I. El proyecto presidencial de reforma constitucional no se corresponde con los grandes

triunfos obtenidos en los últimos 5 años

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II. El contenido político y social del proyecto de

reforma constitucional está inspirado en la conciliación

entre explotadores y explotados y no en la

independencia de clase y el socialismo

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Los Socialistas Revolucionarios

y La Reforma Constitucional

Los Socialistas Revolucionarios

y La Reforma Constitucional

III. Análisis puntual de la reforma constitucional

del presidente Chávez

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IV. Parlamentarismo de calle o una Asamblea Nacional de delegados sindicales,

comunitarios y campesinos para hacer un debate

democrático de cara al pueblo

Contraportada

El pueblo venezolano está ávido de libertad, desea ejercer directamente el poder y ser el protagonista de su propia redención; lucha por plena soberanía y desea ver resueltas todas las carencias sociales y económicas que aún lo aquejan. A todos nos motiva la intención de cerrar para siempre el largo y doloroso capítulo de siglos de explotación capitalista y democracia burguesa.

Así como a principios del siglo XIX los pueblos latinoamericanos bajo el mando de las espadas libertarias de sus próceres, se levantaron insurrectos para sacudirse del oprobioso yugo colonizador de las potencias europeas, hoy, dos siglos después, todas y todos queremos dejar en el pasado doscientos años de opresión y exclusión política, de pillaje y robo de nuestros recursos naturales, de explotación de la fuerza de trabajo de millones de asalariados y pobres de la ciudad y el campo, y sobre todo, de sumisión política, económica y militar a los designios de las nuevas potencias imperiales surgidas luego de dos cruentas guerras mundiales. En síntesis, todas y todos queremos dejar para el olvido, las miserias del pasado, del presente y del futuro que nos ofrece el sistema capitalista.

Mediante la movilización y la lucha del pueblo y los trabajadores hemos avanzado mucho durante estos últimos ocho años. Esos avances han sido posibles porque no nos hemos detenido en la lucha, porque hemos enfrentado una y otra vez, superando en todos los terrenos a los sempiternos enemigos de la revolución, y porque la experiencia diaria de este proceso revolucionario nos está enseñando que para seguir avanzando y coronar nuestras más anheladas metas, tenemos que profundizar la revolución, rompiendo de una vez por todas las pesadas cadenas capitalistas y superar los escollos y las emboscadas que a diario nos tienden los patronos, el imperialismo, los arribistas, los corruptos, los burócratas, y todos aquellos que se disfrazan de revolucionarios haciéndonos más tortuoso el camino hacia la liberación definitiva, hacia el socialismo.

Por eso nadie se puede sorprender entonces por la enorme expectativa con la que los venezolanos esperamos que el presidente Chávez hiciera pública su propuesta de Reforma Constitucional. No es para menos, ya que todos anhelamos -luego de 8 años de proceso revolucionario ininterrumpido-, sentar las bases políticas, jurídicas, económicas y sociales de un nuevo país,

donde los trabajadores, los campesinos y el pueblo organizado, ejerzan real y efectivamente el poder.

Desde esa perspectiva, los trabajadores, las comunidades, los campesinos, los estudiantes y todos aquellos que se sienten comprometidos con las grandes transformaciones que transita el país, estamos urgidos de participar en la discusión que se ha abierto alrededor del proyecto de Reforma Constitucional, porque de sus resultados dependerá la vida política nacional.

Quienes nos reivindicamos defensores de los intereses de la clase trabajadora, nos sentimos convidados a participar en este gran debate político e ideológico, y creemos que es una oportunidad propicia para expresar nuestra visión sobre la reforma presentada por el presidente Chávez, y lo que creemos debe ser la posición de los trabajadores, especialmente de los organizados en la Unión Nacional de Trabajadores, las comunidades, los campesinos y los jóvenes.

Para una mejor comprensión de nuestras opiniones, evaluaremos a lo largo del presente documento, los siguientes aspectos:

• El carácter del momento político en el que se propone la reforma, y dilucidar si la propuesta presidencial se compadece con las expectativas populares, tras los grandes triunfos alcanzados por la población en su lucha contra el imperialismo y la oposición golpista.

• Identificar el carácter político, social y de clase de la propuesta presentada por el presidente Chávez.

• Tomando como base el proyecto de reforma, expresar nuestras opiniones concretas sobre los temas centrales en discusión: geometría del poder, transferencia del poder a las comunidades, régimen de propiedad, derechos laborales, fuerzas armadas, reelección presidencial, entre otros aspectos.

• Y finalmente, sustentar nuestra propuesta de constituir una gran Asamblea Obrera y Popular, integrada por delegados democráticamente elegidos por las bases, para que expresen y debatan la posición de los trabajadores, las comunidades, los campesinos y los estudiantes sobre la Reforma Constitucional.

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Los Socialistas Revolucionarios y La Reforma ConstitucionalI. El proyecto presidencial de reforma constitucional

no se corresponde con los grandes triunfos obtenidos en los últimos 5 años

II. El contenido político y social del proyecto de reforma constitucional está inspirado en la conciliación entre explotadores y explotados y no en la

independencia de clase y el socialismo

Comparando el actual período (2002-2007), con el que precedió a la confor-mación de la Asamblea Nacional Cons-tituyente de 1999, sin duda encontramos diferencias sustantivas. Recordemos bien que los que precedieron a la Constitu-yente, fueron años de in-tensa resistencia por parte de los trabajadores y el pueblo a los efectos de la globalización, pero a pesar de ello, los gobiernos del régimen “Puntofijista”, los empresarios y el imperia-lismo lograron imponer su agenda neoliberal de pri-vatización de las empresas públicas; descentralización de la administración públi-ca y abandono por parte del Estado de sus responsa-bilidades en materia de sa-lud, educación, vivienda, entre otras, así como la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, mediante la cual la burocracia sindical de la CTV y los gobiernos adeco-copeyanos, liquidaron la retroactividad en el pago de las prestaciones sociales. Todas estas medidas acarrearon un em-pobrecimiento brutal de la población, y posibilitaron que la Nación se hipotecara ante los organismos financieros interna-cionales por una cuantiosa y fraudulenta deuda externa.

Las décadas de los 80 y los 90 fueron de grandes retrocesos políticos y pérdi-da de conquistas económicas y sociales por parte de la población, mientras que un puñado de oligarcas, terratenientes y grupos empresariales se llenaron los bol-sillos a costa del hambre y el sufrimiento de millones de venezolanos y venezola-nas.

Si quisiéramos establecer una relación de proporcionalidad entre ese contexto político de derrotas al pueblo e impo-sición de la agenda neoliberal, con res-pecto a los alcances de la Constitución vigente, sería fácil verificar que ésta sig-nificó un progreso importante e histórico

con relación a un momento de derrotas y pérdida de conquistas. Siendo una Cons-titución que no rompe con el carácter burgués del Estado, y que garantiza la propiedad privada de los medios de pro-ducción, el nuevo marco representa un

importante avance en los derechos polí-ticos y sociales del pueblo venezolano, y se constituyó en la tumba de la alternan-cia bipartidista adeco-copeyana.

Pero no podemos decir lo mismo del actual proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo. Veamos ¿por qué?

Si revisamos lo acontecido desde abril de 2002 hasta nuestros días, el contexto político se ha caracterizado por la obten-ción de grandes triunfos revolucionarios: los golpistas nacionales y sus amos nor-teamericanos fueron derrotados en abril de 2002, por la más grande movilización popular que conoce la historia política del país; los empresarios y la burocracia sindical cetevista mordieron el polvo de la derrota durante el paro-sabotaje patro-

nal, y PDVSA quedó bajo el control ab-soluto del gobierno; la oposición política fue derrotada en su intento de revocar el mandato del presidente Chávez en agosto de 2004; a finales de ese mismo año el mapa político se tiñó de rojo en las elec-ciones de alcaldes y gobernaciones; en diciembre de 2005 la Asamblea Nacional quedó conformada sin representantes de los partidos de la oposición golpista, y en diciembre de 2006 se reeligió al presi-

dente Chávez.En ese período las luchas

de las comunidades, los tra-bajadores y los campesinos se extendieron y radicali-zaron. Durante esta coyun-tura se construyó la Unión Nacional de Trabajadores; nacieron y se desarrollaron poderosas organizaciones gremiales en el campo, mientras que las comuni-dades jugaron un rol más protagónico. Muchas em-presas y grandes extensio-nes de tierra fueron ocupa-

das, y con su lucha y movilización, los trabajadores y los campesinos lograron la expropiación de algunas de ellas, in-augurándose una nueva etapa de grandes conquistas.

Todos estos triunfos contundentes y las expectativas de profundizar el proce-so revolucionario, generaron la esperan-za de que la Reforma Constitucional que anunciaría el presidente Chávez, sería infinitamente superior en sus alcances a la Constitución de 1999. Sin embargo, no ha sido así, ya que las propuestas presi-denciales son tímidos retoques a la Cons-titución vigente, que no se corresponden en nada con los grandes triunfos políti-cos, económicos y sociales obtenidos en los últimos cinco años.

Para ahondar en la visión de concilia-ción de clases que guía al proyecto de Reforma Constitucional ofrecido por el presidente Chávez, hagamos un examen de los principales temas en discusión.

a. Se preserva la propiedad privada y el estado burgués

La Constitución vigente, más allá de las importantes conquistas democráticas que contiene, y el proyecto de Reforma Constitucional, preservan la propiedad privada de los medios de producción y la apropiación capitalista de los exceden-tes del trabajo humano, conocida como plusvalía. Introducir algunas nuevas mo-dalidades de propiedad, no modifica el carácter capitalista de las mismas. Ningu-na de ellas será controlada y administra-da directamente por los trabajadores, ni la plusvalía producida será redistribuida entre toda la población de acuerdo a las necesidades de ésta.

Esto se puede apreciar claramente en el texto del artículo 112 que garantiza y preserva la propiedad privada de los me-dios de producción, tanto en su redacción vigente como en la reforma propuesta por el presidente Chávez. También se consta-ta en el artículo 299, que no será reforma-do, y el cual consagra como uno de los principios del régimen socioeconómico la “libre competencia capitalista”. Otros dos ejemplos de lo que estamos afirman-do, están referidos al trato igualitario de la inversión extranjera respecto a la inver-sión nacional y a la reglamentación de las patentes y la propiedad intelectual.

Una de las principales injerencias del imperialismo en las economías latinoa-mericanas, contempladas en el ALCA, era que las empresas extranjeras tendrían los mismos derechos que las empresas nacio-nales, mediante la cual se colocaba en un mismo plano al pequeño o mediano ca-pital nacional con las grandes empresas trasnacionales.

El artículo 301 de la constitución vi-gente, le garantiza este trato ventajoso al capital foráneo, al plantear que: …”La in-versión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.”

El otro tema es el de las patentes y la propiedad intelectual que se garantiza a través del artículo 98, que al igual que el anterior no se toca en la propuesta de reforma. Dicho artículo reza: “El Estado reconocerá y protegerá la propiedad in-telectual sobre las obras científicas, lite-rarias y artísticas, invenciones, innovacio-nes, denominaciones, patentes, marcas y lemas…”. Disposición que favorece el control y propiedad de las patentes por parte de las empresas transnacionales.

En los artículos 112, 113 (se prohíben los monopolios) y 115 se establecen va-rias formas de propiedad, a saber: la pú-blica, la social (indirecta y directa), pro-piedad mixta y la privada. En la reforma continúa existiendo la propiedad privada y se le confiere rango constitucional a las “empresas mixtas”, incluso en sectores es-tratégicos de la economía, donde capita-les nacionales o transnacionales podrían asociarse al Estado. En términos genera-les, ninguna de estas formas de propie-dad toca efectivamente la gran propiedad capitalista, terrateniente, ni al sistema bancario y financiero, manteniéndose el modo de producción capitalista.

La propiedad de los medios de pro-ducción es un tema central para definir el avance al socialismo. En este aspecto si de verdad se quiere avanzar hacia el socialismo, hay que considerar como úni-co tipo de propiedad con rango consti-tucional: la propiedad colectiva y social de todos los recursos naturales, tierras, industrias y servicios públicos. Y en tal sentido proponemos que todos los me-dios de producción y servicios de carác-ter estratégico (Sidor, empresas eléctricas y de energía en general, de alimentos, transporte, comunicaciones y teléfonos, entre otras) deben ser expropiados o na-

cionalizados y puestos bajo control de-mocrático de los trabajadores a través de

sus organizaciones sindicales, comités de fábrica o consejos obreros. Esto se aplica-ría de manera inmediata al caso de Sani-tarios Maracay.

La reforma para ser socialista tiene que incluir una disposición mediante la cual sean expropiadas aquellas empresas que violenten los derechos de los traba-jadores o que sean abandonadas por los patronos, como es el caso de Sanitarios Maracay. Igualmente, todas aquellas em-presas que fueron expropiadas y hoy son administradas por cooperativas, deben pasar a ser gestionadas por los trabajado-res directamente, a través de sus organi-zaciones sindicales o comités de fábrica, eliminándose las cooperativas y el con-trol administrativo que se ejerce desde el Ministerio de Industrias Ligeras y Comer-cio, dadas sus evidentes limitaciones.

En el caso de las empresas que ya han sido nacionalizadas o son de propiedad estatal (PDVSA, Electricidad de Caracas, CANTV), estas deben ser gestionadas directamente por sus trabajadores y em-pleados. Y en aquellos sectores de la eco-nomía que por ahora no sean expropia-dos, los trabajadores organizados deben ejercer el control obrero, y en todos los casos se debe abolir el secreto comercial de las empresas.

Rechazamos expresamente el confe-rirle rango constitucional a las “empre-sas mixtas” con capitales privados nacio-nales o transnacionales, por cuanto esto permitiría la presencia e injerencia de empresas transnacionales, o de empresas nacionales asociadas a capitales extranje-ros, en la economía nacional, incluso en sectores estratégicos y en la explotación de recursos naturales que son propiedad del pueblo venezolano. Esto sólo podría considerarse en situaciones particulares y coyunturales, previa discusión con las or-ganizaciones obreras, campesinas y po-pulares, y aprobado en referéndum.

Por otra parte, se mantiene sin reforma el artículo 303 de la actual constitución que reserva al Estado el total acciona-rio de PDVSA, pero que deja abierto un resquicio para la penetración del capital privado, foráneo o nacional, tal como lo hacía el artículo 5 de la antigua Ley de Nacionalización de la época de Carlos Andrés Pérez, al establecer: “exceptuan-do las de las filiales, asociaciones estraté-gicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.”

En el Art. 115 se establece también el pago de indemnización en caso de

expropiación. En este aspecto se debe-ría plantear que la indemnización no se debe establecer en la constitución, y que esta estará determinada por las condicio-nes particulares de cada caso o situación de expropiación, y que en todo caso, si

se indemniza o no debe ser decidido por todo el pueblo a través de un referén-dum.

En el Art. 307 se prohíbe el latifundio, medida que compartimos. Sin embargo, esto debe ser acompañado por el desa-rrollo de una profunda y amplia reforma agraria, impulsada por el Estado en con-junto con las organizaciones campesinas, a través de la cual todas las tierras pasen a ser propiedad estatal y colectiva, y que estas sean entregadas a los campesinos sin tierra para que las trabajen con finan-ciamiento y apoyo técnico y logístico del Estado.

b. Transferencia de poder a las comu-nidades o ejercicio real del poder del pueblo a través de un Consejo Nacional Obrero, Campesino y Po-pular

Resulta evidente para el pueblo y los trabajadores, los cuales luchan cotidiana-mente por sus derechos y están por la pro-fundización del proceso revolucionario, que existe un obstáculo infranqueable: la burocracia y la creciente corrupción en la que está presa el go-bierno, los cuales son males consustánciales con las estructuras eco-nómicas y políticas ca-pitalistas que aún pre-valecen.

Los de abajo quieren superar definitivamen-te las taras del “pun-tofijismo” y construir sus propios órganos de poder, por esa razón en un primer momento confiaron que ello se podría concretar a través de los Consejos Locales de Planificación Pública, de los que hoy ya nadie se acuerda, pues ter-minaron supeditados al gobierno. Ahora fijan sus expectativas en los Consejos Co-munales, que muchos están presos de la desorganización, burocratismo y de con-trol estatal, a través de los gobernadores y alcaldes. En ese sentido, un grueso sector del pueblo que aún confía en el liderazgo del presidente Chávez, de forma confusa y equivocada, tiene esperanzas de que esta reforma constitucional sí lograra sen-tar las bases del poder popular, y de esta forma la presenta la propaganda guber-namental.

El ejercicio directo del poder por par-te de los trabajadores y el pueblo, y la construcción de un nuevo Estado que refleje los intereses de las capas popula-

res en lucha, en contraposición al Estado burgués aún prevaleciente, es un aspecto fundamental que debe encarar una refor-ma constitucional dirigida a impulsar la construcción del socialismo. La nueva “geometría del poder” no puede ser otra que la que posibilite la conformación de un Gobierno de los Trabajadores y el Pue-blo. No se debe limitar a una reestructu-ración territorial o geográfica del país que sólo busca ampliar la base burocrática en las regiones, creando nuevas estructuras con la intención de centralizar el poder en manos del Ejecutivo, propiciando y reproduciendo el clientelismo, la malver-sación de fondos públicos, la corrupción y el tráfico de influencias.

La reforma, en lo que respecta al ejer-cicio del poder, esencia de la encrucijada política que atravesamos, no ataca de raíz el problema central que es que el pueblo y los trabajadores tengan el poder en sus manos, a través de sus organizaciones, y que este sea ejercido local, regional y nacionalmente por toda la población, de-mocrática y directamente, sin burócratas ni funcionarios intermediarios, que fre-nan y mediatizan la energía revoluciona-ria del pueblo.

El problema no es si se amplía a 7 años el período presidencial y se estable-ce la reelección continua o indefinida, o si se crean las provincias o las vicepre-sidenciales regionales. Los marxistas re-volucionarios no hacemos un fetiche de la “alternabilidad en el gobierno”, que es una concepción de la democracia burguesa, para que distintos partidos re-presentantes de las clases dominantes, se repartan el poder para sojuzgar y explotar a los trabajadores, como lo es también la supuesta “división de poderes”.

La cuestión fundamental es la supera-ción del régimen burgués presidencialis-ta, que también se pone en evidencia en los ministerios, las gobernaciones y al-caldías; la liquidación de las estructuras legislativas representativas de la Asam-blea Nacional y los consejos legislativos regionales de los estados; la eliminación del actual sistema judicial que sigue pri-vilegiando los intereses de la burguesía y los corruptos, propicia la impunidad de los golpistas y permite que se fuguen de las cárceles; la liquidación de los privi-legios (tarjetas de crédito corporativas, elevados sueldos, guardaespaldas, carros y chóferes) que todos estos cargos llevan aparejados, y su sustitución por estructu-ras de gobierno democrático y colectivo de los trabajadores, campesinos, indíge-nas y sectores populares movilizados.

En tal sentido, pro-ponemos que los tra-bajadores y el pueblo asuman directamente el poder a través de la conformación de un gran Consejo Nacional Obrero, Comunitario y Campesino que legisle y ejecute las medidas a favor del conjunto de la población. Este con-sejo debe reproducirse regional y localmente, y debe estar integrado

por los mejores y más reconocidos lucha-dores, activistas y dirigentes de los distin-tos sectores sociales, independientemente de su afiliación política o partidista. De-ben ser responsables ante sus electores y revocables en cualquier momento por los mismos. Su salario debe ser equivalente al costo de la canasta básica o familiar, y no deben disfrutar de ningún privilegio especial derivado del cargo. El presiden-te o coordinador de estos consejos debe ser elegido de entre los miembros que lo conforman.

El Consejo Nacional Obrero, Co-munitario y Campesino será el máximo organismo de poder del pueblo y a sus decisiones se supeditan todos los funcio-narios. Debe ser el encargado de elaborar y discutir con el conjunto de la población organizada un Plan de Emergencia Eco-

III. Análisis puntual de la reforma constitucional del presidente Chávez

Mucho se ha dicho y así insisten quie-nes se muestran favorables en su integri-dad al proyecto de Reforma Constitucio-nal, que ésta tiene un carácter socialista. Siendo rigurosos con lo que se entiende por socialismo, y dejando por supuesto de lado las deformaciones que de este concepto hicieron los socialdemócratas europeos durante más de un siglo o el stalinismo en Europa del este durante 7 décadas de usurpación de las conquis-tas de la revolución rusa de octubre de 1917, debemos reconocer que la presen-te propuesta presidencial no tiene nada que ver con el socialismo que pregonó Carlos Marx y Federico Engels, o por el que lucharon Lenin, Trotsky, Rosa Luxem-burgo o Karl Liebknecht. El propio Pre-sidente ha dicho que el “socialismo del siglo XXI” contempla la propiedad priva-da, desecha el marxismo y el leninismo, y no considera a la clase obrera el motor fundamental de la transformación social. Por otra parte, política e ideológicamente estaría inspirado en lo fundamental en las ideas del libertador Simón Bolívar, quien luchó por la independencia latinoameri-cana mucho antes de que existiera el so-cialismo científico.

Es lógico que el presidente Chávez diga que no desea calco ni copia de pro-cesos sucedidos en el pasado. Nosotros

tampoco. Por el contrario, abogamos por un socialismo que supere las taras buro-cráticas y stalinistas del llamado “socia-lismo real” del siglo XX. Sin embargo, en los hechos, está repitiendo para desgracia del proceso revolucionario venezolano, las mismas equivocaciones históricas que cometieron los socialdemócratas, los sta-linistas en el este europeo, los castristas en Cuba, los sandinistas en Nicaragua o los dirigentes de la Unidad Popular en Chile, con Salvador Allende a la cabeza.

Casi textualmente los dirigentes de esas revoluciones, dijeron exactamente lo que el presidente Chávez dice en la actuali-dad. Todos ellos llevaron por el camino equivocado al pueblo y a los trabajadores movilizados, haciéndoles creer que el ca-mino al socialismo sería transitado por la senda del respeto a la propiedad privada de los medios de producción; de la con-vivencia entre la propiedad estatal con la propiedad mixta bajo el esquema capi-talista; de la negación del control obrero de la producción y la administración de las empresas; de la permisibilidad de la explotación de la fuerza de trabajo y la apropiación capitalista de la plusvalía; de la coexistencia pacífica con los enemigos de la revolución; del sostenimiento de la estructura jurídica y el sistema de justi-cia burgués; de la “integración” con go-

biernos, países y economías capitalistas, oponiéndose en los hechos a promover la revolución en esas naciones para de-rrotar a los gobiernos pro-imperialistas (como son los de Lula, Kirchner y Uribe); y en últimas, porque siempre estuvieron convencidos que el socialismo es un mo-delo “nacional” que se puede construir en un sólo país, sin entender que para al-canzarlo y consolidarlo es indispensable derrotar al imperialismo y al capitalismo a escala internacional. Más que nunca, repetimos junto con los maestros, que el socialismo será nacional por su forma e internacional por su contenido.

No hay “vía pacífica” al socialismo, no hay “revoluciones bonitas o revolu-ciones del amor”, no hay “revoluciones

por etapas”, no hay “revoluciones socia-listas culturales o constitucionales”. To-das esas formas llevaron inevitablemente a las derrotas de las revoluciones, a la degeneración de las mismas o a la restau-ración del capitalismo más salvaje, como sucede en China, donde 1.200 millones de habitantes fueron convertidos en es-clavos modernos.

Ninguna constitución por sí misma nos hará avanzar hacia el socialismo. El socialismo presupone expropiación de las empresas, de las tierras, de los bancos y el sistema financiero, de los medios de comunicación, del control absoluto del comercio internacional. No existen bur-gueses, o “empresarios socialistas, nacio-nalistas o patriotas” dispuestos a entregar de buena gana la propiedad privada y re-nunciar a la apropiación de la plusvalía que producimos a diario los trabajado-res.

Esa será una batalla frontal, clase con-tra clase, en las calles, en los barrios, las urbanizaciones, las fábricas, en los cam-pos, en las escuelas, las universidades, en las empresas del Estado, al interior de los cuarteles militares y en todo el territorio nacional. El proyecto de reforma consti-tucional del presidente Chávez no prepa-ra al pueblo para este tipo de revolución socialista.

La propuesta presentada por el Ejecu-tivo, plantea uno que otro retoque formal pero no se inscribe en una perspectiva socialista. Es decir, no se cuestiona para nada la propiedad capitalista. El fruto del trabajo y los excedentes (plusvalía) que producimos los trabajadores y trabaja-doras seguirá siendo apropiado por una minoría de empresarios o en el mejor de los casos por un Estado que administrará la propiedad de los medios de produc-ción, desde el punto de vista capitalista. El ejercicio real del poder no se traslada a la población movilizada para que tome las decisiones de fondo que se requieren para transformar al país. Se abre la po-sibilidad que de ahora en adelante las multinacionales tengan potestad sobre el suelo, el subsuelo, áreas marítimas y to-dos nuestros recursos naturales por la vía de las empresas mixtas. La justicia bur-guesa queda intacta, la administración de la misma queda en manos de los ca-pitalistas y se seguirá favoreciendo a los explotadores y ladrones de cuello blan-co. La defensa de la revolución seguirá en manos de un ejército profesional y no de la población armada y adiestrada para defenderse de cualquier ataque de los enemigos del pueblo y la revolución.

Tan cierto es que se dejan intactas las estructuras burguesas que hasta el presi-dente de Fedecámaras ha agradecido que el vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, se haya comprometido a res-petar la propiedad privada sobre los me-dios de producción. Estas afirmaciones nos muestran que la reforma constitucio-nal propuesta por el presidente Chávez tiene como fundamento político la conci-liación de los intereses entre explotadores y explotados. Todos sabemos que esto es utópico, ya que no es posible conciliar intereses antagónicos, razón por la cual nos permitimos afirmar que la propues-ta de reforma constitucional en curso no modifica la base estructural de la socie-dad capitalista, como son la propiedad privada sobre los medios de producción y la apropiación privada de los exceden-tes que produce la fuerza laboral.

La nueva “geometría del poder” no

puede ser otra que la que posibilite la conformación de

un Gobierno de los Trabajadores y el

Pueblo.

No existen burgueses, o “empresarios socialistas, nacionalistas o patriotas” dispuestos a entregar

de buena gana la propiedad privada y renunciar a la apropiación de la plusvalía que producimos

a diario los trabajadores.

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Los Socialistas Revolucionarios y La Reforma ConstitucionalI. El proyecto presidencial de reforma constitucional

no se corresponde con los grandes triunfos obtenidos en los últimos 5 años

II. El contenido político y social del proyecto de reforma constitucional está inspirado en la conciliación entre explotadores y explotados y no en la

independencia de clase y el socialismo

Comparando el actual período (2002-2007), con el que precedió a la confor-mación de la Asamblea Nacional Cons-tituyente de 1999, sin duda encontramos diferencias sustantivas. Recordemos bien que los que precedieron a la Constitu-yente, fueron años de in-tensa resistencia por parte de los trabajadores y el pueblo a los efectos de la globalización, pero a pesar de ello, los gobiernos del régimen “Puntofijista”, los empresarios y el imperia-lismo lograron imponer su agenda neoliberal de pri-vatización de las empresas públicas; descentralización de la administración públi-ca y abandono por parte del Estado de sus responsa-bilidades en materia de sa-lud, educación, vivienda, entre otras, así como la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, mediante la cual la burocracia sindical de la CTV y los gobiernos adeco-copeyanos, liquidaron la retroactividad en el pago de las prestaciones sociales. Todas estas medidas acarrearon un em-pobrecimiento brutal de la población, y posibilitaron que la Nación se hipotecara ante los organismos financieros interna-cionales por una cuantiosa y fraudulenta deuda externa.

Las décadas de los 80 y los 90 fueron de grandes retrocesos políticos y pérdi-da de conquistas económicas y sociales por parte de la población, mientras que un puñado de oligarcas, terratenientes y grupos empresariales se llenaron los bol-sillos a costa del hambre y el sufrimiento de millones de venezolanos y venezola-nas.

Si quisiéramos establecer una relación de proporcionalidad entre ese contexto político de derrotas al pueblo e impo-sición de la agenda neoliberal, con res-pecto a los alcances de la Constitución vigente, sería fácil verificar que ésta sig-nificó un progreso importante e histórico

con relación a un momento de derrotas y pérdida de conquistas. Siendo una Cons-titución que no rompe con el carácter burgués del Estado, y que garantiza la propiedad privada de los medios de pro-ducción, el nuevo marco representa un

importante avance en los derechos polí-ticos y sociales del pueblo venezolano, y se constituyó en la tumba de la alternan-cia bipartidista adeco-copeyana.

Pero no podemos decir lo mismo del actual proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo. Veamos ¿por qué?

Si revisamos lo acontecido desde abril de 2002 hasta nuestros días, el contexto político se ha caracterizado por la obten-ción de grandes triunfos revolucionarios: los golpistas nacionales y sus amos nor-teamericanos fueron derrotados en abril de 2002, por la más grande movilización popular que conoce la historia política del país; los empresarios y la burocracia sindical cetevista mordieron el polvo de la derrota durante el paro-sabotaje patro-

nal, y PDVSA quedó bajo el control ab-soluto del gobierno; la oposición política fue derrotada en su intento de revocar el mandato del presidente Chávez en agosto de 2004; a finales de ese mismo año el mapa político se tiñó de rojo en las elec-ciones de alcaldes y gobernaciones; en diciembre de 2005 la Asamblea Nacional quedó conformada sin representantes de los partidos de la oposición golpista, y en diciembre de 2006 se reeligió al presi-

dente Chávez.En ese período las luchas

de las comunidades, los tra-bajadores y los campesinos se extendieron y radicali-zaron. Durante esta coyun-tura se construyó la Unión Nacional de Trabajadores; nacieron y se desarrollaron poderosas organizaciones gremiales en el campo, mientras que las comuni-dades jugaron un rol más protagónico. Muchas em-presas y grandes extensio-nes de tierra fueron ocupa-

das, y con su lucha y movilización, los trabajadores y los campesinos lograron la expropiación de algunas de ellas, in-augurándose una nueva etapa de grandes conquistas.

Todos estos triunfos contundentes y las expectativas de profundizar el proce-so revolucionario, generaron la esperan-za de que la Reforma Constitucional que anunciaría el presidente Chávez, sería infinitamente superior en sus alcances a la Constitución de 1999. Sin embargo, no ha sido así, ya que las propuestas presi-denciales son tímidos retoques a la Cons-titución vigente, que no se corresponden en nada con los grandes triunfos políti-cos, económicos y sociales obtenidos en los últimos cinco años.

Para ahondar en la visión de concilia-ción de clases que guía al proyecto de Reforma Constitucional ofrecido por el presidente Chávez, hagamos un examen de los principales temas en discusión.

a. Se preserva la propiedad privada y el estado burgués

La Constitución vigente, más allá de las importantes conquistas democráticas que contiene, y el proyecto de Reforma Constitucional, preservan la propiedad privada de los medios de producción y la apropiación capitalista de los exceden-tes del trabajo humano, conocida como plusvalía. Introducir algunas nuevas mo-dalidades de propiedad, no modifica el carácter capitalista de las mismas. Ningu-na de ellas será controlada y administra-da directamente por los trabajadores, ni la plusvalía producida será redistribuida entre toda la población de acuerdo a las necesidades de ésta.

Esto se puede apreciar claramente en el texto del artículo 112 que garantiza y preserva la propiedad privada de los me-dios de producción, tanto en su redacción vigente como en la reforma propuesta por el presidente Chávez. También se consta-ta en el artículo 299, que no será reforma-do, y el cual consagra como uno de los principios del régimen socioeconómico la “libre competencia capitalista”. Otros dos ejemplos de lo que estamos afirman-do, están referidos al trato igualitario de la inversión extranjera respecto a la inver-sión nacional y a la reglamentación de las patentes y la propiedad intelectual.

Una de las principales injerencias del imperialismo en las economías latinoa-mericanas, contempladas en el ALCA, era que las empresas extranjeras tendrían los mismos derechos que las empresas nacio-nales, mediante la cual se colocaba en un mismo plano al pequeño o mediano ca-pital nacional con las grandes empresas trasnacionales.

El artículo 301 de la constitución vi-gente, le garantiza este trato ventajoso al capital foráneo, al plantear que: …”La in-versión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.”

El otro tema es el de las patentes y la propiedad intelectual que se garantiza a través del artículo 98, que al igual que el anterior no se toca en la propuesta de reforma. Dicho artículo reza: “El Estado reconocerá y protegerá la propiedad in-telectual sobre las obras científicas, lite-rarias y artísticas, invenciones, innovacio-nes, denominaciones, patentes, marcas y lemas…”. Disposición que favorece el control y propiedad de las patentes por parte de las empresas transnacionales.

En los artículos 112, 113 (se prohíben los monopolios) y 115 se establecen va-rias formas de propiedad, a saber: la pú-blica, la social (indirecta y directa), pro-piedad mixta y la privada. En la reforma continúa existiendo la propiedad privada y se le confiere rango constitucional a las “empresas mixtas”, incluso en sectores es-tratégicos de la economía, donde capita-les nacionales o transnacionales podrían asociarse al Estado. En términos genera-les, ninguna de estas formas de propie-dad toca efectivamente la gran propiedad capitalista, terrateniente, ni al sistema bancario y financiero, manteniéndose el modo de producción capitalista.

La propiedad de los medios de pro-ducción es un tema central para definir el avance al socialismo. En este aspecto si de verdad se quiere avanzar hacia el socialismo, hay que considerar como úni-co tipo de propiedad con rango consti-tucional: la propiedad colectiva y social de todos los recursos naturales, tierras, industrias y servicios públicos. Y en tal sentido proponemos que todos los me-dios de producción y servicios de carác-ter estratégico (Sidor, empresas eléctricas y de energía en general, de alimentos, transporte, comunicaciones y teléfonos, entre otras) deben ser expropiados o na-

cionalizados y puestos bajo control de-mocrático de los trabajadores a través de

sus organizaciones sindicales, comités de fábrica o consejos obreros. Esto se aplica-ría de manera inmediata al caso de Sani-tarios Maracay.

La reforma para ser socialista tiene que incluir una disposición mediante la cual sean expropiadas aquellas empresas que violenten los derechos de los traba-jadores o que sean abandonadas por los patronos, como es el caso de Sanitarios Maracay. Igualmente, todas aquellas em-presas que fueron expropiadas y hoy son administradas por cooperativas, deben pasar a ser gestionadas por los trabajado-res directamente, a través de sus organi-zaciones sindicales o comités de fábrica, eliminándose las cooperativas y el con-trol administrativo que se ejerce desde el Ministerio de Industrias Ligeras y Comer-cio, dadas sus evidentes limitaciones.

En el caso de las empresas que ya han sido nacionalizadas o son de propiedad estatal (PDVSA, Electricidad de Caracas, CANTV), estas deben ser gestionadas directamente por sus trabajadores y em-pleados. Y en aquellos sectores de la eco-nomía que por ahora no sean expropia-dos, los trabajadores organizados deben ejercer el control obrero, y en todos los casos se debe abolir el secreto comercial de las empresas.

Rechazamos expresamente el confe-rirle rango constitucional a las “empre-sas mixtas” con capitales privados nacio-nales o transnacionales, por cuanto esto permitiría la presencia e injerencia de empresas transnacionales, o de empresas nacionales asociadas a capitales extranje-ros, en la economía nacional, incluso en sectores estratégicos y en la explotación de recursos naturales que son propiedad del pueblo venezolano. Esto sólo podría considerarse en situaciones particulares y coyunturales, previa discusión con las or-ganizaciones obreras, campesinas y po-pulares, y aprobado en referéndum.

Por otra parte, se mantiene sin reforma el artículo 303 de la actual constitución que reserva al Estado el total acciona-rio de PDVSA, pero que deja abierto un resquicio para la penetración del capital privado, foráneo o nacional, tal como lo hacía el artículo 5 de la antigua Ley de Nacionalización de la época de Carlos Andrés Pérez, al establecer: “exceptuan-do las de las filiales, asociaciones estraté-gicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.”

En el Art. 115 se establece también el pago de indemnización en caso de

expropiación. En este aspecto se debe-ría plantear que la indemnización no se debe establecer en la constitución, y que esta estará determinada por las condicio-nes particulares de cada caso o situación de expropiación, y que en todo caso, si

se indemniza o no debe ser decidido por todo el pueblo a través de un referén-dum.

En el Art. 307 se prohíbe el latifundio, medida que compartimos. Sin embargo, esto debe ser acompañado por el desa-rrollo de una profunda y amplia reforma agraria, impulsada por el Estado en con-junto con las organizaciones campesinas, a través de la cual todas las tierras pasen a ser propiedad estatal y colectiva, y que estas sean entregadas a los campesinos sin tierra para que las trabajen con finan-ciamiento y apoyo técnico y logístico del Estado.

b. Transferencia de poder a las comu-nidades o ejercicio real del poder del pueblo a través de un Consejo Nacional Obrero, Campesino y Po-pular

Resulta evidente para el pueblo y los trabajadores, los cuales luchan cotidiana-mente por sus derechos y están por la pro-fundización del proceso revolucionario, que existe un obstáculo infranqueable: la burocracia y la creciente corrupción en la que está presa el go-bierno, los cuales son males consustánciales con las estructuras eco-nómicas y políticas ca-pitalistas que aún pre-valecen.

Los de abajo quieren superar definitivamen-te las taras del “pun-tofijismo” y construir sus propios órganos de poder, por esa razón en un primer momento confiaron que ello se podría concretar a través de los Consejos Locales de Planificación Pública, de los que hoy ya nadie se acuerda, pues ter-minaron supeditados al gobierno. Ahora fijan sus expectativas en los Consejos Co-munales, que muchos están presos de la desorganización, burocratismo y de con-trol estatal, a través de los gobernadores y alcaldes. En ese sentido, un grueso sector del pueblo que aún confía en el liderazgo del presidente Chávez, de forma confusa y equivocada, tiene esperanzas de que esta reforma constitucional sí lograra sen-tar las bases del poder popular, y de esta forma la presenta la propaganda guber-namental.

El ejercicio directo del poder por par-te de los trabajadores y el pueblo, y la construcción de un nuevo Estado que refleje los intereses de las capas popula-

res en lucha, en contraposición al Estado burgués aún prevaleciente, es un aspecto fundamental que debe encarar una refor-ma constitucional dirigida a impulsar la construcción del socialismo. La nueva “geometría del poder” no puede ser otra que la que posibilite la conformación de un Gobierno de los Trabajadores y el Pue-blo. No se debe limitar a una reestructu-ración territorial o geográfica del país que sólo busca ampliar la base burocrática en las regiones, creando nuevas estructuras con la intención de centralizar el poder en manos del Ejecutivo, propiciando y reproduciendo el clientelismo, la malver-sación de fondos públicos, la corrupción y el tráfico de influencias.

La reforma, en lo que respecta al ejer-cicio del poder, esencia de la encrucijada política que atravesamos, no ataca de raíz el problema central que es que el pueblo y los trabajadores tengan el poder en sus manos, a través de sus organizaciones, y que este sea ejercido local, regional y nacionalmente por toda la población, de-mocrática y directamente, sin burócratas ni funcionarios intermediarios, que fre-nan y mediatizan la energía revoluciona-ria del pueblo.

El problema no es si se amplía a 7 años el período presidencial y se estable-ce la reelección continua o indefinida, o si se crean las provincias o las vicepre-sidenciales regionales. Los marxistas re-volucionarios no hacemos un fetiche de la “alternabilidad en el gobierno”, que es una concepción de la democracia burguesa, para que distintos partidos re-presentantes de las clases dominantes, se repartan el poder para sojuzgar y explotar a los trabajadores, como lo es también la supuesta “división de poderes”.

La cuestión fundamental es la supera-ción del régimen burgués presidencialis-ta, que también se pone en evidencia en los ministerios, las gobernaciones y al-caldías; la liquidación de las estructuras legislativas representativas de la Asam-blea Nacional y los consejos legislativos regionales de los estados; la eliminación del actual sistema judicial que sigue pri-vilegiando los intereses de la burguesía y los corruptos, propicia la impunidad de los golpistas y permite que se fuguen de las cárceles; la liquidación de los privi-legios (tarjetas de crédito corporativas, elevados sueldos, guardaespaldas, carros y chóferes) que todos estos cargos llevan aparejados, y su sustitución por estructu-ras de gobierno democrático y colectivo de los trabajadores, campesinos, indíge-nas y sectores populares movilizados.

En tal sentido, pro-ponemos que los tra-bajadores y el pueblo asuman directamente el poder a través de la conformación de un gran Consejo Nacional Obrero, Comunitario y Campesino que legisle y ejecute las medidas a favor del conjunto de la población. Este con-sejo debe reproducirse regional y localmente, y debe estar integrado

por los mejores y más reconocidos lucha-dores, activistas y dirigentes de los distin-tos sectores sociales, independientemente de su afiliación política o partidista. De-ben ser responsables ante sus electores y revocables en cualquier momento por los mismos. Su salario debe ser equivalente al costo de la canasta básica o familiar, y no deben disfrutar de ningún privilegio especial derivado del cargo. El presiden-te o coordinador de estos consejos debe ser elegido de entre los miembros que lo conforman.

El Consejo Nacional Obrero, Co-munitario y Campesino será el máximo organismo de poder del pueblo y a sus decisiones se supeditan todos los funcio-narios. Debe ser el encargado de elaborar y discutir con el conjunto de la población organizada un Plan de Emergencia Eco-

III. Análisis puntual de la reforma constitucional del presidente Chávez

Mucho se ha dicho y así insisten quie-nes se muestran favorables en su integri-dad al proyecto de Reforma Constitucio-nal, que ésta tiene un carácter socialista. Siendo rigurosos con lo que se entiende por socialismo, y dejando por supuesto de lado las deformaciones que de este concepto hicieron los socialdemócratas europeos durante más de un siglo o el stalinismo en Europa del este durante 7 décadas de usurpación de las conquis-tas de la revolución rusa de octubre de 1917, debemos reconocer que la presen-te propuesta presidencial no tiene nada que ver con el socialismo que pregonó Carlos Marx y Federico Engels, o por el que lucharon Lenin, Trotsky, Rosa Luxem-burgo o Karl Liebknecht. El propio Pre-sidente ha dicho que el “socialismo del siglo XXI” contempla la propiedad priva-da, desecha el marxismo y el leninismo, y no considera a la clase obrera el motor fundamental de la transformación social. Por otra parte, política e ideológicamente estaría inspirado en lo fundamental en las ideas del libertador Simón Bolívar, quien luchó por la independencia latinoameri-cana mucho antes de que existiera el so-cialismo científico.

Es lógico que el presidente Chávez diga que no desea calco ni copia de pro-cesos sucedidos en el pasado. Nosotros

tampoco. Por el contrario, abogamos por un socialismo que supere las taras buro-cráticas y stalinistas del llamado “socia-lismo real” del siglo XX. Sin embargo, en los hechos, está repitiendo para desgracia del proceso revolucionario venezolano, las mismas equivocaciones históricas que cometieron los socialdemócratas, los sta-linistas en el este europeo, los castristas en Cuba, los sandinistas en Nicaragua o los dirigentes de la Unidad Popular en Chile, con Salvador Allende a la cabeza.

Casi textualmente los dirigentes de esas revoluciones, dijeron exactamente lo que el presidente Chávez dice en la actuali-dad. Todos ellos llevaron por el camino equivocado al pueblo y a los trabajadores movilizados, haciéndoles creer que el ca-mino al socialismo sería transitado por la senda del respeto a la propiedad privada de los medios de producción; de la con-vivencia entre la propiedad estatal con la propiedad mixta bajo el esquema capi-talista; de la negación del control obrero de la producción y la administración de las empresas; de la permisibilidad de la explotación de la fuerza de trabajo y la apropiación capitalista de la plusvalía; de la coexistencia pacífica con los enemigos de la revolución; del sostenimiento de la estructura jurídica y el sistema de justi-cia burgués; de la “integración” con go-

biernos, países y economías capitalistas, oponiéndose en los hechos a promover la revolución en esas naciones para de-rrotar a los gobiernos pro-imperialistas (como son los de Lula, Kirchner y Uribe); y en últimas, porque siempre estuvieron convencidos que el socialismo es un mo-delo “nacional” que se puede construir en un sólo país, sin entender que para al-canzarlo y consolidarlo es indispensable derrotar al imperialismo y al capitalismo a escala internacional. Más que nunca, repetimos junto con los maestros, que el socialismo será nacional por su forma e internacional por su contenido.

No hay “vía pacífica” al socialismo, no hay “revoluciones bonitas o revolu-ciones del amor”, no hay “revoluciones

por etapas”, no hay “revoluciones socia-listas culturales o constitucionales”. To-das esas formas llevaron inevitablemente a las derrotas de las revoluciones, a la degeneración de las mismas o a la restau-ración del capitalismo más salvaje, como sucede en China, donde 1.200 millones de habitantes fueron convertidos en es-clavos modernos.

Ninguna constitución por sí misma nos hará avanzar hacia el socialismo. El socialismo presupone expropiación de las empresas, de las tierras, de los bancos y el sistema financiero, de los medios de comunicación, del control absoluto del comercio internacional. No existen bur-gueses, o “empresarios socialistas, nacio-nalistas o patriotas” dispuestos a entregar de buena gana la propiedad privada y re-nunciar a la apropiación de la plusvalía que producimos a diario los trabajado-res.

Esa será una batalla frontal, clase con-tra clase, en las calles, en los barrios, las urbanizaciones, las fábricas, en los cam-pos, en las escuelas, las universidades, en las empresas del Estado, al interior de los cuarteles militares y en todo el territorio nacional. El proyecto de reforma consti-tucional del presidente Chávez no prepa-ra al pueblo para este tipo de revolución socialista.

La propuesta presentada por el Ejecu-tivo, plantea uno que otro retoque formal pero no se inscribe en una perspectiva socialista. Es decir, no se cuestiona para nada la propiedad capitalista. El fruto del trabajo y los excedentes (plusvalía) que producimos los trabajadores y trabaja-doras seguirá siendo apropiado por una minoría de empresarios o en el mejor de los casos por un Estado que administrará la propiedad de los medios de produc-ción, desde el punto de vista capitalista. El ejercicio real del poder no se traslada a la población movilizada para que tome las decisiones de fondo que se requieren para transformar al país. Se abre la po-sibilidad que de ahora en adelante las multinacionales tengan potestad sobre el suelo, el subsuelo, áreas marítimas y to-dos nuestros recursos naturales por la vía de las empresas mixtas. La justicia bur-guesa queda intacta, la administración de la misma queda en manos de los ca-pitalistas y se seguirá favoreciendo a los explotadores y ladrones de cuello blan-co. La defensa de la revolución seguirá en manos de un ejército profesional y no de la población armada y adiestrada para defenderse de cualquier ataque de los enemigos del pueblo y la revolución.

Tan cierto es que se dejan intactas las estructuras burguesas que hasta el presi-dente de Fedecámaras ha agradecido que el vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, se haya comprometido a res-petar la propiedad privada sobre los me-dios de producción. Estas afirmaciones nos muestran que la reforma constitucio-nal propuesta por el presidente Chávez tiene como fundamento político la conci-liación de los intereses entre explotadores y explotados. Todos sabemos que esto es utópico, ya que no es posible conciliar intereses antagónicos, razón por la cual nos permitimos afirmar que la propues-ta de reforma constitucional en curso no modifica la base estructural de la socie-dad capitalista, como son la propiedad privada sobre los medios de producción y la apropiación privada de los exceden-tes que produce la fuerza laboral.

La nueva “geometría del poder” no

puede ser otra que la que posibilite la conformación de

un Gobierno de los Trabajadores y el

Pueblo.

No existen burgueses, o “empresarios socialistas, nacionalistas o patriotas” dispuestos a entregar

de buena gana la propiedad privada y renunciar a la apropiación de la plusvalía que producimos

a diario los trabajadores.

nómico y Social, para darle respuesta a los más urgentes problemas sociales y económicos del pueblo, e iniciar la tran-sición real y efectiva al socialismo.

c. Sobre los derechos de los trabaja-dores

En el proyecto de reforma constitucio-nal se establecen dos medidas progresivas como serían la reducción a 6 horas de la jornada laboral y el fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. No obstante, estas son medidas parciales de cumplimiento difí-cil en el marco del sistema capitalista que mantiene vigente dicha reforma.

Con respecto a la jornada de 6 horas, si no es reglamentada, terminará sirvien-do a los intereses de los empresarios, los cuales se las ingeniarán para reducir los salarios y pagar sólo las horas trabajadas, es decir, en lugar de pagar los salarios en base a 8 horas, lo harán en función de 6, y quien sabe que otras triquiñuelas inventarán para trasladar los costos de la reducción de la jornada laboral a los tra-bajadores. Por otra parte, se le atribuye al patrono o patrona la potestad de progra-mar y organizar la utilización del tiempo libre.

Pero además, esta es una medida que no requiere ser establecida en la constitu-ción, y que podría ser promulgada de in-mediato mediante un decreto en el marco de la Ley Habilitante. La instrumentación inmediata de esta medida favorecería a los trabajadores de la administración pú-blica que en este momento laboran hasta 10 y 14 horas, incluso fines de semana, sin pago de horas extras.

En todo caso, independientemente de que la reforma sea aprobada o no, los trabajadores debemos luchar para que la reducción de la jornada laboral se con-crete y no implique reducción salarial ni aumento de la explotación de la mano de obra, de tal forma que los patronos ahora quieran que los trabajadores produzca-mos en 6 horas lo que antes producíamos en 8. Esperamos también que esta reduc-ción de la jornada laboral no signifique concesiones a los empresarios en materia de impuestos y responsabilidad social, como ha sucedido en Francia, donde los empresarios han asimilado las 6 horas gracias a los subsidios que el Estado les ha otorgado.

Asimismo, la re-ducción de la jor-nada laboral debe ser acompañada de un aumento ge-neral de sueldos y salarios similar a la canasta básica que hoy se ubica en Bs. 2.092.833, y por el

establecimiento de la escala móvil de sa-larios, acorde al incremento anual de la inflación. Simultáneamente con la reduc-ción de la jornada de trabajo, el Estado a través del Consejo Nacional Obrero, Comunitario y Campesino, debe discutir e instrumentar junto a las organizaciones obreras y populares, un Plan Nacional de Infraestructura y Obras Públicas para en-frentar el desempleo y la informalidad.

Proponemos, además, que el Estado construya colonias vacacionales para los trabajadores, y promueva y apoye fi-nancieramente las actividades de recrea-ción, turísticas, deportivas, culturales, de educación y formación, y que estas sean gestionadas y administradas a través de las organizaciones sindicales, comités de fábricas y consejos obreros.

Saludamos la creación del Fondo de estabilidad social mediante el cual se am-para a todo un conjunto de trabajadores que han sido exclui-dos históricamente por no ser empleados u obreros fijos de alguna empresa. De todas for-mas, queremos expre-sar las dudas sobre este aspecto, ya que con la creación del Fondo de Estabilidad Social, se puede estar legitiman-do la exclusión de mi-llones de compatriotas que no gozan de em-pleo digno y que ahora van a tener el beneficio de un subsidio, cuando lo que se trata es que el Estado y la Constitu-ción garanticen pleno empleo en condicio-nes dignas para todas y todos los vene-zolanos.

Por otra parte, en la reforma al artículo 87, se establece una disposición regresi-va y extremadamente inconveniente para los trabajadores. En la misma, se da un paso atrás con respecto a lo contemplado en la constitución vigente, al establecer la “corresponsabilidad” del patrono en relación a los condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales en el trabajo.

En la actual redacción del artículo se dice que: “Todo patrono o patrona ga-rantizará a sus trabajadores y trabajado-ras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados”. Como se ve, queda expresamente establecida la responsabilidad única y directa del patro-no o patrona en las condiciones de segu-ridad laboral, mientras que en la reforma propuesta, se retrocede peligrosamente, estableciéndose la corresponsabilidad entre patronos y trabajadores, al plantear: “En aplicación de los principios de co-rresponsabilidad y solidaridad el patrono o patrona adoptará todas las medidas ne-cesarias para el cumplimiento de dichas condiciones.” Si en la actualidad los pa-tronos se las ingenian para hacer recaer en los hombros de los trabajadores los accidentes laborales o las enfermedades producto del trabajo, violando flagrante-mente la Lopcymat, con esta reforma se les daría patente de corso para hacer lo que les venga en ganas con los trabajado-res y trabajadoras.

Queremos ser voceros de la gran pre-ocupación que se ha generado entre los trabajadores, por el hecho de que el go-bierno no ha cumplido con su compro-miso de honrar la retroactividad de las prestaciones, la elaboración de una nue-va Ley Orgánica del Trabajo que refleje

la nueva correlación de fuerzas existente entre trabajadores y patronos; la reglamentación de la Ley de Seguridad Social, y el respeto la autono-mía del movimiento sin-dical respecto al Estado y el gobierno, tanto en su actividad cotidiana como en sus procesos electorales, acabando con la injerencia del Ministerio del Trabajo y el CNE.

Pero si algo debe ratificarse, y los traba-jadores debemos defen-derlo hasta las últimas consecuencias, es la so-beranía y la autonomía

de las organizaciones sindicales, popula-res, campesinas, estudiantiles o comuni-tarias. Ninguna de ellas puede depender política, jurídica o financieramente del gobierno. No puede existir ninguna intro-misión en sus procesos eleccionarios y se debe respetar su libre derecho a presentar pliegos de reclamos y a la contratación colectiva, que es una conquista histórica del movimiento sindical, la cual ha sido conculcada en la industria petrolera y en la administración pública.

d. El sistema financiero y la autono-mía del Banco Central

En la reforma del artículo 318 se eli-mina la autonomía del Banco Central, que tradicionalmente ha sido el meca-nismo de intervención e injerencia de los organismos financieros internacionales en las finanzas y la economía del país. Sin embargo, lograr esta autonomía man-teniendo las estructuras capitalistas, no va al fondo del problema.

Tenemos que estar conscientes que el sistema financiero y de seguros se ha convertido en el gran instrumento polí-tico-económico de la contrarrevolución para minar las reservas internacionales, la fuga de divisas, presionar la devalua-ción del Bolívar, y en gran medida son agentes inflacionarios.

En tal sentido, debemos proponer que los bancos en manos de capitales trans-nacionales sean nacionalizados, y expro-piados todos los bancos nacionales, para conformar un sólo sistema financiero a través del establecimiento de un Banco Central Nacional, en el que se centrali-cen todos los recursos provenientes de las exportaciones petroleras, del hierro y otros rubros Esta medida debe ser acom-pañada con la nacionalización y estati-zación del comercio exterior. Sin estos requisitos previos, será imposible llevar adelante la planificación socialista de la economía, manteniéndose la anarquía despilfarradora, propia del capitalismo.

e. Sobre las Fuerzas Armadas, las mi-licias y el armamento del pueblo

Un aspecto fundamental del ejercicio del poder obrero, campesino y popular, en el marco de la construcción del socia-lismo sin patronos, burócratas ni corrup-tos, es el de la defensa de las conquistas de la revolución, para lo cual se requiere una organización militar del pueblo y los trabajadores.

Aunque el Presidente retrocedió en lo referente a la Guardia Nacional, pro-bablemente por presión de los mandos militares de esta fuerza, en la reforma sigue predominando el carácter elitesco, jerárquico y antidemocrático de las fuer-zas armadas burguesas. En tal sentido, debemos proponer la conformación de milicias obreras, campesinas y populares, basadas en los sindicatos y organizacio-nes del pueblo, así como el armamento general del pueblo, como base funda-mental de defensa de las conquistas de la revolución, y de respuesta a los ata-ques de enemigos externos. Igualmente, debe incluirse en la reforma el derecho a la sindicalización en las fuerzas arma-das populares, por la democracia, contra los grados y verticalismo de las elites y oficiales.

Los socialistas siempre hemos reivin-dicado, y mucho más en esta oportuni-dad, que todo el pueblo y en especial los trabajadores discutamos todo el con-tenido de la Carta Magna, a través de mecanismos mucho más democrático y superiores a los que han dado en llamar “Parlamentarismo de Calle”, ya que todos sabemos las limitaciones de esta opción.

Precisamente para superar esa limi-tante proponemos que todo el debate so-bre la reforma sea a través de una nueva Asamblea Popular Libre y Soberana con delegados de trabajadores, campesinos, comunidades, estudiantes, integrantes de las fuerzas armadas, que sea superadora

de la Asamblea Constituyente burguesa que se fundamenta en «una persona un voto». Con una Asamblea Popular de es-tas características, que sea plenamente democrática y representativa de los sec-tores sociales fundamentales del proceso revolucionario, estaríamos en mejores condiciones para discutir entre todos, la sustitución de la actual Constitución por una nueva que deje de reflejar el viejo estado capitalista, reemplazándola por una nueva en la que prime la visión de una sociedad basada en el poder de los que producimos con nuestro esfuerzo y trabajo las riquezas del país.

IV. Parlamentarismo de calle o una asamblea nacional de delegados sindicales, comunitarios y campesinos para hacer un debate democrático de

cara al pueblo

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Asimismo, la reducción de la jornada laboral debe ser acompañada de un aumento general de sueldos y salarios similar a la canasta

básica que hoy se ubica en Bs. 2.092.833,

y por el establecimiento de la escala móvil de salarios, acorde

al incremento anual de la inflación