Venezuela: ¿Democratización del Estado? Edith Mabel ...siare.clad.org/fulltext/0057749.pdf · El 2 de febrero de 1984 inició su gestión de gobierno Jaime Lusinchi quien ganó

XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Sto. Domingo, Rep. Dominicana, 30 oct. - 2 nov. 2007

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PANEL ESTADO Y DEMOCRACIA: Análisis del sentido y alcance del Estado, de la democracia y de los mecanismos de participación en Venezuela

Venezuela: ¿Democratización del Estado? TPF

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Edith Mabel Cuñarro Conde

Introducción: La última mitad del siglo XX fue una época tan rica en acontecimientos innovadores que no sólo cambió el destino del planeta, sino que por primera vez en la historia de las relaciones humanas se hizo posible se les reconociera a todos los pobladores de la tierra, el derecho de una existencia digna. Los principios que sostenían el edificio del capitalismo décimonónico, fueron refutados una y otra vez por diversos aconteceres, los cuales fueron llevando a una revolución paradigmática. El precario equilibrio bipolar que fue denominado como “guerra fría” perfiló como telón de fondo la puesta en escena de la conflictividad emergente en la región latinoamericana. La ofensiva neoliberal que buscaba cargar los costos de la crisis mundial sobre los endebles pilares económicos de los países del llamado Tercer Mundo, despertó tempranamente en América Latina la semilla de la rebelión contra un orden que se percibía como cada vez más opresivo. Desde la Tierra del Fuego hasta el Sur del Rio Bravo, se sucedieron durante todo el siglo XX, pero con más intensidad desde 1950, movimientos insurreccionales, organizaciones rebeldes, insurrecciones populares y “guerra de guerrillas”TPF

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El auge de las dictaduras en el Cono Sur, con la respectiva diáspora de militantes que conllevó la política genocida de los gobiernos de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, llevaron la “revolución latinoamericana” a Europa. Por otra parte, el conocimiento de la realidad europea, la desmistificación del “socialismo real” y el fin de la URSS, fueron factores importantes en el cambio de paradigmas que se produjo a escala planetaria. En este marco, y ya avanzado el siglo XX, la crisis fiscal unida a la crisis de representatividad política, y, por tanto de legitimación, perfilaron, la crisis global de la sociedad, constituyéndose para muchos países de América Latina en el estímulo inicial de los procesos de reforma del Estado, orientados en general a transformar el orden Estadocéntrico. (Cavarozzi). La rearticulación de las relaciones del Estado con la economía en un contexto internacional caracterizado por la globalización, que apareció como objetivo de la reforma en un primer momento, daría paso a un objetivo ulterior dirigido a la rearticulación más de fondo del Estado con la sociedad en su conjunto. Tales impulsos, que a mediados de los años 80 desencadenaron los procesos de reforma del Estado, también darían un nuevo contenido a la agenda de la reforma de los países de la región. En medio de la crisis política, provocada por la ineficacia y la centralización del poder el sistema político venezolano comenzó a transitar una espiral de deslegitimación, que llevó a las elites dirigentes, a partir de 1984 mediante la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) TPF

2FPT, a promover un proceso de democratización del Estado

profundizando tanto la democracia política como la social..Se parte en este trabajo de lo que, en su momento, se denominaron las líneas directrices de la COPRE. A través de ellas se TP

*PT (*) La presente ponencia constituye un avance del proyecto de investigación “Hacia un nuevo modelo político:

fortalecimiento y democratizaciòn de la gestión Pública” financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia (Condes - LUZ) TP

1PT Especial importancia tuvo en este contexto la Revolución cubana pues, una vez triunfante militarmente Fidel Castro, Cuba

fue considerada, por un tiempo, como un modelo a seguir por los demás movimientos rebeldes. TP

2PT La Comisiòn Presidencial para la Reforma del Estado en Venezuela, de ahora en adelante se denominará (COPRE).


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buscaba, hacer al Estado venezolano más democrático y más moderno, se explica que, debido a las distorsiones del sistema democrático que se manifestaban en la particular articulación entre Estado-partidos y sociedad, se agitaron las aguas turbulentas del sistema político venezolano dificultando la labor de la institución concertadora como mecanismo de innovación política. Desde esta óptica, la COPRE sería una institución creada para ejercer el buen gobierno, cumpliendo, dada su particular integración, con los requisitos de confianza personal, reducción del ruido y otros, en el marco de una estrategia de modernización de la administración pública y del Estado. La propuesta de Reforma Integral del Estado de la COPRE no se refirió solo a aspectos políticos e institucionales. Fue, para su momento, el proyecto más completo como diseño de la reforma democrática del Estado y de la sociedad venezolana. La concepción reinante en América Latina durante la década de los ochenta enfatizaba la reforma económica, especialmente la referida al proceso de ajustes mediante las recomendaciones sistematizadas en el llamado Consenso de Washington, mientras que la noción que se estructuró en Venezuela puso el énfasis en la indispensable relación entre las reformas económicas y las político-institucionales, conocidas después como reformas de primera y segunda generación, respectivamente.

“La renuncia a la visión economicista no fue fácil, ni fue consecuentemente aplicada por el gobierno que se instaló en 1989, pero significó una ruptura con la visión imperante, que tenía una fuente de inspiración y expansión en las agencias multilaterales financieras y de cooperación. La puesta en primer lugar de la política y de las relaciones de poder en la sociedad significó concebir el proceso de reformas como expresión de una indispensable movilización de la sociedad para su pronta y adecuada consecución. Esta perspectiva permitió concebir la derrota de la pobreza no como un subproducto de la política económica, sino como un nudo problemático que podía afrontarse desde perspectivas plurales y convergentes de los campos político, institucional, económico, administrativo y cultural” (Blanco:42).

“Ideas fuerza”, marco justificatorio de las decisiones públicas.

Para que haya buen gobierno debe haber valores compartidos, de allí la importancia de ubicar el quehacer de la COPRE en el marco de la “idea fuerza” central que orientó el discurso dominante en cada Administración. En el caso en estudio, el quehacer de la COPRE en el período 1984-1999 y 2000-2005, la base valorativa se apoyaba en diferentes orientaciones expresadas a través del discurso oficial plasmado entre otros, en los sucesivos planes de la nación. Los lineamientos centrales de los Planes de la Nación son tomados en cuenta, no por su grado de implementación a nivel fenoménico, sino como “ideas fuerza” que orientaban el quehacer de cada administración en un determinado sentido. Se sostiene que la COPRE promovió la innovación política que conllevó la Constituyente de 1999, pues su actividad se dirigió a diagnosticar las medidas necesarias para transformar el funcionamiento del Estado, retroalimentando su legitimidad, a través de la búsqueda de visiones comunes en torno a valores compartidos que se plasmaron en proyectos. La incorporación de actores antes excluidos al proceso de toma de decisiones fue llevada a cabo por las diversas instancias de la COPRE, organismos colegiados que organizaron y promovieron procesos de consultas, debates y acuerdos, como forma de superar la imposición jerárquica de criterios, otrora imperante. Enfrentado a unos cambios de su entorno, el sistema político venezolano reaccionó


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buscando equilibrarse y mantenerse. Dentro de esta búsqueda se creó la COPRE, la cual a su vez, impulsó determinadas propuestas, (con diferente éxito), pero aquellas que se implementaron realmente, fueron tan determinantes que cambiaron “el modo característico de funcionamiento” del sistema y modificaron “su estilo de hacer política” provocando el inicio de grandes transformaciones que venían a satisfacer las demandas de la sociedad venezolana, exigencias largamente postergadas. (como por ejemplo la “procura Existencial” instaurada en la Constitución de 1961).. Uno de los principales actores que impulsaron las propuestas de la COPRE, justificó su creación con los siguientes argumentos:

“La desactivación económica del país comienza a mostrar sus primeros signos en 1978, pero es en 1983 (el "viernes negro") cuando se toma plena conciencia de que estamos sumidos en una crisis económica de grandes proporciones y en una pérdida de vitalidad del sistema político. La COPRE fue la respuesta que se le ocurrió al Presidente Lusinchi para reanimar el sistema”TPF

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El 2 de febrero de 1984 inició su gestión de gobierno Jaime Lusinchi quien ganó la Presidencia, su partido AD obtuvo también la mayoría en el voto para las Cámaras y en las elecciones municipales (27-5-84).. Se puso así de manifiesto el hecho de que Acción Democrática tendría en sus manos durante dicha administración, todo el poder necesario para implementar las políticas que considerara necesarias para llevar adelante el nuevo pacto social, propuesto en la campaña electoral.

En noviembre de 1984 se presentaron al Congreso los “Lineamientos Generales del VII Plan de la Nación”. El plan diagnosticó la situación del momento como de agotamiento del modelo venezolano de crecimiento y afirmó la necesidad de avanzar, desde la sociedad rentista, hacia otra donde el crecimiento y el desarrollo resultaren del trabajo productivo de los venezolanos. Se hizo un listado de problemas, empezando con la dependencia de la explotación petrolera y se expuso la estrategia general, consistente en un conjunto de “Proyectos de Acción” destinados a reiniciar el crecimiento económico, acelerar el desarrollo social y crear una sociedad más libre. Esta estrategia descansaba para su viabilidad en dos bases: la conformación de un proyecto político consensual llamado el Pacto Social y la reestructuración del Estado.

Durante este lapso se persigue la idea de una “ revolución democrática” que sobrepase

“... el marco formal de la democracia política, para proyectar la idea esencial de la misma sobre el conjunto integral de la estructura económica y social, profundizando su contenido hacia todo el ámbito de las relaciones sociales y procurando eliminar, de esta manera, todas las trabas y obstáculos que se oponen al avance y al libre desenvolvimiento del hombre en sociedad. En otras palabras el objetivo final de la Democracia Social en Venezuela” (Cordiplan: 1984)

El país experimentó una discusión muy intensa a partir de las proposiciones de esta Comisión, orientadas a acometer cambios políticos, administrativos, institucionales, culturales y en el campo de las políticas públicas, así como en el de la participación ciudadana. La Comisión desarrolló diversas actividades dirigidas a jerarquizar las reformas más sentidas por la sociedad. Si bien los diagnósticos que se plasmaron en Documentos, pudieron conseguir consenso interno en las Plenarias de la Comisión, otra fue la situación cuando se intentó convertir las transformaciones propiciadas en normativa vigente y eficaz para regular

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3PT Manuel Rachadell fue Miembro del Comité Coordinador durante varios años y, desde sus inicios, Coordinador de la

Subcomisión de Descentralización. Fue, además, miembro activo de la COPRE, durante todo el tiempo de su duración. Junto con Arnoldo Gabaldón, fue el único comisionado que tuvo tal condición. Rachadell, entrevista, 15-6-03.


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la vida sociopolítica de la nación. En este terreno se enfrentaron varios obstáculos, irónicamente, los primeros enfrentamientos fueron con el mismo Poder Ejecutivo que había decretado la creación de la comisión, así como con los partidos políticos que estuvieron de acuerdo “teóricamente” con la necesidad imperiosa de reformas. Al consultar a algunos actores destacados sobre los principales escollos que debieron sortear en su impulso reformista, estos hicieron referencia al disgusto provocado a la Presidencia de la República y su entorno, al ser propuesto el conjunto de reformas que debían conducir a la descentralización del poder hacia las instancias estadales y municipales. Frente a la resistencia proveniente tanto del gobierno como de las dirigencias partidistas, la COPRE utilizó una línea de acción, propuesta por Carlos Blanco y aceptada por los demás miembros, consistente en dirigirse directamente a la opinión pública nacional, promoviendo la descentralización desde “abajo hacia arriba” con los factores de poder desde los diferentes estados, vinculándose con los empresarios y con los liderazgos políticos tanto regionales como comunitarios. Esta estrategia llevada a cabo entre 1985 y 1988, condujo a que, ya en plena campaña electoral (1988), cuando llegaban Carlos Andrés o Eduardo Fernández (candidatos presidenciales de los dos partidos fundamentales AD y COPEI), se encontraban con esos factores de poder presionando por la descentralización. Los lineamientos económicos: el VII plan. “Intervenir para redistribuir” la administraciòn Lusinchi (1984-1988) En el Programa de gobierno de Lusinchi se afirma refiriéndose al Pacto Social: “... Este acuerdo nacional significa una mayor responsabilidad por parte del sector privado en la creación de empleos, en la normalización del abastecimiento, en la prestación de servicios, en la construcción de viviendas y en la democratización de la gestión empresarial”, (CORDIPLAN, 1984:5). La posición respecto al capital privado aparece aquí mucho más moderada a fin de no perder el apoyo empresarial tan necesario en una coyuntura electoral. Respecto a la perfectibilidad del sistema político se considera que la conquista de la Democracia no ha sido suficiente porque carece del contenido social y económico que necesita para obtener su plenitud y lograr su definitiva estabilidad. Algunos líderes consideraban, para el momento, imperiosamente necesaria la búsqueda de una democracia social:

“Por eso Acción Democrática, si quiere continuar siendo el partido de los desheredados económicamente, de los que tienen menos recursos, de los que desean democratizar la riqueza, de poner al capitalismo de Estado en función social, en favor de los más y no de los menos, tiene que propiciar el cambio social económico profundo a partir de 1984” “Tenemos veinticinco años de democracia política (...) y desde hace veinticinco años, cada cinco años, tenemos el ritual de la alternabilidad republicana. Pero los pueblos no viven solamente de derechos (...) tiene sus límites y su capacidad de aguante”. (CORDIPLAN, 1984)

Según se desprende de las líneas anteriores, Acción Democrática, a lo largo de su trayectoria política, habría conquistado ya la Democracia Política, pero en ese momento de crisis, es necesario se aboque a construir la Democracia Social. La estrategia económica del VII Plan es definida como: “El avance en la perfección de la democracia política que garantizará el progreso hacia la democracia económica y ésta abrirá nuevos cauces a aquélla” (CORDIPLAN, 1984) La orientación socio-política de la estrategia económica diseñada en el VII Plan es específica y se dirige a “crecer, distribuyendo con justicia y ampliando la democracia”


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Por otra parte, el Manifiesto de Porlamar sirviò como guía al Septimo Plan fue aprobado por el Congreso de Trabajadores de Venezuela en 1981 y en él se establecieron las características del acuerdo que serviría de base al Pacto Social propuesto por Lusinchi en su programa de gobierno. La economía era considerada como mixta y dominada por el capitalismo de Estado. “La consolidación de la situación del sector económico-público con una entidad de capital, ingreso propio, potencial de inversión, empleo y poder de gasto equiparable a los del sector privado (...) independientemente de las facultades institucionales que como Estado posee para orientar y regular macro -económicamente el proceso de funcionamiento y desarrollo del país, fundamenta una característica singular y dominante de la organización nacional que condiciona toda la gestión económica en Venezuela y que puede calificarse como capitalismo de Estado ...” (Manifiesto de Porlamar). El Estado pasa a representar un papel decisivo en la ejecución de la estrategia; puede afirmarse, inclusive, que en el VII Plan está presente un claro esquema de Estado Social que aspira a garantizar la procura existencial Dicho capitalismo constituye una realidad que debe ser tomada en cuenta por cualquier proyecto de transformación económico-social del país, y que en es aceptada como provechosa puesto que “condiciona positivamente los planes y programas de desarrollo e impide –favorablemente- los intentos de retornar la economía a viejos cauces liberales, de privatización absoluta de la actividad económica y prevalencia de la llamada libre empresa”. Se consideraba a la libre empresa y al capitalismo privado como males que había que tolerar, siempre y cuando estuviesen subordinados al interés general encarnado en el capitalismo de Estado. El Estado debía ser, según esta concepción, el encargado de intervenir, regulando las actividades privadas. Los lineamientos económicos: El VIII Plan “Liberar para crecer”. La Administración Pérez-Velázquez (1989-1993) Se reseñan, a continuación, algunos lineamientos del VIII Plan de la Nación, para analizar cuáles fueron las “ideas fuerza” que se plantearon en él. En los Lineamientos Generales del VIII Plan de la Nación, presentado al Congreso Nacional en enero de 1990, se advierte que éste se encuentra basado en el reconocimiento de que el modelo de desarrollo que rigió en el país por más de tres décadas se agotó. Sin dejar de reconocer los logros del pasado (solidez democrática, sector privado industrial moderno, un sistema de intermediación financiero avanzado, etc) se acumularon ciertos problemas tales como la fuerte desigualdad en el ingreso, pérdida de la eficiencia en la economía y un sector público sobredimensionado.

A fin de corregir todos estos problemas, el VIII Plan de la Nación se apoyaba en estos lineamientos: crecimiento sin inflación, competitividad internacional, conservación de los recursos naturales, cambio Institucional, capitalización de los recursos humanos y compromiso social (CORDIPLAN VIII PLAN DE LA NACION 1990).

Los lineamientos guardaban correspondencia con la estrategia de ajuste y liberalización de la economía que se había trazado la administración de Carlos Andrés Pérez, para estimular las fuerzas de producción y de mercado para lograr una variación positiva en la actividad económica. El hecho de que la estrategia económica y social, dentro de la cual se insertaba el VIII Plan, se conformó a partir de los compromisos adquiridos por Venezuela en las cartas de intención firmadas con el FMI, tuvo dos implicaciones directas: Primera, la estrategia se concentró esencialmente en la política económica; segunda, la política económica se fundamentó teóricamente en la variante del enfoque neoliberal que sirvió de


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base a las propuestas del FMI. Este hecho condicionaba, por su enfoque reduccionista las posibilidades de profundizar la democracia que se había planteado la COPRE. Quintín nos dice al respecto: “La COPRE elaboró un proyecto de país, que cada uno de los presidentes y secretarios ejecutivos trataron de mantener, de sostener hasta febrero de 1999 que terminó. Dicho proyecto contenía una posición doctrinaria acerca de lo que es el Estado y la Administración Pública, la cual afirmaba la necesidad de reformas institucionales profundas, que entre otras cosas profundizaran la democracia. De ahí la descentralización, la participación ciudadana, los referendo consultivos, la transformación del poder judicial, todo dedicado a democratizar y a abrir los cauces para que los partidos políticos permitieran el acceso de otros factores de poder. Ese era el proyecto de la COPRE, siempre se sostuvo, incluso cuando en 1990-91 se impuso un nuevo proyecto económico, ese proyecto económico entró en colisión con el proyecto de la COPRE , porque el proyecto de Miguel Rodríguez era un proyecto elitista. Yo asistí a las reuniones con Miguel Rodríguez y Carlos Blanco, la institucionalidad que la COPRE trataba de implementar poco tenía que ver con la institucionalidad que el proyecto económico trataba de implementar”. (Quintín, 2003)

El tipo de modernización que preconizaban las transformaciones estructurales del VIII Plan fueron distintas a las que planteó el modelo desarrollista. En primer lugar, no se trataba ahora de incorporar a la población de los sectores atrasados (tradicionales, informales) a la modernidad, sino de reconvertir al viejo “sector moderno” fordista para adaptarlo a las exigencias de productividad y competitividad de la nueva estrategia. El consiguiente monopolio en la apropiación de los frutos de este tipo de modernización de tipo fiscalista y centrada fundamentalmente en el “crecimiento económico” planteó serias dificultades para la gobernabilidad de un país, acostumbrado a vivir de la redistribución de la renta y no de la productividad del trabajo. En efecto, cuatro de sus vértices estaban referidos directa o indirectamente a la política económica (crecimiento, competitividad, conservación de recursos naturales y capitalización), el quinto vértice se dedicaba al compromiso social. Sólo el sexto vértice (cambio institucional) mantenía su autonomía frente a lo económico, porque, además de englobar a la acción política, constituía el único de los seis lineamientos del hexágono que disponía de un organismo programador e impulsor ad hoc: la COPRE. Los lineamientos económicos: El IX Plan “Estabilizar para mantener”. La administración Caldera (1994-1998)

En el IX Plan se consideraba necesario transformar al Estado para establecer una nueva forma de relación entre él y los ciudadanos, a fin de que se pudieran desarrollar mejor sus propias iniciativas y se lograra una mayor participación de la sociedad civil. En clara referencia a las limitaciones reduccionistas y economicistas del VIII Plan se va a sostener en el IX Plan “la indivisibilidad de lo económico y social” pasando a caracterizarla de la siguiente forma: “El desarrollo plantea explícitamente un esquema de valores que sitúa a la economía

en un espacio multidimensional, donde se articulan de forma interdependiente tres realidades de la vida contemporánea: la eficiencia económica, la equidad y la democracia política”. (CORDIPLAN IX PLAN 1994)

En cuanto al esquema de valores se sostiene la interrelación de las dimensiones económica, social y política en una estrategia, que hemos denominado en este trabajo, como “estabilizar para mantener” la cual es explicada a continuación:


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“Sin embargo, el desarrollo no es sustentable si la eficiencia económica es guiada simplemente por consideraciones de rentabilidad, debido a los daños que un enfoque de tal tipo ocasiona en el medio ambiente y a los impactos adversos que ello genera en la equidad, lo que tiene consecuencias severas sobre la cohesión social y la estabilidad política, comprometiendo la vigencia de la democracia. Una estrategia económica y social para el desarrollo debe tener como fin más importante la búsqueda del bienestar y la calidad de vida distribuidos con equidad, la unidad social y la estabilidad política. Esto supone, por razones éticas y sociopolíticas, la obligación de trabajar permanentemente por la satisfacción de las necesidades básicas de la población, por los derechos humanos y por una distribución equitativa del ingreso y de la riqueza.” (CORDIPLAN IX PLAN 1994). De esta manera, se hacía explícita, una concepción de desarrollo diferente a la del Gran Viraje con su sobredimensionamiento del aspecto económico, enmarcando aquí los lineamientos productivos en consideraciones éticas que priorizaban la equidad y la justicia, valores de raíz social-cristiana.

La estrategia económica se consideró debía dirigirse a la construcción de un nuevo país por parte de todos los venezolanos, apoyándose ésta, en un esfuerzo solidario y sostenido, dirigido a la valorización del trabajo y a la modernización del aparato productivo.

(...)La construcción de ese nuevo país requiere que modernicemos las bases de nuestra economía actual, que la hagamos una economía productiva en la cual se promueva el ahorro y se valorice el trabajo: una economía capaz de sustentar el desarrollo con equidad. Por ello, la imagen objetivo pretendida para el país a comienzos del siglo XXI se caracteriza económicamente por la consolidación de un aparato productivo competitivo, que innova y se moderniza constantemente, cuyo factor fundamental es el sector privado y que logra insertarse exitosamente en la economía global, relación de la cual deriva fundamentalmente su dinamismo. Una economía que disfruta de un crecimiento sostenido del ingreso real per cápita, cuya distribución logra superar el sesgo concentrador que se había consolidado desde los años ochenta. (CORDIPLAN IX PLAN 1994) Se consideraba necesario, el redimensionamiento del tamaño del Estado, fortaleciendo

su función de productor de salud, educación, seguridad ciudadana, y creador de infraestructura física para servir de apoyo a la competitividad del aparato productivo. A tales efectos se proponía reducir sustancialmente su función como ente productivo, privatizando las empresas públicas y la gestión parcial o total de los servicios vinculados a la producción. Se jerarquizaba la importancia del sector privado de la economía, diferenciándose de los períodos anteriores. De Lusinchi porque daba más importancia al sector estatal que al sector privado y de Pérez porque se preocupaba por que el crecimiento económico no olvidara el factor humano. Los lineamientos económicos: El Plan Socio-Económico Participar para redistribuir. La administrachón Chávez 1999 … El Estado venezolano a partir de 1999 emprende la reorientación de las políticas así como de una reestructuración de sus instituciones con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de la nueva constitución. La Constitución de 1999, define a la República como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que busca la construcción de una sociedad democrática, participativa y protagónica enmarcada en un Estado federal y descentralizado. En consonancia con el nuevo modelo de sociedad se diseña el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período comprendido entre 2001 – 2007.


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En el mencionado plan se trazan tres objetivos estratégicos: 1- garantizar el disfrute de los derechos sociales de manera universal y equitativa; 2- Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza y 3- Fortalecer la participación social y ampliar el poder ciudadano en los espacios públicos de decisión. En un análisis de los lineamientos constitucionales de 1999, Vila Planes expresa: ¿Son las caracterìsticas de la economìa social tan capitalistas que ni siquiera puede considerarse como un buen paso para una “transiciòn al socialismo”? La economìa social implica que cada una de sus empresas es una propiedad privada fundamentalmente colectiva. Es una soluciòn alterna del capitalismo que busca ampliar, incluso multiplicar, el nùmero de propietarios de los medios de producciòn con la particularidad de que en muchos casos ellos mismos son la fuerza de trabajo que utiliza dichos medios. Si indagàramos sobre què subyace debajo de la economìa social nos darìamos cuenta que un paìs que tuviera una Constituciòn socialista no se plantearia “abrir opciones de economìa social”, porque no le harìan falta (Vila Planes) La economìa social es un paliativo dentro del modo de producciòn capitalista que se encuentra dominado por el modelo accionario corporativo. Por otro lado, un verdadero règimen socialista deberìa resolver para toda la poblaciòn los males de explotaciòn, dominaciòn y exclusiòn. La Exposiciòn de Motivos de la Constituciòn en su Capitulo VI Del sistema socioeconòmico, Capitulo I Del règimen socioeconòmico y de la funciòn del Estado plantea: El règimen socioeconòmico no se define de forma rìgida, no obstante se consagran principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa ……..fuera de cualquier dogmatismo ideològico con relaciòn a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado En los artìculos 95, 96 y 97 se estipula el derecho a constituir libremente organizaciones sindicales … para defensa de sus derechos e intereses (implicando que hay clara separaciòn entre capital y trabajo, entre propietarios de medios de producciòn y fuerza laboral asalariada y que entre ellos se crean conflictos y luchas, que son los que se denominan “de clase. En el artìculo 115 se garantiza el derecho de propiedad (CRBV, 1999) La economìa social en las Lìneas Generales del Plan de la Naciòn 2001-2007. ¿Còmo desarrollar la economìa social? La economìa social es una vìa alternativa y complementaria a lo que tradicionalmente se conoce como economìa privada y economìa pùblica. La economìa social busca “la democratizaciòn del capital” lo que implica la ampliaciòn del reducido sector de la sociedad creando un grupo mayor de capitalistas privados. Este grupo de capitalistas de la economìa asociativa es màs numeroso pero menos fuerte que los propietarios del gran capital. Es asi porque los capitalistas de la economìa social son simultàneamiente su fuerza de trabajo, puesto que combinan el ser propietarios privados de los medios de producciòn con la realizaciòn de las actividades productivas usando los medios de los cuales son propietarios. En la dinàmica del mercado las empresas de economìa asociativa si no son altamente eficientes no representaràn ningùn poder real y corren el riesgo de fracasar al encontrar un mercado blindado La Constituciòn bolivariana garantiza y protege la propiedad privada de los medios de producciòn, funda el desarrollo nacional en el modo de producciòn capitalista. La producciòn capitalista està destinada al cambio, es decir a la producciòn, distribución e intercambio de mercancìas cuyo propòsito se centra cada vez màs en la reproducciòn de capital (=valor de cambio y apropiaciòn de la plusvalìa), en vez de satisfacciòn de


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necesidades (=valor de uso). Règimen de propiedad: En la economìa asociativa existe un solo tipo de propiedad privada .la propiedad privada colectiva- cuyo règimen se distingue por ser un dominio democràtico, donde se asocian en cada caso, de diferente manera y composiciòn, colectivos de trabajadores de producciòn de bienes y prestaciòn de servicios, cientìficos y tecnòlogos, financistas, distribuidores, comerciantes y consumidores Los fines y propòsitos màs importantes de la economìa asociativa son: Ahorrar, para el beneficio colectivo, el plusvalor. Acumular riqueza como fondo disponible en cualquier momento para satisfacer necesidades. Dar primacìa a los sujetos sociales sobre el capital y la distribuciòn de beneficios (?) Ejercer la democracia participativa Conjugar los intereses de socios, usuarios-consumidores y pùblico en general en polìticas productivas, financieras y comerciales viables y sostenibles. Defender y aplicar los principios de co-responsabilidad y solidaridad. Gestionar Colectivamente las instituciones formales para satisfacer los objetivos de los promotores asociados de cada empresa. Los socios de cada empresa, para alcanzar los fines, deben concurrir solidariamente en la planificaciòn y ejecuciòn de las operaciones conjuntas necesarias para el acto econòmico. (Ver cuadro 1 al final). Para señalar alguna de las ideas fuerza en el discurso del Presidente, veámos lo que expresa Chávez: “No queremos sustituir la inversión privada, lo que queremos es unirnos con la inversión privada, queremos seguir oyendo y oír con más claridad y con más atención cada día. Pero luego que trabajemos todos juntos en función de la estrategia y con las libertades que el país ofrece y el sistema político ofrece (…) Hay que considerar que la producción privada en la Constitución tiene ahora un nuevo sector que hay que apoyar, y que nadie lo vea mal: el cooperativismo. El cooperativismo es parte del nuevo modelo económico (…) Porque eso es fundamental para el nuevo modelo socioeconómico: la inversión social, para incrementar la capacidad de nuestro pueblo, para el pensamiento y para la acción, para el trabajo”. (Chávez, Hotel Hilton: 2004). El propio Chávez acepta diversos tipos de propiedad y cierto policlasismo en sus alocuciones: “Vayamos rumbo al socialismo del siglo XXI, un socialismo para Venezuela con base en los tiempos que estamos viviendo y construido en colectivo, no impuesto por nadie y sin exclusión de los sectores medios y ricos de la población.” Cadena Nacional: primer aniversario de la creación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Teatro Teresa Carreño. Caracas, sábado, 17 de abril de 2004.


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Los lineamientos politicos: VII Plan. La administración Lusinchi

Según reza en el Plan, el objetivo fundamental de la estrategia política es la profundización de la democracia, “una estrategia política que asuma la tarea de profundizar la democracia”. Y por profundización de la democracia se entiende principalmente una mejor distribución del poder entre los diversos integrantes de la sociedad civil, pues se parte de la constatación de que esta última “ha visto debilitado su poder frente al Estado” (CORDIPLAN, VII PLAN). Para ello se promoverá “una mayor participación ciudadana, a fin de que ésta no se limite exclusivamente al proceso electoral sino que, por medio de métodos modernos de información y consulta, se extienda hacia las decisiones cotidianas que afectan a la población, sobre todo en aquellas de tipo regional y local”(CORDIPLAN VII PLAN).

El VII Plan proponía un proyecto de transformación que implicaba cambios de las estructuras del poder político y económico dirigidos a democratizar a ambos. El medio elegido para el logro del fin último, que era la Democracia Social. La redistribución de la riqueza debía operar a través de la búsqueda de nuevas formas de propiedad (SEC) CORDIPLAN VII PLAN ; la transferencia directa de recursos del Estado hacia los sectores menos favorecidos por la vía de una política social que tomase en cuenta las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación; y una mayor carga impositiva a los estratos de la población que más se han beneficiado del modelo de desarrollo vigente.

Los lineamientos politicos: VIII Plan. La administración Pérez-Velázquez En la etapa correspondiente al período 1989-1993, para perfeccionar la democracia, se alegaba, debía producirse “el fortalecimiento de la sociedad civil”. En consecuencia con estos lineamientos, durante el período de Pérez el término “sociedad civil” pasará a tener carácter estelar.

¿Cuál fue la importancia que se le otorgó a la “sociedad civil” en este lapso? La respuesta a dicha interrogante se encontró en un material, fechado en agosto de 1990. En dicho material se sostiene que, en las últimas décadas la sociedad nacional empezó a complicarse a una velocidad superior que la que tenían los partidos para multiplicar sus tentáculos y, surgió el embrión de una sociedad civil autónoma, al lado de la controlada por los partidos. Se agrega en el documento que, además, las principales organizaciones sociales, que también contribuían a equilibrar la sobrecarga, vieron disminuir su capacidad representativa. Sea por contradicciones internas a los intereses de la asociación, como ocurrió con FEDECÁMARAS. Sea porque la relación de la organización social con un determinado partido afecta su capacidad de intermediación, como fue el caso de la CTV. (CORDIPLAN, VIII PLAN, 1990) Para que se redujese la demanda de Estado, había que incluir en la idea de fortalecimiento de la sociedad civil la idea de la mayor integración, organización y jerarquización interna posible. Es decir, al mismo tiempo que se propugnaba la autonomización, la democratización y el equilibrio, se debía promover la constitución dentro de la sociedad civil de organismos integradores, que procesen internamente el mayor número de demandas posible. Estos lineamientos para el fortalecimiento de la sociedad civil, fueron los que orientaron la labor de la COPRE, en tiempos de Carlos Andrés Pérez. (1989-93).

La combinación de penuria económica, deterioro social y pérdida de condiciones de gobernabilidad, amalgamados con la acumulación de problemas sucesivos en los gobiernos del período 1979-1988, y agravados por el intento drástico de pasar de una economía subsidiada a una economía de mercado (1989-1993), colocaron en una encrucijada a la


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democracia hasta alentar condiciones para su derrumbe. Las amenazas de mayor envergadura a la democracia provinieron de sectores militares, con dos intentos de golpe: el 4 de febrero y el 27 de noviembres de 1992, los cuales aceleraron la crisis política y desembocaron en una crisis de legitimidad que finalmente encontraría una salida transitoria con la suspensión del Presidente Pérez, mediante una decisión de la Corte Suprema de Justicia, y la formación de un gobierno provisional a cargo de Ramón J. Velásquez. Quintín, quien se mantuvo activo durante toda la vida institucional de la COPRE, relata:

“La salida de Carlos Andrés la forjaron Canache Mata y Peñalver, cuando Escobar Salom regresa de Europa, ya estaba todo preparado, el partido ya lo había forjado todo. El grupo de Carlos Andrés era muy reducido, es decir, la fuerza dentro del Partido era la facción de Alfaro Ucero, él fue quien manejó todo, junto con Pedro París Montesinos, Canache Mata, Octavio Lepage y otra gente que era carlosandresista y se le dio vuelta al grupo de Carlos Andrés Pérez ..... Claro, pero en todo caso el partido se opuso a las reformas” (Quintín 2003)

La oposición de los partidos políticos a las reformas, aparece como una de las principales tensiones que provocaron la inestabilidad política. Esta oposición tan fuerte que llevó a afirmar que una de las causas más profundas de deslegitimación del régimen y de disminución de la gobernabilidad es la indefensión que buena parte de la población sentía frente a un Estado que no le rendía cuentas y a un sistema electoral en el que salvo para elegir al presidente de la República, se votaba por listas de partidos en las que ni siquiera se especificaban los nombres de los candidatos a diputados y senadores. En el marco de la inestabilidad política y del descontento popular, agravado por el paquete de “ajustes”, el periodista José Vicente Rangel presentó el 8 de noviembre de 1992 una denuncia a través de los medios de comunicación sobre el aprovechamiento ilícito de Pérez y dos de sus ministros de 250 millones de bolívares. La denuncia fue investigada por la Comisión de Contraloría del Congreso, la Contraloría General de la República, y el Tribunal de Salvaguarda. La iniciativa de solicitar un antejuicio de mérito contra el presidente la ejerció la Fiscalía General de la República por presunta malversación y peculado. El 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia determinó que existían méritos suficientes para un antejuicio contra el presidente Pérez, que fue entonces suspendido por el Congreso de la República, asumiendo un gobierno de emergencia. Fue designado Presidente de la República el historiador Ramón J. Velásquez en junio de 1993. El nuevo gobierno se formó con el apoyo de Acción Democrática y Copei pero a los pocos meses se vio privado de ese soporte político. Los objetivos del gobierno de transición fueron:

- llevar adelante algunas medidas económicas, para enderezar el rumbo de las finanzas públicas a través de la aprobación de algunas leyes fiscales, como la que introdujo el IVA al consumidor.

- Conducir al país a un nuevo proceso electoral en diciembre de 1993. Durante el período de Ramón J. Velásquez, el logro más importante fue, haber

contribuido a que el país, que vivía un período de tensiones muy fuertes, el acecho permanente de la desestabilización política, de la desestabilización militar, bajo el acecho de un golpe de Estado culminara con el proceso electoral que se realizó el 6 de diciembre de 1993.

Debido a la turbulenta situación nacional y a la atomización creciente de los partidos tradicionales en facciones, el tránsito institucional del año 1993 se hizo muy difícil. En dichas


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circunstancias tocó a la COPRE, junto con otras instituciones como la Iglesia, marcar orientaciones para mantener el sistema democrático. Los lineamientos politicos: IX Plan. La administración Caldera

La reforma de las estructuras políticas se realizaría, según el IX Plan, sobre la base de tres grandes líneas maestras: el perfeccionamiento y profundización de la democracia, sustentada en un alto grado de participación de la sociedad civil; una mayor legitimidad y representatividad de los organismos deliberantes del Estado que le otorgase más transparencia a sus acciones, y un aumento en la gobernabilidad del Estado que permitiese a sus instituciones enfrentar con eficiencia las demandas que planteaba la ciudadanía.

Bajo este esquema, se proponían como fundamentales, las siguientes reformas políticas:

La Reforma de la Constitución, la modernización del poder legislativo, la reforma del poder judicial, la reforma del sistema electoral y de la ley del Sufragio, la introducción de la figura del referéndum, la creación de la figura del Primer Ministro (Entrevista Trino Màrquez, 1999) Durante el período del IX Plan se esperaba dar prioridad a la consolidación del proceso de descentralización mediante un programa de transferencias de competencias. Así mismo, se planteaba profundizar este proceso hacia los municipios, a través del diseño y ejecución de un programa nacional de transferencias de responsabilidades a esas instancias gubernamentales (particularmente de aquellos servicios que fuesen susceptibles de prestarse más eficientemente a nivel local). Esta profundización se esperaba fuese acompañada de un Programa Nacional de Fortalecimiento de las Finanzas Locales.

Los lineamientos politicos: Plan 2001-2007. La administración Chávez. Una de las idead fuerza que más se repite cuando se hace análisis del discurso, durante el lapso iniciado en 1999, es que el régimen político debe ser democrático y que su camino debe ser pacífico.Veamos cómo lo expresa Chávez: “En la línea política uno de los factores determinantes debe ser la democracia participativa y protagónica. El poder popular. Esto es un elemento político definitorio que contrasta con aquello del partido único o centrar todas las decisiones en el partido. Hay que centrar todo en el pueblo, el partido debe estar subordinado al pueblo. No al revés.” Cuando se habla de democracia en Venezuela, los voceros más radicales del proceso tratan de eludir el adjetivo ‘representativa’, para no describirse dentro de lo que se denomina, a veces despectivamente, ‘la democracia burguesa’. Pero el hecho es que se eligien cuerpos representativos en las elecciones de concejales y juntas parroquiales, y diputados a la AsambleaNacional, el cuerpo representativo por excelencia dela nación. De manera que, aunque se acepte o no se acepte abiertamente en el discurso, hay instituciones representativas en la democracia venezolana que se derivan de la Constitución. Parece obvio que la democracia que se deriva de la Constitución no es ni representativa pura ni participativa pura, suponiendo que alguna vez haya existido algún modelo democrático ‘puro’ e incluso algún sistema político ‘puro’ tenga viabilidad. (Cabieses, 2005).


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Lineamientos sociales: politicas sociales para el ataque a la pobreza

Lineamientos sociales: VII PLAN (Lusinchi 1984-1988) El objetivo de la estrategia social que se propone el VII Plan es “avanzar hacia una sociedad más justa”. De ese modo se afirma que la construcción de una sociedad más justa es necesaria tanto para la liberación de las fuerzas productivas como para la profundización de la democracia:

“Una sociedad más justa es una aspiración legítima y permanente de los venezolanos. Pero también es necesaria para generar una alianza política y un clima social que permita efectivamente liberar las fuerzas productivas. Sólo profundizando la justicia social se logrará una participación creciente de la población en el proceso de profundización de la democracia”. “La estrategia social del VII Plan es, en buena parte, facilitada y promovida por la estrategia económica, ya que ésta generará empleo y los ingresos necesarios para elevar el bienestar social. Dicha estrategia contempla un conjunto de operaciones públicas que enfrentarán directamente el grave problema de la marginalidad social, impulsarán el logro de una mejor distribución del ingreso y de la calidad de vida de la población e influirán en la transformación de las relaciones de propiedad y de acceso a la riqueza creada. Esta estrategia social tendrá que ser persistente y de largo plazo” (CORDIPLAN 1984).

La redistribución de la riqueza está en el centro de toda la concepción del VII Plan y es la forma principal que se considera para la realización de esa sociedad más justa. A su vez, la generación de empleo es uno de los medios más valorados para la conquista del objetivo redistributivo, ya lo hemos apreciado ampliamente al hablar de la estrategia económica, pero como esa generación no es inmediata, se añade una serie de medidas destinadas a la transferencia directa de recursos hacia los sectores menos favorecidos. El Plan se propone así “compensar las inequidades en la distribución del ingreso que genera la estructura económica con mecanismos públicos de transferencias sociales” (CORDIPLAN 1984) acompañadas de una política social dirigida al mejoramiento de los servicios de educación, salud, vivienda y servicios conexos. El Estado pasa a representar un papel decisivo en la ejecución de la estrategia; puede afirmarse, inclusive, que en el VII Plan está presente un claro esquema de Estado Social que aspira a garantizar la procura existencial Lineamientos sociales: VIII PLAN (Pérez-Velazquez 1989-1993) El intento de diagnóstico de la situación social venezolana del VIII Plan, se limitaba a la mera enumeración de carencias e insuficiencias en los niveles de consumo de la población y en la provisión de servicios sociales básicos, que serían “la consecuencia de no haber promovido con rigor una economía competitiva sobre las bases de la productividad a través del aprovechamiento creativo de los hombres y mujeres del país” (CORDIPLAN VIII PLAN). De tal modo, fenómenos tan complejos como la desigual distribución del ingreso y la riqueza, los bajos niveles de satisfacción de las necesidades básicas para un elevado porcentaje de la población y la ineficacia de los servicios públicos, resultan “explicados” por un factor (la insuficiente formación de la población trabajadora) que, más que una causa, es un efecto de la política económica y social del período democrático En esos términos, el cumplimiento del objetivo social pasaba a depender de la idoneidad de la estrategia económica para generar “más y mejores empleos productivos”.

Dentro del análisis basado en el más libre juego de las fuerzas del mercado, aparecía


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el factor económico como el centro jerárquico superior que organizaba a la vida colectiva, como única fuente científica de legitimidad. Lo político, lo social, lo ideológico, lo cultural y todo quehacer humano le quedaban explícitamente condicionados. Se suponía que, a la larga, todos participarían de los frutos del crecimiento económico. (CORDIPLAN VIII PLAN)

Lineamientos sociales: IX PLAN (Caldera 1994-1998) Se consideró necesario en el IX Plan, enfilar a la sociedad venezolana hacia nuevos rumbos, en el marco de valores como la justicia, la equidad y la solidaridad.

La sociedad solidaria surgiría gradualmente, a través de la generación de un alto contingente de empleo y de un tratamiento integral de la problemática de la pobreza, que ponía, como condición esencial, la participación de las comunidades organizadas en la gestión de los programas sociales, educativos y culturales.

“Construir una sociedad más integrada y justa, capaz de generar condiciones superiores de bienestar para la gente, que brinde oportunidades a todos los individuos para educarse y desarrollarse, para vivir en un ambiente más gratificante, insertarse en el empleo productivo y tener acceso, por esa vía, a los bienes producidos socialmente CORDIPLAN IX PLAN). Se entendía, que en la crítica coyuntura, Venezuela tenía dos retos fundamentales: El

primero era realizar una profunda reforma de la educación y el segundo era reducir la pobreza, la cual alcanzaba a una alta proporción de la población venezolana. Las transformaciones que debían ser hechas para adecuar las bases productivas, sociales, valorativas e institucionales del país, sólo eran posibles si se realizaba una profunda reforma del sistema educativo. Por tanto, era indispensable mejorar la pertinencia, la calidad y la equidad en el acceso a la educación, por el efecto directo que ésta tenía sobre las posibilidades de realización y de movilidad social de los individuos, así como por la determinación que ejercía sobre la productividad y la equidad distributiva en la economía.

Las políticas dirigidas a la estabilización y la activación inmediata de fuentes de empleo iban acompañadas por un conjunto de programas compensatorios en auxilio a la población más vulnerable.

En ese sentido, se fortalecería la ejecución de los programas siguientes: Consolidación de los “Puntos de Abastecimiento Solidario”. Reestructuración y ampliación de los programas de formación para el trabajo. Agilización y ampliación de los proyectos de alimentación y salud que se apoyaban en la red educacional y en el sistema de ambulatorios. Acuerdos salariales y de empleo con el sector empresarial. Aumento del salario mínimo. Programas de vivienda de interés social y rehabilitación de centros de salud y educación en los barrios. A pesar de todas estas declaraciones de buenos propósitos, la administración Caldera, se vio obligada por las circunstancias, a modificar regresivamente el régimen de prestaciones de los trabajadores venezolanos, quizás con la esperanza, de que esta medida reactivaría las fuentes de empleo. No obstante, los trabajadores venezolanos quedarían por varios años desprotegidos y sin un sistema de seguridad social que les brindase amplia protección. Lineamientos sociales: PLAN Económico Social 2001-2007 Quienes han tildado de neoliberal a la polìtica de la administración Chávez han hecho hincapiè en su supuesta preferencia hacia el capital extranjero a expensas del empresariado


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local. No cabe la menor duda de que el gobierno ha estado enfrascado en un combate contra los sectores màs conspicuos del empresariado nacional, sobretodo contra su organizaciòn cupular, Fedecàmaras. Ademàs, los inversionistas extranjeros saben que en caso de cualquier conflicto sobre el incumplimiento de contratos pueden contar con el respaldo de la respectiva representaciòn diplomàtica, mientras que el empresariado local podrìa recurrir solamente a Fedecàmaras que se encontraba en conflicto con el gobierno. (Parker) El gobierno sigue insistiendo en que la alternativa que busca consolidar contempla una polìtica deliberada de fomento de la actividad empresarial local, sobretodo de la pequeña y mediana industria. Al respecto en documento del Ministerio de Producciòn y Comercio (2003) se plantea que “la dinàmica del capitalismo actual conduce a la escasa generaciòn de empleo, por lo cual se justificarìa la adopciòn de polìticas industriales orientadas a la sustituciòn de importaciones, en sectores intensivos en mano de obra y orientados a cubrir la demanda de la poblaciòn de bajos ingresos. (Parker:103) Tal como señalamos más arriba, con el nuevo modelo de sociedad se diseña el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período comprendido entre 2001 – 2007. En el mencionado plan se trazan tres objetivos estratégicos: 1- garantizar el disfrute de los derechos sociales de manera universal y equitativa; 2- Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza y 3- Fortalecer la participación social y ampliar el poder ciudadano en los espacios públicos de decisión. Sobre estos objetivos macros, desde 1999, y especialmente desde el 2003, el gobierno decreta un conjunto de programas sociales diseñados bajo una concepción participativa que intentan dar respuestas efectivas a necesidades prioritarias de educación, salud, alimentación, vivienda y empleo. Estos programas sociales conocidos como “Misiones” son el punto de partida para la conformación de una nueva generación de políticas sociales que se ha denominado como la Nueva Institucionalidad. Que persiguen la atención masiva y acelerada de la deuda social acumulada sustentada sobre criterios de universalidad d derechos, igualdad de oportunidades, promoción de la calidad de la vida y promoción de la ciudadanía. (MPD 2005) El origen de los nuevos programas sociales se ubica en tres factores. En primer lugar el cambio en la concepción de las políticas sociales en Venezuela, que está sustentado sobre la necesidad, por parte del Gobierno Nacional, de un conjunto de respuestas efectivas en el marco de una coyuntura de confrontación política. Desde 1999 inicio de la actual administración y sobre todo entre el año 2002 y 2003, el país sufre una oleada de manifestaciones, huelgas, paros, que golpearon fuertemente la vida económica y política del país. En este contexto de conflicto - no siempre pacifico - en contrapartida los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo aumentan como resultado del incremento del precio internacional. Estos ingresos extraordinarios permiten al Gobierno adelantar una serie de programas en el corto plazo, que a la vez se conforman en una respuesta estratégica para impulsar un modelo de desarrollo que se define como endógeno basado en la prioridad de la economía social. (Lander 2004) En segundo lugar, las políticas sociales o las Misiones son al mismo tiempo una respuesta práctica frente a la ineficiencia y precariedad de unas instituciones públicas con una estructura burocrática heredada de las anteriores administraciones. Instituciones que resultan inoperantes a la hora de impulsar programas y políticas sociales y que buscan llegar a los más pobres con resultados a corto plazo. Además la situación política y de conflicto limitan las reformas administrativas necesarias para poner en marcha la capacidad de gestión en función de las nuevas y urgentes exigencias: “Por ello, el ejecutivo opta por la creación de las


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misiones, una gama de programas extraordinarios que, haciendo un by-pass parcial de la burocracia estatal, busca responder a cada uno de los principales problemas sociales que, habiendo sido identificados como críticos, precisan respuestas urgentes”. (Lander 2004)

De los lineamientos sintetizados anteriormente, siguiendo la evolución de las diferentes administraciones, se puede observar, que la orientaciòn de la política venezolana, parte de un planteo que pone el acento en la “democracia social “ y el “capitalismo de Estado” (1984.1988), para ser permeada entre 1989 – 1998 por las exigencias del Consenso de Washington, en lo atinente a la reducciòn y subsidiariedad del Estado en el marco de la democracia representativa, que propugna la apertura del mercado y la flexibilizaciòn del trabajo, para volver, crisis política y deslegitimaciòn del sistema mediante, a la búsqueda de la redistribuciòn de la riqueza en una democracia, ahota teñida de socialismo, y a un capitalismo de Estado, que pregona la necesidad de colaboración de la empresa privada, así como el mantenimiento de formas mixtas de propiedad. (Ver cuadro 2 al final)

El papel innovador de la COPRE:

Ahora bien, dado que nuestro trabajo se planteó como objetivo analizar el proceso de cambios políticos propuestos por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en Venezuela y su incidencia en el tránsito de una democracia representativa consagrada en la Constitución de 1961 a una democracia participativa establecida en la Constitución de 1999, es procedente pasar a estudiar cual fue el quehacer de la copre que viabilizó la institucionalización de la participación como principio que ilustra la Carta Magna, así como abrió la polémica sobre el modelo económico adecuado para alcanzar la democracia social.Su quehacer tambien propició cambios que pautaron la evolución de los lineamientos económicos, políticos, sociales y culturales que se escalonan en el tránsito del 1984-2000….

INCIDENCIA DE LAS REFORMAS PROPUESTAS POR LA COPRE EN EL TRÁNSITO DE UNA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA (CONSTITUCIÓN DE 1961) A UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Comenzando prácticamente su gestión, la cual se inició en 1985 la COPRE le dirigió al Presidente de la República (21-5-86) un documento contentivo de las “Propuestas para Reformas Políticas Inmediatas” (PRPI) en el cual alega: “La Comisión ha tenido muy presente la existencia de una demanda social dirigida hacia el cambio, pues ésta ha sido en buena medida la razón de su creación por parte del ciudadano Presidente de la República. En este sentido parece indispensable considerar que las reformas políticas son parte fundamental de la respuesta a esas demandas, cuyo aplazamiento o desconocimiento podría conducir a generar tensiones indeseables” (COPRE, PRPI: 1986). Se puede extraer del párrafo antes citado, el rol de institución innovadora que debía jugar la COPRE a través del impulso a las reformas. El sistema político recibía imperiosas demandas de cambio, de su capacidad de responder a dichas exigencias dependía su mantenimiento futuro, ya que si no respondía adecuadamente, se corría peligro de que la turbulencia socio-política aumentara. Esto dependería de las capacidades del sistema político venezolano que debía abocarse a la implementación de dichas propuestas destinadas a retroalimentar su funcionamiento para lograr mantener la estabilidad política. Se especifica, en el material comentado, que las proposiciones de reformas no son arbitrarias


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sino que responden a una necesidad social y que la labor de la COPRE se enfilaría a satisfacer esas exigencias a fin de proporcionar apoyos al sistema político venezolano, razón por la cual se sostiene en este trabajo, la idea de que dicha institución operó como mecanismo de innovación política.

“Las /reformas/ que aquí se presentan son aquéllas que se han estimado más urgentes,( ...). Sin incurrir en desproporción, estimamos que éstas pueden constituir algunas de las propuestas de reformas del sistema político más importantes que se hayan formulado de manera orgánica y consensual desde la instauración del régimen democrático en 1958” (COPRE, MEMORIAS 1986).

En este marco se elaboraron las PRPI, que conformaron, según palabras de los proponentes un todo orgánico, que conduciría a la profundización de la democracia en Venezuela.

De los abundantes materiales escritos por la Comisión, de lo expresado por algunos de sus integrantes en entrevistas, y del texto mismo de las PRPI, se infiere que la profundización de la democracia, en el plano político, se entendía como la ampliación de la distribución del poder tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Los medios a través de los cuales se pretendía alcanzar dicha distribución del poder en sentido horizontal eran la ampliación de los espacios para el sufragio, la superación del sistema de listas cerradas y bloqueadas y la nominalidad en la elección de los representantes a los organismos deliberantes, entre otros. Las instancias que viabilizarían la distribución del poder en sentido vertical estaban constituidas por el reconocimiento de autonomía a las entidades menores, entendiendo por tales a los Estados y a los Municipios, proceso que se alcanzaría a través de la Descentralización Territorial.

No obstante, las reformas que se sancionaron durante el gobierno de Lusinchi sólo se dieron en las últimas semanas del Congreso saliente, o sea en agosto, en medio de tensiones e improvisaciones. Aunque las leyes que se aprobaron tuvieron que reelaborarse en el gobierno siguiente de Carlos Andrés Pérez, fueron sancionadas: la creación de la figura del alcalde y su elección universal, directa y secreta, así como la igual elección de los gobernadores de las entidades federales, aunque sin transferir a éstos ningún tipo de competencias, facultades o recursos (MEMORIAS COPRE 1988)

Elaborar el PRIE fue el compromiso prioritario establecido en el Decreto 403. Su redacción se inició en el año 1987 y se culminó en 1988, exigiendo un arduo trabajo de la unidad que se encontraba encargada de su elaboración. Como proyecto de reforma integral dicho documento constituyó el marco de referencia, tanto al nivel de orientación filosófica como de lineamientos prácticos, en los cuales debía inscribirse la actividad reformista, durante toda la trayectoria de la institución. Era un proyecto de amplio espectro y de largo plazo concebido como base de un proyecto nacional. Aquí se analizan solamente algunos de los lineamientos planteados en la Introducción al libro denominado “Proyecto Integral de Reforma del Estado”, que le dan fundamento al modelo que se delineó en esa oportunidad. En el Proyecto de Reforma Integral del Estado (PRIE) se expone que: La COPRE entendía que la administración pública y las instituciones del Estado en general eran expresión de una determinada organización de las fuerzas e intereses políticos, económicos y sociales. De allí que cualquier modificación aparentemente inocua, en realidad podía afectar, en grados diversos, una “determinada disposición de intereses sociales”.

“La reforma del Estado es un proceso político, por cuanto comporta una redistribución del poder social, desde los núcleos centralizadores hacia los ciudadanos y desde el centro político-administrativo hacia la provincia. Se ha entendido, dentro del proceso de cambios que comenzó con la democracia, que sólo unas reformas así concebidas tienen posibilidad de desarrollo, pues en la medida en que se promuevan,


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se articulan fuerzas sociales capaces de conquistarlas y de ponerlas en movimiento. La definición de las reformas con sentido político crea las condiciones de movilización de la opinión pública para su obtención” (Destacado nuestro) COPRE, PRIE, 1988

La idea de redistribuir el poder social desde la medula del aparato estatal hacia los pobladores y de la capital administrativa (Caracas) hacia el interior de la República, era una idea realmente democrática, que se intentaba impulsar por primera vez, después de muchos años de hegemonía partidocrática y demostraba cuán ambiciosas eran las miras de la COPRE y en qué sentido realmente apuntaban las reformas que se querían impulsar. Además de buscar descentralizar y desconcentrar el poder, se otorgaba vital importancia a la manera en la cual debía ser impulsada la reforma, pues esto debía hacerse articulando las fuerzas sociales y movilizando a la opinión pública, es decir, la manera de reformar debía ser, ella misma, democrática. No se pretendía imponer medidas desde arriba, desde la cima del Estado para que después fuese ampliándose en círculos concéntricos, sino que por el contrario se quería que fuese desde abajo, desde el seno mismo del conflicto social que surgiese la fuerza propiciadora que debía viabilizar el cambio. “Consecuentemente, se ha desarrollado una aspiración de participación política acrecentada que demanda estímulos, nuevas áreas de realización y canales mas expeditos para expresarse”. COPRE, PRIE, 1988 Estas ideas evidencian, al nivel de discurso, que la reforma debía ser impulsada de abajo a arriba, democratizando la participación e incorporando a sectores excluidos hasta el momento. Se consideraba a los cambios como producto del conflicto latente en el seno de la sociedad, enfrentamiento del cual debía surgir una nueva relación Estado-Sociedad

Abordando una caracterización del país, base de la cual parten sus lineamientos, en el PRIE se expresa:

“El sistema político y económico venezolano ha sido el marco privilegiado en el cual, a lo largo de treinta años, se han desplegado actores sociales nuevos o se han fortalecido y renovado los preexistentes. Ha sido un complejo mecanismo de surgimiento social, distinguido por la apertura de actividades en distintos campos y por una expansión de los efectos sociales del Estado” (COPRE, PRIE, 1988)

Tipificando la alianza de clases que debía impulsar y sostener el proceso de modernización radical expresaba:

“Un empresariado con claras tendencias modernizantes; una clase media amplísima generada por medio de la expansión del sector público y por un crecimiento notable del sector privado; una clase obrera reciente; una burocracia pública importante con apego a la ideología estatal; una planta gerencial y técnica de avanzada formación; se trata, en fin, de una sociedad en pleno proceso de expansión y constitución” (COPRE, PRIE, 1988).

Se refiere al proceso de movilización social que se produjo durante los años del “boom petrolero” pero que para la fecha, ya había comenzado a declinar. No obstante los sectores sociales surgidos en dicha ocasión seguían presentes en la escena nacional. Su inserción en el sector formal de la economía así como su apego a parámetros de eficiencia y competitividad que formaban parte de su discurso, evidenciaba su adhesión a criterios de modernización. Se habla de una recomposición cultural trascendental al referirse al tránsito de una cultura política de subordinación hacia una cultura política de participación, que es la que intenta desarrollar la COPRE con la incorporación al proceso de nuevos actores. A esta nueva dinámica societal cuya aparición desde el PRIE se insinúa, se le dará el nombre, en el período que le sigue de “fortalecimiento de la sociedad civil” como reconocimiento de la


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autonomización e insurgencia de nuevos actores. “La pobreza, como fenómeno estructural económico, político y cultural es una

denuncia sobre las ineptitudes del sistema y un llamado, por demás urgente, para su corrección”.

“Hay que reconocer que en Venezuela, como en otras sociedades, se pudieran estar incubando las bases de una rebelión, cuyo sentido y destino no está claro, pero cuyos efectos devastadores son perfectamente anticipables” (COPRE, PRIE, 1988)

Se hace referencia aquí a que la injusticia no resuelta puede conducir, si no es remediada a tiempo, a una rebelión, la cual encontraría su justificación en la desigualdad, la pobreza y la ineficacia del sistema para implementar soluciones rápidas y satisfactorias. De aquí la necesidad de implementar, tal como se hace efectivamente durante ese lapso, soluciones perentorias o enfrentarse a la anomia social. A estos efectos se creó la Subcomisión de problemas inmediatos, económicos y sociales. El verdadero drama radica en que, a pesar de la exactitud y premura del diagnóstico, no consiguieron implementarse acuerdos políticos que conllevasen un alivio de la situación de indefensión de la mayoría de la población venezolana, lo que desataría una era de inestabilidad en el seno del sistema político venezolano, la cual se prolongaría por décadas, hasta el presente.

“Un país en trance de modernización radical puede generar dispositivos para enfrentar el problema de la pobreza estructural. No hacerlo es admitir que la sociedad está condenada a modificarse por la vía de la violencia, única alternativa que restaría a una población sentenciada a la pobreza” (COPRE, PRIE, 1988)

El proceso de modernización radical, al cual alude el PRIE, debe tener la capacidad de generar un repertorio de respuestas adecuadas para enfrentar las desigualdades económico-sociales. De allí la amplitud de los objetivos que en los más variados ámbitos se marca dicho proyecto. Pero, se maneja además que si no se implementan los correctivos a esta situación y se abandona a la sociedad a su miseria la solución al dilema pudiera encontrarse en la violencia. La inoperancia del sistema político venezolano en este terreno, lo irá llevando inexorablemente, tal como lo previera certeramente la COPRE en su ocasión, a una espiral de deslegitimación que aparece como indetenible, fundamentalmente después de 1989.

A la cultura política venezolana en épocas de la COPRE, podemos considerarla como de transición, en tanto se busca superar el monopolio representacional instaurado por los partidos tradicionales y pasar a un régimen más participativo que permitiera incorporar nuevos actores a la negociación a la hora de abordar el proceso decisional. En definitiva, se buscaba la difusión de una cultura política de tipo participante. (COPRE, PRIE, 1988).

El cambio cultural se hace necesario porque el poder político no es suficiente para conservar la unidad de la sociedad, sino que debe añadírsele el consenso obtenido a través de la dirección ideológica. Así, pues, el dominio sin hegemonía no sólo es efímero sino ni siquiera alcanzable, por eso, en la concepción de la COPRE la transformación del modelo no es posible sino prevalece el nivel de la sociedad civil considerada como campo de la hegemonía y como lugar de la acción orientada ideológicamente, a través de instituciones de persuasión que constituyen los instrumentos fundamentales para la trasmisión del consenso.

La necesaria participación de la sociedad Los retos que se vislumbran son “de tal condición y magnitud, que el enfrentarlos con alguna posibilidad de éxito

requiere de una mayor, y hasta decisiva, participación de la sociedad en la determinación de los grandes objetivos sociales. Para ello no basta con el mandato democrático actualmente practicado, sino que parece necesario institucionalizar modos de consulta directa y específica de la sociedad, compaginando sus resultados con la conducción social democrática e institucionalizada”. (COPRE, PRIE, 1988)


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Conscientes de que los desafíos que se enfrentan ponen en cuestión el orden establecido, se considera necesario llamar a todos los sectores interesados para involucrarse en la consecución de los fines planteados, para lo cual se diseñan mecanismos institucionales para concertar las urgentes medidas que se debe implementar a la brevedad. Como explicamos más arriba en 1986 se habían aprobado las PRPI, a pesar de considerarlas urgentes y de tener AD mayoría absoluta en el Parlamento, el mandato de Lusinchi termina y han sido ratificadas sólo parcialmente. Es decir, se instrumentan parte de las PRPI quedando pendientes la reglamentación de la Descentralización, la Ley del Sufragio y la Ley de Reforma de los Partidos Políticos.

A pesar de los obstáculos que la COPRE encontró en su camino, la estrategia de movilizar a la sociedad civil para lograr una transformación cultural dio los frutos esperados. Ese fue el gran acierto del PRIE y el gran triunfo de la COPRE.

El objetivo fundamental de la estrategia política de la COPRE fue asumir la tarea de “profundizar la democracia” distribuyendo el poder hacia los actores emergentes de la sociedad civil. En este planteo de hacer posible la participación política sobresale el impulso que debía imprimirse al proceso de descentralización el cual iba a crear nuevas instancias y espacios para el sufragio, facilitando así la profundización de la democracia política.

El gobierno inicialmente rechazó las PRPI, mientras Acción Democrática (que controlaba con mayoría absoluta ambas cámaras) fue posponiendo su posición oficial. Estas tácticas dilatorias llevaron a que las reformas que se aprobaron durante el período de Lusinchi fueran sancionadas en las últimas semanas del Congreso saliente (agosto-octubre de 1988) y las cuales, como producto de la improvisación, debieron ser corregidas y reelaboradas durante el período siguiente, antes de su entrada en vigencia.

“El Presidente Lusinchi se molestó en sumo grado por la propuesta de elegir a los Gobernadores de Estado, contenida en las Propuestas de Reformas Políticas Inmediatas. En esa oportunidad, Lusinchi declaró a la prensa: ¡He designado a la COPRE como un organismo asesor, no como promotora de reformas! Pero además, en el interior de la COPRE personas como Carlos Blanco y Arnoldo José Gabaldón auspiciaban la candidatura presidencial de Carlos Andrés Pérez, cuando era notorio que el Gobierno prefería a Octavio Lepage. Todas las conversaciones sobre este tema fueron comunicadas al Presidente, quien tuvo un motivo adicional de disgusto. En los dos últimos años del período de Lusinchi éste no se reunió con la COPRE, lo que hacía frecuentemente al principio. A finales de 1987 fui, con los demás integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Pro-Venezuela a comunicarle al Presidente de la renovación de la Directiva de ésta. Lusinchi dijo en esa oportunidad que le tenía gran simpatía a Pro-Venezuela, que esta Asociación no era como la COPRE, que se había dedicado a promover reformas muy peligrosas para el país”. (Entrevista a Rachadell)

Como uno de los logros más importantes de la institución concertadora, durante el lapso 84-88, se señala:

“... La COPRE le dijo al país que había llegado el momento de iniciar un proceso de descentralización que revirtiera las tendencias del sistema económico, jurídico y político que habían comenzado desde el gobierno de Guzmán Blanco, que el proceso a iniciarse, que permitiría la participación de la sociedad en los asuntos públicos, era técnica y políticamente posible y que no ponía en peligro la unidad nacional” Entrevista a Rachadell..

Así se expresó Manuel Rachadell, al pronunciarse acerca de la significación que tuvo la creación de la COPRE .Varios elementos de los arriba señalados, harían del proceso descentralizador, uno de los catalizadores más importantes del proceso de innovación impulsado por la COPRE. En primer lugar, se trataba de revertir el centralismo, que históricamente, se había venido afianzando, cada vez más. En segundo lugar, se abrirían espacios para la incorporación de nuevos actores en el proceso de toma de decisiones


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públicas. Todo esto sin cuestionar el proceso de integración nacional. Estos propósitos al convertirse en realidades desencadenaron cambios al interior del sistema político que le permitieron su estabilidad y su mantenimiento en épocas difíciles. Pero, además de promover la redistribución del poder en sentido vertical y horizontal, a través de la descentralización, la institución reformista tomó otras importantes iniciativas:

“ La COPRE sostuvo la necesidad de reformar los partidos políticos, para dotar a los cuerpos deliberantes de una mayor capacidad de control sobre los Poderes Públicos. Se propusieron diversas reformas, pero la más importante, en mi criterio, fue la modificación del sistema electoral para introducir elementos de personalización de sufragio, lo que debía inducir la democratización de las organizaciones políticas”. Entrevista a Rachadell Los nuevos elementos que se introdujeron a través de cambios en el sistema electoral, tuvieron también amplias repercusiones en la autorregulación del sistema político. Debido al “éxito” que tuvieron estas medidas, Rachadell opinó que:

“El mejor período de la COPRE fue durante el Gobierno de Lusinchi, cuando las relaciones de éste con la Comisión casi se rompieron y la COPRE, aparecía ante el país como integrante de la sociedad civil, antes que como un organismo gubernamental.. Durante el gobierno de Pérez se dio al Presidente de la COPRE el rango de Ministro de Estado, lo que le restó influencia a la institución” Entrevista a Rachadell

No obstante, la contribución de la COPRE, a la construcción de una corriente de opinión que prioriza la negociación como forma de superar los conflictos y de organizar los disensos así como su influencia definitoria en el ámbito de la consolidación de una cultura política participante, convirtió a la institución concertadora en un importante mecanismo de innovación política que impulsó la democratización y la modernización a través de diversas propuestas de Reforma del Estado, durante el lapso 1984-1998.

Fueron muy importantes los estudios que se hicieron, así como la sensibilización de la opinión pública, con la consiguiente influencia en la cultura política de la sociedad venezolana. En ese sentido Quintín piensa que fue muy importante el legado que la COPRE le dejó al país, ya que muchos de sus estudios sirvieron de base a la Constituyente del 99.

“Chávez tomó muchas de las propuestas, por ejemplo las figuras, las ideas refrendarias, el referendo revocatorio, abrogatorio, todo eso son estudios de la COPRE. Yo si pienso que fue mecanismo de innovación política”.(Entrevista a Quintín) Durante el gobierno de Pérez se ratificó la urgencia de tomar medidas en el sistema

político venezolano para reacomodar las tensiones y procesar pacíficamente los conflictos en medio de declinantes condiciones de gobernabilidad y de legitimidad. La labor concertadora de la COPRE y la aprobación de algunas de sus propuestas influyó en la renovación del sistema, a pesar de la impresión generalizada de que dicho equilibrio era inestable. Las reformas políticas tuvieron efectos múltiples y multiplicadores. Se ha dicho que el de la COPRE fue el de erosionar a los partidos políticos y abrirle las compuertas a grupos económicos y medios de comunicación para que cumplieran la función de encuadrar la opinión pública. La descentralización política que debía arrastrar a la descentralización administrativa y económico financiera, fue la reforma que resumió espacialmente, en un campo donde la población pudo experimentar la tangibilidad de los cambios, el conjunto de transformaciones emprendidas, de manera más radical y profunda. La descentralización tuvo la característica de ser una reforma que produjo sus propios actores los cuales, a su vez, se convirtieron en propulsores de los demás cambios que estaban en juego. Esos actores tuvieron la peculiaridad de que, al ser producto del proceso, independientemente de las posiciones políticas o ideológicas que expresaban y asumían fueron, inevitablemente, expresión e impulso de la descentralización.


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Al incentivar la incorporación de nuevos actores a la arena política, la descentralización creó la opción y también la necesidad de un proceso organizativo de la sociedad civil. Fue posible hacerlo porque no se requirieron descomunales despliegues de recursos como para, por ejemplo, tener una intervención de carácter nacional. Además los ciudadanos pudieron constatar, sin demasiadas mediaciones, los efectos de su presencia y de su ausencia. La importancia del recién iniciado proceso descentralizador se evidenció durante la crisis de gobierno que sobrevino durante el año 1992, hasta culminar en el desplazamiento de Pérez en 1993. Dichas turbulencias se expresaron como crisis de representatividad y aceleraron la deslegitimación de la autoridad presidencial, contribuyendo el referido proceso a fortalecer la precaria paz social existente durante dicha coyuntura, mediante la apertura de nuevas instancias políticas a nivel regional y local, que funcionaron como vías de escape a las tensiones existentes, concentradas sobretodo alrededor del Ejecutivo Nacional.

Después de los alzamientos militares, Carlos Andrés Pérez ofreció avanzar en materia social. Del seguimiento de la agenda social de la COPRE se puede inferir la prioridad que se otorgó a los megaproyectos sociales, prometiendo intensificar el apoyo material hacia los sectores de menos recursos.

La pérdida de legitimidad del gobierno y la inestabilidad política que amenazaba con quebrantar la democracia, hicieron propicia la ocasión para que el gobierno de Pérez se abriera a una estrategia de coalición. El único partido que ingresó al gobierno fue COPEI, del que no tardó en salirse a los pocos meses, ya que el descrédito de Pérez y su gobierno terminó siendo endosado a la dirigencia copeyana con lo cual cayó la popularidad de su secretario general Eduardo Fernández, quien perdió la nominación presidencial.

La COPRE, junto a importantes personalidades políticas e intelectuales influyentes en la vida nacional, que se abrieron con posiciones críticas al gobierno y al ajuste, ocupó un espacio importante dado el vacío del poder de convocatoria de los partidos tradicionales. A estos sectores disidentes se sumaron importantes medios de comunicación y en especial la prensa escrita.

El conflicto recurrente entre ejecutivo y Congreso, y entre partido de gobierno y oposición, activó formas de boicot que condujeron a un proceso complicado de búsqueda de coincidencias. En ese desarrollo se postergó la aprobación de leyes, en particular el marco jurídico de la reforma fiscal y tributaria, con otras medidas legislativas complementarias al programa económico y de reforma del Estado, tanto en el área de la Administración Central como en la Descentralizada.

En resumen, se puede afirmar que durante el lapso 1984-1998 las actividades de la COPRE se orientaron a impulsar la transformación de la institución estatal a través de la descentralización, política que posibilitaba la ampliación de los puntos de encuentro entre Estado y sociedad a la vez que contribuía al redimensionamiento del Estado en la medida en que responsabilidades antes monopolizadas por el centro se desplazaban hacia las entidades regionales, los municipios y las comunidades organizadas. Se trató de incentivar la incorporación de la sociedad al debate público formando una fuerte corriente de opinión en torno a los temas seleccionados y se propició el establecimiento de mecanismos participativos que permitieran a las asociaciones civiles influir en la toma de decisiones.

Un material indispensable para evaluar el quehacer de la COPRE durante la Administración Caldera, lo constituye la obra COPRE 1994-1998, balance y legado, coordinada por Ricardo Combellas, presidente de la institución para ese lapso. En el antedicho documento se pronuncia la siguiente afirmación:

“Transcurridos los cinco años de gestión de la COPRE, correspondientes al actual período gubernamental, consideramos en su seno necesario y conveniente la realización de un balance de sus actividades, haciendo hincapié en las propuestas surgidas o en todo caso


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impulsadas directamente por ella, su trayectoria vital y sus conclusiones, independientemente de su variado éxito. No decimos fracaso, pues algunas de dichas propuestas no sólo mantienen palpitante actualidad, sino que han devenido en un legado acusador de las dificultades de autotransformación del sistema político venezolano, cuya reforma entonces se ha tornado ya no sólo necesaria sino urgente (destacado de la autora). (Combellas).

En primer lugar se señala, el “variado éxito” de las propuestas, y luego se hace referencia, a las dificultades de autotransformación, afirmación que parece de especial relevancia para este trabajo, ya que se refiere explícitamente, al bloqueo, operado por los partidos, del proceso retroalimentador que debía conducir al proceso de innovación:

“La COPRE surgió, y ha enarbolado su bandera a lo largo de sus trece años de

ininterrumpido funcionamiento, como ente propulsor de políticas públicas proyectivas, que gracias a la formación de los necesarios consensos, cristalizaran en efectivas realidades. Lamentablemente no siempre ha sido así, pues los actores del sistema, más de una vez no desvirtuaron el carácter innovador de sus planteamientos reformistas al terminar, sea abandonándolos por diferimiento (i.e. la reforma constitucional), sea desnaturalizando sus nobles propósitos (i.e. la reforma electoral)” (Combellas).

Se destaca su papel de ente propulsor de políticas públicas proyectivas y se afirma que se hizo un esfuerzo concertador para que se implementaran. Pero, los agentes encargados de hacerlas cristalizar, sea por diferimiento o desnaturalización, intentaron frenar el proceso innovador. Este documento, salido del seno de la propia comisión, señala los obstáculos enfrentados en el proceso innovador. No obstante, las dificultades enfrentadas, el proceso reformista impulsado por la COPRE, dejó un importante legado.

Uno de los elementos más importantes fue: “el establecimiento del carácter no sólo representativo sino también

participativo de nuestro sistema democrático como un principio fundamental del orden constitucional venezolano,” (Combillas)

El quehacer de la COPRE, contribuyó a poner en primer lugar del debate nacional, la necesidad de implementar el carácter participativo del sistema democrático, herencia que fue recogida por los Constituyentes del 99.

En mayo de 1996, la COPRE realizó un evento sobre referendo consultivo en el que participó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para la Reforma del Sistema Electoral; en el mismo el Comisionado de la COPRE, Carlos Ayala Corao, presentó las bases normativas para la reglamentación del Referendo Consultivo que le había sido solicitada con anterioridad por la Comisión de Diputados. Dichas bases fueron incorporadas, prácticamente sin modificaciones en el proyecto de Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política. Este fue el mecanismo de participación a nivel nacional, más importante, elaborado por la COPRE durante la administración Caldera, y finalmente aprobado.

Se puede destacar el carácter innovador del referendo consultivo, en tanto fue una apertura incruenta a la convocatoria de la Constituyente:

“el referéndum consultivo que es lo que permitió el proceso constituyente, y ese referéndum consultivo todavía está vigente, en la medida que el acuerdo de la “Mesa de negociación” establece que debe guiarse por este procedimiento y que mientras no se modifique la ley, el país debe regirse por esa ley” (Combellas).

El seguimiento de la larga discusión iniciada en 1989 acerca de la necesaria Reforma de la Constitución, que buscaba superar el egoismo de AD y COPEI, operó como mecanismo de desenmascaramiento progresivo, obligando a estas organizaciones partidistas, a mostrar


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cual era su verdadera actitud hacia las reformas. En este período, gracias a la acción de la COPRE, quedó claro, con el monitoreo del Proyecto de Reforma General de la Constitución que el discurso de apoyo a las Reformas que pronunciaban los partidos políticos tradicionales era falso y tenía como fin último aprovechar la ocasión para ganar votos entre los electores, llegando incluso por su obstinada ceguera a poner en peligro la estabilidad del sistema democrático tan penosamente construido.

En un aparte, que versa sobre “la reforma del Estado antes y después de Chávez”, Ángel Álvarez comparte la siguiente reflexión: En Venezuela se ha pasado de una democracia representativa con fuerte hegemonía partidista a un régimen que se pretende original. Tal cambio se ha producido por medios democráticos y constitucionales, aunque en medio de una tremenda polarización que divide no solo a los civiles, sino también a los militares. “Por momentos ha parecido que la democracia venezolana está a punto de colapsar. Pero en coincidencia con Daniel Levine y Brian Crisp, se puede afirmar que tales conflictos han sido parte natural del proceso de renovación del sistema (destacado de la autora)”(Alvarez:55). Coincidimos con estas aseveraciones, y además, agregamos, que la COPRE, jugó un importante rol, al proporcionar apoyos y recursos al sistema, que ampliaron su capacidad de respuesta y abrieron caminos a la renovación del mismo mediante el tránsito de la democracia representativa a la participativa, y de la democracia política a la democracia social, características ambas que adquirieron rango constitucional No obstante, a pesar de los esfuerzos de la COPRE y de las demandas de cambio de la sociedad la Reforma General de la Constitución fue nuevamente diferida (durante el período de Caldera, su principal propulsor) (Ver Cuadro 3 al final) Conclusiones

La creación de un ente negociador de carácter plural, promotor de procedimientos de coordinación, consulta y debate nacionales encargado de elaborar propuestas conducentes a armonizar democracia (haciéndola participativa) y eficiencia como forma de canalizar la turbulencia creciente que afectaba al sistema político venezolano, fue una innovación política de gran trascendencia, cuyos alcances se han evaluado en esta investigación.

Las medidas contempladas desde el principio de la gestión de la COPRE como urgentes y plasmadas en las denominadas PRPI (marzo de 1986), constituyeron uno de los primeros acuerdos a los cuales llega la comisión por unanimidad, y que, constituyeron el núcleo de ideas aglutinador, sobre el cual se tejieron: el Acuerdo Nacional de los Partidos en 1988, del Foro para la Reforma en 1989, el Pacto para la Reforma en 1990, el Acuerdo para la Descentralización y la aprobación de la normativa que lo regulaba (1993). El conjunto de reformas antedichas, que se dirigían a la modernización de la relación Estado-sociedad en el plano político, fueron las propuestas concertadas de mayor importancia, ya que en ellas se concentró el esfuerzo negociador de la COPRE con los demás sectores de la sociedad, así como con los partidos tradicionales que, a pesar de su apoyo retórico, se resistieron a su aprobación como instrumentos legales. A pesar del bloqueo de los actores fundamentales del sistema conformado por la esclerosis partidista, se logró, a través de diversas medidas una apertura política democrática que viabilizaría el desplazamiento de las roscas en el poder. Esto demostró la eficacia de la presión de la oposición, los medios, la opinión pública y grupos organizados de ciudadanos para enfrentarse al bloqueo adeco, en primer lugar, seguido de cierta complicidad copeyana, al principio del período (1984-1993) y de la debilidad de Convergencia (1994-1998).


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El quehacer de la COPRE llevó su hálito reformista a todos los rincones de la sociedad política venezolana haciendo comprender la imperiosa necesidad de rediseñar la relación Estado – sociedad en el sentido de su democratización y modernización. Su labor abrió nuevos caminos de reflexión y mostró la viabilidad de las estrategias negociadoras para incorporar diversos actores al proceso de formulación de políticas públicas, con lo cual dio fuerza al desplazamiento de las cúpulas partidistas, demostrando a través de novedosas prácticas concertadoras la posibilidad de transformar el proceso de toma de decisiones jerárquico en uno dialógico y dando nuevos bríos a la consolidación de una cultura política participante.

Lo fundamental del legado de la COPRE, es que a través de prácticas consensuales (foros, eventos seminarios, consultas con organizaciones y concreción de algunos acuerdos) difundió y convirtió en temario de debate público, puntos de la vida política nacional que antes de su existencia se resolvían, al decir de Trino Marquez entre “ Caldera y Gonzalo Barrios”. En este sentido su acción fue precursora de la segunda ola cambios institucionales más importantes ocurridos durante el siglo XX. La primera, promovida por la “Generación del 28”, tuvo su cresta más alta durante el “trienio adeco”, siendo su núcleo transformador la formación de los partidos modernos que conllevó a la universalización del sufragio, los cuales también motorizarían la organización de la sociedad en torno a gremios (profesionales), sindicatos (obreros) y asociaciones (fundamentalmente la Campesina). (Márquez, 2003) La segunda, acompañada y promovida por la COPRE, tendría como centro difusor la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado (1988), extendiéndose hacia la reforma del régimen municipal, los cambios en los mecanismos electorales y la aprobación de una profusa normativa para viabilizar la Descentralización que tuvo su auge con el Acuerdo para la Descentralización que se concreta con la Habilitante de Velásquez en agosto de 1993. (Ver cuadro)

Así mismo, si bien la democratización de los partidos políticos no fue posible por la resistencia que dichos organismos opusieron, si, se logró impulsar el proceso de amplio cuestionamiento del monopolio representacional ejercido por los partidos políticos tradicionales, campo en el cual las reformas logradas fueron muy tímidas, pero cuya colocación en la agenda de la polémica nacional, tendría como consecuencia el inicio del desplazamiento de dichos partidos con las elecciones de 1993 y de 1998.

A pesar de la intención manifiesta de la COPRE, desde sus inicios de transformar los mecanismos electorales y ampliar la participación para incorporar los intereses plurales de partidos y movimientos minoritarios, así como su empeño en democratizar a los partidos políticos, su vida institucional culmina en febrero de 1999, sin haberse aprobado en su integralidad, “como cuerpo orgánico”, las reformas políticas consideradas urgentes en 1986 y destinadas a ser sancionadas expeditamente durante la Administración Lusinchi, situación que puso en evidencia la miopía de la dirigencia político-partidista y que llevaría al desplazamiento de la elite tradicional y a su sustitución por una nueva de “vocación popular”, que llevó al poder a Hugo Chávez Frías, quien decretaría la disolución de la COPRE, para abocarse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de los lineamientos normativos trazados en el Plan de Chávez 2001-2007, es posible intentar una respuesta a la interrogante con que titulamos esta ponencia: ¿se ha democratizado el Estado venezolano a partir de la Constitución de 1999? Se puede afirmar que en lo que se refiere a “democracia social” se ha elaborado una normativa y su reglamentación de la cual se puede inferir la profundización de la democracia en el marco de los “Lineamientos Sociales” del Plan chavista. En cuanto a la democracia participativa, si bien es cierto que su reglamentación constitucional es profusa, subsisten grandes imprecisiones que pueden dificultar su


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viabilidad. De aquì concluimos, por tanto, que los avances en la democratizaciòn del estado venezolano se han dado fundamentalmente a nivel socio-económico, pero que queda un camino difícil de transitar en el pasaje de la democracia representativa, a una nueva forma de democracia que manteniendo sus elementos representativos, trace cauces hacia la implementaciòn paulatina y viable de la participaciòn para que la sociedad organizada tenga real incidencia en la formulaciòn y gestión de las políticas públicas así como en nuevas formas de contraloría social. Entrevistas (Entrevistas a Trino Márquez (18-08-99) y Fernando Aranguren 15-09-99) (Entrevistas a Manuel Rachadell(15-06-03), Antonio Quintín (16-06-03) y Ricardo Combellas (17-06-03) 8 Cadena Nacional: primer aniversario de la creación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Teatro Teresa Carreño. Caracas, sábado, 17 de abril de 2004. El Presidente habla con los empresarios desde el Hotel Caracas Hilton, el miércoles 18 de septiembre de 2004 BIBLIOGRAFIA FUENTES DOCUMENTALES:

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Municipal, Ley del Sufragio, Reforma Partidos Políticos. (SAIL 1984-1998) • Colección Documentos para la Reforma del Estado: • COPRE, Propuestas para Reformas Políticas Inmediatas. 1986. • COPRE, Pacto para la Reforma, 1990 • COPRE, La Reforma del Estado. Proyecto de Reforma Integral del Estado. Vol.1. Caracas,

1988. • COPRE, Diego Bautista Urbaneja, Fortalecimiento de la sociedad civil, 1990

Libros: Alvarez, A. (2003) “La reforma del Estado antes y después de Chávez”, pp. 187-209, en

Ellner, Steve y Hellinger, Daniel, (editores), La política venezolana en la época de Chávez (clases, polarización y conflicto), Editorial Nueva Sociedad, Caracas.

Blanco, Carlos (2002), Revolución y desilusión, La Venezuela de Hugo Chávez, Ediciones Los libros de la Catarata, Madrid.

Manuel Cabieses director de la revista Punto Final, Nº 598, el 19 de agosto de 2005. Cavarozzi, Marcelo (1991), “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina”

en Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca) Num. 74. Combellas, Ricardo (1993) “Retrospectiva de una frustración: crisis política y reforma

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Ciencias Sociales, UCV, 2003. vol. 9 no. 3 agosto 2003 pp. 83-110. VILA PLANES; Enrique, La economía social en el proyecto bolivariano: Ideas controversiales. Rev.

Venezolana de Ciencias Sociales, UCV, 2003. vol. 9 no. 3 agosto 2003 pp. 13-36. Reseña biográfica:

Licenciada en Historia (Mención América). Doctora en Ciencias (Mención Ciencias Polìticas) Directora e investigadora adscripta del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Pùblico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Directora-Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencia Política de la Universidad del Zulia. Email: [email protected] UTH

CUADROS CUADRO 1.- COMPARATIVO ECONOMIA ACCIONARIA-ECONOMIA SOCIAL

• Economìa Accionaria • Economìa Social

• Accionistas • Socios • Primacìa del capital • Primacìa del trabajo • Competencia • Colaboración • Exclusión • Inclusión • Capital autoritario • Capital democratizado • Triunfar • Solidarizar • Ganancia especulativa • Ganancia justa • Se oculta información • Informaciòn transparente • Aumenta la asimetría • Invertir la tendencia

asimètrica • Egoísta • Cooperativa (solidaria) • Concentradora de capital • Desconcentradora de

capital • Control accionario • Control societario

Vilas Planes


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CUADRO 2.- Una perspectiva comparada: 1984- 2000…

La evolución de los planteos entre el VII y el X Plan, pone en el escenario de la arena política los planteos divergentes de las diferentes administraciones.-

VII Plan: Intervenir para redistribuir

VIII Plan: Liberalizar para crecer

IX Plan: Estabilizar para mantener

Plan Chávez: participar para construir

Lineamientos econòmicos:Capitalismo de Estado

Estado Interventor

Propiedad Social

Cogestión y autogestiòn:

Protagonismo del sector obrero.

Lineamientos econòmicos: Liberalización de la economìa. Apertura del Mercado.

Reducciòn del tamaño del Estado (mínimo) Iniciativa individual privada

Lineamientos Económic

Liberalizaciòn de la economìa. Regulaciòn del Mercado.

Subsidiariedad del Estado.Responsabilidad individual y comunitaria

Lineamientos económicos: Capitalismo de Estado, disposición sobre la protección y fomento de la economia social como estrategia para la democratizaciòn del Estado y el capital.

Propiedad social. Protagonismo de los sectores populares.

Lineamientos políticos:

UDemocracia representativa

Democracia (mejorar mecanismos de representaciòn y participàción)

Movilizar fuerzas sociales Armonizar la relaciòn Estado-sociedad civil a travès del Pacto Social.

Lineamientospolíticos:

UDemocracia representativa

Democracia (ajustar mecanismos de representación y participación)

Desde el Estado organizar a la sociedad civil.

Estado-Sociedad, esferas separadas

Lineamientos Políticos:

UDemocracia representativa U con algunos mecanismos de participaciòn.

Democracia (Promover reforma de la Constituciòn de 1961 e Institucionalizar la participación).

Estado sociedad: en relación de subsidiariedad.

Lineamientos políticos:

UDemocracia participativa.U construir la democracia bolivariana sobre los principios de un Estado Social de Derecho y de Justicia.

El principio de participaciòn atraviesa toda la Carta Magna DE 1999.

Lineamientos sociales: Ataque frontal a la pobreza mediante la democratizaciòn del capital y la politica de empleo

Lineamientos Sociales Compromiso social

Políticas sociales focalizadas dirigidas a los sectores más vulnerables.

LineamientosSociales Flexibilizaciòn del trabajo- modificaciòn regresiva del régimen de prestaciones sociales.

Lineamientos sociales: el equilibrio social estará dirigido a alcanzar y profundizar el desarrollo humano. Se impulsará la reducciòn de la pobreza y de las desigualdades sociales para conferirle legitimidad a la democracia y profundizarla para aumentar la eficiencia econòmica.

Actor principal :(: Partidos politicos)(Matos Azocar) frente a una alianza policlasista para alcanzar el Pacto Social Sector sindical de Ad contra el neoliberalismo.

ActorPrincipal:partidos politicos,capital transnacional aliado con Carlosandresismo (tecnócratas)

Actor principal:Partidos politicos, elite politico partidista liderizada por calderismo en alianza con AD para estabilizar el sistema.

Actor principal: Hugo Chávez Frías, junto a una coalición de la vieja izquierda y la irrupciòn a la política de los sectores populares organizados.

Elaboración propia


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Resumen: VENEZUELA: ¿DEMOCRATIZACION DEL ESTADO? Esta ponencia se trazó como objetivo analizar el proceso de cambios políticos propuestos por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en Venezuela y su incidencia en el tránsito de una democracia representativa consagrada en la Constitución de 1961 a una democracia participativa establecida en la Constitución de 1999. Dicho tránsito se estudiará a través de la comparación de las reformas propuestas por la COPRE en el marco de los Planes VII, VIII, IX de la Nación (Constitucion de 1961) con los lineamientos contenidos en la Constitucion de 1999 y en el Plan Socio-econòmico 2001-2007 desde el punto de vista de: a) los lineamientos económicos, b) los lineamientos políticos y c) los lineamientos sociales. La investigación se llevó a cabo a través del análisis documental el cual implicó la revisión de bibliografía especializada, el relevamiento hemerográfico, el arqueo de fuentes primarias, así como entrevistas con actores destacados. El estudio fue de orden analítico documental e hizo hincapié en descubrir el vínculo que articuló la existencia de la COPRE con la capacidad de respuesta del sistema político venezolano en el período 1984-1999 y sus repercusiones en el lapso 2000-2005. Los Cuadros Síntesis de las Actividades de la Comisión contribuyen a demostrar los argumentos que se sostienen en el trabajo. La fuente primaria de las cuales se obtuvo la información para elaborarlos fueron las Memorias Anuales de la COPRE y los documentos oficiales del gobierno del Presidente Chavez (Plan 2001-2007) El proceso constituyente de 1999, impulsado por el Presidente Chávez y sus seguidores, recogió algunas de las iniciativas y diagnósticos de la Institución reformista (COPRE) imprimiéndoles la fuerza de rango constitucional, a lo que habían sido sugerencias del referido ente asesor (capitalismo de estado, economía mixta, sistema mixto de propiedad, economía social, democracia participativa, cooperativismo, consejos obreros, incorporación de las comunidades a la gestión pública). Palabras Clave: Democratización, Comisiòn Presidencial para la Reforma del Estado, Venezuela, Constituciòn de la Repùblica Bolivariana de Venezuela 1999. Abstract Venezuela: Democratization of the state? This works have as its main objective the analysis the change of political process proposed by the presidential commission for the reform of the estate (copre) in Venezuela and its effects on the transition from a representative democracy promulgated in the constitution of 1961 to a participative democracy established on the constitution of 1991. The shift from a representative to a participative democracy will be studied trough the comparison of the reforms proposed by the COPRE n the setting of the VII plan of the nation (constitution of 1961) and the guidelines set in the constitution of 1999 taking in consideration the following points of view: a) economic guidelines, b) political guidelines, c) social guidelines and d) the alliance of the several actors that uphold the government in power.In the middle of the political crisis provoked by the inefficiency and the centralization of power, the political system start to move on a downward spiral movement of illegitimacy, that caused that in 1984, the leading elites started to promote a new democratization process of the state elaborating new proposal that have a deeper view of the political and social democracy. This process is considered trough the critical study of the main reforming guidelines and the analysis of their viability in that specific political context. The unsatisfaction of the popular demands and the negative to the establishment of new spaces for the open participation, where the background of the political developments that ended in the constitutive process of 1999. This work was realized through documental analysis which implied the revision of bibliography, interviews with knowledgeable actors, reviewing press articles. This investigation was made in and documental and analytic fashion and it was based on the Venezuelan political system between 1984 and 1999. The resume chart of the activities of the commission help to demonstrate the guidelines ascertain in this study, the main source of information for their construction where The annual memoirs of the COPRE and the official documents of the government of the president Chavez (plan 2001-2007) The constitutive process of 1999 drive by the president Chavez and his followers gather some of the initiative and diagnostics of the reforming institution (COPRE) referred advisor organism (capitalism of the state, mix economy, mix system of property, social economy, participative democracy, cooperativism, work councils, community integration to the public legislation) Key words: democratization, reform of the state, Venezuela, political changes, constitution of the República bolivariana de Venezuela.

Documents

Venezuela: ¿Democratización del Estado? Edith Mabel ...siare.clad.org/fulltext/0057749.pdf · El 2 de febrero de 1984 inició su gestión de gobierno Jaime Lusinchi quien ganó