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El corazón de las luchas campesinas, tanto en México como en otras geografías de América Latina y del mundo, está hoy más que nunca en la defensa de la propiedad colectiva de los territorios. En la lucha por la tierra y en la defensa del territorio se está jugando una de las batallas definitorias ante las fuerzas que, desde el calendario y la geografía de arriba, aceleran la velocidad en que el capitalismo mundial cambia la faz del mundo avasallando territorios y culturas.

En los últimos años, muchas movilizaciones campesinas han puesto en el centro de su agenda el cuestionamiento a las injustas reglas del comercio mundial y la denuncia del desmantelamiento de los programas e instituciones destinados a la producción de los alimentos con lo que, tal vez, han logrado pequeños parches económicos. Sin embargo, uno de los espacios más conflictivos para miles de pueblos campesinos en todo el mundo es la lucha por la tierra frente a la destrucción de las formas de vida campesinas.

De sobrevivientes y guardianesLuchas campesinas en México

Cuando un indígena dice “tierra”, lo dice sin anteponerle nada pero diciendo también “patria”, “madre”, “casa”, “escuela”, “historia”, “sabiduría”.

(Subcomandante InSurgente marcoS, amador Hernández, la dISputa por la tIerra. 1999).

Eva Serna, Alejandra Valero, Lucio Díaz

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La lucha por la tierra está en el corazón del le-vantamiento zapatista de 1910 y en el de los pue-blos rebeldes de Chiapas de 1994; en la lucha de la Asamblea de los Pobres de Tailandia por la defen-sa de sus bosques; en la resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ante los proyectos del capital y frente a la represión en Atenco; en las ocupaciones de tierra y en la construcción de alter-nativas del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil; en la indignación de los ejidatarios de la Comarca Lagunera o de las tribus mayo-yoreme y yaquis por la incontrolable renta de sus tierras y la privatiza-ción de los pozos de agua; en la experiencia de los campesinos insumisos de la India y de Corea del Sur frente a las políticas de expulsión y aniquilamiento; en la determinación de los comuneros opositores a la presa hidroeléctrica La Parota, de las compañeras mazahuas o de los pueblos de Morelos por la de-fensa del agua; en la histórica lucha de los pueblos indios en los Andes y la Amazonía por la reforma agraria y por su autonomía. En un texto reciente, Eric Hobsbawm ayuda a poner en perspectiva el de-safío campesino en el mundo:

“La agricultura sigue siendo el principal depo-nente de mano de obra. En Japón la población agríco-la se redujo del 52,4 por ciento después de la Segunda Guerra Mundial al 5 por ciento en el presente. Lo mismo en Corea del Sur y Taiwán. Aún en China la población agrícola ha disminuido del 85 por ciento en 1950, al 50 por ciento hoy en día. No hay necesidad de comprobar la sangría de campesinos en América Latina desde 1960, pues es evidente.

“Para decirlo pronto, salvo la India y algunas zonas del África subsahariana, no quedan países campesinos en el mundo. La dramática caída de la población rural se ha compensado con un alto cre-cimiento de las zonas urbanas que, en el mundo en desarrollo, han dado origen a ciudades gigantes” (Hobsbawm 2009).

Los más de 250 millones de migrantes en el mun-do no sólo son, en su inmensa mayoría, campesinos de origen, además han sido expulsados de sus países. Esto expresa un doble fracaso de los Estados naciona-les: por un lado, el fracaso o la ausencia de políticas de reforma agraria y, por el otro, el fracaso en sus procesos de industrialización.

Quinientos años después, doscientos años después, cien años después…

Los pueblos campesinos de México son herederos de procesos antiguos de resistencia frente a la guerra de conquista y despojo de sus territorios. En la segunda mitad del siglo XVIII y durante el siglo XIX, los pue-blos indios de lo que hoy es México enfrentaron un ciclo de políticas, leyes y campañas militares contra sus territorios, contra la propiedad comunal.

Las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII y las cédulas reales de 1794, 1798 y 1800, de-terminantes en el estallido de las rebeliones indígenas de la guerra de independencia, hasta las reformas libe-rales con la Ley Lerdo que, incorporada en 1857 a la Constitución, prohibía la propiedad indígena corpo-rativa, acompañan un ciclo de acumulación capitalis-ta que culmina con las grandes haciendas porfiristas, con las grandes inversiones extranjeras en minería, manufactura, ferrocarriles y petróleo, con el México bárbaro de las haciendas, las fincas y las monterías.

En esta larga guerra de conquista los pueblos indios han sido el principal enemigo del capital, las campañas militares que el gobierno mexicano enca-bezó contra el pueblo Yaqui o el Comca´ac, el exter-minio de muchos pueblos indígenas como el Opata o los Pericúes o el asesinato de tribus enteras asentadas entre México y Estados Unidos, son algunos ejemplos no tan lejanos que develan lo que ha sido el desarrollo capitalista en México.

El largo proceso de resistencia indígena, desenca-denó en 1910 la primera revolución campesina y po-pular del siglo XX, donde más de un millón de cam-pesinos, en su mayoría indígenas, dieron sus vidas luchando por la tierra. Esta revolución permitió, en cierta medida, procesos de reforma agraria a favor de ejidos y comunidades indígenas y campesinas ba-sados en el Artículo 27 de la Constitución de 1917, y con ello a la propiedad colectiva “inalienable, im-prescriptible e inembargable” en muchas regiones del país.

El zapatismo como fuerza popular autoorganiza-da, con capacidad militar, calidad moral y política-mente independiente, terminó de nacer en noviembre de 1911 con el Plan de Ayala como bandera de lucha. Este esfuerzo dejó enseñanzas importantes al México

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de abajo, al México indígena, la experiencia zapatista en Morelos (1911-1919), expropió tierras e industrias permitiendo la reconstitución de los territorios y la construcción de otra forma de hacer política. El zapa-tismo no reivindicaba la lucha por la tierra de manera aislada, su lucha era por el territorio y por la autono-mía de los pueblos: los manifiestos zapatistas en na-huatl hablaban del Altepetl (tierras, montes y aguas) y el Plan de Ayala reivindicaba el respeto a la ley y a la justicia de los pueblos.

Si bien el Artículo 27 puede considerarse una con-quista de las luchas campesinas que abrió el camino para la recuperación de tierras a lo largo del siglo XX, los pueblos indios nunca fueron reconocidos como su-jetos de derecho público más allá del derecho agrario; ni sus territorios ni su autonomía fueron respetados. La nación mexicana trató a los pueblos indios como cam-pesinos a quienes, en el mejor de los casos, había que integrar a procesos productivos capitalistas.

Los embates contra los territorios y formas de gobierno indígenas y campesinas nunca terminaron. Al contrario, se han ido acentuando, actualmente ve-mos un ciclo de contrarreformas neoliberales, que co-menzó de manera clara con la reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992. Este nuevo ciclo ha tenido, en menos de veinte años, efectos muy veloces y pro-fundos en la destrucción de culturas y tejidos comuni-tarios y en la apropiación y transformación capitalista de los territorios.

Si bien su punto de partida ha sido el desmante-lamiento de la propiedad ejidal y comunal, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994, profundizó la destrucción de la vida campesina más allá de esto. La traición a los Acuerdos de San Andrés y la aprobación de la con-trarreforma indigenista conocida como Ley Bartlett-Cevallos-Ortega (acordada por el PRI, el PAN y el PRD), en 2001, representa un momento definitorio no sólo para las luchas indígenas y campesinas. Con este nuevo ciclo de reformas, especialmente a partir de 2001, comienza una avalancha de leyes neolibera-les en materia de bosques, aguas, semillas, minería, bienes nacionales, conocimiento tradicional y biodi-versidad, todas orientadas al despojo capitalista de los territorios indígenas y campesinos, todas avaladas por el conjunto de la clase política.

Las estrategias del conquistador

De manera esquemática, encontramos tres procesos con los que operan las nuevas contrarreformas desde el gran capital, y que le permiten adquirir fuerza de trabajo, materias primas y reordenar los territorios de acuerdo a sus intereses. El capital recurre para ello al uso de marcos legales que permitan el despojo y, como consecuencia, la fragmentación de comuni-dades y la destrucción de economías campesinas. Además hay que señalar que frente a la resistencia de los pueblos, el Estado y la clase política llegan a operar fuera de los marcos legales, ya que el despojo opera, en la mayoría de los casos, usando la represión violenta, abierta y descarada.

a) La modificación de marcos legales para hacer de la tierra una mercancía. Con la reforma del Artículo 27, vino la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y la aprobación de nuevas leyes en materia agraria, forestal y de aguas nacionales.

La nueva Ley Agraria dio paso a la “certifica-ción” —ahora lo llaman “regularización”— de ejidos y comunidades, para permitir diferentes contratos de cesión de derechos (renta, compra, venta, concesión) o la aportación de tierras de uso común a sociedades civiles o mercantiles. La entrega de títulos individua-les de las parcelas y la delimitación de la zona de uso común, permiten a núcleos agrarios fraccionar, arren-dar, vender, comercializar o hipotecar en garantía. En realidad, se trata de una política más amplia para un nuevo proceso de concentración de tierra, dando paso también a diferentes formas de apropiación capita-lista del territorio. Por lo tanto, se trata también de cambiar toda la forma de organización productiva en el campo mexicano.

b) La destrucción de economías campesinas, comu-nitarias y populares, de la soberanía alimentaria y la apertura comercial para el desplazamiento masivo de poblaciones campesinas. Esto ha venido acompañado del arrinconamiento del comercio ambulante y la as-fixia del pequeño y mediano comercio, todo para bene-ficio del gran capital comercial extranjero y nacional.

El nuevo marco legal se completó con la firma del TLCAN que, como lo ha señalado Sergio Rodríguez

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Lascano, fue diseñado luego de la caída del muro de Berlín, por el equipo que rodeaba a George Bush y plasmado en el texto Enterprise for the Americas. Con este tratado se marcaba una tendencia ya señalada por los compañeros zapatistas y que hoy se expresa con mayor fuerza: la crisis del Estado-Nación. Al ceder sus derechos y atributos esenciales, el Estado-Nación se está abriendo para la destrucción de sus propias bases: la soberanía, el mercado nacional, las medidas arance-larias, los marcos jurídicos nacionales, etcétera.

El TLCAN remató toda una serie de políticas para desmantelar los sistemas de producción y comerciali-zación de los alimentos y productos básicos. Se aca-baron los subsidios y la organización estatal de la pro-ducción y comercialización campesina, la añoranza de esquemas como Conasupo o el Inmecafé es inútil, hace tiempo ya que Diconsa únicamente introduce a las regiones productos para el consumo que, en su in-mensa mayoría, son importados y de mala calidad.

El capital cambió la forma de organización pro-ductiva, los criterios mercantiles han favorecido la importación generalizada de productos, mientras la producción nacional considerada rentable quedó en

manos de los nuevos reyes del agro, ejemplos como MASECA, Bachoco, Granjas Caroll, o como el del rey del ajo, Javier Usabiaga, muestran los nuevos procesos de acumulación capitalista agroindustrial. Por otro lado, el éxito de estas empresas se basa en la precarización del trabajo. Considerando que los cam-pesinos pobres son también jornaleros agrícolas tem-porales su sacrificio es doble: por un lado la caída en el precio de sus cosechas; por el otro la disminución de sus salarios.

Como consecuencia del TLCAN, las importacio-nes de maíz proveniente de Estados Unidos se han multiplicado por quince. La avasalladora competen-cia estadounidense se ha sumado a políticas dolosas del gobierno mexicano que, en el caso del maíz, in-cluso llegaron a liberalizar el mercado más allá de lo requerido por el propio acuerdo y han permitido el ingreso, y ahora la siembra, de maíz transgénico en el país. El TLCAN significó el desmantelamiento de la producción agrícola nacional y de la agricultura campesina, ahora los campesinos mexicanos sobre-viven con los millones de dólares que los migrantes han venido enviando a sus familias; por lo general

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estas remesas garantizan únicamente la infrasubsistencia de las familias, y lejos están de poder impulsar los procesos productivos.

c) La fragmentación y apropiación capitalista del territorio. La lógica de la cuarta revolución tecnológica, como lo ha señalado Sergio Rodríguez Lascano, es la subsunción del territorio al capital. Los territorios y sabe-res indígenas y campesinos representan intereses que son perseguidos por el capital que impone los nuevos marcos normativos y los programas gubernamentales. Sin embargo, la gran mayoría de los bosques y selvas de México siguen resguardados por los pueblos indígenas y campesinos que mantienen una propiedad y gobierno colectivos. La gran diversidad de luchas y formas de resistencia que en los rincones de este país florecen representan uno de los más grandes obstáculos para la guerra de conquis-ta del capital.

Es por ello que allá arriba inventan nuevas trampas y mecanismos de despojo: buscan fragmentar los indivisibles territorios indígenas, secues-trar pedazos de éstos por medio de patentes, certificaciones o estructu-ras que generan dependencia tecnológica (semillas, agroquímicos, etc.). Recurren para esto a programas de gobierno tramposos, enmascarados, imponen Áreas Naturales Protegidas o criterios de “conservación” para los llamados recursos naturales y bienes comunes, que buscan trasladar su control a los centros del poder financiero por medio, por ejemplo, de sistemas como la venta de bonos de carbono y de pago por servicios am-bientales hidrológicos. Cuando se habla de la cuarta revolución industrial poco se piensa en elementos fundamentales como el control de los mapas genéticos de los seres vivos, la creación de organismos genéticamente transformados o la llegada de los agrocombustibles, estos últimos pre-sentados como una alternativa a la crisis del petróleo.

Por otro lado, este ciclo de contrarreformas se facilita con lo que los compañeros zapatistas han señalado como la “imposible geometría del poder”. Donde antes el Estado era el aval de la producción nacional de los campesinos, ahora se abre un gran mercado, pretendidamente libre, para la acción del capital en sus diferentes formas: desde el industrial, el financiero, el comercial, el bancario, el inmobiliario, etc. La clase política en su conjunto está volcada en tareas gerenciales o administrando sus feudos regionales, todos trabajan al servicio del gran capital. Todos los partidos políticos han apoyado, y apoyan en lo fundamental, las contra-rreformas neoliberales, sus marcos “legales”, los tratados comerciales, los presupuestos federales y estatales, sus reglas de operación.

Tendencias generales de la guerra de conquista

Estos procesos se traducen en tendencias generales de privatización y concentración de tierras, de vaciamiento de territorios y su repoblación bajo nuevas lógicas, y en la destrucción de la naturaleza. El recorrido de La Otra Campaña durante el 2006 mostró territorios destruidos, a veces

en ruinas, a veces con las construc-ciones del conquistador, el gran capital, ya levantándose sobre lo que eran campos de cultivo, pue-blos de pescadores, tierras comu-nales y ejidales, territorios indíge-nas. El recorrido también advirtió la pérdida de identidad cultural en los barrios y en los pueblos: la destrucción de la comunidad.

El Subcomandante Insurgente Marcos hacía el recuento que para diciembre de 2005, y de acuerdo al centro de estudios y publicacio-nes de la procuraduría agraria, el 22 por ciento del total de tierras ejidales y comunales se encontra-ba en proceso de cambio de do-minio o cesión de derechos. A esa fecha, mediante el Procede y el Procecom, se habrían certificado 609 ejidos y bienes comunales.

Este nuevo mercado de tierras ha comenzado a desarrollar nuevos latifundios, pero los inversionistas o las empresas no buscan ahora el total de las tierras, sino sólo aque-llas que les garanticen una ganan-cia. En la mayoría de los casos, las empresas llegan, depredan y se van a otro lado. Los cambios en materia agraria posibilitaron a particulares invertir sin arriesgar nada y sin tener que comprar la tierra, pudiendo tener acceso a ella por otras modalidades. Además de la política oficial que les favorece, en ejidos y comunidades de todo el país, las empresas obtienen de-rechos corrompiendo autoridades municipales y agrarias.

Según datos del Centro de Aná-lisis Multidisciplinario (CAM), para febrero de 2009, de los 33.2 millones de personas que se encon-traban en el medio rural, solamente

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8.5 millones se encontraban ocu-padas en actividades agropecua-rias. Del total de la población rural, el 35 por ciento no recibe ingreso, 24 por ciento recibe has-ta un salario mínimo, 27.9 por ciento de uno hasta dos salarios mínimos, 7 por ciento recibe de dos hasta cinco salarios mínimos, y sólo 6.1 por ciento de los tra-bajadores agrícolas reciben un ingreso superior a cinco salarios mínimos.

Con el incremento de los productos de la canasta básica, durante los tres años de Felipe Calderón, las familias que viven del campo tuvieron una pérdi-da del 44 por ciento en su poder adquisitivo y, por lo tanto, en su nivel de vida. De esta manera, el número de agricultores que no tienen los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades mínimas, llegó a 28 millones 280 mil 765 personas.

Las políticas gubernamenta-les, las crisis agrícolas, la baja en los precios de los productos del campo y el alza en los precios de lo necesario para sembrar y cose-char, han provocado que, en los últimos seis años, la migración de las comunidades rurales rumbo a las ciudades, a los latifundios agroindustriales o al extranjero haya crecido en 41 por ciento.

Según el mismo CAM, entre 1995 y 2005, los hogares que se mantienen de remesas pasaron de 600 mil a más de 4 millones. Un reporte del Banco Mundial en materia de migración informa que actualmente existen 11.5 millones de migrantes mexicanos en el ex-tranjero. En 2007, más de 600 mil

campesinos abandonaron el campo mexicano para integrarse a diferentes cadenas de sobreexplotación capitalista como mano de obra desplazada y precarizada, en invernaderos trasnacionales, franjas maquileras, corre-dores industriales, en la construcción, en los servicios o en el mercado informal.

Si bien la actual crisis ha frenado el proceso migratorio ante la falta de empleo en Estados Unidos y a pesar de la pérdida de 500 mil empleos en lo que va del año y del nulo crecimiento de la economía, las remesas siguen siendo el sostén de una parte significativa de las familias en el campo y en las ciudades. Cabe señalar que 5.9 millones de mexicanos que residían en los Estados Unidos en 2004 carecían de seguridad médi-ca, que en el campo mexicano los casos de explotación laboral agrícola sin prestaciones va en aumento y que los ingresos de los migrantes que trabajan en el campo norteamericano se han visto disminuidos por la caí-da de la economía mundial. La precarización de los ingresos en forma de remesas no se queda ahí: los trabajadores agrícolas y de la construcción que laboran en el extranjero también sufren robo a manos de empresas que se dedican al envío de remesas.

Al profundizarse la pobreza y la erosión en las comunidades y fami-lias campesinas, también se ha incrementado el número de tierras ejidales y comunales que han entrado en cesión de derechos para su renta o al cambio de dominio. Quienes más han aprovechado esta situación son las cadenas hoteleras, los núcleos agrarios que se ubican dentro de los litorales costeros de todo el territorio nacional han sufrido los cambios más fuertes en la tenencia de la tierra. La mayoría de los ejidos y comu-nidades que fueron “certificados” tienen recursos turísticos, ecológicos, pesqueros y urbanos.

De acuerdo a la Procuraduría Agraria, un gran número de los procesos de controversia y conflictos agrarios se concentran en dichas comunida-des, en la mayoría de los casos por el manejo o uso de recursos forestales,

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agua y tierras. Entre 1994 y 2005, el 22 por ciento de los conflictos agrarios del país se enfrentaron en con-tra de las siguientes figuras que usa el capitalismo: inmobiliarias, hoteles, centros recreativos, centros turísticos, desarrollos gubernamentales (expropiacio-nes), desarrollos privados, industrias, explotación de recursos naturales y centros comerciales.

Una característica inherente al sistema capitalista es la destrucción del medio ambiente, que junto con la explotación, el despojo, el desprecio y la represión son, a la vez, condiciones necesarias y resultado de su desarrollo. Es precisamente la destrucción de la naturaleza la que tiene en pie de lucha a decenas y de-cenas de comunidades, ejidos, organizaciones, colec-tivos e individuos defensores de la Madre Tierra y de los derechos de los pueblos. A lo largo del recorrido de La Otra Campaña, muchos compañeros adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona plan-tearon la importancia de la defensa de la naturaleza como elemento inseparable de la lucha anticapitalis-ta. Nos enseñaron un discurso perfectamente articula-do y muy radical, que señala exactamente quién es el responsable de la destrucción y que, tal vez, es el que mejor describe el carácter de guerra de conquista de la etapa neoliberal del capitalismo.

En todas las esquinas y rincones del México de abajo, del campo a la ciudad, se escucharon y se si-guen escuchando historias de afectaciones ambienta-les. Se calcula que los daños por contaminación de la última década alcanzaron en nuestro país los 36 mil millones de dólares. La actual tasa de deforestación es de 631 mil hectáreas al año. En el caso de los man-glares se calcula que se pierden diariamente 4.43 hec-táreas de este ecosistema fundamental (Greenpeace México, 2009). Cada vez son menos los manantiales de agua pura y más los mantos acuíferos contamina-dos, la crisis del agua apenas comienza y está lejos de ser dimensionada por la estupidez de los de arriba. El gobierno da permisos y concesiones para proyectos industriales contaminantes, pisoteando la legislación, el ambiente y la salud pública. El país se ha vuelto un basurero de desechos peligrosos y son las colonias populares y las comunidades más pobres el canal de desagüe de estas inmundicias, a tal grado que se pue-den encontrar pueblos enteros con epidemias y en-fermedades (cáncer, malformaciones, enfermedades

gastrointestinales, etcétera). El capital convierte es-pacios de vida en territorios de muerte.

La urbanización desordenada y salvaje, los pla-nes carreteros, los megaproyectos turísticos, las neo-haciendas agroindustriales, la explotación minera a cielo abierto, y los nuevos proyectos de explotación petrolera avanzan a nuevas regiones, incluso dentro de las supuestas Áreas Naturales Protegidas. La cri-minalización del trabajo campesino artesanal bajo la coartada de la protección ambiental y la represión contra defensores de la naturaleza es el pan de cada día, mientras que las autoridades encargadas de la “protección ambiental” son las que garantizan el sa-queo y la destrucción.

Los principales grupos que han recibido denun-cias penales por afectación a ejidos y comunidades son: clubes de golf, parques temáticos y centros tu-rísticos. Las empresas hoteleras con mayores denun-cias son Hoteles Fiesta Americana, Sheraton, Hoteles Hilton, Holiday Inn, Hoteles Radisson Flamingos, Hyatt, Presidente Intercontinental; estas empresas han recibido un gran número de quejas por destruc-ción de manglares y uso de áreas federales. También las empresas de construcción de vivienda y las gran-des empresas inmobiliarias buscan terrenos por todos lados. El ejemplo más claro es la expansión de Grupo GEO que ha multiplicado sus ingresos comprando te-rrenos a diez pesos el metro cuadrado y vendiéndolos en 300 o 400 pesos, siempre en contubernio con go-bernadores, presidentes municipales y demás perso-najes de la clase política.

El papel de las organizaciones campesinas nacionales

En México, el partido de Estado, que era identificado con el PRI, ha dado paso a lo que algunos han llama-do el partido único del neoliberalismo, que abarca a toda la clase política, sin grandes diferencias. Así, allá arriba, ser de izquierda, centro o derecha se elige y cotiza según el rating mediático y según el marketing de ofertas para la administración del neoliberalismo. Esta tendencia ha permeado y desdibujado todos los espacios e instituciones de intermediación, legitima-ción e interlocución entre dominantes y dominados, esta crisis de legitimidad se agudiza cada día más.

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Las organizaciones campesinas nacionales for-man parte de este entramado político, en el que la ética ya no tiene cabida. Se vuelve así, por ejemplo, derecho de dirigentes y dirigencias encabezar movi-mientos en torno a una causa justa para, a espaldas de la mayoría, sujetarlos a proyectos personales de búsqueda de poder y negociarlos para eso. Se vuel-ve normal que los dirigentes sociales se conviertan en diputados, inútiles o cómplices, como parte de partidos y legislaturas que han aprobado y siguen aprobando proyectos a los que el movimiento que dicen representar se opone y que, como parte de este juego, compiten en beligerancia verbal denunciando al gobierno por no cumplir con las demandas de su movimiento.

Como lo han señalado los compañeros zapatistas, para los de arriba, la tarea de terminar lo que dejó pendiente Carlos Salinas de Gortari, con su programa de “liberalismo social”, no pasa por una administra-ción neoliberal con “mano izquierda” (como el exito-so reordenamiento del capitalismo en Brasil) sino por construir el nuevo modelo de Estado no-nacional (en-gendro de la guerra neoliberal) en América Latina. Se trata de un proyecto que buscaba y seguirá buscando mecanismos sólidos de intermediación y control so-bre los movimientos sociales de forma que el Estado-Nación entre en crisis sin que se le extrañe.

Valdría la pena entonces revisar las estrategias priístas, algunas operadas desde la familia Salinas, para diseñar, institucionalizar y controlar a gran parte de las organizaciones campesinas, desde los años se-tenta y durante los ochenta, hasta llegar a la formación del Congreso Agrario Permanente (CAP) y al Programa Nacional de Solidaridad. Si bien no es objeto de este texto, ve-mos la importancia de conocer esa parte de la historia, así como la combativa, aun-que abandonada historia de algunas de ellas en la lucha por el reparto agrario en buena parte del siglo XX.

Las oficialistas y las del nuevo movimiento campesino

Entre las organizaciones campesinas na-cionales encontramos, por un lado, a las

agrupaciones corporativas más tradicionales, históri-camente vinculadas al PRI (ahora también vinculadas al PT o al PRD); por otro, a las que, en las últimas tres décadas, se han reivindicado como “autónomas”, “independientes”, “democráticas” o como el nuevo movimiento campesino (también vinculadas al PRI, al PAN, al PRD, al PT o al que se deje). Casi todas se adscribieron en su momento al CAP, que fundara Salinas para institucionalizar organizaciones no con-troladas por el PRI pero que apoyaron la traición al Artículo 27 Constitucional y callaron frente a la firma del TLCAN.

Efectivamente, en mayo de 1989, por llamado de Salinas, se constituyó formalmente el CAP con la CNC, la CCI, el CAM, la UGOCM y con algunos de los firmantes del Convenio de Acción Unitaria de 1988, como la CIOAC, la UGOCP, la UNTA, la UNORCA, la CODUC, el M-400 Pueblos, la CCC, y la ALCANO. Para mantener bajo control esta nueva estructura de cúpula, Salinas les entregó muchos sub-sidios y cooptó a sus dirigentes ofreciéndoles candi-daturas a cargos de elección popular. Las dirigencias campesinas se hicieron acreedoras al manejo discre-cional de mucho dinero y comenzaron a aparecer en las listas de candidatos a diputados plurinominales. Muchos de ellos fueron formados por el salinismo, todos asumieron la cultura priísta. Las organizacio-nes campesinas heredaron y reproducen los vicios del viejo sistema de dominación.

Esta cultura política se plasma en la supuesta uni-dad de las dirigencias campesinas nacionales que, a

finales de 2002, se agruparon bajo el lema

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“el campo no aguanta más” y construyeron una con-vergencia con el conjunto de dirigencias campesinas oficialistas. Tuvieron que pasar ocho años de haberse firmado el TLCAN para que estas organizaciones co-menzaran a oponerse a una parte de él; evidentemente ,una gran movilización (la del 31 de enero de 2003) no bastaría para revertir su capítulo agropecuario. La emergencia de este movimiento campesino terminó con el famoso Acuerdo Nacional para el Campo, que únicamente sirvió como instrumento para dividir a las dirigencias y para establecer cantidades de dinero asignadas a cada uno de los firmantes.

Siguiendo la lógica del todo para nosotros, nada para los demás (nada para el resto de los fruticulto-res, maiceros, cafetaleros, forestales, etc.) y diciendo representar a los campesinos de México, en la mesa de negociación estaban personajes como Diódoro Carrasco, el entonces priísta y ahora panista exgober-nador de Oaxaca; Heladio Ramírez, líder histórico de la CNC priísta; José Narro, diputado por el PT; Alfonso Ramírez Cuéllar, líder barzonista y futuro diputado perredista; Víctor Suárez, líder de la ANEC, también futuro diputado perredista. ¿Y los campesinos?

Cinco años después, a 15 años de la firma del TLCAN y en el año de la liberación total de su capítulo agropecuario, muchas de estas organizaciones volvie-ron a escenificar una movilización. Poco antes de que su líder Víctor Quintana se declarara perseguido políti-co y fuese diputado por el PAN, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua que en 2003 se manifestó en

uno de los puentes fronterizos de Ciudad Juárez, lo hizo otra vez en 2008 declarando que se trataba

del “nuevo ya basta campesino”. Vale la pena preguntarnos, ¿realmente se están confron-tando a las políticas neoliberales o se trata de estrategias para acceder a espacios de nego-ciación con el poder? ¿Esos campesinos de Chihuahua irán realmente a enfrentarse de manera directa frente a la siembra de maíz transgénico como lo han declarado?

El Partido del Trabajo, creación de la familia Salinas, que, como lo ha señalado Sergio Rodríguez Lascano, ahora reagrupa

a gente como Adolfo Orive, quien trabajó “bajo el mando de Raúl Salinas padre y, sin

romper el cordón umbilical, bajo el ‘pensa-miento’ del presidente Mao […] y que sirvió al

PRI para desarticular el proceso de insurgencia sindical en los años 70 y el de reorganización cam-

pesina de los años ochenta [...] Orive fue el teórico de la nueva cultura laboral, maestro de Francisco Hernández Juárez y de Alberto Anaya y, desde

luego, de todos los que se reclaman del nuevo movimiento campesino, es decir: Hugo Andrés Araujo, una buena parte de las Uniones de ejidos y de la UNORCA. Organizador de la masacre de El Bosque lugar que él conocía a la

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perfección y donde tenía una deuda pendiente con el zapatismo, que le quitó lo fundamental de la influencia campesina que tenía en Chiapas”. Es desde el mismo PT que se tiene secuestrada a la CNPA, organización que en los setenta comenzó, desde la combativa lucha por la tierra, a transformar el esquema de las centrales y ligas campesinas al de las redes de organizaciones regionales, y que fue tratada a punta de pistola por el gobierno de Luis Echeverría.

Desde el mismo gobierno de Luis Echeverría, se promovieron otras figuras asociativas, como las uniones de ejidos o las asociaciones rurales de inte-rés colectivo (ARIC), que durante los años ochenta tuvieron un papel importante en la “apropiación del proceso productivo” (la introducción de insumos y maquinaria agrícolas para el desarrollo de proyectos agropecuarios o la participación en la operación de sistemas de abasto rural como Conasupo). Este nuevo esquema de organizaciones campesinas gestoras ante el Estado fue cobijado, en gran medida, como estra-tegia gubernamental para contrarrestar la lucha por la tierra. Muchas de ellas empezaron a hablar del fin del reparto agrario. Actualmente estas figuras asociativas ya no aportan gran cosa en sus regiones, son orga-nismos clientelares que viven de jinetear recursos de programas de gobierno, filtrando la llegada directa de los mismos a las comunidades.

Entre las organizaciones priístas tradiciona-les destaca la Confederación Nacional Campesina (CNC) concebida como brazo agrario del PRI. Hoy en día, más que una organización social se trata de grupos de poder que operan desde el campo, sus líde-res reclaman cuotas dentro de los partidos a cambio del “voto campesino”. En su recomposición, la CNC ha ido quedando bajo el control de los caciques esta-tales. Este tipo de organizaciones siguen existiendo únicamente como instrumentos de control, pues los mecanismos institucionales de mediación entre sus afiliados y el Estado se han ido diluyendo en el mar neoliberal. Es bajo esta lógica que los gobiernos les siguen asignando recursos: para mantener clientelas y para operar programas estratégicos. En el nuevo arre-glo no-nacional, las organizaciones campesinas em-piezan a adquirir nuevas funciones: la CNC monsan-tista, por ejemplo, está jugado un papel estratégico en la imposición del maíz transgénico.

Gestionando la destrucción del campo mexicano

Los dirigentes de las organizaciones campesinas, hoy confrontados entre ellos, han mostrado que su pelea es por ver quién junta más clientela entre los campe-sinos pobres. Su “gestión” es la búsqueda de las me-jores migajas del presupuesto para el campo, y para ganarlas no dudan en introducir a las comunidades programas de gobierno que buscan la destrucción del ejido, de la economía y agricultura campesinas y de los tejidos comunitarios. Los recursos que las organi-zaciones reciben de esos programas son usados para crear, mantener o ampliar clientelas. A fin de cuen-tas coyotean los subsidios al campo para mantenerse como dirigencias regionales y nacionales y, desde ahí, negociar puestos, presupuestos y posiciones políticas y, con ello, sueldos, oficinas, camionetas, gasolina, despachos técnicos, asesores, secretarias, hoteles de paso, table dance, borracheras.

Este esquema de gestión no modifica el rumbo ni la forma de los programas que desde arriba se im-ponen, sí permite, en cambio, presentar un discurso “incluyente”, progresista, que dice dejar en manos de las organizaciones sociales la promoción del de-sarrollo. Es por eso que cuando muchas de estas orga-nizaciones reivindican su “autonomía”, vale la pena preguntarse ¿ante quién reclaman autonomía?, ¿ante la política de Estado, ante los partidos políticos o ante los propios campesinos?

Entre estas dirigencias campesinas abundan las contradicciones. Por nombrar tan sólo algunas, encontramos que las mismas organizaciones que en 1992 negociaron la reforma al Artículo 27 de la Constitución, con Carlos Salinas de Gortari en una reunión en Los Pinos, y que 10 años después se movi-lizaban bajo la consigna “el campo no aguanta más”, nunca tocaron el tema de la contrarreforma salinista. Es más, muchas de estas organizaciones han habla-do desde hace años del “fin del reparto agrario”. Sin embargo cuando se presentan como parte del movi-miento internacional Vía Campesina dicen luchar en torno a la campaña mundial por la reforma agraria (dicen ir de la mano de movimientos como el de los Sin Tierra, que en Brasil ha ocupado una superficie de tierras equivalente a la superficie de Italia).

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En el extremo de las contradicciones encontra-mos organizaciones como la ORCAO, que coordina la UNORCA estatal en Chiapas. La primera ha pasado de ser una organización que en 1994 recuperó tierras junto con los zapatistas a una organización vinculada al gobierno de Sabines, con grupos paramilitares en-quistados y que es usada para agredir bases de apoyo zapatistas, colaborando con la Procuraduría Agraria y organizaciones como la OPDDIC en estrategias de contrainsurgencia y despojo de tierras. La agresión de la ORCAO contra bases de apoyo zapatistas en el predio de Bosque Bonito, mientras se celebraba el Festival Mundial de la Digna Rabia en San Cristóbal de Las Casas, evidentemente fue algo bien programa-do por su dirigencia.

En la última década, la política oficial ha tratado de aniquilar al ejido, a tal grado que esa palabra ha sido borrada del discurso oficial. La parcelación del ejido ha dado paso al control individual de cada eji-datario y, en muchos casos, también del comunero. Ahora todos los subsidios y los “apoyos” se entregan mediante listas que excluyen y condicionan, y que tie-nen por objetivo desgarrar los tejidos comunitarios.

El discurso oficial distingue “productores” y “pobres”. Cuando los trabajadores del campo no son “competitivos” pasan a la categoría de “pobres”, con-denados a las limosnas del Estado. Los “apoyos” tam-bién llegan de manera individualizada, imponiendo criterios culturales y alimenticios ajenos a los pueblos. Los operadores regionales de estos programas ofrecen “proyectos”, “apoyos” o “servicios” a ciertas personas en particular, a espaldas de las asambleas y las autori-dades de los pueblos. Al adaptarse a las nuevas reglas del juego que impone el gobierno, las dirigencias de las organizaciones campesinas van dejando atrás cualquier proyecto autónomo que pudiera dar cabida a todos los campesinos que dicen representar.

Los perversos presupuestos para el campo son usa-dos con fines estratégicos por el capital: la destrucción de los lazos comunitarios, la imposición de paquetes tecnológicos, la conversión de cultivos (bajo el engaño de su supuesta rentabilidad), la imposición de criterios de conservación, certificaciones y otros mecanismos que buscan sacar el control territorial de los pueblos y comunidades son ejemplos claros. Además, la ma-yor parte de presupuestos para Procampo, ProArbol

o esquemas de subsidios inyectados bajo el tramposo concepto de pago por servicios ambientales, son se-cuestrados por unos cuantos agroindustriales y capos del agrobussines, pertenecientes a la clase política. Las grandes cantidades de dinero inyectadas al campo y que serán manejadas desde los estados buscan inútil-mente administrar y controlar la crisis social desde los feudos estatales, regionales o municipales, en un año de gran importancia electoral para los de arriba.

De la lucha por la tierra a la resistencia, de la resistencia a la construcción de alternativas

Para los pueblos indios de México, de América y del Mundo, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo

de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para

ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía.La tierra para nosotros no es sólo el suelo que pisamos,

sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por

nuestras montañas; el agua que los manantiales, ríos, lagu-nas y lluvias vida se hacen en nuestras siembras; los árboles y bosques que fruto y sombra nacen; los pájaros que bailan

en el viento y en las ramas cantan; los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que

vivimos y morimos.La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos

recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos

515 años de dolor y resistencia.(Subcomandante InSurgente marcoS,

amador Hernández, la dISputa por la tIerra. 1999).

En México muchos pueblos y organizaciones indias, desde los años setenta, comenzaron a fortalecer y re-construir formas de gobierno y de defensa integral de sus territorios, a través de distintos procesos auto-gestivos, a contracorriente de las políticas del Estado mexicano. El movimiento zapatista, como proceso de los pueblos rebeldes de Chiapas y como puente para la palabra en México y en el mundo, pronto se encon-tró con esa parte rebelde del movimiento indígena, de manera importante durante los diálogos de San Andrés Sacamch´en de los Pobres y posteriormente en la construcción del Congreso Nacional Indígena,

la casa de los pueblos indios de México. Ese puente de la palabra fue más allá y comenzó a tejer lazos con diferentes movimientos anticapitalistas en el mundo, así como la solidaridad de la llamada sociedad civil.

Con el levantamiento zapatista se inició en Chiapas una verdadera revolución agraria: grandes cantidades de tierras pasaron de manos de finqueros a manos de campesinos indígenas. A contracorriente de las refor-mas al Artículo 27 se desencadenaron recuperaciones y ocupaciones masivas de tierras por parte de muchas organizaciones campesinas. Desde entonces, el ma-nejo gubernamental de la propiedad de las tierras se convirtió en pieza clave de la contrainsurgencia. Junto con la ocupación militar de los territorios indígenas, los ataques paramilitares, los decretos expropiatorios, la “regularización” de tierras, los desalojos violentos y los programas de gobierno han sido estrategias de una guerra contra las comunidades en resistencia que no se ha detenido desde febrero de 1995. Hoy, dieciséis años después de aquella decisión de 1994, l@s compañer@s zapatistas siguen construyendo su autonomía.

La recuperación de tierras y la propia experiencia zapatista permitieron la construcción de territorios, gobiernos y procesos autonómicos, con avances sig-nificativos en gobierno, justicia, salud, educación, vivienda, alimentación, agroecología, participación de las mujeres, comercialización, comunicación, cultura e información. Y lo han logrado sin espe-cialistas, sin aquellos que se dicen ser profesiona-les de la política, ni aquellos que se dicen tener la verdad de la autonomía. Las comunidades zapatistas tomaron el control de sus destinos y pasaron de ser peones a ser dueños de sus tierras, trabajarlas y vivir colectivamente de ellas. Con ese esfuerzo han de-mostrado que sí hay otros caminos al capitalismo. El suyo… es uno de ellos.

La comandancia zapatista ha explicado el camino de la autonomía de la siguiente manera: “nosotros no tenemos manual, cada zona va buscando su forma de cómo crecer… nuestros errores es la que construye. Si cometemos errores construimos, si no cometemos errores quiere decir que no andamos bien. Porque no-sotros decimos que no hay excelencia aquí, los dieces no existen… lo hacemos en colectivo todos juntos, para gobernar y construir con la práctica”. Esa práctica mostró que la base para la construcción de la autono-mía es la recuperación de la tierra y el territorio. El Teniente Coronel Insurgente Moisés lo ha expresado de la siguiente manera: “La tierra donde están ahora los compañeros es propiedad de ellos y ellas, la recu-peramos. Descubrimos que para ir destruyendo a los capitalistas, es hacernos dueños de donde trabajamos, porque así funciona el capitalismo… Ahora los com-pañeros y compañeras de los pueblos zapatistas, que ya son dueños del medio de producción donde trabajan, que es la tierra, ya tienen construido otras cosas para el propio pueblo, como son: escuelas autónomas zapa-tistas, clínicas zapatistas, bodegas de compras y ventas de producción… Sin la recuperación de los medios de producción, no estaríamos como estamos ahora”.

Uno de los aprendizajes que nos deja el proceso zapatista es que es importante resistir, pero también es importante construir el mundo que queremos aquí y ahora. En su práctica, l@s compañer@s han puesto de cabeza al capital, han aprendido que la capacidad de determinarse políticamente también tiene que ser expropiada, su mandar obedeciendo pone fin al políti-co profesional, y la propiedad colectiva de sus territo-rios pone fin al capitalista-empresario-finquero.

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Un arcoiris de todos los colores

En los recorridos de la Comisión Sexta por el México de abajo, conoci-mos resistencias de campesinos, de pescadores, de pueblos indios que son un ejemplo de dignidad y de lucha por la defensa de la tierra y de los territorios. Conocimos muchos individuos, colectivos y organizaciones que acompañan esas resistencias, que hacen investigación, denuncia, di-fusión, lucha legal, y que caminan junto con ellas hacia la construcción de alternativas. También conocimos organizaciones de colonos y de gen-te de las ciudades que luchan por defender sus espacios de vida.

Desde el lejano norte, cada vez más cercano, el del wixárika, el del yaqui, el del mayo-yoreme, el del comca´ac, el del pima, el del kumiai, el del kiliwa, el del cucapá, el del rarámuri, el de l@s trabajador@s de la maquila y de las organizaciones de migrantes en ambos lados de la frontera, el de los campesinos sin tierra o en proceso de ser despojados de ella, hasta los pueblos mayas del sur, los rebeldes de las siete regiones de Oaxaca, los pueblos indios de Guerrero que construyen formas propias de justicia, los pueblos nahuas de la costa michoacana y de la Huasteca que dan pasos importantes en la recuperación y defensa de su pueblo y de sus territorios ancestrales, la palabra pudo volar alto y lejos llegó. El es-fuerzo del CNI que camina en su región Centro-Pacífico y en el Noroeste convocó, junto con la Comisión Sexta del EZLN, a los pueblos indios de América a la histórica reunión de Vícam.

En todas las esquinas y rincones de este país conocimos muchas re-sistencias que desde las milpas y las economías campesinas se levantan, y cómo se articulan en la defensa del maíz desde las milpas, las comunida-des, desde las regiones con otras organizaciones del campo y de la ciudad. Conocimos luchas civiles por la defensa del medio ambiente, experien-cias de mercados alternativos, grupos de científicos comprometidos con la sociedad, comunidades afectadas que se organizan por la defensa de sus espacios de vida. Grupos ecologistas, comunidades pescadoras, pueblos indios defienden los litorales y su derecho histórico a trabajar en el mar y en las lagunas, desde la península de Yucatán hasta la Baja California.

Ese arcoiris de luchas ambientales, además de convocar a la defensa de la Madre Tierra y de la vida, ha abierto ventanas hacia la construc-ción de alternativas reales. La riqueza de experiencias autónomas en el México de abajo muestra que es posible construir otra cosa.

Los zapatistas han platicado cómo aprendieron a confiar en la gente, en los pueblos. Por su experiencia ahora sabemos que los pueblos no necesitan quiénes los dirijan, que pueden levantar sus propias estructuras para luchar y construir. Que pueden tomar en sus manos sus destinos, y que lo pueden hacer mejor que los gobiernos que se imponen desde otro lado. Es por eso que no nos debe preocupar la dirección del movimiento. Lo que ahora nos debe preocupar es el rumbo y el destino, lo que nos defina, nuestros modos. Lo que nos debe preocupar es que el mundo que vaya a parir nuestra rabia no se parezca al que hoy padecemos.