Miércoles 22 de abril de 2009 15Cinco Días Opinión

Durante las últimas semanas seviene debatiendo sobre la necesi-dad de prohibir las denomina-das ventas en corto. Quizás lo

primero que haya que hacer es definirlas,porque esta expresión no designa un tipode contrato, sino una estrategia de nego-ciación basada en creer que, a corto plazo,el precio de cotización de un activo finan-ciero bajará. Ahora bien, ¿cómo es posibleganar dinero cuando el precio baja?

Existen varias fórmulas, si bien la ma-yoría gira en torno a la idea de venderantes de comprar. Cuando un inversorvende una acción y la recompra pocotiempo después a un precio inferior, con-serva el activo pero no sufre minusvalías.Y similares efectos pueden alcanzarse sinnecesidad de vender celebrando contratosa plazo u otras operaciones de derivados(futuros, put-call, etcétera) que a menudose emplean, precisamente,en funciones de cobertura oaseguramiento. Esta clasede operaciones están admi-tidas y reguladas, y aunquesu finalidad es sortear pér-didas en momentos bajistas,no son propiamente ventasen corto.

Por otro lado, hay quemencionar las operacionesen descubierto o ventasefectuadas por quien no dis-pone de los valores vendi-dos (algo así como librar uncheque en descubierto o sinfondos). En España estas conductas estánrigurosamente prohibidas por su carácteraltamente especulativo y su comisiónconstituye un abuso de mercado sancio-nable civil e incluso penalmente (no esigual efectuarlas de mala fe que por errordel registro de anotaciones en cuenta o

por razones técnicas, subsanándolas antesdel cierre diario de posiciones).

No obstante, lo habitual es que las ven-tas en corto se asocien a la figura del prés-tamo de valores. En este caso, el vendedorno es dueño sino mero poseedor de unasacciones recibidas en prestado a cambiode un interés. Nuestro ordenamiento ad-mite la venta de valores prestados, siem-pre que se devuelvan en plazo otros equi-valentes y se respetan ciertos limites ycondiciones. De este modo, es posibleofrecer en venta valores no disponibles

para este fin, adquirién-dose posteriormenteotros similares cuando suprecio es menor, obte-niendo una ganancia.

Quienes defienden lasventas en corto afirmanque incrementan la liqui-dez y facilitan la veloci-dad de circulación de losvalores. No les faltarazón, si bien en momen-tos de fuerte volatilidad yrecesión económica, laejecución masiva y siste-mática de posiciones cor-

tas puede acarrear efectos nocivos paralas inversiones en compañías cotizadas yen la confianza del inversor. Lo común esque estas estrategias las materialicenhedge funds, cuya regulación es menos es-tricta y su capacidad financiera mayor, aloperar con fondos apalancados. De ahí

que la caída de cotizaciones que provocanesté obligando a los bancos y asegurado-ras españolas a desviar inversiones masi-vas en autocartera para sostener el valor.E igualmente pueden precipitar el otorga-miento de mayores garantías cuando elinversor ha pignorado las acciones.

Regular las posiciones cortas limitandosu aspecto especulativo parece la opiniónmayoritaria y a mi juicio la más positiva.El problema es cómo hacerlo para que re-sulte eficaz. En este sentido, algunos paí-ses han prohibido su realización (Rusia,Dinamarca, Noruega, Islandia), otros lashan suspendido temporalmente (Austria,hasta el 30 de abril; Alemania, Grecia eItalia, hasta el 31 de mayo), pero la mayo-ría se limita a exigir que se informe al re-gulador del mercado cuando superen el0,25% del capital de la entidad (Francia,Reino Unido, España y Países Bajos, entreotros). Actualmente, se encuentra en fasede estudio por la SEC reinstaurar la up-tick rule, que entró en vigor tras la GranDepresión y que fue completamente eli-minada en 2007. La regla trata de evitarque acciones en trayectoria descendenteexperimenten una caída aún mayor obli-gando cada día a que las nuevas ventas seformulen a precio superior al último decierre del día anterior, a la última ofertade venta o a otra referencia que logre in-terrumpir o escalonar la tendencia bajista.

Implementar estas medidas puede plan-tear inconvenientes, pero lo esencial paraconseguir que sus efectos sean beneficio-sos es que se haga de forma coordinada.Limitar o prohibir las posiciones cortas enciertos mercados nacionales no impedirásu desarrollo y supondrá un obstáculopara atraer inversiones, por lo que debenarmonizarse los criterios en los mercadosinternacionales y adoptarse medidas equi-valentes en la UE.

El Banco de España hasido capaz de desper-tar el necesario debatede la reforma del

Pacto de Toledo. Hace pocotambién Inverco nos traslada-ba la preocupante noticia deque la pensión que cobraránlos trabajadores que actual-mente tienen 30 años será elequivalente a la mitad de suúltimo sueldo.

Además, somos muchos losprofesionales actuarios espe-cializados en previsión socialque llevamos ya tiempo aler-tando sobre el incierto futurodel sistema público de pensio-nes de la Seguridad Social yhaciendo hincapié en la nece-sidad de abrir un debate rigu-

roso, sereno y profundo entretodos los interlocutores públi-cos y privados que lleve a aco-meter las reformas necesarias.

La sociedad española en ge-neral, y las personas afectadas,también son conscientes delproblema. Los últimos datosque aporta el Observatorio dePensiones Caser ofrecen im-portantes conclusiones que,sin duda, pueden aportar deta-lles muy interesantes a eseejercicio de reflexión.

Quizá, la conclusión máspreocupante del estudio sea elalto porcentaje de personasque no ahorran para su jubila-ción, el 61%. Las causas princi-pales de esta falta de ahorroson tres, los altos niveles deendeudamiento contraídos,considerar que no se tiene laedad adecuada para ello, yasea por defecto o por exceso, yla confianza depositada en elsistema público de pensiones.

Los ciudadanos consultadospor el Observatorio no ahorranporque, literalmente, “para esoexisten las pensiones de jubila-ción de la Seguridad Social”.Sin embargo, y paradójicamen-te, la mitad de esas personasque no ahorran y que se escu-

dan en su confianza en el siste-ma público manifiestan tam-bién su convencimiento de quedichas pensiones públicas ba-jarán o incluso desaparecerány que, en el caso de llegar a co-brarlas, su cuantía será baja omuy baja, en la línea queapuntaba Inverco.

¿Por qué esta contradicción?Tal vez se trata de un brindisal sol esperando que se obreun inesperado milagro, o quizá

esas personas piensen que, apesar de todo, todavía se está atiempo de tomar las medidasoportunas que resuelvan esefuturo poco halagüeño.

Asimismo, esta afirmación

de los encuestados de Casercentra el debate en otra reali-dad tan importante como lapropia supervivencia del siste-ma. Quizá no se trata tanto deque se mantengan las pensio-nes, sino de que éstas garanti-cen un nivel de vida similar aldisfrutado durante la vida la-boral activa. Y éste es el quidde la cuestión, tal vez sí se ga-ranticen las pensiones hasta2025, ¿pero qué cuantía ten-drán?, ¿permitirán a los jubila-dos mantener su calidad devida? La respuesta es clara, losexpertos lo afirmamos, los ciu-dadanos lo intuyen: no.

Por ello, es necesario, de unavez por todas, tomar el toro delas pensiones por los cuernos ybuscar el consenso para refor-mar en profundidad del siste-ma de pensiones entendiendoque dicho debate debe centrar-se más que en si habrá o nopensiones en 2025, si esas pen-siones serán capaces de garan-tizar una calidad de vida acor-de al Estado del bienestar en elque aseguramos vivir. Y espe-ramos que las últimas declara-ciones del gobernador delBanco de España sirvan afron-tar el problema sin complejos.

Pensiones, la reforma necesaria

Pagara 30 días

Hace ya un par de meses que elAyuntamiento de Sant Cugat delVallés hizo público el compromisode pagar a sus proveedores en

menos de 30 días. Pero… ¿es que la Admi-nistración pública paga tradicionalmentemal a sus proveedores? ¿Cómo se articuladicha medida desde el punto de vista técni-co? ¿Qué impacto económico puede teneren realidad? Respecto a la primera cues-tión, está claro que el sector público en ge-neral paga tarde a sus proveedores. Pese aque la ley marca como objetivo pagar enmenos de 60 días, son escasísimas las orga-nizaciones que pagan en ese periodo. Lamayoría lo hace a muchos meses y es prác-tica habitual que el proveedor cargue elcoste financiero en sus presupuestos ya quesabe que cobrará, eso es seguro, pero a muylargo plazo.

El pago a 30 días, tal y como lo planteóSant Cugat, se realizará de dos formas. Ini-cialmente, con medios propios, conforman-do las facturas en menos de 15 días y pa-gando en cash siempre que la tesorería mu-nicipal lo permita. A continuación, median-te un servicio de confirming con entidadesbancarias, de manera que el ayuntamientose compromete a pagar al banco en 60 díastodas las facturas conformadas de sus pro-veedores y ofrece la posibilidad a los mis-mos de descontar dichas facturas antes de

ese periodo de tiempo(a partir del día 16, deahí lo de menos de 30días) a precio muy ra-zonable. Sant Cugat haadjudicado el procedi-miento a dos entidadesa tipos muy competiti-vos: euríbor mensualmás un diferencial de0,95 puntos.

El impacto que estamedida puede tener enla actividad económicaen momentos de crisises enorme. Si todas lasAdministraciones pú-blicas pagaran de estaforma, la inyección derecursos en el sistema

sería de tal magnitud que muchas empresastendrían resueltos sus problemas de liqui-dez de forma inmediata. ¿Qué pasa con esospequeños subcontratados de las grandesconstructoras que operan con la Adminis-tración pública y que ahora no están co-brando los trabajos que han efectuado?Estas empresas, muchas de ellas pymes, loque necesitan es liquidez y lo que encuen-tran es el grifo del crédito cerrado en losbancos.

Pagar bien a sus proveedores es un deberético del sector público en España. No hacefalta que los políticos pidan a los bancosque abran el grifo del crédito. Empecemospor hacer los deberes propios desde la Ad-ministración pública. Además, esta medidano se va a quedar sin duda en el mundolocal. Recientemente algunos medios hanpublicado que la Comisión Europea, segúnpalabras del comisario de Empresa e Indus-tria, Günter Verheugen, modificará la legis-lación para acelerar el pago a los proveedo-res de la Administración obligando al sectorpúblico a pagar en 30 días. Esto puede sig-nificar inyectar más de 46.000 millones deeuros en las economías europeas.

Las posiciones cortas,a examen

En España, las opera-ciones en descu-bierto están riguro-samente prohibidas

Regular las posicio-nes cortas limitandosu aspecto especula-tivo es lo más propio

El 61% de los ciudada-nos no ahorra parasu jubilación, segúnel Observatorio Caser

No se trata tanto de quese mantengan las pen-siones sino de si man-tendrán el nivel de vida

CARLOS VIVASURIETAProfesor de la UniversidadPompeu Fabra y directorde Economía y PlanificaciónEstratégica del Ayuntamientode Sant Cugat del Vallés

MANUEL ÁLVAREZDirector de Particulares de Viday Pensiones de Caser

ALBERTO DEMARTÍN MUÑOZDirector de la revista‘Icade’ y abogado delBufete Ramón Hermosilla& Gutiérrez de la Roza

Pagar bien alproveedor esun deber éti-co del sectorpúblico.No hace faltapedir a losbancos queabran el grifodel crédito”

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