V2A fue la firma consultora encargada de de asesor a la “Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal” de la administración el exgobernador Luis Fortuño que, mediante la Ley 7, buscaba reducir los “gastos operacionales del gobierno” en 2 mil millones entre los años fiscales 2009 y 2010 y que redundó en el despido de miles de empleadas y empleados públicos. El contrato con la administración Fortuño para la implementación de la Ley 7 también se dio mediante el BGF y fue por $960,000.
