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La geoestrategia del petróleo y su privatización en Guatemala

Un repaso a los principales proyectos mineros en Guatemala: política gubernamental y conflictividad social

Análisis alternativo sobre política y economía mayo-septiembre de 2013

Año 8 Nos. 40-41

Industrias extractivas: despojo y destrucción

3ª. Avenida 0-80 Zona 3, Colonia Bran

Ciudad de GuatemalaTeléfono: 22 53 27 22

Este glifo representa a Kej, que tiene un significado de Liderazgo, fuerza, inteligencia

La publicación del boletín El Observador. Análisis Alterna-tivo sobre Política y Economía es una de las acciones estratégi-cas que lleva a cabo la Asociación El Observador, como parte de un proceso que promueve la construcción de una sociedad más justa y democrática a través de fortalecer la capacidad para el debate y la discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia políti-ca de actores del movimiento social guatemalteco, organizaciones comunitarias y expresiones civiles locales, programas de coope-ración internacional, medios de comunicación alternativos, etc., y todas aquellas personas que actúan en distintos niveles (local, regional y nacional).

¿Quiénes somos?La Asociación El Observador es una organización civil sin fi-

nes lucrativos que está integrada por un grupo de profesionales que están comprometidos y comprometidas con aportar sus co-nocimientos y experiencia para la interpretación de la realidad guatemalteca, particularmente de los nuevos ejes que articulan y constituyen la base del actual modelo de acumulación capitalista en Guatemala, las familias oligarcas y los grupos corporativos que le dan contenido, las transnacionales, las fuerzas políticas que lo reproducen en tanto partidos políticos así como agentes en la ins-titucionalidad del Estado, las dinámicas y formas operativas, ideo-lógicas, políticas y económicas que despliegan en los territorios, el Estado y la sociedad en su conjunto.

Con esto pretendemos contribuir a que fundamentalmente grupos comunitarios, liderazgos y organizaciones sociales afecta-dos/as directa e indirectamente por las inversiones que concretan estos ejes de acumulación, cuenten con insumos de información y análisis para fundamentar la defensa de sus derechos y la concre-ción de acciones y propuestas alternativas frente a este modelo.

¿Qué hacemos?Promover la articulación de procesos sistematización de infor-

mación, análisis e investigación con la acción política, especial-mente con grupos, liderazgos y organizaciones sociales cuyos te-rritorios han sido afectados por el actual modelo de acumulación.

¿Cómo lo hacemos?n Seguimiento sistemático de la información y articulación del

análisis y la investigación sobre las problemáticas.

n Producción de los boletines El Observador. Análisis Alterna-tivo sobre Política y Economía, y de ENFOQUE, Análisis de Situación; así como de materiales mediados y publicacio-nes de investigaciones específicas.

n investigaciones específicas relacionadas con los ejes de acumu-lación y sus movimientos.

n Procesos de formación y mediación política con actores estraté-gicos.

n Acompañamiento en los procesos de lucha por la defensa del territorio.

n Actividades públicas como presentaciones, foros, mesas de dis-cusión, talleres y charlas.

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En concordancia con la implementación de la Política Energética diseñada por los últimos dos gobiernos, la administración de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP) ha hecho lo suyo al continuar con los planes energéticos definidos como estratégicos para la concreción de las inversiones transnacionales y nacionales en los ejes que integran el modelo de acumulación capitalista neoliberal en boga en Guatemala, entre ellos las actividades extractivas de petróleo, minerales, agua y gas. Al igual que lo hizo el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el PP lanzó la Política Energética 2012-2027, sin mayores novedades más que la enunciación de implementar algunos planes de ahorro energético y la ampliación del período de la misma, pues su base fundamental es la reconversión de la matriz energética nacional, esto es:

n Dejar de depender de los combustibles fósiles y derivados: petróleo, búnker, diesel, etc., para la producción de energía.

n Apostarle a la producción de la llamada “energía limpia”, fundamentalmente a partir de hi-droeléctricas, y explorar otras formas como la energía eólica, solar, geotérmica, etc.

n También, sustituir centrales termoeléctricas por centrales a base de carbón mineral, pese a que se considera una de las formas más contaminantes para para producir energía.

Pese a que el destino del petróleo se modifica, eso no significa que este recurso deje de ser estratégico, no sólo en términos de los ingresos que pueda generar, ya sea por regalías como los provenientes de la participación del Estado en la producción, sino porque tanto la producción como las exportaciones del crudo han sido controladas históricamente en su mayoría por empresas extranjeras, que son las que al final de cuentas se quedan con la mayor tajada del pastel. No extraña entonces que, además de la transformación de la matriz energética, la política se centre en lograr un significativo incremento de la acelerada reducción que ha venido experimentando la producción petrolera nacional.

Es en ese marco que la administración Pérez Molina ha concretado desde julio del presente año, la concesión de seis nuevas áreas petroleras en los departamentos de Petén y otros localizados a lo largo de la Franja Transversal del Norte (FTN) como Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz, de un total de siete nuevas áreas que se licitaron desde agosto de 2012, y en donde las seis empresas favorecidas son transnacionales, algunas vinculadas a intereses oligárquicos nacionales. Pese a que los contratos petroleros tienen que ser reconocidos por el gobierno para que las empresas favorecidas puedan entrar a operar, con estas concesiones se está dando continuidad a los planes de expansión petrolera lanzados durante el gobierno de Colom y la UNE.

Esos planes de expansión han incluido, entre otras medidas, la ampliación en 2010 a la transnacional Perenco para operar por 15 años más el contrato petrolero 2-85, Xan, en Laguna del Tigre, así como la promoción de 12 nuevas áreas para exploración petrolera, de las cuales hasta el momento se han concesionado siete: las seis áreas de exploración recientemente otorgadas y la que había concesionado el gobierno de Colom en 2011 a la transnacional ecuatoriana City Peten. Respecto a esto último, unas semanas antes de conocerse estas nuevas concesiones petroleras, el 11 de julio fue anunciada por parte del gobierno la firma del contrato 1-97, Área PTN 1-2008, el cual había sido adjudicado a esta empresa en octubre de 2011 pero había quedado en suspenso por modificaciones. El contrato está localizado en el campo Yalcanix en el norte de Peten.

Con anterioridad, en 2012 se puso en marcha el contrato petrolero 7-98, localizado en el área del Río Sarstún, municipio de Livingston, departamento de Izabal. Este contrato fue autorizado desde el año 2002 durante la gestión de Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y en alianza con transnacionales es operado por la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), propiedad de la poderosa familia guatemalteca Campollo-Codina, la cual se prepara para perforar un primer pozo exploratorio.

EditorialIndustrias extractivas y Política Energética

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Con respecto a la minería, también en julio del presente año, Pérez Molina presentó una iniciativa de Ley ante el Congreso de la República que buscaba declarar una moratoria de dos años para la extensión de licencias mineras. En esa oportunidad, el mandatario dijo que esta iniciativa había sido discutida y decidida en comisión ministerial sobre la base de considerar las ventajas y desventajas en continuar otorgando licencias. A decir de Pérez Molina, luego de declarada la moratoria en el Legislativo, éste debía proceder a convocar a todos los sectores para que participaran en la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Minería.

Ésta fue otra de las iniciativas impulsadas por el gobierno del PP, dentro de varias, relacionada con las operaciones de industrias extractivas en Guatemala, en este caso la minería. En febrero de 2012, el gobierno del PP firmó un “acuerdo voluntario” con las mineras para elevar de 1% a 5% el porcentaje de regalías a pagar al Estado. De ese acuerdo, tanto el gobierno como las mineras hicieron alarde propagandístico con el objetivo de invisibilizar la conflictividad en varios territorios derivada de la presencia de varios proyectos mineros sin consultar previamente a las comunidades y el rechazo de éstas a las actividades extractivas. Se pretendió mostrar a las empresas como responsables y con buena voluntad para contribuir al fisco y al desarrollo.

Más tarde, alrededor del último trimestre de 2012, el gobierno presentó ante el Legislativo una propuesta para una nueva Ley de Minería que, entre otros aspectos, propuso la creación de un fondo minero al estilo de la Ley del FONPETROL vigente desde el año 2010. A decir de las autoridades del MEM, el criterio que fundamentaría este fondo es que en la actual Ley de Minería sólo el municipio en donde directamente se lleva a cabo la actividad minera sale beneficiado con los pagos en regalías que hacen las mineras, y se buscaría beneficiar al resto de municipios del departamento. En esa propuesta gubernamental también se contemplan los cierres técnicos de las minas de manera permanente.

Esta propuesta gubernamental se sumó a por lo menos otras 9 iniciativas que se encuentran en el Congreso de la República, que ya sea proponen reformas a la actual Ley de Minería existente desde 1997, o aprobar otra totalmente nueva. Esas iniciativas ya tienen varios años de estar engavetadas en ese poder del Estado y no se avizora que sea una prioridad para los diputados su discusión, menos su aprobación. Se entiende que es porque los legisladores en su mayoría responden a los intereses del sector privado organizado; en este caso las empresas extractivas y los capitales vinculados.

Un elemento que vino a profundizar esa percepción fue la decisión del 28 de febrero de la Corte de Constitucionalidad (CC) –casi un año después- que dejó vigente la actual Ley de Minería, tras declarar sin lugar el recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) había interpuesto en marzo de 2012 ante la máxima instancia jurídica del país, argumentando violación al derecho de Consulta Previa e Informada contenido en el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales.

Como fuese, lo cierto es que la moratoria propuesta por el mandatario no tuvo mayor resonancia en el Congreso de la República -que la mantiene congelada hasta la fecha-, pese a que dijo que la bancada del PP así como otras estaban dispuestas a apoyar la moratoria; y fue duramente fustigada, tanto por la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT) como por el sector privado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Ciertamente, esa propuesta gubernamental se percibió como contradictoria, no sólo porque el actual mandatario se ha convertido en el principal operador político de los intereses empresariales, sean éstos mineros, petroleros, hidroeléctricos, palmeros, etc., sino porque en lo general, iba en contra de las orientaciones fundamentales que ha mostrado su gobierno en estos 21 meses de gestión, de apoyo a las inversiones claves que integran el modelo de acumulación en boga.

Es por ello que la iniciativa gubernamental tuvo varias interpretaciones:

n El gobierno la lanzó como una forma de ganar imagen de conciliador, ante el acelerado desgaste de su gestión, dado su marcado sesgo hacia las empresas que están causando conflictividad en los territorios, frente a la criminalización y militarización de la demanda social y comunitaria.

n La propuesta coincidió con los rumores de que el proyecto minero Cerro Blanco, de la empresa Entre Mares, subsidiaria de Goldcorp Inc., necesitaba dos años más para iniciar operaciones de explotación, en un contexto de conflictos con las comunidades y de inviabilidad del mismo.

n Se ha especulado de intereses de funcionarios públicos del sector para, con la moratoria, despla-zar a algunas mineras y favorecer a otras con las cuales están vinculados.

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La geoestrategia del petróleo

y su privatización en GuatemalaIntroducción: Política energética y petróleo

El gobierno del general retirado Otto Pérez Molina y Partido Patriota (PP) se encuentra ejecutando la Política Energética 2013-2027. Además de la transfor-mación de la matriz energética, la Política se enfoca en lograr un significativo incremento de la menguada producción petrolera nacional. Para lograr los ob-jetivos de acrecentar la producción de crudo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) promovió desde agosto de 2012, una licitación de siete áreas petroleras que fueron adjudicadas recientemente a varias empresas extranjeras.

Paralelamente, pero en correspondencia a esas acciones del MEM para pro-mover la exploración y explotación petrolera, el mandatario guatemalteco pro-fundizó el acercamiento con su homólogo de México para alcanzar acuerdos binacionales de exploración y explotación de los “yacimientos transfronterizos”. Este acuerdo está en franca sintonía con la reforma energética de México, pues el gobierno de ese país está implementando para, entre otros objetivos, ampliar drásticamente la producción de crudo, la privatización de la industria petrolera mexicana.

La política petrolera guatemalteca es, en esencia, de corte economicista. Por un lado, se propone incrementar los ingresos fiscales provenientes de las regalías y la participación del Estado en la producción; pero por otro, y esto es lo más importante, incrementar las exportaciones de crudo, las cuales son controladas por empresas extranjeras y alguna nacional que al final son las que se quedan con la mayor tajada del pastel. Este enfoque fiscal/ganancias busca en gran parte contrarrestar la “conflictividad social” por la extracción de los recursos naturales, bajo el engañoso lenguaje de los llamados “proyectos de desarrollo”.

Bajo argumentos y discursos ambientalistas y de beneficio social, la política petrolera es presentada en términos positivos para el país. En la práctica, lo que se observa es la imposición del interés particular privado, por sobre los colecti-vos, comunitarios. Los daños ambientales ocurridos en las dos principales áreas petroleras del país: Rubelsanto, Alta Verapaz; y Xan, Petén, se invisibilizan a la luz de ese enfoque economicista expoliador en el que hoy más que nunca parece intensificarse la explotación intensiva de este recurso fósil. Y ya no sólo de la mano de las alianzas de transnacionales con capitales locales sino además por medio de acuerdos binacionales que satisfagan la “sed” del hidrocarburo del modelo económico imperante, acuerdos que al final únicamente benefician a esas alianzas.

Por Luis Solano

Economista por la Universidad de San Carlos de Guatema-la (USAC), perio-dista e investigador en temas políticos, económicos y sociales.

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La política del “crecimiento”

Según el contenido de la Política Energética 2013-2027, ésta es resultado de “una visión de largo plazo” con el propósito de que “sea la base para la planificación del desarrollo energético”. Destaca la incorporación de “temas trascendentales” como…

…el establecimiento de alianzas estratégicas con públicos y privados, en los niveles nacional e internacional…

Esta política, sin embargo, no es nueva. En realidad es una reedición de las implementadas por los gobiernos de Óscar Berger (2004-2007) y de Álvaro Colom (2008-2011). Ambas administraciones, además de impulsar la transfor-mación de la matriz energética, se plantearon las alianzas público-privadas en materia de inversiones y, específicamente, impulsaron la promoción de áreas petroleras en el norte de Guatemala.

Como en los anteriores gobiernos, el actual hace de la Política Energética un documento de buena fe en el sentido de considerar “desafíos” que se pre-sentan en materia energética local e internacionalmente, como por ejemplo…

…la respuesta a las demandas sociales, la necesidad de me-jorar las condiciones económicas del país y procurar un ma-nejo responsable del medio ambiente.

En la práctica, esa respuesta no se ha observado pues no se ha considerado ni por asomo la abierta oposición comunitaria contra determinados proyectos petroleros; y en el tema ambiental, la debilidad de los marcos jurídicos y las limitaciones institucionales, sumado al conflicto de intereses que generalmente se presenta entre funcionarios públicos y empresas petroleras, claramente se incumple con enfrentar esos “desafíos” a favor de los intereses colectivos.

La Política Energética más bien confirma y responde a la necesidad de alianzas estratégicas entre actores públicos y privados en lo local e internacio-nal. Asimismo…

…se armoniza con los últimos compromisos jurídicos acor-dados internacionalmente que exigen del país una responsa-bilidad para el cumplimiento de dicha normativa.

Esto último hace alusión a los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En ese marco, la Política Energética se enfoca en la…

…planificación estratégica de largo plazo para la efectiva producción, comercialización y distribución de los recursos.

Aunque afirma que es para “mejorar la calidad de vida de las y los guate-maltecos”, en la realidad lo que se observa en las zonas petroleras conocidas como Rubelsanto, Alta Verapaz; y Xan en Petén, es pobreza y contaminación. En todo caso, el incremento en los ingresos fiscales y la rentabilidad de las zonas petroleras adjudicadas, es el fin último de las acciones implementadas en dicha Política.

En su interés por promover las inversiones petroleras, el MEM muestra en un apartado de la Política Energética el potencial energético del país. Menciona la existencia de una reserva de petróleo de 195. 1 millones de barriles, con una producción actual de 10.5 mil barriles diarios. Mientras que en términos de gas natural, dice desconocerse las reservas existentes.

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Cuadro 1

Guatemala: potencial energético y nivel de aprovechamientoRecurso Estimado Aprovechamiento

Petróleo Reserva de 195,146,605 Producción de 10.500 barriles/díaGas natural No contabilizado Sin aprovechar

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Política Energética 2013-2027.

Con esa información, el MEM pone de manifiesto la existencia de petróleo y promueve de esa manera la “necesidad” de aumentar la producción petrolera, la cual…

…ha mostrado una tendencia a la baja debido a la declina-ción natural de los yacimientos de petróleo en la fase de ex-plotación, lo cual se complementa con la falta de promoción e inversión para nuevos proyectos de exploración y explotación en el territorio nacional. Como consecuencia de esto, la pro-ducción pasó de 8.5 millones de barriles anuales, en 2003, a 4 millones, en 2011.

En su visión economicista, la Política Energética establece que…

El crudo es el cuarto producto de exportación del país, ge-nerando los principales ingresos a las arcas del Estado por concepto de regalías.

Por ello, el MEM valora la tendencia creciente de los ingresos por la partici-pación del Estado en la producción, que a la fecha es el principal ingreso fiscal petrolero que obtienen las arcas nacionales.

En su mayor parte, esos ingresos se han convertido en un instrumento po-lítico. Al respecto, dice la Política Energética:

Ello ha conllevado que la explotación de recursos naturales tenga un retorno económico para inversión social en los mu-nicipios de donde se extrae el crudo, lo cual contribuye a con-trarrestar la conflictividad social por extracción de recursos naturales.

El mecanismo jurídico para el uso de los recursos petroleros en función de contener la “conflictividad social”, es la Ley del Fondo para el Desarrollo Econó-mico de la Nación, mejor conocida como FONPETROL1. Dice la Política Energéti-ca que el FONPETROL tiene por objeto distribuir los fondos que se obtienen por las operaciones petroleras en el país de la siguiente forma:

20% a los Consejos de Desarrollo donde se realizan opera-ciones petroleras, 5% a todos los Consejos Departamentales donde no hay operaciones petroleras, y un 3% a las entidades públicas responsables de la conservación de las áreas prote-gidas.

De acuerdo con un cuadro estadístico elaborado por el MEM, los ingresos generados por la producción petrolera, fundamentalmente regalías e hidrocar-buros compartibles, rondan por los Q. 1 mil millones anuales desde 2009. La distribución de esos recursos, de acuerdo con la Ley del FONPETROL se puede observar en el Cuadro II.

1 Solano, Luis. “Petroleras en acción, selva en destrucción. Ampliación del Contrato 2-85 a Perenco: Análisis de implicaciones económicas, socioambientales e intereses en juego”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, año 2, 30 de abril de 2010.

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Cuadro 2

Guatemala: ingresos generados al Estado por la producción petrolera a nivel nacional

Año EstimadoConsejos

departamentales de desarrollo

Consejos departamentales

donde se realizan

operaciones petroleras

Vigilancia áreas

protegidas

2009 Q617,624,253.15 Q30,881,212.66 Q123,524,850.63 Q18,528,727.59

2010 Q744,970,514.28 Q38,748,525.71 Q154,994,102.86 Q23,324,115.43

2011 Q1,067,219,655.01 Q53,360,982.75 Q213,443,931.00 Q32,016,589.65

2012 Q1,081,715,215.07 Q54,085,760.80 Q216,343,043.19 Q32,451,456.48

Total Q3,541,529,638.40 Q177,076,481.92 Q708,305,927.68 Q106,245,889.15

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Política Energética 2013-2027.

Esas cifras, sin embargo, aunque se menciona que son estimadas, no cuadran con las cifras del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) publicadas por medio del sistema SIAF-Muni que muestra el total de las transferencias del Estado a los departamentos del país. Estas transferencias, desde 2009, en concepto de petróleo, apenas si han sido un tercio de lo que Política Energética publicita. A agosto de 2013, las transferencias por petróleo suman Q. 71 millones y es el de-partamento de Guatemala el que más recursos concentra debido al tamaño de su población, tal como lo muestra el cuadro siguiente.

Cuadro 3

Guatemala: Aportes por petróleo trasladados a las municipalidades del país al 13 de agosto de 2013

Departamento Total Petróleo

Alta Verapaz 226,558,702.93 2,706,583.51

Baja Verapaz 86,904,919.99 1,038,194.42

Chimaltenango 159,846,387.95 1,909,545.68

Chiquimula 130,356,120.29 1,557,299.40

El Progreso 100,664,263.31 1,202,585.61

Escuintla 209,437,567.61 2,502,045.87

Guatemala 554,849,979.77 28,477,504.54

Huehuetenango 310,447,518.34 3,708,757.44

Izabal 101,210,254.71 1,209,108.28

Jalapa 84,340,077.27 1,007,568.73

Jutiapa 173,520,701.75 2,072,934.31

Petén 171,780,595.17 2,052,176.89

Quetzaltenango 246,684,535.07 2,946,487.38

Quiché 228,884,844.41 2,734,356.13

Retalhuleu 88,108,959.56 1,052,593.67

Sacatepéquez 206,235,937.00 2,463,769.42

San Marcos 329,768,854.73 3,935,267.11

Santa Rosa 137,795,840.42 1,646,177.10

Sololá 162,048,575.70 1,935,913.07

9

Suchitepéquez 169,046,351.55 2,019,512.22

Totonicapán 97,600,581.99 1,165,823.32

Zacapa 120,416,891.42 1,438,560.39

TOTAL 4,096,508,460.94 70,782,764.49

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). SIAF-Muni.

En ese contexto, la Política Energética se propone aprovechar los buenos pre-cios internacionales del petróleo para propiciar un auge petrolero. Acrecentar la producción adjudicando nuevos contratos provocará mayores ingresos al fisco.

Por esa razón se ha fijado la meta de aumentar la producción petrolera en 100% en el período establecido por la Política Energética. Para 2020, se proyecta una producción de 50 mil barriles diarios, cinco veces lo que se produce actual-mente; y un ingreso total de Q. 5 mil millones, igualmente cinco veces superior a lo registrado en 2012.

En materia de ganancias se demuestra una vez más que, de acuerdo con la Constitución de la República y la Ley de Hidrocarburos, siendo el Estado el dueño de los recursos del subsuelo, los beneficios se privatizan. Según el Director de Hidrocarburos, Luis Ayala…

…como ejemplo, si un barril se vendió a US$ 100, el Estado recibe de cajón US$ 6 por regalía; la petrolera toma US$ 25 para operación; lo que sobra (US$ 69) es la ganancia, la que se divide en 42 por ciento para el Estado (US$ 29) y 58 por ciento para la petrolera (US$ 40)2.

Situación actual de la producción petrolera

A la fecha, existen cuatro contratos petroleros en producción:

1) 1-2005 en el campo Atzam, en Alta Verapaz/Quiché.

2) 1-91 en los campos Chocop y Yalpemech, en Petén y Alta Verapaz.

3) 2-2009, en los campos Rubelsanto, Chinajá Oeste, Tierra Blanca y Caribe en Petén y Alta Verapaz.

4) 2-85, en el campo Xan en Petén.

Mapa 1

Guatemala: contratos petroleros en explotación y exploración

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

2 Diario elPeriódico. “Prevén elevar producción diaria de petróleo nacional”. 23 de septiembre de 2013.

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2001

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2002

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44.2

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2003

69,9

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2004

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005

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2006

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75

,93

7.7

367

,106

.54

2,05

1.92

40,8

00.6

721

1,21

5.97

32

1,1

75

.10

5,49

5,75

4.18

5,8

92

,86

7.0

116

,144

.84

2007

38,3

76.5

229

,352

.99

67

,72

9.5

159

,967

.99

417.

9833

,826

.78

165,

674.

092

59

,88

6.8

45,

256,

395.

805

,58

4,0

12

.15

15,2

98.6

6

2008

14,2

79.2

4

61,4

91.9

917

,740

.98

79

,23

2.9

773

,260

.44

287.

6733

,918

.90

159,

780.

002

67

,24

7.0

14,

797,

524.

725

,15

8,2

83

.94

14,1

32.2

8

2009

6,05

8.77

60

,966

.01

9,03

8.86

70

,00

4.8

757

,392

.02

0.00

27,8

16.8

916

0,23

4.18

24

5,4

43

.09

4,61

1,77

0.57

4,9

33

,27

7.3

013

,515

.83

2010

3,77

7.93

54

,066

.41

9,35

1.37

63

,41

7.7

859

,246

.32

0.00

26,7

94.8

915

6,61

0.36

24

2,6

51

.57

4,05

3,03

2.00

4,3

62

,87

9.2

811

,953

.09

2011

5,1

04

.16

6

1,4

88

.14

13

,43

6.0

27

4,9

24

.16

51

,56

9.0

50

.00

34

,54

1.6

01

35

,61

5.0

42

21

,72

5.6

93

,69

3,3

49

.13

3,9

95

,10

3.1

41

0,9

45

.49

11

Del contrato 1-2005, el MEM registra que está siendo operado por la pe-trolera inglesa Petro Latina Corp. El campo petrolero es conocido como Atzam, contiguo al otro campo petrolero incluido en el contrato conocido con el nombre de Las Tortugas, en las cercanías del Parque Nacional Lachúa, municipio de Co-bán, departamento de Alta Verapaz, en la frontera con México.

Sin embargo, este contrato es controlado en su mayor parte por Latin Ame-rican Resources (LAR), que en 2012 adquirió las acciones de la canadiense Quetzal Energy, anterior socia de Petro Latina en ese contrato petrolero. Quet-zal Energy cambió de nombre a Santa María Petroleum Inc. para enfocarse en sus contratos petroleros en Colombia. LAR es dirigida por los ex directivos gua-temaltecos de Quetzal Energy: Michael Realini, Presidente y Director Ejecutivo; y Luis Arturo Wug, Director de Operaciones3.

Con relación al contrato 1-97, en el campo Yalcanix localizado en el norte de Petén, fue operado por la francesa Perenco hasta 2005, luego de descubrir petróleo aunque no en cantidades comerciales. Fue cedido al Estado en 2006 y vuelto a licitar como Área PTN 1-2008 durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Los oferentes fueron Perenco y la estadounidense/ecuatoriana City Peten. El 31 de octubre de 2011, el contrato modificado bajo el número 1-2011 fue adjudicado a City Peten, y recientemente, el 11 de julio de 2013, luego de otra modificación se le otorgó definitivamente a City Peten4.

City Peten es una empresa que se asoció con US Oil Guatemala, subsidiaria de la estadounidense US Oil Recovery, para operar el contrato 1-2006 en el campo Ocultún, Petén, el cual fue suscrito por US Oil Guatemala el 28 de junio de 2006, y que incluye el Bloque A1 en el Área 1-2003. Por problemas finan-cieros, US Oil Guatemala cedió sus derechos a City Peten, primero en 2008 otorgándole el 49%, y luego en 2010, el restante 51%5.

Con respecto a este contrato, el pasado 11 de septiembre el MEM publicó un comunicado anunciando el descubrimiento del primer yacimiento de gas natural. Afirma la existencia preliminar de una reserva de 2 millones de metros cúbicos, los cuales pueden satisfacer el 30% de la demanda nacional. City Peten anunció que en 2014 perforará el pozo Ocultún 3, paralelamente que se hacen los estudios para la industrialización del hidrocarburo.

Tanto el MEM como la petrolera aseguran que con su comercialización se provocará un cambio en la matriz energética, que es uno de los objetivos del actual gobierno al darle un mayor espacio al gas natural como fuente de energía para el 2027.

En la Política Energética, el MEM indica que:

3 Parte del historial de Quetzal Energy y Latin American Resources (LAR), del papel de Michael Realini y de los contratos petroleros que controlan, se recoge en el libro de Luis Solano: “Guatemala Petróleo y minería: en las entrañas del poder”. Inforpress Centro-americana, 2005, páginas 92-100. Sobre Realini ver también diario elPeriódico. “Las arenas de la avaricia”, 29 de julio de 2013. LAR surgió en 2012 tras el cambio de nombre que sufrió Quetzal Energy en Guatemala, luego de una serie de transacciones iniciada en 2011 cuando Quetzal Energy comenzó a vender sus activos a sociedades inversionistas, primero a Real Petrol, y luego a SGS Acquisition Company Ltd.. Esta última luego vendió a LAR que se constituyó en 2012 para esa transacción. LAR luego se asoció con la petrolera australiana Clean Global Energy que cambió de nombre a Citation Resources. Actualmente, el contrato petrolero de marras es operado por las petroleras australianas Range Resources y Citation Resources, quienes poseen una participación minori-taria en los cinco pozos perforados a la fecha en Atzam. LAR también posee, junto a Petro Latina, el contrato de exploración 6-93 en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz. En este caso, es un contrato que ha pasado por varias asociaciones con otras empresas como Underwater Investments, Mexpetrol Guatemala Cadex, Petróleos Guatemala Inc., y la inglesa Taghmen Energy, las tres primeras asociadas con Realini y lo que hoy es LAR.

4 Acuerdo Gubernativo 342-2013 publicado en el Diario de Centro América el 26 de agosto de 2013. City Petén es subsidiaria de la estadounidense Ford Resources, con sede en Texas, que es un conglomerado de las empresas siguientes: City Oriente Inc, Diamond M Drilling and Exploration, Wespac Energy, y City Peten S. de R.L. Sus operaciones se concentran en Texas, New Mexico, Ecuador y Guatemala.

5 Ver resoluciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicadas el 28 de noviembre de 2008 y el 15 de diciembre de 2010, respectivamente.

12

Es importante mencionar que, aunque aún no está presente en la matriz de generación eléctrica del país el uso y aprovechamiento del gas natural, este consti-tuye una alternativa de suministro en el futuro, dadas las condiciones de costo y la estabilidad en el precio que se proyectan en el mediano y largo plazos.

Este fue un objetivo trazado por los gobiernos de Ber-ger y Colom, especialmente el último, que promovieron la exploración de yacimientos de gas natural6.

El proceso de industrialización del gas natural que go-biernos y petroleras promocionan como un hidrocarburo “limpio”, requiere de instalaciones y gasoductos, algo inexistente en Guatemala. Sin embargo, un día antes que el MEM anunciara el descubrimiento del hidrocarburo se dio a conocer que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado un financiamiento de cooperación para analizar escenarios para introducir el gas natural en Centroamérica.

El BID aprobó fondos de cooperación técnica no reembol-sables por US$ 980.000 para revisar la anterior coopera-ción técnica ejecutada en el 2006, que analizó escenarios de oferta y demanda, infraestructura y requisitos normativos e institucionales. El trabajo identificó un proyecto que costaría alrededor de US$ 1.550 millones para habilitar terminales de almacenamiento y regasificación y ductos7.

La noticia de marras cita un estudio que indica que…

…La estructura comercial de los proyectos de importación (de gas natural) puede ser altamente compleja, y la capaci-dad crediticia de los compradores una limitante clave.

Se trata de un estudio elaborado por el Banco Mundial (BM) denominado Mitigating Vulnerability to High and Volatile Oil Prices: Power Sector Experience in Latin America and the Caribbean. Este escenario se haría menos complejo con la entrada a producción del yacimiento Yalcanix.

Otro contrato más es el 1-91, adjudicado a Petro Energy S.A. (PESA) en 2003, luego que fuera cedido por la argentina Compañía General de Combus-tibles (CGC). Incluye los campos Chocop, Petén (5 pozos), y Yalpemech, Alta Verapaz (3 pozos). Esta empresa vende el petróleo a Perenco. Desde el año 2005, la explotación y administración del contrato está a cargo de la mexicana Constructora y Perforadora Latina (CPL), una empresa que en los años de la dé-cada de 1980 llegó a Guatemala para perforar pozos geotérmicos, y se inscribió bajo el nombre de Constructora y Perforadora Latina Guatemala S.A. El Gerente y Representante Legal de Petro Energy es también el Director General de CPL, el mexicano Alfredo Salvador Recke Dunhart.

Mientras que en Guatemala los Representantes Legales son: el ingeniero industrial guatemalteco Juan José del Valle Franco, experto en explotación de minerales, y Miguel Hernández Luna. CPL Guatemala fue inscrita en 1987, y su Representante Legal es el abogado Héctor Homero Augusto Marroquín Castillo, ex Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad (FSS) en 2010, cargo durante el cual fue denunciado por supuestos actos de corrupción.

6 Hay que recordar que siempre se señaló que US Oil Guatemala fue una empresa constituida por el abogado y empresario Ricardo Cortés Moreno, y quien a la vez se decía era abogado personal de Colom.

7 BusinessNewsAmericas.“PlanificanmodificacionesparaestrategiadegasenCentroamérica”.10deseptiembrede2013.

El proceso de industrialización del gas natural que gobiernos y petroleras promocionan como un hidrocarburo “limpio”, re-quiere de instalaciones y ga-soductos, algo inexistente en Guatemala.

13

El Contrato 2-2009, el más antiguo de todos, es ope-rado en la actualidad por la Empresa Petrolera del Istmo (EPI) desde 2009 tras su vencimiento, luego que las pe-troleras Basic Resources y Perenco lo operaron desde la década de 1970.

El actual Gerente General de EPI es el abogado Rodol-fo Sosa de León, Presidente del bufete A.D. Sosa y Soto, quien es más conocido por ser consuegro del ex Presiden-te de la República, Óscar Berger, y por haber sido Presi-dente de la petrolera Basic Resources, que operó el mismo contrato entre las décadas de 1970 y 1990.

Se sabe que el Representante Legal de la empresa es el empresario guatemalteco Carlos Eduardo Parra Polan-co. Otra alta funcionaria es Jennifer Yaeggy Archila, sobri-na Raúl Archila Serrano, Ministro del MEM en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2003), y sobrina de Mireya Ar-chila Serrano, Directora de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) del gobierno de Jorge Serrano Elías

(1990-1993).

Según el Registro Mercantil, EPI inició su proceso de registro en Guatemala el 9 de marzo de 2009 bajo el expediente 12569-2009. El proceso concluyó el 23 de abril con la inscripción de emisión de acciones, un día antes de la entrega de la oferta en el MEM. La empresa reporta un capital de US$ 13.3 millones, y tiene como Gerente al empresario Carlos Parra Polanco, y como Administrador único al abogado Randolf Castellanos Dávila, quien es un abogado laboralista negociador de pactos colectivos a favor de reconocidas empresas como la Compañía Gua-temalteca de Níquel (CGN). Castellanos Dávila es Representante Legal de Petro Latina Energy, cuyo contrato 1-2005 está contiguo al de EPI8.

EPI fue la única empresa que participó en la licitación en aquel momento con el respaldo de las multinacionales MQuest International Inc. de Estados Unidos así como de Interamerican Oil Company -inscrita en Panamá-; y la canadiense Roll’n Oilfield Industries.

MQuest International es una empresa que provee servicios de consultoría para el desarrollo de campos petroleros. Su Presidente es Thomas E. Moon, quien también ha representado los intereses de la petrolera canadiense Loon Energy. En 2005 intentó participar en la licitación del contrato 1-2005, Atzam. No obstante, a Loon Energy se le adjudicó hace pocos meses el área 7-2012, Xalbal, en el mu-nicipio de Ixcán, contigua a Atzam (Ver más adelante).

En el caso de Roll´n Oifield Industries (Ventures), es una empresa que provee torres perforadoras. En 2005 se asoció con Petro Latina Energy para perforar dos pozos en el campo Las Casas, en el Contrato 6-93, en el municipio de Fray Bar-tolomé de Las Casas, Alta Verapaz, pero recientemente fue cedido al Estado y el MEM espera licitarlo en octubre de 2013.

De Interamerican Oil Co. se desconoce su historial. Pero todo indica que es un grupo de empresas interesadas en esa región de la Franja Transversal del Norte (FTN), y que resulta estratégica por las sociedades que puede formar. Hace algu-nos meses, el MEM adjudicó a la petrolera estadounidense Greenfields Petroleum el área 6-2012, conocida como El Cedro, la cual ha sido de interés desde hace varios años.

8 Sobre el historial de EPI y su contrato puede verse Solano, Luis. “La transnacionalización de la industria extractiva: la captura de los recursos minerales e hidrocarburos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 4, No. 19, junio-julio 2009, páginas 34-36.

Lo estratégico estriba en que si Loon Energy, que operará en Guatemala con su subsidiaria Loon Petróleo Guatemala, y Greenfields, que operará bajo el nombre de Greendfields Pe-troleum Guatemala, llegaran a encontrar petróleo en términos comerciales, necesitarán cons-truir un oleoducto que nece-sariamente debe conectar con el ya existente que parte desde Rubelsanto por toda la FTN.

14

Lo estratégico estriba en que si Loon Energy, que operará en Guatemala con su subsidiaria Loon Petróleo Guatemala, y Greenfields, que operará bajo el nombre de Greendfields Petroleum Guatemala, llegaran a encontrar petróleo en términos comerciales, necesitarán construir un oleoducto que necesariamente debe conectar con el ya existente que parte desde Rubelsanto por toda la FTN. Este posible oleoducto podría ser financiado en una alianza que incluiría a esas dos empresas e, incluso, a la EPI, que controla los pozos de Rubelsanto y el oleoducto actual.

Mapa 2

Guatemala: trayecto del oleoducto

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En el Mapa 3 se pueden observar las estructuras marcadas con verde que corresponden a la que tienen un potencial de encontrar yacimientos petroleros. Del centro a la derecha se observan las pertenecientes al Contrato 1-2005 y el Área 6-2012, El Cedro. A la izquierda, sin nombres, las estructuras del Área 7-2012, Xalbal. Toda esa región es la que se conectaría con Rubelsanto del Contrato 2-2009.

Mapa 3

Guatemala: estructuras con potencial petrolero en los municipios de Ixcán, Quiché; y Cobán, Alta Verapaz

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Grupo Asesor Petrolero Venezolano. 2006.

15

Finalmente se encuentra el Contrato 2-85, en el campo Xan, operado por la francesa Perenco. Este contrato concentra el 91% de la producción nacional de petróleo, y es el que marca la tendencia decreciente en la producción. El resto de contratos experimentan altibajos en su actividad9.

De los contratos en exploración

En fase de exploración el contrato más importante es el 7-98, que explora la canadiense/colombiana Pacific Rubiales Energy Corp.10, pero fue adjudicado a la guatemalteca Compañía Petrolera del Atlántico (CPA) que lo opera, en la década de 199011. El área contratada está conformada por los bloques (N-10-96 y O-10-96).

El grupo empresarial propietario de CPA es Campollo Codina, una familia dueña de varios ingenios azucareros en Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Para que se le adjudicara el contrato petrolero tuvo que demos-trar solvencia financiera, para lo cual formó la compañía Flamingo Energy In-vestment (FEI), la cual fue inscrita en el año 2000 en Florida Department of State´s Division of Corporations del Estado de Florida, Estados Unidos. FEI opera como financista del proyecto petrolero.

En un comunicado publicado el 8 de agosto de 2013, Pacific Rubiales anun-ció que continuaban ejecutando las obras civiles, es decir construyendo la plata-forma de perforación para el pozo de exploración Balam-1X. La perforación del pozo se reprogramó, según ese comunicado, para finales del tercer trimestre de 2013 como resultado de “inundación anormal en el área”.

En las fotos siguientes, proporcionadas por comunitarios, se puede apreciar la actividad en el montaje de la torre de perforación.

El área de perforación se ubica en la estructura conocida como Jaguar en donde se estima una reserva de 48.4 millones de barriles. Ésta es una de las tres estructuras definidas por Pacific Rubiales donde hay indicios de encontrar

9 Sobre el historial de Perenco en Guatemala, puede verse: Solano, Luis. “Petroleras en acción….”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación, op. cit.

10 PacificRubialesfuefundadaporlosvenezolanosRonaldPantin,JoséFranciscoArata,MiguelÁngeldelaCampaySerafinoIaco-no,losdosprimerosformadosenPetróleosdeVenezuela(PDVSA),quienesen2004conformaronlaempresaPacificStratusEnergy.En 2007 se asociaron con el multimillonario brasileño, Germán Efromovich, propietario de la Corporación AVIANCA así como de PetroRubialesEnergyCorporation,consedeenVancouver,Canadá.DeestauniónnacióPacificRubialesEnergyCorp.Elgobiernovenezolano ha señalado en varias oportunidades que la petrolera es contrarrevolucionaria y participa en intentonas golpistas.

11 Solano, Luis, y García, Rocío. “De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio de Livingston, Izabal”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación No. 24, 22 de octubre de 2012.

16

yacimientos petroleros. Las otras dos estructuras son Semoch con una estima-ción de 32.1 millones de barriles; y Chango con 77.3 millones de barriles. Se pueden apreciar a continuación en el Mapa 4.

La perforación del pozo durará tres meses, y si se cumple el programa, en diciembre de 2013 se sabrá si se descubrió petróleo, si se puede comercializar y la calidad del mismo. El costo del pozo oscila entre US$ 10 y US$26 millones, dependiendo la profundidad que puede ir de 1 a 4 kilómetros.

Mapa 4

Guatemala: área petrolera y estructuras identificadas, municipio de Livingston, Izabal

Fuente: Pacific Rubiales. Investor Open House 2013.

Al proyecto petrolero se han asociado otras empresas12 como la construc-tora Micropav que construye la plataforma de perforación. Es una empresa propiedad del futbolista Martín Machón, quien jugó por muchos años en el Club Comunicaciones cuando los propietarios del equipo eran las familias Arzú y García Granados. No es raro entonces que esta constructora trabaje direc-tamente para la Municipalidad de Guatemala, dado que el Alcalde capitalino como ya se sabe, es el ex Presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen, De Arzú se ha mencionado que es uno de los accionistas desde 1996, cuando sien-do gobernante aprobó la adjudicación del área petrolera a CPA.

Otra empresa es la Constructora del Río, cuyo nombre comercial es ese aunque está inscrita en el Registro Mercantil con el nombre de Compañía de Construcciones y Mantenimiento General para Petróleos y sus Derivados, So-ciedad Anónima. Fue inscrita en 1998 cuando la CPA comenzó a operar en Livingston. Aunque no está confirmado, esta empresa parece ser propiedad de

12 La empresa de seguridad Halcones es la que le presta servicios de seguridad. Esta empresa tiene como representante legal a Rudy Valiente Guzmán, quien es de Livingston. Es parte del grupo VIP Security que ha brindado seguridad a la Vicepresidenta de la Re-pública, Roxanna Baldetti. Este grupo habría sido fundado por el actual Subsecretario de la Secretaria de Asuntos Administrativos y SeguridaddelaPresidencia(SAAS),elcapitánMiguelÁngelMartínez,quienesdueñodelaempresadeseguridadprivadaEscor-pión. Ver Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 7, Nos. 34-35, enero-junio 2012. En la seguridad del área de perforación, como parte de Halcones, se contrató al líder comunitario Armando René Canel Xicol, quien ha sido Representante Legal de la organización campesina Cerro 1,019, localizada en la Sierra Santa Cruz, Livingston, Izabal, y quien tiene mucha presencia en las comunidades dentro del área de contrato. Comunitarios aseguran que Calel Xicol es empleado de la organización ambientalista FUNDAECO que administra varias áreas protegidas en el municipio. Calel Xicol ha también ha sido representante de la Asociación Intercomunitaria Indígena “AK’ KALEBAL”, que funcionan en Livingston con el apoyo de FUNDAECO.

17

CPA. El Representante Legal es Edgar Alberto Paredes Montes. La empresa tuvo a su cargo la construcción de tramos carreteros y puentes en la vía que desde la comunidad de Ciénaga, en la carretera a Petén, se introducen hacia el área de perforación.

En la imagen siguiente se observa la carretera que conduce al área de per-foración, en las cercanías del área protegida Río Sarstún.

Fuente: http://prezi.com/pxm770guuorg/copy-of-balam-1x/

La parte medular de la carretera se construyó dentro de la finca San José Chocón, que contiene a la Reserva Natural Privada denominada Zavala, una de las varias con que cuenta la familia Herrarte Orantes en el área, que colindan con el área protegida Río Sarstún. La carretera cruza la Reserva Natural bajo un acuerdo con el finquero José Herrarte Orantes. En el Mapa 5 se observa, en amarillo, la carretera que cruza varias comunidades y que se dirige hacia el pozo Balam 1X, cruzando la Reserva Natural Privada Zavala.

Mapa 5

Livingston: trayecto de la carretera al pozo Balam 1X

Fuente: http://www.openstreetmap.org/#map=13/15.8206/-89.0516

Como parte de su estrategia para convencer a las comunidades de la im-portancia del proyecto petrolero fue contratada Liliana Esperanza Macz Rey de

18

Paz, quien desempeña el cargo de Jefa de Relaciones Comunitarias de la petrolera. Ella es Li-cenciada en Administración de Negocios por la Universidad Galileo. Es cobanera y alta directiva del partido Gran Alianza Nacional (GANA) en Cobán, y actualmente es la Secretaria Municipal de ese partido en el departamento de Alta Verapaz. Fue candidata a Síndica I por ese partido para las elecciones de 201113.

I. Un ¿nuevo? modelo de áreas protegidas que concilia las industrias extractivas con la conservación de la naturaleza y

el desarrollo ruralPor Rocío García14

Las posiciones diferenciadas con respecto al petróleo y la minería dejan claro que la organiza-ción ambientalista de la región FUNDAECO no se opone al modelo de acumulación de capital o a las actividades extractivas que lo fundamentan sino a sus formas de administración. Para ello usa criterios flexibles con los cuáles es posible –aunque sea discursivamente- sustituir y restituir artificialmente lo que se extrae de la naturaleza para su intercambio en el mercado. En referencia a las actividades petroleras en áreas protegidas de Livingston, el Director de FUNDAECO, Marco Cerezo Blandón, dice…

Nosotros incluimos el tema de petróleo porque creemos que el petróleo no es tan dañino como la minería a cielo abierto…15.

En ese sentido y como parte de la Agenda Global del Movimiento Ambiental, orientada por las Recomendaciones del V Congreso Mundial de Parques de la UICN en Durban (Sudáfrica, 2003) FUNDAECO habla de implementar un “nuevo modelo de manejo de áreas protegidas” que inte-gre las múltiples dimensiones de manejo territorial y que concilie las exigencias ambientales, sociales y económicas de las que habla el concepto de Desarrollo Sostenible.

Los principios que sustentan este nuevo modelo pasan por dejar de valorar los parques como islas, pues para 1992 se estimaba que el 80% de la biodiversidad se encontraba por fuera de los parques nacionales y rehusaba ser contenida y preservada dentro de sus rígidos límites.

De ahí se concluyó que para salvar la biodiversidad y los servicios ambientales16 que brindan los ecosistemas naturales, se requería de mosaicos paisajísticos regionales más tendientes a garantizar la conservación de la naturaleza en el largo plazo, donde los usos productivos y los comportamientos humanos estuviesen orientados por la conservación de la biodiversidad.

13 En el cargo de Asuntos Públicos de la CPA se encuentra Mónica Molina, quien previamente estuvo al frente de las Relaciones Públicas del Instituto de Re-creacióndelosTrabajadores(IRTRA).ComoJefedeRelacionesPúblicasapareceMaritzaRuiz,presentadoraeneltelenoticieroNotiSietetransmitidoporCanal 7, y también vocera de la minera Montana Exploradora, del proyecto minero de oro Marlin. La encargada de asuntos legales y tierras es la abogada Vera Alexandra Castellanos Calderón, quien es representante de la empresa de electricidad ESI, S.A. propiedad del Grupo Campollo. Castellanos Calderón es integrante del bufete de abogados que dirige Alberto Antonio Morales Velasco, Representante Legal de varias empresas del Grupo Campollo y de varias empresas del Grupo Multi Inversiones de la familia Bosch Gutiérrez.

14 Rocío García es Antropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) e integra el Equipo de El Observador.15 Entrevista realizada por Rocío García el 18 de septiembre de 2009.16 Servicios ambientales se designa desde la economía ambiental a los valores de uso que la naturaleza tiene en una población humana determinada. Desde la

economía ambiental, estos valores de uso pueden ser convertidos en valores de cambio, y pueden ser objeto de transacciones monetarias en el mercado.

19

Por ello, FUNDAECO habla hoy de diseñar áreas protegidas más amplias que incluyan tanto ecosistemas prístinos como agroecosistemas compatibles, cercanos, que puedan conectarse con otras áreas protegidas. En otras palabras, se busca ahora establecer conglomerados o clusters de áreas protegidas en una escala regional. Incluyendo, por supuesto, las Reservas Naturales Privadas17.

En este sentido, ese “nuevo modelo de áreas protegidas” ya no busca proteger y adminis-trar un polígono catastral sino mantener la propiedad y los usos de la tierra con criterios ecológicos. Esto se concreta a través de las propuestas de zonificación y es aquí donde cobra sentido que las mismas tierras que se han dado en propiedad o concesión a las industrias extractivas –dentro o en cercanía de las áreas protegidas-, sean declaradas como reservas ecológicas privadas con el afán de integrarse discursivamente al paisaje y disfrazar sus intereses de color verde.

Este nuevo modelo de área protegida apenas empieza a esbozarse en Guatemala. Aún no puede hablarse de sus resultados pero en términos de financiamiento ha tenido el apoyo continuo de la Embajada Real de los Países Bajos y más recientemente, apoyo de la Embajada de Francia, la que a principio de 2012 favoreció a FUNDAECO con un monto de € 3,576,000 (aproximadamente Q. 35,903,614)18.

El nuevo modelo resumido arriba ha emanado de algunas de las recomendaciones del Congreso de Durban (Sudáfrica, 1993), y pretende conciliar intereses ecológicos y so-ciales principalmente. Las recomendaciones que dan forma y contenido al nuevo modelo son las siguientes:

n Recomendación V 24: Pueblos indígenas y áreas protegidas.n Recomendación V 25: Cogestión de las áreas protegidas.n Recomendación V 26: Áreas conservadas por comunidades.n Recomendación V 29: Pobreza y áreas protegidas.

Nótese que de la recomendación 26 pasa a la 29, saltando la recomendación V 27 re-ferente a los Pueblos Indígenas móviles, pese a que dentro de los conservacionistas ha sido una proposición generalmente aceptada que el pueblo q´eqchi´ -mayoritario en Izabal- es un pueblo nómada19. Tampoco considera la recomendación V 28 referente a las industrias extractivas en áreas protegidas.

17 Paraelcasoquenosinteresa,sepuedecitaracálasReservasNaturalesPrivadascolindantesconelÁreadeUsoMúltipleRíoSarstún,algunasdeellasensuelosdondeseubicanlasestructurasdeinteréspetrolerodelaCompañíaPetroleradelAtlántico(CPA)yPacificRubiales.Esasreservasnaturalesson:Zavala,MatrizChocón,QuebradaAzulyTapónCreek,laprimeraenlafincaSanJoséChocón,quesonpropiedaddeJoséManuelHerrarte Orantes; Río Azul y Las Cuevas, propiedad de Ingrid Marlene Herrarte Orantes; Santa Rosa y Candilejas, de Boris Leonel Herrarte Orantes; yCástulo,deMaríaAntonietaHerrarteOrantes.TodasestasReservasNaturalesPrivadasseencuentranenfincasdesmembradasdelaFincaMatrizChocón,propiedaddelfinqueroJoséHerrarte,unpolíticocontrarrevolucionariodeladécadade1950.TantolareservaprivadaZavalacomoTapónCreekseencuentranendosdelasestructuraspetrolerasdeinterés:JaguaryChango.

18 Sitio web de la Embajada de Francia en Guatemala. http://www.ambafrance-gt.org/Firma-del-Convenio-de, publicado el 13 de febrero de 2012.

19 El nomadismo q´eqchi´no es una explicación aceptada en este ensayo ni por la El Observador. Múltiples autores han demostrado que la diná-mica migratoria del este pueblo es producto de procesos de desplazamiento provocados por factores como la concentración de la tierra, el trabajo forzado y la guerra. Ver Wilson, Richard. “Resurgimiento maya en Guatemala. Experiencias Q´eqchi´es”. CIRMA. Guatemala. 1999; Grandia, Liza. “Tz´aptz´ooqueb´ El despojo recurrente al pueblo q´eqchi´”. Colección Autores Invitados No. 20 AVANCSO. Guatemala, 2009. Grandin, Greg. “Panzós, la última masacre colonial”. AVANCSO, 2007.

20

¿Qué dicen las recomendaciones V 27 y V 28 del Congreso de Durban?

Recomendación V 27:

Esta recomendación, si bien no la abordaremos con profundidad podemos enun-ciar que su contenido se refiere al uso extensivo de la propiedad comunal y de los recursos, y la movilidad humana como estrategia para el uso y conservación sostenibles, y como rasgos que distinguen identidades. Invita a tomar en cuenta que las áreas protegidas han enajenado sus tierras y recursos en menoscabo de sus medios de subsistencia y su cultura. Llama también a reconocer la importan-cia de sus conexiones con el paisaje pues existen pruebas de que la utilización móvil de los recursos ha estado en armonía con la naturaleza y promueve la integridad y conservación de la vida tanto silvestre como domesticada.

Tomando en cuenta lo anterior, la Recomendación V27 invita a los gobiernos, ONG y comunidades, organismos internacionales e intergubernamentales, a reconocer la cogestión y autogestión de los pueblos indígenas, su derecho a la consulta y el reconocimiento en la legislación nacional de sus sistemas de gestión como un tipo de gobernanza que tiene instituciones y normas propias.

Nótese que el modelo de áreas protegidas en Guatemala y sus más nove-dosas actualizaciones hablan de co-gestión o co-manejo, nunca de auto-gestión. Por otro lado, se insta a reconocer sus sistemas de gestión pro-pios, lo cual dista mucho de la propuesta en Guatemala que es incorporar estas visiones al sistema estatal de gestión.

Recomendación V 28:

La otra recomendación sospechosamente ausente en el diseño del nuevo modelo de gestión de áreas protegidas de FUNDAECO es la V 28, Áreas protegidas, Minería y Energía. Ésta hace referencia a minerales, petróleo y gas natural, aclarando que su creciente demanda es producto de un modelo consumista propio de la moderni-dad. Se refiere a actividades de exploración, explotación, transporte y elaboración de hidrocarburos y minerales básicos, preciosos y otros, que han tenido efectos nocivos en la diversidad natural y cultural que las áreas protegidas deben salva-guardar.

Hace un llamado a recordar que las comunidades se han visto perjudicadas por las industrias extractivas y que estas actividades les reportan menos beneficios que otros usos de la tierra en áreas protegidas. En esta se reitera la solicitud a los Estados de prohibir la exploración y extracción de minerales en áreas de con-servación con categorías I a IV y controlar rigurosamente su desenvolvimiento en áreas con categorías V y VI, así como ser estrictos en los cambios de zonificación tendientes a permitir actividades extractivas y ser rigurosos en el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), incluso cuando estas actividades se realicen fuera de las áreas protegidas.

Las negociaciones con industrias extractivas deben considerar las recomendacio-nes sobre Pueblos Indígenas. Insta a continuar el diálogo entre conservacionistas, industria extractiva y abrir el diálogo a organismos financieros, gobiernos y otros actores directos.

21

Pasar por alto estas dos recomendaciones en el diseño del nuevo modelo de áreas pro-tegidas que impulsa FUNDAECO en Guatemala, es coincidente con el interés por un mo-delo de desarrollo que tiene como ejes de acumulación la agroindustria, las actividades extractivas y la logística complementaria.

Prueba de ello es el estudio para la identificación de mecanismos de sostenibilidad rea-lizado por WWF en Guatemala, financiado por Agencia de Internacional de Desarrollo de Estados Unidos en Guatemala (USAID, por sus siglas en inglés) a través del programa Consevation of Central America Watershelds, que entre otros mecanismos de financia-miento para las áreas protegidas propone negociar para:

n El cobro por derechos de paso al oleoducto de PERENCO.n El cobro por derechos de paso a las líneas de conducción de energía eléctrica a DEOR-

SA20.n El cobro por servicios hídricos a empresas mineras (mecanismo contemplado parti-

cularmente para el área protegida Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic en El Estor).

Si bien estos cobros pueden verse desde una óptica economicista de oportunidad, dejar fuera la recomendación V 28 del Congreso de Durban implica otorgar legitimidad a las industrias extractivas como actores del territorio, desestimando los nefastos accidentes en la historia de estas industrias a nivel mundial21 y las denuncias por violaciones a de-rechos humanos22, así como las muestras de descontento de las comunidades a estas actividades y las empresas que las operan.

Fuente: USAID, Central America y World Wildlife Fund (WWF). Conservation of Central American Watersheds. Informe final de la consul-toría denominada “Identificación de mecanismos financieros de las áreas protegidas: Reserva Protectora de Manantiales de Cerro San Gil, Reserva de Usos Múltiples de Río Sarstún, Parque Regional Municipal Montaña Chiclera, Refugio Vida Silvestre Bocas del Polochic, Parque Nacional Río Dulce, Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique y Biotopo Chocón Machacas”. Mayo 2008.

El proceso de construcción de la plataforma de perforación continuaba al momento de redactarse el presente ensayo. Para poder avanzar, la empresa construyó un zan-jón para canalizar las aguas del área inundada desde el área de perforación hacia el río Zavala, un afluente del río Chocón que desemboca en el Lago de Izabal, tal como se observa en la foto facilitada por comunitarios.

20 En el momento que fue elaborado el documento de WWF, DEORSA era la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctricaenlazona.Enlaactualidadlasituaciónsehamodificado,peroladinámicadelfinanciamientopropuestaeneldocumentodeWWF,sigueestando vigente, tal como lo evidencia un artículo del diario elPeriódico donde la Municipalidad de Livingston declara que ha cobrado ya Q. 10 mil por el derecho de paso del cableado que lleva a cabo la colombiana Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima (TRECSA) sobre el Parque Nacional Río Dulce, a la altura del puente, y que pretende cobrar Q. 90 mil más. En la misma nota periodística, el Secretario Eje-cutivodeCONAP,BenedictoLucas,afirma:

El Conap no ha recibido el cumplimiento de previas ni ha firmado ningún convenio de medidas de mitigación. En 2009 hubo una aprobación, pero para el instrumento que es un Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto, no hubo un contrato.

Herrera, Óscar F. “Denuncian que torres alterarán paisaje de Río Dulce”. Diario elPeriódico, 22 de septiembre 2013.

21 Por mencionar sólo dos de reciente ocurrencia, recordamos el derrame más grande de petróleo en la historia de su extracción, ocurrido en 2010 en el Golfo de México, responsabilidad de la empresa British Petroleum, del que dada su magnitud, todavía no pueden estimarse sus nefastas consecuencias para la vida en el planeta. También, el derrumbe que mantuvo bajo tierra a 33 trabajadores en una mina de cobre en Copiapó, Chile, explotación bajo responsabilidad de la compañía minera San Esteban, en agosto 2010. Los trabajadores permanecieron 70 días en un refugio sub-terráneo antes de su rescate.

22 Por mencionar sólo un caso reciente en El Estor, Izabal, recordamos el secuestro y asesinato del profesor Adolfo Ich Chaman perpetrado el 27 deseptiembreporelcualfuecapturadoenseptiembrede2012yestápendientedeprocesojudicial,elentoncesJefedeseguridaddelaempresaminera CGN, el militar retirado Mynor Padilla. Ver Solis, Fernando. “Acerca del informe legislativo sobre las licencias mineras en San Marcos y SanJuanSacatepéquez”.ElObservador.AnálisisAlternativosobrePolíticayEconomía,año4,Nos.20-21,agosto-noviembre2009,página48.

22

De acuerdo con el Mapa 6, la plataforma petrolera se construirá en las cercanías de la comunidad de Sebilá, la cual ha manifestado su oposición al proyecto petrolero por razones ambientales, sociales y propiedad de la tierra.

Mapa 6

Municipio de Livingston, Izabal: localización del pozo Balam 1X, entre la comunidad de Sebilá y el Área protegida Río Sarstún

Nota: el Área de Uso Múltiple Río Sarstún aparece con color verde. Las Reservas Naturales Privadas están identificadas con los cuadros pequeños alrededor del Área de Uso Múltiple Río Sarstún.Fuente: http://www.openstreetmap.org/#map=13/15.8206/-89.0516

23

La perforación del pozo está a cargo de la empresa colombiana Erazo Va-lencia, S.A., la cual inscribió una subsidiaria en Guatemala denominada Dirón S.A., representada por el abogado Juan José Morales Ruiz, asociado al bufete Díaz-Durán & Asociados | Central Law Guatemala23. Otro grupo de empresas está relacionado directamente con la perforación24.

Una de las preocupaciones de los comunitarios y comunitarias que habitan en las cercanías del área de perforación, es que los mojones de la finca donde se encuentra el área de perforación no concuerdan con los de la propiedad de la comunidad Sebilá. Además, el área de perforación se encuentra en los linderos del área protegida Río Sarstún y consideran que hay un alto riesgo de contami-nación de los ríos que corren en las cercanías y que desembocan en Río Dulce.

En la siguiente fotografía se muestra una vista aérea del área de perforación

Fuente: http://prezi.com/pxm770guuorg/copy-of-balam-1x/

La oposición comunitaria se ha manifestado de diversas formas. Una de ellas ha sido el levantamiento de cercos para delimitar las tierras que conside-ran suyas con respecto a las del área en exploración, lo cual les ha acarreado problemas judiciales. La siguiente foto proporcionada por comunitarios refleja esta situación.

23 Morales Ruiz fue un alto directivo del Banco Empresarial. Fue procesado por la quiebra de ese banco en 2001 junto a otros 16 ban-queros,segúnelprocesoidentificadoconelnúmero1572-2001.ElabogadotambiénfueunasesorjurídicodelBancoMetropolitano(BANCOMET) que igualmente quebró.

24 Estas empresas son: la colombiana Schlumberger Surenco S.A.; la colombiana FEPCO Zona Franca S.A.S., que también opera para Perenco en Guatemala; la estadounidense Tenaris, que proporciona tubería; Petrosystems de Venezuela, S.A. Sucursal Colombia (Mud Logging Services); y la colombiana Fluidos y Servicios. Las telecomunicaciones están a cargo de la empresa guatemalteca Comnet,delgrupofamiliarEskenasy,elcualtienegraninfluenciaenlaAsociacióndeGerentesdeGuatemala(AGG).

24

Pese a la oposición encontrada en decenas de comunidades, las empresas que operan el contrato han diseñado una estrategia para ganarse la “licencia social” en Livingston. Esta abarca desde el fortalecimiento de las relaciones con las autoridades locales, pasando por la formación y mediación de materiales “educativos”, hasta los programas de salud y ambientales.

En materia educativa, CPA diseñó un folleto que se distribuye entre los estudiantes de escuela primaria en el municipio, con la venia del Ministerio de Educación (MINEDUC). En la siguiente imagen se puede apreciar la portada de este material con carácter infantil, y con el que se busca influir en las familias de la región bajo el argumento que la actividad petrolera no es dañina.

Fuente: Documento elaborado por la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), 2013.

25

II. Los nexos entre empresas extractivas y ONG conservacionistas, de educación y salud

Por Rocío García

Si bien es cierto que las instituciones conservacionistas tienen un discurso de proteger la naturaleza de la lógica del capital, conocemos que su práctica en Izabal ha sido un intento conciliatorio entre esos intereses ambientalistas y los intereses extractivistas.

El caso del petróleo para mí es muy particular porque creo que los beneficios son mayores que los costos ambientales para las comu-nidades. Además, Perenco le paga 110 quetzales a los capeadores del oleoducto y las comunidades; todas las comunidades y las fa-milias se turnan para que todas las comunidades vengan a chapear el oleoducto. Cuando PERENCO no les paga, le hacen un hoyo al oleoducto y le sale más caro a PERENCO25.

Incluso se conoce que ciertas instituciones ambientalistas, de educación y salud han jugado un papel de mediadores entre los intereses de empresas extractivas y las comunidades indígenas. Así lo declara un trabajador de cierta ONG dedicada a servicios de salud, educación e incidencia política en Livingston:

Nosotros tenemos que ver el lado positivo de eso, y sacarle lo más que podamos. En el caso de Perenco, nosotros trabajamos con Pe-renco. Perenco es una empresa petrolera, entendemos muy bien. Pero antes, cuando no teníamos ningún convenio (…) bueno no te-nemos ningún convenio (…) pero cuando (…) nosotros no recibía-mos ayuda de ellos, la plata (…) el porcentaje que debería, que debe dar al gobierno, se lo da al gobierno y ¿qué pasa? Ese porcentaje no regresa a la comunidad, no regresa en el área donde están tra-bajando.

Entonces nosotros vemos que si nosotros les solicitamos a ellos lo máximo que podamos, entonces ellos ya pagan menos al gobierno y esa plata se queda, para el gobierno, lógico, pero las regalías se quedan en las comunidades. Es lo que estamos haciendo noso-tros como institución. Entonces tratamos de sacarle lo máximo. Por ejemplo, con ellos (PERENCO) hemos construido aulas, hemos construido una nueva lavandería para las señoritas, hemos recibido cierta cantidad de combustible para el centro, igual recibimos una lancha y un motor que sirven para trasladar emergencias al hospital nacional.

Con argumentos como este se instrumentaliza la educación de los jóvenes para que aprendan a negociar para “sacarle el máximo beneficio de las empresas”, o bien a “servir un plato al turista”. Lejos queda aquel horizonte de la educación que libere a los jóvenes de condicionamientos ideológicos y los prepare para construir creativa-mente el futuro. A cambio se les instruye sobre un falso modelo de desarrollo que promueve el extractivismo, la construcción de infraestructura y empleo en precarias condiciones.

25 Entrevista realizada por Rocío García el 18 de septiembre 2009.

26

Por otro lado, los servicios públicos como educación y salud dejan de asumirse como responsabilidades estatales, haciéndolas depender y supeditándolas a la relación con empresas -en forma de regalías- y ONG.

Hoy por hoy, en la región Caribe de Guatemala, hay más participación comunitaria en la toma de decisiones, más asistencia técnica, más le-galización de tierras comunales, más transferencia de recursos a aso-ciaciones de base, más incentivos forestales y más acceso a educación alternativa DENTRO que FUERA de las áreas protegidas del Caribe de Guatemala! Esto es la mejor prueba del éxito del Nuevo Modelo!26

En un contexto de tanta precariedad como el de Livingston en la actualidad, no resulta ético oponerse a los servicios de salud ni de educación sea cual sea su origen. Lo que resulta posible, y además necesario, es evidenciar que si estos servicios públicos se hacen depender de empresas extractivas y organizaciones no gubernamentales,se les está despojando de su carácter de derecho universal y quedan a merced de ser condi-cionados o cuando menos ideológicamente sesgados, excluyendo a las personas que no están de acuerdo con las actividades y tendencias de estas organizaciones y empresas extractivas.

Prueba de ello es la forma en la cuál ha sido concebida la salud reproductiva en ese nue-vo modelo de gestión de áreas protegidas propuesto por FUNDAECO,

Acceso a servicios de salud reproductiva y salud materno infantil para todas las mujeres de las comunidades rurales dentro de las áreas prote-gidas para reducir la tasa de crecimiento poblacional y construir mode-los sostenibles de vida27.

Como podemos observar, la idea conservacionista y neomalthusiana de ligar la reducción poblacional –rural- a la sostenibilidad ha quedado como eje central de los servicios de salud prestados por ONG en áreas protegidas.

Estas alianzas y mediaciones nos permiten situar a ciertas ONG conservacionistas y otras de salud y educación como operadores políticos de los intereses del capital. Operan a nivel ideológico entre las comunidades a partir de un enfoque funcionalista de los con-flictos, donde se negocian aquellos puntos de descontento que no amenazan el status quo pero nunca se mencionan los puntos fundamentales del conflicto como el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre su territorio, o los altísimos costos ambien-tales y sociales que tienen las actividades extractivas, inconmensurables la mayoría de ellos. Buscan la ausencia de conflictos para la libre operación de capitales, y para ello el desarrollo de las comunidades es solamente una pieza más del juego.

Lo que se esconde es que ese aparente desarrollo promovido por esta macabra alianza esconde la hipoteca del futuro, la destrucción del paisaje, la salud de las comunidades locales y las relaciones sociales.

26 Presentación electrónica de “El nuevo modelo de área protegida” proporcionada por FUNDAECO.

27 “Conservando Biodiversidad, empoderando comunidades y fomentando la gobernabilidad democrática. Hacia un nuevo modelo de desarrollo rural basado en las áreas protegidas”. Documento técnico, FUNDAECO, s.f. Destacado nuestro.

27

Sobre el Contrato 4-93

Este contrato de exploración fue otorgado a la empresa guatemalteca Ceiba Petróleo, S.A. en la década de 1990. Su Presidente es el banquero Adam Stanis-laus Praun Tarnawski, quien es uno de los 16 banqueros asociados a la quiebra del Banco Empresarial que han sido procesados por ese caso28.

Aparentemente, por problemas financieros el Contrato 4-93 se encuentra detenido. Se desconoce si la asociada a Ceiba Petróleo, la canadiense TrueStar Petroleum Corp., que retenía el 10%, se retiró definitivamente del proyecto, lo cual se especulaba sucedería desde 2008.

La ubicación del Contrato 4-93, el más grande otorgado a la fecha, se ubica en la Franja Transversal del Norte (FTN) y sur de Petén, tal como se muestra en el Mapa 7.

Mapa 7

Guatemala: localización del contrato petrolero 4-93

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

28 Diario Prensa Libre. “Nuevo proceso a 16 banqueros”, 14 de febrero de 2001. Ver también diario elPeriódico. “Ayer venció in-tervención del Banco Empresarial”. 9 de febrero de 2005. Por este caso han sido procesados poderosos empresarios como Víctor Manuel Suárez Valdés, Adam Stanislaus Praun Tarnawski, Ana Cristina Del Rosario Sosa Ramírez de Pullin, Edgar Antonio Hei-nemannNathusius,JulioBaudilioCamposBonillayMarioRalphNathusiusRosenbaum.AestegruposeagregaelabogadoJuanJoséMoralesRuiz,vinculadoalasempresasrelacionadasconlaCompañíaPetroleradelAtlántico(CPA).Paramayoresdatosver:Solano, Luis, y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: la luchas por el control bancario y el poder económico”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 2, No. 4, febrero de 2007. Ver también Solano, Luis. “El juego económico y político detrás de la liquidación de BANCAFÉ”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 1, No. 3, noviembre de 2006.

28

Otro contrato de exploración es el 4-98 en el norte de Petén, específica-mente en la Reserva de la Biosfera Maya. Este contrato fue cedido en 2012 por la argentina Compañía General de Combustibles (CGC) a la canadiense Quattro Exploration and Explotation Ltd., la cual está a la espera que se lo adjudique el MEM. La localización del Contrato 4-98 se encuentra en la frontera con México, contiguo al Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), tal como se muestra en el Mapa 8.

Mapa 8

Guatemala: localización del Contrato petrolero 4-98, pendiente de adjudicación

Fuente: Colectivo Madre Selva.

En resumen, los contratos petroleros en fase de exploración que oficialmen-te han sido publicados pueden observarse en el cuadro 5.

Cuadro 5

Guatemala: contratos petroleros de exploración

No./operadora Ubiación/hectareaje Vigencia Tipo de

contratoSituación

contractual

6-39Petro Latina Corporación

Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapáz130,186.29 Has.

Inicia 8 feb 2004Finaliza 7 feb 2009

Operaciones petroleras de explotación

Evaluación

7-98Compañía petrolera del Atlántico, S.A.

Livingston, Izabal53,739.54 Has.

Inicia 20 jul 2001Finaliza 19 jul 2026 Opción sísmica

Fase de perforacion obligatoria del primer pozo

1-2005Petro Latina Corporación

Quiché, Alta Verapáz31,451.29 Has.

Inicia 28 mar 2006Finaliza 27 mar 2031

Exploración y explotación de hidrocarburos

Exploración, campaña sísmica y 4 pozos exploratorios

1-2006City Petén, de R.L.

La Libertad, Petén39,541.99 Has.

Inicia 20 sep 2006Finaliza 19 sep 2031

Exploración y explotación de hidrocarburos

Fase de exploración

4-93Ceiba Petróleo S.A.

Sayaxché, Petén, Cobán, Chisec, Fray Bartolomé, Alta Verapáz

Inicia 10 ene 1994Finaliza 09 ene 2019

Contrato de participación en la producción

Fase de exploración

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

29

Licitación petrolera y adjudicación de contratos

En ese marco de aumentar la alicaída producción de crudo, el MEM lanzó desde 2012, una licitación denominada Ronda Guatemala 201229, en la que se ofertaron siete áreas petroleras en Petén y la FTN, tal como se puede apreciar en el mapa 9.

Para este proceso de licitación, el gobierno lanzó una fuerte campaña in-ternacional para atraer inversiones petroleras. Para ello, según la cartera ener-gética, se participó en el Global Petroleum Show en Canadá; así también, en el Latin Oil & Gas y Napa Expo de Estados Unidos; en el Segundo Seminario Latinoamericano y del Caribe de Petróleo y Gas realizado en Uruguay; y en un lanzamiento de la Ronda Guatemala 2012 en Colombia.

Esto dejó como resultado, anota el MEM, 49 oferentes interesados en parti-cipar del proceso con el cual ahora espera quintuplicar la producción petrolera del país. Mientras que las altas expectativas fiscales del MEM le llevan a afirmar que la producción petrolera representa un ingreso de Q. 1 millardo por concepto de regalías, la cual podría quintuplicarse a casi Q. 5 millardos.

Mapa 9

Guatemala: áreas petroleras licitadas desde agosto de 2012

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Hasta el pasado 26 de junio del presente año, el MEM adjudicó seis de las siete áreas estableciendo que en octubre se licitarán dos más, incluyendo la 3-2012 La Libertad la cual no recibió ofertas, tal como lo muestra el mapa 10 siguiente.

29 De acuerdo con el MEM, el proceso de licitación de Ronda Guatemala 2012 se fundamenta en seis regulaciones: la Ley de Hidro-carburos, Decreto Ley 109-83; el Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 1034-83; el Reglamento de Convocatoria para la Celebración de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 754-92; la Convocatoria para Presentar Ofertas con el Objeto de Celebrar Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 764-92; el Modelo de Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo 190-2005, y su Anexo Contable, Acuerdo Gubernativo 189-2005.

30

Mapa 10

Guatemala: áreas petroleras otorgadas en junio de 2013

Fuente: Diario Prensa Libre. “Adjudican seis áreas petroleras por 25 años”. 6 de julio de 2013.

De acuerdo con un comunicado del MEM fechado el 25 de julio:

El detalle de los contratos será público cuando las compa-ñías adjudicadas suscriban con el Estado de Guatemala los mismos.

La suscripción de los contratos pasa por la aprobación de los mismos, tanto por la Comisión Nacional Petrolera (CNP), la cual es presidida por el Ministro del MEM, Erick Archila Dehesa30.

Esa aprobación depende de que previamente se aprueben los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que presenten las compañías petroleras así como que éstas demuestren que tienen capacidad financiera para invertir en las áreas adjudicadas. Todo este proceso puede llevar 6 meses o más, incluso años. No obstante, las empresas esperan que los contratos sean firmados por el Presi-dente de la República entre septiembre y diciembre de 2013, y publicados a principios de 2014.

El MEM establece que:

El detalle de las propuestas, porcentaje de regalías y el bene-ficio social y ambiental serán públicos hasta cumplir el plazo de ley o tras la firma del contrato. Desde la recepción de las ofertas hasta la firma del contrato, ninguno de los miembros del Comité de Calificación puede emitir opinión alguna en cuanto a los detalles de las propuestas. La desobediencia a la norma se traduce en cargos judiciales y en la anulación de proceso.

30 La Comisión Nacional Petrolera tiene como función asesorar en materia de petróleo. Se integra por el Ministro de Energía y Minas (MEM) así como por representantes de los Ministerios de la Defensa, de Finanzas (MINFIN), Economía (MINECO); la Procura-duría General de la Nación (PGN) y del Banco de Guatemala (BANGUAT).

31

De acuerdo con el comunicado del MEM…

…Cada compañía adjudicada invertirá por lo menos US$ 40 millones por área (unos Q. 320 millones), durante los prime-ros tres años de cada contrato.

III. Áreas adjudicadas y empresas beneficiadas según los resultados del Comité de Calificación

1. ÁREA 01-2012 Cotzal, de 80,851.89 hectáreas en el departamento de Petén.

Compañías oferentes:

n Empresa Petrolera del Itsmo, S.A.n Perenco Guatemala Limited.n Quattro Exploration and Production Ltd.n Roy Group Mauritius Inc.n Zacapa Energy Ltd.

Compañía adjudicada:

Perenco Guatemala Limited de Francia

2. ÁREA 02-2012 San Francisco, de 126,994.16 hectáreas en el departamento de Petén.

Compañías oferentes:

n Galax Garden Corporationn Trayectoria Oil & Gas.

Compañía adjudicada:

Galax Garden Corporation, inscrita en Panamá.

3. ÁREA 04-2012 Laguna Blanca, de 158,912.08 hectáreas en el departamento de Petén.

Compañías oferentes:

n Island Oil Exploration Services, S.A.n Perenco Guatemala Limited.n Quattro Exploration and Production Ltd.

Compañía adjudicada:

Island Oil Exploration Services, S.A., de Estados Unidos pero con una subsidiaria en Guatemala.

32

4. ÁREA 05-2012 Cancuén, de 117,331.32 hectáreas entre los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Petén.

Compañía oferente:

n Trayectoria Oil & Gas.

Compañía adjudicada:

Trayectoria Oil & Gas de Colombia.

5. ÁREA 06-2012 El Cedro, de 34,723.58 hectáreas entre los departamentos de Alta Verapaz y Petén.

Compañías Oferentes:

n Empresa Petrolera del Istmo, S.A.n Greenfields Petroleum Guatemala n Zacapa Energy Ltd.

Compañía adjudicada:

Greenfields Petroleum Guatemala de Estados Unidos con una subsidiaria en Guate-mala.

6. ÁREA 07-2012 Xalbal, de 171,720.26 hectáreas entre los departamentos de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.

Compañía Oferente:

n Zacapa Energy Ltd.

Compañía adjudicada:

Zacapa Energy Ltd., aunque posteriormente cambió de nombre a Loon Petroleo Ltd., subsidiaria de la canadiense Loon Energy Corp., la cual es una amalgama de capitales de Canadá, Polonia y Emiratos Árabes Unidos.

Según datos del MEM, entre 2000 y 2011 se han realizado cinco procesos de adjudicación de ocho áreas petroleras, sumando solamente 13 ofertas de las que cuales se adjudicaron sólo cinco sectores a empresas petroleras. El actual proceso contó con la mayor participación de industrias mineras oferentes de las últimas tres administraciones, asegura el MEM.

¿Quiénes son las empresas ganadoras?

Galax Garden Corporation es una empresa desconocida. Fue inscrita en Pa-namá el 15 de marzo de 2011. Se supone que es una empresa “de papel” pues no cuenta con experiencia petrolera conocida ni se conoce que tenga capital activo, y posiblemente buscará negociar el contrato petrolero con una compa-ñía experta en hidrocarburos.

33

La empresa fue inscrita por los panameños Vernon Emmanuel Salazar Zurita, Lilia Judith Tovar de León, y Delio José de León Mela, quienes actúan como Presidente y Vicepresidentes respectivamente, de esa y muchas em-presas más inscritas por ellos en Panamá. Por ahora, se desconoce cuál fue el respaldo que tuvo la empresa para que se le adjudicara el Área 2-2012.

Ha trascendido que el Representante Legal de Galax Garden en Guatemala es Víctor Aguilar, ex Director de Hi-drocarburos durante el gobierno de Óscar Berger (2004- 2007) y la GANA. Igualmente, se ha mencionado que dos altos funcionarios del MEM serían los principales interesa-

dos detrás de la empresa, infiriéndose que se trata del actual Ministro del MEM, Erick Archila, y del Director de Hidrocarburos, Luis Ayala, por ser las principales autoridades responsables de aprobar la oferta petrolera que realizó Galax Gar-den.

En relación con la empresa Island Oil Exploration Services, S.A., a la que se le adjudicó el Área 4-2012 Laguna Blanca, se le identifica como estadounidense, aunque en Guatemala está inscrita desde hace varios años. Island Oil Explo-ration Services tiene intereses petroleros en Belice, en la plataforma marítima fronteriza con Guatemala y los contratos petroleros de la Compañía Petrolera del Atlántico, operados por US Capital Energy.

El Representante Legal de Island Oil también es Víctor Aguilar, ya mencio-nado dos párrafos atrás. También ha sido Representante de Petro Latina en Guatemala así como de la petrolera canadiense TrueStar Petroleum.

Con relación a su historia, se sabe que en 1998 el Ministerio de Energía, Ciencia, Tecnología y Transporte de Belice firmó un acuerdo con la empresa es-tadounidense AB Energy adjudicándole un área de contrato identificada como Bloque 12, que abarcaba casi todo el Distrito de Toledo, el Distrito South Stann Creek y gran parte de la plataforma marítima, frente a Punta Gorda, con una extensión de 322,250 hectáreas, incluyendo el Parque Nacional Sarstoon Te-mash en la frontera con Guatemala. AB Energy operó con su subsidiaria belice-ña AB Energy Belize Ltd.

En el año 2000, AB Energy tuvo problemas internos y se dividió en dos em-presas: US Capital Energy e Island Oil. La primera quedó en manos de Brian Richter mientras que la segunda fue presidida por Jerry Kaiser e inscrita como subsidiaria de Petdegua que, al igual que Island Oil, estaba inscrita en el Regis-tro Mercantil de Guatemala31.

A principios de 2001, US Capital Energy e Island Oil firmaron un nuevo con-trato con el gobierno beliceño que adjudicó el mismo bloque, dividido en dos bloques denominados Bloque 19 para US Capital Energy -en tierra-, y Bloque 12 para Island Oil -en el mar-. Kaiser declaró en ese momento que la concesión tendría reservas estimadas de entre 553.7 millones y 3 mil 322.2 millones de barriles de crudo. En el año 2003, el Presidente de Island Oil anunció que ha-bía vendido todas sus acciones de la petrolera al estadounidense Steven Reilly, quien en 2008 inscribió de nuevo a la empresa en Guatemala bajo el nombre de Island Oil Exploration Services, S.A.

En 2004, tanto US Capital Energy como Island Oil firmaron los contratos de Participación en la producción, vigentes a la fecha, y como Representante de Island Oil firmó Reilly, quien sigue apareciendo como el Representante de la

31 Petdegua es una empresa registrada en 1996, año en el que surgió la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA). La sede de Petdegua eslamismadeCPA:elEdificioElTriánguloenlazona4,CiudaddeGuatemala,propiedaddelGrupoCampollo.

El área petrolera Laguna Blan-ca resulta estratégica porque se encuentra sobre el mismo yaci-miento petrolero que la petro-lera beliceña Spanish Lookout descubrió en 2005, en la fronte-ra con Guatemala.

34

empresa en Guatemala. Según medios de prensa beliceños, Island Oil continúa apareciendo como subsidiaria de Petdegua en los registros beliceños32.

El área petrolera Laguna Blanca resulta estratégica porque se encuentra sobre el mismo yacimiento petrolero que la petrolera beliceña Spanish Lookout descubrió en 2005, en la fron-tera con Guatemala. (Ver mapas 11 y 12).

Mapa 11

Guatemala y Belice: ubicación del área Laguna Blanca y el yacimiento petrolero de Spanish Lookout

Fuente: http://j3mofat.cafe24.com/mailing/images/LagunaBlanca.pdf

Mapa 12

Guatemala: área petrolera Laguna Blanca, pozos cercanos y su relación con Belice

Fuente: Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Grupo Asesor Petrolero Venezolano. 2006.

32 Solano, Luis y García, Rocío. “De fronteras indelebles y soberanías borrosas: intereses petroleros en el municipio de Livingston, Izabal” Boletín electrónico ENFOQUE No. 24, 22 de octubre de 2012.

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La importancia de Laguna Blanca es que eventualmente, de descubrirse la existencia de petróleo en términos comerciales, puede facilitar la construcción de un oleoducto que conecte el yacimiento petrolero beliceño con los campos petroleros Xan de Perenco, y Ocultún de City Petén, tal como lo muestra el mapa 13.

Mapa 13

Áreas petroleras entre Guatemala y Belice

Nota: La línea celeste traza el actual oleoducto. Las rojas, las posibles conexiones que podrían ocurrir.Fuente: http://j3mofat.cafe24.com/mailing/images/LagunaBlanca.pdf

Otra empresa es Trayectoria Oil & Gas de Colombia, a la que se le adjudicó el Área 5-2012 Cancuén. Esta área se encuentra en Petén en su mayor parte, y un pequeño segmento en el municipio de Livingston, Izabal. Está adyacente al Contrato 7-98 que opera la Compañía Petro-lera del Atlántico (CPA), conjuntamente con la canadiense/colombiana Pacific Rubiales.

La petrolera colombiana tiene contratos de exploración de producción de crudo y gas en Colombia, Brasil y Perú.

El abogado Representante de la petrolera colombiana es el guatemalteco Francisco Javier Novales Schlesinger, del bufete de Abogados y Notarios Novales, dirigido por el reconocido abogado Alfonso Novales Aguirre33.

Otra de las empresas ganadoras fue Greenfields Petroleum Guatemala Ltd., subsidiaria de la estadounidense Greenfields Petroleum Corporation. A esta petrolera se le adjudicó el Área 6-2012, El Cedro, localizado entre los contratos petroleros 1-2005 y 2-2009.

Su experiencia petrolera se encuentra en la República de Azerbaiján, donde desarrolla va-rios campos petroleros. En Guatemala, su Representante es el estadounidense/guatemalteco que se identifica con el nombre de Carlos Coates, quien también es Representante de CaribX Nicaragua Oil & Gas, con sede en Guatemala. Se sabe que CaribX ha buscado adquirir intereses petroleros en Honduras y Nicaragua desde 2010.

33 En ese bufete laboran también las abogadas Lucía y Silvia Gándara Berger, sobrinas del ex presidente de la República, Óscar Berger. Otro abogado del bufete, Cristián Novales Schlesinger, está casado con Lucía Gándara Berger.

36

En abril del presente año, Carlos Coates ganó notoriedad cuando en una actividad de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM, por sus siglas en inglés), de la que forma parte Greenfields Petroleum Guatemala, y en pleno proceso de definición de la adjudicación de áreas petroleras, declaró que…

…observaron un panorama favorable de inversión; sin em-bargo, temen cualquier anomalía por malas referencias de datos en una evaluación del país.

Según la nota de prensa, Coates declaró que…

…Las empresas dicen que la corrupción en este país deses-tima cualquier inversión y hay una descarada solicitud por parte de oficiales del Gobierno para pagos ilegales o partici-pación de ellos en los negocios34.

Finalmente, otra empresa ganadora fue Loon Petroleo Guatemala, subsidia-ria de Loon Energy Corp., a la que se le adjudicó el Área 7-2012. Loon Petroleo Guatemala fue inscrita en Bermuda en enero de 2013 para que se le adjudicara el área licitada. Inicialmente, para poder participar en el proceso la empresa participó con el nombre de Zacapa Energy.

Loon Energy Corp. tiene operaciones en Perú y Colombia. Está inscrita en Canadá y tiene capitales de Polonia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

El Representante Legal es el guatemalteco Jorge Luis Arenales de la Roca, del bufete de abogados Arias & Muñoz, un experto en temas energéticos. Are-nales de la Roca proviene de la familia Arenales Catalán, la que junto a la fami-lia Skinner-Klee fundaron el bufete de abogados que hoy se conoce con el nom-bre de Arenales & Skinner-Klée. Arenales de la Roca es nieto de Jorge Arenales Catalán y sobrino de Antonio Arenales Forno, actual titular de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) en el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP35.

El área otorgada es una extensa región del norte de Quiché y Huehuete-nango fronteriza con México, la cual ha sido ofertada en varias oportunidades desde la década de 1970. En 1976, la empresa Petromaya (Basic Resources y Shennandoah Oil) perforó el pozo San Lucas en las cercanías de la comunidad de Xalbal con resultados infructuosos. Luego, a mediados de la década de 1980 operó en Xalbal la estadounidense Amoco también con resultados negativos. Posteriormente, en la década de 1990 arribaron las estadounidenses Triton Energy y Western Atlas, y perforaron el pozo Piedras Blancas en la comunidad de Nuevo San Lorenzo, Xalbal, con los mismos resultados que las anteriores..

El mapa 14 del MEM identifica las estructuras con posibles yacimientos pe-troleros en el área.

34 Diario Prensa Libre. “Petrolera pide proceso transparente”, 13 de abril de 2013.

35 En 1920, ambas familias fundaron el bufete Arenales & Skinner Klée. El padre de los Arenales Forno era el abogado y diplomático JorgeArenalesCatalán,unafigura ideológicadelmovimientocontrarrevolucionariode1954.FueMinistrodeEconomíaenelgobierno del coronel Carlos Castillo Armas (11954-1957) y junto a su hermano Emilio, fueron baluartes ideológicos que guiaron a nuevos grupos de la oligarquía a insertarse en los negocios mineros y petroleros de la época. Arenales Catalán también fue Ministro deRelacionesExterioresdelgobiernodeJulioCésarMontenegro(1966-1970)ytambiéneneldelsiguientegobiernodelgeneralCarlosManuelAranaOsorio(1970-1974),enelcualtambiénfueMinistrodeGobernación.Juntoasuhermanofueronfundadoresdel partido ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN). La mamá de los Arenales Forno, Dora Forno Siguere, emparentó con los Pivaral, la familia que se ha convertido en uno de los principales soportes económicos del PP, emparentados actualmente con la esposa del actual Presidente de la República.

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Mapa 14

Estructuras identificadas en el municipio de Ixcán, departamento de Quiché, en el Área 7-2012

,

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Grupo Asesor Petrolero Venezolano. 2006.

Las estructuras más importantes y donde se han concentrado los estudios previos se encuentran localizados en las comunidades de Cuarto Pueblo, en la frontera con México; el área de Santa María Tzejá y Xalbal, todas en Ixcán, Qui-ché; y en Barillas, Huehuetenango, en las cercanías de la comunidad de Nueva Generación Maya.

La mayor parte del municipio de Barillas en Huehuetenango está contenida dentro del área petrolera, al igual que una pequeña porción del municipio de San Mateo Ixtatán del mismo departamento. En esa región confluyen varios proyectos hidroeléctricos planificados o en construcción, junto con la carretera de la FTN en construcción, vitales para el proyecto petrolero, tal como puede observarse en el mapa 15

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Mapa 15

Guatemala: área petrolera en el municipio de Barillas y parte del municipio de San Mateo Ixtatán,

departamento de Huehuetenango

Fuente: http://resistenciadlp.webcindario.com/html/huehue.html

En 2010, el MEM sacó a licitación, entre otras áreas, el Área PTN-6-2008, que es la misma que se le adjudicó a Loon Petroleo en julio de 2013, como 7-2012.

A raíz de esa licitación, en abril de 2007 las comunidades de Ixcán reali-zaron una Consulta Comunitaria de Buena Fe en la que la mayoría de partici-pantes votó contra las mega inversiones planteadas a construir en esa región, incluyendo las extracciones petroleras. Por lo tanto, es de esperar una abierta oposición comunitaria a las mismas.

La “Conexión mexicana”

Los planes petroleros contenidos en la Política Energética que hemos anali-zado antes no pueden verse descontextualizados de la reciente Reforma Ener-gética en México propuesta por el gobernante del vecino país, Enrique Peña Nieto. El aumento de la producción de crudo y de los ingresos fiscales por operaciones petroleras, están estrechamente relacionados con los planes mexi-canos de acrecentar las inversiones y la producción en tierra y mar adentro.

Durante el actual gobierno de Otto Pérez Molina y el PP se ha puesto de manifiesto la estrategia de trabajar conjuntamente con México, la explotación de los llamados “yacimientos de petróleo fronterizos”. Compartir las principales cuencas petroleras que atraviesan México, Guatemala y Belice ha propiciado que se estén planificando proyectos conjuntos que pueden resultar la base para incrementar la producción petrolera.

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Durante la XI Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala celebrada a principios de septiembre de 2013, el Ministro del MEM, Erick Archila, declaró que se ha avanzado “considerablemente” en el proyecto de los yacimientos de petróleo fronterizos…

…encaminado en el modelo del acuerdo México-Estados Uni-dos- y ahora trabajamos en la parte legal.

De acuerdo con Archila, se trabaja en un acuerdo bilateral que permita la ex-plotación de esos yacimientos transfronterizos. Dice el funcionario…

…Es un proyecto surgido de la última reunión bilateral entre los presidentes de Guatemala y México; se estimó una ruta similar a la de las autoridades vecinas con Estados Unidos en zonas transfronterizas36.

Ha trascendido que se está recopilando toda la información conjunta de las áreas del norte y sur entre ambas naciones para analizar la posibilidad para los próximos años, de implementar la explotación petrolera. Según ese medio de prensa…

El acuerdo establece que ambos países dispongan de los recur-sos para poder hacer el estudio (…) está en desarrollo el marco jurídico del acuerdo y aunque aún no se tiene una fecha específi-ca, en noviembre podrían tenerse los detalles técnicos.

Según Archila, el acuerdo conjunto de explotación petrolera en ciernes posibi-litaría la obtención de US$ 625 millones anuales a Guatemala.

En mayo último, Pérez Molina, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, firmaron una Declaración Conjunta en la que aprobaron un convenio de coope-ración para la exploración de petróleo. Lo acordado en ese momento tuvo un seguimiento por parte de Pérez Molina cuando visitó México el pasado 17 de julio, para evaluar los avances habidos entre los Ministros de Energía de ambos países.

Según el gobierno de México, existen al menos 10 áreas que se ubican entre el Estado de Yucatán y la Cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén, que abarca el sur de México y el departamento de Petén en Guatemala, donde se estiman millo-narias reservas de crudo según un estudio que realiza World Petroleum Resources Project37.

Esto explica el por qué Guatemala se ha enfocado por décadas en licitar y otorgar áreas petroleras en la frontera con México, desde la FTN hasta Petén, donde se supone se encuentran ricos yacimientos petrolíferos. Según las prime-ras estimaciones, podrían existir reservas no probadas de hasta 1 mil millones de barriles de petróleo en la Cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén.

De acuerdo con un resumen del estudio de World Petroleum Resources Project al que El Observador tuvo acceso38, se indica que…

…usando una metodología de evaluación geológica, el US Geo-logical Survey estimó una medida de 19 mil millones de barri-les de petróleo y 83 billones de metros cúbicos de recursos no descubiertos de gas natural en 10 áreas geológicas de México, Guatemala y Belice.

36 Diario Siglo Veintiuno. “Explotarán conjuntamente”, 3 de septiembre de 2013.

37 http://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/NOTICIA.asp?ID_NOTICIA=273

38 World Petroleum Resources Project. Assessment of Undiscovered, Conventional Oil and Gas Resources of Mexico, Guatemala, and Belize, 2012. Este estudio se está realizando desde 2012 en toda la región, por geólogos estadounidenses para determinar el potencial energético existente.

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En el Mapa 16 pueden observase las 10 estructuras que existen en México y Guatemala así como la Cuenca de la Sierra Madre de Chiapas-Petén que abarca México, Guatemala y Belice. En ella se concentrarían los proyectos petroleros conjuntos.

Mapa 16

México-Guatemala-Belice: cuenca de la Sierra Madre de Chiapas-Petén

Fuente: World Petroleum Resources Project.

Tal como ya se mencionó, el acuerdo conjunto a firmar se fundamenta en el que México firmó con Estados Unidos en 2012, que permite la exploración y explotación conjunta del Golfo de México, según dio a conocer el Vicecanciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso.

Según una entrevista realizada por el diario mexicano El Financiero39, Mo-rales Moscoso aseguró que…

…la propuesta contempla la oportunidad de que empresas de su país exploren nuevas oportunidades de negocio y realicen proyectos de colaboración con la compañía nacional de pe-tróleo de México, PEMEX.

En parte, los proyectos de exploración y explotación de petróleo en Gua-temala, sumado a las áreas adjudicadas en julio, pueden convertirse en pieza clave en ese acuerdo en ciernes, pues se localizan dentro de la Cuenca petro-lera que contiene los yacimientos transfronterizos.

Según El Financiero:

El acuerdo con la Unión Americana facilita la constitución de acuerdos voluntarios (acuerdos de unificación) entre los arrendatarios estadounidenses y PEMEX sobre la explora-ción y explotación conjunta de las reservas transfronterizas.

39 http://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/NOTICIA.asp?ID_NOTICIA=273

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También proporciona los incentivos necesarios para promo-ver la constitución de tales acuerdos si se demuestra que una reserva es transfronteriza y no se ha constituido un acuerdo de unificación.

De esa manera, según Morales Moscoso, se procederá de manera equitativa para proteger los intereses de los dos países (Guatemala-México).

La geografía que compartimos en nuestra frontera es rica en recursos y uno de ellos son los yacimientos transfronterizos. El gobierno de México, específicamente el canciller José An-tonio Meade (México), nos entregó en febrero pasado una copia del proyecto para un acuerdo petrolero, mismo que es-tudiamos con detenimiento y gran interés.

En la nota de El Financiero se destacan declaraciones de la Subsecretaria para América Latina y El Caribe de la Cancillería de México, Vanessa Rubio, en donde confirma que el acuerdo petrolero México-Estados Unidos…

…ha servido de modelo para negociar uno similar con Gua-temala y Belice.

Rubio informó que…

…México tiene yacimientos transfronterizos de petróleo con Guatemala y parece que tenemos uno Guatemala-Belice-México. Entonces, si ya contamos con un convenio para la explotación de los yacimientos transfronterizos entre México y Estados Unidos, éste ha servido de modelo para negociar algo similar con Guatemala y en su momento con Belice; ade-más, por supuesto lo estamos poniendo a la disposición del resto de los países por si lo quisieran utilizar.

Según el medio de prensa mexicano…

El vicecanciller guatemalteco añadió que el acuerdo con su país, tendría el objetivo también de activar zonas de explora-ción y explotación a lo largo de la delimitación dentro de la jurisdicción de ambos países al brindar la certidumbre legal que necesitan las compañías para invertir, lo cual generaría mayores ingresos y beneficios en seguridad energética como resultado del aumento de la producción.

En conclusión, se observa un avanzado estado de la privatización del sec-tor energético, tanto en México como en Guatemala. Las reservas petroleras, se reafirma, están siendo controladas cada vez más por empresas petroleras transnacionales y en donde Estados contribuye facilitando convenios al servicio de los intereses privados a cambio de mínimos ingresos.

Uno de los críticos de la reforma energética mexicana es el dos veces can-didato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, cuando afirma que la mayoría de las reservas probadas del país están en tierra y en aguas costeras poco profundas, lugares en los que no se requieren empresas privadas para extraer el petróleo.

De esta manera, en el caso de México, se abre el sector petrolero propiedad del Estado a contratos con firmas privadas en las que se compartan las ganan-cias estatales. Mientras que en el caso de Guatemala, sólo queda en el papel lo que dice la Constitución de la República con relación a que el Estado es el dueño de los recursos existentes en el subsuelo.

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Un repaso a los principales proyectos mineros en Guatemala:

política gubernamental y conflictividad social

Por Francisca Gómez Grijalva

Psicóloga y Magister en Educación por la Universidad Rafael Landívar (URL). Está finalizando el Doctorado en Análisis Sociopolí-tico de la Sociedad Contemporánea, Universidad de Granada, España. Es actualmente co-lumnista del diario Prensa Libre.

La cementera desde un principio vino a afectar nuestras vi-das, poco a poco se reduce el caudal de los ríos, de los pozos, de los nacimientos por la gran cantidad de agua que utiliza en la planta San Gabriel. Nosotras ya no tenemos suficiente agua para preparar los alimentos, lavar la ropa...

Testimonio de lideresa de las 12 comunidades maya-kaqchikel, San Juan Sacatepéquez.

Introducción

El ensayo a continuación repasa, actualiza y analiza la situación de los principales proyectos de exploración y explotación minera vigentes hasta el momento, aprobados por los gobiernos guatemaltecos que se han sucedido desde la primera década del presente siglo, incluyendo las licencias mineras im-pulsadas por el actual gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP).

Como sabemos, las actividades extractivas constituyen uno de los ejes bá-sicos en que hoy se sustenta el modelo de acumulación capitalista en boga en Guatemala, lo que explica su multiplicación y cómo los gobiernos se han venido convirtiendo no sólo en los principales promotores de las inversiones mineras –una de las actividades extractivas-, sino también en operadores políticos de los grupos de capital nacional y transnacional cuyas inversiones se depositan en este sector.

Sin embargo, los proyectos mineros en Guatemala, al igual que otras me-gainversiones que tienen lugar en territorios indígenas, son los principales cau-santes de la creciente conflictividad social que se observa, debido a la oposición de las comunidades que no sólo rechazan estos proyectos por sus impactos, sino porque son impuestos sobre sus derechos ancestrales sobre la tierra y el territorio.

Desde esa perspectiva, se hace necesario analizar la estructura de poder y los actores que articulan, tanto a nivel de la institucionalidad del Estado como

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desde grupos de presión, los intereses de los inversionis-tas nacionales y extranjeros, así como las dinámicas que se han entretejido y reconfigurado en el contexto actual de acumulación capitalista. También es necesario visibili-zar los daños ambientales irreversibles que han causado las industrias extractivas y darle seguimiento a las con-secuencias psicosociales, la violencia contra la integridad física y emocional de las mujeres, las niñas, los niños, los hombres, las ancianas y los ancianos que están causando los proyectos de extracción minera.

Uno de los argumentos más socializados por las em-presas, los gobiernos y los medios de comunicación masi-va, es que las industrias extractivas –sean de minería me-tálica, petróleo, gas, agua- benefician a las comunidades y al país en su conjunto, ya que generan oportunidades de empleo e ingresos, así como por su contribución a la reducción de la pobreza. Bajo estos supuestos se afirma que las transnacionales mineras, petroleras e hidroeléctri-

cas explotan las riquezas naturales no renovables porque están interesadas en generar el bienestar y el desarrollo. Son “filantrópicas”.

Nada más alejado de la realidad. Como expondremos en el presente traba-jo, las industrias extractivas en alianza con los gobiernos en el poder, lejos de hacer realidad su discurso están provocando serios problemas ecológicos, so-ciales, económicos e impulsando la remilitarización de la sociedad guatemal-teca, y están criminalizando las luchas y resistencias sociales. Por eso es que a partir de ahí valoramos y visibilizamos en este ensayo, las acciones políticas de resistencia y exigencia que han emprendido las comunidades indígenas y los Pueblos porque sean canceladas las licencias de exploración y explotación minera y que sean respetados sus derechos colectivos.

Podemos confirmar que los gobernantes que se han sucedido en el poder del Estado guatemalteco, incluyendo al actual, han incumplido sus promesas en las campañas electorales; en especial porque enarbolaron un discurso a favor de los derechos de los Pueblos Maya, Garífuna, Xinka y de las mayorías empobrecidas, y durante sus administraciones las decisiones políticas adop-tadas han sido contrarias al respeto de los derechos humanos de los Pueblos excluidos históricamente así como de las comunidades históricamente explo-tadas y despojadas de sus tierras y territorios.

En los 20 meses que han transcurrido de la administración de Otto Pérez Molina y el PP, la política pública ha dado continuidad a las disposiciones le-gales y económicas de apoyo a las inversiones transnacionales de exploración y explotación de las riquezas naturales iniciadas desde el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), al igual que lo hi-cieron los sucesivos gobiernos de Alfonso Portillo (2000-2004) y el Frente Re-publicano Guatemalteco (FRG); de Óscar Berger )222004-2008) y la entonces Gran Alianza Nacional (GANA); y el de Álvaro Colom (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Es innegable que los actuales esfuerzos de Pérez Molina y su gobierno se han enfocado en avalar legal, institucional y militarmente los megaproyectos de inversión capitalista transnacional que violan los derechos humanos, te-rritoriales y ecológicos de los Pueblos, a la vez que utiliza la institucionalidad estatal para reprimir a las comunidades en función esos intereses.

Más grave aún. El apoyo de los gobiernos para la instalación de empresas mineras contra la voluntad de los habitantes de las tierras donde se ubican, n sólo va contra el discurso del imperio de la ley que dicen defender, sino

Uno de los argumentos más so-cializados por las empresas, los gobiernos y los medios de co-municación masiva, es que las industrias extractivas –sean de minería metálica, petróleo, gas, agua- benefician a las comuni-dades y al país en su conjunto, ya que generan oportunidades de empleo e ingresos, así como por su contribución a la reduc-ción de la pobreza.

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contra preceptos e instrumentos fundamentales como la Constitución Política de la República, el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-bajo (OIT); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW), y la Convención Internacional sobre todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), los cuales han sido ratifica-dos por el Estado guatemalteco.

Para lograr una panorámica más abarcativa y una ma-yor compresión de los impactos sociales, económicos, po-líticos y ambientas de los proyectos mineros metálicos a cielo abierto que funcionan actualmente en Guatemala, se documentó ilegalidades, violaciones a los derechos huma-nos y ambientales que las empresas extractivas mineras

han cometido y cometen contra las comunidades que se oponen a sus opera-ciones.

Entrevistamos a lideresas, líderes, científicos sociales. También contamos con la valiosa colaboración de organizaciones que acompañan a los Pueblos que luchan contra la minería a cielo abierto, tal es el caso de Centro de Ac-ción Legal Ambiental y Social (CALAS), el Colectivo Madre Selva, el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Wa-qib´ Kej, y la Asociación Uk´u´x B´e. Les agradecemos profundamente por el tiempo que nos brindaron para responder a las preguntas y a las inquietudes que queríamos plasmar. Asimismo, consultamos investigaciones, comunicados e información en los medios de comunicación alternativos y masivos que abor-dan desde distintos enfoques lo relativo a la minería a cielo abierto, y hacemos un repaso de la conflictividad social que están provocando en los Pueblos que co-existen en el territorio guatemalteco.

Alianzas e intereses entre la cúpula militar, grupos económicos oligárquicos y el capital transnacional

Adentrarse en la comprensión de los intereses que la cúpula militar, los grupos oligárquicos y los grandes capitales extranjeros tienen en el tema mi-nero, nos permite visualizar cómo se han entretejido las alianzas entre estos sectores de poder en el transcurso de la historia guatemalteca. Por tal razón, revisar los datos históricos que revelan la conjunción de estos poderes fácti-cos en la administración del Estado, es fundamental.

En especial, porque al analizar la historia de las petroleras, las hidroeléc-tricas y las mineras en Guatemala, se puede verificar que sus fundadores, gerentes, asesores, etc., provienen de grupos oligárquicos históricos fuerte-mente vinculados a militares que desde la contrarrevolución, establecieron sus alianzas económicas y políticas con el gobierno de Estados Unidos y las empre-sas transnacionales; primero, con las estadounidenses y canadienses, y con el paso del tiempo, con capital ruso, colombiano, español, francés, israelí, etc.

Además de las alianzas con la cúpula militar, la oligarquía se ha creado las condiciones políticas para que sus integrantes ocupen puestos estratégicos en las instituciones del Estado, especialmente en los Ministerios de Energía y Minas (MEM), Finanzas Públicas (MINFIN), Economía (MIECO), y reciente-mente en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como diputaciones que concentran espacios claves de decisión en el Congreso

Adentrarse en la comprensión de los intereses que la cúpula militar, los grupos oligárquicos y los grandes capitales extran-jeros tienen en el tema minero, nos permite visualizar cómo se han entretejido las alianzas en-tre estos sectores de poder en el transcurso de la historia guate-malteca.

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de la República, tal es el caso de la Comisión de Energía y Minas1.

Hay muchos ejemplos que se pueden citar aquí. El caso del abogado y banquero Gabriel Biguría Sinibal-di, que en la década de 1960 fue uno de los directores de la desaparecida Empresa Extractiva de Minerales en Izabal (EXMIBAL)2; el de Óscar Arturo Letona Ramírez, quien fue Viceministro de Energía y Minas (MEM) entre 2004/2006 durante el gobierno de Oscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), y es uno de los fundadores de la empresa petrolera Oil & Gas. Tam-bién está el caso del actual Ministro del MEM, quien es el empresario comercial y de medios de comunicación, Erick Estuardo Archila Dehesa, hijo del mayor retirado Francis-co Rolando Archila Marroquín. También, el de Claudia del Águila, actual Viceministra de Inversión y Competencia y

anteriormente Gerente de Exportación de Servicios en la Asociación Guatemal-teca de Exportadores (AGEXPORT); así como el de Sigfrido Lee, actual Vicemi-nistro de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que fue integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y también ex Director del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el gobierno de Berger3.

En la actual administración gubernamental del PP presidida por el general retirado Otto Pérez Molina, esta alianza entre los militares, los grupos oli-gárquicos y los capitales transnacionales se ha visto notablemente fortalecida, especialmente cuando su gobierno articula los intereses del grupo de oficiales de inteligencia denominado “Los Titos”, muy cercanos al mandatario, así como por sus vinculaciones políticas –accidentadas– con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), la Asociación FAMILIAS, y la Fundación contra el Terrorismo (FCT). Situación que innegablemente está creando con-diciones políticas y económicas para que estos actores avancen en la institu-cionalización de un discurso y estrategia política que recuerda la implementada durante la época de la guerra interna.

La institucionalización de la alianza entre los principales actores de la indus-tria extractiva, en este caso la minería, empieza a perfilarse como parte de la estrategia de desarrollo implementada desde la contrarrevolución diseñada por Estados Unidos, a conveniencia de los intereses comerciales de sus empresas expansivas4.

A lo largo del siglo XX, los gobiernos que se han sucedido en el poder han promovido reformas a la normativa jurídica en materia minera, que privilegian los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras en detrimento de los intereses del Estado y de la ciudadanía guatemalteca, tal como se obser-va en la tabla a continuación.

1 Aquí hay que señalar, por ejemplo, que antes de ser el Ministro de Comunicaciones en el actual gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, Alejandro Sinibaldi fue diputado al Congreso de la República en dos períodos legislativos, siendo Presidente de la Comisión de Energía y Minas en ese Poder del Estado. También está el caso de Rosa María de Frade, ex diputada en el período 2008-2012 por la Bancada Guatemala, que se formó como un desprendimiento del partido GANA, y que también dirigió la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República y fue una de las ponentes principales de reformas a la actual Ley de Minería. Como se recordará, De Frade fue la titular de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República en el gobierno de Óscar Berger y la GANA, cuando era todavía una coalición. Hoy, De Frade es Directora de Operaciones Internacionales de CABCORP.

2 Biguria también ha sido Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

3 Para profundizar en la comprensión de este entramado de alianzas y reacomodos del poder militar y oligárquico en Guatemala, véase: Solano, Luis. “Gobierno del PP: Élites militares y económicas se reparten el control del Estado”. El Observador. Análisis alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35. Enero-junio de 2012., páginas 5-54.

4 Solano, Luís. “Guatemala petróleo y minería en las entrañas del poder. Guatemala: Inforpress Centroamericana”, 2005, página 33.

La institucionalización de la alianza entre los principales ac-tores de la industria extractiva, en este caso la minería, empie-za a perfilarse como parte de la estrategia de desarrollo im-plementada desde la contrarre-volución diseñada por Estados Unidos, a conveniencia de los intereses comerciales de sus em-presas expansivas.

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Tabla 1

Guatemala: comparación de la legislación en materia de minería en diversos períodos del siglo XX

Año Decreto No. / Nombre o descripción de la Ley

Porcentaje de regalías para el Estado

1934 2000-34, derogado Código de Minería Se establece el 9%

19351701-35, derogado Reformas al

Decreto 2000-34 Se modifica por el 10%

1965342-65, derogado Código de Minería Se regula el 7%

19930041-93, derogada Ley de Minería Se fija el 6%

1997 0048-97, vigente Ley de MineríaSe modifica la ley anterior y se fija el 1% de las regalías para el

EstadoFuente: Procuraduría de los Derechos Humanos. “La minería y los derechos humanos en Guatemala. Anexo”, páginas 60-64. Guatemala, 2005.

A partir de las reformas realizadas al Código Minero en 1965, empieza a operar la primera compañía canadiense en Guatemala: Hanna Minning, de extracción minera, la que en alianza con la transnacional International Nickel (INCO) fundan la empresa Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), iniciando la exploración de níquel en ese departamento5.

Cabe resaltar que el interés de las empresas extractivas transnacionales por trasladar sus proyectos a los países del [Ab´ya Yala]6 –principalmente des-de México hasta Argentina y El Caribe–, responden principalmente al hecho que Europa, desde finales del siglo XX, priorizó importar minerales en vez de producirlos por el elevado costo de la fuerza de trabajo, de la tierra y el agua; pero, sobre todo, por las reformas en las normativas ambientales europeas7 que frenaron sus operaciones extractivistas.

Al analizar los cambios en las normativas ambientales europeas se observa que la tendencia se enfoca en el respeto a los derechos a la salud humana así como a evitar daños ecológicos irreversibles. De ahí que priorizan frenar los nefastos accidentes relacionados al vertido de cianuro en los mantos acuíferos de la Europa Central. Por tal razón, en el año 2010 el Parlamento Europeo pro-hibió la minería a cielo abierto con cianuro en todos los países que integran la Comunidad Económica Europea (UE)8.

Al igual que en Europa, en Canadá se ha prohibido la minería a cielo abier-to pero grandes corporaciones mineras canadienses se dedican a la industria extractiva desde México hasta Argentina. Este es un claro ejemplo de cómo el sistema-mundo capitalista mantiene vigentes sus políticas coloniales basadas en la perversa jerarquización racial y de género de sus sistemas de producción, así como la jerarquización racial de los territorios a nivel mundial.

5 Íbidem, página 34.6 Se acuña el concepto político de Ab´ya Yala en vez de América.7 Janssens,Dan,yAndino,Walter.“MineríayGlobalización:Unretoparaunanuevaeconomíaecológica”.ElObservador.Análisis

alternativo sobre Política y Economía, Año 4, Nos. 20-21, página 4. Guatemala, 2009.8 [En línea] Disponible en: http://www.losandes.com.ar/notas/2010/5/17/un-490394.asp

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Con lo anterior se puede observar cómo al mismo tiempo que en Europa se prohíbe la minería a cielo abierto por los graves daños ecológicos y humanos, en Guatemala los gobiernos de turno aceleran y privilegian las concesiones de licencias de extracción minera en comunidades mayas, xinkas, y ladino/mesti-zas, obviando la voz de los Pueblos afectados y los instrumentos internacionales que el Estado guatemalteco ha firmado, y que enfatizan en el reconocimiento de la consulta previa e informada a las comunidades y los Pueblos. Se privile-gian los intereses de los capitales nacionales e internacionales contra la vida, la salud de cientos de comunidades y la sostenibilidad de las riquezas naturales. La pobreza aumenta.

Mega minería o minería a gran escala

Para la científica social Lucrecia Soledad Wagner, la mega minería se carac-teriza por sus proyectos a gran escala que contaminan, alteran el paisaje, el curso de los vientos, afectan la salud de las personas y del ambiente. Por otro lado, requieren de grandes cantidades de electricidad y de agua. En el caso del agua, al ser vital para la vida en general, no sólo se agota sino también es una de las principales fuentes de contaminación cuando se producen filtraciones de los diques, pues de esa forma los químicos utilizados llegan a los ríos cercanos y mantos acuíferos9.

I. Extractivismo continentalPor Pedro Nicolás Luna10

En el capitalismo hay dos formas centrales de acumulación: por un lado, la explotación de la fuerza del trabajo humano y, por otro lado, la explotación de los llamados recursos naturales. El modelo de extracción de los recursos naturales en Latinoamérica se da en el marco global de una reconfiguración de la división internacional del trabajo, que ahora además sitúa en las periferias del sistema mundo capitalista, las actividades extractivas con mayores riesgos ambientales. Básicamente, el extractivismo tiene por objeto la generación y apropiación de renta de los recursos naturales con el menor costo posible.

El actual modelo extractivista posee todos los atributos del modelo colonial, ya que despoja el patrimonio natural de los territorios afectados sin compensa-ción ni restauración, corroe los sistemas sociales soberanos haciéndolos depen-dientes, a la vez que refuerza los pilares surgidos de la acumulación originaria del capital. En todos los países de la región donde las actividades como la nueva minería, los hidrocarburos y los agronegocios se están imponiendo como el sentido único y natural del desarrollo, se han generado flujos poco conexos de resistencia y oposición.

9 CitadaporAlularraldeJosefina,IñigoAyelén,Díaz,MiguelyVolpeMaría.ElproblemadelaMegamineríaenArgentina.Facul-tad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad de la Plata. [En línea] Disponible en: http://megamineria2011.wordpress.com/2011/06/01/el-problema-de-la-megamineria-en-argentina-2/

10 Luna es Politólogo por la Universidad de Granada, y doctorando en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. Ex Director ProvincialenDireccióndeConservaciónyÁreasProtegidas.ResponsabledelSitioRamsarLagunasdeGuanacache.SecretaríadeAmbiente.GobiernodeSanJuan.

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El arraigado pensamiento positivista y desarrollista de la cultura po-lítica latinoamericana, sean estas progresistas o de derecha, han servido como ideología de encaje para la instalación de los procesos económicos del nuevo ciclo de explotación de los recursos naturales. Para pensar la dimensión continental del saqueo del patrimonio mineral, cabe señalar algunos ejemplos.

Argentina y Chile firmaron un acuerdo en 1996 para la promoción de la actividad minera en la alta cordillera de Los Andes. Este acuerdo sede soberanía territorial de ambos países en beneficio de las grandes corpo-raciones mineras. En esta zona se emplazó Pascua Lama, primer proyecto de explotación a cielo abierto binacional del mundo. Este proyecto se sitúa en alta montaña a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar, en la zona de frontera, en la provincia de San Juan, Estado minero por excelencia en Argentina, y en el Valle de Pasco región vitivinícola y agrícola, en Chile. A principio de 2013, la Justicia de Copiapó, en Chile, hizo lugar a las de-nuncias de las comunidades del Pueblo Diaguita sobre contaminación del agua y violación de la integridad de glaciares. Actualmente Pascua Lama se encuentra paralizada.

A los largo de 2012, en el departamento peruano de Cajamarca, el proyecto Conga de la minera Yanacocha, pretendía desecar tres grandes lagunas de montaña, consideras sagradas por los Quechuas y de gran valor productivo para la agricultura tradicional andina. La resistencia orga-nizada entre las comunidades indígenas y los pequeños productores costo varias vidas y precipitó el descredito del gobierno nacionalista de Ollanta Humala. Actualmente el proyecto está suspendido.

También la minería ha provocado la ruptura de la alianza entre las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y el gobierno progresista de Rafael Correa. Distintas federaciones indígenas se oponen a siete grandes proyectos mineros de multinacionales respaldadas por el gobierno. Denuncian el vaciamiento de sentido del mandato consti-tucional que recoge los derechos de la Pachamama.

Estos ejemplos dan cuenta del descredito del discurso de las multina-cionales y de los gobiernos latinoamericanos que las justifican, de que la actividad minera es sinónimo de prosperidad y desarrollo para todos. Se-gún el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), la poca credibilidad de las empresas extractivistas ha generado un escenario de conflictividad que recorre todo el continente, donde Perú, Chile y Ar-gentina, son los países con más de 30 conflictos antimineros, seguidos por México, Brasil y Colombia, que rondan la veintena de focos de resistencia. A lo que hay que sumar además, 46 conflictos mineros de importancia repartidos entre Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guate-mala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Trinidad & Tobago, y República Dominicana.

El ciclo extractivista de la minería en Latinoamérica deja un saldo de 175 proyectos objetados, con algo más de 270 comunidades locales afectadas y más de 200 organizaciones involucradas en la resistencia. La lucha continental contra el saqueo de los recursos minerales permite pensar también la importante interacción entre la defensa de los bienes naturales comunes y los valores políticos, sociales y culturales vigentes en nuestros pueblos.

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Repaso a las licencias de explotación y exploración minera vigentes

En este momento vemos dos pensamientos en con-tradicción: el que respeta y valora a la tierra como nuestra madre, y el que ve a la tierra como mercan-cía.Domingo Hernández Ixcoy. Dirigente histórico maya k´iche´ de la lucha indígena y campesina. Integrante de la Asociación Uk´u´x B´e, y de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej.

En este apartado presentamos el contexto en que se desarrolla cada una de las licencias de explotación y exploración vigentes en Guatemala, centrándonos en los principales proyectos mineros bajo el criterio que son los que han gene-rado y agudizado la conflictividad.

A pesar que en Guatemala hay un rechazo generalizado de los Pueblos Maya, Xinka y comunidades ladino/mestizas a la industria extractiva, se cons-tata que de los proyectos mineros que cuentan con licencias de explotación, seis corresponden a la minería metalífera y uno corresponde a la minería de cemento.

Estos proyectos se ubican en los territorios Q´eqchi´, Mam, Sipakapense, Kaqchikel, Xinka, Uspanteko, Achi´ y Ladino. En la siguiente tabla se describe cada una de las licencias de explotación minera que han sido autorizadas desde el gobierno de Alfonso Portillo hasta la administración de Otto Pérez Molina.

Tabla 2

Guatemala: Proyectos de explotación minera autorizados entre 2003-2013

TitularNombre del

derecho minero

Fecha de concesión

No., de registro Minerales

a explotarTerritorios y Pueblos

Municipios y departamento

Gobierno de turno

Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

Mina Marlin 92/11/2003 LEXT-541

Oro, plata, zinc, hierro, plomo, cobre y mercurio.

Sipakapa y Mam

San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos

Alfonso Portillo Cabrera.

Entre Mares de Guatemala, S.A. Cerro Blanco 22/9/2007 LEXT-

031-05 Oro y plata. Ladino Asunción Mita, Jutiapa.

Oscar Berger Perdomo

Compañía Guatemalteca de Níquel S.A., (CGN)

Extracción Minera Fénix

18/4/2006 LEXT-049-05

Níquel, cromo, cobalto, magnesio y hierro

Q´eqchi´

Cahabón, Senahú y Panzós, departamento de Alta Verapaz. El Estor, Izabal.

Oscar Berger Perdomo

Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA)

El Tambor, Progreso Derivada VII

23/11/2011 LEXR-788 Oro y plata. Kaqchikel y

Ladino

San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, Guatemala.

Álvaro Colom Caballeros

50

Minerales Industriales de Centroamérica, S.A.

San José Mincesa

LEXT-08-06

Calizas y otros minerales para la producción de cemento.

KaqchikelSan Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Álvaro Colom Caballeros.

Entre Mares, S.A. Escobal 3/4/2013 LEXT-

015-11

Oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras.

Ladino y Xinka.

San Rafael Las Flores, Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa y Casillas, departamento de Santa. San Carlos Alzatate y Mataquescuintla, departamento de Jalapa.

Otto Pérez Molina.

Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. (CGN)

Niquegua Montufar II 3/4/2013 SEXT-

019-11

Níquel, cobalto, magnesio, hierro y cromo.

Maya Q´eqchi´

Municipio Los Amates, Izabal.

Otto Pérez Molina.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Registros de derechos mineros del MEM.11

Como se puede observar en la tabla anterior, de los 7 proyectos de explotación minera vi-gentes, uno fue autorizado durante el gobierno de Alfonso Portillo; dos en la administración de Óscar Berger; dos durante el gobierno de Álvaro Colom; y dos fueron autorizados recientemen-te por el gobierno de Otto Pérez Molina. Lo que queda claro es que ésta administración está haciendo hasta lo imposible para aprobar más licencias de explotación, así tenga que recurrir a la represión e incurrir en ilegalidades, tal como ha venido sucediendo.

En lo que respecta a licencias de exploración minera, la administración de Pérez Molina, entre mayo y octubre de 2012, a través del MEM, autorizó 8 licencias de exploración de metales preciosos en los departamentos de Alta Verapaz, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Baja Verapaz y Santa Rosa12. En la siguiente tabla se puede observar, con mayor detalle la información acerca de las licencias de exploración adjudicadas.

Tabla 3

Guatemala: proyectos de exploración minera autorizados en el año de 2012

Titular Nombre

del derecho minero

Fecha de concesión

No., de registro

Metal precioso a explorar

Territorios y Pueblos

Municipios y departamento

Profundidad del subsuelo

otorgada

Entre Mares, S.A.

Los Chocoyos 9/5/2012 LEXR-

025-06

Oro, plata, cobre, níquel, plomo, zinc, cromo, antimonio y tierras raras.

Sipakapa San Marcos 500 metros lineales

Entre Mares, S.A.

Asunción9/5/2012 SEXR-

047-07

Oro, plata, níquel, cobalto, cromo, plomo, cobre, zinc, antimonio y tierras raras.

Municipio Asunción Mita, Jutiapa.

10 kilómetros

María Isabel Farner de Obrist Cerro

Tzumuy 12/5/2012 LEXR-026-06

Cobre, calcopirita y pirita Q´eqchi´ Alta Verapaz 500 metros

lineales

11 Ministerio de Energía y Minas (MEM). Derechos mineros otorgados por departamento. [En línea] Disponible en: http://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-mineria-e-hidrocarburos-2/direccion-general-de-mineria/catastro-minero/

12 Álvarez,Lorena.“MEMautorizamáslicenciasaGoldcorp”.DiarioElPeriódicoedicióndigitaldel21deseptiembrede2012.

TitularNombre del

derecho minero

Fecha de concesión

No., de registro Minerales

a explotarTerritorios y Pueblos

Municipios y departamento

Gobierno de turno

51

Frederick Ernest Bird

El Cangrejo de Oro 10/5/2012 LEXR-

028-06

Oro, plata, zinc, hierro, platino, cobre, cadmio, plomo.

Ladino

San Agustín Acasaguastlán y Usumatlán. Departamento de El ProgresoZacapa

50 kilómetros lineales

Minera San Rafael, S.A. Juan Bosco 12/5/2012 LEXR-

089-08

Oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras

Xinka, Ladino

Mataquescuintla, Jalapa.Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

100 metros lineales

Mayaniquel, S.A. Serchol III 19/5/2012 LEXR-004-09

Níquel, cobalto, platino, cadmio, cromo, oro, plata, cobre, zinc, molibdeno, plomo, magnesio y minerales del grupo platino

Q´eqchi´ Senahú,Alta Verapaz

150 metros lineales

Moisés Caal Caal Sebax 22/5/2012 LEXR-052-08

Oro, plata, cobre, plomo y zinc Q´eqchi´

Senahú y Panzos, depto. Alta Verapaz

10 kilómetros

Nichromet Guatemala, S.A. Chimiagua 4/10/2012 LEXR-

069-08

Níquel, cobalto, oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno, cadmio, minerales del grupo platino y tierras raras

Uspanteko, Achi

Uspantan, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz

Fuente. Elaboración propia con datos de CALAS y Registros de derechos mineros del MEM.

Titular Nombre

del derecho minero

Fecha de concesión

No., de registro

Metal precioso a explorar

Territorios y Pueblos

Municipios y departamento

Profundidad del subsuelo

otorgada

En respuesta a estas nuevas licencias, el 18 de agosto de 2012, el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS) interpuso una acción de inconsti-tucionalidad contra el Director General del MEM, Luis Ayala, por la violación al principio de legalidad en materia administrativa, Artículo 154; al de potestad legislativa, Artículo 157; al de dominio público del agua, Artículo 127; y al de la prevalencia del derecho de las comunidades para el aprovechamiento de las aguas, lagos y ríos, Artículo 128.

Como veremos más adelante en detalle, de esas acciones de inconstitu-cionalidad CALAS logró que en julio pasado, la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil ordenó la suspensión del proyecto minero “El Escobal”.

Por otra parte, el MEM suspendió la licencia minera del proyecto minero “El Sastre”.

Mina MarlinLa mina Marlín, también conocida como Proyecto Marlin I, se encuentra

entre los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del departamento de San Marcos. Es operada por Montana Exploradora S.A., subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. Más del 80% de la mina se encuentra en el territorio de San Miguel Ixtahuacán y menos del 20% en el territorio de Sipakapa13. En términos demográficos afecta directamente a 18 comunidades de los pueblos Maya-Mam y Maya-Sipakapense, y en términos ecológicos afecta a los ríos Tzalá

13 Sánchez Monge, Geiselle Vanessa. “Estudio sobre las dimensiones económicas de la actividad minera en Guatemala. El caso de la mina Marlín, en San Marcos”. Guatemala: IPNUSAC, 2012. Pág. 27.

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y Quivichil, los cuales forman parte de la cuenca del río Cuilco que recorre los municipios de San Gaspar Ixil, Colo-tenango, Ixtahuacán y Cuilco del departamento de Huehue-tenango. El río Cuilco continúa su recorrido hacia pueblos fronterizos de México, por lo que los efectos de su conta-minación, pueden verse a nivel nacional y transnacional14.

Es actualmente el proyecto minero más grande en Gua-temala. Fue autorizado por el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el 29 de noviembre de 2003, y a pesar que en sus operacio-nes extrae oro, plata, zinc, plomo, hierro, cobre y mercurio,

autorizadas por el MEM, a la fecha solo declara la producción de oro y plata para derivar las regalías e impuestos15.

Las actividades de explotación de este proyecto se iniciaron en mayo de 2004. En ese entonces, el gobierno de Berger Perdomo y la empresa Montana Exploradora S.A., argumentaron que la minería era una oportunidad que Gua-temala debía aprovechar para avanzar en el desarrollo, a la vez que garantiza-ría el bienestar de las comunidades ubicadas en el área de la actividad minera. La fase de producción de esta mina inicio a finales de 2005.

Desde entonces, las comunidades han denunciado que no se han medido los impactos ambientales de este proyecto de explotación minera a cielo abierto y los efectos de la utilización del cianuro como principal fuente de contamina-ción de los mantos acuíferos16. Asimismo, han manifestado que el gobierno no consultó a las comunidades mam y sipakapense que viven cerca de la zona donde realiza sus operaciones la mina. Consecuentemente se ha violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales17.

De esa cuenta y amparadas en la Constitución Política de la República así como en el Convenio 169, las comunidades organizaron y realizaron la Con-sulta Comunitaria de Buena Fe el 18 de junio de 2005, en la que el 98% de la población expresó su rechazo a la minería. Sin embargo, los resultados de dicha consulta fueron ignorados y rechazados por el gobierno y por Montana Exploradora, así como invalidados por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 8 de mayo de 200718.

En el año de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Montana Exploradora, S.A., violaron los derechos hu-manos de las 18 comunidades Mam y Sipakapense. Otros informes que regis-tran las violaciones cometidas por Montana Exploradora dan cuenta que no se informó a las comunidades sobre el inicio de las operaciones, menos sobre los

14 COPAE, citado por Sánchez Monge, Geiselle Vanessa. “Estudio sobre las dimensiones económicas de la actividad minera en Gua-temala. El caso de la mina Marlín, en San Marcos”. Guatemala: IPNUSAC, 2012. Págs. 51 y 52.

15 Vicent Castagnino. “Minería de metales y derechos humanos en Guatemala. La mina Marlin en San Marcos”. Brigadas de Paz Internacionales. Pág. 7 y 34. Guatemala, 2006.

16 La Comisión Pastoral y Ecología de la Diócesis de San Marcos (COPAE) ha realizado varios estudios sobre la calidad del agua en los lugares cercanos a la mina Marlin. Así ha denunciado la presencia de altos niveles de metales contaminantes en las aguas de los ríos Tzalá y Quichivil. Véase Luz Polanco, Mara. “La minería en Guatemala (El caso de Gold Corp: de la mina Marlin al Escobal”. Guatemala: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIIES), Universidad de San Carlos, 2012. Págs. 16-19.

17 Procuraduría de los Derechos Humanos.” La minería y los derechos humanos en Guatemala”. Anexo” Página 13. Guatemala, 2005.18 Corte de Constitucionalidad. Inconstitucionalidad General Total. Expediente 1179-2005. Con fecha 8 de mayo de 2007, la CC

declaró la inconstitucionalidad del artículo 27 del Reglamento de la Consulta Comunitaria de Buena Fe, contenido en el acta cero nueve – dos mil cinco (09-2005), del 28 de febrero de 2005, autorizada por el Concejo Municipal de Sipacapa, departamento de San Marcos.

Foto: internet.Instalaciones de la Mina Marlin

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riesgos ecológicos y sociales para sus vidas. De esta forma, el Estado de Gua-temala ha violado los Artículos 64, 66, 67 y 97 de la Constitución Política.

Por tal razón, desde el 20 de mayo de 2010 la CIDH emitió medidas cau-telares a favor de las 18 comunidades y dictó la suspensión inmediata de las operaciones del proyecto. No obstante, las medidas cautelares fueron incum-plidas por el gobierno de Colom y también por el actual de Pérez Molina y el PP. En respuesta a este desacato del gobierno y de Montana Exploradora, S.A. para cumplir con las medidas cautelares, las 18 comunidades han desarrollado diversas acciones para exigir el cumplimiento de las mismas. Estos esfuerzos se desarrollan desde un enfoque jurídico con el acompañamiento de la Asociación Pluricultural Jurídica de Guatemala (PLURIJUR).

Además, investigaciones que se han realizado por parte del Instituto Pro-blemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), así como por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos, señalan que siendo el proyecto Marlin el más grande en Guatemala, no aporta de manera significativa a la economía local y mucho menos a la eco-nomía nacional. Enfatizan que los daños ecológicos son irreversibles pues dan cuenta que las operaciones de esta mina contaminan el agua, el aire, deterioran la capacidad productiva de la tierra, causan serios problemas a la salud de las personas19, y han alterado radicalmente el paisaje en estos territorios.

II. La mina Marlin reporta jugosas gananciasUn informe presentado en Canadá por la transnacional Goldcorp Inc. a sus

accionistas, indicó que durante el primer semestre del presente año, la extrac-ción de oro en la mina Marlin en San Marcos reportó ingresos por US$ 229 mi-llones —unos Q. 1,813.5 millones—.

De esos ingresos, Montana Exploradora, la subsidiaria de Golcorp Inc. que maneja la mina Marlin, entregó hasta el mes de junio en concepto de regalías al Estado según el informe, el 1% de acuerdo con la ley –unos Q. 18.13 millones. Además, según Goldcorp Inc., en concepto de regalías voluntarias trasladó al Estado un 3.5% de ese total –unos Q. 59 millones-.

En total fueron en el primer semestre del presente año, según el informe en mención, Q. 77.3 millones.

No obstante, Montana dice que el monto que aporta al Estado es mayor –alrededor de Q. 195 millones- porque hay que sumarle impuestos de carácter general y algunos específicos tales como el de la Renta (ISR); el de combusti-bles; y el Único sobre Inmuebles (IUSI); así como al cianuro y el de timbres.

Las regalías, según información del MEM, se distribuyeron en su mayoría entre el Gobierno Central y la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, respecti-vamente Q. 36.3 millones y Q. 35.7 millones. Unos Q. 5 millones restantes, por ley y por convenios con la empresa, se distribuyeron entre la Municipalidad de Sipacapa, San Marcos, y ministerios como el de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el MEM.

Según Mario Marroquín, Director Ejecutivo de Goldcorp en Guatemala…

19 Sánchez Monge, Geiselle Vanessa. “Estudio sobre las dimensiones económicas de la actividad minera en Guatemala. El caso de la mina Marlín, en San Marcos”. Guatemala: IPNUSAC, 2012. Págs. 34-59.

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…la empresa deja al país el 40 por ciento de sus ingresos, que es una tasa competitiva en comparación con otras naciones (…) en compara-ción con otras industrias en el país, la minería es de las más responsa-bles, y la única industria que está haciendo una retribución es la minería metálica.

Las declaraciones del funcionario coinciden con los criterios del informe presentado por Goldcorp Inc. a sus accionistas, en el sentido que ahí se expone que Guatemala tiene el más alto potencial en las inversiones de la compañía, después de Canadá y México, y fundamentalmente es el proyecto el que representa el de mayores beneficios para sus accionistas.

El costo de la extracción de oro en San Marcos se fija, en promedio, en US$ 182 —Q1 mil 443.32— y continúa siendo el más bajo de las 11 empresas de las que Goldcorp Inc. es propietaria o tiene participación en el continente.

El informe detalla a los accionistas de Goldcorp que la mina en San Marcos sigue re-portando costos de recuperación de hasta el 96% en oro y 92% en plata. En este último metal, dice el informe, Montana elevó su producción respecto del primer trimestre del año y está entre los más altos de la historia del proyecto Marlin.

A criterio del Director de CALAS, Yuri Mellini…

Montana miente al decir que es una tasa efectiva de 40 por ciento. Al desglosarla, no es cierto, porque carga como costo los impuestos que todos deben pagar. Una utilidad tan excesiva es antiética y espuria, y tiene que ganar lo razonable. Eso es un saqueo.

En respuesta a los resultados de estas investigaciones críticas que revelan el impacto negativo de las operaciones de la Mina Mar-lin, Pérez Molina, el Alcalde de San Miguel Ixtahuacán, y Montana Exploradora S.A., apoyados en el discurso de la responsabilidad social empresarial (RSE), se han aliado para publicitar por radio y televisión los supuestos beneficios de ese proyecto minero al desa-rrollo económico y social de las comunidades.

Lo que ha prevalecido en los medios de comunicación masiva son spots radiales y televisivos por medio de los cuales se muestran supuestos proyectos sociales que la Mina Marlin está desarrollando, tales como: construcción de escuelas, cocinas escolares, salones comunales, etc. No obstante, las comunidades, al ser entrevistadas manifiestan su descontento porque estos proyectos han servido de fachada para ocultar los efectos negativos y la conflictividad social que se agudizan cada vez más en los respectivos municipios.

El gobierno por su parte, ha impulsado la creación de una “mesa de diálo-go” supuestamente integrada por líderes legítimos de las comunidades afec-tadas por las operaciones de la mina, así como por autoridades de gobierno y representantes de la mina. No obstante, representantes de la Asociación para el Desarrollo Integral San Miguelense (ADISMI) han manifestado, por un lado, que su asociación no ha sido convocada a las reuniones; por otro lado, cuestiona la legitimidad de los líderes que el gobierno dice son representantes de las comunidades20.

20 Sánchez Monge, Geiselle Vanessa. “Estudio sobre las dimensiones económicas de la actividad minera en Guatemala. El caso de la mina Marlín, en San Marcos”. Guatemala: IPNUSAC, 2012. Página 32.

Publicidad publicada en la revista ContraPoder No. 13, página 19.

Fuente: Diario Prensa Libre. "Mina Marlin deja altos réditos a dueños". 27 de septiembre de 2013. En: http://www.prensalibre.com/noticias/Marlin-sigue-utilidades_0_1000699953.html

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El cuestionamiento que hacen los representantes de ADISMI coincide con el de otros representantes de comunidades que se han visto afectadas negati-vamente por las operaciones de la mina. Especialmente porque ven esta mesa como un mecanismo para evadir el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, las cuales recalcan en la urgencia de suspender definitiva-mente las operaciones de la mina, la realización de un cierre técnico adecuado y asumir la reparación de los daños causados a las viviendas y tierra de los integrantes de las comunidades afectadas.

El mayor cuestionamiento que plantean las lideresas y líderes en defensa del territorio frente a las operaciones mineras en este caso, es que el accionar de la “Comisión Presidencial del Sistema Permanente de Diálogo Nacional” se limita a intervenciones cosméticas que en el fondo no evitan la exacerbación de los conflictos sociales, debido a que difícilmente detiene e impide la aprobación de las licencias mineras en los municipios donde las comunidades han manifes-tado un rotundo NO a la minería, principalmente porque rechazan la agresión y depredación de sus territorios.

Ante lo expuesto anteriormente, es ilustrativa la opinión de la lideresa Yo-landa Oquelí Velíz, cuando expresa:

No estamos dispuestos a negociar la vida porque no tiene pre-cio. El diálogo debe realizarse antes que las empresas lle-guen a instalar sus proyectos a nuestras comunidades. Creo que a nadie le gustaría que le fueran a perforar un agujero en el patio de su casa y que sepa que de ahí va a venir la conta-minación que va a acabar con la vida de sus hijos21.

Mina de oro y plata Cerro BlancoEl proyecto Cerro Blanco se ubica en la cuenca hidrográfica Ostúa-Güija en

el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Este proyecto ha tenido como objetivo la explotación de oro y plata y fue concesionado a la empresa minera Entre Mares, S.A., filial de la canadiense Goldcorp Inc. A pesar que el Estudio de Im-pacto Ambiental (EIA) del proyecto presentaba irregularidades e ilegalidades, fue aprobado por el gobierno de Berger en el año 2007.

Foto: Diario Prensa Libre. “Mina Cerro Blanco genera disputa entre Guatemala y El Salvador”. 9 de febrero de 2013. En: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Mina-genera-disputa-Guatemala-Salvador_0_862114129.htmlUbicación de la mina Cerro Blanco.

21 Entrevistarealizadael26dejuliode2013aYolandaOquelí,lideresadela“ResistenciaLaPuya”delosmunicipiosSanJosédelGolfo y San Pedro Ayampuc.

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Al respecto, el Colectivo Madre Selva argumenta que en el año 2006, la Dirección General del Ministerio de Am-biente y Recursos Naturales (MARN), rechazó el EIA del proyecto y dictaminó que carecía de un enfoque integral global. Según Madre Selva, en el EIA no se precisó los impactos ambientales y muchos menos se definieron las acciones a desarrollar así como tampoco los lugares ni los procesos tecnológicos a aplicar, a la vez que los estudios de base eran insuficientes22. Aquí, un aspecto muy impor-tante de señalar es la necesidad de incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso de análisis y apro-bación de las licencias para la explotación de recursos no renovables.

En respuesta al dictamen de la Dirección de Medio Ambiente, el 14 agosto de 2007 la empresa Entre Mares, S.A. presentó un nuevo EIA del proyecto, y a sabiendas que era idéntico al anterior, la encargada de Gestión Am-biental, Eugenia Castro Modenisse23, en esa oportunidad

sí aprobó el proyecto. Estas decisiones institucionales evidencian la poca se-riedad con que se analizan los EIA presentados por las empresas, además que son un reflejo de cómo el desempeño de algunos funcionarios públicos tiende a privilegiar los intereses de las grandes empresas transnacionales, en detrimen-to del bienestar integral de los Pueblos.

Una de las deficiencias técnicas graves del EIA elaborado por la empresa Entre Mares, es que no identificó la existencia de mantos acuíferos termales subterráneos en la zona autorizada para sus operaciones, lo que la obligó a postergar las actividades de extracción de oro y plata, viéndose forzada a solici-tar tres prórrogas: una en 2011, otra en 2012 y una tercera en el presente año. Estas prorrogas respondieron al interés de Entre Mares de extraer las aguas termales identificadas en la zona, y de acuerdo con el monitoreo realizado por el Colectivo Madre Selva, ese proceso de extracción ha implicado lanzar las aguas termales al río Ostúa que desemboca en el Lago Güija, del vecino país salvadoreño24.

Desde el punto de vista del Colectivo Madre Selva, el aspecto más preocu-pante de estas acciones con relación a las aguas termales, es que no aplicó los procedimientos técnicos indispensables para tratar el alto contenido de arséni-co que contienen dichas aguas y que por lo tanto, son muy perjudiciales para la salud humana. Tampoco aplicó un proceso para enfriar las aguas termales antes de verterlas al río Ostúa, en especial porque las aguas termales tienen una temperatura de 80 grados centígrados25.

La información obtenida por Madre Selva a través de su monitoreo coincide con la opinión de organizaciones sociales y las comunidades que viven en la región fronteriza entre Guatemala y el Salvador. Estos actores indicaron que a raíz de estudios realizados se ha confirmado que el agua que consume la pobla-ción que se abastece de las fuentes del río Lempa presenta rastros de desechos contaminantes, lo que se explica por el hecho de que el río Ostúa desemboca en el lago de Güija, el mismo que abastece el río Lempa. Por tal razón han exigido al gobierno salvadoreño que proteste ante el gobierno de Guatemala para que suspenda la mina Cerro Blanco26.

22 Colectivo Madre Selva. “Comunicado: La mina Cerro Blanco no se suspende por la baja del precio del oro”. Guatemala, agosto de 2013.

23 Íbidem24 EntrevistaconJulioGonzálezdelColectivoMadreSelva,19dejuliode2013.25 Íbidem.26 ARPAS. “Cerro Blanco: Empezó la contaminación”. Diario CoLatino edición digital del 19 de octubre de 2012.

Una de las deficiencias técni-cas graves del EIA elaborado por la empresa Entre Mares, es que no identificó la existencia de mantos acuíferos termales sub-terráneos en la zona autorizada para sus operaciones, lo que la obligó a postergar las activida-des de extracción de oro y plata, viéndose forzada a solicitar tres prórrogas: una en 2011, otra en 2012 y una tercera en el presen-te año.

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Es claro que aunque Entre Mares no ha inicia-do sus operaciones de extracción de minerales, la irresponsabilidad con que ha tratado las aguas ter-males identificadas en su zona de operaciones ya está provocando problemas de contaminación. Por el lado de las comunidades y el gobierno salvadore-ño, resalta la preocupación por la devastación eco-lógica y la contaminación del agua que en el futuro generará las acciones de Entre Mares, en especial porque es un factor que atenta contra la vida y la salud de la población de El Salvador fronteriza27. El Estado salvadoreño por su parte, ha iniciado accio-nes legales contra el Estado guatemalteco por los daños ecológicos ya identificados, así como por los que se pueden provocar durante la implementación

del proyecto de Entre Mares28.

Del lado guatemalteco, las comunidades también se han pronunciado contra este proyecto minero. En el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, el Colectivo Madre Selva ha contado con el testimonio de comunidades situadas cerca de la mina Cerro Blanco, quienes han denunciado que algunos pozos se han secado. Además, argumentan que esta mina ha afectado la actividad ganadera siendo un ejemplo el caso de la empresa de productos lácteos PROLAC, que se vio for-zada a suspender su producción a causa de las acciones de la mina29.

Vale resaltar que el mayor porcentaje de la población ubicada a inmediacio-nes de la mina Cerro Blanco, que destinaba sus esfuerzos de subsistencia en la agricultura, actualmente se ha visto forzada a disminuir esta actividad debido a los impactos negativos que ya están afrontando por las acciones del proyecto. Los informes del gobierno no dan cuenta de los graves daños que los proyectos mineros de extracción metálica causan a la fertilidad de la tierra. En este senti-do, es oportuno rescatar la visión de Yolanda Oquelí al respecto…

...la mayoría de pueblos donde llegan los proyectos (...) se dedican a la agricultura; en muchos casos les han quitado sus tierras (...), donde hay minería la tierra queda muerta, es infértil, eso preocupa, ¿cuál va a ser el futuro para las futuras generaciones en nuestro país?

La violación a los derechos laborales por parte de la empresa minera hacia pobladores de las comunidades, es también un aspecto que ha abonado a la complejización de la conflictividad social ocasionada por este proyecto minero. Según información proporcionada por el Colectivo Madre Selva, la empresa En-tre Mares, S.A. despidió a más de 100 trabajadores, incumpliendo así el ofreci-miento de brindarles empleo por un período de 15 años. De esa cuenta, entre la población que actualmente se opone a estas operaciones hay varios pobladores que hasta el año 2012 fueron trabajadores de la mina30.

A finales de julio de 2013, la empresa canadiense Goldcorp Inc. anunció la suspensión temporal del proyecto Cerro Blanco aduciendo que se debía al des-censo en los precios de metales preciosos como el oro y la plata en el mercado internacional31. Ante este anuncio, las comunidades de Guatemala, El Salvador

27 Rojas, Alex. “Mina Cerro Blanco genera disputa entre Guatemala y El Salvador”. Diario Prensa Libre. Edición digital del día 09 de febrero de 2013.

28 Íbidem.29 EntrevistaconJulioGonzálezdelColectivoMadreSelva,19dejuliode2013.30 Íbidem.31 Álvarez,CarlosManoel.“GoldcorpsuspendelasoperacionesenJutiapa”.DiarioSiglo21edicióndigitaldel13deagostode2013.

Foto: internetMina Cerro Blanco

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y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, exigieron al gobierno de Otto Pérez Molina la suspensión definitiva de este proyecto minero. 32

Por su parte, el Colectivo Madre Selva ha planteado que es indispensable que el cierre definitivo de este proyecto minero contemple un proceso técni-co cuyo procedimiento garantice que sus instalaciones no representen ningún riesgo contra las aguas, la biodiversidad y la salud de las comunidades que habitan en esa región transfronteriza. En esta línea, Madre Selva exige que el gobierno cumpla con su obligación de garantizar que Entre Mares presente un plan detallado del tiempo y los fondos financieros necesarios para darle un tratamiento adecuado al cierre definitivo de las instalaciones de la mina, lo que debe considerar los impactos geológicos y sociales que han causado y pueden seguir causando las perforaciones que realizaron en la zona geotérmica, las que indudablemente han modificado la dinámica de los acuíferos geotermales33.

Mina de oro y plata El Tambor, Progreso Derivada VIIEste proyecto lo impulsaron la empresa canadiense Radius Explorations

Ltd., y la sudafricana Gold Field Inc., que posteriormente le cedieron sus de-rechos a la empresa Kappes, Cassiday & Asociate (KCA), siendo Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA) la subsidiaria en Guatemala. Está situado a tan solo 20 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Fue autorizado por el gobierno de Colom y la UNE el 22 de noviembre de 2011, y aparece identificado con el número LEXT-054-08 en el registro de derechos mineros del MEM. El objetivo de este proyecto es explotar oro y plata durante 25 años.

Aunque las empresas vinculadas a este proyecto minero han pretendido ini-ciar sus operaciones desde el 2011, las comunidades maya kaqchikel y ladino/mestizas de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc lo han impedido, principalmente porque avizoran que las actividades mineras son no-civas para sus territorios y sus vidas, de destrucción y muerte. Desde marzo de 2012, los comunitarios y comunitarias de “La Puya” mantienen una ocupación pacífica de las arterias que conducen al proyecto así como de las instalaciones, en rechazo rotundo a las operaciones mineras.

A la fecha, tanto el gobierno como EXMINGUA han mostrado su incapacidad y a la vez su desinterés en respetar las demandas colectivas de las comuni-dades que se oponen al proyecto extractivista, y en respuesta han preferido implementar acciones de hostigamiento y actuado de forma represiva contra las comunidades maya kaqchikel y ladinas afectadas.

Entre las acciones represivas está el intento de desalojo violento por parte de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC), el 7 de diciembre de 2012. En respuesta a estas medidas gubernamentales, a partir de marzo de 2012, mujeres y hombres decidieron instalar un plantón pacífico en el lugar conocido como “La Puya” y que está ubicado en la entrada de “El Tambor” o “Progreso Derivada VII”.

La resistencia a través del “Plantón La Puya” representa un ejemplo de que a nivel nacional es posible frenar la actividad minera desde una postura pacífi-ca. Es quizá actualmente una de las luchas más emblemáticas contra la minería en Guatemala que ha sido capaz de desafiar y frenar abiertamente las conce-siones hechas por gobiernos anteriores y avaladas por el gobierno de turno.

32 Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. “Comunicado ante la suspensión temporal de la mina Cerro Blanco”. [En línea] Dis-ponible en: http://esnomineria.blogspot.com/2013/07/comunicado-ante-suspension-temporal-de.html

33 Colectivo Madre Selva. “Comunicado: La mina Cerro Blanco no se suspende por la baja del precio del oro”. Guatemala, agosto de 2013.

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No obstante la resistencia pacífica, informada y organizada que han demos-trado las mujeres y hombres de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en el marco de la resistencia “La Puya”, sus liderazgos han sido atacados y repri-midos, comenzando con el ataque a Yolanda Oquelí en 2012, y al igual que ha venido sucediendo insistentemente en otros territorios donde hay oposición a los proyectos extractivos e hidroeléctricos.

Foto: InternetUbicación del proyecto minero El Tambor o Progreso Derivada VII

El argumento que sustenta la postura de las comunidades y de las organi-zaciones sociales que rechazan el proyecto minero “El Tambor”, es que el EIA también presenta suficientes deficiencias y anomalías técnicas para justificar su desaprobación34. En tal sentido, cabe cuestionar la legalidad de esta mina.

Las comunidades en resistencia, con el propósito de respaldar sus argumen-tos basados en un sólido enfoque técnico y con el apoyo del Colectivo Madre Selva, solicitaron a los expertos en minería: Robert H. Robinson, Ingeniero en minería y ambiente; y Steve Laudeman, Ingeniero en geotécnica, la revisión del EIA35.

Estos expertos, en una conferencia de prensa realizada el 12 de febrero de 2013, presentaron un informe preliminar que muestra las inconsistencias de estudio, señalando entre los factores de riesgo encontrados: la presencia de arsénico y otros contaminantes en el territorio de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, por lo que el EIA carece de información, planificación y garantía financiera para la recuperación post-minería del espacio destinado para la ex-tracción de minerales. Otros aspectos relevantes del informe es que el análisis hidrológico que realizó EXMINGUA se dirige únicamente al abastecimiento de agua para la mina; los dibujos y figuras de ingeniería son ilegibles en el plano disponible al público; los planes de monitoreo son vagos; y la caracterización de las fuentes subterráneas es incompleta36.

34 Entrevista realizada a Gustavo Illescas, investigador de la Asociación El Observador y Rodrigo Velis, investigador del Centro de Medios Independientes. Guatemala 23 de julio de 2013.

35 Íbidem.36 Rivera, Nelton. “Factores de riesgo de la Mina El Tambor Progreso Derivada VII”. [En línea] Disponible en: http://comunitaria-

press.blogspot.com/2013/02/factores-de-riesgo-de-la-mina-el-tambor.html

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Desde la perspectiva de Yolanda Oquelí Veliz, lo perver-so de estos proyectos mineros es que las empresas que los implementan y los gobiernos de turno se han opuesto a invo-lucrar la participación de las comunidades en la elaboración de los EIA. A su parecer, ha prevalecido la tendencia a favo-recer procesos viciados que no garantizan la certeza técnica y jurídica de dichos estudios. De esa forma, considera que el gobierno incumple con su mandato constitucional de garan-tizar procesos transparentes apegados a ley y de informar y consultar a las comunidades.

…el gobierno y las empresas incurren en la violación de dere-chos humanos y territoriales cuando priorizan las ganancias económicas de la industria extractiva por sobre el bienestar integral de las comunidades directamente afectadas (…) uno de los principales factores de la conflictividad social es que los gobiernos y empresas se resisten a comprender y respetar que para la mayoría de la población, la vida no tiene precio37.

El balance que Oquelí realiza respecto de las concesiones y la implementa-ción de proyectos mineros es definitivamente crítico y consecuente con rela-ción a la vida de las comunidades maya kaqchikel y ladinas de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

…las regalías que los gobiernos celebran recibir de los pro-yectos mineros, son insignificantes en comparación al daño radical que sus operaciones provocan en la dinámica comu-nitaria y ecológica del país.

Desde junio del presente año, la dirigencia de “la Resistencia Pacífica La Puya” ha venido sosteniendo una mesa de negociación con el gobierno de Otto Pérez Molina, en el marco del “Sistema Nacional de Diálogo Permanente”, en donde ha presentado las siguientes propuestas concretas: uestas concretas:

a) Revisar el EIA del Proyecto Minero Derivada VII aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

b) Realizar el muestreo de aguas para determinar si existe presencia de arsé-nico, y cuál sería su nivel en el agua en el área de influencia del proyecto.

c) Realizar una inspección in situ en donde participen: MARN, MEM, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y representantes de las co-munidades y Testigos de Honor, en coordinación con otras instituciones que se consideren pertinentes.

d) Evaluar la viabilidad de emprender los programas sociales en las comuni-dades a fin de que éstos sean desarrollados por el Estado.

e) Que los acuerdos sean comunicados a los vecinos de las comunidades por parte de sus representantes, y que la fecha para la posible visita in situ fuera informada a las autoridades correspondientes, a fin de que el MEM y el MARN pudieran darle seguimiento y agilizar el proceso.

37 Entrevistarealizadael26dejuliode2013aYolandaOquelí,lideresadela“ResistenciaLaPuya”delosmunicipiosSanJosédelGolfo y San Pedro Ayampuc.

Foto: internet.Resistencia en “La Puya”

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III. Condenados funcionarios del proyecto minero “El Tambor”, Progreso Derivada VII

El Juzgado Segundo de Primera Instancia Pe-nal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente condenó el 17 de octubre último, en una audien-cia de Fase Intermedia, a dos años de cárcel con-mutable a Juan José Reyes Carrera, y al tenien-te retirado Pablo Silas Orozco Cifuentes, por los delitos de coacción y amenazas contra periodis-tas independientes así como de organizaciones campesinas como el Comité de Unidad Campe-sina (CUC) y de la Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej.

Los periodistas agredidos y amenazados son: Juan Pablo Guzmán, Gustavo Adolfo Illescas y Francisco Sánchez, del Centro de Medios Independientes (CMI); Ricard Busquets, del CUC; y Nelton Rivera, de Waqib´ Kej.

Reyes Carrera y Orozco Cifuentes son funcionarios de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA), subsidiaria de la estadounidense Kappes Kassiday & Associates KCA, que tiene concesionado el proyecto minero “El Tambor”, Progreso Derivada VII, localizado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, y en donde desde marzo de 2012 se lleva a cabo la “Resistencia Pacífica La Puya” por parte de comunitarios y comunita-rias que lo rechazan. En el caso de Orozco Cifuentes, ha fungido como Gerente de Operaciones del proyecto minero en mención y es miembro de la empresa Servicios Mineros de Centro América, propiedad de militares retirados provenientes del Cuer-po de Ingenieros del Ejército, y que está asociada a este proyecto suministrándole maquinaria, explosivos y seguridad.

En las audiencias, los acusados han tenido como abogado defensor a Fernando Linares Beltranena, además de que estuvo presente también, el coronel retirado Mario Ricardo Figueroa Archila, Gerente de la EXMINGUA.

La pena conmutable es a razón de Q.5.00 por amenazas y Q.20.00 por coacción, opción por la cual optaron los acusados para no ir a la cárcel.

El tribunal dio valor a todas las pruebas testimoniales, documentales de foto-grafía y video, a los peritajes psicológicos y al análisis del lenguaje que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para identificar la carga de violen-cia y criminalidad en los hechos. Como las pruebas fueron tan contundentes, a los acusados no les quedó más remedio que admitir los hechos.

Los hechos que constituyeron delito sucedieron el 22 de noviembre de 2012 en las cercanías del proyecto minero, cuando Silas Orozco amenazó públicamente a varios comunicadores en momentos en que daban cobertura al conflicto por la presencia de la minera en ese lugar conocido como “La Puya”, y en donde los comu-nitarios y comunitarias impedían pacíficamente el paso de maquinaria*.

*Illescas, Arita. “Los síntomas de autoritarismo del General: la violencia política disfrazada de Gobernabilidad”. El Observador. Aná-lisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 36-37, julio-noviembre de 2012, página 69.

Foto: CPR-UrbanaPablo Silas Orozco.

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Mina de plata El EscobalEl 3 de abril de 2013, el gobierno de Otto Pérez Moli-

na y el PP, por medio del MEM notificaron a la Minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la canadiense Tahoe

Resources, la autorización de la licencia de explotación minera SEXT-015-11 “El Escobal”, por un plazo de 25 años38. Esta empresa lo operaba como licencia de ex-ploración desde el año 2007 en el municipio de San Ra-fael Las Flores, departamento de Santa Rosa. El área del proyecto abarca casi 20 kilómetros cuadrados para ex-plotar oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras.

La licencia concedida afecta a los territorios de los Pueblos Xinka y Ladino en los municipios de San Rafael Las Flores, Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa y Casillas, del departamento de Santa Rosa, así como a los municipios de Mataquescuintla, San Carlos Alzatate y Jalapa, departamento de Jalapa.

Según información divulgada por la misma empresa, este proyecto minero había generado hasta ese momento, 529 empleos y se proyectaban para el año 2015, 700 más; se habían invertido US$ 400 millones; y se esperaba aportar US$ 21 millones en regalías voluntarias para 2014.

De acuerdo con declaraciones del Gerente de la Minera San Rafael, Juan José Cabrera…

…En 2014 se espera alcanzar una producción de 16.5 millo-nes de onzas de plata, plomo y zinc, que equivalen a Q. 3.5 millardos39.

Respecto de la conflictividad social que ha provocado este proyecto desde que opera en el municipio, Cabrera dice…

…se trata de personas que no pertenecen a la comunidad y que defienden otros intereses.

Un día después de esa aprobación, el Director de CALAS, Yury Melini, de-nunció que habían perpetrado dos atentados contra esta ONG ambientalista que acompaña a las comunidades del municipio de San Rafael Las Flores que se oponen a las operaciones de la minera. Según Melini, el mismo 3 de abril por la noche habían disparado contra la sede de la institución y que había sido allana-da la residencia de Rafael Maldonado, abogado de la institución40.

Desde el año 2009, las comunidades, con la asesoría del Colectivo Madre Selva y el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), iniciaron accio-nes de oposición a las operaciones de la Minera San Rafael, entre ellas, la reali-zación de la Consulta Comunitaria de San Rafael Las Flores, la cual fue objetada por el alcalde Leonel Flores. Por su parte, la empresa San Rafael, S.A. interpuso un amparo, y formalizó y legalizó a aproximadamente nueve organizaciones fantasmas de mujeres que acusaron a las comunidades organizadas contra la mina, de discriminación41.

En el municipio de San Rafael Las Flores se concentra la mayor cantidad de aguas subterráneas y la mina “El Escobal” está en el centro de este municipio.

38 Ministerio de Energía y Minas (MEM). Otorgamiento de licencias de explotación minera. [En línea] Disponible en: http://www.mem.gob.gt/2013/04/otorgamiento-de-licencias-de-explotacion-minera/ [Fecha de consulta: 15/8/2013]

39 Íbidem.40 Diario elPeriódico. “Denuncian ataques a CALAS”. Sección “cinco minutos”, 5 de abril de 2013, página 2.41 Entrevista realizada el 16 de julio de 2013 a Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS).

Foto: internet.Proyecto minero “El Escobal”

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Este proyecto minero representa una amenaza de contaminación ambiental, devastación ecológica y atenta contra la salud42.

El clima de descontento social aumentó la ingobernabilidad en dichos municipios en el 2012, debido que el Alcalde muni-cipal, Víctor Leonel Morales, electo por la coalición UNE-GANA, defiende y apoya a la empresa minera y ha ignorado las deman-das de las comunitarias y los comunitarios que se oponen a la misma43.

A partir de 2013, los Pueblos Ladino/Mestizo y Xinka de los municipios afectados, intensificaron las movilizaciones y protes-tas pacíficas para impedir que la minera iniciara sus operaciones, y con el acompañamiento de CALAS han presentado amparos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en los que el MEM violó el dominio público del agua y supeditó los derechos de las comunidades para el aprovechamiento de los lagos y ríos, al pri-

vilegiar a la citada empresa44.

El abuso de poder ejercido por la Minera San Rafael, el Alcalde municipal y el Presidente Otto Pérez Molina contra los municipios afectados por el proyecto minero “El Escobal”, dio como resultado la agudización de la indignación social y la exacerbación de la conflictividad desde el año 2012. Las protestas pacíficas se intensificaron y la ingobernabilidad también. En este contexto, se suscita-ron hechos confusos como el robo de un camión con explosivos, el secuestro y asesinato de líderes xinkas, y violencia ejercida por personal de seguridad de la empresa cuando su Jefe, el peruano, Alberto Rotondo, ordenó disparar contra seis comunitarios ciudadanos que protestaban contra la minera45.

Ante este escenario, Pérez Molina en lugar de atender las demandas ciu-dadanas impuso el 2 de mayo de pasado el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, departamento de Jalapa: y en los municipios de San Rafael Las Flores y Casillas, departamento de Santa Rosa. De esta forma, continuó con su política del actual gobierno, de criminalizar la protesta social y acusar a la ciudadanía de tener nexos con el narcotráfico y con organizaciones ilícitas. Por la falta de pruebas, el Ministro de Gobernación Mauricio López Bo-nilla, tuvo que desmentir estas falsas acusaciones en conferencia de prensa46.

A pesar de todas las acciones legales interpuestas por Minera San Rafael, S.A., los Pueblos Ladino y Xinka han logrado realizar tres Consultas Comuni-tarias en los municipios de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas. En los tres, el 98% de la población manifestó su rechazo al proyecto minero47.

El 24 de julio de 2013, la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil amparó en forma definitiva a Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, líder del Pueblo Xinka, quien demandó la suspensión de la licencia de explotación otorgada a la Minera San Rafael, y ordenó la suspensión del proyecto minero “El Escobal” por violar derechos constitucionales, derechos territoriales e irrespetar los derechos de consulta comunitaria de los pueblos. Este logro fue posible con la asesoría legal de CALAS.

42 Íbidem.43 Entrevista realizada el 16 de julio de 2013 a Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS).44 Amparo 69-2013. (Número único 01008-2013-00074). Guatemala 8 de julio de 2013.45 Íbidem.46 Orantes, Coralia. “Se desdice por las acusaciones”. Diario Siglo 21 edición digital del 7 de mayo de 2013.47 Íbidem.

Publicidad de la Minera San Rafael publicada en la contraportada de la revista ContraPoder No. 13.

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Foto: internet.

En respuesta a la resolución de la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil, el MEM emitió un comunicado en el que alegó su desacuerdo con la sentencia y planteó que interpondría un Recurso de Apelación ante la CC. Recalcó que la sentencia de Amparo no deja sin efecto la licencia del proyecto minero el Esco-bal48.

Minería de cemento en territorio Maya-Kaqchikel en San Juan Sacatepéquez

La empresa Cementos Progreso (CEMPRO) ha monopolizado durante dé-cadas la industria del cemento en Guatemala. Es propiedad de las familias oli-garcas Novella y Torrebiarte. Desde el año 2006, esta empresa ha recurrido a la violencia, ha utilizado mecanismos de desinformación y con lujo de fuerza y con el apoyo de los gobiernos de turno, ha logrado que le autoricen licencia para la minería de cemento, imponiendo la construcción de una planta para su producción en el territorio de 12 comunidades maya-kaqchikel del municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. El área estimada para la construcción de esta planta es de 64 hectáreas49.

El 17 de abril de 2007, el gobierno de Álvaro Colom y la UNE, a través del MEM otorgó por 25 años la licencia SEXT-08-06 San José Mincesa, a Minerales Industriales de Centroamérica, S.A., del grupo de CEMPRO, para explotar 36 productos mineros en un área de 19 kilómetros cuadrados50. Por otro lado, el 11 de noviembre del mismo año, la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez adjudicó a CEMPRO la licencia municipal para la construcción de la planta donde se fabricará el cemento51.

48 Comunicado del Ministerio de Energía y Minas (MEM). [En línea] Disponible en: http://www.mem.gob.gt/2013/07/ante-la-opi-nion-publica-el-ministerio-de-energia-y-minas-hace-saber/

49 Asociación de Comunidades Kaqchikeles Qamolo´ Qi´ (Unámonos). “Boletín: La vida de los seres humanos depende de la Madre Naturaleza”. Guatemala, 2012.

50 CampopagadoSanJuanSacatepéquez.PrensaLibreedicióndigitaldel11demarzode2009.AsociacióndeComunidadesKaq-chikeles Qamolo´Qi´ (Unámonos). Boletín: La vida de los seres humanos depende de la Madre Naturaleza. Guatemala, 2012.

51 InformaciónobtenidadelapresentaciónenPowerPointdelproyectoSanJuandeCempro.[EnLínea]Disponibleen:http://www.ficem.org/multimedia/2010/comuni10/Maria_Olga_Rosales_PROGRESO.pdf

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Para las comunidades afectadas, las acciones de CEMPRO son de despojo, por lo que el 13 de mayo de 2007, ampara-das en el Convenio 169, realizaron su Consulta Comunitaria de Buena Fe en la que rechazaron la minería de cemento. En la consulta participaron 8 mil 940 personas, de las que 8 mil 936 expresaron su rechazo a la construcción de la fábrica de ce-mento y a la explotación minera en la finca San Gabriel Buena Vista, ubicada en las comunidades de San Antonio Las Trojes II y San José Ocaña. Los resultados de la Consulta Comunitaria fueron presentados a la Municipalidad de San Juan Sacatepé-quez, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el MEM y al Congreso de la República52. El gobierno de Colom, en lugar de respetar las decisiones y las demandas de las comunita-rias y comunitarios, respondió con represión, y en el año 2008 implantó un Estado de Excepción. Con esa medida, contrarió las promesas de campaña electoral de hacer un gobierno con “rostro maya”.

Como ha sucedido en otras regiones donde la conflictividad social se ha crispado a causa de la minería a cielo abierto, el gobierno de Colom y Cementos Progreso se aliaron para crimi-

nalizar, reprimir y perseguir a estas comunidades. Ese gobierno utilizó la fuerza policial y militar de manera desproporcionada y violenta ante las manifesta-ciones comunitarias. Los días 28 y 22 de junio de 2008, las 12 comunidades fueron tomadas por el Ejército e intervinieron más de 3 mil soldados y 2 mil agentes policiales. En este violento hecho, varias mujeres maya-kaqchikel fue-ron violadas y a la fecha, este crimen ha sido silenciado. Las denuncias que las nueve víctimas presentaron en el MP simplemente no han avanzado53.

También, varias lideresas y líderes han afrontado la persecución penal. Sus viviendas fueron allanadas por el MP, el Ejército y efectivos de la Policía Na-cional Civil (PNC) bajo la acusación de terroristas, de tráfico ilegal de armas, sabotaje, robo, homicidio y amenazas, entre otros54. Entre las personas sen-tenciadas por defender su territorio, la vida y los derechos de la Madre Tierra, figuran la lideresa maya-kaqchikel, Reginalda Patazan, sentenciada en junio de 2008 a 43 días de cárcel bajo la acusación de participar en manifestaciones ile-gales; así como el líder maya-kaqchikel Abelardo Curup, condenado en agosto de 2009 a 150 años de prisión bajo la acusación de tres asesinatos y al pago de Q. 2.5 millones por daños y perjuicios55.

Al cuestionar a CEMPRO y su discurso del desarrollo y las oportunidades de empleo que supuestamente generará la planta cementera, es ilustrativa la reflexión que hace uno de los líderes…

…ellos están diciendo que es un desarrollo, pero de qué de-sarrollo están hablando si están metiendo a nuestra propia gente en la cárcel. Hay compañeros que están en la cárcel que tienen 7, 8 niños en la casa.

Desde el 2007 a la fecha, los gobiernos de Colom y Pérez Molina, lejos de garantizar los derechos individuales y colectivos de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, se han constituido en los principales violadores de los

52 Rivera, Nelton. “Cemento y promesas sin cumplir para los mayas en Guatemala”. Prensa comunitaria edición digital del 1 de julio de 2013.

53 Entrevistaconlideresasylíderesdelas12comunidadesmayakaqchikeldeSanJuanSacatepéquez,1deagostode2013.54 Íbidem.55 Asociación de Comunidades Kaqchikeles Qamolo´Qi´ (Unámonos). “Boletín: La vida de los seres humanos depende de la Madre

Naturaleza”. Guatemala, 2012.

Publicidad de Cementos Progreso publicada en la contraportada de la revista ContraPoder No. 14

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derechos fundamentales de las mujeres, hombres, niñez y juventud maya ka-qchikel. Continúan las órdenes de captura contra más de 86 lideresas y líderes así como el establecimiento de brigadas militares en el área de la cementera56.

Amparado en este clima de impunidad, Cementos Progreso ha allanado la propiedad privada de las comunitarias y comunitarios con el derribo de cercos y daños a cultivos; ha favorecido la creación de grupos armados que amenazan, e intimida constantemente a las familias, lideresas y líderes con vigilancia perma-nente: hay trabajadores de la cementera que acosan y amenazan a las jóvenes en los caminos y en las calles; lideresas que reciben amenazas por teléfono; en las noches hombres desconocidos han distribuido boletines en las comunidades desacreditando principalmente a los alcaldes auxiliares y a los representantes de las comunidades57.

En el año 2012, el gobierno de Pérez Molina y el PP ordenó la instalación de una Brigada Militar en el municipio para hostigar a las 12 comunidades maya-Kaqchikel que exigen la cancelación de la licencia minera58.

Foto: internet.En la foto, Pérez Molina participa en la inauguración de la construcción de la planta cementera “San Gabriel” en San Juan Sacatepéquez, junto con funcionarios de Cementos Progreso.

El 5 de julio de 2013, Cementos Progreso hizo público el inicio de la cons-trucción de la planta “San Gabriel”, ubicada en la Finca San Gabriel Buena Vista del municipio, y a la inauguración asistió Pérez Molina para colocar la primera piedra, bajo un despliegue militar significativo. En esta actividad también parti-cipó el Alcalde municipal, Fernando Bracamonte59.

Esta acción causó descontento e indignación en las 12 comunidades y para manifestarse, realizaron una marcha de denuncia en la que participaron unas 12 mil personas e hicieron presencia distintos pueblos de Guatemala, autorida-des comunitarias, asociaciones de mujeres, jóvenes, ambientalistas, organiza-ciones campesinas, etc.60.

56 Íbidem.57 Íbidem.58 Íbidem.59 Juárez,Tulio.“ColocanlaprimerapiedradelaPlantaSanGabriel”.DiarioElPeriódicoedicióndigitaldel19dejuliode2013.60 Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej. Comunicado: Represión, una constante de este gobierno. [En línea]

Disponible en: http://convergenciawaqibkej.wordpress.com/page/2/

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El gobierno actual y CEMPRO, ante la resistencia de las comunidades siguen optando por la implementación de acciones represivas, criminalización y per-secución penal contra los liderazgos comunitarios. Además, han incurrido en la compra de voluntades de algunos trabajadores de la cementera para desle-gitimar la lucha de sus propias comunidades. Al respecto, cabe anotar que un día después de dar a conocer el inicio de la construcción de la planta , ueron capturados los líderes Mariano Camey Car, Margarito Camey Zet y Lorenzo Car Hernández, acusados de desestabilizar la ley y de actos terroristas, cargos que a la fecha no se han podido demostrar pero que han obligado a estos tres líde-res a pagar una fianza de Q. 2,000 y la libertad condicional.

Foto: internet.Comunitarias y comunitarios se movilizan para protestar por la inauguración de la construcción de la planta cementera, a la que asistió Pérez Molina.

Proyecto de níquel FénixEste proyecto de explotación de níquel, cromo, cobalto, magnesio y hierro,

aparece en el registro de derechos mineros del MEM con el nombre de Extrac-ción Minera Fénix, número LEXT-049-05. Fue autorizado el 18 de abril de 2006 durante el gobierno de Óscar Berger a la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A., (CGN), filial en ese entonces de la canadiense Sky Resources. A su vez, esta empresa era subsidiaria de HudBay Minerals61 también de capital cana-diense62. El proyecto abarca los territorios maya-q’eqchí’ de Cahabón, Senahú y Panzos en el departamento de Alta Verapaz; y el municipio de El Estor en Izabal.

Las actividades de explotación de recursos naturales no renovables del pro-yecto Fénix que estaban a cargo de la CGN y Sky Resources, han implicado desalojos violentos de comunidades por parte de las fuerzas del Ejército, la

61 Para mayor información consultar: “Maya Q´eqchi´ contra Hudbay Minerals. Contexto de la demanda judicial en Canadá contra la minera Hudbay, por graves violaciones de derechos humanos (asesinato, violación sexual) en El Estor, Izabal, Guatemala”. [En línea] Disponible en: http://www.semillerosdepensamientos.org/include/uploads/nodo/MayaqeqchicontraHudbayMinerals.pdf

62 A partir del 2011, el proyecto es propiedad de Solway Investment Group Limited Inc, corporación de capital ruso como lo dice su página web: http://www.solwaygroup.com/

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PNC, y con la participación también efectivos de seguridad privada de la mine-ra, provocando la violación a los derechos humanos de la niñez, de las mujeres y de los hombres. El primer desalojo sin ninguna orden judicial lo efectuó la PNC el 12 de noviembre de 2006 contra varias comunidades maya q´eqchi´ de los municipios de Cahabón, Panzós, El Estor y de Los Amates. Posteriormente, el 8 y 9 de enero de 2007 se realizó otro desalojo de cinco comunidades más63. Trascendió a la opinión pública que durante este segundo desalojo, CGN pagó Q. 65.00 por día a personas que aceptaron destruir las casas de las y los habi-tantes de las comunidades desalojadas64.

Nuevamente, el 17 de enero de 2007 la tensión, la conflictividad social y la violencia contra las comunidades se agudizó a raíz que otras 100 familias de la comunidad “Lote 8” de El Estor, Izabal, fueron desalojadas violentamente. En estos actos represivos, 11 mujeres maya q´eqchi´ fueron víctimas de múltiples violaciones sexuales por parte de agentes de seguridad privada de la CGN, la PNC y el Ejército de Guatemala65.

Foto: internet.Instalaciones de la empresa CGN, El Estor, Izabal.

En el año 2008, Sky Resources cedió todos sus derechos a HudBay Minerals. De esa cuenta, Sky Resources pasa a denominarse como HMI Nickel Inc. En el mes de noviembre, HudBay Minerals anunció que retrasaría la construcción de la mina cerca del municipio de El Estor, Izabal, argumentando que se debía al descenso del precio del níquel en el mercado internacional.

El 27 de septiembre de 2009, el profesor y líder comunitario maya q´eqchi´, Adolfo Ich Chamán, fue brutalmente asesinado por agentes de seguridad de la

63 James,Rodríguez.“ResistenciamineracontinúaenElEstor,BarrioLaUnión”.Mimundo.orgedicióndigitaldeldía18defebrerode 2009.

64 Schnoor, Steven. Realizador del video sobre el desalojo de la comunidad maya-q´eqchi´, Barrio La Unión del municipio de El Estor, Izabal.ConfotografíasdeJamesRodríguezdemimundo.org

65 Chiquin, Cristina. “Sé que la justicia es mía aunque me la nieguen”. Prensa Comunitaria edición digital del 29 de julio de 2013. Co-mité de solidaridad con Guatemala en Uruguay. Comunicado: Asesinan a un dirigente Q´eqchi´ en intento de desalojo a comunidades de El Estor, Izabal. edición digital del 28 de septiembre de 2009.

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CGN dirigidos por el teniente coronel Mynor Padilla66. El profesor Ich Chamán dirigía una manifestación pacífica para detener el violento des-alojo que se pretendía realizar en las comunidades Las Nubes, Chupón y La Unión del municipio de El Estor, Izabal67. En esta fuerte acción re-presiva resultaron heridas 8 personas68 y el joven Germán Chub quedó parapléjico por los golpes y los disparos que recibió. Indudablemente, estas brutales acciones recuerdan la política de tierra arrasada implan-tada durante los años más sangrientos de la guerra interna69.

Es importante señalar que a pesar que CGN alega su derecho sobre las tierras habitadas por las comunidades desalojadas, las comunidades maya q´echi´ sostienen que tanto la empresa como los gobiernos de

turno han violado los derechos territoriales que les corresponde como habitan-tes históricos y legales de dichas tierras. Estas declaraciones coinciden con el informe circunstanciado elaborado por la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI), en el que se establece Adolfo Ich era profesor de la Escuela Rural Mixta Sexan del municipio de El Estor. Y en octubre de 2007, la comuni-dad de Sexan recibió del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) su escritura pública en calidad de Patrimonio Familiar Colectivo. No obstante, el MEM adjudicó estas tierras a la CGN70.

El 27 de septiembre de 2011, la compañía rusa Solway Investment Limited Inc. (SOLWAY) dio a conocer que la firma canadiense HudBay Minerals Inc., le vendió los derechos del proyecto “Fénix”. De esa cuenta, los nuevos propie-tarios de la CGN indicaron que iniciarían sus operaciones en el corto plazo. El nuevo Presidente de la CGN, Dimitry Kudryakov, explicó en esa oportunidad que los planes para el proyecto Fénix eran prometedores. Así, en la prime-ra fase del proyecto esperaban alcanzar una producción de 35 mil toneladas anuales de ferroníquel; en la segunda fase, que duraría aproximadamente 30 meses, proyectaban la producción de 75 mil toneladas de dicho mineral; y para el cuarto y quinto año aspiraban alcanzar la producción de 150 mil toneladas de ferroníquel71.

De acuerdo a la información que se trasladó en los medios de comunica-ción, el 7 de enero del presente año se produjo una protesta en el municipio de El Estor, a raíz de que la CGN informó a varios trabajadores que ya no serían recontratados para el año 2013. Unas 100 personas realizaron un bloqueo en el kilómetro 441.1 de la carretera que comunica El Estor con Panzós, Alta Vera-paz. Cinco trabajadores de la empresa resultaron heridos y dos manifestantes fueron capturados. La CGN justificó la no recontratación de los ex empleados debido a que necesitaba contratar personal calificado. Por su parte, los trabaja-dores afectados expresaron que la empresa estaba privilegiando la contratación de personal de otros municipios, en lugar de cumplir con su promesa de gene-rar oportunidades de empleo para las personas que viven en las comunidades donde están las instalaciones del proyecto72.

El 1 de febrero de 2013 se dio a conocer el acuerdo ministerial 009-2013 en el que la empresa asumió el compromiso de pagar regalías voluntarias del

66 Padilla fue detenido en septiembre de 2012 y está a la espera que se le juzgue por este crimen.67 Chiquin, Cristina. “Sé que la justicia es mía aunque me la nieguen”. Prensa Comunitaria edición digital del 29 de julio de 2013.68 Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI). Informe circunstanciado sobre los hechos en El Estor, Izabal. Sep-

tiembre de 2009. [En línea] Disponible en: http://es.scribd.com/doc/22294483/Informe-Circunstanciados-Por-Los-Hechos-de-27-09-09-Anexos-Final

69 Comité de solidaridad con Guatemala en Uruguay. “Comunicado: Asesinan a un dirigente Q´eqchi´ en intento de desalojo a comu-nidades de El Estor, Izabal”. Edición digital del 28 de septiembre de 2009.

70 Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI). “Informe circunstanciado sobre los hechos en El Estor, Izabal”. Sep-tiembre de 2009. [En línea] Disponible en: http://es.scribd.com/doc/22294483/Informe-Circunstanciados-Por-Los-Hechos-de-27-09-09-Anexos-Final

71 “Solway Group concluye compra de proyecto FéNix”. [En línea] Disponible en: http://www.cgn.com.gt/archives/13172 “QuemanoficinasocialdecompañíamineraendepartamentodeGuatemala”.Edicióndigitaldel10deenerode2013.[Enlínea]

Disponible en: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2013-01/10/content_27641131.htm

Foto: Prensa Libre.Teniente coronel Mynor Padilla al momento de su captura.

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2% del níquel comercializado. Según éste, el 1% de ese 2% se distribuiría en partes iguales entre el Estado de Guatemala y la municipalidad de El Estor. El otro 1% se reparte entre las municipalidades de Los Amates, Puerto Barrios y Livingston, Izabal. Ante este anuncio, varios grupos ambientalistas argumenta-ron que estas regalías son muy bajas; además, que no compensarán impactos ecológicos negativos causados por el proyecto73.

Proyecto Niquegua Montufar IILa licencia de explotación minera SEXT-019-11 del “Proyecto de Explotación

Minero Niquegua Montufar II” fue otorgada el 3 de abril de 2013 a la CGN, en el municipio Los Amates del departamento de Izabal. El proyecto tiene un plazo de 25 años. El área a explotar minerales como níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio, abarca 31.5 kilómetros cuadrados, según indica la solicitud de la licencia que la transnacional rusa había presentado desde octubre de 2011.

La CGN, hoy subsidiaria de la transnacional rusa Solway Investment Group Limited Inc., también opera el proyecto minero “Fénix” en el municipio de El Estor, en el mismo departamento.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en categoría “A” fue aprobado en febrero del presente año por la Dirección General de Gestión Ambiental y Re-cursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), me-diante la resolución No. 583-2013-DIGARN/LTCT/arg.

De acuerdo con declaraciones del Presidente de la CGN, Dmitriy Kudryakov, a partir de julio de 2013 la empresa haría una inversión de US$ 400 millones, y se estimaba que para 2015 se tendría una inversión total de US$ 1,500 millones para una producción de 50 mil toneladas de níquel a un precio de mercado de US$16 mil la tonelada74.

La nueva licencia se encuentra frente a las instalaciones de la mina Fénix, la cual ya se encuentra operando con exporta-ciones de mena –una mezcla de material del cual se extrae el níquel-. Para julio, cuando se cuente con la planta para pro-cesar y el personal capacitado, se podrá exportar el metal75.

Al momento de la aprobación, según información de la misma empresa, se había invertido en el proyecto un total de US$ 380 millones más US$ 12 millones en concepto de inversión social; 1,500 empleos generados y se esperaba generar 2 mil más; al mismo tiempo que se proyectaban US$ 762,750 en concepto de regalías voluntarias para 2013, y de US$ 10 millones para 2014.

Suspendido el proyecto minero El SastreEl proyecto Minero El Sastre se otorgó en julio de 2006 a la empresa Rocas

El Tambor, S.A. bajo licencia de explotación LEXT-591 2.6850. Se localiza en el municipio de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso. El proyecto se otorgó para la explotación de anfibolitas, esquistos, filitas, oro y saprolitas auríferas.

73 Diario Prensa Libre: Minera hará pago voluntario. Edición digital del día 1 de febrero de 2013.74 “Ambientalistasafirmanqueotorgamientodelicenciasdeexplotaciónesilegal”.[Enlínea]Disponibleen:http://panoramanoticias.

com/?p=25675 Álvarez,Lorena.“MEMautorizadosproyectosmineros”.DiarioelPeriódico,4deabrilde2013,página10.

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2% del níquel comercializado. Según éste, el 1% de ese 2% se distribuiría en partes iguales entre el Estado de Guatemala y la municipalidad de El Estor. El otro 1% se reparte entre las municipalidades de Los Amates, Puerto Barrios y Livingston, Izabal. Ante este anuncio, varios grupos ambientalistas argumenta-ron que estas regalías son muy bajas; además, que no compensarán impactos ecológicos negativos causados por el proyecto73.

Proyecto Niquegua Montufar IILa licencia de explotación minera SEXT-019-11 del “Proyecto de Explotación

Minero Niquegua Montufar II” fue otorgada el 3 de abril de 2013 a la CGN, en el municipio Los Amates del departamento de Izabal. El proyecto tiene un plazo de 25 años. El área a explotar minerales como níquel, cobalto, hierro, cromo y magnesio, abarca 31.5 kilómetros cuadrados, según indica la solicitud de la licencia que la transnacional rusa había presentado desde octubre de 2011.

La CGN, hoy subsidiaria de la transnacional rusa Solway Investment Group Limited Inc., también opera el proyecto minero “Fénix” en el municipio de El Estor, en el mismo departamento.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en categoría “A” fue aprobado en febrero del presente año por la Dirección General de Gestión Ambiental y Re-cursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), me-diante la resolución No. 583-2013-DIGARN/LTCT/arg.

De acuerdo con declaraciones del Presidente de la CGN, Dmitriy Kudryakov, a partir de julio de 2013 la empresa haría una inversión de US$ 400 millones, y se estimaba que para 2015 se tendría una inversión total de US$ 1,500 millones para una producción de 50 mil toneladas de níquel a un precio de mercado de US$16 mil la tonelada74.

La nueva licencia se encuentra frente a las instalaciones de la mina Fénix, la cual ya se encuentra operando con exporta-ciones de mena –una mezcla de material del cual se extrae el níquel-. Para julio, cuando se cuente con la planta para pro-cesar y el personal capacitado, se podrá exportar el metal75.

Al momento de la aprobación, según información de la misma empresa, se había invertido en el proyecto un total de US$ 380 millones más US$ 12 millones en concepto de inversión social; 1,500 empleos generados y se esperaba generar 2 mil más; al mismo tiempo que se proyectaban US$ 762,750 en concepto de regalías voluntarias para 2013, y de US$ 10 millones para 2014.

Suspendido el proyecto minero El SastreEl proyecto Minero El Sastre se otorgó en julio de 2006 a la empresa Rocas

El Tambor, S.A. bajo licencia de explotación LEXT-591 2.6850. Se localiza en el municipio de San Antonio La Paz, departamento de El Progreso. El proyecto se otorgó para la explotación de anfibolitas, esquistos, filitas, oro y saprolitas auríferas.

73 Diario Prensa Libre: Minera hará pago voluntario. Edición digital del día 1 de febrero de 2013.74 “Ambientalistasafirmanqueotorgamientodelicenciasdeexplotaciónesilegal”.[Enlínea]Disponibleen:http://panoramanoticias.

com/?p=25675 Álvarez,Lorena.“MEMautorizadosproyectosmineros”.DiarioelPeriódico,4deabrilde2013,página10.

En el mapa siguiente del MEM se ubica el proyecto minero con el No. 23

Fuente: MEM

Con Rocas El Tambor, S.A. están asociadas las empresas Exploraciones Mi-neras de Guatemala (EXMINGUA) así como Exploraciones Mineras de Centro América, S.A.

El 19 de marzo del presente año, un medio local escrito dio a conocer que el MEM había suspendido las licencias mineras “El Sastre I” y “El Sastre 2”, lo cual causó duras contradicciones y señalamientos entre la empresa Exploraciones Mineras de Centro América, S.A., y el MEM, generando, inclusive, la publicación de campos pagados con las respectivas posiciones.

Para José Manuel Lemus, el Ingeniero de los proyectos de la empresa, las autoridades del MEM tergiversaron las cosas pues el EIA de la empresa Rocas El Tambor fue cedido en el año 2009 a Exploraciones Mineras, S.A., en cumpli-miento de todos los requisitos solicitados por el MARN. Según Lemus, la em-presa Rocas Bridge participó en el EIA para una planta dentro de la mina, pero se cumplió con todos los requisitos y plazos.

En esa oportunidad, el MEM dijo que esperaba que en un plazo de tres me-ses se completara el proceso de caducidad de la licencia del proyecto “El Sastre 1”, es decir, en junio, y de esta manera, la empresa quearía sin permiso de operar en Guatemala76.

76 Álvarez,Lorena.“CancelanlicenciaaminaElSastre”.DiarioelPeriódico,19demarzode2013,página10.

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IV. Las contradicciones y los señalamientos entre Exploraciones Mineras de Centro América, S.A. y el

MEM en torno al cierre del Proyecto Minero “El Sastre”

El 18 de marzo, por medio de un comunicado publicado en un medio local77, Explo-raciones Mineras de Centro América, S.A. cuestionó al Ministro del MEM, Erick Archila…

Que su negativa a acatar lo ordenado en la sentencia de la honorable Corte de Constitucionalidad de fecha 4 de diciembre de 2012 en re-lación al expediente 3615-2011 referente al otorgamiento de nuestro derecho minero, constituye una burla, una aberración y un total irres-peto a las leyes de este país, así como al máximo órgano jurídico de la nación.

Que su rechazo injustificado viola normas al retrotraer el expediente administrativo a previas etapas que ya habían sido consentidas por las partes; pues sus etapas de subsanación ya habían prescrito; por lo que ahora no puede hacer valer argumentos pasados y menos después de que ya hay resoluciones de la Dirección General de Minería y de la Procuraduría General de la Nación mediante las cuales se dictaminó que el expediente ya había llenado todos los requisitos de ley para su otorgamiento (…)

Que su rechazo sugiere que podría haber otros intereses de trasfondo, pues después de enormes gastos y esfuerzos durante más de 16 años de exploraciones por nuestra parte, incluyendo 6 de trámites por obtener el derecho minero, inclusive por la vía judicial, no es posible creer que aún medie buena fe en esto; pues este tipo de negativas solo fomentan la corrupción…

Igualmente, por medio de un comunicado divulgado el mismo 18 de marzo, el MEM respondió a los señalamientos vertidos por Exploraciones Mineras de Centro América, S.A., indicando que sus argumentos carecían de validez porque la denegatoria de la licencia de explotación se había realizado conforme al análisis legal de las constan-cias que existían dentro del expediente administrativo y estaban fundamentados en la Constitución Política de la República y en la Ley de Minería vigente.

El MEM fundamentó en el comunicado señalado, en las explicaciones siguientes:

1. La resolución se emitió como consecuencia de una Acción de Amparo promovido por Exploraciones Mineras de Centro Amé-rica S.A., en donde basados en apelación, la Corte de Constitu-cionalidad, el cuatro de diciembre de dos mil doce, emitió la sen-tencia dictada dentro del expediente número 3615-2011, la cual resolvió: “proceder a emitir la resolución final correspondiente a la solicitud presentada por la entidad amparada; asimismo, debe-rá proceder a su debida notificación; de licencia de Explotación Minera denominada “Ampliación del Proyecto Minero El Sastre # dos, identificada como SEXT guion cero veinte guión cero ocho (SEXT-020-08)”, y asimismo proceda a su debida notificación.”

77 “Exploraciones Mineras de Centro América, S.A., por este medio al Sr. Erick Archila Dehesa, Ministro de Energía y Minas”. Campo pagado publicado en el diario elPeriódico del 18 de marzo de 2013, página 17.

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2. Lo que la Honorable Corte de Constitucionalidad resolvió fue que se EMITIERA LA RESOLUCIÓN NO SI ERA EN SENTIDO POSITIVO O NEGATIVO, pues esa es una competencia del MINISTERIO DE ENER-GÍA Y MINAS.

3. EXPLORACIONES MINERAS DE CENTRO AMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, el 30 de mayo de 2008, solicitó Licencia de Explotación Minera para explotar ORO, PLATA, COBRE, NÍQUEL, MATERIAL SELECTO O PIROCLÁSTICO Y ESQUISTOS, en un área ubicada en los municipios de SAN JOSÉ DEL GOLFO y SAN ANTONIO LA PAZ de los departamentos de GUATEMALA y EL PROGRESO respectiva-mente.

4. Sin embargo, EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AM-BIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO “MINERO EL SAS-TRE”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, fue presentado por la entidad denominada: ROCAS EL TAMBOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual es persona distinta de la solicitante.

5. Se encuentra el acta notarial que contiene una declaración bajo ju-ramento, por parte del representante Legal de la sociedad ROCAS BRIDGE, SOCIEDAD ANÓNIMA”, a través de la cual se asume la responsabilidad en caso de incumplimiento en cuanto al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental –EIA- presentado. Por lo que es evidente que esta entidad, al no figurar como titular de la solicitud, no podría este Ministerio, deducir responsabilidades en caso de un eventual incumplimiento al referido estudio.

6. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales emitió la resolución número 205-2008/ECM/LRSV, de fecha quince de enero de dos mil ocho aprobando el Estudio a nivel de idea conceptual, y que por lo tanto, lo que se aprueba es la intención de realizar un proyecto de extracción minera, Y NO REALIZAR EL PROCESO DE EXPLO-TACIÓN COMO TAL, es decir, explotar en el lugar, condicionando el proyecto a la aprobación y presentación de estudios posteriores y planes de manejo.”Por lo que el Ministerio se ve imposibilitado a emi-tir una resolución de Licencia de Explotación a favor de Exploracio-nes Mineras de Centro América, S.A.

7. En cuanto al señalamiento de la CADUCIDAD, es importante acla-rar que dicha caducidad se promovió en el expediente del Derecho Minero El Sastre I, cuyo titular es ROCAS EL TAMBOR, S.A, ya que la obligación del Ministerio de acuerdo a la Ley de Minería, es reali-zar inspecciones in situ; sin embargo, se ha impedido a personeros de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público y de esta institución, el ingreso a las instalaciones para realizar la inspec-ción, lo cual ha obligado al Ministerio a aplicar una de las causales de CADUCIDAD contenidas en la ley de Minería, en el proyecto de-nominado el Sastre I, distinto al objeto de la denegatoria.

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Impactos psicosociales en la vida de las mujeres y de sus pueblos: violencia social, política, económica y sexual

Entre los impactos negativos de la industria extractivista en la vida de las mujeres guatemaltecas y de los Pueblos que reivindican el respeto de sus derechos fundamentales, resulta insoslayable realizar un balance crítico sobre el recuento de los daños psicosociales a los que se les ha sometido por emanciparse como sujetos políticos, ante la imposición de las políticas gubernamentales y los intereses depredadores del sistema-mundo capitalista.

Lo que no puede negarse es que el continuum de la violencia contra las mujeres es una realidad lamentable en la expansión del extractivismo en Guatemala. Los grupos políticos y económicos de poder siguen apoyándo-se en la violencia contra las mujeres como uno de los tantos mecanismos de represión, dominación y control que se sigue utilizando para infundir temor, provocar shock e inmovilizar a sus comunidades o Pueblos que se manifiestan contrarios a los intereses extractivo-capitalistas. No obstante, tanto históricamente como en la actualidad, se puede constatar que a pe-sar de la violencia con que se les pretende acallar, cada vez más mujeres como Yolanda Oquelí nos revelan su fortaleza para imponerse.

V. Violencia y represión contra liderazgos que se han opuesto a proyectos mineros

A continuación se abordan los hechos de violencia, persecución y asesinato de líde-res emblemáticos que han luchado contra la minería a cielo abierto.

Las amenazas, los atentados y los allanamientos han sido una constante y van en aumento.

n El 13 de junio de 2012, hombres armados que se conducían en una moto atentaron contra la vida de Yolanda Oquelí Velíz, lideresa del Frente Norte Metropolitano (FRE-NAM), cuando regresaba de la resistencia frente al proyecto minero “El Tambor” o “Progreso Derivada VII”78.

Afortunadamente, Oquelí sobrevivió al cobarde atentado y continúa luchando fir-memente y hace un llamado a la generalización de la lucha contra los proyectos mineros e hidroeléctricos a nivel nacional79. Como argumenta la Antropóloga Irma Alicia Velázquez Nimatuj:

Más que empujar una lucha solitaria, ella ha apoyado la unifica-ción de los diferentes frentes; esto marca, entonces, una diferen-cia porque la lucha en contra de la minería en Guatemala deja de ser exclusivamente indígena para convertirse, también, en la lucha de los pueblos mestizos y ladinos, cuyos territorios siguen siendo asignados por el Estado sin el consentimiento de las poblaciones80.

78 DeLeón,Susana.“LapacíficacausadeYolandaOquelí”.DiarioelPeriódico,ediciónelectrónicadel24defebrerode2013.79 Entrevista realizada el 26 de julio de 2013.80 Velásquez Nimatuj, Irmalicia. “Yolanda Oquelí”. El Periódico edición electrónica del 18 de junio de 2012.

75

n El 10 de julio de 2012 fue allanada la vivienda del dirigente maya k´iche´, Domin-go Hernández Ixcoy, cuando había salido de su vivienda. Llama la atención que los malhechores, accidental o intencionalmente dejaron un papel en el lugar que con-tenía amenazas e instrucciones claras de cómo tenían que dejar una nota sobre el cadáver, y en el reverso de la hoja había un croquis para llegar a esa vivienda.

n Luego de una serie de amenazas y vigilancias que había afrontado desde el 2010, el 8 de marzo de 2012 fue asesinado el líder Carlos Antonio Hernández Mendoza, quien formaba parte de la Asociación Camoteca del departamento de Chiquimula, e integraba las Organizaciones Campesinas e Indígenas, Iglesias, Sindicales y Cam-pesinas de Oriente (COPIISCO), de la Comisión Política del Frente Nacional de Lucha (FNL), y del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSG).

n En noviembre de 2010 había sido detenido en Chiquimula y fue acusado de reali-zar actos contra la seguridad interna de la Nación así como reuniones y moviliza-ciones ilegales. Estas falsas acusaciones en su contra se debían a que participaba activamente en las movilizaciones y protestas en la defensa de los derechos de las comunidades maya ch´orti´, cuyas riquezas naturales y su territorio se han visto amenazados por la minería metálica.

n El 12 de junio de 2012 fue asesinado José Tabico, de la comunidad Sibaca III del municipio de Santa Cruz del Quiché.

n El 04 de julio del mismo año, hombres fuertemente armados hirieron a cuatro mu-jeres y amenazaron de muerte a la lideresa Aura Lolita Chávez, cuando volvían de una manifestación pacífica contra la minería y la privatización de las cuencas hidro-gráficas.

n El 26 de julio de 2013, el Consejo de Pueblos K´iche´ (CPK) denunció ante las au-toridades la desaparición de Silverio Vicente de la comunidad Sibaca, Chujuyub´, Santa Cruz del Quiché. Su cadáver fue encontrado el 05 de agosto y presentaba fuertes señales de tortura. El subcomisario de la PNC, Byron Isabel Revolorio de León, se negó a cumplir con su obligación de investigar para dar con su paradero y respondió que no podía intervenir en la búsqueda, pues tenía que recibir órdenes de sus superiores.

n El 17 de marzo de 2013 fueron secuestrados por hombres fuertemente armados y encapuchados, el Secretario de la Junta Directiva del Parlamento Xinka de Santa María Xalapan, Encarnación Marcos Ucelo; los líderes xinkas, Roberto Aguilar y Ro-dolfo López; así como Roberto González Mayordomo del Paralmento Xinka.

El secuestro se produjo cuando hombres fuertemente armados les interceptaron el paso al retornar a su comunidad, después de participar como observadores en una Consulta Comunitaria que se realizó en San Rafael Las Flores. El cuerpo estrangula-do y con las manos atadas de Encarnación Marco Ucelo fue localizado en una zanja en los alrededores del pueblo Las Brisas, en el municipio de Mataquescuintla, un día después.

En el caso de Roberto Aguilar y Roberto López, fueron liberados en diferentes horas de la noche del día 17 de marzo y presentaban señales de maltrato. Roberto Gon-zález apareció con vida el 18 de marzo en Chimaltenango.

n También el 09 de julio del presente año, 2 hombres que se conducían en una mo-tocicleta en el camino de terracería que va de San José del Golfo a la aldea San Antonio El Ángel, asesinaron al activista del Plantón La Puya, Santos Fidel Ajau Su-ret. Los asesinos le asestaron tres balazos por la espalda y dos tiros de gracia. En la noche de ese mismo día, hombres desconocidos realizaron disparos frente a la vivienda de Yolanda Oquelí en San José del Golfo.

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Ante el ataque armado que Oquelí, sufrió el 13 de junio de 2012 por liderar el plantón “La Puya”, lejos de inhibirse se siente con más fuerza para continuar en la resistencia pacífica que exige la suspensión definitiva de las operaciones de la mina “El Tambor”. Su opinión refleja que su convicción por la vida colectiva es firme…

...con la bala ellos quisieron callarme, pero me da más coraje y más valor para seguir hablando por mis hijos y por el bien de todos.

La represión actual del neo extractivismo contra las mujeres ha implicado también la violencia sexual. Lo per-verso de este tipo de violencia es que afecta sobremanera la salud psicológica y la subjetividad de las mujeres, pues tal como analizan las científicas sociales Amandine Fulchi-rone, Olga Alicia Paz, y Angélica López:

La violación sexual es una violencia con un enorme poder des-tructivo sobre las mujeres víctimas. Deja sus huellas tanto en su cuerpo como en su mente, y sus secuelas permanecen aunque el hecho violento haya cesado81.

La violencia sexual contra las mujeres mayas, garífunas y xinkas, ha sido una práctica sistemática desde la invasión europea a la actualidad, y el pasado conflic-to armado interno es el antecedente más inmediato donde se registran testimo-nios de mujeres mayas, que muestran como el Estado de Guatemala recurrió a la violación sexual como arma de guerra para someter al Pueblo Maya.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la violación se-xual formó parte de la política contrainsurgente y como tal, fue una práctica generalizada, sistemática y masiva que respondió a una planificación y ordenes explícitas de los mandos superiores del Ejército y cometida por agentes del Esta-do –Ejército, Policía Nacional (PN), grupos paramilitares, etc. –. El testimonio de las mujeres sobrevivientes que se atrevieron a romper el silencio y compartieron su testimonio sobre el horror que vivieron a manos de los agentes del Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno, fue clave para que la CEH pudie-ra determinar que el 99% de las víctimas de estos deleznables crímenes, fueron mujeres. Y el 89% fueron mujeres mayas: niñas, jóvenes, adultas y ancianas.

A pesar de las recomendaciones del informe de la CEH, a la fecha no se ob-servan políticas y acciones que reflejen que el Estado guatemalteco oriente sus esfuerzos para erradicar esta práctica tan deleznable contra la vida de las muje-res. Según el testimonio de mujeres viviendo en las zonas de mayor conflictividad social causadas por la expansión de la industria extractivista, los cuerpos de las mujeres han sido convertidos en botín de guerra.

Mujeres han reportado casos de violencia sexual durante los violentos desalo-jos en el Valle de Polochic, en el Estor, Izabal, así como en el Estado de Excepción impuesto por el gobierno de Colom en las 12 comunidades Maya-Kaqchikel en Resistencia en el municipio San Juan Sacatepéquez, entre junio y julio de 2008.

El siguiente relato de una lideresa maya-kaqchikel, evidencia cómo, en el marco de la imposición de los proyectos de la industria extractivista, los cuerpos de las mujeres son convertidos en botín de guerra y se cometen estos crímenes con total impunidad.

81 Fulchirone, Amandine, Paz, Olga Alicia y López, Angélica. “Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes deviolaciónsexualduranteelconflictoarmado”.EquipodeEstudiosComunitariosyAcciónPsicosocial(ECAP),UniónNacionaldeMujeres Guatemaltecas (UNAMG). Guatemala, 2009.

Mujeres han reportado casos deviolencia sexual durante los vio-lentos desalojos en el Valle de Polochic, en el Estor, Izabal, asícomo en el Estado de Excepciónimpuesto por el gobierno de Colom en las 12 comunidades Maya- Kaqchikel en Resistencia en el municipio San Juan Saca-tepéquez, entre junio y julio de 2008.

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...en ese tiempo vinieron los policías antimotines y di-jeron busquen, revisen a las mujeres, ellas son las que llevan las armas debajo de la ropa. Empezaron a qui-tarle las blusas a las mujeres, a levantarles los cortes (...) en ese momentito, fueron violadas varias mujeres (...) Hay mujeres que por el temor que le tienen a la Policía y al Ejército, no quisieron denunciar y hay mujeres que ya no tuvieron temor y denunciaron; son los casos que se conocen...

Lo compartido por esta lideresa permite supo-ner que la administración del Estado respalda la vigen-cia de la violencia sexual como mecanismo de poder y de agresión militar, patriarcal y racista en situaciones

de conflicto social. Y desde esta perspectiva es posible comprender que la violencia sexual que se ha cometido y se comete mayoritariamente contra las mujeres ma-yas por parte del Ejército, efectivos policiales y guardias de seguridad privada de las empresas mineras, en momentos de exacerbación de la conflictividad social, no es para nada un accidente o casualidad.

Con todo lo anterior, es imprescindible acotar que, aunque por parte del Es-tado guatemalteco no se vislumbran políticas estatales para erradicar la violencia sexual, hay esfuerzos organizativos y comunitarios que se atreven a denunciar y exigir justicia por estos crímenes. El caso paradigmático lo constituye la reciente resolución de una Corte canadiense que ha aceptado la demanda contra la empresa minera canadiense Hudbay Minerals, por hechos represivos ocurridos entre 2007 y 2009 en el municipio de El Estor Izabal.

Después de una larga lucha por parte de organizaciones de derechos humanos y en defensa de los derechos de las mujeres, por primera vez la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, dirigida por la Jueza, Carole Brown, aceptó juzgar a la empresa minera transnacional HudBay Minerals por violaciones a los derechos humanos y violaciones sexuales perpetradas contra 11 mujeres maya q´echi´, por parte de guardias de seguridad de la CGN, su subsidiaria en Guatemala. Las 11 mujeres maya q´echi´ denunciaron en Toronto, Canadá, que fueron víctimas de violaciones sexuales masivas y múltiples durante los violentos desalojos cometidos por fuerzas del Estado y con participación de guardias privados de seguridad, el 17 de enero de 2007 en la comunidad Lote 8, el Estor, Izabal.82

El proceso también incluye el asesinato del profesor y líder maya q´eqchi´ Adolfo Ich Chamán a manos del teniente coronel Mynor Padilla, en ese momento, Jefe de seguridad de CGN y quien fue capturado en septiembre de 2012. El hecho ocurrió el 27 de septiembre de 2009, cuando ocurrió otro violento desalojo de co-munidades, y en donde también, como consecuencia de los severos golpes recibi-dos, quedó parapléjico German Chub83

Aunada a la violencia ejercida contra las mujeres, también se identifica la vio-lencia política ejercida contra los hombres y la niñez. Esta violencia ha implicado asesinatos selectivos, secuestros y tortura, persecución política y criminalización de sus vidas.

Ante evidentes violaciones a los derechos humanos y la agudización de la re-presión contra todos los pueblos que se han resistido y se resisten pacífica y orga-nizadamente contra la minería metalífera y no metalífera, preocupa que el sistema-mundo capitalista, patriarcal y racista neoliberal, en contubernio con el gobierno de Guatemala, imponga proyectos con fuerte represión y muerte.

82 “Maya Q´eqchi´ contra Hudbay Minerals. Contexto de la demanda judicial en Canadá contra la minera Hudbay, por graves violaciones de derechos humanos (asesinato, violación sexual) en El Estor, Izabal, Guatemala”. [En línea] Disponible en: http://www.semillerosde-pensamientos.org/include/uploads/nodo/MayaqeqchicontraHudbayMinerals.pdf

83 Cristina Chiquin. “Sé que la justicia es mía aunque me la niegue”. Prensa Comunitaria edición electrónica del 29 de julio de 2013.

Es imprescindible acotar que, aunque por parte del Estado guatemalteco no se vislumbran políticas estatales para erra-dicar la violencia sexual, hay esfuerzos organizativos y comu-nitarios que se atreven a denun-ciar y exigir justicia por estos crímenes.

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El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía pone a disposición del público crítico y población interesada en el conocimiento profundo de las problemáticas socioeconómicas y políticas históricas de Guatemala, el libro “Petróleo y minería en las entrañas del poder” de Luis Solano, miembro de nuestro equipo. Fue publicado en el año 2005 por Inforpress Centroame-ricana.

Fue concebido como un aporte a los procesos culturales que reclaman la eliminación de la censura y la desconcentración del saber. Muestra datos y abre ventanas de reflexión sobre ideas e historias negadas por parte de los medios de comunicación domi-nantes. Desde esa perspectiva, pretende remontar esa antigua cultura política y contribuir a deshacer las mordazas impuestas sobre el lenguaje público. Hay que tomar en cuenta que en Guatemala, dar opinión o información científica sobre las entrañas de los poderes económicos ha significado enfrentarse a la muerte. La investigación periodística que aquí se encuentra es una herramienta fundamental en ese propósito. Integra notas para estimular, además, la apertura de áreas de estudio permanente en el campo del petróleo y la minería, ramas de la industria extractiva sobre las cuales el desconocimiento es un grave vacío histórico en las cien-cias sociales guatemaltecas.

En Guatemala la industria petrolera y minera ha invertido en tecnología, pero ésta siempre ha tenido el carácter de inversión golondrina: no se queda ni acumula para la Nación.

Las indagaciones atraviesan los ámbitos donde estas dos ramas de la industria extracti-va provocan impactos simultáneos: en el nivel comunitario, local, municipal, territorial en su conjunto, donde las comunidades suelen ser excluidas de la información, la consulta así como del análisis conjunto de costos y beneficios; y en el nivel macropolítico, donde los mecanismos legales rectores básicos suelen ser objeto de tráfico de influencias: estudios y monitoreos de impacto ambiental; el proceso de licitación, la recaudación y destino fiscal e, incluso, la crea-ción de los marcos legales. El libro ofrece abundantes citas e interpretaciones que dan cuenta de consorcios y personajes del mundo empresarial y político con inversiones en petróleo y mi-nería, involucrados precisamente en la manipulación de la información pública y del derecho. Cabe apuntar que los negocios mineros y petroleros han ido de la mano de oscuras campañas que alimentaron las acciones estatales de contrainsurgencia.

La industria extractiva ha sido un objetivo de inteligencia militar en el mundo, ya que pe-tróleo y minería son materias primas de las más apetecidas porque constituyen piezas clave del modelo de reproducción internacional del capitalismo. Ahora bien, que el petróleo y la minería hayan estado en Guatemala tan estrechamente vinculados a los intereses militares, implicó una influencia profunda en las debilidades del Estado para funcionar como Estado de Derecho. Esta revelación es uno de los méritos de este trabajo. Es más, se hace notorio que la conformación misma del Estado ha sido influenciada por el capital petrolero y minero. En estas páginas se podrán encontrar patrones recurrentes en la conformación de redes de asociación entre empresarios, militares y funcionarios públicos guatemaltecos, funcionarios y asesores del gobierno de Estados Unidos y accionistas de transnacionales, con el fin no sólo de tener control sobre las políticas y legislación pública sino sobre los territorios.

Las tesis que fundamentan la interpretación de las realidades analizadas en esta publica-ción, constituyen ejes fundamentales para la investigación de las estructuras de poder que sostienen las inversiones actuales del modelo de acumulación vigente en Guatemala.

El libro está a disposición en las oficinas de El Observador y tiene un costo de Q. 100.00

“Petróleo y minería en las entrañas del poder”