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y seis que revocando la resolucioacuten apelada del veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco declara fundada en parte la Accioacuten de Amparo interpuesta por dontildea Blanca Lucy Borja Espinoza contra el Alcalde de la Municipalidad de Magdalena del Mar

ANTECEDENTES

La demandante en su calidad de Presidenta de la Asociacioacuten Generacioacuten Instituto de Investigacioacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social con domicilio en el jiroacuten 1 de Julio Ndeg 740 distrito de Magdalena del Mar interpone demanda sustentando su reclamo en la transgresioacuten de los derechos constitucionales de defensa de peticioacuten a la libertad personal de asociacioacuten de trabajo de educacioacuten y de reinsercioacuten del menor al contexto social por parte del Alcalde de la Municipalidad de Magdalena del Mar

Alega que no obstante haber tramitado el Expediente Ndeg 003774 de fecha 14-03-95 mediante el cual solicitaba el Certificado de Compatibilidad de Uso y el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento y adjuntado pruebas mediante posterior recurso del 18-07-95 el Burgomaestre del distrito de Magdalena expide la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1137-95-A-MDMM de fecha 13-07-95 notificada el 23-08-95 a traveacutes de la cual deniega la compatibilidad de uso argumentando que la

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Subdireccioacuten de Obras y Direccioacuten Municipal de Corporacioacuten Edil han emitido informes en el sentido de que el Instituto Generacioacuten no ha probado ser una organizacioacuten no gubernamental y que los vecinos del lugar se quejan constantemente por alterarse el orden puacuteblico y la tranquilidad del vecindario hechos que sin embargo no han sido acreditados Que ademaacutes la asociacioacuten demandante teniacutea quince diacuteas para interponer su recurso de reconsideracioacuten conforme el artiacuteculo 98deg de la Ley de Normas Generales y Procedimientos Administrativos o Decreto Supremo Ndeg 02-94-JUS se ha expedido la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1473-95-A-MDMM de fecha 18-08-95 notificada el 25-08shy95 por la que se dispone la clausura del local pel1eneciente a la Asociacioacuten Generacioacuten

Especifica asimismo que frente a la violacioacuten de derechos producida interpuso a pesar de todo y con fecha 28-08-95 recurso de reconsideracioacuten contra la Resolucioacuten Ndeg 1137-95-A-MDMM a la par que dedujo nulidad e insubsistencia de la Resolucioacuten Ndeg 1473-95-A-MDMM sin que el Alcalde haya contestado estos recursos Que por el contrario con fecha 14-09-95 se ha procedido mediante Acta Ndeg 151 a ejecutar la clausura dispuesta contra el local de la Asociacioacuten Generacioacuten haciendo intervenir en dicha diligencia a una persona extrantildea que afirma haber sido asaltada por menores que residen en la calle 1 de Julio Ndeg 735 direccioacuten distinta a la que le pertenece a la asociacioacuten demandante

Que por uacuteltimo estos hechos demuestran que el emplazado ha obrado con evidente abuso sin merituar en absoluto que la Asociacioacuten Generacioacuten cumple una funcioacuten social de apoyo al menor desprotegido y marginado de la calle prefiriendo por el contrario una actitud represiva carente de contenido teacutecnico y humano antes que la reinsercioacuten social del menor equivocado dentro de una alternativa de hogar sustituto como la que les brinda la asociacioacuten demandante Finalmente y por todo lo dicho solicita se ordene al emplazado la expedicioacuten de la certificacioacuten de compatibilidad de uso el otorgamiento de la licencia de funcionamiento y la suspensioacuten de la clau~ura dispuesta

Admitida la accioacuten a traacutemite por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima se dispone su traslado siendo absuelta por el representante de la Municipalidad de Magdalena del Mar quien la niega y contradice principalmente por considerar Que el Certificado de Compatibilidad de Uso del local ubicado en el jiroacuten 1 de Julio Ndeg 740 fue denegado por Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 113 7-95-AshyMDMltf en razoacuten de que trataacutendose de una zona residencial eacutesta no es compatible con las caracteriacutesticas del establecimiento a instalarse Que el otorgamiento de Licencia no fue atendido por cuanto para su procedencia es necesaria la aprobacioacuten previa del Certificado de Compatibilidad de Uso Que es falso que la denegatoria en el otorgamiento del citado certificado haya obedecido al hecho de no acreditar ser una Organizacioacuten No Gubernamental sino debido a las continuas quejas recibidas del vecindario dado que el sistema de organizacioacuten del establecimiento permite a los menores con problemas de conducta entrar y salir hasta altas horas de la noche constituyendo un peligro para la seguridad de los quejosos Que el recurso de reconsideracioacuten de la demandante contra la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1137-95-A-MDMM se encuentra pendiente de tramitacioacuten con lo que se acredita que no se ha cumplido con el traacutemite de las viacuteas previas Que la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1473-95-A-MDMM ha sido expedida conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 119deg de la Ley Ndeg 23853 Orgaacutenica de Municipalidades Que el recurso de nulidad contra dicha resolucioacuten se encuentra igualmente tramitaacutendose en las dependencias del Municipio por lo que es tambieacuten aplicable la falta de agotamiento de las viacuteas previas Que no se ha violado o amenazado derechos constitucionales y que cualquier perjuicio que se pudiera causar a los menores que se albergan es responsabilidad de la demandante por cuanto no debioacute recibir o trasladar menores al mencionado local hasta no contar con la autorizacioacuten municipal de funcionamiento

De fojas noventa y cinco a noventa y nueve y con fecha veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil expide resolucioacuten declarando improcedente la accioacuten fundamentalmente por considerar Que el artiacuteculo 119deg de la Ley Ndeg 23853 Orgaacutenica de Municipalidades establece que las autoridades municipales pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios establecimientos o servicios cuando su funcionamiento estaacute prohibido legalmente y constituye peligro o sean contrarios a las normas reglamentarias o produzcan


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olores humos ruiacutedos u otros dantildeos y peI)uICJOS para la salud y tranquilidad puacuteblica Que la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1 473-95-A-MnMM ordenoacute la clausura del local del Instituto de Promocioacuten Social Defensoria y Alojamiento de Nintildeos y Adolescentes en razoacuten de la alteracioacuten producida a la tranquilidad puacuteblica seguacuten queja de los vecinos Que en el Acta de Clausura se constata que firmoacute como testigo dontildea Bettina Esteves de Carrasco quien manifestoacute haber sido viacutectima de un asalto y robo por parte de dos de los albergados en dicho centro Que a efectos de cuestionar la legalidad de la citada resolucioacuten asiacute como de la signada con Ndeg 1137-95-A-MDMM se tiene expedito el derecho de agotar la viacutea administrativa antes de acudir a la judicial Que el juzgador no tiene los elementos de juicio suficientes para determinar si la clausura dispuesta fue realizada en violacioacuten o no de los derechos de la accionante

Interpuesto recurso de apelacioacuten los autos son remitidos a la Tercera Fiscaliacutea Superior en lo Civil para efectos de la vista correspondiente y devueltos eacutestos con dictamen que se pronuncia por que se revoque la apelada y se declare fundada la demanda la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima a fojas ciento cuarenta y ocho y ciento cuarenta y nueve y con fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y seis revoca la resolucioacuten apelada y declara fundada en parte la demanda interpuesta fundamentalmente por considerar Que de la Resolucioacuten Ndeg 1137-95-AshyMDMM se interpuso recurso de reconsideracioacuten y la nulidad e insubsistencia de la Resolucioacuten Ndeg 1473-95-A-MDMM Y sin haberse vencido los quince diacuteas uacutetiles para que la resolucioacuten de alcaldiacutea quede firme y consentida se ha emitido resolucioacuten de clausura recortaacutendosele el derecho de defensa~ Que si bien la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1137-95-M-MnMM fue impugnada mediante reconsideracioacuten sin haberse dado el teacutermino de quince diacuteas ya se habiacutea expedido la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1 473-95-A-MDMM por la que se clausuraba el local de la demandante Que no habieacutendose resuelto la reconsideracioacuten contra la primera resolucioacuten la segunda resolucioacuten ha incurrido en nulidad por no cumplir con los teacuterminos del procedimiento administrativo violando de este modo el derecho de defensa y el agotamiento de la viacutea previa Que por tanto debe proseguirse con el traacutemite y resolverse el recurso de reconsideracioacuten

Contra esta resolucioacuten la demandante interpone recurso de nulidad por lo que de conformidad con el artiacuteculo 41 deg de la Ley Ndeg 26435 Y entendiendo dicho recurso como Extraordinario se dispuso el enviacuteo de los autos al Tribunal Constitucional

FUNDAMENTOS

Que conforme se aprecia del petitorio contenido en la demanda interpuesta se orienta a que se deje sin efecto la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1137-95-A-MDMM del trece de julio de mil novecientos noventa y cinco y la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1473-95-A-MDMM del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco y por consiguiente se ordene al Alcalde de Magdalena del Mar otorgue el Certificado de Compatibilidad de Uso y la subsecuente Licencia de Funcionamiento a la Asociacioacuten Generacioacuten Instituto de Investigacioacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social ademaacutes de levantar la clausura definitiva dispuesta sobre su local

Que dentro de este orden de consideraciones y a efectos de determinar la legitimidad o no del petitorio referido conviene sin embargo de manera previa examinar si este Colegiado se encuentra en condiciones de emitir pronunciamiento en la present~ causa pues el recurso extraordinario se ha deducido contra una resolucioacuten que si bien no satisface totalmente la pretensioacuten reclamada siacute lo hace de modo parcial al declarar fundada en parte la demanda interpuesta lo que podriacutea interpretarse como una opcioacuten distinta a la prevista en el artiacuteculo 41 deg de la Ley Ndeg 26435

Que a este respecto cabe resaltar que la interposicioacuten del presente recurso extraordinario resulta en principio para este Tribunal perfectamente ajustada a Derecho desde que una resolucioacuten denegatoria a una accioacuten de garantiacutea no se configura como tal soacutelo por el hecho de que expliacutecitamente contenga una apreciacioacuten desestimatoria en el contenido de su fallo sino por la circunstancia de haber o no satisfecho en su integridad los alcances del petitorio planteado por la

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parte que demanda Si como resulta evidente quien no estaacute de acuerdo con las directrices de un fallo tuviera sin embargo que aceptar sus alcances por resultarle pretendidamente favorable cuando en realidad no ha cumplido eacuteste con lo que se ha pedido o soacutelo lo ha hecho de modo parcial se estariacutea quebrando con ello la loacutegica que rodea a toda pretensioacuten procesal ademaacutes de configurar un serio peligro para los valores constitucionales que se busca proteger como si el juzgador fuese capaz de sustituirse a la voluntad de la parte auteacutenticamente interesada Por consiguiente si a juicio de la demandante la resolucioacuten recurrida no ha satisfecho lo que pediacutea eacuteste Colegiado no soacutelo puede sino que se encuentra en la obligacioacuten ineludible de conocer el recurso planteado

Que en consecuencia y entrando al anaacutelisis de las cuestiones de fondo que entrantildea el presente recurso extraordinario debe sentildealarse que si bien la Municipalidad emplazada ha pretendido alegar que la Clausura dispuesta al local de la Asociacioacuten Generacioacuten Instituto de Investigacioacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social se sustenta en el artiacuteculo 119deg de la Ley Orgaacutenica de Municipalidades Ndeg 23853 cuyo texto dispone que Las autoridades municipales pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esta prohibido legalmente y constituye peligro o sean contrarios a las normas reglamentarias o produzcan olores humos ruidos u otros dantildeos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario dicha norma no es absolutamente discrecional sino que tiene corno uno de sus paraacutemetros expliacutecitos a la licitud en la determinacioacuten de las medidas a tomarse circunstancia que en absoluto ha sido tomada en cuenta para el caso de la demandante

Que en efecto si la Asociacioacuten afectada habiacutea planteado su solicitud de otorgamiento del Certificado de Compatibilidad de Uso respecto del local ubicado en jiroacuten 1 de Julio Ndeg 740 distrito de Magdalena del Mar la Municipalidad emplazada no ha debido expedir la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1137-95-A-MDMM del trece de julio de mil novecientos noventa y cjnco sino en estricta consideracioacuten de dispositivos legales expliacutecitos los que conforme fluye de fojas cuatro se encuentran totalmente ausentes de la parte considerativa que la motiva

Que por el contrario resulta particularmente arbitrario que habiendo sido notificada dicha resolucioacuten con fecha veintitreacutes de agosto de mil novecientos noventa y cinco y existiendo por tanto el derecho de recurrir de la misma dentro del plazo de quince diacuteas conforme al artiacuteculo 98deg o en su caso 99deg del Texto Unico de Normas Generales y Procedimientos Administrativos o Decreto Supremo Ndeg 02-94-mS la emplazada haya emitido por anticipado esto es el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1473-95-A-MDMM de fojas siete por la que en definitiva y sustentaacutendose en la Resolucioacuten Ndeg 1137-95-A-MDMM dispuso la clausura del local perteneciente a la recurrente ya que tal circunstancia es atentatoria del derecho al debido proceso y particularmente del derecho de defensa

Que la transgresioacuten a los derechos asiacute configurada vuelve incluso a repetirse en el caso de la Resolucioacuten Ndeg 1 473-95-A-MDMM ya que existiendo igualmente el plazo para recurrir de la misma y no obstante haberse notificado eacutesta con fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco la emplazada ejecuta la orden de Clausura con fecha catorce de setiembre de mil novecientos noventa y cinco seguacuten se estaacute al Acta Ndeg 151 de fojas diecisiete lo que quiere significar que independientemente de los recursos que la demandante habiacutea en su momento deducido contra la referida Resolucioacuten de Alcaldiacutea al igual que contra su antecesora la demandada no teniacutea la menor intencioacuten de conocer de los reclamos de la recurrente y ni siquiera de respetar los plazos contemplados por el Decreto Supremo Ndeg 02-94-mS antes de resolver y ejecutar sus propias decisiones

Que dentro de este contexto alegar la falta de agotamiento de las viacuteas previas carece del maacutes elemental sentido pues si la demandante habiacutea presentado reconsideracioacuten contra la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1137-95-A-MDMM (fojas dos a tres) y nulidad contra la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1473-95-A-MDMM (fojas cinco a seis) ambos recursos con fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco sin que por ello y como se ha visto se paralizara el proceder de la


--- --___ - -------_ _ admmistracioacuten municipal resultan plenamente aplicables al presente caso las excepciones previstas en los incisos 1) Y 2) del artiacuteculo 28deg de la Ley Ndeg 23506

Que por otra parte conviene que se deje claramente establecido que al igual como existiacutean paraacute~~tros de lim~t~cioacute legal en el ejercicio de la facultad reconocida en el artiacuteculo 119deg de la Ley

oOrgaOlca de MUOlciexclpahdades N 23853 que como se ha visto no han sido tomados en cuenta tambieacuten y con mucha mayor razoacuten existen respecto de la misma facultad paraacutemetros de limitacioacuten constitucional cuya inobservancia o hasta desconocimiento resulta harto preocupante en el proceder de la emplazada

Que en efecto si bien es cierto que conforme a los artiacuteculos 192deg y 195deg de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado es atribucioacuten de los Gobiernos Municipales entre otras la Seguridad Ciudadana tambieacuten lo es que conforme al artiacuteculo 4deg de la misma Norma Fundamental La comunidad y el Estado protegen especialmente al nintildeo al adolescente a la madre y al anciano en situacioacuten de abandono no estando las autoridades municipales por consiguiente exentas de vinculacioacuten a tal precepto

Que dentro del orden de prelaciones y jerarquiacuteas existente al interior de una ConstituciOacuten es decididamente un hecho incontrovertible que mayor importancia reviste para un Estado y su colectividad el proteger a la infancia y maacutes auacuten si se encuentra en situacioacuten de abandono que promover la seguridad como valor aislado pues independientemente de que tal dispositivo reposa directamente sus fundamentos en el artiacuteculo 1 deg de la Norma Fundamental y es por consiguiente rigurosamente tributario del principio Dignidad de la Persona a la larga del cumplimiento de un e dispositivo depende en los hechos la eficacia y vigencia del otro No es posible que un Estado proclame la Seguridad Ciudadana como valor preciado de hoy cuando alimenta las condiciones de su propia alteracioacuten a futuro Si una colectividad permite de espaldas a su propia realidad que la desproteccioacuten a la nintildeez se solvente con actitudes de indiferencia croacutenica lo uacutenico que engendra son las condiciones para que la seguridad que hoy proclama como bandera no vaya mas allaacute de su propia existencia como si el futuro de sus descendientes paradoacutejicamente la seguridad de ellos no le interesara en lo absoluto

Que en consecuencia si resulta tarea primordial del Estado el proteger a la infancia ya sea por conducto directo o por el que brinden instituciones particulares como la patrocinada por la demandante la solucioacuten al petitorio administrativo de compatibilidad de uso y en su caso de otorgamiento de licencia de funcionamiento no puede ser visto desde una perspectiva carente de base constitucional y legal sino en armoniacutea con los diversos intereses y valores en conflicto En uacuteltima instancia no debe ignorarse que la razoacuten de ser de los gobiernos municipales estriba en la necesidad de reconducir los problemas internos de cada provincia o distrito hacia la buacutesqueda de las mejores y maacutes oacuteptimas soluciones mas no en la adopcioacuten facilista de decisiones que lo uacutenico que grafican es apresuramiento y carencia de sensibilidad social e Que en el uacuteltimo de los casos lo aquiacute merituado tampoco significa ni debe entenderse como que la competencia municipal en materia de seguridad ciudadana se encuentre notoriamente restringida sino maacutes bien como la necesidad que aquella deba ejercitarse por viacutea de adecuados mecanismos de control o fiscalizacioacuten a la par que coordinacioacuten tareas en las que por otra parte el Municipio emplazado debe esforzarse de manera especial y teacutecnica antes que en la buacutesqueda de alternativas irrazonables y por ende cuestionables

Que por consiguiente habieacutendose acreditado transgresIOn a los derechos constitucionales reclamados resultan de aplicacioacuten los artiacuteculos 1deg 2deg 3deg 7deg Y 24deg de la Ley Ndeg 23506 en concordancia con los artiacuteculos 1deg 2deg incisos 1) 15) 20) 3deg 4deg y 139deg incisos 3) y 14) de la Constitucioacuten Poliacutetica del Estado

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones conferidas por la


Uiquest~~-l ~~oacute-AA Page 6 of6

Constitucioacuten su Ley Orgaacutenica Ndeg 26435 Y la Ley Ndeg 2680 1

FALLA

REVOCANDO la resolucioacuten de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas ciento cuarenta y ocho su fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y seis que revocando la resolucioacuten apelada del veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco declara fundada en parte la demanda REFORMANDO la recurrida declararon FUNDADA en todos sus extremos la Accioacuten de Amparo interpuesta y en consecuencia INAPLICABLES para la Asociacioacuten Generacioacuten Instituto de Investigacioacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg l 1 37-95-A-MDl1M del trece de julio de mil novecientos noventa y cinco y la Resolucioacuten de Alcaldiacutea Ndeg 1473-95-A-MDMM del dieciocho de mil novecientos noventa y cinco debiendo dejarse sin efecto la clausura dispuesta ORDENARON que el Alcalde de la Municipalidad de Magdalena del Mar dentro de las consideraciones de respeto a la Ley y a la Constitucioacuten expida a la demandante el Certificado de Compatibilidad de Uso asiacute como la correspondiente Licencia de Funcionamiento dejando a salvq sus facultades municipales de control y fiscalizacioacuten sobre el local de la Asociacioacuten demandante DISPUSIERON asiacute mismo lae publicacioacuten de1a presente en el Diario Oficial El Peruano y los devolvieron

SS

ACOST A SANCHEZ

NUGENT

DIAZ V ALVERDE

GARCIA MARCELO

Lsd

mhtmlfileICDocuments and SettingsACOSSIOMis documentos0298-1996-AA 08022012

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP No 01 817-2009-PHCITC LIMA JARRA Y VRRA


En Lima a los 7 diacuteas del mes de octubre de 2009 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional integrada por los magistrados Mesiacutea Ramiacuterez Beaumont Callirgos vEto Cruz pronuncia la siguiente sentencia con el fundamento de voto del mgistrado Beaumont Cal1irgos que se adjunta ~

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por dontildea Shelah Allison I-Ioefken contra la sentencia de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la C0l1e Superior de Justicia de Lima de fojas 821 su fecha 31 de octubre de 2008 que declaroacute infundada la uemanda de autos

ANTECE))ENTES

Mediante demanda de fecha 19 de diciembre dc 2007 y escrito ampliatoriacuteo de fecha 14 de febrero de 2008 doiiacute3 Shelah Allison Hoefken interpone demanda de haacutebeas corpus a favor de sus menores hijos identificados con las siglas lARRA y VRRA contra don Juan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz Tapiador padre de los menores solicitando que en cumplimiento del reacutegimen de visitas establecido por la resoluoacuten judicial de fecha 29 de diciembre de 2006 y confimlado por la resolucioacuten judic 1 de fecha 6 de julio de se ordene al emplazado que les permita a sus mer res hijos interactuar con ella t a vez que de manera reiterada les impide que

dan verla lo cual afecta sus dere os a la libertad individual y a vivir paciacuteficamente

Asimismo solicita que virtud del intereacutes superior del nintildeo se le ordene al emplazado que cese la violad n del derecho a la integridad moral psiacutequica y fiacutesica de sus menores hijos pues estoson objeto de reiterados maltratos psicoloacutegicos y fisiacutecos c6Moiilie se prueba conleacuterdcilUncia delecha 22 de mayo -de-200T y con el examen meacutedico legal de fecha 22 de mayo de 2007 en el que se consigna que la menor idtntificada con las siglas VRRA presenta huellas de lesiones traumaacuteticas recientes

Refiere que en el proceso de divorcio iniciado por el emplazado el Juzgado y la Sala de Familia correspondientes fijaron a su favor un reacutegimen de visitas progresivo abierto y libre que no ha venido siendo cumplido por el emplazado pues desde el 25 de febrero de 2006 fecha en la que le entregoacute a sus dos menores hijos eacuteste no les ha pcnnitido que puedan interactuar con ella seguacuten se puede comprobar con [as actas de verificacioacuten policial respectivas Antildeade que mediante la resolucioacuten judicial de lccha 1)

e mayo de 2006 se requirioacute al empla7ado para que en el plazo perentorio de tres diacuteas aturales cumpla con el reacutegimen de visitas ordenado bajo apercibimiento de variarse la ncncia en caso de incumplimiento y que ante el incumplimiento del reacutegimen ediante la resolucioacuten judicial de fecha 6 de junio de 2006 se resolvioacute hacer efectivo el

e


rinda lada las atenciones y comod~dcs

El Trigeacutesimo Quinto Juzgaacutedo Especializado en lo Penal de Lima con fecha 5 de

agosto de 2008 declaroacute infundaacuteda la demanda por considerar que el proceso de haacutebeas corpus no es la viacutea idoacutenea para resolver la pretensioacuten planteada toda vez que existe un proceso judicial en traacutemite en el que se viene dilucidando el reacutegimen de visitas de los nwnCl1es

i~ i

1

apercibimiento empero el emplazado ha seguido incumpliendo el reacutegimen de visitas ordenado

En sentido similar refiere que mediante la resolucioacuten de fecha 29 de diciembre de 2006 se precisoacute los diacuteas y las horas del reacutegimen de visitas en los que podriacutea ver a sus

- menores hijos 10 que fue confirmado mediante la resolucioacuten de techa 6 de julio de 2007 y que a pesar de cllo el emplazado viene incumpliendo las resoluciones judiciales referidas afectando el derecho que tiene como madre para ver a sus menores hijos

Con fecha 21 de febrero de 2008 el Juez del Trigeacutesimo Quinto Juzgado Especializado en Jo Penal de Lima junto con dos meacutedicos legistas se constituyeron en el domicilio del emplazado a fin de realiLar la inspeccioacuten ocular respectiva para verificar las alegaciones de la demanda

Con fecha 25 de febrero de 2008 se tomoacute la declaracioacuten de dontildea Shelah AlIison lIoefken quien se ratificoacute en la demanda antildeadiendo que 10 que Pietende es que el emplazado le permita restablecer una vida nonnal y de afecto con sus menores hijos ya que desde hace dos afias le estaacute impidiendo que pueda relacionarse nOlmalmente con ellos por lo que solicita al Juzgado que retire a los menores del domicilio del emplazado y los entregue al Vigeacutesimo Juzgado de Familia

Con fecha 25 de febrero de 2008 el emplazado contesta la demanda alegando que sta resulta improcedente debido a~qJos problemas relativos al reacutegimen de visitas

variacioacuten de la tenencia de sus m ores hijos han sido resueltos en el proceso j icia respectivo y que sus menores jos se estaacuten desmonando en un hogar que les

La Sala revisora confirmoacute la apelada por estimar que los supuestos maltratos a los menores favorecidos con la demanda la tenencia de los menores y la negativa del emplazado de permitir a estos que interactuacuteen con su madre son cuestiones que tienen que ser resueltas en el proceso que se viene desarrollando en la jurisdiccioacuten ordinaria

Con lecha 6 dc enero de 2009 dontildea Shelah Allisol1 Hoefken interpone recurso de agravio constitucional alegando entre otras cosas~ que con fecha 28 de febrero de 2008 el Decimoctavo Juzgado de Familia de Lima ha emitido una medida cautelar de variacioacuten de tenencia en la que ha dispuesto que sus dos menores hijos pasen a su custodia y que sin embargo a pesar de que existe dicha resolucioacuten judicial eacutesta no ha sido cjetutada por el Juzgado referido en SLlS propios teacuterminos ni cumpliacuteda por el emplazado pues en la diligencia de fecha 3 de marzo de 2008 soacutelo le fue entregada su


menor hija identificada con las siglas VRRA mientras que su menor hijo identificado con las siglas lARRA auacuten se encuentra en custodia del emplazado

FUNDAMENTOS

sect1 Delimitacioacuten del petitorio y de las materias constitucionalmente relevantes

l Antes de entrar a analizar el fondo de las vulneraciones alegadas en la demanda resulta necesario delimitar su petitOlio asiacute como los beneficiarios con ella pues los hechos han variado desde que la demanda fue interpuesta

I Asiacute se tiene quc la demanda tiene por objeto que en cumplimiento del reacutegimen de visitas establecido en la resolucioacuten de fecha 29 de diciembre de 2006 y confirmado por )n resolucioacuten de fecha 6 de julio de 2007 se ordene a don Juan Manuel remando Roca Rey Ruiz Tapiador que permita a sus menores hijos identificados con las siglas JARRA y VRRA interactuar con dontildea Shelah Allison Hoefken

I Dicho lo anterior debemos subrayar que la demandante en su recurso de agravio 1 constitucional ha sentildealado que su menor hija identificada con las sigla~ VRRAI ya le ha sido entregada en virtud de la medida cautelar de techa 28 de febrero de I 2008 por lo que soacutelo solicita que se le entregue a su menor hijo identificado con las siglas JARRA pues eacuteste aun continuacutea bajo la custodia del emplazado j Tenicndo presente los sucesos relatados este Tribunal estima que en principio la

cmanda tendriacutea como uacutenico benefic riacuteo al menor identificado con las siglas JARRA pues aparentemente en caso de la menor identificada con las siglas

1

iexcl VRRA habriacutea operado la sustrae Ioacuten de la materia aacutel haber sido entregada a su iexcl madre No obstante ello y tenie o presente que la entrega de la menor se produjo I

luego de presentada la dcmand este Tribunal considera pertinente precisar que en I

virlud del segundo paacuterrafo d al1IacuteCulo 1deg de] Coacutedigo Procesa] Constitucional los t ciacuteectos de la presente senteuacutecia alcanzaraacuten a los dos menores beneficiarios con la demanda eshy

2 Habieacutendose precisado los efeclos de la presente sentencia debe recordarse que en la demanda se alega que los derechos a la libertad individual a vivir paciacuteficamente ya la integrjdad moral psiacutequica y flsica de los dos menores habriacutean sido vulnerados por el emplazado debido a que eacuteste en su condicioacuten de padre les impide que puedan ver a su madre a pesar de que judicialmente se ha determinado un reacutegimen de visitas a su favor y porque son objeto de reiterados maltratos psicoloacutegicos y t1sieos

Sobre la base de dichos alegatos este Tribunal estima que a pesar de que en la viacutea judicia1 ordinaria se ha determinado tUl reacutegimen de visitas a favor de la demandante por las pa11iculares circunstancias que rodean el presente caso por los derechos cuya proteccioacuten se solicita y por los sujetos beneficiarios el proceso de haacutebeas corpus resulta ser la viacutea idoacutenea para resolver la controversia planteada toda vez que

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se encuentra en riesgo la libertad personal e integridad personal de los menores asiacute como su desarrollo armoacutenico e integral

Asimismo por los hechos alegados este Tribunal en virtud del principio iexcltira novit curia previsto en el artiacuteculo VTlT del Tiacutetulo Preliminar del CPConst estima que no soacutelo los derechos a la libertad individual e integridad personal habriacutean sido supuestamente vulnerados sino tambieacuten los derechos de los menores a tener una familia y no ser separado de ella y a creceacuter en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material asiacute como el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales

Ello porque de lo expuesto en la demanda y del recurso de agravio constitucional se desprende que existe maacutes de un acto lesivo a saber

a Por accioacuten el emplazado al haber impedido a sus menores hijos que vean y mantengan contacto directo con su madre habriacutea vulnerado sus derechos a tener una familia y no ser separado de ella y a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y materiaL

b Por accioacuten el emplazado al haber agredido a sus menores hijos habriacutea vulnerado su derecho a la integridad personal

e Por omisioacuten de acto de cumplimiento obligatorio (resolucioacuten judicial) el emplazado al no haberle entregado a la demandante a su menor hijo identificado eon las siglas JRRA ha vulnerado su derecho a la libertad individual debido a que existe una

edida cautelar que dispone ello

Asiacute las cosas la cuestioacuten que se Pl~~J1 presente proceso consiste en determinar si se han vulnerado los dere~~0 los menores por no habeacuterseJe permitido ver a su madre y por ser o9(eto de constantes maltratos fiacutesicos y psicoloacutegicos por 10 que este TriacutebunaJ-eacuteOacutensidera necesario abordar las siguientes maten as El principio de proteccioacuten especia~iei nintildeo El principio del intereacutes superioriJel nintildeo El derecho a tener una familia y no ser separado de ella El derecho a crecer en un ambiente de af(cto y de seguridad moral y material

e El derecho al d~s~rollQ armoacutenleo e integral

sect2 El principio de proteccioacuten especial del nintildeo

4 El principio de proteccioacuten especial del nintildeo se erige en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como un principio thndamental Fue inicialmente enunciado ( en la Declaracioacuten de Ginebra sobre los Derechos del Nintildeo que parte dc la premisa

iexcl de que los nintildeos son lo mejor que tiene la humanidad razoacuten por la cual deben ser iacute

especialmente protegidos ~

Oc una manera maacutes ampliacutea y precisa este principio fue reconocido en la Declaracioacuten de los Derechos del Nintildeo que en su Principio 2 sentildeala que el nintildeo gozaraacute de una

proteccioacuten especial y dispondraacute de oportunidades y servicios ( ) para que pueda


desarrollarse fiacutesica mental moral espiritual y socialmente en forma saludable y normal asiacute como en condiciones de libertad y dignidad

Por su parte el articulo 252 de la Declaracioacuten Universal de Derechos Humanos tambieacuten reconoce este principio al sentildealar que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales En sentido similar el artiacuteculo 31 de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo reconoce que los Estados Partes se comprometen a asegurar al nintildeo la proteccioacuten y el cuidado que seaq necesarios para su bienestar

Finalmente el artiacuteculo 19deg de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos dispone que todo nintildeo tiene derecho a las medidas de proteccioacuten que su condicioacuten de menor requieren por parte de su familia de la sociedad y del Estado En liacutenea(

I similar el principio de proteccioacuten especial del nintildeo es reconocido por los artiacuteculos

I 234 y 241 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos y el artiacuteculo 103 del Pacto Internacional de Derechos Econoacutemicos Sociales y Culturales

5 Teniendo presente el sentido normativo de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos transcritos este Tribunal estima que para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el nintildeo entendido como todo ser humano menor de dieciocho antildeos de edad es un sujeto de derecho de proteccioacuten especial

ue requiere de asistencia y cuidados adecuados necesarios y especiales para su desarrollo y bienestar tanto antes como dcspueacutes acIacutemiento

Este eacutenfasis tuitivo se debe a su condicioacuten de d iexcllidad manifiesta para llevar una vida totalmente independiente de modo e por la situacioacuten de fragilidad inmadurez o inexperiencia en que estaacuten menores frente a los adultos se le impone a la familia a la comunidad a a sociedad y al Estado la obligacioacuten de asistir y proteger al nintildeo para garant ar tanto su desarrollo Ilounal y sano en los aspectos bioloacutegico fisico psiacuteq~o intelectual familiar y social corno la promocioacuten y preservacioacuten de susAerechos y el ejercicio pleno y euumlctivo de ellos

De ahiacute que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte lDH)~ partiendo de la_premisa d~ qu~eLnintilde9 es_uQ_suj~tQ de dereltho Oacute~ p-tQt~ltcioacuten e especial para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos haya destacado que la proteccioacuten de los nintildeos en los instrumentos internacionales tiene como objetivo uacuteltimo el desarrollo armonioso de la personalidad de aqueacutellos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidosiexcl

Sobre esta base normativa supranacional el artiacuteculo 4deg de la Constitucioacuten reconoce que la comunidad yel Estado protegen especialmente al nintildeo Asiacute pues teniendo presente el cnlmciado norn1ativode este attiacuteculo este Tribunal estima que el constituyente ha reconocido el principio de especial proteccioacuten del nintildeo que se fundamenta en la debilidad uumlunadurez (fisica y mental) ti inexperiencia en que se encuentran los nintildeos y que impone tanto al Estado como a la familia a la

I CORTE IDi L Condicioacuten jllridica y derechos humanos del nintildeo Opinioacuten Consultiva OC-1702 del 28 de agosto de 2002 Serie A Ndeg 17 paacuterr 59

ie ~


iacute

i shyiexcleliacute

I

comunidad y a la sociedad entre otras acciones y deberes la obligacioacuten de brindarles atenciones y cuidados especiales y el deber de adoptar las medidas adecuadas de proteccioacuten para garantizar su desarrollo 1ibre armoacutenIacuteC-o e integraL

7 En buena cuenta en virtud de este principio el nintildeo tiene derecho a disfrutar de una atencioacuten y proteccioacuten especial y a gozar de las oportunidades para desarrollarse de una manera saludable integral y normal en condiciones de libertad y de dignidad Por ello ninguacuten acto legislativo puede desconocer los derechos de los nintildeos ni prever medidas inadecuadas para garantizar su desarrollo integral y armoacutenico pues cn virtud del artiacuteclJl0 4deg de la Constitucioacuten el bienestar (fisico psiacutequico moral intelectual espiritual y social) del nintildeo se erige comomiddot un objetivo constitucional que tiene que ser realizado por la sociedad la comunidad la familia y el Estado

sect3 El principio del intereacutes superior del nintildeo

8 En esta especial orientaciacuteoacuten proteccionista se encuentra tambieacuten el prinCipiO de intereacutes superior del niilo que a decir de la Corte IDH se ltfunda en la dignidad misma del ser humano en las caracteriacutesticas propias de los nintildeos -y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades asiacute como en la natumleza y alcances de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeomiddot2

En el aacutembito del Derecho Internacional d os Derechos Humanos este principio fue inicialmente reconocido en la DeG-hfracioacute de los Derechos dd Nintildeo que en su Principio 2 establece

EI nintildeo gozaraacute de una rotecclOn s ecial y dispondraacute de oportunidades y servicios dispensado todo cllo por la ley y 01 otros medios para que pueda desarrollarse tlsica mental moral espiritual y s ialmente en forma saludable y nom1al asiacute corno en condiciones de libertad y dignidad Al promulgar leyes con este fin la consideracioacuten fundamental a que se atend~raacute seraacute el intereacutes superior del nintildeo (Subrayado nuestro)

10 En sentido similar este principio se reitera y desarrolla en el artiacuteculo 31 de la ConvenCioacutenmiddot sobre los Derechos del NintildeO que disporieacute

En todas las medidas concemienteacutes a los niiiacuteos que tomen las instituciones puacuteblicas o privadas de bienestar social los tribunales las autoridades administrativas o los oacuterganos legislat iexclvos una consideracioacuten primordial a que se atenderaacute seraacute el intereacutes superior de nintildeos (Subrayado nuestro)

1 Teniendo presente que el intereacutes superior del nintildeo es el principio regulador de la normativa internacional de los derechos del nintildeo y que interactuacutea y respalda al principio de especial proteccioacuten del nintildeo este Tribunal estima que este principio se encuentra impliacutecitamente reconocido en el artiacuteculo 4deg de la Constitucioacuten

Ibiacutedem paacuterr 56


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~ I I iacute I I iexcl

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De ahiacute que en virtud este princlPlO las acciones del Estado la sociedad la comunidad y la familia en lo que respecta a la proteccioacuten de los nintildeos y a la promocioacuten preservacioacuten ejercicio y disfmte de sus derechos tengan que estar orientadas a lograr su pleno bienestar t1sico psiacutequico moral intelectual espiritual y social

1110 se justifica no soacutelo en los instmmentos internacionales resentildeados sino tambieacuten en el articulo 16deg del Protocolo de San Salvador el cual establece que todo nintildeo sea cLlal fuere su filiacioacuten tiene derecho a las medidas de proteccioacuten que su condicioacuten de menor requiere por parte de su familia de la sociedad de la comunidad y del Estado

Por dicha razoacuten este principio tambieacuten impone que la elaboraGIacuteoacuten Iacuten1crpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas relacionadas con los nintildeos asiacute como las poliacuteticas puacuteblicas y programas sociales deban estar dirigidas al pleno armonioso e integral desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad bienestar y dignidad

12 En este contexto resulta vaacutelido aseverar que los principios de proteccioacuten especial del nintildeo y del intereacutes superior del nintildeo le imponen al Estado la obligacioacuten de adoptar todas las medidas positivas que aseguren de manera raacutepida y eficaz la p1-oteccioacuten de los nintildeos contra malos tra10s sea en sus relaciones con las autoridades rruacuteblicas sea en las relaciones interindividuales o con sus familiares

El Estado entonces a traveacutes de sus diferentes oacuterganos asume el deber positivo de adoptar todas las acciones y medidas legislativas administrativas sociales y educativas necesarias y eficaces orientadas a proteger a los nintildeos contra cualquier clase de violencia (abuso fiacutesicgo 1ta1 descuido trato negligente malos tratos o explotacioacuten) de que seanyrctlmas a sea eacuteste proveniente de autoridades puacuteblicas J

de sus familiares o stemiddot terceros ale s como el maltrato de uno de los padres o el descuido de los padres para tIacutesfacer sus necesidades sociales baacutesicas En estos casos el Estado tiene el deb de intervenir para protegerlos

13 De otra parte co~yien pre~ts~r gue p~r~ (jtt~rn1inar la prevalencia del il)tcreacutesemiddot StrpCrlOl del nintildeo y aterializar la adopcioacuten de atenciones cuidados y medidas especiales de prote Ioacuten a decir de la Corte IDH es preciso ponderar no soacutelo el requerimiento de edidas especiales sino tambieacuten las caracteriacutesticas particulares de la situacioacuten en ique se ha 1lan elluacutentildeoJ

4 El derecho a tener una familia y no ser separado de ella

4 El derecho del nUlO a tener una familia se encuentra impliacutecitamente consagrado en el preaacutembulo de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo que reconoce que el niacutentildeo para el pleno y annonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad amor y comprensioacuten asiacute como en su

ibiacutedfm paacuterr 61


artiacuteculo 91 que establece que los Estados Partes velaraacuten por que el ni ntildeo no sea r

separado de sus padres contra la voluntad de estos

En contrapartida a dicho reconocimiento impliacutecito tenemos que precisar que en nuestro ordenamiento juriacutedico este derecho se encuentra expliacutecitamente reconocido en el artiacuteculo 8U del Coacutedigo de los Nintildeos y Adolescentes al sentildealar que el nintildeo y el adolescente tienen derecho a vivir crecer y desan-ollarse en el seno de su familia

A consideraCioacuten de este Tribunal el derecho del nintildeo a tener una familia y no ser separado dc ella es un derecho fundamental impliacutecito que encuentra sustento en el principio-derecho de dignidad de la persona humana y en los derechos a la vida a ta identidad a la integridad personal al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en los articulo s 1 a y 2deg inciso 1) de la Constitucioacuten

15 En buena cuenta el nintildeo tiene derecho a tener una familia ya vivir con ella a fin de satisfacer sus necesidades materiales afectivas y psicoloacutegicas debido a que eacutesta es el instituto baacutesico natural y fundamental de la sociedad para el desenvolvimiento y bienestar de todos sus miembros especialmente los nintildeos

De ahiacute que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constiruye un elemento fundamental en la vida de familia y una manifestacioacuten del derecho del n 10 a tener una familia y no ser separado de eJla que aun cuando los padres esteacuten eparados de sus hijos impone que la convivencia familiar deba estar garantizada

salvo que no exista un ambiente familiar de estabilidad ybienestar

En este orden de ideas resulta vaacutelido concluir que la familia debe ser la primera en proporcionar la mejor proteccioacuten a 1 nintildeos contra el abuso el descuido y la explotacioacuten asiacute como en adoptar y ecutar directamente medidas dirigidas a favorecer de la manera maacutes amplia desarrollo y bienestar del nintildeo Por ello cualquier decisioacuten familiar que invo ere alguna limitacioacuten al ejercicio de cualquier derecho debe tomar en cuenta el i ereacutes superior del nintildeo Y es que la autoridad que se le reconoce a la familia no plica que eacutesta pueda ejercer un control arbitrario

sob~e ~l nintildeq~ que pudiera g _erar 11l1 GQQ para SIl bienestm_ desarrolLo Qstabilidad integridad y salud

16 Hechas estas precisiones sobre el derecho a tener una familia y no ser separado de ella este Tribunal estima oportuno enfatizar que si bien este derecho garantiza que

I

los nintildeos deban permanecer bajo la custodia de sus padres por ser lo que maacutes se ajusta a su intereacutes superior existen situaciones en las cuales la separacioacuten de los nintildeos de sus padres se convierte en una necesaria excepcioacuten a la regla generaL

Asiacute en el artiacuteculo 91 de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo se dispone que el nintildeo con garantiacutea del debido proceso podraacute ser separado de sus padres contra su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el intereacutes superior de aqueacute1 en los cagtos en quc~ por ejemplo el nintildeo sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus


padres o cuando estos vivan separados y deba adoptarse una decisioacuten acerca de Jugar de residencia del nintildeo

Por tanto cualquier decisioacuten relativa a la separacioacuten del nintildeo de sus padres o de su uuml1milia debe ser excepcional y estar justificada por el intereacutes superior del nintildeo y preferentemente seraacute ternporal a fin de que el nintildeo sea devuelto a sus padres tan pronto lo permitan las circunstancias

17 Por tanto este derecho se vulnera cuando por razones ajenas a la voluntad y al intereacutes superior del nintildeo eacuteste es separado de su familia o se le impide el contactof con alguno de sus miembros como por ejemplo con su madre Ello porque como es obvio eJ nintildeo neceslta para su crecimiento y bienestar del afecto de sus familiares especialmente de sus padres por lo que impediacuterselo o negaacuterselo sin que existan razones determinantes en ftmcioacuten del intereacutes superior de aqueacutel entorpece Su crecimiento y puede suprimirle los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral asiacute como generar la violacioacuten de su derecho a tener una familia

sect5 El derecho a crecer en un umbienfe de afecto y de seguridad moral y material

l8 El erecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moraJ y material se e cuentra reconocido en el Principio 6 de la Declaracioacuten de Jos Derechos del Nintildeo

ue establece que el nintildeo para el pleno y armonioso desanollo de su personalidad necesita de amor y Iomprensioacuten Siempre que sea posible deberaacute crecer al amparo y b~~o la responsabilidad de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad moral y material

19 De este modo en virtud de este derecho la familia y en su defecto el Estado la sociedad y la comunidad asumen la obIIacutegac oacuten de cuidar asistir y proteger al nintildeo para procurar que tenga un nivel de vida a ecuado y digno para su desarrollo fiacutesico psiacutequico afectivo intelectual eacutetico es iexcliuaJ y social La eficacia de este derecho pone de relieve la importancia de las elaciones parentales toda vez que los padres son los primeros en dar proteccioacute y amor a sus hijos asiacute como en satisfacer sus derechos

f

De ahiacute que la unidad y esihbilidad familiar sean indispensables para el desarrollo armoacutenico e integral sieacuteIacute nintildeo asiacute como la presencia activa participativa y permanente de los padres Por ello el cuidado y amor que los padres le prodigan y el respeto a sus cualidades defectos y talentos especiales aseguran que el derecho del nintildeo a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material sea satisfecho

i 20 Sin embargo ello no significa que el Estado tenga que imponer a los padres la 1 i obligacioacuten de convivir o de mantener relaciones conjuntas como uacutenico mecanismo ele proteccioacuten del nintildeo pero siacute comporta que ante la ruptura de la relacioacuten entre los

padres y a falta de acuerdo entre ellos resulte necesaria la intervencioacuten del Estado


para definir la estabilidad familiar del nintildeo a traveacutes de la fijacioacuten de la custodia y del reacutegimen de visitas conforme al proceso establecido para tal efecto

y es que cuando las relaciones entre los padres generen actos de violencia familiar la medida maacutes adecuada e idoacutenea a fin de tutelar el intereacutes superior del nintildeo es la separacioacuten de los padres para que el nintildeo pueda desalTollarse en un ambiente annonioso y de atecto Sin embargo eJlo no puede impedirle ni restringirle su derecho a mantener de modo regular relaciones personales y contacto directo con el padre separado

En este sentido el artiacuteculo 93 de la Convencioacuten sobre los Derechos del Nintildeo establece que los Estados Partes tiene el deber de respetar el derecho del nintildeo que esteacute separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular salvo si ello es contrario al intereacutes superior del nintildeo Al respecto es necesario precisar que el deber de respeto referido no soacutelo debe ser cumplido por el Estado sino tambieacuten por la familia la sociedad y la comunidad

sect6 Anaacutelisis del caso concreto

21 Para evaluar Jos alegatos de la demanda es preciso determinar desde queacute fecha el emplazado tiene la tenencia de sus menores hijos y si eacutesta ha sido ejercida en forma arbitraria pues se acusa que ha impedido de manera injustificada que sus menores hijos puedan ver a madre Para determinar ello se procederaacute a evaluar el comportamiento del emplazado a partir del diacutea siguiente en que asumioacute efectivamente la custodia de sus dos m s jos

22 Asiacute se tiene que en el proceso de divorc por causal que le inicioacute el emplazado a la demandante se determinoacute que eacuteste se uedaba con la tenencia de sus menores hijos identificados con las siglas lAR A YVRRA y se le fijoacute a la demandante un reacutegimen de visitas progresivo a erto y libre Asiacute en el segundo punto resolutivo de la sentencia NO 326-2005-20~ L de fecha 18 de agosto de 2005 obrante de fojas 601 a 612 se resuelve

Declaro FllNDADA ( ) la pretensioacuten accesoria del demandante de TENENCIA de sus hijos ( ) fijaacutendose un Reacutegimen de visitas progresivo abielto y libre para la demandada Shelah Allison Iloefken sin externamiento al principio tenieacutendose en cuenta el deterioro de las relaciones personales entre ambos justiciables y el intereacutes superior de los nintildeos (Subrayado nueslro)

Dichos mandatos (tenencia y reacutegimen de visitas) fueron contllmados por la Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante la sentencia de fecha 19 de enero de 2006 obrante de fojas 616 a 6 J 7

e

23 A la vista de las resoluciones judiciales referidas resulta evidente que la demandante perdioacute la tenencia y custodia de sus menores hijos siendo eacutestas asumidas por el emplazado pues a ella se le establecioacute un reacutegimen de visitas


progresivo abierto y libre Auacuten maacutes con fecha 25 de febrero de 2006 seguacuten se desprende del acta de entrega obrante a tejas 621 en meacuterito de las resoluciones judiciales referidas los menores fueron entregados en custodia a su padre

24 1 lechas estas precisiones corresponde determinar coacutemo se ha venido desarrollando el comportamiento del emplazado a partir del diacutea siguiente al 25 de febrero de 2006 es decir si respetoacute el reacutegimen de visitas progresivo abierto y libre ordenado o to incumplioacute de manera arbitraria e injustiacuteflcada Ello a fin de poder determinar si efectivamente vulneroacute el derecho de sus menores hijos a tener una familia y a no ser separado de ella

25 Asiacute con fecha 4 de marzo de 2006 la demandante se constituyoacute junto con un efectivo de la Policiacutea Nacional en el domicilio del emplazado a fin de verificar que eacuteste no le pelmitiacutea ver a sus menores hijos En efecto de la constancia policial de fecha 5 de marzo de 2006 obrante a fojas 637 se desprende que la demandante el diacutea 4 de marzo de 2006 no pudo ver a sus menores hijos porque seguacuten le indicaron e ellos no se encontraban en el domicilio

En sentido similar la constancia policial de fecha 10 de marzo de 2006 obrante a fojas 638 certifica que el 9 de marzo de 2006 la demandante se constituyoacute en el domicilio del emplazado a nn de ver a sus menores hijos pero tampoco los pudo ver

porque eacuteste le informoacute que ellos no se encontraban en el domicilio

Ante estos comportamientos obstructivos del emplazadoJ la demandante con fecha 13 de l11ar70 de 2006 presentoacute un escrito al Juzgado correspondiente ponieacutendole en conocimiento lo sucedido para que adopte las medidas conectivas correspondientes toda vez que se estaba incumpliendoacute el re imen de visitas que se le habiacutea fijado para ver a sus menores hijos

Sobre la base de las constancias p ciales referidas y otras el Vigeacutesimo Juzgado de Familia de Lima mediante res ucioacuten de fecha 24 de marzo de 2006 obrante de tejas 642 a 645 requirioacute al plazado a fin de que dentro del teacutermino maacuteximo de tres diacuteas cumpla con el r~ en deYisitas ordenado eshy

26 A pesar de que con fecha 24 de marzo de 2006 el Juzgado correspondiente le requirjoacute al emplazado el cumplimiento del reacutegimen de visitas eacuteste lo ha continuado incumpliendo de manera reiterada y sistemaacutetica afectando de este modo el derecho de sus hijos a tener una familia y a no ser separado de ella al no pem1itirles intcractuar con su madre En la constancia policial de fecha 28 de marzo de 2006 obrante a fojas 652 se certifica que el 26 de marzo de 2005 es decir dos diacuteas despueacutes de emitida la resolucioacuten judicial referida la demandante se constituyoacute en el domicilio del emplazado a fin de ver a sus menores hijos pero no fue posible debido a que nadie le abrioacute la puerta

Nuevamente esta conducta obstrllctiva del emplazado fue puesta en conocimiento del Juzgado correspondiente para que tome las medidas correspondientes y eacuteste

a

o Este


mediante resolucioacuten de fecha 9 de mayo de 2006 obrante a fojas 676 requirioacute por segunda vez al emplazado a fin de que dentro del teacutennino maacuteximo de tres diacuteas cumpla con el reacutegimen de visitas ordenado bajo apercibimiento de variarse la tenencia

27 Esta conducta reacia y reiterada a consideracioacuten de este Tribunal pone en evidencia no soacutelo que el emplazado ha vulnerado el derecho de sus menores hijos a tener una familia y a no ser separado de ella al haberles impedido sin justificacioacuten alguna que puedan ver a su madre sino tambieacuten que ha vulnerado el derecho de la demandante a la efectividad de las resoluciones judiciales pues se ha mostrado renuente en ejecutar en sus propios teacuterminos las sentencias que fijaron un reacutegimen de visitas progresivo abierto y libre toda vez que conforme se comprueba con las constancias policiales referidas no le ha permitido a la demandante que pueda ver a sus menores hijos

28 No obstante haberse verificado en la ejecuclOll del proceso de divorcio el incumplimiento del reacutegimen de visitas fljado a favor de la demandante la Sala Pcrmanente de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante la resolucioacuten de fecha 6 de octubre de 2006 resolvioacute convocar a audiencias especiales para poder establecer sobre la base de las sentencias judiciales que fijaron el ~gimen de visitas los periodos progresivos diacuteas y horarios de aqueacuteL

Durante el desarrollo de las audiencias especiales que sc realizaron para fijar los peliodos progresivos asiacute como los diacuteas y horarios del reacutegimen de visitas se presentoacute un hecho relevante que debe des a fin de poner de relieve que el emplazado desde que tuvo la cu~toclraacuteeacutefectiva sus menores hijos ha adoptado un compo11amiento obstrucuumlvol1ara que ello o pudieran ver a su madre Asiacute se advierte que

Durante la audiencia especial realiza el 26 de diciembre de 2006 obrante de fojas 708 a 710 el menor identificad con las siglas JARRA mientras rendiacutea su declaracioacuten denotoacute que teniacutea nocimiento que el diacutea 25 de diciembre de 2006 el VigeacutesimQ Juzgado d~ Famir deLima le habiacuteaotorgado a su madre una visita para verlos pero que no se pu o concretar debido a que se quedoacute en el patio de la casa del emplazado porque e no la dejoacute ingresar al interior

hecho a consideracioacuten de este Tribunal demuestra que el emplazado ha vulnerado de manera manifiesta el derecho de los menores a tener una familia y no ser separado de ella pues como se ha sentildealado este derecho garantiza a los hijos a mantener relaciones personales y contacto directo con sus dos progenitores aun cuando eacutestos esteacuten separados

Con la declaracioacuten del menor referido se demuestra fehacientemente que el emplazado en vez de permitirle a la demandante que pueda ver a sus dos menores hijos y permitirles a estos que sc desarrollen de manera nom1al ha obstaculizado e impedido sin justificacioacuten alguna que ello se produzca pues a pesar de que existiacutea

TRBUNAL CONSTITUCIONAL

un mandato dd Juzgado correspondiente se mostroacute renuente en acatarlo ya que no dejoacute ingresar a la demandante a su domicilio para que pudiera interactuar con sus dos menores hijos 10 cual no soacutelo afecta el derecho referido sino que tambieacuten pone en evidencia que el emplazado como padre no realiza sus funciones de guiacutea y educador

Es maacutes este hecho tambieacuten demuestra que el emplazado no respeta el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales pues en vez de ejecutar el mandato del Juzgado correspondiente y permitirle a la demandante que pudiera ver a sus menores hijos el 25 de diciembre de 2006 10 incumplioacute al no haber permitido que la dcmandante pudiera ingresar al interior de su domicilio para ver a sus menores hijos ni permitirles a ellos que salieron al patiacuteo de su domicilio para poder verla

30 Debe destacarse que el emplazado durante la tramitacioacuten de la medida cautelar temporal sobre el fondo (variacioacuten de tenencia) solicitada por la demandante en vez de asistir a las audiencias especiales convocadas para tal efecto inasistiacutea con sus dos menores hijos retardando no soacutelo de esta manera que se resuelva la medida solicitada sino tambieacuten impidiendo que sus menores hijos pudieran interactuar y relacionarse aunque sea durante el desarrollo de las audiencias con su madre Asiacute del acta de las audiencias especiales obrantes de fojas 117 a 123 se demuestra que el emplazado junto con sus menores hijos no asistieron a (as audiencias especiales ealIacutezadas los diacuteas 17 de agosto y 6 Y 15 de setiembre de 2006

De otra parte el Vigeacutesimo Juzgado Especializado de Familia de Lima mediante resolucioacuten de fecha 29 de diciembre de 200Q~ lte a fojas 144 precisoacute entre otras cosas que el reacutegimen de visitas prOgresivo la demandante seriacutea los diacuteas martes y jueves a pm1ir de las 300 pm hasta las 00 pm en el domicilio paterno que a partir del segundo mes seriacutea con extem iento y que a partir del sexto mes comprenderiacutea el periodo vacacional de me antildeo y de fin de antildeo a fin de mejorar las relaclones familiares

Dicha resolucioacuten fue apelada poacuter el emplazado y confirmada por la Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante e resolucioacuten de fecha 6 de julio de 2007 obran te a fojas 145 por Jo que debiacutea ser acatada por el emplazado toda vez que Sl1 incumplimiento no soacutelo afecta el derecho de sus menores hijos a tener una familia y no ser separado de ella sino tambieacuten el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales

Sobre el particular debe subrayarse que a pesar de que se precisoacute los diacuteas y horas del reacutegimen de visitas de la demandante el emplazado continuoacute incumpliendo lton eacuteste Asiacute se tiene que el Vigeacutesimo Juzgado Especializado de Familia de Lima mediante resolucioacuten de fecha 18 de julio de 2007 obrante a fojas 725 nuevamente requirioacute al emplazado para que cumpla con el reacutegimen de visitas

Por dicha razoacuten y por las particulares circunstancias del presente caso resulta vaacutelido concluir que el demandante al haber impedido que sus menores hijos puedan


ver y relacionarse directamente con su madre no soacutelo ha vulnerado su derecho a tener una familia y no ser separado de ella sino tambieacuten que ha ejercido abusivamente la tenencia y custodia de los menores lo cual no puede ser permitido ni avalado por encontrarse prosclito por el artiacuteculo 1030 de la Constitucioacuten

33 En este orden de sucesos se debe sentildealar que el Decimoctavo Juzgado Especializado de Familia de Lima medi~nte resolucioacuten de fecha 28 de febrero de 2008 obrante de fojas33 a 36 del cuadernillo de este Tribunal resolvioacute

Conceder la medida anticipada sobre el tondo de variacioacuten de la tenencia de los menores ( ) debiendo el padre de los menores proceder a la entrega inmediata dq loacutes menores de edad referidos a su madre Shelah AlIison Hoefken a cuyo efecto se dispone autorizar el dcscelTaje y aUanamiel1to en caso de ser necesario y hacer uso de la fucrza puacuteblica en caso de ser necesario

34 Al respecto debe enfatizarse que dicha medida cautelar fue adoptada porque se demostroacute que el intereacutes superior de los menores beneficiados con la demanda imponiacutea que estuvieran bajo la tenencia y custodia de su madre y no de su padre debido a que no tiene estabilidad emocional Asiacute este Tribunal considera importante destacar las principales razones que llevaron al Juzgado referido a adoptar la decisioacuten contenida en la medida cauteJar mencionada que son las siguientes

() cuando los nintildeos pasan a vivir con el padre los mismos empiezan a mostrar problemas emocionales y de malos tratos directos la menor hija de las partes ( )

( ) el reacutegimen amplio de visitas ( ) no se cumple a cabalidad por el padre de los menores siendo que la madre 110 ve a lll10 de s os dentro de un reacutegimen de visitas nOll11al ( ) y sale con la hija cuando cf padre quie ()

35 Sobre la base de los fundamentos transclito resulta vaacutelido concluir que la medida cautelar de variacioacuten de la tenencia se ad toacute porque se comproboacute que el emplazado no le garantiza a sus menores hijos 1 condiciones para la realizacioacuten y el ejercicio de sus derechos como lo son el a or la integridad el cuidado y la proteccioacuten que demanda el desarrollo de su sonalidad Ademaacutes debe tcnersepresente que la decisioacuten de variar la tene la se adoptoacute tambieacuten porque los menores en una audiencia expresaron que iexcleriacutean vivir con su madre

36 Con relacioacuten a la medida cautelar debe precisarse que con fecha 3 de marzo de 2008 se llevoacute a cabo la diligencia respectiva en la que solamente fue entregada a la demandante la menor identificada con las siglas VRRA mas no el mcnor identificado con las siglas JARRA a pesar de que la medida cautelar transcrita dispuso expresamente que los dos menores sean entregados a la demandante

Este hecho reitera una vez maacutes que en autos se encuentra plenamente acreditado el comportamiento arbitrario ilegiacutetimo e irrazonable del emplazado pues a pesar de que existe un mandato judicial que le ordenoacute la entrega de sus dos menores hUos a su madre eacuteste incumplioacute dicho mandato


37 Dicho comportamiento tambieacuten pone en evidencia que el emplazado ha vulnerado el derecho a la libertad personal del menor identificado con las siglas JARRA pues en vez de cumplir la medida cautelar y entregarlo a su madre para que eacuteste se desarrolle y se desenvuelva plenamente en un ambiente de amor y armoniacutea 10 ha retenido injustificadamente en contra de su voluntad Ello en razoacuten de que como se ha sentildealado en los fundamentos precedentes el menor identificado con las siglas JARRA manifestoacute en una audiencia qqe deseaba vivir con su madre

y es que debe tenerse presente que si bien los nintildeos son titulares del derecho a la Iibe11ad individual su ejercicio puede ser objeto de liacutemitacioacuten por los padres en funcioacuten de su intereacutes superior como por ejemplo cuando los padres les prohiacuteben a sus hijos que acudan a determinados lugares que puedan poner en riesgo su integridad personal En dicho supuesto resulta legitima la limitacioacuten del ejercicio del derecho a la [ibertad pues lo que se busca es proteger el intereacutes superior del menor

En cambio no resulta legiacutetimo que los padres limiten el ejercicio de la libertad individual de los nillos cuando no se tenga por tinalidad proteger su intereacutes superior o cuando exista un mandato judicial como por ejemplo cuando los padres en vez de enviar a sus hijos a la escuela para que se eduquen los retienen para que trabajen

iexclcon ellos o los enviacutean a la calle a mendigar En estos supuestos el Estado tiene la i obligacioacuten de intervenir y adoptar las medidas necesarias para proteger su intereacutes

superior pues no solamente se restringe arbitrariamente el ejercicio del derecho a la libertad individual de los nintildeos sino tambieacuten el ejercicio de los derechos a la educacioacuten y al libre desarrollo de la personalidad ademaacutes que se incentiva de manera encubierta el trabajo forzoso

1 38 Tltldo 10 dicho entonces pone en evidencia que al emplazado no le interesa

preservar y tutelar eJintildetermiddot superior de sus menores hijos pues los comportamientos desefitos e os fundamentos precedentes en vez de generar la integracioacuten fiquestlmiliar genera por el divorcio con la madre de ellos han ocasionado que eacuteste se acreciente

En consecuencia r ulta procedente ordenar al emplazado que le entregue a la demandante al m or identiticado con las siglas lARRA y disponer que el Juez

de ejecucioacuten ad6pte todas las medidas previstas en la ley para que se cumpla la entrega del menor

9 Por otro lado este Tribunal considera que con los sendos protocolos de pericia psicoloacutegica que obrltm en autos se encuentra demostTado que el comportamiento del emplazado tambieacuten ha vulnerado el derecho de sus menores hijos a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material pues del contenido de ellos se puede concluir que la personalidad de los menores no se estaacuten desanollando de manera plena annoniosa e integral pues sus actos ademaacutes de no respetar las normas baacutesicas de convivencia h1m ocasionado que tampoco esteacuten creciendo en un


ambiente de afecto y comprensioacuten pues no les ha permitido ver e interactuar con su madre

Para llegar a la conclusioacuten de que los menores bajo la tenencia del emplazado no estaacuten creciendo en un ambiente de afecto y comprensioacuten este Tribunal ha tenido presente el comportamiento violento de eacuteste pues en autos se encuentra demostrado no soacutelo con los exaacutemenes meacutedicos legales respectivos sino tambieacuten con declaraciones de la agraviada y los fundamentos de la medida cautelar citada que el emplazado ha agredido fiacutesicamente a la menor identificada con las siglas VRRA

Este hecho a consideracioacuten del Tribunal no soacutelo impide y veda al emplazado que pueda ejercer la custodia y tenencia de los menores sino tambieacuten pone al descubierto que eacuteste ha incumplido sus deberes paternos por su falta de aptitud para proveerles el cuidado amor y atencioacuten requeridos poniendo en grave nesgo o peligro su integridad fiacutesica y psicoloacutegica

40 Sohre la base de lo sentildealado en los fundamentos precedentes puede concluirse que el emplazado tambieacuten ha vulnerado el derecho a la integridad personal de los menores identificados con las siglas JARRA y VRRA) pues ademaacutes de haber agredido fiacutesicamente a la menor identificada con las siglas VRRA con su comp0l1amiento ha dantildeado la integridad psiacutequica de sus dos menores hijos

conforme sc desprende de los infomlcs psicoloacutegicos obrantes en autos

Teniendo presente los comportamient-scritosmiddot este Tribunal reitera que contraviene rotundamente la Ca lucioacute y los tratados internacionales sohre derecho humanos agredir fiacute a yo psi oacutegicamente a los nintildeos so pretexto de educarlos o corregirlos

Por estos fundamentos el Tribu Constitucional con la autoridad que le coniiere e la Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute

HA RESUELTOf

11 ~ f

1 Declarar FUNDADA [a demanda por haberse acreditado la vulneracioacuten de los derechos a la libertad individual eacutel la integridad personal a tener una familia y no ser separado de ella a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material Y 1 la efectividad de las r~solucioncs judiciales

Ordenar a don luan Manuel Fernando Roca Rey Ruiz que entregue de manera inmediata al menor identificado con las siglas lARR a dontildea Shelah AIEson Hoefken hajo apercibimiento de aplicarse las medidas coerciti vas previstas en el artiacuteculo 220 del Coacutedigo de Procesal Constitucional y de ser denunciado por el delilo de resistencia a la autoridad

3 Oficiar al Juez del Trigeacutesimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima para que conforme a lo resuelto por este Tribunal ejecute de manera inmediata la

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~----------


presente sentencia confoffilc al artiacuteculo 22deg de) Coacutedigo Procesal Constitucional y con todas las garantiacuteas que le otorga la ley asiacute como los apremios en caso de resistencia

4 Ordenar al Director General de la Policiacutea Nacional para que eacutesta preste de manera inmediata al Trigeacutesimo Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima el auxilio de ley a fin de ubicar al menor identiticado con ]as siglas JARRA para que eacuteste sea entregado a dontildea Shelah Alliacuteson Hoefken facultaacutendosele el allanamiento y descerraje del domidlio del emplazado o cualquier otro domicilio en donde se pueda encontrar el menor o cualquier olra medida a fin de que la presente sentencia se ejecute de manera inmediata en sus propios teacuterminos

5 Remitir copia de los actuados al Fiscal Penal para los fines pCl1inentes


SS

MESiacuteA RAMIacuteREZ REAUMONT CALLIRGOS

~ JJ

ETO CRUZ

I~

Lo que certifico


EXP N 01 SI7-2009-PHCTC LIMA JARRA Y VRRA

FlINDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones

l Cuando me ha correspondido emitir pronunciamiento en los casos que se alega la vulneracioacuten de los derechos fundamentales a la libertad indiviacutedual e integridad personal de menores de edad el anaacutelisis de la controversia como es natural se ha enmarcado en el artiacuteculo 200 inciso 1 de la Constitucioacuten que sentildeala expresamente que a traveacutes del haacutebeas corpus se protege tanto [a libertad individual como los derechos conexos a ella subrayando que no cualquier reclamo en el cual se alegue la afectacioacuten de tales derechos puede reputarse como merecedor de tutela pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados vulneran el contenido de los derechos invocados

2 Teniendo en cuenta lo indicado en las RRTC 02401-2009-PUC 02314-2009shyPHC 0625-2009-PHC 02401-2009-PHC 05530-2008-PHC 06634-2008-PHC y 03007-2007-PIIC entre otras al evaluar los actos reputados como lesivos se ha concluido en que lo pretendido es que se otorgue la tenencia del menor motivo por el cual al verificarse que los hechos y el pctitorio no estaacuten referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el haacutebeas corpus resulta de ~oacuten el artiacuteculo 5 inciso 1 dd Coacutedigo Procesal Constiacutetucional

-

i

3 En el presente caso debe deslacarse que no solo se encuentran en juego los derechos a la libertad individual e integridad personal sino que por los hechos alegados - de los que 110 fluye como uacutenica finalidad lograr la tenencia de los menores- yen virtud del principio iura novit curia previsto en el artiacuteculo VHI del Tiacutetulo Preliminar del Coacutedigo Procesal Constitucional resulta conveniente anal izar los derechos de los mellOres a tener una familuacutet y no ser scpaacuterado de ella y eacutel crecer en un ambiente de afecLo y de seguridad moral y material asiacute como el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales Tales circunstancias hacen de este caso uno particular que Jo distingue de los anteriormente citados y por lo mismo amerita un anaacutelisis de fondo dada su rekvancia constitucional

El anaacutelisis del caso concreto concluye en que se ha producido la vulneracioacuten del derecho de los menores beneficiarios a tener una familia yana ser separado de ella y n la efectividad de las resoluciones judiciales Asimismo se comprueba la lesioacuten al derecho a la libertad personal tld menor identificado con las siglas lARRA por parte del emplazado quien en vez de cumplir con la medida

-


cautelar dictada en un proceso de familia lo ha retenido injustificadamente y en contra de su voluntad

5 Al respecto es menesler indicar que la existencia de una medida cautelar dictada por el Deacutecimo Octavo Juzgado Especializado de ramilia de Lima mediante resolucioacuten dc fecha 28 de febrero de 2008 concediendo la medida anticipada sobre el fondo en el proceso de variacioacuten de tenencia tiene incidencia en la decisioacuten tomada por este Colegiado por 10 que la orden y definicioacuten precisa de la conducta a cuniplir con el fin de hacer efectiva la sentencia constitucional prevista en la pal1e resolutiva debe tener como marco la medida cautelar precitada que por su propia naturaleza tiene caraacutecter provisional

6 Sin petuicio de las consideraciones expue5tas supra el suscrito opina al igual que los Magistrados de la Sala que la presente demanda debe ser declarada fundada en Jos teacuterminos precisados en el decislIm puntos I a 5

s

BEAUMONT CALLIRGOS

Lo que certifico

-e

JURISPRUDENCIA REFERIDA A DERECHO DE FAMILIA (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL)

00400-2010-HC-TC

00862-2010-HC-TC

01817-2009-HC

02892-2010-HC

00227-2011-PA-TC

00671-2010-PA-TC

00967-2011-PHC-TC

01179-2011-PA-TC

01901-2011-PA-TC

02058-2011-PC-TC

02214-2011-PHC-TC

02325-2011-PHC-TC

02350-2011-PHC-TC

02954-2011-PA-TC

03196-2011-PHC-TC

03378-2011-PA-TC

03398-2011-PHC-TC

03413-2011-PA-TC

03454-2011-PHC-TC

03512-2011-PHC-TC

03758-2011-PA-TC

04114-2011-HC-TC

04188-2011-HC-TC

04227-2010-PHC-TC

04493-2008-PA-TC

09332-2006-PA-TC

momento Jueza del Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima declara que su intervencioacuten judicial se debioacute a las denuncias presentadas por diversas fiscaliacuteas penales y al pedido de los pobladores de la zona acotando que el diacutea de la intervencioacuten soacutelo se encontraron en el local tres menores de edad y ocho adultos con antecedentes penales y que la recurrente no se encontraba presente Explica que en la resolucioacuten que expidioacute se sentildeala que la institucioacuten no cuenta con la autorizacioacuten de MIlllDES ni de la Municipalidad de Magdalena motivo por lo cual se ordena que los menores de edad sean trasladados al INABIF Asimismo expresa que como no teniacutea permiso como ONG Generacioacuten simplemente funcionaba con autorizacioacuten como casa de hueacutespedes pero su actividad excediacutea tales funciones

c) Resolucioacuten de primera instancia

Con fecha 15 de junio de 2005 el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Lima declara improcedente la demanda de haacutebeas corpus por considerar que se ha desvirtuado enfaacutetica y categoacutericamente las imputaciones vertidas por la recurrente por los siguientes motivos

El comisario de Magdalena del Mar ha actuado de acuerdo a sus atribuciones al dar cumplimiento a un mandato judicial

La jueza actuoacute sobre la base de un pedido de medida cautelar formulada por la Municipalidad de Magdalena del Mar admitieacutendola y procediendo a la posterior intervencioacuten del locaL

Los hechos demandados no se encuentran de los casos establecidos en el artiacuteculo 25deg del Coacutedigo e Procesal Constitucional que sentildeala taxativamente los casos de procedencia por no haberse comprobado violacioacuten del derecho constitucional invocado

d) Resolucioacuten de segunda instancia

Con fecha 12 de julio de 2005 la Quinta Sala Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia recurrida argumentando que

- Tomando en cuenta las pruebas aportadas por las partes y las diligencias practicadas por la jueza de primera instancia se desprende que no existen elementos de prueba suficientes que demuestran los supuestos actos violatorios contra los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la reunioacuten

- La que en el fondo pretende la demandante es que a traveacutes de una viacutea no idoacutenea se revise el fondo de lo resuelto por el juez ordinario

1 DATOS GENERALES

o Violacioacuten constitucional invocada La demanda constitucional de haacutebeas corpus fue presentada por dontildea Blanca Lucy BOIja Espinoza en su calidad de presidenta de Generacioacuten Instituto de Investigacioacuten Promocioacuten y Comunicacioacuten Social contra dontildea Cannen Nelia Torres Valdivia viuda de Gamarra Jueza del Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima y contra don Daniel Armando Aliaga Hinojosa Comandante de la Policiacutea Nacional del Peruacute Comisario de Magdalena del Mar

Los supuestos actos lesivos fueron producidos en dos etapas En primer lugar con la emisioacuten de la Resolucioacuten NO 1 del 18 de abril de 2005 del Duodeacutecimo Juzgado de Familia de Lima por el que se ordena que Generacioacuten suspenda las actividades de acoger albergar yo desarrollar sus planes y programas de atencioacuten de nintildeos y adolescentes disponieacutendose la reubicacioacuten temporal de todos los menores de edad que la institucioacuten alberga En segundo lugar por la intervencioacuten del local que significoacute su clausura y el impedimento de ingreso a dicho establecimiento a la recurrente trabaj adores y beneficiados








III FUNDAMENTOS
























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IV FALLO


HA RESUELTO


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ANTECEDENTES




020

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NDAMENTOS


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ASUNTO


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FUNDAMENTOS















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HA RESUELTO




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ALV A ORLANDINI












S-993



Lima





Nugent


Garcia Marcelo


ASUNTO


ANTECEDENTES











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FUNDAMENTOS





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FALLA


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ACOST A SANCHEZ

NUGENT

DIAZ V ALVERDE

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ETO CRUZ

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Lo que certifico







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