Propuesta Preliminar Institucionalidad del Sistema de Admisión a la Educación Superior
1. El desarrollo del sistema y evidencia de falencias institucionales
En la década de 1960 con el incipiente crecimiento del número de
estudiantes que accedían a la educación superior, el Bachillerato, que se
había aplicado durante más de un siglo y se masificaba cada vez más,
comenzó a ser cuestionado. Varias eran las razones que se esgrimían.
Entre otras, la falta de rigurosidad en asegurar una corrección pareja
que no terminase siendo discriminatoria, las ventajas que tenía este
sistema para los grupos socioeconómicos altos que accedían a mejores
profesores, pagaban clases particulares para repasar las materias y
accedían también a un mercado “informal” de preguntas posibles y, por
último, la incapacidad del Bachillerato de predecir el desempeño
académico de los estudiantes que ingresaban a las universidades.
Esta situación motivó a un grupo de investigadores de la Universidad
de Chile a aplicar experimentalmente una nueva prueba a estudiantes
universitarios de primer año y a alumnos del equivalente a cuarto medio
en 1963. Los resultados de esta investigación y aplicación fueron los que
dieron origen a la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que luego el
Consejo Universitario de la Universidad de Chile decidió aplicar como
mecanismo de selección e ingreso a la totalidad de sus carreras a partir
de 1967. Su aplicación fue ofrecida a las demás universidades; siete en
total. Simultáneamente una ley suprimió el Bachillerato y estableció la
Licencia de Enseñanza Media como uno de los requisitos legales de
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ingreso a las universidades. Así, en enero de 1967 y como exigencia
para el ingreso de los estudiantes a las universidades ese mismo año se
aplicó, por primera vez, la PAA. En esa ocasión ella fue utilizada por
todos los planteles de educación superior. Sin embargo, desde el punto
de vista del acceso eran tiempos muy distintos. Ese año la matrícula en
las ocho universidades que existían en ese entonces alcanzó cerca de 55
mil jóvenes. Por consiguiente, el conjunto de instrumentos disponibles
fue diseñado para administrar un sistema de educación superior muy
selectivo.
El sistema diseñado en ese entonces, sin perjuicio de las revisiones
en los contenidos y la inclusión de pruebas especiales para algunas
carreras, se mantuvo sin variaciones significativas hasta el año 2002
(hubo una excepción que fue la creación de la prueba obligatoria de
historia y geografía de Chile en 1983). A partir del proceso de admisión
2004 (año 2003) los instrumentos de selección fueron reemplazados.
Quedaron atrás las Pruebas de Aptitud Académica, Verbal y
Matemáticas, las Pruebas Específicas de Matemáticas, Biología, Física,
Química y Ciencias Sociales y la Prueba de Historia y Geografía de Chile,
siendo estas reemplazadas por cuatro Pruebas de Selección Universitaria
(PSU): Matemáticas, Lenguaje y Comunicaciones, Ciencias y Ciencias
Sociales. La tercera de estas pruebas tiene un núcleo común y luego los
estudiantes pueden elegir un módulo complementario especializado en
Química, Física y Biología. En ese sentido quizás el cambio más notorio
es que se suprimió un examen de matemáticas. En la práctica, en
muchas carreras disminuyó el número de instrumentos disponibles para
distinguir entre postulantes a las diversas universidades y carreras.
Cabe recordar que estos cambios se anunciaron antes que concluyera un
proyecto FONDEF que contemplaba pruebas alternativas de selección
universitaria, es decir antes que se supiera el carácter definitivo que
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iban a tener los distintos instrumentos y se validara su aplicación. Esa
experiencia ya arrojó diversas dudas respecto de la capacidad de la
institucionalidad existente para garantizar una evolución razonada y
razonable del sistema de admisiones.
En el proceso de admisiones 2013 se aplicó por décima vez el nuevo
conjunto de pruebas y se sigue extrañando una reflexión más profunda
sobre la evolución que debe tener el sistema de admisión a las
universidades chilenas. Este año se introdujo una bonificación de notas
una vez que ya se había dado el puntapié inicial al proceso de admisión.
Una vez más no se conocieron ni se anticiparon a la opinión pública los
estudios que evaluaran los potenciales impactos de estos instrumentos1
y avalaran la conveniencia de incorporarlos. Además, contradiciendo la
experiencia de sistemas de admisión de otras naciones, los cambios
propuestos se anunciaron en medio de un proceso que ya se había
iniciado.
En enero de 2013 se conoció una auditoría internacional realizada por
la consultora internacional Pearson que reveló que nuestra PSU no
satisface plenamente los estándares internacionales que se exigen a una
prueba de altas consecuencias. Son positivas estas evaluaciones, porque
permiten ir mejorando los instrumentos e incorporando los avances que
ocurren en el diseño de pruebas estandarizadas. La preocupación más
inmediata es que la auditoría reitera algunos cuestionamientos que
estaban presentes en una evaluación hecha en 2004 por ETS. Que esas
advertencias no hayan sido acogidas revela una inercia que es propia de
una institucionalidad que no reacciona apropiadamente a las exigencias
1 Si bien existen estudios que mostrarían que la incorporación de alguna forma de ranking podría contribuir
a aumentar la predicción de desempeño y también la equidad, ellos son más bien de carácter limitado. Además, el instrumento utilizado en esos estudios no era propiamente el ranking (o más bien bonificación de notas) que se terminó acordando.
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a las que deben estar sometidas los sistemas de admisión a la educación
superior. Estos tres episodios reflejan desprolijidades que no se
observan en sistemas más maduros y constituyen una clara evidencia
de falencias institucionales que requieren superarse. Ello se nota
también en otras dimensiones. Por ejemplo, en la ausencia de un plan
claro de desarrollo del sistema de admisión a las universidades chilenas,
la débil experimentación que se observa con nuevos instrumentos de
selección, la escasa información sobre el desempeño de las pruebas
existentes y la insuficiente divulgación de material de apoyo a los
futuros postulantes y docentes, entre otros aspectos.
2. Desafíos institucionales
Es conocida en la literatura especializada la inconsistencia dinámica
que puede significar en las decisiones un inadecuado diseño de las
instituciones. En esas situaciones se pierde de vista una mirada de más
largo plazo en las decisiones y se dejan de abordar iniciativas que
apunten a solucionar problemas cuyos efectos no se van a notar de
inmediato pero que no por ello pueden postergarse, sobre todo cuando
las consecuencias de no enfrentarlos son complejas. Por ello, no es
casualidad que en la experiencia comparada se observen, en general,
instituciones especializadas con consejos directivos bien constituidos que
las dirigen y personal calificado que les reporta. En general, son
personas con conocimientos especializados en los asuntos propios del
sistema de admisiones. Por ejemplo, cuando se trata de miembros de
universidades o nominados por éstas típicamente se recurre a
vicerrectores de admisión. También se observa una separación entre el
diseño de los instrumentos y la elaboración e implementación de los
mismos. La razón es relativamente simple. La elaboración de preguntas,
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la mantención de bancos de preguntas pertinentes y la realización de
pilotajes y análisis de estos con altos estándares son relativamente
caros. En ese sentido si el proceso está en una sola institución, ésta no
tiene necesariamente los incentivos para desarrollar estas tareas con
exigencias elevadas. Se requiere, entonces, de un mandante cuya
preocupación sea asegurarse de que esos procesos funcionen
adecuadamente. Obviamente que es de mucha utilidad que, además, el
mandante o institución responsable de dirigir el sistema de admisión
tenga que dar cuenta de su labor a todos los actores interesados y, en
general, a la opinión pública. Nuestro país está lejos de tener una
institucionalidad de estas características. En esencia, ella no es muy
distinta de la que existía en los comienzos de la PAA, a pesar del
significativo incremento en el número de estudiantes que rinden las
diversas pruebas, la oferta de programas e instituciones de educación
superior y el mayor escrutinio al que son sometidos los sistemas de
admisión en todo el mundo, entre otros aspectos. Que este último
fenómeno también ocurre en Chile se nota, por ejemplo, en el creciente
cuestionamiento de estudiantes y de diversas organizaciones a los
instrumentos disponibles y a la confiabilidad de los mismos.
Otro aspecto en que nuestra institucionalidad muestra carencia
proviene nuevamente de la comparación con la experiencia
internacional. En esta se aprecia una preocupación por enriquecer los
instrumentos de selección tanto si la admisión tiene su base en el
sistema escolar como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra o Alemania o si
es sobre la base, principalmente, de pruebas de admisión como en
Estados Unidos o Suecia. Así, por ejemplo, en Estados Unidos existe un
conjunto básico de instrumentos que incluye una prueba de aptitud
verbal, una de aptitud matemática y un test de escritura. Este es
acompañado por veinte pruebas específicas, un número importante de
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las cuales mide conocimientos en otro idioma, pero también hay dos
pruebas adicionales de matemática de distinto grado de dificultad,
literatura, biología, física e historia universal, entre otras. En el Reino
Unido, las universidades les exigen rendir entre tres a cinco materias a
sus postulantes de un total de poco más de 40 materias que ofrecen las
instituciones responsables de administrar los exámenes. Las materias
solicitadas varían en cada uno de los programas ofrecidos.
Esta evolución tiene diversas explicaciones. Por una parte, se desea
que los jóvenes que aspiran a la universidad puedan estudiar y
especializarse en las materias que son de su interés con un grado de
profundidad mayor sin que ello signifique restringir las opciones de
estudio disponibles. Esta posibilidad también permite una mejor
preparación para los estudios superiores. Por otra, a las universidades
les interesa afinar de la mejor forma posible la predicción respecto del
rendimiento académico de los estudiantes que ingresan a sus aulas.
Asimismo, y en línea con este último propósito, se espera que los
distintos instrumentos, tanto los que evalúan las capacidades cognitivos
como aquellos que apuntan a medir habilidades no cognitivas, reflejen
adecuadamente las distintas habilidades de los jóvenes, porque ese
esfuerzo permite que aumenten las opciones de incluir en las
universidades más selectivas a un estudiantado más diverso
socialmente.
3. Un modelo internacional prestigiado
Ahora bien, teniendo a la vista la institucionalidad existente es
explicable que se haya pasado por estas situaciones. Los rectores no son
especialistas y tampoco tienen el tiempo para destinar un análisis
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prolongado al sistema de admisión. El Consejo Técnico Asesor tampoco
tiene un carácter claro. Ni este órgano asesor ni el propio CRUCh son,
en estricto rigor, una organización mandante del DEMRE. Así, por
ejemplo, no hay una clara separación entre el diseño de los
instrumentos y la elaboración de los mismos. Hasta donde llega el
conocimiento del Ministerio de Educación no hay un sistema de
admisiones de carácter masivo en el mundo, donde sean los rectores los
que toman decisiones respecto de los instrumentos de selección
universitaria. Por eso, el país debería avanzar hacia una mejor
institucionalidad para lidiar con los desafíos de un sistema de
admisiones moderno y comprensivo. En efecto, la administración de los
sistemas de admisión y las decisiones respecto de su evolución,
particularmente si son pruebas estandarizadas que tienen vínculos
indirectos con el sistema escolar, están en manos de instituciones
especializadas cuyo único propósito es velar por un sistema de admisión
de alta calidad. Un modelo interesante para Chile es el estadounidense,
porque, entre otros aspectos, nuestro sistema de pruebas
estandarizadas tiene su origen en la experiencia de ese país. En efecto,
los creadores de la PAA tuvieron esa experiencia a la vista durante su
desarrollo. Ahí las instituciones de educación superior contribuyeron a
formar una fundación, que se conoce como CollegeBoard. Su objetivo no
es sólo administrar el sistema de admisiones a las instituciones de
educación superior sino que también tiene entre sus propósitos un
mejoramiento en el acceso y la preparación para los estudios terciarios.
Esta fundación sin fines de lucro tiene un directorio que es nombrado
por las instituciones que utilizan sus servicios y que vela por los distintos
objetivos específicos que persigue la organización, entre los cuales se
cuenta el diseño apropiado de los instrumentos de selección, la
verificación permanente de su validez y confiabilidad, el desarrollo y
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evaluación de nuevos instrumentos, divulgación de información
oportuna y apropiada a los distintos actores educacionales y
preocupación por un acceso efectivo a la educación superior. La
institución tiene un equipo ejecutivo cuidadosamente seleccionado y
diversos académicos y especialistas son contratados habitualmente
como consultores para abordar algunos de los desafíos de la
organización. Se realiza así una permanente investigación respecto de
los instrumentos en diversas dimensiones y también se asegura una
cuidadosa evaluación de todo cambio que siempre se anuncia con la
suficiente anticipación. Asimismo, mantiene una nutrida información
para todos los actores relevantes del sistema, principalmente
estudiantes y actúa con altos grados de transparencia y rendición de
cuenta. Un elemento valioso es que existe la posibilidad de acceder a
una amplia base de preguntas y facsímiles de las distintas pruebas que
ofrecidas. Es importante, entonces, pensar sobre cómo debería ser la
institucionalidad que gobierne las decisiones respecto de los
instrumentos de selección a la educación superior. El modelo
estadounidense es una alternativa, pero hay otras posibles. En cualquier
circunstancia el país requiere que sea más sofisticada que la actual.
Es indudable que el desarrollo del sistema de admisión tiene una
historia que debe reconocerse y que supone respetar derechos
intelectuales del conjunto de instrumentos disponibles. El financiamiento
del sistema proviene actualmente de los estudiantes y del propio
Estado. El Ministerio de Educación estima que esos recursos podrían
financiar los gastos corrientes de un sistema de admisión como el que
se sugiere a continuación, aunque la transición podría significar
desembolsos extraordinarios que estaría dispuesto a absorber para
instalar una mejor institucionalidad.
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4. Desafíos para una nueva organización
Una institución más especializada y de mayores capacidades que el
actual sistema podría abordar desafíos que no se han asumido desde
esa primera vez que se aplicó la PAA en enero de 1967. A diferencia de
un sistema de admisión basado en la trayectoria escolar de los jóvenes,
el chileno descansa en pruebas estandarizadas que se rinden una vez al
año y que son fundamentales para decidir el futuro de nuestros jóvenes.
Un mal día tiene un costo enorme que se podría evitar con un número
mayor de exámenes al año. El SAT, por ejemplo, se puede rendir hasta
seis veces al año. En cinco de esas ocasiones se puede rendir pruebas
específicas. Como las pruebas deben ser de dificultad equivalente, es
indudable que esta decisión le impone nuevas exigencias al sistema,
pero no hay barreras técnicas que impidan llevar este sistema adelante
con un adecuado desarrollo en un plazo razonable. Ello impacta en los
costos del sistema, pero hay que considerar que nuestro sistema no es
barato. Un estudiante chileno o el Estado paga 52 dólares por inscribirse
para rendir la PSU. Para el SAT un estudiante debe desembolsar 73
dólares para rendir las tres pruebas que componen el SAT básico -una
de ellas que incluye una parte escrita- y una prueba específica. Si se
considera la paridad del poder de compra y el ingreso per cápita
nacional, es evidente que el sistema nacional de admisión no es barato y
que seguramente hay espacio para avanzar en un sistema de admisión
que permita rendir al menos dos veces al año la prueba asegurándose
su comparabilidad y sin necesidad de elevar los precios.
Tampoco resulta razonable el actual sistema de postulaciones, y es
difícil encontrar experiencias de estas características en otros países.
Este, como se recordará, obliga a los estudiantes a postular apenas
recibido sus puntajes, estableciendo desde ya un orden de preferencias
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que determina la única oferta de admisión que recibirán. Apenas llega
esta oferta tienen un plazo muy limitado para matricularse. Así, un
joven debe tomar una de las decisiones más importante de su vida en
un plazo de apenas dos semanas y sin que realmente pueda evaluar
ofertas alternativas. Ocurre, además, que las pruebas disponibles si bien
son predictivas de desempeño, lo son en una proporción baja, por lo
cual la distinción entre un estudiante y otro es relativamente débil,
sobre todo en algunos rangos de puntaje. La única ventaja que tiene
este proceso es que impide la discrecionalidad en la selección, pero ella
también se puede evitar bajo esquemas alternativos. Es evidente que
este sistema de postulaciones es muy inconveniente para los
estudiantes y sólo se pone del lado de las instituciones que participan en
este proceso. El proceso es particularmente poco atractivo para los
estudiantes de bajos recursos, porque al privilegiar la oferta de espacios
que las instituciones de educación superior deciden ofrecer a los
aranceles determinados por ellas se diluye la preocupación por lo que el
estudiante busca y los precios que él o ella puede pagar. Es mucho
mejor un sistema en el cual las instituciones están especialmente
motivadas por atraer estudiantes, ofreciéndoles los mejores servicios
educacionales a cambio de los recursos que el estudiante y el Estado, a
través de sus sistemas de apoyo, pueden ofrecer. Es ese el sentido de la
experiencia internacional y por eso la inclinación por sistemas que
ofrecen múltiples ofertas académicas a los postulantes. Poner al centro a
los estudiantes debe incluirse entre los desafíos del sistema de admisión
del futuro. Por esto el proceso de postulaciones debería tomar más
tiempo, asegurándose que el estudiante reciba múltiples ofertas de las
instituciones y que pueda decidir en un plazo razonable entre ellas,
como ocurre en otros lugares del mundo. Una nueva institucionalidad
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podría abordar estos y otros desafíos con una mirada sistémica y sin los
apuros propios de la actual institucionalidad.
5. Desafíos de corto plazo
La auditoría internacional realizada por Pearson impone obviamente
desafíos significativos al sistema de admisión. Pero en ausencia de una
institucionalidad efectiva no es evidente cómo se resuelven los aspectos
más urgentes. Una comisión de expertos especial que defina una agenda
de cambios de corto plazo, al interior de la actual institucionalidad, y
transformaciones que quedarían en manos de la nueva institución
responsable del sistema parece pertinente. El Ministerio de Educación
está disponible para aportar equipos técnicos a esta instancia. Se
visualizan las siguientes tres grandes áreas de modificaciones que, por
lo demás, son las que cubrió el informe Pearson, y en cada una de ellas
los puntos específicos que se señalan.
Construcción de las pruebas
El informe señala que si bien en el proceso de elaboración de
preguntas se reconoce la experiencia profesional de los equipos a
cargo, hay falencias respecto a la elaboración de las preguntas de la
PSU, ya que no participan del proceso de revisión y análisis de la
pertinencia de éstas expertos externos al Demre. Se recomienda la
mejora en la documentación que guía y respalda los procesos, la
realización de estudios específicos, la inclusión de expertos en
currículum y profesores de enseñanza media que representen a más
de una institución, y la realización de auditorías periódicas.
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Otro problema detectado es que las preguntas disponibles y que
finalmente llegan a la PSU no se testean o experimentan de manera
adecuada. Todos los años se prueban las preguntas o ítems con un
grupo de estudiantes que rinden el examen de manera voluntaria
(Pilotaje), antes de la PSU. Sin embargo, según el informe de
Pearson, la muestra que realiza este examen voluntario no es
representativa del total de la población que rinde la Prueba de
Selección Universitaria.
En la construcción de las preguntas, el proceso permite que éstas
sean cambiadas después de ser testeadas, por lo que las preguntas
finales quedan sin una última revisión que analice si tienen
problemas de sesgo.
Las preguntas están alineadas de manera baja con el currículum de
enseñanza media y están centradas en la enseñanza científico
humanista, por sobre la modalidad técnico profesional.
El informe señala que el nivel de omisión, tanto cuando se testean las
preguntas como cuando se rinde la Prueba de Selección Universitaria,
son más altos que a nivel internacional. La recomendación es
reconsiderar la práctica actual de que se descuenten respuestas
buenas por una cantidad de respuestas malas, dado que esto no es
habitual en otros sistemas a nivel mundial.
En la PSU hay un indicador denominado DIF, que alerta si las
preguntas al ser testeadas tendrían algún problema de sesgo, tanto
de género como por tipo de establecimiento. Según el informe de
Pearson, después de esta alerta no se realiza un análisis cualitativo
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de la pregunta, por lo que en el banco de preguntas quedan aquellas
que podrían tener algún problema de sesgo. Se recomienda que se
integren DIF relacionados con el nivel socioeconómico, modalidad
educacional y región de procedencia.
Puntuación de las pruebas, comunicación y uso de los resultados
Se detectó que falta un método que permita que la escala de
puntajes de la PSU sea equivalente entre las distintas aplicaciones y
de un año a otro. Además, que los márgenes de error de algunas
pruebas son altos.
Pearson señaló en su análisis que es inadecuado usar un puntaje
único para las pruebas de Ciencias, ya que se basa en un principio de
equivalencia de las disciplinas evaluadas y no son comparables. Se
recomienda desarrollar pruebas separadas, para Biología, Física y
Química y reportar sus resultados en forma independiente.
Se considera que no existe suficiente explicación para que los
jóvenes que rinden la prueba y otros actores relevantes comprendan
el significado de los resultados de la Prueba de Selección
Universitaria, por lo que el equipo evaluador recomienda que en cada
uno de los reportes se entregue información adicional que permita
interpretar los puntajes.
Validez de las pruebas
Se determinó que en la estructura de las pruebas hay potenciales
problemas de sesgo, que afectarían principalmente a los estudiantes
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de la modalidad Técnico Profesional. Se detectó que el examen con
mayores problemas es el de Matemáticas.
Se señala que las pruebas tiene un alineamiento bajo con los
objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios del
currículum chileno, por lo que se recomienda una revisión.
Al desagregar los puntajes por dependencia y modalidad educacional,
los puntajes han aumentado para el caso de los establecimientos
particulares pagados y modalidad científico humanista en desmedro
de la modalidad técnico profesional. Además las brechas de acuerdo
al nivel socioeconómico son más altas de las que se observan
comúnmente en instrumentos de estas características.
La capacidad de predicción respecto al desempeño en la universidad
de los estudiantes que rinden la PSU, si bien existe, es menor que la
de otras pruebas internacionales.
6. Una propuesta específica de institucionalidad
No hay una única forma de organizar la nueva institucionalidad que
debería hacerse cargo del sistema de admisión, pero es evidente que
esta debe tener un carácter especializado y la suficiente flexibilidad en
su gestión. Una posibilidad es, al igual que en el caso del CollegeBoard,
constituir una fundación sin fines de lucro responsable de esta tarea.
Más allá de la fórmula legal que se elija para instalar esta institución, es
importante que no sea de carácter informal, es decir que tenga
precisamente un sustento legal y que se someta a un estatuto que
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proyecte apropiadamente su labor en el tiempo. Entre otras
consideraciones, ese estatuto debería establecer los siguientes aspectos:
Principios
1. Calidad del sistema. Desde este punto de vista, es fundamental el
poder predictivo de los instrumentos de selección. Estos instrumentos
deben ser capaces de identificar habilidades cognitivas y no cognitivas
de los estudiantes, de modo de permitir a las instituciones seleccionar a
quienes tengan mayores probabilidades de desempeñarse
satisfactoriamente en sus programas de estudio.
2. Equidad y diversidad. Debe buscar la integración de jóvenes
talentosos de sectores desaventajados y resguardar que no haya
discriminaciones arbitrarias. El sistema de selección debe contar con
instrumentos que permitan responder de manera adecuada a la
heterogeneidad que existe en la educación superior tanto en términos
de estudiantes y sus habilidades, como de instituciones.
3. Foco en los alumnos. Los alumnos tienen derecho a estar bien
informados, a contar con suficiente material de estudio y preparación, a
que haya una estabilidad del sistema, a un sistema de postulación
simple y transparente, que les permita contar con diversas alternativas
y con el tiempo y el apoyo para una adecuada toma de decisiones,
etcétera.
Funciones
Para asegurar el cumplimiento de los propósitos recién descritos, se
propone que el nuevo organismo esté abierto a todas las instituciones
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de educación superior que se acojan al sistema de admisión y cumplan,
tal como se señala más adelante, con los requisitos específicos que la
nueva organización defina. Las funciones de la nueva institución
incluirían:
1. Diseñar instrumentos de selección coherentes con los propósitos.
2. Contratar la elaboración de los instrumentos de selección que
cumplan con los elementos de diseño definidos con una institución
externa. Esto obedece a la conveniencia de separar la función de
diseño y elección de instrumentos de la elaboración de los mismos.
Es importante que vele porque los bancos de preguntas y las pruebas
sean de propiedad de la institución responsable del sistema de
admisión y no de la agencia externa que elabora las preguntas.
Durante un período de transición a definir, la agencia responsable de
elaborar los instrumentos podría ser el DEMRE. Luego podría
participar en la licitación convocada o bien, si su labor es bien
valorada podría continuar a cargo de esta tarea. La decisión
específica debe radicarse en la nueva institución.
3. Evaluar permanentemente los instrumentos y el sistema de selección
y proponer alternativas para mejorarlos. Una primera tarea asociada
a esta función consistiría, más allá de las recomendaciones que
realice la comisión de expertos antes mencionada, en evaluar el
Informe de Pearson sobre la PSU y proponer una agenda
complementaria de cambios de mediano y largo plazo.
4. Velar por que las modificaciones a los instrumentos y al sistema de
selección se hagan de manera oportuna y basadas en evidencia que
apoye su realización, así como por que sean anunciadas con
suficiente anticipación.
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5. Encargar la aplicación de los instrumentos de selección que, por
razones de eficiencia, podría estar en manos de la misma institución
elaboradora de las pruebas.
6. Administrar el sistema de postulación y selección de estudiantes a
las instituciones de educación superior.
7. Difundir entre los estudiantes y las instituciones de educación
superior todos los antecedentes que resulten relevantes para ellos y
que garanticen la transparencia del sistema (resultados de estudios,
modificaciones en el sistema, fechas relevantes, usos de recursos,
etcétera).
8. Realizar recomendaciones de carácter general sobre las
ponderaciones de los instrumentos de selección a las IES miembros y
realizar sugerencias específicas sobre éstas.
9. Proponer iniciativas y acciones que promuevan la inclusión y la
equidad, como serían cursos en línea para estudiantes de menores
recursos que aspiran a acceder a la educación superior.
10. Rendir cuenta pública de su labor.
Este organismo podrá externalizar sus funciones a través de
licitaciones o contratos directos, velando siempre por hacer un uso
eficiente de sus recursos.
Naturaleza de la institución y membresía
1. La institución sería organizada como una fundación, corporación u
otra organización de carácter similar.
2. La corporación debe contar con estatutos.
3. Todas las IES que cumplan los requisitos establecidos por la
corporación podrán adherirse al sistema, haciéndose miembros de la
corporación.
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Ejemplo de requisito: seleccionar a la mayor parte de sus
alumnos en base a los mecanismos adoptados por el
sistema, pudiendo dejar una fracción acotada para cupos
especiales (deportistas, discapacitados, etcétera, pero en
ningún caso a cambio de transacciones económicas).
4. El incumplimiento de los estatutos podría implicar la expulsión del
miembro.
Estructura
El Sistema estaría compuesto por:
1. Un director ejecutivo, seleccionado por concurso y elegido por el
Consejo.
2. Un Consejo compuesto por 15 integrantes, cuyo fin es velar por el
cumplimiento permanente de los principios.
Composición del Consejo:
i) 6 miembros elegidos por el CRUCh
ii) 3 miembros elegidos por otras instituciones de educación
superior
iii) 4 miembros elegidos por el Ministerio de Educación
iv) 2 miembros representantes de los establecimientos
secundarios del país
El Consejo Directivo además, estaría presidido por uno de sus
miembros, quien sería escogido por los mismos y tendría como
responsabilidad convocar y guiar las reuniones del Consejo. Este debería
escuchar a todas las instituciones miembros del sistema.
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Financiamiento
El esquema básico de financiamiento se mantendría. Se establece un
precio por estudiante que rinde los instrumentos y el Estado lo paga en
el caso de los alumnos pertenecientes a escuelas subvencionadas que
los rinden por primera vez. Los recursos serían administrados por esta
corporación y en caso de externalizar alguna de sus funciones, será la
Corporación la encargada de negociar los contratos y realizar los pagos
correspondientes.
Distribución de funciones
Funciones del Consejo (entre otras):
1. Designar al director ejecutivo.
2. Aprobar cada 4 años la misión y objetivos estratégicos de la
organización.
3. Aprobar anualmente el plan de investigaciones y programas
piloto a evaluar.
4. Definir las directrices generales de los instrumentos de
selección universitaria.
5. Aprobar el presupuesto anual y los costos de los programas
más importantes.
6. Sancionar la introducción de un nuevo instrumento o la
modificación de uno existente y plantear el momento en que
el cambio debe introducirse.
7. Aprobar la Cuenta Pública de la Organización
Funciones del Director Ejecutivo (entre otras):
1. Diseñar las licitaciones y contratos con las instituciones que
elaboren o apliquen las pruebas.
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2. Velar por la administración de los bancos de preguntas y
pruebas de admisión.
3. Diseñar o externalizar el sistema de postulaciones y
selección de los estudiantes.
4. Administrar y ejecutar el presupuesto.
5. Revisar el cumplimiento de los estatutos por parte de las IES
miembros.
6. Supervisar el cumplimiento de los contratos de estudios e
implementación de instrumentos, etcétera.
7. Difusión.
8. Mantener informado al Consejo.
9. Elaboración de la Cuenta Pública
7. Consideraciones finales
El sistema de admisiones chileno presenta particularidades que son
difíciles de encontrar en la experiencia comparada. Que ello ocurra no
necesariamente es a priori un signo de debilidad. Sin embargo, un
análisis informado sugiere que no está a la altura de lo que debe ser un
sistema moderno y sofisticado. Esas particularidades pasan a ser
defectos que deben corregirse. El Ministerio de Educación reconoce la
autonomía de las instituciones de educación superior para definir el
proceso de admisión, por lo que este documento es una invitación a
reflexionar sobre el futuro, tomando en consideración el interés de
nuestros jóvenes. Es posible mejorar sustancialmente nuestro sistema
de admisión y postulación en un plazo razonable. El Ministerio está
disponible para apoyar la transición.
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Otra anomalía del sistema nacional es que exista un financiamiento
institucional atado al resultado que obtienen los estudiantes en la
Prueba de Selección Universitaria. Ello tiene ventajas y desventajas,
pero en la actualidad las últimas parecen superar largamente a las
primeras. Desde luego inhiben la innovación en el sistema de admisión.
Por ello, el Ministerio de Educación estaría disponible para evaluar el
término gradual del aporte fiscal indirecto y su reemplazo, por ejemplo,
por un fondo que promueva el ingreso a universidades de calidad de
estudiantes vulnerables con mérito y también su posterior apoyo en los
primeros años de estudio.