En el siglo XV, el icono la representaciega, con los ojos vendados, paraasegurar así la igualdad de todoslos ciudadanos ante la ley, pues lajusticia debe ser impuesta sin miedoni favoritismos, independientementedel dinero, el poder y la fuerza.

Años vistiendo la toga sirven paraque la abogada Montse Suárez, quefue durante un tiempo la cara másvisible de Manos Limpias, concluyaen este libro que la vieja dama se hadejado por el camino sus principalesatributos: la objetividad y la

imparcialidad.

En estas páginas de apasionantelectura se da cuenta de las tretas delos poderosos para eludir la acciónde jueces y tribunales, el trato defavor que dispensa la casta políticaa sus afines, las maniobras dedeterminados ámbitos económicospara controlar los resortes de poderrelacionados con la Justicia…

Con ritmo periodístico, la autorarelata en primera persona suexperiencia en algunos de losprincipales procesos judiciales,desde el escándalo de Mario Conde

hasta el fraude del lino, pasando porel caso Telecinco, el tres por cientoen Cataluña, el indulto a los mossosd’esquadra, la doctrina Parot o lalucha por el poder en el Colegio deAbogados de Madrid. Tambiénaporta datos nuevos, algunossorprendentes, sobre el juego sucioen el caso Nóos, que le hizo perdersu trabajo de letrada en una entidadbancaria. Incluso han intentadoexpulsarla sin motivo alguno delejercicio de la abogacía.

La ley se estruja a conveniencia. Yalo dice la expresión latina: en casode duda, la justicia sigue

favoreciendo al reo, sí… Pero más,mucho más, si este es rico ypoderoso. In dubio, pro rico.

Montserrat Suárez Abad

La justicia no esigual para todos

In dubio, pro rico

ePub r1.0jandepora 07.10.13

Título original: La justicia no es igualpara todosMontserrat Suárez Abad, 2013

Editor digital: jandeporaePub base r1.0

A mis padres, que tanto han hechopor mí.

A mi pareja, porque los que decorazón se quieren con el corazón

se hablan.

«Menos mal hacen los delincuentes queun mal juez».

«Donde hay poca justicia es un peligrotener razón».

FRANCISCO DE QUEVEDO

PREFACIO

El rey marca las líneasrojas

Palacio de La Zarzuela. Calle deAgustina Fierra, número 5, de Madrid.Jueves 22 de diciembre de 2011.Durante la tarde.

La maquilladora de TelevisiónEspañola se afanó por tapar al rey elhematoma que tenía en la cara, resultadodel golpe con una puerta que SuMajestad sufrió un mes antes y quetodavía le duraba. La empleada del entepúblico se mostró satisfecha con sutrabajo. Con la capa de maquillaje, el

cardenal casi no se notaba.Todo estaba listo en el Salón de

Audiencias del palacio de La Zarzuela,donde se iba a grabar el discurso que seemitiría dos días después, a las nueve dela noche del 24 de diciembre. Laestancia, preparada para la ocasióncomo un plató de televisión, resultabamejor iluminada que los añosprecedentes. A la derecha de la butacadonde debía sentarse el rey se colocó labandera de España. A la izquierda, eltradicional nacimiento y un árbol deNavidad, decorado en tonos grises. Elrojo del año anterior, el último de laetapa Zapatero, quedaba lejos. La

fotografía que podía verse, comomuestra de normalidad democrática, erala de don Juan Carlos con el jefe delejecutivo entrante y el saliente.

Aquel 22 de diciembre fue un díaintenso en La Zarzuela. Allí mismo, porla mañana, había jurado su cargo elpresidente del Gobierno, MarianoRajoy, con la mano izquierda sobre laBiblia y la derecha sobre laConstitución. Por la tarde, el nuevo jefedel ejecutivo —el sexto de lademocracia— volvió a palacio para queel rey fuese el primero en conocer lalista de ministros de su gabinete. Laexpectación era máxima, aunque ese día,

sin embargo, casi toda España estabapendiente de la Lotería de Navidad.

—¿Te ha tocado algo? —preguntódon Juan Carlos a la maquilladora consu habitual campechanería.

—Ni un duro, señor. El gordo hacaído este año en Huesca.

—A mí tampoco —respondió elmonarca.

La grabación del mensaje deNavidad se retrasó aquel año. No sehizo a mediados de diciembre como eshabitual, sino dos días antes deNochebuena, a la espera de que Rajoytomase posesión del cargo y pudieserevisar el contenido del discurso. Aquel

día, mientras en las redacciones de losperiódicos se esperaba la composicióndel nuevo gobierno con avidez y prisaspor el inminente cierre de la primeraedición, Su Majestad estaba preparadopara iniciar la grabación tras quedarlisto el trabajo de la maquilladora, laspertinentes pruebas de vídeo y audio yhasta el equipo que por primera vez ibaa traducir el discurso al idioma designos, en atención a una petición quedirigió la Confederación Estatal dePersonas Sordas a La Zarzuela.

Todos en aquel salón eranconscientes de que el éxito de audienciadel mensaje navideño estaba asegurado

gracias a Iñaki Urdangarin y su presuntatrama de corrupción, evasión deimpuestos, falsedad documental y demásdelitos que vieron la luz las semanasprecedentes. Estaba claro que el rey ibaa hablar de la galopante crisiseconómica, pero ¿diría algo sobre lacorrupción? Era una pregunta recurrenteen las tertulias políticas durante aquellasfechas y los periodistas no paraban decruzar apuestas sobre la cuestión.

Como en los años precedentes, elmonarca se dirigió a la cámara sentadoen una silla con las piernas cruzadas ylas manos entrelazadas por los dedos.Según dicen los expertos, son dos

maneras que indican situación de estar ala defensiva, sobre todo la primera,aunque también al entrelazar las manospuede querer transmitir, en este caso,autoridad y unidad. La silla estaba frentea la cámara y el rey habló a losespañoles mirando a sus ojos, tratandode inspirar confianza. El discurso fuemás largo de lo habitual. Duró un totalde trece minutos y cincuenta y cincosegundos. El minuto de oro llegó a lamitad del mensaje, entre el siete y elocho.

—Me preocupa tambiénenormemente la desconfianza que pareceestar extendiéndose en algunos sectores

de la opinión pública respecto a lacredibilidad y prestigio de algunas denuestras instituciones. Necesitamosrigor, seriedad y ejemplaridad en todoslos sentidos. Todos, sobre todo laspersonas con responsabilidadespúblicas, tenemos el deber de observarun comportamiento adecuado, uncomportamiento ejemplar.

Las imágenes fueron acompañadasde un cambio de plano y varios gestosexpresivos por parte de don JuanCarlos. El monarca quería mostrarcontundencia en su mensaje.

—Cuando se producen conductasirregulares que no se ajustan a la

legalidad o a la ética, es natural que lasociedad reaccione. Afortunadamentevivimos en un Estado de Derecho ycualquier actuación censurable deberáser juzgada y sancionada con arreglo ala ley. La justicia es igual para todos.

Su Majestad el rey acababa depronunciar la frase que al día siguientefue portada en todos los periódicos. Eltiro de cámara cambió para que sepudiera ver a través de una parte delventanal el jardín de La Zarzuela.

—No debemos, sin embargo,generalizar los comportamientosindividuales so pena de cometer unagran injusticia con la inmensa mayoría

de servidores públicos y también deempresarios o trabajadores del sectorprivado que desarrollan su labor deforma ejemplar y honesta. De locontrario, se podría causar un gravedaño a instituciones y organizacionesque son necesarias para la vertebraciónde nuestra sociedad.

Pese a la expectación creada, elmensaje navideño de 2011 del rey tuvoun éxito relativo en audiencia. Losresultados elaborados por Barlovento, apartir de los datos reunidos con KantarMedia, reflejaron que el discurso,retransmitido por treinta cadenas detelevisión, fue seguido en total por 7 165

000 espectadores, un 64,2 por ciento decuota de pantalla, algo más que en 2010(7 120 000, con un 65,6 por ciento deshare). Según el estudio de Barlovento,8 579 000 conectaron en algún momento—al menos un minuto— con alguno delos canales que retransmitía el mensajede Navidad de don Juan Carlos. Laaudiencia media registrada quedó lejosde las cifras de la década de 1990 o delos primeros 2000, cuando los nuevosmedios (Internet y móviles) influíanmenos a la hora de informar.

Todos los periódicos del 26 dediciembre, sin excepción, recogieron elmensaje navideño como la noticia del

día. «La justicia es igual para todos» y«cualquier actuación censurable deberáser juzgada y sancionada» fueron lasfrases que los diarios destacaron en suportada. El País puso en su editorial eldedo en la llaga: «El tradicionalmensaje navideño del rey a losespañoles había producido este año unaexpectación generalizada. Se esperabaque hiciera alguna referencia, aunquefuera indirecta y genérica, al problemacreado en la familia real por IñakiUrdangarin. El rey dedicó la partecentral de su discurso al escándalo de suyerno, al que no citó expresamente. Sibien la Corona sigue contando con el

afecto mayoritario de los españoles,episodios como el protagonizado por elmarido de la infanta Cristina es de losque contribuyen a que haya perdidopuntos en su valoración por laciudadanía en los últimos tiempos. Enrelación con la conducta “no ejemplar”de Urdangarin, la censura pública de suconducta y el compromiso de una mayortransparencia en la gestión de losdineros públicos que el rey y su familiareciben de los Presupuestos del Estado,constituye una reacción valiente, nohabitual en otras instituciones delEstado. Lo que hay que exigir a lajusticia es que determine cuanto antes

los cargos que tiene contra Urdangarin,pues la demora actual favorece juiciosprematuros difícilmente compatibles conel derecho a que no se le considereculpable mientras no sea juzgado».

El Mundo alabó la postura delmonarca de reivindicar el listón de laética, al tiempo que descalificaba laactitud del duque de Palma: «La valentíadel rey de utilizar su mensaje deNochebuena a los españoles para fijarsu postura en relación alcomportamiento de su yerno ha sido muybien acogida por los ciudadanos. Enprimer lugar asume que ha habidoirregularidades; no es algo de lo que

hable como hipótesis o simple conjetura.Pero además reivindica el listón de laética, lo que le permite hablar conautoridad de un caso no juzgado, sinnecesidad por tanto de tener que esperara que se pronuncien los tribunales. Porúltimo, el rey avala la reacción socialcontra la conducta irregular deUrdangarin, algo que tiene especialvalor para los medios que hemosdenunciado el caso, más aún por cuantoel duque de Palma arremetió contra elpapel de la prensa en su comunicadooficial de descarga».

Como era previsible, ABC elevó eltono del elogio. Eso sí, al igual que hizo

don Juan Carlos, evitó citar el nombrede Iñaki Urdangarin. «El mensaje de SuMajestad el rey —señaló en su editorialprincipal— fue seguido con respeto yafecto en millones de hogares. Comosiempre, el rey de todos los españolesmostró una actitud ejemplar a la hora decumplir las funciones que laConstitución le atribuye. Se trata, enefecto, de sumar voluntades y acercarposiciones, lejos del sectarismo y elparticularismo que tanto daño causan ala convivencia democrática. Don JuanCarlos afrontó con la gravedad y mesurahabituales el desprestigio de algunasinstituciones ante la opinión pública.

Exigió a todos “rigor, seriedad yejemplaridad” y un comportamientoadecuado, con una referencia precisa alos problemas que afectan a un miembrode la familia real. Frente a quienesintentan sacar provecho de la confusión,los ciudadanos saben distinguir loesencial de lo accesorio. El primero delos españoles ha sabido ejercer denuevo su alta magistratura con lahondura y el patriotismo que debenprevalecer en una situación que exige launidad de todos, porque España lomerece y lo necesita». La Razón prefiriócentrar su editorial en las menciones delmonarca a la crisis económica y su

apelación al diálogo, a trabajar sumandovoluntades y a continuar en el proyectode una Europa fuerte. El periódico dePlaneta solo dedicó un pequeño párrafoal escándalo que afecta al yerno del jefedel Estado: «En momentos de dificultaden el seno de la familia real se mostróespecialmente preocupado por ladesconfianza que parece estarextendiéndose sobre la credibilidad y elprestigio de algunas de nuestrasinstituciones».

Casi todas las columnas de opinióngiraron también en torno al mensajenavideño de don Juan Carlos. VictoriaPrego sentenció en El Mundo que el rey

dejó muy claro que su yerno no podrárefugiarse en ningún tipo de amparo porparte de la Corona, mientras ManuelVentero, en el mismo diario, señalaba:«No abordar el turbio asunto de IñakiUrdangarin habría sido un errormayúsculo que ni el rey ni la instituciónse podían permitir». Ignacio Camachosentenció desde las páginas de ABC quecorresponde al gobierno laresponsabilidad de coser con hiloinvisible la Corona al tejidoinstitucional español. Félix Madero, enla línea elogiosa del periódicomonárquico, escribió: «La noche del 24me pareció más rey que nunca. Y

también más humano. Y también máspadre, y también más justo». Por suparte, José María Marco concluyó en LaRazón que «todo lo que la familia realse exija, lo recibirá del cariño de suscompatriotas». Carmen Enríquez destacótambién en el periódico de Planeta queSu Majestad el rey no había dejadolugar a dudas en su sentencia de que «lajusticia es igual para todos».

Una vez más los columnistas yeditorialistas de los medios decomunicación van por un lado y losciudadanos de a pie por otro. Así lodemostró una encuesta publicada por ElMundo diez días después. Según ese

sondeo de Sigma Dos, una amplísimamayoría de los españoles —nada menosque el 80,9 por ciento— no se mostró deacuerdo con la frase estelar del reydurante su discurso de Navidad: «Lajusticia es igual para todos». Solo el14,9 por ciento de los encuestadoscompartió el diagnóstico de que losespañoles somos iguales ante la ley.Durante ese discurso el rey no aludiódirectamente a su yerno, pero sí hizo unaserie de comentarios sobre la«ejemplaridad» debida de lasinstituciones públicas que los españolesinterpretaron como referidos aUrdangarin. El 68 por ciento consideró

que esas alusiones eran «adecuadas»,frente a un 7,7 por ciento que opinó locontrario.

Más de un año después, en concretoel 13 de mayo de 2013 —tras conocerseque la Audiencia Provincial de Palmahabía enmendado la plana al juez Castrocon su decisión de desimputar a lainfanta—, otro sondeo similar de SigmaDos para El Mundo reflejaba que el 89por ciento de los españoles se mostrabaconvencido de que la justicia no estabasiendo igual para todos. Además, el 81por ciento de los encuestados se mostrócontrario a que se hubiera suspendido laimputación a doña Cristina.

Balones fuera enTelecinco

Plató de Telecinco. Carretera deFuencarral a Alcobendas, número 4, enMadrid. Sábado 25 de febrero de 2012.Durante la noche.

Sentada en la fila cero, entre elpúblico, esperaba mi turno deintervención en El gran debate, emitidopor la cadena Telecinco en horario deprime time los sábados por la noche.Acudí al programa para tratar el casoNóos, acompañada por el jefe deseguridad de Manos Limpias, Fernando

Martínez Dalmau, y por expreso deseode Miguel Bernard, secretario generaldel sindicato, que meses antes contactóconmigo para proponerme que ejerciesela portavocía de su organización y lasrelaciones con la prensa. Tras una breveintervención inicial —en la que acusé alos tertulianos de Telecinco de echarbalones fuera en la responsabilidad dela Corona ante el caso Urdangarin—, alas once y dos minutos el conductor delprograma, Jordi González, se acercó amí.

—Permítame —me dijo—, MariaAntonia Iglesias quiere dirigirse a usted.No tiene inconveniente, ¿verdad?

—Por supuesto —contesté.—María Antonia, adelante.—Me escandaliza que usted, que es

abogada, no tenga la delicadeza deañadir «presuntamente» en todas susafirmaciones —me dijo la periodista,otrora máxima responsable de losServicios Informativos de TelevisiónEspañola en la última etapa de FelipeGonzález como presidente del Gobierno.

—He hablado de presunción deinocencia en todas mis intervenciones—le respondí.

—Su objetivo —replicó convehemencia— es tirar por elevaciónpara que se impute a la infanta Cristina y

después al rey. Porque usted pertenece aun sindicato de extrema derecha, comoes Manos Limpias. Y usted sabe que laultraderecha odia al rey desde el 23-F oantes. Porque el rey es un demócrata yustedes no lo tragan. Le puedo darnombres y apellidos.

—Yo soy abogada y mi cliente esManos Limpias. ¿Va a seguir usteddesacreditando a mi cliente?

—El sindicato Manos Limpias,aparte de la demagogia de representarlos intereses de los dineros públicos,¿por qué tira por elevación? ¿Hastadónde quieren llegar ustedes y quéquieren ganar?

—Le contesto brevemente. ¿Ustedsabe lo que es una acusación popular?

—Sí, claro.—Este procedimiento no lo ha

empezado Manos Limpias. En estesumario están personados la Fiscalía,que acusa; la Abogacía del Estado, queacusa; y mi cliente Manos Limpias, queacusa. Dicho lo cual, su discurso de queeste sindicato ha iniciado elprocedimiento se cae por su propiopeso.

—Ustedes lo que quieren es tirar porelevación contra la infanta.

—Vaya usted al Ministerio delInterior y consulte los Estatutos de

Manos Limpias y verá que el objetoestatutario es ir contra la corrupción.¿Qué ocurre? ¿Que como la corrupciónpuede salpicar a la monarquía, a la Casadel Rey, no tenemos que personarnos eneste procedimiento?

—Ustedes son agitadoresprofesionales y lo que digan losEstatutos me da igual.

—Yo lo único que sé es que lainfanta no es solo un ama de casa. No sededica a hacer la comida y cuidar a losniños. Tiene una cualificaciónprofesional importante y está preparada.Es la secretaria de una mercantil y lalegislación exige una serie de

condiciones a la secretaria de unamercantil, entre ellas redactar el acta detodos los acuerdos de la Junta Directiva,elevarla al notario y leerla en todos losConsejos. Si como ha dicho el señorUrdangarin, su mujer tenía un meropuesto nominativo en la sociedad,estaremos hablando de una testaferro,una mujer de paja…

Me interrumpió el presentador paradar paso a un corte publicitario decuatro minutos.

El interés informativo de lapresencia de Manos Limpias en aqueldebate fue que días antes —en concretoel 14 de febrero—, el colectivo de

funcionarios había presentado un escritoante el Juzgado número 3 de Palma deMallorca en el que solicitó al juez JoséCastro que llamase a declarar comoimputada a la infanta al entender quepresuntamente existían fundamentosindiciarios sólidos de ser conocedoradirecta y beneficiaria de las actividadesdelictivas de su marido, IgnacioUrdangarin. El juez pudo proceder a laimputación de oficio y el fiscal pudosolicitarla, pero ni el uno ni el otroestaban por la labor de dar el pasotodavía. Conscientes de los desperfectosque ocasionarían a la Corona,decidieron ser cautelosos y esperar. Les

preocupaban las consecuenciasinstitucionales y temían que unainstancia judicial superior revocase sudecisión y les dejara en evidencia. Laintención de Manos Limpias era forzarla situación para que el juez y el fiscalse pronunciasen al respecto. Si no lohacían de oficio, que no lo iban a hacer,tendrían que hacerlo a petición de unade las partes.

A la vuelta de la publicidad, sedirigió a mí otro de los tertulianospresentes en el debate, el periodistaJosé María Carrascal.

—Quiero contestar a Montse Suárezy replicar a lo que ha dicho de que

echamos balones fuera y defendemos ala monarquía. En absoluto. Yo defiendoa la justicia. Si usted dice que está elfiscal que acusa, está el abogado delEstado que acusa, déjenlos ustedes yesperemos a que hable el juez. Eso es loúnico que pido.

—El juez ya está hablando.—Lo que echo en falta en España es

una justicia no solo independiente de lospartidos políticos, sino de la opiniónpública. No creo que la monarquía sevaya a tambalear por el hecho de queuno de sus miembros sea imputado ycondenado. Diría incluso más,conociendo como conozco al pueblo

español con mis más de ochenta años,creo que la familia real saldríareforzada si uno de los miembros fuesecondenado. Sería la mejor demostraciónde que la Corona sabe resistir esaprueba. Se habla de que hay ovejasnegras en todas las familias y la familiareal es una más de las que hay enEspaña.

—El éxito en este caso sería quetodos fuéramos iguales ante la ley. Si eljuez Castro valora en la infanta lo queotros magistrados han considerado paraotras mujeres, como Isabel Pantoja,Maite Zaldívar o las esposas de losimplicados en el caso Pretoria… Si

realmente valora lo mismo aplicando laley y el sentido común, tendremos a lainfanta declarando como imputada.

—Y no pasaría nada. No pasaríanada.

Aquel sábado 25 de febrero de 2012fue una jornada dura e intensa. Laactualidad informativa tuvo su epicentroa primera hora de la mañana en losjuzgados de Palma de Mallorca. Laciudad isleña vivió ese día una situaciónsin precedentes. Cuatrocientosperiodistas acreditados de setentamedios de comunicación, doscientosmanifestantes, ciento cincuenta policíasdesplegados en la zona y un imputado —

Iñaki Urdangarin— que declaraba anteel juez Castro. Exactamente a las 8:49horas de la mañana el duque de Palmallegó en coche hasta la puerta deljuzgado. Fue en ese momento cuando elvehículo recibió varios impactos dehuevo. Su abogado, Mario PascualVives, le esperaba desde unos minutosantes. Vestido con pantalón gris yamericana azul marino, el duque dePalma recorrió a paso rápido los treintay cinco metros que le separaban de lapuerta del juzgado mientras a lo lejos seoían los gritos de algunas personas queaprovecharon su presencia y la de losnumerosos medios de comunicación

para escenificar sus protestas. Antes deentrar, Urdangarin se dirigió a losperiodistas acreditados para defender suinocencia:

—Buenos días a todos. Comparezcohoy para demostrar mi inocencia, mihonor, mi actividad profesional. Duranteestos años he ejercido misresponsabilidades y he tomadodecisiones de forma correcta y con totaltransparencia Mi intención en el día dehoy es aclarar la verdad de los hechos yestoy convencido de que la declaraciónde hoy contribuirá a demostrarlo.Muchísimas gracias a todos, muchísimasgracias por su atención.

Tras sus breves palabras, el duquede Palma entró en los juzgados. Fuera,los dos centenares de manifestantes nopararon de mostrar su indignación. Erala primera vez en la historia de Españaque un miembro de la familia realacudía a una sede judicial a declararcomo imputado.

El retraso en la imputación deUrdangarin y la revelación dediligencias secretas —filtraciones a laprensa— fueron, durante aquellassemanas, notorias anomalías del procesoque, junto a errores propios,contribuyeron a un juicio paralelodemoledor para el esposo de la infanta

Cristina, aprovechado por lospescadores en río revuelto para dañar laimagen de la Corona. Urdangarin,presionado o no por la Casa del Rey, fueconsciente de esa situación y no eludióel trato con la prensa. Era necesario quecorrigiera su pasada actitud escapista,con lo que solo consiguió añadirsospechas sobre su persona. En sudeclaración ante el juez Castro el yernodel rey se desvinculó por completo de lagestión de la entidad y dijo ignorar lasirregularidades detectadas. Urdangarinvino a decir que él era solo una figuradecorativa, que el administrador de lassociedades era Diego Torres y que, por

lo tanto, no conocía cómo segestionaban. Pero era sabido que fueUrdangarin quien actuó de gancho paraconseguir fondos públicos, que sacódinero de las sociedades a discreción yque, al menos en un caso, tuvo que sabera la fuerza que había ganado un concursoamañado, como fue el patrocinio de unequipo ciclista que se fraguó en elpalacio de Marivent tras una partida depádel. Además reconoció ante el juezque en marzo de 2006 la Casa del Rey lepidió que abandonara sus negocios conlas administraciones públicas, al tiempoque descargaba de toda responsabilidada la infanta Cristina, de la que dijo que

su papel en las empresas investigadasera meramente testimonial.

La sensación que flotaba en elambiente durante aquel día era que lasentencia contra Urdangarin y su esposaya había sido dictada tanto en la callecomo en los platós de televisión. Unaencuesta de Sigma Dos dada a conoceresa noche en El gran debate así loatestiguaba. Según ese sondeo, el 64,1por ciento de los españoles considerabaque la infanta Cristina debía serimputada, ya que no era ajena a laspresuntas irregularidades en losnegocios de su marido. Solo el 15,4 porciento de los encuestados sostenía que

era inocente.A la mañana siguiente del debate en

Telecinco, el domingo 26 de febrero,recibí llamadas de felicitación por partedel secretario general y el coordinadorde Manos Limpias, Miguel Bernad yPablo Cañete, respectivamente. Tanentusiasmados estaban con miintervención que, aunque era domingo,incluyeron un vídeo resumen delprograma en la página web oficial delsindicato.

Más de un año después —enconcreto, el 3 de abril de 2013—, eljuez Castro aseguró en un auto quedecidió imputar a la infanta Cristina

antes de finalizar la instrucción, dadoque, en caso contrario, habría dejadoque «se perpetúe la incógnita» de susupuesta implicación en esa causa, loque, en su opinión, sería un «cierre enfalso en descrédito de la máxima de quela justicia es igual para todos y una claracontradicción a la práctica cotidiana delos juzgados y tribunales que en casossimilares es muy escasamente probableque prescindieran del trámite». De esemodo el juez de Palma parafraseó al rey,sin citarlo, al emplear la misma fraseque pronunció el monarca cuando serefirió al caso Urdangarin en su mensajede Navidad de 2011.

Represalias en elBBVA

Sede social del Banco Bilbao VizcayaArgentaria, paseo de la Castellana,número 81 (Madrid). Lunes 27 defebrero de 2012. Al mediodía.

La Torre del Banco de Bilbao es unedificio diseñado por el arquitectoespañol Sáenz de Oiza, ganador de unconcurso restringido a una serie deprofesionales prestigiosos para laconstrucción de la sede social de laentidad bancaria en el centro financierode Azca, en Madrid. Construida entre

los años 1978 y 1981, se trata de unatorre de planta rectangular, de 107metros de altura (treinta plantas) y unllamativo color ocre, cada vez másintenso, consecuencia de la oxidacióndel acero de su fachada.

Fría como el acero me quedé yo conlo ocurrido aquel lunes 27 de febrero.Eran las 12 de la mañanaaproximadamente, cuando subí en uno delos ocho ascensores de la planta bajadirección a la undécima del edificio,donde se encuentra la Asesoría JurídicaContenciosa del BBVA, departamentode dicha entidad para el cual prestabamis servicios profesionales como

letrada externa desde 2005. El motivode ir esa mañana a la torre, comocoloquialmente se la llama, no obedecíaa ninguna causa especial, sino a laregularidad con la que despachaba losasuntos ante mis inmediatos superiores.Especial sí lo fue, pero por otro motivo.Desde el inicio del trayecto hasta laundécima planta, los empleados de losdistintos departamentos con los que mecrucé me mostraban con sonrisas decomplicidad la aceptación y acierto demi intervención en El gran debate dedos días antes, sin duda se sentíanrepresentados en aquel programatelevisivo que tantas fichas de mi vida

laboral movería sin yo poderlo preverentonces. Ya arriba, los compañerosdepartimos sobre los pormenores delsábado anterior. Todos vieron laintervención. Todos menos uno: lapersona que tan solo unas horas despuéstuvo que tomar la decisión irrevocablede resolver ipso facto mi contratomercantil de colaboración jurídicaexterna con el BBVA «por órdenes deesas que no se fundamentan ni secuestionan, sino simplemente seejecutan», como me dijo siete horasdespués en la puerta de mi despachoprofesional el jefe de la AsesoríaJurídica Contenciosa del banco,

acompañado por una de las abogadasdel departamento para suavizar elmomento.

E l suave momento me fueadelantado a las siete de la tarde,mediante llamada telefónica a minúmero de móvil por parte del altoejecutivo del BBVA. La conversacióntelefónica fue corta pero precisa y,sobre todo, directa.

—Montse, he recibido una llamada.Tengo que decirte algo muy delicado. Elbanco piensa que después de tuintervención del sábado en Telecinco,no es conveniente que sigas trabajandocomo letrada externa para el BBVA.

—Pero ¿qué he hecho yo?—¿A qué hora terminas de trabajar?—Estoy acabando un recurso… Por

favor, dime que esto es una broma…—¿A qué hora puedo pasarme por tu

despacho y lo hablamos?—Sobre las nueve, si te viene bien.

Pero, por favor, dime qué está pasando,porque no lo entiendo.

A las 21 horas bajé al portal deldespacho. Mi cara un poema. Decidimosir a tomar algo en una de las terrazas dela Plaza de la Independencia. Pedimosunos refrescos. Hacía bueno, pese a losrigores del mes de febrero. Allí, en unamesa al lado de una estufa de terraza,

sobraban las palabras. Estaba todosentenciado. Lo único que salía de mislabios era preguntarme qué iba a hacer apartir de entonces, al perder el únicoingreso mensual fijo que tenía desdehacía cinco años. El mensaje que recibíade los dos compañeros era: «Saldrás deesta… Eres buena abogada».Transcurrían los minutos y nadie seatrevía a materializar el mal trance. Trascasi un cuarto de hora lleno de fraseshechas y silencios incómodos, el jefe dela Asesoría Jurídica pidió a la abogadaacompañante que le entregase unodocumento que guardaba en su bolso.Me lo pasó y lo firmé. El escrito era la

resolución por ambas partes del contratode colaboración mercantil. «Sin nadamas que pedirse o exigirse las partes».Fría frase. Fría como el acero de laTorre del Banco de Bilbao.

Durante meses le di vueltas a lasconsecuencias y los responsables dea q ue l l a s órdenes que «no sefundamentan ni se cuestionan, sinosimplemente se ejecutan». No me podíaquitar de la cabeza las buenas relacionesentre altos cargos del banco y las másaltas instancias del país.

Capítulo I

LOS MÉTODOS DEMANOS LIMPIAS

Denuncia contra eljuez Castro y el fiscal

HorrachJuzgado de Instrucción número 3 dePalma de Mallorca. Vía Alemania,número 5-2. Martes 7 de febrero de2012. Durante la mañana.

Aquella iba a ser una semana claveen la instrucción judicial del caso Nóos,con el inicio de los interrogatorios a losimputados. Fijado el calendario dedeclaraciones, el sábado 11 de febreroles tocaba el turno a Diego Torres y suesposa. Cuatro días antes de esa cita en

los juzgados de Palma, el magistradoJosé Castro firmó una providencia en laque acordó tener por parte en la causa alprocurador Santiago Carrión Ferrer, ennombre y representación del sindicatoManos Limpias, asistido por la letradaVirginia López Negrete, en calidad deejerciente de la acusación popular.Según pude comprobar in situ aquel día,la alegría en el colectivo defuncionarios era plena, ya que se habíafiltrado la noticia con anterioridad a lanotificación de dicha providencia a laspartes. Después de varios intentosfrustrados, Manos Limpias iba aparticipar —por fin— en la instrucción

del proceso (pieza separada número 25del sumario Palma Arena) quecomenzaría en breve en Palma deMallorca, para delimitar lasresponsabilidades de Iñaki Urdangarinpor sus presuntas actividades delictivasa través del Instituto Nóos. Y lo que eracasi tan importante para un sindicatoque solía tener por aquel tiempo lasarcas vacías: el juez no exigía laprestación de fianza que por reglageneral se impone a todas lasacusaciones populares que se personanen cualquier procedimiento y que, dadala trascendencia mediática del asunto, loprevisible era que se hubiera exigido

como a cualquiera y además por importenada nimio. Así las cosas, la suerte seponía de cara y la personación delcolectivo de funcionarios en la causacomo acusación popular permitiría teneracceso a todas las diligencias judicialesque se practicasen a partir de entonces,entre ellas la declaración comoimputado del propio Urdangarin,prevista para dieciocho días después, ola de su exsocio Diego Torres, esemismo sábado.

Manos Limpias es una organizaciónpeculiar. Fundada el 3 de abril de 1995con el lema «Allí donde exista un delito,debe haber alguien capaz de

denunciarlo» —la famosa cita del fiscalanticorrupción italiano Antonio di Pietro—, se define a sí misma unas vecescomo sindicato y otras como colectivode funcionarios públicos. La verdad esque no es ni una cosa ni la otra. Se tratade una organización que dice luchar por«la defensa del orden constitucional denuestro país frente a los movimientosseparatistas que pretenden disgregarlo»y cuya actividad judicial se desarrolla através de despachos de abogados quec o l a b o r a n desinteresadamente. Laetiqueta de ultraderecha le viene por elpasado de su secretario general, MiguelBernad, un letrado del Ayuntamiento de

Madrid que entró en política de la manode Blas Piñar y que llegó a ser, entre1985 y 1993, secretario general deFuerza Nueva, aquel partido nostálgicodel franquismo. El colectivo cuenta,según dicen sus dirigentes, con 5800afiliados que, a través de una cuota desesenta euros anuales, financian —juntocon donaciones de sus simpatizantes— ala organización de funcionarios.

Otra de las peculiaridades delsindicato, según reflejan documentos enla Oficina de Depósito de Estatutosdependiente del Ministerio de Empleo ySeguridad Social, es que desde 1995 yhasta la actualidad están depositadas

solo dos actas del colectivo ampliandoel objeto estatutario. Ninguna de ellasreferida a las celebraciones de laAsamblea General que, con presencia detodos los afiliados del colectivo,debería celebrarse —según reza elartículo 17 de sus Estatutos— concarácter anual y cada cuatro años pararenovación de cargos. Ha sido ahora,con ocasión de recabar la informaciónpara escribir esta obra, cuando heconstatado que Miguel Bernad hacertificado en cada procedimiento penalque ostentaba el cargo de secretariogeneral del sindicato, cuando el mismono consta vigente por los trámites

administrativos exigidos.Mi primer contacto con Manos

Limpias tuvo lugar en primavera de2011. Yo entonces era tertuliana dediversos programas de IntereconomíaTelevisión, como El gato al agua,Dando caña y Más se perdió en Cuba.Fue un día de marzo, al terminar miasistencia al debate de este últimoespacio televisivo, cuando me entrevistécon Miguel Bernad y el director técnicoy jefe de seguridad del colectivo,Fernando Martínez Dalmau. Tras elogiarmi trabajo como abogada y tertuliana entelevisión, el secretario general delsindicato me propuso empezar a

colaborar con ellos. Acepté y a lospocos días pusieron a mi disposición unfajo de tarjetas de visita en el que, bajoel logotipo de Manos Limpias, se podíaleer: «Montserrat Suárez Abad.Directora de los Servicios Jurídicos.Letrada». Con acierto por mi parte,nunca hice uso ni privado ni público delas mismas, ya que dicho cargo no existesegún los Estatutos de Manos Limpias,quedando limitada mi colaboración aletrada de determinados asuntosjudiciales y portavoz en medios decomunicación.

La actividad de Manos Limpias harecibido numerosas críticas a lo largo

de todos los años que lleva funcionando,precisamente por instrumentalizarpolíticamente los casos en los que se hapersonado como acusación popular. Anadie se le escapa la importancia de laacusación popular en la defensa delprincipio de legalidad. Y en este puntohay que subrayar el papel esencial queha ejercicio Manos Limpias endeterminados casos de corrupción, enlos que el Ministerio Fiscal teníaproblemas para conseguir una condenajusta y donde las pruebas del sumario noeran lo suficientemente contundentespara que el tribunal dictase unasentencia condenatoria contra los

autores. Por eso no tuve problemas paraaceptar a Manos Limpias como uno demis clientes. Lo que se me escapaba enaquella época es que el verdaderoobjetivo del sindicato es alcanzarnotoriedad con el fin de hacerse con lospingües beneficios que supone ejercerlas acciones colectivas enrepresentación de un número grande deafectados, como es el caso, entre otros,del asunto de las preferentes o la estafade Forum y Afinsa.

Desde que estalló el casoUrdangarin y precisamente por eseinterés de notoriedad, el sindicato hizotodo lo que estuvo en su mano para

entrar en el procedimiento que instruíael juez José Castro en Palma deMallorca. Y no las tenía todas consigode que fuera a lograrlo. En diciembre de2010 había intentado cazar alrepresentante del Ministerio Fiscal en elescándalo Nóos, Pedro Horrach,acusándole de un delito de fraude fiscalperpetrado diez años antes. Según unescrito remitido a la Agencia Estatal dela Administración Tributaria —quereproducía una investigaciónperiodística que el diario La Gaceta delos Negocios publicó días antes—, elcolectivo de funcionarios denuncióirregularidades cometidas por Horrach y

su mujer, Ana Zacher, en la compra en elaño 1999 de un sobreático de 217metros cuadrados, rodeados de otros318,96 de terrazas. En total, 536,96metros cuadrados más una plaza degaraje ubicados en un edificio de laavenida de Picasso, en Palma deMallorca, con jardín, piscinacomunitaria y vistas a la bahía de Palma.Según la denuncia de Manos Limpias, loescrituraron en el Registro de laPropiedad por 240 404,84 euros (unos40 millones de pesetas). Sin embargo, elbanco que otorgó al matrimonio lahipoteca de compra tasó el ático en 332234,29 euros (55 279 135 pesetas). O lo

que es lo mismo, la entidad bancariavaloró el ático 91 829,45 euros porencima del precio que Horrach declaróen documento público. Manos Limpiasse hizo eco también de que en 1999Pedro Horrach ocupaba una plaza comofiscal de tercera categoría en la Fiscalíadel Tribunal Superior de Justicia deBaleares. De acuerdo con la legislaciónvigente su sueldo debía rondar los1202,02 euros. Su mujer, funcionaria delgrupo A del Cuerpo Superior deTécnicos de Prisiones, percibía unsalario de 949,75 euros, sin contar conlos complementos. En 2006, siempresegún la información de La Gaceta

recogida por Manos Limpias, el fiscalanticorrupción y su esposa adquirieronotra propiedad, esta vez un chalé de 118metros cuadrados levantado en unaparcela de 395, localizado también en laisla, en la urbanización Son Bauló, enCan Picafort, a cuatrocientos metros dela costa. El matrimonio le otorgó unvalor en escritura pública de 180 000euros. El mismo día el BBVA leconcedió una hipoteca por el cien porcien del precio. De nuevo la entidadbancaria estableció su valor en 313 000euros, casi el doble del precio que hizoconstar el matrimonio en el registro. Sussueldos, eso sí, eran algo superiores a

los que percibían cuando compraron elático: el de Horrach, ascendido en lacarrera fiscal, rondaba los 4000 euros.Su mujer, nombrada jefe del Servicio deJuego de la Consejería de Interior delgobierno balear, percibía en torno a los1800 euros, según la ConfederaciónEspañola de Organizaciones deEmpresarios del Juego del Bingo. Porsegunda vez en seis años, al tributarconforme a lo consignado en documentopúblico, el fiscal anticorrupción pudodejar de pagar a Hacienda 8006 euros,según el periódico de Intereconomía. Entotal, el matrimonio se ahorró enimpuestos 28 153 euros (4 684 265

pesetas) en los pagos por ambosinmuebles. En abril de 2009 el fiscalvendió el chalé. Conforme a lo aportadoal registro, la transacción se cerró por300 000 euros. Un precio muy bajo si setiene en cuenta que el Deutsche Bank,concesionario de otra hipoteca a losnuevos compradores, tasó el inmuebleen 434 439 euros. En 2010, aún sinrecuperarse el mercado inmobiliario,viviendas similares situadas en CanPicafort se vendieron por 600 000euros, según los cálculos de La Gaceta.

Para su denuncia, Manos Limpiasadjuntó como pruebas las notasregistrales del ático y el chalet y de la

tasación bancaria, que posiblemente lespasaron los redactores del periódicoque por aquella fechas dirigía CarlosDávila. Con ello el sindicato denuncióque los hechos eran constitutivos de unainfracción tributaria muy grave, dada lacuantía de lo presuntamente defraudado.Además el colectivo de funcionariosenvió otro escrito, esta vez a la FiscalíaGeneral del Estado, en el que denunció aHorrach por negociar la compra de unhotel, cuyo precio estaba fijado en 570000 dólares, en la península de LosSantos de Panamá; y la adquisición deuna fábrica de alimentos en el distritocomercial Ramos Mejía de la ciudad de

Buenos Aires, con un precio de 69 000dólares. Lo más grave del asunto, segúnManos Limpias, fue que la tramitaciónpara la compra de ambos negocios seefectuó utilizando el IP (dirección desdela que opera un ordenador) delMinisterio de Justicia. Como prueba delo dicho se adjuntaron los correoselectrónicos procedentes del ordenadordel denunciado. «Es evidente ymanifiesto —señaló el sindicato en suescrito de denuncia— que la dignidaddel Ministerio Público ha quedado enentredicho. Los máximos garantes delEstado de Derecho para la defensa de lalegalidad y del interés público general

han producido un escándalo público enla persona del denunciado. En unmomento en que la sociedad estáescandalizada por actuaciones, que día adía surgen a la luz pública, de casos decorrupción política, el que ahora unmiembro destacado del MinisterioPúblico se vea inmerso en uncomportamiento presuntamente irregulare ilegal, debe tener por parte de sumáximo superior jerárquico (el fiscalgeneral del Estado) una respuestainmediata y ejemplarizante, en el sentidode que todos los ciudadanos conindependencia de su cargo y categoríasomos iguales ante la ley. Además, en

este caso se da la circunstancia de queel denunciado ha actuado de acusacióndel Ministerio Público en uno de losmayores escándalos de corrupción enlas Islas Baleares». El colectivo defuncionarios se refería al caso PalmaArena, matriz del escándalo Nóos. Envirtud de todo ello, el sindicato pidió alfiscal general del Estado que admitiesela denuncia y abriera el correspondienteexpediente disciplinario y sancionador.A comienzos de aquel año 2010 elnombre de Horrach, junto al del tambiénfiscal Joan Carrau, adquirió notoriedadmediática por su participación en elcaso Palma Arena y su celo profesional

en torno a Jaume Matas, para el quesolicitó tres millones de euros de fianzacarcelaria, que el expresidente baleardebía conseguir en veinticuatro horas siquería evitar el ingreso en prisiónpreventiva. El objetivo deIntereconomía y Manos Limpias erasacar al fiscal Pedro Horrach de lainstrucción del sumario del PalmaArena.

El diario El País hacía hincapié aprincipios de abril de 2013 en que «lafamilia paterna de Horrach es rica: tieney gestiona hoteles en Mallorca y en otraszonas del sur de Europa». «Sus padres—añadió— estarían más tranquilos si el

incisivo fiscal se dedicara a losnegocios familiares. Sobre todo habríanevitado invectivas de clanes mafiosospolíticos de Mallorca a los que PedroHorrach investigó y acusó en otrascausas en el pasado». ¿Qué sentido teníaentonces sacar a relucir el sueldo delfiscal y su mujer como hicieronIntereconomía y el sindicato de MiguelBernad en sus denuncias de fraudefiscal? La verdad es que ninguno.

Un mes después del primer ataquede Manos Limpias contra Horrach, elsindicato volvió a la carga. El 7 deenero de 2011 se lanzó a desprestigiar aJuan Carrau, fiscal jefe Anticorrupción

de Baleares; Adrián Salazar, fiscalAntidroga de Baleares; y el juez JoséCastro. De nuevo utilizó unainvestigación periodística que el diarioLa Gaceta publicó la víspera paradenunciar a los tres citados ante laAgencia Estatal AdministrativaTributaria por presunto delito de fraudea la Hacienda Pública. Según elperiódico de Intereconomía, AdriánSalazar declaró un chalé y su parcela enla urbanización Nova Santa Ponsa deCalviá (Mallorca) en 500 000 euroscuando un banco lo tasó, a efectos deconcesión de hipoteca, en 1 436 000euros. Por su parte, Juan Carrau fue

denunciado por escriturar un sobreáticocon un coste de 54 000 euros cuandohabía sido valorado en 117 500 euros.Por último, José Castro escrituró suvivienda y un solar del barrio de ElMolar (Mallorca) por 163 625 euros. Unaño después el banco cifró dichapropiedad en 329 007 euros. ParaManos Limpias, y a tenor de lopreceptuado en el artículo 184 de la LeyGeneral Tributaria, hubo una infracciónde ocultación de datos con importesfalsos. Según los artículos 191, 192 y200 de la misma norma, se trata deinfracciones muy graves, dada la cuantíade lo presuntamente defraudado. El

sindicato de Bernad también presentódenuncia ante la Fiscalía General delEstado contra Juan Carrau y AdriánSalazar por los presuntos delitos defraude a la Hacienda Pública y falsedaddocumental y por falta administrativamuy grave al haber incurrido, segúnManos Limpias, en una conductairregular que compromete la dignidad dela función fiscal.

Los escritos de Manos Limpiasfueron archivados meses después sinque comportasen reproche penal algunopara los denunciados. Mallorca entera ylas islas cercanas sospecharon que todohabía sido una estratagema para quitar

de en medio al juez y los fiscales dePalma encargados de aclarar el casoPalma Arena. Pocos meses después —en concreto el 8 de noviembre de 2011—, estalló en los medios decomunicación el caso Urdangarin. Esedía Horrach dirigió el registro en lasoficinas de la red de sociedadesvinculadas al Instituto Nóos deBarcelona. La policía también rastreó eldomicilio de Diego Torres y recogió enlas sedes de la Consejería dePresidencia de la Generalitat Valencianay de la Ciudad de las Artes y lasCiencias documentación sobre loscontratos firmados con el Instituto Nóos.

Según reflejó el juez en su auto filtradoa la prensa, Anticorrupción investigabaal duque de Palma y a Torres porsupuestos delitos de falsedaddocumental, prevaricación, fraude a laadministración y malversación decaudales públicos en dos conveniossuscritos en 2005 y 2006 entre el governbalear, presidido entonces por JaumeMatas, y el Instituto Nóos por un valorde 2,3 millones de euros.

Obviando sus querellas anteriorescontra el juez y los fiscales, ManosLimpias se volcó para entrar como fueseen la instrucción del caso Nóos. Laprimera actuación del sindicato fue

dirigir una carta —firmada por MiguelBernad— al presidente de Telefónica,César Alierta, solicitando quesuspendiera cautelarmente del cargo deconsejero a Iñaki Urdangarin en aras «aque el escándalo de corrupción en el queestá presuntamente implicado el yernodel rey ha tenido una repercusión socialde tal magnitud que puede lesionar laimagen de la compañía». Bernad apeló alos estatutos y reglamento de Telefónica,según los cuales los miembros delConsejo de Administración deben tener«un comportamiento y una conductaintachable». La segunda actuación,pocos días después, consistió en intentar

que al duque de Palma le retirasen elpasaporte diplomático del que disponíaal amparo del real decreto 1123/2008,de 4 de julio, por ser cónyuge de unmiembro de la familia real. Según esereal decreto, el pasaporte diplomáticoes un documento especial de viajeexpedido para facilitar a sus titulares elejercicio de la acción exterior delEstado. Son titulares directos delderecho a poseer pasaporte diplomáticoel rey y la familia real. La concesión delpasaporte diplomático incluye siempreal cónyuge. En un escrito remitido alMinisterio de Asuntos Exteriores,Manos Limpias reclamó la retirada del

pasaporte por el hecho de que «se haproducido un uso indebido, un abuso e,incluso, una utilización para finesilícitos».

Lo que más polémica levantó fue elintento de Manos Limpias de arrebatarla instrucción del caso Nóos al juezCastro y al fiscal Horrach para llevarlaa la Audiencia Nacional, al igual quepretendió hacer Jaume Matas con lacausa sobre el Palma Arena. Elsindicato se dirigió al Juzgado Centralde Instrucción de la Audiencia Nacionalque por turno correspondiera «por ser elcompetente para la instrucción de lospresuntos delitos al haberse producido

los hechos en varias comunidadesautónomas y al haberse evadidopresuntamente capital a paraísosfiscales, todo ello a tenor de lopreceptuado en el artículo 65 de la LeyOrgánica del Poder Judicial». En elescrito presentado en la AudienciaNacional, Manos Limpias argumentó quela sociedad española ha tenidoconocimiento de una notitia criminis,que ha causado un enorme estado dealarma social y que «ha lesionado laimagen de la Jefatura del Estado en lafigura de la institución monárquica, asícomo una grave lesión para las arcas dela administración pública». «Nos

referimos —se señalaba en la denuncia— al escándalo punitivo protagonizadopor Ignacio Urdangarin Liebaert y susocio Diego Torres Pérez y MiguelTejeiro Losada, como contable ysecretario del entramado de lassociedades mercantiles. De la operaciónconocida como Operación Palma Arenay que se instruye en el Juzgado deInstrucción número 3 de Palma deMallorca, se ha formalizado una piezaseparada, denominada Operación Babel.La base de la querella se fundamenta enla obtención de subvenciones públicas ala ONG Instituto Nóos, fundada en elaño 1999, y a la Fundación Deporte,

Cultura e Integración Social, y queposteriormente eran desviadas asociedades mercantiles patrimoniales delos querellados, con evidente fraude.Utilizaban Nóos y la Fundación Deporte,Cultura e Integración Social, y suposicionamiento dentro de la instituciónmonárquica, para conseguir las referidassubvenciones públicas con evidentefavoritismo, tráfico de influencias yestafa. Se evaden fondos a paraísosfiscales, tales como Belice, Luxemburgoy Reino Unido, lo cual incide en undelito de evasión de capitales.Urdangarin pedía a empresas privadasun canon anual con una cantidad fija con

el fin de lograr una cartera de clientelaasociada permanente». El sindicato selimitó a reproducir lo que hasta entonceshabía publicado la prensa mediantefiltraciones del sumario que se instruíaen Palma de Mallorca para concluir quelos hechos descritos constituyen delitosde estafa, tráfico de influencias,falsedad, delito contra la HaciendaPublica y seguridad social, evasión decapital a paraísos fiscales, delitosocietario, apropiación indebida,defraudaciones y maquinaciones paraalterar el precio de las cosas yadministración desleal.

Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta

relatan en su obra Urdangarin. Unconseguidor en la corte del rey JuanCarlos (publicado por La Esfera de losLibros en 2012) que el duque de Palmase mostraba satisfecho con la denunciacontra él. «“El recurso de ManosLimpias está muy bien fundamentado ylo van a aceptar”, se sonreía Urdangarin,que vislumbraba, por fin, la luz al finaldel túnel y dejaba entrever sucomplicidad con esa organización, a laque presentaba falsamente como unsubmarino introducido por él en elprocedimiento. El duque estaba segurode que la Casa Real movería losrecursos adecuados y de que el juez

Moreno asumiría las competencias yaparcaría el asunto. Su íntimaconvicción era la de que La Zarzuela noiba a permitir que el caso llegase amayores. Un íntimo amigo suyodesvelaba entonces que el marido de lainfanta Cristina estaba “muy tranquilo”porque sabía que aparecería “un ángelsalvador” que le libraría de aquelembrollo y que este procedería de laCasa Real. Pasaron los días y lassemanas, y Castro y Horrach, como eralógico, se opusieron a perder aquelasunto, hasta que se acabó pronunciandola Audiencia Nacional», narran Inda yUrreiztieta en su libro.

En efecto, el 20 de enero de 2010 eljuez de la Audiencia Nacional IsmaelMoreno se cargó de un plumazo lapretensión de Manos Limpias de apartaral juez y al fiscal de Palma. Elmagistrado archivó la querella contra elduque de Palma al reiterar que no era elcompetente para investigar los hechos.El tirón de orejas del juez al sindicatode funcionarios fue grande. Morenosostuvo en su auto que los hechosdenunciados por Manos Limpias yafueron objeto de instrucción en su mismojuzgado cuando tramitó la petición delexpresidente del gobierno autonómicode Baleares, Jaume Matas, para que la

Audiencia Nacional asumiera lacompetencia, y que desestimó quincedías antes. Además, según Moreno, noconstan datos suficientes como paraconcluir que el caso afectara a una«generalidad de personas». De hecho,reprodujo la misma resolución del 5 deenero, si bien hizo referencia a otrosargumentos mencionados por ManosLimpias relativos a un convenio firmadocon el Ayuntamiento de Madrid y a lospagos que supuestamente hizo Nóos a laSociedad General de Autores, entre2005 y 2008, por un importe total de401 843,32 euros. «En modo algunopuede admitirse que varios órganos

judiciales conozcan de unos mismoshechos», ya que ante el primer caso —eldel Consistorio de la capital— recordóal sindicato que ya lo denunció en losjuzgados de instrucción de Madrid y,ante el segundo, que la AudienciaNacional ya investiga las actividades«presuntamente delictivas de losórganos de dirección» de la SGAE.

En cuanto a las actividades delInstituto Nóos, el juez de la AudienciaNacional precisó que es objeto deinstrucción en la pieza separada delcaso Palma Arena y ya se investiga en elJuzgado de Instrucción número 3 dePalma. Como ya hiciera en el auto en el

que desestimó la solicitud de la defensade Matas, Ismael Moreno calificó deobvio que unas «defraudaciones de lascaracterísticas aquí investigadas —Anticorrupción sostenía entonces queUrdangarin y su socio Torres obtuvieronde Nóos unos ingresos de 5,8 millonesde euros— NO TIENEN LA ENTIDADY SIGNIFICACIÓN SUFICIENTE —elpropio juez lo escribió en mayúsculas enel auto— para conmover la seguridaddel tráfico mercantil». Destacó tambiénque la cifra presuntamente defraudadano es «significativa, impactante o deenorme envergadura» como para afectara la economía nacional. También

rechazó el supuesto de que la AudienciaNacional era la adecuada para asumir lacompetencia. Y, pese a que los hechosafectan a varios perjudicados en más deuna audiencia —el supuesto desvío dedinero público se produjo en Baleares yen la Comunidad Valenciana, ya que susgobiernos firmaron convenios con elorganismo investigado—, «no constanmínimamente acreditados datossuficientes como para poder llegar a laconclusión» de que este caso afecta auna generalidad de personas.

Así las cosas —con la negativa deTelefónica a suspender cautelarmentedel cargo de consejero a Iñaki

Urdangarin, el no del Ministerio deAsuntos Exteriores a retirarle elpasaporte diplomático, el fracaso en suintento de llevar el caso Nóos a laAudiencia Nacional, el auto del juezMoreno (que era un auténtico varapalo alas argumentaciones jurídicas delsindicato)—, la decisión de aceptar aManos Limpias como acusación popularen el procedimiento que se instruye enPalma de Mallorca por parte delmagistrado José Castro, al que habíanintentado apartar de la operación PalmaArena con una denuncia por fraude aHacienda, fue acogida por el colectivoque dirige Miguel Bernad con una

alegría desbordada.Y encima se personaban sin tener

que abonar fianza, requisito este que,como ya se ha adelantado, exige lageneralidad de los jueces cuandocualquier persona o entidad ejercita laacusación popular en un proceso de sucompetencia. Por si las moscas y ante laposibilidad de que la AudienciaNacional aceptase su querella contraUrdangarin, los letrados del sindicato seencargaron de recopilar jurisprudenciapara argumentar que no «procede fijarfianza cuando el procedimiento se hainiciado, como es el caso que nos ocupa,donde el Juzgado de Instrucción número

3 de Palma de Mallorca y la FiscalíaAnticorrupción están ya personados enla denominada pieza separada de ladenominada Operación Babel». Lacarambola se dio por la concatenaciónde los hechos relatados.

Presiones de la Casadel Rey

Sede de Manos Limpias. Calle deFerraz, número 13, 1º-B, en Madrid.Martes 14 de febrero de 2012. Al finalde la tarde.

Miguel Bernad, secretario generaldel sindicato de funcionarios, dio porfinalizada la lectura del escrito que teníaentre las manos. Sabía que aqueldocumento iba a ser un punto deinflexión en la instrucción del caso Nóosy, por supuesto, se convertiría enportada de todos los periódicos cuando

se diese a conocer. El documentoempezaba así: «Al Juzgado deInstrucción nº 3 de Palma de Mallorca.Don Santiago Carrión Ferrer,procurador de los Juzgados yTribunales, en nombre y representacióndel sindicato de colectivo públicoManos Limpias, conforme tengoacreditado en el procedimiento deDiligencias Previas número 2677/08, enla pieza separada número 25 que anteese juzgado se sigue, ante el mismocomparezco, y como mejor proceda enderecho, respetuosamente, digo: Quedespués de un análisis exhaustivo detodos los tomos y documentación anexa

que hasta el día conforman la piezaseparada número 25, en las diligenciasanteriormente referenciadas de losinformes de la AEAT, de la Brigada deDelitos Económicos y Fiscales (UDEF),de la Unidad de DelincuenciaEconómico Fiscal y de la Brigada deBlanqueo de Capitales, junto con lasdeclaraciones de todos los que hasta elmomento han depuesto en la causa, tantoen vía policial como judicial,entendemos que ha quedado más queacreditado de la tan prolijadocumentación no puede otra cosa quedesprenderse la presunta implicación envarios de los hechos enjuiciados en

calidad de presunta cooperadoranecesaria, presunta cómplice y presuntaencubridora de doña Cristina de Borbóny Grecia». La bomba informativaquedaba ahí escrita. «Manos Limpiaspide la imputación de la infanta» era eltitular.

Para el sindicato las diligenciaspracticadas pusieron de manifiesto quela infanta manejó abiertamente dineroprocedente de las sociedadesmercantiles defraudadoras, así como laexistencia de la caja única de la unidadfamiliar, donde obviamente seingresaban recursos económicosprovenientes de las empresas

mercantiles que se utilizaban en latrama. Un dinero que, según el sindicatode funcionarios, se invirtiópresuntamente en arreglos particularesde su vivienda en Pedralbes. «DoñaCristina de Borbón y Grecia es mayorde edad, titulada superior,concretamente licenciada en CienciasPolíticas, donde como es sabido seestudian asignaturas de Derecho, y nopuede alegar desconocimiento o falta deformación. En las tarjetas de visita,exhibidas por el imputado IgnacioUrdangarin para facilitar el acceso, encondiciones de privilegio, figuraba elnombre de la infanta juntamente con el

nombre del secretario de las infantas,Carlos García Revenga. Laintermediación del asesor externo de laCasa Real, José Manuel Romero, paraparalizar y alertar de las actividadesdelictivas del imputado IgnacioUrdangarin, era igualmente conocida porla infanta. El traslado a Washington delimputado Ignacio Urdangarin y doñaCristina de Borbón con la cobertura delempleo en Telefónica de España encalidad de consejero, no viene sino aconstatar que las actividades delictivasimplicaban a ambos. Incluso hasta en lacontratación fraudulenta del serviciodoméstico existía una complicidad y una

cooperación necesaria entre el imputadoIgnacio Urdangarin y doña Cristina deBorbón», detalló el colectivoanticorrupción que dirige Miguel Bernadpara dejar claro que la infanta estabametida de lleno en el escándalo delInstituto Nóos.

Además el sindicato hacía menciónal artículo 14 de la Constitución —«Losespañoles son iguales ante la ley, sinque pueda prevalecer discriminaciónalguna por razón de nacimiento, raza,sexo, religión u opinión o cualquier otracondición o circunstancia personal osocial»— para argumentar que dichoprecepto «debe tener su máximo

exponente y reflejarse en la imputación aun miembro de la familia real, si de loshechos analizados se constata ha podidoparticipar en los hechos presuntamentedelictivos de su consorte, el imputadoIgnacio Urdangarin». Como colofón,Manos Limpias se hacía eco deldiscurso del jefe del Estado a todos losespañoles el 24 de diciembre de 2011:«Cualquier actuación censurable deberáser juzgada y sancionada. La ley es igualpara todos». El escrito termina con lafirma del procurador mencionado y de laabogada Virginia López Negrete.

Llegados a este punto hay quedesvelar, como detalle curioso, un

correo electrónico enviado por LópezNegrete al entonces coordinador generalde Manos Limpias, Pablo Cañete, en elque la abogada muestra sudisconformidad con el escrito queacababa de firmar. El e-mail dice así:«Buenas tardes, Pablo. Siguiendovuestras instrucciones […]. Adjunto teremito el escrito sellado de esta mañana.Como te comenté, en contra de miopinión jurídica y la de todos losmedios de comunicación con los que hesondeado este tema […]. Quedo a laespera de tu llamada prometida estamañana. Un saludo. Virginia LópezNegrete». ¿Desde cuándo una acusación

popular sondea entre periodistas lospasos a seguir en el procedimientojudicial en el que está personada? Elcorreo electrónico que reproduzco mefue facilitado por el propio PabloCañete, quien, además, me autorizó a sudifusión.

Me consta que Miguel Bernad noestaba del todo satisfecho con el trabajode López Negrete y así nos lo hizo sabertanto a mí como al resto de abogadoscolaboradores y cargos del sindicato. Elmotivo fundamental era que VirginiaLópez Negrete recibió instruccionesconcretas que incluso le fueronentregadas por escrito: debía formular a

Urdangarin las veintiún preguntas que lehabían sido redactadas para que aquellas contestara en su declaración comoimputado del día 25 de febrero de 2012;y tras el término de su declaración,según turno de las partes, debía solicitarmedidas cautelares contra él, entre ellasla retirada del pasaporte diplomático.Nada de ello hizo. Es más, el secretariogeneral de Manos Limpias propuso que,a partir de ese momento, fuera yo quienllevase la representación del sindicatoen la causa que se instruía en Palma.Rechacé la oferta por dos motivos: elprimero, porque había firmado unrecurso de reforma como abogada del

entonces imputado y posterior testigoAntonio Ballabriga (lo hice antes de queManos Limpias estuviera personada enla causa) y, aunque había cedido lavenia a su abogado en la causa, JoséZaforteza, el 9 de febrero de 2012, porexceso de celo, no quería que ese hechopudiera interpretarse como un posibleconflicto de intereses; y el segundo,porque mantenía la esperanza derecuperar mi puesto de letrada externaen el BBVA. No obstante, hice saber aBernad mi disposición a representar alcolectivo de funcionarios en todosaquellos debates en medios decomunicación que quisieran contar con

mi presencia, algo que el número uno deManos Limpias aceptó.

Desde mi conocimiento a distanciade la instrucción del caso Nóos que sesigue en Palma, también me consta queno es cierta la afirmación que Inda yUrreiztieta hacen en su libro de que elescrito de Manos Limpias sobre lapetición para imputar a la infanta podríadeberse a que el sindicato fue un«submarino» de Iñaki Urdangarin.Cuentan los dos periodistas de ElMundo que «frente a quienes, desde elseno de la organización, justificaban elpaso [de presentar el escrito sobre laimputación de doña Cristina] en aras de

que se hiciera justicia, el entorno deUrdangarin llegó a especular con que ladecisión de Manos Limpias estabaimpulsada por el duque». Y continuaba:«Como si consiguiendo involucrar a sumujer en el procedimiento se garantizasela implicación de la Casa Real en lasolución», sostienen Inda y Urreiztietae n Urdangarin, un conseguidor en lacorte del rey Juan Carlos.

También me consta que la Casa delRey estaba ya involucrada al máximo enel asunto. Es más, cabe destacar lacelebración de dos comidas quetuvieron lugar en Madrid a petición deemisarios de La Zarzuela, en las que

estos pidieron reiteradamente a losrepresentantes de Manos Limpias queretiraran el escrito de imputación de lainfanta. La primera de esas comidas tuvolugar en un restaurante en la sierra yasistieron, por un lado, Miguel Bernad yFernando Martínez Dalmau, enrepresentación de Manos Limpias, y porotro el juez decano de Madrid, José LuisGonzález Armengol, el jefe de seguridadde los Juzgados de Plaza de Castilla y susegundo (estos dos no como escoltas,sino como comensales). Después deunos preliminares intrascendentes,Armengol planteó durante el almuerzo laposibilidad de que el sindicato valorase

la posibilidad de retirar el escrito deimputación. «Vosotros sabéis comoabogados —la verdad es que ninguno delos dos lo es en ejercicio— que setendría que probar económicamente larelación directa entre Iñaki Urdangarin,el Instituto Nóos y la mercantil Aizoon.Además hay que pedir algún informe deIRPF y de Hacienda. No solo hay quedecir las cosas. Hay que probarlas»,vino a decir Armengol en aquellacomida, que se desarrolló en un tonocordial. El juez decano se interesó porsaber quién daba a conocer la estrategiadel sindicato a los medios decomunicación y los altos cargos de

Manos Limpias dieron mi nombre. Eneste punto Armengol avisó —siempre enun tono de cordialidad— que había quetener cuidado con lo que se decía a laprensa, al tiempo que reiteraba elmensaje de que no vale solo con lanzaracusaciones y que estas deben seracompañadas de pruebas.

Bernad hizo hincapié en que se habíapedido un informe a la AgenciaEspañola de la AdministraciónTributaria y se comprometió a revisarese documento «con mucho cuidado».Llegados a este punto de laconversación, los representantes deManos Limpias hicieron saber al juez

decano de Madrid que se habíanproducido represalias tras la iniciativadel sindicato de pedir la imputación dedoña Cristina. Armengol se interesó porel asunto y los altos cargos del sindicatole relataron que una colaboradora —enreferencia a mí— había perdido supuesto de letrada externa del BBVA porunas declaraciones en un debate entelevisión. Como dato anecdótico, cabedecir que el jefe de seguridad de Plazade Castilla llegó a ofrecer a losdirigentes de Manos Limpias que siestaban interesados en algún sumario delos que se tramitan en el juzgado, élpodía conseguirlo. Bernad y Dalmau

rechazaron cortésmente la oferta.A los pocos días tuvo lugar la

segunda comida. José Manuel RomeroMoreno, conde de Fontao y marqués deSan Saturnino, fue quien invitó a comera los dos representantes del colectivo defuncionarios. Durante el almuerzo —notan cordial como el anterior— elabogado personal del rey desde el año1993 pidió a Bernad y Dalmau que seabstuvieran de reclamar tanto laimputación de la infanta como la de él.Además trató de convencerles de que elcaso Nóos era una cuestión de negociosentre Iñaki Urdangarin y Diego Torres,los cuales no tenían nada que ver ni con

doña Cristina ni con él. También hizohincapié en que esos negocios podríanconllevar una irregularidad económica,pero nunca un delito. Bernad replicó queManos Limpias tenía muy claro elasunto: se debía pedir perdónpúblicamente y devolver hasta el últimoeuro defraudado. Asimismo el secretariogeneral del sindicato recordó que unapersona —en referencia a mí— habíaperdido su puesto de trabajo, a lo que elconde de Fontao respondió no sabernada de la cuestión. «De todas formastomo nota de eso y, por favor, mayordiscreción en la prensa», vino a decir elabogado del rey. La comida terminó ahí.

Antes de la despedida el conde deFontao dejó abierta la posibilidad deque otro almuerzo similar pudiera tenerlugar en fechas posteriores.

Pocos días después de aquellacomida, la periodista Paloma Barrientosdesveló en un programa de televisión laposibilidad de que Manos Limpiasestuviera sufriendo algún tipo depresión. Ahí quedó la cosa y no seregistraron más almuerzos con el condede Fontao. Lo que sí hubo fueron variasconversaciones telefónicas. Lasprimeras de esas llamadas fueron untanto conciliadoras, no así la última deellas, en la que el letrado externo de la

Casa del Rey dijo que no accedía nimucho menos a lo solicitado por ManosLimpias, que no entendía ni siquiera losargumentos del sindicato, que losrepresentantes del colectivo estabanabsolutamente equivocados y que lacuestión podría darse la vuelta yvolverse en su contra. Aquella fue laúltima conversación telefónica entreemisarios de la Casa del Rey y losrepresentantes de Manos Limpias. Nohubo más llamadas.

Unas semanas después tanto la sededel colectivo de funcionarios, en la callede Ferraz, como mi propio despachoprofesional fueron visitados por

inspectores para realizar sendasinspecciones laborales. Al mismotiempo el diario El País publicó el 12de marzo de 2012 que el secretariogeneral de Manos Limpias había sidoimputado en el Juzgado de Instrucciónnúmero 3 de Madrid tras unainvestigación por estafa y coacción. Lacausa había derivado de una querellapresentada por el constructor ManuelNúñez, condenado en el denominadocaso Totana. La acusación que realizó elconstructor contra Bernad fue lasiguiente: «Se puede constatar lacontratación del sindicato ManosLimpias a fin de que presionase a mi

representado para que pagase el dineroque de forma fraudulenta pretendía elquerellado [Emiliano Ovide, presuntocomisionista]. Aportamos las escuchastelefónicas transcritas por la GuardiaCivil, que no tienen desperdicio y esevidente la comisión de los delitos queahora denunciamos». Núñez sostuvo queOvide, que afloró en la investigaciónjudicial como intermediario en lacaptación de comisiones pero no fuellevado a juicio, le manifestó que «sepodía hacer un convenio urbanístico conel Ayuntamiento de Totana, pero paraello era preciso pagarle al alcalde y apolíticos de la Comunidad de Murcia un

dinero». En las grabaciones se pudo oírla siguiente conversación:

Ovide: Se va a ir el tío [Morales]con una cantidad de quince a dieciochomillones de euros para Brasil, así queimagínate.

Bernad: ¡Puag! Pues en todo caso lepreparamos la denuncia, que la firma elsindicato.

Ovide: Ya vemos la estrategia queconviene para paralizar su actuación opara que negocie, lo que sea […]. Esuna gestión que yo he hecho allí conInmonuar [firma de Núñez], que es unpelotazo, que ha hecho una opción decompra por dos millones que al

aprobarse el plan tras venderlo generauna plusvalía de trescientos millones.

Bernad: Pues nos metemos a fondocon ello si tú le puedes sacar lo que seao negociar…

S e gú n El País Bernad llegó aplantear por teléfono enviar una carta alAyuntamiento de Totana para «ponerlesnerviosos».

Como un aviso para navegantes, elsindicato Manos Limpias respondió alataque del periódico de Prisa filtrando aLa Gaceta parte de las conversacionesque mantenía con los emisarios deZarzuela. El diario de Intereconomía seencargó de denunciar —el 19 de marzo

de 2012— que el colectivo de MiguelBernad estaba recibiendo presiones. «LaCasa del Rey ha reclamado a ManosLimpias que retire su acusación contraIñaki Urdangarin, imputado por variospresuntos delitos contra la HaciendaPública, blanqueo de capitales,malversación de caudales públicos,falsedad documental, entre otros, por lagestión de Nóos y la creación de unentramado de empresas satélite como laFundación Deporte Cultura e IntegraciónSocial», denunció La Gaceta citandofuentes jurídicas. Según ese periódico,«Zarzuela ha utilizado una vía indirectapara dirigirse a la acusación popular

con el fin de que renuncie a supersonación en el Juzgado de Instrucciónde Palma de Mallorca», en referenciavelada al conde de Fontao. «Y es que elcolectivo de funcionarios públicos —prosiguió La Gaceta— considera queestá sufriendo una fuerte campaña dedesprestigio desde que está ejerciendola acusación en este asunto. Todo unenvite para apartar a una acusaciónindependiente que puede ser incómodapara los intereses de un miembro de lafamilia real. Este periódico se puso ayeren contacto con los Servicios de Prensade Zarzuela y señalaron, como eshabitual en estos casos, que ni confirman

ni desmienten. Es más, concretamenteafirmaron: “La Casa del Rey no tienenada que declarar en este asunto”. De loque no cabe la menor duda es de las másque probables presiones que se estánproduciendo en este asunto mediático.La acusación popular también pidió aljuez Castro que citara como imputada ala infanta Cristina al haber indiciossuficientes de que participara comoencubridora o cooperadora necesaria delos beneficios de las actividadesprocedentes del Instituto Nóos. Por sifuera poco, hace unos días el mismosindicato presentó un escrito en eljuzgado por el que pedía que se citaran

como testigos al secretario de lasinfantas, Carlos García Revenga; a lasecretaria del duque de Palma, JulitaCuquerella, y al conde de Fontao, paraarrojar luz en este turbio asunto. En estepunto el juez solamente accedió a citar aCuquerella».

Manos Limpias quería saber cuál fueel papel exacto del asesor externo de laCasa Real desde 1993 y lasinstrucciones exactas que transmitió alduque de Palma, según reflejó en elescrito que presentó ante el juzgado deJosé Castro el 5 de marzo de 2012. Porúltimo La Gaceta se hizo eco de lainformación de El País publicada días

antes. «La campaña de desprestigiohacia Manos Limpias —subrayó eldiario de Intereconomía— ha podidocomenzar ya. La semana pasada eldiario El País publicaba en una mismapágina una noticia sobre Urdangarinvinculada a otra información titulada “Ellíder de Manos Limpias, imputado porcoacción y estafa”. Cuando los hechosque dieron lugar a esta causa judicialocurrieron hace más de cuatro años. Unsinsentido que el diario de Prisa saqueahora a relucir dicha información paradesprestigiar a Manos Limpias».

Finalmente, el 5 de marzo, el juezJosé Castro rechazó citar como

imputada a la infanta en el casoUrdangarin, tal y como había solicitadoel colectivo Manos Limpias. El titulardel Juzgado de Instrucción número 3 dePalma dictó un auto en el quedesestimaba la petición, a la que sehabía opuesto la Fiscalía Anticorrupciónal considerar que no bastaba para sucitación el hecho de que la infantaformase parte de la Junta Directiva delInstituto Nóos que presidía Urdangarin yque poseyera el 50 por ciento y fuera lasecretaria del Consejo deAdministración de una de las sociedadesinstrumentales a las que se desviaronfondos públicos, Aizoon. Castro estimó

que «no existen indicios» de que«conociese la conducta supuestamenteilícita de su marido». El juez señaló queimputar a la infanta Cristina y citarla adeclarar «carecería de sentido y soloconduciría a estigmatizar gratuitamente auna persona, lo que no es de recibo».Acogerse a sagrado bajo ese «noestigmatizar» traslada a la opiniónpública la percepción de que serimputado es algo oprobioso, cuando noes así. La imputación, en muchos casos,permite que el ciudadano puedadefenderse ante la justicia y no seguirsometido al «juicio mediático» sinpoder explicarse. Pero lo realmente

grave del auto de Castro, es que dio lasensación de que hay dos clases deciudadanos, dos castas perfectamentediferenciadas: los que pueden serestigmatizados y los que no. La justicia,una vez más, no es igual para todos.

Chantaje a altosejecutivos bancarios

Junta General de Accionistas delBBVA. Palacio Euskalduna, avenida deAbandoibarra, número 4 (Bilbao).Viernes 14 de marzo de 2013. Durantela tarde.

La abogada de Manos LimpiasVirginia López Negrete pidió la palabraen el turno destinado a los accionistasde BBVA. Su intención era dar aconocer a la Junta el escrito que el díaanterior había presentado en el Juzgadode Instrucción número 3 de Palma, en el

que pedía que se reabriera la causacontra el director del Área deResponsabilidad Social Corporativa delbanco, Antonio Ballabriga, comoresponsable de la organización de losllamados Juegos Europeos. Según laabogada de Manos Limpias, Ballabrigafue «la persona que se reunía, en nombredel Instituto Nóos, con los políticosvalencianos, quien gestionaba el cobrode las facturas, quien proponía el plande negocio y su ejecución, quienorquestaba, en definitiva, en nombre delInstituto Nóos, todo el tema de losJuegos Europeos». Nunca antes deaquella fecha Manos Limpias había ido

contra Ballabriga. La letrada de laacusación popular no había pedidotodavía la imputación del alto cargo delbanco, pero amenazaba con hacerlo y asílo anunció a la Junta de Accionistas delBBVA.

Además López Negrete se encargóde denunciar una irregularidad que, ensu opinión, se había registrado duranteel proceso que afectaba a Ballabriga,primero como imputado y luego comotestigo. Según dijo, la abogada queaparece como firmante del primerrecurso de reforma presentado ennombre de Ballabriga intentó conposterioridad presentarse como

representante de la acusación popularque lleva Manos Limpias en esteproceso. De hecho, según dijo laletrada, llegó incluso a suplantar endiversos medios de comunicación —Telecinco entre ellos— a la auténtica yúnica abogada de Manos Limpias eneste procedimiento, es decir, ella, lapropia Virginia López Negrete. «Enotras palabras —subrayó—, se dio laparadoja de que la abogada defensorade Ballabriga en este procedimientopudo convertirse en la representante desu acusación». A renglón seguidopreguntó: «¿Se trata de una simpleparadoja o un diseño elaborado por un

Departamento de Comunicación másatrevido que efectivo?»

No estuve en aquella Junta delBBVA, primero porque no soyaccionista del banco y, segundo, porqueno mantengo ninguna relación con esaentidad después de que esta decidiesedar por rescindido mi contrato comoasesora legal externa el 27 de febrero de2012. Días después tuve noticias deaquel ataque de López Negrete contramí, en el que me acusaba básicamente desuplantación en medios informativos yde un conflicto de intereses por firmarun recurso de reforma de un imputadomientras colaboraba con Manos

Limpias. Falso de toda falsedad. Enprimer lugar, durante más de un añoacudí a los debates de televisión porexpreso deseo y autorización delsecretario general del sindicato, MiguelBernad, que me designó para ello con elobjetivo de dar voz al colectivo defuncionarios públicos en los medios decomunicación. Así quedó demostrado enla página web de Manos Limpias, en laque se incluyeron los vídeos de misintervenciones. En segundo lugar, nohubo conflicto de intereses, porqueBernad conocía que yo había firmado elrecurso de reforma en representación deAntonio Ballabriga. Se lo conté cuando

me propuso ejercer la acusación popularen el caso Nóos en nombre de ManosLimpias, como ha quedado explicado enpáginas anteriores. En cualquier caso,no cabía conflicto de intereses debido aque Manos Limpias ni siquiera habíasolicitado la imputación de Ballabriga.Así me lo hizo saber el propio Bernaden su afán por convencerme de queaceptase su propuesta, que rechacé poruna cuestión de ética profesional. Por sieso fuera poco, el escrito fue firmado el13 de enero, casi un mes antes de que eljuez Castro acordase la personación delcolectivo de funcionarios comoacusación popular en el procedimiento

que se sigue en Palma.A Antonio Ballabriga le conocí tres

años antes de que estallara el casoNóos, al llevar un asunto jurídicoprivado de su familia. Y me volvió acontratar a finales de diciembre de 2011para llevar su defensa, después de quesu nombre apareciese en elprocedimiento de Nóos y poco antes deque resultara imputado. Cuando adquiriótal condición recurrí el auto deimputación por falta de motivación delobjeto por el que se iba a producir sudeclaración. Fue un mero trámite, ya queel recurso se desestimó, manteniéndosepor tanto el día de la citación. Fue en

ese momento cuando Ballabriga mecomunicó que prefería que su defensa lallevase un letrado de Palma deMallorca. Por esa razón cedí la venia alletrado José Zaforteza, que a partir deese momento se encargó de diseñar laestrategia más acorde con los interesesde su cliente, la cual yo desconocía. Esmás, esa cesión de venia tuvo lugar elmismo día —7 de febrero de 2012—que el juez Castro acordó la personaciónde Manos Limpias en el procedimientode la capital balear. Excuso decir que enningún momento tuve a mi disposición lacausa judicial, ya que cuando se notificóla citación de Ballabriga —amén de que

dicha resolución fue conjunta, junto conmás citaciones— no vino acompañadadel procedimiento ni de copia dediligencia alguna. Así las cosas, el altocargo del BBVA declaró por primeravez como imputado el 14 de abril de2012. Su abogado pidió la retirada detal condición, algo que el juez instructoraceptó el 18 de octubre de aquel año.

Volvamos al Palacio Euskalduna deBilbao aquel viernes 15 de marzo de2013. ¿Qué hacía la abogada que ejercela acusación popular en el caso Nóoshablando del asunto ante la Junta deAccionistas del BBVA? ¿Cuál era supropósito? ¿A qué motivos obedecía su

estrategia? Las respuestas a esaspreguntas están en una fotografía que fuesubida a las redes sociales ese mismodía por uno de sus protagonistas. En lainstantánea se puede ver a LópezNegrete acompañada por Luis PinedaSalido en la puerta de entrada del salóndonde se celebró la Junta. Pero ¿quiénes Luis Pineda Salido? Cabe decir, enprimer lugar, que es el actual presidentede Ausbanc. Yo le conocí bien. No envano trabajé para Ausbanc durante casidiez años, de 1996 a 2006. Es más, micalvario en la asociación comenzócuando apoyé al delegado en Baleares,Carlos Hernández Guarch, ante las

amenazas de muerte, injurias ycalumnias que le dirigió el presidente.Luis Pineda nunca me lo perdonó, comose verá en páginas posteriores. Tengoconocimientos suficientes, como esobvio, para detallar su forma de ser ysus métodos. En aras a la objetividad hepreferido hacer una recopilación deartículos de prensa con el objetivo deque el lector tenga una idea clara dequién es Luis Pineda. Como se puedecomprobar, en el listado aparecen todotipo de periódicos. Desde losgeneralistas hasta los económicos. De laprensa de izquierdas a la de derechas.D e El País al ABC, pasando por El

Mundo… Lo que demuestra launanimidad de criterio sobre elcontrovertido personaje.

Las primeras noticias sobre él lasencontramos en los diarios El País yABC de fecha 27 de febrero de 1983. Eldía anterior funcionarios de la BrigadaRegional de Información detuvieron asiete individuos, militantes de laorganización ultraderechista Frente de laJuventud, como presuntos participantesen los sucesos ocurridos el 23 defebrero en la calle de Fuencarral, deMadrid. Aquel día un grupo de jóvenesprotagonizó diversos asaltos conlanzamiento de cócteles molotov y

objetos contundentes para conmemorarel primer aniversario del fallido golpede Estado del 23 de febrero. Uno de losdetenidos —a los que se les aplicó laley antiterrorista— fue Luis PinedaSalido, alias «Luispi», de dieciochoaños de edad y jefe nacional del Frentede la Juventud.

El diario El Economista publicó en2007 que el 6 de marzo de 1980, segúnconsta probado en la sentencia a la quetuvo acceso ese periódico, Luis Pineda yvarios compañeros más se dirigieron aldomicilio de María Ignacia López delSoto, marquesa de San Eduardo, situadoen el barrio de Salamanca, y llamaron a

la puerta. Tanto Pineda como varios desus acompañantes portaban armas defuego. Cuando la sirvienta abrió,redujeron a todas las personas que habíaen la vivienda y exigieron a la marquesaque les entregara dinero. Esta seabalanzó contra uno de los intrusos y fuegolpeada en la cara con una pistola. Alfinal el grupo consiguió que la señorales firmara un cheque por valor de 85000 pesetas que hicieron efectivo en unaentidad bancaria de la misma calle deldomicilio. Además, antes de marcharsedel piso amordazaron a las cuatropersonas que acompañaban a lamarquesa y robaron 27 900 pesetas y un

DNI. En el armario de la dueña de lacasa rasgaron con navajas variosabrigos de piel, produciendo en dichasprendas, siempre según consta en lasentencia, desperfectos ascendentes aunas 400 000 pesetas. Luis Pineda fuecondenado como responsable enconcepto de autor de un delito de robo,con intimidación en las personas, uso dearmas en casa habitada y utilización deviolencia para obligar a suscribir yentregar un talón. En la fecha en la quese cometió el robo, a Luis Pineda lefaltaban solo unos meses para cumplirdieciocho años, por lo que el tribunalaplicó el atenuante de minoría de edad.

No obstante, no se libró de sercondenado a la pena de tres meses dearresto mayor y a que pagarasolidariamente junto a otro de losacusados en concepto deresponsabilidad civil más de mediomillón de pesetas a la marquesa de SanEduardo.

Años después, en concreto el 28 dejunio de 2007, El Mundo se hizo eco deun informe enviado por la AgenciaTributaria a la Audiencia Nacional quereveló el hecho de que la Asociación deUsuarios de Banca (Ausbanc), que yapresidía Luis Pineda, cobró 2,45millones de euros de Forum Filatélico y

Afinsa. En mayo de 2006 se habíaproducido la intervención judicial deambas sociedades filatélicas porpresunta estafa, que dejó más de 400000 afectados. El documento de laAEAT formó parte del proceso abiertopor los Juzgados Centrales deInstrucción número 1 y 5 de Madrid, trasuna querella presentada por el bufeteOsorio & Asociados por estafa.Finalmente la Audiencia Nacionaldecidió apartar a Ausbanc comoacusación popular por fraude procesal.Los jueces entendieron que la acción dela asociación de consumidores en laAudiencia Nacional, después de haber

defendido públicamente la legalidad delas dos empresas, no se correspondíacon «el contenido y la finalidad propiosde una acusación en un proceso penal».

El 11 de julio de aquel año El Paíspublicó que Ausbanc había recibido 347000 euros de seis entidades financierascomo patrocinio de un acto realizado enSalamanca en septiembre de 2005. ElSantander pagó graciosamente 208 800euros, cantidad que le daba derecho aacudir a las jornadas y a la cena de gala,así como a dar un discurso en elayuntamiento y a que su logo aparecieraen todo lo relacionado con el acto.Cuatro días después, con el título «Las

dos caras de Ausbanc», el periódico dePrisa publicó el siguiente perfil:«Defender a los consumidores puede serun negocio muy lucrativo. Y Luis Pinedalo sabe bien. Hace más de veinte añosque se inventó Ausbanc, una asociaciónde usuarios de banca que ha sacado loscolores a las entidades por cobrarcomisiones injustificadas, hipotecascaras, etcétera. Sin embargo, también leha permitido levantar una red deempresas con la que el año pasadomovió unos quince millones de euros.Algunos le acusan de utilizar suspublicaciones para captar dinero de labanca, bajo la amenaza de sacar sus

trapos sucios si no pasan por caja.Pineda dice que no coacciona a nadie,que todos se anuncian voluntariamente.Un juzgado ha revelado que Ausbanccobró 347 000 euros del Santander ycinco entidades más por un acto enSalamanca. […] Emilio Botín,presidente del Santander, bajó lasescaleras de la Audiencia Nacional concierto aire despistado. Tenía delante unaveintena de fotógrafos y periodistasesperándole. Había declarado ante eljuez por las indemnizaciones millonariaspagadas a los exdirectivos José MaríaAmusátegui y Ángel Corcóstegui. No eraun trago fácil y parecía un poco apurado;

pero, de repente, entre los periodistasalguien dio un paso adelante y se abrazóal presidente del banco. Era LuisPineda. Botín cambió el semblante yPineda alabó su gestión ante losperiodistas, que se quedarondesconcertados. […] Según sus cifras,entre Ausbanc Consumo y AusbancEmpresas tiene 352 146 asociados,sumando los individuales y loscolectivos. Cobra 60 euros porinscripción y 15 euros al mes porasociado, “aunque hacemos precioespecial cuando llegan por una crisisconcreta”, apunta. Ha conseguidograndes logros para todos los

ciudadanos, entre los que destaca el findel redondeo al alza de las hipotecas;que se conozcan previamente lascomisiones de los cajeros automáticos yla creación de un registro de seguros devida de los fallecidos. Lo curioso delcaso es que esas victorias las ha logradocon denuncias y presiones a los bancos ycajas de ahorros, de los que recibefuertes ingresos publicitarios en susrevistas y semanarios (también les cobrapor organizar eventos y elaborarinformes). […] Los ejecutivos de labanca se quejan de las enormescantidades de dinero que se ven“obligados” a destinar a las

publicaciones de Ausbanc. Se habla decifras que van desde los 400 000 euroshasta los 60 000, dependiendo deltamaño. Dicen que lo hacen bajo lapresión del poder de Pineda. Sinembargo, nadie (excepto CreditServices) lo denuncia porque dicendudar de que sea ilícito».

El 1 de octubre de 2007 ElEconomista informó de que laAudiencia Nacional acordó queAusbanc fuera expulsadadefinitivamente del «caso de los sellos»como acusación popular por fraudeprocesal. La resolución se fundamentóen el hecho de que la asociación que

preside Pineda adoptó en todo elproceso «una actitud ambigua»,ejerciendo la acción popular perodefendiendo también los intereses deForum. El 1 de agosto de 2008 CincoDías dio cuenta de que el Supremohabía ratificado la expulsión de Ausbanccomo acusación en el citado escándalo.

Una semana después El Mundopublicó una información firmada porEsteban Urreiztieta en la que se hacíaeco de una querella criminal contra LuisPineda por parte del delegado deAusbanc en Baleares. ¿El motivo?Amenazas de muerte, injurias ycalumnias. La denuncia la suscribió

Carlos Hernández Guarch,conjuntamente con el letrado de estaorganización en las islas, Jaime JuanSaurina. Ambos imputaron a Pineda laintención de acabar con sus vidascontratando para tal cometido a «unosmafiosos». Hernández Guarch y Saurinavertebraron sus acusaciones en una seriede grabaciones telefónicas que, siempresegún los denunciantes, se produjeroninmediatamente después de que elprimero comunicara a su máximoresponsable, en torno al 25 de junio, sudeseo de abandonar Ausbanc. A partirde esa primera conversación tuvieronlugar «diversos intentos por parte de

Pineda para que Hernández Guarchpermaneciese en la organización con lascondiciones modificadasunilateralmente». Tras no alcanzar unacuerdo, el jefe de la entidad tentó sinéxito a Saurina para sustituir a sucompañero. Lejos de aceptar la oferta,el letrado optó también por dejar suplaza en la organización. A lo largo deesas conversaciones telefónicas Pinedale espetó al hasta entonces abogado deAusbanc en Baleares: «Te juro por mishijos y por mi vida que como un solosocio de Ausbanc en un periodo de seismeses se pase con vosotros o me juguéisuna, por mi vida… las querellas

criminales y lo que cojones haga falta. Yestoy incluyendo todo lo que sea capazen mi vida. Todo, ¿eh? Y cuando digotodo es lo peor que estás pensando». Alo que añadió: «Como queráis robarle aAusbanc su conocimiento, su formación,sus socios… Os juro que acabo convosotros. Por mis huevos y con mivida». La conversación fue subiendo detono hasta que el presidente de Ausbanc,tal y como rezaba la trascripción de lascintas, revela «estar dispuesto a pagar amafiosos». «Ten mucho cuidado conhacer una asociación, esto no essolamente legal, te estoy hablando detema físico, de tema físico, ¿eh? Mucho

cuidado porque os estáis jugando la putavida».

Días después, el presidente deAusbanc afirmó a El Mundo:«Reconozco que se me fue la pinza, perocuando hablo dentro de mi casa soy muybrusco y no mido mis palabras. Esverdad que tuve una conversación muytensa, en la que no me acuerdoexactamente lo que dije, pero luego pedíperdón: verbalmente y por carta. Lo queme ocurrió fue un arrebato de ira… Nosé si divina o diabólica. Fui brusco enlas formas pero no en las intenciones,pero en cualquier caso me arrepiento delo que hice».

El 1 de diciembre de 2010 ElEconomista informó de que laAudiencia Nacional había desestimadoel recurso de apelación presentado porAusbanc contra una sentencia que leexcluía del Registro de Asociaciones deConsumidores y Usuarios. Según seexplicó en la sentencia fechada enoctubre de aquel año, el InstitutoNacional del Consumo expulsó en 2005a Ausbanc del registro tras comprobarque realizaba publicidad comercial.Perder la condición de asociación deconsumidores implica también dejar detener derecho a representar como tal alos consumidores y a ejercer las

correspondientes acciones en defensa delos mismos. Asimismo impide percibirlas ayudas y subvenciones públicasdestinadas a estas asociaciones y lapertenencia al Consejo de Consumidoresy Usuarios, que permite la participaciónen órganos consultivos de lasadministraciones públicas de ámbitoestatal.

A Pineda le favoreció la llegada delPP al poder. Tres meses después de quela ministra de Sanidad, Ana Mato,tomara posesión de su cargo, Ausbancfue readmitida en el Registro deAsociaciones de Consumidores. Degolpe y porrazo la asociación de Pineda

volvió a recibir subvenciones. El 24 deenero de 2013 el Ministerio de Sanidadconcedió a Ausbanc 112 350 euros paraprogramas de información sobre lasparticipaciones preferentes. Esnecesario recordar que Manos Limpiasejerce la acusación popular en lasactuaciones sobre el caso Gürtel,mientras la ministra de Sanidad esinvestigada por los regalos que recibióde la trama de Correa.

La Junta General del BBVA del 15de marzo de 2013 puso negro sobreblanco la alianza entre Virginia LópezNegrete y Luis Pineda. Se trata de unaalianza de intereses, porque Manos

Limpias aporta algo que Ausbanc notiene y viceversa. El sindicato nodispone de dinero, mientras Luis Pineda,sí. Ausbanc no puede ejercer comoacusación popular, mientras ManosLimpias, sí. Todo un matrimonio deconveniencia.

En aquella Junta del BBVA LuisPineda también pidió el uso de lapalabra en el turno destinado a preguntasde los accionistas. El presidente deAusbanc aprovechó la oportunidad —como suele hacer desde que asiste a estetipo de actos— para criticar variosaspectos del banco y su gestión. Suintervención fue tan larga que, tras

varios avisos fallidos, le cortaron elsonido del micrófono. Poco despuéstoma la palabra otro accionista pararesponderle: «Quiero denunciar a losfalsos accionistas. Señor Pineda, sinanestesia, es usted un cara», le dijo trasenumerar una a una las distintascondenas contra el que se dicerepresentante y defensor de losconsumidores, incluida la de intento desecuestro a mano armada. Ya en el turnode respuestas, Francisco González, elpresidente del BBVA, en contestación aotro accionista, respondió a Pineda:«No estamos dispuestos a dejarnoschantajear». Lo dijo en referencia a la

negativa del banco a insertar publicidaden determinadas publicaciones de laorganización que preside Luis PinedaSalido.

Tres semanas antes de aquella Juntade Accionistas, el fiscal Horrachsolicitó al juez Castro que citase aAntonio Ballabriga a declarar comotestigo para que aclarase dos asuntosrelacionados con uno de los correosaportados por Diego Torres. Castroaceptó la petición del Ministerio Fiscaly acordó que la comparecencia deldirector del Área de ResponsabilidadSocial Corporativa del BBVA seprodujese el 19 de marzo en Madrid.

José Zaforteza, abogado de Ballabriga,intentó tranquilizar a su cliente con elargumento de que iba a acudir comotestigo y que el fiscal le preguntaría porun par de cuestiones que necesitaban serexplicadas. La víspera de que tuvieralugar la citación, Zaforteza se entrevistócon Horrach para contarle lo acontecidoen la Junta de Accionistas de cuatro díasantes. Le hizo saber lo afirmado porLópez Negrete y su pretensión de pediruna nueva imputación para Ballabriga,así como las acusaciones lanzadascontra mí sobre la supuesta suplantacióny el presunto conflicto de intereses. Elfiscal tomó nota de la cuestión.

La copia de la declaración deBallabriga no deja lugar a dudas de queel juez conocía el asunto. Aquello fue untirón de orejas en toda regla de Castro aLópez Negrete. El magistrado nopermitió en ningún momento que laabogada que ejerce la acusación popularen el caso Nóos me involucrase en elcaso, por no ser una cuestión que tuvierarelación con el procedimiento:

Virginia López Negrete: Usted,cuando fue imputado por primera vez eneste procedimiento, vino personado deun letrado, al que supongo le daría unpoder especial. ¿Es así?

[Un inciso para comentar que a la

abogada de la acusación popular letraicionó el subconsciente. Habló de unaprimera imputación, como si después deesa existieran otras más. Y no hubo tal.Era lo que ella quería, como pidió díasdespués de esa declaración].

Antonio Ballabriga: Yo contraté losservicios de una letrada que no es elletrado que me ha seguidoposteriormente. Yo contraté losservicios cuando aparecieron loscorreos publicados. Yo todavía noestaba imputado y, de hecho, solicitésiguiendo el consejo de esta letradadeclarar en el caso. Se presentó unescrito al respecto, para proyectar

declarar, para decir que no tenía nadaque ocultar. Un tiempo más tarde, norecuerdo exactamente si… Un mes ymedio después se me imputó en la causay yo decidí que no me sentía cómodocon la defensa que me habían propuestohasta ese momento. Gestioné un cambiode letrado y, a partir de ahí, en ladeclaración del mes de abril, meacompañó José Zaforteza como letrado.Esos son los hechos.

V. L. N.: Yo le preguntaba que esaprimera letrada que usted tuvo, usted ledaría un poder especial, supongo.

A. B.: Sí, sí. Claro. Seguro.V. L. N.: Le habrá revocado usted

ese poder a esa letrada notarialmente.A. B.: No me ocupé yo de esos

trámites. Le pedí a mi abogado, el señorZaforteza, que hablara con esta letrada yque hiciera todos los trámites oportunospara que él siguiera con el proceso, enla causa. Entonces, yo desconozco…

V. L. N.: Respecto al poder, ¿ha idousted a alguna notaría a revocarexpresamente el poder a esta letrada?

A. B.: No, yo no he ido a ningunanotaría. Entendí que estaba en manos demi abogado el proceso.

V. L. N.: Dice usted que esta letradase la propusieron. ¿Quién se la propuso?

Juez José Castro: Letrada, ¿esto es

necesario?V. L. N.: Sí, señoría.J. C.: ¿Por qué?V. L. N.: Porque… Como hemos

expuesto en nuestro escrito de reaperturadel procedimiento para el señorBallabriga… Vale… Esta señora… Yahora le voy a interrogar sobre ello,realmente. Primero… Bueno, quiero queme conteste él. ¿Quién le propuso laletrada? Y en segundo lugar, señoría…

J. C.: Señora letrada, ¿a dónde nosconduce esto?

V. L. N.: Para esta acusación,señoría…

J. C.: No, señora letrada. Esas

preguntas se desestiman.V. L. N.: Vale, fenomenal. ¿Ha

vuelto usted a ver al señor Ayuso?A. B.: En un evento público hace

unos meses.V. L. N.: Vale. No hay más

preguntas, señoría.Mientras ese interrogatorio tenía

lugar en el Juzgado de Instrucciónnúmero 3 de Palma de Mallorca y endías sucesivos, Luis Pineda lanzaba lossiguientes mensajes en Twitter: «BBVAcon Ballabriga, Ayuso, Puyol y otroscuantos que aparecerán pringao hastalas cachas en Caso Nóos/Urdangarin,corrupción alto nivel»;

«@pedroj_ramirez bien descrito el CasoNoos y su vertiente Ayuso. Te faltasaber quien fue la abogada deBallabriga en primer escrito. Alucina»;«La monarquía tiene un problema decredibilidad. BBVA, Ayuso, Ballabriga:Caso Noos. Abogada suplantadorapagada por el BBVA»;«@garcía_abadillo Ayuso de jefe dePrensa de la Casa Real. Ballabriga enBBVA y abogada suplantadorapaseándose por vuestras teles»; y «Si laCorona une su suerte y futuro a sudefensa por Francisco González BBVA(Ayuso, Ballabriga, Zaforteza, SuárezAbad)… Finito. Adiós».

Citó mi nombre y le respondí através de la red social: «Ese tweet yotro anterior, como otras muchas cosas,lo vas a tener que probar delante de unjuez». A partir de ahí, durante horas,Pineda empezó a bombardear mi páginade Twitter con ladridos en forma demensajes: «No sé a qué te refieres: Malanda BBVA y Javier Puyol [director dela Asesoría Contenciosa Corporativadel banco] si tú eres su ariete contra mí.Ya no estás en el Candelabro. El dichode tu dicho es mi dicho»; «¿Qué tal tuamigo Carlos [Hernández Guarch,exdelegado de Ausbanc en Baleares,anteriormente citado]? En el lodazal…

Levantaste la mano y eso no está bien.Escogiste mal. Como él. Prontocondenado»; «En fin, tú has empezadoen Twitter. Así que quede claro paratodos quien empezó esta guerra. Yamenazando con juicios»; «No sabesmedir. Y tus consejeros no velan por ti.Pide perdón y, quizá, termine esto antesde empezar. Te he perdonado mucho»;«Para aprender, ve esta noche a las22:25 Intereconomía con EduardoGarcía Serrano. Verás a tu jefe, ex, yquizá recapacites»; «Virginia LópezNegrete es una magnífica abogada ycompañera. Pregunta a Puyol cómo lohizo en la Junta del BBVA»; «Medita,

Montse. Me voy a jugar al tenis»; «¿Hasmeditado?»; «Yo lo pruebo todo ante losjueces. Cláusula Suelo ilegal BBVA (tusseñoritos). Swap nulos. PreferentesBankia, etc…»; «¿Tú lo pruebas ante losjueces o solo con tu verbo en las teles?Es cierto que usas bien la boca y lalengua y expresas mucho». «Te quedamuy grande esto. Me parece a mí. NiCNI ni tonterías. Estoy de vuelta».

Tal como me avisó, tuve quesoportar sus ataques por televisión. Fueen el transcurso de una entrevista en elprograma Sin tapujos, que presenta ydirige Eduardo García Serrano enIntereconomía TV. Aquel espacio tuvo

una audiencia media de 132 000espectadores, lo que le supuso un sharedel 0,7 por ciento.

Luis Pineda Salido: El BBVAcontrató una abogada para quedefendiera a Antonio Ballabriga, quetrabaja en el banco. Esta abogada, queconoce muy bien esta cadena, se hizopasar por abogada de la acusación. Perovamos a ver, ¿cómo es posible eso?

Eduardo García Serrano: ¿Jugó ados barajas?

LPS: Si yo soy la abogada de unseñor imputado en el caso Nóos y luegosalgo en las televisiones diciendo quesoy la abogada de la acusación de

Manos Limpias… ¿Cómo puede ser tanatrevida?

EGS: Verde y con asas.LPS: Porque a lo mejor el director

de los servicios jurídicos del BBVA, alque conozco, le dijo: «A la carga, dijoVargas». Y lo que intentaron fue echar ala abogada de verdad, que es VirginiaLópez Negrete, una magnificacompañera que trabaja muchísimo, quecobra poco o nada, que se deja el alma yque veía en televisión que una… señorao lo que fuera o fuese decía que era laabogada de la acusación. O sea, que yollevo doce horas en un juzgado, no hedormido para prepararme mi vista y sale

«esta» de guapa diciendo que soy yo. Ydices: ¿hasta qué punto puede llegar unopor un plató? Hombre, es El GranHermano y te asustas, pero es que aquíhabía algo detrás. Es que «esa» noquería «chupar» plató. Es que era laabogada del imputado del BBVA. Y eldirector de comunicación anterior estáen Casa Real. Todo huele a podrido.Todo.

Ante esa cascada de improperios yvejaciones hacia mi persona, me obliguéa contenerme y no contesté. Eso sí,intenté atar cabos con esa referencia quePineda hizo al Centro Nacional deInteligencia. Me acordé de que algún

compañero de tertulia en 13TV me habíacomentado que Virginia López Negretelanzaba el infundio de que yo pertenecíaal CNI. No le di crédito en su día. Enese momento, tras el rebuzno delpresidente de Ausbanc, me lo creí.

Pero sigamos con el relato. El 2 deabril de 2013, López Negrete presentóel escrito de nueva imputación aBallabriga con el que había amenazadoa la Junta de Accionistas del BBVA:«Como consecuencia de la declaracióncomo testigo del señor Ballabriga y delos nuevos correos aportados en lacausa por el señor Diego Torres, queafectan a dicho testigo, venimos a

realizar las siguientes manifestacionesen aras a tener en cuenta antes delpronunciamiento solicitado por estaacusación de la reapertura de la causaen calidad de imputado del señorBallabriga, así como a solicitar lapráctica de nuevos medios de prueba.[…] En lo que se refiere a ladeclaración que como testigo prestó elseñor Ballabriga el pasado día 19 demarzo en Madrid, esta acusación quiereponer de manifiesto la mala fe con laque el señor Ballabriga ha actuado en lapresente causa. Y decimos mala feporque en un primer momento dice quese ofrece a declarar voluntariamente

para ayudar a la justicia en todo lo quesea necesario, pero cuando es imputadono duda en recurrir tal decisión.Posteriormente, cuando acude al juzgadocomo imputado resulta que miente(como ha podido comprobarse no con laprueba documental obrante en la causa,sino después de su segunda declaración,en este caso como testigo), con undescaro y una arrogancia y jactanciaimpropios de alguien que alardea dequerer colaborar con el esclarecimientode los hechos. […] El señor Ballabrigaadmitió abiertamente que había mentidoen todo lo que había dicho en sudeclaración como imputado y que lo

único que valía es lo que manifestabacomo testigo. ¡¡¡Valiente alarde defatuidad!!! Cierto es que tiene derecho,pero cierto es también un respeto altribunal y a los miembros del mismo».

El juez Castro dictó un auto el 16 demayo de 2013 en el que además de noaceptar la nueva imputación deBallabriga que pedía Manos Limpiascensuró el «vaivén procesal» quepretendía la acusación popular ejercidapor López Negrete. «Ciertamente —subrayó el magistrado en su auto—, enla organización, desarrollo y ejecuciónde los distintos eventos que están bajoinvestigación en la presente pieza por su

propia naturaleza han intervenido unadiversidad de personas, cuyacualificación va desde aquellos querealizaron labores puramente materialesbajo la dependencia de otros, pasandopor los más cualificados que pudierangozar de cierto margen de autonomía,hasta llegar a quienes, sin formar partede los núcleos de decisión de lostitulares de esta ni tampoco comoasesores o colaboradores obviamenteconocedores de la ilicitud de lo que setratara, pudieran situarse más próximosa ellos. Sobre la evidencia de quecualquier persona que haya entrado encontacto con los eventos que son objeto

de instrucción no habrá de resultarimputada, obligado es llevar a cabo unalabor de selección en la que es naturalque cuanto más se descienda en esaescala piramidal más fácil se tendrádescartar la imputación y, sensucontrario, cuanto más nos acerquemos alos núcleos de poder más complejo sehará discernir quien habrá de serimputado y más sensibles serán quienesresulten serlo o quienes así lopretendieran a sentirsecomparativamente agraviados. Siendo elsobreseimiento declarado respecto adon Antonio Ballabriga Torreguitart elprovisional, nada impediría que pudiera

recobrar su estatus de imputado, peroeste vaivén procesal solo resultaríaprocedente si surgieran nuevos datosque así lo avalaran, lo que por elmomento no se da y sin que cualquierdiscrepancia entre lo que el señorBallabriga haya manifestado conocasión de sus últimas declaraciones,primero como imputado y luego comotestigo y por este orden, seadeterminante en la medida que comoimputado no puede reprochársele queejerciera los derechos que como taltenía a su alcance, no accediendo por elmomento a las diligencias interesadas».

Me consta que con ocasión de unas

declaraciones en los juzgados deBarcelona, López Negrete intentópredisponer al juez Castro, al fiscalHorrach y al letrado Zaforteza en micontra, sin ningún éxito, según meconfirmaron algunos de los presentes enaquella ocasión. La animadversión deesa abogada hacia mí ha sido evidentedesde que estalló el caso Nóos. En arasde nuevo a la objetividad no puedoenumerar los motivos, porque, aunquecolaborábamos las dos en ManosLimpias, nunca nos hemos visto, nisiquiera hemos hablado por teléfono. Loque es un hecho que está fuera de todadiscusión es que los ataques hacia mi

persona arreciaron en febrero de 2013,cuando se fraguó la alianza entre LópezNegrete y Pineda. Tras más de ochoaños acudiendo a debates en televisión(Cuatro e Intereconomía), los dosúltimos bajo la etiqueta de colaboradorade Manos Limpias, recibí en midespacho un burofax —con fecha 4 defebrero de 2013 y copia a Telecinco y13 TV, las dos cadenas en las que sueloaparecer como tertuliana en laactualidad— que dice: «Yo, MiguelBernad Remón, secretario general delsindicato Manos Limpias, vengo pormedio de la presente a manifestar losiguiente: Que la señora Montse Suárez

Abad, contertulia habitual de suprograma, ni es colaboradora, ni letradoni portavoz del sindicato Manos Limpiasen la actualidad, no teniendo ningunarelación con el mismo en ningún sentido.Del mismo modo, quisiera dejar claroque dicha señora nunca ha tenido, nitiene, ni tendrá ninguna relación con elasunto que se está llevando el Juzgadode Instrucción número 3 de Palma deMallorca, caso Instituto Nóos (asuntocontra Iñaki Urdangarin y DiegoTorres), toda vez que la única letradoque lleva dicho asunto desde el primermomento ejerciendo la acusaciónpopular habilitada por el sindicato para

llevar y hablar sobre el mismo es doñaVirginia López Negrete. Por ello,ponemos en su conocimiento que, todavez que esa señora viene haciéndosepasar por la colaboradora de esesindicato, no nos hacemos responsablesni partícipes en modo alguno de lasopiniones de esta señora que nopertenece a nuestra organización, ysolicitamos que esta señora no vuelva aaparecer en ninguno de sus programas encalidad de representante, colaboradorao cualquier otra forma similar, así comohaciendo referencia alguna, verbal oescrita, del presente pasado o futuro delasunto anteriormente referenciado en el

que el sindicato ejerce la acusaciónpopular, como partícipe del mismo, asícomo de cualquier otro asunto llevadopor el sindicato, ya que nada tiene quever con nosotros».

Bernad olvidó mencionar quesiempre que he acudido a un debatecomo colaboradora de Manos Limpiaslo he puesto en conocimiento de algúnmiembro del sindicato. Además, lamayor parte de las veces que asistí fuecon su autorización y las que no la tuvefue porque no contestó a mis llamadasde teléfono, aunque sí tenían constanciaotros dirigentes del colectivo defuncionarios. Asimismo, cabe recordarle

al secretario general de Manos Limpiasque nunca me arrogué el ejercicio de laacusación popular en el caso Nóos. Porúltimo, Bernad faltó a la verdad cuandodijo que yo no colaboraba con elsindicato. El 12 de marzo de 2013 —treinta y cinco días después del burofaxenviado a las cadenas de televisión—asistí en calidad de abogada de ManosLimpias a la declaración como imputadade Raquel Huerta Bravo, dentro delprocedimiento que seguía el Juzgado deInstrucción número 1 de Pozuelo deAlarcón por la profanación de la capillade la Universidad Complutense.Precisamente este caso fue el motivo por

el que yo terminé abandonando elsindicato. El 19 de abril me dirigí porcorreo electrónico a Bernad paranotificarle que la juez de Pozuelo habíadictado un auto por el que se requería ami cliente Manos Limpias una fianza de2000 euros para seguir ejercitando laacción popular.

«Entiendo —le expliqué— que deno prestar dicha fianza optas por ladecisión de que el sindicato seaapartado del procedimiento que me hacostado como letrada colaboradora delsindicato encauzar procesalmente. Ydada tu preferencia, entenderé que cesanmis obligaciones deontológicas en la

dirección jurídica del mismo, por lo queprocederé en los próximos días a cursarla minuta correspondiente». Bernadcontestó cinco días después: «EstimadaMontse. En contestación a tu e-mail, tediré que como bien sabes en ningúnmomento el sindicato ha contratado tusservicios, habiendo sido tu colaboraciónaltruista de acuerdo a un pacto verbalentre caballeros, y así es como te loagradecemos. Finalmente quierosignificarte que tenemos la mejorreferencia profesional de tus actuacionesaltruistas con nosotros y, vuelvo arepetirte, por lo que te estamos muyagradecidos». Como queda claro, la

beligerancia del burofax del 4 de marzono tiene nada que ver con la amabilidaddel correo electrónico del 24 de abril.El 18 de mayo y por causas que másadelante aclararé le pedí a Bernad queme explicara el sentido de aquelburofax. «Yo no lo redacté y te puedodecir que fue un error firmarlo. Te pidodisculpas», me dijo en una conversacióntelefónica.

No quedó ahí la cosa. El 16 defebrero, el día en que Diego Torresvolvió a declarar ante el juez Castro,López Negrete aprovechó suintervención en El gran debate deTelecinco para arremeter contra mí. En

una conexión en directo con la puerta delos juzgados de Palma y ante unaaudiencia que en ese momento rondabalos dos millones de espectadores, seprodujo la siguiente conversación entreel conductor del programa y la abogadade Manos Limpias:

Jordi González: ¿Qué tal, letrada?Buenas noches.

Virginia López Negrete: Hola.J. G.: ¿Está pensando que es

necesaria y justa la imputación de lainfanta Cristina o no, después de lo quehoy has escuchado y has visto, o lo vaisa reconsiderar?

V. L. N.: Bueno… Yo, Jordi, si me

permitís todo el equipo que estáis ahí, loprimero que quiero manifestar es que,dado el grado institucional y laimportancia que este asunto estátomando, quiero manifestar que desdeManos Limpias y la acusación popularejercida por Manos Limpias estamosmuy preocupados por la presencia endeterminados programas de televisión,como puede ser el vuestro, de unadeterminada letrado que efectivamentedice pertenecer a Manos Limpias, queno lo es, y dice ejercer unarepresentación, que no tiene, lo cual nosabemos si es por dinero, pornotoriedad o por otras causas, pero

desde luego pudiera estar perjudicandoel procedimiento. Y queremos que todoslos ciudadanos sean conscientes de querealmente el único letrado que estáejerciendo la representación, habilitadopor Manos Limpias, desde el primermomento del procedimiento hasta elfinal, que acude a todas las vistas ydeclaraciones y firma total yabsolutamente todos los escritos, Jordi,es el letrado con el que estás hablando.Quiero que quede muy claro porque séque hay una gran confusión en lapoblación y sé que esto está generandoun problema dentro del procedimiento y,por lo tanto, no lo vamos a permitir. Y

ahora, cuando quieras, pasamos aanalizar la declaración tan interesanteque hemos tenido en el día de hoy.

J. G.: Me parece muy bien que hayasaclarado esto. Ahora, por favor,respóndeme a la pregunta que te estabahaciendo.

V. L. N.: Por supuesto. Si no teimporta repetírmela, por favor…

La persecución de López Negreteadquirió tintes surrealistas cuando el 21de febrero presentó un escrito en eljuzgado que instruye la causa contraIñaki Urdangarin, por el que solicitó aJosé Castro que expidiese un certificadoen el que hiciera constar que «la única

letrado que, en ejercicio de la direcciónjurídica de la acusación popular ManosLimpias, lleva a cabo en la presentecausa, ha acudido desde el inicio hastael momento actual a todas lasdiligencias practicadas, quien hafirmado todos y cada uno de los escritosy, en definitiva, quien es la única letradohabilitada con representación procesalbastante en la causa que nos ocupa, noes otro que el letrado que firma lapresente [sic]. Fdo: Virginia LópezNegrete». Si no fuera porque el asuntoes muy serio, produciría risa tal actitud.«Habida cuenta —afirmó en eldocumento— de la salida en diferentes

medios de comunicación de este país,tales como 13TV, Telecinco, Veo 7,etc… y más en concreto los días 25 defebrero del año 2012, así como laúltima, el pasado 2 de febrero delpresente, ambas dos en el programa deTelecinco denominado El gran debate,de una tertuliana cuyo nombre esMontserrat Suárez Abad, la cual vienearrogándose una autoridad que no tieney, lo que es más grave, unarepresentación que no ostenta,adjudicándose incluso autorías deescritos que ni redacta ni firma y que,por supuesto, quien lo hace no es otroletrado que el único habilitado en esta

causa, quien firma la presente, es porello, a tenor de la altura institucional yestructural del estado [sic], en relacióncon el procedimiento que aquí se estáinstruyendo, que a Manos Limpias nospreocupa enormemente la presencia deelementos extraños y ajenos que seintroducen en los debates televisivoshaciéndose pasar por lo que no son yhaciéndose pertenecedora de dondetampoco lo es [sic], es decir, estaseñorita ni pertenece a Manos Limpias yes letrada de nuestra organización ymucho menos en la causa que nos ocupa,creando con ello una gran confusión que,sin duda, puede repercutir negativamente

en el devenir del procedimiento. Estaseñorita NADA TIENE QUE VER, ENNINGÚN SENTIDO, CON ELSINDICATO MANOS LIMPIAS ALQUE REPRESENTO [en mayúsculas enel escrito original]. Es por ello, y dadoslos altos intereses que hay en juego en lapresente causa, no sería de extrañar que“alguien” presuntamente pudiera quererdesacreditar esta causa en perjuicio delderecho e interés de todos losespañoles».

Llegados a este punto hay queafirmar que el único «elemento extrañoy ajeno» lo introdujo López Negrete enla causa. No lo digo yo. Lo dijeron

varios medios de comunicación elpasado mes de febrero, cuando sehicieron eco de la denuncia formuladapor el abogado Antonio Alberca,compañero y también excolaborador deManos Limpias. La denuncia se centróen la presencia de un desconocidodurante las declaraciones de variosimputados que se produjeron en elJuzgado de Instrucción número 3 dePalma el 18 de febrero de 2012. Segúnel escrito, las declaraciones se llevarona cabo ante el juez José Castro, lasecretaria judicial, dos fiscales y ungrupo de dieciséis abogados entre losque figura un hombre, apellidado Podo,

que no consta como colegiado ni estápersonado en la causa. Que una personano colegiada como abogado asistiera alas declaraciones puede constituir undelito continuado de intrusismoprofesional, según figuró en la denunciapresentada ante los juzgados. El letradoapuntó en su escrito que el señor Podoes una persona que acompañaba a laabogada Negrete. Alberca solicitó quese investigase lo ocurrido y barajó laposibilidad de pedir la nulidad deactuaciones y la expulsión delprocedimiento de Manos Limpias «pormala fe y temeridad». El asunto no pasóa mayores y la denuncia fue finalmente

retirada, aunque la irregularidad en elproceder de López Negrete y suacompañante quedaron ahí.

La guinda de la animadversión de laabogada la pude conocer el 17 de mayode 2013, cuando tuve conocimiento deuna denuncia que presentó contra mí enel Colegio de Abogados de Madrid,mediante la cual reclamó la máximasanción existente en el Estatuto, esto es,la expulsión del ICAM. Además, dada la«extrema gravedad» de los hechosdenunciados, según ella, solicitó que elexpediente sancionador se llevase porlos cauces del «procedimiento sinaudiencia». No fue así y como es

preceptivo se me comunicó la denunciay se abrió un plazo de diez días parapresentar alegaciones. Así lo hice.

En el escrito de denuncia LópezNegrete afirmó que «la letrada quesuscribe se ha sentido gravementeofendida en su dignidad y honor porparte de la señora Montse Suárez»,porque yo, según ella, había expuesto endebates de televisión «como abogada,frente a millones de espectadores,estrategias, puntos de vista, opinionessobre la causa, como si se tratara de laverdadera responsable por parte delsindicato Manos Limpias en laacusación popular en el procedimiento

del caso Nóos», otorgándome«implícitamente [sic] una condición yuna representación» que no ostento.«Esta actuación pública y lasconsecuencias que se derivan de lamisma —señaló— ha podido [sic]perjudicar el normal desarrollo delprocedimiento».

López Negrete citó como prueba desu denuncia una conversación quemantuvo con Manuel González Peeters,abogado de Diego Torres, el 16 defebrero de 2013 en el juzgado de Palma.«Me dijo que estaba muy enfadadoconmigo y que ya no iba a confiar másen mí. Pues bien, cuando yo le pregunto

toda extrañada el por qué, me dice queél no ve la televisión, pero que le hancontado que hacía una semana habíasalido yo en El gran debate deTelecinco hablando mal de él,criticando tanto su estrategia procesalcomo su manera de actuar. Me di cuentainmediatamente de lo que habíasucedido: alguien vio a la señoraMontse Suárez y, claro, como las dossomos rubias, la persona que se lo dijoprobablemente pensó que era yo la queintervenía esa noche en el programa».Sin comentarios.

La abogada aportó como documentosel certificado de la secretaria del

Juzgado número 3 de Palma de Mallorcaen el que da fe de que ella es «la únicaletrado que ha ostentado la acusaciónpopular en representación de ManosLimpias» en el caso Nóos, el burofaxenviado a Telecinco y 13TVacusándome de intrusismo, el recurso dereposición sobre la imputación deBallabriga que firmé antes de que elsindicato fuera parte personada en lacausa y un sorprendente escrito —piezaclave de toda su denuncia— con el quetrata demostrar que mi relación conManos Limpias terminó en 2012. Eldocumento, que lleva fecha de 25 dejunio de aquel año y va firmado por

Miguel Bernad Remón, dice: «Por lapresente se comunica a MontserratSuárez Abad su inmediata baja delsindicato Manos Limpias por su nulointerés en los casos que este sindicato a[sic] interpuesto ante los tribunales dejusticia, al ser la principal responsablede su falta de seguimiento y resolución,siendo totalmente negligente en todo loque con este sindicato se refiere, de lamisma manera deja de ser la portavoz enlos medios de comunicación yresponsable del servicio jurídico». Setrata de un escrito que no vaacompañado de un recibí con mi firma.No se me comunicó y, por lo tanto, es un

documento nulo en derecho.Además ese papel nada tiene que ver

con el e-mail que me envió el secretariogeneral de Manos Limpias diez mesesdespués —el 24 de abril de 2013—, delque doy cuenta en páginas anteriores:«Quiero significarte que tenemos lamejor referencia profesional de tusactuaciones altruistas con nosotros y,vuelvo a repetirte, por lo que te estamosmuy agradecidos». Le pregunté a Bernadpor la veracidad de ese documentoaportado a la denuncia ante el Colegiode Abogados en la conversacióntelefónica que mantuve con él el 18 demayo de 2013. El secretario general de

Manos Limpias me lo aclaró: «No hefirmado ese escrito». Entonces, ¿quiénlo falsificó?

Lo cierto es que el presidente deAusbanc intentó por todos medios que elIlustre Colegio de Abogados de Madridacelerase la apertura del expedientemotivado por la queja de López Negrete.Los actos administrativos de este tipotienen carácter reservado, solo debenconocerlo las partes y, desde luego,supone un atentado a la deontologíaprofesional que sean divulgados por lasredes sociales. Sin embargo, el 28 dejunio de 2013, Pineda Salido —que notenía por qué conocer el trámite

administrativo, al no ser parte en elexpediente, y mucho menos darlepublicidad en Twitter— se dirigió a ladecana del ICAM, Sonia Gumper, con elsiguiente mensaje: «@SoniaGumpert siuna abogada de escaso fuste se hacepasar por otra, trabajadora y honesta,habrá que poner las cosas en su sitio,¿no?». «@LUISPIDA_ Sin duda y hayque denunciarlo al Colegio con derechode ambos a ser oídos», contestó ladecana. El presidente de Ausbancreplicó a renglón seguido reconociendola equivocación de Negrete de pedir alColegio que no me avisase de la queja:«@SoniaGumpert inaudita parte es un

error. Expediente impecable eindeseables falsarios/as fuera de nuestraprofesión. Pero rápido ¿no?», replicó.

Dos días después, Pineda Salidovolvió a la carga con el mismo asunto.Una tal Samantha Seco escribió en sucuenta de Twitter: «Dile a tus amigosque no soy @MontseSuarezA cuando tedicen si en las fotos estás con laabogada de la televisión». El presidentede Asociación de Usuarios de ServiciosBancarios respondió minutos después:«@samanthasibarit @MontseSuarezApor favor ni te acerques a esasuplantadora. Tiene un expediente en elColegio de Abogados muy grave».

Al día siguiente, el 1 de julio de2013, mientras el periodista HermannTertsch y yo participamos junto a otroscompañeros en el programa El cascabelal gato de 13 Televisión, Pineda Salidoenvió dos mensajes: «@hermanntertschcomo aguantas a la abogadasuplantadora que se hace pasar por la deManos Limpias cuando era defensora deun imputado» y «@hermanntertsch la detu derecha defendía a Ballabriga —casoNóos— y luego se hacía pasar en lasteles por abogada de la acusación.Cierto».

Mi paso por Manos Limpias no fuedemasiado gratificante. Empecé

perdiendo mi trabajo de abogada externadel BBVA y terminé dandoexplicaciones para evitar que meexpulsaran del Colegio de Abogados deMadrid. Como colofón a este capítuloquiero hacer mención al editorial que el29 de mayo de 2013 la periodista PilarCernuda dedicó a Manos Limpias dentrode la sección que tiene en Noticias demediodía en Onda Cero, conocida comoEl bisturí. «En los últimos días —dijola veterana periodista— dos personasmuy distintas, una del ámbito político yla otra del judicial, me hablaban de esesindicato. Uno de ellos me dijo: “ManosLimpias no tiene las manos tan limpias”.

Como todo el mundo sabe, se trata de unsindicato que ha intervenido en casosmuy conocidos, de corrupción comoGürtel, Garzón, Blesa… Supuestamenteestá ligado a la extrema derecha, pero haprotagonizado actuaciones significativasque no han tenido nada que ver con laextrema derecha. Creo que es más bienun puzzle en el que encajan diferentespiezas. Sería importante saber,exactamente, quién está detrás, cuálesson sus objetivos y quién lo financia,porque hay muchos recelos. Insisto, hacepoco alguien del mundo de la judicaturay alguien del mundo de la política mecontaron cosas que ponen los pelos de

punta. Por ejemplo, personas de ManosLimpias han ido a localidades pequeñascon coacciones e incluso amenazas apersonas que habían sido denunciadaspor medios locales de comunicación, enalgunos casos con rigor y otros conmenos. Y esa información servía paraque el sindicato les requiriese: “O tomasdeterminadas decisiones o vamos conesto a los tribunales”. Como ManosLimpias tiene mucho eco, debido a loscasos tan sonados de corrupción comolos que he mencionado y que ellosmuestran sus credenciales de que hanconseguido acabar con la carrera y losnegocios de gente, hay personas que

aceptan sus condiciones y determinadosfavoritismos, porque si no lo hacensaben que les van a atizar. Vamos, estoes un chantaje puro y duro. Por lo tantocreo que sería bueno que, cuanto antes,sus actuales dirigentes dijeran quiénesson, quién les financia y qué persiguen».

Capítulo II

NÓOS: UNAINSTRUCCIÓN

INSÓLITAY SIN

PRECEDENTES

La sonrisa de lainfanta Cristina

Fundación La Caixa. AvenidaDiagonal, número 621, en Barcelona.Martes 7 de mayo de 2013. A primerahora de la tarde.

Vestida con una chaqueta beige,cubiertos los ojos con unas gafas de solmarrones y con una agenda naranja entrelas manos, la infanta Cristina salió detrabajar en medio de una nube deescoltas, cámaras y fotógrafos. Lucíauna sonrisa, la primera que se le veía enmuchos meses. Por primera vez desde

que empezó la instrucción del caso Nóoshabía recibido una buena noticia. Igualque ocurrió cuando se anunció suimputación, la información le sorprendiótrabajando en su despacho de laFundación La Caixa y, poco después deconocerla, abandonó aliviada la oficinapara dirigirse a su casa. No hubodeclaraciones. Ninguna palabra salió desu boca. Las cámaras solo pudieroncaptar su sonrisa.

A la misma hora, aunque aquinientos kilómetros de distancia, lainfanta Elena mostraba una sonrisaparecida. La hermana mayor asistía alMadrid Open de tenis en la madrileña

Caja Mágica y allí fue preguntada porLa Sexta TV si estaba feliz con lanoticia. «Claro, muchas gracias»,contestó al tiempo que el periodistainsistía en si, a su parecer, se habíahecho justicia. «No lo sé. Estoy muyalegre. Muchas gracias». Los príncipesde Asturias se encontraban en Sevilla,visitando la esclusa del ríoGuadalquivir, pero don Felipe y suesposa estaban demasiado lejos de losperiodistas que cubrían la visita comopara recabar sus impresiones. No seacercaron a los medios. Querían guardarsilencio.

Mientras tanto la Casa del Rey tardó

nada menos que cinco horas en estudiardetenidamente el auto de la AudienciaProvincial de Palma que, por dos votosa uno, revocó la imputación de la infantaCristina, estimando el recursointerpuesto por el fiscal Horrach contrala decisión de Castro que señalaba el 27de abril como fecha para la declaracióncomo imputada de doña Cristina. En suresolución Castro había considerado ala infanta cooperadora necesaria en losdelitos que su marido presuntamentecometió al frente del Instituto Nóos, yaque sin su presencia y «el aparente yconsensuado refuerzo de la Casa Real»,el duque de Palma y su exsocio Diego

Torres no habrían podido obtener losfondos de las administraciones públicasque supuestamente desviaron. Las cosascambiaron con la decisión de laAudiencia Provincial, que dejó sinefecto la imputación de la infanta. Sinlugar a dudas la Corona logró salvar lacara mediante un capote judicial. Trasconocer el auto de los jueces de Palma,La Zarzuela no manifestó ni alivio niconformidad, sino solo su «máximorespeto a las decisiones judiciales».Desde que estalló el caso Nóos y LaZarzuela tuvo que empezar amanifestarse sobre lo que decían losmagistrados, el respeto había sido la

respuesta oficial. Hasta que el juezCastro citó a la infanta. Entonces laCasa del Rey se permitió añadir su«sorpresa por el cambio» delmagistrado —que antes había rechazadola imputación— y su «absolutaconformidad» con el recurso del fiscal,de quien destacó su «imparcialidad ydefensa de la legalidad». Con elvarapalo del auto de citación, la Casadel Rey rompió su respetuoso silencio,al que regresó cuando las cosasvolvieron a ser favorables.

El ministro de Asuntos Exteriores,José Manuel García Margallo, dio aconocer la opinión del gobierno. «Me

parece una magnífica noticia», declaróen los pasillos del Senado. Más tibiosse mostraron los socialistas. «De lamisma manera que respetamos en su díala decisión del juez, el PSOE respeta ladecisión que ha tomado la Audienciacon respecto al caso de la infantaCristina», dijo la número dos delpartido, Elena Valenciano, tras presidirla reunión del grupo parlamentario en lacámara alta. Las críticas llegaron de lospartidos minoritarios. «Si Cristina deBorbón y Grecia no fuera la hija del jefedel Estado, seguramente ni la FiscalíaGeneral ni la Abogacía hubieran actuadoasí», señaló Ricardo Sixto, responsable

de Comunicación Externa de ladirección federal de Izquierda Unida.«No hay ni un ciudadano en estemomento que pueda pensar que no se leha dado un trato privilegiado a lainfanta. El trato de todos iguales ante lajusticia es una cosa en estos momentossarcástica», declaró la portavoz deUnión, Progreso y Democracia, RosaDíez. Esquerra Republicana, por suparte, lamentó que la imagen que se diofuera la de que la familia real puedeesquivar las leyes.

Requiebros a la justicia aparte, locierto es que el auto con el que se cerróla puerta a la imputación de doña

Cristina por cooperación o complicidadcon los delitos presuntamente cometidospor su marido y que firmaron losmagistrados Diego Jesús Gómez-ReinoDelgado —progresista de Jueces para laDemocracia—, Mónica de la Serna dePedro —moderada de la AsociaciónProfesional de la Magistratura— y eldiscrepante Juan Jiménez Vidal —progresista— fue insólito, inaudito,extraordinario… La verdad es que seacaban los calificativos. Baste decir queno tiene precedentes, lo que abonatodavía más la teoría de que la justiciano es igual para todos. Lo primero quehicieron los jueces de la Audiencia

Provincial, antes de quitarle la razón asu colega José Castro, fue elogiarlo. «Sutrabajo —dijeron— es excepcional yexhaustivo». Pero, a renglón seguido,aseguraron que el auto de imputación dela hija del rey no contiene «la másmínima versión judicial» respecto decuál «ha sido o ha podido ser la sumariaparticipación que la infanta ha podidotener» en los delitos presuntamentecometidos por Iñaki Urdangarin.

Aunque el juez instructor relacionócatorce indicios, los magistrados que leenmendaron la plana sostuvieron que nose extraía de ellos una «conclusiónfáctica comprensible y concreta» de cuál

fue exactamente la conducta decolaboración principal o secundaria.Reconocieron, no obstante, que quedóclaro que el juez le atribuía habersebeneficiado económicamente —destinando ingresos de Nóos a gastosfamiliares a través de Aizoon— pero,según los magistrados, no explicó porqué dio por supuesto no solo que lainfanta conocía tales ingresos, sino queera consciente o que debería serlo de suprocedencia delictiva. Acerca de quedoña Cristina y su secretario personalGarcía Revenga figurasen en el folletodel Instituto Nóos y ella perteneciera asu junta directiva, los jueces

consideraron que eso constituye solo unaconducta de «mero acompañamientoimpune», que desde una perspectivaextramuros del derecho penal puede serconsiderada como de influencia,entendida como una «especie de carta derecomendación», pero «en modo algunosnos hallaríamos en presencia de unainfluencia típicamente antijurídica contrascendencia penal». Ello aunque, comoindicó el auto, la presencia de la infantay de su secretario personal en el folletopudieron proporcionar a Urdangarin yTorres un instrumento eficaz para servirde influencia con el objetivo de cometerun hecho delictivo.

Además, los magistradosdefendieron que gran parte de lasfundaciones y asociaciones cuentan entresus miembros más distinguidos conpersonas de relevancia pública, y que anadie se le escapa que en muchasocasiones el papel de estas personas esde mera figuración o deacompañamiento.

Muchas parecen ser las situacionesexcepcionales que rodean a lainstrucción del caso Nóos. Precisamenteel auto de la Audiencia Provincial dePalma está lleno de cuestiones insólitas,algo del todo singular en el mundojurídico. No tiene precedentes ni que el

Ministerio Fiscal obstaculice unainstrucción recurriendo unpronunciamiento de imputación ni queeste se produzca a través de un auto y node una providencia, ni que se estime unrecurso en ese momento procesal o quehaya un voto particular, lo que no dejade ser un signo de desigualdad. En estesentido, los dos magistrados firmantesvinieron a reconocer una suerte decriterios procesales y penalesdiferenciados en función de larelevancia de la imputada. Tampocotiene precedentes que el auto necesitenada menos que 49 folios para decir queno hay nada contra la infanta Cristina.

Tampoco es el momento procesal parallegar a esa conclusión (la resolución deCastro no era un auto de acusación, sinode imputación) y además lasconclusiones de la sala solo podríancolegirse previa imputación einvestigación sumarial de la infanta, queabortó la audiencia. De facto conozcosentencias con menos razonamientosjurídicos.

Tampoco tiene precedentes que losmagistrados del órgano superiorjerárquico al de Castro le conminen aexigir a Torres que los correoselectrónicos que pretenda aportar elimputado en un futuro los incorpore a la

causa, dándole un plazo para que,cumplido el mismo, no le admita más.Sobre este proceder, advierto al lectorque nuestro derecho procesal criminalautoriza que hasta el inicio de lassesiones del juicio oral la defensa puedaaportar prueba documental, por lo quelos intentos de la sala de limitar —temporal y conceptualmente— elejercicio de derecho de defensa deTorres chocan frontalmente con la Leyde Enjuiciamiento Criminal y con lapraxis forense de los juzgados. Peroclaro, en este caso al imputado/acusadorque ejerce su derecho constitucional a ladefensa se le recrimina, y a las víctimas

Urdangarin e infanta se les vuelve aproteger, no sea que nos enteremos decuestiones privadas o personales queexceden del ámbito penal. Me constaque Castro comentó en privado que nopodía limitar o restringir el ejercicio delderecho a la defensa de Torres, que atodo imputado le ampara para diseñar suestrategia y ver el momento procesalmás oportuno para aportar pruebas. Ladecisión de la Audiencia de Palmaqueda ahí a efectos de que el lectorpueda tomar buena cuenta de cómo laley se amasa, a conveniencia, como sifuera una hogaza de pan, según elciudadano al que se instruye. En el caso

de los correos del escándalo Nóos, lalógica y el sentido común nos llevan apensar que la justicia podría haberordenado una medida más invasiva,como es la entrada y registro del lugardonde se encuentren almacenados losmensajes.

Es evidente también que existe uncúmulo de circunstancias inauditas en loque se refiere a la posible implicaciónde la infanta Cristina en la instruccióndel caso y que refutan el principio deigualdad ante la ley que la Audiencia dePalma invoca en su resolución. Enprimer lugar, empecemos por el propiorecurso de la Fiscalía, insólito en los

procedimientos que afectan aciudadanos de a pie. El magistradodiscrepante discutió la legitimidad delMinisterio Público para recurrir unamera citación para declarar, ya que lasdecisiones instrumentales de lainvestigación están en manos del juezinstructor. «Las resoluciones —señalóel magistrado Jiménez Vidal— que alrespecto se adoptaron el pasado añorespondían al estado en que seencontraba en ese concreto momento lainvestigación y no prejuzgaban que en unfuturo, si surgían nuevos indicios,pudiera adoptarse una resolución ensentido contrario. El rechazo a la

imputación de doña Cristina de Borbónfue entonces puramente circunstancial,en razón a la insuficiencia en esosmomentos de datos objetivos que laposibilitaran. Sin embargo, en elmomento de dictarse el auto del 3 deabril de 2013 [el de la imputación de lainfanta], la situación ha cambiadonotablemente. Advierte el instructor:“con posterioridad [al auto de 5 demarzo de 2012] se han practicadonumerosas diligencias y aportadoabundante documentación”. Esas nuevasdiligencias aportan indicios que danlugar al cambio de criterio. ElMinisterio Fiscal los analiza uno por

uno en su recurso para concluir que noexisten indicios incriminatoriosposteriores al auto del pasado año. En elmismo sentido se pronuncia la parte quese adhiere al recurso [la defensa de lainfanta]. Pero se advierte en sus análisisuna visión excesivamenteindividualizada de los elementosindiciarios enumerados, como si notuvieran relación entre ellos, como si setratara de hechos estancos que norespondieran a una práctica mantenidaen el largo periodo de tiempo en el quese han producido. Es decir, sin acudir auna visión del conjunto de todos ellos[lo que los abogados llamamos

principio de valoración conjunta de laprueba]. Por ello el recurso, en esteaspecto, resulta poco convincente frenteal criterio del magistrado instructor.Pero, además, es este, y no el MinisterioPúblico, el órgano adecuado paravalorar si concurren elementosnecesarios para determinar laprocedencia de la declaración encalidad de imputado de una persona enla investigación, sin perjuicio de lafacultad acusadora del fiscal en unmomento procesal posterior».

El magistrado se pregunta —deforma retórica y certera— cuántosrecursos ha presentado la Fiscalía en los

últimos años contra citaciones paraprestar declaración. «Ello contribuiría adescartar que un recurso como elpresente es insólito y facilitaría lacomprensión de la referencia alprincipio de igualdad que se realiza», seseñalaba en el voto particular del juezJiménez Vidal, al tiempo que acusaba ala Fiscalía de perturbar y dificultar enextremo la investigación del juezinstructor. «Sin duda el MinisterioFiscal es dueño y señor de la acusaciónpública en el proceso penal. Sinembargo, las decisiones instrumentalesde la investigación están en manos deljuez de instrucción, único legitimado

para dirigirla acordando las diligenciasoportunas y adoptando las medidasinstrumentales necesarias para supráctica. Si se ve perturbado en elnúcleo duro de su función, en laadopción de resoluciones encaminadas aobtener declaraciones de testigos eimputados, por apelaciones formuladaspor el fiscal u otras partes y, en su caso,corregido por la Audiencia, pierde elcontrol de la investigación y esta sedificulta en extremo». Otro dardojurídico al fiscal del caso Nóos:«Muchas dudas plantea la afirmaciónrealizada en el recurso [del MinisterioPúblico] de que carece de sentido la

imputación de doña Cristina de Borbón“dado que la aplicación del principioacusatorio conllevará necesariamente elsobreseimiento de la causa respecto” aella. ¿Quiere ello decir que antes definalizada la instrucción el MinisterioPúblico ya anuncia, al menosparcialmente, el contenido de su juiciode acusación? Pienso que no es posible,debe esperar al momento que establecenlos artículos 780 y 781 Ley deEnjuiciamiento Criminal».

Y por último y no menos importante,el firmante del voto particular sospechó,en línea de lo apuntado por José Castroen su auto de imputación, que la infanta

pudo incurrir en un delito de tráfico deinfluencias al aceptar que se utilizase sutítulo para lograr un trato privilegiadode las administraciones públicas.

Pese al cable que le echó elmagistrado discrepante, también habíacausado perplejidad en el mundo de laabogacía la actuación del juez Castro. Elrecurso de la Fiscalía basó uno de susfundamentos en que el instructor seequivocó al no llamar a declarar a doñaCristina desde el principio. Pero es que,además, el magistrado volvió a errar alno adecuarse a los procedimientoshabituales y convertir una simplenotificación a la infanta para declarar

como imputada en un auténtico autoacusatorio. La resolución de Castro eraencomiable porque intentaba demostrarque en nuestro Estado de Derecho la leyes igual para todos, si bien resultóinsólito que un magistrado razonase unaimputación tan profusamente y lo hicieraen un tono justificativo. Tal vez se vioempujado a hacerlo así, al serconsciente de que estaba tomando unadecisión sin precedentes.

La citación de la infanta comoimputada era un hecho cantado desdemeses atrás. Así lo argumentaba unaparte de la prensa, tras recordar que lahija del rey era la única de las cuatro

personas que formaban parte delConsejo de Administración del InstitutoNóos que no había sido encausada. «Latardanza del juez en dilatar esa decisiónsolo se explica por discretas gestionesinstitucionales plasmadas en la reiteradanegativa de la Fiscalía a dar ese paso»,opinó El Mundo en su editorial del 4 deabril de 2013. «De hecho —añadió—,el Ministerio Público ya ha anunciadorecurso ante la Audiencia Provincial.Está claro que el gobierno ha intentadoque no se produjera la imputación, en lacreencia equivocada de que así protegíaa la institución monárquica y evitaba daruna mala imagen de España en el

exterior con una noticia que tiene unaevidente repercusión internacional».Meses antes comentó Ignacio Camacho,desde las páginas de ABC —periódiconada sospechoso en su defensa de laCorona—, que al punto al que habíanllegado las cosas el duque de Palma nopodía no ser condenado: «La instituciónmonárquica sufriría más con su posibleabsolución». Luis María Anson,exdirector del diario monárquico,mantiene una opinión parecida. «Tal ycomo están las cosas, aunque solo sonindicios y la presunción de inocencia latenemos que respetar, no seríainconveniente para la institución

monárquica que Urdangarin fueracondenado, porque eso demostraría quela institución monárquica ampara elEstado de Derecho», afirmó en eltranscurso de una entrevista que meconcedió en su despacho.

Sin embargo, postergar laimputación de doña Cristina generó elefecto contrario al esperado. Eseaplazamiento dotó de especialdramatismo un paso procesal que sederivaba naturalmente de la instrucción.La sensación que dejó el auto de Castrofue que se habían descubierto nuevoselementos incriminatorios contra lainfanta. «Nada más lejos de la realidad

—escribía El Mundo en su editorial—.La mayoría de los indicios que el juezexpone en el auto existían desde elprincipio y apenas hay referencias a lolargo de los más de quince folios de suescrito a los nuevos correos aportadospor Diego Torres». Además, la tardanzaen acordar la imputación de doñaCristina proporcionó argumentos durantemeses a quienes, como el socio de IñakiUrdangarin, decían que la infanta recibíaun trato especial por ser quien es.

Precisamente, tras el auto de laAudiencia de Palma que retiró lacitación a doña Cristina, el abogado deDiego Torres envió una carta al juez

instructor en la que reclamó que sumujer tuviera «exactamente el mismotrato» que la hija del rey y la apartaraigualmente del caso. «Ana MaríaTejeiro no ha intervenido, ni de formadirecta ni de manera indirecta en lagestión, dirección o administración deninguna de las entidades que se diceformaban parte del reputado InstitutoNóos», expresaba la misiva del letradoManuel González Peeters al juez Castro.El abogado del socio del duque dePalma expuso aún más motivos para queambas mujeres tengan el mismotratamiento ante la justicia: «Haynumerosas pruebas documentales al

proceso que presuntamente indicaríanque Urdangarin y la infanta sí quehicieron tareas de representación deNóos».

Llegados a este punto convieneentrar en una cuestión muy debatida enlos últimos años, como es la de lasresponsabilidades de las “mujeres de”.No cabe duda de que el caso Urdangarinha avivado la polémica debido a que losargumentos empleados por la justiciasobre la implicación de la infanta sirvende coartada para que esposas y parejasde hombres implicados en escándalos decorrupción se escuden en una supuestaignorancia y reclamen el mismo trato

que el concedido a doña Cristina.Explicaba el diario El País en unreportaje publicado el 8 de mayo de2013 que los jueces no siguen una tesiscomún ante la alegación de ignorancia.«La doctrina de los tribunales respecto ala responsabilidad de las “mujeres de”en causas delictivas es de lo másdiversa, pese a que la alegación máscomún es la ignorancia, eldesconocimiento de lo que ocurría en supropia casa», escribía María Fabra en elperiódico de Prisa. En algunos de loscasos más sonados, la excusa deldesconocimiento y las comparaciones haservido más bien de poco. «Yo soy igual

que la infanta, exceptuando que no tengonada al 50 por ciento con nadie»,explicaba Isabel Pantoja en unaentrevista emitida por Antena 3 al serpreguntada sobre si era consciente deque sus empresas ingresaban mayorvolumen de capital tras relacionarsesentimentalmente con Julián Muñoz.Tras reconocer que se habla de ellaigual que de Iñaki Urdangarin en losprogramas de televisión, la tonadillerase preguntó: «¿Por qué el duque dePalma no entró en la cárcel? ¿Si estáimputado por qué no lo detuvieron? ¿Porqué no se trata a todos los españolesigual?». Finalmente, en el caso de la

tonadillera, el juez del caso Blanqueo,derivado del Malaya, considerócondenable haber ocultado el origen ydestino de unos fondos a sabiendas de suprocedencia ilícita. Pese a todo, lacantante respiró un poco más tranquilacuando pudo conocer que, aunque fuecondenada por delito de blanqueo decapitales, no pisará la cárcel, dado quela pena es solo de dos años de prisión.Además prestó fianza deresponsabilidad civil, que es aquellaque se impone en instrucción paraasegurar las responsabilidadespecuniarias que pudieran imponerse ensentencia. En esos casos y, al no existir

antecedentes, los jueces suelen concederla prerrogativa de suspender laejecución de la pena de prisión, si nohay reincidencia.

En una situación parecida seencontraba Rosalía Iglesias, la esposade Luis Bárcenas que declaró en 2010,en relación a la trama Gürtel, que lascuentas de su matrimonio las llevaba sumarido y que ella no sabía nada. Sinembargo, era la titular de muchas de laspropiedades de su familia, entre ellasdos apartamentos, uno en Marbella yotro en Baqueira, este último valoradoen más de 900 000 euros. Tras aquelladeclaración, el juez Antonio Pedreira

decidió levantar su imputación pordelito fiscal y blanqueo de capitales alentender que «carecía de conocimientospara liquidar tributos y realizar lasinversiones». Una controvertidadecisión que, finalmente, modificó elmagistrado Pablo Ruz en 2012.Precisamente Rosalía Iglesias fuenoticia el 18 de mayo de 2012 cuandotuvo que ir a declarar ante ese juez de laAudiencia Nacional, no tanto por sunegativa a hacerlo, sino por eldescarado trato a favor de unaobsequiosa agente de la policía que tuvol a deferencia de dejarla entrar y salirpor el garaje de la Audiencia Nacional

rompiendo con las normas que seaplican al resto de los imputados. Unaprueba más de que la justicia no es igualpara todos. Tal fue el revuelo que causóel trato de favor del Ministerio delInterior a Rosalía Iglesias que laAudiencia Nacional no tuvo másremedio que hacer público uncomunicado en el que aseguró que «parael futuro, al objeto de clarificar yestablecer un régimen jurídico claro yevitar situaciones como la presente, laSala de Gobierno procederá a elaborarun protocolo de acceso de testigos eimputados a esta sede».

Otro de los casos relevantes de la

responsabilidad que tienen las mujeresde imputados es el de la ministra deSanidad, Ana Mato, cuya familia recibióviajes y regalos de la trama Gürtel,según los informes de la Policía. Ladirigente del PP interpretó que exigirleexplicaciones públicas era un intento de«responsabilizar a una mujer de lo queha hecho un hombre». Mucho se hacomparado a la ministra de Sanidad conla hija del rey. La verdad es que haysemejanzas y también muchasdiferencias de calado. Ana Mato estuvocasada con Jesús Sepúlveda, un políticoque presuntamente recibió dinero yfavores de la trama Gürtel y está incurso

en un procedimiento ante la AudienciaNacional. Desde hace varios años estánseparados. Incluso antes de laseparación judicial, los progenitoreshabían cesado en la afectio maritatis. ElPSOE pide su dimisión porque cree quese benefició de las prebendas de suexmarido. Cristina de Borbón, por suparte, sigue casada con IñakiUrdangarin. La señora Mato, por lo quese sabe hasta ahora, no participaba enninguna empresa o sociedad con suexmarido. Cristina de Borbón era vocalde una de las empresas tapadera queUrdangarin utilizó para lucrarse deforma ilegal y su nombre fue

presuntamente utilizado para conseguircontratos. Según los jueces, ni una niotra tienen nada que ver, de momento,con los tejemanejes de sus cónyuges,salvo —en el caso de doña Cristina—de la existencia de un posible delitofiscal.

Con esa posibilidad de un delitofiscal llegamos al último bloque dehechos insólitos que plantea laimplicación de la infanta en el casoNóos. Al mismo tiempo que laresolución de la Audiencia de Palmadespreciaba los elementos indiciarios encuanto al posible delito de tráfico deinfluencias, los jueces aseguraron que no

se podía descartar que la hija del reyhubiese incurrido en delito fiscal y deblanqueo. En este sentido la Audienciainstó al juez Castro a continuar con esainvestigación, advirtiendo que nocompartía la interpretación inicial de laAgencia Tributaria que exculpaba a lainfanta del delito fiscal, ya que erapropietaria de la mitad de Aizoon. Elvarapalo a Hacienda en el auto de laAudiencia de Palma fue considerable:«Si la entidad Aizoon participada al 50por ciento por la infanta y secretaria dela Junta General, no era más que unapantalla y se constituyó con unafinalidad defraudatoria, lo que no se

entiende es que la Agencia realice unlevantamiento parcial del velo, es decir,que solo impute el dominio funcional dela mercantil al 50 por ciento de IñakiUrdangarin. Ese mismo levantamientoparcial revela y pone de manifiesto quela constitución de Aizoon únicamentefue para defraudar. La Agencia solo leatribuye la defraudación a uno de lossocios —pese a que las facturas fueronlibradas por la sociedad— y hace estoporque imputa los ingresos poractividades profesionales, en unasociedad que no tiene tal consideraciónni estructura, al marido de la infanta,porque dice que es él quien realiza las

actividades profesionales. Sin embargo,la Agencia reconoce que no existencontratos por trabajos de consultoría yseñala que sabe que el perceptor deestos ingresos ha sido el señorUrdangarin por manifestaciones de lospagadores o clientes, mas este extremoquien debería establecerlo, por ser unacuestión de prueba a evaluar dentro delproceso, sería el juez instructor, sinperjuicio del principio de veracidad quequepa conceder a la informaciónsuministrada por la Agencia Tributaria.[…] Además, si la Agencia levanta elvelo de Aizoon, por qué le hace lacuenta solo a uno de los socios y no

establece la renta que el otro tendría quehaber declarado por la diferencia porcompensación con el impuesto desociedades, ya que la Agencia explicaque Aizoon, aunque utilizaba el régimende una sociedad profesional, no lo era.[…] Otro aspecto que no se comprendees que la Agencia haya prescindido deconsiderar la actuación cooperadora delsocio no administrador respecto deldelito contra la Hacienda Pública.Ciertamente que el sujeto pasivotributario en la sociedad es suadministrador, pero al menos desdemarzo de 2006 o meses antes la infantadebería saber o conocer (y por eso

abandona Instituto Nóos) que paraentonces Aizoon era una sociedadpantalla y que su marido la utilizabapara defraudar a Hacienda, tanto en elImpuesto de Sociedades —el cualtendría que ser analizado paracomprobar si ha existido defraudaciónsuperior al delito fiscal, puesto que laAgencia reconoce que se han aplicadoen la declaración gastos yamortizaciones que no son deducibles—, como de las personas físicas, y quese ha enriquecido con contratos ilegalesy dinero público por facturas giradaspor Aizoon al Instituto Nóos».

Para esclarecer esta cuestión el juez

Castro nombró como perito al técnico deHacienda que había venido empleandoen el caso Palma Arena. Sin embargo, laAgencia Tributaria se opuso alconsiderar que el juez no tiene potestadpara escoger al funcionario que quiera.Y no solo eso. Aquel día —3 de juniode 2013— remitió un informe almagistrado instructor del caso Nóos enel que insistió en que doña Cristina nohabía cometido ningún delito fiscal,pese a que la hija del rey se llevó almenos 550 000 de los 1,1 millones deeuros públicos a Aizoon y destinó buenaparte de ellos a compras privadas y areformar su palacete de Pedralbes. Con

ese documento Hacienda dabacontestación al requerimiento del juez,que le instó, siguiendo las instruccionesde la Audiencia de Palma, a querevisara el informe que emitió en enero.«No cabe —replicó la AgenciaTributaria— emitir un nuevo informe niañadir o suprimir nada del informeanterior, porque no tiene lagunas ycontradicciones». Hacienda hizo suyo elargumentario de la Abogacía del Estadoy concluyó que «no puede considerarsea Cristina de Borbón cooperadora por elsolo hecho de ser socio o administradorde una sociedad». Según la AgenciaTributaria, «para ser partícipe en un

delito contra la Hacienda Pública serequiere una previa participaciónconsciente dirigida a la defraudación[…] bien induciendo al autor a cometerel delito, cooperando a su ejecución conun acto sin el cual no se habríaefectuado, o cooperando a la ejecucióndel hecho mediante actos anteriores osimultáneos».

El argumento esgrimido por laAgencia Tributaria se antoja intolerable,cuando en supuestos análogos actúa ensentido contrario. Y para muestra, unbotón: Bertomeu Vicens, exconsejero deOrdenación de Territorio por UnióMallorquina y mano derecha de la

expresidenta del Parlamento balear,María Antonia Munar, compartía con suesposa una sociedad instrumentalsimilar a Aizoon. En este caso fuebautizada como Metalumba y carecía, aligual que la primera, de actividad realalguna. Vicens empleó Metalumba parapercibir comisiones ilegales a cambiode simular la prestación de serviciosinexistentes con su empresa. Al igualque Aizoon, fingió la prestación deasesorías millonarias para cobrar, entreotras, una comisión del 15 por ciento acambio de recalificar un polígonoindustrial junto al aeropuerto de Palma.En esa sociedad pantalla, Vicens y su

mujer —Antonia Martorell— eranaccionistas, como Urdangarin y suesposa en Aizoon. A diferencia de doñaCristina, Antonia Martorell, ama de casay absolutamente ajena a los negocios desu marido, ni tan siquiera ostentabacargo alguno en la empresa. Pues bien,en el caso de Metalumba la AgenciaTributaria solicitó el levantamiento delvelo societario al considerar que lasociedad era una mera pantalla yatribuyó el fraude cometido a los dospartícipes por igual. En el caso deAizoon Hacienda atribuyó el desfalcofiscal solo al duque de Palma. Todo ellosirve para preguntarnos si una vez más

ha habido trato de favor de Hacienda ala infanta, ya que hay indicios de que laAgencia Tributaria puede estar actuandoen el caso Nóos con un rasero distinto alhabitual.

El presidente de los técnicos deHacienda, Carlos Cruzado, echó másleña al fuego al denunciar que laAgencia Tributaria no cooperaba con eljuez Castro, ya que no entregó losinformes independientes que le reclamóel Juzgado de Palma sobre la infantaCristina y lo que hizo fue recoger lo quedecía la Abogacía del Estado. Cruzadoavisó de que esos informes de Haciendano los firman ni los inspectores ni

técnicos asignados al caso. Según losfuncionarios, a la Agencia Tributaria nole correspondía valorar si la infantadebe o no ser imputada, sino emitir uninforme independiente con unavaloración técnico-fiscal con los datosque solicitó el instructor de la causa yaclarar si doña Cristina tuvoparticipación y colaboró en que sumarido cometiera delito fiscal. Despuéscorresponderá al juez valorar los datosy decidir si hay o no imputación. A lavista de la documentación aportada,quedó en evidencia que Hacienda nocumplió con el auxilio judicial que lereclamó el juez. Una anomalía más en

todo el proceso.

Los privilegios deUrdangarin

Calabozos de la Jefatura Superior dela Policía de Palma de Mallorca. Callede Ruiz de Alda. Miércoles 5 de agostode 2009. Durante la noche.

José Luis Ballester, conocido por elsobrenombre de «Pepote», pasó suprimera noche en los calabozos de lacapital mallorquina. No es fácil pasarsiquiera unas horas en cualquiercalabozo y menos en alguno de laJefatura de Palma. De hecho, la Policíaha recibido numerosas quejas por falta

de higiene. En su día el Defensor delPueblo tuvo que tomar cartas en elasunto y recomendar que las mantas adisposición de los detenidos se lavasendespués de cada uso.

Pepote, campeón olímpico en velaen los juegos de Atlanta 1996, habíasido detenido por la mañana, duranteuna redada en el marco de la operaciónEspada. También fueron arrestadas otrascuatro personas: el portavoz del PartidoPopular en el Ayuntamiento de Palma,Rafael Durán; el exgerente del PalmaArena, Jorge Moisés; el director de laempresa de comunicación Nimbus,Miquel Romero; y otra que respondía a

las iniciales de I. A. S. Con aquellosencarcelamientos la Fiscalía trataba deaveriguar el origen de los 45 millonesde euros que la Unión Temporal deEmpresas, que construyó el velódromo,reclamaba al ejecutivo balear. Ladetención no le pilló por sorpresa aBallester, exdirector general de deportesdel govern de Jaume Matas, ya que elasunto del Palma Arena llevaba años enla palestra. Lo curioso es que fuerareactivado apenas cuarenta y ocho horasdespués de cerrarse el acoso aFrancisco Camps en la ComunidadValenciana y de archivarse la parte de latrama valenciana correspondiente al

caso Gürtel.Pepote esperaba con ansiedad el

interrogatorio al que iba a ser sometidoa lo largo del día siguiente en lasdependencias policiales por el fiscalanticorrupción Pedro Horrach. Tambiénestaba previsto que a la sesión depreguntas y respuestas asistiese el titulardel Juzgado de Instrucción número 3 dePalma, José Castro. No fue al díasiguiente, sino a los tres días, cuando letomaron declaración. Como imagengráfica de aquellas jornadas queda laque recogieron los periódicos en susportadas: la de un Pepote Ballester,antes estrella del deporte, esposado. Era

evidente que el viento empezó a soplaren contra del campeón de vela y,encima, amenazaba naufragio: 50 000euros de fianza e imputaciones porpresunta malversación, prevaricación yfalsedad. El oro de la medalla se habíafundido, como se dijo por aquellos díasen la capital balear.

Durante las setenta y dos horas quepermaneció en el calabozo, Pepote noperdió en ningún momento lacompostura, según recogieron lascrónicas de la época. Se mantuvo entero,conversando sobre trivialidades,simpático y cordial, a pesar de que conBallester se cumplió el protocolo que

emplea la Policía Judicial en los casosde corrupción política en los queintervienen fondos públicos: «Detencióninmediata, reclusión en los fríos yhúmedos calabozos de la calle de Ruizde Alda de Palma, toma de declaración,allí mismo, en la sede policial, y pase adisposición judicial agotado el plazomáximo legal en el furgón que se empleapara custodiar al hampa local». Recojola cita de la obra Urdangarin, unconseguidor en la corte del rey JuanCarlos, de Eduardo Inda y EstebanUrreiztieta.

Echando la vista atrás, José LuisBallester era un crío cuando practicaba

windsurf y recorría los pantalanes delClub Náutico de Palma, centrodeportivo y social de la vela y sede dela Copa del rey. Como regatista entró encontacto con la familia real, ya que,junto con el príncipe y la infantaCristina, formó parte del equipoolímpico y, ya en Palma, zarpaba con latripulación del heredero. Coleaban losaños ochenta del siglo pasado y Pepoteera el más divertido de la pandillaborbónica. La medalla de oro en Atlantale procuró abrazos monárquicos y elorgullo de contar con un campeón en losexclusivos círculos de la realeza. Llegóa participar en los juegos de Barcelona

y en los de Sydney, donde no pasó delnoveno puesto, lo que motivó su retiradadel mundo del deporte. Matas le fichó en2003 por su relieve y prestigio y portener una relación de confianza con lasinfantas y, de manera especial, con elpríncipe. Ballester, como responsablede la fundación Illesport del gobiernobalear, gestionó los grandes eventos enlas islas: desde la obra del velódromodel Palma Arena a los torneos de tenis,pasando por los foros que montabaUrdangarin.

En 1985, según dijo Ballester en sudeclaración ante el juez, coincidió conIñaki Urdangarin en la Residencia

Blume de Barcelona, para deportistas deélite, donde ambos estaban becados porsus respectivas federaciones. Allí seconocieron y allí se hicieron amigos.Pepote era conocido en determinadoscírculos como «Iñaki-me-ha-dicho», loque le identificaba como un conseguidorde contratos de los gobiernosautonómicos para el duque de Palma.Hay un correo electrónico en la causaque así lo evidencia. La relación acabómal en 2007 y no se volvieron a hablar.Al parecer se pelearon a raíz de lasexigencias del duque de Palma a la horade cobrar la última factura —de más de100 000 euros— de los Forum Illes

Balears, que organizaron las empresasdel duque y su socio. Ballesterargumentó que no estaba justificado elcobro por haberse incumplido loconvenido y que Urdangarin no debíaser el interlocutor porque no figuraba enNóos desde 2006, fecha en que fueformalmente apartado de dicho institutosin ánimo de lucro.

Así las cosas y tras su detención,Pepote pactó con la Fiscalía un acuerdode colaboración. Aquello fue toda unaconfesión de hechos, citas, personajes,firmas… ¿El objetivo? Lascompensaciones penales. Ballester locantó todo. El relato pormenorizado, que

el regatista hizo en su declaraciónvoluntaria el 15 de diciembre de 2011,sobre las supuestas irregularidades enlos contratos de Nóos, por 2,3 millones,perjudicó a los principales imputados.Su confesión —con fechas de reuniones,quién decidía, cómo se hizo y lo que nose realizó— hizo que el juez Castroatase hasta el más mínimo cabo sueltopara llegar a la imputación del duque dePalma. El magistrado acudió, de maneraexcepcional, a tomar declaración alarrepentido en la sede de la Fiscalía enPalma. Una discreción obligada paracerrar una decisión largamentemeditada, negociada por el afectado.

Pepote declaró al atardecer para evitarlos ojos de periodistas y el barullo de lasede de los juzgados. En aquelladeclaración contó cómo IñakiUrdangarin, Jaume Matas y él mismo sereunieron en el año 2003 en el palaciode Marivent. El duque de Palma propusoentonces a Matas que el governpatrocinara un equipo ciclista y élcobraría en esa operación unos 300 000euros como conseguidor. El encuentrono finalizó hasta que el marido de lainfanta Cristina arrancó al presidentebalear el compromiso firme de estudiarconcienzudamente la idea y poner todode su parte para sacarla adelante. El

definitivo espaldarazo se lo dio, sinsaberlo, el actual presidente delGobierno, Mariano Rajoy, una de laspersonas que más sabe de ciclismo eneste país, que llamó a Matas para avalarla iniciativa.

Cuando Iñaki Urdangarin fue citadocomo imputado, la pregunta queinsistentemente nos hacíamos losabogados era si la justicia sería capazde dispensar al yerno del rey el mismotrato que a cualquier otro ciudadano ensituación similar. El interrogante era siel duque de Palma pasaría por idénticotrance al de Pepote Ballester. Lapregunta sometía al Estado de Derecho

en nuestro país a su primera prueba deeste tipo, ya que nunca antes un miembrode la familia real se había encontrado entesitura similar. Cualquier otrociudadano habría sido llamadoinmediatamente a declarar, como se hizocon Diego Torres, y posiblemente habríatenido que pasar por lo que vivió PepoteBallester en sus propias carnes. Noocurrió lo mismo con Iñaki Urdangarin.

Y no solo eso. A diferencia de otroscasos, el juez Castro decidió que ladeclaración del duque de Palma no fueragrabada en vídeo —para evitar quepudieran divulgarse su imagen o su vozpor los medios de comunicación— e,

incluso, el Departamento de Seguridadde La Zarzuela planteó —comosugerencia, no como exigencia— que elimputado no tuviera que llegar a pie alos juzgados de Palma de Mallorca. Esamaniobra casaba mal con la frase delrey, en su discurso de Navidad, de quela justicia es igual para todos, teniendoen cuenta que otras personas conimportantes responsabilidades en laadministración pública implicadas encasos de corrupción debieron pasar, sindistinción, por este mal trago (sin ir máslejos, pocas semanas antes y en lamisma sede judicial, el expresidentebalear Matas). El 2 de febrero el rey dio

otro paso cuestionable, teniendo encuenta la situación de su yerno y lainminencia de su declaración ante eljuez, al pedir que se respetase elderecho de defensa. Lo hizo en el actoconmemorativo del vigésimoaniversario de la Federación de losColegios de Abogados de Europa. Laactuación del monarca dejaba claro queno se trataba de un asunto privado, comomanifestó La Zarzuela tras destaparselas primeras informaciones sobre losnegocios del duque y sus triquiñuelaspara burlar a Hacienda, sino de unasunto que afectaba de lleno a la CasaReal.

El mismo Diego Torres pidió que nohubiera trato de favor con el yerno dedon Juan Carlos. En un escrito remitidoal juzgado, el abogado de Torresargumentó: «La decisión de grabar o nouna declaración no puede estar alcapricho de nadie, sea quien sea, o seaquien se crea que es». González Peetersreclamó al juez que se grabase a todoslos que prestaban declaración y recordóque, frente a los privilegios de ser duquede Palma, los españoles son iguales antela ley y que Urdangarin está sometido,como todos, a ese principio de igualdad.El Mundo dedicó un editorial a recordarque se estaban dando determinados

privilegios en el caso Nóos y citó, juntoa la solicitud de la Casa Real para queUrdangarin pudiera llegar en coche a losjuzgados y que su declaración no fuesegrabada, el hecho de que la infantaCristina no había sido llamada adeclarar. «Es la primera vez que unmiembro de la Casa Real se ve envueltoen un proceso judicial y por ello todoslos implicados deberían esforzarse porcumplir escrupulosamente no solo la ley,sino los procedimientos habituales quese siguen con cualquier ciudadano. Es elmomento de demostrar que lo que dijo elrey en su mensaje navideño secorresponde con la realidad. Es la

prueba del algodón», concluyó el diariode Pedro J. Ramírez.

Unas declaraciones de la portavozdel Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) contribuyeron a alimentar eldebate. En una entrevista emitida porLos desayunos de TVE, Gabriela Bravodefendió la decisión del juez Castro deno grabar en soporte de vídeo digital ladeclaración del duque de Palma. «Enotras ocasiones —dijo— no se hahecho, pero además no todos losimputados son iguales. No todos losasuntos judiciales están sometidos a lamisma presión mediática ni tienen lamisma relevancia y no en todas las

ocasiones se puede estigmatizar tambiéntanto la imagen o el honor de unapersona». Al hilo de esto, la portavozdel Consejo criticó la existencia de unjuicio paralelo antes de que Urdangarinhubiera declarado ante el magistrado.«Incluso antes —añadió— de que setuviera conocimiento de las actuacionesjudiciales, porque son secretas. No setrata de adoptar estas medidas por serquien es, sino por las circunstancias queconcurren en este caso, derivadas de ladimensión mediática del asunto. Mipercepción como ciudadana es que,desde el momento en el que aUrdangarin se le ha citado como

imputado ante el juez, está siendotratado como cualquier ciudadanoespañol».

Las declaraciones de GabrielaBravo no concordaban con lo que enrealidad estaba pasando y así lo vio lavocal del Consejo, Margarita Robles,que tuvo que salir al día siguiente arecordar lo obvio a su portavoz: «Losimputados en cualquier causa judicial nopueden ser tratados con privilegios odiferencias por su estatus político oeconómico». Meses después, cuando lepregunté por aquel episodio, MargaritaRobles me miró indignada y dijo tajante:«Una de las grandes cosas del Estado de

Derecho es que todos los ciudadanossomos iguales ante la ley. ¿Qué ocurre?Que cuando se producen hechos comoestos, uno tiene a veces la impresión deque no somos iguales. Y, por eso, creoque todos los que tenemosresponsabilidades desde cualquier puntode vista —desde el mundo judicial, porun lado, el político, por otro, y tambiéndesde el punto de vista de los medios decomunicación—, todos tenemos que serimplacables en eso. No puede haber unajusticia para unas personas con nombresy apellidos y otra para los demás. Todossomos iguales ante la ley, para lo buenoy para lo malo».

Finalmente el juez decano delPartido Judicial de Palma, FranciscoMartínez Espinosa, echó por tierra lapetición del Departamento de Seguridadde La Zarzuela al asegurar que no iba ah a c e r distingos. Martínez Espinosaconcluyó que tanto él como el juezCastro compartían que para Urdangarinse debía establecer el mismo régimenque para cualquier otro imputado, deforma que decidió que el yerno del reybajase andando la rampa de los juzgadosde Palma, hasta llegar a la puerta, entotal unos treinta metros. Así se hizo, sibien se le permitió entrar en losjuzgados con la escolta de la Casa Real

proporcionada por los Cuerpos yFuerzas de Seguridad del Estado,aunque, obviamente, esta no pudoacceder a la sala en la que fueinterrogado por el magistrado. «Se tratade dar un trato igualitario a todo elmundo, pero no se trata de menoscabarel elemento de seguridad personal deUrdangarin», declaró entonces el juezdecano.

En cambio no se llegó a grabar ladeclaración en video, como decidió elinstructor Castro. No hubo, pues,posibilidad de conocer de viva voz eíntegros los relatos y argumentos deUrdangarin a las preguntas del juez, los

fiscales y su abogado. Sin embargo,aquello no salió como estaba previsto.Una semana después del paso del duquede Palma por el Juzgado, Castro acordóque todas las declaraciones deimputados y testigos que se previesencomplejas se recogerían en grabaciónaudiovisual, con independencia delparecer de las personas afectadas, cuyoderecho a no ver quebrantada suintimidad e imagen quedaríadebidamente tutelado. En unaprovidencia dictada y notificada el 3 demarzo de 2012, el juez justificó sudecisión en el hecho de que se trataba deevitar la distorsión que, a su parecer, se

produjo al haberse trascrito en cuarentay dos folios la declaración del duque dePalma durante veinte horas, de lascuales dos tercios se emplearon en laredacción de lo que iba declarando elyerno del rey. El juez aseveró que estose produjo por la libre decisión deUrdangarin, que previamente a sudeclaración solicitó por escrito que sele dispensara de la grabaciónaudiovisual de la diligencia, para lo queel juzgado ya estaba preparado. SegúnCastro, la grabación en video de ladeclaración del duque de Palma habríaevitado la conflictividad sobre lacorrecta trascripción del acto y reducido

su duración a un tiempo sensiblementeinferior al del día señalado. Elmagistrado anunció que para evitar quela grabación pudiera ser reproducida enlos medios de comunicación, el originaly la copia de seguridad deberían sercustodiados en la caja fuerte deljuzgado, a cargo y bajo laresponsabilidad de la secretariajudicial.

La aberración jurídicade los pactos con la

FiscalíaReal Casa de Correos. Puerta del Sol,número 7, en Madrid. Miércoles 2 demayo de 2012. Al mediodía.

A los periodistas se les hace difícilencontrar noticias en un día festivo. Poreso la cita ineludible aquel día enMadrid era la sede de la Presidencia dela Comunidad de Madrid, donde cadaaño se celebra la conmemoración delcomienzo de la rebelión popular contralas tropas napoleónicas. El foco de

atención para los medios informativosdurante aquella jornada de fiesta, igualque los meses anteriores, fue el casoNóos, sobre todo después de que ElPaís y El Mundo publicaran que elduque de Palma y su exsocio trataban dealcanzar un acuerdo para eludir lacárcel. El periódico de Prisa contó queIñaki Urdangarin y Diego Torresnegociaban un acuerdo para presentarloconjuntamente ante la Fiscalía, algo queles permitiría la posibilidad de evitar laprisión a cambio de reconocer loshechos por los que se les investiga,devolver el dinero malversado y repararel daño causado al erario público con el

pago de una cantidad que rondaba los3,5 millones de euros. El objetivo de losimputados, según El País, era que, deimponerse una pena privativa delibertad, esta fuera inferior a los dosaños de cárcel, de forma que noingresarían en prisión.

Los correos electrónicos remitidospor Torres al juzgado, en los que serelatan supuestas gestiones realizadastanto por la infanta Cristina como por elrey, habían forzado las negociaciones.El Mundo apuntaba, por su parte, quelos abogados de Urdangarin y Torres yahabían planteado por separado a laFiscalía su disposición a declararse

culpables, a condición de una penainferior a dos años, si bien se trataba deuna acción concertada. Según el diariode Unidad Editorial, el MinisterioPúblico se limitó a escuchar laspropuestas, aunque Anticorrupciónanticipó que en reuniones sucesivas —silas hubiera— solo escucharía laspropuestas si en la confesión aportasendatos novedosos de la trama y revelarandónde estaba la totalidad del dinero querecaudaron con el Instituto Nóos y quecolocaron en el extranjero a nombre detestaferros.

Aquel mismo día 2 de mayo El Paíssiguió aportando más datos: «El

objetivo central de la defensa deUrdangarin no solo es esquivar unaposible pena de más de dos años, quellevaría a prisión al esposo de la infantaCristina, sino evitar que un miembro dela familia real sea protagonista desde elbanquillo de los acusados de un juiciocuyo dilatado desarrollo podría salpicarla imagen del rey y de la monarquía.[…] El acuerdo que busca el duque dePalma implicará devolver al menos 1,7millones de euros públicosmalversados. Una pericial de Haciendaajustará los cálculos del MinisterioPúblico sobre las partidas malversadasy los fondos públicos desviados por

facturación falsa. La fiscalía deBaleares no aceptará un pacto a la baja,una oferta blanda, dada la magnitud delas partidas de dinero desviadas y lacarga penal de los supuestos delitos».

El Mundo adelantó que Torres, através de su letrado, Manuel GonzálezPeeters, precisaba que en el caso de queno cristalizase un acuerdo quesatisficiera sus intereses, estabadecidido a aportar nuevas pruebas. Setrataría de una serie de misivasremitidas por Urdangarin a su manoderecha en Nóos en las que el duque dePalma detalló las gestiones realizadastanto por la infanta Cristina como por el

rey para recaudar fondos para susnegocios. Es decir, los famosos correos.Quien avisa no es traidor y Torresadvertía de que bajo ningún concepto unsupuesto pacto pasaba por comerse élsolo el pastel. Una mera sugerencia eneste sentido motivaría lo que, a lapostre, se vería en los meses sucesivos:batería de correos electrónicos ymisivas con los que trataba de acreditarel conocimiento y participación de laCasa Real y de la infanta en los turbiosasuntos de Urdangarin.

Los editoriales de los periódicoseran contundentes en su posicióncontraria a cualquier tipo de pacto. La

Razón sostuvo que no podía haber tratode favor a Urdangarin, para añadir acontinuación que la ley, como recordódon Juan Carlos en su mensajenavideño, es igual para todos losespañoles y no puede haber excepcionesen función del cargo o el nombre. «Poreso Urdangarin y su socio deben afrontarcomo simples ciudadanos lasconsecuencias de sus actos», concluyóel diario de Planeta. «Estamos —sentenció El Mundo por su parte— anteun asunto de especial trascendencia paralas instituciones democráticas y el fiscalgeneral del Estado no debería aceptar unacuerdo que sería visto por la opinión

pública como una componenda paralibrar de la acción de la justicia al yernodel rey. El caso Urdangarin sediferencia de otras sentencias porconformidad. Aquí no es solo unacuestión de devolver a las arcaspúblicas una cantidad de dinero. Elmarido de la infanta Cristina debeafrontar el juicio y, en su caso, laabsolución o la condena. Queda poranalizar la actuación del acusado. Y estano se puede calificar de más torpe,errática e incluso incomprensible. Suestrategia está haciendo un flaco favor ala monarquía». Federico JiménezLosantos escribió en su columna que en

«Nochebuena el rey dijo algo falso perobonito: todos los españoles somosiguales ante la ley». Mientras, Pedro G.Cuartango afirmó que «una sentencia deconformidad en un asunto como estesería un grave desprestigio para lajusticia». «Para el yerno del rey, entraren prisión debería ser solo un detallefrente a confesar el deshonor y eldelito», concluyó Santiago González.

Pero lo que a todos los medios decomunicación se les escapaba era laextemporaneidad de un pacto en lainstrucción. Nuestro sistema procesalpermite que en el momento del juicio (eneste caso, ante la Audiencia Provincial

de Palma), el acusado podrá mostrarconformidad con la pena más grave delas solicitadas por las acusaciones(fiscal, acusación particular y acciónpopular), no solo por el MinisterioPúblico, de manera que el mero hechode sugerir esa posibilidad no solo escontraria a la ley, sino que causaperplejidad en el justiciable y encualquier abogado, que no daba créditoante las informaciones sobre encuentrosfiltrados por la prensa entre Fiscalía ydefensas.

Así las cosas, los personajes másbuscados por los periodistas en larecepción por la festividad de la

Comunidad de Madrid eran el ministrode Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y elfiscal general del Estado, EduardoTorres-Dulce. Ninguno de los dosdesmintió las informaciones sobreposibles pactos entre el MinisterioPúblico y las defensas de los imputados.Es decir, negociaciones hubo. Esoquedó claro. Gallardón no eludió elencuentro con los medios decomunicación y nada más llegar a laReal Casa de Correos ya estabahaciendo declaraciones. «La Fiscalíainvestigará todos los hechosrelacionados con el sumario en el queestá implicado Iñaki Urdangarin y tengo

que decir que el gobierno no ha dadoinstrucción alguna que limite laautonomía de los fiscales. Vivimos en unEstado de Derecho y en un Estado deDerecho el principio de igualdad detodos los españoles ante la ley es el querige y es el que, por supuesto, seaplicará en este y en todos y cada uno delos casos».

El ministro quiso hacer hincapié enque los fiscales tenían plena autonomíapara investigar causas penales en todoslos casos, ya que la obligación delMinisterio Público en una investigaciónes esclarecer todos los hechos y llevarlas pesquisas hasta el final. «Ningún

hecho puede dejar de ser investigadopor la Fiscalía y puesto en conocimientodel juez para su valoración», dijo. Entérminos parecidos se expresó el fiscalgeneral del Estado. En unas escuetasdeclaraciones a los periodistas, Torres-Dulce garantizó tajante que en el casoUrdangarin no iba a existir ningún tratode favor.

Pocas horas después la agenciaoficial de noticias Efe informaba de quelos miembros de la FiscalíaAnticorrupción encargados de la piezaseparada del sumario del caso PalmaArena habían suspendido las reunionesque, según fuentes judiciales, se habían

fijado para esa semana con los abogadosde Urdangarin y Torres. A pesar de esainformación, Mario Pascual Vives,abogado del duque de Palma, negó laexistencia de cualquier clase de contactoformal o informal para llegar a unacuerdo.

No dijo la verdad el letrado deUrdangarin. No la dijo entonces nimeses después —en concreto el 16 defebrero de 2013—, cuando no pudodesmentir las acusaciones que le lanzóDiego Torres en sede judicial. Apreguntas del fiscal, el exsocio delduque de Palma habló de contactos parala consecución de pactos. El

interrogatorio, que colgaron losperiódicos de mayor tirada en suspáginas de Internet, fue el siguiente:

Fiscal Horrach: En la prensa sepublicó que usted estaba extorsionandoy pidiendo millones de euros a IñakiUrdangarin o a su entorno paraautoinculparse y eximirle deresponsabilidad. ¿Lo ha hecho?

Diego Torres: Ultrajante.Definitivamente no. Si no he salido ahacer ningún comentario es porque creoque ha quedado constancia de que jamáshe hecho ningún comentario a la prensa.Esto es mentira, absolutamente mentira.Es más, lo que sí sé es que ha habido

personas que se han acercado a miabogado, incluso a mí, a hacernosofertas de este tipo. A mí se me haofrecido trabajo y que se me remunerenlos honorarios de mi abogado, que nopodré pagar en el futuro, a cambio deasumir mayores cuotas deresponsabilidad.

F. H.: ¿Y quién se lo ha ofrecido?D. T.: No sé si es conveniente decir

esto… Me siento incómodo, pero esto…Desgraciadamente a mí me gusta aportarpruebas y tener documentos. Y esto seme ha dicho verbalmente, pero esabsolutamente cierto.

F. H.: Sí, pero si no dice quién, es

muy difícil, ¿no? Es un pococomplicado.

D. T.: Sí, pero…F. H.: Porque esto es una especie de

tirar balones al aire.D. T.: Por eso no me gusta hablar de

estas cosas. Podría decir más, pero yodigo las que puedo soportardocumentalmente. Esto a mí se me haofrecido, aparte de que sé que ha habidootras aproximaciones a mi abogado.Esta se me ha hecho a mí en presenciade mi abogado, en el despacho de miabogado.

F. H.: Le pregunto quién se la hahecho, porque, si no, es como tirar

balones al aire, señor Torres.D. T.: Bueno, pues mire, el señor

Mario Pascual aquí presente es uno delos que ha hecho… Es el que me hahecho personalmente esta propuesta. Yyo le he dicho que no, de ningunamanera. Por muy desesperado que esté,ni por un puesto de trabajo ni porque mepaguen al abogado, voy a decir algo queno sea cierto.

F. H.: No tengo más preguntas,señor.

Nuestro ordenamiento prohíbe queen plena fase de instrucción las defensastraten con el fiscal la finalización de lainvestigación judicial y el dictado de

una sentencia de conformidad. Se tratade una aberración jurídica. Y es queresulta imposible legalmente llegar auna sentencia condenatoria conformadahasta la fase plenaria, según el artículo787.1 de la Ley de EnjuiciamientoCriminal. Por lo tanto, era inexcusableque la instrucción continuase hasta elfinal, desarrollándose hasta sus últimasconsecuencias. En la más comúnmodalidad procesal, aún recogida comoespecial en nuestra vigente Ley deEnjuiciamiento Criminal —que es elprocedimiento abreviado—, se articulala posibilidad de que el imputado, unavez dictado auto de apertura de juicio

oral y formuladas las conclusionesprovisionales por las partes en susescritos de acusación y defensa —esdecir, finalizada la fase de instrucción yla fase intermedia—, puedan llegar endeterminadas circunstancias de delito auna conformidad sobre su culpabilidad ypena que se recoja en la sentencia queponga fin al proceso. Es decir, losacuerdos entre el Ministerio Público, elresto de acusaciones y el imputadopueden alcanzarse una vez llevada acabo toda la investigación sobre eldelito, cerrada la instrucción yplanteadas las posiciones acusadoras.Nunca antes. Por lo tanto, lo que se

proponían las defensas de IñakiUrdangarin y Diego Torres, con elconsentimiento de la FiscalíaAnticorrupción de Palma, era —ni másni menos— que una aberración jurídica.Otra cosa bien distinta era que, en nuevamuestra del sometimiento de la justicia aotro tipo de poder, se torciese una vezmás la ley para evitar que cundiese elescándalo con nuevos elementosprobatorios y actividad instructora queimplicarían directamente al rey y a suhija.

Vuelve la censuraprevia

Juzgado de Primera Instancia número46 de Barcelona. Gran Vía de lasCortes Catalanas, número 111. Jueves18 de abril de 2013. Durante lamañana.

Con una inusual diligencia, la titulardel juzgado, María del Remei Vergés,dictó un auto por el que prohibió a sietemedios de comunicación «descubrir,revelar, publicar, difundir y divulgar, encualquier modo y por cualquier medio,el contenido de los mensajes de correo

electrónico que estén en poder de DiegoTorres y que hagan referencia a la vidaíntima de Iñaki Urdangarin o de sufamilia, así como a hacer declaraciones,efectuar comentarios, emitir opiniones ojuicios de valor sobre el contenido dedichos mensajes». El duque de Palmahabía pedido esas medidas cautelares enrelación con sus correos en un escritoremitido a los juzgados de Barcelona, enel que anuncia su intención de presentarla demanda por vulneración del derechoa la intimidad contra Torres y sietegrupos editoriales —Unidad Editorial,Editorial Ecoprensa, El SemanalDigital, Semana, Publicaciones Heres,

Mediaset España y Titania CompañíaEditorial—, a los que pertenecenmedios de comunicación que hubieranreproducido correos suyos. Diversosmedios habían aludido en las semanasprecedentes a las supuestasinfidelidades del yerno del rey. Laspruebas de esos supuestos engañosestarían en poder de Torres, que parecíadispuesto a hacer pública una nuevatanda de e-mails, esta vez de contenidoíntimo y personal.

Hago mención a esa inusualdiligencia de la titular del Juzgado dePrimera Instancia número 46 deBarcelona porque el duque de Palma

presentó la demanda solo tres días antes.La juez apreció esa urgencia con elargumento de que «si durante latramitación de las medidas se publicanlos correos de carácter personal,aquellas carecerán de toda virtualidad».Y añadió que la «necesidad imperiosa»de proteger el derecho a la intimidad delduque de Palma obliga a tomar medidasde manera urgente, ya que, de no hacerloasí, podría producirse una«insatisfacción definitiva», aunque luegose otorgara la tutela en la sentenciaestimatoria. La juez, sin embargo,rechazó la pretensión de Urdangarin deque todos los medios de comunicación

demandados difundieran en susediciones impresas y digitales elencabezamiento y parte dispositiva delauto.

Al día siguiente El Mundo publicóun duro editorial contra el duque dePalma: «No resulta extraño que, amedida que el cerco judicial se vaestrechando, un Iñaki Urdangarin cadadía más desesperado pretenda distraerla atención y presentarse como víctimaal anunciar una demanda en un juzgadode Barcelona contra siete empresas decomunicación por hacerse eco de unassupuestas infidelidades conyugales. Anuestro juicio resulta muy discutible que

se pueda imponer a los medios unacensura previa de forma indiscriminadapor orden judicial. Urdangarin tienederecho a la protección de su vidaíntima, pero su condición de esposo dela infanta y la conexión de su conductaprivada con el proceso judicial en elque está incurso hace que esos límitessean más amplios que los de unciudadano anónimo. Su demanda es ungrave error que se volverá contra élporque solo va a servir para amplificaraquello de lo que no quiere que sehable».

El propio Luis María Anson, pocodado a criticar a la familia real, hace un

análisis parecido. Cuando le preguntosobre el particular, me responde con untono enérgico: «Me parece una cosacompletamente contraria a la libertad deexpresión. No te lo puedo decir de otramanera. La libertad de expresiónconsiste en tener la capacidad de decidirlo que se va a publicar en un periódico yluego, si no es correcto, que decida unjuez. Lo que no se puede hacer esejercer censura previa. Es lo que hacíaFranco. Yo soy el director de unperiódico y tengo unos correos con lavida privada de alguien, seguramente nolos publicaría al amparo del artículo 20de la Constitución. Pero lo que no puedo

decir es que yo tengo razón si viene otrocompañero y lo publica porque cree quetiene interés. La libertad de expresiónconsiste en decidir, aunque uno puedacometer un delito. Es como si decimosque en Deia no puede escribir un señorque va a hablar bien de un etarra. Pues,mire usted, lo podrá hacer. Luegovendrá el juez y dirá que ha cometidoapología del terrorismo y tendremos lasentencia correspondiente. Me acuerdoque cuando secuestraron Egin —y lohizo el juez Garzón—, publiqué unacolumna en ABC a favor de la libertadde expresión. Lo que no se puede haceres prohibir una publicación en

presunción de lo que pueda decir otomar unas cautelas como prohibir lapublicación de e-mails. ¿Cómo que nopuedo publicarlos? Yo puedo publicarlo que me dé la gana, estrictamente… Ysi cometo algún delito, me meterán en lacárcel. Pero eso tiene que ser el juez elque lo diga».

El asunto de los mensajes íntimoscomenzó a finales de marzo de 2013,cuando Diego Torres, subiendo lapresión de su chantaje y con un claropropósito de alimentar el escándalo,desveló a su entorno directo su decisiónde judicializar una serie de correosinéditos que obraban en su poder, con

los que pretendía demostrar supuestasinfidelidades del marido de la infantaCristina. Al parecer, su objetivo eradestruir el matrimonio Urdangarin-Borbón. Como no podía ser de otramanera, la amenaza de Torres llegó aoídos de los investigadores. El entornodel juez y el fiscal del caso Nóos seapresuró a responder al aviso: ningúnmensaje que invada la esfera personaldel principal implicado en la causa seráaportado a la instrucción. Solo losdocumentos que tienen una relacióndirecta con los hechos que se investiganhan de ser tenidos en cuenta. Al mismotiempo instó al socio de Urdangarin a

que pusiera punto y final al goteo demensajes, aunque sabía que no podíaimponérselo o limitarle temporalmentesu aportación (a diferencia de a lo quedos meses más tarde le compelía laAudiencia). Torres siguió en sus trece ysostuvo que estaba dispuesto a develarla que consideraba la prueba másdestructiva de todas. Al parecer, elcorreo que aportó al juzgado semanasantes, que envió el duque de Palma alsecretario de las infantas, con la imagende un equipo ciclista de mujeres en topless no era más que un simple aperitivo.Parecía evidente que el exsocio tratabade diluir la causa en los problemas de la

monarquía, entrando para ello en elterreno de la intimidad.

Pese a la prohibición de difundircorreos de la vida privada, DiegoTorres consiguió colar al juez, en unanueva remesa de e-mails aportada a lacausa semanas después, varios mensajesde fuerte contenido sexual que el yernodel rey intercambió en 2004 con JaumeReguant, un amigo muy cercano de laadolescencia. La partida de correostrataba de dar cumplimiento a laprovidencia de 7 de mayo en la que eljuez Castro pedía a Torres que detallarala supuesta reunión que el duque dePalma, el expresidente de la Generalitat

Valenciana, Francisco Camps, laalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, yel propio Torres celebraron en elpalacio de La Zarzuela en enero de2004. Durante ese encuentro, el yerno dedon Juan Carlos y su entonces sociopactaron presuntamente con ambosdirigentes del PP la organización devarios foros que, finalmente, reportarona las arcas del Instituto Nóos más de 3,5millones de euros de fondos públicos.«Aunque la voluntad de esta parte —seseñalaba en el escrito aportado aljuzgado por el abogado de Torres comopresentación de la remesa de correos—es el de plena colaboración con la

instrucción, cierto es que el lapso detiempo transcurrido desde entonces yhasta el día de hoy (más de nueve años)hace ciertamente difícil el podercontestar con la escrupulosidad que sedesea, por lo que se hace necesarioacudir a una serie de particulares quepermitan enfilar a la data aproximada enla que la meritada reunión tuvo lugar, yello sin perjuicio de que puedanencontrarse otros elementos de corteobjetivo que abunden o no en lo queaquí se dice, sin orillar que, en parte, sehace uso además de la memoria eseepisodio».

Con los mensajes subidos de tono,

fechados a finales de enero de 2004, ladefensa de Diego Torres pretendíademostrar que durante de la reunión enLa Zarzuela Iñaki Urdangarin seencontraba en Madrid. Según publicó ElConfidencial, el duque de Palma le dijoa su amigo Reguant el 28 de enero:«Demoniete, mañana estoy en Madridpor la mañana y en Andorra por la tarde.Por mi parte sería genial cenar [enBarcelona], pero veo el temacomplicado por mi regreso deAndorra». A cambio, aseguró ElConfidencial, el marido de la infantaCristina sugirió a su íntimo amigotrasladar la cita entre ambos al fin de

semana. Siempre según esa página web,le propuso abiertamente un encuentrosexual, que adornó con algunos detallesobscenos. De los e-mails se desprendeque ese supuesto escarceo sexual debíatener lugar a escondidas de sus familias,ya que el día anterior Urdangarinescribió: «Capullín, pon hora a nuestraexcepcional cita, no sea que lacaguemos». A lo que Reguant respondióunas horas después: «No sé cómo tienesel tema de los niños, pero si quierespodemos cenar juntas [sic]. Tenemosque hablar lo del week-end […]. Encualquier caso, tendríamos que hablarlopara no cagarla», informó el diario

digital.La información de El Confidencial

fue profusamente recogida por portalesde contenido gay en Internet, al tiempoque también se hacían eco de lasdeclaraciones que Reguant realizó paraVanity Fair a finales de 2012 sobre suamigo Iñaki: «Hablo con él a menudo yclaro que estoy preocupado. Como loestaría por cualquier amigo queatraviesa una situación difícil. La gentetiene ya una percepción a partir de loque ha publicado la prensa.Independientemente de que sea o nocierto, el juicio ya está hecho. Muchascosas que se publican no son verdad y

hay que lidiar con ellas. Choca mucho loque se lee en los periódicos porqueIñaki es muy íntegro, buena persona,buen padre y buen amigo. Ellos estánmás unidos que nunca. No he vistoninguna fisura en su matrimonio. Desdeque ocurrió esto, ella ha estado a su ladoy él, al de ella».

Campaña parasilenciar a la prensa

Semanario El Siglo de Europa. Calledel Ferrocarril, número 37 duplicado,en Madrid. Un día de marzo de 2006.Durante la tarde.

La revista que dirige José GarcíaAbad acababa de publicar en su número685 su primer gran reportaje sobre losnegocios de Iñaki Urdangarin. Lapublicación sacó el asunto como temaprincipal de su portada: el título «Elyernísimo» a grandes caracteres, y elsumario «Los negocios de Urdangarin

con el gobierno de Matas comprometena la Casa Real», en letra más pequeña,insertados dentro de una foto en la quese podía ver a un duque de Palma nadafavorecido y llevándose la mano albolsillo interior de su americana. Ya enel año 2005 El Siglo había sido elprimer medio de comunicación en llevara su portada el caso de la mansión delos duques de Palma.

En aquel número de la primerasemana de marzo de 2006 aparecía enpáginas interiores un reportaje firmadopor Virginia Miranda. «Los negocios yel deporte —decía la entradilla—mantienen un estrecho vínculo con

numerosas ramificaciones en las queintervienen atletas, federaciones,administraciones públicas, consultorías,patrocinadores y un largo etcétera depersonas e instituciones implicadas.Pero aunque existen casos en los quecohabitan varias facetas, ninguno comoIñaki Urdangarin ha sido capaz deaglutinar tantas y tan buenas relacionesentre ambos mundos. Exjugador de laselección española de balonmano,exvicepresidente del COE, propietariode entidades dedicadas a la realizaciónde planes estratégicos sobre eventosdeportivos, contactos al más alto nivel yyerno del rey; demasiados compromisos

para saber manejarlos con moderación.El Grupo Socialista balear denuncióhace unas semanas que el govern habíafinanciado con 1,2 millones de euros unForo de Turismo y Deporte en Palma deMallorca, organizado por el InstitutoNóos, su empresa de cabecera. EnValencia ocurría otro tanto de lo mismo.Los políticos apuntan hacia eldesmesurado gasto de los ejecutivosautonómico y local, pero los negociosdel duque de Palma se han visto, porprimera vez, sometidos al juiciopopular; las empresas de Urdangarintrabajan con dinero público,circunstancia que, aunque sea legítima,

compromete la imagen de la Casa Real yya le ha colgado el sambenito deyernísimo».

Aquel día de marzo, pocas horasdespués de que la revista estuviera enlos quioscos, José García Abad recibióuna llamada en su despacho. Era unministro del gobierno de José LuisRodríguez Zapatero.

—Pepe, ya sé que tú haces tu trabajocon seriedad y libertad, pero estehombre, que está demenciado, vadiciendo que se va a hacer republicano,que no puede entender cómo él, porestar casado con una infanta, no puedeganarse la vida y hacer sus trabajos y

negocios. Me pidió que a ver si podíainfluir en este tema. Le he explicado queno tengo ningún tipo de autoridad sobreti, que formas parte de una empresaindependiente y que ni militas en elPSOE ni damos un duro de Ferraz parala revista. Le he dicho que soy amigotuyo y que hablaría contigo. Y eso hago.

El director de El Siglo tomó nota delmensaje y continuó con su trabajo. Dosmeses y medio después, en el númerodel 22 de mayo de 2006, Urdangarinvolvió a la portada. En la foto aparecíaalgo más favorecido, pero el semanarioinsistía con el apodo de «yernísimo». Eltítulo era «El rey frena a Urdangarin» y

el sumario «El yernísimo forzado aalejarse de sus polémicos negocios». Enpáginas interiores podía leerse: «Congran discreción, la característica quedebería guiar todos los pasos que danlos miembros de la familia real, IñakiUrdangarin ha abandonado lapresidencia del Instituto Nóos. Un cargoque en Zarzuela preocupaba muchosobre todo desde que los millonariosnegocios del duque de Palmacomenzaron a ser cuestionados enportadas de esta revista y otros mediosde comunicación, circunstanciademasiado incómoda para Zarzuela, quehabría forzado tan drástica decisión de

Urdangarin. Para que la mancha en laimagen de don Juan Carlos no fuera amás, ahora el yerno real másemprendedor se va a dedicar al fomentodel deporte como herramienta para laintegración social, una actividad quesuena mejor que la de beneficiarse decontratos millonarios con los gobiernosbalear y valenciano que le han permitidoadquirir una mansión de más de seismillones de euros en la que ya hancomenzado a instalarse los duques y suprole».

Aquella no era la primera vez que unmiembro de la familia real trataba depresionar al director de El Siglo. Me

cuenta García Abad que un par de añosantes fue el rey directamente quien sequejó al entonces presidente delGobierno, José Luis RodríguezZapatero, de que la revista desarrollabauna línea editorial muy crítica para lamonarquía. «No es que dijera quetomara medidas contra mí, sino que mellamara al orden. Y Zapatero respondióque él no me controlaba, que la revistano era del PSOE y que yo, aunque teníauna ideología progresista, era unapersona independiente, sin que sobre mípudiera haber el más mínimo control».Según García Abad, el mensaje de donJuan Carlos le llegó por dos vías: la

primera, por un ministro de Zapatero, aquien el presidente del Gobierno lehabía contado su conversación con elrey; y la segunda, a través de unaperiodista que hacía informaciónfrecuente relacionada con La Zarzuela ymantiene una buena relación con elmonarca. «Los dos mensajes venían aincidir sobre tres puntos similares. Elprimero era expresarme que lo que yohabía escrito en el libro La soledad delrey fue duro pero que algunas cosas lehabían hecho meditar. En este sentidoreconoció que las críticas estabanplanteadas desde mi afán por elperfeccionamiento de las instituciones.

El segundo mensaje era que él aceptababien la crítica, pero que la reina estabadesolada por mis indiscrecionesrespecto a Marta Gayá, amiga delmonarca. Y el tercero —y fundamental— que quería enterarse de si yo iba aseguir insistiendo sobre el mismo tema.Hice notar que a lo único que podíaresponder era al tercer punto, porque losdos primeros eran observaciones. Y loque dije fue que tampoco es que tuvierauna fijación con ese asunto, que yoescribía de cantidad de temas, que enese momento no tenía nada más, peroque no excluía hacerlo en el futuro. Elministro me comentó que Zapatero

estuvo muy razonable y dejó claro queno podía presionar a los medios».

El 22 de febrero de 2012, un díaantes de que el duque de Palmadeclarase por segunda vez en el juzgadode Palma, el periódico The New YorkTimes desveló que el entorno de laCorona había ejercido presiones sobredirectivos de varios periódicos y sobrequienes filtraron los últimos correos deIñaki Urdangarin. El diario neoyorquinoaseguró que el rey y sus cortesanoshabían estado trabajando de «modoagresivo» para contener el daño delproceso judicial del esposo de la infantaCristina y apuntó a don Juan Carlos, sus

auxiliares y los servicios secretosespañoles como las personas queejercieron presiones sobre losresponsables de algunos medios pararebajar el tono de la cobertura sobre lacorrupción. El artículo sondeó adirectivos de los diarios ABC y El País,que negaron haber recibido presionesdurante los días precedentes.

Capítulo III

ODIO AL DELITOY COMPASIÓN AL

DELINCUENTE

El primer banquero enla cárcel

Audiencia Nacional, calle de García deGutiérrez, número 1, en Madrid. Lunes1 de diciembre de 1997. Diez horas ydoce minutos de la mañana.

Un BMW azul, con cortinillasoscuras en las ventanillas traseras, frenóante una de las entradas de la AudienciaNacional en Madrid. Instantes después,Mario Antonio Conde Conde, impecableen su traje gris marengo y corbata azul,descendía del vehículo acompañado desu secretaria personal, Paloma Aliende,

y un guardaespaldas. A diferencia deotras ocasiones, no hubo casi vítores alas puertas de la sede judicial. Losgritos de admiración solo provinieronde un par de gargantas, perdidas en elmaremagnum de micrófonos, flashes,cámaras y libretas del centenar deredactores que se agolpaban en lapequeña calle donde se erige el sobrioedificio de la Audiencia Nacional. Antelos tímidos aplausos, Mario Conde nogiró el rostro, ni siquiera cuando unreportero de Caiga quien caiga leofreció unas gafas oscuras, como eracostumbre en aquel programa detelevisión. En su cabeza seguramente

resonaban las palabras que, según él, ledijo a su mujer y a sus hijos antes de queempezara el juicio: «Hemos pasado uncalvario de cuatro años, ¿qué nosqueda? O un año o siete años. Algeneral Armada le condenaron acuatrocientos y a los cinco quedó libre.En el peor de los casos, yo concincuenta y cinco de edad quedaré librey empezaré a dar guerra».

Aquel 1 de diciembre habíaamaneció soleado, aunque frío. A eso delas siete y media de la mañana ya habíaperiodistas a las puertas de la Audienciapara recoger la acreditación que lespermitiera entrar a cubrir el juicio

contra los antiguos gestores de Banesto.A las ocho en punto, agentes de laPolicía comenzaban a repartir eldocumento acreditativo por rigurosoorden de llegada.

El expresidente de Banesto hizo suaparición dieciocho minutos antes de lahora fijada para el juicio (las diez ymedia de la mañana). Era uno de losprimeros acusados del escándaloBanesto en llegar y parecía que teníaprisa, tal vez porque sabía en carnepropia cómo se las gasta la justicia. Noen vano, meses antes fue condenado aseis años de cárcel por el caso ArgentiaTrust y ya sabía lo que era pisar la

cárcel.A las puertas de la sala donde se iba

a celebrar el juicio esperábamosacusados y acusadores, abogados yclientes. Dentro, todo dispuesto.Minutos antes de la hora señalada, elpresidente del tribunal, Siro García, quepermanecía abajo con los otros dosmagistrados, Antonio Díaz Delgado yJosé Antonio Choclán, subió a sudespacho. «Esperamos empezar enhora», fue lo que dijo con toda latranquilidad del mundo a losperiodistas, según recogieron lascrónicas de la época. A las diez y mediaen punto los jueces estaban ya en su

lugar. Los fiscales Luis López Sanz yJavier Sánchez Junco, a la derecha deltribunal, también preparados. Entramosinmediatamente los abogados de lasacusaciones hasta completar veintidósletrados. Yo, recién comenzada miandadura en el ejercicio del Derecho,estaba entre ellos como abogada de laacusación popular en representación dela Asociación de Usuarios de ServiciosBancarios, más conocida comoAusbanc. Acto seguido hubo revuelo,según contaron los artículos quepublicaron los periódicos al díasiguiente. El pasillo de la sala recibióuna ola incontenible de abogados y

abogadas togados: los nada menos queveintisiete abogados de la defensa delos acusados. A decir de todos, la crèmede la crème de la profesión. Hubo queañadir un banquillo a los tres previstospara los once acusados. El secretariodel Tribunal, Joaquín Casinello, empezóa gritar los nombres de los acusados.

—Mario Conde.El banquero acusado entró y tomó

asiento en el lugar que le indicó eloficial. Le siguió Enrique Lasarte, quese sentó junto a Conde. Quedaba untercer sitio a la izquierda de este. Fuepara Francisco Javier Sitges, otro de losamigos del rey, expresidente de

Asturiana de Zinc y testaferro de MarioConde. Paco Sitges entró, vio alexpresidente de Banesto en el primerbanquillo y amagó con sentarse detrás,en el segundo. No quería ver ni enpintura al principal acusado.

—No, aquí no. Usted debe ir allí —dijo el oficial indicándole el sitio a laizquierda del principal acusado en elcaso Banesto. Sitges no tuvo másremedio que hacerle caso.

Rafael Pérez Escolar, que ya sehabía quitado su inconfundible sombrerogris, se sentó en el centro de la segundafila, flanqueado por Arturo Romaní yRamiro Núñez. Tras ellos, Fernando

Garro, Juan Belloso y Eugenio MartínezJiménez. La última fila, para MarianoGómez de Liaño, que no distendía sugesto adusto, y Jacques Hachuel, que seestiró hacia atrás y se repantigó en elbanquillo apoyando sus codos en él.Para todos ellos, el fiscal solicitabapenas que sumaban un total de 145 añosde cárcel. Enfrente, los magistrados: elpresidente Siro García, flanqueado a suizquierda por el ponente José AntonioChoclán, y a su derecha por AntonioDíaz Delgado. Los jueces mirabanasombrados la romería de togas negras.

A las once en punto, el primerreceso. El vestíbulo de la planta baja de

la Audiencia Nacional se llenó porcompleto. Pese a todo, el ambiente eradistendido, con abogados de lasdefensas y de las acusaciones enanimada tertulia. El recreo se acabóunos minutos después. La ola de togasnegras volvió a acomodarse, ahora yacasi de forma automática, en suslocalidades. Siro García dio la orden ycomenzó el rosario de peticiones decuestiones previas. Tras el fiscal —quepidió a la Sala la admisión de trecenuevos testigos— llegó mi turno. Loutilicé para solicitar que se modificasenlas medidas cautelares impuestas sobreMario Conde, con el argumento de que

de las investigaciones judiciales sedesprendía que el exbanquero gozaba deuna «holgada situación económica» quepodía favorecer su fuga al exterior.Después de mí usaron la palabra elrosario de acusaciones y abogadosdefensores. Enérgico fue el envite deJuan Sánchez Calero, el defensor deMario Conde, al exhibir el arma clásicade que la apropiación indebida habíaprescrito y, por lo tanto, debía llegar elsobreseimiento para su cliente. Seequivocaba y así lo reconoció eltribunal. Para ese tipo de delitos laprescripción no son cinco sino diezaños.

A las dos en punto acabó la sesión.Mario Conde, serio, salió con rapidez.Al igual que a la llegada, volvía ademostrar que tenía prisa. La crème dela crème de la profesión desalojó lasala como había entrado: en tropel. Losfiscales y magistrados prefirieron unaretirada discreta. «Hasta mañana a lamisma hora», se despidió el presidentedel tribunal.

Durante la segunda jornada deljuicio hubo más revuelo. La defensa deMario Conde y el presidente del tribunaltuvieron su primer encontronazo, cuandoel abogado Sánchez Calero solicitó lanulidad de las actuaciones por entender

que el juez instructor, Manuel GarcíaCastellón, fue seleccionado de manerairregular para hacerse cargo del caso,violando el derecho al juezpredeterminado por ley. El letradosubrayó que García Castellón fue«deliberadamente elegido por lasrazones extrajurídicas que fueran parainstruir la querella y había que asegurarque el reparto cayera en el magistrado».Sin que casi terminara la frase, SiroGarcía le interrumpió:

—Señor letrado, le ruego que apoyeesa posición tan desconsiderada con elsistema jurídico español con detalles yfortaleza.

—Lo haré —replicó el abogado sinperder la calma.

—Espero que sea consistente,porque si no el tribunal tomará lasmedidas que considere pertinentes.

El letrado se limitó a informar que eljuez García Castellón había sidonombrado en comisión de servicios porel Consejo General del Poder Judicial el25 de octubre de 1994 para apoyar aljuez Miguel Moreiras en el JuzgadoCentral de Instrucción de la AudienciaNacional número 3. Y que, claro, laquerella del Ministerio Fiscal contraMario Conde y los exadministradores deBanesto fue presentada dos semanas

después, el 14 de noviembre de 1994.Según explicó el defensor, el derecho aljuez natural o predeterminado por leyquedó vulnerado. El abogado no añadiódetalles ni pruebas, según le habíasolicitado el presidente del tribunal.Antes de finalizar el punto del juezpredeterminado por ley, intentó mitigarsus palabras: «No está en el ánimo de ladefensa hacer imputación alguna alsistema jurídico español, sino referirseal caso».

Sin embargo, el letrado de Condeomitió algunos hechos en su narración.La película completa es diferente. Elprimero de los hechos: Manuel García

Castellón no cayó como paracaidista aljuzgado de Miguel Moreiras el 25 deoctubre de 1994, sino que ganó la plaza,en 1993, para sustituir al juez BaltasarGarzón y se hizo cargo de su juzgado, elnúmero 5, el 30 de septiembre de1993.Cuando Garzón regresó a supuesto, el 18 de mayo de 1994, GarcíaCastellón fue designado a depender dela Sala de Gobierno de la AudienciaNacional hasta nuevo destino. El 20 demayo de 1994 —y no el 25 de octubre,como pretendió, vendiendo gato porliebre, Juan Sánchez Calero— el juezGarcía Castellón fue adscrito al Juzgadode Instrucción número 3 con el apoyo

del titular, Moreiras. Más tarde, el 25 deoctubre, la Comisión Permanente delCGPJ le nombró en comisión deservicio para ocuparse de asuntos denuevo ingreso en el juzgado número 3.

La vista oral se prolongó durantedos años y hubo de todo: tensión,nervios, anécdotas y el reconocimientode alguna mentira, como el queprotagonizó Mario Conde el 10 demarzo de 1998, día en el que terminóasumiendo que la apropiación detrescientos millones de pesetas fuedebida a una entrega a Adolfo Suárez,expresidente del Gobierno, para supartido político, el Centro Democrático

y Social (CDS), en los primeros mesesde 1989, por sus gestiones ante el Bancode España. El exbanquero —que quincedías antes había ingresado en la cárcelde Alcalá-Meco para cumplir lasentencia del caso Argentia Trust—confesó haber mentido al juez ManuelGarcía Castellón al negar los hechos endiciembre de 1994, por estimar que alno haber pruebas el asunto seríaarchivado. Suárez negó la víspera haberrecibido el dinero y se ratificó en sudeclaración ante el juez.

—En enero de 1989, ¿ordenó usted aMartín Rivas la extracción de 150millones de la caja del banco? —

preguntó el fiscal al expresidente deBanesto.

—Definitivamente, rotundamente no.Nunca le he ordenado que retire dinerode la caja. Lo que sucedió es una cosadistinta —respondió Mario Conde.

—¿Qué sucedió?—Con el permiso del presidente, lo

que dije en la instrucción no esexactamente lo que sucedió. Definitiva,rotunda y absolutamente, no ordené elretiro. No es absolutamente cierto todolo que dije al juez instructor. Sí algo delo que dije. En ningún momento mequedé con 100, 150, 300 o 2 pesetas deese dinero. En 1988, cuando iniciamos

la fusión con el Banco Central, esto nofue recibido con alborozo por elgobernador del Banco de España,Mariano Rubio. El propio presidente delBanco Popular, Luis Valls, me dijo quesaldría mal. Se desata una guerra.Determinados accionistas del BancoCentral agrupados en Cartera Central seopusieron a la fusión. Miguel Boyer esnombrado presidente de Cartera Centralcon el fin de presidir el nuevo banco quesurja de la fusión Banesto-Central.

—¿Qué tiene esto que ver con los300 millones?

—Aparecen de la mano de FernandoGarro dos personas: Antonio Navalón y

Diego Selva. Yo no tenía experiencia enel sector bancario y Navalón me diceque me hace falta un soporte político. Yme sugiere a Adolfo Suárez, de quienera amigo.

Entre las muchas anécdotas destacopor su tensión la que se produjo el 19 deoctubre de 1998. Eran casi las cinco ymedia de la tarde y comparecía elsegundo testigo del turno vespertino,Rosa María Carreño. Los nervios delbanquero, que eran algo habitual en lassesiones del juicio, se desbocaron justocuando declaraba la presunta testaferrodel entonces presidente de Banesto, quehabía acompañado el interrogatorio con

aspavientos y algún que otro soplo a latestigo, hasta que Siro García intervino.

—Señor Conde, retírese de la salahasta nuevo aviso —dijo en un tonoserio, ante la sorpresa del exbanquero,que dudó algunos segundos.

—¿Se refiere a que debo abandonarla sala o no?

Tras un breve receso al finalizar ladeclaración de Carreño, Conde volvió asu puesto en la sala y se disculpó.

El 31 de marzo de 2000 —seis añosdespués de la intervención de Banesto ydos desde que empezó el juicio oral—la Audiencia Nacional dictó sentencia.Conde recibió una pena por apropiación

indebida y estafa de algo más de 10años. A su hombre de confianza, ArturoRomaní, se le impuso una condenamayor (13 años y 8 meses). Elexconsejero Rafael Pérez Escolar y elexdirector general Fernando Garro sequedaron en 6 años por los mismosdelitos. Absueltos fueron los otros sieteexcolaboradores imputados. Loscondenados debían pagar a Banesto7200 millones y varios de sus bienesfueron expropiados. «No se trataba —escr i b i ó El País en un editorialpublicado al día siguiente— de audacese incomprendidas operacionesfinancieras cargadas de futuro; tampoco

de simple imprudencia temeraria. Losartificios contables desplegados porMario Conde y sus cómplices eran unsimple ejercicio de encubrimiento deoperaciones destinadas a enriquecersepersonal e ilegalmente a cuenta delbanco que dirigían. Ya no es una opiniónmás o menos fundada, sino unaconclusión que se desprende de lasentencia de la Audiencia Nacionalsobre el caso Banesto. Es decir, sobre larelación entre el agujero descubierto enesa entidad tras su intervención y elenriquecimiento de algunos de susgestores. El héroe de quieneshagiográficamente consideraron que la

intervención obedecía a un impulsopolítico ha resultado ser un estafador.De nueve operaciones enjuiciadas, lasentencia estima con contenido delictivosiete, aunque algunas de ellas lasconsidera prescritas o sin tipo penalaplicable conforme al anterior CódigoPenal».

Las condenas a Conde y el resto deimputados fueron bien acogidas por losrepresentantes políticos de las fuerzasmayoritarias. «Satisfacción mesurada»fue el término utilizado por los dosgrandes partidos, tras subrayar que elfallo confirmaba el buen funcionamientodel Estado de Derecho. En cambio, la

tercera fuerza política —IzquierdaUnida—, los sindicatos y lasasociaciones de consumidores loconsideramos «corto e insuficiente».«Ha sido un jarro de agua fría», declaréentonces a los medios de comunicacióna las puertas de la sede judicial. Esemismo día y en nombre de la asociaciónde usuarios para la que colaborabaentonces (Ausbanc), presenté un escritoen la Audiencia Nacional con elobjetivo de reclamar prisión provisionalpara Mario Conde o, en su defecto, unafianza de mil millones de pesetas.

Años después —a principios de2013— fui protagonista involuntaria de

una curiosa anécdota en las redessociales. El actual adjunto a lapresidencia de Ausbanc, Ángel MaríaGaray, que entonces ni siquieratrabajaba para la asociación, envió a lasecretaria personal del exbanquerocondenado, con copia al propio MarioConde, el siguiente mensaje en Twitter:«Montse Suárez fue elegida comoabogada florero en el caso Banestoporque iba a ser un juicio largo. Paraque estuviera en el candelabro [sic]».Sí, señor. Aquello fue todo un ejerciciode señorío y respeto al trabajo ajeno,que dice muy poco de la agrupación deusuarios y de quien la dirige manu

militari desde hace más de veinte años.La sentencia dictada el 29 de julio

de 2002 por el Tribunal Supremo sobreel escándalo Banesto cerró casi ochoaños de instrucción judicial con unnotable endurecimiento de las penasimpuestas en su día por la AudienciaNacional. El Supremo partió, como eslógico, de los hechos declaradosprobados por la Audiencia Nacional enla primera sentencia sobre el caso, perointrodujo algunas valoraciones jurídicasnovedosas. La más interesante fue ladimensión delictiva que el Supremootorga a los artificios contables llevadosa cabo para ocultar al Banco de España

la verdadera situación de Banesto antesde su intervención. Otra novedad era elcarácter de delito continuado queatribuyó a una de las apropiacionesindebidas imputadas a Conde. Así, elfallo del Alto Tribunal elevó la condenaa Conde de diez a veinte años y dosmeses. Y ello porque el Supremoconsideró que la retirada de trescientosmillones de pesetas de las cajas deBanesto —cantidad que Conde alegóhaber entregado al expresidente Suárezpor una supuesta mediación ante elgobernador del Banco de España, perocuya entrega nunca acreditó— constituyóuna apropiación indebida continuada y,

por lo tanto, no prescrita. La AudienciaNacional estimó que esa apropiación fueun solo delito ya prescrito al dictarsentencia. Esta calificación supuso paraConde una pena adicional de seis años yun día.

Es cierto que el Supremo cerró lainstrucción, pero el caso sigue abiertocasi veinte años después, ya que elexbanquero estafador aún no haliquidado todas sus deudas. Segúnpublicó el suplemento Crónica deldiario El Mundo el 14 de octubre de2012, a Mario Conde y Arturo Romaní(solidariamente) les quedan por pagar,«céntimo arriba, euro abajo», quince

millones de euros para rescindirdefinitivamente las obligaciones ydeudas contraídas con Banesto. «Deudasimpagadas, sentencias incumplidas ypropiedades decomisadas —se señalabaen el artículo de Crónica— es lo quetiene que aclarar todavía el gallego».Esta cantidad —15 millones de euros—resultaría de restar a los 22 millones elpago ya realizado desde entonces: unos7 millones. Según la sentencia de laAudiencia Nacional, Conde y Romaní«se aprovecharon en su propio beneficiode fondos depositados en cuentascorrientes» y con esos fondos«adquirieron diferentes terrenos y

bienes inmuebles». Se trataría de cincofincas, tres en Pollença (Mallorca) y dosen Sevilla. Sobre estos bienes se ordenóel decomiso en sendas resoluciones dela Sala de lo Penal de la AudienciaNacional, de fecha 12 de mayo y 1 deoctubre de 2012. Conde se apresuró anegarlo todo: «El auto de la AudienciaNacional es nulo de pleno derecho.Sobre las fincas sevillanas se discuteuna llamada “tercería de dominio”porque desde el año 1990, una vez quese disolvió la sociedad de ganancialescon mi primera esposa, el inmueblepertenece a la sociedad Los Carrizos,con lo que personalmente no tengo nada

ver. Mientras que las fincas de Mallorcapertenecen a una sociedad radicada enLuxemburgo con la que tampoco tengovinculación». La Audiencia Nacional noopinaba lo mismo. Fuentes de esetribunal consultadas por el suplementod e El Mundo confirmaron que estasactuaciones pretendían levantar el velosobre la titularidad real de dichosbienes, que son disfrutadospersonalmente y gestionados por elentorno familiar de Conde.

Más escandalosas, si cabe, que lasdeudas impagadas son las sentenciasincumplidas. Aunque fue condenado aveinte años de cárcel por el escándalo

Banesto y a cuatro por el caso ArgentiaTrust, Mario Conde cumplió algo másde cinco en diferentes tandas: tres entre1994 y 2002 y dos más hasta llegar a2005. La víspera de Nochebuena de1994 ingresó por primera vez en laprisión de alta seguridad Madrid IIAlcalá-Meco y salió a la calle en enerode 1995. El 23 de julio de 2005, graciasa «una especie de tercer gradoencubierto» (pernoctaba de lunes aviernes en el centro penitenciario ydisponía de permisos de fin de semanaalternos) se cerró, tras casi tres años, suúltima estancia carcelaria. El 11 denoviembre de aquel año la Dirección

General de Instituciones Penitenciariashizo efectivo, a propuesta de la Junta deTratamiento, el tercer gradopenitenciario y Conde pudo pasar fuerade la prisión todos los fines de semana ydisponer de 48 días de permiso anuales,frente a los 36 que tenía en la anterior.

En resumen: 15 millones de eurostodavía pendientes de pagar a Banesto,algo más de 5 años de cumplimientoefectivo de cárcel por dos condenas quesumaban más de 26 años y el disfrute debeneficios penitenciarios, como laconcesión de una especie de tercergrado encubierto. Conclusión: le salióbarato apoderarse de 22 millones de

euros de la entidad bancaria quepresidía. La pregunta recurrente duranteestos años ha sido si el rey de Españaintentó interceder por su amigo MarioConde. Respuestas para esa preguntahay muchas. Lo que es un hechoincontestable fue la amistad entreambos. Requiero a José García Abadque me aclare la cuestión y me remite asu libro La soledad del rey: «No fue elbanquero gallego una de las amistadespeligrosas de don Juan Carlos, fue lamás peligrosa, la más comprometedora.Compartió el destino carcelarioinquietante para la monarquía con otrosfinancieros que integraron la corte de

los negocios de Juan Carlos I: ManuelPrado y Colón de Carvajal, Javier de laRosa, José María Ruiz Mateos,Francisco Sitges, Zourab Tchokotua,Alberto Cortina y Alberto Alcocer.Conde superó a todos en ambición. Nobuscaba prioritariamente forrarse a lasombra del monarca, como ManuelPrado o Zourab Tchokotua; tampoco erasu principal objetivo, aunque sí uno deellos, como lo fue para Javier de laRosa y Ruiz Mateos, protegerse tras elescudo real en su aventurada forma deconcebir los negocios; ni siquierabuscaba beneficiarse del prestigiosocial de cazar, esquiar, navegar o

divertirse con el monarca, como losAlbertos, Miguel Arias y tantos otros.Su objetivo supremo, aunque insisto noel único, consistía en obtener delmonarca el poder político por detrás dela urnas».

Mario Conde cuenta que conoció alrey al poco tiempo de aterrizar enAntibióticos, la empresa farmacéuticade Juan Abelló, en 1984, con ocasión deuna regata en la que participaban ambos,cada uno en clases diferentes. «Don JuanCarlos me dijo que subiera a Marivent adesayunar con él. Me quedé algoacojonado porque no esperabasemejante invitación y, además, no tenía

la menor idea de qué podía querer elmonarca de mí, un tipo listo y rico, peroeso era todo. Bueno, todo no, porqueera, además y por encima de cualquierotra consideración, abogado del Estado,que eso en este país era mucho. […] Norecuerdo en absoluto de qué hablamos.Si me hubiera propuesto ser presidentedel Gobierno, por ejemplo, o siquierasubsecretario de Justicia, me acordaría.Pero como nada de eso sucedió, como laconversación, por amable que fuera, nosuperó la media de la normalidad, mequedé con lo menos corriente, y esto era,precisamente, el hecho de estar allí, enaquel lugar, sentado a aquella mesa, a

solas con el rey. […] Al concluir, untipo alto, de buena facha, vestido conbermuda y camiseta con inscripciónmarinera, nos saludó. Me lo presentó elmonarca y pronunció su nombre, pero nolo retuve porque era bastante raro paralos estándares hispanos. Al cabo deunos años supe que le llamaban príncipeChocotua [sic], una persona que no sédónde tenía el principado, pero que gozóde cierta notoriedad hasta que loimplicaron en relaciones con el rey decorte económico y eso, junto con losamoríos, son caldos en los que fermentael escándalo con velocidad y voracidadinigualables», relata el exbanquero en su

libro autobiográfico Los días de gloria(editado por Planeta en 2010).

El asalto de Conde a La Zarzuelaprodujo uno de los momentos máscomprometidos para la Corona,iniciándose así un proceso todavíaincipiente de deterioro de la situación.José García Abad lo compara con ungolpe de Estado como el del 23-F, engrado de frustración, eso sí. En suopinión fue, en efecto, un golpe depalacio que podía haber llegado amayores si el rey hubiera apoyado lasincitaciones de Conde a dar un paso quedepararía un verdadero golpe de Estado.«El asalto a la voluntad de don Juan

Carlos —señala el autor de La soledaddel rey— fue una obra maestra deplanificación, de audacia y demeticulosa ejecución. Atacó laciudadela por medio de regalos yhalagos. Su jugada maestra fue laseducción de su padre, un don Juan queno pudo ser Juan III. Explotó sabiamentela amargura del conde de Barcelona y lamala conciencia del hijo, al que parecíaatormentarle el salto dinástico exigidopor Franco». Jaime Peñafiel me cuentaque «en aquellos años don Juan Carlosparecía solo ver por los ojos delbanquero, quien, todo hay que decirlo,prestó “grandes servicios” a Su

Majestad, nombrando presidentes deempresas de Banesto a quien el rey lepedía». Francisco Sitges fue uno deellos, entregándole la presidencia deAsturiana de Zinc.

Fruto de aquella influencia sobre elmonarca fue la arbitraria destitución deSabino Fernández Campo como jefe dela Casa del Rey y su sustitución porFernando Almansa, amigo y compañerode estudios del expresidente de Banesto,todo ello atribuible a las malas artes deMario Conde, que escribe sobre ello ensu libro de memorias sin ningún recato.Muchos se preguntan ahora si elexbanquero hubiera redactado ese libro

si el general siguiera vivo. Como eslógico, la pregunta no tiene respuesta.Lo que sí queda claro en la obra es lacrueldad de Conde con la figura deFernández Campo, quizá motivada porel apoyo que el entonces jefe de la Casadel Rey prestó a los Albertos en sulucha contra el presidente de Banesto.«Le conocí —relata en Los días degloria— en casa de José Antonio MartínAlonso-Martínez. Cenamos los tres.Mientras permanecimos sentadosalrededor de la mesa, sucomportamiento fue sereno, tranquilo.[…] Concluida la cena, nos sentamos atomar una copa en el rincón que nos

preparó José Antonio. La conversacióngiró hacia el rey y en ese instante, antemi asombro, Sabino se transformó. Sucara tensó los músculos, sus ojos seinundaron en brillo. Habló del rey sin elmenor recato. Por supuesto que un jefede la Casa del Rey ni puede ni debehablar así, ni siquiera de manerainfinitamente más liviana». Mario Condeno comentó con el rey los términos deaquella cena. Lo que sí hizo añosdespués fue hacer responsable al generalde que El Mundo publicara que los«efluvios amorosos» habían hecho quedon Juan Carlos se ausentasemisteriosamente de España durante una

semana sin informar previamente algobierno de España, con la consiguientedejación de sus funcionesconstitucionales. Al parecer, don JuanCarlos se encontraba en Suizaatendiendo a su amiga Marta, internadapor depresión, en un momento crítico.Francisco Fernández Ordóñez se hallabaentonces en fase terminal y se necesitabala firma del monarca para cesarle ynombrar a su sucesor como titular delMinisterio de Asuntos Exteriores.

Conde cuenta en sus memorias latraición a Sabino: «Le relaté [almonarca] mis conversaciones con PedroJ. Le dije que el director de El Mundo

había hablado con Sabino. El rey sequedó impactado pero silencioso.Avanzamos muy despacio por tanpeligroso y resbaladizo terreno.Comprobar este dato de manera frontal ydirecta seguro que provocó en elmonarca el convencimiento de que entresu jefe de Casa y él se había producidouna ruptura, o al menos una fisura dealgo sagrado: la confianza».

Peñafiel sostiene la siguiente teoríasobre el asunto: «El cortesano siemprees una persona honorable, porque diceaquello que al rey le gusta oír. SabinoFernández Campo fue la lealtad hechaser humano. Pensó que su obligación

como jefe de la Casa del Rey era deciraquellas cosas que nadie se atrevía adecirle al monarca. Llegó un momentoque el rey pensó que era una moscacojonera. El rey se sentía incómodo.Llega un momento que don Juan Carlospensó que siempre había tenido tutelas:primero había sido su padre, despuésFranco, luego el duque de la Torre, mástarde el marqués de Mondéjar y, porúltimo, Sabino. La lealtad es necesariapero, a veces, es incómoda. MarioConde influyó en el rey para queprescindiera de Sabino. Don JuanCarlos ya lo tenía decidido antes de queinterviniera Mario Conde, porque se

había vuelto un personaje incómodo.Llegó Mario Conde y el monarca pensó:“Este es el momento”».

Despejados, como diría Peñafiel,los obstáculos incómodos, Mario Condeterminó convirtiéndose en el banqueroprivado del rey, como antes lo habíasido una figura mítica de la bancaespañola, Alfonso Escámez,expresidente del Central-Hispano. Esaetiqueta de «banquero real» trajoprestigio para Conde y quebraderos decabeza al monarca. Relata ErnestoEkaizer en Vendetta (editado por Plaza& Janés en 1996) que existían doscuentas en Banesto que preocupaban a

Conde el día después de que seconsumara la intervención de Banesto. Ylas dos pertenecían al rey. La primera(la número 8317-172) fue abierta en1989 en la sucursal del paseo de laCastellana número 7 para que don JuanCarlos comprara acciones de Asturianade Zinc, por indicación de FranciscoSitges y por un montante de 200millones de pesetas. Cuando el Bancode España intervino Banesto, la cuentatenía un descubierto de 150 millones depesetas, según Ekaizer. Al día siguienteel presidente de la entidad dioinstrucciones para que se cubrierasemejante descubierto. Se recurrió para

ello al Sindibank, cuyo presidente, trashablar por teléfono con el rey, queesquiaba en Baqueira Beret, depositólos 150 millones en Banesto y abrió a SuMajestad una cuenta de crédito por lamisma cantidad en su banco.

Ekaizer menciona otra segundacuenta en Banesto (la número 148963-172), que Mario Conde abrió en abril de1993 a nombre de don Juan Carlos sinque pasase a la firma real. Con esacuenta se compraron derechos de laampliación de capital en Banesto yacciones en esa entidad por un total de202 millones de pesetas. Acciones yderechos fueron vendidos en mayo por

227 millones, obteniéndose unaplusvalía de 25 millones. En octubre seadquirieron con cargo a esa cuentaacciones de distintas compañías por unmontante de 1528 millones de pesetas,que proporcionaron al monarca pocosdías después 100 millones en plusvalías,según señalaría la Casa del Rey a lanueva dirección de Banesto tras laintervención.

Con estos precedentes, ¿esdescabellado pensar que el rey pudohacer gestiones para ayudar a MarioConde en sus problemas con la justicia?La primera respuesta nos la da RaúlHeras en su obra La Cacería (Temas de

Hoy, 1995). Cuenta este periodista queel abogado Rafael Pérez Escolar(también condenado por el casoBanesto) dirigió un memorando al reypor medio de un ministro de Franco. Larespuesta real a ese memorando, segúninformó Enrique Lasarte (el últimoconsejero delegado antes de laintervención de Banesto) a los reunidosun día en su casa —entre los que estabanLourdes Arroyo, la primera esposa deConde— fue la siguiente: «Su Majestadconsidera que el juez y abogado [PérezEscolar] es de los pocos españoles queen todo momento se han mantenido fielesa él. Sobre Mario expresa palabras de

afecto. Dice que va a hacer todo loposible por ayudar».

A García Abad le cuesta pensar,según me dice, que el rey haya llamadoalguna vez a un juez para influir en unasunto judicial. «Lo que sí creo —subraya— es que se produce unacomplicidad de determinados juecespara no cebarse con los amigos del rey.Es pura intuición mía, pero consideroque, a veces, se ha hecho la vista gorda.Mi impresión es que el monarca se habeneficiado de la complicidad demuchos estamentos, desde la prensa —donde ha habido una especie deautocensura y se le han reído todas las

gracias— hasta la judicatura, no sé sipor tener la sensación de que la Coronano estaba lo suficientementeconsolidada, porque era flor deinvernadero y más valía no menearla opor la simpatía del monarca, que es ungenio para la seducción de la gente».

Para García Abad, «de lo que no hayduda es que el rey intentó mediar —nocon los jueces—, aunque ciertamente nocon mucho énfasis, antes y después de laintervención de Banesto». Por su parte,Ernesto Ekaizer relata en su libroBanqueros de rapiña. Crónica secretade Mario Conde (editado por Plaza &Janés en 1994) los acontecimientos

durante el día de la intervención deBanesto, el 28 de diciembre de 1993:«Mario Conde seguía esa mañana tras lapista del rey Juan Carlos. Hacia el filode la medianoche del día anterior, 27 dediciembre, llamó por teléfono a ManuelPrado y Colón de Carvajal, el amigo delrey, a su casa de Sevilla. Le pidiódisculpas por la hora y le dijo que habíaintentado comunicar sin éxito con elpresidente del Gobierno, lo que eracierto, y que quería hablar con el rey.Prado le dijo que no podía ayudarle aesas horas. En la mañana del martes 28Conde volvió a llamarle. Prado le dijoque si bien el rey estaba en Madrid, se

ausentaría unas horas, y le aconsejó quevolviese a llamar más tarde. Al parecerPrado había hablado con el rey y lehabía informado de la comunicación conConde el lunes 27. Prado interpretó, porlas cosas que le dejó caer el rey, queestaba al corriente de lo que ocurría enBanesto y que mantenía hilo directo conel presidente del Gobierno, FelipeGonzález. Ese martes 28 Condefinalmente no habló con el rey». Ekaizerañade que esa conversación entre SuMajestad y el hasta aquel momentopresidente de Banesto se produjofinalmente durante la mañana del día 29y el monarca le dijo que la víspera había

hablado con González y Aznar. Según elperiodista de El País, don Juan Carlosle aconsejó que respetara la decisión delBanco de España.

Años después, en su libro dememorias, Mario Conde corrige aEkaizer, al asegurar que la conversacióntelefónica con el rey tuvo lugar a lasocho y media de la mañana del día de laintervención, el 28 de diciembre. Segúnel exbanquero fue el rey quien comenzóla conversación en los siguientestérminos:

—Me acaba de llamar el presidentedel Gobierno. No entiendo nada. Medice que van a intervenir Banesto. Le he

pedido que no hagan ningunabarbaridad, que casos como este hanexistido siempre en la banca española,europea y mundial y que se hansolucionado siempre por métodosnormales.

—¿Y qué le ha dicho, señor?—Que no me meta en este asunto,

que me mantenga al margen, que no memeta en temas políticos o algo así.

—Bueno, pues eso, señor:manténgase al margen.

—Pero es que se trata de unabarbaridad.

—Por supuesto, señor, sobre todo sirecuerda que hace unos días vuestra

majestad me informó de que le habíallamado el presidente del Gobierno paradecirle que todo en Banesto iba bien.

—Sí, así es. Me acuerdoperfectamente, por eso no entiendo nada.

—Sí, claro, o quizá se entiende todocon lo que le ha dicho, pero perdóneme.Ya hablaremos. Le tengo que dejarporque tengo por la otra línea alpresidente del Gobierno.

En ese momento Mario Conde cortóla comunicación con el rey y atendió lallamada del presidente del Gobierno.Fue el presidente del Banesto quiencomenzó la conversación.

—Gracias por llamar. Quiero que

sepas que estáis a punto de tomar unadecisión equivocada. Sabes que J. P.Morgan es uno de los bancos másimportantes del mundo y está connosotros y nos apoya […].

—Mira, Mario, yo tengo que fiarmedel gobernador, así que haz todos losesfuerzos posibles para ponerte deacuerdo con él. Ahora me tengo que ir aldentista.

—Sí, claro, presidente, pero es queel gobernador me dijo el día 15 queestaba todo bien. Ten en cuenta aMorgan. Son banqueros profesionales ylos mejores del mundo. Se juegan eldinero y eso es muy importante. Creo

que tienes que escuchar y despuésdecides. Te prometo que si es así, teayudo a lo que sea, pero por lo menosescucha.

—Es que no es eso. No es eso. Hazlo que te diga el gobernador. Lo siento,pero tengo que irme al dentista.

—Bueno, pues muchas gracias.Relata Ekaizer que el lunes 16 de

febrero el rey recibió al entoncesgobernador del Banco de España, LuisÁngel Rojo, para preguntarle por qué nofue posible adoptar ninguna medidaantes de la ampliación de capital delverano de 1990 en Banesto. EnVendetta, otro libro del mismo autor,

Ekaizer narra que a mediados de mayodon Juan Carlos sugirió a FelipeGonzález que recibiera a Manuel Prado,y así lo hizo el día después de lafestividad de san Isidro. El 9 de junio,tres días antes de las eleccioneseuropeas, Aznar recibió al enviado delrey, aunque no fue Prado quien se lopidió al líder de la oposición en aquelmomento. Tuvo que ser un amigo suyo,Javier Arenas, quien hiciera derecadero.

Mario Conde sostiene en Los díasde gloria que, días después del triunfodel PP en las elecciones europeas, se leacercó Manuel Prado para contarle «lo

bien que estuvo el rey en todo esteproceso desde que decidieron intervenirBanesto». «Yo le hice saber que fueronvarias las personas que se acercaron amí a contarme que Su Majestad no habíaactuado con la lealtad que le demostréen muchas ocasiones, pero que no lescreía en absoluto. Manolo insistía enque el momento de la monarquía eraalgo delicado, porque comenzaba aextenderse la versión de que erafelipista, que no servía para nada y quemás tarde o más temprano sedemostraría que también era corrupta».

Años después Luis María Anson mecuenta que el final del banquero se

debió a sus aspiraciones políticas. «Enun momento de crisis económica, conmuchos años de Felipe González enMoncloa y con las dudas que suscitabaAznar, que parecía que no iba a dar latalla, Conde pensó que se podía hacer ungobierno de salvación nacional con ellíder social de España que era él.Empezó a intrigar con Alfonso Guerraen esa dirección. Felipe González montóen cólera, habló con Aznar y le buscaronlas cosquillas en el Banesto, porque elsistema es el sistema y ellos pensaronque Mario Conde estaba fuera delsistema. Tardaron poco tiempo, porqueaquello fue en octubre de 1993 y el día

de los Santos Inocentes de aquel añodesmontaron a Mario Conde. Yo ya lodije cuando le presenté su libro dememorias ante mil quinientas personas:aquello fue una operación política, queno tiene nada que ver con influencias delrey o del no rey. Aquello fue laambición personal de Mario Conde deconvertirse en jefe del Gobierno, y enlugar de hacer la operación a través deuna fuerza política, creyó que podíasortear el sistema y ser una solucióncomo lo ha sido Monti en Italia, porponer un ejemplo. Aquí no solo lascosas no estaban maduras, sino quehabía un jefe de Gobierno, como era

Felipe González, un hombre de Estadode primera magnitud. Aznar entendiódivinamente el asunto y dijeron: “Esteseñor debe estar fuera de aquí, porquenos quiere llevar por un camino que noes el sistema constitucional que hemoscreado”. Fue sin duda una operaciónpolítica para liquidar a Mario Conde»,me relató Anson aquella mañana deabril de 2013 que le entrevisté.

Precisamente, la supuesta operaciónpolítica para derribar a Mario Condefue el eje central de la miniserie de doscapítulos que Telecinco emitió —conescaso éxito de audiencia, por cierto—los días 4 y 11 de julio de 2013. Basada

en su libro de memorias, la tv movieparecía rodada para mayor gloria delantiguo banquero. La película retrataba aMario Conde como un joven heroicoenfrentado al sistema, sin que el hiloargumental tocase ni de lejos ninguna delas cuestiones que determinaron eldenominado Caso Banesto. Nada de laoperación Cementeras, nada de CentroComercial Concha Espina y Oil Dor S.A, nada de los artificios contables, nadade los 300 millones para el CDS… Enresumen, nada que obligara a MarioConde a tener que dar una solaexplicación nueva.

El expresidente de Banesto impuso

sus condiciones para asistir al programadel 4 de julio. Tras su negativa asometerse a un debate con otrosinvitados —con el argumento de que élsolo estaba dispuesto a verse las carascon Felipe González y José María Aznar—, su presencia en el plató quedólimitada a una entrevista conducida porla periodista Ana Rosa Quintana. Alprograma del 11 de julio ni siquieraasistió, pese a que, según la direccióndel espacio televisivo, se habíacomprometido a ello. Tuve el placer deasistir como tertuliana al segundodebate, en calidad de abogada queejerció la acusación popular en el juicio

del Caso Banesto. Mi participación secentró en recordar todas las acusacionespenales contra Mario Conde que lapelícula no incluyó y los millones deeuros que todavía no ha devuelto. Segúnpude comprobar a la finalización delprograma, el exbanquero arremetiócontra mí en las redes sociales mientrasintervenía en el debate. «La rubia mesuena, pero no como abogada. No sébien por qué»; «atención a la rubia… esalucinante lo que dice»; «yo con esaindividua no estoy de acuerdo en nada,ni siquiera en lo que pedía»; «¿qué es loque más enfada a una mujer que se creeatractiva?», «que Telecinco elija como

letrada a esta persona que todossabemos lo que sabemos es pasarse dela raya», escribió en Twitter. En uno delos intermedios del debate y por lamisma vía, pregunté qué era lo queconocía de mí, a lo que contestó que sitenía algo que arreglar, lo hiciera conLuis Pineda. ¡Otra vez salía el nombredel presidente de Ausbanc! Pineda notardó en meter baza en el asunto. Lo hizoal día siguiente, también en Twitter.Dijo que él sí sabía todo sobre mí,terminando con una amenaza: «Así quemejor boca cerradita».

Mario Conde no ocultó su malestartras la emisión del programa. Según él,

la cadena de televisión había censuradouna secuencia de la película,concretamente la que hacía referencia ala llamada del rey por la que leadelantaba la intervención de Banesto.Además, se quejó de que RosaVillacastín aludiera, en una de las piezasgrabadas que acompañaron la tertulia, asu difunta esposa. En una desafortunadaafirmación, la veterana periodista llegóa decir que «el cáncer de LourdesArroyo se lo originaron los problemasque le dio Mario Conde». Durantehoras, el que fuera presidente deBanesto cargó en las redes socialescontra Rosa Villacastín y el periodista

Juan Luis Galiacho, a quien hizocómplice de las declaraciones de sucolega.

Especialmente vejatorio fue el tratoque el expresidente de Banesto medispensó dos días después de la emisiónde la película. El sábado 13 de julio leícon estupor uno de los párrafos de unartículo que el antiguo banquero publicóen la web de Fundación Civil, con eltítulo «El olor del odio de Villacastín,Galiacho y demás gente desalmada».Mario Conde se despachó a gusto contramí con la siguiente afirmación:«Tampoco odia la chica esa conapellido de joyero de clase alta. No. Lo

que le sucede lo aclarará algún díaposiblemente Luis Pineda, que tanto meatacó desde Ausbanc, pero que conocetodas las dimensiones corpóreas yanímicas de esa persona y los motivosque mueven su cuerpo y su alma».Llegados a este punto del relato deboaclarar con resignación que, porsupuesto, Luis Pineda Salido no conoceningún centímetro de mi cuerpo que tapela ropa. ¡Faltaría más! Y no porque nolo intentase con continuas insinuacionese, incluso, con proposicionesdeshonestas. Años después, cuando yahabía abandonado Ausbanc, descubríque compañeras de la asociación habían

pasado por trances semejantes. Ningunade nosotras le llevamos a los tribunales.En lo que a mí respecta, es una espinaque llevaré clavada para siempre. Si lohubiera denunciado, se habría evitado loque vino después.

Contada esa repugnante cuestión,volvamos al blog de Mario Conde. Mequedé de piedra con su lectura. Laprimera sensación fue la de no darcrédito. Del estupor pasé a laindignación cuando me enteré de lo queMario Conde escribió en las redessociales una hora después. Uno de susseguidores se refirió al programaSálvame de Luxe que emite Telecinco

en la noche del viernes, en el que —alparecer, porque no lo vi— se hablóaquel día sobre el sabor del semen deAmador Mohedano, el hermano de latonadillera desaparecida Rocío Jurado.Sin venir a cuento, el expresidente deBanesto preguntó a su interlocutor:«¿Estuvo Montse Suárez en el programade la experiencia del sabor del semenese?». Minutos después, ya sin dirigirsea ninguno de sus seguidores en concreto,volvió a la carga: «Perdonarme (sic) sinninguna intención oculta. ¿Estuvo la“abogada” Suárez en el programa deprueba de sabor a semen de ese que nosé quién es?». Tras recuperarme de la

primera impresión, repliqué a los pocosminutos: «Ante los insultos y vejacionesde @mariocondeconde hacia mipersona, no entraré en susprovocaciones. Ejerceremos accioneslegales». A partir de ahí, pude leer en lacuenta en Twitter del exbanquero unacascada de improperios: «¿Riña yo conMontserrat Suárez? Por favor. Comomucho diputa sic), perdón disputa».«Pido a Dios que no tengáis laexperiencia de ver como miserablescomo Villacastín, Galiacho, Suárezhablan o consienten sobre lo quesabéis». «Voy a ver a mis perros. Nadame agradaría más que acciones legales

de esa mujer Suárez. Aprenderíaiscosas…». «Estoy muy dolido. Cada vezque escribo saltan lágrimas. Encima esamiseria humana de mujer». «Elmiércoles si Dios quiere diré más sobreesta gente. Me encantaría informar sobrelas acciones legales de Suarez». «Uninsulto es decir lo no cierto. Una mentirapiadosa es no contar la verdad. ¿Quiereeso?». «No tiene ni idea. Me dicen enManos Limpias que las manos no estodo el cuerpo». «Cuando ponga lasquerellas anunciadas se distinguiráperfectamente por los de edad, losjóvenes y los niños. Ya verás». «Hanpasado dos días desde la indignidad. Mi

dolor va a más. Miserables Villacastín,Galiacho, Suárez. No pararé porque esjusto».

Dos días después, cuando meencontraba preparando la querella, meavisaron de que Mario Conde me pedíadisculpas. Lo hacía a su manera, pero lohacía: «No tengo nada personal contraM. Suárez pero no me gustan los juiciossectarios. Por eso digo: mis palabras notenían intención de ofenderla. En el temadel cáncer de Lourdes Arroyo, M.Suárez nada dijo, a diferencia deVillacastín y Galiacho. No es justomezclar las cosas», escribió elexbanquero en la red social. Dejé de

redactar el escrito que iba a presentar enel juzgado y lancé en Twitter elsiguiente mensaje: «Acepto larectificación de M. Conde. Espero quealgún día confirme que quien le intoxicó,según refiere en su blog, fue Luis PinedaSalido. También dice M. Conde en sucuenta de Twitter que recibióinformación sobre mí de ManosLimpias. Espero que aclare eseextremo».

Algo tienen en común Mario Condey Luis Pineda Salido. Ambos fueroncondenados por la Audiencia Nacional:el primero, en el año 2000 porapropiación indebida, estafa y falsedad;

el segundo, en 1984 por los delitos derobo y depósito de armas, entre otros.

No era la primera vez que recibíaataques machistas del entorno de MarioConde. El periódico La Gaceta de losNegocios, en el que suele escribir elantiguo presidente de Banesto, publicóun artículo de opinión en febrero de2013 que, con el título «La mujer queperdió su escote», decía lo siguiente:«Al igual que Adalberto von Chamissoimaginó al hombre que perdió susombra, el Cascabel plagiario de lacadena episcopal ha inventado a lamujer que perdió su escote, o sea,Montse Suárez, que para comparecer en

tan pía casa mudó sus habitualmentegenerosos modelos por otro mucho másrecatado, con encajes que perfectamentepodrían haber subido hasta el maxilarsuperior. El próximo día, le sugerimosque lleve mantilla. Más mantilla».Estaba claro que al grupo decomunicación que preside Julio Ariza nosupo encajar que tanto Antonio Jiménez,director y presentador del programa Elcascabel al gato, como yo fuéramoscontratados por 13 Televisión.

El pícaro y el patrónTribunal Supremo, plaza Villa de Paríssin número, en Madrid. Viernes 21 deseptiembre de 2007. Una de la tarde.

Se acercaba el fin de semana y elcalor del último día del verano invitabaal ocio y el esparcimiento. Tal vez poreso no había demasiada expectaciónentre los periodistas acreditados en elalto tribunal, pese a que ese día la Salade lo Penal hacía pública la últimasentencia sobre los juicios pendientes aManuel Prado y Colón de Carvajal —elimputado que más importaba a LaZarzuela, aunque hacía años que no

pisaba el palacio— y Javier de la Rosa.Prueba de aquella falta de interés por elasunto fue que, al día siguiente, todoslos periódicos recogieron la noticia enpequeñas informaciones sin ningúnalarde tipográfico, con titulares aescasas columnas y fotografías dearchivo de De la Rosa. «El Supremoeleva a seis años de cárcel la condena aDe la Rosa por el caso Pincinco», fue eltitular repetido en casi todos los medios.La confirmación de la pena impuesta aManuel Prado —un año de cárcel—aparecía en los párrafos interiores ypoco destacados.

Pese a que el hecho pasó casi

desapercibido en los medios, el fallotuvo mucha importancia, ya que ponía elpunto y final a un rosario de causasjudiciales relacionadas con el llamadocaso Kio, una de las suspensiones depagos más espectaculares de la historiade España, cuya causa se dividió encuatro vistas orales. Además delprimero, que juzgó la estafa de 312millones de euros, los que seexaminaron por separado fueron el casoWardbase, el sumario Icsa-Impacsa, y elúltimo, que agrupó los procedimientosPincinco, Oakthorn, Prima Inmobiliariay Quail-Acie, denominados así por elnombre de las sociedades instrumentales

utilizadas para desviar fondos. Elescándalo Kio tuvo su origen en lainvasión de Kuwait por parte deldictador iraquí Saddam Hussein, lo quemotivó la intervención norteamericana ybritánica para expulsar a los invasores yvolver a instalar a la familia Al-Sabahal frente del emirato. Al final de laguerra se supo que habían desaparecidoalrededor de 1400 millones de eurossegún las cuatro sentencias dictadas(aunque Kio habla de casi mediobillón), que la Kuwait Investment Officemantenía en las cuentas de su filialespañola, el Grupo Torras. La nuevarama de los Al-Sabah, que tras la

retirada iraquí se instaló en el emirato,pronto se dio cuenta de la estafa, acusó aDe la Rosa de apropiarse de más de 100000 millones de pesetas y procedió aquerellarse en Londres y Madrid contrael presidente de Torras en España.

En su declaración jurada ante lacorte de la capital inglesa, De la Rosareconoció haber entregado en su día aManuel Prado y Colón de Carvajal hasta160 millones de dólares. El amigo delrey admitió en sede judicial haberrecibido 100 millones, en dos entregasde 80 y 20, que justificó como «el pagode dictámenes y trabajos de asesoría porél realizados para De la Rosa».

Remarco lo de «amigo» porque así serefirió a él don Juan Carlos cuandorecordaba la misión que le encomendóaños atrás —cuando ni siquiera era reyy el PCE se mantenía en laclandestinidad— para que enviara unmensaje a Santiago Carrillo por la víadel dictador comunista rumano NicolauCeaucescu. «Un amigo muy íntimo […],el único en el que podía depositar miconfianza», le confesó a su polémicobiógrafo José Luis de Vilallonga.

Pero volvamos a la sentencia delSupremo. Para poner en antecedentes allector sobre el fallo del Alto Tribunalhay que remontarse a un año antes —el

26 de junio de 2006—, cuando laAudiencia Nacional, tras años dedilaciones, condenó a cinco años decárcel (la acusación pedía treinta yocho) a Javier de la Rosa, y a uno aManuel Prado y Colón de Carvajal. Eldiplomático retirado vio cómo lasentencia exoneraba de responsabilidadcivil sus más importantes propiedades,por lo que no se vio obligado a pagar losustraído. Las últimas condenas dictadashabían dejado mal sabor de boca a losabogados de Kuwait —que llevabantrece años reclamando la devolución deldinero— y el fallo de la SecciónPrimera de la Sala de lo Penal de la

Audiencia Nacional, presidida por elpolémico Javier Gómez Bermúdez, nofue una excepción. Para disgusto de losrepresentantes de Kio, la condena fuemínima. En aquel último proceso sejuzgaban las operaciones Pincinco,Oakthorn, Quail y Acie, así como lapresunta manipulación de acciones dePrima Inmobiliaria, una de las filialesdel grupo kuwaití en España en ladécada de 1990. La sala solo encontródelito probado en los casos de Pincincoy Oakthorn, mientras que los otros tresse saldaron con la absolución de losacusados.

Uno de los pocos medios de

comunicación que se hizo eco del asuntofue el semanario El Siglo. La crónicaque la revista publicó una semanadespués de conocerse la sentencia de laAudiencia Nacional decía así: «Quienmás satisfecho puede estar del resultadofinal del largo proceso judicial no hahecho declaraciones ni se ha dejado ver.El diplomático retirado Manuel Prado yColón de Carvajal ha visto cómo suúltima cuenta pendiente con la justiciase ha liquidado no solo con una mínimacondena de un año de cárcel, quedifícilmente cumplirá debido a su edad,sino con la liberación de la intervenciónjudicial que sufrían varias de sus más

importantes propiedades para poderhacer frente al pago que una futuracondena le pudiera imponer». Según ElSiglo, «Prado ya dio muestras de sufirme apego a sus posesiones en 2004,cuando prefirió pisar la cárcel antes quedesprenderse de alguna de ellas parapagar los treinta millones de euros quele requería la Audiencia Nacional comoúnica condición para no ingresar enprisión». «Y decimos pisar —añadía elsemanario— porque apenas dos mesesdespués de su ingreso en el penal deSevilla II la Dirección General deInstituciones Penitenciarias leexcarcelaba aplicándole un segundo

grado debido a su avanzada edad [teníaentonces setenta y tres años] y adiversos problemas de salud. Desdeentonces, junio de 2004, Prado cumplesus dos años de condena en firme(ratificada por el Supremo) por el casoWardbase, otra de las piezas delvoluminoso sumario del caso Kio, contotal libertad y la única incomodidad deuna pulsera en el tobillo que le permiteestar permanentemente localizado. Conestos antecedentes y dos años más en sucarné de identidad, a los que habrá queañadir los que tarde el TribunalSupremo en considerar firme la nuevacondena de un año, ya nadie espera que

el conocido diplomático vuelva a verseentre rejas».

Lo que sí esperaba, al menos, laacusación particular era conseguir queel exdiplomático pagase parte de lojurídicamente probado que habíasustraído. Sin embargo, la sentencia selo puso aún más difícil. Manuel Pradotuvo la habilidad de enmascarar sus másimportantes posesiones, entre ellas unaespléndida finca de recreo en elmunicipio onubense de Zufredenominada Dehesa de Juan Esteban,bajo un manto de sociedadesinterpuestas. El golpe a las expectativasde cobro de los kuwaitíes fue

explicitado en la sentencia de laAudiencia Nacional de la siguientemanera: «Estas sociedades [la citadaDehesa de Juan Esteban y otras] noaparecen utilizadas en los hechosprobados; así, aunque resultasen serpropiedad de alguno de los acusados, loque en su caso se podrá resolver en laspiezas de responsabilidad civil, falta lavinculación que el artículo 22 delantiguo Código Penal exige paradeclarar la responsabilidad civilsubsidiaria». Tal argumentaciónsorprendió a los medios decomunicación porque los hechosjuzgados —y condenados— en el caso

Pincinco eran casi idénticos a los de lapieza del caso Wardbase, sentenciadoen firme por el Supremo dos años antes.

En definitiva, se trataba de un dineroenviado por Javier de la Rosa a unacuenta suiza controlada por ManuelPrado como pago a cada una de lassupuestas sociedades fantasma. MientrasDe la Rosa mantenía ante el juez, tantoen el juicio de Wardbase como en el dePincinco, que el motivo de latransferencia eran pagos políticos —entre los que incluía al rey— para que elEstado español apoyase la guerra delgolfo, el diplomático lo negaba yargumentaba que se trataba de supuestas

deudas particulares entre el empresariocatalán y él. Tanto en un proceso comoen el otro, los magistrados no dieroncrédito a ninguno de los dos, ya que —según la justicia— no existía pruebadocumental alguna de sus afirmaciones.Así las cosas, Prado pudo respirartranquilo, al igual que la Casa del Rey:tanto la amenaza de un nuevo ingreso enprisión del polémico amigo del reycomo una indeseada desposesión de susbienes se alejaba casi definitivamente.Y con ella la remota posibilidad de queel nombre de don Juan Carlos volviera apronunciarse en sede judicial.

Pese a todo, la sentencia de la

Audiencia Nacional no logró despejartodas las dudas que planearon sobre lamonarquía durante aquel proceso.Aunque los jueces no dieroncredibilidad a los reiterados argumentosde De la Rosa respecto al destino finalde los muchos millones desviados,tampoco consiguieron establecer a québolsillo fueron a parar. Casi calcada dela doctrina establecida por el Supremoen el ya citado caso Wardbase —elveredicto establecía que a los millonesde la cuenta de Suiza controlada porPrado se les dio «un destino que no seconoce»—, la sentencia de la AudienciaNacional en el caso Pincinco señalaba

que los fondos fueron desviados «engran parte hacia cuentas particulares delos implicados y de personas de suentorno», pero también que «existenpartidas cuyo destino no se conoce».

Un año después de aquello elperiodista Jesús Cacho volvió a sembrarla duda sobre el papel del monarca en elcaso Kio. Cacho relató en su columna deEl Confidencial los siguientes hechos:«Testigo del episodio en las alturas fueSabino Fernández Campo, exjefe de laCasa del Rey, a quien un día el monarcapidió que acudiera al piso que De laRosa solía utilizar durante sus estanciasen Madrid, un hermoso penthouse en el

47 del paseo de la Castellana, para quetransmitiera al catalán el siguienteescueto mensaje:

—Vas a ir a ver a Javier de la Rosaa este número del paseo de la Castellanay le vas a decir que, de parte del rey,todo está arreglado y que muchasgracias.

—Pero bueno —quiso saber Sabino,despistado—, ¿no hay que decir de quése trata?

—No, nada. Tú limítate atransmitirle lo que te he dicho —lerespondió el monarca.

Dicho y hecho. Fernández Campocumplió su misión, certificando que el

dinero había llegado a su destino.—Vengo solamente a decirte, de

parte del patrón, que todo está en orden,todo arreglado. Es lo que me ha dichoque te diga y que muchas gracias».

La sentencia del Supremo sobre elcaso Kio del 21 de septiembre de 2007tampoco sirvió para arrojar luz sobre eldinero indebidamente apropiado. Entrelos cinco magistrados de la sala figurabaEnrique Bacigalupo, cuyo papel fuedecisivo para rescatar del oprobio aManuel Prado y Colón de Carvajal. Enefecto, el tribunal, que desechó lapráctica totalidad de los motivos decasación alegados por el resto de

condenados, tuvo a bien estimar dos delos tres presentados por Prado(vulneración del principio de presunciónde inocencia, del derecho a la tutelajudicial efectiva y a un proceso contodas las garantías), rechazando eltercero, que reclamaba la prescripción.Bacigalupo fue más allá y, en un votoparticular, discrepó del fallo de lamayoría por entender que debió serestimado el motivo tercero del recursodel diplomático retirado y,consecuentemente, declarar laprescripción de la acción penal.

«En suma, don Enrique —escribióJesús Cacho a los pocos días de

conocerse la sentencia del Supremo—quería a don Manuel en la calle, limpiode polvo y paja, que aquí no ha pasadonada. En la calle y a disfrutar de los cienmillones birlados al moro Muza, o delas migajas que hayan ido a parar a suorilla. Prado, por cierto, era la personaa la que el expresidente Felipe Gonzálezse refería cuando, frente a SabinoFernández Campo, advertía: “¡Y dile aManolo que se conforme con el 2 porciento, porque cobrar el 20 por ciento esuna barbaridad!” Aludía Felipe a lassupuestas comisiones del petróleoimportado por España de algún paísárabe». Este episodio lo recoge Cacho

en su libro El negocio de la libertad(editado por Akal en 1999).

Hagamos un poco de historia. DonJuan Carlos conoció a Manuel Prado yColón de Carvajal en una cenaorganizada por su primo don Carlos deBorbón-Dos Sicilias, duque deCalabria. Desde el principio hicieronbuenas migas y el entonces príncipe deEspaña le confió misionesconfidenciales. Con ese objetivosolicitó para él la categoría deembajador permanente. El régimenfranquista se la concedió. Obtuvo asíestatuto diplomático, algo que formabaparte inseparable de su condición de

intendente real. El pasaporte, además deotorgarle la residencia en Suiza(concretamente en Ginebra), lefacilitaba su labor como gestor de losdineros privados de Su Majestad.

Y es que don Juan Carlos enaquellos años se encontraba corto dedinero. Cuando se casó con doña Sofíael matrimonio sufrió la racanería deFuertes de Villavicencio, intendentegeneral de El Pardo. Precisamente elviaje de la luna de miel fue pagado conel millón de pesetas —año 1962— quecomo regalo de bodas le hizo EmilioBotín Sanz de Sautuola, padre del actualpresidente del Banco Santander, según

cuenta Jesús Salgado en su obra Botín,todo por la banca (La Esfera de losLibros, 2010). «Y es que el rey deEspaña, hoy una de las fortunasimportantes del país, estaba entonces sinun duro o, como se dice en el argotpopular, sin blanca. En tal situación,Botín padre hizo algo más por los reciéncasados: les regaló una importantecantidad de dinero que el propiobanquero invirtió en operaciones debolsa. “Unas salieron bien y otras mal,pero aquello nos permitió empezar alevantar cabeza”, ha reconocido elmonarca en no pocas ocasiones a susamigos», relata Jesús Salgado en su

obra.Por su parte, José García Abad

explica en su libro La soledad del rey(La Esfera de los Libros, 2004) que «elcepillo real empezó a funcionar, que sesepa, a partir de 1962, cuando LuisValls Taberner, presidente del BancoPopular, organizó una suscripciónpopular que aportaría liquidezeconómica a los recién casados, 20millones de pesetas de entonces,equivalentes a unos 12 millones deeuros de hoy, una cantidad similar a ladote griega». A partir de ahí, señalaGarcía Abad, el rey entró en el mundode los negocios, «aunque no con el

rigor, el acierto y la transparencia conque lo hiciera su abuelo» Alfonso XIII.

La atribución más antigua sobre losingresos de don Juan Carlos en el mundode los negocios se refiere al supuestocobro de comisiones por la importaciónde petróleo procedente de países árabes.El periodista Jaime Peñafiel lo cuentaasí: «El rey tiene un patrimonioimportante, porque en el año 1973, conla crisis del petróleo, se le pidió alentonces príncipe que hiciera gestionescon la familia real de Arabia Saudí, conla que siempre ha tenido buenasrelaciones, para ver si España podíamantener cierta cantidad de petróleo

para subsistir sin verse afectada. Lasgestiones de don Juan Carlos fueron tanbuenas que el rey de Arabia Saudígarantizó que España tendría todo elpetróleo que necesitara. A cambio deesas gestiones, al príncipe se le autorizóoficialmente a cobrar un céntimo porcada barril que venía de Arabia Saudí.Eso se lo mantuvo Adolfo Suárezcuando llegó al gobierno. Siguió FelipeGonzález, por supuesto, y no sé si Aznarcortó el tema. Eso a don Juan Carlos,que no tenía fortuna ninguna, le supusoamasar un capital importante. No sé enque cuantía, pero fueron muchosmillones los barriles de petróleo que

entraron en España durante aquellosaños».

Manuel Prado entró en escena comoenviado por el rey para hablar con Fahdde Arabia. Según el fascículo número 7,titulado «Memorias políticas de ManuelPrado», de la colección Historia de laDemocracia, publicada por el diario ElMundo en octubre de 1995, el amigo dedon Juan Carlos lo narró de la siguienteforma: «El monarca saudí, a títulopersonal, nos concedió 100 000 barrilesdiarios a condición de que en laoperación no hubiera ningúnintermediario. Entonces el mercado eraabsolutamente del vendedor, por su

escasez, y no quería que nadie seaprovechara de un favor hecho aEspaña. Pero la operación se complicóporque, al intentar unos ejecutivos delINI que la cuota fuera mayor, lo quetenía graves dificultades, apareció uncomisionista saudí que pretendía unaparticipación económica importantepara resolver el aumento de barriles.Hubo líos, porque me lo comunicaron, yvolví a hablar otra vez con el rey Fahd,quien se encolerizó. Finalmente Españatuvo su petróleo, que era de lo que setrataba, al mejor precio y sin desviar unsolo dólar a bolsillos avispados. Asíqueda constancia en un documento

ológrafo del entonces embajador deEspaña en Riad, Alfonso Acebal».

Años después, en la década de 1980,Manuel Prado también intervino en otronegocio relacionado con el rey Fahd queacabó de mala manera. José GarcíaAbad lo relata pormenorizadamente ensu obra La soledad del rey: «Al parecerel monarca del país de Mahoma,sensible a los problemas económicos dedon Juan Carlos, le confió cien millonesde dólares para que los invirtieraprudentemente y los devolviera a diezaños sin intereses. Con solo poner esacantidad en un banco a plazo fijo habríaobtenido una buena fortuna. Sin

embargo, el dinero fue confiado aManuel Prado, que es todo menosprudente, y lo invirtió al parecer en elazaroso mercado de futuros, conresultados catastróficos, de forma quecuando se cumplieron los diez añosacordados no había dinero, o al menosno el suficiente, para devolver. El casoes que había llegado el fatídicomomento de la amortización del créditoy el rey Fahd había enviado a un primo acobrarlo. El pánico cundió en Marivent,porque no se disponía de la cantidadexigida o se confiaba en no tener quedevolverla. El rey entra en ebullición:¡Que viene el cobrador del frac con

chilaba! Y envía a Manolo Prado a quereciba con toda la pompa al correo real.Se desencadenan entonces escenas enZarzuela. Manuel Prado parte veloz arecibir al príncipe árabe, tan veloz quese lanza al aeropuerto militar en lugar deal civil, que es donde aterrizaría elsaudí.

Prado está confiado, pues observaen el aeródromo una agitación desusadaque anuncia visitante de calidad, perocuando colocan la escalerilla alesperado avión se percata de quequienes bajan del mismo son los duquesde Kent, a quienes rinde desesperadacortesía. Juan Carlos monta en cólera, a

punto de hacer rodar la cabeza del“manco en quiebra”. Finalmente, cuandoPrado pudo encontrar al príncipe saudí,como su antecesor Cristóbal Colón anteel trono de los Reyes Católicos,llorando imploró el perdón para él ypara la real deuda. Después el propiorey telefoneó a su homólogo árabequien, con sublime generosidad oriental,no perdonó la deuda, pero concedió unplazo adicional de cinco años».

El asunto más comprometedor parael monarca, de todos aquellos en queManuel Prado intervino, fue sin duda elque se refiere al dinero que Javier de laRosa aseguró haber entregado a don

Juan Carlos en una cuenta en Suiza através de su hombre de máximaconfianza. La relación entre Prado y Dela Rosa comenzó en 1987. Señala JoséGarcía Abad que aquel año eldiplomático convenció al rey para quele relevase de una misióncomprometida, como era viajar aKuwait para convencer al emir de queDe la Rosa no era la persona adecuadapara representar a Kio en España, comoquería el entonces presidente delGobierno, Felipe González. Semejanteservicio fue muy agradecido por De laRosa, quien, a partir de ese instante, ledio a Manuel Prado participación en

casi todos los negocios que emprendía.La amistad entre ambos fue creciendopoco a poco hasta hacerse muy intensa,de tal forma que el empresario cataláncompró una caseta en la Feria de Sevillapara alternar con Prado e incluso intentócomprar una finca en Huelva lindantecon la de su amigo. Prado no solo ayudóa Javier de la Rosa en sus negocios, sinoque le abrió las puertas de La Zarzuela.En junio de 1992 el administrador realle organizó un pequeño refrigerio con lafamilia real al completo.

El empresario necesitaba más quenunca esa reunión en el palacio, porque,acabada la guerra de Iraq y descubierto

que había dejado la caja de Torrasvacía, el manto del monarca le podríaproteger de sus desventuras con lajusticia. No fue así y el empresariocatalán entró en una campaña dechantajes y calumnias contra la Corona.Aseguró que disponía de grabaciones enun hotel de Londres en las que don JuanCarlos agradecía sus aportaciones aPrado. Dijo también que podía presentarcartas del amigo del monarca, quien ennombre de don Juan Carlos le agradecíael envío de 429 millones de dólares. Elentonces fiscal general del Estado,Carlos Granados, trató de conjurar elescándalo asegurando que el rey era

«totalmente ajeno» a los negocios entreDe la Rosa y Prado, pero no estimóconveniente instar el procesamiento delsupuesto calumniador, no fuera que lacosa se liara más. Como en otrosepisodios relacionados con el monarca,se optó por movilizar a los espías de losservicios secretos de la época. ElCESID trató de forzar la huida deEspaña de Manuel Prado, algo quetambién hicieron tanto el jefe de la Casadel Rey en aquel tiempo, FernandoAlmansa, como el director del diarioABC, Luis María Anson. Ambos lepidieron que se refugiara en Lausana oGinebra (Suiza), donde tenía reconocida

la residencia. Sin embargo, el hombrede confianza del rey se negó amarcharse. Representaba demasiado enla vida del monarca y consideraba queeste nunca lo abandonaría. «Misservicios al rey se han teñido de un halooscurantista que me ha perjudicado,cuando no hay nada que ocultar. Mitarea es muy sencilla, y es que si donAlfonso XIII tuvo al conde de Ruiseñadacomo intendente general, y don Juan deBorbón tuvo al conde de los Gaitanes,pues yo sería el intendente general dedon Juan Carlos I, aunque como no megusta nada lo de intendente, prefiero serconocido como un simple administrador

de los dineros privados de Su Majestad,ese es todo el misterio», se lamentabapor aquellos días.

El día en que ingresó en la prisiónde Sevilla II —el lunes 26 de abril de2004—, Anson escribió al respecto unacolumna publicada al día siguiente en elperiódico La Razón, del que entoncesera presidente fundador. Bajo el título«Compadecer al delincuente», elperiodista monárquico subrayaba losiguiente: «Durante una época muy largaera imposible hablar con él sin quealardeara de forma incesante sobre suamistad con el rey. No se le caía elnombre regio de la boca. Le llamaba

“patrón” en su cantinela constante:“Desayuné ayer con el patrón”. “Hoy healmorzado con el patrón y cenaré estanoche con el patrón en casa de Pirúlez”.“Fui a buscar al patrón al aeropuerto yme llevó en el helicóptero hastaZarzuela”. “Voy a liquidar a Sabinoporque al patrón le conviene renovarse”.“Este Almansa es un desastre. Me locargo. Voy a decirle al patrón que loescabeche”. Tanto patrón por aquí, tantopatrón por allá, no era solo eldesbordamiento de la vanidad personal;era también una forma de facilitar losnegocietes de este personaje singularque ayer ingresó en prisión. Aprendí con

don Juan lo que los ingleses llaman“tapar la Corona” o “cubrir la Corona”,es decir, no hacer la menor referencia auna audiencia privada, no revelar elcontenido de las audiencias públicas, noponer en boca del rey nada queexpresamente no haya sido autorizadopor el propio monarca. Cuando ManoloPrado apeló a su relación con el patrónpara dar su versión del contencioso conJavier de la Rosa, en noviembre de1995, corté por lo sano. Dirigía yo porentonces el ABC verdadero y titulé laportada: “Trifulca entre empresarios”.Dicho todo esto y para que no hayadudas sobre mi posición con relación al

personaje, creo un deber moral afirmarahora que si hay que hacer justiciaaunque se trate de Manolo Prado, no hayque desbordar esa justicia porque setrate de Manolo Prado. Circunstanciasde edad y salud aconsejan aplicar la leycon la máxima generosidad posible paraque no se haga mayor la pena,incrementada ya por su condición socialy personal. La justicia puede convertirseen injusticia si no se actúa conequidad». Dos meses estuvo ManuelPrado en prisión. Esa misma justicia queAnson invocaba concedió lasemilibertad al empresario ydiplomático alegando motivos de salud.

Tras años de lucha contra el cáncery duros tratamientos de quimioterapia,Manuel Prado falleció en su domiciliosevillano el 5 de diciembre de 2009, unlustro después de pisar la cárcel porprimera y única vez. Llevaba varios díasen una situación de extrema gravedad ycuando le llegó la muerte se encontrabanjunto a él su segunda esposa, CeliaGarcía Corona, y los dos hijos de estesegundo matrimonio.

Desde el diario El Mundo Anson lededicó el siguiente obituario: «Hizoservicios relevantes a la causa de laTransición, como ha subrayado muy bienJoaquín Bardavío en este periódico, si

bien es incierto que no participara en elnombramiento de Adolfo Suárez. Tuvouna intervención destacada. Durante losprimeros meses de 1976, primero en sucasa de la calle Almagro, después en lamía, nos reunimos un grupo de políticosy periodistas para urdir la operación ycontribuir a ella. Varios historiadoresrecogen puntualmente aquellasreuniones. A pesar de mi amistad conManolo Prado, me neguésistemáticamente a encubrir susandanzas financieras. Me ha alegradocomprobar que la mayor parte de losmedios han silenciado aquellasdesgraciadas aventuras. Cuando ingresó

en prisión, periódicos impresos,hablados y audiovisuales laemprendieron contra él. Fue unadesmesura».

Me cuenta Anson que el de ManuelPrado fue «el caso más espectacular detoda la gente que se ha acercado al reypara medrar». «Y mi posición ante esoes que hay que condenar el delito ycompadecer al delincuente. Es unaposición cristiana, en definitiva. Yo letuve mucho cariño a Manolo Prado.Durante tiempo tuve mucha relación conél. Según me fui dando cuenta que no sele caía de la boca el nombre del patrón,del rey, me fui dando cuenta del daño

que le estaba haciendo a la monarquía yme fui apartando de él. Al final terminópor pasar lo que era lógico que pasara.Le procesaron y le condenaron.Entonces la posición que yo adopté, queyo creo que es la misma que la queadoptó el rey, fue la de odiar el delito—don Juan Carlos lo apartó de su lado,completamente— y compadecer aldelincuente. Al final Manolo Pradotenía, tal vez, una excesiva ambicióneconómica, pero era una buena persona.En el trato y en todo».

Por su parte, Mario Conde trató deexculparlo en un artículo publicado ensu blog: «Conviví con Manuel Prado y

contemplé en primera persona susrelaciones con el rey. Es un hecho que,como decía Lourdes Arroyo, todarelación intensa con la Corona puedetraducirse en problemas en un paísrebosante de envidias por todas susfronteras, reales o virtuales. Quizástambién en beneficios, pero esto últimolo ignoro como experiencia. Aparte,claro, del beneficio de la relaciónpersonal, de la meramente humana, delaprecio por la persona desnuda deatributos simbólicos, pero es que estasconsideraciones no entran en elconcepto de “beneficio” de la mayoríade quienes rondan en esos valles. Para

mí, sí. Me consta la confianza del rey enManuel Prado. También me consta lalealtad al monarca. No es palabra queyo escriba con facilidad, pero en estecaso no me tiembla la mano sobre elordenador. Comenzaron los problemas araíz de los asuntos de Javier de la Rosa,de cuyo equipo formó parte ManuelPrado. Seguramente con aprobación delrey, porque no lo haría a sus espaldas.Además, era público y notorio yaparecía en medios de comunicación.Cuando las nubes de problemasamenazan tormenta los nervios sesometen a tensión. Y en algunos casosestallan. Es comprensible. El silencio en

esos casos resuena en el interior delalma y la fortaleza exigida es enorme.No todos la tienen. Manuel, al menos enuna nada despreciable medida, sí. Y hayque valorarlo. Manuel perdió el orientede su juicio y se equivocó conmigo,porque creó fantasmas deconspiraciones donde solo existíanlealtades silentes. Activas, a cambio denada, porque las lealtades no responden,al menos con la Corona, al mecanismodel sinalagma funcional. Pero Manuel,emocionalmente tocado, se sintió solo.Y pidió amparo mediático. Y eso tienesu coste. Manuel Prado sufrió mucho enla etapa final de su vida. Demasiado. No

se hizo, creo, justicia con este hombre.No me importan sus juicios sobre mí. Esmomento de decir que en mi experienciafue un hombre leal al rey. Sufrió por elrey. Y eso debería ser tenido en cuenta».

Los amigos de cazaTribunal Constitucional. Calle deDoménico Scarlatti, número 6, enMadrid. Miércoles 20 de febrero de2008. Durante la mañana.

Aquella fue una jornada negra parael Tribunal Constitucional, una más delas muchas que ha vivido el máximogarante de la Constitución. Lo queocurrió aquel día fue considerado pormuchos —tanto en el ámbito jurídicocomo en el mundo de la prensa— comoun auténtico escándalo. Por cinco votosfrente a uno, el Tribunal Constitucionallibró a Alberto Cortina y Alberto

Alcocer de ir a la cárcel, al estimarparcialmente el recurso de amparopresentado por los Albertos y revocar lasentencia del Tribunal Supremo que lescondenó a penas de tres años y cuatromeses de cárcel a cada uno por delitosde estafa y falsedad en la compra de losterrenos de las Torres Kio. El fallo deltribunal marcó un punto de inflexión alllamado caso Urbanor, una operaciónpor la que los Albertos obtuvieron unbeneficio de más de veinticuatromillones de euros.

Pero, antes de seguir, hagamos unpoco de historia. El 6 de enero de 1993,un día antes de que acabase el plazo, se

presentó una querella por falsedad yestafa contra ellos. El 29 de diciembrede 2000 la Sección Séptima de laAudiencia Provincial de Madriddeclaró, con todo lujo de detalles, aAlberto Cortina de Alcocer y Alberto deAlcocer Torra responsables de haberestafado a sus socios en Urbanor,sociedad propietaria de los terrenos dela plaza de Castilla de Madrid dondehoy se alzan las Torres Kio, aunqueabsolvió a los demandados alconsiderar que el delito había prescrito.En concreto se hizo llegar a los sociosminoritarios de Urbanor una suscripciónpreferente sobre los solares de las torres

a un precio de 150 000 pesetas el metrocuadrado cuando, en realidad, losAlbertos habían pactado con losvendedores un precio de 231 000pesetas. La venta se cerró el 7 de enerode 1987.

El 14 de marzo de 2003 la SalaSegunda del Tribunal Supremo casó lasentencia ratificando la censura moralde la Audiencia Provincial ycondenándoles, además, a penas de tresaños y cuatro meses de prisión y seismil euros de multa como autores de undelito de estafa y otro de falsedad endocumento mercantil, al negar laprescripción de los delitos. Cuentan las

crónicas de la época que cuando elSupremo dictó la sentencia los cimientosdel poder se tambalearon. Toda laprensa estaba pendiente de cazar la fotoentrando en la cárcel de Alberto Cortinay Alberto Alcocer, invitados ilustres enla boda de la hija del presidente delGobierno en septiembre de 2002 y conexcelentes relaciones no solo con el PP,sino también con La Zarzuela. A nadieextrañó, entonces, que teniendo tan altarecomendación, los Albertos hiciesenllegar al Ministerio de Justicia supetición de indulto y al TribunalConstitucional su solicitud de amparo.El principal argumento para la petición

de la medida de gracia fue que ya habíanindemnizado con veinticuatro millones ymedio de euros a los accionistasminoritarios de Urbanor y que llevabanquince años pleiteando con ellos.

Las buenas relaciones de Cortina yAlcocer con el PP tampoco eran ajenasa la opinión pública. La boda de AnaAznar y Alejandro Agag sirvió paraconstatar algo que venía de hace tiempo,concretamente, desde que los popularesse hicieron con La Moncloa. En elentorno del palacio presidencial, sinembargo, se les miraba con recelo alprincipio, pues los Albertos pertenecíana la beautiful people crecida a la

sombra del poder socialista. Eranamigos de Felipe González y, sobretodo, del íntimo del expresidente delGobierno, el fallecido empresarioEnrique Sarasola. La desconfianzainicial, sin embargo, pronto se fuedifuminando y en los archivosfotográficos de la prensa rosaempezaron a verse imágenes como la deAlberto Ruiz-Gallardón saliendo de unyate con el matrimonio Cortina-Cué.Según se contó en la prensa por aquellosdías, el primo más joven intimó con elalcalde de Madrid gracias al presidentede la Cámara de Comercio, FernandoFernández-Tapias. Respecto a la

asistencia de Alberto Alcocer y AlbertoCortina, con sus mujeres respectivas, ala boda de El Escorial, fuentespopulares sostuvieron entonces queAznar no mostró demasiado entusiasmoy que la invitación, aunque contó con elvisto bueno del padre de la novia,procedía de su yerno. Alberto Cortina yAlejandro Agag compartían estrechaamistad con el multimillonario italiano ygurú de la Fórmula-1 Flavio Briatore,también invitado a la boda.

Tras la sentencia del TribunalSupremo, se habló —y así se publicó enEl Semanal Digital el 31 de marzo de2003— de una llamada del rey al

ministro de Justicia, José MaríaMichavila, y al fiscal general delEstado, Jesús Cardenal, para tratar defrenar la entrada en prisión de losprimos. Teniendo en cuenta la amistadque unía, sobre todo, a Alberto Alcocercon el monarca, no era de extrañar parala prensa la preocupación de esteúltimo. Según fuentes muy cercanas adon Juan Carlos, el primo mayor era delos poquísimos privilegiados queestaban en contacto directo con él através de su móvil, pues poseía elnúmero real desde hacía tiempo y loutilizaba con frecuencia. Lo hizotambién, según pudo saber el semanario

El Siglo, inmediatamente después de queJosé María Aznar ganase las eleccionesque le dieron la mayoría absoluta enmarzo de 2000. Como es habitual, elrecién reelegido presidente delGobierno acudió a despachar con el reypara ponerle al tanto del proyecto delejecutivo. Alcocer no tardó en llamar almóvil a don Juan Carlos para inquirirlesobre esa cuestión. Seguramente, el reyle debió contestar que no podía contarlecuestiones de Estado.

El 1 de abril de 2003 los Albertosinterpusieron recurso de amparo ante elTribunal Constitucional contra laresolución del Supremo. Un recurso que,

semanas después, la Sala Segunda delConstitucional admitió a trámite ydecidió suspender la ejecución delingreso en prisión. Aquello fue un filtroprevio que no prejuzgaba el fondo de lacuestión, pero que numerosos juristas —entre los que me incluyo—consideramos «una decisión pococomún, porque son muchas las veces queel Constitucional ha negado la admisióna trámite de recursos mucho másfundamentados y con más carga delesión de derechos fundamentales». Dehecho, de cada veinte que recibe sueleadmitir uno o, lo que es lo mismo, selimita a aceptar el cinco por ciento del

total.La decisión de este tribunal evitó al

ejecutivo de José María Aznar unadiligencia que le resultaba, cuandomenos, incómoda y acordó aplazar elpronunciamiento sobre el indulto hastaque el Constitucional resolviese lasolicitud de amparo, que tardó en llegarnada menos que cinco años. De hecho elretraso pudo traer a los condenados másde una alegría: si el Constitucional no sepronunciaba antes del 14 de marzo de2008, las penas prescribiríanautomáticamente. Preocupados por laderiva que estaban tomando las cosas acuenta de las noticias periodísticas

sobre la prescripción que se veníaencima, los demandantes remitieron el15 de febrero un escrito alConstitucional solicitando que, dada laimportancia del caso a tratar, el recursofuera visto por el pleno del alto tribunalen lugar de por una de sus salas. Larespuesta —en forma de sentencia—llegó el día 20 de febrero, a toda prisa,con nocturnidad, cierta alevosía y sinaviso de ninguna clase a las partes. Elfallo del Constitucional —del que fueponente el actual presidente del máximogarante de la Carta Magna, Pascual Sala— consideró que la decisión delSupremo «vulneró el derecho de los

demandantes a la tutela judicial efectivaen relación con el derecho de la libertadpersonal».

Para el Constitucional laprescripción estaba conectada con elderecho fundamental a la libertad y conla limitación del ejercicio del iuspuniendi del Estado, que renuncia almismo cuando no realiza actuacionespara la averiguación y castigo del delitoen el tiempo establecido por la ley. Ensu día el Supremo entendió que laquerella presentada contra losempresarios, el día anterior a laprescripción de los posibles delitos,cumplía todos los requisitos legales y

falló la condena. Según elConstitucional, dicha querella era una«solicitud de iniciación delprocedimiento» y no «un procedimientoya iniciado», por lo que el auto deincoación de diligencias previas «sedictó trece días después del vencimientodel plazo de prescripción». Elmagistrado Ramón Rodríguez Arribasdiscrepó de la sentencia, al entender quela decisión del Supremo estuvo bienfundamentada. Para Rodríguez Arribas,el Constitucional invadió funcionesinterpretativas que corresponden a lajurisdicción ordinaria. Tampococompartió el análisis específico que se

hizo respecto de las circunstancias queconcurren sobre la discutidaprescripción y advirtió de que, degeneralizarse la doctrina en la que sebasa la decisión del Constitucional,podría resentirse el sistema judicial yconvertirse en una garantía a favor delreo en instrumento, o al menos en causainvoluntaria de impunidad de lasinfracciones penales.

Si en algo tuvieron razón AlbertoCortina y Alberto Alcocer fue en queresultaba absolutamente inadmisible queel Constitucional tardase cinco años enpronunciarse, al punto de que entérminos de censura social pagaron con

creces los tres años y cuatro meses decárcel que el Supremo les impuso. Porsu parte, los accionistas minoritarios deUrbanor señalaron en un comunicadoque los empresarios seguían siendoculpables de estafa y falsedad endocumento público y que teníanpendiente el pago de más de cuarentamillones de euros en indemnizaciones.

Los periódicos del día siguiente erandinamita contra la sentencia del TribunalConstitucional. En cuatro columnas desu portada, el diario El Mundo tituló:«El TC libra a los Albertos de ir a lacárcel pese a admitir que estafaron». Eleditorial puso negro sobre blanco que la

justicia, cuando se trata de poderosos,no es igual para todos: «El fallo delConstitucional […] es una verdaderaburla a la justicia, que consagra elprincipio de impunidad de lospoderosos y degrada todavía más lamenguada credibilidad del alto tribunal.Su sentencia supone un cambio de ladoctrina que el TC había venidoaplicando hasta hace muy poco y unbofetón al propio Supremo. El nuevocriterio es sencillamente absurdo porquehace depender la prescripción de lavoluntad del juez, que no tiene ningúnplazo marcado para admitir la denunciao la querella. […] El Constitucional ha

preferido dejar de sancionar esa estafaal aplicar una nueva doctrina quefavorece la impunidad del delincuente.El viejo principio del derecho romanoestablece que in dubio, pro reo . Lo queel Constitucional ha entendido es indubio, pro rico, dejando claro que haydiversas clases de justicia según la rentay valedores de cada uno». «Salvarmillonarios tan golfos es hazaña solo alalcance de juristas progresistas:Cándido, Bermejo o el ponente PascualSala», escribía Federico JiménezLosantos en su columna en El Mundo.

Hasta el periódico monárquico ABCsubrayó en un editorial titulado «Una

sentencia inquietante» que el fallo delConstitucional era «una decisión congraves consecuencias institucionales yjurídicas». «La víctima de este conflictoinstitucional —añadió— es la seguridadjurídica y el equilibrio entre órganosconstitucionales, el Constitucional y elSupremo. Pero si graves son lasconsecuencias de esta sentencia en lasrelaciones entre ambos tribunales,también lo son en la capacidad delEstado para combatir eficazmente elcrimen. […] Esta doctrina hacenecesaria una urgente reforma delCódigo Penal que establezca, comopropone el PP, la imprescriptibilidad de

los delitos de terrorismo y amplíe losplazos de prescripción de otros delitosgraves».

El dedo en la llaga del asunto lopuso Jesús Cacho en su columna de ElConfidencial: «Consternación por elsignificado procesal, jurídico y políticoque tiene la sentencia conocida ayer;vergüenza porque la situación dedeterioro de la justicia está tomandoproporciones tan alarmantes que mejoresconder la cabeza bajo el ala para noreparar en los perniciosos efectos que,en términos de futuro colectivo yconvivencia en democracia, representaesta justicia severa con el pobre y dócil

con el poderoso, justicia que hace trizasel principio de igualdad de todos ante laley, justicia cada día menos digna de talnombre, es decir, más injusta, y ademáslenta, terriblemente lenta, incapaz en sulaxitud de dar respuesta a las exigenciasde una sociedad y una economíamodernas. […] Los españoles avisadoshabían comenzado a sospechar deinmediato que la pareja —los Albertos— terminaría por salirse con la suya, nopor la fuerza de sus argumentos enDerecho, sino en razón de laimportancia de sus apoyos políticos, a lacabeza de los cuales se encontraba —seencuentra— el mismísimo rey de

España, íntimo amigo de francachelas deAlberto Alcocer Torra. […] Unasentencia que salpica peligrosamente alrey y, por ende, a la propia instituciónmonárquica. Es ya una realidad que enla democracia española no se aplica unmismo Código Penal a todos losciudadanos. Un chorizo sin posiblespuede terminar entre rejas si roba cieneuros, pero si afana mil millones,entonces tranquilo, sobre todo si esmillonario y cuenta con amigosimportantes. El entrañable “Todo por lapatria” de la Guardia Civil ha sidosustituido por el más realista “Todo porla pasta”. Tiempo habrá para referirse a

las technicalities de esta sentencia, asícomo al ejercicio de honestidad que consu voto particular realizó ayer RamónRodríguez Arribas. De momento,pongamos en valor el viejo principio deJeremy Bentham, según el cual “toda leyes un mal, en tanto en cuando suaplicación depende del capricho de unosjueces a menudo plegados al podercoercitivo del príncipe”. El príncipe yDon Dinero».

Años después, tras el estallido delcaso Urdangarin, Jesús Cacho señalabaque «existen pocas dudas de que elantaño experto balonmanista, graduadodespués en pelotazos varios contra la

cuenta de resultados de empresas yadministraciones, va a terminar en elbanquillo si es que el rey, que seinvolucró de lleno ante el Constitucionala la hora de impedir que su amigoAlberto Alcocer diera con sus huesos enla cárcel tras el caso Urbanor, decidieracruzarse de brazos en un asunto quedirectamente afecta también a su propiahija, séptima en la línea de sucesión altrono de España, cosa que está por ver».

Poco antes de la sentencia delTribunal Constitucional se pudo ver alrey cazando en El Avellanar, la finca decuatro mil hectáreas que AlbertoAlcocer tiene en Navas de Estena, al

noroeste de la provincia de CiudadReal. Así lo contaron varios diariosdigitales, que como detalle señalaronque fueron dos jueves consecutivos delmes de enero de 2008. Esa informaciónllevó a tertulianos de diversosprogramas de televisión y radio aconcluir que no era tal eldistanciamiento que por aquellos díasparecía existir entre el monarca y losAlbertos. «El Avellanar es una fincamayúscula, la envidia de todoterrateniente, ideal tanto para la mayorcomo para la menor, y una escopetacomo la del rey no se podía sustraer asus encantos por mucho, y muy malo,

que hubiera hecho el bueno de Alcocer.Existe una tendencia natural, unainclinación vital, de los jefes de Estadoy de la aristocracia patria por esedeporte tan vinculado a la naturalezacomo es el de la caza. A Franco legustaba ir de ojeo con el conde de Teba,la mejor escopeta que haya visto jamáseste país, campeón del mundo de tiro alpichón; y al rey le gusta hacer lo propiocon Alberto Alcocer, que todavía notiene título nobiliario, pero que todo seandará. Tiempo al tiempo», se sostuvoen un artículo sin firma publicado en laweb de El Confidencial.

Mucho se ha escribo en periódicos y

en la web sobre la amistad de don JuanCarlos con Alberto Cortina y AlbertoAlcocer, compañeros del monarca,según dicen, «en todo tipo de cacerías».En el ranking de los diez cazadores controfeo record en España se encuentran elrey, Adolfo Suárez Illana, MiguelCorsini, los Albertos y Juan Abelló.Cuentan que con el socio y valedor deMario Conde en Antibióticos S. A. yBanesto don Juan Carlos mantenía unpique porque en agosto de 2007 Abellóle arrebató el primer puesto en elranking de caza mayor, al abatir a unciervo de 228 puntos en la finca ElPalomar. Dicen que este coto es «un

espacio cinegético de lujo», donde uncazador puede llegar a pagar 30 000euros por abatir un ciervo.

El 18 de febrero de 2009, en elcontexto de una tertulia radiofónica en laque se hablaba sobre la cacería en laque coincidieron el juez Garzón y elentonces ministro de Justicia, MarianoFernández Bermejo, antes de que sedestapase el caso Gürtel, el periodistaFederico Jiménez Losantos dijo: «Unode los grandes cazadores en España esAlberto Alcocer… Tendría que estar enla cárcel y no lo está. ¿Por qué? Porquecaza donde tiene que cazar y con quientiene que cazar, ni más ni menos que con

Su Majestad. Es mucho mejor cazar conel rey que cazar con Bermejo. ¿Por qué?Porque Bermejo deja un rastrohorroroso. El rey también, pero no losiguen». Estas declaraciones motivaronque el empresario interpusiese unademanda al periodista, que la justiciaterminó desestimando y Alcocer fuecondenado al pago de las costasjudiciales. La juez María Teresa de laAsunción concluyó en su fallo que, anteesas expresiones de Losantos, «debemanifestarse que es un hecho notorio queSu Majestad el rey y Alberto Alcocerhan participado juntos en diversascacerías y así han dado cuenta los

medios de comunicación». Trasargumentar que «se trata de unasdeclaraciones emitidas con laespontaneidad que tienen los debatesradiofónicos», por lo que no se puedenentender como «vejatorias para el señorAlcocer», la sentencia primó el derechoa la libertad de expresión ante elderecho al honor, puesto que cuando hayun conflicto entre derechosfundamentales «ha de estarse al contextoen que se producen las expresiones, a laproyección pública de la persona a laque se dirigen las expresiones y a lagravedad de las mismas». Ademásseñaló que «la jurisprudencia ha

destacado la debilidad de la proteccióndel derecho al honor en los supuestos decrítica política que se consideraamparada por el legítimo ejercicio delas libertades de expresión ycomunicación». «Resulta incuestionableel interés público y relevancia generalde la temática determinante de lacrítica», apuntó la magistrada.

Por otra parte, El Confidencial llegóa publicar en el año 2006 unainformación que con el título «El reytrabaja para sus amigos los Albertos»sostenía que «es la primera vez que, demanera oficial, el monarca intermedia enun conflicto internacional en el que está

involucrada una empresa española».Según el diario digital, «Alberto Cortinay Alberto Alcocer están esperando conimpaciencia las gestiones que estárealizando el rey Juan Carlos I en elconflicto que enfrenta a Argentina yUruguay por la polémica de laspapeleras, es decir, la construcción dedos fábricas de celulosa en el río quesepara ambos países». Para ElConfidencial, «el éxito de la mediacióndel rey de España en el conflicto queenfrenta a Uruguay y Argentina apropósito de la construcción de dosplantas de celulosa en el río Uruguayque separa ambos países resultaría de

vital importancia para el futuro de lapapelera española Ence, cuyos primerosaccionistas son Alberto Cortina yAlberto Alcocer, los Albertos, y cuyaacción podría dispararse en bolsa deconfirmarse el acuerdo».

Pero volvamos al caso Urbanor.Tras el fallo del TribunalConstitucional, los socios minoritariosrecurrieron a la vía civil —que ya habíasido abierta por el Supremo— paraexigir que los dos primos lescompensasen por los perjuicios que a sujuicio les ocasionaron. Así, el 4 deseptiembre de 2009 el Juzgado dePrimera Instancia número 3 de Madrid

condenó a Alberto Cortina y AlbertoAlcocer a abonar indemnizaciones quesumaban 10,8 millones de euros aaccionistas minoritarios afectados por laestafa del llamado escándalo Urbanor.La sentencia, de veintitrés páginas,estima en parte la demanda formuladapor José Luis San Martín Abad ycincuenta demandantes más, y declara laresponsabilidad civil de los primos, alos que condenó a abonar laindemnización de forma solidaria.

De lo que no se libraron losAlbertos fue de sentarse de nuevo en elbanquillo de los acusados por el caso dela presunta carta falsa utilizada para

incriminar a sus socios y conseguir larevisión de su condena por estafa en laventa de los terrenos donde se sitúan lasTorres Kio. Lo hicieron el 14 deseptiembre y en octubre la SecciónSéptima de la Audiencia de Madrid lesimpuso cuatro meses de prisión porintento de estafa. Los Albertos fueroncondenados también a pagar una multade 192 000 euros cada uno por un delitode acusación y denuncia falsa y aindemnizar a sus antiguos socios enUrbanor, Pedro Santieri y Julio SanMartín, con 15 000 euros, y a FranciscoCastelló y Luis García con otros 7500euros por daños morales. La sentencia,

de la que fue ponente la magistradaÁngela Acevedo Frías, condenó tambiéna los hermanos José María y JavierArnáiz y a la documentalista GloriaÁlvarez —hija del periodista yafallecido Cándido— a un total de veintemeses de prisión por haber falsificadola carta. El tribunal absolvió a losletrados Ramón Hermosilla e IgnacioPeláez de los delitos de falsedad yestafa procesal. La sentencia consideró«sorprendente» que Cortina y Alcocerno encargasen su personación ante elSupremo a abogados como RamónHermosilla, el exdecano del IlustreColegio de Abogados de Madrid,

Antonio Hernández-Gil, GonzaloRodríguez Mourullo o Manuel Delgado,que les venían asesorando en el casoUrbanor, y confiasen el caso al exfiscalIgnacio Peláez, pero el tribunal noencontró motivos para creer queHermosilla y Peláez estuviesen al tantode la falsificación y resolvió que ambossiguieron instrucciones de sus clientes.

La sentencia, confirmada en su díapor el Supremo, consideró que losAlbertos «conocían sobradamente» lafalsedad de la carta, fechada el 2 deoctubre de 2000, firmada por PedroSantieri y dirigida al constructor JulioSan Martín. En ella el arquitecto daba

instrucciones al constructor para queocultara al tribunal que iba a juzgar elcaso Urbanor un mes después queconocía la existencia de preciosdiferentes en la venta de los terrenos queocupan las Torres Kio. La AudienciaProvincial concluyó que el conocimientode la falsedad del documento «no lesimpidió personarse como acusación»contra sus socios en el procedimientoabierto en enero de 2004 por losJuzgados de Instrucción de Madrid, araíz de la aparición de la carta. Además,los empresarios aportaron la misivafalsa para tratar de engañar al TribunalSupremo junto con el recurso de

revisión contra la sentencia de 14 demarzo de 2003 que les condenó a tresaños y cuatro meses de cárcel.

El 29 de abril de 2013 el Ministeriode Justicia acordó rechazar la concesiónde indulto solicitado por los Albertos. Atenor de la cuantía de la condena, losprimos no entrarán en prisión, pero lamisma quedará reflejada en susantecedentes penales —que es lo que lapareja trataba de evitar—, situándolesen el disparadero de entrar en la cárcelen caso de una eventual nueva condena ycon independencia de la duración de lamisma.

Capítulo IV

AL REY NO SE LEADMINISTRA

JUSTICIA

Los dineros de laCorona

Edificio de The New York Times .Octava avenida de Manhattan, número620, en Nueva York. Lunes 24 deseptiembre de 2012. Nueve de lamañana (hora local).

El rey de España, acompañado porel ministro de Asuntos Exteriores, JoséManuel García-Margallo, entró en elrascacielos donde tiene su casa «la viejadama gris», como conocen losnorteamericanos al periódico másemblemático de la ciudad. Con ciento

sesenta y dos años de historia y unatirada media de casi un millón y mediode ejemplares, The New York Times esconsiderado por muchos el mejor diariodel mundo. Su lema es «All the newsthat’s fit to print » («Todas las noticiasaptas para ser publicadas»), que esfrecuentemente interpretado como unataque a sus competidores neoyorquinos,conocidos por su amarillismo. Tiene susede en un moderno edificio decincuenta y dos plantas —inaugurado en2007— en la zona oeste de la Octavaavenida, entre las calles 40 y 41. Lacrisis económica, tan dañina para todoslos medios de comunicación del mundo,

pasó factura a los propietarios delperiódico —The New York Company—, que tuvieron que vender, en 2009,parte del rascacielos por la suma dedoscientos veinticinco millones dedólares. En la planta baja del edificiohay numerosos comercios y restaurantes.Los pisos segundo, tercero y cuartoalbergan la redacción central delperiódico. Sus oficinas ocupan todas lasplantas de la torre hasta el pisoveintiocho. Desde el veintinueve hastael cincuenta y dos el edificio estáocupado por otras empresas.

Aquella mañana de septiembre donJuan Carlos y su séquito tomaron uno de

los ascensores para dirigirse a la cuartaplanta. En una de las salas de reunionesles esperaba el Consejo de Redacciónen pleno de The New York Times ,encabezado por su editora ejecutiva, JillAbramson. No era una reunión habitual.Ni la cúpula de la redacción estabaacostumbrada a recibir a jefes de Estadoextranjeros en su sede central, ni eshabitual que el rey de Españamantuviese este tipo de reuniones conmedios de comunicacióninternacionales, aunque horas despuésLa Zarzuela se empeñase en decir a laprensa española que existía «algúnprecedente» de este tipo.

Tras las vacaciones de verano elmonarca se había embarcado en unacampaña para vender en el exterior la«marca España», con el respaldo delgran empresariado, y de paso la suyapropia. El objetivo de la visita oficialde dos días de duración a la ciudad deNueva York —el 23 y el 24 de febrerode 2012— era asistir a la reunión anualde la Iniciativa Global Clinton yentrevistarse con el impulsor del foro, elexpresidente de Estados Unidos, BillClinton, y con el rey Abdalá II deJordania. Don Juan Carlos completó suestancia con una recepción ofrecida alos invitados al foro —donde el

monarca coincidió con otros jefes deEstado— y una cena de gala en la que sehizo entrega de la sexta edición delPremio Global a la Ciudadanía. En laagenda del viaje no figuraba la reunióncon el Consejo de Redacción de TheNew York Times . Este encuentro sequería mantener en secreto.

Unos días antes de la visita —enconcreto el 12 de septiembre— TheNew York Times publicó un impactantereportaje fotográfico que retrataba lasconsecuencias de la crisis económica enEspaña con imágenes del redactorgráfico español Samuel Aranda, ganadordel World Press Photo 2011. Eran

quince fotografías en blanco y negro quedibujaban un país caótico. «In Spain,austerity and hunger» («En España,austeridad y hambre») se titulaba.Familias desahuciadas, jóvenesrebuscando en la basura, marchasjornaleras y comedores sociales fueronalgunos de los temas que recogió eldiario norteamericano en el reportaje,donde se retrataba a España como unpaís pobre y retrasado. Todo en blancoy negro, sombrío hasta elestremecimiento. En una de las imágenesse veía a una familia asomada a laventana con un texto que rezaba: «Lafamilia Aliu y López mira por la ventana

en su casa de Viladecavalls esperandola llegada de la policía. Alfredo Aliu yMontse López no pueden pagar lahipoteca de su casa desde hace dos añosporque su cafetería quebró». En otrafoto aparecía un joven de espaldas,rebuscando en la basura, con la cabezadentro del cubo. Bajo la imagen se leía:«Para un creciente número de personas,la comida del contenedor ayuda a saliradelante. El desempleo entre la gentejoven está por encima del 50 porciento». Otra de las instantáneasretrataba a un grupo de hombresdesolados en un comedor en Gerona,«donde el gobierno local ha anunciado

que va a poner candados en loscontenedores de basura para impedirque la gente busque comida». Lasmarchas y protestas del sindicato deSánchez Gordillo ocuparon varias de lasimágenes del reportaje. Bajo una deellas, el pie de foto decía: «Españasigue el mismo camino que Grecia conla introducción de una medida deausteridad tras otra, recortes deempleos, salarios, pensiones ybeneficios, incluso cuando la economíacontinúa contrayéndose».

Fue una entrevista de hora y mediala que mantuvieron don Juan Carlos,García-Margallo y el staff del periódico

norteamericano. Aunque el encuentro seprogramó con carácter privado,finalmente llegó a oídos de periodistasespañoles en Nueva York y la Casa delRey no tuvo más remedio que confirmarla visita y dar cuenta de los temastratados, eso sí, de manera escueta.«Don Juan Carlos ha hablado con elConsejo de Redacción de The New YorkTimes sobre la situación política,económica y social de nuestro país»,dijeron fuentes de La Zarzuela, trasintentar dejar claro que el encuentropartió de una iniciativa de la Casa delRey, pero que no estaba «directamenterelacionado con la publicación de las

fotografías en blanco y negro queretratan desde el drama de las familiasdesahuciadas a los ciudadanos que seven obligados a revolver en la basura».

Con lo que no contaban esas fuentesde La Zarzuela fue con que aquellaentrevista terminara resultando unaencerrona. Eso es lo que fue, porque elmonarca tuvo que batirse en retiradaante las agresivas preguntas de losperiodistas sobre su fortuna y lasupuesta relación sentimental quemantenía con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Así las cosas, el resultadode aquel encuentro, como era previsible,no fue bueno para el monarca. Cinco

días más tarde —el sábado 29 deseptiembre—, el periódiconorteamericano publicó otro reportajetitulado «Un rey escarmentado busca laredención, por España y su monarquía»,en el que disertó sobre cómo don JuanCarlos trataba de reinsertarse en la vidapública de un país —España—deprimido y con la monarquía en elpunto de mira. Con la colaboración deexpertos, como el exministro deExteriores Miguel Ángel Moratinos, elpresidente de Telefónica, César Alierta,y el escritor y periodista José GarcíaAbad, The New York Times hacía unbosquejo de perfil de don Juan Carlos,

en el que terminaba concluyendo eldestacado papel de Su Majestad como«diplomático de negocios».

Pero lo más serio del asunto, lo quedesencadenó un fuerte debate en España,fue la cifra que el diario norteamericanose atrevió a dar como cálculo de lafortuna personal del rey: casi 1800millones de euros. Tras aludir al «estilode vida lujoso» y a la «fortuna opaca»del rey, el periódico neoyorquino afirmóque «sigue siendo un secreto cómo haamasado su considerable riquezapersonal» y aseguró, además, que susbienes a su llegada al trono, tras lamuerte del dictador Francisco Franco,

equivalían a «prácticamente nada».Desde entonces, el monarca «hatrabajado duro para generar su propiafortuna personal, más allá de los 8,3millones de euros de presupuestoanual», en alusión a la asignación parala Casa del Rey consignada en losPresupuestos Generales del Estado para2012. Fuentes del diario reconocieronque su cálculo se basó en «un promediode cifras ya publicadas», no en unainvestigación propia. «El objetivo de lainformación era resaltar que cuando elrey aparece en listas de fortuna de lospersonajes más ricos siempre alcanzauna cifra muy por encima de lo que

cabría suponer tomando en cuenta elpresupuesto anual de la Casa Real»,añadieron las mismas fuentes. La Casadel Rey siempre ha tachado esas cifrasde descabelladas, pero se ha negado adesvelar la cuantía de la fortuna delmonarca con el argumento de que supatrimonio personal es un asuntoprivado.

Las únicas listas en las que hasta lafecha había aparecido don Juan Carlosfueron las publicadas por la revistaEurobusiness, ya desaparecida, y elanuario Forbes. Ambas, curiosamente,coinciden prácticamente en la cifraaportada por The New York Times . La

primera de esas publicacionesdesglosaba en dos esa cantidad: 545millones de euros de fortuna personal yotros 1136 millones de bienesfamiliares. En 2003, cuandoEurobusiness se refirió a las cuentas dedon Juan Carlos, el gobierno de JoséMaría Aznar remitió una carta deprotesta en la que afirmaba que lamencionada cifra «solo se puedeexplicar por haber entendido ustedes,erróneamente, que los bienes públicospropiedad de Patrimonio Nacional sonpropiedad privada de Su Majestad elrey, lo cual es evidentemente inexacto».El inventario de los inmuebles

gestionados por Patrimonio Nacional —el organismo que custodia los bienes detitularidad estatal cuyo uso estáreservado al rey y a los demásmiembros de la familia real— esvastísimo y de un valor incalculable.Esos bienes incluyen los palacios realesde Madrid, La Granja de San Ildefonso(Segovia), Riofrío, también en Segovia,y La Almudaina (Palma de Mallorca);los reales sitios de San Lorenzo de ElEscorial, El Pardo y Aranjuez, todos enMadrid; los Reales Alcázares, enSevilla, y una decena de monasterios,abadías, conventos, panteones yjardines.

«El New York Times no ajusta bienlas cuentas, porque introduce en suscálculos el valor del Palacio Real, el deLa Zarzuela… El patrimonio público noes el patrimonio real. Y en eso se armanun lío. El rey tiene un patrimonioimportante, pero no se trata de esascifras», explica Jaime Peñafiel. Desdeque estalló el caso Urdangarin, losmonárquicos no dejan de repetir elmismo mensaje: que la monarquíaespañola es la más barata de Europa.Numerosos informes tienen parajustificar sus argumentos. El estudio quemás impacto tuvo —a principios de2012— fue realizado por el profesor

belga de Administración y FinanzasPúblicas Herman Matthijs. Eldocumento analiza el gran ducado deLuxemburgo y las casas reales deNoruega, Dinamarca, Países Bajos,Bélgica, Suecia, Reino Unido y España,para concluir que, de acuerdo con loscorrespondientes niveles de PIB ypoblación, la asignación española es lamás barata y la luxemburguesa y lanoruega las más caras. Tras España sesitúa el Reino Unido, seguido deFrancia, Alemania y Suecia, mientrasque en el lado opuesto, es decir, lasjefaturas de Estado más caras, seencuentran Luxemburgo y Noruega, por

encima de Dinamarca, Países Bajos yBélgica. Según el informe, si secomparan los datos en euros de lasdotaciones dedicadas a estas diezjefaturas del Estado, la asignación máselevada es la de Francia, con 112millones, seguida a distancia por la delReino Unido, con 45,6, tras la que sesitúan Países Bajos (39,1), Alemania(28,7) y Noruega (25,1), mientras que lapartida más baja es la de los 8,4millones destinados a la Casa del Reyde España. En cuanto a los salariosanuales, descontados los impuestos, los175 622 euros de don Juan Carlosconstituyen la retribución más baja de un

listado que encabeza el rey de Noruegacon 1,2 millones, al que siguen la reinade Holanda, con 829 000 euros, y elgran duque de Luxemburgo, con 645000. El presidente de Estados Unidosgana 355 000 euros netos anuales, el deAlemania 277 000 euros y el de Francia273 000 euros, mientras que elpresidente del Consejo Europeo,Herman van Rompuy, recibe al año unsalario neto de 261 300 euros.

José García Abad me cuenta que unode los reproches que hay que hacerle aLa Zarzuela es que las partidas queaparecen en las cuentas que se hanpublicado no están lo suficientemente

desglosadas y falta una revisión de lasmismas, una auditoría verdaderamenteindependiente. «La Casa Real no sesomete al control del Tribunal deCuentas ni del Parlamento. Solo hay unauditor interno, un interventor jubiladoque, por tanto, no está sometido a ladisciplina del cuerpo. Es un empleadodel rey que solo da cuentas al rey. Porotro lado, don Juan Carlos sigue sinexplicar los ingresos fuera de lo que sele asigna en los Presupuestos Generalesdel Estado ni sobre patrimonio»,sostiene en la conversación que mantuvecon él. García Abad no se ha cansado derepetir en estos últimos años que hay

que reconocer a don Juan Carlos una«pulcritud intachable» en susobligaciones como rey constitucional.Sin embargo, en su opinión, no ha sidomuy exigente con el comportamiento dealgunos miembros de su familia niprudente con sus propios negocios. «Alhablar de la “pulcritud intachable” delrey me refiero a que, a diferencia de suabuelo Alfonso XIII, no ha intentadosobrepasarse en sus funciones políticas,manteniendo la debida neutralidad entrelos partidos. No ha borboneado como suabuelo. Otra cosa es que la conductapersonal o privada del monarca seaintachable respecto a la ejemplaridad

que se espera del jefe del Estado.Cuando la institución es una persona,como ocurre en las monarquías, laejemplaridad personal o privada esesencial. De hecho el rey lo es lasveinticuatro horas del día y suprivacidad es muy relativa. El hecho deque su persona sea inviolable y estéexenta de responsabilidad le obliga más.Nobleza obliga». Para el director de larevista El Siglo, en el último año ymedio no puede decirse que don JuanCarlos haya extremado la pulcritud.«Por lo que vamos sabiendo del casoUrdangarin —sostiene—, el rey no solono ha atajado la deriva del yerno sino

que parece haber incurrido en ciertacomplicidad activa en lo que se refiereal tráfico de influencias».

Tras asegurar que «es obvio que laCorona pasa por su peor momento»,García Abad quiere dejar claro que «yapocos piensan que el rey tiene unaconducta ejemplar como le obliga elpapel que representa. Su popularidad seha desplomado, lo que impide queejerza debidamente su autoritas y queaplique la popularidad del pasado a sufunción de árbitro y moderador “delfuncionamiento regular de lasinstituciones”, tal como reza laConstitución». Le pregunto cuáles

pueden ser los pecados del rey y élresponde con rapidez que «no son debragueta, sino los que he comentado enmis libros sobre imprudenciasfinancieras y malas compañías». «No sési ha continuado con sus imprudenciasfinancieras —añade a renglón seguido—, pues la Casa Real no informa sobrelas inversiones y patrimonio delmonarca, pero es evidente que, almenos, sigue recibiendo importantesregalos, algunos de elloscomprometedores, como la cacería deBotswana, lo que no tiene precedentesen ningún jefe de Estado europeo,incluidos los monarcas. Y está claro que

hasta hace poco continuaba con malascompañías, como la de Corinna».

En eso de las malas compañíasJaime Peñafiel tiene claro que «elmonarca no puede tener amigos yaquellos que se autoproclaman amigosdel rey utilizan la amistad como uncheque al portador». «Si alguien medice que es amigo del rey, yo lerespondo que no le hace ningún favor,porque don Juan Carlos no debe. Puedetenerlos, pero no debe. Desconfía deaquellos que se dicen amigos del rey.Las amistades de los reyes siempreplantean problemas», me comenta.

A Anson también le pregunto por los

amigos del monarca y él, en su estilohabitual, me responde con muchoénfasis: «El rey, cualquier rey, tendrásiempre problemas con sus amigos,porque la gente seria, entre la que megusta contarme, no nos acercamos al rey.Después de tener una relación con lamonarquía durante toda mi vida y alfrente de un periódico institucionalmentemonárquico como el ABC durante quinceaños, nunca le pedí una sola audiencia.He ido a La Zarzuela siempre que mehan llamado, pero nunca he pedido veral rey. Entonces vivía don Juan y habíauna serie de problemas entre los dos, enlos que yo intervenía. Pero no le pedí

audiencia. Te voy a poner un ejemplo:Jaime Carvajal, que estudió con donJuan Carlos en el colegio durante sieteaños, hace igual que yo. Cuando le llamael rey va inmediatamente, pero mientrasno le llama, está en su casa, porque es lológico y lo demás es puro cortesanismo.En cambio, los aventureros, los quequieren trepar, se acercan a don JuanCarlos y lo normal es que el rey lesatienda. A veces se da cuenta de que sonunos trepas y procura rechazarlos. Meconsta que esa gente lo que quiere esutilizar su nombre, acercarse a él,presumir de amistad, hablarpermanentemente. Es una carga que

llevan todos los reyes. A don Juan lepasaba lo mismo. Se le acercaba gente yalguna vez le preguntábamos por ello. Elconde de Barcelona respondía: “Pues nosé, fuimos a comer…” Y luego elpersonaje utilizaba la amistad con donJuan. La actitud del rey y de su padrepuede parecer lógica. A veces seencuentran solos y cuando llega algunapersona, que a veces es muy simpática ymuy divertida, tienden a tener unarelación, que nunca es buena».

The King can not dowrong

Juzgado de Primera Instancia número19 de Madrid. Calle del Capitán Haya,66. Martes 9 de octubre de 2012. Porla mañana.

La magistrada María Isabel Ferrer-Sama Pérez, afiliada a la asociaciónjudicial Francisco de Vitoria yespecializada en procesos de familia,acabó de disponer, mandar y firmar unimportante auto en relación alprocedimiento 1450/2012. Eraconsciente de que su nombre iba a

terminar apareciendo en los medios decomunicación. Posiblemente no fuera aldía siguiente. Seguro que en jornadaspróximas a aquella fecha. Con lasfiltraciones a la prensa nunca se sabe.De lo que estaba convencida era de queese auto iba a abrir un debate político ysocial en el país.

Sobre aquel procedimiento no habíatenido ninguna duda. Es más, redactó elescrito de tres folios en solo unas horas.Al día siguiente de que su juzgadorecibiera la demanda, su firma ya estabaestampada en el papel timbrado delauto. El primer párrafo lo dedicó alúnico antecedente de hecho: «El día 8

de octubre de 2012 se recibió en estejuzgado demanda de juicio verbalpresentada por la procuradora doñaBegoña Antonio González en nombre yrepresentación de don Alberto SolàJiménez contra S. M. don Juan CarlosAlfonso Víctor María de Borbón yBorbón Dos Sicilias, en la cual, trasalegar los hechos y fundamentos dederecho que estimó de aplicación,solicitó “se dicte resolución que declareque mi mandante es hijo por víaconsanguínea de don Juan CarlosAlfonso Víctor María de Borbón yBorbón Dos Sicilias”».

La demanda de Albert Solà venía de

lejos. Desde la década de 1990 estecatalán de cincuenta y seis años pregonósin mucho éxito la relación filial con elrey de España. La historia que relatótiene ciertos tintes rocambolescos.Cuenta que a mediados de los añoscincuenta el por aquel entonces príncipede España hizo un viaje desde laAcademia Militar de Zaragoza aBarcelona. Allí, según narró Solà a laweb de crónica social Vanitatis, habríaconocido a María Bach Ramón, hija deuna familia de conocidos banqueros dela ciudad, que daría a luz a Albert en1956. Dijo también que, tras el parto,unas enfermeras de la Maternidad de

Barcelona arrebataron el niño a MaríaBach y lo llevaron a Ibiza, lugar en elque estuvo hasta 1961. Pasada suestancia en la isla balear, regresó aBarcelona y en 1964 fue adoptado por lafamilia Solà Jiménez, de Sant Climentde Peralta. Según su testimonio, alempezar a investigar sobre su familiabiológica, Albert descubrió en unosdocumentos que aparecía la expresión«chupete verde», una acotación que,según algunos historiadores consultadospor él, hacía referencia a los bebés desangre real. «Estuve viviendo enMéxico, pero regresé para investigar miadopción. Desde entonces no puedo

salir del país, dicen que por seguridad.Estoy encerrado como en una jaula»,afirma.

Tal vez por el perfil inverosímil desu historia, los medios de comunicaciónespañoles, durante años, no dieron aSolà la posibilidad de divulgar sudemanda. La prensa extranjera sí lohizo. A través de una entrevista en unacadena de televisión holandesa conocióa Ingrid Sartiau, una ciudadana belga decuarenta y seis años y residente enGante. Esta mujer sostuvo que su madrele comunicó la identidad de suprogenitor mientras veía la televisión:«Este hombre es tu padre, me dijo,

cuando aparecían unas imágenes del reyde España en una cadena belga», narró aVanitatis. Según ella, su madre, LilianeSartiau, conoció al monarca en 1956, enFrancia. La pareja se volvió a encontraren 1966, en una feria en Luxemburgo, ynueve meses más tarde nació la pequeñaIngrid. Pese a descubrir hace años elnombre de su supuesto padre, empezó aindagar su ascendencia hace algo más deun año. Convencida de su relación conel monarca, buscó información sobre losBorbón en Internet, encontró laentrevista de Solà en la televisiónholandesa y se puso en contacto con él.Juntos decidieron hacerse unas pruebas

de ADN. «Le mandé el materialnecesario al profesor Jean-JacquesCassiman, un genetista de laUniversidad de Lovaina, reconocido anivel mundial», aseguró Solà. El catalánenvió al científico los resultados de superfil ADN para que los comparara conlos de Ingrid y saber qué probabilidadde parentesco existía entre ambos.

Dos meses después tenían losresultados. La primera en conocerlos fueella, pero inmediatamente se lostransmitió a él: son hermanos —dicen—al 91 por ciento. Conocido ese dato,diseñaron su campaña. Para empezar,dieron de plazo hasta el 2 de octubre de

2012 para que el rey de España sesometiera a una prueba de paternidad.Sobrepasada la fecha, los supuestos doshermanos interpusieron su demanda, quecayó por reparto en el Juzgado dePrimera Instancia número 19 de Madrid.

En los fundamentos de derecho de suauto, la magistrada Ferrer-Sama Pérezentiende que lo que procede, concarácter previo, es examinar laposibilidad de dirigir acciones legalescontra el rey. A renglón seguido cita elartículo 56.3 de la Constitución: «Lapersona del rey es inviolable y no estásujeta a responsabilidad. Sus actosestarán siempre refrendados en la forma

establecida en el artículo 64, careciendode validez sin dicho refrendo, salvo lodispuesto en el artículo 65.2».

La inviolabilidad cubre todas lasactuaciones regias de forma que el reyno puede verse sometido a ningúntribunal o, si se quiere, al rey no se leadministra justicia (el artículo 117.1 dela Constitución dice que se administrajusticia en su nombre).

Es una prerrogativa excepcional quese justifica por la propiaexcepcionalidad de la monarquía comoforma de Estado basada en el principiohereditario, y no en el principiocolectivo. El rey no es un ciudadano más

del Estado que pueda ser sometido a lostribunales.

La inviolabilidad del rey tiene unorigen medieval y británico. Bajo lafórmula «The King can not do wrong»(«El rey no puede actuar mal»), en elReino Unido no pueden plantearsepleitos penales ni tampoco civilescontra el titular de la Corona, aunque síse le pueden reclamar responsabilidadesa esta como institución. Todas lasconstituciones de las monarquíasparlamentarias europeas recogen lainviolabilidad del monarca. Así ocurreen Bélgica, Países Bajos y Suecia, ytambién en Dinamarca y Noruega, donde

además se dice que «la persona del reyes sagrada», que es, precisamente, lafórmula que utilizaron las constitucionesespañolas desde la de 1812 hasta la de1869. Las repúblicas también lacontemplan.

Tras el escándalo Watergate, doscuestiones quedaron claras en EstadosUnidos: el presidente sí está sometido aresponsabilidad penal, previoimpeachment, pero disfruta deinmunidad civil absoluta, según lasentencia del Supremo Nixon versusFitzgerald, de 1982.

Explica Paul Preston en su obraJuan Carlos, el rey de un pueblo

(editado por Debate en 2003) quecuando se aprobó la Constitución elmonarca tenía motivos sobrados parasentirse complacido con variascláusulas de la Carta Magna. Al parecer,sostiene Preston, especial satisfacción leprodujeron el artículo 99, por el que sele concedía la prerrogativa de proponera las Cortes al presidente del Gobierno,y el artículo 62, que le daba el mandosupremo de las Fuerzas Armadas. Labiografía sobre don Juan Carlos dePreston sostiene que hubo una serie decontradicciones que parecíanfavorecerle. El artículo 14 dice: «Losespañoles son iguales ante la ley, sin

que pueda prevalecer discriminaciónalguna por razón de nacimiento, raza,sexo, religión, opinión o cualquier otracondición o circunstancia personal osocial». Sin embargo, en lo referente ala posición de la Corona, la seccióntercera del artículo 56 sitúa al monarcapor encima de la ley con las palabras:«La persona del rey es inviolable y noestá sujeta a responsabilidad».

En su auto, María Isabel Ferrer-Sama sostiene que no existe en la LeyOrgánica del Poder Judicial preceptoalguno que atribuya a este juzgado o acualquier otro tribunal el conocimientode las demandas que puedan dirigirse

contra el rey o el jefe del Estado, ya seapor actos de carácter personal o en elejercicio de su cargo. Por el contrario,el artículo 56.2 de la mencionada ley síque atribuye a la Sala Primera delTribunal Supremo el conocimiento delas demandas de responsabilidad civilpor hechos realizados en el ejercicio desu cargo que puedan dirigirse contra elpresidente del Gobierno, presidentes delCongreso y el Senado, presidente delSupremo y del Consejo General delPoder Judicial, etcétera. Según la juez,no existiendo norma legal que atribuya alos tribunales el conocimiento de lasdemandas que en el ámbito civil puedan

dirigirse contra el monarca, debeestimarse que ha sido el legislador quienha trasladado la inviolabilidad del rey alas normas orgánicas y procesales, al noprever siquiera que ninguno de losórganos jurisdiccionales de nuestro paístenga atribuido el conocimiento de loslitigios que puedan proponerse contra elrey.

«Por todo lo expuesto —concluye lamagistrada en su auto— procededeclarar la inadmisibilidad de lademanda objeto de los presentes autos,al amparo del artículo 56 de laConstitución española». La Fiscalía semostró de acuerdo con la decisión de la

titular del Juzgado de Primera Instancianúmero 19, no solo por el argumento dela inviolabilidad, sino porque, en suopinión, las demandas estaban«absolutamente huérfanas» de un mínimoprincipio de prueba que las avalara.

María Isabel Ferrer-Sama Pérezpasó a la historia. Es la primera vez queun juez dicta un auto en el que sostieneque la inviolabilidad del jefe del Estadose extiende a cuestiones relacionadascon el Derecho de Familia. El principiode inviolabilidad del rey había tenido unúnico precedente en la jurisdiccióncivil. En febrero de 2006 la SalaPrimera del Supremo declaró

«manifiestamente improponible [sic]» lademanda de un ciudadano para ejercerel derecho de rectificación respecto a undiscurso navideño del rey. La demandapretendía que don Juan Carlos admitieseque el demandante y su familia quedabanexcluidos de la afirmación de que todoslos españoles eran monárquicos,consideración que, según él, sedesprendía del mensaje televisado delrey del 24 de diciembre de 2005. LaSala Civil del Supremo rechazó lademanda de rectificación, dado el tenorliteral del artículo 56.3 de laConstitución.

A la resolución judicial de la

magistrada Ferrer-Sama se unió otrasimilar de su compañera MilagrosAparicio Avendaño, titular del Juzgadode Primera Instancia número 90 deMadrid, por la que desestimó lademanda interpuesta por la ciudadanabelga Ingrid Sartiau. Dos autos similaressobre idénticas demandas fueronmandados y firmados en días sucesivospor dos compañeras de los Juzgados dePrimera Instancia… Todo hacía pensarque las dos jueces se habían puesto deacuerdo.

La prensa tardó quince días enenterarse de lo ocurrido. Fue MaríaPeral, tal vez la periodista más

prestigiosa entre los que cubren lainformación de tribunales, la que hizoque el diario para el que trabaja desdehace quince años, El Mundo, seapuntara el tanto de la exclusiva. Apartir de ahí todos los medios sehicieron eco de los dos autos judiciales.El debate abierto a raíz de estainformación en periódicos, radios,televisión y páginas de noticias enInternet no fue, ni mucho menos, lasupuesta paternidad de don Juan Carlos—eso pasó a un segundo plano, debidoposiblemente a los testimoniosextravagantes aportados por los dospresuntos hermanos—, sino la

inviolabilidad del monarca. «¿Esinviolable el rey para sus asuntosprivados?», titulaba El Mundo en unacrónica-encuesta con expertos juristas—en página par, eso sí, pero conllamada en portada— el 25 de octubrede 2012. La respuesta del diario llegabaen el primer sumario: «Varios juristasdiscrepan del motivo por el que serechazaron las demandas de filiación».Así, el catedrático de DerechoConstitucional y presidente del ConsejoEditorial de El Mundo, Jorge deEsteban, señala que la inviolabilidaddel rey se refiere exclusivamente alámbito penal y a cualquier otro que

lleve aparejada una sanción, no a losactos de naturaleza privada. Otrocatedrático de Derecho Constitucional,Antonio Torres del Moral, defiende quela Constitución protege la figura del jefedel Estado para evitar que pueda serutilizada por oportunistas. «A mayores,el artículo 117 de la Carta Magnaestablece que la justicia se administra ennombre del rey, por lo que sería unatremenda paradoja que se le enjuiciaseen su propio nombre», asegura.

¿Cuándo responde entonces el titularde la Corona? «Pues, si las cosas seponen muy feas, se le prepara un barcoen Cartagena o un tren en Irún». El

catedrático de Derecho Penal EnriqueGimbernat sostiene que lajurisprudencia constitucional vieneresolviendo de manera repetida que losprivilegios deben ser interpretadosrestrictivamente. «Si el rey hubiesetenido un hijo extramatrimonial, nohabría sido como jefe del Estado, sinocomo una persona. Debe distinguirseentre una demanda privada. Y siincumple una obligación contractual, elperjudicado tiene derecho areclamárselo; en caso contrario,quedaría en la más absoluta indefensióny se vulneraría su derecho a la tutelajudicial efectiva». Juan José Solozábal,

también catedrático de DerechoConstitucional, reflexiona en laEnciclopedia Jurídica Básica de laeditorial Civitas que la inmunidad delmonarca constituye, al fin y al cabo, unabrecha en el Estado de Derecho que solopuede ser contrarrestada en un nivelpolítico por un compromiso deejemplaridad del jefe del Estado.

Por su parte, el periodista JoséGarcía Abad considera que, aunque enla Constitución no se adjetiva lainviolabilidad del rey, del espíritu de lamisma y del sentido común sedesprenden que dicha inviolabilidad nose extiende a los delitos comunes como

el robo, la violación o el asesinato. Noobstante, sería conveniente —en suopinión— que quedara más claro quizáspor una enmienda constitucional. «Talcomo están las cosas se puede colegirque es una brecha en el Estado deDerecho. El rey no debe ser inmune niimpune», sostiene tajante cuando lepregunto al respecto.

Jaime Peñafiel, por su parte, creeque la inviolabilidad del monarcasolamente debe interpretarse en elámbito penal. «Ese —subraya— fue elespíritu del constituyente». «¿Y qué pasacon las cuestiones relacionadas con elDerecho de Familia?», le pregunto. «Esa

es otra cosa —responde—. Si se tuvieraque prestar a hacer pruebas ante todasaquellas mujeres que dicen tener un hijosuyo, no tendría tiempo para dedicarse aotra cosa. Quiero dejar claro que donJuan Carlos no ha tenido hijos fuera delmatrimonio. Lo digo rotundamente: no.Hace años que vienen dándome labarrila para que yo me haga eco de esasdenuncias. Y, sin embargo, son temasque a mí ni me van ni me vienen, yademás son de dudosa realidad. Las dosjueces hicieron muy bien. El rey no tienehijos fuera del matrimonio».

A Luis María Anson no le parececonveniente la expresión «inviolable»

no solo para el rey, sino para ningún jefedel Estado, sea republicano omonárquico. «Es verdad que tanto lasmonarquías como las repúblicas, enmuchas de ellas, se considera inviolableal jefe del Estado y hay que esperar aque deje el cargo, como ocurrió conJacques Chirac, para poder procesarle.Una cosa es adoptar muchas cautelas,para que no se dañe gratuitamente a laJefatura del Estado, y otra cosa es eltérmino “inviolable”. En determinadoscasos es evidente que no puede ser así.Tú imagínate —me dice— que mañanael rey o el presidente de la Repúblicacoge a una niña de ocho años, la viola

cuatro veces, le pega un tiro a su madrey lo hace públicamente. ¿Cómo va a serinviolable eso? Otra cosa es que unseñor le acuse sin pruebas, nada másque para incordiar, ensuciar oemborronar, y eso tenga una tramitaciónjudicial. No la tiene para los diputados aCortes, que son juzgados por el TribunalSupremo, y parece lógico que, desde esepunto de vista, todo lo que se relacionea la Jefatura del Estado, en cualquierrégimen, sea monárquico o republicano,tenga unas cautelas especiales parasalvar lo que es la dignidad de laJefatura del Estado, que es larepresentación de la nación».

En parecidos términos se expresa elempresario y abogado Miguel Durán.«Hay que ser muy prudentes en cuanto ameter al jefe del Estado en ciertasdanzas. A veces ya se mete él solito sinempujarle. Pero de ahí a que cualquierseñor o señora, sin indicios muypalpables de una imputación así, logreque se ponga en marcha unprocedimiento tan significativo como elde reconocimiento de paternidad, creoque media un trecho».

Para la exministra de Vivienda en elgobierno socialista de José LuisRodríguez Zapatero y ahora profesorade Derecho Constitucional, María

Antonia Trujillo, es cierto que elartículo 56.3 de la Carta Magnaestablece que la persona del rey esinviolable y no está sujeta aresponsabilidad, pero ese mismoprecepto también recoge que sus actosestarán refrendados de acuerdo con lodispuesto en el artículo 64. «En miopinión, la inviolabilidad eirresponsabilidad del rey se refiere soloa aquellos actos que están sujetos arefrendo, ya que el refrendo traslada laresponsabilidad al sujeto refrendante.Es decir, se refiere a lairresponsabilidad política, característicacomún a todos los jefes de Estado,

incluso en los regímenes republicanos.El resto de actos, es decir, todos losrelativos a su vida privada, cuandoactúa como un particular, están sujetos aresponsabilidad, ya sea administrativa,civil o penal». A María Antonia Trujillole llama la atención que en las dosrecientes demandas de filiación contrae l señor Juan Carlos Víctor María deBorbón y Borbón Dos Sicilias los autoshayan inadmitido a trámite las demandas«en atención al blindaje constitucional»y a «la tradición histórica einternacional», que atribuye al rey unestatus o protección especialconfiriéndole inviolabilidad e

irresponsabilidad. En su opinión esoimplica «la imposibilidad no solo deexigir responsabilidad penal, sinotambién la de dirigir contra el monarcaacciones ante la jurisdicción civil,considerándose en la doctrina, no sinalguna fisura, que la inviolabilidadviene referida a la conducta personal delrey, y la irresponsabilidad a los actosrealizados en el ejercicio de lasfunciones constitucionalmenteencomendadas».

Por su parte, el diputado deIzquierda Unida Gaspar Llamazarestacha de desvarío las dos decisionesjudiciales. «Incluso en un marco tan laxo

como el que la Constitución Españolafija para el rey, ampliar su aplicación alámbito del derecho de familia me pareceexcesivo y desmesurado». Elparlamentario eurocomunista cree que,según esa argumentación, don JuanCarlos tendría la consideración de unrey absoluto e impune, cuando es unmonarca constitucional que «deberesponder de demandas de paternidadcomo cualquier otro ciudadano». En suopinión, tiene derechos y obligacionesque no se suspenden por el hecho de serrey. «Aunque no gobierna, tieneatributos de reyes que sí gobernaban yde manera absoluta. Es impensable».

Queda fuera de toda duda que de losasuntos patrimoniales del rey respondeel jefe de su Casa y que el monarca nopuede ser sometido a un proceso penalni en el hipotético caso de que se leconsidere sospechoso de la comisión dealgún delito, con la única posibleexcepción de aquellos sobre los quetiene competencia la Corte PenalInternacional. Y aun así será difícil queeso pueda ocurrir, ya que el dictamendel Consejo de Estado que precedió en1999 a la asunción del Tribunal de LaHaya por parte de España consideraque, ya que la Carta Magna impone quelos actos del rey en el ejercicio de sus

funciones sean refrendados, laresponsabilidad se trasladaríaautomáticamente al miembro delgobierno que lo haga. Según esedictamen, la inmunidad del monarca sefundamenta en su posición ajena a todacontroversia. Es decir, el Estadorenuncia a su potestad de someterle alproceso penal para evitar que su figurapueda ser instrumentalizada porintereses espurios que provoqueninestabilidad política.

Los españolessuspenden a la

monarquíaSede del Centro de InvestigacionesSociológicas, calle de Montalbánnumero 8, en Madrid. Tercera semanade octubre de 2011.

El Departamento de Investigacióndel CIS vivió momentos de revuelo. Losprimeros datos del barómetro de octubrereflejaban un giro excepcional detendencia en la valoración que losespañoles hacen de su monarquía. Elsondeo —cuyo trabajo de campo se

había realizado entre los días 1 y 9—otorgó un suspenso a la instituciónmonárquica. Nunca antes la Coronahabía salido tan mal parada en encuestasde este tipo, ya que siempre habíacosechado aprobados. Es más, la notamedia habitual era de las más altas entrelas instituciones del Estado. Desde hacíaalgunos años se había percibido uncierto declive, pero nunca hasta el puntode bajar del cinco en una escala de unoa diez, donde el uno es la nota más bajay el diez la más alta. Los resultadosdefinitivos confirmaron el suspensodurante la última semana de octubre. Lamonarquía obtuvo un 4,89 de nota, por

debajo de los medios de comunicación(4,97) y de las Fuerzas Armadas, quecon un 5,65 fue la única institución queaprobaba, mientras que los partidospolíticos cerraban la lista con un 2,76.La vez anterior que el CIS preguntósobre la monarquía, en noviembre de2010, la nota fue de 5,35, por detrás delejército, que en las encuestas sueleencabezar este tipo de clasificaciones.

Las variables sociodemográficas,políticas y económicas de la encuestareflejaron en cuáles estratos de lapoblación se encontraban los mayoresniveles de crítica a la monarquía. Elperfil del español más decepcionado

con la Corona era un ciudadano joven,con estudios superiores, que vive engrandes núcleos urbanos, de clasemedia-alta, enclavado dentro del sectorde cuadros medios o pequeñosempresarios e identificado con unaideología de centro-izquierda. Ensentido contrario, la institución de lamonarquía registraba las mejores notasentre jubilados, agricultores, conescasos estudios, que viven enpoblaciones pequeñas y con unaideología de derechas. El retrato-robotdel monárquico por excelencia enEspaña es un ciudadano de más desesenta y cinco años y cercano al PP.

Por sexos, el sondeo dejó claro quela monarquía era mejor acogida por lasmujeres (5,19 de nota media) que porlos hombres (4,6); y por edad soloaprobó entre los mayores de 55 años:con un 5,18 le puntuaron los españolesentre 55 y 64 años y con un 6,03 losciudadanos de más de 65. Los jóvenesde 18 a 24 años le dieron un 4,35 demedia, mientras los españoles de entre25 y 34 le otorgaron un 4,52. Un 4,42sacó la Corona de la franja comprendidaentre 35 y 44 años y un 4,7 de los deentre 45 y 54. En cuanto a los estudiosde los entrevistados, la valoraciónpositiva del rey desciende de manera

inversa a como aumenta la formación.Así, la mejor nota la recibe de losespañoles sin estudios (6,36 puntos),seguido por los de primaria (5,18),secundaria (4,51), formaciónprofesional (4,5), estudios mediosuniversitarios (4,5) y superiores (4,2).La variable de la población también eramuy significativa: la Corona recibía lamejor nota en los núcleos de menos de2000 habitantes (5,25) y la peor en lasciudades de más de un millón dehabitantes (4,47). En cuanto a latendencia política de los entrevistados,en una escala de uno a diez, donde el 1es la extrema-izquierda y el 10 la

ultraderecha, los resultados fueron lossiguientes: los comprendidos entre el 1 y2 le dieron 2,81 puntos; los de 3-4, un4,49; los del 5-6 (centro), un 5,2; los del7-8, un 6,33; y los 9-10, un 6,5.Respecto al recuerdo de voto, loselectores del PSOE le otorgaron un5,11; los del PP, un 6,17; los de IU, un2,58; los de CiU, un 3,56 y los de otrospartidos, un 3,71. En cuanto a lasprofesiones, el suspenso de lamonarquía es general, menos entre losagricultores (que le dieron una notamedia de 6,41 puntos), los que sededican al trabajo doméstico noremunerado (5,98) y los jubilados y

pensionistas (5,71). Los más críticoscon la Corona fueron los pequeñosempresarios (4,22), los obreroscualificados (4,24), los técnicos ycuadros medios (4,27), los empleadosde oficinas y servicios (4,41), losestudiantes (4,44), los directores yprofesionales (4,6), los parados (4,61) ylos obreros no cualificados (4,75). Lavariable de estatus social también fuemuy significativa: la clase media-altavaloró a la Corona con una nota de 4,47puntos; las nuevas clases medias ledieron un 4,79; y solo le aprobaron lasviejas clases medias, con un 5,38.

Cruzando datos con otros sondeos,

los técnicos en demoscopia del CISpudieron comprobar que el descenso,leve pero pronunciado, en la valoraciónde la monarquía comenzó en 2005,meses después de la boda del herederode la Corona con Letizia Ortiz. Lasprimeras preguntas del centrodemoscópico sobre la instituciónmonárquica datan de 1984, todavía bajolos efectos de la actuación del reydurante la intentona golpista del 23-F.Entonces una gran mayoría de españolesjuzgó positivamente su papel comomoderador, consideró a la Corona lainstitución mejor valorada y prefirió lamonarquía a la república como modelo

de Estado. Diez años después —en 1994— la Corona superó el 7 de puntuación,y en 1997 seguía siendo la que másconfianza despertaba entre los españoles(con una nota de 6,67 puntos), seguidadel Defensor del Pueblo (5,62) y losayuntamientos (5,39).

Desde el enlace matrimonial de lospríncipes de Asturias, la instituciónmonárquica ya no tiene la hegemonía devaloración. En 2006 fue la tercerainstitución mejor valorada, tras lasFuerzas de Seguridad (5,7) y las FuerzasArmadas (5,4), obteniendo una nota de5,1 puntos. Las tres subieron envaloración en 2008, pero la monarquía

seguía la última de ellas. El sondeo delCIS reflejó ese año que el 77 por cientode los españoles creía que el rey habíacontribuido mucho o bastante a laestabilidad de la democracia. El 81 porciento decía que se había ganado lasimpatía de los españoles. El 59,5 porciento creía que sin él no habría sidoposible la Transición y el 66,3 porciento veía la monarquía como garantíade estabilidad. La penúltima vez que elCIS preguntó sobre la monarquía —ennoviembre de 2010—, la nota fue de5,35, por detrás del ejército.

A la vista de los datos negativospara la Jefatura del Estado, me cuentan

empleados del CIS que el barómetro deoctubre de 2011 despertó hondapreocupación en la presidencia delcentro demoscópico (cuyo titular eraentonces Ramón Ramos Torre, unprestigioso experto en sociología). Unpar de días antes de su difusión, comoera habitual, el sondeo se remitió alMinisterio de la Presidencia, del quedepende el CIS. Atrás quedaban lostiempos de los datos cocinados durantela etapa de María Teresa Fernández dela Vega al frente de la VicepresidenciaPrimera del Gobierno. La consignapolítica del entonces ministro RamónJáuregui fue dar a conocer a la opinión

pública los datos según salían del horno,es decir, sin ningún tipo demanipulación. «No hubo cocina —aseguran mis fuentes en el Centro deInvestigaciones Sociológicas— y elbarómetro fue difundido en la páginaweb del CIS el 26 de octubre de 2011».

Pocos días después, el 11 denoviembre, una comisión policialencabezada por el fiscal anticorrupciónde Baleares, Pedro Horrach, bajo laorden del juez José Castro, efectuó enBarcelona el registro judicial de la sededel Instituto Nóos. Y el CIS no volvió apreguntar a los españoles por la imagendel jefe del Estado hasta año y medio

después. Las otras dos ocasiones en quetampoco hubo consulta fueron en 2004,el año del enlace de Felipe y Letizia, yen 2007, el de la separación de lainfanta Elena y Jaime de Marichalar.¿Simples casualidades?

Sondeo a mis fuentes del CIS porqué razón durante 2012 no huboencuestas sobre la Corona y responden:«El centro no lo consideró un temarelevante para volver a preguntar».Argumentan que los barómetros deopinión tienen una parte fija (preguntasque se hacen siempre) y una partevariable que se utiliza para los asuntosmás importantes que acontecen al país

en cada momento. «Un grupo deexpertos en sociología y el propiodirector del CIS son los encargados dedecidir qué se pregunta en la partevariable. Si no la hicieron durante 2012fue porque no la vieron relevante enaquellos momentos», sentencian.

La vicepresidenta primera delGobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,fue requerida en la rueda de prensa trasel Consejo de Ministros del 19 de abrilde 2013 para que diese una explicaciónal respecto. El diálogo entre elperiodista y la portavoz del ejecutivofue el siguiente:

—Se ha hablado mucho de la

monarquía en las últimas semanas. Yo lequería preguntar por algo muy concreto:¿Por qué el Centro de InvestigacionesSociológicas ha dejado de preguntar porla monarquía? Porque es una cosa que seha comentado mucho. Preguntabasistemáticamente todos los años y, desdeque salió que suspendía por primera vezen la historia —no estaban ustedestodavía en el gobierno—, no ha vuelto apreguntar. Y como responsable, lepregunto.

—En cada caso es el Centro deInvestigaciones Sociológicas, concriterios que, como usted me decía,responden desde hace tiempo… Son

criterios técnicos que deciden o nollevar a cabo ese tipo de actuaciones.Pero yo me imagino que esto, comocorresponde, en próximos CIS y conabsoluta normalidad se preguntará alrespecto.

No hubo que esperar más que dossemanas. El 3 de mayo el CIS colgabaen su página web otro barómetro másdemoledor si cabe para la Corona. Elsondeo, realizado en abril de 2013, dabafe de la valoración negativa que losespañoles tenían de la instituciónmonárquica, a la que dieron la nota másbaja de su historia: un 3,68 sobre 10. Esdecir, más de un punto por debajo de su

anterior y primer suspenso, en octubrede 2011. La encuesta (2482 entrevistas)se realizó entre el 1 y el 8 de abril, enmedio de la imputación de la infantaCristina por el caso Nóos. Además fuela institución que más cayó en eseperiodo. El nuevo suspenso colocó a lamonarquía por detrás de la GuardiaCivil, la Policía y las Fuerzas Armadas—las tres únicas instituciones queaprobaron— y de los medios decomunicación y el Defensor del Pueblo,que suspendieron pero con notas algosuperiores, un 4,79 y un 3,94respectivamente. Así, la Corona fue lasexta institución mejor valorada entre

dieciséis, por delante de la Iglesia(3,56), el poder judicial (3,52), y amucha distancia de las catastróficasnotas del gobierno (2,42) y los partidospolíticos (1,83), a la cola de la lista. Porprimera vez también la monarquíaapareció en la lista de problemas quemás preocupan a los españoles, pordelante de la sanidad, las hipotecas, lareforma laboral, los nacionalismos y laviolencia machista, aunque con unporcentaje muy bajo: solo la mencionóespontáneamente como uno de losproblemas más preocupantes el 0,9 porciento de los encuestados.

Lo que hizo el CIS en el sondeo de

abril de 2013 fue confirmar otrasencuestas realizadas por los medios decomunicación, que pagaron estos de subolsillo. El diario monárquico ABCpublicó en marzo de 2012 que el 69 porciento de los españoles sostenía que lamonarquía es una institución positiva.Algo más de medio año después —en elsondeo de octubre—, el porcentajehabía caído al 60,7 por ciento, es decir,casi 9 puntos; en marzo de 2012 el 63por ciento apoyaba a don Juan Carlos yen octubre de ese año el apoyo caía al55,7 por ciento, casi 8 puntos menos.Más demoledor para la imagen de laCorona fue el sondeo publicado por El

País el 7 de abril de 2013, realizadounos días antes de que se conociera laimputación de la infanta Cristina. Segúnesa encuesta, la valoración ciudadanadel rey se había desplomado y, porprimera vez en este tipo de sondeos dela empresa Metroscopia, su nota fuenegativa, muy por debajo incluso de lavaloración que tenía un año antes,cuando se produjo el episodio de lacacería de Botswana y la posteriorpetición pública de disculpas. Endiciembre de 2012 su nota (diferenciaentre los que aprueban y los quedesaprueban la forma en que ejerce susfunciones) era de 21 y ahora es de -11;

es decir, que en solo tres meses perdió32 puntos. Su valoración estaba pordebajo de la de otras veintisieteinstituciones o colectivos socialesvalorados. Por ejemplo, tenían mejorvaloración los inspectores de Haciendaque don Juan Carlos. Del sondeo sededujo la situación significativa de queel rey había perdido apoyoespecialmente entre los votantes delPSOE y los más jóvenes.

«Somos muy conscientes deldeterioro de la imagen pública de lasinstituciones y de la Corona en losúltimos años», aseguró un portavoz de laCasa del Rey después de conocerse el

barómetro del CIS correspondiente aabril de 2013. «Todas las encuestas,tanto las públicas como las quemanejamos nosotros internamente,muestran esa tendencia negativa y, porsupuesto, ese deterioro nos preocupamucho y afecta a nuestras actuaciones».La Zarzuela confiaba entonces enempezar a remontar una vez el reyestuviera «plenamente recuperado» dela operación de columna a la que sesometió en marzo de 2013.

Así las cosas, pregunté a expertosdemoscópicos por los motivos que hanllevado a ese deterioro en la valoraciónpública de la Corona representada en la

figura de don Juan Carlos. Y todoscoinciden en la misma idea: aunque elrey se ganó una suerte de «legitimidadde facto con su papel en el 23-F», dosfactores socavan su imagen en lossondeos desde hace tiempo. Por un ladolos escándalos económicos de su círculode amigos o familiares directos y, porotro, el olvido del papel que desempeñóen la Transición, sobre todo entre losciudadanos jóvenes.

Dos periodistas tan alejadosideológicamente como Luis MaríaAnson y José García Abad comparten,sin embargo, el mismo diagnóstico: elpacto de silencio de la prensa y la falta

de crítica durante estos años haperjudicado la imagen pública de donJuan Carlos. «Durante años —mecomenta Anson— ha existido una actitudgeneral, no solo de los periodistas, sinodel pueblo español, que lo transmitía laprensa, de que la institución monárquicanos ha hecho tal servicio —la vuelta dela democracia y el fracaso del 23-F—que era necesario dejarla fuera deldebate y la polémica. El tiempo ha idopasando —no en vano el rey lleva yamás en la Jefatura del Estado que Franco— y, naturalmente, a lo largo de losaños ha ido emergiendo la crítica. En miopinión, la Casa del Rey debió hacer en

su día un planteamiento de entrevistascon los presidentes y directoresgenerales de las televisiones paradecirles: “No puede ser que a lamonarquía española no se la critique”.Nosotros entendemos que la Coronadebe estar sometida a crítica, perosiempre en los telediarios y nunca en losprogramas del corazón. El rey debe saliren televisión como lo hacen FrançoisHollande, Nicolás Sarkozy, AngelaMerkel o la reina de Inglaterra, porponer algunos ejemplos. Esto no suponeel menor desdoro. Nunca podrá apareceral nivel de mi amiga Carmele Marchanteo Belén Esteban. Es una lástima que la

familia real se haya instalado de unamanera permanente en ese mundo rosa.Las críticas que recibe la monarquíadesde esos programas no las resistiría niChurchill redivivo. Mi opinión es que laCasa del Rey no lo hizo bien en sumomento. Tuvo que aceptar que laCorona debía tener crítica. Pero unacrítica hecha por gente seria en lostelediarios. Si eso se hubiera hecho así,seríamos como otros países europeos».

Por su parte, García Abad sostieneque «si la prensa hubiera informadopuntualmente, como es su obligación, delos malos pasos del monarca y delpríncipe, algunos asuntos, ciertas

aventuras empresariales y unas cuantasimprudencias no habrían adquiridotamaña dimensión». «El silencio de laprensa —añade— ha podido generar enel entorno real una sensación deimpunidad propiciadora del descuido.La complicidad mediática no ha hechoningún favor al rey ni al príncipe ni a lasinfantas ni, en resumidas cuentas, a lamonarquía. La transparencia informativasigue siendo la mejor garantía del buenfuncionamiento de las instituciones y unaobligación para con los ciudadanos, queson los que pagan las facturas. Latransparencia es la condiciónimprescindible para que el público

juzgue sin juzgados, emitiendo lasentencia inapelable sobre lo adecuadoy lo impresentable».

La pérdida de apoyo popular —como señalaron los sondeos de opinión—, el escándalo Nóos —el primer casode corrupción en el que se ha vistoinvolucrado de lleno un miembro de lafamilia real— y las meteduras de patadel jefe del Estado —como su caceríaen Botswana—, que le obligaron a pedirperdón a los españoles, sacudieron detal manera la institución monárquica quese rompió un tabú dentro de LaZarzuela: por primera vez don JuanCarlos vio con buenos ojos una ley que

desarrollara ampliamente el artículo57.5 de la Constitución, en lo que se haempezado a llamar la Ley de la Corona.«Las abdicaciones y renuncias ycualquier duda de hecho o de derechoque ocurra en el orden de sucesión a laCorona se resolverán por una leyorgánica», dice textualmente la CartaMagna sobre el citado artículo.

La idea que ha imperado desde laaprobación de la Constitución es que losasuntos de la Corona se rigiesen porusos dinásticos. Se temía que una Ley dela Corona fuese demasiado detallista yque encorsetara a la familia real. Encírculos monárquicos se ha considerado

suficiente que los asuntos que afectan ala monarquía estuviesen regulados enlos diez artículos de la Constitución, del56 al 65. El cambio de tendencia seconcretó al inició de la primavera de2012, cuando desde el palacio de LaZarzuela se empezó a animar a lospartidos mayoritarios a que se pusierana trabajar en una ley orgánica quedesarrollara el artículo 57. Desde laaprobación de la Constitución solo hansalido adelante dos breves realesdecretos que afectan a la Casa Real, loque explica las precauciones que hahabido en nuestro país a la hora deregular aspectos de la Corona. El

primero se aprobó en noviembre de1981, poco después del golpe de Estadodel 23-F y con la UCD aún en el poder,sobre el registro civil de la familia realpara inscribir «los nacimientos,matrimonios y defunciones, así comocualquier otro hecho o acto inscribiblecon arreglo a la legislación sobreregistro civil, que afecten al rey deEspaña, su augusta consorte, susascendentes de primer grado, susdescendientes y al príncipe heredero dela Corona». El segundo real decreto —de noviembre de 1987, al inicio de lasegunda legislatura de Felipe González— versó sobre el régimen de títulos,

tratamientos y honores de la familia realy de los regentes. Una norma de nulacapacidad legislativa que solo sirve aefectos protocolarios, de ahí que unaeventual Ley de la Corona suponga unavance sin precedentes.

A principios de mayo de 2012 elcatedrático de Derecho Constitucionalde la Universidad Complutense ypresidente del Consejo Editorial de ElMundo, Jorge de Esteban, propuso enuna tribuna de opinión publicada por elperiódico de Pedro J. Ramírez sietepuntos que deberían regular, a su juicio,la citada ley orgánica, desde aspectoscomo la transparencia de la Corona y la

necesidad de que el gobierno autoricelos viajes privados del rey, a cuestionescomo las funciones del príncipeheredero, las consecuencias de que elrey o la reina soliciten el divorcio, lasdiferencias entre la familia real —consus obligaciones e incompatibilidades—y la familia del rey, así como elsupuesto de la abdicación del monarca yun marco legal sobre la situación de losmiembros que trabajan en la Casa Real.El «catálogo de Esteban» fue muyaplaudido al día siguiente por LuisMaría Anson, lo que atrajo la atenciónde muchas de las personas vinculadas ala Casa Real.

El 14 de abril de 2013, día deconmemoración de la II RepúblicaEspañola, el diario El Mundo publicócomo asunto más destacado de suportada la noticia de que el gobiernotenía casi lista la redacción de la leyorgánica que establecerá, entre otrascuestiones, los mecanismos para laabdicación del monarca, después de queel Ministerio de Justicia llevasetrabajando en el asunto más de un año.Tras barajar varias opciones, elejecutivo apostó por la elaboración deuna norma que integre todos los aspectosrelativos a la monarquía y quedesarrolle el mandato constitucional de

regular el abandono de la jefatura delEstado. Según El Mundo, la ley otorgaráa los miembros de la Casa Real lacondición de aforados. De esta forma elTribunal Supremo sería quien tendría lascompetencias para juzgar al príncipe o alas infantas en lugar de, como hastaahora, el juzgado de primera instanciacorrespondiente. El argumento empleadopara dotar de mayor protección jurídicaa los miembros de la familia real es quelos diputados nacionales y autonómicos,además de los representantes de otrasinstituciones, cuentan ya con ella.Aunque el proyecto está muy avanzado,el objetivo del gobierno es que el texto

no sea enviado al Congreso hasta que seabra el juicio oral por el caso Nóos. ElGabinete del PP no cree que sea buenoque coincidan en el tiempo el debatesobre una norma que dotará de másprotección a los miembros de la familiareal con la instrucción del escándalo queafecta a la hija y el yerno de don JuanCarlos.

Cinco días más tarde —el 19 deabril— El Confidencial Digital ofrecíamás datos sobre la futura Ley de laCorona. Según la web de JoséApezarena, la norma equiparará lasituación del príncipe heredero a lainviolabilidad del propio rey. Es decir,

que ninguno de sus actos podrá serllevado ante los tribunales. Actualmentedon Felipe no goza de ningunaprotección jurídica especial, por lo que,como ha ocurrido con la infanta Cristina,si se produjera una demanda contra éltendría que responder ante los juecesordinarios. «Igualmente —añadía ElConfidencial Digital— se otorgaráinmunidad a todos los integrantes de lafamilia real, que por tanto no podrán serobjeto de procedimiento judicial contraellos. Pero se trata de una inmunidadlimitada, porque solamente afectará aactos realizados en el ejercicio de susfunciones de representación. La

inmunidad no se aplicará a cualquierotra actividad que realice un miembrode la familia fuera del ámbito público yoficial. No alcanzará a actividadesprivadas como las que realizó IñakiUrdangarin en el Instituto Nóos. Sialguien fundara una empresa privada, y através de ella cometiera cualquierdelito, sería juzgado por ello. Noobstante, se les protegerá en el caso deque ostenten la presidencia honoríficade una entidad que cometa delito,porque esa presidencia se recibió porser miembro de la familia real».

El Confidencial Digital también diopor hecho que la futura Ley de la Corona

establecerá el procedimiento para larenuncia a los derechos al trono porparte de un miembro de la familia real.Se trata de una previsión que no estácontemplada en la Constitución, que loúnico que dice es que esa eventualidadse regulará mediante una ley orgánica.La ley admitirá la posibilidad de que loshijos del rey, incluido el príncipe o laprincesa herederos, renuncien al cargo,si bien todavía no se ha concretado elmecanismo exacto para proceder a ello.De acuerdo con las fuentes consultadaspor El Confidencial Digital, el modeloque se está considerando es el queactualmente existe en la casa real

británica, donde se aplica esa opción y acambio se pierden una serie de derechosbien definidos.

Mientras continuaban lasnegociaciones sobre la Ley de laCorona, la Casa del Rey y el gobiernocerraron el 5 de abril de 2013 laincorporación de la monarquía a lafutura ley de transparencia, segúnconfirmaron fuentes de La Zarzuela undía después de que el juez Castrofirmara el auto de imputación para lainfanta Cristina. Las mismas fuentesquisieron dejar claro que la negociaciónempezó dos meses antes, a petición de laCasa del Rey, que decidió que no debía

quedarse fuera de ese procesoprecisamente en un momento de gravedeterioro de su imagen. Por su parte, lavicepresidenta del ejecutivo, SorayaSáenz de Santamaría, adelantó en larueda de prensa tras la reunión delConsejo de Ministros de aquella semanaque la decisión surgió del acuerdoparlamentario tras el debate sobre elestado de la nación y que La Zarzuela«ha participado con absolutacolaboración y disposición» en loscontactos para alcanzar un acuerdo.Durante el proceso negociador se cuidóespecialmente que la incorporación a laley no afectara a los principios sobre la

Corona que establece la Constitución.En este sentido, Sáenz de Santamaríaquiso subrayar que la inclusión no seráplena. El gobierno ha tenido en cuenta elTítulo II de la Carta Magna, queestablece una serie de particularidadespara la Casa del Rey que hay querespetar en todo caso. De esta forma LaZarzuela recibirá en la ley detransparencia un trato similar al delCongreso o el Senado, distinto al de lasadministraciones públicas, pues la Casadel Rey no lo es.

Capítulo V

GARZÓN Y LAJUSTICIA

AL SERVICIO DELEGO

Sesenta millones deeuros dilapidados con

el caso TelecincoCafetería Riofrío. Calle de Génova,número 28, en Madrid. Un día de abrilde 1997. Durante la mañana.

Como casi todas las mañanasBaltasar Garzón y Javier Gómez deLiaño fueron a tomar café a la célebrecafetería próxima a la AudienciaNacional, el Tribunal Supremo y elConsejo General del Poder Judicial.Desde hace cuarenta años en Riofrío sepreparan desayunos para la flor y nata

de jueces, magistrados, fiscales,vocales, abogados y funcionarios de laadministración de Justicia. BaltasarGarzón y Javier Gómez de Liaño, queentonces eran amigos, se sentían elnúcleo duro de jueces de la AudienciaNacional, una casta especial deinstructores dedicados a perseguir eldelito allá donde se produjera. Sureputación era, por aquellos días,intachable. Meses antes Garzón habíaacogido con alivio la llegada de Gómezde Liaño en sustitución de CarlosBueren. Desde su puesto de vocal delCGPJ, Javier (y su entonces pareja, lafiscal María Dolores Márquez de Prado)

había echado una mano a Baltasar en lainstrucción del caso Lasa y Zabala anteel acoso del biministro Juan AlbertoBelloch, obsesionado por tapar con untupido manto de silencio el llamadoGAL verde. El aterrizaje de un juezcurtido como Gómez de Liaño en elJuzgado de Instrucción número 1 de laAudiencia Nacional —su llegada sefraguó en la inteligente treta de presentarsu candidatura a última hora para que nofuera vetado por el gobierno socialistade Felipe González— suponía a Garzónno quedarse solo en la investigación dela guerra sucia contra ETA. Todo hacíapresagiar que la amistad entre ambos iba

a ser duradera.Aquella cálida mañana de abril de

1997, recién comenzada la primavera,no había empezado la rivalidad entreambos. Aún eran uña y carne. Su amigoBaltasar no le había pisado ningúnsumario, aunque apuntaba maneras.

—De juez a juez te digo que yotendré muy pronto en mis manos otrocaso muy importante de otra televisión—le dijo Garzón a Gómez de Liañocuando los dos magistrados lograronzafarse de la nube de reporteros gráficosque suele acompañar a las estrellas dela judicatura en su paseíllo desde laAudiencia Nacional a la cafetería

Riofrío.Gómez de Liaño instruía desde que

le cayó por reparto el 25 de febrero elsumario del denominado casoSogecable, un llamativo escándalo desupuesta apropiación indebida queafectaba a la cúpula del Grupo Prisa. Alparecer, el Consejo de Administraciónde Sogecable se había gastado cientocuarenta millones de euros de losdepósitos de sus abonados de CanalPlus en recapitalizar la empresa yrepartir dividendos entre losaccionistas, en lugar de dejarlosbloqueados en un banco o caja deahorros como garantía de la devolución.

Cuenta José Díaz Herrera en su libroGarzón, juez o parte (publicado por LaEsfera de los Libros en 2007) quecuando el titular del Juzgado número 5se enteró —en una comida en elrestaurante Lur Maitea— por boca de sucolega del número 1 que no era él, sinoGómez de Liaño quien iba a instruir elsumario del caso, «se le humedecieronlos ojos y tuvo que agachar la cabezapara disimular la rabia que le causaba elreciente protagonismo de sucompañero». «Hasta entonces —sigueDíaz Herrera con su relato— él era elúnico gallo del corral de la AudienciaNacional y le había salido un duro

competidor». El abogado AntonioGarcía Trevijano, presente en aquellacomida, no pasó la oportunidad delanzar un dardo al orgullo del juezestrella: «Sabes, Baltasar: ese asunto esmás importante que todos los sumariosde los GAL juntos».

En su papel de adalid de la luchacontra la corrupción, Garzón teníapuesta su mirada inquisidora en lacadena privada Telecinco, en manos delmagnate italiano Silvio Berlusconi, quecasi una década antes habíadesembarcado en los medios decomunicación españoles en alianza conla Once de Miguel Durán y tras comprar

la participación del Grupo Anaya. SiGómez de Liaño podía investigar aJesús de Polanco —presidente delemporio de Prisa—, él lo haría conBerlusconi, que dos años antes habíadejado de ser máximo responsable delpoder ejecutivo en Italia.

El primer contacto de Garzón con elentorno del empresario transalpino tuvolugar en 1994. En junio de aquel añoabogados de Berlusconi —que un mesantes se había alzado con el puesto depresidente del Consejo de Ministros deItalia y en aquellos momentos seenfrentaba a problemas con la justiciapor su posible conexión con la Mafia—

acudieron a la Audiencia Nacional conla intención de entrevistarse con el juezestrella. Sabedores de que el magistradoespañol tramitaba varias querellascontra dictadores extranjeros, leespetaron: «Exigimos que al presidentedel gobierno italiano se le aplique lamisma doctrina que a Hassan II yTeodoro Obiang Nguema». Sin entrar avalorar si cometieron delitos degenocidio, terrorismo y torturas,Baltasar Garzón terminó archivando lossumarios contra el rey de Marruecos y elpresidente de Guinea Ecuatorial con elargumento de que tenían inmunidad alser los responsables de sus Estados.

La oportunidad de proceder contrala cúpula directiva de Telecinco le llegóa Garzón mientras investigaba el casodel agujero de los 200 000 millones. Poraquellos días el PP había presentado unadenuncia contra el último gobierno deFelipe González por un presunto caso deamiguismo fiscal que había supuesto unimportante agujero a las arcas públicas.El gobierno de Aznar acusaba entoncesde prevaricación a la administraciónsocialista por haber retrasado asabiendas la tramitación de 600expedientes sancionadores con elresultado de una deuda no ingresada enHacienda por valor de 200 000 millones

de pesetas. Durante la instrucción delsumario sobre el agujero en Hacienda,Garzón se encontró con supuestasirregularidades en la constitución de laempresa propietaria de Telecinco. Eljuez estrella ya tenía su causa contra unacadena de televisión.

Dicho y hecho. El 23 de julio de1997 la Fiscalía Anticorrupción pidió aljuez del Juzgado de Instrucción número5 de la Audiencia Nacional laimputación de 38 personas —entre ellasSilvio Berlusconi, Javier de la Rosa yMiguel Durán— por presuntos delitosde falsedad fiscal y societaria cometidosdurante su gestión al frente de Telecinco

entre 1988 y 1996. Según se estimóentonces, el fraude podía alcanzar los2000 millones de pesetas (12 millonesde euros). Comenzaba así la instruccióndel procedimiento número 262/1997,más conocido como «sumarioTelecinco».

Con la complicidad de los fiscalesCarlos Villarejo y Carlos Castresana, elmagistrado instructor pudo montar esedía su teatral operativo decretando elsecreto de las actuaciones y ordenandola práctica de seis llamativos registros,retransmitidos en directo por los mediosinformativos: tres en locales propiedadde Telecinco en Madrid, uno en

Extremadura y otros dos en despachosde abogados implicados. Con ello, eljuez estrella se aseguraba aparecer en laportada de todos los periódicos al díasiguiente. Garzón no autorizó, como lepedía la Fiscalía, que los agentesjudiciales registrasen la sede de laOnce, puesto que Miguel Durán ya notenía relación con el grupo empresarialde los ciegos (había dejado lapresidencia casi cuatro años antes). Esosí, el juez exigió a la organización dediscapacitados toda aquelladocumentación relacionada con loshechos investigados en la instrucción delsumario.

El magistrado de la AudienciaNacional trataba de probar que lacadena amiga se había convertido en unamonumental cueva de ladrones, en la queBerlusconi —a través de su empresaFinnivest— se quedaba con el 30 porciento de la facturación sin pagarimpuestos, mientras la cúpula directivade la Once se convertía en contratista desu propia empresa, llevándose el capitala manos llenas, pese a que Telecincoseguía, ocho años después de empezarsus emisiones, sin dar beneficios.

Garzón atribuía a Miguel Duránvarios delitos contra la HaciendaPública, falsedades y delitos

societarios, por los que le pedía variaspenas de dos años de prisión, hasta untotal de casi nueve años de cárcel. Elexdirector general de la Once y ahoraabogado y empresario recuerda aquellosdías con tristeza y alivio por habersuperado la complicada situación:«Garzón no ha sido nunca, en puridad,un instructor. Se ha servidoprincipalmente del trabajo de lospolicías, de los inspectores tributarios y,sobre todo, del Ministerio Fiscal paracomponer sus autos. Además, suactuación siempre ha estado imbuida deuna voluntad inquebrantable deconsecución de notoriedad propia, por

encima de la verdadera índole de loscasos que enfrentaba. De no haber sidoasí, ¿cómo puede explicarse que muchomás de la mitad de los procedimientospor él instruidos acabasen ensobreseimientos o en absoluciones? Loque a él le importaba verdaderamenteera el relumbrón que lograba desde elpunto de vista mediático, y nada más. Eljusticiable, para él, era un simpleinstrumento que le permitía conseguiresa finalidad personal».

Durán fue a declarar en tresocasiones ante el magistrado de laAudiencia Nacional. Recuerda que lavoz cantante la llevaba el fiscal. Garzón

se limitaba a escuchar, sin formularpreguntas, mientras el interrogatorio eragrabado en una cinta magnetofónica.«Yo siempre procuré estar a bien con elfisco en el plano personal; pero es obvioque cuando presides más de doscientassociedades —como era mi caso cuandodirigí la Once y su grupo de empresas—, si te hacen alguna inspección, los deHacienda siempre encuentran cualquierresquicio por donde meterte el dedo enel ojo. A mí, lo del “dedo en el ojo”,por razones obvias, no me importabademasiado; pero cuando Garzón,conchabado con el fiscal anticorrupción,Jiménez Villarejo, y su lugarteniente,

Carlos Castresana, decidieron ir a porBerlusconi, a los que estábamos en elmedio de esa gran operación político-mediática se nos llevaron por delante».

El empresario ciego hace memoria:«Me dijo que me imputaba para quepudiera defenderme mejor; pero yosabía que se trataba de un hombre sinescrúpulos que no pararía hastaconseguir sus propósitos. Enseguida medi cuenta de que su estrategia y la delfiscal consistían en sembrar la divisióny la discordia entre todos los imputados,procurar el chivateo interno para quenos hiciéramos daño. En algún caso,como por ejemplo con Valerio Lazarov

(primer director de Telecinco), loconsiguió, ya que, a cambio de retirar laimputación, Valerio le contó cosas muysabrosas (aunque inciertas) sobreBerlusconi. También le dijo que él nopintaba nada en Telecinco, más que lorelativo a la realización en pantalla, yque los que manejábamos el cotarroéramos los demás. Garzón cumplió supromesa y retiró la imputación. Dehecho, ya en el acto del juicio oralValerio siguió cargando contra todos losdemás con el objetivo de hacer creer altribunal que él no era más que undirector de escena, cosa que, como esobvio, los jueces no creyeron. Garzón y

el fiscal se aprovecharon de que Valerioestaba muy despechado con Berlusconi ycon los italianos por la forma quetuvieron de echarle a finales de 1994 ysustituirle por Carlotti. De todo lo cualtambién me culpó a mí. Decía que no lehabía defendido lo suficiente. Con esapremisa, Garzón le sacó de dentromucha bilis contra nosotros. Esos eranlos procedimientos del magistradoestrella hasta que le expulsaron de lajudicatura».

En un auto de fecha 28 de abril de1998, Garzón describe un conjunto deoperaciones por las que los imputadoshabrían obtenido fondos de las

sociedades que administraban,supuestamente desviados a patrimoniospersonales, por un valor total de 3849millones de pesetas. Al entoncespresidente de Telecinco, Miguel Durán,le atribuía una apropiación indebida de825 millones, más lo que resultase deevaluar 80 parcelas en Badajoz de lasque era titular; y a Santiago MuñozMachado, vicepresidente de la cadena,1353,8 millones. Este último, junto conÁngel Medrano y Rafael Álvarez-BuizaDiego, accionistas de la sociedadPromociones Calle Mayor —una de lasque el juez consideraba que fueronutilizadas para actos fraudulentos

cometidos en los primeros años deTelecinco—, habrían obtenido,presuntamente, 976 millones más de otraoperación. Para Garzón todas esascantidades se financiaron «mediantereconocimiento de préstamo» concedidopor la propia Telecinco a dichosdirectivos. Por la mayor parte de estascantidades, según el auto, los imputadosno tributaron en los ejerciciosrespectivos o lo hicieron «compensandolos ingresos con gastos ficticios».

Según el sumario, el 12 dediciembre de 1992 Durán recibió 500millones de pesetas de la empresaPléyade, propiedad de Medrano y

Álvarez-Buiza, que Telecinco pagó porlocalizar estudios de televisión. Elsumario no explicó por qué esos 500millones fueron a parar a manos delexdirector de la Once, que dedicó 95millones a comprarse un piso en Madridy el resto lo ingresó en una cuentacorriente de una de sus empresas. Loque quedó claro fue que Durán seencargó de que su relación conHacienda fuera transparente como elagua. Mediante una regularización de susituación y la de su empresa, hizo sabera la Agencia Tributaria que lascantidades que tenía declaradas comoprovisión de gastos eran en realidad

ingresos.Garzón no tuvo en cuenta esa

regularización con Hacienda y en elmismo auto del 28 de abril decretó lalibertad del expresidente de Telecinco ysu número dos bajo fianza de 100 y 150millones de pesetas, respectivamente,además de la obligación de presentarseuna vez al mes en el juzgado. «Estoyconvencido —recuerda ahora MiguelDurán— de que se trató de unaestrategia para ablandarme. Garzóndebió de darse cuenta de que, por esecamino, no conseguiría nada y urdió lode la fianza multimillonaria pensando endejarme prácticamente sin dinero.

Afortunadamente los hermanos Joaquín yJesús Franco, propietarios deRecreativos Franco, de los que yo eraasesor en materia de juego, prestaron laenorme fianza de cien millones depesetas, cosa que siempre lesagradeceré, ya que, en algún momento,acaricié la idea de ponerles en el brete[a los jueces] de no presentarla y quetuvieran, si eran capaces, los pulmonesde meterme en la cárcel; pero mi mujer ymis hijos me importaban mucho más quelos desalmados que me estabanpersiguiendo. Ningún jurista, porprincipiante que sea, puede imaginarseque se dieran en mí ninguna de las

causas que justifican una prisiónpreventiva: ni yo era un desarraigado, nipodía ocultar pruebas (habría tenido yamás de ocho meses para hacerlo), ni meimagino cómo ellos podían suponer queyo, ciego y perfectamente identificable,podía huir al extranjero para eludir laacción de la justicia. Fue un verdaderoabuso de poder el que se cometió contramí al ponerme aquella fianzaastronómica, mucho más que a cualquierasesino múltiple de la banda terroristaETA; pero también contó el juez delJuzgado de Instrucción número 5 con lacobardía cómplice de los magistradosde la Sección de lo Penal que, quizá

porque el asunto les importaba un bledo,quizá porque no se atrevían aenmendarle la plana a Garzón, noatendieron mis recursos sino muchosaños más tarde para rebajar la fianza aveinte millones de pesetas».

José Díaz Herrera sostiene en suo b r a Garzón, juez y parte que«preocupado por su fama personal y porlos titulares de los periódicos, elresponsable del Juzgado Central deInstrucción número 5 había elaboradouno de sus macro-sumarios con elobjetivo casi exclusivo de meter en lacárcel al magnate Silvio Berlusconi,perseguido en Italia por delitos

similares por sus compañeros jueces deMani Pulite. Si levantaba la inculpaciónal exdirector general de la Once,accionista mayoritaria durante un tiempode Telecinco por medio de un tingladode empresas interpuestas, el sumario sele venía abajo como un castillo denaipes».

L a cacería a Miguel Durán supusopara Garzón un golpe de efecto enpopularidad y prestigio ante la opiniónpública, puesto que la propiedad del 0,8por ciento del Banco Central, 15 000acciones en Banesto y una espectacularalianza con los Albertos y De la Rosaotorgaron al exdirector general de la

Once un lugar propio entre los grandesde la economía española durante elprimer decenio de gobierno socialista.Además, la inversión en diecisieteempresas del mundo de la comunicación(Telecinco, Servimedia, ElIndependiente, Cadena Rato, Diari deBarcelona, Economía 16, Onda Cero…)le proporcionaron imagen y poder.Cobrarse la cabeza de Durán era, sinduda, para Garzón, un triunfo de cazamayor.

Lo que el juez no tuvo en cuenta fueque el castillo de naipes se le vinieraabajo diez años después de comenzar lainstrucción y de la manera más

humillante para él. El 19 de abril de2007 la Sección Primera de lo Penal dela Audiencia Nacional dio a conocer lasentencia por la que absolvía de todoslos cargos al exdirector general de laOrganización Nacional de CiegosEspañoles y a los otros siete acusadosde delitos fiscales y de falsedad. Fue unvarapalo en toda regla al trabajo deGarzón. La sala no creyó, como dijo laFiscalía durante el juicio oral, que losacusados «elaboraron un entramadojurídico-negocial ficticio» para encubrirla violación de la ley tributaria y detelevisión privada. Los juecesanalizaron en el fallo todos los hechos

presuntamente constitutivos de losdelitos imputados, llegando a una claraconclusión: la absolución de todos ycada uno de los acusados, ya por lainexistencia de los hechos imputados, yapor su irrelevancia penal. Ello implicóque esos delitos «no solo no hanexistido, sino que eran absolutamenteregulares desde el punto de vista fiscal».

Ese día todo eran caras alegres yfelices a las puertas de la AudienciaNacional. Abogados y clientes absueltoshacían corrillo con los periodistas en elacceso principal, el que da a la calle deGarcía de Gutiérrez, semiesquina conGénova. «Es la primera vez que salgo

por esta puerta. Normalmente lo hagopor la otra, acompañado de guardiasciviles», bromeaba Javier de la Rosarodeado de una nube de micrófonos ycámaras de televisión. Cien metros másabajo, en la puerta de Riofrío, MiguelDurán se abrazaba al que fuera sunúmero dos en la cadena. «Enhorabuena,Miguel», le decía al borde de laslágrimas justo cuando se cruzaban —casualidades de la vida— con Garzón,que en ese momento salía de la cafeteríaen compañía de su amigo y también juezSantiago Pedraz. Como era de esperar,ni se miraron. Eso sí, ante los medios decomunicación todos los absueltos se

encargaron de arremeter contra el juezinstructor, al que responsabilizaron deabrir el juicio solo para conseguir famay notoriedad debido a que el objetivoperseguido era Silvio Berlusconi. «Meha quitado diez años de mi vida —aseguró entonces Durán a los periodistas—, quizá los mejores desde un punto devista profesional. He perdidooportunidades de negocio, de trabajo, yseguro que las recientes elecciones en laOnce hubiesen tenido otro resultado si eljuicio no hubiese existido». Nada másconocer el fallo, Durán habló porteléfono con el exprimer ministroitaliano. «Berlusconi está tranquilo. Es

una buena sentencia también para élporque si el resto somos inocentes, esoquiere decir que él también lo es».

El paso de los años no ha hechoolvidar al exdirector general de la Onceel calvario que le hizo pasar el juezestrella. «La sentencia que me absolvió—recuerda Miguel Durán— fue una detantas que le han desacreditadoenormemente. Pero no solo a él, sino alos fiscales Villarejo y Castresana —quien se había buscado un cómodopuestecito como relator de la ONU— ya los inspectores sin vergüenza de laAgencia Tributaria que cooperaron conellos y sobre los que confieso que no

tengo la caridad cristiana del perdón».La pregunta era obligada: 10 años y 100000 folios después de que empezase lainstrucción, ¿cuánto pudo costar lasarcas públicas aquella pantomimajudicial?

«Fueron más de 120 000 folios. Enun cálculo solo aproximado, pensamosque el coste total debió andar porencima de los 60 millones de euros parael presupuesto público. Pero quizá nosea eso lo más grave: lo peor fue lacantidad de energía de la administraciónde Justicia que se invirtió vanamentecontra personas inocentes, en lugar dededicarla a perseguir terroristas,

narcotraficantes, o a la verdaderadelincuencia económica, que jamásestuvo en Telecinco», responde concontundencia el expresidente de lacadena amiga.

El fraude del lino quenunca existió

Ministerio de Agricultura, Pesca yAlimentación. Paseo de la InfantaIsabel, número 1, en Madrid. Jueves 22de abril de 1999. Al mediodía.

Manuel Lamela, entoncessubsecretario del departamentoministerial que dirigía Loyola dePalacio, cogió con preocupación elteléfono de su despacho. Llevaba toda lamañana escuchando la Cadena Ser y encada boletín horario, la misma cantinela:«Espectacular fraude en el Ministerio de

Agricultura. Altos cargos ministerialesmontaron una trama para cobrarsubvenciones ilegales por el cultivo dellino». Lamela buscó con inquietud en suagenda y marcó el número de un teléfonomóvil.

—Buenos días, Nicolás. SoyManolo. ¿Estás escuchando la Ser?

—Hola, Manolo. Me pillas enMurcia dando un curso y no he oídonada. ¿Qué dice?

—La cacería ha empezado. La Serestá dando cada hora que en elministerio hay una trama dirigida por tique se ha montado un negocio ilícito desubvenciones.

—¿Subvenciones?—Sí, sí… Ayudas al lino o algo así.—No me digas…—Pero hay todavía más… Al

parecer, según cuentan, dos empresas,en las que están tus hijos, se dedicantambién a la caza de subvenciones…

—No me cuentes más. Vuelvo aMadrid inmediatamente.

Esa misma tarde, el entoncespresidente del Fondo de GarantíaAgraria, Nicolás López de Coca, yaestaba en su despacho del paseo de laCastellana 182. «Esto es una farsaurdida por el PSOE con el únicoobjetivo de perjudicar a la ministra»,

pensó de manera obsesiva durante elviaje de vuelta. Faltaban algo menos dedos meses para las elecciones europeas—que aquel año coincidieron con loscomicios autonómicos y municipales—y Loyola de Palacio era la cabeza delista del Partido Popular al Parlamentode Estrasburgo. Además, matando dospájaros de un tiro, los socialistaspasaban factura a una ministra que en suetapa de oposición se había destacadopor su papel de azote del gobierno antela implicación de altos cargos de lacúpula del Ministerio de Interior en loscrímenes de los GAL.

López de Coca era consciente de

que, a escasas fechas de la cita con lasurnas, cualquier escándalo relacionadocon la corrupción podría suponer unduro varapalo electoral al partido en elpoder. Por eso no se podía quitar de lacabeza que detrás de aquella noticia quedifundía con reiteración la Cadena Serhabía un móvil político. También seacordaba de dos de sus hijos, ambosingenieros agrónomos, que comenzarona cultivar lino desde mucho antes de lallegada del PP al poder. Entre 1994 y1999 percibieron una media de 46 558euros anuales brutos de subvencionescomunitarias.

Tras pasar por su despacho, López

de Coca se trasladó a la sede ministerialpara reunirse con Loyola de Palacio.

—Ministra, no tengas problema. Yome voy. No tengo nada que ver con elasunto, pero dimito para poderdefenderme sin perjudicar al ministerio.

—No te preocupes, Nicolás. Nohace falta que dimitas. Estoy plenamenteconvencida de tu honradez.

Aunque tres días después de estallarel caso del fraude del lino, López deCoca presentaba su dimisiónirrevocable, su lapidación mediática ysu calvario judicial no habían hecho másque empezar. El miércoles 26 de mayoPedro J. Ramírez mandó publicar en las

páginas de opinión del diario El Mundoun suelto editorial que, con el título «DePalacio debe repudiar a López deCoca», decía frases como estas: «Cadadía que pasa se conocen nuevos datosque ponen de manifiesto una conductaimpresentable por parte del dimitidoexdirector general del FEGA, NicolásLópez de Coca. Y no solo porque sufamilia se dedicaba a arrendar tierraspara cultivar lino, aun sabiendo que noserviría para nada, sino porque a la horade justificar estas actividades él mismoempeora las cosas al decir que losresponsables son sus hijos. […] Loyolade Palacio debería tomar buena nota y

distanciarse públicamente de su exaltocargo, censurando su conducta». Cuatrodías después Ramírez dedicaba suhabitual carta dominical a ensañarsecontra López de Coca, a quien enreiteradas ocasiones llamaba «golfo».

El ensañamiento tanto político comomediático fue brutal durante aquellosdías. Contribuyeron a ello lossocialistas, en especial José Bono, queel 13 de junio, pocos días después deestallar el escándalo, se jugaba su quintamayoría absoluta en Castilla-LaMancha. Bono exigió la dimisión deLoyola de Palacio por haber consentidoque en la cúpula del Ministerio de

Agricultura «un grupo de personas —cazaprimas— se hicieran de oro» conlas subvenciones comunitarias al cultivodel lino. Las urnas no pasaron factura nia uno ni a otro. Bono terminórevalidando su mayoría en laselecciones autonómicas, mientras lacandidata popular derrotaba a suadversaria socialista, Rosa Díez, porcuatro puntos de diferencia.

Así las cosas, la mayoríaparlamentaria del PP en el Congreso delos Diputados permitió la creación deuna comisión que depurase lasresponsabilidades políticas del presuntofraude. La comisión de investigación

rechazó las acusaciones de Bono y nególa existencia de ninguna trama paraenriquecerse con el lino. La cámara bajaterminó dictaminando que losresponsables de distribuir las ayudaseran las comunidades autónomas y no elgobierno de la nación. No obstante —ypara que no quedase duda sobre sugestión—, la ministra Loyola de Palaciodejó los hechos en manos de lostribunales con una denuncia que presentóen la Audiencia Nacional el 12 de enerode 2001. Como la mayoría de los casosque tenían por aquellos días proyecciónpública en la prensa, el supuestoescándalo cayó en el Juzgado de

Instrucción número 5, el de Garzón. LaFiscalía Anticorrupción, de CarlosJiménez Villarejo, dio la vuelta a latortilla y los responsables de la gestiónde los fondos del lino en las autonomíaspasaron de acusados a acusadores.

Además de a López de Coca, laFiscalía puso en el centro de la diana aQuintiliano Pérez Bonilla, entoncesdirector general de Ganadería (suesposa —empresaria agrícola quecultivó lino en 1995 y 1996, cuando soloen sueños podía imaginar que su maridollegaría a ser alto cargo de Loyola dePalacio— percibió un total de 41208,73 euros); Gonzalo Ruiz Paz,

director financiero de Mercasa (aunqueno era alto cargo de Loyola de Palacio,su familia poseía en Castilla-La Manchauna empresa agraria y percibió 41469,84 euros de subvención bruta en1995); y Carlos Moro, delegado delGobierno en la comunidad castellano-manchega (con 200 hectáreas de secano,comenzó a cultivar lino antes del accesodel Partido Popular al poder y aunquecobró, en cinco años, 492 829,93 euros,el beneficio neto obtenido en esetiempo, tras descontar los gastos deexplotación, fue de 150 000 euros). Laesposa de este último falleció de cáncerseis meses después de la acusación de la

Fiscalía. Tres años más tarde, tambiénde cáncer, murió él.

Aunque la Oficina Europea de Luchacontra el Fraude había calificado deabstractas las actuaciones presuntamenteirregulares, la Fiscalía españolacontinuó con su intención de esclarecerlos hechos y denunció una estafa de 3millones de euros, perjudicandogravemente el cultivo en España, quedejó de recibir fondos de la UniónEuropea por valor de 120 000 pesetas lahectárea. Jiménez Villarejo consideróque «no estaba justificado el incrementodel cultivo del lino» —que pasó de 200hectáreas en 1994 a 30 000 cuatro años

después— y denunció que se habíaconfeccionado de «forma artera unauténtico certificado de declaración devarillas de lino y su transformaciónposterior», un documentoimprescindible para obtener lasubvención europea.

Baltasar Garzón —que desde elprincipio no mostró demasiado interéspor el caso, debido, tal vez, a la pocanotoriedad que podía obtenerse de él,acostumbrado, quizá, a empresas demayor calado— tardó más de cuatroaños en instruir un sumario nadacomplejo, pues desde el primermomento se vio que el fraude

generalizado —denunciado por laFiscalía Anticorrupción y secundado porel interés electoral de Bono— quedóreducido a la nada.

El caso del fraude del lino sereactivó en abril de 2003 en unascircunstancias muy peculiares. Poraquellos días Garzón estaba enredado enuna agria polémica con el ConsejoGeneral del Poder Judicial. El Serviciode Inspección del CGPJ había pedidoque se le sancionara por censurar laactitud del gobierno de Aznar en laguerra de Iraq. El jefe de inspección delConsejo consideró que el juez Garzónincurrió en una falta grave por leer,

junto a su hija, el manifiesto contra laguerra en un acto celebrado en la Puertade Alcalá de Madrid el 6 de abril. Enese acto Garzón afirmó que «el rumbo lomarca el pueblo, que ha dictadosentencia mayoritaria condenatoria paratodos los que han participado» en laguerra. Bono, personado en la causa dellino como acusación particular, publicóentonces una carta abierta en El Paísdirigida a Garzón. «Desde hace muchosaños —decía la misiva— tu nombre estáasociado al espacio donde el imaginariocolectivo de los españoles libra grandesbatallas: la lucha contra el terrorismo, elnarcotráfico, la corrupción, los

dictadores criminales… Ahora que tequieren disciplinar, cuando soportas lamanía persecutoria que aletea vigorosaen las covachuelas más negras, piensaque no estás solo». No se sabe si lacarta de Bono pudo influir, pero locierto es que la Comisión Disciplinariadel Consejo terminó archivando lasdiligencias contra el juez estrella.

Para conocer la excelente relaciónentre Bono y Garzón hay que remontarsetiempo atrás, al año 1993. Al parecerles puso en contacto un amigo común —el juez Ventura Pérez Mariño—, quehabía compartido despacho en Madridcon el dirigente socialista junto a otros

miembros del PSP de Enrique TiernoGalván en los primeros años de laTransición y que había sido compañerodel magistrado estrella en la EscuelaJudicial y en la Audiencia Nacional.Cuenta José Díaz Herrera que Bono fueel verdadero artífice de que los dosjueces —Garzón y Pérez Mariño—entraran en política formando parte delas listas electorales del PSOE.

—Felipe está dispuesto a abrir elpartido a gente independiente. Os tienepor personas honradas, trabajadoras,dispuestas a arrimar el hombro y legustaría que fuerais en las listas en laspróximas elecciones generales.

—¿Te ha dicho eso Felipe? ¿Conesas palabras?

—No, el presidente no me ha dichonada. Pero sé que quiere abrir el partidoa gente independiente. Y me constatambién que confía en vosotros, que soisgente de izquierdas, del pueblo.

Este diálogo, según el libro Garzón,juez y parte, se produjo en el restauranteLhardy, de Madrid. «Tras aquellaentrevista Garzón, dejándose llevar porsu vanidad y su ceguera, dio un sícondicionado a que el partido se abrieraen canal, echara a los corruptos concajas destempladas, apartara lasmanzanas podridas de las sanas y así

iniciar una renovación moral y ética quefuera percibida por toda la sociedad»,explica Díaz Herrera.

Años después Alfonso Guerra contóen sus memorias que en las eleccionesde 1993 el juez estrella pusocondiciones a la forma de cobrar susueldo hasta que saliera elegidodiputado. El juez, que dejaba laAudiencia para ser candidato del PSOEcomo número 2 en la lista por Madrid,exigió un sueldo. Alfonso Guerrarecuerda que aceptó, pero que advirtióal magistrado de que sería en «A», a loque Garzón se negó. En cualquier caso,terminó cobrando. Al día siguiente Bono

replicó al exvicepresidente delGobierno en una entrevista en la CadenaCope: «No me lo creo, aunque no estabavigilante en esa época de lo que hacíaGarzón y de lo que hacía Guerra, perono me lo creo».

Garzón —que había salido de lapolítica dando un portazo en la nariz deFelipe González— no guardaba rencor aBono diez años después. Al contrario, leseguía considerando su amigo. Fue poreso que le agradeció la carta en suapoyo publicada en El País con un autode inculpación a López de Coca por elfraude del lino. Lo sospechoso de eseauto, entre otras cosas, fue que Garzón

lo dictó tres días antes de que secelebraran las elecciones autonómicas,en las que Bono se jugaba su sextamayoría absoluta (al igual que cuatroaños antes, el supuesto escándalo dellino volvía a servirle para sus fineselectorales). Lo hizo, además, sin tenercompetencia para ello, como acreditó laAudiencia Nacional, que lo excluyó enla primera sesión del juicio. El escritojudicial fue utilizado por Bono en elmitin de cierre de campaña —celebradoen Toledo— para proclamar que lajusticia le había dado la razón.

En su auto el magistrado consideróque los hechos atribuibles a López de

Coca podrían constituir un delito denegociaciones y actividades prohibidasa los funcionarios. Para el juez, elexpresidente del Fondo de GarantíaAgraria, «prevaliéndose de tal función,habría desarrollado determinadasacciones en Castilla-La Mancha, dondecultivaban y transformaban lino textilsus hijos Enrique e Ismael López deCoca, a través de la entidad Colisur S.L.» Según el escrito de Garzón, losLópez de Coca invirtieron unaimportante cantidad de dinero para lapuesta en marcha de Colisur, que fueavalada por su padre, y disponían decapacidad de decisión en la empresa.

Las acciones de López de Coca padre«irían dirigidas al entorpecimiento delos controles por parte de la Comunidadde Castilla-La Mancha y, en concreto,de la Consejería de Agricultura y directao indirectamente podrían haberbeneficiado a aquellos familiares y susexplotaciones agrícolas en un área queentraba dentro de sus competenciasgenéricas y, por tanto, incompatible contodo tipo de asesoramiento, consejo,impulso o beneficio por parte delfuncionario público».

La manera de instruir de Garzónquedó en evidencia a la hora de calificarla actuación de López de Coca. Primero

le inculpó, como ya se ha dicho, de undelito relacionado con negociaciones yactividades prohibidas a losfuncionarios públicos. El abogado delexalto cargo recurrió y la sala le dio larazón. Veinticuatro horas después el juezestrella llamó a su despacho al letradopara decirle: «Ahora está imputado porun delito de tráfico de influencias».

El 8 de julio Garzón dio porconcluido el sumario y se decretó laapertura del juicio oral. La mayor partede los imputados —un total dediecinueve— fueron acusados de undelito continuado de falsedad endocumento mercantil y otro de estafa

para la obtención indebida de fondoscomunitarios. La única imputación decierta entidad —además de la de Lópezde Coca— fue la formulada contra unacooperativa zamorana perteneciente a laUnión de Pequeños Agricultores (UPA),sindicato agrario vinculado al PSOE,que recomendó a sus afiliados con granentusiasmo que cultivasen lino. Garzónimpuso a los dirigentes provinciales dela UPA nada menos que 3,2 millones deeuros de fianza. Entre otras actuacionespresuntamente fraudulentas, el instructordel sumario les acusó de haber emitidofacturas falsas a una empresa lituana.

Una de las principales

consecuencias del presunto escándalodel lino fue la sanción de 120 millonesde euros que la Comisión Europeaimpuso, en abril de 2005, al Reino deEspaña por las irregularidadesdetectadas en el control y la gestión delas ayudas por las comunidadesautónomas. La decisión de la ComisiónEuropea encontró sólido apoyo en elinforme redactado por la propia FiscalíaAnticorrupción española, que daba cartade naturaleza a las denuncias de Bonosobre la existencia de fraudegeneralizado, enmendando así la plana ala comisión de investigación delCongreso.

Otro episodio curioso del caso fueel recurso que en julio de 2005interpuso el Estado español ante elTribunal de las Comunidades Europeascontra la sanción de la UE. El gobiernosocialista de Zapatero argumentó que noera cierto en modo alguno que hubieraexistido tal fraude generalizado. Detodas formas, el estallido de lo queentonces se consideró el fraude masivodel lino supuso la aniquilación delsector. Según cálculos del Ministerio deAgricultura, de las 94 000 hectáreas quehabía en España en 1999 quedan unas300. Se han perdido 90 millones deeuros al año en subvenciones, 1260

millones en estos catorce años.En el pabellón del recinto ferial de

la Casa de Campo, la AudienciaNacional inició el juicio el 5 de octubrede 2006. Al día siguiente la SecciónCuarta de lo Penal acordó remitir alórgano judicial competente el testimoniode las actuaciones relativas a López deCoca, El presidente del tribunal,Fernando Bermúdez de la Fuente,argumentó que la situación del altocargo del Ministerio de Agriculturadimitido en 1999 «no guarda conexión»con el resto de los dieciocho imputados,a quienes se acusaba de falsedaddocumental y fraude de subvenciones,

«por lo que no queda inmerso enninguno de los delitos que el artículo 65de la Ley Orgánica del Poder Judicialatribuye la competencia a la AudienciaNacional» para juzgarlos. La FiscalíaAnticorrupción imputaba a López deCoca un delito de tráfico de influenciaspor el que pedía un año de prisión,multa de 144 242 euros e inhabilitaciónpara ejercer cargo público durante unalegislatura.

Hubo que esperar al 23 de abril de2007 para conocer la sentencia. En elfallo, la Audiencia Nacional absolvió alos dieciocho acusados al estimar queno existió delito y que la actuación de

«todos y cada uno» de los acusados fuecorrecta. La ponente que leyó lasentencia tuvo que pedir a los dieciochoempresarios acusados de fraude en lassubvenciones del lino que guardaran lasformas. Porque tras conocer suabsolución, se echaron a llorar ycomenzaron a aplaudir como si aquellofuera una corrida de toros. Fueron unosmomentos muy peculiares los vividosese día en la Audiencia Nacional.Hombres de campo, con curtidas ygrandes manos, llorando como niños. Eltribunal no encontró «ni el menor datoque permita deducir algún tipo deactuación delictiva» ni tampoco rastro

de connivencia entre los agricultores ylas empresas transformadoras de linopara hacer coincidir los datos de lascosechas con el fin de percibirsubvenciones de la UE. Demoledoresargumentos contra la instrucción deGarzón. Tras la sentencia del casoTelecinco, fue el segundo varapalo quedaba la Audiencia Nacional al titular delJuzgado de Instrucción número 5 enmenos de siete días. Fue la semananegra de Garzón.

Nicolás López de Coca se confiesaun hombre creyente, aunque a veces —según dice— le cuesta rezar «hasta unPadrenuestro». Con el paso de los años

recuerda el caso del lino como unapesadilla que no se la desea ni a su peorenemigo. A este funcionario de carreraal borde ya de la jubilación le llegó elinfierno procesal y mediático cuando seencontraba muy cerca de la cúspideprofesional. Había sido subsecretariodel Ministerio de Agricultura y, cuandoestalló el escándalo, en la primavera de1997, el gobierno le acababa denombrar presidente del Fondo deGarantía Agraria. Solo tardó tres días endimitir, pero luego vinieron lasoctavillas con su foto y la leyenda«sinvergüenza» repartidas por toda supatria chica, Ciudad Real; y el

sentimiento de culpabilidad: «Porterminar conmigo, se arruinó a muchasfamilias. Esos son mis remordimientos»,se lamenta. Lo de menos —dice— sonlos cerca de cincuenta mil euros que segastó en defender su inocencia. Peor hasido la depresión que le provocó eldisgusto de verse imputado. MientrasLópez de Coca engañaba la angustia conProzac, el caso se dilataba en el Juzgadonúmero 5: «No hay derecho a que unjuez se tire tres meses para hacer unadiligencia porque está jugando unpartido contra la droga o porque hahecho un viaje a no sé dónde para lasMadres de Mayo».

Con el paso de los años, el exaltocargo del PP tiene claro que laselecciones europeas y regionales enCastilla-La Mancha de aquel año 1999fueron el detonante del caso y sigueapuntando a José Bono —jefe delejecutivo autonómico, ministro deDefensa, presidente del Congreso y,actualmente retirado de la primera líneapolítica— como el instigador delescándalo. «Ya transcurrido el tiempo—explica López de Coca—, tengonoticias de que las instrucciones salíandirectamente del Palacio de Fuensalida(sede de la Presidencia de la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha) en

un sobre cerrado con dirección a la sedejudicial cercana a la calle de Génova y alos medios de comunicación afines». Elmodus operandi, para el exdirector delFondo de Garantía Agraria, era elsiguiente: «Los jueves estallaba elescándalo que recogía en exclusiva laradio, seguía el viernes el periódico ylos sábados y domingos, el resto de losmedios». Efectivamente, el caso delfraude del lino fue difundido en primiciapor la Cadena Ser un jueves 22 de abrilde 1999; El País se hizo ecoampliamente el viernes; y el resto demedios, a rebufo de los altavoces delGrupo Prisa, entraron a saco durante el

fin de semana.

Liaño y Garzón, dosenemigos íntimos

Sala de vistas del Tribunal Supremo,plaza de la Villa de París sin número,en Madrid. Martes 14 de septiembre de1999. Diez de la mañana.

Gregorio García Ancos, presidentedel tribunal de la Sala Segunda de loPenal, miró con autoridad a FranciscoJavier Gómez de Liaño.

—Despójese de la toga paracontestar al interrogatorio —le pidiócon voz imperativa.

Así lo hizo el magistrado acusado de

prevaricación —el delito más graveimputable a un juez: servirse de su cargopara cometer injusticias— en el casoSogecable antes de dirigirse albanquillo, que no era tal, sino unasimple silla. La toga es vestimenta dejueces, no de procesados. Al quitarse laprenda negra con puñetas blancas en labocamanga dejó ver una impecableamericana azul marino y un pantalóngris, muy oscuro, como el día de final deverano que amaneció en Madrid, pardoy sin sol.

—¿Cómo se declara usted ante loscargos que se le imputan?

—Absolutamente inocente.

Fue el comienzo de un juicio cuyamañana se consumió en el examen deljuez encausado. «Mi actuación en elcaso Sogecable fue tan legal comolegítima. Volvería a hacer lo mismo»,declaró Gómez de Liaño ante la SalaSegunda del Tribunal Supremo. Elmagistrado, que se negó a contestar a lasacusaciones, no solo rechazó laimputación, sino que sostuvo queprotegió los intereses de losempresarios a los que investigó. Comoha quedado dicho al principio de estecapítulo, el caso Sogecable era unllamativo escándalo de supuestaapropiación indebida que afectaba a la

cúpula del Grupo Prisa. Meses antes deque comenzase el juicio contra Gómezde Liaño, otro juez de la AudienciaNacional, Ismael Moreno, habíaarchivado la causa al no apreciar«delitos societarios, de falsedad, deapropiación indebida ni de ninguna otraclase». La vuelta a la tortilla la dieron,por un lado, Jesús de Polanco y JuanLuis Cebrián, al presentar una querellaen la que acusaban a Gómez de Liaño detres delitos de prevaricación y, por otro,el titular del Juzgado de Instrucciónnúmero 5, Baltasar Garzón, que fue elque puso el dogal en la garganta a suhasta entonces amigo y compañero en la

Audiencia Nacional.Aquel día gris de finales de verano,

sentado en la silla de los acusados,Francisco Javier Gómez de Liañoesperó apenas seis minutos de sudeclaración ante los magistrados delSupremo para sacar a relucir el nombrede Garzón, «la única persona —dijo—que me mostró interés por Sogecable».El acusado de prevaricación relató latransformación de un Garzón que «alprincipio me reprochó que yo era blandoy dijo que, si por él fuera, Polanco yCebrián estarían ya en Alcalá-Meco» yacabó «pidiéndome a instancias de losimputados que me fuera de permiso y él

arreglaría su situación».El escándalo empezó el martes 11 de

febrero de 1997. Ese día Luis MaríaAnson ofreció una de sus habitualescenas en la biblioteca de ABC, que solose abría para agasajar a los invitadosdel director del periódico. En aquellaocasión asistieron el notario AntonioGarcía Trevijano, el magistrado JoaquínNavarro Estevan, el catedrático JesúsNeira Rodríguez y el juez BaltasarGarzón, que por primera vez pisaba laCasa de ABC, superados los durosenfrentamientos que años antes habíamantenido con el director del diario acuenta del caso GAL. Antes de que se

sirviera la cena, Anson sacó un informeelaborado por el decano del Colegio deEconomistas, Gerardo Ortega, y por elletrado Rafael Pérez Escolar sobrecómo Sogecable se había gastado losdepósitos de sus abonados para repartirdividendos entre sus accionistas. Eldirector de ABC lo leyó a suscontertulios y quiso saber la opinión delos juristas. El primero en hablar, segúnNavarro Estevan, fue Garzón:

—Esto es una apropiación indebidade libro. Si el asunto acabara en lostribunales y me correspondierainstruirlo, mi primera disposición seríameter en la cárcel a Jesús de Polanco y

Juan Luis Cebrián.Pero volvamos al juicio contra

Gómez de Liaño. El protagonista de latercera jornada fue el juez estrella y lomás comentado de aquel día —aparte delos dardos envenenados que Garzónlanzó a su antiguo amigo— fue elinterrogatorio al que le sometió MaríaDolores Márquez de Prado, esposa delmagistrado que se sentaba en elbanquillo —la silla— de los acusados yejerciendo de abogada defensora en lacausa. El ambiente de tensión entreambos se podía cortar con un cuchillo(no en vano, Márquez de Prado, como sumarido, había sido muy amiga de

Garzón; los tres solían acudir juntos adesayunar a la cafetería Riofrío casitodas las mañanas). En la primerapregunta, la fiscal —en ese momentodefensora— se dirigió al juez estrellacomo «don Baltasar»; en la cuartarequirió la respuesta del «señorGarzón»; y no más allá de la séptima yhasta el final era un simple y despectivo«usted». Por el lado del discurso deldeclarante también hubo unametamorfosis. Comenzó con un ciertolaconismo, pero a la quinta cuestiónaquello tenía más pinta de «y tú más»que de otra cosa.

Lo que dijo Garzón aquella jornada

de interrogatorio fue duro para los oídosde los jueces y las partes personadas.Sus palabras retumbaron en las paredesdel viejo palacio del Tribunal Supremo.El titular del Juzgado de Instrucciónnúmero 5 relató que el día en que laSala de lo Penal de la AudienciaNacional revocó la decisión de Gómezde Liaño de declarar secreta lainvestigación del sumario Sogecableacudió al despacho del instructor y leencontró muy alterado. «Empezóhaciendo afirmaciones gruesas de que lasala había prevaricado y que Bacigalupoy Auger [el primero, juez del Supremo,sentado en ese instante a la diestra de

García Ancos; y el segundo, presidentede la Audiencia Nacional y editorialistade El País) estaban a sueldo del GrupoPrisa. Llamó por teléfono a IgnacioGordillo [fiscal en la AudienciaNacional] y hablaron de cómo justificaruna nueva declaración de secreto»,señaló Garzón. Visiblemente incómododurante este tramo de su declaración, eljuez estrella tachó de mentiras lasafirmaciones del juez acusado deprevaricador de que él tenía interés defavorecer a los directivos de Prisa y,por el contrario, reiteró la existencia dereuniones entre Gómez de Liaño,Márquez de Prado y personas

supuestamente interesadas enperjudicarles. Ante estas aseveracionesde Garzón, el también letrado de ladefensa Jorge Trías —involucrado añosdespués en los llamados papeles deBárcenas— se apresuró a anunciar unaquerella en nombre de su cliente contrael juez estrella.

El periodista José Yoldi, encargadode la información sobre tribunales parael diario El País durante más de treintaaños, confirmó el 9 de abril de 2013 enuna entrevista concedida a PeriodistaDigital que «es la postura de Garzóncontra Gómez de Liaño la que hace queel caso Sogecable muera, por lo que hay

un agradecimiento de El País a Garzónpor esa participación». En dichaentrevista Yoldi hace el siguiente relatode los hechos: «Garzón fue, hacía años,muy amigo de todos los fiscalesindomables, expresión acuñada por[Julio] Martínez Lázaro [se refiere a unode su compañeros en El País], que eranFungairiño, Gordillo, Rubira y Márquezde Prado. Y con ellos estaba Gómez deLiaño. […] Rompen cuando el fiscaljefe Aranda les promete que sipresentaba una querella contra MarioConde les avisaría. Pero Aranda, quesabía que todos ellos eran partidarios deMario Conde, en especial Gómez de

Liaño porque su hermano era suabogado, decide olvidarse de esetrámite y presenta la querella sindecirlo. Ellos se sienten traicionados yeso acaba en guerra. Garzón se separade ellos. Hay una reunión en casa deGarcía Trevijano en la que Garzón, alver que estaban preparando unaoperación contra Polanco por haber idocontra Mario Conde, se va a la cocina,porque no quiere tener nada que ver conellos. La operación contra Polanco tomócuerpo en un escrito que se presentó alas ocho de la mañana de un día en elque estaba de guardia Gómez de Liaño.El objetivo era que él la instruyese y

metiese en la cárcel a Polanco. […]Gómez de Liaño y Garzón pasaron deser amigos íntimos a enemigosirreconciliables. Liaño maniobró parano retirar el secreto de sumario, le pusouna fianza de doscientos millones aPolanco y le quitó el pasaporte. Para mí,eso era una venganza contra Polanco porsu actitud contra Mario Conde. Y lo hizocon la complicidad de Fungairiño,Gordillo, Márquez de Prado y Rubira».

El «incidente de la cocina» querelata Yoldi fue el que el juez estrellanarró a Pilar Urbano y que la periodistareprodujo en su libro Garzón, el hombreque veía amanecer (editado por Plaza &

Janés en el año 2000). Según lanarración de Urbano, «el 5 de marzoJoaquín Navarro y su mujer, PuraMañas, invitan a cenar en su casa, cercadel Retiro, a otras dos parejas: AntonioNavalón y Carmen, Baltasar Garzón yYayo. “Estoy preocupado —comentaNavarro, refiriéndose al caso Sogecable—, porque escucho a García Trevijano ya Gómez de Liaño, a cada uno por suparte, y percibo una connivencia, untrabajo conjunto que no me huele bien…como si esos dos estuviesen instruyendojuntos. Encima, el argumento deTrevijano es que lo de Polanco es ¡decársel, de cársel!; y que lo que hay que

conseguir es que a ese personahe lecondenen a prisión, al margen de si lacausa es tal o es cual; porque, si seacaba con Polanco, se acaba con Felipey el felipismo, que es la primeranecesidad de este país: un servicio deinterés nacional”». Según Pilar Urbano,Garzón escuchó sin meter baza en laconversación. «En esas —prosigue laperiodista— suena el teléfono. JoaquínNavarro dice a su mujer: “Cógelo, Pura,y si es García Trevijano, no estoy”. Enefecto, es Trevijano. Siguen cenando.Cambian de tema y cambian de platos,levantándose todos porque no hayservicio. Pasa un rato y el teléfono suena

por segunda vez. Pura anda en la cocina.Joaquín, que está más cerca, descuelga:“Hombre, Antonio, ¿qué hay? Dime…¿A mí? No, a mí no me… Pero ¡qué medices! ¿Cómo? ¡Qué barbaridad!” Todoson interjecciones, balbuceos deasombro, medias palabras de estupor.Pura reaparece, trayendo una fuente conviandas. En ese instante Garzón se vadel comedor. Navarro sigue su diálogotelefónico con Trevijano. Cuando sedespide, regresa a la mesa llevándoselas manos a la cabeza: “¡Estáncompletamente locos! Acaba depreguntarme Antonio si Liaño me haenviado un auto sobre el tema

Sogecable. Le he dicho que no, que deninguna manera. Y es que… a él sí se loha mandado, para que lo lea y le digaqué opina”». Según Pilar Urbano, «Yayoecha de menos a su marido, que no havuelto. Navalón va en su busca y loencuentra en la cocina, de pie, las manosen los bolsillos y mirando al techo». Laobra reproduce la conversación entreNavalón y Garzón:

—Pero ¿se puede saber qué coñohaces aquí?

—Estoy aquí… porque no quieroestar allí. Todo lo que está contandoJoaquín es un delito. Y él tiene quesaberlo: es tan juez como yo. Si eso es

verdad, su deber es irse al juzgado deguardia y denunciarlo.

—A lo mejor es una simpleimpresión de Joaquín, o una fantasmadade Trevijano…

—¡Pues si son impresiones, que selas calle, y que no juegue con eso, coño!Además, yo tengo el problema añadidode que si ocurre algo, soy el juezsustituto de Gómez de Liaño. De modoque no quiero oír nada, no debo oírnada… Por eso me he venido.

Meses después de la publicación dellibro de Pilar Urbano, el magistradoJoaquín Navarro concedía una entrevistaal diario vasco Gara en la que señalaba:

«Garzón es un juez que se inventa casitodo».

Hay que recordar que en los añosprecedentes el juez estrella y los mediosde Prisa no se llevaban nada bien. Elcaso GAL provocó que El País salieraen defensa de José Barrionuevo y RafaelVera, mientras otros medios —comoDiario 16, primero, y El Mundo,después— respaldaron al magistradoestrella. Pero ¿qué fue lo que realmenteocurrió para ese cambio de actitud deGarzón con El País? ¿Por qué dio ungiro de ciento ochenta grados? ¿Por quéapoyó a Prisa cuando unos días antes lesdijo a Anson y al propio Gómez de

Liaño que, si por él fuera, Polanco yCebrián estarían en la cárcel? Demomento no hay repuestas a esaspreguntas. Lo que tenemos es unacronología de los hechos. El primerepisodio tuvo lugar a comienzos de abrily lo narra Pilar Urbano en su libro. Laobra recoge reflexiones del juez estrella.En una de ellas Garzón recuerda unaconversación que tuvo con Gómez deLiaño y Márquez de Prado volviendo ala Audiencia tras desayunar en Riofrío:

—¡Con este caso vamos a hacer larevolución desde la justicia! Esto deSogecable hará caer todo el sistemacorrupto que ha sostenido al felipismo

—le dice la pareja de juez y fiscal.—Pero ¿qué decís? —responde

Garzón—. Nosotros, como jueces, notenemos la misión mesiánica de salvar ala sociedad de nada. Hemos delimitarnos al caso concreto. Y con elterreno reglado por ley: si hay delito,hay delito; si no lo hay, no lo hay. Ypunto.

«Ese comentario mío les cae comoun jarro de agua fría», le dice el titulardel Juzgado de Instrucción número 5 dela Audiencia Nacional a la autora deGarzón, el hombre que veía amanecer.La obra de Pilar Urbano relata tambiénque al comienzo de la investigación del

caso Sogecable, el juez estrella estabasumamente preocupado por lainstrucción que realizaba su amigo ycompañero y en una ocasión en quehablaron Garzón le preguntó a Gómez deLiaño: «Javier, ¿tienes muerto o notienes muerto? Si tienes muerto, aprietacon todas tus fuerzas, decreta lasprisiones y no habrá ningún problema.[…] Pero si en Sogecable no tienesdelito para meter a nadie en la cárcel, esque no tienes muerto. Humo, coño, humoes lo que tienes. No te engañes, que sisolo tienes humo, al apretar teencontrarás agarrándote tus propiosbrazos». Gómez de Liaño completó la

conversación en su libro Pasos perdidos(publicado por Temas de Hoy en 1999),aparecido en pleno proceso contra él,cuando ya estaba suspendido como juez.«Me intentó apartar del casopidiéndome que me fuera una semana devacaciones, que él le tomaríadeclaración a Polanco y Cebrián,archivaría el asunto y pasaría a lahistoria del Grupo Prisa como el hombreque les salvó de la hecatombe».

El tercer capítulo se produjo el 30de mayo, apenas tres meses después deque Gómez de Liaño empezase a instruirel sumario del escándalo Sogecable.Aquel día el titular del Juzgado de

Instrucción número 1 de la AudienciaNacional, que estaba enfermo en sucasa, se sorprendió al comprobar que ElPaís publicaba el informe pericial sobreel caso realizado por la AgenciaTributaria, con el propósito de vaciar decontenido la causa contra la cúpula dePrisa. El principal sospechoso de lafiltración fue Garzón —que sustituía aGómez de Liaño—, porque era el únicoque había tenido acceso al informe,entregado aquella misma mañana en unsobre cerrado en el Juzgado número 1.

El cuarto capítulo lleva la fecha del6 de julio, cuando Juan Luis Cebrián,acompañado por un ejército de doce

abogados, presentó un incidente derecusación contra Gómez de Liaño por«enemistad manifiesta e interésindirecto» en la causa. La pelota cayóese mismo día en el Juzgado número 5.Escribe José Díaz Herrera en Garzón,juez o parte que «los motivos de larecusación del exdirector de El País sondébiles, fútiles e incluso estúpidos».«Al titular del Juzgado de Instrucciónnúmero 5 —prosigue Díaz Herrera— sele presenta una situación inmejorablepara resolver el caso de un plumazo ydevolverle la causa a su compañero. Sinembargo, opta por dejar que el casoSogecable se cueza en su propia salsa y

resuelve una tras otra las peticiones deprueba del recusador. Pide a Telefónicaque le remitan copias de los faxesenviados desde el teléfono del juezamigo e incluso ordena que se leintervenga el aparato».

El quinto y último episodio tienelugar el 3 de septiembre de 1997. Esedía el juez Garzón dictó un autodemoledor contra Gómez de Liaño, alque cree «una pieza más del engranaje»para acabar con el Grupo Prisa. «Tantouno como otro testigos —se señala en unpárrafo del auto de Garzón— me hancomentado en diferentes ocasiones, yapersonalmente ya a través del teléfono,

algunos de los encuentros, charlas yreuniones que se dicen mantenidos porel señor Gómez de Liaño, el señorGarcía Trevijano, el señor Campmany—suegro de la cuñada de Gómez deLiaño y director entonces de la revistaÉpoca, que presentó la primera denunciapor el caso Sogecable— y otraspersonas, en las que se han tratadoaspectos de fondo de las querellas, laforma de apoyar la acción inicial conotras acciones, la necesidad de que elprocedimiento debía pervivir el mayortiempo posible en una labor prospectiva,aun cuando no existiera base para ello, yla conveniencia de tomar medidas de

prisión respecto de alguno de losquerellados».

Garzón, eso sí, decidió abstenersepor tener conocimiento extraprocesaldel sumario y envió la causa principal yla pieza de recusación a su compañeroManuel García Castellón. Según el librode Pilar Urbano, tras escribir el auto deabstención, el titular del Juzgado número5 escribió esto en su diario: «No tomola decisión más cómoda, ni la másrentable, sino la que considero másjusta. Si no lo hiciera así, yo mismotraicionaría al juez Garzón: él cree enserio que la justicia es un serviciopúblico, y no puede encadenarse a

intereses particulares, ni arrodillarseante miedos reverenciales».

Después de que el juez estrelladenunciara la existencia de una supuestaconspiración contra Polanco, el fiscalsolicitó al Supremo que investigara aGómez de Liaño. Así lo hizo el AltoTribunal, que terminó archivando lacausa al no encontrar indicios de queexistiese delito. La decisión delSupremo no gustó a la cúpula del GrupoPrisa y Jesús Polanco, Juan LuisCebrián y otros directivos de latelevisión de pago Canal Pluspresentaron su querella, lo que motivóque la Sala Segunda abriese una segunda

investigación para aclarar lo sucedido.En un extenso recurso de veintiún

folios Gómez de Liaño solicitó alTribunal que desestimara el escritoporque tanto en el caso Sogecable comoen todo su trabajo de juez susresoluciones han estado «inspiradas porel sentimiento de lo justo, regidas por elprincipio de legalidad y pronunciadascon la serenidad que le confiere suindependencia judicial». Al entoncestitular del Juzgado de Instrucciónnúmero 1 de la Audiencia Nacional lesorprendió que otras querellaspresentadas contra él (una delcatedrático Javier Pérez Royo, otra de la

Asociación de Estudios Penales y unamás de la Asociación de AbogadosDemócratas por Europa, grupovinculado al PSOE) fueron archivadaspor referirse a hechos que ya investigóel Supremo, y esa última fuera paraadelante. Gómez de Liaño quería dejarclaro que todas las decisiones queadoptó en el caso Sogecable se llevarona cabo a petición del fiscal o con surespaldo, y contando siempre con elvisto bueno del entonces fiscal-jefe dela Audiencia Nacional, EduardoFungairiño, y el fiscal general delEstado, Jesús Cardenal. Precisamenteuna de sus decisiones —en concreto la

fianza de doscientos millones queimpuso a Polanco— fue confirmada porel juez Ismael Moreno. Por ello Gómezde Liaño indicó que sus resoluciones nopodían tacharse de injustas, porque enese caso lo habría denunciado el fiscal.De haber prevaricado, añadió, tambiénlo habrían hecho el fiscal del caso, elfiscal-jefe, el fiscal general del Estado yel magistrado Moreno. También negóhaber retrasado la investigación ylamentó que los querellantes lereprocharan esa supuesta lentitud,cuando sabían que ocurrió lo contrario.Incluso fue más allá y echó en cara a laparte contraria que no dijera nada de los

cinco meses que tardó otro juez enadoptar alguna decisión mientras lesustituía a él, en referencia a Garzón.

Los argumentos del juez de laAudiencia Nacional en su defensa nosirvieron para mucho. El TribunalSupremo, como ya se ha dicho, terminósentándole en el banquillo de losacusados durante una semana, del 14 al21 de septiembre de 1999. Gómez deLiaño no lo pasó nada bien durante lavista oral. De hecho, el día que declaróGarzón tuvo que ser reconocido por unmédico forense en uno de los descansosdel juicio por encontrarse indispuesto.

El fallo del Supremo llegó rápido.

Solo habían pasado veinticuatro díasdesde que el presidente del Tribunaldecretase el habitual visto parasentencia. Para el Alto Tribunal, JavierGómez de Liaño era culpable de undelito continuado de prevaricaciónjudicial (dictar a sabiendas resolucióninjusta), por lo que le impuso penas de15 años de inhabilitación especial paracargo público, con la pérdida definitivade su cargo de juez y los honores que leeran anejos, así como a 18 meses demulta, a razón de 1000 pesetas diarias(540 000 pesetas). Era la segunda vez enla reciente historia judicial española enque se condenaba a un juez por

prevaricación. El único precedente fue,en 1996, el del exvocal del PoderJudicial y juez Lluís Pascual Estevill.Años después, Garzón corrió la mismasuerte.

La sentencia, adoptada por mayoríacon los votos favorables de losmagistrados Gregorio García Ancos yEnrique Bacigalupo y con el contrariode José Manuel Martínez Pereda, queformuló un voto particular, consideróprevaricadoras las decisiones adoptadaspor Liaño en el caso Sogecable y señalóque «lo que no es discutible es que lasdecisiones basadas en la propiaconvicción empecinada del juez, sin

fundamento racional en la ley, sonincompatibles con el Estadodemocrático de Derecho».

Gómez de Liaño fue condenado porel tribunal al que parecía predestinadodesde la cuna. No en vano, su irrupciónen la vida pública se produjo al llegar ala Audiencia Nacional en julio de 1984,con su padre aún en el Supremo. Nacidoen Orense en 1948, Liaño presume dehaber aprendido en su niñez que loscódigos son «para los jueces lo que losmisales para los sacerdotes». Lo cuentaen sus memorias, Pasos perdidos, en lasque sostiene: «Mis resoluciones seajustaron a la ley como una tuerca se

ajusta a un tornillo».La condena a Gómez de Liaño fue

portada en todos los medios escritos delpaís al día siguiente. «El tribunalcondenó a Liaño por un delitocontinuado porque las resolucionestachadas de prevaricadoras, según lasentencia, constituyen solo lamanifestación de una instrucción enforma contraria al derecho, sin sujecióna la ley vigente. Las citadasresoluciones fueron el empecinamientoen decretar el secreto del sumariocuando la Audiencia ya le habíaordenado que lo levantase; laprohibición a los directivos de

Sogecable de salir de España sinautorización y la imposición de unafianza de doscientos millones de pesetasa Polanco cuando ya sabía queSogecable no había incurrido en delitoalguno», decía la crónica de El Paísfirmada por José Yoldi y Julio MartínezLázaro.

En un editorial a toda página titulado«Sentencia injusta», ABC ponía el dedoen la llaga: «Al juez Gómez de Liaño leha condenado su enfrentamiento con latodopoderosa Sala de lo Penal de laAudiencia Nacional, avalistapermanente de Garzón, cuyosmagistrados controlaron y corrigieron la

instrucción dirigida por Gómez deLiaño, adornando sus decisionesrevocatorias con una literaturacombativa y acusadora, notoriamenteinadecuada a las funciones de untribunal de casación».

En el penúltimo párrafo el editorialdel periódico monárquico sostenía que«no es posible ignorar que tras estejuicio a Liaño se esconde una gravísimacrisis en la Audiencia Nacional, núcleoduro de la justicia española, fococreciente de tensiones y conflictosderivados del inmenso poderjurisdiccional que acumulan sus juecespenales y que algunos tratan como si

fuera una parte de su patrimoniopersonal. El canibalismo entre losjueces de la Audiencia Nacional,condicionados por sus afanes deprotagonismo y por sus errores, se hadesnudado en el caso Liaño. Estasituación no debe prolongarse más y hade merecer, mejor pronto que tarde, unarevisión legislativa tanto en suscompetencias como en el estatuto de susmiembros».

Dando por papel mojado lasentencia del Supremo apenas unashoras después de hacerse pública, eleditorial del periódico monárquicoterminaba pidiendo el indulto:

«Entendemos que se dan lascircunstancias idóneas para que en lapersona de Javier Gómez de Liaño seejerza la potestad del indulto, tanto en elsentido individual que prevé laConstitución española como en el másamplio y etimológico, que no es otracosa que el ejercicio de gracia por lacual se remite total o parcialmente, o seconmuta una pena, o bien se exceptúa oexime de ella».

El indulto tardó tres años en llegar.Se lo concedió el 1 de diciembre de2002 el gobierno del PP en contra delinforme del Tribunal Supremo. Aznaranunció este indulto, al igual que otros

1442, por sorpresa; solo cuatroministros lo sabían de antemano. Gómezde Liaño, los dirigentes socialistascondenados del caso Filesa y 460insumisos fueron parte de losbeneficiados por esta medida masiva. Elentonces titular de Justicia, ÁngelAcebes, informó de que la decisión delConsejo de Ministros de aquel día sedebía en atención a la petición expresadel papa Juan Pablo II, que habíasolicitado «hasta en dos ocasiones»medidas de generosidad con los presoscon motivo del Año Jubilar. El juezindultado pidió inmediatamente unaexcedencia y ejerce en la actualidad

como abogado.El indulto de Gómez de Liaño fue

duramente criticado por asociaciones dejueces. Montserrat Comas, entoncesportavoz de Jueces para la Democracia,afirmó que se trataba de «una burla a lajusticia». Fuentes jurídicas consideraron«muy grave y de dudosa legalidad» elreingreso a la carrera del juez, porquevulnera la independencia de losmagistrados, ya que fue el ConsejoGeneral del Poder Judicial el que apartóal juez de la carrera por tres delitos deprevaricación. El elevado número deindultos (1443) también suscitó dudasentre los juristas, por cuanto consideran

que la medida se acerca a un indultogeneral, figura prohibida por laConstitución. La oposición reaccionócon duras críticas. Para el entonces líderdel PSOE, José Luis RodríguezZapatero, el gobierno había hecho «unautilización política del derecho degracia».

Se equivocó Zapatero, ya que el 22de julio de 2008 —es decir, durante susegundo mandado como presidente delGobierno— el Tribunal Europeo deDerechos Humanos dictaminó queGómez de Liaño «no tuvo un juicioindependiente ni imparcial». En lasentencia, los jueces de la Corte de

Estrasburgo condenaron a España porunanimidad al considerar que se violó elartículo 6.1 (derecho a ser juzgado porun tribunal independiente e imparcial)del Convenio Europeo de DerechosHumanos. Según el fallo, el Estadoespañol debía abonar 5000 euros aldemandante en concepto de dañosmorales, pero no fijó cantidad algunapor los daños materiales o los gastosjudiciales, solicitados por Gómez deLiaño. Para la Corte de Estrasburgo laimparcialidad de la Sala del TribunalSupremo que juzgó a Gómez de Liañopor prevaricación pudo «suscitar seriasdudas». El argumento fue que los tres

magistrados que la componían (citadospor las iniciales de los apellidos G., B.y M. P. en el texto de la sentencia) yahabían intervenido previamente ennumerosos actos de instrucción del caso.La sala del Tribunal de Estrasburgo —presidida por el juez andorrano JosepCasadevall y de la que no formaba parteel juez español Luis López Guerra, quese abstuvo de participar— estimó quelas quejas de Gómez de Liaño en sudemanda estaban objetivamentejustificadas. El Tribunal no estudió elfondo de la presunta violación delartículo 6.2 (presunción de inocencia)del Convenio, que también alegó el

magistrado español, y rechazó laadmisión de la queja relativa al artículo14 (prohibición de la discriminación).Fin de los casos Liaño y Sogecable.

Cuenta Pilar Urbano en su libro queel escándalo Sogecable supuso paraGarzón el tiempo más amargo de suvida. «Salvar su integridad de juez lecostó un precio muy alto: perdió amigos;ganó enemigos; quedó ante mucha gentecomo el malo de la película; se ledenigró como a un maldito sicario dePolanco; se vio denunciado con falsedadante el Supremo, episodio que se diluyóen un cuarto de hora, pero el trallazo enel alma no se lo quita nadie. Los hechos

están ahí, hincados como menhires depiedra, a pie de memoria. Y, a pie degarganta, ese sabor acre y macho, ásperoen el paladar, que es a lo que sabe lasoledad de un juez», subraya la autorade manera muy literaria y a modo deresumen.

Frente a esta actitud exculpatoria,Javier Gómez de Liaño ofrece en sulibro de memorias otra visión delpersonaje: «Desde que le conocí,Baltasar me dio la sensación de que erauna hombre al que ciertos intelectuales,sobre todo los fabricantes de idearios yconsignas, y también algunos amigosutilitaristas uncidos al carro del

vencedor, le habían vaciado la cabeza ysustituido la prudencia, la sencillez y lareflexión por el oro, el incienso y, sobretodo, la mirra, o sea, por el boato y elapego al poder. La culpa no fue solosuya, sino también de quienes lemecieron en columpios de grandeza,sobre todo el de la política, tan difícilde parar cuando el cojinete de lahumildad no está engrasado».

Capítulo VI

LOS PRIVILEGIOSDE LA SERPIENTE

ASESINA

El carcelero de OrtegaLara se va de chiquitosSede de la Asociación de Víctimas delTerrorismo. Camino de Vinateros,número 51, en Madrid. Domingo 19 demayo de 2013. Durante la mañana.

Pese a la jornada festiva, había gentetrabajando en lo que se conoce como la«Casa de las Víctimas». Así la llamó laalcaldesa de Madrid, Ana Botella,cuando la inauguró, en febrero de 2012,y con ese nombre se ha quedado. Aqueldomingo era un día especial. Secumplían ocho meses desde la

excarcelación del etarra Jesús MaríaUribecheverría Bolinaga —el carcelerode Ortega Lara—, justo el tiempo quelos servicios médicos del Hospital deSan Sebastián pronosticaron que viviría.Si ya de por sí fue duro para lasvíctimas creer que el gobierno y lajusticia se reían de ellas con la puesta enlibertad de este etarra, cada día de másque Bolinaga está en este mundoconstituye un nuevo ultraje al recuerdode los más de ochocientos españolesmuertos por la barbarie etarra. En lapágina web de la asociación se vancontando los días que Bolinaga lleva enlibertad. Aprovechan el enlace para

invitar a los ciudadanos a que seadhieran al manifiesto en favor delcumplimiento íntegro de las penas.Aquel domingo de mayo llevaban másde 10 700 apoyos.

En la asociación estabandesbordados. Desde la puesta enlibertad del carcelero de Ortega Larasubieron considerablemente lasafiliaciones. Antes de aquello nollegaban a los 4000 asociados. Aqueldomingo de mayo superaban los 4500.Ángeles Pedraza, la presidenta de laAVT, me cuenta que nunca en laasociación se había visto tal fenómeno.Más de quinientas afiliaciones en menos

de un año son muchas, sobre todo si setiene en cuenta que se habían producidoen un momento de tregua y que la bandaterrorista llevaba más de tres años sincometer atentados. Le pregunto por losmotivos de ese incremento y meresponde sin dudarlo que las víctimashan recaído en sus problemaspsicológicos. «Hay asociados nuestrosque llevaban veinte o veinticinco añoscon el duelo oculto, que ahora haaflorado. Una víctima, un hombre decasi sesenta años, me llamó llorando unanoche. “¿Qué hago?”, me preguntó.“¿Me mato yo?” Le dije que ahora hayque ser más fuertes y él me contestó:

“¿Tú sabes lo que significa para míahora ir al consistorio de mi pueblo enel País Vasco a sacar unempadronamiento y que el que me dé elpadrón sea el asesino de mi padre?” Yeso está pasado en un Estado deDerecho como es España. Imagínate loque sienten las víctimas. Los ciudadanosno saben que cada día nos llaman dos otres víctimas que se quieren asociarporque necesitan ayuda. Me gustaríadecirle tanto al gobierno como a laoposición que las pistolas y las bombasllevan años calladas, pero las secuelasgraves de las víctimas siguen latentes.Tenemos asociados que están en un

hospital psiquiátrico, que han tenido queingresar tras algún intento de suicidio,porque ya no soportan más, porque venque con este gobierno, que era suesperanza tras ocho años de infamiascon el ejecutivo socialista, no se hacenada. Después de Zapatero las víctimasesperábamos que llegase la justicia.Pero la justicia no ha llegado».

A finales de 1996 el dirigente etarraJulián Achurra Egurola, alias «Pototo»,ordenó a Jesús María UribecheverríaBolinaga, José Luis Erostegui, JavierUgarte y José Miguel GazteluOchandorena que recabaran informaciónsobre una víctima para secuestrarla.

Seleccionada su presa, las alimañas deETA secuestraron a José Antonio OrtegaLara el 17 de enero de 1996 en el garajede su casa en Burgos, cuando volvía desu trabajo en el Centro Penitenciario deLogroño. Días más tarde la bandacriminal se hizo responsable delsecuestro, el segundo que mantenía enaquellos momentos (José María Aldayafue secuestrado el 8 de mayo de 1995),exigiendo el traslado de los presosetarras a cárceles vascas. Ortega Larafue confinado en un agujero,sometiéndole a una de las más horriblestorturas a que puede ser condenado unser humano. El zulo tenía unas

dimensiones de 3 metros de largo por2,5 de ancho y 1,8 m de altura interior.El funcionario de prisiones solo podíadar tres pasos. No le permitieron saliren ningún momento, no le concedieron lamás mínima intimidad. Le obligaban ahacer sus deposiciones en un orinal. Yen ese mismo bacín le daban el aguapara asearse cada día. Un tratoabsolutamente degradante. Bolinaga lecustodió con frialdad durante 532 días ysus respectivas noches. El zulo ademásse encontraba en una nave industrialbajo una pesada máquina y bajo tierra,muy cerca del río Deba. Era un espacioinfernal, húmedo, sin ventanas, sin

ventilación. Un auténtico agujero. En lahistoria de la crueldad humana se hanpuesto ejemplos brutales como los delos nazis con los judíos y gitanos. El deOrtega Lara es un caso de brutalidadextrema. Bien puede calificarse aBolinaga como el «carnicero deArrasate» por su absoluta falta dehumanidad, por su carencia deescrúpulos y por su total falta de respetohacia el género humano.

El carcelero de Ortega Lara fuedetenido en mayo de 1997, después deque en noviembre del año anterior laGuardia Civil encontrara pruebas de unpago por valor de cinco millones de

pesetas a una persona anónima apodada«Bol» por parte del cabecilla de labanda Juan Luis Aguirre Lete, alias«Isuntza», detenido en Francia en esasfechas. Tras varios meses de pesquisas,la Guardia Civil relacionó las siglas«Bol» con Jesús María UribecheverriaBolinaga, residente entonces enMondragón, y montaron un dispositivode vigilancia en torno a su persona. Alrelacionársele con otros tres miembrosmás de la banda y comprobar que loscuatro acudían con asiduidad a un tallerde herramientas que tenían alquiladodesde hacía seis años, sospecharon queel zulo en el que se encontraba Ortega

Lara podría estar en la nave, hipótesisque confirmaron al ver quetransportaban comida al local. Bolinagano colaboró en ningún momento con lajusticia. Tras su detención, segúnexplicaba el que fuera ministro delInterior en ese momento, Jaime MayorOreja, se resistió a desvelar el lugar enel que Lara estaba encerrado.«Pretendían dejarle morir de hambre sino lo encontraba la Guardia Civil»,aseguraba Mayor Oreja el mismo día dela liberación del funcionario. Nisiquiera vigilaban a Ortega Lara adiario, tan solo se acercaban asuministrarle algo de comida. Poca.

Lara perdió 23 kilos durante los 532días que pasó alimentándose a base defrutas y verduras. Bolinaga tenía porentonces cuarenta y un años, notrabajaba y vivía con su madre. Al igualque sus otros tres compañeros, llevabauna vida normal. En ocasiones viajaba aFrancia, donde los cabecillas de labanda le daban consignas sobre quéhacer con el funcionario de prisionessecuestrado. Incluso tenían instruccionesde continuar con el cautiverio durante unaño más.

El etarra detenido fue trasladado aMadrid para declarar ante la AudienciaNacional, trayecto en el que tuvo la

tentativa de «morir matando». Cuando elcoche en el que viajaba —en el asientotrasero, esposado con un agente a cadalado— rebasó a dos motoristas de laGuardia Civil a la altura de Burgos, elcarcelero de Ortega Lara se abalanzópor sorpresa sobre el conductor con laintención de chocar contra las dosmotocicletas y acabar así con la vida delos agentes. Sin embargo losfuncionarios que lo custodiabanpudieron reducirlo y controlar lasituación sin tener que lamentar ningúndaño. Tras los interrogatorios, aBolinaga también se le atribuyeron losasesinatos de los guardias civiles Mario

Leal Vaquero, Antonio López y PedroGalmares. Tras la vista oral, el etarrafue condenado a treinta y dos años decárcel por el secuestro, además de laspenas por asesinato.

El 19 de mayo de 2013, ocho mesesdespués de su liberación, Bolinagaseguía viviendo en Mondragón. Suestado de salud había mejoradonotablemente. Según aseguraron suspropios médicos a El Mundo, el etarra«da paseos por su pueblo, se vale por símismo y se encuentra bien de ánimo».De hecho, al sanguinario etarra se le hapodido ver dando paseos y de bares porMondragón, conduciendo su coche

particular al recibir el alta hospitalaria yrecibiendo homenajes. El periodistaJosé Alejandro Vara publicó por esasfechas en Voz Populi que «el etarra estámás gordo, algo hinchado, camina sinnecesidad de apoyos, desarrolla unavida prácticamente normal y hasta sepermite actitudes chulescas con laautoridad penitenciaria». «Por ejemplo—reveló José Alejandro Vara—,cuando comunica telefónicamente a losservicios de vigilancia de la cárcel deMartutene y a la Guardia Civil queabandona Mondragón para trasladarse alhospital de Donosti lo suele hacer desdeun bar, uno de los que frecuenta

habitualmente en su ociosa vidacotidiana, entre amigos, algunosfamiliares y rondas de chiquitos, unacostumbre desde que abandonó la cárcelhace ocho meses. Entre voces de tabernay ruidos de vasos, el etarra comunica enun tono entre chulesco y burlón, segúnhan comentado fuentes de los serviciosde seguridad encargados de hacercumplir las órdenes del juzgado, que vaa abandonar el pueblo para atenderse enel centro hospitalario donde recibe untratamiento experimental del tumorhepático, con metástasis en cerebro ypulmón, a base de Sunitib, tras fracasarla terapia de quimio».

La AVT también está atenta a losmovimientos de Bolinaga. «Vive comoun jubilado», me cuenta ÁngelesPedraza. «Sale poco de su casa y cuandosale tiene a sus amigos, que están en lapuerta como escoltas para que no entreningún periodista ni ninguna otrapersona que no sea de su entorno. Susamigos le llevan en coche a todos lossitios, a que le pongan la medicación…La verdad es que vive divinamente. Devez en cuando sale a dar un paseo,llevando una vida plácida, como la deun jubilado».

Lo cierto es que lo ocurrido conBolinaga supone uno de los capítulos

más bochornosos ocurridos en España yuna clara muestra de que la justicia, eneste país, no es igual para todos. Lainfamia comenzó el 1 de agosto de 2012,cuando la Secretaría General deInstituciones Penitenciarias acordótrasladarle desde el centro sanitario dereferencia de la cárcel de León, dondese encontraba ingresado, al hospitalDonostia de San Sebastián, centro dereferencia de la prisión de Zaballa(Álava). A raíz de aquello y como unabola de nieve en pleno mes de agosto, elasunto fue engordando en notoriedadhasta convertirse en el culebrón delverano. Los acontecimientos se

desarrollaron a una velocidad devértigo. Así, el 8 de agosto el reclusodio comienzo a una huelga de hambrepara reclamar su puesta en libertad. El10 de agosto Martín Garitano, diputadogeneral de Guipúzcoa en representaciónde la marca etarra Bildu visitó alrecluso y señaló que estaba tomando lamedicación prescrita. El 13 de agosto elcriminal de ETA accedió a someterse apruebas diagnósticas, mientrasInstituciones Penitenciarias informó deque ya eran 108 los presos etarras quesecundaban la huelga de hambre. Dosdías después la cifra de reclusos enayuno se elevó a 270, aunque Prisiones

explicó que muchos de ellos teníancomida en sus celdas, que previamentehabían adquirido en los economatos. El16 de agosto el juez de la AudienciaNacional Santiago Pedraz, que estaba desustituto del juez central de VigilanciaPenitenciaria, José Luis Castro, ordenóa Instituciones Penitenciarias queacordara el tercer grado para Bolinaga.Era la primera vez que esto ocurría.Nunca un juez había pedido que antes deveinticuatro horas estuviera firmado eltercer grado. Y, en efecto, al díasiguiente Prisiones se lo concedió.

La prensa se volcó en el asunto, conimportantes discrepancias según lo

contara un periódico u otro. Para ElMundo se trataba de un error políticosin justificación moral alguna. «Algunospueden pensar —decía el diario quedirige Pedro J. Ramírez en uno de suseditoriales— que la previsible puesta enlibertad provisional del terrorista tras laconcesión del tercer grado demuestra lasuperioridad ética del Estado frente a labarbarie. Pero no es cierto, porque laaplicación práctica de ese sentimientomoral corresponde siempre a lalegalidad. Y nuestras leyes no imponenla concesión automática de esosbeneficios ni siquiera por razoneshumanitarias. Bolinaga no está en fase

terminal aunque padezca un cáncerirreversible, por lo que podría continuarrecluido en un hospital penitenciario.Muchos presos han fallecido en esosestablecimientos sin que se hayaincumplido la ley. […] El gobierno noestaba abocado a excarcelarirremediablemente a Bolinaga. Hacedido a la presión de la izquierdaabertzale ante el miedo a una huelga dehambre masiva de presos etarras. Nohay más que ver la alegría del entornoetarra por ello». Por su parte, La Razónlo consideró una decisión ajustada aDerecho. «La concesión del tercer gradoal etarra Bolinaga se ha ceñido

escrupulosamente a la normativa legalprevista para los casos de enfermedadgrave. El deber del Estado es observarestrictamente la Ley y actuar enconsecuencia, guste más o menos, perono hacer demostraciones de generosidady bonhomía, menos aún con un asesinoque actuó sádicamente con sus víctimas.En todo caso hay que subrayar que no setrata de un asunto inusual ni atípico yque no debería tomarse comoextraordinaria una decisión adoptadapor unanimidad y de acuerdo con lasleyes. […] La actuación del Ministeriodel Interior y de las demás institucionesno solo no es reprochable, sino que

merece el elogio sin reservas por hacerque el Estado de Derecho prevalezcasobre chantajes e intimidaciones. Elgobierno de Rajoy sale fortalecido paradoblarle el pulso al brazo político deETA», señaló el diario de Planeta.

Hago un inciso en el relato pararecordar que, meses después de aqueleditorial —en concreto el 14 de mayode 2013— el director de La Razón,Francisco Marhuenda, fue condecoradocon la Cruz de Plata de la Guardia Civilpor el ministro del Interior, JorgeFernández Díaz, durante laconmemoración del 169 aniversario dela Benemérita. Por primera vez en años

recibía el galardón el director de unperiódico y no una víctima. Tambiénfueron condecorados con la Cruz de laOrden del Mérito de la Guardia Civildos agentes de la Guardia NacionalRepublicana de Portugal por su ejemplarcolaboración en la lucha contra lacriminalidad. Entre otros, fuerondistinguidos Arturo García Tizón,Manuel Tuero, Sergio Rodríguez, JaumeMontserrat y Juan Carlos Girauta.

El 23 de agosto Bolinaga abandonósu ayuno voluntario quince días despuésde iniciado, decisión que tambiénadoptaron el exportavoz de BatasunaArnaldo Otegi y el histórico dirigente de

ETA Francisco Múgica Garmendia,Pakito. Al día siguiente el juez de laAudiencia Nacional Ismael Morenoprohibió la manifestación convocadapor la plataforma Herrira a favor de lospresos de ETA, entre ellos Bolinaga. Eldía 27 la Fiscalía de la AudienciaNacional se opuso a que el presoobtuviese la libertad condicional alconsiderar que si recibía el tratamientonecesario en prisión no se acortaría suesperanza de vida. Al día siguiente eljuez José Luis Castro viajó a SanSebastián para ver al preso y reunirsecon sus oncólogos. El 30 de agosto leconcedió la libertad condicional. El 3

de septiembre, el ministro de Justicia,Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que enla concesión de la libertad no ha habido«ningún punto de cesión o presiónexterna ni voluntad de hacer con losterroristas de ETA cosa distinta de loque estamos obligados a hacer».

Dos días después la Fiscalía de laAudiencia Nacional recurrió la libertadcondicional, al tiempo que pedía que serevocase su excarcelación, al considerarque la vida del etarra no corría un riesgoinminente ni constaba suarrepentimiento. En un durísimo escrito,el Ministerio Fiscal acusó a Castro deactuar con mala fe y deslealtad procesal

al no haberle dado traslado del informemédico clave en el que se basó paraconceder la libertad ni haberlecomunicado su viaje al hospitalDonostia de San Sebastián. Consideraque se trata de una «irregularidadprocesal claramente vulneradora de latutela judicial efectiva» y, por ello,solicitó a la Sala de lo Penal de laAudiencia la nulidad del auto. «Nosencontramos ante una actuación judicialque supone una quiebra de losprincipios de audiencia y contradicción,más propia del proceso penalinquisitivo», resumió el fiscal PedroRubira. El segundo punto del recurso de

apelación indicaba que, puesto que lasituación de Bolinaga no era terminal,no cabía eximirle del requisito dearrepentimiento. Para haberleconsiderado terminal, añadió el fiscal,el juez tendría que haber contado con lospreceptivos informes del forense y dePrisiones indicando ese estado, lo quesegún el fiscal no ha ocurrido. Por esemotivo pidió a la sala que si no atendíala petición inicial de nulidad, al menossí acordase la revocación de la libertadcondicional. El juez acordó laexcarcelación de Bolinaga tras sostenerque todos los informes médicos queobran en la causa, a pesar de presentar

«algunas contradicciones», coincidíanen que el interno «padece unaenfermedad grave e incurable que tienemuy mal pronóstico» y que su esperanzade vida oscilaría entre los seis y losdoce meses.

El 11 de septiembre la forense de laAudiencia Nacional Carmen Baenaratificó las conclusiones de su primerinforme en el que señalaba que la vidade Bolinaga no corría riesgo inminente ypodía ser tratado en prisión. Este fue unhecho absolutamente grave, ya que paraque cualquier recluso enfermo de ETAsalga de la cárcel lo que vale realmentees el informe de Carmen Baena. Hasta

ahora en España siempre se habíaaplicado así. El caso Bolinaga sentóprecedente, ya que era la primera vezque no valía lo que había hecho lamédico forense. Desde aquel día se estáhaciendo la vida imposible a CarmenBaena. Diversas fuentes jurídicas meconfirman que la forense está sufriendomobbing porque no firmó lo que queríandeterminadas personas. Ella estádestrozada. Se siente ninguneada yamenazada porque no ha hecho lo que lepedían, porque ha sido honrada consigomisma.

Durante la jornada siguiente laAudiencia Nacional confirmó la libertad

condicional contra el criterio de lamédico forense por cuatro votos a uno.De esta forma el tribunal, presidido porel magistrado Fernando Grande-Marlaska, desestimó el recurso de laFiscalía. El editorial de El Mundo deldía siguiente fue tajante: «Un fallotremendamente decepcionante para lafortaleza del Estado de Derecho, cuyadefensa nos parece que ha ejercidomucho mejor la Fiscalía que los juecesde la Audiencia. […] El camino ha sidotrazado por un procedimiento plagadode anomalías, que ha supuesto todo unmazazo para las víctimas. Pero es sobretodo la credibilidad del gobierno la que

ha quedado seriamente tocada, al habercometido el gran error que desembocaráen la salida de la cárcel del etarra quetorturó salvajemente a Ortega Lara».Mientras, La Razón opinó todo locontrario: «El desenlace se ajusta a laestricta legalidad y es el resultado deltrabajo impecable de los jueces. Podrágustar más o menos, pero es la justiciala que tiene la última palabra».

El 14 de septiembre, el juez deVigilancia Penitenciaria remitió dosdespachos a la Ertzaintza y a la GuardiaCivil para que tomasen las medidas queasegurasen que el etarra excarceladocumplía con las normas de conducta que

le impuso para acceder a su libertadcondicional. El 23 de octubre, Bolinagasalió del hospital para instalarse en sudomicilio en Mondragón (Guipúzcoa),dado que, por su estado de salud, «ya nose puede hacer nada por su vida». Al díasiguiente el etarra se dejó ver por lascalles de Mondragón. Dio un paseo,entró al ayuntamiento de la localidadguipuzcoana, saludó a sus amigos e,incluso, entró en un bar de su pueblo. Entodo ese tiempo la tesis sostenida por elgobierno de Mariano Rajoy paradefender la puesta en libertad del etarraconsistió en defender que alsecuestrador de Ortega Lara le quedaban

días de vida. De hecho, el propioministro del Interior, Jorge FernándezDíaz, alegó que si no se le hubieraconcedido la libertad condicional seestaría cometiendo un delito deprevaricación.

El gobierno no tuvo en el casoBolinaga un comportamiento nadaejemplar con las víctimas delterrorismo, ya que ni siquiera lesinformó de lo que ocurría con elsecuestrador de Ortega Lara. Comomuestra un botón: la presidenta de laAVT, la más representativa asociaciónde víctimas, se enteró por la prensa.«Para mí fue muy doloroso porque

también estaba sufriendo las secuelas deun cáncer. Lloré mucho y me preguntabapor qué mi hija, que me la mató unterrorista, no podía estar conmigo en laenfermedad, mientras Bolinaga sí tienederecho a pasar con su familia el cáncer.No solo es una injusticia política. Esmoral», concluye Ángeles Pedraza.

Vuelve la víaNanclares

Puesto de la Guardia Civil de Lodosa(Navarra). Calle de Hilarión Eslava,número 2. Viernes 17 de mayo de 2013.Poco antes de las once de la mañana.

Un hombre corpulento y calvo, deunos cincuenta años de edad, vestidocon camisa de cuadros azules y pantalónvaquero, caminaba por el paseo junto alrío Ebro en dirección al cuartelillo de laBenemérita. Empujaba un carrito debebé. A su lado, una mujer morena y tancorpulenta como él. Podía parecer una

familia más que pasea por la localidadun soleado viernes de primavera. Perono lo era. Se trataba del etarra ValentínLasarte, condenado a 340 años de cárcelpor su participación en siete asesinatosentre 1993 y 1996, cuando estabaencuadrado en el Comando Donosti dela banda criminal. Se le consideró —yfue condenado por ello— autor materialde las muertes del empresario JoséManuel Olarte y el policía EnriqueNieto, además de cooperar en losatentados contra el concejal del PPGregorio Ordóñez y el dirigentesocialista Fernando Múgica.

En la puerta del cuartelillo aquel día

de mayo Lasarte se desenvolvió concalma. Saludó con normalidad alguardia que le abrió la verja del recinto,mientras cogía en brazos al niño parasubir la escalera hacia el puesto de laBenemérita, donde acudió a firmar. Allítrabajan tres de sus víctimas. Tresagentes que se encontraban en el cuartelde la Guardia Civil de Arnedo (LaRioja) aquel 17 de agosto de 1995,cuando tres pistoleros de la bandacriminal —entre los que se encontrabaValentín Lasarte— hicieron estallar dosmochilas-bomba cargadas con cincuentakilogramos de explosivo a una decenade metros del acuartelamiento. ETA

pretendía una auténtica matanza. No loconsiguió gracias a una pareja de laPolicía Municipal que descubrió a tresindividuos que realizaban movimientossospechosos en el aparcamiento situadoen la trasera de la casa-cuartel. Lossospechosos se pusieron nerviosos alpercibir la presencia de los agentes, queiban desarmados, y comenzaron amoverse con rapidez. Del interior de unOpel Kadett de color negro y con placasde matrícula de Madrid sacaron dosbultos que a todo correr depositaronsobre uno de los turismos. Despuésemprendieron la huida.

Los policías alertaron a un tercer

compañero, de servicio en un vehículoradio-patrulla, que se encontraba en elpolígono industrial de las afueras delpueblo. Los tres agentes emprendieronla persecución de los presuntosdelincuentes hacia Calahorra. A unadecena de kilómetros de Arnedo, en unacurva pronunciada, se percataron de quehabía rastros de frenadas en el asfalto.Pararon el vehículo oficial ydescubrieron al fondo del talud, de unostres metros de profundidad, el coche queperseguían. Con intención de socorrer alos accidentados, los agentes locales seaproximaron hasta el vehículo volcado,siendo encañonados con pistolas por sus

ocupantes. Los policías fueronobligados a esposarse entre sí. Fueentonces cuando oyeron una fuertedeflagración procedente de Arnedo.Habían hecho explosión las dosmochilas. Los terroristas reanudaron sufuga en el coche patrulla. En Arnedo nohubo muertos, aunque sí cuarentaheridos y graves destrozos materiales.Dieciocho años después de aquello,víctimas y verdugos volvieron aencontrarse en el mismo recinto, algoque cada vez es más común en el PaísVasco y Navarra, y no porque losheridos o sus familias quieran.

Valentín Lasarte había salido el

jueves 16 de mayo de 2013 del centropenitenciario de Nanclares de la Oca, enÁlava, tras recibir un permiso de tresdías. Se lo concedió el 7 de mayo laSección Primera de la AudienciaNacional, compuesta por cincomagistrados presididos por FernandoGrande-Marlaska, que consideró porunanimidad que Lasarte, en prisióndesde 1996, cumplía todos y cada unode los requisitos para poder acogerse albeneficio penitenciario ordinario. Noobstante, la sección puso condicionespara que no hiriera el sentimiento de susvíctimas: la firma diaria ante la GuardiaCivil, la obligatoriedad de estar alojado

en un domicilio familiar pero fuera delterritorio del País Vasco y realizar elviaje desde Nanclares de la Oca hastaLodosa, de unos ciento veintekilómetros, sin escalas. Lasarte pasó esefin de semana en un piso que tiene enLodosa la familia de su compañerasentimental, la mujer tan corpulentacomo él que le acompañó a firmar en elcuartelillo. El permiso le fue concedidoen contra del criterio de la Junta deTratamiento de la prisión de Nanclares,la Fiscalía de la Audiencia Nacional yel juez central de VigilanciaPenitenciaria, José Luis Castro, queconsideró prematuro concederle el

permiso a pesar de su evoluciónpositiva. Sin embargo, la AudienciaNacional —en un auto de siete páginasredactado por Grande-Marlaska (en unprincipio él no iba a ser el ponente)—consideró que el caso Lasarte, por suexcepcionalidad, podría erigirse enmodelo de un sistema que persigue,entre otros fines, la rehabilitación de loscondenados. Los jueces hicieronhincapié en que el preso etarra harechazado la violencia, ha sidoexpulsado de la organización terroristapor criticar en público el uso de lasarmas, reconoce el daño causado, pagapequeñas cantidades fraccionadas

mensualmente para hacer frente a laresponsabilidad civil por sus atentados,ha realizado una autocrítica severa ysincera consigo mismo, ha participadoen programas de reparación convíctimas del terrorismo y haevidenciado sus ganas de colaborar enel restablecimiento de la paz. Ysubrayaron que su caso merecedistinguirse de los del resto de presosde ETA que conforman el EPPK(Colectivo de Presos Políticos Vascos).

Sin embargo, Ángeles Pedraza no esde la misma opinión, porque, según lapresidenta de la AVT, los presos etarrasarrepentidos no han pedido perdón, las

víctimas. «Un funcionario de prisionesme hizo llegar las cartas de arrepentidosde ETA y no sabía si reír o llorar. Unaera de Lasarte. La carta consistía en unimpreso de Instituciones Penitenciariasen el que ellos escribían y todos poníanlo mismo: “Yo, fulanito de tal, pidodisculpas por los errores cometidos enmi vida”. Ellos son coherentes en eso,porque en ningún caso se arrepienten delo que han hecho. Cuando leí las cartasfui al Ministerio de Interior y dije “hastaaquí hemos llegado”». En la misma línease expresa Consuelo Ordóñez, lahermana del concejal del PP en SanSebastián asesinado por ETA en 1995

que, al amparo del Plan de Reinsercióndel Ministerio del Interior, solicitóverse con Lasarte en junio de 2012.Según Consuelo Ordóñez, «se harepetido en la prensa que nos ha pedidoperdón, pero nunca lo ha hecho. Pusouna “x” en un impreso oficial».

Como Lasarte, otra veintena deinternos disidentes aguardaba a que losjueces les dieran la razón. Fuentesjudiciales aseguran que ante laAudiencia Nacional se acumulaban másde medio centenar de recursos —algunas fuentes hablan incluso de más deochenta— contra las sucesivas negativasde las autoridades penitenciarias a

conceder días de libertad a estecolectivo. Los presos de la bandacomenzaron a finales de 2012 ajudicializar sus casos para que fueranlos tribunales quienes decidiesen si, conlas leyes en la mano, son acreedores deunos beneficios que InstitucionesPenitenciarias no les concedió. Ladecisión de llevar ante los jueces estosasuntos no afectó solo a los permisos,sino también a las negativas a concederciertas progresiones de grado.

El permiso otorgado a Lasartedesbloqueó las medidas de reinserciónde presos de ETA abiertas en 2010 porel gobierno socialista con la llamada

«vía Nanclares». A ella se acogieronuna treintena de miembros históricos deETA, como Urrusolo Sistiaga, CarideSimón o Álvarez Santacristina, Txelis,entre otros. La vía Nanclares es unproyecto de reinserción de aquellospresos etarras que hayan decidido daruna serie de pasos inequívocos hacia elfinal de la violencia. Esos pasoscomprenden el alejamiento del entornode la banda, la aceptación de la políticapenitenciaria, la salida del colectivo depresos de la banda criminal, la renunciapública a ETA y al uso de la violencia,la petición de perdón a las víctimas, elcompromiso de reparación mediante el

pago de la responsabilidad civilcorrespondiente y, por último, lacolaboración con la justicia en la luchacontra el terrorismo. A los presos deETA y su entorno se les aplican unaserie de medidas particulares, como ladispersión, según la cual se aleja dellugar de residencia a aquellos presosque el Estado considere que correrían oharían correr riesgo si permanecieran enuna cárcel cercana a su lugar deresidencia. Esta cláusula ha establecidouna gradación de dureza de los reclusosde la banda, de fidelidad a la ortodoxiade ETA, según el lugar en el quecumplen condena: cuanto más alejados

del País Vasco, más duros.La vía recibe su nombre de la cárcel

alavesa de Nanclares de Oca. Es allídonde se lleva a los etarras que más hanavanzado en su proceso de reinserción.De hecho el colectivo de presos, queedita periódicamente informes de dóndeestán los presos de ETA y su entorno, aquienes ellos llaman presos políticosvascos, obvia esta cárcel, ya que dejande tener esa consideración cuandorenuncian a la banda terrorista. Antes dellegar a Nanclares de Oca, estacióntérmino del proceso, hay algunascárceles cercanas al País Vasco queacogen a presos en un proceso de

reinserción avanzado, tales como ElDueso, en Cantabria; Villabona, enAsturias; Zuera, en Zaragoza; y, porúltimo Burgos. La vía Nanclares se basaen un trabajo escalonado cuyos primerospasos son simbólicos. Acogerse abeneficios penitenciarios, no participaren los plantes convocados por elcolectivo de presos y mantener relaciónnormal con otros reclusos pueden ser losprimeros gestos de alejamiento de lalínea marcada por ETA en las cárceles.La renuncia al propio colectivo depresos o a sus abogados suele ser elpaso siguiente. La dinámica con el presocambia cuando esta distancia se

manifiesta de forma oficial, primero deforma verbal y después mediante unescrito remitido a las autoridades de lacárcel.

Los funcionarios de prisiones llevanun seguimiento exhaustivo del progresode cada preso. Los primeros pasosoficiales suelen venir acompañados dealguna medida por parte de lasautoridades, como el traslado a algunacárcel más cercana al País Vascodependiendo del punto de origen delpreso y los pasos que este haya dado. Elsiguiente escalón es oficializar elalejamiento mediante un escrito quecontenga los elementos de petición de

perdón, salida de la banda terrorista yrenuncia a la violencia. En este punto, ysi los informes de los funcionarios deprisiones y de los responsablesjudiciales son favorables, se puedeniniciar algunos trámites jurídicos parafavorecer su reinserción. Un preso ensituación de seguridad normal estásujeto al segundo grado penitenciario,estando el primero reservado parareclusos que por su peligrosidadconllevan medidas de vigilancia yseguimiento especiales. En esascircunstancias de normalidad, yhabiéndose dado los pasos señalados,las autoridades judiciales pueden

decidir la aplicación del artículo 100.2del Código Penal, que permite concederbeneficios propios de un tercer gradosin tener que otorgarlo de formadefinitiva. Estos beneficios temporalesdejan a estos presos a caballo entre elsegundo y el tercer grado y permiten aljuez dar o quitar beneficios en funciónde la evolución. Pueden ser permisosbreves de salida bajo vigilancia, puedeser un permiso para trabajar fuera de lacárcel y volver a dormir o, ya en últimainstancia, permisos que solo obliguen air a la cárcel los fines de semana. Porser beneficios propios de un tercergrado penitenciario, no se suelen aplicar

hasta que el preso ha cumplido al menosla mitad de su condena.

La política de dispersión de presos yaplicación de beneficios penitenciariosse remonta a finales de la década de1980, con los dirigentes socialistaEnrique Múgica al frente del Ministeriode Justicia y Antoni Asunción enInstituciones Penitenciarias. En algunosprocesos de negociación con la banda seoptó por acercar o liberar presos, comosucedió entre 1996 y 1999, con JoséMaría Aznar en La Moncloa. Con lallegada de Zapatero y su «proceso depaz» se inició de forma intensiva la víaNanclares tal y como se conoce ahora,

agrupando en una cárcel a todos losdisidentes de ETA. A pesar de que el PPcriticó desde la oposición la políticaantiterrorista de Rubalcaba en Interior,Rajoy continuó la aplicación del plandel exministro.

A mediados de marzo de 2012 (a laspocas semanas de asumir el cargo deministro de Interior), Jorge FernándezDíaz proclamó solemnemente laintención del gobierno al querepresentaba: el ejecutivo apoyará,impulsará y promoverá, en el marco dela ley penitenciaria, la llamada víaNanclares, con la que propiciar que losterroristas se arrepientan y pidan perdón

a sus víctimas. «La impulsaremosporque es legal y es la que más seadecua al espíritu de la Constitución»,resaltó el titular del Interior para dejarclaro que su política iba a sercontinuista respecto a la del anteriorgobierno socialista. Además FernándezDíaz quiso dejar claro que el gobiernoseguirá aplicando la ley penitenciariacon el criterio constitucional queestablece que «las penas privativas delibertad están orientadas a la reinserciónsocial». En este sentido subrayó —en eltono grandilocuente del que suele hacergala en sus intervenciones públicas—que el gobierno «apoyará, impulsará y

promoverá todo lo que signifique quelos etarras se arrepientan, pidan perdóna las víctimas del terrorismo, se hagancargo de las responsabilidades civilesaccesorias a sus condenas y cumplancon todos los requisitos que la leypenitenciaria establece para que puedanacogerse, en el marco de la ley, a losbeneficios penitenciarios».

Mientras gobernó el PSOE lospresos poco a poco fueron lograndopermisos y semilibertades. Cuando elPP llegó al poder, impulsó durante losprimeros meses tres terceros grados yalgunos acercamientos de presosenfermos a cárceles vascas. Pero desde

el verano de 2012, tras la polémicadesatada con el preso Jesús MaríaUribecheverria Bolinaga, el gobierno deMariano Rajoy frenó en seco cualquiermovimiento sobre los presos de ETAque pudieran recriminarle las víctimas.

Precisamente las víctimas, quesiempre se han opuesto a estas medidasde gracia a presos etarras, reclamaron algobierno a finales de diciembre de 2012que revocase la vía Nanclares por su«rotundo fracaso». La negativa delrecluso Kepa Pikabea Ugalde acolaborar con la justicia para esclarecerun asesinato perpetrado por la bandaterrorista en el año 1979 sirvió para dar

fuerza a los argumentos de las víctimas.La AVT consideró que Pikabea, acogidoa la vía Nanclares, quitó la careta atodos los presos de ETA, continuósosteniendo las tesis de la banda ydemostró que lo único que se haconseguido son reinsercionesinteresadas y falsas para acercarse mása la libertad. Para las víctimas, Pikabeademuestra con su actitud que iniciativascomo la vía Nanclares u otras similares,orientadas a la llamada reinserción,podrían correr el riesgo de convertirseen una amnistía encubierta y una puertahacia la impunidad.

«Pikabea ha dejado al descubierto

una estratagema que la AVT llevadenunciando quizás demasiado tiempo:ETA y sus presos están utilizando lasmedidas de reinserción a su antojo.Cayendo en conceder beneficios a lospresos etarras, el único mensaje que lesllega a ellos es que su lucha ha merecidola pena y que se van a acabar saliendocon la suya. A lo largo de los últimosmeses han demostrado que susintenciones están muy lejos de lareinserción. Siguen sin pedir perdón ylos que supuestamente lo piden nocolaboran con la justicia. Recordamos,por ejemplo, que en el caso Bolinaga lospresos volvieron a usar un histórico

mecanismo de chantaje de ETA: lashuelgas de hambre. La AVT demandaque se evite que se abra cualquier puertade escape para los terroristas que estánen las cárceles. Para más inri, lasvíctimas tuvimos que soportar en su díaque Pikabea fuera considerado víctimadel terrorismo por la Oficina para laAtención a las Víctimas del Terrorismodel gobierno vasco. A aquellahumillación a nuestra memoria ydignidad se suma ahora este nuevoataque contra la justicia. Por todo elloexigimos que se revoque la víaNanclares y cualquier otro plan dereinserción por el fracaso que han

supuesto y porque se aleja mucho de loque pedimos las víctimas: una derrotatotal del terrorismo con verdad,memoria, dignidad y justicia», me cuentala presidenta de la AVT, ÁngelesPedraza.

En marzo de 2013 el gobierno dio ungiro a su política antiterrorista, criticadapor las víctimas y sin frutos hasta esemomento. El ministerio que dirige JorgeFernández Díaz empezó a admitirabiertamente que la vía Nanclares formaparte del pasado, por lo que apostó porun plan de reinserción para reos debandas terroristas y crimen organizado.De esa forma los presos disidentes de

ETA Iñaki Recarte Ibarra, Kepa PikabeaUgalde y Aitor Bores Gutiérrez noobtuvieron los beneficios penitenciariosplanteados en 2012 por la prisiónalavesa de Zaballa, en la que cumplencondena. El Ministerio del Interior frenóla propuesta para los internos que, alacogerse a la denominada víaNanclares, rompieron con la bandaterrorista a cambio de la concesión depermisos. Entre los argumentosdefendidos para oponerse a lospermisos figuraban, por un lado, laslargas penas a las que fueroncondenados los tres terroristas. Además,Interior esgrimió las cantidades que les

faltan por abonar por responsabilidadcivil. Esta es una de las condicionesestablecidas para acogerse a medidas dereinserción. Así, por ejemplo, a Recarte,que abona unos 40 euros al mes, lefaltan aún 1 200 000 euros por pagar enconcepto de indemnización por susdelitos. Las defensas de los tresexmiembros de la banda recurrieron ladecisión, pasando la patata caliente a laAudiencia Nacional, que empezó a tenerla última palabra, como quedódemostrado al conceder un permiso detres días a Valentín Lasarte.

Dos semanas después de que eletarra saliese a la calle, el juez de

Vigilancia Penitenciaria de la AudienciaNacional le concedió, con el criterio encontra de la Junta de Tratamiento de laprisión de Nanclares de Oca, un segundopermiso, esta vez de seis días deduración. El cambio de criterio del juezCastro fue espectacular. El 7 de mayo seopuso al primer permiso para ValentínLasarte porque decía que no habíacolaborado con la justicia y no estaba encondiciones de salir. El juez Grande-Marlaska, sin embargo, no estuvo deacuerdo y se lo otorgó con la condiciónde que no regresara al País Vasco y sequedase en Navarra. El 29 de mayo —solo veintidós días después— Castro le

concedió el segundo permiso. «Y no ledio tres días —me comenta indignadaÁngeles Pedraza—, sino el doble.Nosotros pensamos que alguien le hadicho: “Como las víctimas estánmachacando a Marlaska, ahora tienesque ser tú el que se coma el marrón”. Ensu día les pregunté a los jueces Castro yMarlaska mirándoles a los ojos: “Si oshubieran matado una hija, ¿seguiríaisfirmado excarcelaciones?” Ninguno delos dos me contestó. La gravedad delasunto no es que le den tres o seis días,sino que al tercer permiso puededisponer del tercer grado y, luego, lalibertad condicional. Los jueces se están

encargando de abrir las puertas de lacárcel a los terroristas. Estamosviviendo una derogación de la doctrinaParot encubierta y pactada».

El fin de la doctrinaParot

Bar Nikol. Zumaya (Guipúzcoa), Jueves20 de marzo de 1986. Pasadas lasnueve de la noche.

Dos pistoleros de ETA entraron enel local y uno de ellos, sin mediarpalabra, disparó a quemarropa alcamarero José Ignacio Agirrezabalagade la Granja, provocándole la muerte enel acto. En ese momento se encontrabanen el local un total de seis personas,incluido José Ignacio. Los asesinoshuyeron en un Citroën BX conducido por

un tercer terrorista, que se habíaquedado fuera del bar haciendo laboresde vigilancia. El vehículo fue robadopoco antes a punta de pistola a supropietario en el casco urbano deZumaya, a unos quinientos metros dellugar del atentado. Los terroristas, quedijeron pertenecer a ETA-Militar,obligaron al propietario del coche, JoséJoaquín Aguirre, a acompañarles hastalas afueras del pueblo, y allí lointrodujeron en el maletero de su propiovehículo.

Aunque la Guardia Civil y la CruzRoja se presentaron de inmediato en ellugar de los hechos, no pudo hacerse

nada por salvar la vida de la víctima.Tras el levantamiento del cadáver, elcuerpo de José Ignacio fue trasladado alpuesto de la Cruz Roja, a solo cienmetros del Nikol. El cadáver presentabaseis impactos de bala con orificios deentrada en la cervical, en un oído, elpecho y los antebrazos, segúninformaron los médicos de la Cruz Rojaque realizaron la autopsia. Los vecinosde Zumaya negaron rotundamentecualquier relación del bar con el mundode la droga y que José Ignacio hubieseestado involucrado en hechosconflictivos. Sin embargo, ETA alegópara justificar el asesinato que era un

chivato vinculado a los GruposAntiterroristas de Liberación (GAL).Todo porque José Ignacio era cuñado deJean-Pierre Cherid, considerado uno delos cabecillas de los GAL. Cherid murióel 19 de marzo de 1984 en Biarritzcuando le estalló un artefacto explosivodestinado a asesinar a miembros deETA en el sur de Francia. La familia deJosé Ignacio negó que fuese cómplice delos GAL porque, aunque es cierto que sucuñado era Jean-Pierre Cherid, se enteróde sus actividades por la prensa yañadían, además, que si hubiera sidoasí, no tenía ningún sentido que hubiesevuelto a Zumaya a trabajar de cara al

público detrás del mostrador de un bar.La madre de José Ignacio, Maite de laGranja, contó años después el calvarioque tuvieron que soportar en Zumayadesde el día del asesinato de su hijo. Lamisma tarde del funeral miembros deHerri Batasuna profirieron gritos a favorde ETA y contra José Ignacio. A pesarde ello, la familia ha seguido viviendoen Zumaya.

Los autores materiales del asesinatofueron los integrantes del ComandoÉibar de la banda: Jesús María CigandaSarratea, Fermín Javier Urdiaín Ciriza eÍñigo Acaiturri Irazábal. Eran losmismos pistoleros que el 11 de

diciembre de 1987 se acercaron a caradescubierta a un sargento de la GuardiaCivil cuando se encontraba junto a suesposa en el interior de su vehículo, unTalbot Solara matrícula B-0074-AB.José Luis Gómez Solís, que así sellamaba el suboficial de la Benemérita,se disponía a ponerlo en marcha. Trasarrojar al suelo a la mujer, dispararonvarias veces contra aquel a bocajarro.El cadáver, en medio de un gran charcode sangre, presentaba al menos nueveimpactos de bala, varios de ellos en lacabeza. El sargento, de cuarenta y cuatroaños de edad, murió en el acto mientrassu mujer era presa de un ataque de

nervios. Inmediatamente después losterroristas se dieron a la fuga en unautomóvil sustraído a punta de pistola enlas inmediaciones. José Luis GómezSolís estaba destinado como sargento deintervención en el cuartel de la GuardiaCivil de Elgóibar, localidad distanteunos seis kilómetros del lugar de laacción terrorista. Dejó huérfanos a unadolescente de dieciséis años y dosniños de siete y cuatro respectivamente.Fuentes policiales consideraron aquellanoche que la acción criminal pudo serobra del Comando Éibar, cuya estructuraaún no había sido desarticulada enGuipúzcoa.

Aquel 11 de diciembre de 1987 fueun día especialmente sangriento, comotantos en la macabra historia de ETA.Dieciocho horas antes de que el sargentoGómez Solís perdiera la vida, uncomando relámpago enviado por ladirección etarra desde el sur de Franciahacía explotar un coche-bomba cargadocon cincuenta kilos de explosivo junto ala casa-cuartel de la Guardia Civil enZaragoza. Aquello fue una auténticamasacre: once personas resultaronmuertas, entre ellas dos mujeres y cinconiñas con edades comprendidas entrelos tres y los doce años, esposas e hijasde guardias civiles. También aquel día

el policía Rafael Ribas sufrió laamputación de tres dedos al estallarle enlas manos una carta bomba dejada en elbuzón de su domicilio, en Basauri(Vizcaya).

Los tres atentados criminales seprodujeron cuando el gobierno de FelipeGonzález negociaba en Argel conrepresentantes de ETA una salida quepermitiera devolver la esperanza y lapaz al País Vasco. En concreto elejecutivo socialista esperaba unarespuesta del cabecilla histórico deETA Eugenio Etxebeste, Antxon, previocontacto del etarra con la dirección dela banda terrorista en el sur de Francia,

para enviar una delegación a Argeliaque comenzase a dialogar sobre ofertasconcretas.

Año y medio después de aquelfatídico 11 de diciembre de 1987, laGuardia Civil acabó con aquel ComandoÉibar, autor de nueve asesinatos poratentados en los que también resultaronheridas treinta y ocho personas. Losservicios de información de laBenemérita disponían desde hacía mesesde una pista que conducía a ese grupo deliberados (dedicados en exclusiva a lasactividades terroristas y, enconsecuencia, mejor adiestrados). LaGuardia Civil se apoderó además del

armamento de que disponía el comando.Hasta su última acción, el 22 dediciembre de 1988, poco antes de latregua anunciada entonces por ETA-Militar, los integrantes del ComandoÉibar habían segado la vida de los yacitados José Luis Gómez Solís y JoséIgnacio Agirrezabalaga; los agentesFederico Carro Jiménez y Manuel ÁvilaGarcía, de veintidós y veintinueve años,vilmente asesinados al estallar uncoche-bomba que inspeccionaban en lasinmediaciones del cuartel de Guernica;los industriales Sebastián Aizpiri,Francisco Zabaleta y EngracianoGonzález Macho, acusados por los

terroristas de estar involucrados en eltráfico de drogas; el policía JoséAntonio Barrado, que iba a prestarprotección en el partido de fútbol entreel Éibar y el Sabadell; y el ertzaina JuanJosé Pacheco, víctima de una bomba.

La acción policial que acabó con lospistoleros del Comando Éibar sedesarrolló a partir de las seis de lamañana del domingo 17 de abril de1989, con registros en Ondárroa(Vizcaya) y en las localidadesguipuzcoanas de Éibar, Elgóibar,Vergara y Plasencia de las Armas.Efectivos de la Guardia Civil penetraronen el número 7 de la calle Ibarrondo de

Ondárroa y detuvieron en su interior alos tres activistas. Fermín Urdiaínefectuó dos disparos con su pistolacontra una guardia, que respondió conuna ráfaga intimidatoria. Fuentes de lalucha antiterrorista señalaron queFermín Urdiaín dejó de disparar porquese le encasquilló la pistola y que al serreducido preguntó insistentemente alguardia: «¿Por qué no me has matado?».

La Audiencia Nacional condenó aJesús María Ciganda Sarratea, junto asus dos compinches, a 29 años de cárcelpor el asesinato del camareroAgirrezabalaga; a otros 29 años por lamuerte del sargento José Luis Gómez

Solís; a 60 por los crímenes de Aizpiri yZabaleta; a 42 por el fallecimiento delertzaina Pacheco; a 134 por el atentadoque costó la vida al policía Barrado; a52 por el asesinato de los guardiasCarro Jiménez y Ávila García; a 30 porla muerte del hostelero EngracianoGonzález Macho; y a 220 años por unatentado cometido en junio de 1987contra la casa-cuartel de Éibar, en elque ocho agentes y otros tantos civilesresultaron heridos.

En total, 596 años de cárcel pornueve asesinatos. Jesús María Cigandarepresenta al pistolero etarra de losaños de plomo, adiestrado para liquidar

sin piedad al adversario. Y de no habersido por la oportuna operación de laGuardia Civil, su historial de sangre yfuego habría sido, sin duda, tan extensocomo el de otros asesinos de sugeneración, como Ignacio de JuanaChaos; los hermanos Antonio y DomingoTroitiño Arranz; José Antonio LópezRuiz, «Kubati»; Jesús María Zabarte, el«Carnicero de Mondragón»; Henri Paroto la mismísima Inés del Río Prada.

A lo largo de su estancia en prisiónCiganda pasó por las cárceles de Ceuta,el Puerto-1 (Cádiz) y Jaén, su últimodestino, ya que, tras cumplir algo más deveinticuatro años de cárcel fue

excarcelado el 22 de mayo de 2013. Esedía el pleno de la Sala de lo Penalacordó por unanimidad su puesta enlibertad en aplicación del Código Penalde 1973, la norma vigente en elmomento en el que cometió sus delitos.El etarra fue detenido en 1989, aunquellegó a ser condenado después de laentrada en vigor del Código Penal de1995. En concreto la AudienciaNacional le condenó el 27 de enero de1997 a 220 años de cárcel por unatentado cometido en junio de 1987. Noobstante, el pleno consideró que se ledebía aplicar la sentencia del TribunalConstitucional que en un supuesto

idéntico del también terrorista PedroJosé Echeverría le aplicó el CódigoPenal de 1973 y, por consiguiente, lasredenciones deben aplicarse sobre ellímite máximo de cumplimiento de 30años.

Ciganda se encontraba en la prisiónde Jaén en cumplimiento de ladenominada doctrina Parot y su libertaddefinitiva no estaba prevista hasta 2019,habiendo cumplido el límite de 30 añosen prisión. Tras la decisión del pleno dela Sala de lo Penal, el licenciamientodefinitivo se estableció el 9 de marzo de2011, es decir, dos años antes, razón porla que el 22 de mayo de 2013 se decretó

su libertad de inmediato. Al final, cadauno de sus nueve asesinatos supuso aCiganda un total de dos años y medio decárcel. Nada que ver con la cadenaperpetua que Francia impuso un mesantes al pistolero etarra Mikel CarreraSabore, alias «Ata», por el asesinato asangre fría de los guardias civiles RaúlCenteno y Fernando Trapero cometidoel 1 de diciembre de 2007 en lalocalidad gala de Capbreton.

En una situación similar a la deCiganda se encontraba José CarlosApeztegía, que también fue excarceladoel 22 de mayo. Apeztegía fue detenidoen 1992, es decir, antes de la entrada en

vigor del Código Penal de 1995. Sinembargo, dos de sus tres condenas lefueron impuestas en virtud de estanorma. Se da la circunstancia de queninguna de las condenas impuestas a esteterrorista supera los 20 años de cárcel, yen esos casos el Código Penal de 1995establece en esa cifra el límite máximode estancia en prisión. «A partir de esedato es fácil de determinar que lalegislación más beneficiosa es elCódigo Penal de 1995. Según las hojasde cálculo remitidas por el centropenitenciario, resulta que el condenadose encuentra ininterrumpidamente enprisión desde el 30 de enero de 1992,

luego el plazo de los 20 años, límitemáximo, ya ha transcurrido. Procededecretar su libertad por cumplimiento decondena», establecía el auto dictado porla Sección Primera de la Sala de loPenal de la Audiencia Nacional. JoséCarlos Apeztegía fue condenado por suimplicación en la red de extorsión deETA y cobrar el mal llamado impuestorevolucionario a empresarios vascos.Por estos hechos fue juzgado en 1993,junto con Luis Manuel IdarragaGorostiaga, Jon AndoniSolagurenbeaskoa Betelu y el abogadode HB Álvaro Reizábal. Apeztegíareconoció haber exigido dinero a al

menos once empresarios, habiendocobrado de ellos diversas cantidades. Eldinero, en la mayoría de las ocasiones,lo escondía en la sede del sindicatoLAB de Rentería. Ya en la cárcel fueacusado de amenazar de muerte a unfuncionario del centro penitenciario deHuelva. Por estos hechos fue finalmenteabsuelto por la Sección Primera de laSala de lo Penal de la AudienciaNacional en diciembre de 2008, pese aque la Fiscalía pedía dos años más decárcel. El Ministerio Público le acusóde haber apuntado con el dedo índice yel pulgar extendidos al funcionario en loque se interpretó como una simulación

del disparo de una pistola.Las excarcelaciones de Ciganda y

Apeztegía supusieron la puntilla para ladoctrina Parot, ya que, en una decisiónjudicial sin precedentes, la AudienciaNacional la derogó por cuenta propia.Gracias a lo decidido por la Sala de loPenal, los etarras que cumplen prisiónpor la doctrina Parot pudieroninterpretar el auto de puesta en libertaden su beneficio, ya que los argumentosexpuestos abrían una nueva vía deescape para que los terroristas nocumplan hasta el último minuto de suscondenas y salgan de rositas, segúnconsideran las víctimas. Desde la AVT

se mostraron sorprendidos ypreocupados con una decisióninexplicable que, sin duda alguna,supuso un antes y un después en lapolítica penitenciaria de nuestro país.«Queremos denunciar la situaciónlamentable y vergonzosa que estamosviviendo las víctimas del terrorismo enlos últimos meses en relación a lalibertad antes de tiempo de sanguinariosasesinos como Bolinaga o Ciganda, opermisos incomprensibles como elconcedido a Valentín Lasarte. Nospreguntamos si es esto lo quemerecemos las víctimas del terrorismo,con decisiones que benefician

únicamente a los terroristas y nos alejandel único consuelo que podemos teneraquellos que hemos sufrido el terror:una Justicia justa. En todos estos añosninguna víctima ha practicado lavenganza porque confiábamos en lajusticia. Ahora comprobamos que lajusticia no existe. ¿Qué hacemos ahora?¿Cómo es posible que cambien tanto lascosas? ¿Cómo una institución como laAudiencia Nacional, que fue creada paracombatir a los terroristas, ahora se haconvertido en la puerta de salida paralos terroristas? Además es curioso cómolos jueces, cuando llegan a presidir laSala de lo Penal de la Audiencia

Nacional, pasan de defender losderechos de las víctimas del terrorismoa ponerse del lado de los terroristas»,señaló la AVT en un comunicado.

Para el presidente de Voces Contrael Terrorismo, Francisco José Alcaraz,lo ocurrido con los terroristas JesúsMaría Ciganda Sarratea y José CarlosApeztegía «es un paso más en larendición del actual gobierno de Españaante la banda ETA que no puede quedarimpune». Alcaraz anuncia que «lasvíctimas del terrorismo darán respuestaa esta nueva traición del gobierno queultraja la memoria de nuestrosfamiliares» y dice que no está dispuesto

a que las víctimas y todos los españolessigamos pagando el precio político de lopactado con ETA en la pasadalegislatura y exigió al gobierno deMariano Rajoy contundencia ante labanda terrorista. «Las víctimas delterrorismo no vamos a tolerar queEspaña ceda al chantaje. Volveremos aactivar la rebelión cívica para exigirleal gobierno, una vez más, justicia paranuestros familiares», afirma Alcaraz.

Por su parte, Ángeles Pedrazasostiene que «no se ha terminado conETA porque nuestros gobernantes hansido todos unos acomplejados». «Lesdio miedo que hubiese más asesinatos,

pero lo que hay que tener es mano firmey contundente para acabar con losasesinos. Somos el único país que no escapaz de acabar con una banda deterroristas. Han gobernado la UCD, elPSOE, el PP, luego otra vez el PSOE ypor último el PP y no se ha terminadocon ETA en casi cuarenta años dedemocracia. Todos intentan acabar conlos terroristas de la manera que másconviene a la banda. Todo se reduce alintento del presidente del Gobierno, decualquier presidente, de hacerse una fotoen la que el pie diga: “Yo fui el queacabó con ETA”. Pero eso es mentira.Yo no quiero que un presidente acabe

con la bande de asesinos. Quiero que laderrote. Porque hay más de trescientasfamilias en España que no saben quiénmató a sus familiares porque los delitoshan prescrito. No ha habido juicio, niindemnizaciones, ni siquiera elresarcimiento del daño moral». Es undato escalofriante: el 40 por ciento delas víctimas de ETA no sabe quién matóa los suyos y tienen derecho a ello.

Pero ¿qué es la doctrina Parot? Enprimer lugar hay que decir que debe sunombre al terrorista de nacionalidadfrancesa y miembro del ComandoItinerante de ETA detenido enSantiponce (Sevilla) en un control

rutinario de la Guardia Civil aprincipios de la década de 1990. HenriParot fue acusado de asesinar a más de80 personas, por lo que se le impuso unacondena de 4800 años de cárcel. La leyespañola solo admite que un reo puedaestar como máximo 40 años en la cárcel.Esta cifra puede reducirse por diversosbeneficios a 30 años. De modo queParot iba a salir al cumplir 30 años decárcel o menos. Para evitar suexcarcelación el Supremo consideró quelos beneficios penitenciarios no sepodían aplicar sobre esos 40 años depena máxima, sino sobre cada uno de losdelitos cometidos. De este modo se

lograba que cumpliera la pena máximaen España. Esta decisión creójurisprudencia y se ha venido aplicandodesde entonces tanto a casos deterrorismo como a otros especialmentegraves de asesinato y violación. ElTribunal Constitucional avaló ladoctrina Parot en 28 de los 31 recursospresentados por los presos de ETAhasta el 29 de marzo de 2012. Sinembargo, en 2008 el TribunalConstitucional estableció la teoría deldoble cómputo penal, por la cual eltiempo de prisión preventiva debedescontársele de la pena total, lo queentra en conflicto con la doctrina Parot.

Ahora solo falta que se pronuncie elTribunal Europeo de DerechosHumanos, cuyo fallo versará sobre elcaso de la etarra Inés del Río Prada,detenida en 1987 y condenada a más de3000 años de cárcel. Su salida deprisión estaba prevista por lasautoridades penitenciarias para 2008, yla aplicación de la doctrina Parot alargósu estancia en la cárcel hasta 2017.

La posibilidad de que la doctrinaParot termine derogada ha hecho que lasvíctimas se unan y luchen con todas susfuerzas por conseguir que se mantenga lajurisprudencia del Tribunal Supremo, loque generó una movilización sin

precedentes en las redes sociales.Prueba de ello fue el hecho de que enpoco más de cuarenta y ocho horas lacampaña lanzada por la AVT en laplataforma change.org bajo el nombre«#DoctrinaParotSí» alcanzó las diez milfirmas de ciudadanos que pedían justiciajunto a las víctimas del terrorismo.Aquello se hizo días antes de que elTribunal Europeo de Derechos Humanosreexaminara la sentencia dictada contraEspaña por aplicar la doctrina Parot a laetarra Del Río Prada, en una únicaaudiencia en la que los jueces de laGran Sala escucharon a las partes. Lalibertad de 54 etarras, 7 miembros de

los GRAPO y 14 delincuentes másdepende de este fallo, que mantiene envilo a víctimas del terrorismo ygobierno, pues creen que su derogacióncausaría gran alarma social. El gobiernoespañol había solicitado la revisión delcaso después de que el 10 de julio de2012 la Sala Tercera de la Corteeuropea condenara por unanimidad alpaís y declarara irregular la aplicaciónde esa doctrina.

La citada sentencia, que incluyó unaindemnización de 30 000 euros pordaños morales a Del Río, solo hacíareferencia a esa presa de ETA, peromeses después una treintena de presos

etarras afectados por esa prácticademandaron a España ante la corteeuropea. Un total de diecisiete juecesformará parte de la Gran Sala queescuchará de nuevo a las partes yrevisará el caso a petición de España.Allí estuvieron los jueces deLuxemburgo (que ocupa la presidenciadel Tribunal), Italia (vicepresidencia),Letonia, Liechtenstein y Mónaco(presidencia de sala), así como los deAustria, Chipre, Albania, Irlanda,Turquía, Bélgica, Reino Unido,República Checa, Países Bajos,Moldavia y Bosnia-Herzegovina. El juezelegido a título de España, Luis López

Guerra, fue el único de la Sala Terceraque estuvo también en la Gran Sala, porser el magistrado del país demandado.

Aquel 20 de marzo de 2013, día enel que se celebró la vista oral enEstrasburgo, supuso una importanteexperiencia para Ángeles Pedraza, sobretodo tras las palabras que le dirigió elpresidente de la Gran Sala: «Señora,nosotros derogamos la doctrina Parotporque pensábamos que era el fallo quequería España». Al parecer, según relatala presidenta de la AVT, fue LópezGuerra quien convenció a sus colegaseuropeos para que acabasen con lajurisprudencia del Supremo «porque

España lleva cincuenta años en guerra yquiere vivir en paz». Pedraza solo tienecríticas para la actitud de López Guerra,exsecretario de Estado de Justicia en laprimera legislatura del gobierno de JoséLuis Rodríguez Zapatero: «¿Y ese señorsigue de magistrado en Estrasburgo?¿Por qué el Partido Popular no lo quita?La foto de la sala de Estrasburgo fuepara que hubiera salido en la prensaespañola durante una semana entera:dieciséis magistrados y el único juezespañol apoyando la derogación de ladoctrina Parot».

Pedraza cuenta muchas anécdotas deaquel viaje a Estrasburgo. «Llegamos a

la sala con los abogados del Estado, quetuvieron una actitud impecable, y vimosa los letrados de la etarra Inés del Río.Detrás de ella, en primera fila, todos losdiputados y senadores de Amaiur, Sortu,Bildu, en su condición deparlamentarios españoles. Y en la cuartafila solo las tres víctimas que viajamosdesde España. Cuando acabó la vista,los periodistas franceses e ingleses senos acercaron con la idea fija de quenosotros también queríamos laderogación de la doctrina Parot. Lesdijimos que no, pero al día siguiente eltitular en todos los periódicosextranjeros fue: “Los políticos

españoles apoyan a la etarra Inés delRío”».

¿Por qué no se detienea Josu Ternera?

Palacio de La Moncloa. Avenida dePuerta de Hierro, sin número, enMadrid. Viernes 23 de marzo de 2012.Durante la mañana.

En la sede de la Vicepresidencia delGobierno se recibió la siguiente cartapara Soraya Sáenz de Santamaría:«Excma. Sra.: Mi nombre es Rosa MªAlcaraz Martos. Soy victima delterrorismo y espero que tras leer micarta comprenda por qué me dirijo austed. El próximo 11 de diciembre se

cumplirá el 25 aniversario del atentadocontra la casa-cuartel de Zaragoza, en elque ETA asesinó a 11 personas, de lascuales 6 eran niños, entre ellos mis doshijas gemelas, Miriam y Esther, de tansolo 3 añitos de edad, y mi hermanoÁngel, de 17 años. Soy consciente deque en aquellos años usted era pocomenor que mi hermano Ángel, por ellole quiero resumir el infierno que ETAnos hizo vivir aquella madrugada. Mimarido es Guardia Civil y residíamos enaquel pequeño piso, puesto que elsueldo de Guardia Civil era tan bajo queno daba para pagar un alquiler y ademásmantener los gastos que suponían dos

bebés. Por mi parte, en los ratos que medejaban mis pequeñas, cosía bolsas dedeporte para ayudar a la economíafamiliar. Aquel año residía con nosotrosmi hermano pequeño, Ángel, quecursaba sus estudios de estilismo en lacapital zaragozana. Dada la proximidadde las fiestas navideñas, ya lo teníamostodo planeado para pasar unasNavidades inolvidables junto a todanuestra familia en Jaén. Pero llegóaquella maldita madrugada en la queETA decidió poner fin a la vida demuchos inocentes y, por ende, a nuestrafelicidad. Eran las seis de la mañanacuando los terroristas Henri y Jean

Parot, y Jaques Esnal, buscando elmayor número de muertos,preferentemente féretros blancos —asílo pedía el terrorista Francisco MúgicaGarmendia, alias Pakito— colocaronjunto a nuestra vivienda un coche-bombacargado con 250 kilos de explosivos,los cuales al estallar hicieron que elbloque de viviendas de cuatro plantas sederrumbara como una baraja de naipes,sepultándonos a todos los que allíresidíamos. No soy capaz de expresar loque pasó por mi mente en las horas enlas que estuvimos mi marido y yosepultados bajo los escombros, sinsaber lo que había sucedido, sin saber

cómo estaban mis hijas y mi hermano.Lo que sí creo que comprenderá a laperfección, ya que usted es madre, es loque sentí cuando en el hospital mimarido me comunicó que mis pequeñasy mi hermano habían sido asesinados.Desde aquel día, hace ya casi 25 años,la única visita que ETA me permitióhacerles a mis hijas y a mi hermano hasido al cementerio de Torredonjimeno,donde descansan tres niños inocentes,víctimas de una banda de asesinos queno merecen más generosidad que nuestrodesprecio. El autor intelectual de aquelatentado, es decir, el que ordenó matar atantos inocentes, fue José Antonio

Urrutikoetxea Bengoetxea, alias JosuTernera, al cual paradójicamente,durante demasiado tiempo, hemos tenidoque ver en la Comisión de DerechosHumanos del Parlamento Vasco,mientras mi marido seguía jugándose lavida desactivando los explosivos quesus compañeros de ETA colocaban paraseguir asesinando. Este criminal prófugode la justicia, desde el momento en quefue citado en la Audiencia Nacional porordenar la matanza de Zaragoza, quepronto hará diez años, sigue sinresponder por sus crímenes. En estosúltimos años nuestros abogados hanintentado, sin éxito alguno, que la

Fiscalía de la Audiencia Nacionaltomase cartas en el asunto, dado que sonmuchas las informaciones publicadasque lo dan por localizado e incluso hansido publicadas hasta sus fotografías.Señora Vicepresidenta, me dirijo a ustedpor ser la máxima responsable del CNIy estar en sus manos que estos cuerposde acreditada profesionalidad pongan adisposición de la Audiencia Nacional lainformación del paradero de JosuTernera, ya que jamás se han desmentidolas informaciones que revelan que esteindividuo está controlado por el CNI,así como las reuniones mantenidas entrevarios dirigentes políticos y este

asesino. No apelo a usted solo en sucondición de representante público parahacer llegar mi súplica. Sé que hacepoco tiempo usted ha sido madre; es porello que apelo también a esta condiciónpara que nos ayude a que se hagajusticia por el asesinato de mis hijas yde mi hermano. Solo le ruego que por unmomento se ponga en mi lugar y quecuando acueste a su bebé se acuerde delas caritas de mis niñas. Piense cómo sesentiría si le sucediera lo que meocurrió a mí y obre con justicia.Atentamente».

Aquel viernes 23 de marzo de 2012la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz

de Santamaría, garantizó que losservicios de inteligencia entregarían a lajusticia toda la información disponiblesobre el etarra Josu Ternera si así se loreclamaban. En la rueda de prensaposterior al Consejo de Ministros, Sáenzde Santamaría aseguró que todas lasadministraciones colaboran con laadministración de Justicia y así lo harátambién si la Audiencia Nacional pideal CNI datos sobre Ternera, en busca ycaptura desde 2002.

En toda la macabra historia de ETAno ha existido una situación tan extraña,tan injusta y tan vergonzante para lasvíctimas del terrorismo como la

protagonizada por José AntonioUrrutikoetxea Bengoetxea, alias JosuTernera. Se trata de un personajesingular que ha dejado tras de símultitud de preguntas sin responder:¿Cómo es posible que haya pasado onceaños en la cárcel —solo dos años enEspaña— siendo uno de los cabecillasque mayor influencia y durante mástiempo ha ejercido sobre la organizaciónmafiosa? ¿Por qué la justicia españolano ha podido demostrar que ordenó lamaterialización de ningún atentadoconcreto? ¿Por qué razón ha sidoprotagonista en todos los procesosnegociadores llevados a cabo por el

gobierno español con la banda criminal?¿Cómo es posible que tuviera protecciónpolicial durante el mal llamado procesode paz que abrió Zapatero? ¿Cómo esposible que durante más de una décadase encuentre huido de la acción de lajusticia sin ser detenido, pese a que elCNI, según numerosas informacionesperiodísticas, le ha tenido controlado entodo momento? ¿Por qué terminó siendomiembro de la Comisión de DerechosHumanos del Parlamento vasco unhombre que durante la mayor parte de suvida renegó de las vías políticas ypacíficas? ¿Quién lanzó el bulo de quelleva desde el año 2008 con un cáncer

en fase terminal, según dieron por hechola mayor parte de los periódicos?Muchas preguntas y casi ningunarespuesta.

La macabra historia de Urrutikoetxeacorre paralela a la de ETA. No en vanolleva cuarenta y cinco años dentro de labanda. Ingresó en el momento mismo enque la mafia etarra comenzó su tristecamino del crimen y llega hasta el día dehoy, siempre con un papel relevante enel puente de mando de la banda. Elinicio de las andanzas de Urrutikoetxeaen el seno de ETA es tan peculiar comoel personaje. Según relata FlorencioDomínguez —el periodista que más y

mejor conoce a la mafía etarra y sumundo criminal—, la primera actuaciónde Ternera consistió en realizar unaspintadas en las tapias de los cementeriosde Llodio y sus alrededores en lavíspera de la festividad de Todos losSantos. Tal vez, al margen de loanecdótico, haya una carga simbólica enese activismo que se inicia en laspuertas de los cementerios y terminallenándolos. Era el año 1968, un añosignificativo donde los haya para laorganización, el año en el que cometióel primer asesinato intencionado. Fuecuando Ternera entró en ETA, al mismotiempo que otro asesino en serie que

alcanzaría un puesto de dirección muydestacado con los años y de quien eraamigo de la adolescencia, José MiguelBeñarán, alias Argala. Ambos, duranteunos años, tuvieron una trayectoriaparalela. Con funciones diferentes,parecían almas gemelas. Argala seencuadró en lo que entonces se llamabael «frente cultural», mientras queTernera lo hizo directamente en elmilitar. Los dos tuvieron en comúnhaber sido a principios de la década de1970 estrechos colaboradores de otrodirigente relevante, EustaquioMendizábal, Txikia, muerto en 1973.Argala, tras participar en algunos

atentados personalmente, como fue elcaso del asesinato del almirante CarreroBlanco, se convirtió en el jefe delaparato político hasta su asesinato en1978. Josu Ternera terminó ocupando elpuesto de su amigo muerto en el aparatopolítico etarra.

Siguiendo la trayectoria deUrritikoetxea nos encontramos en elcentro de los principales episodiosprotagonizados por ETA durante todoeste tiempo: las crisis, rupturas yreorganizaciones de los años setenta, laofensiva terrorista de los ochenta, losintentos negociadores siemprefracasados de los ochenta, noventa y dos

mil, los contactos internacionales…Tenía ya un papel importante cuando seprodujo la ruptura entre las ramaspolítico-militar y militar de ETA. Formóparte del grupo dirigente etarra quelanzó la gran ofensiva terrorista contrala democracia desde el momento mismode la Transición, del grupo que rechazóla Constitución y el Estatuto deAutonomía del País Vasco y extendió laviolencia a toda España de formasistemática en la década de los ochentadel siglo pasado. Sin embargo, lajusticia española no pudo demostrar queJosu Ternera ordenara la realización deningún atentado concreto.

La policía española le consideródesde 1987 número uno de ETA,compartiendo el mando con FranciscoMúgica Garmendia, Pakito, y JavierZabaleta, Waldo. Durante esos dos añosla banda asesina segó la vida a 71personas, entre ellas las 21 de Hipercory las 11 del cuartel de la Guardia Civilde Zaragoza, dos de los más vilesatentados de los mafiosos etarras. Lapropia sentencia que le condenó enFrancia consideró probado que era elhombre fuerte de ETA. En 1989 fuedetenido y condenado en el país vecino,hasta que siete años después fueentregado a España. La detención se

produjo el 11 de enero de 1989, enBayona, junto a Elena Beloki y varioscolaboradores franceses, dos horasdespués de que se hubiera entrevistadocon el abogado y entonces dirigente deHerri Batasuna Txema Montero.

Algunas versiones aseguraron que lapolicía siguió al entonces defensor deetarras para dar con el paradero deldirigente. El abogado, partidario de lanegociación con el gobierno, justificó suvisita asegurando que discutía con JosuTernera la necesidad de propiciar unatregua, lo que prueba también sucondición de dirigente etarra. En poderdel cabecilla se encontró entonces un

recibo de 72 millones de pesetas a favorde Montero. Sobre la detención de JosuTernera, la revista Tiempo publicó quefueron el dirigente de HB Iñaki Esnaolay la abogada Christianne Fandó quienesentregaron al dirigente etarra. Laacusación se basaba en un vídeo de unareunión en Burdeos entre Esnaola yFandó con el entonces exsecretario deEstado para la Seguridad, Rafael Vera, yel comisario Manuel Ballesteros en laque se hablaba de la posible detencióndel dirigente etarra. Tanto Esnaola comoFandó desmintieron esa versión,alegando que el vídeo fue manipulado.

A José Antonio Urrutikoetxea se le

consideraba un marxista-leninistaortodoxo. Siempre defendió que laizquierda abertzale no debía reconocerlas instituciones, tenía que pertenecer almargen de la actividad política y noestar presente en el Parlamento vasco.Según Florencio Domínguez, lasingularidad de Josu Ternera es que setrata de un superviviente, de unpersonaje que ha conseguido eludir lacárcel durante mucho tiempo, quecuando estuvo en prisión siguió siendoun referente para ETA y que una vez enlibertad, tras un periodo relativamentebreve, se reincorporó de nuevo a ladirección de la banda criminal en la

clandestinidad. «Es un fugitivosuperviviente y esa doble condición, lade fugitivo y la de superviviente, son losmimbres básicos con los que se tejen losmitos asesinos en el seno de la mafiaetarra», señala Domínguez.

Josu Ternera siempre figuró a lacabeza de la lista de interlocutores queETA designaba para cualquier procesode diálogo con el gobierno pero, comodice Florencio Domínguez, ha sido unespecialista en perder oportunidades denegociación. Lo hizo en 1984, cuando elgobierno francés pactó con el gobiernoespañol abrir un proceso de diálogo conETA y fue el embajador de Francia en

Paris, Pierre Guidoni, quien a través delos dirigentes de HB les hizo llegar elmensaje a la dirección de ETA. Lesadvirtió que los dos países iban acooperar en la lucha contra el terrorismopero que querían dar una oportunidadprevia al diálogo y que si era rechazadaFrancia se implicaría y colaboraría conEspaña, lo que hasta ese momento nohabía hecho. Ternera, que en aquelmomento era el máximo responsable delaparato político de ETA, rechazó laoferta. Guidoni les había dado una citaen el mes de septiembre en Burdeospara que fuera una representación deETA, y no acudió nadie. No solo no

acudió, sino que en lugar de eso labanda sacó un comunicado con un tonobastante poco respetuoso con Francia,instando al gobierno galo a ir a negociarcon los comités de refugiados laconcesión de estatus político a losmiembros de ETA en Francia. Ante eldesaire, París reaccionó y al díasiguiente de aquella cita que no secelebró, acordó las primeras tresextradiciones de miembros de ETA.

Ese episodio es lo único quetenemos que agradecer a Josu Ternera,que consiguió que los francesescolaboraran al fin con España. Volvióotra vez a perder una oportunidad de

negociación en 1988. La bandaterrorista, ya con Ternera comodirigente principal —porque EugenioEtxebeste estaba deportado en Argelia yTxomin Iturbe había muerto en ese paísal caerse de un tejado— decidió, cuandotodo parecía estar listo para lanegociación, llevar a cabo el secuestrode Emiliano Revilla. Entonces se dijoque se trataba de conseguir unaprovisión de fondos que él pudiesecontrolar personalmente, pero lo queprovocó fue que las conversaciones deArgel se retrasaran durante un año. Yese retraso, en el terreno personal, fuenefasto para él, porque justo cuando

iban a reanudarse, ya en enero de 1989,fue detenido y encarcelado. Su segundaoportunidad perdida. Después de esosepisodios, cada vez que ha habido unintento de reanudar el diálogo entre losgobiernos españoles y ETA, la bandaterrorista ha reclamado la presencia deUrrutikoetxea entre la delegación que ledebía representar. En 1990, apenas unaño después de que fuera detenido porla policía francesa, dijo alto y claro anteun tribunal de París: «He sido, soy yseré militante de ETA, y estoy orgullosode ello».

Tras pasar apenas once años en lacárcel, el antiguo jefe de asesinos en

serie salió en libertad el 14 de enero de2000 y se incorporó inmediatamente alParlamento vasco, donde había obtenidoacta de diputado por Euskal Herritarrok,la marca electoral de Herri Batasunadurante la tregua de aquellos años. Solodos semanas después, y ante el estuporgeneral, el veterano terrorista participóen la Comisión de Derechos Humanosde la Cámara autonómica. CuentaFlorencio Domínguez la anécdota de unade sus intervenciones —hubo pocas,casi ninguna— en el Parlamento vasco,cuando presentó una pregunta alconsejero de Industria, entonces JosuJon Imaz —el que luego fue líder del

PNV— acerca de la emisión de gasescontaminantes que podía provocar lainstalación de una central eléctrica enAmorebieta. Aquel día Ternera debió depillar a Imaz con el pie cambiado,porque dio una respuesta en tono irónicodiciendo que la quema de un coche en unacto de kale borroka provoca la emisiónde un índice mayor de gases a laatmósfera. Cuando terminó la sesiónparlamentaria, el terrorista metido aparlamentario autonómico se acercó alconsejero del gobierno del País Vascoen el pasillo para decirle: «¡Joder, parauna vez que intentamos hacer políticaconvencional, cómo sales!».

El 6 de noviembre de 2002 el exjefede ETA tenía que haber acudido alTribunal Supremo para declarar sobresu presunta participación en el atentadocontra la casa-cuartel de Zaragoza. Envez de ir al Supremo, Ternera publicóuna carta en el diario proetarra Gara,donde anunciaba su intención de noacudir y calificaba el proceso de farsa.El magistrado José Ramón Soriano optó,no obstante, por darle otra oportunidady, en vez de ordenar su detención, leconcedió una semana más de plazo y locitó para el día 13. Al no presentarsepor segunda vez, el juez todavía tardóotras treinta horas en dictar una orden

internacional de busca y captura. Lasensación de ridículo fue grande. Elgobierno del PP, que pretendía dar unescarmiento a Ternera, se quejó de queel magistrado del Supremo no actuaracon la diligencia debida. Los serviciosantiterroristas consideraron, por suparte, que el ejecutivo de Aznar debióhaberles advertido del proceso contraTernera para así haberlo podido sometera una discreta vigilancia.

También hicieron el ridículo duranteocho años los distintos gobiernos deJosé Luis Rodríguez Zapatero por nollevar a cabo la captura del cabecillamafioso. Dados los precedentes, la

pregunta que hay que hacerse sería: ¿nole detuvieron porque no pudieron o noquisieron detenerle? FlorencioDomínguez tiende a la segunda opción alafirmar que la fe de Zapatero en elproceso de paz se asentó en que elinterlocutor de ETA era Josu Ternera.Relataba Rosa Díez en una entrada en sublog del año 2008 las diferencias ysimilitudes entre los distintos procesosde diálogo que ha habido en Españadesde la Transición. «Ni González niAznar negociaron políticamente conETA. Ni González ni Aznar convirtierona ETA en su interlocutor político. NiGonzález ni Aznar estuvieron dispuestos

a entrar en el debate de final dialogadoque presidió toda la negociación deZapatero con Ternera. González ordenóconcluir las conversaciones de Argel encuanto ETA pidió una mesa de partidos,mientras que Zapatero mantuvo lasnegociaciones sobre la mesa departidos, sobre su composición y suoperatividad, en Loyola; e incluso invitóal PNV a las reuniones para ver si asíera posible la constitución de la citadamesa política con la banda sentadaalrededor de ella en igualdad decondiciones con los partidosdemocráticos. González se negó areconocer políticamente a los terroristas

con los que negociaban en Argel: de unlado, el gobierno; en el otro, losterroristas. Zapatero llevó lanegociación al Parlamento Europeo ysentó a los etarras en la tribuna deinvitados. Los enviados de González sereunieron con ETA con luz ytaquígrafos. Zapatero negó hasta lasaciedad los contactos. Incluso mintió alafirmar que se habían cancelado tras losatentados de Barajas y volvió a mentircuando reconoció que siguiónegociando: le echó la culpa a TonyBlair. Más aún, ni siquiera cumplió laresolución del Congreso de losDiputados que establecía las

condiciones en las que se podía iniciarel diálogo con la banda. Pervirtió elproceso que él mismo había diseñado;pervirtió el lenguaje y pervirtió lapolítica. Por su parte, los enviados deAznar se reunieron una sola vez con losde la banda. Cuando estos empezaron ahacer peticiones políticas, se levantó lareunión y nunca más volvieron asentarse. Los enviados de Zapatero, quese reunieron varias veces antes con labanda para pactar la tregua, se sentaronun número desconocido de veces con losterroristas. Incluso supimos que elnegociador terrorista, Josu Ternera,llevaba protección policial durante todo

el proceso. El sanguinario Ternera, elmismo que hoy está en la lista deterroristas más buscados en Europa,protegido por la policía mientras sereunía con Eguiguren; serviciospoliciales europeos que incluso leacompañaban a hacer footing antes delas reuniones de negociación con elpresidente del PSE y enviado deRodríguez Zapatero. A él, al malo, leprotegía la democracia española, paraque nada le ocurriera mientrasnegociaba nuestra libertad. Y ahora estáen busca y captura. ¡Qué vergüenza! YZapatero quiere que comparemos sucesión democrática ante ETA con las

dos ocasiones anteriores en las que losgobiernos democráticos españolestomaron la temperatura a la banda. Élquiere que pensemos que hizo lo mismoque sus predecesores. Zapatero ha sidoel único presidente democrático que hacedido a ETA todo lo que tenía en susmanos, al reconocer a la banda comointerlocutor político. Lo de menos esque no llegaran a un acuerdo. Elgobierno de España le dio a la banda loque esta lleva buscando desde queempezó a asesinar: le ha dado carácterde interlocutor, ha hablado de políticacon ellos, ha hablado de reformasinstitucionales, de mesas paralelas al

Parlamento… Le ha dado todo lo queestá en su mano; lo que no le ha dado (laintegración de Navarra en Euskadi, laindependencia, un nuevo modeloinstitucional…) es porque no lo tiene,porque es nuestro, porque lo tendríamosque votar entre todos». Demoledoresargumentos de la líder de UniónProgreso y Democracia.

Algo se ha avanzado —poco— conel gobierno de Mariano Rajoy. Aunqueel cabecilla etarra sigue sin serdetenido, al menos ha entrado en la listade la Policía con los terroristas másbuscados, junto a Ignacio de JuanaChaos, otro de los huidos de la justicia.

De Juana Chaos, miembro del ComandoMadrid de ETA en los años ochenta delpasado siglo y autor de una veintena deasesinatos, salió de prisión en 2008 trasuna larga huelga de hambre, por la quetuvo que ser ingresado en el hospital.Tras quedar en libertad, pasó a Irlanda yse encuentra en paradero desconocidodesde marzo de 2010, reclamado por eljuez de la Audiencia Nacional EloyVelasco por un presunto delito deenaltecimiento del terrorismo.

«Mi opinión sobre De Juana es quehabía un pacto para que Zapatero ledejara huir, por eso esa comedia quemontaron con la huelga de hambre. Lo

que quería el gobierno de Zapatero esabrirle la puerta para que se fuera,porque De Juana es peligroso, sabemucho y podría haber hablado sobrepolíticos. Incluso creo que hubo unpacto entre el ejecutivo socialista yVenezuela para que le acogieran cuandose fugó de Irlanda y le atendieran bien.Ternera también sabe demasiado,porque fue el padre de las negociacionescon el gobierno por parte de ETA. No lopueden detener, por si acaso habla.Todo el mundo sabe dónde está», mecuenta Ángeles Pedraza.

Precisamente, mucho se haespeculado en los medios de

comunicación sobre el paradero y elestado de salud de Josu Ternera en estadécada larga de fuga. La prensa se hizoeco en 2008 de que el cabecilla etarrapadecía un cáncer en fase terminal.Como Bolinaga en la actualidad.«Fuentes de la lucha antiterrorista hanconfirmado que los médicos no le danmás que un año de vida. Ternera haestado recibiendo tratamiento en unaclínica privada en el triángulo queforman las fronteras francesa, alemana ysuiza. En todo momento ha estadoacompañado por su hijo Egoitz, que adía de hoy también está apartado de ladirección etarra. De momento, la mejor

opción es no detenerle. Tenerlecontrolado los meses que le quedan esmejor que arrestarlo y traerlo a España.Por su estado de salud seguramentehabría que hospitalizarlo y seconvertiría en otro caso De Juana, loque a ETA le vendría muy bien», decíanlos medios en 2008.

El periodista Antonio Rubio firmóuna información publicada en El Mundoen abril de 2010 en la que se sosteníaque los servicios de inteligenciaespañoles conocían el paradero y losmovimientos del dirigente de ETA, apesar de lo cual Ternera seguía libre.Según el experto en materia de

investigación de El Mundo,Urrutikoetxea residió en un pueblo delos alrededores de Milán, en el norte deItalia, hasta un mes antes de publicar lainformación. «Usaría pasaporteportugués, claro está, con identidadfalsa». Además, decía el periódico dePedro J. Ramírez, «Ternera está enfermode tromboflebitis, y por ello tiene quetratarse en una clínica de Düsseldorf, enel noroeste de Alemania. Se creetambién que sufre cáncer desde hacevarios años, por lo que se llegó a decirque apenas le quedaba un año de vida»,lo que se demostró falso.

En abril de 2011 El Confidencia

Digital publicó que el Ministerio delInterior, que entonces dirigía Rubalcaba,no tenía ninguna información sobre suparadero desde diciembre de 2006. «Noestá en Francia, ni en ninguno de loslugares habituales de refugio de ETA»,aseguraron fuentes del departamentoministerial, que subrayaron que losagentes de la Guardia Civil y de laPolicía Nacional tenían orden de detenerde manera inmediata a Ternera en casode detectarlo. «Desde que ETA loexpulsara hace ya más de cuatro años, elexdirigente no ha aparecido en ningúndocumento o información incautada a labanda terrorista. No protagoniza ninguna

actividad. Las fuentes consultadas porEl Confidencial Digital aseguraron quesi estuviera trabajando para ETA se lepodría haber detectado. En Interior no seve con malos ojos la posiblereincorporación de Josu Ternera a laprimera línea. Se trata de un dirigenteque históricamente ha apostado por lasvías políticas y, en el momento actual,podría contribuir al avance del procesode paz. En el ala dura de la bandaterrorista se le considera un traidor.Algunos etarras le han acusado defacilitar a la Guardia Civil informaciónde vital importancia para ETA. Ladecisión salomónica de expulsarlo se

debió a estas sospechas», subrayó laweb que dirige José Apezarena. En abrilde 2012, la revista Época volvía a lacarga al asegurar que Ternera seencontraba en Italia. El presidente deVoces contra el Terrorismo, FranciscoJosé Alcaraz, se apresuró a ir a laAudiencia Nacional con la información.Pocas semanas después el juez IsmaelMoreno dictó un auto en el queconsidera improcedente que el directordel CNI, Félix Sanz Roldán, informasesobre el lugar donde se encontraba elterrorista.

El 5 de marzo de 2013 la CadenaSer difundió en exclusiva, citando

fuentes de la lucha antiterrorista, que lasautoridades de Noruega habíanexpulsado de su territorio a los tresdirigentes de ETA que desde hacíameses se encontraban en el país. «Larazón sería el fracaso del diálogodesarrollado durante estos meses en elpaís nórdico para intentar un desarme dela organización armada». La emisora dePrisa habló de tres expulsados: JoséAntonio Urrutikoetxea, Josu Ternera,David Pla e Iratxe Sorzábal. «Elgobierno de Oslo habría garantizado alos dirigentes de la banda un retorno aFrancia con todas las garantías, segúnlas mismas fuentes. El secretario de

Estado, Francisco Martínez, no hadesmentido la información, aunque no haquerido profundizar. El número dos delMinisterio del Interior se ha limitado areiterar que “los terroristas de ETA y sucúpula serán perseguidos, detenidos ypuestos a disposición de la justicia alládonde se encuentren”. […] Noruegahabía acogido a los tres presuntosdirigentes de ETA para que pudieranmantener contactos en un lugar seguro,en este caso con el Comité Internacionalde Verificación de Ram Manikkalingam.El fracaso de las conversacionesmantenidas el pasado mes de enero haprovocado la decisión de las

autoridades de Oslo de poner fin a lapresencia de los tres etarras en territorionoruego. Ternera, Pla y Sorzábal seencuentran fuera del país nórdico desdeel pasado 12 de febrero y podrían haberregresado a Francia».

La presidenta de la AVT tiene supropia información sobre las supuestasnegociaciones en la capital de Noruega.«El gobierno tenía pensado ir a Oslo ysi no lo hizo fue porque hubiera tenido atodas las víctimas en contra. Desde lapuesta en libertad de Bolinaga y lacampaña que montamos desde la AVT,el ejecutivo de Rajoy se anda con piesde plomo. Es consciente de que el PP

puede perder muchos votos. Tambiénsabe que si hubieran ido a Oslo cabía laposibilidad de que se hubieranadelantado las elecciones», concluyeÁngeles Pedraza en clara muestra delpoder de las víctimas sobre elelectorado del Partido Popular. Arenglón seguido, la presidenta de laasociación de víctimas matiza: «Estoyconvencida de que este gobierno no hanegociado con ETA. Pondría la mano enel fuego por ello. Pero de nada me sirveesa afirmación si el gobierno actualtiene que rematar los pactos a los quellegó Rodríguez Zapatero».

El 7 de mayo de 2013, la agencia de

noticias Europa Press se hizo eco de quela Guardia Civil situaba a Josu Terneraen un papel destacado en la cúpula delaparato político de ETA junto a IratxeSorzábal y David Pla. Fuentes de lalucha antiterrorista confirmaron aEuropa Press que el históricoUrrutikoetxea viene desempeñando unpapel protagonista en la organizacióndesde que la banda se propuso sentar algobierno en una negociación paraabordar lo que ellos denominan lasconsecuencias del conflicto, es decir, lacuestión de los presos, el desarme y lasalida de las fuerzas de seguridad y elejército del País Vasco y Navarra. «Por

esa razón —sostuvo la agencia denoticias— la presencia de Josu Ternerase detectó en varias ocasiones en Oslo(Noruega) donde también estuvieron endistintas fases Pla y Sorzábal esperandouna contestación del gobierno a su ofertade diálogo que nunca se produjo. Poreste motivo y ante los escasos avancesproducidos, las autoridades nórdicasdecidieron expulsar a los dirigentesetarras de su territorio el pasado mes defebrero».

El Confidencial Digital fue más alládías después y dio a conocer laestructura orgánica que ETA tenía enmayo de 2013. Se trataba de un cuadro

que ha elaborado la Jefatura deInformación de la Guardia Civil contoda la información de la que dispone.Así, el aparato político está compuestopor Iratxe Sorzábal, David Pla y JosuTernera. Por debajo de este triunviratose situaba el aparato logístico-operativo, es decir, el encargado deorganizar y coordinar todos losmovimientos de la banda en Francia.Este departamento estaba dirigido porIzaskun Lesaka, detenida el pasado mesde octubre. Su lugar lo ocupan ahora dosterroristas que la Guardia Civil tieneidentificados y que por motivosoperativos prefiere no hacer pública su

identidad. Del aparato logístico-operativo dependerían tressubdepartamentos estancos: el defalsificación, el llamado robacoches y elde zulos.

Las nuevas informaciones sobre JosuTernera provocaron la indignación de lafamilia Alcaraz, víctima del atentadocontra la casa-cuartel de Zaragoza queperpetró Ternera. El presidente deVoces contra el Terrorismo y suhermana (la autora de la carta dirigida aSoraya Sáenz de Santamaría) apuntarona Rajoy al señalar que «está permitiendola impunidad del cabecilla etarra, aligual que hizo Zapatero». Francisco José

Alcaraz destacó que «el Ministerio deInterior no quiere detener al asesino porlas posibles represalias de la bandaterrorista que dinamitarían el proceso denegociación». El presidente de Vocescontra el Terrorismo se preguntó siSáenz de Santamaría o el mismo Rajoypermitirían que Josu Ternera siguiese enlibertad si hubiesen perdido a sus hijosen el fatídico atentado delacuartelamiento de Zaragoza, al tiempoque reiteró su petición a la FiscalíaGeneral del Estado y al gobierno deEspaña para que actuasen de inmediatoy solicitaran a las autoridades suizastoda la ayuda necesaria para detener a

Josu Ternera. «Este asesino no puedeseguir ni un día más en libertad —concluye Alcaraz—, porque si no es así,quedará claro que la justicia no es igualpara todos».

Un total de 309 etarras huidosfiguran en la lista que, desde 2010, ybajo la supervisión del Centro Nacionalde Coordinación Antiterrorista (CNCA),realizan Guardia Civil, Cuerpo Nacionalde Policía y Centro Nacional deInteligencia, con la colaboración de lasautoridades francesas.

Capítulo VII

INDULTOS DELGOBIERNO:

MONTESQUIEU HAMUERTO

El poder de la banca«Real Decreto 1761/2011, de 25 denoviembre, por el que se indulta a donAlfredo Sáenz Abad. Visto el expedientede indulto de don Alfredo Sáenz Abad,condenado por la Sala Segunda de loPenal del Tribunal Supremo, ensentencia de 24 de febrero de 2011,resolutoria del recurso de casacióninterpuesto contra otra de la AudienciaProvincial de Barcelona, secciónTercera, como autor de un delito deacusación falsa, con la concurrencia dela atenuante analógica por dilacionesindebidas, a la pena de tres meses de

arresto mayor, con la accesoria desuspensión de profesiones u oficiosrelacionados con el desempeño decargos de dirección, públicos oprivados, vinculados con entidadesbancarias, crediticias o financieras ymulta de 400 euros, por hechoscometidos en el año 1994 en el que sehan considerado los informes deltribunal sentenciador y del MinisterioFiscal, a propuesta del ministro deJusticia y previa deliberación delConsejo de Ministros en su reunión deldía 25 de noviembre de 2011,vengo enconmutar a don Alfredo Sáenz Abad lapena de arresto mayor y la accesoria de

suspensión de profesiones u oficiosrelacionados con el desempeño decargos de dirección, públicos oprivados, vinculados con entidadesbancarias, crediticias o financierasimpuestas por la de multa en la cuantíamáxima prevista en el artículo 74 delCódigo Penal de 1973, en la redaccióndada al mismo por la Ley Orgánica3/1989, dejando subsistente la otra penade multa y quedando sin efectocualesquiera otras consecuenciasjurídicas o efectos derivados de lasentencia, incluido cualquierimpedimento para ejercer la actividadbancaria, a condición de que no vuelva a

cometer delito doloso en el plazo decuatro años desde la publicación delpresente real decreto. Dado en Madrid,el 25 de noviembre de 2011».Palacio de La Moncloa. Avenida dePuerta de Hierro, sin número, enMadrid. Viernes 25 de noviembre de2011. Dos de la tarde.

El entonces ministro de Fomento yportavoz del Gobierno, José Blanco,entró en la sala de ruedas de prensa delcomplejo. Los periodistas, como eshabitual, le estaban esperando sentadosya en sus butacas. No era demasiada laexpectación, pese a que cinco días antes—el domingo 20 de noviembre de 2011

— los socialistas habían perdido demanera rotunda las elecciones generales,cosechando el peor resultado desde laTransición democrática. Don JoséBlanco, al que todos en política conocencomo «Pepiño», avanzó por el pasillorodeado de reporteros gráficos y tomóasiento en la mesa presidencial de lasala. Vestía un impecable traje gris,camisa blanca y corbata roja con rayasazules y blancas. Aunque intentabadisimular, su cara era de consternación.No en vano el varapalo para lossocialistas en los comicios legislativoshabía sido grande. En lo personal, elentonces vicesecretario general del

PSOE se encontraba en la peor etapa desu vida política: implicado de lleno enel caso Campeón, la víspera habíaanunciado su retirada de la primeralínea. Eso sí, sin renunciar al escaño porel que fue elegido al Congreso comonúmero uno de la lista de su partido porLugo. Temía —y no estaba equivocado— que los periodistas le volvieran apreguntar por el escándalo decorrupción política en el que estáimputado.

—Buenos días. Vamos a darcomienzo, si les parece, a la rueda deprensa posterior a la reunión delConsejo de Ministros en funciones;

ahora, sí. Hoy hemos celebrado elprimer Consejo de Ministros delgobierno en funciones, cuyascompetencias, como saben ustedes, estánfijadas por el artículo 101 de laConstitución y el artículo 21 de la Leydel Gobierno. Dichas normas consagranlo que señala el sentido común: elgobierno está en funciones, pero no laadministración, que en su servicio alinterés general nunca cesa. Y tienetambién que facilitar el traspaso depoderes al nuevo gobierno. Esa esnuestra responsabilidad y eso es lo queestamos haciendo. A su vez, el PartidoPopular, que es quien sustentará al

nuevo gobierno, también ejerce el rolque le corresponde: trabajar para que elnuevo gobierno, una vez constituido,esté en condiciones de tomar decisionesdesde el primer minuto. Para ello esimprescindible la colaboración queestán demostrando las dos partes. Eltraspaso se está realizando connormalidad y transparencia; es decir,con sentido de Estado. Como verán acontinuación, este Consejo de Ministrosha tenido mucho menor contenido quecualquiera de los recientes. Como esnormal, son menos los temas que hemostratado. Paso a informar de ellos.

No dijo la verdad José Blanco. No

fue una mera reunión de trámite aquelConsejo de Ministros del gobiernosocialista en funciones. Pocas horasantes el gabinete de José Luis RodríguezZapatero acababa de aprobar unamedida excepcional: el indulto delconsejero delegado del Banco deSantander, Alfredo Sáenz. El ministro nodio cuenta de ello en su intervencióninicial y tuvieron que ser los periodistaslos que le preguntaran al respecto.

—Portavoz, quisiera saber si en elConsejo de Ministros se ha debatido,finalmente, conceder o no el indulto aAlfredo Sáenz y si se ha resuelto ensentido positivo. ¿Cuáles son los

motivos y si cuenta con el beneplácitodel Partido Popular? En segundo lugar,sobre su paso atrás, digamos, en laprimera línea de la política, quisierasaber cuándo comunicó esta decisión alpresidente Rodríguez Zapatero y aAlfredo Pérez Rubalcaba, si lo hizo, y siesto tiene algo que ver con suimplicación en el caso Campeón.

Estas primeras dos preguntas —realizadas por el mismo redactor— lecambiaron la cara al portavoz delGobierno. Aunque era lo previsible, noesperaba empezar la rueda de prensapor las dos cuestiones que más leimportunaban. A la primera respondió

con desgana; a la segunda, conirritación.

—En primer lugar, le diré que no eshabitual que se informe de los indultosdel Consejo de Ministros, aunque,efectivamente, prácticamente en todoslos Consejos de Ministros se informasobre los indultos. Sí se ha tratado elindulto al que usted ha hecho referenciay de ello informará el ministro deJusticia a través de una nota. Me remitoa la nota, porque se trata de unaconmutación de pena; por lo tanto, hayque remitirse a la nota que hará elMinisterio de Justicia. En segundo lugar,le diré que me parece sorprendente que

le sorprenda la decisión que comuniquéen el día de ayer. Una persona que hasido el número dos de RodríguezZapatero durante diez años parece quees normal que no aspire a seguir siendoel número dos del liderazgo que surjadel congreso del Partido Socialista.Parece que lo normal, lo coherente y loextraordinario sería lo contrario. Esto eslo que dije en el día de ayer: que noaspiraba a estar en la primera línea de laactividad política nacional; pero haymuchos precedentes de personas que,ocupando mi responsabilidad, siguieronen la política nacional, efectuando sutrabajo en el Congreso de los Diputados

con toda normalidad. Invoco, porejemplo, al que fue vicesecretariogeneral del PSOE, Alfonso Guerra, perohay otros casos de dirigentes del PartidoSocialista.

Los periodistas que habitualmentecubren la información del gobierno nose mostraron satisfechos con la escuetarespuesta de José Blanco sobre elindulto a Alfredo Sáenz. Querían másdatos y se lanzaron a preguntar demanera más incisiva.

—Ministro, puesto que la decisiónde indulto no es del Ministerio deJusticia, sino del Consejo de Ministros,quería preguntarle cuáles son los

argumentos del gobierno, cuáles son losargumentos del Consejo, para dar luzverde a ese indulto. En segundo lugar,quería preguntarle por la fecha y lasituación: se hace después del 20-N ycon el gobierno en funciones. Lepregunto: ¿por qué no se ha hecho antes,con el gobierno en plena operatividad?

—Le reitero: de las deliberacionesdel Consejo de Ministros no se informa;se informa de las decisiones. Laargumentación jurídica se hará a travésde una nota que remitirá el Ministerio deJusticia; por lo tanto, es lo que tengo quedecirles en relación con este asunto.Insisto, es en el momento en que se ha

puesto encima de la mesa por parte dequien tiene la potestad de llevar losindultos al Consejo de Ministros, que esel ministro de Justicia. Por lo tanto, esaes la fecha en la que se ha propuesto yesa es la fecha en la que se ha tomado ladecisión.

Blanco no se sentía cómodo en larueda de prensa y se le notaba. Suintención era echar balones fuera. Todoslos que pudiera. Y endosar laresponsabilidad del indulto al titularentonces del Departamento de Justicia,Francisco Caamaño.

—Quería preguntarle si el gobiernoen funciones está obligado, o al menos si

lo está haciendo, a informar al PartidoPopular de los asuntos que lleva alConsejo de Ministros e, incluso, si losasuntos que van al Consejo de Ministroscuentan con el aval del partido ganadorde las elecciones.

—El gobierno informa, a través delMinisterio de la Presidencia, de lostemas que son objeto del orden del díadel Consejo de Ministros —respondióde manera escueta el portavoz delgabinete socialista.

—Quería preguntarle dos cosas. Enprimer lugar, quería saber si va a seguirdándonos las ruedas de prensaposteriores al Consejo de Ministros

hasta que tome posesión el nuevogobierno. En segundo lugar, usted dijoayer que había vida más allá de lapolítica, pero se mantiene comodiputado raso, y hay quienes apuntan aque va a mantener su condición dediputado precisamente por elaforamiento y la relación con el casoCampeón. Sé que ha dicho que ya sehabía pronunciado por este asunto, perome gustaría saber si puede contestar aesas personas.

—Yo me he presentado a laselecciones. Tengo que responder alcompromiso con los electores que mehan votado y de ello voy a responder a

lo largo de la legislatura. Por tanto, creoque estaría cometiendo un fraude conaquellos ciudadanos que me handepositado su voto, y en este sentido loexpresé en el día de ayer. Y no tengoningún comentario que añadir enrelación a la pregunta primera que me haformulado.

Al ministro de Fomento y portavozdel Gobierno se le notaba cada vez másincómodo.

—Sobre el indulto a Sáenz, ¿nospodía confirmar, al menos, si es unasunto que el gobierno ha tratado con elPP para que la decisión final sea unadecisión adoptada de común acuerdo?

—preguntó otro de los periodistas.—No conozco los extremos y, en

este caso concreto, si el Partido Populartenía conocimiento de esta decisión. Portanto, lamento no poder informarle y meremito a la información que elMinisterio de Justicia, a través de lanota, facilite.

A las dos y veintitrés minutos de latarde —y tras otras dos preguntas mássobre asuntos menores— dio porconcluida la rueda de prensa posterioral Consejo de Ministros.

El indulto a Alfredo Sáenz noapareció en la referencia publicada porLa Moncloa en la que se recogen los

asuntos tratados por el Consejo deMinistros. Horas después el Ministeriode Justicia publicaba una breve nota deprensa: «El Consejo de Ministros, en sureunión de hoy, ha acordado indultarparcialmente a Alfredo Sáenz Abad,Rafael Jiménez de Parga Cabrera yMiguel Ángel Calama Teixeira, una vezresueltos los expedientes, a la vista delos informes pertinentes y conforme a lodispuesto en la ley. La concesión de esteindulto parcial, derivado de unos hechosacaecidos hace diecisiete años, conmutala pena impuesta de arresto mayor y laaccesoria de suspensión de ejercicioprofesional por la multa máxima

prevista en la legislación aplicable alcaso». Nada más.

Los hechos delictivos, comorecuerda el comunicado de prensa delMinisterio de Justicia, se remontan alaño 1994. Fue entonces cuando AlfredoSáenz dio instrucciones para queBanesto presentara, a sabiendas de sufalsedad, una querella criminal porestafa y alzamiento de bienes contra tresempresarios catalanes. El objetivo eraque pagaran los 639 millones de pesetasque debían sus empresas. En diciembrede 2009 la Audiencia Provincial deBarcelona condenó a Alfredo Sáenz aseis meses de prisión por el delito de

acusación y denuncia falsa. Fue absueltodel intento de estafa procesal.Posteriormente el Tribunal Supremorebajó la pena a tres meses de arresto einhabilitación por un delito de denunciafalsa. Al no tener antecedentes penales ytratarse de una pena inferior a dos años,Sáenz no fue a la cárcel. Debía afrontar,no obstante, la condena de inhabilitaciónpara ejercer cualquier actividadbancaria, que le impedía desempeñar sucargo en el Banco de Santander y que eslo que motivó la petición de indulto. Loque recogen las dos sentencias —la dela Audiencia de Barcelona, primero, y ladel Tribunal Supremo, después— como

hechos probados es contundente. Enpalabras llanas, vienen a decir que unbanquero —Alfredo Sáenz— tomódinero de su banco —Banesto— ycontrató a un abogado en ejercicio paraque comprara a un juez corrupto —LluísPascual Estevill— y este metiera en lacárcel a unos deudores de la entidadbancaria con el fin de obligarles a pagaruna deuda cuyo pago no lescorrespondía.

La noticia del indulto a AlfredoSáenz que concedió el gobiernosocialista en funciones no fue recogidapor los medios informativos con un granrelieve tipográfico. Ninguno de los

grandes periódicos la llevaba en suportada al día siguiente. La atencióninformativa estaba centrada en la broncasocialista por el descalabro electoral(«El PSOE diseña un Congreso quefacilita más candidatos que nunca alliderazgo», titulaba El País a cuatrocolumnas; «El simulacro socialista» y«Sucesión abierta», destacaban LaRazón y Público a toda plana); en losdisturbios de la revolución popular enEl Cairo («Pulso al ejército en Egipto»,s ub r a ya b a ABC); o las últimasinvestigaciones sobre el caso Campeón(«Un imputado afín a Blanco quisocomprar el silencio de Dorribo», decía

El Mundo). Es más, a ABC y La Razónles interesó más otro asunto del Consejode Ministros: «El gobierno se despidecon una subvención de casi seismillones para exhumar fosas de laGuerra Civil», titulaba el periódico dePlaneta en páginas interiores; o «Elgobierno en funciones concede 5,6millones de euros para 190 proyectosrelacionados con la MemoriaHistórica», subrayaba el diario deVocento.

En las páginas de opinión, ElMundo, La Razón y ABC dedicaron unosbreves al asunto del indulto de AlfredoSáenz. «Zapatero indulta a Sáenz como

Clinton a Marc Rich», tituló El Mundo.«Resulta inadecuado —añadió en eltexto— que un gobierno en funcionestome una decisión de tantatrascendencia, con el informe en contradel tribunal sentenciador y el rechazo delas asociaciones de jueces». La Razón,por su parte, aportó el siguiente titular:«Un indulto de libro para una carreraintachable». «Un acierto del gobierno»,concluía. En su columna en ABC, bajo eltítulo «El banco de los favores», IgnacioCamacho puso el dedo en la llaga: «Conel indulto a Sáenz, Zapatero salda unadeuda con Botín y le evita un problema aRajoy. Dos favores para su cuenta».

El debate, no obstante, en los mediosde comunicación era determinar si el PP—partido que cinco días antes habíalogrado la mayoría absoluta en laselecciones del 20-N y se disponía aformar gobierno— tenía informaciónsobre el indulto antes de que fueseaprobado por el Consejo de Ministros.La agencia de noticias Europa Presslanzó un teletipo en el que se negaba quelos populares tuvieran conocimientoprevio de la noticia. «Fuentes populareshan revelado a Europa Press que elejecutivo alegó que la propuesta de losindultos es una cuestión que correspondeal ministro de Justicia, que despacha

directamente con el presidente delGobierno. Por este motivo, precisaronlas fuentes consultadas, la comisión detraspasos del PP desconocía que sefuera a aprobar el indulto a AlfredoSáenz. Es más, añaden que Sáenz deSantamaría realizó la petición expresadel listado de indultos y le fuedenegado», señalaba el teletipo de laagencia de noticias. Los medios deizquierda, en cambio, se apresuraron aasegurar pocas horas después que elindulto contaba con el beneplácito delpartido ganador de los comicios. «Antesde las elecciones generales celebradasel pasado domingo, el propio PP

manifestó en público su deseo de que elgobierno saliente no tomara ningunamedida de calado que no fueraconsensuada. El indulto a Sáenz era unade ellas. Aunque este viernes SorayaSáenz de Santamaría aseguró que elejecutivo le había negado la lista deindultos aprobada hoy, Mariano Rajoyha estado en contacto estas últimassemanas tanto con Moncloa como con lapropia entidad financiera para hacerlesver que no se opondría a una posiblemedida de gracia al consejero delegadodel Santander», sostenía El País en suedición digital sin citar ninguna fuentedel PP, lo que hacía suponer que era el

propio gobierno socialista quienfiltraba ese extremo.

Hubo que esperar al 27 denoviembre —dos días después— paraque algún medio de comunicaciónarrojara más luz sobre el indulto deAlfredo Sáenz. Fue Jesús Cacho en elperiódico digital Voz Pópuli quien lohizo. «Ha sido un indulto vergonzante,un indulto de tapadillo. Dicen que PérezRubalcaba, que durante la campañaderramó vitriolo sobre ricos ybanqueros, le exigió que retrasara suconcesión hasta después de lasgenerales del 20-N para no perjudicarsus opciones, y el presidente se avino.

Ya no cabía esperar más. El jueves 24hubo tormenta en la marea bajasocialista. Zapatero se habíacomprometido (de hecho volvió atelefonear a Emilio Botín esa semanapara prometerle que del viernes 25 nopasaba), con el respaldo pleno de ElenaSalgado. Pero enfrente se alzaba laoposición, una vez más, de Rubalcaba,representado en la mesa del Consejo porsu peón Camacho y sobre todo porCaamaño (Justicia), que argumentaba lainexistencia de razón jurídica de pesopara conceder la gracia, al tiempo queenfatizaba su inconveniencia política.Pero ZP, por razones que solo el tiempo

desvelará, estaba comprometido. Sehabía guardado las espaldas planteandola cuestión, bastante antes del 20-N, allíder del PP. Dicen que la respuesta delgallego fue fría: “Dale tú el indulto siquieres, porque yo no se lo voy a dar; lomás que puedo hacer es mirar hacia otrolado”», revelaba Cacho en su artículodominical en Voz Pópuli , para añadir acontinuación: «Que el indulto, parcial,fue vergonzante, lo avala el hecho deque ni siquiera figurara en la referenciadel Consejo de Ministros, tal vez con laesperanza puesta en que el asunto pasarasin pena ni gloria por el BOE de ayersábado. La merced permite a Alfredo

Sáenz cumplir los requisitos dereconocida honorabilidad comercial yprofesional que, solo en teoría, el Bancode España exige a los banqueros para elejercicio de la profesión».

Aunque le preguntaron en diversasocasiones por ello, Zapatero se marchódel poder sin desvelar los motivos quele llevaron a conceder el indulto al altoejecutivo bancario. En una entrevistaconcedida el 12 de diciembre de 2011 ala cadena ABC Punto Radio, el jefe delejecutivo socialista se limitó a asegurarque no tenía ninguna deuda en absolutocon el presidente del Banco Santander,Emilio Botín, y que la medida de gracia

al consejero de la entidad bancaria «seentendió que era razonable y punto».Además recalcó que disponía delinforme favorable de la Fiscalía y «notiene más explicaciones». «Le parecíarazonable al ministro de Justicia y así lohicimos», apostilló con evidentedesagrado ante la reiteración de lapregunta.

El indulto que concedió el gobiernosocialista a Alfredo Sáenz en noviembrede 2011 no solo le condonó por unamulta las penas de arresto y suspensiónpara la profesión bancaria impuestas porlos tribunales, sino que ademáspretendió dejar sin efecto cualesquiera

otras consecuencias jurídicas o efectosderivados de las sentencias, incluidocualquier impedimento para ejercer laactividad bancaria, según estableció elreal decreto de indulto en su inciso final.

La decisión del ejecutivo socialistallegó incluso hasta el Tribunal Supremo.El partido político Soberanía de laRazón (Soberanir), del que forma parteel abogado José Luis Mazón, presentóuna querella contra Zapatero y Caamañopor considerar que los hechos podríanser constitutivos de un delito deprevaricación administrativa. Soberanirdenunció la arbitrariedad de la medidade gracia concedida por un gobierno que

se encontraba en funciones, que —en suopinión— quería «compensar al BancoSantander por la refinanciación de ciertadeuda y la condonación de 12 millonesde euros» al PSOE. Al mismo tiempoaludió al crédito hipotecario concedidopor esta entidad a Rodríguez Zapateropara la compra de un chalet. La Sala delo Penal del Alto Tribunal se sumó alcriterio del Ministerio Fiscal paraarchivar la querella con el argumento deque esas hipótesis son legítimamenteplanteables en el plano del debatepúblico pero carecen de pertinencia noporque se estime irrelevante, desde elpunto de vista ético o ético-político, la

naturaleza de los móviles que pudieransubyacer realmente a la decisión deindultar la pena impuesta por unaconducta criminal, sino porque laregulación legal priva de trascendenciajurídica a esta dimensión del asunto.

La noticia sobre el indulto alconsejero delegado del Banco Santanderdio un vuelco catorce meses después. El12 de febrero de 2013 se conoció que elSupremo había acordado anularparcialmente la decisión del ejecutivoen funciones de Zapatero. El altotribunal sentenció que el indulto a Sáenz«constituye una clara extralimitación delpoder conferido por la Ley del Indulto al

gobierno», al pretender extender losefectos de la medida de gracia al ámbitoadministrativo. Las normasadministrativas impiden ejercer el oficiobancario a quienes tengan antecedentespenales por delito doloso al considerarque carecen de la honorabilidadexigible. Era el caso de Sáenz,condenado en firme por un delito deacusación falsa. La sentencia subrayóque el gobierno pudo legalmente indultarlas penas, pero no sus consecuenciasadministrativas. «Llevar más allá laextensión de la gracia no solocontraviene la ley, sino la propiaConstitución», señaló el alto tribunal.

«La prerrogativa de indulto supone unaintromisión del ejecutivo en losresultados de un proceso penal seguidocon todas las garantías y en el que se haimpuesto por los tribunales laconsecuencia (pena) prevista en la leypara quien ha cometido un delito. […]La ley no autoriza al gobierno acondonar cosa distinta de la pena openas impuestas», señaló la sentencia,que fue dictada por nueve magistrados ycon ponencia de Carlos Lesmes. ElSupremo dejó claro que la medida degracia no ha borrado los antecedentespenales que pesan sobre Sáenz. A esterespecto indicó que el gobierno puede

modificar o acordar la derogacióngeneral de la normativa sobrehonorabilidad bancaria. «Lo que nopuede hacer es excepcionar, parapersonas concretas, un mandato generalcontenido en una norma reglamentaria,pues el gobierno está también obligado arespetar las normas. Tampoco elgobierno está autorizado a dispensar apersonas singulares del cumplimiento delas leyes», concluyó. El indultoconcedido a Sáenz «constituye unadispensa singular del impedimento defalta de honorabilidad», lo que supone«incurrir en una prohibición legal» yconstituye una «clara extralimitación».

Horas después el ministro deJusticia, Alberto Ruiz-Gallardón, seapresuró a convocar una rueda de prensaen el Congreso de los Diputados —donde asistía a la sesión parlamentariade ese día— con la intención de dejarclaro que el gobierno estaba dispuesto amodificar la ley que regula el indultopara incorporar la doctrina que sobre elejercicio del derecho de gracia ha fijadoel Tribunal Supremo. Ruiz-Gallardónquiso subrayar que la anulación delindulto de Alfredo Sáenz era un hecho«ciertamente importante» del que haypocos precedentes. La sentencia, segúnel ministro, abría una magnífica

oportunidad para, en función de loscriterios marcados por la Sala Terceradel Supremo, reflexionar sobre lasformas, condiciones y limitaciones en elejercicio del derecho de gracia porparte del ejecutivo. «El gobierno sedeclara plenamente predispuesto a queesa doctrina adquiera rango legal eincorpore una regulación del ejerciciodel derecho de gracia de acuerdo conesa interpretación», resumió Ruiz-Gallardón.

Sin embargo, lo que llegó no fue esecambio de doctrina, sino unamodificación legal hecha a la media deAlfredo Sáenz, pese a su condena por

delitos dolosos. El Supremo habíaabierto la puerta y el gobierno se colóhasta la cocina. El Consejo deMinistros, en su reunión del 12 de abrilde 2013, aprobó la reforma bancaria porla que modifica los requisitos dehonorabilidad exigidos a los banqueros.La normativa, impulsada por laAutoridad Europea Bancaria (EBA), nosolo matiza el requisito dehonorabilidad, sino que además dejasometida la decisión de permitir queejecutivos condenados —como AlfredoSáenz— sigan en su cargo a ladiscreción del Banco de España.

El asunto tuvo un inesperado final

durante los últimos días de abril. Segúnpublicaron varios medios decomunicación, el Banco de Españacomunicó a las más altas instancias delBanco Santander que el gobernador,Luis María Linde, no era partidario derebajar los requisitos de honorabilidadpara que el ejecutivo vascopermaneciera en el cargo. A partir deese instante el bilbaíno Alfredo Sáenz(de setenta y un años) supo que sutiempo al frente de un banco top tenmundial había llegado a su fin. Trasveinte años al servicio de la familiaBotín, los primeros nueve comopresidente de Banesto (1993-2002) y los

últimos once como máximo responsabledel Santander (2002-2013), optó poradelantarse a los acontecimientos. Aúnpodía evitar un final más deshonrosodespués del descrédito cosechado con lacondena del Tribunal Supremo por uncaso al frente de Banesto y el posteriorindulto del gobierno de José LuisRodríguez Zapatero, dos episodios quemancharon una hoja de serviciossobresaliente del que muchos considerancomo el mejor ejecutivo del sector.

«Tras 48 horas de máxima tensióninterna, durante la mañana del domingo28 de abril la renuncia de Sáenz era unasunto resuelto y la decisión comenzó a

trascender a círculos muy restringidosde la entidad. Al día siguiente se hizopública. Alfredo Sáenz se fue con unapensión de la entidad por un importecercano a los 88,17 millones de euros,que era el reflejado en el último informede la Comisión de Nombramientos yRetribuciones correspondiente al año2012.

El indulto a cuatromossos enciende la

mecha«Real Decreto 1604/2012, de 23 denoviembre, por el que se indulta a donManuel Farre Muñoz. Visto elexpediente de indulto de don ManuelFarre Muñoz, condenado por la SalaSegunda de lo Penal del TribunalSupremo, en sentencia de 30 denoviembre de 2009, resolutoria delrecurso de casación interpuesto contraotra de la Audiencia Provincial deBarcelona, sección novena, como autor

de un delito de torturas (en el que quedaabsorbido el delito contra la integridadmoral), a la pena de tres años deprisión, con inhabilitación especial parael derecho de sufragio pasivo durante eltiempo de la condena, e inhabilitaciónabsoluta por tiempo de nueve años; y undelito de lesiones, a la pena de un año yseis meses de prisión, con inhabilitaciónespecial para el derecho de sufragiopasivo durante el tiempo de la condena,por hechos cometidos en el año 2006,siendo la pena privativa de libertadconmutada por otra de dos años deprisión y la pena de inhabilitaciónabsoluta conmutada por una pena de dos

años de suspensión para empleo o cargopúblico, en Consejo de Ministros de 17de febrero de 2012, en el que se hanconsiderado los informes del Tribunalsentenciador y del Ministerio Fiscal, apropuesta del Ministro de Justicia yprevia deliberación del Consejo deMinistros en su reunión del día 23 denoviembre de 2012, vengo en conmutara don Manuel Farre Muñoz la penaprivativa de libertad pendiente decumplimiento por otra de dos años demulta, que se satisfará en cuotas diariasde diez euros, cuyo inicio y forma decumplimiento serán determinados por elTribunal sentenciador, a condición de

que no vuelva a cometer delito dolosoen el plazo de cinco años desde lapublicación del real decreto. Dado enMadrid, el 23 de noviembre de 2012».Audiencia Provincial de Barcelona.Passeig de Lluís Companys, número 14.Lunes 26 de noviembre de 2012. Nuevede la mañana.

Los magistrados y funcionariosempezaban a incorporarse a sus puestosde trabajo. La información máscomentada a esa hora en el monumentalPalacio de Justicia del Passeig de LluísCompanys era la concesión, tres díasantes, por parte del Consejo deMinistros, de un segundo indulto a

cuatro agentes de los Mossosd’Esquadra condenados por torturas. Lanoticia, que se conoció a primeras horasde la tarde del 23 de noviembre a travésde las páginas de los diarios en Internety los boletines horarios de la radio —cuando las sedes judiciales estaban yacerradas—, había levantado granrevuelo entre el personal de laadministración de Justicia que trabaja enla Ciudad Condal. Jueces y funcionariostuvieron que esperar al lunes siguientepara compartir impresiones sobre lacontrovertida decisión del gobierno.Algo había que hacer.

Los hechos delictivos ocurrieron en

julio de 2006, cuando cinco mossosdetuvieron por error a un ciudadanorumano en Barcelona, le golpearon portodo el cuerpo, le amenazaron y lellegaron a meter una pistola en la bocapara hacerle confesar. La Audiencia deBarcelona condenó en 2008 a seis añosy siete meses de prisión a tres de losagentes, a otro a dos años y tres meses yal quinto a seis meses de cárcel por losdelitos de torturas, lesiones graves,detención ilegal, violación de domicilio,delito contra la integridad moral ymaltrato. El Tribunal Supremo rebajó en2009 en un año y diez meses la condenaa los tres principales acusados y, en

febrero de 2012, el gobierno concedió acuatro mossos un indulto parcial queredujo la pena a dos años de cárcel, loque hacía que los agentes se libraran deentrar en prisión. Sin embargo, laSección Novena de la Audiencia deBarcelona, en una resolución atípica,ordenó el ingreso en prisión de lospolicías alegando «razones deprevención general y especial, depeligrosidad criminal, de repulsa y dealarma social». Los mossos d’esquadra,respaldados por el Departamento deInterior, presentaron diversos recursospara retrasar la ejecución de la condena,confiando en que se les concedería un

segundo indulto, que también pidieron.El 10 de diciembre de 2012 era la fechalímite: o el gobierno atendía su peticióno entraban en la cárcel.

El 23 de noviembre el ejecutivo deMariano Rajoy conmutó la pena deprisión por una multa con una cuotadiaria de 10 euros, durante dos años, loque supuso pagar 7200 euros en lugar dela prisión. El Consejo de Ministros nodio cuenta del indulto aquel día, ni en larueda de prensa posterior ni en lareferencia que recoge los acuerdosadoptados. Tuvo que ser una nota deprensa del Ministerio de Justicia —enviada a primera hora de la tarde— la

que sirviera para alertar a los medios.En su comunicado, el ministerio quedirige Ruiz-Gallardón explicaba que lamedida se concedía tras analizar laamplia documentación e informaciónque contienen los expedientes aportados.Una portavoz del departamentoministerial aclaró horas después que elgobierno se había basado en los mismosinformes que estudiaron para concederel primer indulto: investigacionespoliciales posteriores sobre los hechosy el currículo de los agentes.

La Audiencia de Barcelona yaadvirtió en un auto en agosto que unsegundo indulto sería una suerte de

fraude de ley o abuso de derecho ysupondría utilizar al antojo de lospolicías e individualizar a su capricho ymejor acomodo esta figura excepcionalde gracia. «Nada más contrario a losprincipios de igualdad y justicia quecomo fundamentos de nuestro sistemajurídico penal deben quedarabsolutamente preservados de cualquiercomportamiento arbitrario, antojadizo ycaprichoso como el que sin duda,representa el propio del caso de autos»,remachó entonces.

Por eso el enfado entre los jueces dela Audiencia de Barcelona era ese lunes26 de noviembre monumental.

Magistrados como Luis FernandoMartínez Zapater, Santiago VidalMarsal, Pascual Ortuño, Joan FrancescUría, Montserrat Comas, EduardoNavarro, Ana Ingelmo y FranciscoJavier Pereda —todos ellos de laAudiencia Provincial de Barcelona—acordaron redactar un manifiestosumamente crítico con el ejecutivo delPartido Popular. A las pocas horasempezaron a elaborar un borrador, cuyotexto quedó listo al día siguiente. Elescrito empezó a circular primero porlas sedes judiciales de Barcelona, paraextenderse horas después por todaEspaña. Tuvo buena acogida en el

Tribunal Supremo —donde fue firmadopor los magistrados Joaquín JiménezGarcía, Perfecto Andrés, María AliciaMillán y Luis Manglano—, la AudienciaNacional —Ramón Sáez Valcárcel— yel Consejo General del Poder Judicial.En el CGPJ lo suscribieron de inmediatola vocal Margarita Robles y el letradojefe del Servicio de RelacionesInternacionales, José Miguel GarcíaMoreno. En total fueron ciento ochentalos jueces de todo el territorio nacionalque firmaron el documento.

A primera hora de la mañana deljueves 29 de noviembre se hacíapúblico el manifiesto con el

consiguiente revuelo en la opiniónpública. Para los magistrados firmantesno existía motivo razonable alguno paraun doble indulto como el que elgobierno había concedido. «Los hechosdeclarados probados —argumentaban—son muy graves y contrarios a ladignidad humana. Conceder un indultoen estas circunstancias supone realizarun uso grosero y desviado de lainstitución. Al instrumentalizar el indultopara la consecución de fines ajenos a losque lo justifican, el gobierno dinamita ladivisión de poderes y usurpa el papeldel poder judicial, trasladando a lajudicatura un mensaje inequívoco de

desprecio al situarla en una posiciónsubordinada en el orden constitucional.La tortura es uno de los peores actosrealizables contra la dignidad de lapersona. Esta dignidad es el fundamentode un orden constitucional. El TribunalEuropeo de Derechos Humanos hacondenado al Estado español por noinvestigar estos hechos. El gobierno hadado un paso más. Cuando la justiciaactúa, investiga y condena, el gobiernoindulta. Desde luego, parece difícilexplicar ante ese Tribunal Europeosemejante comportamiento. Todas laspersonas, sin excepción, están sujetas alas leyes. Este signo distintivo del

Estado Constitucional marca ladiferencia con los regímenesautoritarios, donde los detentadores delpoder están exentos del cumplimiento delas normas». Todos estos argumentosservían a los magistrados para concluirque la decisión del gobierno esimpropia de un sistema democrático dederecho, ilegítima y éticamenteinasumible. «Por ello —añadían— nopodemos dejar de manifestar nuestrorechazo a un uso tan desviado de lainstitución del indulto y advertir que susefectos, en términos comunicativos, sondevastadores».

A partir de la difusión del

manifiesto, Margarita Robles —exviceministra de Justicia con AlbertoBelloch en el último gobierno de FelipeGonzález— se convirtió, desde sudespacho de vocal del Consejo Generaldel Poder Judicial, en punta de lanzacontra la política del ejecutivo del PP enmateria de indultos. En conversacióncon la autora de este libro, MargaritaRobles aclara que los ciento ochentajueces entendieron que debían suscribirel documento por una obligación con lasociedad de explicar lo que estabapasando. «En el caso de los mossos —señala la vocal del CGPJ—, la decisióndel gobierno fue muy llamativa porque

concedió dos indultos. Evidentemente,la medida de gracia es la decisión delpoder ejecutivo. De la misma maneraque los jueces pedimos ese respeto paralas decisiones judiciales, nosotrossomos respetuosos con lo que dice elpoder ejecutivo. Pero cuando hay, comoen este caso concreto y se me permitedecirlo entre comillas, un “abuso” delderecho de gracia con una finalidadclarísima de “sortear”, también entrecomillas, una resolución judicial,estamos obligados a denunciarlo ante laciudadanía».

La vocal del Consejo General delPoder Judicial sostiene que cuando se

hace una utilización del indulto concarácter no generalizado y no valorandounas circunstancias muy excepcionales yconcretas, se produce una imagen deinjerencia del poder ejecutivo en eljudicial y, sobre todo, una sensación deprofunda desigualdad entre losespañoles. Para la juez del Supremo enservicios especiales, las consecuenciasnegativas de la política de indultos seacentúa por el hecho de que se trata deuna medida de gracia no motivada. «Laconclusión final es la injerencia a la queme refiero, pero también esa sensaciónde desigualdad de por qué a unosciudadanos se les concede el indulto y a

otros, quizá con unas circunstanciaspersonales y familiares mucho másdifíciles y más susceptibles de tutelar,no se les da. Ese hecho producefrustración al ciudadano y, para losjueces, se trata muchas veces de unasituación incomprensible. Eso fue lo quellevó a ciento ochenta magistrados afirmar ese manifiesto. Era tal lainjerencia en el poder judicial queentendimos que no nos podíamos quedaral margen», señala Margarita Robles.

El documento de los magistrados fuetomado como una afrenta por el ministrode Justicia, en permanente lucha con lajudicatura desde que comenzó la

legislatura del gobierno del PP. A laspocas horas de conocerse el texto, Ruiz-Gallardón salió a la palestra pública arecordar lo obvio en un Estado deDerecho: «La facultad de concederindultos corresponde al poder ejecutivoy no al judicial». La norma de 1870,explicó el ministro en los pasillos delCongreso, constituye una de lastradiciones más señeras de nuestroDerecho y otorga al gobierno la facultadde poder modular la aplicación de la leycuando está justificado. «Hay tres casosen los que no se puede conceder elindulto, y ninguno de ellos coincide conel caso en cuestión». Por tanto, dijo

Gallardón, respetando las coincidenciaso las discrepancias con lo decidido porel gobierno, «lo que no puede asumir unpoder del Estado son las competenciasque no tiene, y el indulto no es unafacultad del poder judicial, sino delejecutivo». Por su parte, lavicepresidenta del Gobierno, SorayaSáenz de Santamaría, aprovechó larueda de prensa posterior al Consejo deMinistros de aquella semana para hacerhincapié en que los jueces no debíanmeter la nariz en el asunto, puesto queEspaña es un país democrático basadoen la división de poderes.

El manifiesto de los ciento ochenta

jueces y la posterior réplica delgobierno sirvieron para calentar eldebate sobre la política de indultos,tanto en los medios de comunicacióncomo en las redes sociales. Elperiodista Nacho Escolar publicó en sucolumna de El Periódico una severacrítica contra el gobierno del PartidoPopular: «Se supone que el indulto en unEstado democrático es una medida degracia ocasional y puntual. Será en elextranjero, porque en España hay másindultos que días. Literalmente. Deenero a noviembre de 2012 el gobiernode Rajoy ya ha aprobado 444 indultos.No es una excepción, es la norma:

somos uno de los países occidentalesdonde el gobierno más abusa de estaprerrogativa arbitraria. Desde 1977 yallevamos 17 620 indultos, siempre segúnlos datos del BOE. Entre los perdonadosestá lo mejor de cada casa: golpistas del23-F, terroristas de los GAL, políticoscorruptos, jueces prevaricadores,grandes empresarios y banquerosdefraudadores, narcotraficantes… Esuna media de 480 al año».

Jueces para la Democracia tambiéncontribuyó a aumentar la polémica conun comunicado en el que denunciaba elcreciente número de indultos que afectancada vez más a cargos públicos y a

policías, por lo que consideró que lamedida de gracia se está convirtiendo enun instrumento para que el poder seexculpe a sí mismo. Esa asociaciónjudicial quiso dejar claro que en unEstado de Derecho no resulta admisibleque el poder ejecutivo pueda revisar deforma arbitraria las resolucionesjudiciales y que resulta más censurableque el indulto se aplique a conductasque representan un uso inaceptable delpoder del propio Estado, cuando sededica a través de sus agentes a infligirun trato degradante, como en el caso delas torturas.

Las críticas a los indultos del

gobierno llegaron también desde losmedios de centro-derecha. El exdirectorde ABC, Luis María Anson, señala quela opinión pública no tiene concienciaclara de hasta dónde ha llegado la frasede Alfonso Guerra que liquidaba aMontesquieu. «Aparte de las presionesdel ejecutivo sobre los jueces, de lapolitización impuesta a algunos órganosclave, del zarandeo al que se someteperiódicamente al TribunalConstitucional, el gobierno se reserva underecho al indulto cada vez más laxo yescandaloso. Las cifras apabullan: enlos últimos 17 años se han decretado 10158 indultos. La acción de la justicia va

por un lado, la del gobierno de turno porotro». Según Anson, «los jueces ymagistrados sentencian; losresponsables políticos afirmanpúblicamente que acatarán, como es derigor, las decisiones de los jueces, peroen un tiempo muy breve desacatan lassentencias e indultan a sus parientes,amiguetes, simpatizantes y paniaguados.El derecho al indulto está justificadopara subsanar determinadas decisionesde la justicia, que debe ser ciega. Si seabusa de él, el Estado de Derecho setambalea. Más de diez millares deindultos en los últimos años es una cifraescandalosa. El gobierno se ha

convertido en una especie de Tribunalde Casación por encima del Supremo ydel Constitucional». El exdirector deABC cree que la primera medida quehabría que tomar es la publicacióndestacada y explicada de cada indulto.«No se puede quedar una decisión de tangrueso calibre perdida en la letrapequeña o en las cuevas del poder. ElEstado de Derecho exige, como cuestiónprimordial, la independencia de lajusticia y el respeto a las decisionesjudiciales, a las que no se puede hacerburla y escarnio a través del aguacerode los indultos interesados», concluye.

Indignación por lamedida de gracia alconductor kamikaze

«Real Decreto 1668/2012, de 7 dediciembre, por el que se indulta a donRamón Jorge Ríos Salgado. Visto elexpediente de indulto de don RamónJorge Ríos Salgado, condenado por laAudiencia Provincial de Valencia,sección cuarta, en sentencia de 17 deenero de 2011, como autor de un delitode conducción con grave desprecio parala vida de los demás en concurso idealcon un delito de homicidio, un delito de

lesiones, una falta de lesiones y una faltade daños, a la pena de trece años deprisión e inhabilitación especial para elderecho de sufragio pasivo durante eltiempo de la condena, por hechoscometidos en el año 2003, en el que sehan considerado los informes deltribunal sentenciador y del MinisterioFiscal, a propuesta del ministro deJusticia y previa deliberación delConsejo de Ministros en su reunión deldía 7 de diciembre de 2012, vengo enconmutar a don Ramón Jorge RíosSalgado la pena privativa de libertadpendiente de cumplimiento por otra dedos años de multa, que se satisfará en

cuotas diarias de seis euros cuyo inicioy forma de cumplimiento serándeterminados por el tribunalsentenciador, a condición de que abonelas responsabilidades civiles fijadas enla sentencia en el plazo que determine eltribunal sentenciador y no vuelva acometer delito doloso en el plazo decinco años desde la publicación del realdecreto. Dado en Madrid, el 7 dediciembre de 2012».Punto kilométrico 547 del tramo Silla-San Juan, término municipal dePolinya de Xúquer y partido judicial deSueca. Lunes 11 de diciembre de 2003.Siete y media de la tarde.

Era ya noche cerrada y la GuardiaCivil de Tráfico se disponía a investigarun aparatoso accidente de tráfico.Acababan de colisionar dos vehículos.Se trataba de un brutal choque que habíaprovocado la muerte en el acto de unapersona. El tramo es recto, a nivel y debuena visibilidad. La primera revisiónocular no dejó lugar a dudas: otra vez unmaldito conductor kamikaze. Losservicios sanitarios, llegados coninmediatez, solo pudieron certificar lamuerte de uno de los conductores,precisamente el que circulabacorrectamente por la vía. Comoconsecuencia del terrible impacto, José

Alfredo Dolz España, nacido el 21 defebrero de 1978, falleció debido a untraumatismo craneoencefálico severo,con destrucción de centros vitales. Parasu desgracia, en ese momento realizabaun adelantamiento, por lo que no pudodetectar la llegada del vehículo asesino,que literalmente se le echó encima.

Los médicos atendieron a laacompañante del fallecido. PaulaCatalina Sarrasqueta Sancho, nacida el 6de febrero de 1982, sufrió las siguienteslesiones: contusión en región deltoideaizquierda; fractura estiloides cubitalizquierda; contusión en región lateralizquierda del tórax, y herida contusa en

el tercio inferior de la región femoralanterior izquierda. Su pronóstico eragrave. La joven herida, de veintiún años,era la novia del conductor fallecido, deveinticinco años. Paula tardó un añoentero en recuperarse de sus heridas yvarios en superar el estréspostraumático crónico y la depresiónmayor. El vehículo del conductorkamikaze, Ramón Jorge Ríos Salgado,sufrió daños de consideración, pero élresultó ileso.

Las investigaciones de la GuardiaCivil dieron su fruto y pocos díasdespués, tras tomar declaración a lostestigos del accidente, presentaron en el

juzgado un relato pormenorizado de loocurrido. Sobre las siete menos veintede la tarde del 11 de noviembre de2003, a la altura de la salida deTorrente-Calicanto de la A-7, el turismode Ríos Salgado circulaba en direccióna Alicante a gran velocidad. El primeroen darse cuenta de la conduccióntemeraria de Ríos Salgado fue JoséGálvez, que en ese momento efectuabaun adelantamiento reglamentario. Sinrespetar las más mínimas cautelas sobredistancia de seguridad, el conductorkamikaze alcanzó al turismo de Gálvez,golpeándole en su parte trasera. Pese aello, Ríos Salgado no disminuyó la

velocidad y continuó su circulaciónpegado a él, hasta el extremo de que legolpeó de nuevo. Tal maniobra obligó aGálvez, una vez concluido eladelantamiento, a apartarse dejándolepaso, para seguidamente detenerse en elarcén. El coche de Ríos Salgadocirculaba con total normalidad por elcarril izquierdo, como si nada hubieraocurrido. Con lesiones en la clavícula yhombro izquierdos, Gálvez pudoquedarse con el número de matrícula delcoche suicida y dar aviso a los serviciosde emergencia.

Minutos después el conductorsuicida accedió a la AP-7 por el peaje

de Silla, donde recogió elcorrespondiente ticket. A la altura delpunto kilométrico 551-552, detuvo elvehículo en el arcén derecho de laautopista, efectuó un cambio de sentidoy comenzó a circular en sentidocontrario entre los dos carriles, a granvelocidad. Unos metros más allá dosturismos circulaban en direccióncorrecta, por ambos carriles. Unoadelantando al otro. Al apercibirse de lamaniobra del kamikaze, los conductoresintentaron llamar la atención de RíosSalgados con ráfagas de luces. Pese aello, este no se detuvo, ni redujo suvelocidad, por lo que ambos tuvieron

que apartarse abriéndole paso por elcentro.

Ríos Salgado continuó circulando aelevada velocidad en sentido contrario,como si lo hiciera con total correcciónpor una vía rápida. Numerososconductores que se cruzaban con él leavisaron con señales luminosas yacústicas, a las que el kamikaze hizocaso omiso. El conductor suicidaportaba solo las luces de cruce. Noencendió las de emergencia, ni empleóningún otro dispositivo para avisar alresto de usuarios de la vía de suconducción contra sentido. Tampocoefectuó maniobra alguna de evasión para

eludir los vehículos que circulaban ensentido correcto. Sin embargo, estos síse vieron obligados a efectuarmaniobras para eludir la colisión. Pesea todo, Ríos Salgado siguió con sumarcha homicida por la autopista endirección contraria, hasta que, sobre lassiete y cuarto de la tarde, chocófrontalmente con el vehículo de JoséAlfredo y su novia Paula.

Más de siete años tuvieron queesperar las víctimas para que llegara lasentencia. El 17 de enero de 2011 laSección Cuarta de la AudienciaProvincial de Valencia condenó a RíosSalgado como criminalmente

responsable en concepto de autor de undelito de conducción con gravedesprecio para la vida de los demás enconcurso ideal con un delito dehomicidio, otro de lesiones, una falta delesiones y otra de daños. Aunque losjueces apreciaron la concurrencia de lacircunstancia atenuante analógica dedilaciones indebidas, le impusieron lapena de trece años de prisión einhabilitación especial para el derechode sufragio pasivo durante el tiempo dela condena. Tras las correspondientespruebas médicas, el tribunal, que definióla conducta del kamikaze de «libre yvoluntaria, tomando la decisión de

circular en contradirección […] en unadecisión plenamente consciente ydeliberada», rechazó el argumentoesgrimido por la defensa de un supuestoataque de epilepsia que el condenadohabría sufrido en el momento de loshechos. «Al procesado durante el mesde octubre de 2005, tras la realizaciónde ciertas pruebas que pudieran apuntara un problema de epilepsia, le fueprescrito por el servicio de salud deCastilla-La Mancha el específicoLamotricina, que entre otros usos estáindicado para el tratamiento de dichaenfermedad. No consta, sin embargo,que en el momento de ocurrir los hechos

padeciera cualquier tipo de crisis que,durante el desarrollo de los hechos antesdescritos, le hiciera conducir de formaautomática, privado totalmente deconciencia y voluntariedad», señala lasentencia de la Audiencia Provincial deValencia.

El conductor kamikaze recurrió encasación ante el Tribunal Supremo, loque también hizo Opel España —laempresa fabricante de su vehículo—como responsable civil subsidiario.Según contó Jesús Cacho en el diariodigital que dirige —Voz Pópuli—, aambos los defendía un equipo del bufeteUría & Menéndez, uno de los más

prestigiosos y caros del país,encabezado por Esteban Astarloa, quiense desplazó en numerosas ocasiones deMadrid a Valencia para dirigir ladefensa, y cuya minuta, costosa sin duda,corrió a cargo de Opel España. Cachoapuntaba también que el abogadodefensor es hermano de IgnacioAstarloa, diputado del PP, abogado,letrado de las Cortes, exsecretario deEstado de Seguridad y, sobre todo,exsubsecretario de Justicia entre 2000 y2002. En el bufete Uría, aunque en laoficina de Brasil, trabaja también JoséRuiz-Gallardón Utrera, hijo del actualministro de Justicia.

Ambos recursos fuerondesestimados en su totalidad por la SalaSegunda de lo Penal del Supremo, ensentencia de 27 de diciembre de 2011,de la que fue ponente el magistradoCarlos Granados. Convicto y confeso,Ramón ingresó entonces en la cárcel deAlicante para cumplir la pena que lehabía sido impuesta. Solo permaneciódiez meses entre rejas, el tiempo quetardó en tramitarse el indulto que le fueconcedido por el gobierno, a propuestadel Ministerio de Justicia, en la reunióndel Consejo de Ministros del 7 dediciembre de 2012, que conmutó la penade prisión por una multa de seis euros

diarios durante dos años.Unos días después de que se

conociera el indulto, el ministro deJusticia se vio obligado a darexplicaciones en el Congreso. Durantela sesión de control al gobierno de lacámara baja del 30 de enero de 2013,Ruiz-Gallardón y el diputado socialistaXimo Puig mantuvieron este rifirrafe:

—Señor ministro —le interpeló elparlamentario del PSOE—, que hoytengamos que formularle esta preguntaen este pleno demuestra cuál es su ideade la democracia y cuál es su idea delrespeto a las personas. ¿Cómo esposible que hasta hoy no haya tenido

usted —hoy obligado— la más mínimadecencia de explicar a los ciudadanosqué ha pasado con este indulto que haalarmado a la opinión pública? Señoría,un conductor kamikaze acabó con lavida de un joven de veinticinco años deAlcira. Los tribunales le condenaron atrece años de cárcel por un delito deconducción grave con desprecio a lavida de los demás. No había cumplidoni la décima parte de su condena cuandousted graciosamente le concedió lalibertad en contra del informe de laAudiencia y en contra del informe de laFiscalía. Yo le pregunto, ministro,¿cuáles son las razones que le han

llevado a indultar a este conductorkamikaze?

—Señor diputado, como en todaconcesión de indulto, se sopesan todoslos elementos, incluido, no tenga ustedninguna duda, el sufrimiento de lasvíctimas o de las familias de lasvíctimas, cuando se ha producido unresultado de muerte. Pero usted mepregunta por las razones y yo se las doy.Primero, el conductor, sin antecedentesy constatado que no conducía bajo losefectos del alcohol, fue diagnosticado deepilepsia por el Servicio Público deSalud de Castilla-La Mancha, que fue lamotivación de la petición del indulto.

Segundo, el centro penitenciario en elque estaba ingresado informófavorablemente, constatando que en losnueve años transcurridos desde loshechos y a su ingreso en prisión no habíacometido delito alguno, se arrepintió, sereintegró socio-laboralmente y no habíapronóstico de reincidencia. Estas fueronlas razones, señor diputado.

—Señor ministro, ha hecho ustedahora suyas las posiciones de ladefensa. Se ha convertido ahora en juezde jueces. Eso que usted ha planteado loesgrimió la defensa y el juez en primerainstancia y el Tribunal Supremo dijeronque no, que no era así. La Asociación de

Víctimas de Accidentes de Tráfico hadicho que es incomprensible y que es unfraude a la dignidad humana. Elpresidente del Tribunal Supremo hamostrado su profundo disgusto. Losayuntamientos, muchos de ellosgobernados por el Partido Popular, handicho que debía dar explicaciones y hanexigido la revocación. Usted ha dadohoy la versión que dio la defensa, y eseno puede ser jamás el papel delgobierno en el indulto. ¿Por quéconcedió este indulto con los informesen contra de la Audiencia y la Fiscalía?¿Por qué solo diez meses de prisióncuando el delito es de máxima

gravedad? ¿Por qué se ha tramitado conesta inusual rapidez? ¿Por qué treceaños se convierten en 4200 euros? ¿Porqué, ministro? ¿Tiene algo que ver conque el despacho que ha tramitado esteindulto sea un despacho ligado afamiliares directos suyos y también adirigentes del Partido Popular?

—Señor diputado, le puedo asegurarque el despacho donde trabajan losabogados es una cosa que no figura enlos expedientes de indulto ni esteministro lo conocía, ni en este ni enningún caso. Señoría, si conociese ustedcómo funciona un despacho de 530abogados y cómo funciona el ministerio

no tendría ni la más mínima duda. Ustedme ha preguntado por qué y yo le voy acontestar. Como en todos los indultos,tuvimos nuestras dudas, y entonces loque hicimos fue ver qué era lo que sehabía hecho antes. Yo me fui al últimoindulto por un delito de seguridad vial,que fue concedido el 16 de septiembredel año 2011, pocos meses antes de queel gobierno presidido por don José LuisRodríguez Zapatero abandonase susresponsabilidades, y encontré unascoincidencias, señor diputado. Enprimer lugar, los dos delitos eran porseguridad vial. En segundo lugar, lacondena en el primer caso era de doce

años y seis meses, y de trece años en elsegundo. En tercer lugar, conducciónkamikaze los dos; las consecuencias,desgraciadamente para los dos,resultado de muerte. Y las dosalegaciones para petición del indulto,epilepsia de los afectados. Diferencias:que la epilepsia que ha motivado nuestroindulto fue acreditada por el ServicioPúblico de Salud; que en el caso denuestro indulto, a diferencia del otro, elcondenado no conducía bajos los efectosdel alcohol; y por último, que en el casoanterior había un antecedente de delitocontra la seguridad vial. Ustedes nosmarcaron el camino. ¿Por qué no quieren

que hagamos lo mismo que hicieronustedes?

El ministro de Justicia se refería alindulto concedido por el gobiernosocialista de Zapatero a Carlos Anzúlez.La madrugada del 8 de marzo de 1997Anzúlez condujo treinta y seiskilómetros cerca de Valladolid endirección contraria, perseguido por laGuardia Civil, y chocó contra otrocoche. Murió su conductor, Manuel, yresultaron heridos sus tresacompañantes. El kamikaze sufrióheridas graves. Fue condenado a doceaños, seis meses y un día de prisión. Sinembargo, el 16 de septiembre de 2011,

el entonces ministro de Justicia,Francisco Caamaño, firmaba su indulto.El diputado socialista Ximo Puig seencargó de recordar, ya en los pasillosdel Congreso, cuando terminó la sesiónde control al gobierno, que al ministrose le olvidaba un matiz: que el indultadoen tiempos del PSOE cumplió dostercios de la condena. Por su parte, elportavoz socialista en la Comisión deSeguridad Vial de la cámara baja,Carles Corcuera, señaló que, desde hacetiempo, hay una norma no escrita por laque en materia de seguridad vial no seconceden indultos. «Si no hay eximentes—afirmó— es injustificable dárselo a

un kamikaze». El gobierno de Rajoy haconcedido ya seis indultos a personascondenadas por delitos de seguridadvial, mientras que en la legislaturaanterior —la segunda de Zapatero en elpalacio de La Moncloa— se otorgaroncuatro.

El 26 de abril el Tribunal Supremoarchivó una denuncia por un presuntodelito de prevaricación contra elministro de Justicia. La denuncia fuepresentada por el partido Soberanir delabogado Mazón, en enero, después deque trascendiera que uno de los hijos delministro trabajaba en el bufete deabogados que defendió al solicitante del

indulto. En coincidencia con la Fiscalía,el Tribunal Supremo resolvió abstenersede tramitar este procedimiento ante laausencia de ilícito penal alguno ypudiendo ser además revisable eldecreto de indulto en vía contencioso-administrativa.

Los políticos sí tienenperdón

«Real Decreto 1024/2012, de 29 dejunio, por el que se indulta a don TomásGómez Arrabal. Visto el expediente deindulto de don Tomás Gómez Arrabal,condenado por el Juzgado de lo Penalnúmero 9 de Málaga, en sentencia de 20de octubre de 2009, como autor de tresdelitos de prevaricación urbanística, ala pena de seis meses de prisión, con laaccesoria de inhabilitación especialpara empleo o cargo públicos electivosdurante diez años por cada delito; y

cuatro delitos continuados deprevaricación urbanística y cinco delitoscontinuados de prevaricaciónurbanística, a la pena por cada delito deun año de prisión, con la accesoria deinhabilitación especial para empleo ocargo públicos electivos durante diezaños, con el máximo de cumplimientoefectivo conforme al artículo 76 delCódigo Penal de tres años de prisión,por hechos cometidos en los años 2001-2004, en el que se han considerado losinformes del tribunal sentenciador y delMinisterio Fiscal, a propuesta delministro de Justicia y previadeliberación del Consejo de Ministros

en su reunión del día 29 de junio de2012, vengo en conmutar a don TomasGómez Arrabal las penas privativas delibertad impuestas por otra única de dosaños de prisión, dejando subsistentes losdemás pronunciamientos contenidos enla sentencia, a condición de que novuelva a cometer delito doloso en elplazo de tres años desde la publicacióndel real decreto. Dado en Madrid, el 29de junio de 2012».Ayuntamiento de Valle de Abdalajís(Málaga). Calle del Viento. Sábado 27de junio de 2009. Seis de la tarde.

La Plataforma de Lucha por unaJusticia Verdadera, en apoyo de su

exalcalde, Tomás Gómez Arrabal, delPartido Popular, se mostraba satisfecha.Había logrado reunir a dos mil vecinosen una concentración pacífica a laspuertas del consistorio municipal paramostrar su indignación por la condenade tres años de cárcel acordada con laFiscalía para su anterior regidor y tresde sus ediles por delitos continuados deprevaricación urbanística. Todo estabasaliendo a pedir de boca. Llevaban unmes preparando las pancartas. «No a lainjusticia», «Luchamos por ellos y pornuestro pueblo» y «Tomás, Fermín,Antonio y Teresa somos todos», rezabanalgunas de ellas.

Aunque Valle de Abdalajís es unpueblo pequeño —ese año 2009 contabacon 2842 habitantes (1396 hombres y1446 mujeres)—, están acostumbrados ala lucha, las concentraciones y lasprotestas. No en vano llevan años consus particulares cruzadas. Su sierraformó parte de la línea de frente en laGuerra Civil y fue la muralla quedefendió Málaga del avance de lastropas franquistas entre julio de 1936 yfebrero de 1937. En el último lustro sehan manifestado por multitud de causas—las principales, la falta de suministrode agua potable, el deficiente estado desu carretera, los hundimientos por las

obras del AVE y los proyectos deparques eólicos—, mostrando sumalestar con diversos organismospúblicos, tanto autonómicos comonacionales: la Diputación de Málaga, laJunta de Andalucía, el Ministerio deFomento y la Administración deInfraestructuras Ferroviarias (Adif). Lasprotestas suelen estar encabezadas porun vecino llamado Antonio Ruiz, másconocido en el pueblo por elsobrenombre de «Comandante Ramiro»,y por su burra Margarita, famosa ya entoda la provincia.

Aquella calurosa tarde de sábado decomienzos de verano de 2009 todo el

pueblo —incluidos Ramiro yMargarita— se mostró indignado, estavez con la justicia. Entre losconcentrados se encontraba el propioTomás Gómez Arrabal, que no dejó dedar las gracias a todo el que se leacercaba. Su cara denotó la emoción delmomento. No esperaba tal reacción desus paisanos dos años después de perderla alcaldía, que pasó a manossocialistas. «El fiscal —le dijo a losvecinos tras recordar que en su época dealcalde tenía un sueldo de setecientoseuros— está siendo durísimo connosotros. No cabe otra palabra.Cualquiera en el pueblo puede decir que

no nos hemos enriquecido con laslicencias concedidas a los vecinos. Esmás, yo no tengo ni propiedades en elValle. Solo una casa fuera del puebloque me dejó mi padre en herencia. Esodemuestra que actuábamos solopensando en vuestro bien».

Pasadas las seis de la tarde, losorganizadores del acto dieron la ordende que se procediera a la lectura de losmanifiestos de repulsa por la actuaciónjudicial. El primero en tomar la palabrafue José Méndez, miembro de laplataforma Vecinos del Valle, quienquiso dejar claro que su movimiento«nace del pueblo sin seguir ninguna

directriz política, solo para denunciar lainjusticia que está ocurriendo en nuestralocalidad pequeña, donde el únicodelito que se ha cometido ha sidobeneficiar a la gente dándoles lospermisos de obra sin exigirlesproyectos». Le siguió Sebastián Gómez,hijo del exalcalde y actual edil delayuntamiento, que recalcó la mismaidea: «Aquí no ha habido ningún lucro,nadie ha robado ni se ha llenado losbolsillos; simplemente se ha ayudado aun pueblo que cuenta con más desetecientos parados para que puedanhacer sus casas y crear empleo».

En una mesa situada a escasos

metros de donde hablaban los oradores,otros miembros de la plataforma seafanaban en recoger firmas. En aquelmomento llevaban 6000 entre losvecinos de Valle de Abdalajís ylocalidades limítrofes. El objetivo eraque la corporación municipal celebraseun pleno extraordinario para pedir elindulto. Esta petición, junto con lasfirmas y las cartas de apoyo de loscolectivos sociales, se presentaría en elJuzgado de lo Penal de Málaga quefinalmente debía dictar la sentenciasiguiendo el acuerdo alcanzado con laFiscalía.

Mientras tanto, Antonia Gutiérrez, a

quien la plataforma vecinal nombróportavoz, hacía corrillo con losperiodistas llegados de la capitalmalagueña para cubrir el acto. «Hace unmes nos reunimos para ver qué tipo demovilización haríamos contra estacondena impuesta a nuestros paisanos ysurgió la idea de realizar unaconcentración a las puertas delayuntamiento en la que participaran losvecinos del municipio y de lascercanías», explicó a los redactores deinformación local. Para Gutiérrez, loocurrido con Tomás Gómez Arrabal esuna injusticia. «Era una forma habitualde proceder en el pueblo: se concedía el

permiso de obra sin exigirnos elproyecto y el permiso lo pagábamos enla cuenta del ayuntamiento. La gente queno podía tenía hasta un año parapagarlo. Todo lo ha hecho para que nosahorráramos un dinero».

Otra vecina se encargó de dejarclaro a los periodistas que «nunca sehan pagado los permisos de obra enefectivo, ni al exalcalde ni a ningún otroconcejal; solo nos han dado facilidadespara poder hacer nuestras obras, por esonos parece excesiva la pena de cárcel».Los periodistas también buscaron alentonces alcalde, el socialista AlfonsoGarcía. «La cárcel —comentó este a la

prensa— no se la deseo a nadie y aquíno ha habido lucro. Han cometido undelito al dar los permisos con informesen contra, pero considero la prisión unamedida drástica».

El objetivo de la plataforma vecinalde apoyo a su exalcalde era abrir eldebate en la provincia de Málaga sobredeterminadas irregularidadesurbanísticas —siempre que no se debana fines lucrativos o corrupcióneconómica— para que sean juzgadas porla vía administrativa, no por la penal, loque supondría el pago de una multa y nola cárcel.

A 33,02 kilómetros, en Málaga

capital, las asociaciones ecologistastambién buscaban a los medios decomunicación para contrarrestar lacausa vecinal de Valle de Abdalajís. Elcoordinador provincial de Ecologistasen Acción, Rafael Yus, explicó en uncomunicado dirigido a la prensa que elexalcalde y sus compañeros urdieronuna trama política para legitimar laconstrucción de viviendas en suelo nourbanizable, en un número nodeterminado, y concedieron licencias asabiendas de que ello iba en contra de laley. Yus se encargó de recordar a losperiodistas que el fiscal —antes dellegar a un acuerdo para que Tomás

Gómez Arrabal y sus tres edilescumplieran solo tres años de cárcel—había solicitado para los imputadostreinta de prisión y ciento once deinhabilitación, considerando que latrama actuó de común acuerdo y conunidad de acción y propósito.

Cuatro meses después de aquel actode apoyo a su exalcalde se celebró eljuicio. Tomás Gómez Arrabal y susediles fueron condenados por concederde manera irregular numerosas licenciasde obras. Durante la vista oral elMinisterio Público afirmó en su relatoacusatorio que dichas licencias seconcedieron a sabiendas de que los

expedientes administrativos incoadospara ello no se habían tramitado por elprocedimiento legalmente establecido.Finalmente, en sentencia dictada el 20de octubre de 2009, el Juzgado de loPenal número 9 de Málaga les condenópor un total de 31 delitos deprevaricación urbanística, 17 de elloscontinuados, por la concesión delicencias de obras de forma irregular,saltándose la legalidad entre 2001 y2004. La condena más gravecorrespondió al exalcalde, condenadopor 12 delitos de prevaricaciónurbanística, 4 de ellos continuados, a 10años y medio de cárcel y 120 años de

inhabilitación para empleo o cargopúblico electivo. Sin embargo, eltribunal estableció que cumpliera 3 añosde cárcel, ya que el Código Penal señalaque el límite máximo de cumplimientono puede exceder del triple del tiempode la pena más grave (en este caso, deun año). Los otros exconcejales tuvieroncondenas por el mismo delito de entre 3años y 9 meses, y 5 años y 3 meses,aunque el máximo de cumplimiento erade 27 meses.

E l BOE del 19 de julio de 2012publicó la resolución del Ministerio deJusticia, con los informes del Tribunal yde la Fiscalía, de conmutar las penas

privativas de libertad por otra única dedos años de prisión, dejandosubsistentes los demás pronunciamientoscontenidos en la sentencia, a condiciónde que no volvieran a cometer delitodoloso en el plazo de tres años desde lapublicación del decreto. El PP andaluzsalió con rapidez a justificar la decisióndel gobierno con el argumento de que laactitud del regidor del Valle deAbdalajís no estuvo marcada por undeseo de enriquecimiento personal, sinoque, en algún caso, tuvo un exceso degenerosidad. Mientras tanto, elMinisterio de Justicia permanecíacallado.

El silencio del ejecutivo se rompiómeses después, cuando fue interpeladoal respecto en el Congreso por elparlamentario de IU Gaspar Llamazares.En una pregunta escrita, el diputado dela izquierda plural quería saber lajustificación del gobierno para concederen fecha de infausta memoria como el18 de julio (Llamazares confundióinteresadamente la fecha, cuando enrealidad el BOE publicó el decreto eldía 19) cuatro indultos en un solo día acondenados por prevaricaciónurbanística a penas graves de prisión.Asimismo requirió al gobierno para queexplicase si consideraba que esas

medidas de gracia contribuyen a reforzarla lucha contra la corrupción, y si hubomás indultados por ese delito en 2012.En su respuesta, el gobierno comenzóprecisando que los indultos se otorgaronel 29 de junio, y no el 18 de julio, yjustificó que se dieran los cuatro a lavez en que eran personas que habíansido condenadas en la misma sentencia,por lo que es habitual y lógico que suspeticiones de indulto se resuelvan en lamisma fecha. Nada dijo de las razonesde los indultos, y se explayó acontinuación en explicar —lo que eldiputado de IU no había pedido— quelos indultos en este caso son

conmutaciones de las condenas deprisión por otras menores, pero quesubsisten las penas de inhabilitación asícomo los antecedentes penales, ya queson culpables de un delito que merecereproche social, el cual no esapaciguado por el indulto. El único datoque aportaba es que, a lo largo de 2012,no indultó a más condenados porprevaricación urbanística.

Efectivamente, el gobierno noconcedió más indultos por prevaricaciónurbanística, pero sí por corrupción.Meses antes —en concreto en marzo de2012— el Ministerio de Justicia habíaindultado a Josep Maria Servitje, alto

cargo en la época de Jordi Pujol alfrente de la Generalitat de Cataluña, y aVíctor Manuel Lorenzo Acuña,empresario y excuñado del dirigente deUnió Josep Sánchez Llibre, amboscondenados a penas de prisión por elllamado caso Treball y militantes en elpartido democristiano.

E l Boletín Oficial del Estadopublicó el 13 de marzo de 2012 laconcesión del indulto a Servitje y aAcuña, cuyas condenas de cuatro años ymedio y dos años y tres meses de cárcel,respectivamente, les fueron sustituidaspor sendas multas de 3600 euros.Ambos fueron condenados en marzo de

2009 por la Audiencia de Barcelona,que consideró probado que en 1994urdieron un plan para desviar 7,6millones de pesetas del Departamentode Trabajo mediante la contratación deestudios inútiles o plagiados aempresarios afines. Además, VíctorManuel Lorenzo Acuña tenía unacondena anterior por otro caso dedesvío de caudales públicos, dado queen 2007 el Tribunal Supremo le impusoun año y un mes de cárcel por lamalversación de casi un millón de eurosdel Consorcio de Turismo de Cataluña.Sin embargo, la Audiencia de Barcelonasustituyó la pena impuesta a Acuña por

el llamado caso Turismo por una multade 9824 euros precisamente el díasiguiente de que se le condenara a dosaños y tres meses de prisión por elescándalo Treball. Según el diario ElPaís, el tribunal sentenciador —laAudiencia Provincial de Barcelona— seopuso al indulto a Servitje y Acuña.

Tras estos indultos, el periódico dePrisa organizó una durísima campañacontra el gobierno por las medidas degracia a condenados por corrupción.Bajo el título «Los políticos sí tienenperdón», el periódico global en español—muy sensibilizado con el asunto de losindultos tras la medida de gracia que el

gobierno de Aznar concedió al juezJavier Gómez de Liaño tras su condenapor el caso Sogecable— publicó el 8 dediciembre de 2012 un artículo con elque trataba de demostrar que los delitoscontra la administración pública son losque más se perdonan en proporción:desde 2000 han sido indultados 226reos. El País revisó todos los indultospublicados en el BOE durante losúltimos trece años relativos a lasprincipales infracciones de este tipo ylos resultados a los que llegó fueron lossiguientes: 25 indultos porprevaricación; 107 por malversación decaudales públicos y 16 por cohecho.

Para saber si era mucho o poco, eldiario comparó esas cifras con elnúmero de condenas por estos delitos.Para ello sacó a relucir un estudio delcatedrático de Derecho Penal de laUniversidad de Alicante, AntonioDoval, publicado, junto a otros cuatroautores, en enero de 2012. Su conclusiónfue que los delitos contra laadministración pública son, en efecto,los que más se indultanproporcionalmente. Comparando elnúmero de indultos de 2000 a 2008 conel de personas penadas por cada tipo dedelito en esos años, las infracciones másindultadas fueron, por este orden: los

delitos contra la administración pública(1,6 por ciento de los penados), elhomicidio y sus formas (1,5), lasfalsedades (1,3), los delitos contra elpatrimonio (0,4) y las lesiones (0,3).

Por lo general, el indulto es perdónparcial para evitar que el condenadoingrese en prisión. Pero cuando se tratade políticos y funcionarios, en muchasocasiones va más allá y alcanza tambiéna la pena de inhabilitación o suspensiónpara empleo o cargo público. Elindultado puede volver así a su puestocomo si nada hubiera sucedido. Dentrode los indultos analizados porprevaricación, cohecho y malversación

de caudales públicos de los últimostrece años, el indulto alcanzó la pena deinhabilitación o suspensión en más de lamitad de los casos.

Expertos consultados señalan que lapráctica del indulto se ha idodeformando con el paso de los años.Consideran lógico que se conceda comomedida de gracia la eliminación depenas de prisión por motivoshumanitarios, pero explican que deberíaquedar fuera la inhabilitación. Losperiodistas de El País trataron de serequitativos y repartieron sus críticas alos últimos gobiernos, tanto del PSOEcomo del PP. Así, recordaron que

cuando llegó al poder, en 2004,Zapatero siguió ejerciendo la facultadde indultar de la misma forma que lohabía hecho su predecesor: sin darexplicaciones y sin someterse a ningúncontrol. Durante sus dos legislaturasfueron indultados más de cien delitoscontra la administración pública.

Lo que consiguió El País fue abrir eldebate. Fuerzas políticas comoIzquierda Unida y Compromíspresentaron en el Congreso medidaspara que no se indulten los delitos decorrupción. También lo hizo el PSOE, apesar de haber gobernado en los últimosocho años sin haber introducido límite

alguno al derecho de gracia. «El indultose está usando para enmendar la plana alos jueces, cuando debe ser un recursomuy excepcional», explicó MónicaOltra, diputada autonómica deCompromís. «No puede permitirse —añadió— que el poder lo utilice paraperdonar a políticos o a las Fuerzas deSeguridad del Estado. El gobierno nopuede ser juez y parte».

Margarita Robles es muy clara eneste asunto: «Cuando un político cometeun hecho delictivo, salvo que hubierarazones muy excepcionales, no se debeconceder el indulto. La clase política nodebería indultarse a sí misma. Porque, si

no, da una imagen de corporativismo yterrible de que no todos somos igualesante la ley y que si uno tiene unaprofesión o un cargo determinados,posee una carta blanca para cometerdeterminadas actuaciones que no tiene elresto de los ciudadanos. Yo no digo queno se deban dar indultos a los políticos,porque habrá casos en que alguien hatomado una decisión política por unascircunstancias absolutamentejustificables, pero si se concede elderecho de gracias, explíquese porqué». La vocal del Consejo General delPoder Judicial estima que hay delitosrespecto a los cuales tiene que haber

tolerancia cero. «Y esos delitos, sinninguna duda, deben ser las agresionessexuales, determinados casos deterrorismo y, en el ámbito de la esferapolítica, los relacionados con lacorrupción y la prevaricación. Más alláde que haya una valoraciónindividualizada de conductas concretaso de arrepentimientos o de reparacióndel daño causado, en delitos políticos latolerancia debe ser cero y el indultoquedar descartado».

Capítulo VIII

PENAS A MEDIDAPARA DELITOS DE

CORRUPCIÓN

El escándalo de lassentencias de

conformidad enpolítica

Audiencia Provincial de Barcelona.Passeig de Lluís Companys, número 14.Martes 8 de enero de 2013. Durante lamañana.

Por vez primera en la historia de lademocracia española un partido político—Unió Democrática de Catalunya— ysus dirigentes directamente afectadosreconocieron en sede judicial haber

cometido un delito de corrupción —ellos— y haberse beneficiado —elpartido— en el llamado caso Pallerols.Y por primera vez abonaron, enconcepto de responsabilidad civil por sufinanciación ilegal, una cuantiosareparación. A cambio, los delincuentes—antiguos altos cargos de la Generalitatde Cataluña— no iban a ingresar enprisión.

Tras una tortuosa instrucción de másde trece años, aquel martes debíacelebrarse el juicio del escándaloPallerols, un caso de corrupción políticacon el que UDC se financióirregularmente a través de las

subvenciones de la Unión Europea parala formación de parados. Los hechos seremontan a los años noventa del siglopasado, cuando el empresario andorranoFidel Pallerols desarrollaba ciertaactividad política en torno a Unió y susempresas empezaron a recibir ayudas dela Generalitat de Cataluña paraorganizar cursos de formaciónocupacional con fondos procedentes dela Unión Europea. La Dirección Generalde Empleo, cuyo máximo responsableera entonces Lluís Gavaldà, gestionabalas ayudas. El exsecretario deorganización del partido, VicençGavaldà, y el exmilitante Santiago

Vallvé vieron en las subvenciones unavía para sufragar gastos del partido.

La Fiscalía sostenía inicialmente quealrededor del 10 por ciento de los 8,8millones de euros en subvenciones quepercibieron las academias de Pallerolsse habían desviado a otros fines. Tras unanálisis más detallado, se pudo acreditarque los implicados causaron unperjuicio económico de 388 483 euros.La mitad del dinero desviado —enconcreto, 197 388 euros— se destinó ala compra de material y mobiliario paralas sedes de Unió y a pagar nóminas demilitantes del partido que, aunque norealizaban ningún trabajo, figuraban

como empleados de las academias dePallerols.

Tras semanas de negociación, aquelmartes 8 de enero de 2013, acusacionesy defensas alcanzaron in extremis unpacto en el que los procesadosadmitieron su culpa: habían desviadofondos de la Unión Europea destinados acursos de formación para desempleadosa través de las sociedades delempresario andorrano Fidel Pallerols.El pacto fue posible después de que elMinisterio Público, que inicialmentesolicitaba para los procesados penas dehasta cinco años de prisión —laAudiencia de Barcelona ya rebajó su

petición inicial de once años al revocaralgunos de los delitos—, se aviniese arebajar la condena a cuatro de ellos,retirar los cargos a otros dos y reducirlas indemnizaciones que planteaba en unprincipio. De los 388 000 euros, elfiscal reclamó a UDC que respondiesecomo partícipe a título lucrativo de 200000 euros y, en calidad de responsablecivil subsidiaria, de los 100 000 quedesvió su exsecretario de organizaciónVicenç Gavaldà.

Esa misma mañana, UDC y loscuatro condenados consignaron en elbanco 300 000 euros para cubrir laresponsabilidad civil, que aunque

formalmente figuraba sufragada por lascinco partes, fue abonada íntegramentepor el partido democristiano. El pago dela responsabilidad civil por parte deUniò —el primer partido en la historiajudicial española que devuelve dinerodefraudado a la administración pública— comportó su asunción de que seembolsó parte de las subvencioneseuropeas que fueron desviadas a travésde la trama, y así debía constar en lasentencia de conformidad. Los otros 88000 euros fueron aportados por UDC ylos cuatro condenados, que tambiénpagaron multas que sumaban un total de260 000 euros. El acuerdo se saldó con

penas menores, que permitirían a loscuatro condenados eludir su ingreso enprisión, por carecer de antecedentes:año y medio para el exdirector generalde Empleo Lluís Gavaldà y siete mesespara el empresario Fidel Pallerols y elalto cargo del partido Vicenç Gavaldà.Para el militante de UDC SantiagoVallvé —que ya tenía una condena depoco más de un año de cárcel por elcaso Turismo (relacionado con un delitode malversación de fondos de laGeneralitat), que fue suspendida por notener antecedentes—, el fiscal le dejó lapena en una multa, por lo que evitó suingreso en prisión. El Ministerio

Público retiró los cargos contra DolorsLlorens, funcionaria del Departamentode Trabajo, y María Cruz Guerrero, laesposa de Pallerols, al considerar quesu papel en la trama sería subalterno delresto de acusados y no estaríacompletamente acreditada suparticipación.

La Fiscalía basó la sustancial rebajade penas aplicada a los acusados en laaplicación de las atenuantes dereparación del daño, por haber devueltoel dinero defraudado, y dilacionesindebidas en el proceso, que se abrió en1999 y tardó trece años en llegar ajuicio, dado que la causa fue archivada,

recurrida y estudiada por el TribunalSuperior de Justicia de Cataluña por laimputación de un aforado. Todo undespropósito. Además, el fiscal, segúnargumentó después ante la prensa, tuvoen cuenta que el paso de tanto tiemposupuso una debilitación de las pruebaspara acreditar la participación de losacusados, con lo que encarar el juicio,que se hubiera prolongado durantecuatro meses, podría no haber tenidoeficacia. En efecto, la práctica dediligencias para aclarar los hechos durónada menos que cinco años. Después,desde 2004 hasta enero de 2013, cuandose llegó a la fecha prevista para el juicio

en la Audiencia de Barcelona, sesucedieron infinidad de recursos de lasdefensas que tuvieron que resolverdistintos órganos judiciales. Al final elTribunal Supremo acordó el archivoprovisional sobre las personas aforadasque habían sido imputadas. La causa,además, fue también sobreseída (yvuelta a reabrir), hasta que, por último,se acordó la apertura del juicio oral enel año 2010.

Como era previsible ante tal noticia,los editoriales en la prensa del díasiguiente eran pura dinamita contra lasentencia de conformidad. «Nuevamentela corrupción de dirigentes políticos va

a quedar impune, porque eso es lo quesupone el pacto suscrito entre la Fiscalíade la Audiencia de Barcelona y lasdefensas de los acusados en el casoPallerols. Tras varios meses denegociaciones y justo el día en el quedebía comenzar el juicio, la Fiscalíallegó a un acuerdo con los abogadospara formalizar una sentencia deconformidad no recurrible. Ello implicaque no entrarán en prisión. […] Loprimero que sorprende en este pacto esla escasa cuantía de las penas. Llamatambién la atención que la instruccióndel caso haya durado trece años, concircunstancias que han beneficiado a los

imputados. Que la Fiscalía hayaaceptado un acuerdo en estos términossupone un escándalo monumental»,señaló El Mundo en un editorial titulado«Una impunidad que escandaliza a losciudadanos». Por su parte, El Paíssostuvo que «la tipificación jurídica delos delitos no da suficiente cuenta dehasta qué punto resultan moralmenterechazables y socialmente repugnantes».«La larga duración del proceso —añadió el diario de Prisa— haprovocado la queja de la presidenta delParlamento catalán, que ha dicho que“esto quema a las personas”. Peromucho más queman las personas de su

partido que metieron mano en la caja dela Generalitat». La Gaceta de losNegocios, por su parte, bramaba contrala clase política: «Tan lenta es lajusticia en nuestro país que ya no esjusticia. Resulta bochornoso que undesvío de fondos públicos por valor de8,8 millones de euros quede castigadotres lustros después con la irrisoriacantidad de 388 000 euros. Dirán losmás puristas que nuestro ordenamientojurídico permite la posibilidad de llegara un acuerdo de conformidad con laFiscalía, como se presencia a diario enlos juzgados de toda España. Es verdad;solo que en casos de corrupción política

con riesgo cierto de enjuagues, talopción debería estar descartada. Si no,habrá que concluir que, además deinjusta por lenta, la justicia en España esinjusta por definición cuando de juzgar apolíticos se trata».

Los periódicos pusieron el dedo enla llaga de las sentencias deconformidad, tan habituales es otrospaíses que, como en Estados Unidos, lajusticia parece muchas veces unmercado persa. En los paísesanglosajones esta fórmula es la vía pararesolver el 90 por ciento de los casos.En España, la Ley de EnjuiciamientoCriminal recoge esta posibilidad desde

hace tiempo, al permitir dictar sentenciasin necesidad de juicio, siempre que elacusado se reconozca culpable de lamás grave de las acusaciones que pesencontra él, pero lo limita a aquellossupuestos en los que la pena máxima seainferior a seis años de prisión. Es decir,quedan fuera la inmensa mayoría de losdelitos graves, tales como homicidiodoloso, violación, lesiones agravadas,tráfico de drogas gravementeperjudiciales para la salud, y de ahí paraarriba. En cambio, queda un campo librey fértil para los delitos económicos y decuello blanco, que suelen tener penasbastante inferiores.

En 2002 se dio carta de naturaleza aesta institución, llamada pleabargaining por los anglosajones, y«conformidad previa al juicio» ennuestro Derecho, con una reforma de laLey de Enjuiciamiento Criminal quepotenciaba los acuerdos para delitos deescasa entidad, los que tienen penainferior a tres años de prisión (porejemplo, los delitos contra la seguridadvial), creando las «diligenciasurgentes», en las que el acusado que sereconozca culpable en el juzgado deguardia se lleva de premio una rebaja deun tercio de la condena.

La sentencia de conformidad es un

acto procesal, previsto en la Ley deEnjuiciamiento Criminal, que supone ladeclaración de voluntad de las partes deponer fin al proceso penal y evitar así lacelebración del juicio. Cuando se llegaa una conformidad, el acusado reconocelos hechos y se compromete de formaexpresa a no recurrir la sentencia y acumplir la pena que se acuerde. El juezestá obligado a aceptar la conformidad,a excepción de aquellos casos en losque el acuerdo no respete la ley. Es unapráctica muy habitual —por ejemplo, enla Audiencia Nacional, en los casos deterrorismo callejero o kale borroka—,que se produce a diario en los juzgados

y tribunales de toda España. Según datosestadísticos en poder del ConsejoGeneral del Poder Judicial, en 2011 sedictaron en los distintos órganosjudiciales (juzgados de instrucción,juzgados de lo penal y audienciasprovinciales) un total de 170 291sentencias.

En términos porcentuales hay quediferenciar según el órgano que dicte laresolución. Así, los juzgados deinstrucción resolvieron con conformidadel 56 por ciento de los juicios rápidos;el 29 por ciento de las sentenciasdictadas por los juzgados de lo penal fuede conformidad. Por último, la cifra

desciende hasta el 4 por ciento en elcaso de las dictadas por las audienciasprovinciales. Es decir, cuanto más gravees el delito y más alta la pena solicitada,menos conformidades se producen.

Menos en los casos de corrupciónpolítica y delitos de cuello blanco, lassentencias de conformidad resultan muyprácticas. En primer lugar porque evitanla celebración de juicios, que son un malnecesario. Consumen tiempo y dinero,cosas de las que no andamos sobrados.En una mañana de señalamientos, encualquier pequeña capital de provincias,se pueden celebrar de cinco a diezvistas por un juzgado de lo penal; con

sus cinco o diez sentencias, que el jueztiene que cavilar, razonar y redactar,generalmente, por las tardes o los finesde semana; y con sus cinco o diezrecursos. Eso genera una montaña depleitos que atascan nuestro sistemajudicial, mal dotado de medios ypersonal, y lento como él solo. Bastepensar, por ejemplo, en la citación detestigos y peritos para que declaren en lavista oral.

Por otro lado, simplifica lasentencia, ya que, a excepción de losprocedimientos ordinarios, el juez quedaexento de hacer una valoración de laprueba. También resulta ventajoso para

el acusado, porque no va a pasar por elmal trago del juicio y porque va a verrebajada la pena. Y también para lasvíctimas, que se garantizan el cobro dela indemnización con más rapidez y enla cuantía que se pacte. También tieneinconvenientes, como es el hecho de quehaya abusos, de que la conformidad seutilice, según señalan varios abogados,como arma de chantaje al acusado paraque reconozca su culpabilidad a cambiode que la condena le resulte menosgravosa. Y para las víctimas, cuandoestas no están personadas en la causacomo acusación particular, porque lanegociación se lleva a cabo sin su

participación.Suele ser el abogado de la defensa

quien promueve la conformidad, aunqueen ocasiones la iniciativa puede partirtambién del fiscal. Lo habitual es que lanegociación se produzca el mismo díadel juicio, justo antes de que décomienzo la vista. Si hay acusacionespersonadas, es imprescindible que estastambién estén de acuerdo. Puede haberdiferentes razones por las que una de laspartes busque la sentencia deconformidad. Como norma general, leinteresará cuando tenga pocasesperanzas de ganar el pleito.

Cuando la conformidad se produce

en un procedimiento por juicio rápido,la condición es que la pena solicitada ola suma de todas las que se pidan nosupere los dos años de prisión. Si lapena es de distinta naturaleza(inhabilitación, por ejemplo) no podrásuperar los diez años. En el caso de lasmultas, podrá haber conformidad seacual sea su cuantía. En estos casos elacusado verá rebajada en un tercio lapena solicitada. En el procedimientoabreviado (previsto para delitoscastigados con penas de hasta seis añosde prisión), la pena pactada no podráser inferior a la mínima prevista en elCódigo Penal para el delito cometido.

Es decir, si el fiscal se mueve en unahorquilla de entre tres y seis años decárcel, nunca podrá aceptar una condenaa dos.

El que fuera fiscal jefeanticorrupción entre los años 1995 y2003, Carlos Jiménez Villarejo, publicóun artículo de opinión en El País muycrítico con lo ocurrido en la AudienciaProvincial de Barcelona. «Una vez más—afirmó—, los partidos y sus dirigentesson destinatarios de un tratocomplaciente, cuando no reverencial, deciertos jueces que, sencillamente, no seatreven a investigarlos y confirman elcarácter desigual del Derecho Penal.

Ante un caso evidente, como pocos, definanciación ilícita de un partidogobernante, que hoy sigue gobernandocomo si nada hubiera pasado, las leyesvigentes no contemplan ni siquiera unasanción administrativa que cumpliera, almenos, una función ejemplarizante. Todoparece estar permitido y lasconsecuencias de tanta impunidad estána la vista. […] No puede entenderse queel juez no investigase la relaciónconsciente del presidente del partido,Josep Antoni Duran i Lleida, con esatrama y cuesta admitir que desconocierasu existencia, sobre todo cuando uno delos acusados fue en esas fechas

secretario de organización de Unió».El pacto de la Fiscalía y las

defensas de los acusados del casoPallerols tenía dos objetivos: por unlado, evitar que el máximo dirigente deUnió, Josep Antoni Duran i Lleida,tuviera que declarar en el juicio y, porotro, evitar que los imputados entraranen prisión, en la confianza de que seaplicaría en este caso lo que es habitualcuando la pena es inferior a dos años yel condenado no tiene antecedentes. Sinembargo, el desenlace del casoPallerols estaba teniendo un efecto muycorrosivo sobre la confianza de losciudadanos en la justicia y en la política,

ya que no hay nada más descorazonador,en tiempos azotados por el paro y losrecortes, que la malversación de fondospúblicos quede impune a los ojos detodos. Fue por eso que, dos mesesdespués del acuerdo de conformidad, laAudiencia Provincial de Barcelonaordenó el ingreso en prisión de losacusados por la incuestionable gravedadde los hechos, que se enmarcaban en loque «coloquialmente se denominacorrupción política a través de unatrama organizada». El tribunalargumentó que la corrupción debecastigarse con severidad para que cundael ejemplo, porque cualquier decisión

que no ponga freno a esa lacra seríaobscena para unos ciudadanossometidos al azote del paro y de losrecortes.

Los jueces estimaron que en esteasunto la pena de cárcel debe servir«para intimidar a todos aquellosciudadanos/políticos que pudieransentirse tentados» por la corrupción ypara que interioricen la necesidad deajustar su actuación a criterios de éticapolítica. El ingreso en prisión eranecesario, razonan los magistrados, parafrenar ese tipo de conductas y fomentarque los servidores públicos «ajusten suactuación a criterios de ética política».

Lo contrario equivale a una cuasiimpunidad de políticos y poderosos quesucumbieron a las ventajas queproporciona el ejercicio del poder.Sería obsceno que las decisiones de losjueces no sirvieran de cortapisa paraevitar el desvío de fondos, sobre todo—añadieron los magistrados de laAudiencia Provincial de Barcelona—,en una época de crisis, con personas quea diario engrosan los dramáticos índicesde desempleo, sometidas a continuosrecortes en servicios sociales y a unademanda de sacrificios que se ceba enlos más débiles. Fue esa una decisiónejemplar, que la Sección Segunda de la

Audiencia de Barcelona adoptó pormayoría. El magistrado Javier ArzúaArrugaeta emitió un voto particular,porque consideraba que no habíarazones suficientes para denegar elbeneficio de la suspensión de pena.

El mismo día que se conoció ladecisión de la Audiencia de Barcelona,el Centro de InvestigacionesSociológicas hizo público su barómetrode febrero, que reflejó un cambio detendencia sobre la percepción que losciudadanos tienen de la corrupciónpolítica. Según el sondeo, lapreocupación por la corrupción sedisparó en aquel mes y ya era el segundo

motivo de inquietud para los españolesen la lista de las cuestiones que másmalestar crean a los ciudadanos. Así lascosas, el 40 por ciento de losencuestados consideró que era elprincipal problema, frente al 17,7 porciento que pensaba así en enero.

Los periódicos del día siguientejuntaron las dos noticias en suseditoriales. «La preocupación por lacorrupción se ha disparado. Así lorecoge la última encuesta del CIS. Losjueces de la Audiencia de Barcelona noconocían esta encuesta al dictar un autobastante insólito en los usos judicialesespañoles, en el que se decreta el

ingreso en prisión del empresarioPallerols y dos excargos de Uniócondenados a menos de dos años decárcel. […] Sin duda han tenido muy encuenta la indignación ciudadana hacialos corruptos y la tesis muy extendida deque los políticos gozan de un trato defavor. La finalidad ejemplarizante delauto está justificada en un país en el queexisten trescientos políticos implicadosen casos de corrupción y en un contextode muchos sacrificios para losciudadanos. Probablemente el tribunalhaya querido con esta decisión rechazarel pacto de los encausados con el fiscalpara eludir la cárcel. Por discutible que

sea esta decisión, mucho más graveresulta el afán protector de los partidoshacia sus dirigentes implicados enescándalos de corrupción», concluyó ElMundo.

Un mes después la Audiencia deBarcelona confirmó la resolución en laque obligaba al empresario andorranoFidel Pallerols y a los excargos de UDCLluís y Vicenç Gavaldà a ingresar enprisión, aunque les dio un plazo de cincodías para que acreditasen habersolicitado ante el Ministerio de Justiciauna petición de indulto. El tribunaladmitió en su auto que los procesados«están totalmente insertados en la

sociedad», pero descartó que su ingresoen prisión suponga un factorcriminógeno ni frustre los fines dereinserción de la condena, teniendo encuenta su edad, educación y estatussocioeconómico. «La finalidad delbeneficio de suspensión de la ejecuciónnunca ha sido ni es evitar el ingreso enprisión de cualquier persona que,condenado a penas menores de dosaños, fuere delincuente primario oasimilado», añadió la sala tras insistiren que en este caso debía primar elprincipio de prevención general. En suauto, el tribunal admitió que laenfermedad cardiovascular grave que

alegó el condenado Lluís Gavaldà pararecurrir su ingreso en prisión podríaservir para justificar la petición deindulto al gobierno.

De todas formas, los trescondenados por el caso Pallerols nopisarán la cárcel, al menos durante unaño. La Audiencia Provincial deBarcelona acordó suspender el ingresoen prisión mientras se tramita supetición de indulto, sobre el que debedecidir el gobierno. En un auto dictadoel 25 de abril de 2013, la Audiencia deBarcelona aceptó suspender la ejecuciónde la pena de prisión con dosargumentos. El principal es que las

penas impuestas son tan cortas que, si seles obliga a cumplirlas y despuésreciben el indulto, «la finalidadperseguida pudiera resultar ilusoria». Laexistencia de dilaciones indebidas fue elsegundo motivo que alegaron losmagistrados.

El destino de los tres condenados apenas de cárcel está en manos delgobierno de Mariano Rajoy, que deberádarse prisa si pretende conceder lamedida de gracia. En su auto laAudiencia de Barcelona advirtió de quepodrá acordar su ingreso en prisión «sitranscurriese un año sin haber mediadoresolución por el gobierno de la

Nación». Los magistrados recuerdan quela ley permite entender que el indulto hasido desestimado si, pasado ese tiempo,no se ha tomado ninguna resolución. LaFiscalía, artífice del pacto a penasmínimas de prisión para los condenados,no recurrió la decisión del tribunal.

«Ustedes tienen unproblema que se llama

3 por ciento»Parlamento de Cataluña. Parque de laCiudadela, sin número, en Barcelona.Jueves 24 de febrero de 2005. Durantela tarde.

El Parlament vivió aquel día unpleno vergonzoso y lamentable. Allí sepudo escuchar la acusación más directade cobro de comisiones ilegales porparte de dirigentes políticos en lasadjudicaciones de obra pública. Y nopasó nada. El asunto no terminó en los

tribunales, como sería lo lógico. Lajusticia eludió actuar de oficio. Fiscalesy jueces no se dieron por enterados.

Fue a propósito de la sesión plenariamonográfica tras el hundimiento deltúnel del metro del Carmel. ¿Losprotagonistas? El entonces presidente dela Generalitat, Pasqual Maragall, y eljefe de la oposición y líder deConvergència i Unió (CiU), Artur Mas.

Pascual Maragall: La malicia de suspalabras me demuestra que ustedestienen un problema y que se han sentidoatacados por una acusación que dealguna forma ustedes mismos debennotar como verídica porque, de otra

manera, no se explicaría que usted hayasalido con el tono de falta de respetoque ha usado. […] Han roto hoy unaregla que en este Parlament se habíaponderado siempre, que era el respetoentre los diputados. Y en esto, lahistoria les pasará la factura.

Artur Mas: Me tendría que explicaren qué le hemos faltado al respeto. Loque pasa es que puede ser que ustedtenga la piel tan fina, el orgullo tan llenoy el amor propio tan inflado que al finalresulta que cualquier crítica, aunque seaexpresada en términos correctos, lemolesta. […] Estoy absolutamentealucinado de que usted se levante en este

Parlament en una sesión como la de hoyy hable de todo menos del Carmel.

P. M.: Sí, muy brevemente, porquepienso que efectivamente hemos tocadoun punto clave. Ustedes tienen unproblema y ese problema se llama 3 porciento.

A. M.: Usted ha perdidocompletamente los papeles. Si era paraesto, se podía haber ahorrado estaintervención. Yo le pediría una cosa, yse lo digo con toda la modestia. Entreustedes y nosotros hemos de hacer cosasmuy importantes en los próximos mesesal servicio de este país. No lo olvide.Para hacer estas cosas importantes es

muy necesario que un cierto círculo deconfianza entre ustedes y nosotros sigaexistiendo, […] y no se rompa, y con suúltima intervención esto se rompe. Ustedenvía la legislatura a hacer puñetas.Supongo que es consciente de ello, y lepido formalmente que retire esta últimaexpresión.

P. M.: Accedo a su demanda por unasola razón, porque usted acaba de deciruna cosa muy importante, que interesamás el país que todo lo que nos ha dichoantes. […] Espero que ustedes estén encondiciones de cumplir su parte deobligación en los meses que vendrán enlos cuales se jugará el Estatut, la

Constitución y, en buena medida, nuestrofuturo.

A. M.: Yo le agradezco, señorMaragall, esta rectificación que esbuena, no le humilla en absoluto. Peroles vuelvo a decir que si en algúnmomento ustedes tienen algunasospecha, al margen de lo que se hadicho hoy, sobre lo que sea, hagan elfavor de ir a los tribunales.

La sombra del 3 por ciento siguióplaneando sobre el hemiciclo, hasta elpunto de que el propio consejero dePolítica Territorial, Joaquim Nadal,tuvo que aclarar que el gobierno del queformaba parte no se arredraría por las

amenazas de CiU. Sin citar el candenteporcentaje, Nadal afirmó: «Latransparencia es un compromiso que estegobierno ha asumido y es evidente queel estatuto que elaboremos no puedeestar sometido a ninguna presión ni aningún precio», dijo en clara referenciaa las presuntas comisiones ilegales. Elprincipal socio de gobierno del PSC —Esquerra Republicana— también abordósin complejos la espinosa cuestión y,por boca de su líder, Josep Lluís Carod-Rovira, lanzó una clara advertencia aCiU: «Este parlamento no puede tolerarninguna expresión por parte de nadieque pueda ser interpretada como moneda

de cambio para la elaboración del nuevoEstatut», afirmó, antes de apostillar: «Sino podemos aceptar limitaciones defuera, tampoco de dentro». «Honradezsí, cuentas claras, también», concluyóCarod.

El popular Josep Piqué ahondó enese conflictivo porcentaje y reclamó quela comisión de investigaciónparlamentaria sobre el Carmel abordaseel sistema de adjudicación de obras enla anterior administración de CiU. «Elclamor de la sociedad catalana se haconfirmado por boca del presidenteMaragall, es decir, que lasadjudicaciones iban parejas a una

comisión. Pues hablemos de ello. Que sediscuta en la comisión», manifestóPiqué. El entonces líder del PP catalánlamentó el «triste y profundamentelamentable» espectáculo que dieronMaragall y Mas en el debate, sobre todoal tratar una cosa tan seria como elestatuto como una serie de intercambiosextraños o cambalaches.

El asunto cobró de nuevo interéssiete años y medio después, en plenacampaña de las elecciones catalanas denoviembre de 2012, cuando El Mundopublicó en portada una noticia con elsiguiente titular: «La Policía vinculacuentas en Suiza de Pujol y Mas con la

corrupción de CiU». El diario se hacíaeco de un borrador de la Unidad Centralde Delincuencia Económica y Fiscal(UDEF) de la Policía, en el que serevelaba que parte de las comisionesque las empresas pagaban aConvergència Democràtica de Catalunya(CDC) —el 4 por ciento del monto totalde cada adjudicación—, a través de latrama del Palau, acabó en depósitosbancarios del país helvético. En dichodocumento policial se denunciaba laexistencia de cuentas en Suiza yLiechtenstein controladas por elpresidente de la Generalitat, Artur Mas,y su padre, así como por Jordi Pujol, su

esposa, Marta Ferrusola, y suprimogénito, Jordi. En concreto, elborrador de la UDEF, elaborado por laBrigada de Blanqueo de Capitales,explicó que los Pujol disponían de «trescuentas numeradas y dos cajas deseguridad con número correlativo a laque el propio Félix Millet [responsabledel Palau] posee en el mismoestablecimiento de Lausana».

Al principió se pensó que el informede la UDEF formaba parte de lasdiligencias que se llevaban a cabo paraesclarecer el entramado de corrupciónque coordinaba Millet a través del Palaude la Música. Los agentes sostuvieron

que las comisiones ilegales eran del 4por ciento sobre el importe total de laadjudicación. De ese porcentaje, un 2,5revertía en los partidos políticosvinculados a la Generalitat, mientras queel 1,5 restante se destinaba a gastos ycomisiones de Millet y suscolaboradores en el Palau y a cuentasprivadas de algunos dirigentes políticosy/o de sus familiares directos másallegados.

Las dudas sobre la validez delborrador publicado por El Mundolevantaron tal polvareda que la carrerajudicial, la Fiscalía, los cuerpos deseguridad, la clase política y los medios

de comunicación salieron mal parados.Vamos, todo un mal ejemplo para losque creen en la equidad de la justicia.Al final aquello acabó convirtiéndose enuna auténtica batalla campal, tanto en elámbito político y jurídico como en elmediático. Para empezar, el juez queinvestigaba el saqueo del Palau de laMúsica pidió al comisario jefe de laUnidad de Delitos Económicos yFiscales, Manuel Vázquez, que validaseel borrador. El jefe de la UDEF contestódías después que el texto no podía servalidado porque no fue elaborado por suequipo. Mientras tanto, el SindicatoUnificado de Policía (SUP), mayoritario

en el cuerpo, entró en escena aldenunciar las trabas para investigarcasos de corrupción relacionados conpolíticos y empresarios de relevancia.El sindicato policial entregó al juez unacopia del documento publicado por ElMundo sobre el supuesto cobro decomisiones ilegales por parte de lacúpula de CDC, que dijo haber recibidode forma anónima, para que sedepurasen todas las responsabilidades.El sindicato consideró que el informe sehizo realmente por policías y alguiendecidió en el cuerpo que no seincorporara a ninguna causa judicial y sequedara durmiendo en un cajón.

Mientras tanto, el diario El Paístomó posición y puso en cuestión todaslas informaciones publicadas por ElMundo. Acusó incluso a miembros de laPolicía de trabajar al margen de la ley,aunque amparados por altos dirigentesdel gobierno y del PP, con el fin dedefender la unidad de España, enpeligro por culpa del plan rupturista delos nacionalistas catalanes. El País citócomo parte de esos apoyos lasdeclaraciones del ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, quien llegó a pedircuentas a los políticos de CiU acusadospor informes policiales «sin firma nidestinatario», realizados, según el diario

de Prisa, por un «grupo de policíasemboscados en el anonimato» contra losaltos dirigentes de Convergència, contrajueces y fiscales que investiganpresuntos casos de corrupción. ElMundo contestó que «quienes han tenidola frivolidad de titular en su portada queel borrador de la UDEF era un montaje ysu contenido una serie de bulos van atener que tragarse sus palabras».

El Sindicato Unificado de la Policíaaportó días después un informe en el quedenunció que dos fiscales de Barcelona«no estaban por la labor» de investigarla corrupción de CiU en precampaña.Según el documento, el 29 de octubre de

2012 se mantuvo una reunión en laFiscalía de Barcelona con losrepresentantes del Ministerio Público,Sánchez Ullet y Bermejo. Por parte de laPolicía estuvo el comisario jefe de laUnidad de Asuntos Internos y jefe de laUDEF. Según ese informe, a los fiscalesse les enseñó un documento de lasituación y se les planteó la necesidadde hacer registros en los domicilios mássignificativos, entre ellos el del tesorerodel CDC, que también lo era de laFundación Trías Fargas que, al parecer,había alardeado de tener un disco durocon todos los pagos por si le pasabaalgo. Los fiscales contestaron que «no

estaba el juez por la labor de seguir» yque había que motivar muy mucho esaspeticiones, que en época de precampañalo veían poco factible. En suma, quededicaran los esfuerzos a otra cosa.

Finalmente, con la intención deesclarecer y dar por zanjado el asunto,el ministro del Interior, Jorge FernándezDíaz, dio a conocer las conclusiones alas que llegó la Unidad de AsuntosInternos de la Policía Nacional sobre eldocumento publicado por El Mundo.Con fecha de 9 de marzo de 2013 elinforme policial concluyó, en primerlugar, que en el borrador constan datosque se encuentran judicializados en

diversas investigaciones abiertas yvivas sobre presuntos casos decorrupción (investigaciones quedesglosa una por una). Además, losinvestigadores aseguraron que eldocumento, al tratarse de un borrador,no se corresponde exactamente conninguno de los textos de la UDEFremitidos a los juzgados. En el tercerpunto, Asuntos Internos explicó que eshabitual que las unidades policialeslleven a cabo la elaboración de unborrador en el que van volcando todoslos datos y solo cuando el mandoconsidera que la información tieneconsistencia se remite a los juzgados

para su investigación. Es decir, losespecialistas aclaran que es un métodohabitual trabajar sobre un borrador yque es normal que existan variosborradores. Según explicó el ministrodurante su comparecencia en laComisión de Interior del Congreso, laUnidad de Asuntos Internos interrogó atodo aquel que hubiera podido tenerrelación directa o indirecta con eseborrador y todos negaron su existencia.Los analistas policiales entendieron quela negativa de estos funcionarios sepuede interpretar o bien por queefectivamente nada tienen que ver o bienporque interpretan que admitir cualquier

relación con el documento puedeprovocar alguna sanción administrativay optan por negarlo. El ministro delInterior anunció que al líder del SUP,José Manuel Sánchez Fornet, se le abrióun expediente por difundir el borrador.

A partir de que se conociesen lasconclusiones de Asuntos Internos de laPolicía, el documento sobre las cuentasen Suiza de la cúpula de Convergènciano fue a mayores, pero abrió la espitapara que se empezase a investigar, tantoen los juzgados como en los medios decomunicación, a la familia Pujol.Especial interés merece este asunto,porque el caso del dirigente nacionalista

que estuvo veintitrés años al frente de laGeneralitat de Cataluña se puedecalificar de insólito: sus actividadesempresariales llevan treinta años bajosospecha de la justicia sin que se hayaencontrado —por unos motivos o porotros, por el peso, en mayor o menormedida, de personajes con grancapacidad de influencia en los tribunales— la más mínima irregularidad. «Eneste país soy el único político en activoy con un cargo público importante aquien se le han investigado los bolsilloshasta la última peseta; y no solo a mí,sino también a mi mujer, a mis cuñados,a mi suegra…». Así valoraba Jordi

Pujol su implicación en aquella«operación indigna» que, a su juicio, fueBanca Catalana. En 1986 la justicia diocarpetazo al procesamiento de Pujol, alque se acusaba de desviar fondos deaquel intento fallido de crear una bancagenuinamente catalana. Cuenta JoséGarcía Abad en La soledad del rey que«Pujol nunca olvidará la intervención deSu Majestad cerca de Felipe Gonzálezpara impedir su procesamiento en laquerella contra Banca Catalana, de laque Pujol fue máximo directivo».

En los últimos meses, los negociosde buena parte de sus hijos tambiénestán sometidos a la lupa de la opinión

pública. Veinticinco años después delcarpetazo al caso Banca Catalana, esOriol quien se encuentra en el epicentrode una trama judicial relacionada con laadjudicación irregular de estaciones deITV. «Colaborador necesario» de unared clientelar, según un informe de laAgencia Tributaria, el secretario generalde CDC fue finalmente inculpado trasmás de un año en el que el juez se pensó—y mucho— si actuaba contra él o no.El sumario demostró que el quinto hijodel veterano dirigente convergentecometió el mismo error que su padre yque algunos de sus hermanos: «creer queel apellido Pujol otorga inmunidad a la

hora de hacer negocios con oscurospersonajes que se desenvolvían bien enel tráfico de influencias», publicó en sudía ABC.

Tras la imputación y pese a haberdimitido de sus cargos, Oriol Pujolseguía mandando en CDC. Su poderpasó formalmente a manos de Josep Rully Lluís Corominas. Ambos procurabanque sus decisiones fueran consensuadascon el anterior secretario general. Suinfluencia se notaba y lo demostró elpropio líder del partido. Cuando ArturMas se reunió en secreto con Rajoy,solo un dirigente de CDC tenía noticiadel encuentro, según fuentes del partido:

Oriol Pujol. El imputado pasaba los díasen la calle de Còrsega, sede de losnacionalistas. Continuó ocupando undespacho en el edificio, si bien dejó laplanta que ocupa la dirección. Unprivilegio con el que no cuentan lamayoría de diputados de CiU, y muchomenos los que no tienen asignadasfunciones de dirección en el grupoparlamentario. Pujol prometió, tras suimputación, que sería un mero militantede base. Convergència Democràtica esel partido más afectado por lacorrupción en Cataluña. Aparte dePujol, otros dos diputados en elParlament están imputados: Xavier

Crespo, por sus relaciones con la mafiarusa; y Ferrán Falcó, como responsableen la época de las comisiones de 3 porciento. Pero además tiene su sedeembargada para cubrir la fianza de 3,3millones que le impuso el juez por elcaso Palau.

Otros dos de los hijos de Jordi Pujolheredaron las amistades peligrosas delpadre. Este fue el caso de Pere y JordiPujol Ferrusola. Ambos se relacionaroncon Carles Sumarroca, a quien Javier dela Rosa señaló junto a Carles Vilarrubícomo conocedores de unas supuestascuentas bancarias de la familia Pujol enSuiza. Pere Pujol fue gerente de la

desaparecida empresa Entorn,consultoría ambiental a la que elgobierno catalán y varios consejoscomarcales gobernados por CiUencargaron informes técnicos. LaFiscalía abrió una investigación en 2005sobre la adjudicación de obra pública ala empresa Teyco, propiedad de CarlesSumarroca. Por su parte, Jordi Pujoljunior fue asesor del grupo Sumarroca.Su primer empleo se lo proporcionó elexsecretario de Presidencia, LluísPrenafeta, en la empresa Tipel.Prenafeta, que fue hombre de confianzadel presidente de la Generalitat, fuedetenido por el caso Pretoria, sobre

supuesta corrupción inmobiliaria. JordiPujol junior mantuvo relaciones conimportantes adjudicatarias de obras ycontratas para la Generalitat, tanto deobra pública como de asuntosmedioambientales, sin queprofesionalmente tuviese currículum quelo justificara, y, al parecer, utilizó suinfluencia política para colarse engrandes proyectos, como laremodelación del aeropuerto deBarcelona.

Jordi Pujol Ferrusola participó en laempresa Hidroplant, creada por sumadre, Marta Ferrusola, y la esposa deCarles Sumarroca. La segunda hija del

matrimonio, Marta Pujol, tambiénfiguraba en Hidroplant, dedicada a lajardinería. Marta es arquitecta y sudespacho también se benefició de variasadjudicaciones de la Generalitat.Compartió con varios de sus hermanos ysu madre la costumbre de acompañar aJordi Pujol a varios viajesinstitucionales, como el que ella mismahizo a Montevideo en 1997. La sospechade que esas visitas eran aprovechadaspor los vástagos de Pujol para hacernegocios siempre estuvieron presentes,pero el propio dirigente catalán lodesmentía, al tiempo que defendía elderecho de sus hijos a realizar trabajos

para la Generalitat. Así lo hizo otro delos hijos del expresident —Josep PujolFerrusola, que amasó un patrimonioinmobiliario de más de nueve millonesde euros—, a través de la consultoríaEuropraxis, pues su hermano Oriol, queentonces era secretario general deIndustria, le encargó varios informes dedudosa utilidad. En 2002 el nombre deEuropraxis apareció en la investigaciónde las irregularidades detectadas en elConsorcio de Turismo, pues una filial deesta empresa cobró 124 000 euros por laelaboración de tres estudios. JosepPujol vendió Europraxis a Indra,operación por la que Hacienda le

reclamó dieciocho millones de euros enconcepto de impuestos adeudados. En2007 la Sindicatura de Cuentas denuncióla desaparición de doce expedientes decontratación del Instituto Catalán de laSalud con Europraxis e Indra.

Oleguer, el más pequeño de loshermanos, no ha escapado a la lupa conla que se analizan los negocios de lafamilia. Dedicado al sectorinmobiliario, tiene cargos en unaveintena de empresas y llevó a cabo unapolémica compraventa del complejo deapartamentos Bahía Sur en San Fernando(Cádiz) en 2003 mediante la empresaCargill. Aunque se hizo más conocido

por su participación en la campaña«Freedom for Cataloonia» (Libertadpara Cataluña), que se llevó a cabo conmotivo de los Juegos Olímpicos deBarcelona. Mireia Pujol compartía consu hermano un sentimientoindependentista que canalizó a través dela plataforma Soberania i Progrés, a laque se incorporó en 2006 y que estabapromovida por personas próximas aERC. Exbailarina —su compañía sebenefició de subvenciones públicas—,su último trabajo conocido se centrabaen la fisioterapia.

La financiación irregular del partidode los Pujol quedó en evidencia —y a la

espera de juicio— el 16 de julio de2013, casi cuatro años después de que laJusticia abriese la instrucción del CasoPalau. Ese día el juez José María Pijoandictó un auto con el que dio porconcluida la investigación del saqueodel Palau de la Música, mantuvo laimputación a diecisiete personas yconcluyó que ConvergènciaDemocràtica de Catalunya cobró 5,1millones de euros por comisiones acambio de conceder obra pública endiez años. El instructor puso de relieveque no sabía dónde habían ido a pararmás de 9 millones de euros extraídos encheques de las cuentas del Palau, al

tiempo que constató que Ferrovialpagaba un 4 por ciento más del total dela adjudicación destinado a comisiones:entre el 2,5 y 3,5 por ciento para CDC yel resto, para los responsables delPalau. Se quedó cortó Maragall en suintervención parlamentaria de 2005: «Elproblema no se llama tres por ciento,sino cuatro… Cuatro por ciento encomisiones ilegales».

Financiación departidos: la mano que

mece la cunaPalacio de Justicia de Pamplona. Callede San Roque, número 4. Martes 21 demayo de 2013. Durante la tarde.

El exdiputado de UPN Jaime Ignaciodel Burgo acabó de declarar comotestigo por videoconferencia en relaciónde los llamados papeles de Bárcenas. Eljuez Ruz le había pedido explicacionessobre varios pagos de 600 000 pesetas(3600 euros) al exconsejero de Saluddel gobierno de Navarra, Calixto Ayesa,

a partir de 1991. Según declaró DelBurgo, el pago era para resarcirle de laspérdidas que le ocasionó tener quecerrar su consulta dermatológica trasaceptar el cargo de consejero. A lasalida de los juzgados, a Del Burgo leesperaban los periodistas. En el corrillocon los medios de comunicación elexparlamentario de UPN defendió lahonestidad del PP y detalló que entregó3000 euros a Elena Murillo, concejal desu partido en la localidad de Villava,porque tuvo que dejar su domiciliodespués de sufrir el 14 de abril de 2001un atentado de la banda mafiosa ETA.Según explicó a los periodistas, Jaime

Ignacio del Burgo había aprovechado sucomparecencia ante el juez de laAudiencia Nacional para aclarar cómollegaba el dinero a los partidos hasta lareforma de 2007. Del Burgo relató cómoel PP intentó desde 1997 reformar lafinanciación de las fuerzas políticaspara suprimir donaciones anónimas y lascondonaciones bancarias. A lo primerose opusieron los nacionalistas, porquede los 100 millones de euros ventiladoscomo donativos anónimos entre 1987 y2007, 44 fueron para CiU y 27 para elPNV. A lo segundo se negó el PSOE,porque los socialistas recibieron entre50 y 60 millones por la vía del perdón

de las deudas con los bancos.Hoy en día la financiación de los

partidos políticos sigue bajo sospecha.No en vano es el origen de numerososcasos de corrupción y germen de laindignación ciudadana, que ve cómo,por ejemplo, en el año 2012 casi 40 000familias tuvieron que abandonar suscasas por desahucios, mientras esasmismas entidades bancarias condonandeudas a los partidos. Estamos ante unejemplo más de que la justicia no esigual para todos.

El problema de financiación tiene suorigen en los enormes gastos queocasionan las mastodónticas

organizaciones de las dos grandesfuerzas políticas en nuestro país. ElPSOE tiene en torno a 4000 sedes y elPP otras tantas. Sus plantillas, antes delos ajustes de los últimos meses —sobretodo en el Partido Socialista— rondanlas 1500 personas cada uno. Manteneren funcionamiento permanente esamaquinaria supone un gasto anual devarios miles de millones de pesetas.Según los últimos datos que se conocen,el Tribunal de Cuentas acreditó en 1991unos gastos de personal que en el PSOErondaban ya ese año los 2000 millonesde pesetas, es decir, un 30 por ciento delos 7000 millones de gastos totales que

presentaba. En el PP las cifras no sealejaban demasiado (1700 millones enpersonal). Hoy esas cifras de gastopueden llegar al doble.

Viejo tema este de la financiación delos partidos políticos, que en España seha repetido desde los comienzos mismosde la Transición. Recordemos la deudahistórica acumulada en los primerosaños de la democracia por UCD, AP, loque se conoció como Operación Roca oel desaparecido CDS, de cuyaliquidación nunca se supo. Esta deudahistórica se cifró en algún momento en23 000 millones de pesetas. El Banco deEspaña dio alguna vez la cifra de 300

millones de euros, que fue el coste totalde poner en marcha una democracia departidos. Bien gastados estuvieron, peroalgo hemos hecho mal, porque hanpasado más de treinta y cinco años y nohay escándalo de corrupción en Españaque no tenga como trasfondo lafinanciación irregular de los partidospolíticos.

El problema —bien se puedeconsiderar así por las consecuencias quenos ha traído— de la financiación de lospartidos políticos comenzó —porponerle alguna fecha— el 22 de junio de1977, cuando el rey, tras las primeraselecciones parlamentarias, escribió una

carta al sha de Persia pidiéndole diezmillones de dólares para ponerle unpartido fuerte a Adolfo Suárez ante unaencrucijada histórica: las eleccionesmunicipales que se iban a celebrar seismeses después. La carta —escrita enfrancés, fechada en La Zarzuela, dada aconocer en un libro escrito por el quefuera jefe de la Casa del último sha ycuya autenticidad nunca fue desmentida— justificó tal petición en lo que sellamó el «peligro socialista». Lapercepción que se tenía entonces,durante los primeros días de laTransición, era que el PSOE, una fuerzapolítica de corte marxista-leninista,

podía suponer un riesgo para la Corona.No fue así, como demostraron lasexcelentes relaciones entre don JuanCarlos y Felipe González, posiblementeel presidente del Gobierno con el quemejor se ha llevado el monarca.

Los socialistas también tuvieron losuyo con el denominado caso Flick, elmayor escándalo, hasta ahora, definanciación ilegal de los partidospolíticos alemanes. La venta de lasacciones que tenía Flick de DaimlerBenz al emirato de Kuwait se realizócon exenciones del pago de cientos demillones de marcos al fisco. Todopareció indicar que estos beneficios

fiscales se concedieron gracias a losdonativos que el consorcio repartióentre todos los partidos del Parlamentofederal (Bundestag) de entonces enBonn: democristianos, socialdemócratasy liberales. Tras una larga investigaciónparlamentaria, el caso se cerró en lostribunales, que solo condenaron porfraude fiscal a dos exministros liberalesde Economía y a un alto directivo delconsorcio.

El escándalo también tuvo unaramificación española. Un ejecutivoalemán declaró ante la comisión delBundestag haber entregado dinero para«estabilizar la democracia en la

península Ibérica», acusación queprovocó la célebre frase de FelipeGonzález: «No he recibido ni un duro, niuna peseta, ni de Flick ni de Flock». Losimplicados admitieron los hechos en lacomisión de investigación creada alefecto en el Congreso de los Diputados,pero no tuvieron responsabilidadesporque la financiación irregular (porvalor de un millón de marcos alemanes)había tenido lugar un año antes de que seprohibiera a los partidos españolesrecibir donaciones extranjeras.Finalmente, la cámara baja absolvió aFelipe González con 263 votos a favor,aprobando las conclusiones elaboradas

por la comisión acerca de lainexistencia de pruebas y la falsedad delas declaraciones.

El gran problema de la financiaciónpara el PSOE surgió a raíz delreferéndum sobre la permanencia deEspaña en la OTAN, celebrado el 12 demarzo de 1986. En contra de lo queocurre en las elecciones, el Estado noreembolsó ni un duro de la cantidad quecada partido gastó en aquel referénduma favor o en contra de la AlianzaAtlántica. El gasto extraordinario delPSOE —entre 700 y 900 millones depesetas (de 4 a 5 millones de euros)—vino a agravar su situación financiera,

no demasiado boyante. Los socialistasse dirigieron entonces a empresarios ybanqueros con el argumento de que lapermanencia en la OTAN abría laspuertas de la Europa comunitaria y deque ello beneficiaba a la economíaespañola en general, por lo que no erajusto que los socialistas cargaran ensolitario con el esfuerzo económico dela campaña en favor del «sí». Comoreconocen fuentes socialistasconocedoras de aquel proceso, el PSOEpidió a banqueros y empresarios unacontribución especial para el partido.

Uno de los financieros a cuya puertatocaron los dirigentes socialistas se

manifestó de acuerdo con la petición,pero reclamó una cobertura, es decir, unmecanismo que legalizara esasdonaciones mediante un tráficocomercial. El nombre del financiero semantuvo en secreto durante más deveinte años, hasta que elexvicepresidente del Gobierno AlfonsoGuerra desveló en el tercer volumen desus memorias —publicadas en mayo de2013— que se trataba de AlfonsoEscámez, el que fuera presidente delBanco Central.

Así nació el caso Filesa, el mayorescándalo de financiación ilegal departidos políticos en España. La noticia

saltó el 29 de mayo de 1991, cuandovarios medios de comunicación sehicieron eco de la denuncia delexcontable chileno Carlos van Schoweny acusaron al PSOE de financiaciónirregular a través de las empresasFilesa, Malesa y Time Export. Entre1988 y 1990 estas sociedades cobraroncientos de millones de pesetas, enconcepto de estudios de asesoramiento,a destacados bancos y empresas,informes que nunca llegaron arealizarse. Los fondos fueronempleados, supuestamente, parafinanciar el coste del referéndum de laOTAN en 1996, y en la campaña

electoral del PSOE en 1989. El casollegó al Tribunal Supremo, que dictósentencia el 28 de octubre de 1997.Ocho personas fueron condenadas por latrama, que servía como una tapaderapara ingresar dinero en las arcas delPSC y, por ende, en las cuentas delPSOE.

En el juicio tuvieron que prestardeclaración Felipe González y AlfonsoGuerra. El senador socialista JosepMaría Sala fue condenado, porasociación ilícita y falsedad endocumento mercantil, a una pena de tresaños de prisión, así como a una multa de350 000 pesetas. Tras permanecer

veinticinco días en la cárcel barcelonesade Can Brians, Sala fue puesto enlibertad provisional mientras setramitaba el recurso de amparopresentado contra la sentencia.Finalmente se anuló la condena porfalsedad en documento mercantil y lapena total se situó en dos años deprisión. En septiembre de 2004 Salaregresó a la dirección del PSC.

Por su parte, al diputado socialistaCarlos Navarro y a los responsables deFilesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, elTribunal Supremo les condenó a penasde 11 años de prisión a cada uno,aunque no llegaron a cumplirlas de

forma íntegra, ya que obtuvieron endiciembre del año 2000 un indultoparcial, concedido por el ejecutivo deJosé María Aznar, de tal forma que seredujeron a la mitad las condenas. Enaquel momento los tres disfrutaban deltercer grado penitenciario. De nuevo,los dirigentes políticos sí tienen perdóny se van de rositas.

El PP tuvo su caballo de Troya conel llamado caso Naseiro. Poco despuésde la llegada de José María Aznar a lapresidencia de su partido, unainvestigación rutinaria sobre tráfico dedrogas destapó un escándalo político-financiero en el que estaban

presuntamente implicados altos cargosdel PP. Se trataba de un caso depresunta financiación irregular delpartido mediante cobro de comisionesilegales en torno al Ayuntamiento deValencia. Un juez instructor de esaciudad —Luis Manglano— dictó auto deprocesamiento contra varios miembrosde esa fuerza política, entre los que seencontraban su tesorero, RosendoNaseiro, y Ángel Sanchís, diputado porValencia y antiguo tesorero. El casoNaseiro llegó al Tribunal Supremo —debido a la condición de diputado deSanchís—, donde quedó archivado acausa de algunas irregularidades en la

instrucción del sumario. Según el altotribunal, las escuchas telefónicas sehabían ordenado para investigarúnicamente el caso de narcotráfico y,por tanto, su utilización en el presuntodelito de financiación ilegal no gozabade supervisión judicial. El Supremoordenó la posterior destrucción de lascintas.

En España la corrupción haacompañado siempre a la financiaciónilegal y ha estado presente en todos lospartidos, aunque estos han queridosiempre salvar a sus líderes máximos.El gran problema es que el CódigoPenal no tipifica como delito la

financiación de los partidos políticos, yaque esa conducta se conecta con ilícitoseconómicos asociados, tales como elcohecho, la malversación de caudalespúblicos y el blanqueo de capitales. Elcatedrático Gaspar Ariño considera queson dos las causas que desencadenanperiódicamente estos fenómenos decorrupción. «En primer lugar, lasilimitadas necesidades financieras delos partidos políticos, con sus miles desedes y liberados, a los que hay queproporcionar un buen pasar, si sequieren mantener unos ejércitosdisciplinados de burócratas al serviciode unos líderes endiosados; y, en

segundo término, un sistema legal decontratación de las administracionespúblicas, de ordenación urbanística ycomercial, de planificación y gestión delsuelo y, en general, de ordenacióneconómica y fiscal, que permite a unos yotros —Estado, comunidades autónomasy ayuntamientos— introducir toda clasede arbitrariedades y favoritismos, acambio naturalmente de un precio. El 3por ciento catalán que denuncióMaragall, en un arrebato parlamentario,parece una cifra mágica a este respecto.En mi opinión, aunque algunas de estascausas se corrigiesen, mientras semantenga la incontenible necesidad de

dinero de los partidos para sobrevivir yganar elecciones, subsistirá lacorrupción, por unas u otras vías»,señaló Ariño en el informe Lafinanciación de los partidos políticos,editado por el Foro de la SociedadCivil.

Luis María Anson me habla de eseapetito voraz de los partidos políticospor el dinero. «Una de las cosas a lasque estamos sometidos en España enestos momentos es a la voracidad de lospartidos políticos, que están saqueandoa los españoles y que, además, se haninventado 300 000 cargos públicos queno sirven para nada. Y no digo esa cifra

por casualidad. En España hay 400 000cargos públicos y en Alemania, que nosdobla en población, hay 200 000, lamitad. Aquí debería haber como mucho100 000. Se han inventado 300 000 paracolocar a sus amigos y parientes. Lomismo han hecho con las empresaspúblicas. Tenemos 4000 empresaspúblicas deficitarias. El gran problema—y cualquier ciudadano debeconsiderarlo con mucho cuidado— esque hay que andar con mucho cuidado deque no se cree un clima que hagainsostenibles a los partidos políticos,porque eso ocurrió en los años veintedel siglo pasado y produjo el fascismo

en Italia, el nazismo en Alemania, elestalinismo en Rusia, el salazarismo enPortugal y el franquismo en España. Porlo tanto, a los partidos políticos hay queembridarlos, pero no destruirlos. Elproblema que hay con eso es que comoen muchos aspectos se tienen queembridar a sí mismos, no estándispuestos a hacerlo para nada».

En este punto Anson hace hincapiéen que de las doscientas y picoempresas que dependen de Rajoy, elpresidente del Gobierno quiso quedarsecon ochenta y «no pudo suprimir ni dos,porque, claro, se le han echado losamigos encima». «Están sus parientes,

sus amigos, su entorno… Es una especiede interés creado tanto en la clasepolítica como en la casta sindical quehace muy complicado romper lasituación. De ahí nacen las proclamas deindignación que se han producido.Porque no se sabe cómo desmontar elasunto». El exdirector de ABC destaca elpapel importante de la prensa. «Elmedio de comunicación, además deinformar, tiene que ejercer elcontrapoder, que es elogiar al podercuando este acierta, criticarlo cuando seequivoca y denunciarlo cuando abusa.Por ejemplo, acabo de recibir una cartade la alcaldesa de Madrid a raíz de un

artículo mío, inspirado en un digital, enel que denuncié que el ayuntamientotenía 270 automóviles. En su carta meexplica que ha eliminado 150 y que va asuprimir no sé cuántos más. Es unescándalo que un ayuntamiento tenga270 coches oficiales. Y solo reaccionancuando alguien se queja. Cuando hay unadenuncia, cuando el político va a unacafetería y le gritan “ladrón”, cuando vaa un restaurante y no puede entrarporque la gente que le ve por la calle leinsulta, hace que poco a poco y dentrode lo que cabe vayan replegando algunasvelas, no muchas. Al final estamos enuna situación de partitocracia y de

voracidad de los partidos políticos.Pero lo que no podemos hacer essuprimirlos, porque nos cargamos lademocracia y porque iríamos a unafórmula de partido único que es todavíapeor. Hay que hacer un esfuerzo pararegenerar la vida interna de los partidos,democratizarlos y arreglar la situaciónpoco a poco».

Los partidos, la verdad, han hechomuy poco por arreglar la situación.Felipe González, en 1993, intentó lo queél llamaba «impulso democrático», conel que quería depurar la políticaespañola; y Aznar, en 1996, lo hizo suyotambién en el marco de aquel proyecto

regeneracionista con el que llegó algobierno. Pero pasaron los años degobierno de uno y de otro y ningunointrodujo reforma alguna en el sistemade financiación. La vieja norma de 1987siguió hasta 2007, año en el que entró envigor una nueva ley orgánica. Veinteaños, nada menos. A lo largo de estetiempo, en la Comisión Constitucionaldel Congreso se sucedieron lasponencias para reformar aquella ley de1987, cuyos frutos se estaban revelandoperversos. Pero la tramitación de losdistintos proyectos jamás llegaba a buenfin por falta de acuerdo entre losprincipales partidos. Quizá lo que

existía era un acuerdo tácito, nuncaconfesado, que consistía en dejar lascosas como estaban, mientras ibanincrementándose, año tras año, lasdotaciones presupuestarias, con saltosnotables de financiación en 1987, en1993, en 2000 y 2007.

«Aunque todos hablaban de reforma,porque querían quedar bien ante elelectorado, siempre surgían entre ellosnuevas discrepancias. Cuando se llegabaa un acuerdo sobre un extremo,aparecían diferencias en otro; lasreuniones se interrumpían y sereanudaban, o no, en función de lascoyunturas», afirma Gaspar Ariño.

Pero he aquí que en aquel año 2005se produjo la frase del 3 por ciento queformuló Maragall. Aunque la denunciaquedó en nada, el gobierno de Zapaterose vio obligado a admitir a trámite en elCongreso una proposición de ERC —susocio— para la reforma de la Ley deFinanciación, en la que se eliminabanlas donaciones anónimas yempresariales. El PSOE tuvo que hacersuya la iniciativa de ERC y presentó supropia ley orgánica en marzo de 2005.Pasaron meses con las discusiones desiempre: donaciones anónimas yempresariales, renegociación y/ocondonación de deudas por los bancos y

cajas, aumento de la financiaciónpública, desgravaciones fiscales, mayorcontrol y poder de sanción del Tribunalde Cuentas… En marzo de 2007 elacuerdo entre los dos grandes parecíamás cercano: el PSOE había aceptadoalgunas posiciones del PP, se habíaencontrado la vía de abrir la mano en lasdonaciones a las fundaciones de lospartidos, para las cuales se elevaban loslímites hasta 150 000 euros; seaumentaban en un 20 por ciento lasdotaciones presupuestarias públicas,que cubrirían como hasta ahora el 90por ciento de la financiación; seautorizaba la libre negociación bilateral

de la deuda con cajas y bancos «segúnlos usos y costumbres del tráficomercantil», es decir, vía abierta a lacondonación; se preveía lacompensación a los partidos por losbienes y derechos incautados en laGuerra Civil, sin necesidad de pruebadocumental alguna (bastan fotografías).

Y así llegamos a mayo de 2007, mesen el que la nueva ley se votó en elpleno del Congreso y fue sancionada,con la oposición del PP, que finalmentedecidió no apoyarla. La ley vigente novino a significar ningún cambiosustancial respecto del sistemaestablecido en 1987. En ambas la

financiación pública no tiene límite y sesigue guardando un silencio absolutosobre cualquier criterio decuantificación de las subvenciones y delgasto de los partidos. Sin embargo,algunas novedades resultaronrazonables, como, por ejemplo, laprohibición de donaciones anónimas yaportaciones de empresas públicas oempresas contratistas de lasadministraciones públicas. La reformadaley sobre financiación de partidos prevévarias formas de financiación para lasformaciones electorales: lassubvenciones parlamentarias, las cuotasde los afiliados, los beneficios de su

propio patrimonio y las herencias olegados. El Tribunal de Cuentasfiscaliza esta ingeniería contable y elcastigo se concreta en una multa quedobla la cuantía de la sumairregularmente obtenida.

En octubre de 2012 se presentó elúltimo informe del Tribunal de Cuentassobre los estados contables de lospartidos políticos, correspondiente alaño 2007. No deja de ser curioso eseretraso de un lustro que el máximoórgano fiscalizador lleva desde hacedécadas a la hora de analizar las cuentasde las fuerzas políticas. Un lustro quecoincide con los cinco años de

prescripción, en caso de que hubiesedelito. En su documento de cuatrocientaspáginas, el Tribunal de Cuentas recogíalas subvenciones públicas y privadas,así como los préstamos concedidos porentidades financieras. En total, más de500 millones de euros llegaron por esosconceptos a la tesorería de los partidos.De esa cantidad, 280 millonescorresponden a subvenciones. Otros 230millones son de préstamos que bancos ycajas de ahorros pactaron con lasformaciones. El tribunal no informó desi esos créditos se devolvieron o no.Aún hay más: las cuotas de los afiliadosde todos los partidos ascendieron ese

año a 40 millones de euros. Es decir,solo un 8 por ciento de la financiaciónque recibieron.

Además el informe dio cuenta deque, en muchos episodios, latransparencia se reveló ausente: lastreinta y dos fuerzas políticas analizadasno entregaron el informe de controlinterno decretado en la Ley deFinanciación de Partidos. Según elinforme, el PP fue la formación que másdinero recibió aquel año en concepto desubvenciones (70 millones de euros),seguido del PSOE (68), CiU (11),Izquierda Unida (9,5), PNV (7) y ERC(6,4). Además, el tribunal encontró

numerosas irregularidades, cuando noinfracciones claras de la ley. Así, elBloc Nacionalista Valencià —hoyCompromís— no entregó sus estadosfinancieros. Izquierda Unida tampocosalió muy bien parada: en cuatro de susfederaciones no entregó sus cuentas,otras cuatro lo hicieron fuera de plazo yhay varios errores en sus libros decontabilidad. IU y CiU recibieron unaviso: debían «ajustar su actividadeconómica y acomodar suapalancamiento financiero a los ingresosprevistos a fin de mantener elpatrimonio neto en niveles que asegurenla permanencia de la actividad

económica», ya que ambas pierden 8 y13 millones, respectivamente. CoaliciónCanaria, Unió Democrática deCatalunya, Ciutadans-Partido para laCiudadanía y el Partido Andalucistafueron acusados de opacidad, al noincluir toda la información en lamemoria.

Con todo, lo que más ampollaslevantó ante la opinión pública fue queesos mismos bancos que desahucian desus casas a ciudadanos que no puedenpagar su hipoteca se dedican a su vez aperdonar deudas a los partidos. Elmétodo parece sencillo: las pólizas seaparcan, no se renuncia a cobrarlas,

pero tampoco se ejecutan; se dejandormir durante años, los interesescrecen pero se ignoran, hasta que llegaun momento en que se renegocian, esdecir, se cancelan total o parcialmente yes más fácil para todos borrarlasdiscretamente. Si el Tribunal de Cuentaspregunta no se le dan demasiadasexplicaciones. La cosa se presenta comoacuerdos expresos o tácitos derenegociación, según los usos ycostumbres del tráfico mercantil —dice el partido correspondienteparafraseando la ley— y de un modosatisfactorio para el banco y susaccionistas —dice la entidad bancaria.

Según datos hechos públicos porUPyD en 2008, hasta ese año se habíanproducido las siguientes condonaciones:el PSOE y el PSC lograron acuerdos,desde 2004, por un valor superior a los40 millones de euros (la Caixa perdonó7,1 millones de euros al PSC endiciembre de 2004; la BBK, 21 millonesde euros al PSOE en marzo de esemismo año; el Santander perdonó 12millones al PSOE en mayo de 2006, trasdiecinueve años de impago); tambiénERC se benefició tras el gobiernotripartito de una condonación de LaCaixa por valor de 2,7 millones; y CaixaGalicia perdonó 2,6 millones al PP

cuando este partido llegó al poder en1996.

El hecho es que el impago de lasdeudas por parte de los partidos ha sidohabitual durante los últimos años. Losbancos jamás ejecutan judicialmente alos partidos, especialmente a losgrandes o a los nacionalistas con fuerteimplantación territorial. Hay que dejarconstancia de que en los últimos añoslas principales entidades prestamistasde los partidos han sido las cajas deahorro. Esas mismas cajas cuyo rescatehemos tenido que asumir los ciudadanoscon nuestro dinero y el de Europa. Hastala Ley de Transparencia de 2004,

algunos responsables de las másimportantes cajas de ahorro se oponían adeclarar los préstamos concedidos a lospartidos. La ley les obligó a ello —a lascajas, no a los bancos—, saliendo así ala luz que el saldo vivo de los préstamos(y avales o garantías) concedidos era, afinales de 2004, de 80 millones deeuros; en 2005 la cifra de créditosacumulados a partidos políticosascendía a más de 70,2 millones; en2006 esta cifra subía a casi 100millones (98,8); y en el año 2007 llegó alos 122,8 millones. Según fuentes de laCNMV, en 2008 el PSOE sumaba unadeuda con las cajas de casi 20 millones

de euros (19,5), incluyendo en esta cifrala deuda del PSC; el PP, 2,7; IU-ICV,11,7; CiU (federación y las dosformaciones), 17,6; PNV, 3,5; ERC, 2;BNG, 2; y Coalición Canaria, 0,8.

Algunas formaciones políticasobtienen su financiación básicamente —en muchos casos, exclusivamente— delas cajas de ahorro implantadas en suterritorio, en cuyos consejos sentaban aalgunos de sus dirigentes. Por ejemplo,CiU y ERC recibían de las cajascatalanas el 98 por ciento; el PNV de lasvascas, el BNG de las gallegas y CC delas canarias en un cien por cien;mientras que PSOE, PP e IU recibieron

dinero de todas. Es patente lavinculación entre poder políticoregional y entidad financieradomiciliada en ese territorio.

Los bancos no tienen la obligaciónde hacer públicos los créditos a lospartidos. Eran los propios partidosquienes informaban a medias de susituación al Tribunal de Cuentas, el cualse quejaba siempre, pero tenía escasospoderes de comprobación. Se limitaba aconstatar datos y comportamientosrespecto de los que nada podía hacer.Naturalmente, el Banco de España tienelos datos, pero no los hace públicos. Escomprensible que tanto cajas como

bancos, dadas las regulaciones,inspecciones y autorización deoperaciones, dependientes en muchoscasos del Ministerio de Economía yúltimamente de los gobiernosautonómicos en el caso de las cajas, semuestren dispuestos a otorgar préstamosa los partidos y les resulte difícilejecutárselos, especialmente cuandoestán en el poder.

La financiación del Partido Popularestá siendo revisada al milímetro tras lapublicación de los llamados papeles deBárcenas. El asunto está judicializadoen la Audiencia Nacional y, demomento, poco se sabe de la

investigación que lleva a cabo elmagistrado Pablo Ruz, aparte de lasfotocopias que publicó el diario El País.Dentro de la parte que se conoce,destaca un informe de la Unidad deDelitos Económicos y Financieros(UDEF) de la Policía, con la que secotejó la supuesta «caja B» del PP conla contabilidad oficial de este partido.El documento, de 131 folios y 5 anexos,pone el acento en que los populares, através de su extesorero Luis Bárcenas,pudieron vulnerar la Ley deFinanciación de Partidos Políticos alingresar en la cuenta especial del Bancode Vitoria (luego Banesto) donaciones

ilegales «troceadas en pequeñascantidades» para evitar que superase eltope legal de los 60 000 euros yesquivar así la labor fiscalizadora delTribunal de Cuentas. La ley orgánicaque estuvo vigente desde 1987 hasta2007 —prácticamente toda la etapa querecogen los manuscritos de Bárcenas—,señalaba que «los partidos no podránrecibir, directa o indirectamente,aportaciones procedentes de una mismapersona física o jurídica superiores a lacantidad de 10 000 000 de pesetas alaño [60 000 euros]». La UDEF concluyóque «se observa una actuaciónpersistente en el tiempo consistente en

transformar donaciones nominales porencima del límite legal en ingresos en lacuenta de donativos anónimos,dividiendo la cuantía en múltiples partespor valor inferior, con lo que esimposible verificar si se incumplen loslímites máximos de aportación».

La ley de 1987 prohibía, además,que empresas donantes de dinero apartidos pudieran contratar con laadministración. La Policía analizó lascontratas que recibieron catorce de lasempresas que figuran como donantes enlos papeles de Bárcenas. Y cita variosejemplos en los que sus gestores dierondonativos y recibieron obras públicas,

aunque en ningún caso la Policía llega arelacionar las entregas de dinero con laadjudicación de contratos, puesto que enmuchos casos recibieron obras deadministraciones gobernadas pordistintos partidos políticos y no existenpruebas en la investigación abierta derelación directa entre el pago y la obraadjudicada. Los únicos indicios a esterespecto figuran en el sumario del casoGürtel vinculados a ConstructoraHispánica. En cualquier caso, la UDEFno ha incluido en su informe loscontratos millonarios que tambiénrecibieron esas mismas empresasconstructoras de ayuntamientos,

comunidades y gobierno central delPSOE.

Días después ABC desveló que losconstructores imputados en la piezaseparada del caso Gürtel que investigala supuesta contabilidad B de LuisBárcenas obtuvieron una cifra denegocio muy superior con Fomento en laetapa de José Luis Rodríguez Zapaterorespecto a la de José María Aznar. Asíse desprende de la información que elgobierno remitió al Congreso de losDiputados en respuesta a una preguntadel Grupo Socialista. Según ladocumentación, cinco empresasimplicadas —Sacyr Vallehermoso,

Grupo Sando, FCC, Grupo Azvi yAldesa— facturaron a Fomento en laetapa del PP 5507,77 millones de euros,mientras que en el periodo de gobiernodel PSOE la cifra ascendió hasta los 14501,82 millones de euros.

Por otra parte, la investigaciónjudicial sobre los papeles de Bárcenasoriginó en marzo de 2013 uno de losepisodios más bochornosos que serecuerdan en la Audiencia Nacional,donde no se vivía algo igual desde lostiempos de Garzón y Gómez de Liaño.Esta vez los protagonistas fueron lostitulares de los Juzgados de Instrucciónnúmeros 3 y 5 —Javier Gómez

Bermúdez y Pablo Ruz, respectivamente—, que mantuvieron una pugnaextenuante por la competencia en aclararla contabilidad secreta del extesorerodel PP. Ruz se encargó de investigar latrama Gürtel, mientras Bermúdez asumiólas pesquisas sobre los papeles deBárcenas a raíz de una querella deIzquierda Unida que «recayó» en suJuzgado.

Finalmente, un escueto oficio —elgrado más básico de las comunicacionesescritas de la Administración— sirvióel 1 de abril como epílogo a la pugnaentre los jueces de la Audiencia. Amediodía de aquella jornada, Gómez

Bermúdez enviaba a su colega delJuzgado Central de Instrucción número 5el escrito por el que le traspasaba elconjunto de lo investigado por él. Así lohabía decidido la semana anterior, pordos votos a uno, la Sala de lo Penal dela Audiencia Nacional, que estimó quepara garantizar «la correcta progresiónde la investigación» debía ser Ruz quienasumiera los papeles de Bárcenas en elmarco de una pieza separada delsumario sobre la trama Gürtel, dado eldistinto estadio procesal de amboscasos.

Capítulo IX

LOSDESPILFARRADORES

SE VAN DEROSITAS

Las mentiras deZapatero con el déficitPalacio de La Moncloa. AvenidaPuerta de Hierro, sin número, enMadrid. Miércoles 28 de diciembre de2011. Durante la tarde.

Mariano Rajoy, que seis días anteshabía jurado su cargo de presidente delGobierno en el palacio de La Zarzuela,convocó al equipo económico delgabinete a una especie de comité decrisis. A la reunión asistieron lavicepresidenta del ejecutivo, SorayaSáenz de Santamaría, los ministros de

Economía y Hacienda, Luis de Guindosy Cristóbal Montoro, y el jefe de laoficina económica de La Moncloa,Álvaro Nadal. Dos días antes DeGuindos había recibido el informepreliminar sobre el déficit público en2012. Estaba en torno al 8 por ciento.Tal vez unas décimas más. Comomínimo dos puntos más que el objetivocomprometido del 6 por ciento. Sinembargo, aquel día el foco informativoestaba en el sueldo del rey. No sehablaba de otra cosa en España. DonJuan Carlos había hecho públicos losgastos de su Casa en un gesto detransparencia sin precedentes en treinta

y seis años de reinado. Su Majestad,según los datos facilitados, recibíaentonces 292 000 euros al año, cuatroveces más que el presidente delGobierno. El príncipe de Asturiascobraba la mitad, mientras doña Sofía,las infantas y Letizia Ortiz se repartíanhasta 375 000 euros al año.

El mini gabinete de crisis tuvo sobrela mesa la decisión del anteriorgobierno —transmitida por lavicepresidenta económica, ElenaSalgado—, por la cual se habíadispuesto ya el bloqueo de 9000millones de euros en el capítulo degastos para el ejercicio de 2012. De

Guindos señaló que, junto a ese bloqueode gastos, era necesario anunciarimportantes medidas de ingresos. Sehizo un análisis de lo que podían dar desí algunos impuestos. Sin muchas másconsideraciones, se aprobaron subidasen los impuestos de Bienes Inmuebles(IBI) y sobre la Renta de las PersonasFísicas (IRPF). Con ambos incrementosse recaudarían 6275 millones de eurosmás. Se plantearon esas subidas comorecargos temporales y aunque ladecisión violaba flagrantemente y entiempo record el programa con el que elPartido Popular concurrió a laselecciones generales de un mes antes, el

acuerdo se adoptó con rapidez.El escándalo estalló en abril, cuando

Bruselas ratificó que España habíacerrado 2011 con un déficit del 8,5 porciento, la misma cifra calculada por elgobierno de Mariano Rajoy con altasdosis de controversia. La ComisiónEuropea se había quejado de que elanterior gobierno socialista les dijo ennoviembre que el déficit estaría entre el6 y el 7 por ciento, mientras que elejecutivo de Mariano Rajoy revisó estacifra hasta el 8 nada más tomar posesiónen diciembre. Semanas más tarde volvióa elevarlo hasta el 8,5. De hecho, laagencia Reuters publicó que Bruselas

creía que España había inflado la cifrade déficit de 2011 para que losresultados de los recortes de 2012parecieran mejores. Aquel día de abrilla Comisión Europea constató queZapatero había ocultado hasta el últimodía el déficit real y lo rebajó hasta el 6cuando en realidad era del 8,5. Lasecretaria general del PP, MaríaDolores de Cospedal, se encargó deproclamar a los cuatro vientos desdeMadrid que las cifras de Eurostatconfirmaron el engaño del gabineteZapatero e insistió en que la herenciadejada por el ejecutivo socialista era lapeor recibida nunca por un gobierno en

España.Bajo el título «La mentira socialista

arruina a España», ABC publicó uneditorial en términos muy duros contraZapatero: «El ejecutivo de MarianoRajoy no va a disponer eternamente delargumento de la herencia socialista,pero pasará mucho tiempo antes de queEspaña se libere de las consecuenciasde ese legado, verdaderamente ruinoso.Rajoy dijo la verdad que el ejecutivo deZapatero quiso ocultar y esa desviaciónle ha supuesto a España un coste de másde 26 000 millones de euros, lo queahora hay que aplicar a todas laspolíticas públicas de todas las

administraciones. Este balance deauténtica quiebra debería aconsejar másprudencia a los socialistas cuandoacusan a Rajoy de aplicar un programaoculto. Lo que estaba oculto era eldéficit creado en época del PSOE».

El estado de opinión crítico con elanterior gobierno socialista animó a micliente, Manos Limpias, a presentar enel juzgado el 30 de abril de 2012 unadenuncia contra el expresidente delGobierno, don José Luis RodríguezZapatero, su vicepresidenta económica,Elena Salgado Méndez, y el jefe de laIntervención General del Estado, JoséAlberto Pérez, por presuntos delitos de

falsedad en documento público y dañosa la economía nacional, los dosprimeros como cooperadores einductores necesarios y el tercero comoautor material que causó un gran estadode alarma social. Según Manos Limpias,los denunciados ocultaron ese déficithaciendo creer a la opinión pública quese había cumplido con el 6 por cientocomprometido con Bruselas, acusando,además, al actual gobierno de España deque se habían inflado los datos. «Endefinitiva —se sostiene en el escrito dela demanda—, se maquillaron yfalsearon presuntamente los informes dela Intervención General del Estado,

causando además un daño gravísimo alos intereses económicos de España y delos españoles».

En la denuncia presentada en eljuzgado, el colectivo de funcionariosrecuerda que el artículo 390 del CódigoPenal establece que «la autoridad ofuncionario público, comete falsedaddocumental: alterando un documento enalguno de sus elementos o requisitos decarácter esencial; simulando undocumento en todo o en parte, de maneraque induzca a error sobre suautenticidad; suponiendo en un acto laintervención de personas que no la hantenido; o atribuyendo a las que han

intervenido en él, declaraciones omanifestaciones diferentes de las quehubieran hecho». A tenor de lopreceptuado en el artículo9 391 delCódigo Penal, «la autoridad ofuncionario público será castigadocuando por imprudencia grave incurriereen alguna de las falsedades previstas enel artículo anterior».

A tenor de lo preceptuado en elartículo 14 del Código Penal, el errorinvencible sobre un hecho constitutivode infracción penal excluiría laresponsabilidad penal. Si el error fueravencible la infracción sería castigadacomo imprudencia. Del informe de

Eurostat podía colegirse y quedaacreditado que ni hubo error de hecho(error facti) ni error de derecho (erroriuris), que correspondería a laignorancia. De la misma forma, no seprodujo error de tipo (afecta al hechotípico, a la conducta típica) ni error deprohibición (que supone el conocimientoo desconocimiento de las normaspenales). No cabía invocar el errorcuando se utilizan vías de hechodesautorizadas por el ordenamientojurídico, que todo el mundo sabe y atodos consta que están prohibidas.Descartada la posibilidad de unaconducta errónea, los hechos

denunciados incidían, según mi cliente,en un presunto delito de falsedad endocumento público y en un delito dedaños a la economía nacional. ManosLimpias quería que el juez tuviera encuenta, en primer lugar, que el TribunalSupremo había manifestadoreiteradamente que lo que se protege esla fe pública y la confianza de lasociedad en el valor probatorio de losdocumentos, o en su valor constitutivo;en segundo lugar, que se causó un dañoefectivo para el tráfico jurídico; y entercer término, que se produjeron dañosdirectos o colaterales a la economíanacional y a los ciudadanos españoles,

que sufrieron un perjuicio económico aladoptarse medidas urgentes yextraordinarias al respecto, entre otras,la reducción de salarios, el aumentoconsiderable de expedientes deregulación de empleo, el incremento delparo, la reducción de prestacionessociales, etcétera.

No cabe duda de que mi cliente seinspiró en el ejemplo de Islandia. En elprimer caso de este tipo en el mundo, elexprimer ministro conservador Geeir H.Haarde afrontó un juicio en el queestaba acusado de negligencia grave porsu gestión de la crisis. Los bancosislandeses quebraron en octubre de

2008, el fatídico mes del colapso deLehman Brothers, y metieron a Islandiaen una profunda crisis de la que aún noha salido, y que ha provocado fuertessubidas de impuestos, un severo recortedel gasto público y un corralito queimpide a los islandeses disfrutar conlibertad de sus ahorros. El ejecutivoislandés se vio obligado a pedir ayudaal FMI. Una cuarta parte de la poblaciónse echó a la calle para pedir la dimisiónde Haarde tras la bancarrota, y el primerministro presentó su renuncia apenas dosmeses después. Los socialdemócratasganaron las elecciones posteriores. Laimputación del exmandatario islandés

llegó en septiembre de 2011, con elvisto bueno del Parlamento —por unescaso margen—, tras el informerealizado por una comisión deinvestigación para determinarresponsabilidades. La Fiscalía le acusóde incumplimientos de susresponsabilidades «cometidos desdefebrero a principios de octubre de 2008por negligencia grave», al desoír lasadvertencias que recibió sobre unainminente crisis de los bancos.

El conservador Haarde, jefe deGobierno entre 2006 y 2009, searriesgaba a una pena máxima de dosaños de cárcel en caso de ser condenado

por negligencia, o bien a una multa.Ninguno de los más de cuarenta testigosque declararon en el proceso, casi todospertenecientes a la élite política yeconómica del país, culpó directamentea Haarde de haber cometido algún delitograve. Finalmente la sentencia leabsolvió de tres de los cuatro puntos dela acusación —los más graves—, quealudían a su responsabilidad directa porno impedir o reducir los efectos de lacrisis financiera y no haber obligado alos bancos islandeses —cuyo volumende negocio llegó a ser diez veces el PIBdel país— a disminuir su tamaño. PeroHaarde fue condenado por un delito

menor (con el voto a favor de nueve delos quince miembros del tribunal), elque hacía referencia a la obligación delos ministros de convocar reunionesespecíficas para tratar temasimportantes. Esa condena menor no setradujo en ninguna pena para Haarde,que tampoco tuvo que pagar las costasdel juicio, 24 millones de coronasislandesas (unos 143 000 euros), querecayeron en el Estado.

Hay, al menos, una diferencia decalado entre el exprimer ministroislandés y el anterior presidente delGobierno español, a la hora de enfrentarsus responsabilidades por las ruinas

económicas de sus respectivos países.La primera es que el gobernante nórdicose sentó en el banquillo por negligenciagrave al desoír las advertencias sobre lacrisis de los bancos islandeses, mientrasZapatero no solo negó la crisis, sino queocultó y falseó ante Bruselas las cuentasdel déficit, según datos del gabinete deRajoy que más tarde fueron ratificadospor la Comisión Europea.

Centrémonos en la negación de lacrisis. Todos los expertos coinciden enque tanto Zapatero como su entoncesvicepresidente económico, PedroSolbes, se rindieron a la realidad de lacrisis el 15 de septiembre de 2008,

cuando cayó el banco norteamericanoLehman Brothers. Hasta que el elefanteno entró en la cacharrería, el diagnósticofue que la economía española asistía auna desaceleración más o menostemporal. Pero aun así, Zapatero y suequipo económico omitieronintencionadamente que los elementosfundamentales de la crisis eran decosecha propia. El aterrizaje suave fuesustituido por un durísimo estallido dela burbuja inmobiliaria.

Pero ¿qué pasó desde un año antespara que se llegara a esa situación? Larespuesta la da Ernesto Ekaizer en sulibro Indecentes, crónica de un atraco

perfecto (publicado por Espasa Librosen 2012). Cuenta Ekaizer que el primeroen darse cuenta de la situación fue elentonces director de la OficinaEconómica de la Presidencia delGobierno, David Taguas, que comenzó aseguir los rastros de la crisis durante elverano de 2007, mucho antes de laaparición de los síntomas más visiblesen Estados Unidos. «Taguas —cuenta elperiodista en su obra— empieza a creerque la crisis está cada vez más cerca deEspaña. El presidente que encara losúltimos nueve meses de legislatura seagobia ante una visión que ve comocatastrofista, ya que tanto su ministro de

Economía y Hacienda, Pedro Solbes,como el gobernador del Banco deEspaña, Miguel Ángel FernándezOrdóñez, están en las antípodas. Enaquellos días de julio de 2007, mientrasdespachan en La Moncloa, el presidente,de pie, desesperado por saber quién deverdad tiene razón, si Taguas, Solbes oFernández Ordóñez, levanta la voz y sedesgañita a solas ante su asesoreconómico de confianza. “Me gustaríaver lo que tú ves y que nadie más que túve”, le dijo».

A finales de agosto se produjo lasiguiente conversación telefónica entreTaguas y Miguel Sebastián, otro de los

gurús económicos del zapaterismo, quehabía dejado la Oficina Económica paracompetir en las elecciones alAyuntamiento de Madrid y que, despuésde la victoria socialista en laselecciones generales de 2008, fuenombrado ministro de Industria por ellíder socialista.

—Miguel, viene una crisis muygorda. Estos del Banco de España no seenteran o no quieren enterarse. Lastensiones en los mercados son tremendaspara nuestro sistema financiero.

—No sé, David, estoy algo alejado.No leo mucho la prensa. Pero me pareceque exageras. Mira, recuerda lo que

pasó en 1998. Esto se parece alconstipado ruso. Hasta nos puede venirbien para enfriar un poco la economíaespañola.

Ekaizer narra otra conversaciónparecida días después en una comida enel palacio de La Moncloa, en la queestaba presente Zapatero. Lasdiscrepancias también llegaron amediados de septiembre en una cena enla casa del empresario Luis del Rivero,a la que asistieron, además de Taguas ySebastián, el vicesecretario general delPSOE, José Blanco, y el amigo personaldel presidente del Gobierno, Javier dePaz. Sebastián sacó a relucir la crisis, el

asunto central de la charla.—¿Dónde coño ves la crisis, David?

Que nos hundimos, ¿no? ¿Te has miradolas matriculaciones de coches de lujo?Van como un tiro.

—¿Y eso qué nos dice? También labolsa está en máximos y el euro comonunca. ¿Qué tiene eso que ver? Ohacemos algo o esto se nos va…

El debate, según Ekaizer, se tornóagrio. El amigo del presidente tomó lapalabra para aliarse con Sebastián.

—La verdad es que la informaciónque nos llega de grandes superficies ycentros comerciales es buena. Elconsumo de pollo, por ejemplo, está

aumentando mucho. Yo tampoco veorazones para dramatizar.

José Blanco siguió la conversaciónsin intervenir. Quien sí lo hizo fue elanfitrión, para fijar posición a favor deTaguas.

—El mercado de la vivienda y laconstrucción están en claradesaceleración. Y estoy de acuerdo conDavid: aquí tiene que haber un plan olas cosas pueden ir a peor.

Zapatero comenzó a entender lo queTaguas le decía cuando se produjo laquiebra de Lehman Brothers. Noobstante, seguía el asunto como si fueseuna típica reyerta entre economistas.

Para el presidente y su ministro deEconomía se trataba de una crisisbásicamente importada, cuyo alcancesería limitado. La idea era que laeconomía atravesaba un bache, que 2008y 2009 iban a ser dos años difíciles yque se remontaría el vuelo a través de unplan de estímulo fiscal: la devolución decuatrocientos euros en la declaración dela renta, el cheque-bebé y, sobre todo, elPlan E de obras públicas.

José García Abad resume en su libroEl hundimiento socialista (publicadopor Planeta en 2012) que Zapatero llegóa La Moncloa inesperadamente, a laprimera, tras la impresión provocada

por los atentados de Atocha y losintentos del gobierno de Aznar deatribuirlos al terrorismo etarra.«Durante el primer cuatrienio, instaladosobre la euforia de la burbujainmobiliaria, el inexperto gobernantepudo tirar de talonariodespreocupadamente para financiarmejoras sociales, al tiempo quepromovía la extensión de derechos amujeres y homosexuales. En marzo de2008 vuelve a ganar las elecciones,aunque con menos escaños de los queesperaban los socialistas. El veranoanterior había estallado la burbujainmobiliaria y empieza a notarse su

efecto en la economía real. Zapateroniega la crisis y promete unadesgravación de cuatrocientos euros porcada contribuyente, independientementede su renta, que unida al cheque-bebé —otorgado a todos los padres, sea cualfuere su capacidad económica— y a lasupresión del impuesto sobre elpatrimonio detraen del Tesoro Público8000 millones de euros que tannecesarios habrían sido para reducir eldéficit del Estado. La catástrofe estápues servida desde el principio de lalegislatura. Es evidente que la causafundamental de la caída fue la gestión dela crisis económica, mal llevada por

José Luis Rodríguez Zapatero».La denuncia de Manos Limpias cayó

en el Juzgado de Instrucción número 40de Madrid, cuyo titular —Enrique de laHoz García— dictó una providencia,fechada el 4 de junio y notificada a laspartes el día 7, por la que acordó abrirdiligencias previas en el procedimientoabreviado 1895/2012 contra el exjefedel ejecutivo y su vicepresidentaeconómica y dio traslado de los hechosdenunciados al Ministerio Fiscal paraque presentase el preceptivo informe. Enla misma resolución judicial secomunicó al sindicato de funcionariosque el escrito de denuncia debía

transformarlo en querella, al tiempo quele exigía que depositase una fianza de3000 euros. El secretario general deManos Limpias montó en cólera cuandoconoció la cuantía de la fianza. «Nosomos el Banco de España. En el casode los fraudes de los ERE de Andalucíala juez Alaya nos pidió 300 euros y en elescándalo Gürtel el juez Pedreira nossolicitó 1500», dijo Bernad a losperiodistas para justificar su intenciónde impugnar la cuantía de la fianza porexcesiva y desproporcionada . Eso sí,como es habitual en el colectivo, ManosLimpias animó a los ciudadanos a queles ayudasen a cubrir los 3000 euros.

Para ello, colgó en su página web unnúmero de cuenta de Banesto en el quelos ciudadanos debían ingresar susdonativos.

«Ciertamente —escribió Luis MaríaAnson en la columna que publica en eld i a r i o El Mundo a mediados deseptiembre de 2011— Zapatero hadilapidado la suculenta herencia que ledejó Aznar. Recibió un paro dominado yen retroceso, en el entorno de los 2 000000. Se mueve ahora por la frontera delos 5 000 000. Le dejaron el déficitpúblico a cero y lo elevó por encima delos dos dígitos. Se benefició de unadeuda de las más bajas de Europa y la

ha puesto al galope desbocado. Letrasvasaron un sólido tejido empresarialy ha cerrado cerca de 400 000empresas, amén los incontables eres quese han promovido».

El Plan E, el mayorderroche de la historiaCongreso de los Diputados. Calle deFloridablanca, sin número, en Madrid.Jueves 27 de noviembre de 2008.Cuatro horas y cinco minutos de latarde.

El presidente del Gobierno, JoséLuis Rodríguez Zapatero, subió con pasolento los cinco escalones que dan accesoa la tribuna de oradores del hemiciclo.En su mano derecha, una carpeta condocumentos. Dentro estaban el guión desu discurso y los informes que le

prepararon varios de sus ministros. Setrataba de dar a conocer a la cámarabaja, a petición propia, su enésimoproyecto anticrisis, más conocido en lajerga periodística como el Plan E. Trascondenar los atentados terroristas deBombay (India) que se produjeron aqueldía, y después de un breve análisissobre la situación económica por la queatravesaba España, el jefe del ejecutivosocialista entró en materia de lo que ibaa anunciar en las Cortes.

—El gobierno va a aprobar en elConsejo de Ministros de mañana un realdecreto-ley con una dotaciónextraordinaria de 11 000 millones de

euros para inversión en obra pública, enequipamientos públicos vinculadosespecialmente a los ayuntamientos y conlos que esperamos conseguir lageneración de 300 000 puestos detrabajo el próximo año.

La bancada socialista interrumpió asu líder con aplausos, los primeros detoda la intervención del presidente delGobierno.

—Son 11 000 millones de euros que,como saben, representan un esfuerzo del1,1 por ciento del PIB de nuestro país;11 000 millones de euros a través de uncrédito extraordinario con cargo alpresupuesto de 2008. Como primera

actuación, con cargo a este créditoextraordinario, el gobierno va a poneren marcha con carácter de urgencia unfondo extraordinario de inversiónpública en el ámbito local destinado a larealización de obras de nuevaplanificación y ejecución inmediata quesean de competencia local, que tenganlógicamente el objetivo de generarempleo, capitalizar nuestras ciudades ypueblos y, por supuesto, contribuir a laeconomía productiva. Serán obras deconstrucción, adecuación, rehabilitacióny mejora de entornos o espaciospúblicos urbanos, infraestructuras,instalaciones o edificios públicos, así

como de promoción industrial;construcción, adecuación,rehabilitación, mejora de edificios yequipamientos sociales, sanitarios,educativos o deportivos. El fondo serágestionado por el Ministerio deAdministraciones Públicas y estarádotado con 8000 millones de euros paratodos los ayuntamientos de nuestro paíspara inversión en obra pública.

Los diputados socialistas volvierona irrumpir con una nueva ovación. Elpresidente del Gobierno se calló duranteunos segundos, para a continuaciónproseguir con su discurso.

—Para que se den cuenta de lo que

esta cifra supone, les diré que representaaproximadamente el doble de lainversión prevista por los ayuntamientosen el año 2009. El objetivo del fondo esmovilizar trabajadores, empleos yrecursos que previsiblementeprocederán en buena medida de losexcedentes a que ha dado lugar el ajustetan brusco en el sector de laconstrucción que nuestra economía vieneexperimentando. En concreto, solo coneste fondo de inversión públicaesperamos crear alrededor de 300 000puestos de trabajo en 2009. Ademáspermitirá sostener la viabilidad y elempleo de muchas pequeñas y medianas

empresas relacionadas con laconstrucción y actividades anexas comomaquinaria, equipamiento, ingeniería otransporte. El fondo va a suponertambién un impulso de primer orden a lainversión municipal —el mayor que sehaya hecho en la historia de España— y,por tanto, a mejorar las dotaciones decapital precisamente en un momento enque las entidades locales gozan de unmenor margen de actuación en esteterreno. Es, pues, un impulsoextraordinario a la cooperación localdesarrollada por el Estado, que darespuesta a la situación tambiénextraordinaria por la que las entidades

locales atraviesan. […] Hoy, sin perderni un día, y en sintonía con laspropuestas anunciadas por la ComisiónEuropea, les acabo de exponer lasnuevas iniciativas que vamos a adoptarde inmediato y que están llamadas atener un gran impacto a corto plazosobre la actividad económica y elempleo en nuestro país. Con ellas secompleta un plan de actuación globalcontra la crisis que opera sobre todoslos escenarios donde es posibleimpulsar la demanda, que atiende a losproblemas específicos de la economíaespañola y, muy en particular, alempleo. Constituyen, señorías, un

poderoso arsenal, seguramente inéditopor su magnitud, para contrarrestar eldescenso de la actividad, y estoy segurode que sus efectos se van a apreciar connitidez en los próximos meses, porquecomportan un estímulo fiscalextraordinariamente amplio; inciden yactúan sobre todos los ámbitos donde, ajuicio del gobierno, es posible ynecesario combatir las consecuencias dela crisis; integran, junto a lospresupuestos para 2009, un plan globalde acción frente a ella; un plan global, elplan español para el estímulo de laeconomía y del empleo.

El presidente del Gobierno

comprobó aquel día en el Congreso delos Diputados el nivel del desgastepolítico sufrido no tanto por los efectosde la crisis, sino por su empeño ennegarla primero y en minimizarladespués, para, al final, aceptar queexistía y que era grave. La contundenteréplica del entonces líder de laoposición, Mariano Rajoy, se aproximómás al diagnóstico del ciudadano que aloptimismo impenitente de Zapatero.

—Señorías, después de escuchar alpresidente del Gobierno, todo pareceindicar que, por fin, ha descubierto lacrisis en casi toda su dimensión.Debemos felicitarnos porque es un paso

muy importante en la dirección correcta.Cualquiera pudo verla venir de lejos,pero él no quiso, por razoneselectorales, y comenzó negándola.Desde entonces ha recorrido todo elabanico de posibilidades diagnósticas,desde: «no pasa nada» a «pasa peropoco»; luego: «pasa algo, pero no nosafecta»; después: «nos afecta, peronuestra posición es muy sólida»; mástarde: «esto es un poco más grave yparece que va a ser largo», etcétera.Previsiones todas de una precisión tanelástica que se parecen a las de aquelque afirmaba: este veranoprobablemente hará calor y el próximo

invierno es posible que haga frío.Se pudieron escuchar risas en la

banca popular y silencio en el resto delhemiciclo.

—Hoy nos trae otro paquete demedidas. Escuchen, señorías, lo quedecía el presidente del Gobierno en estacámara el pasado 10 de septiembre: «Elgrueso de las medidas que dependen delgobierno está ya aprobado y endesarrollo y tendrán en su caso suoportuna plasmación en el proyecto depresupuestos que remitiremos a estacámara. Por eso no esperen una nuevabatería de anuncios o propuestas. Notiene sentido improvisar o aprobar todos

los días nuevas iniciativas». Fin de lacita. Teniendo en cuenta lo que hoy senos anuncia y los dos paquetes demedidas previas presentados ya desdeaquella fecha, puede estar tranquilo,señor Rodríguez Zapatero, si lo quepretendía era dejar de ser previsible ycrear el desconcierto. Puede usted tenerla seguridad de que lo ha conseguido.Ha generado usted un enormedesconcierto, porque lo cierto es que,desde el debate de investidura hasta hoy,nos ha presentado usted siete paquetesde medidas para, según su tesis,combatir la crisis, frenar el desempleo yasegurar la cohesión social. Unas

cuantas.Unas cuantas irregularidades —y

gravísimas, por cierto— fueron las queencontró el Tribunal de Cuentas en suexamen del Fondo Estatal de InversiónLocal (FEIL). Según el duro informe delprincipal órgano fiscalizador delEstado, presentado en el Congreso endiciembre de 2012, casi tres de cadacuatro obras y proyectos ejecutados enel marco del primer Plan E de Zapatero,en el año 2009, no acreditaron serinversiones de necesidad pública paralos municipios en los que se realizaron.El documento concluye que el 70 porciento de los proyectos financiados

incumplió con lo que era un requisitobásico para la adjudicación de losfondos invertidos, en total 8000millones de euros que suponían el 0,8por ciento del PIB de España en el año2009. El estudio elaborado por elTribunal de Cuentas se desarrolla sobreuna muestra de 1270 proyectos llevadosa cabo en 700 ayuntamientos ymancomunidades y pone en entredichodos de las principales bases sobre lasque se articuló ese primer plan deestímulo de la economía con el que seintentó atajar los efectos del pinchazo dela burbuja inmobiliaria: el fondo nosirvió para crear empleo estable a largo

plazo (solo el 4 por ciento de lostrabajadores contratados seguíantrabajando en la empresa a finales de2011) ni desarrolló obras consideradasde necesidad básica para los municipiosque, en su mayoría, aprovecharon elPlan E para llevar a cabo obras yaprevistas con anterioridad y noejecutadas por falta de fondos.

Así, y según las conclusiones delTribunal de Cuentas, solo el 26 porciento de las entidades analizadas (179municipios) manifestó haber establecidolas necesidades públicas de la localidadcomo criterio para seleccionar losproyectos que se presentaron después al

Ministerio de AdministracionesPúblicas para su aprobación. El órganofiscalizador destaca, en este sentido, quesi bien la mayoría de las corporacionesmanifestó su intención de satisfacercuestiones básicas, solamente un númeroreducido utilizó el orden de prelación delas necesidades del municipio parapresentar al ministerio unos proyectos yno otros y llevó a cabo un procesointerno de selección de proyectos enbase a criterios preestablecidos.Además la propuesta se acompañó deuna justificación de la necesidad públicaa satisfacer. Es más, el 37 por ciento delas entidades consultadas no incluyeron

tampoco en la propuesta del proyectouna motivación razonada que justificasela necesidad de la inversión, «lo quesupone —según el Tribunal— unadebilidad del proceso de selección, entanto en cuanto el momento en el que sepropone la realización de un proyecto esel más oportuno para justificar sunecesidad y la unidad proponente esquien mejor conoce las razones de lapropuesta».

El Fondo Estatal de Inversión Local(FEIL) fue creado en el marco del PlanE para favorecer aquellas inversionesde ejecución inmediata quecontribuyesen, a su vez, a dinamizar a

corto plazo la actividad económica einfluyeran directamente en la creaciónde empleo. En la solicitud definanciación los ayuntamientos debíanindicar obligatoriamente el número depersonas que se preveía serían ocupadascon dichos proyectos, si bien en lapráctica dichas comunicaciones fueron,casi en la mitad de los casos, merasestimaciones que luego se quedaronlejos de la realidad o no se cumplieronpor parte de las empresasadjudicatarias. Según las conclusiones alas que llegó el Tribunal de Cuentas, lasempresas adjudicatarias incumplieron elcompromiso de contratación de

desempleados en el 11 por ciento de loscontratos suscritos. Este incumplimientoafectó a 14 206 desempleados quepodrían haber encontrado trabajo a raízdel Plan E. Otro 12 por ciento de losproyectos fue adjudicado a empresasque no se comprometieron a lacontratación de ningún trabajadorprocedente del desempleo, mientras queel 8 por ciento de los contratos noincluyó siquiera la condición especialde que el nuevo personal que elcontratista necesitase emplear seencontrase en situación de desempleo.Por todo ello el órgano fiscalizadorconcluyó que los ayuntamientos no

consideraron la creación de empleocomo una prioridad a la hora de elegirlos proyectos, lo que da más bazastodavía a la tesis de que muchos de ellosaprovecharon el canal de financiaciónabierto por el gobierno para ejecutarobras ya previstas con antelación.

Así las cosas, la mayoría de lostrabajadores empleados en las obras delPlan E formaban parte de susrespectivas empresas antes de que seejecutasen los proyectos financiados porel FEIL. Solo el 4 por ciento de los quefueron contratados específicamente paradicho plan continuaban trabajando en lasempresas durante el segundo semestre

de 2011. Lejos, muy lejos, quedaron los300 000 empleos que Zapatero prometióen su intervención parlamentaria denoviembre de 2008.

Las críticas del Tribunal de Cuentasfueron respondidas por el dirigentesocialista Gaspar Zarrías, que fuesecretario de Estado de CooperaciónTerritorial cuando se ejecutaba el plan.A su juicio, la puesta en marcha de esteprograma fue «una decisión política enun paisaje de contexto social yeconómico dramático» y llevada a cabopor un gobierno que entendía «el valorde las políticas públicas comoherramienta para cambiar las cosas, y no

ser meros espectadores». Durante eldebate sobre el informe que tuvo lugar afinales de diciembre en la ComisiónMixta de Relaciones con el Tribunal deCuentas del Congreso y Senado, Zarríasquiso hacer hincapié en que ningúnalcalde puso el grito en el cielo nirechazó el dinero que llegaba delEstado. Desde el PP, su portavoz en lacomisión, Eloy Suárez, indicó que «másque un plan, fue una ocurrencia de 8000millones que ha dejado muchas cargas».«Esta es parte de la herenciaenvenenada del PSOE», comentó trasasegurar que el hecho de que solo el 4por ciento de los contratados por el Plan

E siguieran trabajando en el segundosemestre del año demuestra el absolutofracaso del programa en lo relativo a lacreación de empleo. Llegados a estepunto, conviene recordar las palabrasque le dijo Rajoy al entonces jefe delejecutivo durante la sesión plenaria del27 de noviembre de 2007.

—Señorías, desbarajuste, señorRodríguez Zapatero. Esa es la expresiónque mejor define la actuación delpresidente del Gobierno en este terreno.Un puro desbarajuste. Pero ¿para quéinsistir? Juzguemos estas medidas comodesea el señor Rodríguez Zapatero quese juzguen: por su capacidad para crear

empleo y reducir el paro. […] Señorpresidente del Gobierno, a veces tengola impresión de que usted hace cosaspor hacer, porque alguien le ha dichoque tiene que liderar algo, pero esta noes la forma de gobernar este país.

Ahora falta depurar lasresponsabilidades ante los Tribunalesde Justicia. De momento —y aunque lainvestigación todavía se encuentra enuna fase inicial—, el Tribunal deCuentas considera que hay materiasuficiente para entrar a fondo en lagestión de once ayuntamientos y hapuesto los hechos en conocimiento de suFiscalía. Los municipios son los

siguientes: Burgos, Gijón, DosHermanas (Sevilla), Gerona,Villajoyosa (Alicante), Móstoles(Madrid), La Carolina (Jaén), Bembibre(León), Telde (Canarias), Bigastro(Alicante) y Hazas de Cesto (Cantabria).En los años que se concedieron lasayudas económicas, cinco de esascorporaciones estaban gobernadas porel PSOE (Gijón, Dos Hermanas,Gerona, Bembibre y Bigastro); cuatro,por el PP (Burgos, Móstoles,Villajoyosa y La Carolina, estas dosúltimas en coalición con candidaturasindependientes); mientras que en Teldegobernaba Nueva Canarias y en Hazas

de Cesto el Partido Regionalista deCantabria (entonces dirigido por MiguelÁngel Revilla).

Una vez tomada la decisión, elTribunal de Cuentas nombró a undelegado instructor para que realizaralas diligencias que consideraseoportunas, principalmente las de recabartoda la documentación relativa a lasobras y/o contratos, para determinar sitodos los aspectos estaban justificados yadecuados a la legalidad.Posteriormente hará lo que se conocecomo «acta de liquidación provisional»,que puede ser positiva o negativa. En elprimero de esos casos determinaría que

no existe una justificación en esamateria, por lo que devolvería elexpediente al Tribunal de Cuentas paraque abriese el correspondienteprocedimiento de reintegro, con lostrámites previstos en el mismo(demanda, contradicción, etcétera). Esteproceso iría dirigido a exigir unaresponsabilidad contable y lograr ladevolución a las arcas públicas de esedinero no justificado.

Pero, además, si en el transcurso dela investigación se comprobase que nosolo ha existido una falta dejustificación, sino que se ha podidoincurrir en algún tipo de delito —por

ejemplo, malversación de caudalespúblicos— se daría cuenta de ello a laFiscalía del Tribunal de Cuentas paraque, a su vez, lo pusiese enconocimiento del Ministerio Público dela jurisdicción correspondiente para queiniciase, si lo considerase oportuno, lasacciones legales pertinentes contraquienes hubiesen podido incurrir en esosdelitos (esto es lo que ha ocurridorecientemente respecto a unainvestigación abierta por el Tribunal deCuentas, en la que se comprobó que sehabían vendido bienes que estabanembargados judicialmente).

Al muñidor del proyecto —el

expresidente del Gobierno José LuisRodríguez Zapatero— no le alcanzaningún tipo de responsabilidad judicial.Mientras tanto, todos los expertos en lamateria, tanto políticos comoeconómicos, coinciden en que el Plan Efue el mayor derroche de dinero públicode toda la historia en España.

Burguillos, el pueblomás endeudado de

EspañaAyuntamiento de Burguillos (Sevilla).Plaza de la Constitución, número 1.Lunes 22 de junio de 2009. Durante latarde.

Un grupo de ciento sesenta pequeñosempresarios celebraron una asamblea enel salón de plenos del consistorio.Estaban desesperados. El ayuntamientoles adeudaba más de catorce millones deeuros por proyectos, obras ysuministros. No sabían qué podían hacer

para cobrar lo que se les debía. Durantela reunión empezaron a surgir ideas.Desde llevar a cabo una nuevamanifestación —unos meses antesconvocaron una que no les sirvió demucho— hasta la asistencia masiva a losplenos para reventar las sesiones,incluyendo el boicot al acceso a losedificios públicos. El enfado era enormey se palpaba en el ambiente. Habíaninvitado a la alcaldesa, la socialistaMariana Pérez González, y a susconcejales al objeto de debatir lasituación de la deuda, si bien nadie delequipo de gobierno se dignó a acudir.«Estamos muy quemados», no paraban

de repetir los empresarios.Burguillos es un pueblo de la

provincia de Sevilla, en pleno cruce decaminos de la antigua ruta haciaCórdoba que pasaba por Cazalla de laSierra. En el año 2011 fueron censadosun total de 6286 habitantes, siendo suvecina más ilustre la tonadillera Mariféde Triana, fallecida el 16 de febrero de2013.

Pese al plantón de la junta degobierno del municipio, los pequeñosempresarios no estaban indignados conla nueva alcaldesa, sino con supredecesor, el también socialista JuanJosé López, que había dejado el cargo

dos meses antes, según decía, por la«bestial campaña» en contra que estabasufriendo. La realidad es que había sidocondenado a ocho años de inhabilitaciónpara ostentar cargo público por dar unalicencia de obra que autorizaba unaplanta más en un bloque, obviando losinformes técnicos y sin esperar a que seaprobara la innovación del Plan deOrdenación Urbana que solicitó lapromotora del proyecto. Así quedórecogido en un fallo que hizo público elPartido Popular, el grupo municipal quedenunció el caso. El titular del Juzgadode lo Penal número 12 de Sevillaconsideró que López era autor de un

delito contra la ordenación delterritorio, por lo que le impuso unamulta de 4500 euros y las costas deljuicio. La pena de ocho años deinhabilitación estaba próxima al mínimolegalmente previsto, según se explicó enel fallo, ya que el juez consideró que laactuación del edil no tuvo unatrascendencia significativa, porque laconstrucción pudo ser legalizada, altiempo que valoró el hecho de que elacusado carecía de antecedentes.

Lo cierto era que el exalcaldesiempre tuvo varias denuncias en losjuzgados por presuntas irregularidadesurbanísticas y trato de favor a una

sociedad empresarial vinculada a lossocialistas de esa localidad. Mesesantes había declarado como imputadoante el Juzgado de Instrucción número 3de Sevilla por la compra —en beneficiode la empresa de un primo suyo y demiembros del PSOE de Burguillos— deuna finca de 59 475 metros cuadradoscalificada como rústica y pagada enparte con dinero negro. Losatemorizados vendedores, cuatrohermanos vecinos del pueblo nadaacostumbrados a pasar por el juzgado —y menos como imputados—, no tuvieronmás remedio que reconocer que lacompraventa se cerró en 75 millones de

pesetas, pero solo se hicieron constar 20millones. «Los compradores nos dijeronque eso había que hacerlo así. Ademásnos dejaron claro que por allí iba apasar una carretera y que si novendíamos, aquello no iba a valer nadacon el paso del tiempo», le dijeron aljuez. A día de hoy allí no hay carretera,solo viviendas. Por su parte, el alcalde—todavía lo era por aquellas fechas—manifestó en el juzgado que la finca secompró por una «emergencia social», yaque causaba, según dijo, problemas almunicipio. La juez encargada del casotras la denuncia del PP dio por hechoque la compra de los terrenos se efectuó

con dinero negro, pero archivó el casopor prescripción forzosa.

Lo que más indignaba a lospequeños empresarios que no podíancobrar lo que les adeudaba elayuntamiento no era la caja B municipal,sino el sueldo del regidor López, uno delos más altos de España, por encima deljefe del Gobierno de la nación, elpresidente de la Junta de Andalucía y elalcalde de Madrid. Según habíadenunciado el PP, el primer edilcobraba 8400 euros mensuales, quesuponían al año la desorbitada cifra de100 800 euros, a los que había quesumar remuneraciones por la asistencia

a los consejos de administración de lasnada menos que cuatro empresaspúblicas del municipio. El PartidoPopular dijo conocer solo lo que elregidor percibía por la asistencia a unode esos consejos —el de BurguillosNatural—, a razón de 200 euros porreunión de los directivos.

Las primeras irregularidades en lagestión de Juan José López comenzarona aparecer en la prensa —en concreto enla edición sevillana del diario ABC— amediados de 2006. El entonces alcaldelas negó todas. Incluso llegó a remitiruna extensa nota de rectificación alperiódico, cuyo párrafo final era todo un

elogio a su honradez. «Quieroexpresamente constar: como quiera queel interés de este alcalde es y ha sidosiempre el de actuar en lo público con lamejor honestidad y transparencia,excuso decir que cualquierdocumentación que pudiera aclarar aúnmás dicho extremo será diligentementeaportada a protocolarización, así comomanifestar que me pongo a disposiciónde la justicia para todo lo que estaprecise, como he estado siempre tantoen mi trayectoria personal comopública».

Que Juan José López tenía deliriosde grandeza —a costa, eso sí, de las

arcas municipales— lo prueba la ideaque se le ocurrió a finales del siglopasado para construir un aeropuerto enel pueblo, de la cual ha quedadoconstancia en los archivos delayuntamiento. Dinero —no suyo, sino dela corporación municipal— parece quetenía debido a los conveniosurbanísticos. Según la documentación enpoder del consistorio, el alcalde yahabía escogidos los terrenos y diseñadoel proyecto. Para ello hubo que pagar —con cargo, por supuesto, al bolsillo delos ciudadanos— los honorarios de lacasa de patentes de Boadilla del Monte,en Madrid, que se encargó de registrar

el logotipo y al arquitecto que reflejó enplanos el aeródromo, la terminal, loshangares (incluidos los privados depago) y sus alrededores, donde estabaprevisto construir un sector universitariopara que los estudiantes de aeronáuticarealizaran prácticas, una residencia paraestos, con zona deportiva, naturalmente,y un proyecto residencial con viviendasunifamiliares. Ese era uno de los puntosclave de la idea, ya que el alcalde —aimagen y semejanza de lo que buscabaFrancisco Hernando, el Pocero, con suurbanización de Seseña— pretendía queel pueblo pasase de algo más de 6000habitantes a 24 000 en solo diez años.

Según el desglose que se conserva en elayuntamiento, el proyecto tenía un costeinicial de 6293 millones de pesetas(unos 38 millones de euros), es decir, unmillón por cada vecino: 5800 para laobra en sí y el resto para licencias yhonorarios varios. En el desglose sedetallan todos los gastos, desde losmovimientos de tierras hasta laurbanización, pasando por los jardines,la pista y la terminal. Además se adjuntaun amplio anexo con los costeslaborales de los puestos a crear: cuatrocontroladores, técnicos, jefes, dosvicedirectores, dos directores, ungerente y una treintena de profesores,

que se encargarían de la instrucción delos estudiantes de aeronáutica.

Pasaron los años y llegaron laselecciones municipales de mayo de2011. La principal consecuencia deaquellos comicios para Burguillos fueque el PSOE perdió el poder y pasó a laoposición. El PP se hizo con la alcaldíay su primera decisión fue levantar todaslas alfombras del consistorio. Lasuciedad que salió de allí ha dejado amedia España con la boca abierta. Perovayamos por partes. La primera noticiadel asunto se conoció el 23 de marzo de2013, cuando Burguillos saltó a lasprimeras de los periódicos al darse a

conocer que el pleno ordinario delayuntamiento había declarado lainviabilidad del Consistorio ante laimposibilidad de afrontar una deuda de70 millones de euros. Tal era la quiebra,que los ediles solicitaron auxilio a laDiputación de Sevilla, a la Junta deAndalucía y al gobierno. Como no podíaser de otra manera, Domingo Delgado,el actual alcalde de Burguillos, echabala culpa de las enormes deudasmunicipales al anterior equipo degobierno socialista, que abocó al puebloa la más absoluta ruina económica. Silos vecinos tuvieran que sufragar ladeuda municipal, debería abonar cada

uno de ellos 11 000 euros, una cifra quees más del doble de la que motivó elfamoso rescate del ayuntamiento deJerez y multiplica por cuatro y cinco lasde La Línea o Barbate. Además, esos 11000 euros por cabeza hacen queBurguillos se sitúe en el primer lugar dela lista de los municipios másendeudados de España. A muchadistancia le siguen Monasterio de laSierra, en Burgos, con 8520 euros dedeuda por habitante; Aguilar de Segarra,en Barcelona, con 8344; Navajas, enCastellón, con 6757; Puebla de laSierra, en Madrid, con 6464; SanTorcuato, en La Rioja, con 6308;

Capolat, en Barcelona, con 6303; yPleitas, en Zaragoza, con 5349. Ladeuda total de los municipios españolesascendió el 31 de diciembre de 2012 amás de 35 163 millones de euros, con loque la media por habitante se situó en744 euros.

Burguillos era el primerayuntamiento de España que sedeclaraba inviable por las deudas, yademás por unanimidad de los partidos.El ayuntamiento tenía en 2013 un totalde 3,5 millones de euros de ingresosanuales, con lo que deberían pasarveinte años y pico para poder pagar ladeuda. En mayo de 2010 el anterior

gobierno local socialista se convirtiótambién en el primero de España enpedir su disolución porque no podíaafrontar nóminas y servicios básicos. Lajunta de Griñán y el gobierno deZapatero hicieron oídos sordos a esasreclamaciones.

Tras las municipales de mayo y elcambio de gobierno, el ayuntamiento sevio cercado por los jueces, quereclamaban el pago de condenas porescándalos anteriores al mandato delPP. De los más de 70 millones de eurosde deuda, 2 millones iban a cubrirresponsabilidades por sentencias firmes,de imposible cumplimiento dada la falta

de liquidez del consistorio. Pero es que,además, el ayuntamiento se enfrentaba acontinuas reclamaciones de laDiputación de Sevilla y de la Junta deAndalucía para que devolviese los dosmillones de euros otorgados ensubvenciones al anterior equipomunicipal. Además esas reclamacionesse plantearon con unos intereses yrecargos absolutamente usureros einadmisibles, teniendo en cuenta lasituación en la que se encuentra elconsistorio. Por último, la junta teníaembargado el cien por cien de lostributos municipales, lo que impidemantener en marcha el ayuntamiento. La

asfixia municipal se complicó porque laadministración local tenía que darsuministro eléctrico a unas 300viviendas a través de generadores, cuyoconsumo de gas-oil le costaba 30 000euros al mes, debido a que el anterioralcalde concedió licencias de primeraocupación sin que una urbanizaciónestuviese terminada.

No quedó ahí la cosa. Por aquellosdías también se supo que la empresa deManuel Caramé, marido de la consejerade Hacienda y Administración Públicade la Junta de Andalucía, CarmenMartínez Aguayo, recibió 52 000 eurosen pagarés mensuales facilitados por el

ayuntamiento socialista. Según denuncióel PP, la relación laboral de Caramécon Burguillos se mantuvo entrenoviembre de 2004 y julio de 2008, laetapa de mayor expansión urbanística enel municipio sevillano. Lo curioso esque, aunque constan los pagarés delayuntamiento de unos 900 eurosmensuales a nombre de Caramé, en elconsistorio no hay ni un solo informe,documento o escrito firmado por él. Porsi fuera poco, el empresario carecía dela titulación necesaria que le habilitarapara firmar proyectos urbanísticos. Ypara más inri el ayuntamiento contratólos servicios del marido de la consejera

incumpliendo un informe del interventor,Rafael Francisco Galán, queespecificaba que no se podía contratar aun asesor externo de urbanismo, ya queeran funciones que resultaban idóneaspara un funcionario público.

Al nuevo equipo de gobierno delayuntamiento le faltaba por revisar losgastos del regidor López y su equipo deconcejales, es decir, el examen de lasfacturas pagadas durante los años quedirigieron el consistorio. Aquello sí quefue una auditoría de infarto, porque elanálisis ofreció un resultadobochornoso: el exalcalde de Burguillosse había gastado entre los años 2005 y

2008 un total de 174 721,22 euros encomidas abonadas con las tarjetas Visay American Express del ayuntamiento,con las que también se pagaron diversosviajes, entre ellos uno a Bucarest(Rumanía), y numerosas compras deartículos de relojería, papelería ytelefonía en unos grandes almacenes.Las tarjetas eran utilizadas de maneraindistinta por el regidor socialista, quegobernó la localidad entre 1995 y 2009,y por el gerente de la sociedadmunicipal Burguillos Natural, JacintoRosas, entre los años 2003 y 2009,fecha en la que la empresa local entró enconcurso de acreedores.

Entre las facturas abonadas destacauna comida por importe de 479,32 eurosen el restaurante La Isla, de Sevilla, quetuvo lugar el 12 de mayo de 2006 y en laque los comensales tomaron langostinos,percebes, ostras, lenguado y merluza,entre otros manjares. Esa factura fuepagada con la Visa Oro de López, comorefleja el extracto de la entidadbancaria. Otra factura hace referencia aun gasto en 13 consumicionesalcohólicas en el hotel La Alquería, defecha 7 de septiembre de 2005 y por unimporte de 44,50 euros. La nota fuepagada por Burguillos Natural e incluíacombinados de whisky, ron o ginebra.

En total, las cuentas del ayuntamiento deBurguillos reflejaron un gasto de 25501,66 euros en comidas en el año2005; cantidad que se duplicó en 2006,año en el que el gasto se disparó a 52720,92 euros; y siguió creciendo en2007, hasta alcanzar los 63 518,33euros.

El ayuntamiento y la sociedadmunicipal que ahora está en quiebra nosolo realizaron esos ingentes gastos enágapes. Con las tarjetas de estasentidades también se realizaron diversospagos en compras en El Corte Inglés deartículos de relojería, telefonía,papelería y marroquinería. El 27 de

febrero de 2007 se contabilizó un pagode 4220 euros en artículos de relojeríapor parte de Burguillos Natural. Otrafactura, de 27 de diciembre de esemismo año y que asciende a 4118 euros,incluye la compra de material derelojería, papelería, bisutería ytelefonía. Del 21 de noviembre de 2005aparece la compra, también por parte deBurguillos Natural, de un libroelectrónico valorado en 350 euros, y el7 de septiembre de 2006 la entidad localcompró artículos de telefonía valoradosen otros 649 euros. Otra factura, de 23de junio de 2005, refleja un gasto de559,80 euros en material de fotografía.

Burguillos Natural también compró tresjuegos de escritura y material demarroquinería por valor de 2862 eurosel 11 de diciembre de 2006, según lafactura emitida por los grandesalmacenes. También figura la compra devarios ordenadores portátiles.

Además de esos artículos,Burguillos Natural pagó unos billetes deavión de Madrid a Bucarest (Rumanía),valorados en 2642,71 euros, el 27 deoctubre de 2003. Con fecha 4 de abril de2006 se pagaron billetes de Renfe paraun trayecto Sevilla-Madrid-Sevilla porimporte de 440 euros, y también hay otrogasto de 439,20 euros a Renfe por un

viaje a Barcelona, y facturas porestancias en hoteles de La Valette, Nizay Valencia con fecha 5 de septiembre de2006. En la contabilidad municipaltambién aparecen gastos no justificadosen el año 2005 como los realizados por9058,50 euros en Leroy Merlin en 2006,en El Corte Inglés por otros 2268,19euros, y pagos con tarjeta por otros3484,84 euros. En 2007 entre laspartidas no justificadas aparecencompras en El Corte Inglés por 4975,55euros, pagos con tarjeta por 2504,60 yotros 1308,93 en Leroy Merlin. En elejercicio 2008 se detectaron gastos nojustificados por 14 316,77 euros de

distintas tarjetas, compras en Urende por6333 euros, en El Corte Inglés por 4662y en La Alquería por 2415,18 euros. Enel año 2004 hay gastos no justificadospor valor de 34 298,05 euros y otros 12539,04 en la contabilidad del año 2003.La guinda del pastel fue el hechoconocido de que el alcalde socialistahabía pagado durante aquellos años conla Visa municipal su carnet del RealBetis Balompié.

Finalmente, el 22 de abril de 2013,la titular del Juzgado de Instrucciónnúmero 23 de Sevilla, María JoséMoreno, cerró la investigación por laconcesión presuntamente ilegal de

licencias de construcción de viviendasen la zona Norte Residencial 2 deBurguillos con dos imputados: Juan JoséLópez, al que el juez atribuye dosdelitos, uno de malversación decaudales públicos y otro contra laordenación urbanística; y Federico A. G,exarquitecto municipal, a quien tambiénse imputa el segundo de los delitos.Según el auto ordenado y mandado aqueldía, el exalcalde comenzó a dictarresoluciones y a firmar decretosconcediendo licencias pese a losreparos de los informes técnicos yjurídicos, que lo desaconsejaban. Lópezhizo caso omiso a estas

recomendaciones y siguió otorgandodichas licencias en contra de la ley. Dehecho, y ante el aluvión de informesdesfavorables, el exregidor, en lugar deatenerse a ellos, buscó la valoración delantiguo arquitecto municipal, quiennunca encontró motivos para frenar lacesión de permisos. La magistradadetalló cómo el entonces alcaldeconcedió licencia de obra deurbanización en junio de 2004, pese aque en tal fecha no estaba aprobado elproyecto de parcelación ni el proyectode urbanización. Además, iniciadosestos trabajos, López otorgó licencias deocupación aunque no estaban concluidas

las obras de suministro eléctrico, desoterramiento del arroyo El Chorrito nihaber ejecutado la rotonda de acceso enel sector.

Paralelamente, López firmó unconvenio urbanístico de gestión con laempresa Promociones Dovamar S. L.,que le hizo dos pagos. El primeroascendió a 80 447,30 euros, que debíanser destinados a la construcción de larotonda de acceso a la nuevaurbanización, más el saneamiento,abastecimiento de agua y convenio conla red eléctrica Endesa. Posteriormente,la sociedad entregó al ayuntamiento deBurguillos un aval por 159 979,40 euros

para las obras de urbanización. Puesbien, según la juez, estos trabajos no seejecutaron.

Tres semanas después de aquel auto,el ayuntamiento de Burguillos presentóun recurso de aclaración en el quereclama 4,37 millones de euros alexalcalde. El consistorio pretendióejercer la acción civil de reclamaciónde daños y perjuicios causados a laHacienda Pública como consecuencia delos gastos que tuvo que soportar engasóleo para la producción de energíaeléctrica (casi un millón de euros), enlas obras para dotar de servicios a laviviendas (905 000 euros) y en la

cantidad presupuestada para las quequedan por hacer (2,5 millones).Asimismo consideró que en el relato dehechos punibles se obvian y omitenhechos con relevancia penal que constanacreditados documentalmente en autos yque pretendía que fueran objeto deenjuiciamiento.

De momento no hay actuaciónjudicial ante el ingente derroche durantela gestión del regidor López. Pese aldespilfarro de dinero público, con elconsiguiente perjuicio a las arcasmunicipales, el exalcalde socialista deBurguillos se va de rositas. Ningúnreproche penal ni para él, ni para la

Diputación de Sevilla, ni para la Juntade Andalucía, que permitieron todo esedispendio.

Capítulo X

JUSTICIA SOLOPARA RICOS YPODEROSOS

Camino vecinal aprecio de autopista

El trámite de presentar un recurso anteel TC parece sencillo. Ustedes hanpodido ver muchas veces a dirigentespolíticos, sobre todo si son de los dospartidos mayoritarios, entrar en la sedede la calle Doménico Scarlatti, dirigirseal registro de la planta baja del edificio,entregar el escrito al funcionario —quelo sella— y salir minutos después a lapuerta, donde les suelen esperarcámaras y micrófonos para realizar, depie, unas breves declaraciones ante un

corrillo con periodistas. Los políticos lotienen fácil. Según el artículo 32 de laley orgánica 3/79, de 3 de octubre, estánlegitimados para presentar un recurso deinconstitucionalidad el presidente delGobierno, el Defensor del Pueblo,cincuenta diputados, cincuentasenadores o, cuando se trata de normasestatales que puedan afectar al ámbitode su autonomía, los órganos colegiadosejecutivos y las asambleas de lascomunidades autónomas, previo acuerdoadoptado al efecto.

El resto de los mortales lo tenemosmás difícil. No obstante, un frío lunes dediciembre, Javier María Pérez-Roldán y

yo, en nombre de la asociación deabogados Ius et Fides, presentamos anteel Tribunal Constitucional un recursocontra la ley 10/2012, de 20 denoviembre, por la que se establecendeterminadas tasas en el ámbito de laAdministración de Justicia. Lo hicimossin tener claro que nuestra iniciativafuese a prosperar. Aquel fue, sinembargo, el primer escrito que sepresentó en la sede del TC contra lacontrovertida norma que lleva el sellodel ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. De lo que sí estábamosconvencidos —y lo seguimos estandomeses después de la entrada en vigor de

la norma— era de nuestra rotunda yradical oposición a la ley aprobada porel Parlamento, porque antes de que elEstado se embolse dinero poradministrar justicia, debe adoptarmedidas que la mejoren. Es evidente, ennuestra opinión, que no se puede cobrarpeaje de autopista por el uso de uncamino vecinal, que muchas vecesaparece cortado.

He afirmado que no es fácil llegar alTC para plantear la inconstitucionalidadde una ley, si no se forma parte de ungrupo parlamentario de los llamadosmayoritarios. Por eso Ius et Fides tuvoque echar imaginación al asunto y

plantear su escrito como un recurso deamparo directo , por ser una normaautoaplicativa, siendo su entrada envigor la que produce una lesión a losderechos fundamentales reconocidos enla Constitución. Pero ¿qué es una normaautoaplicativa? La también llamada porla doctrina norma operativa o deeficacia inmediata hace referencia a unaley que adquiere vigencia plena en elmismo momento de su entrada en vigor.O dicho en otras palabras, es la propiavigencia de la norma la que generaconsecuencias en el ámbito subjetivo delos particulares, al despreciarse endicha ley el derecho a la tutela judicial

efectiva (en su vertiente de acceso a laJusticia) que establece el artículo 24 dela Constitución. En el caso de lasllamadas normas autoaplicativas se hande dar dos condiciones para que estaspuedan ser impugnables directamente:que la violación de derechosfundamentales sea cierta y de inmediatarealización.

A las puertas de la sede del TribunalConstitucional nos esperaban losperiodistas. «Hemos demostrado queante las medidas del actual gobierno esnecesario reivindicar la imaginaciónjurídica, el conocimiento profundo delderecho y rescatar del olvido viejas

instituciones jurídicas para defender losderechos de los ciudadanos», señalóPérez-Roldán ante micrófonos ycámaras. «En el recurso contenciosoadministrativo —que tambiénpresentamos ese mismo día ante laAudiencia Nacional— se denuncia queel gobierno ha incumplido el deberprevio, antes de publicar taldisposición, de dar un trámite deaudiencia de quince días a todos loscolectivos afectados. La ausencia deeste requisito determina su nulidad»,afirmé yo.

La motivación a la hora presentar elrecurso era clara: las tasas de Gallardón

vulneran el derecho de igualdad detodos los ciudadanos ante la ley, elderecho a la tutela judicial efectiva, elprincipio de capacidad contributiva y lajurisprudencia. En nuestra opinión —yasí quedó reflejado en el recurso—, laley 10/2012 es inconstitucional porquevul nera , inter alia, los siguientespreceptos de la de la Carta Magna:artículo 24.1 («todas las personas tienenderecho a obtener tutela judicial efectivade los jueces y tribunales en el ejerciciode sus derechos e intereses legítimos sinque, en ningún caso, pueda producirseindefensión»), artículo 14 («losespañoles son iguales ante la ley, sin

que pueda prevalecer discriminaciónpor razón de nacimiento… o cualquierotra condición o circunstancia personalo social») y artículo 119 («la Justiciaserá gratuita cuando así lo disponga laley y, en todo caso, respecto de quienesacrediten insuficiencia de recursos paralitigar»).

La ley de Gallardón vino ageneralizar la práctica del pago de tasapara poder recurrir a la Justicia,salvando dos órdenes jurisdiccionales—el penal y el militar—, de manera talque sin su abono previo para lasactuaciones previstas en la ley, lasecretaría de los órganos judiciales no

da curso a demandas, escritos opretensiones deducidas. La tasa es deaplicación universal, pues afecta tanto alas personas físicas como jurídicas ycon el único límite —con caráctergeneral— de aquellas que seandefendidas bajo el amparo de la ley deJusticia gratuita, siempre y cuandoactúen por medio los profesionalesdesignados por los turnoscorrespondientes, sin que exista laposibilidad, como hasta ahora, de poderelegir a un abogado de confianza queprometiera o jurara ante el colegiorespectivo que actuaría sin minutar suactuación. Nosotros consideramos que

la ley de tasas judiciales, por el importeque se establece a las mismas, creagraves perjuicios a la clase media, puesvienen a configurarse como una clarabarrera al acceso a la Justicia. Soloaquellos que por su situación decarencia de medios están amparados porla Justicia gratuita o aquellos que portener medios de sobra pueden hacerfrente al importe de la tasa accederán alos órganos jurisdiccionales, tal y comoestablece el artículo 24 de laConstitución. Por eso se puede decir quela cuantificación de la tasa alcanzaimportes expropiatorios.

Precisamente aquel frío lunes de

diciembre comenzó a aplicarse la nuevaley de tasas judiciales, tras lapublicación el sábado anterior en elBoletín Oficial del Estado (BOE) de laorden ministerial que regula elprocedimiento de liquidación y cobro.La orden recogía los dos modelos parala autoliquidación y la solicitud dedevolución por solución extrajudicial detasas judiciales.

La norma, tramitada con el carácterde urgencia en las Cortes Generales,salió adelante durante una jornada de lahuelga general —14 de noviembre de2012— con los votos en solitario del PPen el Senado. «El derecho a la tutela

judicial efectiva no debe ser confundidocon el derecho a la justicia gratuita»,señala el preámbulo de la norma, ante elamplio rechazo que ha recogido porparte de los grupos de la oposición y delconjunto de operadores jurídicos, queconsideran que la subida generalizadade las tasas dificulta el acceso a lostribunales y tendrá un efecto disuasorio.Así, las subidas más destacadas queintroduce la nueva ley se producen enlos casos de apelación del ámbito civily contencioso-administrativo, que seincrementan en 500 euros, y en lacasación de esos mismos órdenes, quepasan de 600 a 1200 euros. En fase de

apelación, se deberán pagar 800 eurosen ambos órdenes. El orden socialcontempla un coste de 500 euros ensuplicación y de 750 en casación ante elSupremo. El Congreso modificólevemente el proyecto original al eximira los trabajadores del pago del 60 porciento de la tasa prevista en los recursosde suplicación y casación en lo social.Además, se liberó del pago de la tasa alos procedimientos verbales omonitorios cuando la cuantía de lareclamación sea inferior a 2000 euros.Un procedimiento abreviado costará 200euros y uno ordinario llegará a 350euros en lo contencioso. En el orden

jurisdiccional civil, la tasa es de 150euros para un procedimiento verbal ycambiario, 300 euros para un procesoordinario, 100 euros en un monitorioeuropeo y una demanda incidental en elproceso concursal, y 200 euros en unconcurso necesario.

Las tasas alcanzan no solo a laspersonas jurídicas, sino también a laspersonas físicas. Están exentos del pagoquienes acrediten insuficiencia derecursos para litigar y sean beneficiariosde la Justicia gratuita, al igual que elMinisterio Fiscal, las administracionespúblicas, las Cortes Generales y lasasambleas legislativas de las

comunidades autónomas.El nuevo marco de la tasa parte, por

un lado, de que su gestión económicacorresponde al Ministerio de Hacienday Administraciones Públicas. Por otro,tiene en cuenta la puesta en marcha de laoficina judicial y las competencias delsecretario judicial, que «comprobará encada caso si efectivamente se haproducido el pago de la tasa,previéndose para el caso de que no sehaya efectuado que no dé curso a laactuación procesal que se solicite»,según la ley.

Analizando el incremento y lacuantía de las nuevas tasas judiciales, se

puede concluir que estas no cumplen conel principio de capacidad económica, yaque su hecho imponible —el ejerciciode la potestad jurisdiccional— y su baseimponible —la cuantía delprocedimiento— no están relacionadoscon la capacidad económica real delsujeto pasivo, máxime cuando eldevengo de la tasa judicial se produceen el momento en que, con caráctergeneral, se inicia el procedimiento (y nocuando finaliza). Cuando el sujetopasivo ejercita la potestadjurisdiccional no demuestra renta oriqueza que justifique la cuantía actual,que, en todo caso, podrá ser futura y,

desde luego, contingente (de ahí lanecesidad del ejercicio de la potestadjurisdiccional por parte de dichosujeto).

La medida contó con el rechazo deun amplio sector judicial. Asociacionesde abogados, jueces, fiscales yrepresentantes de la ciudadaníaexigieron al presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, que se sentase anegociar con ellos para conversar depoder a poder, es decir, desde el poderejecutivo al poder judicial, debido alfracaso de las negociaciones conAlberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo,Rajoy otorgó su apoyo al ministro. «Ha

hecho un esfuerzo para hablar, desdeluego cuenta con el respaldo delgobierno y de su presidente», señaló eljefe del Ejecutivo en referencia al titularde Justicia, añadiendo que la decisiónsobre las tasas es «sensata yequilibrada». Según Rajoy, los usuariosespañoles de la Justicia van a pagar el10 por ciento de lo que cuesta esta,mientras que el 90 por ciento restante lovan a pagar los contribuyentes sean o nousuarios del servicio de la Justicia.

Sin embargo, lo que no ha queridover el gobierno del PP es que el 70 porciento de los clientes de los abogados—nuestros clientes— ha renunciado a

interponer una demanda o un recursojudicial, según refleja el informe sobreel estado de la Justicia correspondienteal año 2013 que preparó el Colegio deAbogados de Barcelona (ICAB). En unarueda de prensa para presentar elinforme, el decano Pedro Yúfera no tuvoreparos en asegurar que esa cifrademuestra que las tasas son un«impedimento para que los ciudadanospuedan ejercer su derecho a acudir a lostribunales». Para el decano de losabogados de Barcelona, el dato es «muygrave» porque demuestra la dificultaddel ciudadano de acceder a la tutelajudicial efectiva, y más teniendo en

cuenta que las tasas en la segundainstancia son más elevadas, pese a queun 40 por ciento de las sentencias sonrevocadas en apelación.

Más datos sobre la aplicación de laley: los pleitos de particulares contra lasadministraciones se reducen en tono al40 por ciento —aunque en algunascomunidades autónomas esta cifrasupera el 60— porque los ciudadanosno pueden hacer frente a las tasasjudiciales. Así lo refleja un estudiorealizado por el Consejo General de laAbogacía Española, con datos de los 83colegios de toda España y en el quedetallan un centenar de casos de

ciudadanos que no pudieron interponerprocedimientos porque no disponían deldinero que se les reclamaba en conceptode tasas. A la vista de los datos, elpresidente del Consejo, CarlosCarnicer, puso la luz roja en el hecho deque los procedimientos se estáncriminalizando, ya que muchosciudadanos se decantan por esa víadebido a que en la jurisdicción penal noexisten tasas. Según recordó Carnicer,un pleito puede costarle a un particularentre 3000 y 4000 euros si tiene quellegar hasta el alto tribunal. Losciudadanos señalan en los servicios deorientación jurídica que no disponen de

las cantidades que se les exigen parapresentar las acciones judiciales, porejemplo, por multas de ayuntamientos oexpropiaciones. «La ley hace advertir alcliente que tiene que acopiar ese dineropara los recursos, si se produce enprimera o en segunda instancia hay quedepositar la tasa, si no se pierde elderecho», indicó Carnicer. Losabogados apuntan que la reducción delas tasas solo beneficia a las empresas ya personas jurídicas, pero no a losparticulares para los que mantiene lascuotas fijas.

El artículo 2.2 de la Ley GeneralTributaria establece que «las tasas son

los tributos cuyo hecho imponibleconsiste en la utilización privativa o elaprovechamiento especial del dominiopúblico, la prestación de servicios o larealización de actividades en régimen dederecho público que se refieran, afecteno beneficien de modo particular alobligado tributario, cuando los servicioso actividades no sean de solicitud orecepción voluntaria para los obligadostributarios o no se presten o realicen porel sector privado». Históricamente, latasa judicial consistía en el devengo deciertas cantidades de dinero por lasactuaciones judiciales con cargo a quienlas promovía. La ley 25/86, de 24 de

diciembre las suprimió, dándose lacircunstancia de que uno de susprincipales valladares de la misma en elCongreso de los Diputados fue JoséMaría Ruiz-Gallardón, padre del actualministro de Justicia.

Mal puede encajar legalmente unatasa conforme a lo discutido en la actualley si resulta que el objeto y naturalezajurídica de esta tiene como presupuestofáctico la prestación de un servicio,cuando resulta, según el artículo 11 dela propia norma Gallardón —donAlberto—, que «la tasa judicial seconsiderará vinculada al sistema deJusticia gratuita en los términos

establecidos en la Ley de PresupuestosGenerales del Estado de cada ejercicio»y, a tenor del artículo 4.2 de la ley(exenciones subjetivas de la tasa),«están en todo caso exentos a) laspersonas a las que se les hayareconocido el derecho a la asistenciajurídica gratuita». Dice la Ley GeneralTributaria, en su artículo 16.1, que«serán sujetos pasivos de las tasas laspersonas físicas o jurídicasbeneficiarias de la utilización privativao aprovechamiento especial del dominiopúblico o a quienes afecten o beneficien,personalmente o en sus bienes, losservicios o actividades públicas que

constituyen su hecho imponible».Resulta evidente que los obligados apagar las tasas no entran dentro delconcepto de sujeto pasivo que ofrece laLey General Tributaria y que lorecaudado mediante la implantación delnuevo sistema de tasas no podrádestinarse a financiar la Justicia gratuita,como erróneamente se afirma en laexposición de motivos de la normaGallardón. La Justicia gratuita es unservicio público que, como tal, solopuede ser financiado medianteimpuestos generales, nunca mediante unatasa que se impone a un ciudadanoconcreto, que, además, no se está

beneficiando de ese servicio, porque élno entra dentro de los supuestos deexclusión subjetiva contemplados en laley, de conformidad con lo que sedispone en la legislación tributaria. Porlo tanto, es a todas luces injusto ycontrario a derecho que un ciudadanoque acude a la Justicia ordinaria con suspropios medios tenga que financiar,además, un servicio de Justicia del queno se beneficia. Por si fuera poco, elTribunal Europeo de Derecho Humanosha establecido con reiteración que esexclusivamente al Estado, a través desus Presupuestos Generales, a quiencorresponde abonar al abogado y

procurador sus servicios deasesoramiento, defensa y representacióncuando actúan prestando el serviciopúblico de Justicia gratuita.

La nueva norma sobre tasasjudiciales podría vulnerar también losartículos 7 y 8 de la ley 8/89, de 13 deabril, sobre tasas y precios públicos.Dice el primero de esos preceptos: «Lastasas tenderán a cubrir el coste delservicio o de la actividad que constituyasu hecho imponible». El segundoestablece: «En la fijación de las tasas setendrá en cuenta, cuando lo permitan lascaracterísticas del tributo, la capacidadeconómica de las personas que tendrán

que satisfacerlas». Es evidente que ellegislador, cuando redactó la ley cuyaconstitucionalidad se discute, obvió elcumplimiento de esos artículos. Nicubren el coste del servicio, porque sele hace recaer en quien no disfruta delmismo —lo paga para que lo disfrute untercero, en este caso, el beneficiario dela Justicia gratuita— o, lo que resultamás sarcástico, el resto de los excluidossubjetivos por la ley: el MinisterioFiscal, las Cortes Generales, laAdministración General del Estado, lascomunidades autónomas y sus asambleaslegislativas y las entidades locales.

Pasemos ahora de los argumentos

jurídicos al ámbito político. El 22 deoctubre de 2012, durante el debate detotalidad del entonces proyecto de leyde tasas judiciales, el ministro deJusticia trató de convencer a los gruposde la oposición en el Congreso de losDiputados de las bondades de suproyecto de ley, sin ningún éxito, porcierto, ya que el PP terminó quedándosesolo en la votación. Gallardón quisodejar claro que el fundamento último dela ley es de naturaleza eminentementesocial. «Señorías, lo que esta leypersigue —y les puedo asegurar que vaa conseguirlo— es garantizar elsostenimiento de la Justicia gratuita en

España para aquellos ciudadanos quecarezcan de recursos para litigar, quedesgraciadamente cada día son máscomo consecuencia de la crisis»,sostuvo el que fuera alcalde de Madrid.La oposición, por su parte, le echó encara que la auténtica razón de ser de lainiciativa legislativa es exclusivamenterecaudatoria. En el hemiciclo de laCámara Baja se pudo oír cómo todos losgrupos que no apoyan al gobierno ledecían a gritos al ministro que laJusticia es igual para todos y que suproyecto de ley no contribuye a que sehaga efectivo ese primer mandamientojurídico.

El argumento que más se escuchó enla bancada de la oposición fue queGallardón pretende una Justicia solopara ricos mediante unas tasas quegarantizan a los más pudientes el usocasi exclusivo del sistema judicial. Laoposición consideró inaceptable que untrabajador que pretenda recurrir unasentencia por despido tenga que pagaruna tasa de 500 euros para recurrir o de750 euros —más que el Salario MínimoInterprofesional— si lo hace encasación, o que en la jurisdicción civilun ciudadano que considere vulneradossus derechos como consumidor debaabonar 115 euros para interponer una

demanda u 815 para recurrirla.Algunos datos que ofreció la

oposición no pudieron ser rebatidos porel ministro, como, por ejemplo, lasreferencias a las tasas que se pagan enpaíses de nuestro entorno europeo. Porcomparación, en la jurisdicción francesay británica hay tasas mucho másaccesibles y adaptadas a la cuantíaeconómica sobre la que trata el litigio.En el caso británico existen tasascercanas a los 30 y 40 euros en funcióndel medio de pago. Y lo mismo ocurreen la jurisdicción francesa, donde lascostas a pagar están en torno a los 35euros, bien es cierto que se añaden a

posteriori nuevas cuantías en función delas necesidades del proceso judicial.Extremadamente duro con el proyecto deley se mostró el diputado socialistaAntonio Camacho, extitular de Interior y,como Gallardón, fiscal en excedencia.«Señor ministro, ¿usted considera queentra dentro de los márgenes del Estadodemocrático que un ciudadano tenga quepagar 450 euros por recurrir una multade tráfico de 200 más la retirada depuntos? Señor ministro, si lleva la ley ala realidad tal y como la ha diseñadopondrá a una parte importante de laciudadanía española de rodillas, aquellaque no pueda acudir a los tribunales de

Justicia para reclamar la aplicación deesa justicia», sostuvo Camacho.Después del debate tuvo lugar lavotación: Sufragios emitidos, 306(faltaron 44 diputados aquel día); afavor de las enmiendas de totalidad, 130(los de toda la oposición); en contra,176 (los del Grupo Popular).

Obligado por la Defensora delPueblo, Soledad Becerril, y bajo laamenaza de que la ley de tasas podríaterminar en el Tribunal Constitucional,el ministro de Justicia no tuvo másremedio que dar marcha atrás —parcial,eso sí— y anunciar una serie dereformas solo dos meses después de la

entrada en vigor del proyecto. Becerrilpropuso a Gallardón que redujese lacuantía en los casos de primera instanciacivil y contencioso-administrativa, altiempo que pidió la supresión de lastasas que se devengan cuando seenjuician los procedimientossancionadores; las de losprocedimientos de ejecuciónhipotecaria; las de los recursos desuplicación y casación en el ordensocial, y las de ejecución deresoluciones arbitrales de consumo. Porúltimo, recomendó devolver las tasas yacobradas a las personas que resultenbeneficiarias, según la nueva normativa

de asistencia jurídica gratuita, ademásde reducir las de primera instancia y quese module la cuantía en función de lacapacidad económica en el caso de laspersonas jurídicas. Gallardón mantuvoen todos sus términos la filosofía de suley, pero aceptó rebajar hasta un 80 porciento las tasas variables aplicadas a lospleitos, eliminar las tarifas en casos dedesahucios de viviendas habituales y enla ejecución de laudos arbitrales deconsumo, y reducir las tarifas enprocesos por multas de tráfico.

Por nuestra parte y como eraprevisible, el Tribunal Constitucional noadmitió a trámite el recurso de Ius et

Fides que firmé junto a Pérez-Roldán,con el argumento de que carecíamos delegitimidad activa para presentarlo.Vamos, nos vino a decir que no somosnadie para acudir al TC. La negativa deltribunal que presidía Pascual Sala haservido para que acudamos directamenteal Tribunal Europeo de DerechosHumanos, pues entendemos que no sepuede obligar a un ciudadano a agotarlos procedimientos ordinarios para ir alTC cuando precisamente para agotarestos procedimientos ordinarios se veobligado a pagar una tasa queeconómicamente le es inasumible.

En cambio, el Constitucional sí

admitió los tres recursos presentadospor cincuenta diputados del GrupoParlamentario Socialista en el Congreso,el Gobierno de la Generalitat deCataluña y el Consejo de Gobierno de laJunta de Andalucía. Y lo hizo el mismodía —el 21 de marzo de 2013— en queel Consejo General del Poder Judicialaprobó un duro informe contra lareforma. En ese documento, el CGPJtildó de «supuesto» el aumento delacceso a la Justicia gratuita, al tiempoque dudó de la viabilidad económica dela nueva ley de tasas judiciales.

Donde sí tuvimos más suerte fue enla Audiencia, ya que a mediados de

enero fue admitido a trámite el recursocontencioso-administrativo de Ius etFides contra la orden del Ministerio deHacienda y Administraciones Públicaspor la que se aprobó el modelo 696 deautoliquidación y el 695 de solicitud dedevolución por solución extrajudicialdel litigio. Además, la AudienciaNacional requirió al departamentoministerial que dirige Cristóbal Montoropara que en el plazo de veinte díaspresentase ante el órgano judicial elexpediente administrativo completo.

El presidente Ius et Fides, JuanBautista Sanz-Gadea, consideró muyrelevante que la propia Audiencia

Nacional haya resuelto en el sentido deformar pieza separada con respecto a lapetición de medidas cautelares, con loque la asociación de abogadosmanifiesta su entera satisfacción. Endeclaraciones efectuadas a losperiodistas aquel día que presentamoslos recursos, Sanz-Gadea sostuvo que«la sociedad civil puede estarsatisfecha, pues aunque resulteexcepcional, parece que la AudienciaNacional ha actuado con la celeridadque la causa merece y nos podemosencontrar cerca de la suspensión de laley de tasas».

Por su parte, mi compañero Javier

Pérez-Roldán señaló: «Con estosrecursos hemos dotado a los abogados ya la sociedad civil de instrumentosidóneos para enfrentarse a la ley detasas. Es evidente igualmente queseguiremos profundizando en lasacciones jurídicas y movilizacionessociales necesarias para conseguir laderogación de la citada norma». Yañadió, como ya apunté: «Hemosdemostrado que ante las medidas delactual gobierno es necesario reivindicarla imaginación jurídica, el conocimientoprofundo del derecho, y rescatar delolvido viejas instituciones jurídicaspara defender los derechos de los

ciudadanos». En el recurso admitidodenunciamos, entre otras cosas, que «elgobierno incumplió el deber previoantes de publicar tal disposición de darun trámite de audiencia de quince días atodos los colectivos afectados,determinando la ausencia de esterequisito su nulidad».

La democracia conmás aforados del

mundoPeriódico ABC. Calle de Juan IgnacioLuca de Tena, número 7, en Madrid.Jueves 23 de marzo de 1995. Al filo dela medianoche.

Sonó el teléfono en la mesa decontinuidad. Al otro lado de la línea,como casi todas las noches, estaba eldirector del diario, Luis María Anson.Las órdenes fueron muchas, aunqueconcisas y dictadas de maneratelegráfica. El redactor jefe de noche,

bolígrafo en mano, se apresuró a tomarnotas. Casi ni habló. Estaba atento a loque le decía Anson. Lo único que se leoían eran escuetos monosílabos. Laconversación duró escasamente dosminutos. Colgó el aparato y miró a suderecha, donde entonces se encontrabala sección de Nacional. Hasta allí seacercó con paso rápido.

—Ha llamado el jefe.—¿Algo grave? ¿En qué hemos

metido la pata esta vez?—Hay que cambiar la primera de

tipografía entera. Ya he llamado al tallerpara que estén atentos y a rotativas, paraque paren las máquinas.

—Pero si lo que llevamos es unaexclusiva y de las buenas… El tebeo haquedado muy bien en arrancada.

—Ya lo sé. Pero hay que matizarlo.Vamos a hacer cambios. Abre la páginaen el ordenador y te voy dictando.

El redactor encargado del turno denoche en la sección de Nacional borróel titular que ABC llevaba en suarrancada: «Un anteproyecto de ley delMinisterio de AdministracionesPúblicas pretende extender elaforamiento a los secretarios de Estadoy exministros».

—Borrado. ¿Cuál es el nuevotitular?

—«Fuerte colisión entre losministros Belloch y Saavedra por elproyecto de ley del Gobierno».

—Me parece que el titular deJusticia e Interior ha visto la primeraedición y ha vuelto a llamar a Anson.

—Copia los sumarios. El primero:«Administraciones Públicas envío eltexto al Consejo del Poder Judicial sinpasar por el filtro de Justicia».

—Ya tenemos bronca entre losministros de Felipe González. ¡Vayalegislatura!

—Toma nota del segundo sumario:«El Departamento de Justicia e Interiorse muestra en desacuerdo total con la

extensión del aforamiento».—¿En desacuerdo total? ¡Menuda

bronca! Y nos la queríamos perder…—Ahora la entradilla: «Un proyecto

del Ministerio de AdministracionesPúblicas pretende extender el fueroespecial del que gozan los miembros delGobierno a los secretarios de Estado yexministros. De esta forma, lasresponsabilidades penales de losmiembros del Gobierno —presidente,vicepresidentes, ministros y, comonovedad, secretarios de Estado— seexigirán ante el Supremo, aunque yahayan cesado en sus puestos, segúnestablece el último anteproyecto de ley

del Gobierno de la Nación, al que hatenido acceso ABC. El Departamento deJusticia e Interior, que dirige JuanAlberto Belloch, está, sin embargo, enabsoluto desacuerdo con la extensióndel fuero».

—¿En absoluto desacuerdo?—Te dicto un par de párrafos con

los que arrancar la crónica. El resto locambias tú. «La aparición de los casosGAL y fondos reservados ha influidonotablemente en la redacción de esteanteproyecto que ha preparado elMinisterio para las AdministracionesPúblicas y que ya ha sido debatido enlíneas generales por el Consejo de

Ministros, según confirmó recientementeJerónimo Saavedra en el Congreso delos Diputados. Sin embargo, no existeunanimidad en el seno del Gobiernosobre la extensión del fuero para susmiembros. El Ministerio de Justicia eInterior se ha mostrado en completodesacuerdo con esta extensión del fueropenal que, en su opinión, debe serrestrictivo».

—En completo desacuerdo…—Sigo: «Fuentes del Departamento

que dirige Juan Alberto Belloch hanasegurado que el texto concreto delanteproyecto de AdministracionesPúblicas ni siquiera ha pasado por la

Comisión de Subsecretarios. Además,criticaron el hecho de que el ministeriode Saavedra haya enviado el texto alConsejo General del Poder Judicial —que debe dictaminarlo— sin pasar porel cauce de Justicia e Interior, que es eldepartamento ministerial que serelaciona con el órgano de gobierno delos jueces».

—Y este párrafo que dice: «Si elanteproyecto hubiera estado aprobadoantes de la instrucción del sumario delos GAL realizada por el juez Garzón,este no hubiera podido actuar contra elexsecretario de Estado Rafael Vera o elexdirector general con rango de

secretario de Estado, Julián SanCristóbal, ni podría hacerlo contra elexministro del Interior José LuisCorcuera». ¿Lo dejo?

—Sí, sí. Claro.Al día siguiente se pudo comprobar

que ABC no era el único periódico enllevar la exclusiva. También lo hizo ElPaís, cuyo editorial titulado: «Curarseen salud», descalificaba la postura delgobierno socialista de Felipe González.Aquella fue una crítica insólitatratándose del diario felipista. «Lasombra de la responsabilidad penal —opinaba El País— se cierne en estosmomentos, aunque sea en lontananza,

sobre algunos miembros en activo delGobierno y sobre otros que lo han sido.Un antiguo secretario de Estado para laSeguridad se encuentra en prisión bajograves imputaciones en el sumario delos GAL. En estas circunstancias, unmínimo de prudencia política —y depudor— y sensibilidad frente a lairritación de la opinión pública hubieraaconsejado al Gobierno abstenerse depropugnar reformas legales sospechosasde favorecer el fuero procesal de susintegrantes en el ámbito penal. No hasido así. A rebufo de la llamada Ley delGobierno —un viejo proyectogubernamental que dormía en algún

armario ministerial— se pretendeampliar el fuero procesal de losministros y de los secretarios de Estadohasta límites que sobrepasan en mucholos criterios restrictivos establecidospor la jurisprudencia del TribunalConstitucional y del Supremo. Porprimera vez se integra de maneraexpresa a los secretarios de Estado en elámbito del Gobierno; se extiendetambién expresamente la competencia dela Sala Segunda del Supremo parajuzgar a los ministros y secretarios deEstado cesantes, siempre que los hechosque se les imputan hayan estadorelacionados con el ejercicio de sus

cargos; y se otorga carácter retroactivo ala reforma, de modo que pueda afectar alos procesos no concluidos en elmomento de su entrada en vigor. Talpretensión, en las actualescircunstancias, no solo tiene mucho dedescaro. Es un auténtico escándalo».

Al final, con la oposición aJerónimo Saavedra, González terminódando la razón a Belloch y la extensióndel fuero a los secretarios de Estado yexministros no entró en la ley delgobierno. Desde entonces no ha habidomás intentos por ampliar ese privilegiopara poderosos. Pero ¿qué es elaforamiento? Para aquellos que no lo

sepan, es un fuero especialjurisdiccional que tienen los diputadosde las cámaras, que implica que lascausas que se puedan seguir contra ellossolo las pueda conocer un tribunalconcreto: el Superior de Justicia paralos diputados autonómicos o el Supremopara los estatales. Los dirigentespolíticos no son los únicos que gozan deesa figura. Si buscamos en los textoslegales, podemos distinguir dos grandesgrupos: los miembros de las cámarasparlamentarias y del poder judicial.

Respecto al primer grupo, laConstitución establece que laresponsabilidad penal del presidente de

Gobierno y de los demás miembros delejecutivo solo será exigible, en su caso,ante la Sala de lo Penal del TribunalSupremo. Del mismo modo, la CartaMagna establece que esa misma SalaSegunda del Alto Tribunal será lacompetente para conocer de las causascontra diputados y senadores. Además,los estatutos autonómicos determinantambién el aforamiento de los diputadosdel Parlamento, que deben ser juzgadosdirectamente en el Tribunal Superior deJusticia de la autonomíacorrespondiente. Algunos estatutosextienden esta medida hasta al Defensordel Pueblo autonómico. Por otro lado, la

Ley Orgánica del Poder Judicial deja enmanos de la Sala Penal del Supremo elposible enjuiciamiento del presidentedel CGPJ, el Tribunal Constitucional, elpropio Supremo, los vocales del CGPJ,magistrados del Supremo y elConstitucional, el presidente y losmagistrados de la Audiencia Nacional yde cualquiera de sus salas y los de losdiferentes tribunales superiores deJusticia, el fiscal general del Estado, losfiscales de Sala del Supremo, elpresidente y consejeros del Tribunal deCuentas y del Consejo de Estado y elDefensor del Pueblo. Además deja lapuerta abierta a que sean aforados

«aquellos que determinen los estatutosde autonomía».

España es la democracia con mayornúmero de aforados del mundo. Secalcula que en la actualidad hay diez milciudadanos con una protección jurídicaespecial, según señalan dos estudiososde la materia, Juan Luis López Colomere Iñaki Esparza, en su trabajo Tratadojurisprudencial de aforamientosprocesales. Un volumen que generaenormes disfunciones en el sistemajudicial y que ampara privilegios condifícil encaje en una Constitución que ensu artículo 14 proclama que «losespañoles son iguales ante la ley, sin

que pueda prevalecer discriminaciónalguna por razón de nacimiento, raza,sexo, religión, opinión o cualquier otracondición o circunstancia personal osocial». A mediados de mayo de 2013,Unión, Progreso y Democracia presentóuna proposición no de ley en elCongreso de los Diputados para que sedebatiese en el pleno la reducción almínimo de los beneficiarios de estaprotección, al considerar que se trata deun «privilegio arcaico», incompatiblecon los principios que deben regir losEstados contemporáneos ydemocráticos. La formación que lideraRosa Díez denunció que, «lejos de

restringirse esta protección, ha sufridouna extraordinaria expansión sinprecedentes al calor del desarrollo delEstado de las Autonomías y de lacolonización de los partidos políticos detodas las instituciones del Estado,comenzando por la Justicia».

Según se encargó de recordar UniónProgreso y Democracia, los privilegioso prerrogativas parlamentariasencuentran sus primeros antecedentes enel parlamentarismo medieval inglés, yentre ellos podemos encontrar a sus dosmanifestaciones más características: lainviolabilidad (freedom of speech), queimpide la apertura de cualquier clase de

procedimiento que tenga por objetoexigir responsabilidad a los diputados osenadores por las opinionesmanifestadas en el ejercicio de susfunciones, y la inmunidad (freedom fromarrest or molestation), que sometedeterminados procesos al requisito de laautorización de la cámara legislativarespectiva (el conocido hoy en día como«suplicatorio»). A dichas institucionespodemos añadir la del aforamiento que,stricto sensu (dejando aparte la materiacivil) implica alterar las reglas decompetencia judicial penal (objetiva,funcional y territorial) en beneficio dedeterminadas personas, que tienen

derecho a ser encausadas y juzgadas pordeterminados tribunales previamenteseñalados. El constitucionalismohistórico español fue receptivo a lasindicadas prerrogativas parlamentarias,aunque la Constitución de Cádiz de 1812dejara traslucir una cierta prevenciónfrente a tales figuras, limitándose acontemplar expresamente la prerrogativade la inviolabilidad.

Lo que a lo largo de la historia naciócomo una garantía para hacer efectiva laseparación de poderes y evitar que losjueces —como miembros del poderjudicial— actuaran contra el ejecutivo oel legislativo, se ha convertido en un

privilegio de los políticos del que sebenefician miles de cargos públicos. Lasprerrogativas de las altas autoridadesdel Estado —entre ellos diputados ysenadores— están fijadas en laConstitución y solo podrán desaparecercon una reforma de la Carta Magna, queUPyD reclama. Pero este —en principioexcepcional— privilegio se haextendido en leyes posteriores a milesde personas más. Y esas normas sípodrían ser modificadas por decisióndel Congreso. Por eso la proposición node ley del partido de Rosa Díez planteóque en una próxima reformaconstitucional se revisen los privilegios

o prerrogativas parlamentarias de lainviolabilidad, inmunidad y aforamiento.Mientras, Díez pidió también al plenoque, hasta que se revise la Constitución,en un plazo máximo de tres meses sedebían suprimir «todos y cada uno delos supuestos de inviolabilidad,inmunidad y aforamiento que hanproliferado en distintas leyes», sobretodo en las administracionesautonómicas. Para UPyD, en un Estadoque se define como social y democráticode Derecho, no tienen cabida losprivilegios y menos los que obstaculizanla lucha contra la corrupción política.En casi todos los países de nuestro

entorno estas prebendas se han idoreduciendo con la consolidación de lademocracia. En Portugal e Italia noexiste más aforado que el jefe delEstado (ante el Supremo y el TribunalConstitucional, respectivamente). EnFrancia, hay entre diez y quinceaforados (solo el presidente, el primerministro y los ministros). Y en Alemaniao el Reino Unido —país donde se creóla figura en la Edad Media—, ya noexiste ningún aforado en la actualidad.Además, en ninguno de los paísescitados los parlamentarios nacionales —y menos los regionales— estánaforados.

En España, las tres prerrogativasque contemplan los tres primerosapartados del artículo 71 de laConstitución, con rasgos propios cadauna de ellas, son: proteger a loslegítimos representantes del pueblo deacciones penales con las que se pretendacoartar su libertad de opinión (en elcaso de la inviolabilidad); impedirindebida y fraudulentamente suparticipación en la formación de lavoluntad de la cámara, poniéndolos alabrigo de querellas insidiosas opolíticas que intenten hacer unautilización inadecuada de los procesosjudiciales (inmunidad); y proteger la

independencia del órgano y el ejerciciode las funciones del cargoconstitucionalmente relevantes(aforamiento).

En lo que respecta a lainviolabilidad, aunque el textoconstitucional no menciona a losparlamentarios autonómicos, losestatutos de autonomía reconocieron lamisma a los miembros de estasasambleas y, por si fuera poco, lomismo se acordó respecto a losintegrantes de las Juntas Generales delos llamados territorios históricosvascos. Dicho privilegio fue extendidotambién al Defensor del Pueblo y sus

adjuntos, a los que se reconoce entérminos extraordinariamente amplios(art. 6 de la ley orgánica 3/1981, de 6 deabril, del Defensor del Pueblo) y sushomólogos autonómicos (a los que seextiende el privilegio a través de la ley36/1985, de 6 de noviembre, por la quese regulan las relaciones entre laInstitución del Defensor del Pueblo y lasfiguras similares en las distintascomunidades autónomas). En esa líneacabe señalar la inviolabilidad de losmagistrados del Tribunal Constitucional,de la que no gozan, en cambio, jueces ymagistrados integrados en el poderjudicial, a los que se ha otorgado

independencia, imparcialidad einamovilidad, pero no inviolabilidadpor las opiniones expresadas en elejercicio de su cargo. Por otro lado, laConstitución de 1978 recoge lo que seha venido a denominar inmunidad plenao completa, que comprende tanto laprohibición de detención como lanecesidad de obtener autorización de lacámara (suplicatorio) para procedercontra un parlamentario.

La inmunidad es una prerrogativaque ha sido criticada desde hace muchotiempo, siendo tildada de instrumentoque favorece los abusos, rompe elprincipio de igualdad y propicia

prácticas corporativas deautoprotección, y que niega a losciudadanos el acceso a uno de lospilares fundamentales del modernoEstado de Derecho, que no es otro queel de la tutela judicial. Sin embargo, elprivilegio de la inmunidad ha vivido ennuestro país (a diferencia de otrospaíses) un periodo expansivo sinprecedentes. Así, el Defensor delPueblo y sus adjuntos, mientraspermanezcan en el ejercicio de susfunciones no podrán ser detenidos niretenidos, sino en caso de flagrantedelito, y los jueces y magistrados enservicio activo no pueden ser sometidos

a detención gubernativa salvo casotambién de flagrante delito, ni puedenser objeto de intimación o citación porautoridades gubernativas. Pero, sinduda, el supuesto que resultó máscontrovertido fue el relativo a losparlamentarios autonómicos que,conforme a sus estatutos, no podrán serdetenidos ni retenidos salvo en caso deflagrante delito, régimen que tambiénresulta aplicable a los comisionadosautonómicos.

Para Iñaki Esparza, catedrático de laUniversidad del País Vasco, «el númerode aforados que hay en España es atodas luces excesivo, pero también se

trata de un problema cualitativo por elhecho de que haya personas a las que seles juzgue de forma distinta». «Enocasiones —advirtió en declaraciones aEl Confidencial— se puede perjudicaral beneficiario porque es muy discutibleque un diputado al que se haya detenidopor conducir ebrio, algo que ya haocurrido, tenga que ser juzgado en elTribunal Supremo por un asunto de estetipo, con la notoriedad añadida que estehecho supone». En su opinión, quetribunales superiores de Justicia o elTribunal Supremo tengan que actuarcomo instructores de los casos queafecten a aforados, como ocurre por

ejemplo en el caso del diputadosocialista José Blanco, solo provocadisfunciones graves en el sistemajudicial. «Lo que se está haciendo essobrecargar la labor de tribunales quetienen que estar dedicados a la revisiónde sentencias y que no están preparadospara actuar como juzgados ordinarios deinstrucción», afirmó Esparza tras ponercomo ejemplo el caso del Tribunal deJusticia de la Comunidad Valenciana,saturado por los diez diputadosautonómicos del PP inmersos endiferentes causas de corrupción.«Probablemente, ese Tribunal Superiortenga más trabajo incluso que algún

juzgado de primera instancia. Y eso notiene ningún sentido».

En similares términos se manifestósu compañero Juan Luis López Colomer.En su opinión, la situación de España«es una vergüenza en el ámbitointernacional, pues muchos paísespunteros no conocen ningún aforamiento,como ocurre en Estados Unidos oAlemania, sino un procedimientopolítico de destitución del presidente dela nación y otros muy elevados cargos(impeachment), que es algo muydistinto». Para el catedrático deDerecho Procesal de la UniversidadJaume I, esta prerrogativa viola

claramente el principio de igualdad.Gómez Colomer cree que la inmunidadque concede España a susparlamentarios y autoridades esexacerbada y exagerada. «Si queremosser un país moderno y plenamenterespetuoso con el principio de igualdady el derecho al libre acceso a lostribunales de Justicia, el aforamientodebe desaparecer; pero ello no ocurriráen España, al menos de momento,porque quienes tienen que aprobar la leyque suprima los aforamientos son losmejor aforados hoy», concluyó elprofesor.

Álvaro Martín, de la Asociación

Profesional de la Magistratura, declaróen un reportaje publicado en la webDiario Jurídico que existe una distinciónmuy clara entre el aforamiento de losmiembros del poder judicial y el de lospolíticos. En el primer caso cree que síestá justificado porque argumenta que«es el sujeto del enjuiciamiento el quelo hace difícil». En el caso, porejemplo, de los magistrados, vecomprensible establecer un procesodiferente para evitar, por ejemplo, que aun magistrado del Supremo le acabeenjuiciando un órgano inferior ante elcual eventualmente se dé una revisiónque vaya al tribunal en el que este

magistrado desempeña su trabajo. «Esdecir, hay una razón de índole técnicaque en el caso de los políticos, encambio, parece excesiva en algunossupuestos».

La verdad es que el aforamientoproduce circunstancias peculiares.Como se ha dicho, no solo sontribunales especiales quienes puedenjuzgar a los aforados, sino que ya en elmomento de la imputación debe ser elTribunal Superior de Justicia o elTribunal Supremo quien decida si seimputa a esa persona o no. Es decir, quesi una Audiencia Provincial —por ponerun ejemplo— ve que en una causa hay un

aforado, debe remitir toda ladocumentación sobre esa persona altribunal correspondiente para quedecida si se le imputa. Hemos vistovarios ejemplos en los últimos años. Eljuez que investiga la supuesta trama decorrupción conocida como casoMercurio, que tiene su epicentro en elayuntamiento de Sabadell, quiso imputaral diputado del PSC Daniel Fernández.Pero como no pudo hacerlo él, porqueFernández goza de su condición deaforado, debió remitir los indicios alTribunal Superior de Justicia deCataluña para que sea este quien decida.

Además, una misma causa debe

enjuiciarse de manera conjunta, con locual acababan yendo directamente a lostribunales superiores de Justicia y elSupremo no solo los aforados, sinotodos los que han podido cometer eldelito. Un caso paradigmático es el delexmagistrado Estevill, juzgado ycondenado en el año 2005 por suimplicación en casos de corrupción.Contaba con la colaboración delabogado Juan Piqué Vidal —letrado quedefendió al expresidente catalán, JordiPujol, en el caso Banca Catalana—, quefue condenado también a siete años deprisión por un delito de cohechocontinuado. Al ser Estevill aforado, y

ante la imposibilidad de juzgar de formaseparada un mismo caso, también elabogado fue juzgado por el TribunalSuperior de Justicia de Cataluña.

Pero hay otra cuestión que, enopinión de los expertos, supone uno delos problemas más graves de la figura:los aforados que son juzgadosdirectamente en el Tribunal Supremopierden la doble instancia. «Cuando haresuelto el Supremo ya no queda ningúnrecurso posible —señala GonzálezArmengol—, solo queda un recurso deamparo, pero eso no es un recursoordinario en el ámbito de la jurisdicciónordinaria. Eso, de hecho, ya ha sido

sancionado por institucionesinternacionales», concluye. De hecho,Joaquim Bosch, portavoz de Jueces parala Democracia, asegura que nuestro país«está en el punto de mira de variasinstancias internacionales porque norespeta esta doble instancia». Y es quesi nos fijamos, por ejemplo, en elartículo 14.5 del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, seestablece claramente que «toda personadeclarada culpable de un delito tendráderecho a que el fallo condenatorio y lapena que se le haya impuesto seansometidos a un tribunal superior,conforme a lo prescrito por la ley».

Esta falta de doble instancia es unarma de doble filo. Es decir, puedellegar a ser beneficioso para alguien queha sido absuelto y cuya sentencia no serárevisada, pero ¿qué ocurre cuando haysentencia condenatoria? Un claroejemplo es el caso Garzón. Elexmagistrado fue juzgado y condenado aonce años de inhabilitación —lo que enla práctica supone decir adiós a lacarrera judicial— por las escuchas en elcaso Gürtel. El fallo se adoptó porunanimidad de los miembros de la Salade lo Penal del Tribunal Supremo. Ycontra la sentencia no hay recurso. «Esoes una desventaja para cualquier sistema

procesal penal», dice Joaquim Bosch.Para que un sistema sea justo debe haberuna doble instancia que vuelva a evaluarlo que se ha dictado en la primera. Es unproblema que se puede ver desdeángulos distintos, pero al final es unproblema del sistema.

Capítulo XI

JUEGO SUCIOEN EL COLEGIO DE

ABOGADOS

Gumpert unió a todoscontra ella

Palacio de Congresos de Madrid.Paseo de la Castellana, número 99.Miércoles 19 de diciembre de 2012.Cinco y cuarto de la madrugada.

Los cinco miembros de la ComisiónElectoral del Ilustre Colegio deAbogados de Madrid dieron porfinalizada la tensa reunión que habíanmantenido a puerta cerrada desde horasantes. Hubo «fumata blanca». Llegaron aun acuerdo y se dispusieron a hacerlopúblico. Tomaron asiento en la sala

donde les esperábamos alrededor demedio centenar de personas. Loscandidatos hicimos lo mismo. A laizquierda de la comisión, SoniaGumpert, acompañada de algunosmiembros de su lista. A la derecha, elresto de los candidatos, todos juntos.Los rostros de los presentes reflejabancansancio, mucho cansancio. La mayoríade nosotros llevábamos allí desde lasnueve de la mañana del día anterior.Más de veinte horas de tensa y durajornada electoral en la que ocurrió detodo: nervios, gritos, empujones y hastaun conato de pelea. La intervención deuna patrulla de la policía nacional evitó

que la cosa fuera a mayores. Uno de losmiembros de la comisión empezó a darlectura al acuerdo adoptado:

«Se ha recibido por losrepresentantes de las candidaturasverbalmente y por los interventores dediversas mesas electorales, así comoposteriormente un comunicado conjuntode siete candidatos denunciandopresuntas irregularidades acaecidasdurante el proceso electoral y la jornadade votación relativos al menos a:realización de actos de propaganda eldía de las elecciones en el colegioelectoral, en sus inmediaciones y enalgunas de las salas de abogados en los

juzgados y tribunales de Madrid; empleode mecanismos de presión sobre loselectores para votar en favor de unadeterminada candidatura; ofrecimientode medios económicos y materiales paraconseguir que los electores acudieran avotar a una determinada candidatura;entrega a los electores de sobres conpapeleta electoral por representantes dealguna candidatura en la sede electoral yen sus inmediaciones; cotejo de la listade votantes de la mesa electoral con loslistados propios elaborado por unacandidatura, para su transmisión a unasuerte de “opción electoral” que seencontraba en el propio salón, para su

volcado en un ordenador portátil aefectos de comprobar los que habíanejercicio el voto y los que aún no lohabían hecho; ordenadores portátilesque pretendieron ser sacados de la sedeelectoral por un ciudadano y que dieronlugar a una denuncia ante el juzgado deguardia, no autorizando su titular elacceso a los contenidos del mismo;suscripción de pactos previos a lapresentación de la candidatura quepueden afectar a materias indisponiblesdesde el punto de vista legal yestatutario, incluyendo el compromisode aportación de votos; y por último,hojas en las que figuran nombres de

electores junto con la personapresuntamente encargada de la captaciónde su voto, incluyendo datos personalesy la misión de llamar o no llamar».

El rosario de irregularidades, segúnse iban leyendo una a una, fue acogidocon exclamaciones de desaprobaciónpor parte de los miembros de lacandidatura de Sonia Gumpert allípresentes. «¡Qué barbaridad! Eso esmentira», se les oía mascullar. Sinembargo, a nadie de los allí presentes senos escapó que lo que había ocurridodurante la jornada electoral no era nimedio normal, sobre todo a partir de lasseis de la tarde y hasta las ocho, hora de

cierre de la votación. El trasiego de loscompañeros de Sonia Gumpert yendo yviniendo a las puertas del palacio paraesperar a los abogados y acompañarlosa las urnas. O los dos ordenadores quelos miembros de esa candidatura habíaninstalado en un rincón del salón devotaciones, utilizados por variaspersonas, que trabajaban con ellos atoda velocidad y con indisimuladatensión. ¿Qué estaba pasando? Pues quelos interventores de esa candidatura, a lavista de todos, transmitían los listados alas personas que manejaban losordenadores. Esas listas contenían larelación de los abogados, con nombres,

apellidos y número de colegiado, quehabían votado. Esa información sevolcaba a los portátiles y se creaba unfichero de datos informatizado. Desdelos mencionados ordenadores secruzaban los datos introducidos conotras bases de datos, lo cual permitía, apocas horas del cierre electoral, saberqué abogados habían ejercitado suderecho a voto y los que faltaban porhacerlo. De esta manera, la candidaturade Sonia Gumpert Melgosa, a través deestos ficheros de datos, llevaba a cabollamadas masivas a los abogados que nohabían ejercitado su derecho al sufragio,convocando al voto desde la propia sala

donde se celebraban las elecciones, conpresuntas invitaciones a pagarles el taxi,a recogerles en vehículo privado e,incluso, a invitarles a tomar un café a sullegada. Algunas fuentes apuntaron queel compromiso era regalarles unbolígrafo de la marca Montblanc, segúnseñaló la candidatura del decanosaliente, Hernández Gil, en su escrito dealegaciones.

Efectivamente, a partir de las seis dela tarde, cientos de abogados de Madridempezaron a recibir llamadas insistentesdesde la candidatura de Sonia Gumpertinvitándoles a acudir a las urnas yrecordándoles, según su caso, cómo

afectaba su condición de «no votante»respecto a su futuro en el turno de oficio.El modelo utilizado era absolutamentemetódico y sistemático. De todo ello mealertó uno de mis compañeros decandidatura, durante aquella jornadaelectoral del 18 de diciembre.

—Me acaba de avisar un compañerodel turno de oficio que a eso de las seisha recibido una llamada telefónica porparte de miembros de la candidatura dela Gumpert para decirle: «Eres del turnode oficio y no has votado. Te mandamosun taxi».

Todos los allí presentes pudimos vercómo un miembro de la candidatura de

Sonia Gumpert, Juan Ignacio SánchezPuig, daba órdenes constantes a suscolaboradores, repartía instrucciones,iba y venía a las mesas electoralesdonde daba recomendaciones a susinterventores sobre dónde tenían quesentarse para escuchar bien los nombresde los electores que habían votado.Presuntamente existía una trama dentrodel colegio electoral en claro ejerciciode captación de voto el mismo día de lajornada de elecciones. En un momentodado me crucé con Hernández-Gil,decano en funciones y candidato a lareelección.

—Antonio, ¿has visto lo que está

pasado?—Sí, sí… Aquí hay mucho juego

sucio.—¿Y vas a hacer algo? Esto no

puede seguir así.Me miró y siguió su camino. Era un

manojo de nervios. El momento máscrítico se vivió al cierre de las urnas,cuando un individuo trató de llevarse losfamosos ordenadores en bolsas deplástico. Tuvo que ser un miembro de micandidatura quien impidiera ladesaparición de lo que parecía la pruebadel delito. Le agarró del brazo y le dijo:«Tú no te vas hasta que no veamos loque tienen esos portátiles». Los

compañeros de Gumpert intentarondefenderle. Se armó un gran revuelo.Gritos, insultos y empujones. Lacomisión tuvo que mediar, reteniendolos ordenadores y llamando a la policía,que acudió al Palacio de Congresos deinmediato. A continuación se convocóuna reunión de urgencia de todas lascandidaturas, a excepción de la de SoniaGumpert. Una reunión que sirvió paraque todos redactáramos un escritodenunciando los hechos acontecidos ysolicitando a la Comisión Electoral queadoptase una decisión esa misma noche.

Comenzó el recuento de votos,mientras se reunía el órgano del ICAM

competente para velar por el buendesarrollo de los comicios. A partir deahí, llegaron horas de espera. La únicanota destacable fue el tweet que lacandidata a decana del Colegio deAbogados de Madrid escribía al filo dela medianoche al circular el rumorinfundado de que los resultados iban aser anulados y las elecciones debíanrepetirse: «@soniagumpert arrasa.Llamamiento abogados que han apoyadoa Sonia Gumpert. Anulan las eleccionesICAM. Por favor venid al Palacio deCongresos».

A eso de las cinco y media de lamadrugada el presidente de la Comisión

Electoral seguía con la lectura delacuerdo adoptado:

«Teniendo en cuenta el deber de estacomisión de velar por el mantenimientode un proceso electoral limpio ydemocrático basado en los principios depublicidad, transparencia, corrección ydecoro; a la vista de la competencia dela Comisión Electoral de resolución delas reclamaciones que, como en estecaso, se han presentado durante elproceso electoral; teniendo en cuentaque todas las candidaturas han de serdebidamente oídas con la oportunidadde aportar los medios de prueba a losque se han comprometido, esta comisión

acuerda: suspender la proclamación delos resultados electorales; custodiar ensobres lacrados los resultadoselectorales, que se guardan en la cajafuerte del ICAM, dando al presidente dela Comisión Electoral la llave de lamisma; remitir copia de la denunciaformulada ante el juzgado de guardia porlos graves hechos acaecidos durante lajornada electoral; exigir a todas lascandidaturas que se abstengan derealizar cualquier medida de presiónsobre esta Comisión Electoral o sobrealguno de sus miembros y recordarlesque, ante la gravedad de los hechos,deben extremar el celo en la defensa del

buen nombre de la profesión y de lainstitución colegial».

En opinión de nuestra candidatura —y así lo hicimos constar en el escrito dealegaciones remitido días después a laComisión Electoral del ICAM— secometieron numerosas vulneraciones dela legislación aplicable por parte de losmiembros de la candidatura de SoniaGumpert Melgosa, de manerapremeditada y organizada, de forma talque invalidarían el proceso electoral,habiendo traspasado incluso la línea delas meras irregularidadesadministrativas y entrando de lleno enlos tipos penales, por lo que se

interpuso la correspondiente denunciapor presunto delito electoral.

«¡Vaya jardín en el que me hemetido!», pensé aquella jornadaelectoral. Con alguna duda al principio ymucha ilusión después, decidípresentarme a los comicios al IlustreColegio de Abogados de Madrid tras lallamada de un compañero, cuyaidentidad guardo por confidencialidad,que me propuso para que encabezase lacandidatura que iban a presentar lasasociaciones Ius et Fides y Unión deAbogados. No tenía claro que misobligaciones laborales me dejaran eltiempo necesario que tan importante

empresa requería. Me convencieron susargumentos: «Somos la candidatura delabogado de a pie, del artesano delderecho. No nos mueven los intereses delos grandes despachos. Si conseguimosvencer, desde el colegio defenderemoslos derechos de nuestros compañeros,sin concesiones de ningún tipo aintereses económicos ni políticos». Lepedí dos días para pensármelo y tras elpuente de la festividad de Todos losSantos dije que sí. Quedaba por delantemucho trabajo por hacer en solo mes ymedio para la cita con las urnas y nospusimos manos a la obra con muchasganas. El programa electoral con el que

concurríamos a las elecciones salióadelante rápidamente. Tuvimos clarodesde el principio lo que queríamos: loprimero, la defensa de nuestroscompañeros del turno de oficio, quellevaban meses sin cobrar; después, unmanifiesto sobre la función social delabogado, con especial atención a losletrados que sufren el impacto de lacrisis económica; y por último, ladefensa de un colegio independiente,que dejase de ser correa de transmisiónde un partido político u otro. Uno de lospuntos clave del programa fue ladeclaración por la unidad jurídica deEspaña como bien intrínseco de la

abogacía, que fue copiado por algúncandidato y al que luego se sumó elresto.

Nos enfrentamos a la larga campañaelectoral con escasos medios debido alpequeño presupuesto con el quecontábamos: alrededor de mil quinientoseuros (abonados a escote por cada unode nosotros) para cartelería, un videocasero para difundir el programa y unpar de sesiones de fotos, que fueroncolgadas en nuestra artesanal páginaweb con el objetivo de que los electorespusieran cara a los compañeros de lista.La financiación de la que disponíamosnada tenía que ver con el despliegue de

medios de otras candidaturas: carossondeos con intención de voto, anunciosen prensa y hasta barra libre para loscolegiados en algunos selectos localesde copas.

La campaña electoral, a nuestroparecer, fue sucia desde el principio.Además de copiarnos parte delprograma, se nos insultó en redessociales, nos vetaron entrevistas en losmedios de comunicación y nosexcluyeron de los debates. No nosdejaron acudir a ningún cara a cara: nial de la Cadena Ser, ni al de Expansión,ni al del Ateneo de Madrid, organizadopor la asociación de juristas Scevola.

Parecía que los principales candidatosya se habían comido la tarta sin esperarsiquiera a que empezase la fiesta decumpleaños. Evidentemente noconcurríamos en situación de igualdad.El poderoso en medios económicos ycontactos tiene una vez más el terrenoabonado. Al único debate que nospermitieron acudir fue al que organizó eldecano en funciones: un peculiarenfrentamiento en Twitter moderado porel periodista Manuel Campo Vidal.Debido a la novedad del formato, no sepudieron confrontar ideas y aquello seconvirtió en un caos debido a losmensajes cruzados y a la falta de

respuesta a las acusaciones lanzadas.Nos dejaron poco margen mediático.

En la primera entrevista a la que acudí—en Gestiona Radio— pude defendernuestro programa y denunciar lo que eraun secreto a voces: que el decano enfunciones Hernández-Gil estabaapoyado por los grandes despachos, queal otro aspirante —Javier Cremades—le respaldaban las grandes empresas yque la tercera gran candidata en liza —Sonia Gumpert— trabajaba en Madridpara un despacho con sede social enCataluña y, lo más importante, podíarepresentar intereses ajenos al Colegiode Abogados de la capital. Gumpert

quiso dar la vuelta a la tortilla y en unpeculiar comunicado difundido en suweb denunció que se le atacaba por susupuesta procedencia catalana, que ellanegaba tajantemente. «Yo soy nacida enMadrid, al igual que todos los miembrosde mi candidatura», decía en la nota quellevaba el curioso título de «Caza debrujas». Aquello levantó una granpolvareda en Cataluña, una comunidadautónoma sumida entonces en el másintenso debate sobre la independencia,alimentado por fuerzas políticas de cortenacionalista y secesionista.

Lo que conscientemente ocultó lacandidatura de Sonia Gumpert desde el

principio es que tras su apuesta —apoyándola en todos los sentidos,incluido el económico y el mediático—se encontraba el Instituto Superior deDerecho y Economía, ISDE, una lawyerschool nacida en Barcelona y propiedadde la familia Pintó, que habíaorganizado desde dos años antes unaoperación logística y mediática en todaregla para tomar el control del colegiode Madrid, que cuenta con más de 65000 miembros, entre abogadosejercientes y no ejercientes. Un asuntoque preocupaba, y con razón, a buenaparte de la abogacía madrileña.

La candidatura de ALA, encabezada

por Lorena Ruiz-Huerta y apoyada pormedios de izquierda, también habíahecho sus investigaciones. Lorenaaprovechó el debate en el Ateneo deMadrid a principios de diciembre de2012 para echar en cara el asunto aSonia Gumpert. ALA denunció tambiénque la única encuesta que hasta la fechase había hecho pública y que daba lamayoría en las elecciones a lacandidatura de Gumpert fue elaborada ycocinada en Cima, una de las empresasd e l holding ISDE. Mi intención erasacar a relucir el caso, pero miexclusión del debate de Scevola impidióque pudiera hacerlo.

En una columna publicada por ElConfidencial, el periodista FedericoQuevedo señaló, citando fuentes delcolegio, los dos motivos de esapreocupación entre los abogadosmadrileños: el primero, que la deGumpert era una candidaturaférreamente organizada y controlada poruna organización mercantil que viveexclusivamente de la abogacía y queaspira a controlar el organismo que laregula; y el segundo, la cercanía yconnivencia de la familia propietaria delISDE con el nacionalismo catalán. «Esde sobra conocida —apuntó Quevedo—la conexión de Pintó Ruiz, presidente de

honor del ISDE, con CiU. Pintó fue,después de su paso por el decanato de laCiudad Condal, presidente de la Caixade Barcelona y hombre clave en lasociedad civil próxima a la familiaPujol. Incluso hoy es conocida lacercanía de él y sus hijos a hombrescomo Xavier Trias, alcalde deBarcelona, u Oriol Pujol, el herederodel nuevo nacionalismo convergente. Esfrecuente ver en actos del ISDE a otrospersonajes como Eugeni Gay, antiguopresidente del Consejo General de laAbogacía y magistrado delConstitucional, que votó a favor de queBildu pudiera concurrir a las elecciones

vascas. De talante moderado, sucercanía al nacionalismo catalán nohabía tenido consecuencias en Madrid,donde habían conseguido un ciertoprestigio, pero lo acontecido en lassemanas previas a las eleccionescatalanas, en las que el Colegio deAbogados que ellos controlan desdehace años realizó una apuesta sin fisuraspor la deriva nacionalista de Artur Mas,ha hecho saltar todas las alarmas entrelos notables de la abogacía madrileña».

Pero ¿qué es el ISDE? Se trata de uncentro de formación jurídica fundado en1992 por Alejandro Pintó Sala, en elque trabaja buena parte de su familia

ocupando puestos de dirección. Ladirección general está en manos delconsiderado estratega de su expansión,Juan José Sánchez Puig. El instituto seha convertido en un conglomerado deempresas vinculadas al derecho que,además de impartir más de veinticuatromásteres, incluye una editorial, eldespacho de abogados —que funcionaen el mismo edificio de la sede socialde Madrid— y la comercialización deuna potente, y posiblemente única, basede datos de abogados. Nacido enBarcelona, el ISDE rápidamente vio suespacio en Madrid. La intención deocupar y controlar la junta de gobierno

de un colegio de abogados no era nueva,hasta lo intentaron en Barcelona. «¿Porqué necesita el ISDE controlar elcolegio de Madrid?», le pregunto aFederico Quevedo. «La respuesta essencilla: todos los productos y serviciosque su conglomerado empresarialproduce son susceptibles de servendidos al colegio, y su base de datos,sumamente interesante para despacharcualquier producto a los letrados, sirvetambién para competir con ventaja encualquier elección a decano», mecuenta.

Durante aquellos días previos a loscomicios surgieron dudas en dos

direcciones sobre la legalidad de lacampaña que estaba llevando a cabo lacandidatura de Sonia Gumpert. Por unlado, la posibilidad de que se hubierancometido irregularidades en el voto porcorreo; y por otro, la supuestaocultación de pactos electorales. Encuanto a la primera, nuestrossimpatizantes nos hicieron llegar lainformación de que empresarios de lanoche madrileña podían estar haciendolabores de captación del voto por correoen las fiestas que la citada candidaturaorganizaba en ciertos bares de copas.Nuestra candidatura tuvo acceso a un e-mail enviado a abogados desde una

cuenta de correo perteneciente alpropietario de una de las discotecas conel siguiente tenor:

«Estimado/a…Me pongo en contacto contigo para

presentarte la candidatura de SoniaGumpert y solicitarte, a ser posible, elvoto por correo. Me gustaría saber sipuedes ayudarnos. Para ello necesitaríaque me enviaras escaneado tu carnet decolegiado o el DNI y el escrito desolicitud de voto para el Colegio deAbogados que te adjunto, firmado yescaneado. De esta manerafacilitaríamos los datos al notario, elcual los compulsará, y se los

entregaremos al colegio en tu nombre.Así no tendrás que desplazarte y perderel tiempo el 18 de diciembre para votar,o ahora, para ir a solicitar el voto aSerrano».

El sistema de captación de votosugerido en el mensaje constituye, en símismo, una irregularidad gravísimaporque no queda garantizada laidentidad del votante ni la cadena decustodia del sufragio. Así lo pusimos demanifiesto en un escrito remitido a laComisión Electoral del Colegio deAbogados.

El segundo bloque de presuntasirregularidades se centró en el pacto que

suscribieron el 30 de septiembre de2012 la candidatura de Sonia Gumpert yla Asociación de Letrados por un Turnode Oficio Digno (ALTODO). Unasimple lectura de ese acuerdo ponía demanifiesto un claro atentado contraprincipios y valores fundamentales delproceso electoral y del colegio comocorporación de derecho público. Así,por ejemplo, la asociación ALTODO seatribuía la capacidad de aportar «almenos» novecientos votos a lacandidatura de Sonia Gumpert, en contrade la naturaleza esencialmenteindividual, libre y secreta del sufragio.Además, en el escrito había un reparto

de cargos en el caso de que la citadalista ganase los comicios. Así, los tresmiembros de ALTODO se quedaríancon la dirección del turno de oficio porencima del equipo profesionalresponsable de este servicio en el ICAMy al candidato a vicedecano y firmantedel pacto en nombre de su asociación sele asignaría «el control y la supervisiónde la Comisión de Deontología» paraincrementar el peso político del turno deoficio en ese área. Por último, el pactoavanzaba decisiones sobre la gestión delservicio público de justicia gratuita queno pueden ser objeto de ningún contratoprivado y que, además, comprometen el

patrimonio del ICAM. Todos estoshechos, constitutivos en nuestra opiniónde manifiestas irregularidades, fueronpuestos en conocimiento de la ComisiónElectoral, que zanjó el asuntosolicitando, como es preceptivo, quetodas las candidaturas hicieran públicossus pactos electorales. La lista deGumpert se apresuró a dar publicidad asu acuerdo con ALTODO, sin justificarsiquiera los novecientos votoscomprometidos ni el reparto de cargos.En cuanto a las irregularidades en elvoto por correo, la comisión diocarpetazo a la denuncia sin entrar en másdetalles.

Los resultados de la jornadaelectoral supusieron una aplastantevictoria para Sonia Gumpert. Laganadora de los comicios consiguió6426 votos, frente a los 3293 de AntonioHernández-Gil, los 2769 de JavierCremades, los 1574 de Lorena Ruiz-Huerta y los 1550 de Ignacio Peláez, ylos 916 de Josefa García Lorente. Yome quedé con 397 sufragios.

A fecha de hoy, el asunto está subiudice al mantener las candidaturas lasacciones judiciales entabladas en elorden administrativo y penal. Estoyconvencida de que Gumpert no habríanecesitado este comportamiento de su

entonces equipo para obtener el éxito enlas urnas. En todo caso, el tiempo y lajusticia tendrán la última palabra.

Delito de revelación desecretos

Juzgado de Instrucción número 9 deMadrid. Plaza de Castilla, número 1.Martes 2 de abril de 2013. Durante lamañana.

El caso de las irregularidades en laselecciones del Colegio de Abogados dioun vuelco inesperado. El magistradoElpidio José Silva Pacheco —el juezque semanas después envió a la cárcelal expresidente de Caja Madrid, MiguelBlesa— mandó y firmó un auto por elque se imputaba a la decana y a toda su

junta directiva merced a la denuncia quepresentamos el resto de candidatos porlos incidentes registrados en la jornadaelectoral, en la que tuvo que irrumpir lapolicía. El juez revocó elsobreseimiento libre del caso, quepermitió a Gumpert y a su equipo tomarposesión, y ordenó que se siguiesetramitando la causa por la posiblecomisión de un delito de descubrimientoy revelación de secretos.

El 21 de diciembre la jueza quesustituía al magistrado Silva Pachecodictó un auto por el que acordó elsobreseimiento libre y el archivo de ladenuncia al estimar que los hechos que

se produjeron, vinculados a lacandidatura de Sonia Gumpert, noconstituían infracción penal alguna. Ladecisión de la jueza sustituta se adoptó atoda prisa —apenas tres días después dela celebración de las elecciones— y sinexaminar siquiera los dos ordenadoresrequisados a la lista vencedora. Fue porello que, tanto el equipo encabezado porel decano saliente como el nuestro,decidimos recurrir.

Lo que hizo el magistrado Silva ensu auto, filtrado a los medios decomunicación, fue enmendarle la plana asu sustituta como pocas veces se havisto: «En el presente caso no nos

hallamos ante los presupuestosindispensables para que, apreciando elprincipio de intervención mínima,proceda el sobreseimiento libre de lacausa; y ello esencialmente en virtud delos hechos que se han puesto demanifiesto, integrando las alegacionesinvocadas en los recursos de reformaformulados; pero con todo, ya desde ladenuncia inicial, de ningún modo puedecompartirse que procediera elsobreseimiento libre de la causa, porcuanto siquiera de forma sumamenteesquemática, la denuncia inicial ya pusode manifiesto la existencia de un posiblehecho con relevancia penal, atinente al

manejo o apoderamiento de datos decarácter personal de los votantes quepodrían obrar en poder de lacandidatura de una de las imputadas. Portanto, nos hallaríamos, más bien, en elsupuesto del apartado primero delartículo 641 de la ley de EnjuiciamientoCriminal (“Procederá el sobreseimientoprovisional cuando no resultedebidamente justificada la perpetracióndel delito que haya dado motivo a laformulación de la causa”); y, enabsoluto, ante uno de los supuestoscontemplados en el artículo 637 de lamisma ley procesal. Por ello, hubierasido procedente acordar el

sobreseimiento provisional de lasactuaciones, en vez del sobreseimientolibre acordado en el auto recurrido, loque ya, de por sí, implicaría la necesariaestimación parcial de los recursosformulados».

No se quedó ahí el juez Silva. Fuemás allá y razonó los argumentos para laestimación plena de los recursos: «Debereseñarse que en la fase instructora delprocedimiento penal se proyecta a lainvestigación de hechos aparentementedelictivos, de modo que cuando nisiquiera presentan tal carácter aparenteo indiciario debe procederse al archivode las actuaciones, tal como

expresamente se desprende de locontemplado en el artículo 269 de la Leyde Enjuiciamiento criminal. Salvadoeste control inicial, la instruccióndeberá encaminarse al esclarecimientode los hechos con cuantas circunstanciaspuedan influir en su calificación, asícomo la identificación de las personasque en los mismos puedan haberparticipado. Las resoluciones de archivoadoptadas tras la puesta en marcha de lainstrucción penal, en las que no seefectúa un mero análisis preventivo deun escrito de denuncia o querella, sinoen las que, ante una inicial configuracióndelictual se valore el resultado de las

diligencias de investigación practicadas,pueden consistir o bien en elsobreseimiento libre de los tressupuestos del artículo 637 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal, o bien en elsobreseimiento provisional del artículo641.

»La diferencia es de sumasignificación, por cuanto elsobreseimiento libre se equipara a lassentencias por su efecto sobre cosajuzgada material, imposibilitándose,devenido y firme, ulterioresprocedimientos contra la misma personay hechos. Y, aunque ciertamente debeutilizarse con moderación la facultad de

sobreseer las actuaciones (para evitar lallamada “pena de banquillo”), cuando labase de diligencias probatorias decontenido incriminatorio resulteobjetivamente endeble, debe optimizarsela facultad de sobreseer; pues de locontrario, con la mera manifestacióninculpatoria del denunciante, elinculpado se vería abocado a un juiciooral, que podría quedarinstrumentalizado sobre la base defalsas o temerarias imputaciones. Porello debe posibilitarse que el instructorpueda valorar y ponderar este tipo dediligencias, máxime porque, pese a supapel rector de la investigación, debe

posicionarse ante la misma con laadecuada imparcialidad y objetividad,con sometimiento al imperio de la ley,dado que su función no es ni acusar niposibilitar el juicio de acusación, sino,más bien, descubrir la verdad de loacontecido, ya favorezca o yaperjudique al imputado.

»Ahora bien, los términos en que harecaído auto de sobreseimiento libre enla presente causa son inasumibles, desdecualquier consideración ponderada oproporcional del proceso y de talfacultad de sobreseer, pues se acuerdael sobreseimiento libre de la causaprima facie, casi de plano, bajo un

fondo de racionamiento meramenteformal, moderadamente sucinto, y que noaborda en absoluto los indicios que secontienen en la denuncia inicial,contrastados bajo la mención de losdocumentos que se aportan junto a lamisma. Ya el sobreseimientoprovisional habría sido forzado; pero laconsideración de sobreseimiento libre,bajo el citado alcance del mismo y antela inexplicable tenencia de losdocumentos que se mencionan en ladenuncia inicial, no se halladebidamente fundada ni ajustada alcanon procesal aplicable, por lo demás,reiteradamente por este juzgado».

Magistral lección de derecho deljuez Silva. Pero ahora cabe preguntarse:¿Por qué ante tal cúmulo decircunstancias indiciarias se dictó unauto de sobreseimiento libre cuandocualquier otro juzgado habría abiertodiligencias previas de investigación?¿Por qué lo hizo una jueza sustituta?¿Por qué en tiempo récord, a los tresdías de presentarse la denuncia? ¿Porqué no se efectuó prueba alguna? ¿Porqué no se analizaron los ordenadoresrequisados? ¿A quién benefició taldecisión? Lo que es evidente es que elauto de archivo posibilitó que al díasiguiente la Comisión Electoral del

Colegio de Abogados de Madrid seapresurase a desestimar lasreclamaciones presentadas por lascandidaturas perdedoras y a proclamarcomo nueva decana electa a SoniaGumpert, aunque reconoció, no obstante,que se produjeron irregularidadesdurante la celebración de los comicios.En su dictamen los cinco abogados quecomponen el órgano electoral del ICAMconsideraron que ninguna de lasanomalías detectadas les permitíaafirmar que el resultado electoral habríasido diferente y aseguraron que no lescorrespondía valorar los efectos sobrela mayor o mejor legitimidad de la

candidatura ganadora. En concreto, lacomisión admitió que se produjeron unaserie de hechos irregulares como la «norevelación de un pacto de coaliciónpreviamente a la proclamación de lascandidaturas, sin perjuicio de que noafecte a la elegibilidad de loscandidatos que lo suscribieron o a latotalidad de la candidatura». Tambiéndenunció «la inclusión en el colegioelectoral de colaboradores o voluntariossin informar previamente a la ComisiónElectoral sobre su identidad yfunciones», así como la utilización«sistemática y organizada» de los datospersonales de votación para proceder al

cotejo con ficheros de datos desupuestos simpatizantes que tenían unvoto presuntamente comprometido. En lamisma dirección aceptó que serealizaron llamadas telefónicas a loscolegiados de forma «sistemática yorganizada», que habían comprometidode alguna forma su voto conanterioridad. En este sentido, lacomisión continúa explicando que sutrabajo es determinar, conforme a unjuicio de relevancia y proporcionalidad,si las irregularidades detectadaspudieron tener una relación de causa-efecto sobre el resultado de laselecciones, además de si en ausencia de

dichas irregularidades habría podido serdiferente. Su conclusión es que no, y dehecho añadió que si es posible afirmarque la jornada electoral se llevó a caboen parte de forma indecorosa, nadaautoriza a la comisión a introducircriterios subjetivos de esta naturalezapara invalidar unas eleccionesválidamente celebradas. Así, los cincoabogados advirtieron de que nadie poneen cuestión la validez de los votosemitidos en la jornada electoral y que,en este sentido, hay que respetar elfundamento democrático inherente alfuncionamiento del ICAM. Ademásinsistieron en que consideraron «hasta

qué punto» las circunstanciasreconocidas pudieron afectar alresultado electoral y concluyeron que«no es el caso».

En cuanto al pacto entre lacandidatura de Gumpert con ALTODO,la comisión valoró que incluso sidetrajeran el voto comprometido de loselectores miembros de la asociaciónfirmante (novecientos sufragios), elresultado electoral no habría quedadoafectado. Respecto a las demásirregularidades producidas durante lajornada electoral, tampoco apreció quelas mismas tuvieran la capacidad paraalterar el resultado. «No puede la

Comisión Electoral presumir que lasirregularidades detectadas tuvieran unreflejo en el nivel de participación enlas elecciones», concluyó. Por todo ello,el órgano electoral del Colegio deAbogados resolvió desestimar todas lasreclamaciones de las candidaturas y, deconformidad con el artículo 32.3 de losestatutos, proclamar los resultadoselectorales producidos el 18 dediciembre. Conclusión: la comisiónadmitió que hubo irregularidades, peroprefirió orillarlas y no tenerlas encuenta. Flaco favor hicieron alesclarecimiento de los hechos y a lajusticia en general.

Llegados a este punto del relato,cabe hablar de que uno de los cincomiembros de la Comisión Electoral,Enrique Arnaldo Alcubilla, no es unabogado cualquiera, es el secretario delórgano colegiado. Lo curioso del asuntoes que, además de secretario de laComisión Electoral del ICAM,pertenece como árbitro a la AsociaciónEuropea de Arbitraje y Equidad(AEADE), la corte de arbitraje con sedeen Madrid, cuyo secretario general esJavier Íscar Hoyos, a la sazón númerocuatro de la candidatura Gumpert.Evidente conflicto de intereses, envirtud del cual debería haberse

a b s te ni d o , prima facie, en lacomposición de dicho órgano, y en todocaso, del conocimiento, deliberación yfallo del acuerdo en el que seproclamaron los resultados de laselecciones. Pues bien, lejos deabstenerse, el miembro en cuestión,experto en materia electoral, participóactivamente en la toma de decisiones dela Comisión Electoral, no solo en cuantoal acuerdo impugnado se refiere, sinorespecto de otras impugnaciones que seformularon (voto por correo, pactosecreto con ALTODO, etcétera), en elque ya se anticiparon determinadoshechos que debieran haberle infundido

algún ánimo en su decisión deabstenerse. Así las cosas, hay unadependencia económica, profesional, yjerárquica en el seno de la AEADEhasta tal punto que se puede pensar queesa asociación tiene un interés en laCorte de Arbitraje y en el Centro deMediación del Ilustre Colegio deAbogados de Madrid de manera similaral apego del ISDE por los cursos deformación. Existió, por lo tanto, unacontraposición de intereses en lapersona de Enrique Arnaldo Alcubillaque le hizo no idónea para deliberar,votar y fallar con equidad eimparcialidad en el seno de la Comisión

Electoral.Hecho este paréntesis, cabe decir

que el acuerdo del órgano electoral delICAM abrió la puerta para que Gumperty su candidatura juraran el cargo ytomaran posesión. La primera, comodecana; la segunda, como JuntaDirectiva. Lo hicieron el 15 de enerocon la pompa y el boato habitual en esetipo de actos. Asistieron autoridades deMadrid y de la Justicia, como elportavoz del gobierno regional yconsejero de Presidencia y Justicia,Salvador Victoria; la delegada delGobierno en Madrid, Cristina Cifuentes;la abogada general del Estado, Marta

Silva; el presidente del Consejo Generalde la Abogacía Española, CarlosCarnicer; el juez decano de Madrid,José Luis Armengol; el presidente delTribunal Superior de Justicia deMadrid, Francisco Javier Vieira; elpresidente del Consejo General de losProcuradores, Juan Carlos Estévez; eldecano del Colegio de Abogados deBarcelona, Pedro Yúfera; el fiscal deMadrid Manuel Moix, y abogados degrandes bufetes como AntonioGarrigues, Pedro Pérez-Llorca, JavierCremades, Sebastián Albella, LuisFernando Guerra, José María Alonso yGaspar Ariño. También hizo acto de

presencia la presidenta del PP enMadrid, Esperanza Aguirre, quemanifestó que aquel era un día históricopara la abogacía madrileña, porque unamujer accedía al cargo de la institucióncentenaria. En una abarrotada bibliotecadel Ilustre Colegio de Abogados deMadrid se escenificó aquella mañana eltraspaso de poder entre la junta saliente,que presidió durante cinco años AntonioHernández-Gil, y la junta entrante. Trasunas primeras palabras del decano enfunciones, Hernández-Gil colgó delcuello de Gumpert la medalla que laacredita como la abogada número unodel colegio para los siguientes cinco

años. Gumpert, que fue ovacionada porun auditorio repleto, expresó su gratituda los letrados madrileños por elegirla enlas elecciones con mayor índice departicipación de la historia. «Quiero queesta nueva etapa tenga comoprotagonista al colegiado, y que sea derigor y de transparencia», afirmó.

Transparencia en su elección fue loque no encontró el juez Silva en el auto—al que tuvo acceso Efe y legible en lapágina diariojurídico.com— contraGumpert y su Junta Directiva por laposible comisión de un delito dedescubrimiento y revelación de secreto.«En los términos en que se concreta, de

imputación en la presente causa —señala el magistrado en su escrito—, losposibles sujetos activos del delitodesvelaron y procedieron aldescubrimiento de datos secretos oreservados, a los que pudieron teneracceso “para los fines indiciariamenteinstrumentados” (manipulación delproceso electoral a favor de una de lasimputadas, como se viene a formular enalgunos de los recursos formulados),revelándose así aspectos personales delos sujetos afectados (los votantes), loque se conculca sin su consentimiento ycon el daño consiguiente a su derecho amantenerlos ocultos (intimidad), lo que

integra el “perjuicio” exigido. Por lodemás, según uno de los recurrentes, lospropios imputados habrían reconocidoextremos atinentes a tal indebidautilización de datos bajo un fineminentemente desviado, revelándose unaspecto secreto o reservado del votodurante el proceso electoral relacionadocon “el derecho a no ejercer el voto”(abstención); y ello, bajo el desplieguede medios informáticos y bajo elsupuesto reconocimiento en una páginaweb que exigen ineludiblemente lapráctica de diligencias de investigaciónpara apreciar el alcance de los indiciosvolcados imputatoriamente. Sobre el

carácter reservado de los datos a losque supuestamente acceden losimputados, debe aclararse que el censode abogados votantes recae en elcontenido del artículo 2.1 de la Ley deProtección de Datos de CarácterPersonal. Tal cuerpo legal se hallarespaldado por la Constituciónespañola, artículo 18.1 y, el Conveniodel Consejo de Europa del 28 de enerode 1981 de protección de las personasrespecto al tratamiento automatizado dedatos personales, y la directiva 46 de laUnión Europea, del 24 de octubre de1995. Y en el marco de este conceptonormativo lo que debe reseñarse es que,

en todo caso, la información disponiblesolo debe utilizarse para fines lícitos yconcretos que no volatilicen la debidareserva del dato. Respecto del término“reservados” referido a los datos, todoslos datos personales son sensibles, unavez introducidos en el ficheroautomatizado, porque la citada leyorgánica 15/1999 no distingue a la horade ofrecerles protección. No existen,por consiguiente, datos personalesautomatizados reservados y noreservados, por lo que debeinterpretarse que todos los datospersonales automatizados quedanprotegidos por la conminación punitiva

del artículo 197.2 del Código Penal.[…]

»Respecto de todo ello, cobraespecial significación el contenido delacuerdo de la Comisión Electoral delIlustre Colegio de Abogados de Madrid,por cuyo tenor se evidencia que lainformación relativa a los abogadosvotantes, o no votantes, constituye undato personal, razonándose en eseacuerdo que tales datos seinstrumentaron, se trataron omovilizaron desviadamente. Debedestacarse, tal como se desprende deltenor del atestado policial obrante en lasactuaciones, que una de las imputadas se

negó a poner a disposición de laComisión Electoral referenciada elcontenido de los ordenadoresintervenidos en la presente causa, lo quehubiera despejado, muy fácil eindudablemente, toda sospecha o indicioincriminador de entre los que recae en lapresente causa según lo razonado; portodo lo cual, en virtud de lo expuesto yestimando los recursos de reformaformulados contra el auto del 21 dediciembre de 2012, recaído en lapresente causa acordando elsobreseimiento libre de la misma,procede revocar la resolución recurrida,debiéndose continuar la instrucción del

presente procedimiento, practicándosecuantas diligencias han sido instadas porlos denunciantes, así como las queresulten indispensables conformeavance, en su caso, la instrucción de lapresente causa. Respecto al requisitocontenido en el artículo 201 del CódigoPenal, debe entenderse salvada laprocedibilidad persecutoria de rangocriminal, habida cuenta de que resultamanifiesto que la presente causa afectaal interés general, proyectado a variadasconductas que, incluso, pudieron afectar,no solo al bien jurídico protegido, sinoal propio proceso electoral atinente alICAM; amén de que el título

imputatorio, exartículo 201.2 del CódigoPenal, se extiende, afecta o perjudica auna pluralidad de personas; y ello, sindescontar que alguno de entre losdenunciantes pudieron resultardireccionalmente afectados por loshechos que se imputan. Vistos lospreceptos legales citados y los demás degeneral y pertinente aplicación, acuerdo:revocando el sobreseimiento libre de laspresentes actuaciones acordado por elauto de 21 de diciembre de 2012,procede que se continúe tramitando lapresente causa por la posible comisiónde un delito de descubrimiento orevelación de secretos, imputado a

Sonia Gumpert Melgosa, Manuel ValeroYáñez, Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, Javier Fernando Íscar Hoyos,María Begoña Castro Jover, AlejandoAlonso Dregi, Santiago Luengo Martín,Juan José Sánchez Puig, María TeresaNadal Charco, Carmen Pérez Andújar,María Soledad Mesas Peiró, Elena Ruizde Angulo Gómez y José Manuel PradasPoveda; debiéndose practicar cuantasdiligencias se instan en los recursos dereforma que se estiman por la presenteresolución».

Tras la notificación del auto del juezSilva, el mensaje que quiso lanzar elentorno de la decana, en palabras del

abogado Manuel Méndez, director delbufete jurídico Manuel Méndez &Asociados, fue: «Catorce letrados sehallan imputados como presuntosautores de un delito de revelación desecretos, acontecido en el Colegio deAbogados, durante la sesión electoral.Se podría afirmar pues, que han vencidoen el juzgado, aun de maneraprovisionalísima, aquellos queperdieron las elecciones de maneraestruendosa y por ello optaron porcriminalizarlos. Pretender aplicar el tipopenal a los hechos enjuiciados resulta, anuestro juicio, inasumible, tanto comopara el instructor entender el

sobreseimiento libre acordado por supredecesora». Por su parte, la Junta deGobierno de Gumpert tachó de muyendeble la imputación y cargó contra losdenunciantes. «Los perdedores en laspasadas elecciones nos están buscandolas vueltas. No van a parar porque nohan aceptado la derrota. No hayrevelación de secretos por ningún lado yni un solo abogado de los quince mil queparticiparon en las elecciones que hayadenunciado haber sido intimidado,coaccionado o amenazado, ya quevotaron libre y democráticamente»,sostuvieron algunos diputados del ICAMen declaraciones a varios medios de

comunicación.

Mentiras, traiciones ypactos secretos

Consejo de Colegios de Abogados de laComunidad de Madrid. Calle de Núñezde Balboa, número 12. Martes 7 demayo de 2013. Durante la mañana.

Con sello de entrada número 810, seregistró en el consejo un escrito firmadopor Alejandro Pintó Sala y undocumento anexo, según se encargó depublicar La Razón. El Consejo delColegios de Abogados de la Comunidadde Madrid investiga los pactoselectorales secretos entre Gumpert con

terceros por si se determinara queviolaron la legalidad al no declararse ainstancias de la Comisión Electoral. Consu aportación y su salida a la luz ahora,el presidente del Instituto Superior deDerecho y Economía (ISDE) dabacumplimiento así a la resolución del 22de abril, que le requirió para que en elplazo de diez días aportase ladocumentación obrante en su poderrelacionada con posiblesirregularidades cometidas por lacandidatura de Sonia Gumpert durante lacampaña y la jornada electoral del 18 dediciembre del año anterior. Se trata deun expediente abierto por el Consejo del

Colegio de Abogados de la Comunidadde Madrid a raíz de sendos recursosfirmados por Antonio Hernández-Gil ypor mí, en los que pedimos que seinvestigaran los pactos electorales «quepudieran existir y que no se hicieronpúblicos como obliga la normativalegal».

El contrato aportado por Pintó Salaal expediente es de vital importancia, yaque arroja luz sobre las presuntasirregularidades cometidas por lacandidatura ganadora en los comicios.«Aunque en dicho documento quieneslos suscribimos no pactamos nireflejamos en el mismo cláusula de

confidencialidad, quiero manifestarexpresamente ante el colegio que no hehecho uso del mismo, ni he difundido nifacilitado copia del mismo a nadie enninguna ocasión, y que únicamente loaporto ante el consejo en cumplimientodel requerimiento pactado», explicaPintó en su escrito.

En el documento anexo, con fechadel 25 de octubre de 2011, puede leerse:

REUNIDOS: D. Alejandro Pintó Sala(en calidad de presidente de APRA), D.Jorge Tomás Pintó Sala (vocal), D. JuanJosé Sánchez Puig (vocal) y Dña. SoniaGumpert Melgosa (secretaria de APRA).

COMPONEN: Los reunidos declaranser miembros de la denominada Agrupación

Pro Abogacía (en adelante APRA). Losmiembros que componen APRA quierencontribuir con lo mucho que han recibidode la sociedad aportando todo suconocimiento y saber al objeto de queMadrid disponga de un colegio de abogadosque sea efectivo y útil a los colegiados ytodo desinteresadamente. APRA tieneinterés en mejorar la gestión del IlustreColegio de Abogados de Madrid para quelos colegiados puedan disfrutar de un mejorservicio. APRA se presentará a laspróximas elecciones del Ilustre Colegio deAbogados de Madrid.

DICEN: Que APRA está interesada enpresentarse a las próximas elecciones alDecanato y a la Junta de Gobierno delIlustre Colegio de Abogados de Madrid alobjeto de poder aplicar el programaelectoral que se recoge en el anexo. Que

APRA está interesada en que se llegue aaplicar el mentado programa por considerarque implicará importantes mejoras para laabogacía madrileña. Que el mentadoprograma electoral ha sido realizado porAPRA. Que los reunidos reconocen queAPRA tiene un conocimiento profundo delas necesidades de la abogacía.

PACTAN:Primero.— Que APRA está interesada

en dirigir la campaña electoral, al objeto deconseguir que la mayoría de abogados deMadrid puedan conocer el programa,valorarlo y en su caso votarlo durante laspróximas elecciones al Decanato y a laJunta de Gobierno del ICAM.

Segundo.— APRA designa director decampaña a D. Alejandro Pintó Sala, el cualse obliga a invertir el tiempo necesario quele requieren y realizar sus mejores

esfuerzos para la mejor dirección yorganización de la campaña.

Tercero.— APRA designa a Dña. SoniaGumpert Melgosa como candidata a decanadel ICAM, la cual se obliga a dedicar eltiempo necesario que se le requiere yrealizar sus mejores esfuerzos parapresentar el programa electoral que seadjunta en anexo.

Cuarto.— APRA trabajará paraconseguir ganar las elecciones y poder asícumplir la finalidad de este contrato, talcual es servir conjuntamente ygratuitamente a los colegiados durante loscinco años que dura el mandato volcandotodo su conocimiento y saber en favor deestos.

Quinto.— APRA designa comosponsor a Difusión Jurídica, la cualaportará íntegramente todos los costes

derivados de la campaña electoral.Sexto.— Corresponderá a APRA la

elección de miembros que formaráncandidatura junto a la decana, así como elárea de responsabilidad que ocuparán en laJunta de Gobierno (vicedecano,bibliotecario, secretario y diputados).

Séptimo.— Tanto para la elección delresto de miembros que componen lacandidatura APRA como para cualquiercambio en el programa electoral, seutilizará el sistema de votación por mayoríasimple entre los reunidos que componenAPRA (el voto del presidente en caso deempate será doble).

Octavo.— El nombre que adoptará lacandidatura será el de la propia aspirante adecana (Candidatura Sonia Gumpert). Eleslogan de campaña será decidido tambiénpor APRA.

Noveno.— Los reunidos para elsupuesto de que ganen las elecciones seobligan frente a APRA a cumplir elprograma, y en este sentido y con esafinalidad a cumplir las instrucciones deAPRA.

Décimo.— Una vez ganadas laselecciones, APRA se reunirásemestralmente con objeto de analizarnuevas necesidades de la abogacíamadrileña y dar seguimiento alcumplimiento del programa electoral. Y enseñal de conformidad, los reunidos firmanun único ejemplar del presente documentoque quedará archivado y custodiado en laSecretaría de Campaña.

En Madrid, a 25 de octubre de 2011.

A continuación se pueden leer las

firmas de los cuatro reunidos.Dicho en román paladino, APRA —

cuyo máximo responsable, AlejandroPintó Sala, es también el presidente delConsejo Rector de ISDE— secomprometió a dirigir la campaña,redactar el programa, elegir a susmiembros y sufragar económicamente lacandidatura de Sonia Gumpert. A lavista del pacto oculto entre lacandidatura Gumpert y APRA, caberecordar la entrevista que la actualdecana del Colegio de Abogados deMadrid concedió a la web DiarioJurídico el 9 de enero de 2013, díasantes de su toma de posición en el

ICAM. El periodista del diario digital lepreguntó por la presunta financiación deISDE a su campaña electoral, a lo queella contestó: «No hay tal financiación.Yo he presumido desde el principio dela campaña de ser profesora en variasinstituciones, una de ellas el ISDE, cuyodirector, que también es abogado, esdiputado (en referencia a Juan JoséSánchez Puig). Otra cuestión que no escorrecta es que exista un pacto secreto.No hay pacto secreto con nadie, conninguna institución, ni con ISDE. Lapresencia de ISDE se debe, primero, aque el diputado es profesor de ISDE,como yo soy socia de mi despacho y

otros son miembros de otrasasociaciones. Es decir, de secreto, nada.Y segundo, de financiación tampoconada. La financiación ha venido demanos de los diputados que hemosasumido los gastos. Lo de la influenciame parece de una hipocresía máxima porparte de las otras candidaturas. Dehecho, la que está en funciones ha tenidoal decano del Instituto de Empresa, quees todavía diputado en funciones y nadieha supuesto que habría ningún fin oscuroen esto. Que ahora mismo se nosreproche eso me parece… Además, hayotra candidatura que tiene una escuelade formación muy importante. Oigo estas

cosas y no doy crédito». Sin palabras.Solo recordar, que como dice el refrán,antes se coge a un mentiroso que a uncojo.

Si eso fuera poco, el Consejo deColegios de Abogados de la Comunidadde Madrid investiga otros dos pactossecretos de la candidatura de Gumpert.El primero de ellos hace referencia alacuerdo suscrito con la lista encabezadapor el abogado Emilio Ramírez Matos,que renunció a concurrir a los comiciosy solicitó el voto para Gumpert a travésde un e-mail interno remitido al ICAM.Se trata de un pacto que la propiaComisión Electoral validó el 17 de

diciembre, mediante un escrito en el quedaba por «apartada dicha candidatura».A pesar de que este pacto de apoyo a lalista que finalmente resultó ganadora sícumplió con lo requerido en losestatutos del ICAM, su documentaciónha sido incorporada al proceso. Larazón de la investigación en este puntoestá ligada al incumplimiento de algunosde los compromisos que Gumpert habríasuscrito con la lista retirada. Además,Emilio Ramírez aporta al expediente uncorreo electrónico remitido la vísperade los comicios por Sonia Gumpert a ély a otros destinatarios más (entre ellos,Alejandro Pintó Sala y Juan José

Sánchez Puig) en el que se puedenconstatar las presuntas irregularidadescometidas durante la jornada electoral.

E l e-mail dice así: «Queridos, esimperioso que consigamos másvoluntarios para mañana y que estén adisposición de la candidatura mañanatodo el día, pues el ir y venir va a sertremendo y no hemos alcanzado elnúmero que estimamos que cubriría lasnecesidades de telefonear, transporte,etcétera… Por favor, hagamos un últimoesfuerzo para que mañana podamosatender todas las eventualidades con lasmanos suficientes. Cualquier noticia, p.f. contactad con Julio, que coordina esta

parte. Un fuerte abrazo. Sonia GumpertMelgosa. Abogada. Monereo MeyerMarinel-lo Abogados».

Otro de los pactos que no tuvieronpublicidad fue el que la actual decanasuscribió con el colegiado no ejercienteRicardo García García. En un escritoenviado al Consejo de Colegios afinales de abril, ese abogado manifiesta:«Que la actual decana Sonia Gumpertalcanzó un compromiso conmigo por elcual, en el caso de ser elegida comodecana, me propondría para ocupar elpuesto de Defensor del Abogado en elICAM, a cambio de mi apoyo para sucandidatura por medio de la divulgación

de su programa, el trabajo en sucandidatura desde finales de febrero de2012 y la captación de votos. Elnombramiento estaría sujeto a midisponibilidad y a mi aceptacióndefinitiva y ese pacto se me ofreció atenor de mi experiencia profesional yformación jurídica previa. Que dichoacuerdo no fue divulgado a terceros,aunque sí era conocido por losmiembros de la candidatura y por loshoy miembros de la Junta de Gobiernodel ICAM, por lo que considero que estedato puede tener trascendencia para lainvestigación que se está llevando acabo. Igualmente, he sido testigo de

otros compromisos con otras personaspara el desempeño de cargos en elICAM. Todos ellos contaban igualmentecon una formación y experienciaespecífica previa para las ocupacionesofrecidas».

El Consejo de Colegios deAbogados de la Comunidad de Madridrecibió esta documentación durante lasegunda semana de mayo. En caso deconsiderar los pactos con APRA, EmilioRamírez y Ricardo García se les debiócomunicar que, el Consejo podría anularlos resultados de las elecciones del 18de diciembre y convocar nuevoscomicios.

No me cabe duda de que SoniaGumpert llevaba en la cuerda flojadesde el mismo instante en que juró elcargo de decana del Colegio deAbogados, el 15 de enero de 2013. Lascrisis sufridas por la institución en esosmeses —que fueron muchas y variadas— no estuvieron bien gestionadas, nisiquiera se explicaron bien a loscolegiados. El primer problema seriollegó el 24 de enero, cuando dimitió elprimer secretario de la Junta deGobierno, Francisco de Asís EstebanGómez. La noticia se pudo saber cincodías después de que hubiera acaecido yno gracias al colegio, sino a un medio de

comunicación independiente. Fueentonces cuando el ICAM emitió unescueto comunicado sin aclarar cuálesfueron los motivos de tal renuncia. Díasdespués, el diario Expansión contó que:«Esteban Gómez tuvo problemas conalgunas de las primeras decisiones de ladecana al frente de la institución ytampoco quería perjudicar a su empresapor el daño de imagen que podíaocasionar estar en una junta cuestionadaen los tribunales por hacersupuestamente trampas en loscomicios». El diputado más joven, JuanJosé Sánchez Puig, ocupó su lugar,según establecen los estatutos del

colegio.Una nueva polémica llegó a

mediados de marzo, cuando unadelegación del colegio encabezada porla decana, Sonia Gumpert, viajó aUruguay, Argentina y Brasil para firmarconvenios y «estrechar los lazos» conesos países iberoamericanos. Integraronla comisión el diputado de la Junta deGobierno, Javier Íscar, y el presidentede la Unión Iberoamericana de Colegiosde Abogados y exdecano del ICAM,Luis Martí Mingarro. La agendacontemplaba, entre otras actividades, lafirma de un convenio con el Colegio deAbogados de Uruguay, una reunión de

trabajo con el Centro Iberoamericano deArbitraje, un encuentro con miembros dela Federación Argentina de Colegios deAbogados, una reunión con el presidentede la Ordem dos Advogados do Brasil,la asistencia a la toma de posesión delpresidente de esa orden, MarcusVinicius Coêlho, y una reunión con elembajador de España en la antiguacolonia portuguesa, Manuel de laCámara. El debate sobre aquel viaje seabrió pocos días después en las redessociales. «Ya que pago (obligado), megustaría saber la justificacióncoste/beneficio de la giraiberoamericana de Sonia Gumpert»,

escribió en Twitter Javier MuñozPereira, fundador de la página onlineiAbogado.com. «Qué vergüenza…Beneficio para sus propios negocios yvidorra padre a costa de loscolegiados», contestó en otro tweet elabogado Miquel Roca (no confundir conel político de CiU y defensor de lainfanta Cristina en el caso Nóos).

La réplica de Gumpert llegó a lamañana siguiente: «Tan falso como fácileste tweet. Increíble que siendo abogadohables sin cotejar. La información estádisponible». «Le brindo el cotejo: ¿hanpagado usted y el señor Íscar su viaje?¿O lo han pagado los colegiados?»,

contestó Miquel Roca, para acontinuación, escribir un nuevo mensaje:«Si lo que digo es falso, agradecería surectificación. Gracias». «Es falso y susinsinuaciones son inadmisibles»,respondió Gumpert. A renglón seguidoterció Íscar: «Miquel, ¿qué te pasa?¿Enfadado? ¿De verdad crees que se haido a promocionar AEADE [laAsociación Europea de Arbitraje yEquidad, cuyo secretario general es elpropio Íscar y a la que en ese momentopertenecía Roca]? Si así lo crees, datede baja». Roca respondió instantesdespués: «¿Me ofreces darme de bajapara que así deje de preguntar? Javi,

sabes que te aprecio en lo personal,pero…». Semanas después de eseintercambio de tweets, Miquel Rocaabandonó AEADE.

Pocos días después estalló un nuevoconflicto. Bajo el título: «Sonia Gumpertutiliza el Colegio de Abogados deMadrid en favor de su bufete», elperiodista Ramón Roca escribía enEconomía Digital: «El escándalocontinúa en el Ilustre Colegio deAbogados de Madrid (ICAM). Ladecana Sonia Gumpert ha dado trato defavor a su bufete a través del colegio.Según ha podido saber EconomíaDigital, Gumpert organizó en la sede del

ICAM un encuentro de empresarios ybufetes austriacos en el cual participó eldespacho del que es socia, Monereo,Meyer & Marinel-lo (MMMM). Lajornada, organizada por el ICAM y laOficina Comercial de la Embajada deAustria en España (Advantage Austria),se realizó los pasados 26, 27 y 28 defebrero. El despacho de Gumpert es elprincipal bufete que asesora a laembajada austriaca. De los tres días,hubo una jornada pública para losabogados madrileños. En ellaparticiparon además de la decana elagregado comercial de la Embajada deAustria, Andreas Baumgartner, dos

representantes de la AsociaciónHispano-Austriaca de Juristas y ochoabogados de firmas centroeuropeas. Loque no se hizo público fue el resto dejornadas. Es ahí donde participóactivamente el bufete de la decana delICAM. […] Entre la Oficina Comercialy el ICAM decidieron quién participabaen las reuniones. Monereo, Meyer &Marinel-lo estuvo y se vio con distintosdespachos austriacos y empresarios conintereses tanto en Europa del Este comoen Latinoamérica. Además, los dossocios del bufete dieron una ponenciacada uno enmarcadas en el tema de lacolaboración práctica con despachos de

abogados españoles. El intercambio detrabajo fue constante entre los presentes.[…] Todo el flujo de negocio se realizóen las instalaciones del Colegio deAbogados. El ICAM, además de ponerla sede (algunas de las reuniones fueronen la sala de juntas), corrió con losgastos del encuentro. El bufete Monereo,Meyer & Marinel-lo no ha querido darninguna explicación al respecto. LaOficina Comercial de la Embajada deAustria reconoce que el bufete es uno desus asesores y participó en las jornadasque eran de ámbito privado. Además,una portavoz de la oficina explica que elencuentro se organizó antes de que

llegara Gumpert al ICAM. Este medio seha puesto en contacto con el Colegio deAbogados de Madrid que, en elmomento de publicar este artículo, nohabía dado respuesta».

No hubo respuesta en ese momento,pero sí al día siguiente, cuando tanto ladecana como sus socios salieron entromba a descalificar la información deEconomía Digital con sendos burofaxesinvocando el derecho de rectificación.«Es rotundamente falso el contenido»,decía la decana, mientras que el bufetenegó haber recibido «trato de favor» porparte de Gumpert. El diario digitalexplicó que el titular de la noticia se

basaba en el programa real de lasjornadas que envió la Oficina deComercio de la Embajada de Austria alos bufetes austriacos interesados. Estáen alemán y en él se ve la participaciónde MMMM en la jornada matutina.Tanto la decana como el bufeteaseguraron que «ni Sonia Gumpert ni elICAM organizaron el evento». Elprograma dice que la organizacióncorrió a cargo de la oficina comercial,pero el folleto asegura que se organizóen colaboración de esta con el ICAM.

La información de Economía Digitaldescribió la participación de la decanaen las jornadas. Gumpert afirmó que la

oficina comercial «solicitó el uso de lasinstalaciones colegiales para la últimajornada, el día 27 de febrero de 2013,invitando a esta decana para suclausura». El bufete reconoció que,«evidentemente, la decana dirigió unaspalabras de bienvenida a todos losparticipantes». Bienvenida o clausura,lo cierto es que el programa lo aclarótodo. La decana participó en la aperturade la sesión de la mañana. Volvió aparticipar en el turno de tarde. Tambiéndio un discurso de presentación. Comosi se tratase de dos eventos distintos.Además, la decana reconoció que hubovarias jornadas cuando solo una se hizo

pública. La información de EconomíaDigital indicó que se iniciaron lostrámites del acto durante el mandato dela anterior junta. Gumpert insistió en quela jornada fue planificada por la oficinacomercial «entre los meses deseptiembre y noviembre, en tiempo muyanterior a la toma de posesión del cargopor parte de esta decana». MMMMaseguró que la participación de ladecana fue «con independencia de que laorganización de este evento se iniciaracon el equipo del anterior decano». Loshechos son claros. La organización delevento se inició con la anterior junta,pero se celebró con la actual. Según

Economía Digital, Gumpert tuvo quedar el visto bueno al acto, ya que fueinvitada al mismo. Además, lo que nadieexplica es por qué razón no se celebróen noviembre con la anterior junta.

Discrepancias al margen entre ladecana y un medio de comunicación, loque más daño hizo a Gumpert fue ladimisión de más miembros de su Juntade Gobierno. Durante la celebración dela Junta General ordinaria —la primeracon el nuevo equipo de gobierno—, dosde los diputados con más peso en ladirectiva —el secretario, Juan JoséSánchez Puig, y la tesorera, Elena Ruizde Angulo— presentaron su renuncia

como diputados «por no estar deacuerdo con la política de la nuevadecana». Los propios dimisionarios, porvoz del secretario —ya que la tesorerano estuvo presente—, hicieron públicasu decisión durante la celebración de laJunta General, que tenía comoprincipales cuestiones en el orden deldía aprobar las cuentas relativas alejercicio 2012 y la propuesta depresupuesto para 2013. En el transcursode la tensa reunión se produjeron variascríticas a la decisión de la Junta deGobierno actual de presentar unospresupuestos iniciados por el anteriorequipo directivo, y también por

conceptos y partidas presupuestarias queno se entendían, o con las que no seestaba de acuerdo. La nueva decanapresentó un presupuesto para 2013 pocoaustero, que dejaba sin superávit alICAM y que ponía fin a la políticafinanciera de la junta anterior, queapostaba por mantener un excedente detesorería para posibles imprevistos. Laweb Libremercado publicó una noticiaen la que destacaba que las promesas deausteridad de la nueva Junta deGobierno han quedado también en papelmojado. «Según fuentes cercanas alICAM, Gumpert ha incrementado lapartida de salarios en más de medio

millón de euros». «Por otro lado, pese aque en 2012 el anterior decano logró unsuperávit de más de 6000 euros porcaptación de donaciones en la partida deresponsabilidad social, Gumpertpresupuestó un gasto de 250 000 eurospara el ejercicio de 2013», señalóLibremercado. Tanto las cuentas delejercicio de 2012 como lospresupuestos para 2013 fueronaprobados por un total de 499 votos afavor, 53 en contra y 32 abstenciones.

Así las cosas, en menos de tresmeses de mandato, la abogacíamadrileña volvía a estar abierta encanal. El Confidencial publicó el 15 de

abril de 2013 un exhaustivo análisis dela situación con el siguiente título:«Sonia Gumpert reniega de su padrino yencanalla a la abogacía de Madrid». «Lasalida precipitada de importantes pesospesados de la Junta de Gobiernopresidida por la decana Sonia Gumperta finales de marzo —señalaba elperiódico digital— fue solo elpreámbulo de lo que está por llegar.[…] La noche electoral de marras, envísperas navideñas, Juan José SánchezPuig vivió de manera muy acalorada eldesenlace del recuento. El más joven delos integrantes del equipo encabezadopor Gumpert había sido el muñidor de

una candidatura parida en el seno deISDE, la escuela jurídica de postgradode la que el joven abogado madrileño esdirector ejecutivo y donde la entoncescandidata era profesora del demandadocurso de Secretariado Jurídico. Todoestaba medido para que ese proyecto delaboratorio triunfara, apoyado con lapotencia de recursos de Cima, laagencia de comunicación y marketingjurídico que tiene la instituciónacadémica. […] Los reproches alequipo de gobierno han traspasado lasparedes del ICAM. Las redes socialeshan recogido ya parte de la corriente deopinión crítica generada contra la

decana Gumpert y su escudero Íscar,llegando incluso a destruirse apoyos yrelaciones profesionales anteriores acausa de las críticas por la gestión alfrente de los abogados de Madrid. Asíha ocurrido con el episodioprotagonizado por el abogado MiquelRoca, que ha renunciado al cargo quedesempeñaba en la Asociación Europeade Arbitraje tras reprobar de manerapública los sospechosos viajes llevadosa cabo por los dos dirigentes del colegioprofesional. En este sentido, Gumpertestá comprobando cómo el marcaje mássevero viene de la trinchera de susantiguos mentores. A través de la web

Informativo Jurídico, controlada porDifusión Jurídica (división editorial delISDE), se conocen detalles polémicossobre la decana, que ha aparcadoalgunas de sus principales promesaselectorales como el seguro médico, lapolítica de gastos y contratación y elsistema de voto. El cambio de sentido enlas relaciones es tal que todo elaparataje anterior empleado para llegaral ICAM se ha reciclado ahora comopunta de lanza de la oposición desde laPlataforma para la Defensa de laAbogacía Madrileña. […] La presiónexistente para que algunos de losdiputados con más peso profesional

abandonen, como ocurre con el exfiscalIgnacio Gordillo o el abogadoAlejandro Alonso, puede precipitar laruptura definitiva. Mientras tanto, enparalelo, empieza a fraguarse unaposible moción de censura, que podrápresentarse transcurridos los primerosseis meses de gobierno si cuenta con unapoyo del diez por ciento de losabogados. ¿Redentora o impostora?»

Por aquellos días de abril, la guerraentre Sánchez Puig e Íscar era yacruenta. El diputado dimisionariopresentó ante el Consejo de Colegios deAbogados de la Comunidad de Madridun escrito de denuncia contra su

excompañero en el que le acusaba deuna falta grave prevista en el artículo 85del Estatuto General de la Abogacía ypedía que se depurasen lasresponsabilidades disciplinarias que sederivan de la misma. Sánchez Puigseñaló en su queja que el 20 de marzo alas 1.54 horas de la madrugada recibióun e-mail de Íscar, con copia a todos losdemás miembros de la Junta deGobierno del ICAM, «en el que sevierten una serie de descalificacionespersonales y profesionales hacia mipersona».

Abiertas las hostilidades, todos losmedios de comunicación dependientes

de la familia Pintó se convirtieron ensingular ariete contra Sonia Gumpert yel equipo que le queda al frente delColegio de Abogados de Madrid. Eldiario digital Informativo Jurídico, quetanto apoyó a la candidata para queganase las elecciones del 18 dediciembre, no dejaba pasar laoportunidad de reproducir las noticiasnegativas para la decana que publicabanotros medios, mientras la web de laplataforma Defensa de la AbogacíaMadrileña era un monográfico contra sugestión y la de su escudero Íscar: «Encírculos de la abogacía madrileña nodeja de sorprender el poder que está

acaparando el diputado Javier Íscar, queen ocasiones parece ostentar funcionesde decano ejecutivo. Por el contrario,otras figuras como el vicedecano y otrosdiputados, parecen tener muy pocoprotagonismo en las decisiones y actosrepresentativos de la Junta deGobierno», se podía leer el 10 de abrilen la mencionada web. En otro artículo,los enemigos de Gumpert apuntarondirectamente a la falta de transparenciade su equipo: «Nos hemos de preguntar:por qué no quieren que se sepa quédiputados están todo el día en elcolegio; qué es lo que hacen, con quéproveedores y por qué contratan

directamente nuevo personal y, además,por un plazo de tiempo indefinido, esdecir, más allá del propio mandato de ladecana y de su junta; y por qué noinforman de los viajes y de su finalidad,así como de los detalles de los gastos.Sonia, antes decías que el colegio es detodos y que no se puede convertir en uncortijo. Y es que la falta detransparencia puede dar lugar a quepensemos lo que a lo mejor no pasa. Poresto, desde esta plataforma seguiremosluchando para acabar con la opacidad ycon todas aquellas prácticas que seapartan de la más pura ética, hasta queel colegio sea absolutamente

transparente».Además de la falta de transparencia,

los antiguos mentores de la decana lereprochan su cambio de criterio tanto enel asunto del servicio médico como ladelegación del voto. En cuanto alprimero de los puntos, la plataformaDefensa de la Abogacía Madrileñarecordó que todos los que le apoyaronen su campaña electoral empezaron acreer en ella a partir de la lucha quelideró por debatir la decisión de laanterior junta de sustituir el serviciomédico del colegio por la creación deuna mutua independiente de lainstitución colegial. Muchos colegiados

madrileños confiaron en la propuesta dela candidata Gumpert de convocar unaJunta General extraordinaria paradebatir el tema del servicio médico alamparo del artículo 38.3 de los estatutosdel colegio. Recuerdan en este sentidoque consiguió más de 1200 firmas deabogados, cifra que triplicó el mínimoexigido estatutariamente para podersolicitar tal convocatoria. Una vez llegóal poder, el asunto pasó al olvido y laconvocatoria de Junta Extraordinariaque —antes de ser elegida, sosteníadebía celebrase con urgencia— ni semencionaba. «Sin el menor rubor, en lajunta del pasado mes de marzo no se

incluyen en el orden del día los puntosque cuando era candidata defendió conel apoyo de miles de abogadosmadrileños. ¿Cómo se puede argumentareste cambio de conducta sin entrar encontradicción con los actos propios, conel respeto a los compromisos asumidosindividualmente por todos y cada uno delos miembros de la candidatura?Tampoco cabe, frente a esteincumplimiento, la excusa del tiempo.Lo que se exigió a la anterior junta aúnahora era más fácil de realizar habiendoaprovechado la junta de marzo último.De verdad, objetivamente, no hay excusapara haber incumplido este compromiso

electoral que era claro y preciso y cuyaejecución ya estaba absolutamentedefinida», señaló la plataforma Defensade la Abogacía Madrileña en sudemoledora crítica a la decana.

En cuanto al segundo foco de crítica,la candidata Gumpert defendía en marzode 2012 que la limitación de ladelegación del voto a tres en las juntasgenerales era contraria a los estatutosdel colegio y añadía refiriéndose alanterior equipo de gobierno deHernández-Gil: «En ningún caso esadmisible que quien debe ser ejemplode actuación vulnere de esta manerareiterada los estatutos». Pues bien, lo

que hacía unos meses era inadmisible,en la primera junta celebrada bajo sumandato, pasó a ser admisible. Ladecana no solo no impidió la limitaciónde la delegación del voto a tres, sinoque, además, la promovió y utilizó en laprimera Junta General presidida porella. «En este incumplimiento delcompromiso electoral tampoco nada hatenido que ver el tiempo. Han pasadomeses desde que Gumpert es decana,pero para no utilizar una limitación de ladelegación de voto, que ella proclamóque era ilegal, no necesitaba tiempo. Erauna decisión fácil, que para cumplirlasolo necesitaba ser fiel a su palabra de

compromiso con los electores, quetambién era el compromiso del resto demiembros de su junta», apuntaba la webde la Defensa de la AbogacíaMadrileña.

Una noticia aparecida en ABC adoble página y con gran realcetipográfico sirvió para alimentar,todavía más, la polémica. Según serelata en la información —firmada porel periodista Miguel Oliver—, el diariomonárquico tuvo acceso a un correoelectrónico en el que Javier Íscar sedirige en su calidad de diputado delcolegio a un abogado de una gran firmamultinacional para decirle que estaba

pensando incluirle en una comisiónarbitral del ICAM, lo que siempre esimportante para el prestigio profesionalde cualquier letrado. Asimismo —y másimportante—, en ese e-mail Íscarsolicita al abogado en cuestión queincluya en los contratos que redacten ensu firma una cláusula de sumisión aAEADE —la asociación privada dearbitraje que el propio Íscar dirige—,en vez de remitirse a la cláusula arbitraldel propio Colegio de Abogados deMadrid. Con ello, AEADE cobraríahonorarios de administración por losarbitrajes que recibiría de esa firmamultinacional. Si el e-mail que

reprodujo ABC es auténtico, el miembrode la Junta de Gobierno y mano derechade la decana Gumpert incurriría en unclaro conflicto de intereses con elcolegio, ya que, «al ofertar los serviciosde su asociación», privó al ICAM de unarbitraje y benefició «sus interesesparticulares, aprovechándose de sucondición de diputado».

El diario Expansión pidióexplicaciones a la decana sobre esteasunto días después. «El e-mail será elque sea —que además es respuesta aotro correo—, pero es falso que alguiense esté aprovechando de la Corte deArbitraje del Colegio de Abogados de

Madrid. No hay arbitrajes dudosos».Además, Gumpert explicó que JavierÍscar está en la Comisión de Arbitrajedel ICAM porque «es el diputado de lajunta que más sabe de ello y seríaabsurdo no contar con él». «¿Por qué,por ejemplo, nadie me reprocha que enla comisión del turno de oficio hayaabogados que se dedican a eso, al turnode oficio?» Respecto de los arbitrajes,la decana aseguró que, a diferencia delanterior decano —Antonio Hernández-Gil—, que donaba al colegio el dineroque percibía por los honorarios que lecorrespondían por su puesto, ella teníaintención de cobrarlos. «Entiendo que

ese trabajo jurídico es profesional ydebería estar retribuido. Si el anteriordecano lo regalaba porque su situacióneconómica o sus convicciones leaconsejaban hacer otra cosa, me parecefenomenal, pero no lo comparto».

EPÍLOGO

Vivimos una época convulsa. Casi todaslas instituciones del país, de la jefaturadel Estado hacia abajo, se encuentransumidas en una profunda crisis. Lacorona y la presidencia del Gobiernosobreviven como pueden a la extorsiónde presuntos delincuentes; la oposiciónsocialista también sufre su vía crucisparticular, tras ser expulsada sincontemplaciones del poder por losciudadanos; los empresarios tienen a suanterior líder en la cárcel a la espera dejuicio; y los sindicatos de clase sonacusados del mayor pecado que pueden

cometer: quedarse con el dinero de losparados. La lacra de la corrupción lo hainundado todo, mientras la mirada de laopinión pública se dirige, un día sí y elotro también, hacia lo que ocurre en lostribunales de justicia. La solución parasacarnos de este crítico estado puede ydebe venir de la mano de jueces ymagistrados, ministerio público yabogacía. Pero cabe preguntarse: ¿gozala justicia en España de buena salud?Los más escépticos niegan la mayor yaseguran que ni siquiera hay justicia eneste país. Yo no diría tanto, aunque locierto, a mi parecer, es que con losmimbres que tenemos es difícil hacer un

buen cesto.Si echamos la vista atrás, lo

ocurrido en estos años de democracia noofrecen razones para el optimismo.Montesquieu murió hace ya bastantesaños y, sin duda, no hay división depoderes. A nadie se le escapa que losjueces intentan hacer méritos ante laclase política, que es quien decide losascensos y destinos a través delpolitizado Consejo General del PoderJudicial, cuyos miembros son elegidospor el poder legislativo (diez en elCongreso y otros diez en el Senado) ycuyo presidente es el máximorepresentante del Tribunal Supremo.

Resulta, en definitiva, que el órgano quedebe velar por la garantía deindependencia de los jueces ymagistrados frente a los demás poderesdel estado tiene como progenitor alpropio poder legislativo. Y cómo vamosa pensar que este órgano colegiadoautónomo vela por el buen estado de lajusticia cuando fue necesario más de unmes de presiones para que el que fuerapresidente del CGPJ y del Supremo,Carlos Dívar, dimitiera por el escándalode sus viajes particulares con cargo alerario público «sin tener conciencia dehaber hecho algo malo», provocando loque sería el inicio de la crisis más

profunda del órgano de gobierno dejueces y magistrados.

El jueves 18 de julio de 2013 fue undía clave para entender algunas cosas.Aquella jornada, por casualidades de lavida —yo, la verdad, no creo encasualidades, sino en causalidades—,coincidieron dos hechos que pueden serinterpretados como termómetros de laverdadera salud de nuestra justicia. Porla mañana nos desayunábamos con lanoticia en el diario El País sobre lacircunstancia oculta del presidente delTribunal Constitucional, FranciscoPérez de los Cobos, de haber sidomilitante del Partido Popular desde

2008 a 2011. Ese descubrimiento agravóaún más la crisis de credibilidad de esaalta institución. Si bien la noticia fueutilizada con fines electorales por elPSOE por concurrir en Pérez de losCobos la condición de ser afín al PP,dicha información puso de manifiesto,una vez más, la necesidad de acabar conla politización del TribunalConstitucional, del que unos y otros, sindistinción, han hecho uso partidista,mediante la cuota de designación (4nombramientos por el Congreso, 4 porel Senado, 2 por el Gobierno y otros 2por el CGPJ). Los políticos no puedenni deben aspirar a controlarlo todo. En

este país falta una cultura política dehonorabilidad en el nombramiento delos magistrados del TribunalConstitucional. No todo vale. Hay queprestigiar las instituciones. Lospolíticos, amén de pensar en el interésgeneral, deben tener grandeza de miras yhumildad, ya que la verdaderademocracia precisa, justamente, de unagran formación en valores democráticosy eso conlleva una autolimitación. Esdifícil que los ciudadanos entiendan queni el Constitucional ni sus miembrosforman parte del Poder Judicial cuandoresulta que el Tribunal es el intérpretesupremo de la Carta Magna y sus

magistrados desempeñan una funciónjurisdiccional. Es el denominado podercorrector, es decir, puede corregir paraque se respete la máxima norma jurídicatanto al legislativo como al ejecutivo eincluso al judicial. Pero, sobre todo,resuelve los recursos presentados porlos partidos políticos y por el Gobierno.Esta naturaleza jurídica delConstitucional no es baladí, ya que susmagistrados solo están sometidos a laCarta Magna y a la ley orgánica delTribunal Constitucional, de 3 de octubrede 1979, por la cual —y por ese juegomaligno de aplicación prioritaria de leyespecial o especifica respecto a otra

genérica— a los miembros del TCúnicamente se les impide ocupar cargosde carácter directivo dentro de lasfuerzas políticas y toda clase de empleoal servicio de los mismas.

El debate jurídico-ético y políticoestá servido: ¿debe admitirse que unmiembro del Tribunal Constitucionalmilite en un partido? ¿Debió anunciarloPérez de los Cobos en la Comisión deNombramientos del Senado cuandocompareció ante ella, en el año 2010?¿Debemos ceñirnos a la letra de laConstitución y las Leyes o hay queaplicar también la necesariaindependencia de los magistrados del

máximo garante constitucional? Comoabogada —y en puridad jurídica— notengo más remedio que reconocer elhecho de que la afiliación política de unmagistrado del Tribunal Constitucionales legal. Pero aceptando ese indeseableaserto (no entiendo porque un juez deinstrucción de un pueblo no puede estarafiliado a un partido político y unmagistrado del Tribunal Constitucional,sí), lo cierto es que, al permitir una leyespecial, la militancia de susmagistrados supone comprometer laimagen de imparcialidad del órgano. Laley no prohíbe la afiliación, pero síexige independencia, lo que nos lleva a

pensar que la militancia en un partidopolítico y la condición de magistradodel TC son cuestiones incompatibles, yaque lo contrario afectaría a la tutelajudicial efectiva, a la que tenemosderecho todos los ciudadanos. De todasformas, insisto: con estos mimbres esdifícil hacer un buen cesto.

El mismo día que salió a la luz lanoticia sobre Francisco Pérez de losCobos, los medios de comunicación sehacían eco de otra información judicialno menos controvertida que la anterior:el Tribunal Supremo decidía archivar lacausa contra José Blanco, exministro deFomento y antiguo número dos del

PSOE en la etapa de José LuisRodríguez Zapatero, por presunto delitode tráfico de influencias en la piezaseparada del escándalo Campeón.Blanco, que nunca presentó la renuncia asu escaño de diputado acogiéndose a lapresunción de inocencia —aunque no lapedía para cualquier miembro del PPque hubiera sido imputado o estuvierabajo sospecha—, sacaba pecho esamisma tarde compareciendo ante losmedios de comunicación para decir que«había sido víctima de un infundiopolítico». Al margen de la doble vara demedir de determinados dirigentespolíticos (que exigen para sí lo que no

otorgan para otros), lo cierto es que elauto de la Sala de lo Penal del TribunalSupremo por el que se archivóunánimemente el procedimiento contraJosé Blanco merece un análisisdetallado, sin caer en la primeraimpresión de entender la cuestión comouna vendetta de los jueces del Supremoque, cansados de que los magistradosdel Constitucional les enmienden laplana y resuelvan asuntos de enjundiacon arreglo al encargo del partidopolítico de turno que le designó, seliaron la manta a la cabeza y decidieronhacer del caso Campeón una decisión decampeonato.

Más allá de la primera lectura, elauto es jurídicamente criticable porqueresulta del todo improcedente que unministro haga saber a un Ayuntamientoque está interesado en que se otorgueuna licencia al empresario José AntonioOrozco, que casualmente resultó seramigo del alto cargo socialista. Elnúcleo central de la argumentación delSupremo fue que no hubo delito detráfico de influencias, ya que ellorequiere que «se ejerza predominio ofuerza moral sobre un sujeto pasivo, demanera que su resolución sea debida ala presión ejercida» y eso no sucedió.Tampoco hubo «abuso de la situación de

superioridad», dado que, segúnsostuvieron los magistrados, Blancoactuó como un mero intermediario paralograr que Orozco fuera escuchado.Curiosa decisión si se tiene en cuentaque los propios funcionarios delAyuntamiento modificaron la instanciade Orozco para adaptarla a susrequisitos y que un dictamen de laPolicía Judicial señaló que elempresario amigo de José Blanco selimitó a cambiar la nomenclatura sinrealizar ninguna modificación delproyecto, por lo que no existíajustificación para que los técnicosmunicipales revocaran sus decisiones.

La investigación judicial dejó al margenla investigación del delito de cohecho,al no haber pruebas fehacientes de laentrega de 200 000 euros a Blanco enuna gasolinera. Tampoco quiso aclararel sospechoso patrimonio del exministrode Fomento. Con todo, lo más grave dela resolución del Supremo fue que vacióla propia tipificación del delito alconsiderar que la intervención delministro para favorecer a un amigo noera un hecho punible. Así las cosas, elalto tribunal puso el listón muy alto paracondenar a los políticos que incurran deahora en adelante en este tipo deconductas delictivas. Volvemos a lo

mismo: con estos mimbres es muy difícilhacer un buen cesto que acabe con lacorrupción política.

Si 2012 fue el año de las reformasdel Ejecutivo, del ajuste más duro de lademocracia, de la subida de impuestos,del incontrolable ascenso del paro, delestallido de la prima de riesgo, de lasprotestas que toman la calle, del rescatebancario, del tasazo judicial, 2013 —lejos de parar esa sangría— nos estádejando decisiones judiciales apegadasa la ley pero no exentas de controversia.La justicia, sin lugar a dudas, se la juegaen casos como el de Nóos. No es ningúnsecreto que 2012 fue el annus horribilis

de la Monarquía: el accidente de donJuan Carlos en Botsuana el 14 de abrilcon fractura de cadera incluida y lasdeclaraciones ante el juez del yerno delRey, acusado de los delitos demalversación de caudales públicos,prevaricación y fraude fiscal. 2013también está siendo un año complicado,debido a la histórica imputación de lainfanta Cristina, posteriormentedesimputada al estimarse el recurso delfiscal, que casualmente interpuso contrala decisión del propio juez Castro conmanifiesta obstaculización en lainstrucción judicial. Aparentemente estemagistrado está haciendo un buen

trabajo. La cuestión clave es saber cómocierra la instrucción del sumario. Seráentonces cuando podrá calibrarse, eneste caso de referencia, si la justicia esigual para todos. Por lo que se conocehasta ahora —según ha quedadoexplicado en el capítulo correspondiente—, soy pesimista en ese extremo.

Precisamente, la pregunta a la quetrata de dar respuesta la obra que ellector tiene entre sus manos es si lajusticia es igual para todos. Mi opiniónes que no y ninguna de laspersonalidades que he entrevistado parala elaboración de este libro me haconvencido de lo contrario. Luis María

Anson fue el menos escéptico de todosellos: «En España —me dijo— se estáhaciendo un enorme esfuerzo, que es elesfuerzo de la democracia, para que,efectivamente, la justicia sea igual paratodos. Es algo casi inalcanzable, perohay algunas naciones, como es el casode Inglaterra, Austria, Finlandia yEspaña, que estamos muy cerca deconseguir ese objetivo. Aunque sea unobjetivo ideal, estamos muy cerca delograrlo». El periodista José GarcíaAbad, en las antípodas ideológicas deAnson, opina no obstante algo similar:«Claro que no es igual para todos, pesea que se está produciendo una reacción,

aunque sea parcial de algunos jueces,para que ese principio básico de lademocracia tenga una plasmación másreal».

No cuestiono que en términosabstractos, es decir, en lo estrictamenteformal, podemos convenir en que sí loes. Sin embargo, en la aplicaciónpráctica del Derecho, en lo ateniente ala contienda cotidiana entre las partes,es obvio que no. En primer lugar,porque aquel que dispone de mayoresrecursos materiales podrá estar enmejores condiciones que quien estéescaso de tales recursos; y porque el quetiene más resortes de poder en sus

manos (singularmente, la AdministraciónPública), también se hallará en situaciónde ventaja. De hecho, en lo tocante alDerecho Administrativo, en tanto no seimplanten las costas por vencimientoobjetivo contra la Administraciónperdedora de un pleito y, más aún, ladeducibilidad de responsabilidad parael funcionario que, por obstinación, porimprudencia o por simple negligencia,da lugar a un pleito innecesario, hastaese momento la Administración Públicaseguirá siendo una parte con privilegiosrespecto del particular. Finalmente,mientras no recuperemos una estrictaseparación de poderes, es decir, en tanto

Montesquieu siga sin ser resucitado, lospleitos de gran trascendencia política osocial que hayan de verse en la segundainstancia, ante el Tribunal Supremo —yno digamos ante el TribunalConstitucional—, no tendrán garantíasplenas de total y absoluta equidad entodos los casos. El nombramiento de losjueces ha de poder hacerse mediante unprocedimiento que garantice su totalindependencia y su plena separación deintereses particulares; y eso, pordesgracia, en este país no es así.

Hablaba Victor Hugo en Losmiserables de «esa gran cosa humanaque se llama ley y esa gran cosa divina

que se llama justicia». Habrá entoncesque seguir rezando para que las cosascambien en España.

MONTSE SUÁREZ nació en Madridhace cuarenta y cinco años. Eslicenciada en Derecho por laUniversidad San Pablo CEU y comenzósu andadura profesional abriendo undespacho en Madrid.

Desde 1996 y hasta 2004 trabajópara la Asociación de Usuarios de

Servicios Bancarios. Durante esa etapaejerció la acusación popular en nombrede Ausbanc en procedimientos como loscasos Banesto, Gescartera, cesiones decrédito y chiringuitos financieros. Trasdejar la asociación, siguió con sudespacho profesional y empezó acolaborar como letrada externa en elBBVA. Desde 2011 hasta febrero de2013, fue la cara visible del sindicatode Manos Limpias, ejerciendo laboresde portavoz en diversos medios decomunicación. Fue candidata a decanaen las elecciones al Ilustre Colegio deAbogados de Madrid en diciembre de2012.

Además de su trabajo comoabogada, ha participado regularmente entertulias de Intereconomía TV, VeoTelevisión y Metropolitan. En laactualidad es colaboradora habitual delos programas El gran debate y Debuena ley, en Telecinco; Las mañanas deCuatro; El cascabel al gato, LaMarimorena, Te damos la tarde y Dehoy a mañana, en 13 TV.