UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA

TEMA: ANÁLISIS DE GÉNERO EN EL TRATAMIENTO DE

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EN LA SENTENCIA C-355 DE

2006

ELABORADO POR: MANUELA VILLA

200123777

DIRIGIDA POR: HELENA ALVIAR

Tabla de contenido

1. Justificación________________________________________________________ 2

2. Historia de las mujeres en Colombia____________________________________ 9

3. Breve introducción a la Asamblea Nacional Constituyente__________________17

4. Desarrollo de los derechos de las mujeres al interior de la Asamblea Nacional

Constituyente_________________________________________________________ 20

5. Ley 294 de 1996 y Ley 882 de 2004: Tratamiento al tema de la violencia

intrafamiliar en Colombia_______________________________________________28

6. Sentencia C-355 de 2006: la despenalización excepcional del aborto en Colombia_____________________________________________________________ 38 7. Conclusiones________________________________________________________ 48

8. Bibliografía_________________________________________________________ 53

1. Justificación

Desde siempre, la historia de las mujeres en Colombia ha estado marcada por la

discriminación y la marginalidad. Una mentalidad de domesticación, ha dominado las

estructuras, las instituciones y las relaciones en nuestro país. En ese sentido, uno de los

ámbitos donde más se ha reflejado esta exclus ión, es en el jurídico. Durante siglos, las

normas en nuestro país se han encargado de perpetuar el estado de dominación de la

mujer.

Así lo establece la autora Magdala Velásquez Toro, en su texto “Aspectos de la

condición jurídica de las mujeres”, cuando afirma: “Nuestro ordenamiento jurídico es

producto de la conjugación de corrientes de diversa procedencia, que han tenido una

ideología que les es común, y les imprime un carácter sexista. Por sexismo entendemos el

conjunto de representaciones y prácticas culturales, de normas y actitudes que

desvalorizan e interiorizan a las mujeres en relación con los hombres y tienden a

perpetuar la sumisión femenina a nivel sexual, procreativo, intelectual, afectivo, político

y laboral, y por tanto a impedir su expresión como ser autónomo en la vida social y

familiar”1

Así es posible observar entonces, como Colombia fue uno de los países de

Latinoamérica, que más tardó en reconocerle a la mujer los derechos más fundamentales.

No fue sino hasta el año 1970, que en Colombia fueron eliminadas todas las normas que

prohijaban por la discriminación de género, y en ese sentido, se consideraba recorrido

1Velásquez Toro, Magdala. Aspectos de la condición jurídica de l as mujeres en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidenci a de l a República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p. 179

todo el camino hacia la equidad de género. Sin embargo, la situación real distaba mucho

de esta aspiración. En Colombia, muchas mujeres continuaron siendo objeto de los

abusos tanto en el aspecto público como en el privado. Violencia sexual, discriminación

laboral y violencia intrafamiliar, continuaban siendo el pan de cada día de las mujeres del

país.

Por eso, con el ánimo reformista que introdujo el llamado a la Asamblea Nacional

Constituyente en el año de 1991, se empezó a reconsiderar la protección que se le había

dado hasta entonces a la mujer. Fue así, como observando la situación que atravesaba el

género, analizando los estudios y encuestas que se habían realizado en miles de hogares

colombianos, y atendiendo a las miles de solicitudes que diariamente las mujeres

remitían a la Asamblea, un grupo de constituyentes, se dieron la tarea de crear un

articulado constitucional que fuera ciertamente garantista para el género.

Después de largos debates, finalmente se terminaron consagrando tres artículos que

protegían a la mujer. El artículo 13, cláusula general de igualdad estableció: “Todas las

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad

sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El

Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”2

2 Constitución Política de Colombia. Artículo 13

Adicionalmente, el artículo 42 estableció: “La familia es el núcleo fundamental de la

sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de

conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La

ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la

dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan

en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus

integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su

armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el

matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia

científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura

responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus

hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas

del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los

cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los

matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los

efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos

dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la

ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes

derechos y deberes.”3

El artículo 43 por su parte, quedó así: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y

oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. 3 Constitución Política de Colombia. Artículo 42

Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del

Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o

desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”4.

Con este articulado se consideró que la mujer finalmente había quedado libre de toda

dominación y discriminación de género, y que además, se encontraba plenamente

protegida, no solo frente a toda forma de abuso, sino también durante el período de

maternidad. Este aparente logro de la Constituyente, se evidencia en sentencias de la

Corte Constitucional, tales como la C-355 de 2006 que establece: “(…) a partir del Acto

Constituyente de 1991 los derechos de las mujeres adquirieron trascendencia

Constitucional. Cabe recordar, que las mujeres contaron con especial deferencia por parte

del Constituyente de 1991, quien conocedor de las desventajas que ellas han tenido que

sufrir a lo largo de la historia, optó por consagrar en el texto constitucional la igualdad,

tanto de derechos como de oportunidades, entre el hombre y la mujer, así como por hacer

expreso su no sometimiento a ninguna clase de discriminación. También resolvió

privilegiarla de manera clara con miras a lograr equilibrar su situación, aumentando su

protección a la luz del aparato estatal, consagrando también en la Carta Política normas

que le permiten gozar de una especial asistencia del Estado durante el embarazo y

después del parto, con la opción de recibir un subsidio alimentario si para entonces

estuviere desempleada o desamparada, que el Estado apoye de manera especial a la mujer

cabeza de familia, así como que las autoridades garanticen su adecuada y efectiva

participación en los niveles decisorios de la Administración Pública, entre otras. En este

orden de ideas, la Constitución de 1991 dejó expresa su voluntad de reconocer y enaltecer

los derechos de las mujeres y de vigorizar en gran medida su salvaguarda protegiéndolos 4 Constitución Política de Colombia. Artículo 43

de una manera efectiva y reforzada. Por consiguiente, hoy en día, la mujer es sujeto

constitucional de especial protección, y en esa medida todos sus derechos deben ser

atendidos por parte del poder público, incluyendo a los operadores jurídicos, sin

excepción alguna.”5

Sin embargo, lo cierto fue que los derechos de la mujer como estaban planteados en la

Constitución, no protegían de forma íntegra al género femenino, sino por el contrario se

limitaban a tratar únicamente tres eventos. La igualdad en términos generales, la

protección a la maternidad, y la no discriminación o violencia dentro del seno del hogar.

Claramente había muchos aspectos que a los constituyentes se les quedaron por fuera.

Garantías frente a temas de gran envergadura como la violencia sexual, la salud sexual y

reproductiva, y el derecho al aborto, no fueron analizados en el texto. La razón de ello,

seguía siendo esa herencia cultural, social y jurídica del país de circunscribir la mujer al

hogar y a la maternidad. De lo anterior entonces que la situación de dominación de

género se reprodujera una vez más.

Pero lo cierto es que si bien la Constitución no reguló la materia de manera suficiente,

había un largo camino que recorrer por parte del legislativo y las Altas Cortes. Sin

embargo, en estas ramas del poder público, se observó un desentendimiento por una

parte, y una regulación limitada y con las mismas fracturas del texto constitucional.

Como ejemplos de dichas situaciones, se encuentran la sentencia C-355 de 2006, y las

leyes relativas a violencia intrafamiliar: Ley 294 de 1996 y Ley 882 de 2004.

Por su parte, la Ley 294 de 1996, encargada de tratar el tema de la violencia intrafamiliar

presentaba un claro problema y era que en realidad no se encargaba de tratar un problema

5 Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentaría y Clara Inés Vargas Hernández.

de género. Como es claro, lo que buscaba esta norma era proteger a la familia como

núcleo esencial de la sociedad, y en ese sentido el enfoque de la norma se volcaba

completamente sobre el espectro familiar. De lo anterior entonces, que si bien se tenía la

falsa percepción de que se estaba protegiendo a la mujer, en realidad sólo se estaba

protegiendo a la mujer que se encontraba en el seno de un hogar, evidenciándose así una

visión de género limitada, que tendía a ubicar siempre a la mujer dentro del espacio de la

casa.

En este mismo sentido, la Ley 882 de 2004, conocida como la ley de los ojos morados,

buscaba igualmente acabar con la violencia de género, pues la Ley 294 de 1996 no fue

suficiente para lograr dichos objetivos. Sin embargo, esta nueva ley que supuestamente

acabaría con la violencia de género, únicamente aumentaba las penas para los agresores

de la mujer en el seno del hogar. Era claro como nuevamente la mujer se observaba

desde una perspectiva que la ubicaba siempre dentro de su hogar, y por eso el análisis de

las leyes resultaba insuficiente para tratar un problema de género. Lo anterior, porque en

primer lugar, el tratamiento de la familia en general, en poco o nada ayuda a cambiar las

estructuras de dominación que hacen que la mujer siempre tenga que sufrir circunstancias

de desigualdad y opresión. En segundo lugar, porque la violencia en el seno del hogar

evidencia sólo una faceta de un problema de género que trasciende estas fronteras. Por

último, porque la ley es sólo una de las herramientas que se pueden utilizar para

solucionar este tipo de problemáticas de orden social, pero en ningún momento puede

entenderse que es el fin de un problema que maneja tantas aristas.

Por otra parte, la Corte Constitucional también tuvo un intento fallido por solucionar el

problema de género relativo al aborto. Para estos efectos, mediante sentencia C-355 de

2006, despenalizó el aborto en unas circunstancias que resultaban ser muy gravosas para

las mujeres. Sin embargo, esta solución no implicaba resolver el asunto de fondo, en

tanto se circunscribía a tres circunstancias muy excepcionales: violación, deformidades

en el feto, o grave peligro para la vida de la mujer.

En este sentido, no hubo un reconocimiento de un derecho en cabeza de la mujer, y por

ello, la desigualdad que tenía que soportar la mujer por verse obligada a traer al mundo

una vida en contra de su voluntad, siguió existiendo. Como es evidente, la sentencia

continuó favoreciendo y enalteciendo a la mujer que decide ser madre, por encima de la

que no lo quiere así. En este sentido, a diferencia de la opinión generalizada, la sentencia

no representó un paso adelante para el género, sino que por el contrario, reafirmó esa

cultura y estereotipo del género femenino. Adicionalmente, con esta sentencia la Corte

creó el sentimiento de haber resuelto el tema de fondo, cerrando las posibilidades para

que en un futuro efectivamente se pudiera llegar a un derecho en cabeza de la mujer: el

derecho a abortar.

Para efectos de hacer una buena argumentación de lo dicho anteriormente, este texto

empezará por hacer un breve recuento de la historia de las mujeres en el país, y la lógica

subyacente a la misma.

Posteriormente, se analizará la forma como en la Asamblea Constituyente se llega a la

conquista de ciertos derechos para el género. En ese sentido se observará quienes

defendieron los derechos de la mujer, cuál era el razonamiento detrás de esta defensa, y

por qué otros derechos quedaron definitivamente excluidos del texto constitucional.

Tras hacer este estudio, se observará a través de la sentencia C-355 de 2006, y la Ley 882

de 2004, cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial y legal que se le ha dado a los

derechos de género.

2. Historia de las mujeres en Colombia

La historia de las mujeres en Colombia se ha caracterizado por la exclusión. Desde las

épocas más remotas, la mujer ha sido entendida como la fuente de la vida, y la estabilidad

del hogar. Es por esto que siempre se le trató de mantener circunscrita al seno de su casa,

negándole cualquier posibilidad de salir de esta y expresar su opinión. En este sentido se

observa entonces la obstaculización ejercida en el país para evitar que a la mujer le fueran

concedidos derechos políticos, o que pudiera asistir a las aulas de las universidades. Para

ello, tanto los medios, como la política, ejercían gran oposición, poniendo siempre por

encima la importancia de la familia como núcleo fundamental, antes que a la mujer como

individuo sujeto de derechos. Se consideraba entonces que el mayor error que podía

cometer un Estado era darle a la mujer la posibilidad de votar, de opinar en la arena

política, o de educarse, pues esto sólo generaría caos al interior de las miles de familias

que se verían abandonadas, lo cual se proyectaría en la sociedad colombiana.

De lo anterior entonces que desde la Constitución de 1821, la calidad de ciudadano en

Colombia, se definiera sin hacer alusión específica al género. Lo cierto era que la cultura

política del país consideraba absolutamente imposible concebir la ciudadanía femenina6.

Este pensamiento, se reprodujo en el tiempo, y fue así como en la Constitución de 1843,

se estableció que la ciudadanía solo era para varones. A pesar de la participación

permanente de las mujeres en muchas de las batallas políticas libradas desde la época de

la independencia, en ningún momento se pensó en la posibilidad de reconocerles

derechos políticos, y la razón que subyacía a este pensamiento, era que la mujer era

entendida tan solo en su calidad de reproductora, y por eso sus funciones se

circunscribían al cuidado de sus hijos y de su esposo. Como lo afirma Magdala

Velásquez en su texto: “(…) como ha acontecido en casi todas las grandes

confrontaciones de la humanidad, en los momentos críticos se rompen los códigos y las

tradiciones, y las mujeres participan activamente en la lucha, pero una vez resuelto el

conflicto, vuelven a sus cocinas y a sus labores tradicionales en el hogar, sin que el

partido triunfante les reconozca derechos políticos en la nueva estructura del Estado”.7

Con la llegada del siglo XX, se empezaron a observar las primeras manifestaciones a

favor del reconocimiento de los derechos civiles de la mujer casada. En la historia de

estas reivindicaciones de principio de siglo, jugaron un papel fundamental el Partido

Socialista Revolucionario, y el Partido Liberal. Quienes apoyaban esta iniciativa, tenían

como referente, el avance de muchos países alrededor del mundo, que habían consagrado

algunas prerrogativas para el género.

6 Tomado de: Velásquez Toro, Magdala. Aspectos de la condición jurídica de las mujeres en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p. 177 7 Ibídem, p. 177

El primer gran cambio que se produjo en el tema de los derechos de la mujer fue en 1932,

con la expedición de la Ley 28, que reconoció los derechos civiles de la mujer casada,

transformación que dio lugar a un largo proceso de lucha por el reconocimiento de otros

derechos. Posteriormente, durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, de

1934 a 1938, se realizaron algunas reformas en la estructura del país. Una de las más

importantes en este sentido fue la Reforma Constitucional de 1936, transformación que

resultaba bastante progresista para la época. A pesar de esto, no fue posible que los

constituyentes apoyaran la tentativa de otorgar la ciudadanía plena a la mujer

colombiana. Si bien se planteó la posible concesión de algunos derechos, lo cierto es que

estos se limitaban a aquellos cargos públicos, en los cuales la mujer podía cumplir las

mismas funciones que realizaba al interior del hogar. Como lo afirma Magdala

Velásquez Toro: “No se entendía la ciudadanía de la mujer como un derecho político,

sino dentro de la concepción del aporte de la mujer a la beneficencia pública, extensión

de las labores de servicio del hogar, para dar ayuda y protección a los desvalidos”8

De lo anterior entonces que siguiera subsistiendo esa mentalidad de género, que limitaba

a la mujer a las labores domésticas.

En el año de 1935, al interior de la Cámara de Representantes, se inició la discusión

sobre los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, dada la inconveniencia política

que para muchos parlamentarios implicaba apoyar estas iniciativas, prefirieron unirse a

los grupos de opositores. Estos grupos que venían tanto de los sectores de la derecha

radical, hasta del centro e izquierda liberal, consideraban que el darle derechos políticos a

las mujeres , sólo despertaría su ambición, y la sacaría del lugar donde realmente

8 Velásquez Toro, Magdala. República liberal y la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p. 204

pertenecía: su hogar, rompiendo así con la paz en los hogares colombianos. Este intento

fallido por otorgar plenos derechos políticos a las mujeres, terminó en una aplicación de

una política restrictiva que negaba la ciudadanía femenina, y el ejercicio del sufragio,

pero permitía una forma de vinculación de la mujer a ciertas tareas del Estado9.

El tercer intento fallido de la reforma política relativa a las mujeres ocurrió en 1944, por

iniciativa gubernamental del ministro Alberto Lleras Camargo, quien presentó una

propuesta en la que se le otorgaba la ciudadanía a la mujer. Pero la oposición por parte de

muchos sectores continuaba existiendo. Se creía que con esta iniciativa se le estaba

abriendo una puerta al comunismo, y que por ende era mejor la defensa de la moral, y las

viejas costumbres. Así lo establece Magdala Velásquez en su texto “La República Liberal

y la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres” cuando al respecto afirma:

“El debate en el Congreso y en la prensa fue bastante movido. Las tesis en contra de las

reformas constituyen una miscelánea conceptual del patriarcalismo y el machismo

tropical (…) Pero además esta unido de manera clara a las posiciones más reaccionarias

de la derecha conservadora que de la liberal, en una coyuntura de importante auge de las

fuerzas socialistas tanto en el país como en el exterior (…) Las tesis anticomunistas,

mezcladas en un extraño cóctel con el antisufragismo y la defensa de la moral,

perpetuaron los privilegios masculinos a costa de la dignidad de las mujeres”10

9 El artículo 8 de la Reforma Constitucional de 1936 establecía: “ La calidad de ciudadano en ejerci cio es condición previa indispensable para elegir y ser elegido y para desempañar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. Pero la mujer colombiana mayor de edad, puede desempeñar empleos aunque ellos lleven anexa autoridad o jurisdicción en las mismas condiciones que para desempeñar exija la ley a los ciudadanos.” Tomado de: Velásquez Toro, Magdala. República liberal y la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p.207 10 Ibídem, p. 219

Pero la oposición no paraba frente al tema de los derechos políticos, pues igualmente se

trasladó al ámbito de la educación. Así las cosas, se consideraba que además de evitar el

acercamiento de las mujeres a las urnas, era indispensable volver a sensibilizar la

educación de la mujer, regresándole su mal llamada “personalidad de género”. En ese

sentido, había expresiones, como las hechas por el Ministerio de Educación de la época,

Antonio Rocha, quien afirmaba: “en tanto el varón construye la fábrica de la cultura y va

elaborando el tejido de la historia, la mujer reine y ahonde y dé calor, dé afecto al mundo

del hogar”11. Posteriormente, el siguiente Ministro de Educación, Germán Arciniegas,

quien comulgaba con la tesis antisufragista, se encargó de elaborar en su gestión,

universidades femeninas en las que se impartiera una educación propia del género, es

decir, en temas de orientación familiar, servicio social, etc. Este tipo de medidas,

reafirmaban una vez más la concepción de la mujer que reinaba en la sociedad

colombiana, de acuerdo a la cual esta debía definirse en relación a sus funciones como

ama de casa y como madre.

Finalmente, y luego de muchos ires y venires que tuvieron que soportar las mujeres

durante varios años, al iniciarse el Frente Nacional, fueron reconocidos los derechos

políticos de la mujer, en el año 1957. Colombia se constituyó así, en uno de los últimos

países de Latinoamérica en reconocer estos derechos al género femenino. Sin embargo, la

razón que estaba detrás de esto, no era en realidad el reconocimiento de la participación

activa de la mujer en la vida política del país, sino la posibilidad de que esta

transformación generara mayor cantidad de votos. Así lo establecen Magdala Velásquez

11 El Tiempo, noviembre 19 de 1944 en: Velásquez Toro, Magdala. República liberal y la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p.p 219-220

y Catalina Reyes en su texto “Proceso histórico y derechos de las mujeres, años 50 y 60”

al afirmar: “(…) en el país no existía realmente la voluntad política de dar participación

activa a las mujeres en la vida pública del país; en lo que realmente estaba interesado era

en su papel como electora y elemento pacificador de los comicios electorales.”12.

Una vez más se comprobaba entonces que en Colombia no había una transformación

radical en la concepción de género, pues las medidas a favor de la mujer no respondían

exactamente a un reconocimiento de sus capacidades y de un rol más activo en la

sociedad, sino a simples cuestiones de conveniencia.

El período que en realidad presentó cambios significativos para la mujer, fue aquel

comprendido entre 1960 y 1970. Lo interesante de esta década, es que con todo y las

transformaciones ocurridas, muchas de las preconcepciones que se tenían sobe la mujer,

continuaron existiendo. Así lo explica Yolanda González en su texto “Movimiento de

mujeres en los años 60 y 70. La diferencia hombre-mujer: del equilibrio al conflicto”: “El

hombre continuaba ocupando su lugar, seguía un patrón de conducta, tenía asignada su

función social. Igual ocurría en el caso de la mujer. Y lo que a cada cual correspondía,

venía indicado como derivado lógicamente según su pertenencia al género masculino o

femenino. Así, la casa delimitaba bien el ámbito de acción de la mujer, definía su campo

de libertad, se levantaba como claro límite que marcaba sin confusión posible lo que

estaba permitido, lo que estaba prohibido; un adentro hacía y disponía, reinaba; un afuera

12 Velásquez Toro, Magdala y Reyes Cárdenas, Catalina. Proceso histórico y derechos de las mujeres, años 50 y 60 en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p. 257

donde sólo un ciudadano itinerario diseñado por las necesidades de su casa, afirmaba y

protegía en grado superlativo su identidad: muy mujer de su casa”.13

Así entonces se encontraban distribuidas las funciones entre el hombre y la mujer. Dicha

distribución devenía del género en sí mismo, pues dependiendo del hecho de si se era

hombre o mujer, se poseían ciertas cualidades y capacidades. El hombre representaba en

ese sentido la fuerza y el coraje, mientras que la mujer se continuaba asociando con el

instinto maternal, la ternura y el afecto. Por ello, la mujer se definía tanto socialmente,

como en lo más íntimo de su hogar, en relación a la maternidad.

Con todo y esta concepción de género, esta década trajo muchas transformaciones. La

mujer empezó a ser mucho más activa en el campo laboral, político, y además, se le dio la

posibilidad de ir a la universidad. Posteriormente, dichas reivindicaciones fueron

consagradas en el texto constitucional. La igualdad entre los sexos, el rechazo por la

violencia ejercida dentro del hogar, y la protección de la maternidad, fueron tres

conquistas del género en la Carta Política, que en teoría introducía un nuevo ambiente

para este grupo. De igual forma, la posterior despenalización del aborto, la Ley 294 de

1996 y la denominada “Ley de los ojos morados”, fueron desarrollos que aparentemente

demostraron el progreso y modernización al que había llegado el Estado Colombiano. Sin

embargo, tal y como se verá a continuación, estos cambios fueron más aparentes que

reales. Lo cierto es que esa mentalidad que primó durante tantos años, continuó

permeando las instituciones del país. Tanto el texto constitucional, como las leyes y las

sentencias expedidas en ocasión a temas de género, se siguieron centrando en la

13 González, Yolanda. Movimientos de mujeres en los años 60 y 70. La diferencia hombre-mujer: del equilibrio al conflicto en: en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p.p 258-259

protección y el enaltecimiento de aquella mujer dedicada a sus hijos y a las labores del

hogar, además de que partieron de la suposición que este era el ámbito donde por

excelencia se ubicaba a la mujer, y por ende centraron la reglamentación y la protección

en este espacio.

De lo anteriormente expuesto, es posible concluir que en el país la lucha por el

reconocimiento de los derechos de género, ha librado un arduo camino. Desde las épocas

de la revolución, se conferían a la mujer tan solo las labores del hogar, obviando su

posibilidad de constituirse en un ser político y educado. Esta situación se perpetuó

durante muchos años del siglo XX, donde a pesar que se hacían algunos esfuerzos por

modificar la situación de la mujer, siempre se privilegió aquella visión de género que

limitaba a la mujer a su papel de ama de casa. En 1970 esta situación aparentemente

cambió puesto que oficialmente se eliminaron todas las leyes que representaban algún

tipo de discriminación para la mujer, y en este sentido, ella podía acceder más fácilmente

al sector laboral y educativo. Sin embargo, y a pesar de estos cambios, la mujer del país

siguió estando condenada a la discriminación y desigualdad en muchos ámbitos de la

vida. Por ello, se entendió la necesidad de introducir un cambio constitucional en 1991,

donde le fueran incorporadas una serie de garantías que, en el papel, modificaban la

situación que hasta entonces había vivido. Estas por supuesto se quedaron cortas, y por

ello nuevos cambios legislativos y jurisprudenciales emergieron con un ánimo

transformador. Sin embargo, y como se verá a continuación, aunque es imposible negar

que la situación de la mujer en la historia del país ha cambiado significativamente, lo

cierto es que hoy en día continúa persiste una visión de género que hace imposible

vislumbrar en Colombia, la eliminación de las estructuras de poder y de domesticación

para el género femenino.

3. Breve introducción a la Asamblea Nacional Constituyente

Para poder entender el por qué se produjo un cambio constitucional en el país, que entre

otras cosas amplió los derechos de la mujer, es preciso analizar la coyuntura que se estaba

viviendo en ese momento en Colombia.

Durante los años 80, muchas problemáticas que había vivido el país por varios años, se

convirtieron en un detonante para una gran crisis de gobernabilidad. En estos años se

hicieron evidentes la arbitrariedad de la justicia, y la desconfianza que los colombianos

tenían en ella. El fenómeno del narcotráfico había permeado las instituciones políticas y

judiciales, mediante la compra y amenaza a miles de parlamentarios, jueces y

magistrados del país, lo que produjo una sensación generalizada de privatización de la

justicia. En este orden de ideas, la impunidad en el país era reinante, y no existían ningún

tipo de garantías para los ciudadanos, quienes se encontraban a la merced de las grandes

organizaciones criminales.

Así mismo, la situación de orden público era insoportable. Una violencia con nuevos

actores irrumpió drásticamente en la escena del país. Por un lado, se encontraban los

traficantes de droga. Por otro estaban los guerrilleros que se valían de nuevas estrategias.

Y adicionalmente surgió el fenómeno del paramilitarismo. En este aspecto es relevante

observar la precisión hecha por María Teresa Uribe en su texto “La coyuntura de los años

80”, donde afirma: “Además de la aceleración de la crisis, los detonantes de la

generalización de la violencia durante la última década tuvieron que ver con procesos

coyunturales, con actores nuevos o reconstituidos que irrumpen violenta y drásticamente

para impregnar el escenario de la tradicional vida política colombiana con la lógica de la

guerra, ampliando los efectos de la crisis de legitimidad a casi todas las esferas sociales y

a segmentos y actores de la vida económica y política que habían estado relativamente

exentos de los efectos de la vieja violencia colombiana. Los factores detonantes de la

crisis están representados en a) la irrupción en el espacio público de los traficantes de

droga, b) el cambio de estrategia de las agrupaciones guerrilleras, y c) la irrupción del

paraestado a través de la formación de grupos paramilitares y de autodefensa”14

Adicionalmente, por esta época, muchas demandas sociales que habían esperado décadas

para ser tenidas en cuenta, finalmente se manifestaron para ser oídas por el Estado. Sin

embargo, la respuesta del ente estatal nunca llegó. Como bien lo afirma Maria Teresa

Uribe en su texto “La coyuntura de los años 80”: “En el caso colombiano los problemas

asociados a la ingobernabilidad no provienen propiamente de la monopolización del

poder, sino mas bien del pequeño ámbito donde actúa, dejando por fuera de su control y

conducción a amplios sectores, grupos sociales y territorios que quedan librados a su

propia suerte”15

De lo anterior entonces que el pueblo colombiano clamara por un cambio estructural, que

pudiera dar respuesta a esta crisis que se vivía. Era evidente la necesidad de modernizar

el Estado, y convertirlo en un instrumento eficaz de justicia social y de progreso. Para

ello era necesario transformar sustancialmente la política, y crear mecanismos que

14 Uribe, María Teresa. La coyuntura de los años 80 en: en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p.p 292-293 15 Ibídem, p. 293

lograran hacer más efectivos los derechos de los ciudadanos. De igual forma, era

necesario fortalecer las instituciones del país, para que estas pudieran hacerle frente a los

actos de las organizaciones criminales, y así, se recuperara la legitimidad perdida. En este

orden de ideas, es pertinente observar lo dicho por el ex presidente César Gaviria, quien

con respecto a las modificaciones introducidas por el texto constitucional establece: “Un

tercer elemento estratégico era la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones.

Instituciones fuertes no las veíamos como sinónimo de presidencialismo excesivo. (…) El

Estado fuerte se forma más bien con la democratización de la vida ciudadana, la

autonomía de las regiones y una sabia distribución de poderes más equilibrada”16

Así las cosas, la Constitución de 1991 nació para modificar el Estado Colombiano en

muchos aspectos. En ese sentido, se amplió la participación ciudadana, y se

democratizaron ámbitos como los partidos políticos, los gremios, los sindicatos y

algunas empresas y universidades. Además se dieron nuevas posibilidades de

participación en la administración de justicia. Adicionalmente, se adoptó la fórmula de

Estado Social de Derecho, que representaba un nuevo camino para los derechos de los

colombianos, quienes ahora contaban con un Estado capaz de garantizar lo prometido en

la letra. Fueron creados los derechos de primera, segunda, y tercera generación, y se

instauró el mecanismo de la acción de tutela, para evitar que los derechos terminaran

siendo meramente retóricos, y pasaran a ser una realidad palpable. La Constitución de

1991 también enfatizó en la protección especial de ciertos grupos especialmente

marginados. Como la idea que se tenía era ampliar los derechos de los ciudadanos para

16 Gaviria Trujillo, César en: Contra todas las apuestas. Humberto de la Calle. Editorial Planeta. Bogotá, Colombia. 2004. p. 122

efectos de combatir las arbitrariedades, los constituyentes crearon una serie de derechos a

favor de los menores de edad, los ancianos, las mujeres y los discapacitados.

La Constitución se erigió entonces como el camino del cambio, el progreso, y la paz.

4. Desarrollo de los derechos de las mujeres al interior de la Asamblea Nacional

Constituyente.

El desarrollo que tuvieron los derechos de las mujeres al interior de la Asamblea

Nacional Constituyente, estuvo marcado principalmente por tres tendencias. La primera

de ellas, la visión tradicional de género que había imperado en el país, de acuerdo a la

cual el papel de la mujer se circunscribía al hogar y a la familia. En ese sentido entonces,

se observa como en ciertos aspectos como la violencia y la igualdad de género, la mujer

no fue tratada desde una perspectiva individual, sino acorde con su rol en la familia –

artículo 42 de la Constitución Política-. Una segunda tendencia, indica como la

Constitución se limitó en su tratamiento frente a los derechos de la mujer. Así entonces se

tuvo la falsa creencia que con una cláusula general de igualdad –artículo 13 de la

Constitución Política- y ciertas garantías frente a la violencia intrafamiliar –artículo 42 de

la Constitución Política- o la maternidad –artículo 43 de la Constitución Política-, la

situación de la mujer en Colombia había quedado completamente resuelta. Por último,

una tercera tendencia que fue la de excluir por completo la opción de crear un derecho de

género a favor de la mujer, que le permitiera optar o no por el embarazo, consagrándose

en últimas un clausulado ambiguo que cerraba el debate frente al aborto, como lo fue la

consagración de un derecho por parte de la pareja de elegir libremente el número de hijos.

Dicho lo anterior, es pertinente aclarar que fueron muchos los proyectos que diferentes

constituyentes propusieron frente al tema de los derechos de la mujer. Sin embargo, el

articulado relevante para efectos constitucionales, fue aquel que se propuso al interior de

la Comisión Quinta, por parte de los constituyentes: Jaime Benítez, perteneciente al

partido liberal, Tulio Cuevas, del partido Movimiento de Salvación Nacional, y otros

constituyentes.

Es importante empezar por observar cuáles fueron los artículos propuestos por los

constituyentes encargados de sacar el tema de los derechos de la mujer adelante. El

primer tema que ocupó a los constituyentes en este sentido, fue la violencia intrafamiliar

ejercida hacia la mujer colombiana por parte de sus parejas. El motivo de regular este

tema por encima de los demás era evidente: cada día más mujeres eran maltratadas en el

seno de sus hogares. Esta posición sostenida por los constituyentes, la fundamentaban en

el estudio realizado en el país por las investigadoras Lucero Sacudió y Norma Zambrano,

quienes tras analizar alrededor de 22.111 hogares en el país, donde aplicaron un total

aproximado de 5200 encuestas, se dieron cuenta que este fenómeno era generalizado, y

no discriminaba raza o estrato social17.

En este sentido, se propuso un artículo enfocado desde la perspectiva de la familia, que

establecía: “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la

pareja, y en el respeto recíproco entre todos los integrantes.”18 Para los constituyentes con

esta frase se estaba evitando cualquier forma de dominación, pues al decir que el hombre

y la mujer tenían iguales derechos y deberes como pareja, era evidente que se acabaría

17 Tomado de: Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Comisión Quinta 18 Ibídem

con la desigualdad de género en el seno familiar. Sin embargo, esta visión de los

constituyentes era bastante limitada. Si bien entraba a regular un ámbito que por muchos

años se consideraba intocable, como lo era el hogar, lo cierto es que continuó con esa

misma tradición en el análisis de género. Como lo evidencia el artículo propuesto, la

situación de la mujer, y en particular aquella relativa a la violencia, se regulaba

únicamente desde el hogar, lugar donde por excelencia se ubicaba a la mujer. En ese

sentido, el artículo creía estar eliminando cualquier forma de violencia, a pesar de sólo

regular el ámbito familiar, debido a que por esa visión tradicionalista y patriarcal se

entendía que el único espacio donde la mujer sufría las agresiones era en el seno del

hogar, obviando la violencia ejercida en contra de ella en otros ámbitos y en diferentes

aspectos.

De igual forma, los constituyentes se dieron a la tarea de regular el tema sobre la

elección del número de hijos en el matrimonio. La idea que se tenía era permitir que la

pareja, no tuviera presiones para concebir un número determinado de hijos, y por ello, el

artículo fue planteado desde la perspectiva de los derechos de familia. Así entonces, el

texto establecía: “La pareja tiene derecho a decidir de manera libre y responsable sobre el

número de hijos, debe sostenerlos y educarlos, mientras sean menores e impedidos.”19

De lo anterior es importante observar lo siguiente. En primer lugar, la forma como se

planteó inicialmente el tema de la elección sobre el número de hijos, no fue desde la

perspectiva de un derecho de la mujer. El tema se planteaba desde la perspectiva de

pareja, para que no se entendiera que el texto constitucional se estaba abriendo frente a un

posible debate sobre el aborto, lo que claramente no era la intención de los

constituyentes. Es por esto que durante el debate constituyente, los ponentes afirmaron 19 Ibídem

con vehemencia que con este articulado no se protegía de ninguna forma el aborto. Por el

contrario, se buscaba reconfirmar lo que ellos denominaban “las normas de la vida

práctica”, y las recomendaciones de la iglesia. En ese sentido, lo que se quería proteger

con este texto era la planificación familiar adecuada, con un énfasis adicional en la

obligación de sostener y educar a los hijos.

En este orden de ideas, era claro entonces que los proponentes del articulado permitieron

que en el ámbito de la elección del número de hijos persistiera esa tradición de

dominación de género. Lo anterior, en cuanto a que era evidente que al no darle a la

mujer este derecho de elegir libremente la maternidad, se veían truncadas sus

posibilidades de escoger por ella misma su opción de vida, limitándola a lo que su pareja

quisiera. Detrás de esta formulación, se encontraba entonces esa misma reproducción de

estructuras, que impedían el verdadero progreso del género. La negativa a aceptar que la

mujer decidiera por sí misma si ser o no ser madre, tenía implícito ese estereotipo de lo

femenino, que la autora Juanita Barreto explica de la siguiente forma: “La cultura ha

interiorizado la maternidad como el componente dominante de la identidad femenina. El

lenguaje cotidiano relaciona casi de manera inmediata las palabras mujer y madre, y esta

relación encierra todo un complejo universo de símbolos y de significantes (…) En la

construcción de la identidad se incorporan la maternidad y la crianza como si fueran

connaturales al ser mujer, delimitándolas como las funciones femeninas por excelencia.

Traer hijos al mundo y cuidar de ellos son funciones interiorizadas como ejes del ciclo

vital de cada mujer; los nacimientos de los hijos, y posteriormente, su salida del hogar,

constituyen los hechos más significativos al reconstruir la historia personal y analizar la

ausencia o vinculación de la mujer al mercado laboral, su ausencia o presencia en el

espacio público y sus proyectos futuros.”20

Ahora bien, habiéndose analizado la protección constitucional que se pretendió darle a la

mujer bajo el aval de los derechos de familia, es importante observar aquellas garantías

de género que se plantearon únicamente para ellas.

El primer inciso que plantearon los constituyentes de la Comisión Quinta establecía: “en

ningún caso podrán reconocerse a la mujer menos derechos que al hombre.”21. Este

planteamiento inicial varió en el debate constitucional, por iniciativa del constituyente

liberal Lemos. De acuerdo al constituyente, no tenía sentido que se estableciera que en

ningún caso a la mujer podían reconocérsele menos derechos que al hombre. Lo

anterior, pues consideraba el constituyente que la idea que debía inspirar el texto

constitucional no era que en todos y cada uno de los casos, las mujeres y los hombres

tuvieran igual cantidad de derechos, pues en algunas ocasiones era necesario que por

ciertas particularidades, al género femenino le fueran reconocidos ciertos derechos extras

de los cuales el hombre no era titular. Esta crítica fue aceptaba, y en aras de conciliar

intereses y posiciones, el articulado quedó así: “La mujer y el hombre tienen iguales

derechos y oportunidades, ella no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación y

goza de especial asistencia y protección antes y después del parto, y si está desempleada

y desamparada recibirá subsidio alimentario por parte del Estado, este apoyará

singularmente a la mujer cabeza de familia”.

20 Barreto Gama, Juanita. Estereotipos sobre la feminidad: mantenimiento y cambio en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p. 369 21 Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Comisión Quinta

Sin embargo, el texto así planteado siguió presentando ciertos problemas. En primera

medida, si bien se establecía una igualdad entre hombre y mujer en unos términos

distintos, lo cierto es que el artículo claramente estaba enfocado desde la perspectiva de

la maternidad, y en ese sentido se interpretaba una idea equivocada del texto acerca de

que la causa de la discriminación de género tenía su fundamento en la maternidad.

Adicionalmente, la igualdad se estableció como un enunciado genérico, pero en realidad

el texto no abría las posibilidades a lograr una igualdad efectiva entre géneros.

Obstáculos como la no concesión de un derecho a abortar, prolongaban la desigualdad de

la mujer con respecto al hombre.

Bajo esa misma óptica, los siguientes artículos que se propusieron fueron: “La madre

goza de especial asistencia y protección antes y después del parto, si esta desempleada o

desamparada recibirá también subsidio alimentario por parte del Estado y la sociedad.”,

y “La madre asalariada goza de licencia remunerada por maternidad y de jornada especial

durante el período de lactancia”.

Esta protección fue cuestionada en sesión plenaria de la Constituyente, por el

Constituyente Lleras, perteneciente al Movimiento de Salvación Nacional. La discusión

iba encaminada a demostrar como lo propuesto por los ponentes era supremamente

gravoso para la economía del país, en tanto no se sabía de donde se iban los recursos

para subsidiar a la mujer desempleada. Lleras no comprendía por qué, si en teoría se

buscaba igualar los derechos y las oportunidades de hombre y mujer, cuál era la razón

específica para que a la mujer desempleada se le otorgara el subsidio y al hombre no.

Ante dicho argumento, los constituyentes arguyeron que este subsidio era únicamente

para la mujer embarazada que se encontrara en condiciones de desempleo.

Como se observa, las garantías que efectivamente se buscaron establecer, hacían

referencia a la mujer únicamente en su papel de madre. Toda la protección que se le

brindaba era para etapas previas, o durante el embarazo. En ningún momento, se pensó en

la mujer no reproductora, en los derechos que esta necesitaba, y en las garantías que

podían consagrarse para asegurarle un rol más activo en una sociedad pensada para los

hombres.

A pesar de las discusiones propuestas, lo cierto es que frente a estos derechos, la

Asamblea demostró unanimidad absoluta. Así entonces los artículos relativos a la

igualdad dentro del seno familiar, la libertad de la pareja de elegir el número de hijos, la

prohibición de cualquier tipo de discriminación, la protección especial consagrada para

la mujer antes y después del parto, y el subsidio especial para la mujer desempleada en

estado de embarazo, fueron aceptados por unanimidad absoluta de la Asamblea.

Con la votación, se pudo observar una clara intención de los constituyentes de consagrar

una cláusula de igualdad específica para la mujer, además de unas dádivas para la mujer

embarazada, para así sentir que finalmente se estaba protegiendo al género. La

unanimidad reflejaba además, la importancia que los constituyentes le daban a estos

temas, por considerar que estos cambios eran los que requería la sociedad, para

transformar la situación de dominancia y victimización que vivían las mujeres.

Pero la situación fue completamente diferente en el caso de la aditiva al artículo de la

igualdad entre hombres y mujeres que finalmente planteó el constituyente Iván

Marulanda. Dicho aparte consagraba: “la mujer es libre de elegir la opción de maternidad

conforme a la ley”.

En este tema, se pudo observar como frente al tema de los derechos de la mujer que

implicaban otro tipo de circunstancias, diferentes a la maternidad, los constituyentes eran

bastante conservadores. Así fue entonces como el Constituyente Iván Marulanda,

proponente de esta parte del artículo, tuvo que enfrentar toda suerte de críticas y de

explicaciones dentro de la plenaria. Constituyentes como Zafra, Londoño, entre muchos

otros, exigían a Marulanda que esclareciera el sentido de la norma. En este orden de

ideas, la votación fue claramente negativa: tan solo 25 votos afirmativos, y un total de 40

votos negativos, además de 3 abstenciones. Por esto, quedó completamente descartada la

proposición tendiente a que la mujer decidiera conforme a la ley sobre la opción de

maternidad.

En la sesión plenaria se optó entonces porque los artículos 13, 42 y 43 quedaran

regulando la situación de la mujer. De lo anterior entonces, que al interior de la Asamblea

Constituyente, los derechos de la mujer fueron abordados desde tres ópticas: derechos de

familia, derechos de la madre e igualdad de género. El tema de los derechos de la mujer

se redujo únicamente a dichos ámbitos, y la condición de género no tuvo en sí un análisis

de fondo. Por esto puede decirse que a la luz de la Constitución, sólo hubo una protección

abstracta a la mujer en relación al hombre, y una protección concreta solamente para la

mujer reproductora. En ese sentido, se puede observar como los derechos de género en sí

fueron saliendo paulatinamente del debate constitucional, dejándole la responsabilidad a

un cuerpo caracterizado por la dominación y la exclusión: el legislativo.

5. Ley 294 de 1996 y Ley 882 de 2004: Tratamiento al tema de la violencia

intrafamiliar en Colombia

El tratamiento legislativo que ha recibido en Colombia el tema de la mujer, se ha

encontrado bastante limitado a ciertas circunstancias en específico. Así las cosas, es claro

como normalmente el tema de la mujer se trata a la luz de la protección al núcleo

familiar, único espacio donde se piensa la mujer se desenvuelve. En ese aspecto, es claro

entonces como lo que en últimas se piensa garantizar mediante muchas de las leyes que

tratan el tema, es la armonía en el seno del hogar, como si con esto se resolviera de fondo

una problemática de género tan arraigada como la que subyuga a las mujeres en la

sociedad colombiana. En este orden de ideas, es clave observar el tratamiento de la

violencia intrafamiliar en Colombia, y la forma como este ha contribuido a una

perpetuación de las visiones tradicionalistas de género.

Para efectos de empezar a analizar las leyes mencionadas, relativas al tema de la

violencia intrafamiliar, es necesario hacer un breve análisis acerca del tema de la

violencia de género en Colombia.

En este sentido, es pertinente partir de la base que tal y como lo afirma Martha Lucía

Uribe, en la historia del análisis de la violencia en Colombia “(…) se privilegia aquella

que acontece en el terreno de lo público, considerado como el espacio propio de la

producción, de la organización y de la acción política. Se contrapone a este espacio el de

lo “privado”, el de la reproducción biológica, de las relaciones familiares, secularmente

asignado a las mujeres y subordinado al primero. Esta rígida división de espacios sustenta

y encubre una división de roles, actividades y tareas asignadas por razón de sexo, que

mantienen a las mujeres en su condición de subordinación y dependencia”22

De acuerdo a lo anterior, se deduce entonces que a la violencia ejercida sobre la mujer, se

ha tendido a restarle relevancia, dejándola como uno de esos problemas que se “lavan en

casa”.

Para poder analizar la situación de violencia que ha soportado la mujer, es clave entender

la situación de poder y subordinación a la que esta sometida la mujer en todas las

relaciones en las que se desenvuelve. En Colombia particularmente, la mujer ha estado

sometida a diferentes tipos de violencia, de acuerdo a las relaciones en las que se

desenvuelve. Una de ellas, es la que Martha Lucía Uribe denomina violencia proveniente

de condiciones estructurales. Esta hace referencia a las condiciones de extrema pobreza a

las que en muchas ocasiones está sometida la mujer en el país. Lo cierto, es que bajo

estas circunstancias, la mujer no solo debe aguantar las dificultades propias de la miseria,

sino que además debe asumir una posición de dependencia, y sometimiento al hombre,

que en la mayoría de eventos es el proveedor23. De lo anterior entonces que, en estas

circunstancias las posibilidades de crecimiento y superación de la mujer se vean

menguadas, lo que las hace más vulnerables a tolerar la violencia ejercida en el núcleo

del hogar, pues de oponer alguna resistencia le estaría literalmente arrebatando el pan de

la boca no solo a ella misma, sino también a sus hijos.

22 Uribe, Martha Lucía. Mujeres y violencia: una historia que no termina en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p. 369 23 Tomado de: Uribe, Martha Lucía. Mujeres y violencia: una historia que no termina en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p.352

De igual forma, se puede observar que otra de las formas de violencia que debe soportar

la mujer, es la violencia sexual. Esta, no solo hace referencia a la violación, sino que

también reúne otros delitos ejercidos contra la mujer, como los abusos, el proxenetismo y

la prostitución forzada, entre otros. En este orden de ideas, no solamente es violento el

hecho que la mujer tenga que aguantar en silencio, muchos de los atropellos que contra

ella se cometen, sino que además, el sistema jurídico le limita sus posibilidades para

enfrentar muchos de los delitos cometidos contra ella. Como lo afirma Martha Lucía

Uribe, es violento el hecho que a la mujer no se le permita optar por ser madre o no serlo.

“(…) la mujer no tiene derecho a decidir libremente sobre su maternidad y mientras la

sociedad entroniza el culto a la maternidad, rechaza y desampara a miles de madres

solteras, generalmente adolescentes, que se ven enfrentadas a abortos indeseados, hambre

y a una dolorosa soledad”24

Otra de las formas de violencia, es la intrafamiliar o doméstica. Esta es una de las más

denunciadas en Colombia, y supone la reproducción de un tipo de relación subordinada

de la mujer al hombre, en el seno de la familia. Contrario al ideal que se tiene del hogar,

como espacio de afecto, lo cierto es que en muchas ocasiones este es el lugar donde

mayores atrocidades se cometen contra la mujer. Agresiones físicas, y abuso sexual por

parte del padre o del esposo, son sólo algunos de los crímenes que muchas mujeres del

país deben soportar.

Habiéndose hecho un breve análisis frente al tema, es importante entrar a estudiar la Ley

294 de 1996, la cual sacó el Congreso Colombiano, para efectos de luchar contra la

violencia de género. En este sentido, el objetivo de dicha ley era regular el artículo 42 de

la Constitución Política, el cual hace referencia a los derechos de la familia. De acuerdo 24 Ibídem, p. 356

con el primer artículo de dicha ley, lo que se busca es: “(…) mediante un tratamiento

integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia, asegurar a ésta su

armonía y unidad”25. Para efectos de dicha reglamentación, la ley empieza haciendo

referencia a cómo puede constituirse una familia, y quiénes son los integrantes de la

misma. Posteriormente, la ley establece los principios que deben guiar su interpretación y

aplicación, afirmando para tal fin: “a) Primacía de los derechos fundamentales y

reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; b) Toda forma de

violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto,

será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) La oportuna y

eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o

puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o psíquico, amenaza,

maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro

integrante de la unidad familiar; d) La igualdad de derechos y oportunidades del hombre

y la mujer; e) Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la

salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación, la cultura, la

recreación y la libre expresión de sus opiniones; f) Los derechos de los niños prevalecen

sobre los de los demás; g) La preservación de la unidad y la armonía entre los miembros

de la familia, recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales cuando fuere

procedente; h) La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación de los

procedimientos contemplados en la presente Ley; i) El respeto a la intimidad y al buen

nombre en la tramitación y resolución de los conflictos intrafamiliares.”26

25 Congreso de la República de Colombia. Ley 294 de 1996. Artículo 1 26 Ibídem, artículo 3

Posteriormente, la Ley 294 de 1996 se encarga de consagrar los mecanismos de

protección que se tienen en aquellos casos en los cuales la persona esté siendo agredida

dentro de su contexto familiar. Así las cosas, el artículo 4 de dicha ley, modificado por la

Ley 575 de 2000, establece: “Toda persona que dentro de su contexto familiar sea

víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de

agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las

denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren

los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida

de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató o agresión o evite que ésta

se realice cuando fuere inminente.”27

Por otro lado, el Título V de la presente ley, se encarga de resolver el tema de los delitos

cometidos al interior del hogar. Sobre dicho aspecto confirma en su artículo 22: “El que

maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar,

incurrirá en la prisión de uno (1) a dos (2) años.”28. A renglón seguido, el artículo 23 de

la ley determina: “El que mediante violencia física o síquica, trato cruel o intimidatorio o

degradante, cause daño en el cuerpo o en la salud sicológica a un integrante de su grupo

familiar, incurrirá en la pena privativa de la libertad prevista para el respectivo delito,

aumentada de una tercera parte a la mitad.”29

De lo anteriormente expuesto, se pueden llegar a una serie de conclusiones. En primer

lugar, es claro que el tema que regula esta ley es netamente familiar. En este sentido, no

se está haciendo un reconocimiento expreso hacia la violencia ejercida contra un género,

27 Ibídem, artículo 4 28 Ibídem, artículo 22 29 Ibídem, artículo 23

sino se está protegiendo un ámbito clarísimo que es la familia como núcleo de la

sociedad. De lo anterior entonces que sería una conclusión errada llegar a decir que con

esta ley se estaba impulsado una iniciativa de mejorar considerablemente las

circunstancias de la mujer, a menos que se asumiera que el tratamiento de esta se

circunscribe únicamente al espectro del hogar y de la familia. Y es precisamente este

error en el que se incurre una y otra vez tanto en el texto constitucional, como en el

tratamiento legislativo. Se considera que en la medida en que haya una preocupación

hacía la familia, y en ese sentido un tratamiento a las circunstancias que en ella se

desarrollan, entonces el tema de la mujer va a quedar igualmente resuelto. Lo anterior

agravado por una mentalidad tendiente a pesar que la solución inmediata a problemas

muy complejos, radica en la simple expedición de una ley que regule directa o

tangencialmente el tema.

La forma en que se ha abordado este tema por parte del Legislativo, ha demostrado no

tener mayor impacto con respecto a la violencia de género. Lo cierto es que esta sigue

siendo un fenómeno regular dentro de la sociedad colombiana, en tanto no ha habido un

cambio significativo en las estructuras de poder y dominación, que son en últimas las que

han perpetuado la situación de inferioridad de la mujer.

En este mismo sentido, cabe analizar la Ley 822 de 2004, la cual se expide

aproximadamente 8 años después de la 294, y busca aumentar las penas para todos

aquellos agresores que atenten contra la vida y honra de los miembros del núcleo

familiar. De lo anterior entonces que el primer, y único artículo de la Ley 882 de 2004,

estableciera lo siguiente: “El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro

de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado

con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años. La pena se aumentará de la mitad a

las tres cuartas partes cuando el maltrato, del que habla el artículo anterior recaiga sobre

un menor, una mujer, un anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o

disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de

indefensión.”30

Observando el artículo anterior, es posible llegar a varias conclusiones. En primer lugar,

contrario al ideal que se tenía, no fue suficiente la consagración constitucional de la

igualdad –artículo 13- y del rechazo hacia la violencia ejercida en el hogar –artículo 43-,

ni tampoco la Ley 294 para que la situación de dominación de las mujeres en el país

cambiara. De hecho, se tuvo que recurrir a un desarrollo legislativo adicional, que

aumentara las penas de los agresores, para ver si de esta forma si se lograba un impacto

en las estructuras de poder.

En este sentido, cabe comparar dicha situación, con la descrita por la abogada Isabel

Cristina Jaramillo en su artículo “Reforma legal, feminismo y patriarcado en Colombia:

el caso de la Ley de Cuotas para mujeres en cargos de alto nivel de la Rama Ejecutiva”,

acerca de la inocuidad de la cláusula constitucional que predica la garantía para las

mujeres de ocupar altos cargos en la Administración Pública –artículo 40-. Así las cosas,

el artículo establece: “El carácter pragmático de la cláusula constitucional se hace

evidente por el hecho de que su existencia no ha sido suficiente para garantizar el derecho

que establece. En realidad, la Constitución establece explícitamente que este derecho es

30 Congreso de la República de Colombia. Ley 822 de 2004. Artículo 1

de aplicación inmediata, esto es, que su cumplimiento no depende de su desarrollo

legislativo" 31

De igual forma, es claro que al igual que la Constitución de 1991, y la Ley 294 de 1996,

este desarrollo legislativo enfocó la violencia de género únicamente bajo la perspectiva

del hogar y la familia. Se continúa manteniendo esa falsa idea de que el único lugar

donde se arremete contra la mujer es en el núcleo familiar, y así se dejan de regular otros

tipos de violencia que el género femenino tiende a sufrir. Se continúa con la creencia que

propugnando por la no discriminación de la mujer en el hogar, se eliminará toda forma de

dominación, y la mujer finalmente podrá gozar de los mismos derechos que el hombre.

Adicionalmente, la ley se encarga de proteger una única mujer dentro de la sociedad

colombiana: la mujer del hogar. En ese sentido, desconoce la diferencia que se ha

reconocido al interior del género, al igual que los múltiples aspectos en los que se

desarrolla la vida femenina. En este orden de idea, es pertinente observar la precisión que

hacen las autoras Isabel Cristina Jaramillo y Helena Alviar en su texto “De la

indeterminación a la domesticación” acerca del género: “Una de las pocas certezas que se

ha alcanzado en los muchos años de movilización política de las mujeres y de

construcción teórica feminista, es la de que las mujeres, en tanto seres humanos, no

pueden ser reducidas a esencias ni analíticamente ni políticamente, y la de que los

movimientos de mujeres están internamente divididos en torno a cuáles son los intereses

de las mujeres y cuáles son las mejores estrategias para conseguirlos.”32

31 Jaramillo, Isabel Cristina. Reforma legal, feminismo y patriarcado en Colombia: el caso de la Ley de Cuotas para mujeres en cargos de alto nivel de la Rama Ejecutiva en: Mas allá del Derecho. Justicia y género en Améri ca Latina. Cabal, Luisa y Motta, Cristina. Siglo del Hombre Editores. Bogotá, Colombia. 2006. p. 90 32 Alviar, Helena y Jaramillo, Isabel Cristina. De la indeterminación a la domesticación.

De lo anterior se puede observar entonces que la legislación que se ha desarrollado en el

país frente a este tema, todavía parte de supuestos tradicionales y reevaluados. En esa

medida, ha circunscrito la protección de género al espacio y las circunstancias del hogar,

por lo que un avance hacia un cambio sustancial se observa muy lejano. En ese sentido es

importante observar la aclaración de la autora Juanita Barreto, quien en su texto

“Estereotipos sobre la feminidad” afirma: “Controvertir los estereotipos acerca de la

mujer, la feminidad y lo femenino, es una necesidad de primer orden, para construir un

espacio social que, reconociendo la importancia de la diversidad, haga posible el ejercicio

de los derechos humanos sin distinción de género, edad, raza o clase; de una organización

social a la medida de las mujeres y los hombres que en las diferencias de su cotidiano

interactuar, le den sentido a un mundo que permita el despliegue de los valores de la

reciprocidad y la solidaridad, esenciales para el encuentro entre los intereses individuales

y comunitarios”33

De igual forma se continúa evidenciando esa falsa creencia de que con la simple

expedición de una ley, los problemas de género quedan resueltos. Así entonces, se

observa que a pesar de que el tema de la violencia de género ha tenido un tratamiento

muy limitado, cuando se expide una ley como la 294 de 1996 o la 882 de 2004, que

regula el tema partiendo de una visión tradicionalista y patriarcal, se tiene la percepción

que se está alcanzando un nivel de progreso y modernización muy alto. En ese aspecto es

relevante observar el texto de Isabel Cristina Jaramillo y Helena Alviar, “De la

indeterminación a la domesticación”, en el cual se analiza la ley de cuotas para aumentar

la participación de las mujeres en altos cargos de la Administración Nacional. En este

33 Barreto Gama, Juanita. Estereotipos sobre la feminidad: mantenimiento y cambio en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p. 376

documento, uno de los aspectos que las autoras critican, es entender que este tipo de

promesas legislativas son el fin absoluto de un problema que tiene muchas más aristas de

las que se llegan a estudiar. Las autoras afirman: “En conclusión, uno de los efectos de

suponer que la fórmula legislativa es el fin y no el principio de la contienda política, es

dejar de lado la elaboración de argumentos sobre las políticas involucradas en la

domesticación de dichas fórmulas en las instancias judiciales y administrativas.

Proponemos que una manera de explicar las decisiones de las altas cortes que han tenido

que pronunciarse sobre la ley de cuotas es atribuir sus decisiones a preferencias

patriarcales y antidemocráticas. Lo primero, porque se deja efectivamente a las mujeres

con menos cargos que aquellos a los que podrían aspirar bajo otras interpretaciones y

porque se reinscribe la idea de que no hay suficientes mujeres calificadas o interesadas en

ejercer los cargos en cuestión.”34

De lo anterior que no se haya contemplado entonces en el país, la posibilidad de utilizar

otros instrumentos alternativos, los cuales en muchos casos resultarían igual e incluso

más efectivos para combatir la violencia de género, y lograr así un avance para modificar

la estructura de dominación a la que está subyugada la mujer.

Una de las formas en que este objetivo puede lograrse, es haciendo que los casos de

violencia intrafamiliar, empiecen a ser más visibles. Actualmente, muchas situaciones se

quedan en el anonimato, a menos que se trate de eventos especialmente escandalosos. Así

se tienen entonces casos como el de Lizzete Ochoa, mujer de la alta sociedad

barranquillera, que a pesar de su educación y sus posibilidades económicas, soportó por

varios años las agresiones de su esposo, hasta que sus familiares lo denunciaron. De igual

forma, existen otros mecanismos que resultan bastante útiles. En ese sentido, es clave 34 Alviar, Helena y Jaramillo, Isabel Cristina. De la indeterminación a la domesticación.

observar lo que afirma Martha Lucía Uribe, en cuanto a que es necesario: “Una

comprensión más profunda de su naturaleza, consecuencias e interrelaciones, ya que

muchas de las formulaciones actuales adolecen de prejuicios claramente sexistas que

impiden una eficaz solución de este fenómeno social. A la par, con el logro de una nueva

visión del problema, se hace necesario formular medidas a nivel individual, familiar,

nacional y mundial, tanto a corto como a mediano plazo. Las medidas individuales

incluyen información, reflexión, toma de conciencia, apoyo a las mujeres y a las familias,

educación para el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, capacitación,

terapia, reeducación y tratamiento de los agresores. Romper el aislamiento de las

mujeres, poder hablar, denunciar, formular el problema, crear lazos de solidaridad y

vínculos de pertenencia de género, trabajar por el fortalecimiento de la autoestima y el

logro de los recursos necesarios para la erradicación de la violencia, son medidas

concretas que permiten recuperar la posibilidad de acción y la confianza necesaria para

encontrar soluciones”35

Así mismo, es necesario que haya una denuncia por parte de los medios de comunicación,

mecanismo clave para exponer en la escena de lo público, aquellas agresiones que se

generan en el espacio de lo privado.

6. Sentencia C-355 de 2006: la despenalización excepcional del aborto en Colombia

En el país, el aborto siempre ha estado penalizado. A pesar de que desde hace décadas se

ha venido denunciando la muerte de miles de mujeres ocasionada por abortos mal

35 Uribe, Martha Lucía. Mujeres y violencia: una historia que no termina en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p. p 359-360

practicados, lo cierto es que en Colombia ha primado ese planteamiento importado de las

jerarquías religiosas y tradicionalistas, que consideran que es una obligación de la mujer

dar a luz al hijo concebido, no importa cuales sean las consecuencias que esto implique.

El hecho de que sea una realidad que muchas mujeres acuden a mecanismos poco

higiénicos y altamente peligrosos para ponerle fin a embarazos no deseados, pone en

evidencia una gran problemática social. Como lo afirma Argelia Londoño Vélez en su

texto “Las mujeres y la salud”: “El aporte del aborto a la mortalidad materna revela la

profundidad de ciertos problemas sociales: limitaciones económicas para asumir la

crianza, dificultades laborales, inaccesibilidad a los métodos de planificación,

ambivalencia frente a la maternidad, abandono paterno, sexualidad al azar etc.”36 En este

sentido, es claro que se presenta un problema estructural de gran envergadura, que es

obviado con tal de defender la maternidad a ultranza. En Colombia, la lógica de

enaltecimiento a la maternidad ha operado hasta tal punto, que mientras a la mujer que

opta por ser madre se le otorgan una serie de derechos y garantías, la que decide no

hacerlo no sólo no cuenta con ningún respaldo de tipo estatal, sino que además se le

niegan abiertamente la mayoría de sus derechos más fundamentales al restringirle la

posibilidad de abortar.

Así lo confirma una vez más la sentencia C-355 de 2006, la cual a diferencia de lo que

muchos piensan, no entró a garantizar un derecho de género, sino simplemente reconoció

una posibilidad en ciertos eventos absolutamente excepcionales, que en poco o nada

cambiaban en realidad la situación de aquellas mujeres cuyo plan de vida no contemplaba

la maternidad. Esta sentencia anuló nuevamente los derechos de la mujer no

36 Londoño Vélez, Natalia. Las mujeres y la salud en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995. p.352

reproductora, mientras enalteció la importancia y las bondades de la maternidad, tal y

como lo confirma la aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo.

Antes de la sentencia C-355 de 2006, la situación de las mujeres frente al tema del aborto

era la siguiente. La mujer no sólo estaba obligada a soportar la carga de los embarazos no

deseados, sino que además le era prohibido abortar incluso en aquellos eventos en que la

concepción y el alumbramiento ponían en jaque derechos tan fundamentales como el de

su propia vida. Se protegía por encima de la vida de la mujer, aquella que se encontraba

en su vientre, entendiendo así a la mujer como una máquina de reproducción.

Este planteamiento del legislador, fue reevaluado entonces en la sentencia C-355 de 2006

de la Corte, bajo el siguiente análisis: “(…) si bien la decisión de penalizar el aborto,

como una medida para proteger la vida en gestación resulta constitucionalmente

justificada –aunque se insiste, no es la única opción que puede adoptar el legislador ya

que este puede escoger otro tipo de medidas de carácter asistencial y prestacional que

cumplan con este propósito-, la prohibición completa e incondicional del aborto en todas

las circunstancias es abiertamente desproporcionada porque anula completamente

derechos de la mujer embarazada garantizados por la Constitución de 1991 y por tratados

internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de

constitucionalidad.”37

En este orden de ideas, la Corte Constitucional adoptó una medida, al parecer bastante

progresista en el sentido de que despenalizó el aborto en esos eventos en los que

consideraba que la prohibición resultaba desproporcional para la mujer. Así entonces

37 Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentaría y Clara Inés Vargas Hernández

determinó que no era punible el aborto en caso de violación o inseminación no

consentida, malformaciones del feto, o peligro inminente para la vida de la mujer.

Si bien esta sentencia levantó ampollas dentro de la sociedad colombiana, lo cierto es que

este desarrollo jurisprudencial no resolvió de fondo el tema de la desigualdad y

desproporción que la mujer colombiana estaba obligada a sufrir, en atención a la

prohibición legislativa de abortar.

Lo anterior por muchas razones que cabe la pena resaltar. En primer lugar, la sentencia

sólo se refirió a unos eventos extremos en los cuales la mujer podía decidir si continuar o

no con el embarazo. Para los demás casos, siguió pesando la prohibición penal. De lo

anterior entonces, que la sentencia no reconociera la posibilidad de abortar como un

derecho en sí mismo de la mujer, sino más bien un mecanismo para proteger en ciertos

casos muy excepcionales, los derechos fundamentales inherentes al ser humano.

Sin embargo, es pertinente anotar como en el caso, la interpretación que hizo la Corte de

derechos fundamentales como la igualdad, y el libre desarrollo de la personalidad de la

mujer no reproductora, fue claramente restrictivo, en aras de proteger el derecho a la vida

del feto en su vientre. Lo anterior se corrobora al observar la aclaración de voto del

magistrado Jaime Araújo Rentaría, quien a lo largo de su argumentación, se encarga de

demostrar como el análisis que hace la Corte de estos derechos es limitado, en cuanto no

los estudia en su dimensión real. De haberlo hecho así, se hubiera despenalizado

completamente el aborto. Araújo empieza explicando el contenido del derecho al libre

desarrollo de la personalidad. Así las cosas, cita la jurisprudencia que reconoce que hay

violación de este derecho: “cuando a la persona se le impide en forma irrazonable,

alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas en su vida o valorar y escoger libremente las

opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, y permiten su realización

como ser humano”.38 En este orden de ideas, Araújo establece que el libre desarrollo de

la personalidad implica necesariamente que a cada individuo se le de la posibilidad de

escoger su plan de vida, de acuerdo a lo que el considera mejor para si mismo. En esta

escogencia, no deberían interferir las autoridades, pues este es un espectro íntimo de las

personas.

De lo anterior, que en el caso de la mujer, este derecho se refleje en la posibilidad de

decidir si se quiere tener o no un hijo. Nada atentaría de forma más abierta contra el plan

de vida de un ser humano, que obligarlo a tomar una decisión que cambia en tantos

aspectos la vida, como lo es la maternidad. Como lo afirma Araújo en la aclaración: “El

libre desarrollo de la personalidad, que no es más que una manifestación de la libertad,

esta consagrada en el articulo 16 de nuestra constitución y obliga y limita al legislador,

incluido el legislador penal, quien no puede obligar a las mujeres a tener hijos no

deseados, contra su voluntad. Obligar contra la voluntad penalizando es no gozar del

dominio sobre su cuerpo, someterla a una modalidad de esclavitud y privilegiar una

concepción particular, sobre el mundo, la vida, etc.; desconociendo otras igualmente

legitimas y respetables.”39

De acuerdo a lo anterior, es claro entonces que si la Corte Constitucional hubiera hecho

un análisis minucioso del derecho a la libre personalidad de la mujer, hubiese llegado a

este tipo de conclusión. Sin embargo, una vez más se estaba reproduciendo ese tipo de

38 Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Aclaración de voto. M.P. Jaime Araújo Rentería 39 Ibídem.

visión de género, que enaltece la maternidad, y considera que es el principal proyecto de

vida al que debe aspirar toda mujer.

Otro de los derechos que se desconoció con la despenalización excepcional, fue el

derecho a la intimidad. De acuerdo con este postulado constitucional, las decisiones que

tome cada individuo en su plano personal, como sería tener un hijo o casarse, deben ser

personales, y no encontrarse limitadas por las convicciones que respecto a algún tema,

imponga el Estado. En este sentido, se observa que con la penalización del aborto, se le

está imponiendo a la mujer, la concepción que tiene el Estado sobre la vida, y sobre la

asunción que debe tener toda mujer de la maternidad.

En este orden de ideas, también es claro que con la obligación que se le impone a la

mujer de tener un hijo en contra de su propia voluntad, se está violando el derecho a la

igualdad de la misma. Tal y como lo establece Araújo en su aclaración de voto: “La

penalización del aborto viola el derecho a la igualdad de varias maneras: A los hombres

nunca se les ha negado el acceso a la salud en los casos en que se trata de procedimientos

quirúrgicos o medicamentos que solo ellos necesitan (intervenciones en la próstata o

viagra). Como solo las mujeres pueden quedar embarazadas, al penalizar el aborto se les

esta negando el acceso a la salud a las mujeres cuando la opción reproductiva se ejerce de

manera negativa con la elección de interrumpir el embarazo no deseado.

a) Al darle a los hombres toda la atención medica que ellos requieren para conservar

su salud y su vida y no dársele a las mujeres se les esta discriminando.

b) Imponerle a la mujer el rol, de ser, exclusivamente reproductivo constituye una

discriminación y en consecuencia su derecho a la igualdad. Penalizar el aborto

consentido por la mujer es considerarla solo como maquina reproductora,

olvidando que ella puede querer y decidir otras cosas para su vida. Obligarla a

llevar un embarazo sin su consentimiento es imponerle un proyecto de vida que

puede sacrificar todas sus expectativas.

c) Discrimina a unas mujeres frente a otras mujeres: 1) A las más pobres frente a las

muy ricas. Pues estas últimas pueden viajar a donde el aborto no esta prohibido y

si abortan lo hacen en condiciones de atención médica optimas. En cambio las

pobres no pueden hacer ninguna de las dos cosas y 2) Por que discrimina a las

mujeres mas jóvenes frente a las de mayor edad, ya que las estadísticas

demuestran que el problema es mayor y mas frecuente para las jóvenes.”40

En igual sentido, el salvamento de Araujo cita a Dworkin quien en su texto “El Dominio

de la Vida” establece: “Las leyes que prohíben el aborto, o dificultan o encarecen su

obtención, privan a las mujeres embarazadas de una libertad u oportunidad que para

muchas ellas resulta crucial. Una mujer que, al no poder acceder a un aborto temprano y

seguro, es forzada a dar a luz a un niño que no desea, no goza ya del dominio sobre su

propio cuerpo: la ley la somete a una especie de esclavitud. Sin embargo, esto es solo el

comienzo. Para muchas mujeres, dar a luz a niños no deseados significa la destrucción

de sus propias vidas: o porque ellas mismas son todavía niñas, o porque ya no les será

posible trabajar o estudiar más, o vivir de una manera que les resulte significativa porque

no puedan mantener a sus hijos. (Por supuesto, estos diferentes tipos de perjuicios se

multiplican e intensifican si el embarazo tiene su origen en una violación o incesto, o si el

niño nace con serios impedimentos físicos o psíquicos.) La adopción, incluso cuando es

posible, no elimina estos perjuicios, pues muchas mujeres sufrirán un grave dolor 40 Ibídem

emocional durante muchos años si entregaran su hijo a otras personas para que lo criaran

y amaran. (Una de las mujeres entrevistadas en el estudio sobre el aborto que realizó

Carol Gilligan y que describí anteriormente –una enfermera católica- ya había entregado

a un hijo suyo para que fuera adoptado, y dijo que no sería capaz de volverlo a hacer,

incluso aunque la única alternativa fuera el aborto. <Psicológicamente>, dijo ella, <no

habría manera de que pudiera soportar otra adopción. Tardé alrededor de cuatro años y

medio en recuperar mi equilibrio. Simplemente, de ninguna manera volvería a pasar por

ello otra vez>.”41

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir entonces que contrario a lo que muchos

piensan, la sentencia C-355 de 2006, no fue un verdadero avance para las mujeres del

país. Lo cierto, es que con esta sentencia el aborto continuó estando penalizado, por lo

que las mujeres siguieron estando obligadas a llevar a cabo embarazos no deseados. Lo

anterior, resulta entonces violatorio de su derecho a la igualdad, en la medida en que

impone sobre el género una obligación, a la que nadie más dentro de la sociedad está

obligado. En ningún momento es posible observar que al hombre se le obligue a seguir un

modelo de vida, lo que sucede en el caso de la mujer. Una vez más, se evidencia como el

sistema jurídico colombiano defendió un prototipo de mujer intrínsecamente relacionado

con la maternidad.

Por otra parte, la decisión de la Corte fue absolutamente nugatoria de los derechos a la

vida, integridad personal, salud y autonomía reproductiva de la mujer. Tal y como lo

establece la aclaración de voto de Araújo: “El estado tiene el deber de darles a las

mujeres que deciden interrumpir su embarazo condiciones médicas e higiénicas optimas

41 Dworkin, Ronald. “El dominio de la vida” Editorial Ariel, 1998. Página 138 en: Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentaría y Clara Inés Vargas Hernández.

para salvaguardarles sus derechos a la vida, integridad personal y a la salud. Debe realizar

actos positivos en esta dirección; al no hacerlo, ha impedido a la mujer acceder a un

servicio médico adecuado y económicamente accesible a las mujeres más pobres. Con

esta omisión del estado y con la penalización, se esta violando el articulo 43 de la

constitución que le impone a él una especial asistencia y protección respecto de las

mujeres embarazadas sin distinguir si es para continuarlo o interrumpirlo.”42

De lo anterior entonces, se puede concluir que la sentencia, al continuar con la

penalización general del aborto, sólo reconoce los derechos de la mujer madre, pues a ella

es quien se le brinda una protección constitucional especial. Las mujeres que deciden

interrumpir su embarazo deben hacerlo soportando todo el peso de la ley, y sin ninguna

garantía estatal.

De igual forma, la sentencia resulta violatoria del derecho a la dignidad humana, para

todas aquellas mujeres que quieran abortar pero no se encuentren en las causales de

despenalización. Así lo establece la aclaración de voto de Araújo que establece con

respecto a la violación de la dignidad de la mujer: “Su dignidad es vulnerada cuando es

violada; cuando se le insemina artificialmente o se le trasfiere un óvulo fecundado sin su

consentimiento. En estos tres casos la mujer es cosificada. Se le convierte en un

instrumento, ya sea para satisfacer los deseos del violador o los planes de quien le

trasfiere el óvulo o la insemina. También se le cosifica cuando se le obliga a procrear

contra su voluntad, esto es contra su libertad. En todos los casos en que no se le da a la

mujer su libertad de no procrear, cuando se le obliga contra su voluntada tener un hijo se

le instrumentaliza y cosifica, se le trata de manera indigna como vientre sin conciencia

del cual se sirven o sobre el cual deciden los demás. La penalización del aborto viola el 42 Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Aclaración de voto. M.P. Jaime Araújo Rentería

artículo 1 de la constitución que consagra no solo el derecho fundamental sino algo mas

valioso como es el principio fundamental de la dignidad de las mujeres.”43

De lo anterior se observa entonces que, en la sentencia hay un desconocimiento de los

derechos de la mujer no procreadora, en la medida en que se le obliga a reproducirse a

pesar que ella no lo quiera así. En ese sentido, es claro entonces que la sentencia enaltece

la maternidad, mientras sataniza a la mujer cuyo plan de vida no contempla el ser madre.

Así las cosas, se puede concluir, que si la sentencia hubiese mirado la mujer y sus

derechos, desde una óptica distinta a la de ser madre, las conclusiones hubiesen sido

otras. Así como lo afirma Araújo en su salvamento de voto: “Si se concibe a la mujer

como un ser libre y en desarrollo de esa libertad tiene derechos fundamentales como el

libre desarrollo de su personalidad, su libertad reproductiva, la libertad de conciencia, su

derecho a la privacidad, etc.; solo es constitucionalmente admisible la penalización del

aborto que se realiza contra la voluntad de la mujer embarazada; a contrario sensu no

puede ser penalizado el aborto realizado con el consentimiento de la mujer así se trate de

una mujer menor de edad. Impedir que niñas menores de edad no puedan interrumpir su

embarazo es consagrar una discriminación con fundamento en la edad que seria

irrazonable y contraria al Art. 13 de la Constitución.”44

Otro de los problemas que se observan con esta sentencia, es que genera una percepción

social de que el tema del aborto ya fue resuelto, y en esa medida no se necesita hacer

nada más por los derechos de la mujer en este aspecto. En este sentido, se anulan las

posibilidades de que en realidad haya un desarrollo jurisprudencial del derecho de toda

mujer para optar libremente por la maternidad o no hacerlo. En este sentido es pertinente

43 Ibídem 44 Ibídem

observar la anotación que hacen las autoras Isabel Cristina Jaramillo y Helena Alviar, en

su texto “De la indeterminación a la domesticación”, al afirmar: “El asunto del uso de

cuotas para mejorar la posición de individuos que pertenecen a grupos que, en cuanto

grupos, han sido desaventajados ha sido objeto de intensos debates. En Colombia, en

particular, el debate ha estado afectado por el hecho de que contamos con una ley de

cuotas para mujeres. La aprobación de esta ley ha llevado a que las académicas y

activistas se concentren en verificar el cumplimiento de la ley. Hemos argumentado que

esta movida política aunque puede tener algunos beneficios, tiene varios efectos

negativos. En primer lugar, refuerza la idea de que la ley es clara y contundente y por lo

tanto que su aplicación en las diversas instancias puede ser neutra. En segundo lugar,

oculta las razones políticas por las que las instancias judiciales y administrativas prefieren

“domesticar” la ley y por lo tanto impide las transformaciones culturales que serían

importantes para avanzar en la igualdad de la mujer”45

7. Conclusiones

Después de haberse hecho el anterior análisis sobre los derechos de la mujer en

Colombia, sus desarrollos, y su problemática, es posible llegar a una serie de

conclusiones.

En primer lugar, es evidente que la historia de las mujeres en Colombia, ha estado

marcada por la exclusión de género, en tanto las estructuras de poder y las más

importantes instituciones siempre han estado dominadas por los hombres, quienes al

interior de una sociedad netamente patriarcal se encargan de tomar todas las decisiones. 45 Alviar, Helena y Jaramillo, Isabel Cristina. De la indeterminación a la domesticación.

Esta posición privilegiada del género masculino, no solo se evidencia en el aspecto de lo

público, pues al interior del mundo de los hogares colombianos, estas relaciones se

continúan reproduciendo.

Sin embargo, existen intentos fallidos por modificar esta condición de la mujer. Así las

cosas, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se buscó cambiar sustancialmente

la situación de miles de mujeres del país. Para ello se introdujo la cláusula de igualdad

general, la protección a la maternidad, y el rechazo a la violencia producida en el seno del

hogar. Sin embargo, temas importantes como el derecho a optar por la maternidad, fueron

excluidos del texto constitucional en aras de defender los postulados tradicionales

importados de la Iglesia Católica, y de los sistemas patriarcales de poder.

Con estas garantías consagradas constitucionalmente, se llegó a pensar ingenuamente,

que el género quedaría plenamente protegido contra toda forma de discriminación y

dominación. Sin embargo, el estereotipo de mujer que se protegió respondía más que

nada a aquella mujer consignada a las labores de la casa y de la maternidad, y por ello,

la situación del género en términos generales en poco o nada se vio modificada.

Así entonces, continuaron siendo víctimas de todo tipo de violencia al interior de su

hogar, y en otros ámbitos, además de tener que cargar con la obligación de seguir con

embarazos que incluso ponían en riesgo su propia vida.

Para efectos de modificar esta situación, se crearon las leyes 294 de 1996 y 882 de 2004,

y además se despenalizó el aborto en algunos eventos excepcionales, mediante sentencia

C-355 de 2006.

Pero nuevamente los problemas subsistieron. La Ley 294 de 1996, se encargó de regular

el tema de la violencia intrafamiliar pero desde una perspectiva del derecho a la familia.

En este sentido nunca se trató el tema de la violencia desde una perspectiva y análisis de

género, sino que se buscó cambiar la situación de violencia que miles de mujeres del país

vivían para ese momento, a través de una reglamentación que protegía al núcleo familiar.

Adicionalmente, se buscó modificar un problema de dominación y de desigualdad de

género, regulando únicamente el ámbito del hogar, como si este fuera el lugar por

excelencia donde se ubicaba a la mujer, y por ende se tuviera la falsa creencia que

reglamentando el espacio del hogar, se solucionaban los problemas de género.

Por su parte, la Ley 822 de 2004, regulaba un único evento como lo era el aumento de

penas para aquellos que inflingieran algún tipo de lesión en contra de algún miembro de

la familia, aumentando la pena en el caso de las mujeres, los niños, los ancianos y los

discapacitados. En ese sentido, fue claro como esta ley adolecía de los mismos defectos

de la Ley 294, y que se continuaba entonces con esa percepción que la violencia, la

dominación y la domesticación de género se solucionaba con medidas que propugnaban

por evitar la violencia al interior del hogar. De lo anterior entonces que muchos otros

eventos que igualmente eran violentos para el género, no fueron debidamente analizados,

pues permanecía esta lógica subyacente que ubicaba a la mujer dentro de los muros del

hogar.

De lo anterior entonces, que ambas leyes resultaran absolutamente limitadas para tratar

un fenómeno que desborda los límites del hogar, y que además es necesario tratar

mediante otras herramientas alternativas.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-355 de 2006,

intentó poner fin a una circunstancia que resultaba supremamente gravosa e injusta para

la mujer como lo era el tener que traer hijos al mundo en condiciones muy adversas. Sin

embargo, nuevamente la Corte mostró timidez al despenalizar el aborto únicamente en

ciertos eventos excepcionales: grave peligro de la madre, deformidades del feto, y

violación o inseminación no consentida.

De lo anterior entonces que el problema de desigualdad del género persistiera. Esta

sentencia privilegió ciertamente los derechos del feto, por encima de los de la madre, y se

encargó igualmente de enaltecer la maternidad por encima de cualquier otra opción de

vida. Así las cosas, se continuó privilegiando un estereotipo de mujer, e igualmente se

permitió que la mujer quedara en condiciones desiguales, al tener que soportar una carga

que ningún otro miembro de la sociedad esta obligado a soportar. Además, el hecho de

haber resuelto aparentemente el tema del aborto, cerró la posibilidad de que un futuro se

pudiera efectivamente llegar a la despenalización total del mismo. En este sentido, la

sentencia más que un progreso para la mujer, implicó un retroceso para el género.

En este orden de ideas, es claro que existió un problema tanto por parte de la Ley 294 de

1996, como de la Ley 822 de 2004, y la sentencia C-355 de 2006, en cuanto a que ni las

leyes ni la sentencia, permitieron una transformación de las estructuras de dominación,

que son en últimas las que generan la diferencia. El hecho de continuar reproduciendo esa

visión de la mujer, importada desde los tiempos coloniales, hizo absolutamente nugatoria

la posibilidad de un cambio en la percepción de género. La violencia limitada al campo

del hogar, y la negación a reconocer a la mujer la posibilidad de optar o no por la

maternidad, hace que sobre el género continúe pesando el yugo de la desigualdad y el

sometimiento.

8. Bibliografía

• Velásquez Toro, Magdala. Aspectos de la condición jurídica de las mujeres en:

Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política

social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá,

Colombia. 1995.

• El Tiempo, noviembre 19 de 1944 en: Velásquez Toro, Magdala. República

liberal y la lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres en: Las

mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social.

Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia.

1995.

• Velásquez Toro, Magdala y Reyes Cárdenas, Catalina. Proceso histórico y

derechos de las mujeres, años 50 y 60 en: Las mujeres en la historia de Colombia.

Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la República de

Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995.

• González, Yolanda. Movimientos de mujeres en los años 60 y 70. La diferencia

hombre-mujer: del equilibrio al conflicto en: en: Las mujeres en la historia de

Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la

República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995.

• Uribe, María Teresa. La coyuntura de los años 80 en: en: Las mujeres en la

historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia

de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995.

• Uribe, Martha Lucía. Mujeres y violencia: una historia que no termina en: Las

mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la política social.

Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia.

1995.

• Jaramillo, Isabel Cristina. Reforma legal, feminismo y patriarcado en Colombia:

el caso de la Ley de Cuotas para mujeres en cargos de alto nivel de la Rama

Ejecutiva en: Mas allá del Derecho. Justicia y género en América Latina. Cabal,

Luisa y Motta, Cristina. Siglo del Hombre Editores. Bogotá, Colombia. 2006.

• Alviar, Helena y Jaramillo, Isabel Cristina. De la indeterminación a la

domesticación.

• Barreto Gama, Juanita. Estereotipos sobre la feminidad: mantenimiento y cambio

en: Las mujeres en la historia de Colombia. Consejería Presidencial para la

política social. Presidencia de la República de Colombia. Editorial Norma.

Bogotá, Colombia. 1995.

• Londoño Vélez, Natalia. Las mujeres y la salud en: Las mujeres en la historia de

Colombia. Consejería Presidencial para la política social. Presidencia de la

República de Colombia. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1995.

• Centro legal para derechos reproductivos y políticas públicas. Cuerpo y Derecho.

Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 2001

• Olsen, Frances E. Feminist Legal Theory I: Foundations and Outlooks. New York

University Press. New York. 1995

• Gaviria Trujillo, César en: Contra todas las apuestas. Humberto de la Calle.

Editorial Planeta. Bogotá, Colombia. 2004.

• Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

• Constitución Política de Colombia. Editorial Temis

• Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentaría y

Clara Inés Vargas Hernández.

• Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. Aclaración de voto. M.P. Jaime

Araújo Rentaría

• Dworkin, Ronald. “El dominio de la vida” Editorial Ariel, 1998 en: Corte

Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentaría y Clara

Inés Vargas Hernández.

• Congreso de la República de Colombia. Ley 294 de 1996.

• Congreso de la República de Colombia. Ley 822 de 2004.