Una Legislatura de Diálogo Social - UGTportal.ugt.org/actualidad/2008/febrero/20042008... · Edita: Comisión Ejecutiva Confederal de UGT (C/ Hortaleza, 88 - 28004 Madrid) Fecha

Una Legislaturade Diálogo Social

Una Legislaturade Diálogo Social

Edita: Comisión Ejecutiva Confederal de UGT(C/ Hortaleza, 88 - 28004 Madrid)Fecha de edición: enero de 2008

Imprime: Impresión Digital Da VinciDiseño gráfico: Paco Arnau

El presente documento ha sido impreso en papel ecológico.

Sumario

PRÓLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I. LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Situación económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. Fiscalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. Empleo: actividad, ocupación y desempleo . . . . . 134. Mejora y estabilidad del mercado laboral . . . . . . . 155. Igualdad en el mercado de trabajo . . . . . . . . . . . . 196. Salario mínimo interprofesional e IPREM . . . . . . . 257. Seguridad y salud en el trabajo . . . . . . . . . . . . . . . 278. Inmigración laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

II. RELACIONES LABORALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1. Negociación colectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332. Fortalecimiento de las instituciones laborales . . . 373. Participación de los trabajadores . . . . . . . . . . . . . . 39

III. PROTECCIÓN SOCIALY SERVICIOS PÚBLICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1. Protección social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432. Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483. Vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504. Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535. Atención a la dependencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

IV. MODELO PRODUCTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612. Política industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623. Innovación y desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684. Infraestructuras públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715. Energía, cambio climático y medio ambiente . . . 736. Formación para el empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Para una mujer como yo, no es fácil una tarea comoésta. La misión de enjuiciar cuatro años de gobiernoprogresista, resulta siempre delicada, espinosa,para una persona progresista. Siempre es más fácilatacar al enemigo, entrar como un elefante en la ca-charrería de la reacción, enarbolando las palabrassagradas, fervorosas, calientes, que hierven en lasangre de quienes pueden hablar sin compartir res-ponsabilidad alguna por lo realizado. Siempre esmás fácil decir qué hacer, y sin embargo, en Españatodavía queda mucho por hacer. Demasiado.

Desde esa perspectiva, el triunfalismo acríticopuede llegar a ser tan nocivo, tan injusto como el pe-simismo sistemático. Procuraré eludir ambos exce-sos para ser honesta, honestamente crítica con elbalance de un periodo que me ha deparado algu-nas grandes alegrías, honestamente ecuánime frentea las decepciones que he recibido en el mismo pe-riodo. Para lograrlo, me parece fundamental revisarel pasado mirando hacia el futuro, analizar lo que enmi opinión han sido los errores cometidos en estalegislatura con la perspectiva de que pueden, ydeben, ser corregidos en una siguiente, deseable yhasta imprescindible legislatura de progreso.

España no es un país fácil. Nunca lo ha sido, ypara comprobarlo, basta con repasar la brevísimatrayectoria que ha descrito la permanencia de la iz-quierda en el poder. En el último siglo, las fuerzasprogresistas sólo han desplazado en cuatro oca-siones a una derecha que siempre y en todos loscasos se ha comportado como si el gobierno deeste país les perteneciera por un hereditario e in-alienable derecho divino. La derecha española to-davía no ha llegado a asumir completamente que elpoder se gana o se pierde por el favor o la repulsade los ciudadanos. Y aunque es cierto que, a partirde la Transición, acepta las reglas del juego demo-crático, no lo es menos que no pasa a la oposicióncomo un partido político derrotado, sino como elpropietario expropiado de una finca que siempre,desde siempre, ha estado en manos de la mismafamilia. Si comparamos esta actitud con la violenciaconspirativa que hace setenta años alentó un golpede Estado que produjo una guerra civil, hemosavanzado considerablemente. Si la comparamos,en cambio, no ya con la situación de los restantespaíses europeos, sino incluso con la mínima estabi-

lidad institucional y social que requiere una labor efi-caz de gobierno, no hemos progresado tanto.

Es evidente que la actitud de la derecha ha sidouna de las claves de esta legislatura. Y no he esco-gido el término genérico por un capricho, sino por-que creo que el Partido Popular, lejos de dirigir laoposición al gobierno, se ha comportado en mu-chas ocasiones como el simple portavoz de fuerzasmás decisivas. La reciente exclusión de AlbertoRuiz-Gallardón de la lista popular por Madrid haobedecido más a la presión ejercida desde deter-minados medios de comunicación, y a través deellos, desde la jerarquía de la Iglesia Católica, que alos propios intereses electorales del partido presi-dido por Rajoy. La perversa e intrincada maraña dela reacción española ha pretendido, y en ocasiones,por más que duela reconocerlo, ha conseguido in-fluír también en las decisiones del gobierno duranteesta legislatura.

En marzo de 2004, cuando José Luis RodríguezZapatero llegó al poder, millones de españoles sen-timos algo parecido a lo que sucede cuando se le-vantan las persianas y se abren las ventanas en unacasa que lleva muchos años cerrada. La cantidadde polvo en suspensión que habíamos tragado enlos cuatro años de la mayoría absoluta de Aznar,había dejado en nuestro paladar un regusto antiguoy asfixiante, desagradablemente familiar. Respirá-bamos una rancia y pertinaz caspa con aroma afranquismo cuando, de repente nos encontramosen una situación nueva, nosotros, que ya creíamoshaber agotado para siempre el catálogo de las no-vedades. Zapatero no llegó a la Moncloa con el cré-dito ilimitado que deparó a Felipe González la vic-toria electoral de 1982, y sin embargo, y a pesar dela relativa precariedad de su mayoría, dejó clarodesde el primer momento que iba a gobernar conalianzas distintas a las que había establecido su an-tecesor socialista en el poder. Yo celebré el corajedel primer presidente democrático español que sedisponía a gobernar nítidamente desde la izquierda.

Los grandes éxitos de este gobierno, que haaprobado leyes capaces de cambiar para siemprela vida de los ciudadanos de este país, fueron po-sibles gracias a esa decisión. Leyes como la deIgualdad, y sobre todo la de Dependencia, impul-sadas en un momento en el que los ideólogos del

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Una tarea nada fácil

Almudena Grandes

PRÓLOGO

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neoliberalismo pretenden dar por liquidado el mo-delo de los estados del bienestar, representan avan-ces históricos de los que los ciudadanos progre-sistas españoles podemos estar bien orgullosos.Otras disposiciones, como la legalización de los ma-trimonios homosexuales, la simplificación de los trá-mites del divorcio o la ampliación de los permisosde maternidad y paternidad, han satisfecho de-mandas importantes de la sociedad civil, demos-trando de paso la madurez democrática de losespañoles. En ese sentido, destaca también laaprobación de la Ley de Memoria Histórica, de trá-mite tan dificultoso, cuyos contenidos, si bien distantodavía de los que deberían alcanzarse algún día,contribuye en sí misma, por el simple hecho dehaber sido promulgada, a la normalización demo-crática de nuestro país.

Es justo, por tanto, reconocer que termina unalegislatura provechosa y fértil para los derechos ci-viles en España. Más preocupante resulta compro-bar que la mayoría de estos avances se han pro-ducido en los dos primeros años de un gobiernoque, entre otras cosas, se atrevió a retirar las tro-pas españolas de Irak, y fue fuerte mientras demos-tró fortaleza. Esto, que parece una perogrullada, nolo es tanto si se analiza la evolución de las políticasadoptadas durante toda la legislatura. El mismo pre-sidente que se había atrevido a desafiar al amo delmundo, flaqueó en el momento de afrontar el quequizás hubiera sido el cambio más decisivo, y másnecesario, de cuántos estaban a su alcance. No va-ciló en desmontar la nefasta Ley de Calidad de laEducación impulsada por la tal vez aún más nefastaministra Pilar del Castillo, pero tampoco se atrevió amodificar una política de conciertos que sigue fun-cionando en detrimento de la calidad y los recursosde la escuela pública, que debería ser, y es desola-dor que a estas alturas todavía haya que recalcarlouna vez más, la única escuela financiada con fon-dos públicos.

La vieja máxima republicana, “educación, edu-cación y educación”, que constituyó uno de los pi-lares históricos del pensamiento y la actuación delPSOE, es uno de los graves asuntos que esta le-gislatura deja sin resolver. No es el único, y sin em-bargo tiene un cierto valor simbólico, en la medidaen la que sirvió para vigorizar la violencia de la reac-ción clerical, que en el último periodo del gobiernode Zapatero ha ejercido una presión brutal a la que,en mi leal opinión, no se ha sabido responder ade-cuadamente. Un gobierno es fuerte mientras de-muestra fortaleza, y los enemigos de éste hanacertado al explotar su principal debilidad, como

han demostrado de manera muy gráfica las contra-dicciones sobre la ley de plazos del aborto que seprodujeron hace sólo unas semanas. Otros fiascos,como el propósito de consolidar una televisión pú-blica potente y de calidad, que ha quedado redu-cido a un océano de prejubilaciones masivas, nohan tenido consecuencias semejantes.

Al cotejar mis impresiones de ciudadana conideología y sin responsabilidades con el análisis deesta legislatura que ha realizado la Unión Generalde Trabajadores, vuelvo a pensar que, más que unaserie de medidas concretas o una determinada es-trategia de imagen, la izquierda necesita afianzar suautoestima y recuperar la seguridad en la validez desus principios, en la confianza democrática y socialde que la planificación de espacios públicos solida-rios no es sólo más justa, sino también más eficaz,que el abandono de los intereses estatales enmanos de los privados. Sé que no es sencillo resis-tir el embate del neoconservadurismo globalizadoque se presenta a sí mismo como la única alterna-tiva razonable en el injusto mundo que ha contri-buido a construír, pero no me importa que mellamen ingenua. A veces, la moderación es sólo eso,moderación, no el único camino, ni el mejor, ni elmás sabio, ni el más conveniente, y lo mismo ocu-rre con la firmeza, que no debe confundirse con laexasperación, ni con el radicalismo, ni con la con-fusión, y muchísimo menos con la ignorancia o lainexperiencia. Espero por tanto que en los próximoscuatro años podamos seguir contando con un go-bierno de progreso, más firme, más seguro de símismo y más fiel a sus principios, capaz de solven-tar los asuntos que han quedado sin resolver y deafrontar de una buena vez, que ya va siendo hora,la definitiva separación de la Iglesia y el Estado, nosólo en las grandes palabras de las declaracionesinstitucionales, sino también en los más reducidosámbitos de la educación, los derechos civiles y losservicios públicos.

He empezado diciendo que España no es unpaís fácil, y por lo tanto, no pienso que sea fácil go-bernarlo. Menos aún cuando la coyuntura econó-mica favorable de estos últimos tiempos parecehaberse agotado. Sin embargo, creo sinceramenteque estamos ante una oportunidad espléndida paraque España siga siendo gobernada desde la iz-quierda. Y no sólo porque queden muchas cosaspor hacer, sino porque la formación de un nuevogobierno de progreso liquidaría, quizás para siem-pre, la clase de oposición que ha tenido que so-portar el que ahora se disuelve.

Amén.

EL periodo transcurrido desde las elecciones generales del 14 de marzo de2004 y hasta el próximo 9 de marzo de 2008, ha registrado cambios impor-tantes en la acción de gobierno. Recordemos, en primer lugar, la retirada denuestras tropas de Irak, conforme a los deseos expresados por una mayoríade la población española.

Es innegable que el Ejecutivo ha desarrollado una labor intensa con múltiples iniciativasque han significado un giro considerable de orientación en diversos ámbitos. Ha habidonotorios avances en la ampliación de los derechos ciudadanos y también en materia deigualdad de mujeres y hombres. Asimismo son evidentes los esfuerzos realizados en elterreno de la política social y de las relaciones laborales, que van a ser el objetivo pri-mordial de este análisis de la legislatura. Es significativo que estos aspectos de la vidapolítica que son de gran calado para la sociedad de nuestro país, no han merecido, sinembargo, la atención debida por parte de la oposición, ni tampoco por parte de los me-dios de comunicación. Parece que como no afectan directamente a los intereses de lasclases dominantes, son consideradas cuestiones subsidiarias en comparación con cues-tiones más llamativas y susceptibles de politización partidista, como las reformas de es-tatutos autonómicos o la política ante el terrorismo.

Hay que insistir en que los progresos laborales y sociales obtenidos sobre la base de bus-car el consenso con los interlocutores sociales, constituyen una realidad de gran enver-gadura en el trabajo político de este periodo. Son, sin duda, las acciones de gobierno quetienen una influencia más positiva en la vida de los ciudadanos y que van a perdurar enel tiempo, por el amplio contenido de las reformas adoptadas.

Apenas un mes después de tomar posesión el gobierno socialista tras ganar las elec-ciones generales de marzo de 2004, el Presidente del Gobierno y el Ministro de Trabajoconvocaron a las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, y empresariales, CEOE--CEPYME, a un primer encuentro que supuso la apertura del diálogo social.

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Introducción

Conforme a los compromisos adquiridosen su programa electoral, quedó patenteel interés del Gobierno por potenciar elpapel de los interlocutores sociales, conlos que quería abrir un proceso que per-mitiera alcanzar un acuerdo para mejorarla competitividad y la calidad del empleo.

Es preciso recordar que las últimas re-formas efectuadas por el Gobierno delPP, en 2001 y 2002, habían sido im-puestas a pesar de la opinión en contrade los sindicatos, introduciendo medidasque ahondaban más en la precariedad yen el aumento de la segmentación de lapoblación trabajadora, y reformando elsistema de protección por desempleo demanera que se recortaban prestacionesy derechos.

La Declaración para el Diálogo Social2004, suscrita el 8 de julio de 2004 porUGT, CCOO, CEOE, CEPYME y el pro-pio Presidente del Gobierno, recuperabala importancia y valor del diálogo socialcomo instrumento necesario para avan-zar en la consecución de un nuevo mo-delo productivo, con el triple objetivo demejorar la economía, el empleo establey la cohesión social. Se trataba, en defi-nitiva, de dotar a España de un modelode crecimiento equilibrado, duradero ysostenible. Para ello era necesario incre-mentar la inversión pública y privada eneducación, formación, I+D+i, infraes-

tructuras, protección social y serviciospúblicos.

Este proceso de diálogo social, ideadopara ser desarrollado durante toda la le-gislatura, ha configurado un modelo deinterlocución en el sistema de relacioneslaborales, que está sirviendo de modeloa otros países, y sus elementos consis-ten en un diagnóstico común y en medi-das pegadas a la realidad y a las deman-das de los ciudadanos para reforzar elEstado de Bienestar, mejorar la protec-ción social y el empleo y converger conEuropa.

En definitiva, un modelo de diálogo sinprecedentes en nuestro sistema de rela-ciones laborales, que en este tiempo hadado resultados claramente positivos yel mayor desarrollo legislativo laboral ysocial generado en los últimos años.

Se han alcanzado más de veinte acuer-dos que inciden en medidas económi-cas, sociales y laborales:

• Se ha dotado a miles de trabajadoresinmigrantes de derechos laborales ysociales, sacándolos del empleo irre-gular.

• Se ha elevado la cuantía del SMI,compromiso del PSOE con UGT, parallegar a los 600 euros en 2008.

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• Se han subido las pensiones mínimas,contributivas y no contributivas (hastaalcanzar el 26% en 2008).

• Se ha fortalecido la autonomía colec-tiva con los Acuerdos Interconfedera-les para la Negociación Colectiva, re-forzando el valor y los objetivos de losconvenios colectivos, a la vez que seha recuperado la facultad de los con-venios de establecer cláusulas de ju-bilación forzosa y su vinculación a me-didas de empleo.

• Se ha desarrollado un nuevo modelode formación profesional para elempleo.

• Se ha reforzado la política de salud yseguridad en el trabajo.

• Se han transpuesto las directivas eu-ropeas sobre participación de los tra-bajadores en la Sociedad AnónimaEuropea y sobre protección de los tra-bajadores asalariados en caso de in-solvencia del empresario.

• Se han establecido instrumentos departicipación y de articulación deldiálogo social en torno al cumpli-miento de los objetivos medioam-bientales de la Cumbre de Kioto.Igualmente, se han constituido Ob-servatorios Industriales, establecién-

dose compromisos para desarrollarpolíticas industriales.

• Se ha alcanzado un acuerdo en el diá-logo social sobre la ResponsabilidadSocial de las Empresas.

• Se ha alcanzado un acuerdo históricopara los trabajadores de la Adminis-tración con la promulgación del Esta-tuto Básico del Empleo Público.

A estos acuerdos hay que añadir eldesarrollo de una serie de procesos con-sultivos en numerosas materias, comoderechos de participación de los traba-jadores en la Sociedad Anónima Euro-pea, medidas sociolaborales de la LeyOrgánica para la Igualdad Efectiva deMujeres y Hombres, el Plan Estratégicode Infraestructuras y Transporte (PEIT),el Programa Nacional de Reformas(PNR), educación, sanidad, vivienda,entre otras, que en términos globales,pueden calificarse de positivos.

No hay que olvidar que todas estas ne-gociaciones y consultas, enmarcadasdentro de ese nuevo modelo de DiálogoSocial instaurado desde el comienzo dela legislatura y que han ido dando frutosimportantes, constituyen un procesoabierto en el que es posible y debenabordarse aquellos otros temas que to-davía están pendientes.

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UNA LEGISLATURA DE DIÁLOGO SOCIAL

I

1. SITUACIÓN ECONÓMICA

LA economía española ha mantenido un fuerte ritmo de crecimiento económicodesde el tercer trimestre de 2004. En ese año la evolución de la actividad eco-nómica se aceleró hasta alcanzar una tasa de crecimiento interanual del 3,6%,la tasa más alta desde el tercer trimestre de 2001.

El fuerte ritmo de crecimiento de nuestra economía nos ha permitido mantener un dife-rencial de crecimiento positivo con la eurozona de más de un punto anual durante el pe-riodo 2004-2007 (hasta el tercer trimestre de 2007).

A pesar de unas condiciones monetarias menos holgadas, como consecuencia de lasubida de los tipos de interés, el PIB terminará el año 2007 muy por encima del 3%.

La economíay el empleo

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La economíay el empleo

PIB Consumoprivado

Inversiónempresarial

Producciónindustrial IPC

EEUU 2,1 1,8 4,4 1,9 2,6

Japón 1,5 1,4 3,3 2,7 0,4

Alemania 1,9 1,7 3,8 3,1 2,1

Francia 1,8 2,2 2,9 1,3 1,9

España 2,6 2,5 2,6 2,3 3,1

Eurozona 1,9 1,9 2,5 2,1 2,3

ESCENARIO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2008Porcentaje medio de variación interanual

Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de ‘Consensus Forecast’ (a diciembre de 2007).

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En el escenario previsto, la demanda na-cional seguirá siendo el principal motorde crecimiento económico. El consumoprivado, por su parte, se desacelerará enel periodo analizado, motivado, en parte,por el aumento de los tipos de interés yla esperada moderación en el empleoque, junto con el menor ritmo de avanceesperado de la población activa, permi-tirá que la tasa de paro siga reducién-dose hasta situarse en torno al 8%.

A pesar de la incertidumbre y la volatili-dad de los precios del petróleo, el endu-recimiento de la política monetaria ycierta desaceleración de la economía deEstados Unidos, España comienza 2008con perspectivas de crecimiento de laactividad y del comercio superiores al2,5%, y por encima de las principaleseconomías mundiales.

El escenario económico debe contem-plarse con precaución de cara al futuro.Las cifras de 2007 dejan claro que hacomenzado una desaceleración de lasactividades que han constituido los mo-tores del crecimiento en España: en es-pecial, construcción y determinadosservicios (las actividades inmobiliarias yotras dependientes de la construcción,entre otros). A medio plazo esta desace-leración del crecimiento económico nofrenará la creación de empleo, aunque suritmo de crecimiento será menor.

El elevado déficit exterior que soporta laeconomía española en la actualidad esuna consecuencia directa de nuestromodelo de especialización productiva yconstituye el principal problema de nues-tra economía desde el punto de vista dela estabilidad macroeconómica.

PROPUESTAS DE UGT

� UGT insiste en la necesidad de conti-nuar en el proceso de transformación denuestro modelo productivo hacia otronuevo patrón de crecimiento, basado enuna mejora de la productividad de nues-tra economía y en un aumento equitativodel nivel de bienestar de todos los ciu-dadanos.

� Para UGT es evidente que la econo-mía española se enfrenta a un doble retoa medio y largo plazo, de forma que:

– Por un lado, es necesario consolidarlos elementos que están caracteri-zando el fuerte crecimiento de nues-tra economía sobre la base de unmodelo de especialización productivasólido y con garantías de sostenibili-dad en el tiempo, recuperando el pro-tagonismo de la industria nacionalcomo elemento tractor de nuestrocrecimiento económico, de la gene-ración de riqueza y de la creación deempleo.

– Por otro lado, resulta absolutamenteimprescindible que dicho modelo pro-ductivo se configure como el ele-mento básico del sistema de bien-estar social. El objetivo prioritario de-berá ser la consecución de la máximaequidad en el reparto de la riqueza ge-nerada y la corrección de las des-igualdades en términos de riqueza ybienestar social.

� UGT reclama la necesidad de imple-mentar una política económica cuyoprincipal objetivo, desde el punto de vistaestructural, sea el incremento de la ca-pacidad productiva y la competitividadde nuestra economía por la vía del creci-miento de la productividad. Se trata defomentar la inversión en I+D+i, en capitalfísico y humano y en mejorar la calidad yla estabilidad del empleo, como elemen-tos indispensables para alcanzar los es-tándares de productividad y competi-tividad de las economías europeas másavanzadas.

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� UGT apuesta por un desarrollo másextenso del Estado de Bienestar. Par-tiendo de la disposición de un sistemarecaudatorio equitativo, las mayores do-taciones de gasto público (educación,sanidad, protección social, pensiones,dependencia y servicios sociales, familiay vivienda), deben ser las líneas directri-ces de las políticas públicas de redistri-bución de la renta nacional, actuandocomo elementos correctores de des-igualdad entre los ciudadanos y com-pensando la pérdida del peso de lasrentas del trabajo que se ha producidoen España en la última década.

2. FISCALIDADLos desequilibrios históricos de nuestrosistema fiscal, y en especial los existen-tes en el IRPF, heredados de las refor-mas realizadas en anteriores legislaturas,llevaban tiempo reclamando la necesi-dad de llevar a cabo una reforma fiscalde calado, dirigida a garantizar la sufi-ciencia de la recaudación, la generalidadde las aportaciones y la equidad tantohorizontal como vertical.

• El esfuerzo fiscal español es inferior aleuropeo en 4 puntos. Además, nues-tro gasto público representa un 38,6%del PIB y se encuentra casi a 8 puntosde distancia del promedio de gasto dela UE-27 (46,6%), mientras el gasto enprotección social se aleja casi 7 pun-tos (un 20,8% del PIB en España y un27,2% en la UE-27).

• El porcentaje de ingresos sobre el PIBen España también es inferior (40,4%frente a 45% en la UE-27), debido aque nuestra presión fiscal se sitúaaproximadamente 4 puntos por de-trás del promedio europeo.

Existe una relación directa que refleja quecuanto menor es la recaudación globalderivada de impuestos y cotizacionessociales, menor es el grado de coberturade sus necesidades básicas.

En este contexto, y si añadimos que lanueva programación de la Unión Europeapara el periodo 2007-2013 sobre la asig-nación de los Fondos Estructurales y deCohesión, ha modificado las perspecti-vas de ingresos para España, una reduc-ción de los impuestos supondría un ries-go para el cumplimiento de los principiosbásicos de nuestro modelo fiscal.

En la actualidad, los trabajadores son laprincipal fuente de recaudación imposi-tiva. Los ingresos públicos recaudadosvía impuestos proceden fundamental-mente de las rentas del trabajo.

Desde la perspectiva de la distribución dela renta nacional en España, la remune-ración de los asalariados ha caído 3 pun-tos entre los años 2000 y 2006 (en 2006,representaba un 46,6%), mientras lasrentas del capital han ganado casi 2 pun-tos (42,4%) y los impuestos indirectosnetos 1,2 puntos (11,1%). Este aumentodel peso de los impuestos indirectos en larenta, que no discriminan según el nivelde ingresos, se une a la diferencia en elgravamen de las rentas del trabajo y delcapital, las primeras sujetas a una tarifaprogresiva, mientras que las segundas(de capital y empresariales) tributan a untipo único o con mecanismos que no re-flejan su capacidad real de pago.


La reforma fiscal aprobada en el año2006, que entró en vigor en enero de2007, incorporó algunas medidas des-tacables en el sentido de que contribui-rán a mejorar objetivos esenciales. Enconcreto:

• El tratamiento de las deduccionespersonales y familiares que ha su-puesto una mejora en la progresividaddel mismo (en la situación anterior, elbeneficio de las deducciones aumen-taba conforme lo hacía la renta).

• El notable aumento de las cuantías delas deducciones familiares y persona-les, así como de la cuantía fijada paralos rendimientos del trabajo, que vienea paliar la grave discriminación quesufrían estas rentas al soportar casi el80% del total de la recaudación.

• La rebaja final en el IRPF, que benefi-cia proporcionalmente en mayor me-dida a las rentas más bajas.

• El aumento del tipo de tributación delas ganancias patrimoniales de másde un año, del 15% al 18%, aunquesiguen tratadas de forma excesiva-mente favorable.

• La eliminación en el Impuesto sobreSociedades de algunas bonificacio-nes y deducciones, mejorando la neu-tralidad en la toma de decisiones y latransparencia en los resultados.

PROPUESTAS DE UGT

� La actuación política en materia fiscaldebe basarse en los principios de equi-dad y redistribución de la renta, tantodesde la perspectiva del gasto como delingreso.

� UGT siempre ha exigido la consecu-ción de un mayor grado de justicia socialdistributiva, que compense a los traba-jadores, mediante un modelo fiscal quecumpla los siguientes principios básicos:

– El principio de suficiencia, que esta-blece la obligación de que los ingre-sos públicos obtenidos permitanfinanciar las políticas de gasto. Eneste sentido, reducciones injustifica-das de impuestos pueden poner enpeligro el desarrollo de nuestro sis-tema de bienestar por la disminu-ción de ingresos públicos que, encualquier caso, suponen estas me-didas.

– El principio de equidad, por el cualrentas iguales pagan lo mismo.

– El principio de progresividad, me-diante el que debe pagar proporcio-nalmente más aquel que más tiene.

� UGT ha mantenido la necesidad deque el sistema tributario eleve su po-tencia recaudatoria para lograr dos ob-jetivos:

– Sustentar financieramente las inver-siones que precisa el cambio de mo-delo productivo (infraestructuras,sistema tecnológico, política industrial)y el mantenimiento del crecimiento delempleo en el futuro, contrarrestandoel impacto de las menores aportacio-nes de los fondos europeos.

– Conseguir una mejora del sistema deservicios públicos y protección social,con políticas redistributivas de sani-dad, educación, pensiones, depen-dencia y servicios sociales, familia yvivienda.

� Resolver de forma definitiva el trata-miento de las rentas salariales prove-nientes de los expedientes de regu-lación de empleo, garantizando el trata-miento equitativo de los trabajadoresdespedidos.

� Reestructurar las deducciones poraportaciones a sistemas de previsiónsocial complementaria, mejorando lascorrespondientes a los instrumentos ge-nerales por la negociación colectiva.

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� UGT siempre ha reclamado la necesi-dad de intensificar la persecución delfraude fiscal, tanto por lo que supone entérminos de disminución de recursos pú-blicos como por la posibilidad de que,por efecto contagio, aumente la evasiónfiscal.

incorporado a la población activa en tresaños. El resultado es una tasa de activi-dad media anual en 2007 que llega al58,8%, lejos de la alcanzada en 2001(53%). El aumento del número de perso-nas activas en España no se ha traducidoen un repunte del desempleo. Al contra-rio, la fuerte creación de empleo ha lo-grado reducir los niveles de paro, a pesardel incremento de la población activa.Entre 2004 y 2007 el número de perso-nas desempleadas ha descendido un18%. La tasa de desempleo ha logradobajar desde el 11% de media registradaen 2004, hasta el 8,2% en 2007.

La fase expansiva del ciclo económicoen la que se encuentra España se ha ca-racterizado, entre otros fenómenos, porun aumento del nivel de empleo. En elperiodo 2004-2007, el número de ocu-pados en España ha crecido un 14%,superando el aumento del periodo 2001--2004 (11%).

En estos años, la creación de empleo enEspaña ha servido de incentivo paraatraer más trabajadores al mercado la-boral, aumentando el número de perso-nas dispuestas a trabajar: aproximada-mente dos millones de personas se han

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3. EMPLEO: ACTIVIDAD, OCUPACIÓNY DESEMPLEO

� Para UGT, la disposición de un supe-rávit presupuestario alcanza su máximautilidad si su aplicación tiene una claravocación social. De otra manera resultadifícilmente defendible la acumulación derecursos públicos mientras persistan losdesequilibrios sociales en nuestro país.

59% Máxima tasa de actividad(III trimestre de 2007)

54%Máxima tasa de empleo(III trimestre de 2007)

8%Mínima tasa de paro(II y III trimestre de 2007)

2000-TI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tasa de actividad (%)

2000-TIII

2001-TI

2001-TIII

2002-TI

2002-TIII

2003-TI

2003-TIII

2004-TI

2004-TIII

2005-TI

2005-TIII

2006-TI

2006-TIII

2007-TI

2007-TIII

Tasa de empleo 16 y más (%) Tasa de paro (%)

TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO

Fuente: Gabinete CEC-UGT a partir de EPA, INE.

En estos años ha habido más trabajado-res dispuestos a trabajar y también mástrabajadores ocupados. Una media de20,3 millones de trabajadores han es-tado empleados en 2007, frente a los17,9 millones del año 2004. Como resul-tado, la tasa de empleo se sitúa en 2007en un promedio del 54%, casi 4 puntosporcentuales por encima de la alcanzadaen 2004.

En el periodo 2004-2007, la construcciónha liderado la creación de empleo (el nú-mero de ocupados en este sector creciócasi un 20%), aunque su ritmo en estaetapa es más débil que entre 2001 y 2004(en ese periodo la construcción mostró unaumento superior a ese 20%). Los servi-cios crecieron también un 16,6% entre2004 y 2007, porcentaje en este caso su-perior al 14,6% del periodo 2001-2004.La industria ha crecido un 1,4%, tambiénpor encima del 1,1% del periodo anterior.Y únicamente ha perdido empleo el sec-tor agrícola.

PROPUESTAS DE UGT

El periodo 2004-2007 ha sido favorablepara el empleo. La ocupación ha crecidoa un ritmo elevado, reduciendo los nive-les de paro, a pesar del fuerte incrementode población activa. Este hecho consti-

tuye el verdadero éxito del mercado la-boral español en el periodo 2004-2007.

Sin embargo, existen cuestiones relati-vas al mercado de trabajo que UGT con-sidera preocupantes y que debentenerse en cuenta de cara al futuro.Entre ellas cabe destacar tres:

� Los motores del crecimiento econó-mico están siendo insuficientes para me-jorar la productividad. Esto puede tenerefectos negativos a medio y largo plazopara la producción y el empleo del país.

� La pérdida de empleo que se puedaproducir en los sectores más amenaza-dos, como son la construcción y las in-dustrias de bajo valor añadido, deberárecuperarse con la transformación denuestro modelo productivo.

� Nos seguimos encontrando ante unmercado laboral claramente segmen-tado, como veremos en los siguientesapartados, en el que persisten las dife-rencias y discriminaciones entre trabaja-dores en función del género, la nacio-nalidad o la edad.

� Aún queda mucho camino por reco-rrer en el ámbito de la calidad, la seguri-dad y la estabilidad en el empleo, segúnse puede analizar a continuación.

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Entre los principales problemas del mer-cado laboral español, y que afectan a lacalidad del empleo, se encuentran laselevadas tasas de temporalidad en lacontratación. La tasa de temporalidadespañola es la más alta de nuestro en-torno, duplicando los valores europeos(según Eurostat, en promedio, para elaño 2006, un 34% en España frente a16,7% de la zona euro y 14,9% de laUnión Europea).

El número de trabajadores temporales enEspaña se elevó desde los 3,5 millonesde 1998 hasta los casi 5,6 millones de2006. En estas circunstancias de ele-vada temporalidad, junto a otras debili-dades de nuestro mercado de trabajo,se decidió, en el marco de proceso dediálogo social, la firma del Acuerdo parala Mejora del Crecimiento y el Empleo(AMCE), el 9 de mayo de 2006.

El AMCE entró en vigor el 1 de julio de2006. Desde entonces, las cifras señalanque la temporalidad del mercado de tra-bajo español muestra un claro descenso,impulsado por la aplicación del AMCE.

De 5,5 millones de temporales en el se-gundo trimestre de 2006 desciende a5,3 millones en el tercer trimestre de2007 y la tasa de temporalidad pasa del34,4% al 31,9% entre ambos trimestres.

• En el periodo de julio de 2006 a sep-tiembre de 2007, la contratación in-definida ha crecido cerca de un 30%más que en el mismo periodo del ejer-cicio anterior. Destaca la contrataciónindefinida ordinaria, que se incre-mentó un 41,6%, con los niveles másaltos a partir de enero de 2007. Porsu parte, la conversión de contratostemporales a indefinidos aumentó un26,7% y los contratos de fomento dela contratación indefinida crecieron un15,4%. La contratación temporal sóloaumentó un 0,2%.

• La tasa de temporalidad ha descen-dido para ambos géneros: en el casode los hombres pasa del 32,2% antesdel AMCE al 30,9% en el tercer tri-mestre de 2007; y en las mujeres caeen mayor medida, del 37,3% al 33,3%en el mismo periodo.

• Se produce una reducción de la tasade temporalidad entre los menores de30 años.

• Entre 2006 y 2007 (hasta septiembre),en el sector privado, la tasa de tem-poralidad ha pasado al 35,8% al33,2%. En el público, se ha reducidodel 26,2% al 25,8%.

• En esas mismas fechas, se produceuna reducción de la temporalidad entodos los sectores, excepto en agri-cultura y ganadería, minería y educa-ción. Destaca el descenso en lapesca, hostelería, construcción y ser-vicios empresariales.

PROPUESTAS DE UGT

� UGT valora los resultados logradoshasta ahora y confía en que los frutosdel AMCE se consoliden, impulsando lacultura de la contratación indefinida y lacalidad en el empleo, eliminando así al-gunas de las debilidades estructuralesde nuestro mercado de trabajo. Para elloes necesario que:

– Las empresas entiendan que el empleoestable es decisivo para lograr una me-jora de la productividad y la competiti-vidad y un crecimiento económicosostenible.

– Las políticas públicas mejoren la calidaddel empleo, aumentando la estabilidad,reduciendo la temporalidad e incremen-tando la transparencia y los derechos enlos procesos de subcontratación.

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4. MEJORA Y ESTABILIDADDEL MERCADO LABORAL

– La negociación colectiva asuma elpapel principal en este campo, en es-pecial en lo que se refiere a la limita-ción de la rotación de varios tra-bajadores para un mismo puesto detrabajo.

– La Inspección de Trabajo y SeguridadSocial cumpla con la vigilancia en lasáreas de seguridad y salud laboral, afi-

liación al sistema del Seguridad So-cial, igualdad, área de extranjería yempleo y relaciones laborales.

� Una parte fundamental del cumpli-miento de las medidas adoptadas es la in-tensificación de los servicios de la Ins-pección de Trabajo y Seguridad Social,mediante la modernización y el incrementode los recursos humanos y técnicos.

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Las negociaciones en materia demercado de trabajo partían del re-conocimiento de un doble y graveproblema instalado desde hacetiempo en nuestro país: el insufi-ciente volumen de empleo y el altonivel de temporalidad, que sobretodo afecta a las mujeres, los jóve-nes, los trabajadores de edad avan-zada, las personas con discapa-cidad y las de menor nivel educativoy menores cualificaciones profesio-nales. A lo que habría que añadir lasdeficiencias en educación y forma-ción, investigación e innovación y untejido industrial de insuficiente con-tenido tecnológico. Tras un procesode negociación que se prolongó du-rante más de un año, el 9 de mayode 2006 el Gobierno y las organiza-ciones empresariales y sindicales, fir-mamos el Acuerdo para la Mejoradel Crecimiento y el Empleo (AMCE).

Un acuerdo equilibrado —que secomplementa con la Ley Orgánicapara la Igualdad Efectiva de Mujeresy Hombres—, con medidas útilesencaminadas a corregir esos pro-blemas y que se trasladó de inme-diato a la norma, primero al RealDecreto Ley 5 /2006, de 9 de junio,tramitado después como proyectode Ley que dio lugar a la Ley43/2006, de 29 de diciembre.

El valor de este acuerdo es múltiple,por varias razones:

• Constituye un ejemplo del modelode relaciones laborales que propi-

cia el equilibrio normativo y la con-jugación de intereses entre laspartes y hace del diálogo social elmecanismo más idóneo para se-guir avanzando en la mejora denuestro mercado de trabajo.

• Es una clara apuesta por la cali-dad en el empleo, la mejora de laprotección de los trabajadores yel cumplimiento de las normas la-borales.

• Tiene como objetivo corregir losproblemas más graves de nues-tro mercado de trabajo, espe-cialmente el de la temporalidad,para lo cual se impulsa y protegela estabilidad en el empleo y semejora la regulación de la con-tratación temporal.

Por primera vez, aparece limitadala sucesiva contratación temporalen una doble vertiente: la queafecta al trabajador, reiteradamentecontratado de forma temporal, y laque afecta al puesto de trabajo, rei-teradamente cubierto con trabaja-dores a los que se contrata de for-ma temporal.

En los procesos de subcontrataciónse introduce una mayor transparen-cia, gracias a los nuevos mecanis-mos de información y control de lostrabajadores y sus representantes.También se ha visto mejorada la re-gulación de la cesión ilegal de traba-jadores al incluir en la norma, deforma expresa, una serie de supues-tos que los Tribunales venían consi-derando claramente prohibidos.

Se han establecido compromisos,con plazos, para mejorar los servi-cios públicos de empleo, las políti-cas activas y la intermediación.

En materia de protección por des-empleo, las medidas se han cen-trado en mejorar la situación dequienes estaban más desprotegi-dos (mayores de 45 años, fijos dis-continuos, trabajadores agrícolas,perceptores de la Renta Activa deInserción y socios temporales decooperativas). Además, se ha mejo-rado el campo de protección quepresta el FOGASA a los trabajado-res, tanto por la vía de incrementarlas cantidades garantizadas comopor la de ampliar los supuestos cu-biertos por dicho Fondo, que senutre con las aportaciones de losempresarios.

El fortalecimiento de la Inspecciónde Trabajo y Seguridad Social hasido, asimismo, un objetivo com-partido que pasa por la necesidadde que cuente con mayores me-dios humanos, técnicos y materia-les, con la realización de campañasprogramadas para controlar el em-pleo y las relaciones laborales ycon la creación de órganos de con-sulta tripartitos en el ámbito del Es-tado y en el de las ComunidadesAutónomas, con participación delos interlocutores sociales, para de-batir los objetivos y programas dela Inspección más adecuados encada momento.

EL ACUERDO PARA LA MEJORA DELCRECIMIENTO Y DEL EMPLEO (AMCE)

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Muy probablemente, la presente legislaturapuede calificarse, desde una dimensión po-lítica, como la más activa en la promoción

de iniciativas de progreso social y, desde una óptica so-cial, como la más fecunda en los resultados alcanza-dos. La legislatura se ha caracterizado, en suma, porun especial activismo normativo en materia sociolabo-ral. Lo ha sido, desde luego, en un sentido meramentecuantitativo, dado el elevado número de disposicioneslegales y reglamentarias adoptadas. Pero ese activismopuede y debe enjuiciarse, sobre todo, en un plano cua-litativo, ya que durante la misma se han aprobado nor-mas de una enorme relevancia social y laboral enmaterias tales como la igualdad efectiva de mujeres yhombres, la mejora del crecimiento y del empleo, laatención a las personas en situación de dependencia, eltrabajo autónomo, el salario mínimo interprofesional ola reforma del sistema de protección social.

Pero este notable activismo normativo es, en su prácticaintegridad, tributario del que, sin margen para la duda,puede calificarse como el acontecimiento político-socialmás relevante de la legislatura: la Declaración sobre“Competitividad, empleo estable y cohesión social”, tam-bién intitulada Declaración para el diálogo social 2004 porlas partes signatarias, que lo fueron, de un lado, el Go-bierno, y, de otro, las organizaciones sindicales (UGT,CCOO) y las asociaciones empresariales (CEOE yCEPYME) más representativas de ámbito nacional.

A la “Declaración” se debe el mérito de haber inaugu-rado una nueva y brillante fase de concertación so-cial; de haber incorporado al sistema español derelaciones laborales una nueva generación de instru-mentos derivados del diálogo social tripartito, cuyafunción consiste en programar los tratos cooperativosentre el gobierno y los interlocutores sociales a fin depoder alcanzar, en las materias o áreas previamenteidentificadas y de conformidad con los criterios bási-cos igualmente preestablecidos, acuerdos sociopolí-ticos. Hasta la firma de la “Declaración”, gobierno einterlocutores sociales habían venido manteniendouna sustancial libertad a la hora de abrir o no el tratocooperativo y de seleccionar las materias objeto de laconcertación. La “Declaración” modifica la lógicahasta entonces imperante, introduciendo otra distintacaracterizada por el dato de que la unidad y autono-mía de la concertación misma ya no la ofrece cadaproceso, sino el conjunto de procesos negociadoresprogramados. Tras la firma de la “Declaración”, el diá-logo social tripartito ha pasado a configurarse comoun proceso abierto, que no vence ni expira con cadaacuerdo o desacuerdo, sino que se prolonga y per-dura, más allá de sus concretas vicisitudes, hasta quelas partes firmantes no den por agotado el programade concertación social convenido. Con ello y en defi-nitiva, el diálogo social tripartito ha pasado a erigirse,en la presente legislatura, en el método de gobiernode los intereses sociolaborales.

Diálogo Gobierno-empresarios-sindicatos:un eje de progreso social

Fernando Valdés Dal-RéCatedrático de Derecho del Trabajo. UCM

El programa de diálogo social tripartito formulado en la“Declaración” fue, desde un punto de vista cuantitativo,de una notable ambición. Y, desde una óptica cualita-tiva, los temas deferidos a la concertación ocupaban,todos ellos, una posición de máxima centralidad social yeconómica. En concreto, las materias objeto del diálogosocial tripartito promovido por y desde la “Declaración”fueron trece, comprensivas de la práctica totalidad delas áreas de interés sindical, entre otras y por citar al-gunas significativas la economía y el empleo, la políticaindustrial y el modelo energético, la protección social ylos servicios públicos, los derechos de participación delos trabajadores, la solución extrajudicial de conflictos la-borales o la responsabilidad social de las empresas.

Desde la firma de la “Declaración” hasta la fecha deconclusión de la legislatura, la actividad negociadoradesarrollada por las partes firmantes ha sido tan intensacomo extensa, arrojando un balance excepcional, al ha-berse agotado el entero programa de concertación pac-tado. El número de acuerdos sociales suscritos seaproxima a las dos docenas, buena parte de los cualesha plasmado en una norma, legal o reglamentaria. Sinpretensión de exhaustividad, pueden citarse los acuer-dos sobre: desarrollo de los derechos laborales de losextranjeros; formación profesional para el empleo; des-arrollo y modernización de los sectores industriales (ob-servatorios sectoriales); incremento de la cuantía delSMI y racionalización de su regulación; servicios de pre-vención; fundación para la prevención de riesgos labo-rales; objetivos y necesidades de la Comisión Consul-tiva Nacional de Convenios Colectivos; habilitación a losconvenios colectivos para establecer cláusulas de jubi-lación obligatoria por objetivos coherentes de empleo;extensión de convenios colectivos; solución extrajudi-cial de conflictos laborales; revalorización de pensionesmínimas; acción protectora de atención a las situacio-nes de dependencia; ampliación del plazo de adapta-ción de las comisiones de control de los planes depensiones; declaración en relación con la responsabili-dad social de las empresas; implantación de un sistemade información de los servicios públicos de empleo;plan estratégico de infraestructuras y transportes; nuevalista de enfermedades profesionales y nueva tarifa deaccidentes de trabajo y enfermedades profesionales;ordenación jurídica del trabajado autónomo; derechosde información y consulta de los trabajadores; estrate-

gia española de seguridad y salud en el trabajo o, enfin, en materia de Seguridad Social. Además de ello,también cabe citar el acuerdo social impropio o bilate-ral, alcanzado exclusivamente por el gobierno y las or-ganizaciones sindicales, sobre los derechos laborales yde seguridad social en materia de igualdad entre hom-bres y mujeres.

En fecha 9 de mayo del 2006 y dentro del marco de la“Declaración”, se suscribió el acuerdo “para la mejoradel crecimiento y del empleo” (AMCE). El AMCE con-creta y da forma al que es dable calificar como el com-promiso políticamente más delicado y socialmente másesperado de cuantos fueron asumidos en las fasesmás germinales de la negociación de la “Declaración”misma. A lo largo de su contenido, luego dotado de lamáxima eficacia jurídica a través de la Ley 43/2006, seincorpora un núcleo de disposiciones destinadas a in-centivar las oportunidades de empleo, a mejorar la ca-lidad en el empleo y a combatir la temporalidad nojustificada, tales como las relativas a la fijación de lími-tes temporales al encadenamiento de contratos tem-porales, la supresión del contrato de inserción, lapotenciación del elemento formativo en los contratospara la formación, el impulso del contrato para el fo-mento de la contratación indefinida, el establecimientode un nuevo sistema de bonificaciones para la incenti-vación de los contratos de duración indefinida, la re-ducción de las cotizaciones empresariales, la am-pliación de los derechos de información de los repre-sentantes de los trabajadores en los supuestos de ce-lebración, por una empresa, de contratos de prestaciónde obras y servicios, la redefinición de la cesión ilegalde trabajadores, el refuerzo de los efectivos y mediostécnicos y materiales de la Inspección de Trabajo, lasreformas del sistema de protección por desempleo, lamejora de las prestaciones del FOGASA y la disminu-ción de su cuota y, en fin, la modernización de los ser-vicios públicos de empleo. Pero por encima de estosresultados, el AMCE ha logrado lo que no consiguió elacuerdo social de 1997, de formato similar, ni la re-forma unilateral adoptada por el gobierno popular delaño 2002 (y, por cierto, luego declarada inconstitucio-nal por el Tribunal Constitucional); a saber: cambiar al-gunas reglas de juego de la contratación temporal sinreducir el coste del despido. Ni del disciplinario ni delobjetivo; de ninguno.

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Es una realidad que el volumen de em-pleo creado en España, como hemosvisto, constituye un ejemplo para otraseconomías europeas. Sin embargo, noes menos cierto que las cifras globalesimpiden analizar con detalle el funcio-namiento de un mercado de trabajo cla-ramente segmentado. Al estudiar losdatos, se observan deficiencias estruc-turales en el mercado laboral español;especialmente se encuentra una escasainserción y calidad en el empleo en elcaso de las mujeres, los jóvenes, lostrabajadores discriminados por su ori-gen, raza o etnia y las personas con dis-capacidad.

MUJERES

La posición de la mujer en el mercado la-boral español es una de las profundasdebilidades que afectan al mercado detrabajo y a la calidad del empleo ennuestro país. Las cifras indican una ten-

dencia positiva de la integración laboralde las mujeres en los últimos años, aun-que también señalan una persistencia delas diferencias por género:

• Existe una fuerte integración de loshombres en el mercado laboral, conuna tasa de actividad promedio en2007 del 69,3%, más de 20,5 puntossuperior a la tasa de actividad feme-nina (48,8%). Desde 2001 esta bre-cha entre hombres y mujeres se hareducido más de 5 puntos.

• Fiel reflejo del comportamiento de lastasas de actividad son las tasas deempleo. En 2007, la tasa de empleomasculina se situó en una media del65%, mientras la femenina (43,5%) sealejaba una distancia de 21,5 puntos.En los tres últimos años, la tasa deempleo femenina ha aumentado másde 5 puntos porcentuales, mientras lamasculina lo ha hecho sólo 2,5. Estoha permitido reducir la diferencia.

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5. IGUALDAD EN EL MERCADODE TRABAJO

• La Ley de Igualdad ha supuesto sinduda un avance importante en la co-rrección de las desigualdades que su-fren las mujeres con respecto a loshombres en el empleo, incorporandonuevos derechos y mejorando algu-nos de los que ya existían. Sin em-bargo, existen materias pendientes dedesarrollo reglamentario en la misma(partos prematuros, marca de igual-dad, informes periódicos sobre las ac-tuaciones del Gobierno sobre efecti-vidad del principio de igualdad entremujeres y hombres, indicadores paradesarrollar los informes sobre impactode género que obligatoriamente de-ben acompañar a todas las leyes,etc.). Asimismo, es necesario el desa-rrollo reglamentario de indicadoresque sirvan para evaluar la negociacióncolectiva en materia de igualdad deoportunidades entre mujeres y hom-bres, así como los planes de igualdadde las empresas.

• La brecha salarial existente entre mu-jeres y hombres, basada fundamen-talmente en una infravaloración deltrabajo femenino, continúa amplián-dose, situándose en algunos sectoresy Comunidades Autónomas en tornoal 40% (de las más altas de la UE), porlo que serán precisas medidas deapoyo a la negociación colectiva queimpulsen a la igualdad salarial entremujeres y hombres para eliminar unade las mayores discriminaciones quesufren las mujeres en el empleo.

• El peso de las mujeres en el total depersonas empleadas pasa del 39,2%

en 2004 al 41% en 2007, pero el pesode las mujeres en el total de desemplea-dos se mantiene invariable en un 56%.

• La tasa de paro femenina ha mos-trado un buen comportamiento en losúltimos tres años, descendiendo 4,2puntos porcentuales desde 2004,aunque prácticamente duplica la mas-culina: 6,2% en los hombres —técni-camente casi pleno empleo—, frentea un 10,8% en las mujeres.

• La tasa de temporalidad femenina esligeramente superior a la masculina.De cada 100 mujeres asalariadas, 33tienen un contrato temporal, mientrasen el caso de los hombres el valor nollega a 31. En 2004, la tasa de tem-poralidad femenina alcanzaba un35,2%, dos puntos más que ahora, loque muestra la contribución delAMCE.

• El salario medio anual femenino (quefue de 13.497 euros en 2006, segúnla Agencia Tributaria) supuso el 70%del masculino (19.314 euros). Estabrecha salarial no ha experimentadograndes cambios desde 2001.

Las escasas posibilidades de conciliar lavida profesional y personal debido, porun lado, a la ausencia, hasta ahora, depolíticas de conciliación eficaces y ade-cuadas y, por otro lado, al reparto des-equilibrado entre hombres y mujeres enla atención de las responsabilidades fa-miliares, se unen a una discriminación ydesigualdad salarial, a una mayor tasa detemporalidad femenina, de desempleo yde precariedad laboral, que contribuyendecisivamente a la segmentación y a labaja calidad del empleo en nuestro mer-cado de trabajo.

Esta situación ha dado lugar a la adop-ción de medidas que intentan corregirlas desigualdades y discriminacionesque todavía persisten. La Ley Orgánica3/2007, de 22 de marzo, para la Igual-dad Efectiva de Mujeres y Hombres vaencaminada a lograr este objetivo.

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En marzo de 2007 se promulgó laLey Orgánica para la Igualdad Efec-tiva de Mujeres y hombres. Esta Ley,cuyo objetivo fundamental es la re-gulación e implantación de dere-chos y medidas en el ámbito de laigualdad entre mujeres y hombres,especialmente en el ámbito laboral,recoge muchas de las reivindicacio-nes que UGT venía planteandodesde hace años, para intentar co-rregir desigualdades y discrimina-ciones, puesto que:

• aborda de forma transversal elprincipio de igualdad de oportu-nidades entre hombres y mujeresen todas las esferas de la vida:educación, política, sanidad, em-pleo y seguridad social, acceso abienes y servicios, etc.,

• supone mejoras de la normativalaboral y de protección social,

• reconoce nuevos derechos indi-viduales para los trabajadores,

• reconoce nuevos derechos enmateria de negociación colectiva.

Son numerosas las medidas introdu-cidas, así como la mejora de dere-chos ya existentes y la introducciónde otros nuevos. Cabe destacar:

MATERNIDAD

• El derecho a disfrutar de un per-miso retribuido por la SeguridadSocial se ha visto ampliado a 2semanas en caso de nacimiento,adopción o acogida de hijos ohijas con discapacidad.

• En los casos de parto, cuando lamadre trabajadora no tenga elperiodo de cotización suficientepara acceder a la prestación,tendrá derecho a un subsidio por42 días (6 semanas), con unacuantía equivalente al 100% delIPREM, previsto en cada mo-mento.

• Además, se flexibilizan los requisi-tos de cotización previa, contem-plando distintos supuestos enatención a la edad de la madre:

– madres menores de 21 años,no se exige cotización previaalguna;

– madres entre 21 y 26 años, seexigen 90 días cotizados en los7 años anteriores al naci-miento, adopción o acogida, o180 días en toda la vida laboral;

– madres mayores de 26 años,se exigen 180 días cotizados enlos 7 años anteriores al naci-miento, adopción o acogida o360 días en toda la vida laboral.

PATERNIDAD

Se ha establecido un nuevo dere-cho para los padres trabajadores,por cuenta ajena, propia o autóno-mos, quienes tendrán derecho adisfrutar:

• En los casos de nacimiento,adopción o acogimiento de hijos,de un permiso retribuido por laSeguridad Social de 13 días inin-terrumpidos, ampliables en 2días más por cada hijo, a partirdel segundo, en caso de naci-miento, adopción o acogimientomúltiple. Este permiso es inde-pendiente del que pudiera disfru-tar por cesión de parte delpermiso de maternidad.

• Durante el disfrute del permiso, eltrabajador recibirá una presta-ción económica retribuida por laSeguridad Social, equivalente al100% de su base reguladora co-rrespondiente.

• Para acceder a la prestación seexige tener cotizados 180 días enlos 7 años anteriores a la fechadel nacimiento, adopción o aco-gimiento, o 360 días en toda lavida laboral.

CONCILIACIÓN DE LA VIDAPERSONAL, LABORALY FAMILIAR

Se reconoce el derecho de los tra-bajadores a la conciliación de la vidapersonal, familiar y laboral en los tér-

minos que establezca la negocia-ción colectiva o en el acuerdo conla empresa.

Las reformas legales, por su parte,han introducido mejoras en los per-misos retribuidos, vacaciones, re-ducción de jornada por guardalegal, excedencia por cuidado dehijos e hijas, excedencia por cui-dado de familiares, incremento enlas cotizaciones y excedencia vo-luntaria.

También se han producido mejorasen las condiciones laborales, am-pliándose los supuestos de nulidaddel despido de los trabajadores du-rante la suspensión del contrato detrabajo por maternidad, paternidad,riesgo por embarazo, riesgo porlactancia natural, enfermedadescausadas por embarazo, parto olactancia natural, mujeres víctimasde violencia de género durante elejercicio de sus derechos de pro-tección y el de los trabajadoresdespués de haberse reintegrado altrabajo al finalizar la suspensión delcontrato por maternidad, paterni-dad, adopción o acogimiento du-rante los nueve meses siguientes aaquel en que se produjo la sus-pensión.

PLANES DE IGUALDAD

En el ámbito de la negociación co-lectiva, se ha establecido el “deberde negociar” medidas en materiade igualdad de trato y oportunida-des entre mujeres y hombres y pla-nes de igualdad en las empresas demás de 250 trabajadores. Planesde Igualdad que vienen definidoscomo “un conjunto ordenado demedidas, adoptadas después derealizar un diagnóstico de situación,tendentes a alcanzar en la empresala igualdad de trato y de oportuni-dades entre mujeres y hombres, ya eliminar la discriminación porrazón de sexo”.

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LA LEY DE IGUALDAD

JÓVENES

Los jóvenes afrontan también dificulta-des de acceso al trabajo y de precarie-dad en las condiciones laborales. En2007, la tasa de paro de los menores de25 años se situaba en un 18%. Se tratade un nivel elevado, aunque el porcen-taje es 4 puntos menor que en el año2004. En cuanto a la tasa de empleoentre los menores de 25 años, ésta seincrementó 5 puntos entre 2004 y 2007,llegando al 43,3%.

El problema más serio que sufre este co-lectivo de asalariados es la alta tempo-ralidad en la contratación. En 2006, decada 100 asalariados menores de 20años, 82 eran temporales. Este porcen-taje ha bajado en 2007 a 80. Para los jó-venes de 20 a 24 años, la tasa en 2006era del 62,4% y en 2007 desciendehasta casi el 59%; entre los de 25 y 29años, del 46,5% en 2006 y del 44,1% en2007. A partir de los 30 años se alcan-zan valores inferiores a la tasa media.Estas cifras indican que el AMCE pareceestar contribuyendo a reducir la tempo-ralidad entre los jóvenes.

A medida que aumenta el tramo deedad, desciende la tasa de temporali-dad, aunque un contrato temporal no re-presenta una vía de acceso al trabajoque finaliza en un contrato indefinido enun plazo relativamente breve de tiempo.El 22% del total de asalariados tempora-les tiene menos de 25 años, pero másde la mitad se encuentra en el tramo depoblación entre los 25 y 39 años. En esteámbito, el AMCE está permitiendo unamayor estabilidad de los trabajadoresque, superada la primera etapa de su ju-ventud, ya poseen experiencia laboral.

INMIGRANTES

La diversidad de origen es una más delas caracterísitcas de la sociedad espa-ñola. Cerca del 9,9% de la poblacióntiene nacionalidad extranjera. Esta di-versidad se refleja en el mercado de

trabajo, con un 14,4% de extranjerosen el total de la población activa. El ori-gen marca diferencias en las caracte-rísticas del empleo, tanto entre las dife-rentes nacionalidades, como con lostrabajadores españoles. A las diferen-cias entre las tasas de actividad (76%en el caso de los extranjeros y 56,6%en los trabajadores españoles), y de paro(11,78% en la población trabajadora ex-tranjera y 7,40% en la española), pode-mos añadir otras, como la mayor con-centración de los extranjeros no comu-nitarios en los regímenes especiales deseguridad social de servicio domésticoy agrícola.

La reciente incorporación de Rumanía yBulgaria a la Unión Europea, y su con-sideración como países de la Unión Eu-ropea a efectos estadísticos, nos sirvede ejemplo para concluir que no des-aparecen las diferencias y dificultadesen materia de inserción laboral de quie-nes ingresaron en el mercado de trabajoespañol como trabajadores inmigrantesy hoy son ciudadanos europeos o es-pañoles. Si en diciembre de 2006 el 1%de los afiliados nacionales de la UniónEuropea se encontraban en el RégimenEspecial de Empleados de Hogar, ennoviembre de 2007, tras la incorpora-ción de Rumanía y Bulgaria, el porcen-taje, mayoritariamente mujeres, se elevaal 4%.

Pero la necesidad de avanzar en laigualdad de trato y oportunidades no esaplicable sólo al mercado de trabajo. Lapoblación de origen o nacionalidad dis-tinto del español forma parte de estasociedad, y las Administraciones Públi-cas han de favorecer la integración y laigualdad de derechos. Además del tra-bajo, uno de los principales factores deintegración es la vida en familia, dere-cho que en el caso de los trabajadoresno comunitarios está sometida a unprocedimiento administrativo especí-fico, en ocasiones obstaculizado porlas demoras de la Administración o lafalta de homogeneidad en los requisi-tos exigidos.

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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Conforme se desprende de los datos dela Encuesta sobre Discapacidades, Defi-ciencias y Estado de Salud de 1999 (úl-tima encuesta disponible), en númerosabsolutos, la población con discapaci-dad en edad laboral asciende a1.300.000 personas, de las cuales un28,7% (373.000) manifiestan un gradode severidad tal, que considerarían sudiscapacidad como absoluta para poderrealizar ningún tipo de actividad laboral.Aproximadamente, un 33% se encuen-tra en situación activa, frente a un 70%del resto de población sin discapacidad.

Por contra, las diferencias entre mujeresy hombres en cuanto a tasas de activi-dad, ocupación y paro que se observanen la población general, son comunes alas personas con discapacidades.

PROPUESTAS DE UGT

El mercado de trabajo español ha con-seguido en pocos años una notabletransformación, hecho que ha contri-buido al objetivo económico de plenoempleo. Sin embargo, el logro de “másempleo”, convive con una falta de cali-dad del mismo, que perjudica sobre todoa mujeres, inmigrantes, jóvenes y perso-nas con discapacidad.

Esto se traduce en una serie de fenóme-nos que afectan a los trabajadores indi-vidualmente y a la sociedad en suconjunto, entre ellos: dificultad de acce-der al trabajo para algunos grupos detrabajadores; excesiva temporalidad enla contratación; precariedad, inseguridade inestabilidad; bajos salarios; horariosinterminables; imposibilidad de compa-ginar la vida personal y profesional; faltade interés de la empresa en la formaciónpermanente de sus trabajadores; sinies-tralidad laboral, ausencia de seguridad ysalud en el trabajo; discriminaciones ydesigualdades laborales, profesionales ysalariales, etc.

Para seguir mejorando las condicioneslaborales de los trabajadores, UGT pro-pone que:

� Las políticas de empleo se encaminenhacia el crecimiento del empleo y tam-bién de su calidad, mejorando las condi-ciones laborales de todos los trabaja-dores, con especial consideración a losmenos representados y más discrimina-dos en el mercado de trabajo, como sonlas mujeres, los jóvenes, los inmigrantesy las personas con discapacidad.

� Las medidas de política del mercado detrabajo en España deben ser coherentescon la situación laboral y económica delpaís. Es necesario complementar las polí-ticas que protegen las situaciones de pér-dida de empleo y que conceden subsidioscomo compensación, con políticas activasde empleo. Estas últimas deben incluir,además de la generación de empleo, lamejora de la calidad de las condiciones la-borales, prestando especial atención a laformación a lo largo de la vida laboral.

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� La puesta en marcha de medidascomo las contempladas en la Ley deIgualdad, el AMCE, el nuevo reglamentode extranjería y la Ley de Dependencia,la Estrategia Global de Acción para elEmpleo de las Personas con Discapaci-dad, entre otras, constituye un avancerespecto a periodos anteriores, pues tra-tan de dar solución a problemas concre-tos de nuestro mercado de trabajo (laigualdad, la estabilidad, la conciliación,entre otros). Sin embargo, no hay que ol-vidar que la efectividad de estas medi-das adoptadas, que buscan profundoscambios sociales y económicos, exigerecursos económicos, materiales y hu-manos que van más allá de un solo ejer-cicio presupuestario.

� La política de inmigración laboral, hade ser una política integral en la que seintegren además de los procedimientosde regulación de flujos, tratados hastaahora de manera tripartita, todos losaspectos de la inserción sociolaboralde los trabajadores de origen o nacio-nalidad no comunitaria que ya formanparte de nuestro mercado de trabajo.

Igualmente, se debe garantizar el dere-cho a vivir en familia de los trabajadoresno comunitarios, como un elementofundamental del proceso de inte-gración.

� Asimismo, las políticas de mercadode trabajo deben formar parte de una es-trategia global que trate de mejorar elmodelo productivo español y su modelosocial. Se necesitan más recursos paralas políticas activas de empleo, quedeben estar acompañadas por más re-cursos para educación, servicios socia-les, innovación y sociedad del conoci-miento.

� La promulgación de una Ley Generalpara el Empleo deberá renovar la nor-mativa obsoleta de las políticas activas,prestigiar y legitimar los Servicios Públi-cos de Empleo, con recursos humanos ytécnicos que presten servicios adecua-dos a los trabajadores en el desarrollo desu carrera profesional (tanto en activo,como en desempleo), y coordinar la ac-tuación de todos ellos para una mayoreficacia en el mercado de trabajo.

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SALARIO MÍNIMOINTERPROFESIONAL (SMI)

Para la mayor parte de los trabajadoresel salario constituye su única fuente derenta. Esto implica que los salarios tie-nen un papel principal en la calidad devida de las personas y un peso impor-tante en la economía. Actualmente, haycierto consenso sobre la existencia de unsalario mínimo, pues conlleva asociadosbeneficios sociales y económicos:

• La reducción de la brecha salarialentre hombres y mujeres, y entre otroscolectivos en riesgo de exclusión.

• La cohesión del mercado de trabajo yun reparto más equitativo de la renta.

• La mejora de la calidad en el trabajo yde la productividad.

• El impulso del consumo y de la eco-nomía, evitando las recesiones eco-nómicas.

En la evolución reciente del SMI en Es-paña, se observan dos etapas clara-mente diferenciadas y que se puedenanalizar mediante dos indicadores: elpoder de compra y el salario medio neto.

Por un lado, en términos de poder decompra: entre 2001 y 2003, el poder decompra del SMI se rebajó en 3,9 puntos.A partir de la segunda mitad del año2004, el salario mínimo empieza a recu-perar el poder adquisitivo perdido. En2007, la capacidad de compra del SMIestá 7,1 puntos porcentuales por encimade la que tenía en el año 2000.

Por otro lado, en términos de salariomedio neto: en el año 2000 el SMI su-ponía el 40,3% del salario medio neto yen 2003 la proporción se había reducidohasta el 38,3%. Esta evolución se inviertea partir del año 2004 y, desde entonces,

el salario mínimo gana peso sobre el sa-lario medio, llegando a representar el43% en enero de 2008.

La legislatura termina con el SMI en 600euros mensuales, por 14 pagas, tal ycomo se estableció en el programa elec-toral socialista, situándose en los nivelesmedios de la Europa ampliada.

PROPUESTAS DE UGT

� La presente legislatura ha constituidouna experiencia positiva al haber recu-perado parte del poder adquisitivo per-dido por el SMI en años anteriores. Sinembargo, persisten aún notables dife-rencias: primero, el SMI sigue estandomuy por debajo del 60% del salariomedio neto, tal y como recomienda laCarta Social Europea suscrita por Es-

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6. SALARIO MÍNIMOINTERPROFESIONAL E IPREM

paña; y segundo, el SMI mantiene im-portantes distancias con sus equivalen-tes de la Unión Europea de los 15.

� A la luz de la buena experiencia eneste último periodo legislativo, los sindi-catos hemos propuesto que al final delperiodo 2009-2016 el SMI represente el60% del salario medio neto (en torno a1.111 euros). Esta cuantía permitirá apro-ximarse a los salarios mínimos existentesen la Unión Europea de los 15.

� Para lograr el objetivo que plantea-mos, el salario mínimo deberá creceranualmente un 8% entre 2009 y 2016,bajo el supuesto de que el salario mediocrece a un ritmo anual del 3,6%. De estaforma, en el escenario inmediato 2009--2012, se podrá alcanzar un SMI de 817euros, lo que representa un 50,8% delsalario medio neto.

� Por último está pendiente de cumpli-miento el compromiso acordado en di-ciembre de 2004 de establecer unsistema de revisión del SMI que evite supérdida de poder adquisitivo, una vez al-canzado el objetivo del 60 por ciento delsalario medio neto.

INDICADOR PÚBLICO DE RENTASDE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)

El IPREM se creó en 2004 en el marcodel diálogo social con el fin de que el SMIrecuperara su función como retribuciónsalarial mínima. El IPREM se utiliza desdeentonces como referencia del nivel derenta y sirve para determinar la cuantíade determinadas prestaciones o para ac-ceder a determinados beneficios o servi-cios públicos, en sustitución del SMI,que hasta el 1 de julio de 2004 veníadesempeñando esta función.

El IPREM se ha visto actualizado desdesu creación en 2004 en varias ocasiones,además de haber sido revalorizada sucuantía en línea con la subida del SMI enel momento de la desvinculación deambos. En las dos primeras ocasiones,en enero de 2005 y en enero de 2006,se revalorizó en la cuantía equivalente alobjetivo previsto de inflación del 2%. Latercera revalorización, en enero de 2007,sumó al objetivo de inflación para 2007,la diferencia entre el IPC previsto para2005 y 2006, y la inflación real en esosdos años. Así, el IPREM experimentó unincremento del 4,2%.

Entre julio de 2004 y enero de 2008, elIPREM ha crecido un 12,5%. La coyun-tura económica y el comportamiento delos precios en el presente ejercicio y enlos precedentes no parece avalar unaprevisión u objetivo de inflación para elaño 2008 del 2%, con las consecuenciasnegativas que la depreciación del citadoindicador tendría en la protección socialpor desempleo. La reivindicación sindi-cal para evitar que el IPREM pierdapoder adquisitivo en 2007 ha sido re-suelta por el Gobierno con un aumentodel 3,5%. De este modo, el IPREM se si-tuaría en enero de 2008 en 516,17 euros/mes. Esto supone un incremento quepermitiría recuperar el poder adquisitivodel periodo.

PROPUESTA DE UGT

� Establecer un método de actualiza-ción del IPREM que mantenga el valorreal del indicador a lo largo del tiempo.Para ello, el mecanismo de actualizacióndel IPREM deberá incorporar una cláu-sula de actualización anual similar a laque se aplica a las pensiones públicas.

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Desde la aprobación de la DirectivaMarco sobre Salud y Seguridad en elTrabajo, en la Unión Europea, en gene-ral, y en nuestro país, en particular, seha desarrollado una actividad legislativay administrativa tendente a abordar laprotección de la salud de los trabaja-dores para atajar la siniestralidad y susconsecuencias. Sin embargo, los re-sultados obtenidos son todavía in-suficientes.

Hasta ahora, las políticas públicas nohan conseguido un cambio en la culturaempresarial, que sigue externalizando laproducción hacia empresas más baratasy menos exigentes en materia de pre-vención.

En España, como en toda Europa, aun-que aquí con más intensidad, la implan-tación generalizada de la subcontrata-ción, las empresas de trabajo temporal yel trabajo autónomo para realizar activi-dades tradicionalmente realizados por laplantilla, son características que influyenen la deficiente prevención en las em-presas y en los actuales resultados de si-niestralidad.

La Mesa de Diálogo Social sobre Pre-vención de Riesgos Laborales ha dadobuenos resultados. Aunque todavía nose puede hablar de datos significativosen la reducción de los accidentes de tra-bajo, sí se puede ver un cambio de ten-dencia, tanto en los índices de incidenciacomo en los valores absolutos, desta-cando la disminución de los accidentesmortales. En los diez primeros meses de2007, hubo 109 accidentes mortalesmenos en jornada de trabajo, un 13,2%menos que el mismo periodo del año2006. Esta situación no es casual, esfruto del trabajo continuado a lo largo delos últimos años, de la búsqueda delconsenso en las mesas de diálogo socialy de la mayor colaboración de los dife-rentes poderes públicos.

En este marco surgen la Estrategia Es-pañola de Seguridad y Salud en el Tra-bajo para el periodo 2007 a 2012 y elPlan de acción para el impulso y la eje-cución de la Estrategia en el periodo julio2007-abril 2008.

Los objetivos generales de la Estrategiade Seguridad y Salud son:

• Mejorar continua y progresivamentelas condiciones de seguridad y saluden el trabajo.

• Conseguir una reducción constante ysignificativa de la siniestralidad laboral yel acercamiento a los valores medios dela Unión Europea, tanto en lo que se re-fiere a los accidentes de trabajo como alas enfermedades profesionales.

En la mesa de diálogo social sobre Pre-vención de Riesgos Laborales se han fir-mado importantes acuerdos en el pe-riodo 2004-2007, entre los que destacanlos siguientes:

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7. SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO

Real Decreto 1299/2006 sobreEnfermedades ProfesionalesEste Real Decreto es uno de los Acuer-dos de mayor importancia desde la en-trada en vigor de la Ley de Prevenciónde Riesgos Laborales, pues actualizael cuadro de Enfermedades Profesio-nales, ajustándolo a la realidad actualdel trabajo, y estableciendo nuevosprocedimientos para iniciar el recono-cimiento de la enfermedad. Tambiénotorga la facultad al Sistema Público deSalud de intervenir respecto a la enfer-medad que puede ser calificada comoprofesional.

Fundación para la Prevenciónde Riesgos LaboralesEn febrero del 2005, la Mesa de Preven-ción de Riesgos Laborales acuerda que,dada su importancia en la tarea de ase-soramiento y apoyo a la prevención en laPYME, la Fundación para la Prevenciónde Riesgos Laborales incremente sulabor en las actuaciones vinculadas a lossectores de mayor siniestralidad.

Real Decreto 689/2005 por elque se habilitan los funcionariostécnicos de las ComunidadesAutónomasRegula el procedimiento para el desem-peño de estas nuevas tareas de colabo-ración con la Inspección de Trabajo ySeguridad Social, en materia de actua-ciones comprobatorias del cumplimientode las normas de prevención de riesgoslaborales.

Acuerdo sobre la estructuray funciones del Instituto Nacionalde la Seguridad e Higieneen el TrabajoSe reforma el Instituto Nacional de Se-guridad e Higiene en el Trabajo para do-tarlo de una mayor estructura organiza-tiva y funcional y de un nivel adecuadode recursos humanos y materiales, quegarantice el desarrollo eficaz y acordecon la misión y las responsabilidades quele encomienda la Ley de Prevención deRiesgos Laborales.

Real Decreto 688/2005,por el que se regula elfuncionamiento de las Mutuasde Trabajo y EnfermedadesProfesionales como Serviciode Prevención AjenoEste Real Decreto ha supuesto la sepa-ración, largamente reivindicada por UGT,de las actividades de las mutuas comoaseguradoras, de las que realizabancomo servicio de prevención, lo que hadado mayor transparencia al sistema.

Real Decreto 604/2006,por el que se modifica elReglamento de los Serviciosde PrevenciónIncluye importantes mejoras en cuantointegración de la prevención de riesgoslaborales en las empresas, la clarificaciónde criterios jurídicos, la mayor concreciónque evita la libre interpretación por partede los empresarios y profesionales de laprevención que, o bien conllevaba in-cumplimiento, o bien cumplimiento me-ramente formal de las normas. El objetivode la reforma es una verdadera preven-ción de riesgos laborales integrada en laestructura de la empresa, una disminu-ción de la siniestralidad, acabar con elfraude y el incumplimiento de la norma yhuir de cumplimientos meramente for-males o documentales que han perjudi-cado la creación de una verdadera cul-tura preventiva en España.

Ley 32/2006 reguladora de lasubcontratación en el sectorde la construcciónViene a luchar contra el exceso en lascadenas de subcontratación, especial-mente, en este sector ya que, ademásde no aportar ninguno de los elementospositivos desde el punto de vista de laeficiencia empresarial que se deriva dela mayor especialización y cualificaciónde los trabajadores, ocasiona, en nopocos casos, la participación de empre-sas sin una mínima estructura organiza-tiva que permita garantizar sus obliga-ciones de protección de la seguridad y lasalud de los trabajadores.

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El Fiscal Coordinadorde Siniestralidad Laboral y otrasactuaciones relativas a la JusticiaUGT valora muy positivamente que la Fis-calía General del Estado haya atendido unade nuestras principales reivindicaciones enmateria de prevención de riesgos labora-les: el nombramiento de un Fiscal Coordi-nador de Siniestralidad Laboral. Uno desus principales cometidos es impulsar po-líticas activas en la lucha contra la sinies-tralidad laboral, así como coordinar el fun-cionamiento de las distintas figuras simila-res creadas en algunas Comunidades Au-tónomas y dotar de medios necesarios pa-ra exigir el cumplimiento de la legislación,además de tener un importante carácterdisuasorio ante los incumplimientos de lalegislación por parte de los empresarios.

Real Decreto 597/2007, sobrePublicidad de las Sanciones porinfracciones muy graves en materiade Prevención de Riesgos LaboralesEsta es una medida especialmente eficazpara la consecución del objetivo funda-mental de la prevención de riesgos labo-rales, evitando la impunidad que permitela ocultación de los hechos delictivos.

PROPUESTAS DE UGT

La promulgación de una la Ley Integralde Siniestralidad, que contemple los si-guientes aspectos:

� Un único orden jurisdiccional, el so-cial, para dar respuesta unitaria, rá-pida y eficaz a las víctimas.

� La estandarización objetiva de las le-siones y la creación de un baremo delas mismas.

� La eliminación del descuento de otrasprestaciones percibidas por el traba-jador en la indemnización.

� La creación de una policía judicial es-pecializada, la formación de jueces enmateria preventiva y el refuerzo de laInspección de Trabajo.

Sobre el Libro Blanco sobre gestión demutuas, UGT demanda:

� Un compromiso político para mejorarel servicio y la atención que recibenlos trabajadores accidentados porparte de las mutuas.

� La participación de los agentes so-ciales y de la Seguridad Social en lagestión de recursos públicos, que sonlas cuotas provenientes del trabajoque manejan las mutuas.

En relación a las actuaciones preventivasen la “micro empresa”, UGT reclama:

� Mejorar el cumplimiento de la norma-tiva en las empresas con menos de 10trabajadores, con asesoramiento alempresario e impulso de la autoeva-luación con modelos-tipo por sectores.

� Mayor representación de los trabaja-dores en estas empresas con los de-legados sectoriales.

� Tener en cuenta la prevención de lostrabajadores autónomos, ya que unavez dotados de su Estatuto, hay quellevar a la práctica su actuación enmateria preventiva.

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El proceso de normalización del año2005, en el que más de 500.000 traba-jadores, los empleos que desarrollabany los empresarios que los contratabanpasaron a formar parte de la economíaregular, es la actuación que más notorie-dad ha tenido en estos años. Sin em-bargo, para la UGT la actuación de másrelevancia ha sido la incorporación de lainmigración laboral como una materiamás del diálogo social.

Este reconocimiento dio como fruto, enprimer lugar, el acuerdo en torno a lascuestiones sociolaborales del Regla-mento de la Ley de Extranjería, entre lasque se encontraba el proceso de nor-malización. Este acuerdo permitió orde-nar, en el presente y para el futuro, losflujos migratorios laborales, a través dedistintos procedimientos: el catálogo deocupaciones de difícil cobertura, la ges-tión de las ofertas en los Servicios Públi-cos de Empleo, el contingente de tra-bajadores extranjeros o las autorizacio-nes de duración determinada. Se plas-maron en este acuerdo, otras propues-tas de nuestra organización, en especial,la creación de la Comisión Laboral Tri-partita de Inmigración, órgano de parti-cipación institucional en materia de re-gulación de flujos, y lo que para nosotrosconstituía una expresión básica de justi-cia social: el arraigo laboral o la posibili-dad excepcional de documentar a tra-bajadores extranjeros en los supuestosde explotación laboral.

A lo largo de estos años, los interlocuto-res sociales y el Gobierno, hemos tenidodos ámbitos tripartitos de encuentro. LaComisión Laboral Tripartita de Inmigra-ción, con unas competencias marcadaspor el Reglamento, y la mesa de diálogosocial, que además del seguimiento delproceso de normalización de 2005, semarcó con posterioridad una serie de ta-reas que se han ido abordando a lo largode este periodo: la necesidad de evaluar,desde el punto de vista del empleo, el fun-cionamiento de los distintos procedimien-

tos de regulación de flujos o la composi-ción y funciones del Consejo para la pro-moción de la igualdad de trato. La mesade diálogo social fue además el ámbito enel que los interlocutores sociales fueronconsultados sobre las ampliaciones de laUnión Europea de 2004 y 2007.

Esta legislatura ha estado marcada porun cambio sustancial en la política deinmigración y la gestión de los flujos mi-gratorios, que ha pasado del Ministeriodel Interior al Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales. Un cambio adecuadoal carácter laboral de la migración querecibe España y a la evolución social,económica, cultural y política que ha su-puesto la inmigración para este país. De1.074.895 residentes no comunitariosen situación administrativa regular a di-ciembre de 2003, hemos pasado a2.296.888 en septiembre de 2007. Yque los inmigrantes son fundamental-mente trabajadores, lo reflejan los datosde altas en Seguridad Social de extran-jeros de nacionalidad no comunitaria,762.961 enero de 2004 y 1.384. 640 ennoviembre de 2007.

En esta legislatura, la población españolase ha incrementado en dos millones depersonas, y el porcentaje que suponenlos extranjeros procedentes de la UniónEuropea y extracomunitarios, ha crecidodel 6% a casi el 10%. Siendo el trabajo,digno y de calidad, el principal factor deintegración para los inmigrantes, juntocon la posibilidad de reagrupar a sus fa-miliares, no hay que olvidar que estosson, también y sobre todo, ciudadanoscon derechos. Las Administraciones Pú-blicas han de responder al incremento yla diversidad de población, sea cual seasu origen, a fin de garantizar al conjuntode los ciudadanos derechos, servicios yprestaciones reconocidos. El Fondo deapoyo a la acogida e integración de in-migrantes del Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales, con la participación delas Comunidades Autónomas, ha dedi-cado una parte importante de su presu-

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8. INMIGRACIÓN LABORAL

puesto al refuerzo educativo y la puestaen marcha de actuaciones y programasespecíficos.

En estos cuatro años se han producidoigualmente movimientos a nivel europeo,algunos de ellos propiciados por Es-paña, como el impulso de la responsa-bilidad compartida en el control de lainmigración, y que se consideraba unacuestión a la que habían de hacer frenteexclusivamente los estados miembrosque por su situación geográfica eran re-ceptores de un flujo migratorio irregularespecialmente intenso. A nivel interna-cional, esta legislatura ha sido la de laaceptación de la vinculación entre losmovimientos migratorios actuales con la

falta de desarrollo, de oportunidades, detrabajo decente o de libertades en lospaíses de origen, dando lugar a iniciati-vas que, en el caso español, se dirigenespecialmente a África.

Pero los flujos migratorios tienen tambiénotro rostro, el de la emigración española.Con frecuencia las decisiones tomadasen el ámbito de la emigración condicio-nan otras en materia de inmigración y vi-ceversa. El Estatuto de la CiudadaníaEspañola en el Exterior ha recogido de-rechos reconocidos a los emigrantes yretornados españoles, y ha motivado lamodificación del Código Civil para ex-tender la nacionalidad a nietos de espa-ñoles de origen.

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PROPUESTAS DE UGT

� Es preciso seguir avanzando en la vin-culación entre las políticas de empleo yde inmigración, garantizando que lasofertas de empleo que se remiten a lospaíses de origen respondan, por unaparte, a verdaderas necesidades delmercado de trabajo y, por otra, que setrata de empleos que permiten la inte-gración social de los trabajadores mi-grantes.

� Ha de garantizarse la igualdad detrato y oportunidades de los extranjerosno comunitarios en el ámbito laboral,potenciando el papel de los ServiciosPúblicos de Empleo y el acceso a la for-mación para el empleo, como instru-mentos para permitir la incorporación ypermanencia en el mercado de trabajoy la movilidad funcional.

� Es imprescindible reforzar los meca-nismos de lucha contra la trata y explo-tación de seres humanos, entre otros enel ámbito laboral. Se ha de garantizar

una adecuada protección a las víctimaspara prevenir y eliminar determinadasconductas delictivas.

� Las diferencias económicas, socialesy políticas entre países son uno de losprincipales factores que originan las mi-graciones actuales. Es responsabilidadde los países en mejor situación la apli-cación de políticas efectivas dirigidas aldesarrollo de estos países, que en nin-gún caso pueden ser sustituidas por laaportación de la inmigración. Por otraparte, los países de destino han de teneren cuenta, al elaborar sus políticas de in-migración, la situación y necesidades delos países en vías de desarrollo.

� Abordar la contratación y la formaciónen origen de trabajadores extranjerosdesde la perspectiva de la subsidiaridady con el doble objetivo, de dar respuestaa necesidades contrastadas y acordescon las políticas de empleo y formaciónespañolas y de que sean compatiblescon la situación y los proyectos dedesarrollo de los países de origen.

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II

1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

EL ANC Y LA MEJORA DEL PODER ADQUISITIVO

EL Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC) es un instru-mento innovador para gobernar las relaciones laborales, asentado en los com-promisos de patronal y sindicatos para abordar los contenidos esenciales delos convenios colectivos a partir de un diagnóstico compartido, fijando un con-

junto de criterios y prioridades para la negociación en los convenios. Así, a la vez quepotencia la autonomía colectiva se adapta a las necesidades específicas de cada nego-ciación y opta por revalorizar un modelo salarial compuesto por la previsión oficial deinflación para todo el Estado, los aumentos de la productividad y la inclusión de la cláu-sula de revisión salarial.

Los últimos ANC han permitido, además, la incorporación y el desarrollo de diversasmodificaciones legislativas relacionadas con la actividad laboral y su aplicación en la em-presa, como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de gé-nero y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, pasando por ladeterminación de mejorar la situación existente de las personas con discapacidad en elacceso y la prestación del trabajo.

Además, los sucesivos ANC han servido para incorporar los Acuerdos Europeos fruto deldiálogo y consenso entre la Organización Sindical CES y las Organizaciones empresa-riales europeas, como son: el Acuerdo Marco sobre el estrés ligado al trabajo, el AcuerdoMarco sobre teletrabajo, el Acuerdo Marco sobre el Acoso y Violencia en el lugar de tra-bajo y la Declaración suscrita en el ámbito europeo, en la que se recogen una serie deorientaciones extraídas del estudio de casos concretos, que pueden servir de referenciapara los procesos de reestructuraciones .

La negociación colectiva viene negociando los salarios de los trabajadores año tras añoen los convenios colectivos. Éstos han crecido siempre por encima de los precios. En elperíodo 2002-2006 los salarios ganaron 2,4 puntos de poder adquisitivo. En los cuatroaños inmediatamente anteriores, 1998-2001, la ganancia acumulada fue de 1,6 puntos.

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Relacioneslaborales

En cambio, se ha producido una disminu-ción de participación de los salarios en larenta que se ha constatado como tenden-cia generalizada en los países europeos,aunque mucho más acentuada en nuestropaís. En efecto, mientras en la zona Euro yen la UE el peso de las rentas salariales enel PIB ha caído 0,33 y 0,31 puntos por-centuales, respectivamente, entre 2004 y2006, en España la caída ha sido equiva-lente a 1,3 puntos porcentuales.

Esta tendencia tiene, entre otras, comocausas principales la movilidad de los tra-bajadores de sectores con mayores ren-tas a otros de menores ingresos y por elefecto de la incorporación reciente almercado laboral de nuevos trabajadorescon condiciones de entrada sustancial-mente más bajas que las de aquéllos queabandonaban el mercado de trabajo.

Por otra parte, se ha producido unacaída continua de los costes laboralesunitarios reales durante todo el periodode crecimiento de la economía española,produciéndose una redistribución de lariqueza creada a favor de las rentas delcapital y de la propiedad a costa de lasrentas salariales.

Sin embargo, la introducción de unacláusula de revisión salarial en los ANC

está permitiendo que un número sustan-cial de trabajadores ganen poder adqui-sitivo, a pesar de que la inflación enEspaña se viene manteniendo en unosniveles relativamente elevados.

Las cláusulas de revisión, además, cadavez son más efectivas y cubren a unmayor número de trabajadores. Así, del29% y el 35% del total de los trabajado-res efectivamente favorecidos por su ac-tuación en 2002 y 2003, respectiva-mente, se ha pasado a una media quesupera el 50% en los últimos tres años,con una mayor eficacia en la proteccióndel salario frente al porcentaje del totalde trabajadores con algún tipo de claú-sula (72,6% en 2006).

También la negociación colectiva ha re-gulado en los convenio colectivos otraserie de materias como la estructura sa-larial; la jornada laboral y las vacaciones;el empleo y la contratación; la salud la-boral; la participación de los trabajadoresen la organización del trabajo; la implan-tación de nuevas tecnologías; la no dis-criminación o la promoción de igualdadde sexos, aquellas regulaciones que ga-rantizan a los trabajadores unas condi-ciones de trabajo más dignas y actuales,según sus necesidades en cada ámbitode negociación en la empresa o sector.

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2002 2004 2006

Porcentaje de trabajadores

Cláusulas de revisión salarial 68,1 68,8 72,6

PROMOCIÓN DE LANEGOCIACIÓN COLECTIVA

Debe tenerse en cuenta la Ley 14/2005,de 1 de julio, sobre las cláusulas de losconvenios colectivos referidas al cumpli-miento de la edad ordinaria de jubilación,que responde a un acuerdo alcanzadoentre el Gobierno y las OrganizacionesEmpresariales y Sindicales en el marcode la Declaración para el Diálogo Social2004, recuperando para la negociacióncolectiva esta facultad suprimida por elgobierno del Partido Popular en el “De-cretazo” de 2001.

Dicha Ley contempla la habilitación a losconvenios para el establecimiento decláusulas que posibiliten la extinción delcontrato de trabajo al cumplir el trabaja-

dor la edad ordinaria de jubilación, siem-pre que se cumplan los requisitos paratener derecho a la jubilación y se pactenmedidas reales y efectivas vinculadas alempleo.

En el marco del proceso abierto por laDeclaración para el Diálogo Social 2004,el Gobierno y las Organizaciones Em-presariales y Sindicales consensuaron eltexto del Reglamento del procedimientode extensión de convenios colectivos,que desarrolla el artículo 92.2 del Esta-tuto de los Trabajadores, que el gobiernodel Partido Popular bloqueó desde 1998,alegando que provocaba efectos infla-cionistas.

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2002 2004 2006

Tipo de claúsulas Porcentaje de trabajadores

Estructura salarial (salarios base,complementos, salario variable, etc.)

69,8 75,4 74,8

Jornada laboral y vacaciones:Distribución irregular a lo largo del añoJornada superior a 9 horas diariasJornadas especiales de trabajo

43,316,333,4

44,317,734,7

48,417,236,8

Empleo y contratación:Mantenimiento y creación neta de empleoConversión de empleo temporal en fijo

13,820,4

14,221,6

18,225,1

Salud laboral 66,1 63,7 66,8

Participación de los trabajadoresen la organización del trabajo

14,0 15,1 18,0

Implantación de nuevas tecnologías 5,5 8,5 5,6

No discriminación o promociónde igualdad de sexos

35,9 48,6 53,4

TRABAJADORES AFECTADOS POR DISTINTAS CLÁUSULAS ESPECIALESINCLUIDAS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS

ESTRUCTURA DE LANEGOCIACIÓN COLECTIVA

Es la primera vez que un gobierno reco-noce que es una cuestión bilateral, entreempresarios y sindicatos.

En este sentido, se ha adoptado, de mu-tuo acuerdo, posponer esta materia paratratarla durante la próxima legislatura.

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

El III Acuerdo para la Solución Extrajudi-cial de Conflictos (ASEC III) alcanzadopor las Confederaciones Sindicales y

Empresariales el 29 de diciembre de2004, supuso la continuidad y desarrolloen el ámbito estatal de los mecanismosde mediación y arbitraje aplicados a lasrelaciones colectivas de trabajo. Igual-mente, se alcanzó un compromiso conel Gobierno para el apoyo y financiaciónde la Fundación Sima como instituciónencargada de gestionar dichos procedi-mientos.

Desde el primer ASEC, el diálogo socialy el apoyo facilitado por el Gobierno hancontribuido a impulsar y ampliar acuer-dos similares de nivel autonómico. Eneste sentido, hay que señalar también

36

Por lo que concierne a los empleados públicos, el avan-ce trascendental en este tiempo ha sido la firma del Es-tatuto Básico del Empleado Público, que afecta a2.500.000 trabajadores y marca el camino de moderni-zación de las Administraciones públicas. Su contenidobeneficia al conjunto de los empleados públicos, perotambién a todos los ciudadanos y usuarios de las dis-tintas Administraciones del Estado.

Algunos de los logros más importantes del acuerdo son:

• Crear un modelo homogéneo de función pública, unmarco básico para todos los empleados públicos enla totalidad del país, al tiempo que respeta las com-petencias de comunidades autónomas y ayunta-mientos para mejorar los servicios a los ciudadanos.

• Se define, por primera vez, la figura del empleadopúblico, englobando bajo un mismo término al per-sonal laboral, funcionario y estatutario presente enlas Administraciones Públicas.

• Se establece el derecho a la negociación colectivapara todos los empleados públicos en todas lascuestiones que afecten las condiciones de trabajo,como son los criterios generales de evaluación deldesempeño, cuestiones referidas al acceso, promo-ción, carrera, acción social y planes de pensiones.

• Se actualiza el marco jurídico de los empleados pú-blicos, en una doble vertiente: derogación de nor-mativa muy dispersa y antigua (algunas eran normaspreconstitucionales), e incorporación de toda la nor-mativa relativa a conciliación de la vida personal y la-boral, violencia de género y prevención de riesgoslaborales.

• Se avanza hacia la consolidación del empleo y la rebajade la temporalidad en las Administraciones Públicas.

• Se alcanzan dos reivindicaciones históricas: pagasextraordinarias completas y abono de trienios al per-sonal interino.

ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO

El objeto principal de esta Ley es establecer la regula-ción legal de la relación de trabajo para determinadosasalariados por cuenta propia que prestan sus serviciospara un determinado cliente o empresario.

Los denominados trabajadores autónomos económi-camente dependientes tienen derecho desde la entrada

en vigor de la Ley a un régimen contractual, a un sis-tema de arbitraje para resolver los conflictos antes detener que acudir a los tribunales, a acuerdos colectivosde interés profesional, a la promoción y defensa de susintereses a través de los sindicatos y de asociacionesprofesionales, a derechos colectivos y un régimen pro-pio de Seguridad Social.

ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

que diversas iniciativas legislativas (re-forma del Estatuto de los Trabajadoresen relación con la subcontratación, Es-tatuto del Trabajo Autónomo, Estatutodel Empleado Público, Ley para la Igual-dad Efectiva de Mujeres y Hombres) hanincorporado referencias para facilitar ladimensión colectiva y el desarrollo de lamediación y el arbitraje en sus respecti-vos ámbitos.

Durante la legislatura se ha consolidado,por tanto, el principio de autonomía delos agentes sociales en lo relativo a lagestión de los conflictos colectivos, man-teniéndose el respaldo público compati-ble con la gestión paritaria de la Funda-ción Sima.

INSPECCIÓN DE TRABAJOY SEGURIDAD SOCIAL

La importancia del papel que desem-peña la Inspección de Trabajo y Seguri-dad Social (ITSS) en el desarrollo de lasrelaciones laborales es unánimementecompartida por todos, al igual que la ne-cesidad de mejorarla incrementando susactuaciones, su presencia en los centrosde trabajo y su labor de asesoramiento,así como aumentando las campañas in-formativas y la colaboración entre las Ad-ministraciones.

Una visión compartida también por elGobierno que se ha traducido en el es-tablecimiento de una serie de medidasrecogidas en el Acuerdo para la Mejoradel Crecimiento y del Empleo (AMCE)con las que se pretende revalorizar laITSS e incrementar su eficacia y eficien-cia y que, fundamentalmente, se cen-tran en:

• dotar a la Inspección de más mediostécnicos y de información, pero sobretodo humanos;

• llevar a cabo actuaciones que res-pondan al principio de planificación yprogramación, en base a los objeti-vos que se establezcan en funciónde los problemas más acuciantes, encada momento, del mercado detrabajo;

• evaluar sistemáticamente los resul-tados;

• establecer una adecuada coordina-ción con otros organismos y fuentesde información;

• implantar cauces para la consulta yparticipación de los interlocutores so-ciales en la definición de los objetivosy programas de la Inspección. En estesentido, en diciembre de 2006, y encumplimiento del compromiso reco-gido en el AMCE, se creó la ComisiónConsultiva Tripartita de la ITSS comoórgano colegiado asesor adscrito a laAutoridad Central de la ITSS.

A la consecución de estos fines seañade, además, la tarea de llevar a caboel proceso de traspaso de la ITSS a lasComunidades Autónomas, dadas lasnuevas competencias ejecutivas que

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2. FORTALECIMIENTO DE LASINSTITUCIONES LABORALES

sobre la función pública inspectora enmateria de trabajo y relaciones laborales,se están estableciendo en algunos esta-tutos de autonomía.

Este proceso debe abordarse desdeunas bases sólidas en las que se asienteel modelo, de manera que permita darcumplimiento a las nuevas competenciassin menoscabar el respeto a los princi-pios básicos que deben continuar ri-giendo el sistema. Es decir:

• Mantener la cohesión y unidad demercado.

• Evitar que el Estado se convierta enel “fiscalizador” de la actuación lle-vada a cabo en las ComunidadesAutónomas.

• Definir claramente el modelo del sis-tema de ITSS en virtud del cualdeban desarrollarse las actuacionesen cada nivel, con los correspondien-tes mecanismos de coordinación, co-operación y colaboración que permi-tan mantener una concepción integralde la ITSS.

LA COMISIÓN CONSULTIVANACIONAL DE CONVENIOSCOLECTIVOS

La Comisión Consultiva Nacional deConvenios Colectivos, de composicióntripartita, ejerce una serie de actividades,como son la resolución de consultassobre ámbitos funcionales de los conve-nios colectivos y la emisión de dictáme-nes sobre extensión de convenioscolectivos. El momento de mayor reco-nocimiento de esta Comisión coincidiócon la labor desempeñada con motivode la derogación de Ordenanzas Labo-rales y Reglamentaciones Nacionales deTrabajo, a partir de 1994.

A partir de la Declaración para el DiálogoSocial de 8 de Julio de 2004, las partesse comprometieron a impulsar las tareasde la CCNCC y, de hecho, en el internode la Comisión se negoció un programade actividades, a corto, medio y largoplazo, con contenidos y actuaciones. Seconsensuaba la necesidad de contarcon un banco de datos sobre convenioscolectivos vigentes, analizando sus inci-dencias y la actualización de un mapa deestructura de la negociación colectiva encada momento, realizando informes, jor-nadas y debates de temas actuales con-cernientes a las relaciones laborales y lanegociación colectiva, dotándola de me-dios técnicos y humanos profesionaliza-dos. Además, de cara a los ciudadanos,se daba a conocer su trabajo medianteuna página web proponiendo que seabordara la modificación de la hoja esta-dística de los convenios colectivos y elestablecimiento obligatorio a los empre-sarios de identificar el convenio de apli-cación en los boletines de cotización a laSeguridad Social.

Esta visión compartida de una ComisiónConsultiva más moderna, capaz de darsolución a los retos del futuro se acen-tuó con la publicación del Real DecretoLey 5/2006, para la mejora del creci-miento y del empleo como continuaciónal proceso de diálogo social. Asumiráfunciones de observatorio de la negocia-ción colectiva que englobará la informa-ción, el estudio, la documentación ydifusión de la misma.

Con el fin de garantizar el funcionamientoeficaz de la Comisión Consultiva Nacio-nal de Convenios Colectivos, el Gobiernopodrá adaptar el marco jurídico institu-cional de la misma en el que se garan-tice la participación de las organiza-ciones empresariales y sindicales másrepresentativas; asimismo, le proporcio-nará el apoyo técnico y los medios quesean necesarios.

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RESPONSABILIDAD SOCIALDE LAS EMPRESAS

La Responsabilidad Social de las Empre-sas (RSE) es una exigencia que debenasumir las empresas si quieren lograr lalegitimidad y reconocimiento que deseanen la sociedad del siglo XXI, integrandola RSE en la estrategia y gestión coti-diana, entendiendo que la premisa fun-damental es la defensa de un modeloeconómico sostenible, respetuoso con elmedio ambiente, socialmente responsa-ble y con plena participación de los inter-locutores sociales.

En diciembre de 2007 se alcanzó unAcuerdo sobre RSE entre Gobierno, em-presarios y sindicatos en el marco deldiálogo social, que es el primero en elámbito europeo y ha suscitado gran in-terés en los países de nuestro entorno.

El objetivo final de este acuerdo es laconsecución de un mayor nivel de des-arrollo económico, competitividad em-presarial, calidad en el empleo, bienestarsocial, cohesión territorial y sostenibilidadambiental, donde las políticas públicashan de apostar por prácticas de RSE,cuyas ventajas se vinculen a dichos as-pectos. Además, refuerza el diálogo so-cial, la negociación colectiva y representala contribución —desde el compromisoy la cultura tripartita— a la promoción yextensión de las prácticas de RSE.

Los compromisos adoptados por lasempresas, las organizaciones e institu-ciones públicas y privadas que constitu-yen un valor añadido al cumplimiento desus obligaciones legales, contribuirán,obviamente, al progreso social y econó-mico. Para ello, las políticas públicas sedirigirán a profundizar en la implicaciónde las empresas en las prácticas de res-ponsabilidad social, favoreciendo supromoción y estímulo y adaptando di-chas medidas a los diversos sectores,

contextos geográficos y tamaño de lasempresas, insistiendo en la necesariaparticipación de los representantes le-gales de los trabajadores en estos pro-cesos.

Se ha acordado, también, la creación deun Consejo Estatal de RSE, como ór-gano colegiado, asesor y consultivo delGobierno, que se encargará de impulsary fomentar las prácticas de RSE, infor-mar sobre iniciativas públicas y regula-ciones de ámbito empresarial, promo-cionar estándares y características delas memorias y/o informes de RSE, loque redundará en una mayor transpa-rencia, y que se podrá constituir comoObservatorio de la RSE en España. Es-tará integrado por representantes de lasorganizaciones empresariales y sindica-les, las Administraciones Públicas yotras organizaciones e instituciones re-presentativas.

Este acuerdo asegura la participación delos agentes sociales en la Responsabili-dad Social de las Empresas, lo que, sinduda, incidirá en unas mejores condicio-

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3. PARTICIPACIÓNDE LOS TRABAJADORES

nes de vida y trabajo, y contribuirá a con-seguir un medio ambiente más favorablepara las futuras generaciones.

SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA

Son las leyes 19/2005, de 14 de no-viembre y, más concretamente, la Ley31/2006, de 18 de octubre, sobre im-plicación de los trabajadores en las so-ciedades anónimas y cooperativas eu-ropeas las que han llevado a cabo latransposición al ordenamiento jurídicoespañol de las respectivas Directivascomunitarias.

Se trata especialmente ésta última, deuna Ley compleja y a veces confusa, porlo que implica su carácter “dual”, esto es,que ciertas disposiciones se aplicarán entodo el territorio de la Unión Europeapara las Sociedades Anónimas Europeas(SE) registradas en España y otras dis-posiciones normativas serán sólo aplica-bles en el espacio nacional, por ejemplolas no registradas en España, pero concentro de trabajo en territorio español.

Más allá de la complejidad de dicha ley,es importante que destaquemos princi-palmente tres aspectos de la misma:

• Los derechos de participación de lostrabajadores en la SE deben nego-ciarse antes de la constitución y re-gistro de la entidad mercantil comoSociedad Europea, estableciendoque, en el caso de que no se llegue aun acuerdo al respecto, se aplicará lalegislación subsidiaria, la cual implicaun sistema de información y consultasimilar al establecido para las empre-sas de dimensión comunitaria me-diante la figura del Comité de Em-presa Europeo.

• El contenido o la regulación de los de-rechos de información, consulta y par-ticipación de los trabajadores en laSociedad Europea es transferido a lanegociación colectiva, lo que significaque serán los trabajadores y empre-

sarios quienes acuerden el contenidode dichos derechos mediante el diá-logo social.

• Dicha norma, de forma novedosa ycomo regla general, va a establecer laposibilidad de fijar vía convenio quelos trabajadores puedan participar enlos máximos órganos de gobierno dela Sociedad Europea, como pudieraser el Consejo de administración de lamisma, tomando así ejemplo del mo-delo de cogestión alemán de partici-pación de los trabajadores.

INFORMACIÓN Y CONSULTA

En la presente legislatura, a través de laLey 38/2007, se ha transpuesto la Di-rectiva 2002/14/CE, sobre información yconsulta de los trabajadores en la Co-munidad Europea y la Directiva 2002/74,sobre protección de los trabajadoresasalariados en caso de insolvencia delempresario.

La modificación del Estatuto de los Tra-bajadores que se ha producido al trans-poner la Directiva 2002/14 regula losderechos de información y consulta, conel objetivo prioritario de que los trabaja-dores, por medio de sus representantes,posean la capacidad efectiva, real y nomeramente formal, de influir en las deci-siones empresariales.

Respecto a la situación anterior se apre-cian las siguientes mejoras:

• aumento del control, por parte de lostrabajadores, sobre el poder de direc-ción del empresario, tanto en materiade organización del trabajo como enmateria de contratación,

• incremento de la participación en lasactuaciones medioambientales lleva-das a cabo por la empresa,

• mayor vigilancia y control, tanto en re-lación con la puesta en marcha yaplicación de las medidas de igualdadefectiva de mujeres y hombres, co-mo en lo tocante a las medidas de

40

conciliación entre la vida laboral y lavida familiar,

• más prevención de los riesgos sobreel empleo en caso de reestructuracio-nes empresariales,

• aumento y mejora del control sobrelas modificaciones individuales de lascondiciones de trabajo y los despidos,otorgándoles a los representantes delos trabajadores el derecho de infor-mación y también de consulta, queantes no ostentaban.

PARTICIPACIÓN DE LOSINTERLOCUTORES SOCIALES

En el proceso de diálogo social está pre-visto revisar el papel de los interlocuto-res sociales y los ámbitos de participa-ción a la vez que se potencian los me-dios de intervención de dichos interlocu-tores. Empresarios y sindicatos hemosacordado abordar esta materia durantela próxima legislatura.

PROPUESTAS DE UGT

1. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

� Los convenios colectivos deberán se-guir avanzando en la promoción de lacontratación indefinida inicial, la transfor-mación de los contratos temporales enfijos, el mantenimiento del empleo y laigualdad de oportunidades, teniendopara ello en cuenta, las nuevas normas einstrumentos vigentes por el empleo decalidad y con derechos.

� Mejorar y proteger los salarioscuyas cláusulas de revisión han de ge-neralizarse para evitar que los incre-mentos de los precios provoquenpérdidas de poder adquisitivo en lostrabajadores, especialmente los másdesfavorecidos.� Establecer salarios mínimos de con-venios para corregir discriminaciones ypromocionar la igualdad. Para ello setendría que fijar, en cada convenio sec-

torial, una mínima carrera profesional ba-sada en la mejora de las cualificaciones,mediante una participación activa y equi-tativa en la formación.

� Para UGT, es necesaria la introduc-ción en los convenios de las mejorasen todas las materias que la nueva le-gislación, resultado del diálogo social,remite a la negociación colectiva y, engeneral, lo referido a estabilidad, segu-ridad y salud, formación y cualificacio-nes e igualdad efectiva de mujeres yhombres.

� Potenciar el sistema de Previsión So-cial Complementaria a través de la ne-gociación colectiva, en particular en lasPYME (Plan de Empleo Asociados).

41


� Optar por el recurso a la flexibilidad in-terna negociada y con participación sin-dical, frente a otras opciones externas,en los cambios que se producen en lasempresas (tecnológicos, de mejora degestión, etc.).

� UGT demanda una mayor utilizaciónde los sistemas de mediación y arbitrajeen los conflictos de negociación y el re-fuerzo de las comisiones paritarias delos convenios como instrumentos pre-ventivos de la conflictividad y de mejoraplicación de lo pactado en la negocia-ción colectiva.

2. RELACIONES LABORALESEQUILIBRADAS Y PARTICIPATIVAS

� Fortalecer y universalizar la negocia-ción colectiva, impulsando el diálogo delos interlocutores sociales.

� Fortalecer el papel de los interlocuto-res sociales en la negociación y adminis-tración de los convenios, potenciandolas funciones de los sindicatos en la apli-cación en la empresa de los conveniossectoriales.

� Apoyar la negociación colectiva en elámbito europeo (acuerdos sectoriales,Comités de Empresa Europeos, etc.).

3. PARTICIPACIÓN DE LOSTRABAJADORES EN LASDECISIONES Y RESULTADOSDE LAS EMPRESAS

� Potenciar los derechos de participa-ción en el ámbito empresarial, en las de-

cisiones o cambios societarios, refor-zando los derechos de información yconsulta de los trabajadores y el deberde negociar en cuanto afecte al empleoo las condiciones de trabajo.

� Revisar la actual normativa respectoa los procedimientos y los derechos delos trabajadores en los procesos con-cursales.

� Regular normativamente las nuevasrealidades empresariales, como son losgrupos de empresas.

� Desarrollar los derechos de participa-ción sindical en la gestión preventiva y deanticipación a los cambios en los proce-sos de reestructuración.

� Promocionar la participación de lostrabajadores en los resultados de las em-presas: participación financiera, retribu-ciones variables, etc.

4. REFORZAMIENTO DE LOSINTERLOCUTORES SOCIALES

� Dotar de instrumentos y medios pú-blicos a las organizaciones patronales ysindicales que desarrollan la negociacióncolectiva.

� Mejorar la participación institucional,potenciando los cometidos y los mediosde los interlocutores sociales, mediantela promulgación de una Ley de partici-pación institucional.

� Revisar el patrimonio sindical acu-mulado.

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III

1. PROTECCIÓN SOCIAL

SI la pasividad pública ante las demandas sociales ha sido la característica prin-cipal de las dos anteriores legislaturas, desde 2004, en cambio, hemos cono-cido el periodo más rico de acuerdos sociales que se haya registrado enEspaña hasta ahora en una sola legislatura.

Más allá de las lógicas diferencias en cuanto a la intensidad protectora de algunas delas reformas emprendidas, en este periodo se ha producido una ampliación de los de-rechos sociales: entre otros, la universalización de los cuidados a las personas depen-dientes; una mayor redistribución hacia los pensionistas en mínimos; una mejor posiciónde la mujer ante la Seguridad Social por los avances en la protección de la maternidady conciliación de la vida laboral y familiar; la aprobación de la ley de empresas de in-serción reguladora de los derechos de las personas que se encuentran en situación deexclusión social y, en general, una mejora de prácticamente todas las prestacionessociales.

La evaluación social de la presente legislatura en materia de protección social necesa-riamente ha de ser positiva, tanto por los progresos que se han producido, como si sesomete a una comparación con la que le precedió.

Hace cuatro años señalábamos como rasgos más importantes de las políticas de bien-estar social durante el gobierno del PP las siguientes:

1. La desatención a las nuevas necesidades sociales.

2. La reducción del gasto social público y, paralelamente, el incremento del gasto privadoen algunos bienes esenciales, como la sanidad, la educación o ciertos servicios so-ciales. Desde 1996 el gasto social público en relación con el PIB no dejó de caer y ladistancia con Europa en el terreno social no dejó de aumentar.

3. Las pensiones mínimas durante las dos legislaturas del PP se fueron alejando cadavez más de la renta media. Baste el dato de que en su última legislatura, el 74% delos perceptores de pensiones mínimas no tuvieron mejora adicional alguna.

43

Protección socialy servicios públicos

A la vista de lo anterior, UGT planteó alos partidos políticos en 2004 una seriede prioridades sociales que sintética-mente resumimos en las siguientes:

1. La protección de las personas de-pendientes como un derecho univer-sal, exigible y, preferentemente, dentrodel ámbito de la Seguridad Social.

2. La mejora de la protección familiar me-diante la mejora de la conciliación de lavida personal, familiar y laboral, la me-jora de las prestaciones económicas alas familias con hijos a cargo y el esta-blecimiento del derecho universal a los

servicios de cuidados de los menoresde 3 años y servicios a las familias connecesidades especiales.

3. La mejora de la intensidad protectorade las pensiones (contributivas o no) yotras rentas mínimas.

4. La reconsideración de las medidasmás negativas adoptadas en 2001,algunas de las cuales hemos descritocon anterioridad.

Buena parte de estas prioridades han tenidouna solución satisfactoria y, además, acom-pañadas de un amplio consenso social.

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• El Acuerdo social sobre la acción protectora de laatención a las situaciones de Dependencia de 21-12-2005, que ha sido la columna vertebral de laLey 39/2006, de 14 de diciembre, de Promociónde la Autonomía Personal y Atención a las perso-nas en situación de dependencia. La instrumenta-ción de este nuevo derecho social, del que sebeneficiarán más de un millón de ciudadanoscuando esté plenamente consolidado el sistema,conllevará, además, cambios sociales importantes

y tendrá efectos muy positivos sobre el empleo yla economía.

• El incremento de las pensiones mínimas durante losejercicios de 2005 a 2008 por unos importes que sonmuy superiores a los habidos en los 8 años anteriores.Se puede ver claramente la evolución de la revaloriza-ción de las pensiones mínimas en las tres últimas le-gislaturas observando el gráfico siguiente en el que, añoa año, se refleja la ganancia media de poder adquisitivo.

Expresada en euros, de 2005 a 2008, la ganancia media ponderada de las pensiones mínimas, incluidos Seguroobligatorio de vejez e invalidez (SOVI) y pensiones no contributivas (PNC), es de 692 euros. En las dos legislatu-ras anteriores fue de tan sólo 191 euros.

PRINCIPALES MEDIDAS SOCIALESADOPTADAS EN LA LEGISLATURA

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,31%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,60% 0,70%

0,00% 0,00% 0,15% 0,22%0,56%

2,62% 2,54%2,75%

2,93%

Ganancia por previsiónerrónea de IPC

Acuerdo 2000: Gobierno,UGT y CCOO

2,42% Acuerdo de Pensiones2001: Gobierno, CCOO,CEOE-CEPYME

Ganancia media de poder adquisitivo de las pensiones mínimas (1996-2008)

En relación con el Acuerdo de Pensionesde 2006 y con la Ley 40/2007, de 4 dediciembre, de medidas en materia de Se-guridad Social, que lo desarrolla, nues-tra valoración es claramente positiva. Enprimer lugar, por el amplio consenso al-canzado, tanto en el Acuerdo como du-rante la tramitación de la Ley. En segun-do lugar, porque aun ajustándose a lasrecomendaciones del Pacto de Toledo,

se ha demostrado que sigue habiendomárgenes suficientes para las opcionessociales y políticas de mejora. Por último,por la calidad de los contenidos.

Mediante estas reformas se produce unamejor adaptación de ciertas prestacio-nes a la realidad y demandas sociales,de la que son ejemplo la extensión de laspensiones de viudedad a las uniones de

45


• En el ámbito de la maternidad-paternidad y de con-ciliación de la vida personal, familiar y laboral, las me-joras recogidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 demarzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hom-bres han sido pactadas con los Sindicatos y ya noshemos referido a ellas anteriormente.

• En el ámbito de las pensiones se han producido unainfinidad de mejoras adicionales en algunas de ellas,como, entre otras:

– Ampliación del colectivo de pensionistas con ga-rantía de mínimos, al reconocer por primera vezen 2005 una renta mínima a los pensionistas deincapacidad permanente total cualificada de 60 a64 años.

– También en 2005, flexibilización del régimen de in-compatibilidades de las pensiones del SOVI alpermitir que puedan compatibilizarse éstas conlas de viudedad.

– En 2006, se establece una pensión mínima espe-cífica para los huérfanos menores de 18 años yuna discapacidad igual o superior al 65%, y se po-sibilita la continuación de la pensión de orfandadabsoluta hasta la finalización del curso escolar, enel supuesto de que el cumplimiento de la edad

máxima se produzca durante el desarrollo delmismo.

– En 2007, se reordenan las cuantías de las pen-siones mínimas de viudedad de tal suerte que lascuantías de las pensiones de los titulares de me-nos de 60 años de edad con cargas familiares ouna discapacidad de más del 65% se equiparana los mínimos de viudedad de mayores de 65años.

– En 2008, se establece un nuevo mínimo de viu-dedad para quienes tengan cargas familiares, seacual fuere la edad.

Las mejoras se han extendido a otros muchos ámbitosde la Seguridad Social. Se ha mejorado la protecciónde los trabajadores autónomos en el ámbito de los ac-cidentes de trabajo y en la jubilación anticipada por ha-ber realizado trabajos penosos, mejoras de las queparticiparán los trabajadores agrarios por cuenta pro-pia al incorporarse a dicho régimen. En el ámbito de lascontingencias profesionales, se ha aprobado una nuevatarifa de primas de cotización, adecuándolas a la reali-dad productiva actual. Asimismo se aprueba el nuevocuadro de enfermedades profesionales en el sistema dela Seguridad Social y se establecen criterios para su no-tificación y registro.

GANANCIA MEDIA DE PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONESEN LOS PERIODOS 1996-2004 Y 2005-2008

0

100

200

300

400

500

600

700

191 euros

En 8 años:1997-2004

692 euros

En 4 años:2005-2008

hecho y otras mejoras en las pensionesde orfandad o el compromiso para mo-dificar la relación laboral de los emplea-dos de hogar. Además, las mejoras enlas prestaciones, sean éstas las pensio-nes mínimas u otras, afectarán a unmayor colectivo de pensionistas y traba-jadores. Asimismo, se modifica buenaparte de las medidas más negativasadoptadas en la pasada legislatura,como la mejora en la cuantía de las pen-siones de los prejubilados antes de 1 deenero de 2002, la mejora en las pensio-nes de viudedad con menores rentas ehijos a cargo o la mejora en la prestaciónde IT por contingencias profesionales,cuando ésta se concatene con la pres-tación por desempleo.

Pero si algo caracteriza a las medidasadoptadas es el rasgo de la globalidadpues los compromisos afectan a la prác-tica totalidad de las prestaciones y a sudinámica y estructura. Por ejemplo: si,por una parte, se pretende poner frenoal desmesurado incremento de las jubi-laciones parciales a partir de 2002, porotra, se amplían las posibilidades de re-ducción de la edad de jubilación por rea-lización de trabajos penosos para otroscolectivos y será objeto de análisis la nor-mativa reguladora de la jubilación antici-pada y parcial de los empleados pú-blicos. A la vez que se amplían los in-centivos para la prolongación voluntariade la vida laboral, se mejoran las pers-pectivas de pensión para los prejubila-dos por despido individual al elevar labase de cotización en la situación delsubsidio por desempleo desde el 100%al 125% del SMI.

Aunque fuera de un programa especí-fico, en esta legislatura ha habido unamayor centralidad del hecho familiar enlas políticas sociales que en las dos le-gislaturas anteriores. Ello es evidente enla Ley de Dependencia y en la Ley deIgualdad.

En el ámbito estricto de la protección porhijos a cargo, lo más destacable ha sidola iniciativa del Gobierno de establecer

una deducción en el IRPF por nacimientoo adopción y la prestación económica depago único de la Seguridad Social por elmismo concepto, de 2.500 euros, cuan-tía que se puede incrementar hasta3.500 euros en caso de discapacidaddel menor, de familia numerosa o familiacon un solo progenitor.

La Ley 40/2007, de medidas en materiade Seguridad Social, además de ampliarel concepto de familia numerosa, incor-pora otra importante novedad largamentereclamada por la UGT, la revalorizaciónanual de las prestaciones familiares de lamodalidad no contributiva.

Las propuestas para la regulación de laLey de Empresas de Inserción habíanquedado hasta ahora paralizadas desdeel año 98. Es precisamente en este mo-mento en el que se aprueba la Ley y, trassu negociación, conseguimos que seabarquen nuevas situaciones que se hanproducido respecto a estas empresas,siendo necesario dotarlas de una mayorseguridad jurídica. No se debe renunciara que las Empresas de Inserción sean uninstrumento de ayuda para la incorpora-ción al mercado de trabajo. Para ello, sedeben establecer los mecanismos nece-sarios (y así lo hemos reivindicado desdenuestro sindicato), que garanticen queno se convertirán, en la práctica, en em-presas de carácter finalista.

Otro elemento transversal en todo el pro-ceso de negociación en materia de pro-tección social, ha sido la dimensión degénero. Esta dimensión es evidente entodas y cada una de las medidas referi-das a la Seguridad Social en la Ley deIgualdad, pero también en el Acuerdosobre la Dependencia al liberar a la mujerde unas cargas que en el modelo familiartradicional se le asignan específicamentea ella y en la mejora de las pensiones mí-nimas, pues el 62% de los perceptoresde estas pensiones de la Seguridad So-cial de la modalidad contributiva y el 74%de la modalidad no contributiva son mu-jeres y, por último, con el Acuerdo de juliode 2006 y la Ley 40/2007, con medidas

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como —entre otras— el reconocimientode las pensiones de viudedad a las pa-rejas de hecho o el compromiso de re-forma del Régimen Especial de Emplea-dos de Hogar.

PROPUESTAS DE UGT

1. Si bien valoramos muy positivamentelos incrementos habidos en las cuantíasde las pensiones mínimas durante la pre-sente legislatura, demandamos que enla próxima se siga haciendo, al menos,un esfuerzo similar, con el fin de queéstas superen el umbral de la pobreza.Según nuestro criterio, las cuantías delas pensiones mínimas por cónyuge acargo, así como de las pensionistas quevivan solos y con una pensión mínima,debieran tener incrementos superiores alresto.

2. La protección familiar debe ser ob-jeto de una mejora en todos los ámbitos:

� La mejora de las cuantías de las pres-taciones económicas de la SeguridadSocial por hijo a cargo y del límite derenta para que un mayor número defamilias accedan a estas prestacio-nes. En aquellas situaciones de ma-yor vulnerabilidad, como hijos en fa-milias con un solo progenitor o hijoscon discapacidad, las prestacionesdebieran tener cuantías significativas.

� El establecimiento del derecho uni-versal, y por tanto exigible, a los ser-vicios de cuidados de los menores de3 años y servicios a las familias connecesidades especiales, por ejemplo,por discapacidad del menor.

� La mejora de la conciliación de la vidalaboral y familiar mediante el incre-mento del periodo de permiso por pa-ternidad; el fomento de una mayorflexibilidad de horarios en centroseducativos, la modificación de la nor-mativa laboral en orden a ampliar el lí-mite de edad del menor para que lospadres puedan acogerse al derecho

de reducción de jornada y para pro-teger mejor las situaciones de exce-dencia, por ejemplo, considerandotodo el periodo de excedencia comocotizado.

3. La puesta en marcha y evolución delsistema de atención a las personas de-pendientes debe ser objeto de evalua-ción que servirá para analizar y reparar,en lo posible, sus principales problemas.Al margen de lo anterior, es criterio deUGT acelerar los plazos para el definitivoasentamiento del sistema, para lo que esimprescindible un incremento de los re-cursos de las Administraciones Públicas.

4. UGT seguirá propugnando el modelode inclusión de la prestación de Atencióna la Dependencia en el ámbito de la Se-guridad Social, que garantice una mayoreficacia en la financiación y una mayorigualdad, frente al modelo elegido decompetencia compartida entre la Admi-nistración General del Estado y las Co-munidades Autónomas (CCAA) que en lapráctica está dificultando enormementeel acceso a las prestaciones.

5. Una ley armonizadora de los servi-cios sociales, sin perjuicio de las com-petencias de las CCAA.

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2. EDUCACIÓN

La educación es uno de los pilares fun-damentales del desarrollo humano y eco-nómico de los pueblos. España se sitúaen unos niveles educativos adecuados,pero todavía insuficientes para la posiciónque ocupa en Europa y en el mundo. Enaños anteriores no se invirtió en educa-ción y formación todo lo necesario, por loque seguimos estando a una distanciadesfavorable en comparación con otrospaíses de nuestro entorno, especial-mente en el ámbito de la formación pro-fesional y de la investigación.

Durante esta legislatura los presupues-tos destinados a educación se han in-crementado más del 90 por ciento. Deespecial relevancia ha sido el aumentode las partidas destinadas a becas yayudas al estudio, que han pasado de822 millones de euros en 2004 a más de1.482 millones en 2008.

El Parlamento ha aprobado durante estaetapa dos leyes educativas —la Ley Or-gánica de Educación (LOE) y la reformade la Ley Orgánica Universitaria (LOU)—que recogen muchas de las propuestasde nuestra organización.

UGT ha participado activamente en estareforma educativa y ha apoyado la LOE,porque contiene planteamientos peda-gógicos positivos como la recuperacióndel carácter educativo del primer ciclo deEducación Infantil, otorga prioridad a lascompetencias básicas, introduce medi-das orientadas a atender la diversidad ra-cial y cultural de los alumnos, mejorasensiblemente los programas de cualifi-cación profesional y concede una mayorautonomía a los centros docentes. Asi-mismo, la obtención del título de bachi-llerato al superar los dos cursos de estaetapa y la realización de una única pruebade acceso a la universidad responde anuestras demandas como sindicato.

Desde el principio UGT ha defendido laintroducción de la nueva materia de“Educación para la Ciudadanía”, puesto

que la práctica docente venía demos-trando que la educación en valores con-cebida sólo con un carácter trasversalhabía fracasado, por lo que era funda-mental la implantación de una materiaespecífica.

En esta legislatura UGT, junto con otrasorganizaciones sindicales, ha suscritocon el Ministerio de Educación y Cienciados acuerdos sobre condiciones socio-laborales de gran valor, tanto para el pro-fesorado de la enseñanza pública comopara el de la enseñanza concertada,como son el Plan para la promoción ymejora de la convivencia escolar y el VConvenio Colectivo de enseñanza pri-vada concertada.

Hay que destacar, además, la aproba-ción del nuevo Real Decreto de ingresoen la función pública docente, que ha su-puesto un claro avance tanto para el pro-fesorado interino como para los oposi-tores sin experiencia previa.

En su programa electoral de marzo de2004, el PSOE recogió el compromisode modificación de la Ley Orgánica deUniversidades (LOU), originalmente apro-bada en 2001, que tras un largo periodode debate parlamentario se reformó enmayo de 2007.

A la hora de hacer un balance en lo quea la universidad española se refiere, hayque destacar la sustitución del sistemade habilitación nacional de catedráticos yprofesores titulares de universidad porotro de acreditación, llevada a cabo deuna manera coordinada por la AgenciaNacional de Evaluación de la Calidad yAcreditación (ANECA). Este sistema hafuncionado de forma satisfactoria, lo queha permitido que las universidades atien-dan de una forma más acorde sus nece-sidades docentes y de investigación.

Hay que destacar los nuevos progra-mas introducidos durante esta legisla-tura, como son los Préstamos RentaUniversidad, que consisten en présta-mos a interés cero para recién licencia-

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dos que quieran cursar un master ofi-cial en cualquier país del Espacio Euro-peo de Educación Superior y el Progra-ma José Castillejo, para facilitar las es-tancias en el extranjero de jóvenes in-vestigadores.

En estos momentos se está produ-ciendo la transformación de los títulos yplanes de estudio de las antiguas licen-ciaturas y diplomaturas que exige la per-tenencia al Espacio Europeo de Educa-ción Superior.

PROPUESTAS DE UGT

� UGT defiende el carácter eminente-mente público de la educación, comomanera de garantizar el acceso al cono-cimiento, corrigiendo discriminacionesde origen.

� La enseñanza primaria y secundariadeben seguir ampliando su cobertura enedad y años de escolarización. Se debeponer especial énfasis en el aprendizajede las herramientas básicas del conoci-miento, de tal forma que disminuyancuanto antes los elevados índices actua-les de fracaso y abandono escolar.

� La formación profesional debe ocuparun lugar destacado en los objetivos demejora de la próxima legislatura. Una for-mación que cubra el amplio abanico queva desde la formación elemental hasta lade más alto nivel y que esté perfecta-mente inserta en las necesidades pro-ductivas de nuestro país.

� Por lo que a la Universidad se refiere,los requisitos de las diferentes agenciasde evaluación de los docentes no hansido uniformes, lo que constituye unaforma de discriminación, como tambiénhay una discriminación patente en las di-ferencias salariales que han surgido enlas distintas autonomías. La estrategiafutura debiera ser de exigencia de ho-mogeneidad en las retribuciones para loscontratados. Sería deseable un convenionacional para el sector de universidades

públicas, con el fin de evitar los impor-tantes desajustes en condiciones de tra-bajo y salario presentes.

� Con el fin de permitir a la universidadllevar a cabo su cometido investigador,sería deseable ampliar el tipo de contra-tos introduciendo algunos exclusiva-mente de investigadores, que pudieranfinanciarse con recursos de la Universi-dad y donde los contratados pudieranpasar a formar parte de la plantilla de lamisma.

� Está pendiente el Estatuto del Profe-sorado Funcionario, que regule la carreraprofesional del sector: selección, promo-ción, estructura salarial, jubilación, etc.

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3. VIVIENDA

DERECHO A LA VIVIENDA COMOPRIORIDAD SOCIAL Y POLÍTICA

Las políticas de vivienda aplicadas en elpasado en nuestro país han revelado suincapacidad para satisfacer convenien-temente las necesidades de alojamiento,tanto por las dificultades a las que se en-frentan los grupos de población con me-nores ingresos para acceder a unavivienda adecuada a precios moderados,como por la histórica inhibición de lospoderes públicos en sus funciones deprovisión y control sobre el comporta-miento del mercado.

Como consecuencia el mercado inmobi-liario español se ha caracterizado por:

• La disponibilidad de un amplio parquede viviendas libres, en comparacióncon las necesidades de la población,ocupadas principalmente por propie-tarios, con un elevado nivel de vivien-das desocupadas y una alta propor-ción de viviendas secundarias.

• Una escasa proporción de viviendasen alquiler, sin correspondencia enningún otro país de la UE.

• Un incremento sostenido del preciode la vivienda, convirtiéndolo en un ejebásico de desigualdad social. El queuna parte importante de la demandade vivienda corresponda a inversores,ha llevado a que los precios de ventase hayan situado en niveles muy dis-tantes de los ingresos medios de losciudadanos, especialmente de losmás jóvenes.

• Un retroceso en la promoción de vi-viendas protegidas de menor precio.

Esta difícil situación se complica aún máspor la escasa dimensión del parque deviviendas en alquiler.

Este es el marco de actuación al que hatenido que hacer frente el Plan Estatal

2005-2008 para favorecer el acceso delos ciudadanos a la vivienda. Dicho planha introducido algunos cambios signifi-cativos en la normativa básica de la vi-vienda protegida. Entre otras:

• Ha definido nuevas categorías de vi-viendas protegidas para acceso enpropiedad en su marco de financia-ción distinguiendo entre viviendas pro-tegidas de nueva construcción paraventa y viviendas usadas. Asimismoclasifica las primeras, atendiendo alnivel de ingresos de los solicitantes.

• Ha ampliado el grupo de poblaciónbeneficiaria para acceso a los présta-mos a familias con ingresos mensua-les no superiores a 6,5 veces elIPREM (3.360,50 euros).

• Ha incluido la concesión de ayudasdirectas al pago de la renta anual parainquilinos que formalicen un contratode arrendamiento para los ciudada-nos con especiales dificultades parapoder acceder a una vivienda, tantoen régimen de arrendamiento comode propiedad.

El Gobierno acometió una nueva Ley desuelo, en cuya colaboración previa senos dio participación y que recogió algu-nas de nuestras observaciones más im-portantes, por lo que UGT la valoró posi-tivamente, principalmente por lo que su-pone la eliminación del carácter compul-sivo que tenía la anterior ley de 1998 decalificación del suelo como urbanizable ypor la introducción de criterios de valo-ración del suelo que eliminan el carácterespeculativo de tal calificación.

La nueva Ley introduce, también, talcomo solicitó UGT, entre los criterios bá-sicos de utilización del suelo, el de des-tinar suelo adecuado y suficiente parausos productivos. A la vez, la ley apuestapor la transparencia, la participación ciu-dadana y los controles sobre el urba-nismo, de manera que se garantice unsuelo para vivir y trabajar y no para es-pecular.

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En la última etapa de Gobierno se hanproducido novedades importantes en re-lación con la política de vivienda.

Por una parte, se ha incorporado un pro-grama de vivienda para jóvenes quehemos valorado muy positivamente.

El “Plan de apoyo a la emancipación eimpulso al alquiler” aprobado por RD1472/2007, de 2 de noviembre, que re-gula la renta básica de emancipación delos jóvenes, establece que los jóvenestrabajadores desde 22 hasta 30 añosserán un grupo de actuación preferentea efectos de recibir subvenciones al al-quiler y concreta medidas efectivas deapoyo al alojamiento digno.

Por otra parte, se ha modificado el PlanEstatal de Vivienda 2005/2008, medianteun RD de 12 de enero de 2008, que re-gula medidas de las que hemos dichoque intentan dar respuesta a los proble-mas de desaceleración del sector de laconstrucción de viviendas, flexibilizandolos requisitos para la protección, lo que

alivia la situación de los promotores in-mobiliarios, pero no resuelve el problemaprincipal del acceso a la vivienda de losciudadanos con menores rentas.

La vivienda en un Estado social y demo-crático de derecho no puede ser simple-mente un bien más del mercado. Unaparte de la acción y de los recursos públi-cos deben destinarse a facilitar el accesode todos a una vivienda digna. Este prin-cipio recogido en nuestra Constitución to-davía está lejos de ser efectivo, especial-mente para la población más joven, pero,en general, para todos los ciudadanos.

PROPUESTAS DE UGT

UGT considera que es necesario des-arrollar y dotar de contenido el mandatoconstitucional y, en este sentido, pro-pugna la efectividad de lo que mandan lasnormas, para lo cual sería necesario que:

� La función social de la propiedad re-cupere el lugar prioritario que le otorga

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La nueva ley de suelo estatal (Ley8/2007) aprobada en el mes demayo de 2007, vino a complemen-tar al ‘Plan Estatal de Vivienda2005-2008’, con el fin de dar res-puesta al problema de accesibili-dad de la vivienda en España,desde una visión de la viviendacomo derecho social.

La anterior ley del suelo (Ley6/1998), se inspiró sobre la convic-ción de que el ‘problema del suelo’en España era debido casi exclusi-vamente a problemas de escasezde oferta. De esta manera se pre-tendió resolver el problema a partirde la sobrecalificación del mayor vo-lumen de suelo posible como urba-nizable residencial, valorando elsuelo a partir de cuál es su destinoy no su situación real.

A la vista de la situación actual delsuelo en España y, por extensión, delmercado de la vivienda, junto a pro-blemas de inflación y accesibilidadcrecientes, resulta evidente que losresultados de la Ley 6/1998 no hansido positivos, dado que sus plante-amientos iniciales son erróneos:

• Por un lado, nunca se han cons-truido tantas viviendas en Españacomo en el periodo 1998-2005 ynunca ha sido tan prolongada laetapa de aumentos desorbitadosen los precios de las viviendas.

• Por otro, la implantación del nuevosistema de valoración ha contri-buido a encarecer aun más el sue-lo y ha frenado las iniciativas de losmunicipios destinadas a interveniren el correspondiente mercado.

La nueva Ley de Suelo parte de unainterpretación del problema del sue-lo muy diferente. Así, la actual nor-mativa se inspira en el principio deque el problema del suelo en Espa-ña ha venido provocado por un ex-ceso de demanda de vivienda, cuyaconsecuencia inmediata ha sido lainflación del suelo.

La nueva ley otorga al Estado la le-gislación sobre el suelo y no sobretemas urbanísticos como estable-cía la Ley 6/1998. Por otro lado,establece la obligatoriedad del Es-tado de encauzar el desarrollo ur-banístico sostenible, mediante lapotenciación del uso eficiente delsuelo en sentido económico, elcontrol sobre los desarrollos urba-nísticos y el fomento de la calidadambiental.

LEY DE SUELO

nuestra Constitución, frente al sesgo ac-tual marcadamente individualista.

� Las ayudas fiscales deben racionali-zarse y orientarse bajo los criterios decoordinación y colaboración entre admi-nistraciones, evaluación de sus resulta-dos y eficacia en relación con losgrandes objetivos de la vivienda.

� La expresión vivienda digna no es algoretórico sino que debería traducirse en:

– compromisos públicos para asegurarque nadie quede fuera de este derecho;

– alquiler y propiedad como opciones li-bres, equilibradas y accesibles paratodos los ciudadanos;

– condiciones de habilitabilidad adapta-das a las circunstancias personales;facilidades económicas para el ac-ceso a la propiedad y ayudas públicaspara los arrendatarios en función desus recursos;

– y en erradicar definitivamente la infra-vivienda a través de la puesta en mar-cha de políticas de inserción.

Desde esta perspectiva integral, UGTpropone:

� Incorporar como un nuevo derechode protección social el derecho a residirdignamente cuando se carezca de re-cursos, un derecho ejercitable ante lospoderes públicos y para el que los ayun-tamientos y las Comunidades Autóno-mas deberían contar con inmueblesadecuados y suficientes.

� En relación con el suelo, su legislacióny la actuación pública relacionada con elmismo, UGT mantiene que es necesario:

– Evitar la especulación del suelo queestá asociada, tanto a una valoracióndel mismo en relación a sus expecta-tivas de revalorización, como a la au-sencia del control administrativo queestablece la Constitución.

– Reforzar la información, transparenciay participación en relación con la ges-tión urbanística municipal y, en parti-

cular, con la gestión de los patrimo-nios públicos del suelo.

– Que el suelo cedido a los ayunta-mientos por los promotores debe serla materia prima sobre la que realizarlas políticas sociales de vivienda y nouna vía de financiación.

� En relación con la construcción de vi-viendas protegidas, UGT propugna que:

– Las viviendas protegidas alcancen el60% del total de las licencias de cons-trucción de vivienda nueva. De ellas,la mitad debe destinarse al alquiler.

– Se instituyan registros locales y auto-nómicos de demandantes de vivien-das.

– Se establezcan nuevas medidas decontrol público para las segundas ysucesivas transmisiones de viviendasprotegidas.

� Respecto a las medidas necesariaspara impulsar el alquiler, UGT consideranecesario:

– Introducir deducciones por alquiler enel tramo transferido a las comunida-des autónomas en materia de IRPF.

– Crear un Fondo Nacional de Ayuda alalquiler para personas que viven enparques privados de vivienda de al-quiler.

– Poner en marcha parques de vivien-das en alquiler de gestión pública.

– Establecer ayudas adicionales al in-quilino cuando su nivel de esfuerzoeconómico sea superior al 30% desus ingresos.

– En relación con las subvenciones al al-quiler que otorga el Plan Estatal y quefinalizan a los dos años, permitir que,acabado este plazo, los mayores de65 años o personas con discapacida-des sigan percibiendo las ayudasmientras sean necesarias.

– Reforzar las garantías del arrendador,favoreciendo el arbitraje como mediode solución de las controversias y es-tableciendo un seguro en los contra-tos que garantice al arrendador elcobro de las rentas.

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4. SANIDAD

Esta legislatura ha estado marcada por elesfuerzo del Ministerio de Sanidad y Con-sumo en reforzar sus funciones de coor-dinación del Sistema Nacional de Salud(SNS) y de potenciar la cohesión y laequidad en el mismo. En las actuacionesha predominado la orientación hacia lapromoción de la salud y a la prevenciónde las enfermedades desde una concep-ción integral de la salud, tal y como esta-blece la Ley General de Sanidad.

El Plan de Calidad, en marzo de 2006,se planteó dar respuesta a los retos delSNS incrementando la cohesión del sis-tema, garantizando la equidad en laatención sanitaria a los ciudadanos, conindependencia del lugar en el que resi-dan, y asegurando que esta atención seade la máxima calidad. Consta de 6 áreasde actuación: protección, promoción dela salud y prevención, fomento de laequidad, apoyo a la planificación de losrecursos humanos en salud, fomento dela excelencia clínica, utilización de lastecnologías de la información para mejo-rar la atención de los ciudadanos y el au-mento de la transparencia.

De especial relevancia han sido las es-trategias nacionales de cáncer, cardio-patía isquémica, diabetes, salud mental,cuidados paliativos y atención al partoderivadas del Plan de Calidad.

En Salud Pública, iniciativas como la Ley28/2005, de 26 de diciembre, de medi-das sanitarias frente al tabaquismo y re-guladora de la venta, el suministro, elconsumo y la publicidad de los produc-tos del tabaco, cuyo objetivo es el deproteger la salud frente al consumo detabaco; la estrategia para la Nutrición,Actividad Física y Prevención de la Obe-sidad (NAOS), que tiene como finalidadmejorar los hábitos alimentarios e impul-sar la práctica regular de la actividad fí-sica de los ciudadanos, poniendo espe-cial atención en la prevención durante laetapa infantil y el Plan Nacional de Pre-paración y Respuesta ante una pande-

mia de gripe aviar, han marcado el ca-rácter preventivo y de promoción de lasalud de las políticas sanitarias de ám-bito estatal en esta legislatura.

En noviembre de 2004, el Plan Estraté-gico de Política Farmacéutica para el Sis-tema Nacional de Salud (SNS) estableciólos objetivos de mejorar la prestación far-macéutica, fomentar el uso racional delos medicamentos, incrementar la efi-ciencia de los recursos económicos des-tinados a su financiación pública y refor-zar la sostenibilidad del sistema. Comoconsecuencia, la Ley 29/2006, de 26 dejulio, de garantías y uso racional de losmedicamentos y productos sanitarios ysu desarrollo reglamentario, establecie-ron un nuevo marco normativo para lapolítica de farmacia.

No obstante, ha faltado claridad paradesarrollar las bases y la coordinacióngeneral de la Sanidad, como competen-cia del Estado, y no se ha querido reco-nocer la trascendencia del diálogo socialpara sostener la cohesión de nuestroSistema Nacional de Salud.

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PROPUESTAS DE UGT

En los últimos años, como consecuen-cia del ámbito competencial de las Co-munidades Autónomas, se han idoponiendo en práctica numerosas inicia-tivas relacionadas con la gestión y la fi-nanciación en el Sistema Nacional deSalud, desde la diversidad de formas degestión no suficientemente evaluadashasta las formas de colaboración pú-blico-privada que han proliferado másrecientemente en la construcción y ges-tión de centros sanitarios. Tanto unascomo otras han supuesto la ruptura conel modelo tradicional de gestión directay de financiación pública en las infraes-tructuras que caracteriza y predominaen la mayoría del sistema sanitario pú-blico español.

El mayor riesgo de esta diversificación demodelos es la introducción de criterios yvalores de mercado en la asistencia sa-nitaria que colisiona con su considera-ción de bien social y que determinan elsistema sanitario público como pilar bá-sico del Estado de Bienestar.

En la situación actual es fundamental de-fender los principios, valores y funda-mentos en los que se inspira el SistemaNacional de Salud, que debieran ser de-fendidos y utilizados como referentes delas actuaciones de gobierno:

� La naturaleza no contributiva de lasprestaciones y servicios de asistencia sa-nitaria incluidas en la acción protectorade la Seguridad Social. Es fundamentalla defensa del sistema sanitario públicoen el marco establecido por la Constitu-ción Española, porque obedece a unmodelo que garantiza la solidaridad, laequidad y la redistribución social.

� La universalidad como garantía deigualdad en el acceso a las prestacionessanitarias.

� La equidad como factor que permitirácorregir desigualdades en el acceso a lasprestaciones, tanto desde la oferta del

tipo de prestaciones, como desde la fa-cilidad de utilización de las mismas.

� El sistema público, con financiación,gestión y provisión públicas.

� La financiación pública del SNS, a tra-vés de los mecanismos de financiaciónestablecidos en las leyes para garantizarla suficiencia dinámica que permita fi-nanciar los servicios de asistencia sani-taria en el conjunto del SNS y en cadauna de las Comunidades Autónomas, asícomo las actuaciones orientadas a la co-hesión y a la equidad. Para ello, el gastosanitario público debe aproximarse, enporcentaje sobre PIB, al promedio de laUE de los 15 países previo a las dos úl-timas ampliaciones y desarrollar regla-mentariamente el Fondo de Cohesiónque debería convertirse en un Fondo dela Seguridad Social para la Cohesión delSNS, ampliando su dotación e inclu-yendo entre sus fines de manera priori-taria la cohesión sanitaria y la correcciónde desigualdades.

Para la defensa de este modelo, son ne-cesarias otras propuestas como:

� Constitución de una Mesa de DiálogoSocial en la que abordar todos los temasrelacionados con el Sistema Nacional deSalud en su conjunto y, especialmente,en todo aquello relacionado con la finan-ciación, la equidad, la seguridad, la cali-dad, la sostenibilidad, la solidaridad, launiversalidad y la cohesión del mismo.

� Actualización del marco normativoconstituido por el Estatuto Marco (EM) yla Ley de Ordenación de las ProfesionesSanitarias (LOPS), plan de choque parala formación de especialistas y planifica-ción negociada de los recursos humanosen una mesa sectorial estatal.

� Incrementar la participación social enel Sistema Nacional de Salud, por tra-tarse de un pilar fundamental del Estadode Bienestar, según el modelo estable-cido en la Ley de Cohesión y Calidad delSNS y la Ley General de Sanidad.

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La Ley de atención a las personas en si-tuación de dependencia va a afectar fa-vorablemente a cerca de 1.500.000 per-sonas en el momento actual, incremen-tándose esta cifra de manera significa-tiva a la vuelta de unos años y, espe-cialmente, a los mayores de 65 años,que son quienes más padecen algún tipode discapacidad.

Las necesidades de los afectados por si-tuaciones de dependencia y las perso-nas mayores han venido siendo aten-didas por las administraciones autonó-micas y locales con un grado de cober-tura desigual y, en cualquier caso, insu-ficiente. El sistema de Seguridad Social,por su parte, ha asumido otros aspectoscomo la gran invalidez y diversas presta-ciones de discapacidad, rehabilitación yasistencia.

La Ley de Dependencia ha ido muchomás lejos al establecer un nuevo dere-cho que se fundamenta en la universali-dad, equidad y accesibilidad. El Estado,por tanto, va a garantizar la igualdad detodos los españoles al acceso a las con-diciones básicas del sistema.

El nuevo derecho que genera la Ley deDependencia tiene una trascendenciaenorme y hay que calificarlo como unode los avances más significativos en lamejora a favor del progreso y consolida-ción del Estado social que consagra laConstitución Española.

La Ley establece unos niveles mínimosde protección, garantizados y financia-dos por la Administración General delEstado y un segundo nivel de colabora-ción con las Comunidades Autónomaspara el desarrollo de otras prestacionesque contempla la Ley.

A pesar del crecimiento económico de losúltimos años, España viene padeciendounos servicios sociales destinados al cui-dado de las personas dependientes pordebajo de la media europea.

Fuente: ‘Libro Blanco’.

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5. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Plazasresidenciales

Serviciosdomiciliarios

Francia 6,7 12,5

Holanda 9,0 20,0

Alemania 4,1 8,6

Dinamarca 13,0 31,0

España 3,7 3,1

RATIO DE COBERTURA(plazas por cada 100 mayores de 65 años o más)

UGT, en 1998, en las resoluciones de su37º Congreso ya demandaba el estable-cimiento de prestaciones para el cuidadode las personas dependientes. Después,como consecuencia del Acuerdo dePensiones de 2001, UGT denunció el in-cumplimiento de lo que allí se establecíay, en definitiva, la falta absoluta de unapolítica de atención a la dependencia du-rante la legislatura del PP.

Los frutos de la Ley de Dependenciaapenas se han dado todavía, teniendoen cuenta la reciente entrada en vigor dela norma y el necesario desarrollo regla-mentario y su aplicación.

En cualquier caso, parece evidente queel contenido de la Ley, así como las par-tidas presupuestarias comprometidas,van a permitir obtener resultados visiblesde mejora en los ciudadanos que preci-sen de estos servicios, así como en lacalidad de vida en las familias que sonlas que han venido asumiendo la aten-ción de los enfermos y dependientesante la falta de cobertura por parte delEstado.

PROPUESTAS DE UGT

� Marco legal: El Sistema Nacional dela Dependencia debe configurarse comoun conjunto de prestaciones y serviciosque garanticen a todos los ciudadanosuna cobertura universal, homogénea,digna y suficiente en todo el territorio,que más allá de un seguro de cuidadosproporcione protección tanto social y ju-rídica, como económica a las personasdependientes, con especial protección alas rentas más bajas.

� Universalidad en las prestaciones:Deben estar comprendidos todos los es-pañoles y extranjeros que residan legal-mente en España. El campo de apli-cación podría ampliarse a los españolesresidentes en el extranjero, siempre queno estén protegidos por la misma con-tingencia por la legislación del país de re-sidencia.

� Definición de dependencia: Se de-ben establecer los criterios de valoraciónde la misma con inclusión de las defini-ciones de actividades básicas de la vidadiaria y actividades instrumentales, todosellos, conceptos básicos a la hora de de-terminar la valoración y el grado de ladependencia.

� Condiciones de acceso: Se debenconfigurar los baremos en función de losgrados de dependencia de tal forma quequeden delimitados los criterios de en-trada al sistema, para que no existan di-ficultades interpretativas tanto en el ac-ceso como en ulteriores revisiones.

� Sistema de valoración: El sistema hade ser común para toda España, inde-pendientemente de su gestión por lasComunidades Autónomas, regulando losequipos de valoración y estableciendolos recursos y procedimientos comunes(plazos y tiempos de resolución de ex-pedientes).

� Carácter de las prestaciones: Lasprestaciones han de ser públicas y decalidad. La oferta de servicios puede ser

tanto pública como privada homologada,pero sometida en ambos casos a unaevaluación periódica.

Se deben primar las prestaciones deservicios concebidos éstos de forma plu-ral y de calidad; con formación especí-fica en los diferentes servicios, esto es,atendidos por profesionales, contem-plando el aseguramiento del cuidador ala Seguridad Social y servicios de respiropara situaciones especiales.

� Alcance de la asistencia: Se debefijar no sólo el tipo de servicio, sino eltiempo de la asistencia que requiera lapersona en situación de dependencia enfunción del grado de la misma, de talforma que aunque exista un catálogo deprestaciones básicas e igualitarias éstasse deben adaptar de forma especifica acada persona.

� Catálogo de prestaciones: A los ser-vicios sociales tradicionales (residencias,centros de día, ayuda a domicilio y tele-asistencia, entre otros), UGT proponeque también se proporcionen recursospara conseguir que el domicilio habitualde estas personas reúna las condicionesnecesarias de habitabilidad que les per-mita el mayor nivel posible de autonomíapersonal.

� Coordinación sociosanitaria: Losservicios y prestaciones destinados paraatender a las personas en situación dedependencia tienen una doble vertiente,sanitaria y social; por tanto, es impres-cindible desarrollar los cuidados socio-sanitarios, dirigidos a las personas de-pendientes a través de la red pública,complementando el cuidado de la saludcon las actuaciones precisas desde elámbito de los servicios sociales. Con elfin de lograr una mayor coordinaciónentre los sistemas sanitarios y de servi-cios sociales, sería pertinente la articula-ción de mapas sociosanitarios queintegren los diversos niveles.

� Financiación de las Administraciones:La financiación ha de contar con la partici-pación de todas las Administraciones, in-

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cluidas las corporaciones locales, aunquede forma más directa la Administración delEstado y las Comunidades Autónomas.

� Financiación del Sistema Nacional:UGT defiende el principio general de quelas prestaciones de carácter universal sefinancien con recursos fiscales.

� Aportación del usuario: La aporta-ción del usuario en el coste de los servi-cios ha de mantenerse en parecidosparámetros a los actuales. En cualquiercaso, es imprescindible que se garanticeel acceso a los servicios a aquellas per-sonas en situación de dependencia quecarezcan de recursos, a la vez que se déespecial protección a las rentas másbajas. La aportación del usuario se debeestablecer en función de sus rentas.

� Creación de recursos: La creaciónde recursos exige un esfuerzo com-

plementario que debe venir aparejadocon el establecimiento del Sistema Na-cional de Atención a la Dependencia.Pero es necesario promover la exis-tencia de residencias y centros de díade ayuda a domicilio y teleasistenciade titularidad publica. Los esfuerzosdeben venir vinculados a la creaciónde recursos públicos, aprovechando lainfraestructura privada que existe en laactualidad mediante la concertaciónde los servicios.

� Fomento de cuidados a través deotras vías: Desde UGT no comparti-mos ni deseamos estimular el cuidadofamiliar mediante desgravaciones fisca-les. UGT, es contraria a la creación deseguros privados para este tipo de cui-dados ya que sólo podrán tenerlosaquellas personas con recursos sufi-cientes, condenando al resto a unamenor protección.

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El presente documento califica la legislatura2004-2008 como un cuatrienio de diálogosocial. Calificación que podemos considerar

como rigurosamente cierta, aunque sólo fuera por he-chos como son la mejora de las prestaciones mínimasdel sistema de Seguridad Social y la ley de la autonomíapersonal y atención a la dependencia. Sin embargo, elesfuerzo social ha sido mucho más amplio y ello ha sidoposible, no sólo por un cambio de gobierno en 2004,sino, también, por el peso cualitativo que ha tenido laconcertación social en este campo. Los sindicatos, enrepresentación de las capas trabajadoras de España,han hecho de la concertación en materia de política so-cial el ámbito por excelencia de su acción sindical,desde hace varias décadas, y así deberá ser en el futuropara garantizar los derechos sociales de hoy y los quese vayan generando en el futuro.

Ello no podía ser de otra manera, ya que el Estado deBienestar es una garantía estructural de las condicio-nes de vida de casi el 60 por cien de los hogares es-pañoles. Baste considerar, a modo de ilustrativoejemplo, y en base a la Encuesta de Condiciones deVida de 2005 (primera ola), que sustituye al Panel deHogares de la Unión Europea, que, de un total de13.955.521 hogares, 8.084.408 recibieron algún tipode prestación social (el 58% de todos los hogares) yque, por otra parte, si la renta media anual neta de unhogar era de 9.470 euros anuales antes de prestacio-nes sociales, después de las prestaciones sociales al-canzaba los 19.274 euros anuales. Todo ello sinconsiderar la cobertura sanitaria de toda la población,la educación y los servicios sociales. En el caso con-creto de la población en situación de precariedad y po-breza la acción del Estado de Bienestar es determi-nante en la renta de los hogares.

Obviamente el Estado de Bienestar es, en parte, un re-flejo del mercado de trabajo y, por ello, el grueso de laprotección social expresa la posición de las personasen el mercado de trabajo, su relación salarial. Pero tam-bién, y al mismo tiempo, el sistema de protección socialen un sentido amplio, incluyendo educación y vivienda,corrige y modula al mercado laboral mediante las pres-taciones económicas y los bienes colectivos que hacendel trabajador un ciudadano con derecho sociales bá-sicos a la sanidad, la educación y a unos ingresos mí-nimos. En este sentido, el Estado de Bienestar es uncapital histórico construido desde hace décadas queforma parte de la historia de las condiciones de vida delas capas trabajadoras y que está haciendo posible latransición social y técnica a la nueva fase histórica deproducción y consumo. De tal forma que a mayor gradode extensión de los derechos sociales y a mayor

contenido de los mismos, no sólo estaremos garanti-zando condiciones de vida dignas para la inmensa ma-yoría de las capas trabajadoras sino haciendo tambiénque la cohesión social sea la condición necesaria paratransitar hacia la nueva reforma social emergente. Unacohesión social no de mínimos, para la simple garantíadel orden social y laboral, sino una cohesión social su-ficiente para garantizar la calidad de vida de los ciuda-danos y que esté en relación con el grado de desarrollosocial y económico de España.

Tal como señala el informe de UGT, las políticas socia-les de estos cuatro años han tenido cuatro vectores: lamejora de las prestaciones mínimas teniendo en cuenta,además, las nuevas realidades sociológicas (parejas dehecho) así como medidas dirigidas a la ampliación de lavida laboral; la puesta en marcha de la llamada ley de ladependencia que constituye un nuevo desarrollo del Es-tado de Bienestar y significa el paso de un riesgo indi-vidual y familiar, asumido casi en exclusiva por la mujer,a un riesgo social; el reforzamiento de las políticas enfavor de la mujer trabajadora, de los hijos a cargo, y laconciliación del trabajo y la vida personal y familiar; nue-vos desarrollos en el sistema educativo y sanitario y, úl-timamente, en el de la vivienda.

El impacto de estas políticas sociales nunca suele serinmediato sino a medio plazo, puesto que necesitantiempo de maduración y desarrollo, pero, con seguri-dad, se reflejarán en los niveles de gasto social relativa-mente contenidos hasta recientemente y, sobre todo,en la mejora de la calidad de vida de las personas.

Más allá de la necesidad inmediata de estas políticassociales dirigidas a materializar los derechos socialesde los ciudadanos, se hace necesario, aunque sea es-quemáticamente, enmarcar estas políticas en el cursohistórico reciente del Estado de Bienestar español, y tra-zar su porvenir en los años venideros aunque sea deforma tentativa, ya que la perspectiva de nuestra histo-ria social reciente y la concepción sobre su devenir pue-den iluminar de alguna manera la reflexión sobre lasestrategias de la acción sindical ante la reforma socialemergente.

Nuestro modelo de protección social, en un sentido am-plio, se ha caracterizado por tres rasgos fundamentales:

A) Un proceso creciente de universalización de servi-cios y prestaciones desde hace tres décadas, conlimitaciones en cuanto a su intensidad protectora,que ha hecho de nuestro Estado de Bienestar unaherramienta fundamental para extender los derechossociales. Un proceso, es cierto, compatible con

Estado de Bienestar y acción sindical

Gregorio Rodríguez CabreroCatedrático de Sociología. Universidad de Alcalá

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segmentaciones internas y límites variados en inten-sidad protectora que han afectado a los colectivoscon prestaciones mínimas y de tipo asistencial.

B) En segundo lugar, hemos construido un modelo deEstado de Bienestar caracterizado de manera cre-ciente por la gestión privada del mismo que, si biense justifica en circunstancias y situaciones determi-nadas por razones de oportunidad, flexibilidad y efi-ciencia, ello ha supuesto también relativamente laminusvaloración de la gestión pública directa en con-textos en los que el sector público tiene que sermarco de referencia en la producción de servicios decalidad. No cabe duda de que el ascenso de las cla-ses medias-altas neopatrimoniales, la extensión deconcepciones ideológicas contrarias al papel de lopúblico y, también, los problemas parciales de inten-sidad protectora y calidad de los servicios, han con-tribuido a una cierta contención en el desarrollo delEstado de Bienestar y de su red de servicios.

C) Finalmente, la descentralización del Estado de Bien-estar en nuestro modelo de Estado cuasifederal asi-métrico, ha supuesto un acercamiento de los ser-vicios a los ciudadanos, y desarrollos de la partici-pación social y de las organizaciones sociales en elEstado de Bienestar. Pero ello también ha venidoacompañado de problemas en el equilibrio territorial

de servicios y prestaciones, y dificultades crecientespara la acción estatal en cuanto a coordinación y ga-rantía de derechos sociales iguales.

Estos rasgos, sucintamente señalados, conforman lasenda histórica reciente del sistema español de protec-ción social. Deben ser tenidos en cuenta, no como rea-lidades institucionales inamovibles, sino como datos departida para la conformación de la reforma social del fu-turo mediato en relación obviamente con los problemassustanciales que hay que abordar en los años venide-ros, a saber: ampliar y consolidar un mercado de tra-bajo estable; facilitar la integración social y laboral de laamplia población trabajadora inmigrante no comunitaria;la lucha contra la exclusión social en todos los órdenes,acelerando la integración laboral de las personas en si-tuación de discapacidad con tasas de ocupación muyinferiores a la media y coordinando los sistemas de ren-tas de inserción autonómica; preparar una sociedad enrápido proceso de envejecimiento, teniendo en cuentala necesidad de fomentar la prolongación voluntaria dela vida activa, la garantía de financiación de un sistemapúblico de pensiones a largo plazo y la protección de lassituaciones de dependencia, entre otros.

La reforma social de los años venideros vendrá condi-cionada, sin lugar a dudas, por nuestro marco institu-cional y la experiencia pasada, pero, también, por el

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marco del modelo social europeo y las propias deman-das de los trabajadores y los ciudadanos en general. Eneste sentido la reforma social exigirá esfuerzos de con-certación indudables entre los agentes sociales, econó-micos y los gobiernos pero también, qué duda cabe, elavance de los derechos sociales vendrá también de lamano de las expectativas, demandas y reivindicacionesde los ciudadanos que plantearán qué necesidades so-ciales deben ser satisfechas en el marco del Estado deBienestar.

Negociación y reivindicación son dos caras en el desa-rrollo de la acción sindical en pro de la reforma social, eneste largo período histórico de extensión del Estado deBienestar en España. La consolidación de los derechossociales actuales y la conformación de los derechossociales en el futuro mediato de una sociedad másdiversa, envejecida y con nuevas formas de desigual-

dad y exclusión social, exigirán nuevos modos de con-certación a favor de derechos sociales iguales. Pues,efectivamente, no se trata únicamente de la defensa delactual sistema de protección social sino también y,sobre todo, de desarrollar los derechos sociales delfuturo y del desarrollo de políticas sociales dirigidas a lamejora permanente de los servicios públicos, la exten-sión de los servicios sociales, la lucha contra la exclu-sión social y laboral, la igualdad de género en el ámbitolaboral y de la protección social, la integración de lasnuevas capas trabajadoras de inmigrantes, la consoli-dación del nuevo sistema de protección social a lassituaciones de dependencia y la conformación de unasociedad activa en relación con el envejecimiento de lapoblación. Líneas del desarrollo del Estado de Bienes-tar que recoge el informe social de UGT y que constitu-yen un programa a medio-largo plazo de la acciónsindical.

IV

1. INTRODUCCIÓN

EL fuerte ritmo de crecimiento que ha mantenido la economía española en laúltima década ha ido acompañado de un proceso de terciarización creciente denuestra actividad productiva, un rasgo común a la mayoría de las economíasdesarrolladas. Lo que diferencia al caso español es que este proceso se ha

dado en unas circunstancias de mayor ritmo de crecimiento económico que los paísesde nuestro entorno y que ha ido acompañado de dos procesos no derivados de la ter-ciarización: la contracción de la actividad industrial y la expansión de la construcción.

Durante el periodo 1996-2007 (hasta el segundo trimestre) la economía española ha al-canzado una tasa de crecimiento interanual media del 3,7%. Más de la mitad de ese re-gistro, en concreto 2,2 puntos porcentuales (p.p), se ha debido a la aportación del sectorservicios, frente a los 0,5 p.p. de contribución de la industria. La construcción reportó unacontribución media al crecimiento de 0,4 p.p., tan solo una décima menos que la industria.

Las actividades industriales empezaron a dar signos de un mayor dinamismo en el año2006, tras seis años creciendo por debajo del PIB, viéndose favorecidas por la concu-rrencia de una serie de factores económicos muy positivos, tanto a nivel interno comoexterno, que impulsaron un fuerte dinamismo de la actividad. Entre estos factores des-tacaron especialmente la fortaleza de la demanda interna y la notable recuperación delas principales economías internacionales, especialmente en la zona euro, que indujeronuna mejora de las exportaciones y de las perspectivas empresariales y una revisión al alzade los planes de inversión.

La tendencia a la especialización en actividades de bajo nivel tecnológico y menor valorañadido ha sido el factor que más negativamente ha influido en la productividad de laeconomía española y que más nos aleja de los estándares de productividad de los paí-ses desarrollados. Como consecuencia del fuerte crecimiento experimentado en 2006,tanto por el PIB, como por el empleo, la productividad aparente del factor trabajoaumentó a un ritmo del 0,8%, tan sólo tres décimas más que en el año 2005, y todavíapor debajo del 1%.

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Modelo productivo

Esta situación es especialmente preo-cupante desde el punto de vista delbienestar de los ciudadanos, ya que elcrecimiento de la productividad del tra-

bajo es la base que permite que larenta per cápita aumente, lo que se tra-duce en aumentos del bienestar de lapoblación.

que acabe con la dejación absoluta queel Gobierno anterior mantuvo durantesus dos legislaturas.

Precisamente este abandono ha agudi-zado las carencias que España presentacon respecto a la UE en términos deconvergencia productiva y competitivi-dad industrial, consecuencia que suponeuna fuerte restricción para la convergen-cia social. Y la realidad demuestra quese tenderá hacia una convergencia enrentas cuando se superen las diferenciasen el terreno productivo. Por ello, másque nunca es necesario apostar fuertepor la solidez del tejido industrial, para lo-grar la fortaleza del crecimiento y el em-pleo de este país.

España necesita poner en marcha una es-trategia competitiva acorde con las debili-dades que presenta su estructura pro-ductiva. Se debe configurar una compe-tencia en mercados y productos, no enbase a la reducción de costes, sino a laaplicación de toda una serie de actuacio-nes horizontales que, articuladas con po-líticas selectivas a nivel sectorial y territorial,conformen unmodelo competitivo basadoen mejoras de la productividad.

Junto a las limitaciones que nuestro mo-delo productivo impone al proceso decrecimiento autónomo del país, el au-mento de la competencia internacionalderivado del proceso de globalizacióneconómica, y en un plano más cercano,el proceso de ampliación de la UE, re-claman la necesidad urgente de superarlas debilidades competitivas de la indus-tria española.

En nuestro país las medidas adoptadasen materia industrial de anteriores legis-laturas han puesto de manifiesto una po-lítica indiscriminada y obsesiva de privati-zaciones y liberalizaciones, apostandopor un modelo de competencia pasivade bajos costes laborales.

UGT considera que dejar al mercado y ala libre iniciativa empresarial la responsa-bilidad de decidir el tipo de estructuraproductiva más conveniente para Es-paña, no resuelve las debilidades del te-jido productivo español. El mercado vie-ne demostrando que por sí solo no escapaz de configurar una estructura pro-ductiva que supere estas debilidades. Laoferta productiva nacional mantiene susdeficiencias tradicionales y continúa es-tando muy alejada de las estructuras in-dustriales de los países más desarro-llados de Europa. Asimismo, la falta deconvergencia en términos de productivi-dad y competitividad industrial que pa-dece nuestro país con respecto a Eu-ropa, es una restricción para alcanzar laconvergencia social en empleo, rentas ybienestar social.

UGT valora la decisión emprendida porel actual Gobierno al inicio de la legisla-tura de recuperar, con la creación de unnuevo Ministerio de Industria, Turismo yComercio, las antiguas funciones des-arrolladas por el extinguido Ministerio deIndustria, con el objetivo de apostar poraquello que desde hace dos legislaturasse había eliminado de la agenda política:una política industrial que atienda la eco-nomía productiva, que introduzca crite-rios de competitividad en las empresas y

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2. POLÍTICA INDUSTRIAL

PROPUESTAS DE UGT

� Es indispensable la creación de unamesa permanente de política industrialque garantice una interlocución efectiva,así como la participación de los agentessociales en la gestión del cambio. Esteproceso debe trasladarse desde el ám-bito regional y local al ámbito nacional,en la elaboración y seguimiento de laspolíticas industriales.

� El necesario fortalecimiento de la co-ordinación de una política industrial eu-ropea, exige una mayor responsabilidady competencia de la política nacional enel marco de una cada vez más acen-tuada mundialización de la economía.

� Deben redefinirse las actividades in-dustriales, delimitando la composiciónsectorial de la industria nacional y forta-leciendo la coordinación con las Comu-nidades Autónomas.

� La planificación estratégica a largoplazo de la política industrial debe tenersu reflejo anual en los Presupuestos Ge-

nerales del Estado (PGE). La política pre-supuestaria debería contemplar una do-tación anual creciente de recursosdestinados a:

– Ayudas financieras orientadas a fo-mentar las actividades industriales decontenido tecnológico alto y medio ya modernizar las empresas de activi-dades de contenido tecnológico bajo.

– Minimizar las debilidades que carac-terizan a los sectores industriales es-tratégicos tradicionales de nuestraeconomía, como el naval y el textil, te-niendo presente el papel fundamentalque debe jugar el sector público.

– Cualificación y formación de los tra-bajadores de acuerdo a las necesida-des del mercado.

� Dinamizar la actuación de los Obser-vatorios Industriales, aumentando su pre-sencia en más ramas de actividad. Losobservatorios deben servir como instru-mentos que orienten una política indus-trial en defensa de la cohesión económicay social en todo el territorio y para dife-rentes ramas de actividad industrial.

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DE TORMENTAS Y BRISAS

Si en el terreno político, a esta legislatura quefinaliza (2004-2007) se le puede calificar de “gran tor-menta tropical”, la legislatura económica ha sido unacontinua y cálida brisa que tan sólo ha experimentadosun acelerón en la velocidad del viento, al final de lamisma, al albur de una confluencia de borrascas pro-cedentes del Este (en forma de subidas del precio delpetróleo) y del Oeste (en forma de sacudidas moneta-rias producidas por la concentración de partículas cre-diticias de baja calificación procedentes del sistemabancario estadounidense). El encuentro entre ambasborrascas está generando, de momento y sólo enalgunas zonas del planeta, las más desarrolladas, llu-vias de poca entidad, con chaparrones locales y, enprincipio y a tenor de la mayoría de los pronósticos, conuna evolución que no alcanzará demasiada intensidadni mucha más extensión de la que ya ha logrado.

CRECIMIENTO CON EQUILIBRIO Y ESTABILIDADEN LA POLÍTICA ECONÓMICA

Así pues, en el plano económico se le podría clasificara la trayectoria experimentada en estos cuatro últimosaños como de estabilidad, con respecto a las doslegislaturas anteriores, en el plano de la política econó-mica y de tranquilidad en cuanto al propio discurrir eco-nómico. En el primer plano, en el ámbito de la políticaestrictamente económica, no se han introducido gran-des alteraciones respecto al diseño que, a mediados delos años noventa, desarrollara el actual Ministro de Eco-nomía, Pedro Solbes. En todo caso cabría hacer refe-rencia a algunas actuaciones concretas que intensificano extienden algunos de los ejes básicos de esa políticamacroeconómica. Y en el terreno de los hechos eco-nómicos, más allá de avatares empresariales concre-tos, el discurrir económico general ha mostrado unamejora de la situación con respecto a la legislatura an-terior tanto en lo que se refiere a los equilibrios macro-económicos básicos como a la propia dinámica delcrecimiento económico. Tan sólo en el último trimestredel año pasado se introduce una nube oscura en estehorizonte de cielos bastante claros.

Sin duda, el ciclo económico en el que estamos inmer-sos manifiesta pautas singulares; un largo período de cre-cimiento continuado, por más de una década, que no

deja prever con precisión el momento de caída de laactividad, el final del mismo. De hecho, todas las predic-ciones de organismos internacionales y nacionales apun-tan a que el ciclo expansivo seguirá activo en el presenteaño y en el siguiente, al menos, aunque con menorintensidad en lo que al crecimiento se refiere. Tales pre-dicciones, según la revista The Economist, se sitúan entorno al 2,5 por ciento de incremento anual del PIB,medio punto porcentual más que las estimaciones quese atribuyen al crecimiento del área euro; no es comopara lanzar cohetes, pero, seguiremos manteniendo latrayectoria de convergencia europea sostenida, sin so-lución de continuidad, en los últimos doce años.

No obstante, este buen discurrir de los datos macroe-conómicos durante los últimos cuatro años, puede verseempañado por la llegada tras el verano pasado de lasdos corrientes borrascosas señaladas: turbulenciasfinancieras y un nuevo salto en los precios del petróleo.Los efectos de la primera corriente aún no se han mate-rializado en nuestro país de forma significativa, más alláde una retracción en la liquidez que ofrece el sistemafinanciero, cauto ante los efectos internacionales del fe-nómeno; escasez de liquidez que puede estar apunta-lando el ajuste que avanza en el sector de la construcciónresidencial. Todo ello, sin duda genera un clima de incer-tidumbre que adquirirá, quizás, mayores dimensiones enfunción de la evolución de la economía norteamericanaen los próximos trimestres, si los augurios depresivos quese anuncian para ésta, se concretan. Lo positivo de lasituación internacional es que los países emergentes nohan salido “tocados” por la crisis de las hipotecas basura,tampoco de forma intensa las grandes economías euro-peas y el mundo y su crecimiento económico ya no vis-ten sólo de “barras y estrellas”.

Sí pueden resultar más preocupantes las tensionesinflacionistas que han aparecido en el último trimestre de2007. Con todo y con ello el comportamiento de los pre-cios en la legislatura comentada viene a ser similar al dela pasada (2000-2004), habiéndose reducido ligera-mente, al margen del último episodio inflacionista seña-lado, el diferencial de inflación con respecto a la UE.Queda no obstante pendiente poner fin a las reformasanunciadas, pero no concluidas, de ciertos mercados deservicios (energía, telecomunicaciones, etc.) cuyo com-portamiento constituye uno de los elementos estructura-les básicos de las tensiones inflacionistas que vivimos.

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Notas introductorias para un balanceeconómico de la legislatura 2004-2007

Santos M. RuesgaCatedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid

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POLÍTICA MACROECONÓMICA

Durante la legislatura que toca a su fin, la política ma-croeconómica ha mantenido sus constantes vitales,homogéneas con las experimentadas en períodosanteriores. Obviamente, se ha de hablar tan sólo de lapolítica fiscal y presupuestaria, sujeta ésta última a loestablecido en la ley de Estabilidad Presupuestaria,puesta en marcha en la legislatura, dada la imposibilidadde actuar, a escala nacional, en el terreno monetario ydel tipo de cambio, a efectos decisorios en manos delBanco Central Europeo. Sin embargo, no estaría demás estar vigilantes a la política de este organismo,pues su constituyente obsesión antiinflacionista podríaauspiciar que lo que hoy es una desaceleración delritmo de crecimiento económico camine hacia los tin-tes oscuros de la recesión.

La política de equilibrio presupuestario ha seguido sucurso, promoviendo un descenso importante del nivelde deuda pública, situado ahora entre los más bajos dela UE, al tiempo que se ha ido incrementando el supe-rávit de las cuentas públicas hasta alcanzar en el año2006 cifras cercanas al dos por ciento del PIB. Enbuena medida, lo que Pedro Solbes inició como Comi-sario Europeo, con el Acuerdo para la Estabilidad y elCrecimiento, en el comienzo de este siglo, lo materializaen España, en los últimos años, aprovechando el ciclode bonanza.

La política fiscal, por el lado de los ingresos, ha seguidoinsistiendo en las líneas que se venían manifestandoanteriormente; reformas en la imposición directa, en unintento de primar la generación de ahorro, mejorando eltratamiento fiscal de las rentas de capital y favoreciendotambién la fiscalidad para los niveles salariales más bajos.A tener en cuenta, no obstante, el peso creciente de lafiscalidad de las comunidades autónomas sobre elconjunto de los recursos impositivos de la nación, queva dejando notar su impacto en la relación entrerecaudación por impuestos directos respecto a la ob-tenida por los indirectos. La búsqueda de recursos adi-cionales por parte de las Administraciones autonómi-cas parece canalizarse, en una buena proporción, através de diferentes exacciones fiscales o parafiscalesque gravan actos económicos, que no rentas, dadaslas competencias de estos entes en materia de legis-lación tributaria.

Por el lado del gasto, la política presupuestaria se haorientado en dos direcciones básicas: el impulso a lasacciones que inciden positivamente en la actividad pro-ductiva, en materias como infraestructuras, educacióny formación y reforma del modelo productivo; y, porotro, el avance del gasto social, particularmente haciaescenarios poco protegidos por el Estado de Bienestarvigente, habiéndose desarrollado medidas que tendránun calado singular en el terreno no sólo social, sino tam-bién económico.

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EL DIÁLOGO SOCIAL

Hacer un balance detallado de todos y cada una de lasactuaciones desarrolladas durante esta legislatura iríamás allá del espacio que corresponde a una breveintroducción como ésta; concentrémonos, por tanto, enalgunos de los aspectos más relevantes que han con-ferido su color especial a este periodo. A tales fines voya detenerme sólo en dos de los factores instrumentalesque, a mi entender, han jugado un papel relevante enesta legislatura y le confieren mayor proyección hacia elfuturo, en el plano de la sostenibilidad económica. Merefiero al fructífero desarrollo del diálogo social y a lasactuaciones orientadas a modificar las característicasdel tejido productivo español.

Uno de los instrumentos básicos que han actuado conintensidad en esta legislatura, coadyuvando a reforzarel escenario de crecimiento equilibrado, es, sin duda, eldiálogo de interlocutores sociales entre sí y con elgobierno. En estos cuatro años se ha superado el am-biente de atonía que desde los conflictos laborales de2001 (a raíz del “decretazo”) venían caracterizando lasrelaciones de los agentes sociales con el gobierno deturno. El diálogo social ha impulsado dos líneas deacciones fundamentales en la construcción de un pro-ceso de crecimiento económico con estabilidad. De unlado, asegurando una dinámica de crecimiento mode-rado de los salarios, a través de la negociación colec-tiva, que si bien ha mantenido un cierto nivel derevalorización de las rentas salariales individuales, noha presionado en exceso sobre el excedente empre-sarial, que ha tenido años de notable crecimiento. Todoello ha redundado en un ascenso importante de lainversión productiva, con un resultado muy positivo enmateria de generación de empleo: un saldo neto detres millones de ocupaciones más entre el inicio y elfinal de la legislatura.

Este comportamiento responsable en materia salarialpor parte de los trabajadores ha encontrado compen-sación en el impulso experimentado en materia degasto social, con un sesgo destacado a favor de losniveles más bajos de renta y con efectos inclusos dina-mizadores de la actividad productiva (Ley de Depen-dencia, por ejemplo).

De otro lado, el diálogo social, extendido a la interlocu-ción directa con el gobierno, ha dado como fruto casidos decenas de acuerdos sociales, orientados a undoble objetivo de mejorar la contribución del mercadolaboral a la dinámica económica y de impulsar condi-ciones laborales de mayor calidad en diferentes planos(protección social, siniestralidad, contratación tempo-ral, etc.). Así, se registran avances en la calidad del em-pleo, aunque escasos todavía en cuantía, disminuyendola tasa de temporalidad en la contratación, fenómenoque viene marcando desde hace más de dos décadasno sólo el deterioro de la calidad de las condiciones detrabajo, sino también una pobre dinámica de creci-

miento de la productividad del trabajo. En síntesis, lapaz social que ha traído consigo este renovado marcode diálogo social ha constituido y constituye un pilar bá-sico del positivo comportamiento de la economía es-pañola a lo largo de este periodo legislativo.

COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDADY ESTRUCTURA PRODUCTIVA SECTORIAL

Y, en relación con lo anterior, con el necesario impulsoa la productividad, en suma a la búsqueda de ganan-cias de competitividad para la empresa española, esprecisamente donde se ha manifestado también unempeño especial por parte de la política económica dela legislatura. Desde hace ya años existe en los am-bientes políticos y entre los profesionales de la econo-mía una sensibilidad creciente sobre un modelo pro-ductivo, como el español, que acumula múltiples in-certidumbres frente a un contexto internacional cre-cientemente “agresivo” para las economías nacionales.La necesidad de avanzar hacia un tejido industrial máscompetitivo nos sitúa de nuevo en el debate sobre elpapel económico del Estado, que, en este contexto,se concreta, a mi entender, en la necesidad de ahon-dar en la apuesta que se viene desarrollando en estalegislatura por una política industrial, que ha de ser in-cluso, si cabe, más intensa.

Conviene precisar que en el contexto español y consi-derando lo señalado anteriormente sobre el papel eco-nómico del diálogo social y sus efectos, la mejora de lacompetitividad de las empresas españolas no consti-tuye, esencialmente y de forma generalizada, un pro-blema de costes salariales; más bien constituye un retode productividad, que es lo mismo que hablar de llevara la empresa un flujo creciente de innovación y mejoradel capital humano. En efecto, desde el inicio de laexpansión económica a mediados de los noventa hacrecido de forma muy lenta, configurándose un modelode crecimiento apoyado en el uso extensivo de recur-sos, el trabajo particularmente, lo que ha dado lugar auna estructura productiva abundante en mano de obrapoco cualificada.

En esta perspectiva cabría apuntar que, en primera ins-tancia, el problema no está en la estructura sectorialen sí misma, sino en las condiciones productivas deltejido en su conjunto y en cada una de sus partes.Dicho de otro modo, el impulso a la competitividad es-pañola pasa por el desarrollo acelerado de las condi-ciones más idóneas que favorezcan el avance de laproductividad total de los factores. Avance que seapoya en tres pilares: mejores condiciones del entornoeconómico (infraestructura económica y tecnológica,clima empresarial de cooperación, transparencia demercados, eficiencia institucional, etc.), innovación (enprocesos, en productos y en gestión logística) hacia elinterior de las empresas y capital humano acorde conla marcha del capital tecnológico. El cambio en la es-tructura sectorial será el resultado de estos procesos

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que impulsan la productividad, de acuerdo con las ven-tajas comparativas sectoriales que van definiendo estastransformaciones paulatinas. De ahí, que el eje de lasactuaciones en materia de política industrial ya no pasepor las intervenciones específicamente sectoriales, sinopor la extensión de las acciones horizontales. Lo queno es óbice para que circunstancialmente haya queacudir en apoyo de sectores en crisis y con graveriesgo de deslocalización. Es aquí donde se puedenobservar algunos resultados incipientes, en términosde cambio en la dinámica sectorial, particularmente dela industria, como resultado del esfuerzo inversor quese viene realizando desde los ámbitos privado y pú-blico. A ello responde el ascenso en el ritmo de creci-miento de la productividad aparente del trabajo que seobserva desde el año 2006.

Y sólo a modo de pinceladas finales, quiero señalaralgunos de los retos que siguen irresueltos en el pano-rama productivo español, en aras del logro de ese mo-delo productivo que, finalmente, seleccione empresas ysectores más competitivos.

En el contexto económico que las empresas requie-ren para competir siguen abiertos retos fundamenta-les, tales como el desarrollo de infraestructuras de

transportes y comunicaciones, de ámbitos de coope-ración empresarial en materias como la logística o latecnología de producto, o la mejora de los mecanis-mos institucionales de promoción industrial (coordina-ción territorial, incorporación de los instrumentos de lasociedad de la información, etc.); los retos de la ener-gía, con una gran dependencia externa, o del agua,son asignatura aún pendientes de resolver de modoadecuado a los requerimientos de nuestro sistemaproductivo; el esfuerzo inversor en I+D+i, tanto pú-blico, pero, en mayor medida, empresarial, sigueyendo por detrás de los estándares de los países másdesarrollados; y, de igual modo, nuestros sistemas for-mativos aún requieren más recursos y medios paraacercar sus resultados a las demandas de una socie-dad avanzada.

El crecimiento económico español de los últimos años,que nos está permitiendo converger en renta per capitahacia la media europea, ha venido basándose, funda-mentalmente, en el aporte de una fuerza laboral en con-tinuo ascenso, y, mucho menos en el incremento de laproductividad laboral. Es tiempo de apostar más fuertepara ir modificando este escenario y, por extensión, laestructura productiva española. La política industrialtiene aún un largo camino por recorrer.

Uno de los elementos sobre el que debeconstruirse el nuevo modelo productivoes la tecnología, entendida en su sentidomás amplio: investigación, desarrollo einnovación (I+D+i) y tecnologías de la in-formación y la comunicación (TIC). Sin latecnología, el sistema productivo no escapaz de garantizar la capacidad com-petitiva, ni de aumentar la productividad,ni de mantener un ritmo de crecimientoeconómico y del empleo sostenido.

En el caso de España, aunque los indi-cadores muestran una mejora tecnoló-gica significativa debido a las iniciativasque se han puesto en marcha a nivel na-cional y europeo, se ha acumulado unimportante retraso respecto a los demáspaíses industrializados en cuanto a sugasto en I+D+i.

• El gasto total en I+D en porcentaje delPIB en España ha pasado de 0,9% en2001 a 1,2% en 2006. No obstante,este gasto aún se encuentra en nive-les muy bajos: en la UE-15 el porcen-taje alcanza el 1,91%. Por otra parte,las cifras están aún lejos de los obje-tivos marcados en nuestro ProgramaNacional de Reformas: 1,6% en 2008y 2% en 2010.

• En concreto, el esfuerzo inversor enI+D del sector empresarial es escaso.La falta de dinamismo empresarialpara afrontar los nuevos desafíos tec-nológicos y la ausencia de una culturaempresarial basada en la innovacióny la asunción del riesgo económico,tienen como consecuencia un bajonivel de I+D en el sector privado.

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3. INNOVACIÓN Y DESARROLLO

El Consejo Europeo de Primavera,celebrado en marzo de 2005, plan-teó la necesidad de relanzar la Estra-tegia de Lisboa, concentrando susobjetivos en el crecimiento y el em-pleo, y teniendo como referenciaspermanentes la cohesión social y eldesarrollo sostenible. Asimismo, elConsejo acordó que cada Estadomiembro presentara su respectivoPrograma Nacional de Reformas(PNR), estructurado en torno a Vein-ticuatro Directrices Integradas para elCrecimiento y el Empleo 2005-2008.

El Gobierno de España comparte ple-namente la nueva concentración deobjetivos de la Estrategia de Lisboa yelaboró el PNR en torno a dos gran-des objetivos: alcanzar en 2010 laconvergencia plena en renta per cá-pita y superar en ese año la tasa deempleo de la Unión Europea. Alcan-zar ambos objetivos requiere avanzaren el crecimiento de la productividady continuar en la creación de más y

mejores empleos. Así, el PNR consti-tuye la referencia fundamental de lapolítica económica del Gobierno es-pañol para el periodo 2005-2010.

Para alcanzar estos objetivos, el PNRse basa en siete ejes estratégicos:

1. Refuerzo de la Estabilidad Ma-croeconómica y Presupuestaria

2. Plan Estratégico de Infraestruc-turas (PEIT) y Programa AGUA

3. Aumento y mejora del CapitalHumano

4. Estrategia de I+D+i (INGENIO2010)

5. Más competencia, mejor regu-lación, eficiencia de las Admi-nistraciones Públicas y Compe-titividad

6. Mercado de Trabajo y DiálogoSocial

7. Plan de Fomento Empresarial

Para cada uno de estos ejes serealiza un diagnóstico y unos obje-

tivos específicos, además de desa-rrollar las medidas dirigidas a sucumplimiento, con el fin de corregirlas debilidades detectadas en laeconomía española y, por tanto, delograr un sistema productivo másmoderno, con un equilibrio entrelas necesidades crecientes asocia-das al aumento de la población conla flexibilización y aumento de laoferta agregada. Las acciones depolítica económica contempladasse encaminan a mejorar las dota-ciones de capital humano, tecnoló-gico e infraestructuras; aumentar lacompetencia y eficiencia de secto-res clave, incluyendo la moderniza-ción de los servicios prestados porlas administraciones públicas; po-tenciar la iniciativa emprendedorade toda la sociedad y favorecer lainternacionalización de nuestrasempresas; reducir la tasa de tem-poralidad y la promoción de igual-dad de oportunidades entre muje-res y hombres.

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS

Los avances de esta legislatura no pue-den esconder un sistema nacional deinnovación que continúa estando las-trado por una escasa tradición investi-gadora e innovadora y que adolece deprofundos problemas, entre los quedestacan:

• Un esfuerzo de la Administración Pú-blica insuficiente para incentivar el cre-cimiento de la inversión empresarialen I+D+i.

• La I+D de las universidades y de loscentros públicos de investigación y laoferta de los centros tecnológicos noestá suficientemente orientada hacia lasnecesidades reales de las empresas.

• Han proliferado los fondos y los ins-trumentos de política tecnológica, sintener en cuenta ni su idoneidad ni sucoordinación. Como consecuencia,se han generado solapamientos e in-eficiencias de las estructuras para latransferencia de tecnología.

• Un exceso de burocracia en el proce-dimiento para obtener ayudas públi-cas para el desarrollo de proyectos deI+D+i en las empresas, que ha fre-nado iniciativas innovadoras del sec-tor privado.

No obstante, desde 2005 se ha dado unpaso importante en la incorporación delas políticas de I+D+i al núcleo de las po-líticas de crecimiento y estabilidad ma-croeconómica. El Programa Nacional deReformas de 2005 desarrolla un eje de-dicado a la innovación, en línea con el re-lanzamiento comunitario de la Estrategiade Lisboa.

La importancia creciente de la innova-ción dentro de las políticas del estadoespañol, ha quedado patente en los Pre-supuestos Generales del Estado. Para2008, a través de los PGE las partidasde I+D+i se dotarán de 7.678,94 millo-nes de euros, lo que supone un incre-mento del 17,4% frente a 2007. Coneste aumento, el gasto en I+D+i, que

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partía de una cuantía al inicio de la legis-latura de 2.903,77 millones de euros, hacrecido un 165%.

La política tecnológica de la legislaturase ha sustanciado en el Programa Inge-nio 2010, dando respuesta a las defi-ciencias estructurales del sistema espa-ñol de ciencia y tecnología, a través detres ejes:

• CONSOLIDER. Línea estratégica queapuesta por la excelencia investiga-dora, aumentando la cooperaciónentre investigadores y formando gran-des grupos de investigación.

• El Programa CENIT, que trata de es-timular la colaboración en I+D+ientre las empresas, las universida-des, los organismos y centros públi-cos de investigación, aumentando lacooperación público y privada enI+D+i.

• El Plan AVANZA, orientado a conse-guir un modelo de crecimiento eco-nómico basado en el incremento de lacompetitividad y la productividad, lapromoción de la igualdad social y re-gional y la mejora del bienestar y la ca-lidad de vida de los ciudadanos.

El nuevo Plan Nacional de I+D+i, queempezará a funcionar en 2008 hasta2011 y la Estrategia Nacional de Cien-cia y Tecnología (ENCYT), con el fin demejorar las políticas de apoyo a la tec-nología y la innovación. La Estrategiafija su horizonte temporal de trabajo en2015.

PROPUESTAS DE UGT

� La política presupuestaria debe conti-nuar corrigiendo la negativa trayectoriahistórica y mantener la línea de incre-mento seguida en los últimos tres años.Sin embargo, la dotación de más fondospara I+D+i no garantiza su traslado al te-jido productivo.

� Es necesario evaluar las inversiones yla eficacia de su destino, analizando lacalidad de los proyectos financiados. Eneste sentido, el Gobierno ha puesto enmarcha un nuevo mecanismo de segui-miento y evaluación de los instrumentosy programas del Plan Nacional de I+D+i:el Sistema Integral de Seguimiento y Eva-luación (SISE). Este sistema permite unaevaluación permanente de las políticas deI+D+i, por lo que su financiación y ges-tión inicial será imprescindible en el futuro.

� Todas las oportunidades disponiblespara las políticas tecnológicas en nuestropaís deben centrarse en minimizar lasdebilidades del sistema español de inno-vación y potenciar sus fortalezas. Másrecursos económicos y destinos másrentables para las inversiones; más re-cursos humanos con cualificación adap-tada al sector público, pero también a lasempresas; más programas centrados enproyectos concretos cuyos resultadospuedan medirse; y mayor coordinacióndel conjunto de instituciones involucra-das en las políticas de innovación y TIC,son elementos imprescindibles para im-pulsar la innovación y lograr que funcionecomo motor del crecimiento de una eco-nomía española avanzada.

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Las infraestructuras contribuyen al des-arrollo económico, a la convergenciareal y al pleno empleo, objetivos bási-cos de la política económica. Por tanto,los servicios de infraestructura resultanfundamentales para el desarrollo denuestro país desde la perspectiva socialy económica.

La inversión pública en infraestructurases esencial, tanto por su contribuciónpositiva a la organización equilibrada delterritorio, eliminando las diferencias inter-regionales y favoreciendo la cohesión te-rritorial y social del Estado, como por sucapacidad para estabilizar la actividadeconómica disminuyendo las fluctuacio-nes del empleo.

Un estricto planteamiento de políticaeconómica basada, casi exclusivamen-te, en la estabilidad presupuestaria a

corto plazo, ha condicionado conside-rablemente el esfuerzo inversor del Es-tado en pasadas legislaturas, mante-niendo el volumen de la inversión públicaen España en unos niveles claramenteinsuficientes dadas las necesidades ylas demandas sociales y económicas denuestro país.

Las infraestructuras de transporte son unfactor decisivo para la integración delmercado laboral y tienen una importanteaportación en la reducción de costesempresariales, con el consiguiente aliviopara las tensiones inflacionistas. Ade-más, en el caso de España, segundodestino turístico del mundo, disponer deuna moderna y completa red de trans-porte es vital para afrontar la crecientecompetencia de otros destinos y podercompetir con ellos desde la calidad desu oferta y sus servicios.

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4. INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

El Plan Estratégico de Infraestructu-ras y Transporte (PEIT) fue apro-bado por acuerdo del Consejo deMinistros el 15 de julio de 2005.Dicho Plan contempla las infraes-tructuras como un soporte básicopara que la ciudadanía disponga deunos servicios de transporte de ca-lidad, así como de un instrumentoeficaz para impulsar el desarrolloeconómico y la cohesión social y te-rritorial de nuestro país.

El PEIT establece un marco para elsistema de transporte a medio ylargo plazo, estructurando sus obje-tivos generales en cuatro ámbitos:

1. Eficiencia del sistema, para loque es necesario:

a. Desarrollar un sistema integradode transporte, coordinando Ad-ministraciones y Organismos

b. Optimizar el uso de las infraes-tructuras existentes

c. Impulsar la conservación del pa-trimonio de infraestructuras

2. Cohesión social y territorial, paralo que es necesario:

a. Asegurar condiciones de accesi-bilidad equitativas en el conjuntodel territorio español

b. Identificar potenciales beneficia-rios de la política de infraestruc-tura y transportes

3. Compatibilidad ambiental, cum-pliendo los compromisos interna-cionales en material ambiental.

4. Desarrollo económico, para loque es necesario:

a. Potenciar el papel de las áreas ur-banas y metropolitanas españolas

b. Reforzar las relaciones transfron-terizas

c. Fomentar el desarrollo de losprogramas de I+D+i y los avan-ces tecnológicos

Para la consecución de los objeti-vos, el PEIT establece una serie dedirectrices de actuación para el con-junto del sistema:

1. Visión unitaria de las infraestruc-turas y servicios, concibiendo elsistema de transportes comouna red de redes.

2. Gestión integrada del sistemadesde territorios de seguridad,calidad y eficiencia.

3. Marco normativo y cooperacióncon otras administraciones, ins-tituciones y agentes sociales.

4. Financiación del sistema y tarifi-cación.

5. Equilibrio territorial y mejor acce-sibilidad.

6. Movilidad urbana.7. Mejora del sistema de transpor-

tes de mercancías y de su inser-ción internacional.

8. Sistema de transporte de viaje-ros abierto al mundo.

PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURASY TRANSPORTE (PEIT)

PROPUESTAS DE UGT

� Construir nuevas y adecuadas in-fraestructuras sigue siendo una asigna-tura pendiente para que la economíaespañola no pierda competitividad. Eneste sentido, UGT valora la recuperaciónde un instrumento de planificación estra-tégica de la intervención pública en ma-teria de infraestructuras, como es el PEIT2005-2020, por constituir una apuestapor la coordinación estratégica de las in-tervenciones en este ámbito, eliminadoposibles ineficiencias. UGT consideraque las actuaciones que deben integrarel Plan Estratégico de Infraestructuras yTransporte deben tener una visión unita-ria, integrada con los servicios que pres-tan, así como una gestión del sistemadesde criterios de seguridad, calidad, efi-ciencia y servicio público. Asimismo, losintereses regionales y locales deben seratendidos desde la óptica general delPlan Estratégico Nacional.

� Desde UGT se considera que las de-cisiones de inversión en infraestructurasno deben limitarse exclusivamente a cri-terios de rentabilidad económico-finan-ciera, sino que además deben contem-plar la rentabilidad social de la inversión,pues un nivel de infraestructuras ade-cuado, planificado y eficiente debe con-tribuir positivamente a la industrializaciónde zonas que carecen de industria. Asi-mismo, la inversión en este campo debeconsolidar las zonas ya industrializadas.

� La inversión pública es indispensablepara alcanzar un grado óptimo de des-arrollo económico y bienestar social. Lapérdida a partir de 2007 de buena partede los fondos comunitarios que Españaha recibido de la UE, más de 62.000 mi-llones de euros en los últimos seis años,y que han servido para financiar el 25%de las infraestructuras, supone una difi-cultad de gran relevancia. Para UGT, lainversión pública en infraestructurasdebe ser una prioridad del gasto públicoy un instrumento básico para dinamizarla economía, el aumento de la producti-vidad, el funcionamiento eficaz del mer-cado de bienes y servicios, la vertebra-ción del territorio y el desarrollo de laszonas más desfavorecidas.

� Los futuros Presupuestos Generalesdel Estado que se diseñen para nuestropaís, deberán contemplar una planifica-ción exhaustiva y transparente de la in-versión pública destinada a nuestro sis-tema de infraestructuras, que se materia-lice en una dotación anual creciente derecursos presupuestarios, para poder al-canzar los ambiciosos objetivos planea-dos en el PEIT. Además, la futura políticapresupuestaria de nuestro país debepriorizar la inversión pública destinada afines civiles (inversión en infraestructurasde transporte, de telecomunicaciones, devivienda y otras infraestructuras sociales)sobre la destinada a fines militares.

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ENERGÍA

La UGT, como parte integrante del movi-miento sindical europeo, apoya firme-mente las ambiciosas propuestas de laUE en materia de política energética y delucha contra el cambio climático, deacuerdo con los objetivos defendidos enla Cumbre de primavera de 2007 y en lareciente Conferencia de Cambio Climá-tico en Bali y exige que el proceso seacompañe de medidas que, además degarantizar el crecimiento económico sos-tenible, aseguren el mantenimiento delempleo.

Apoyamos las iniciativas que el Gobiernoha tomado durante la legislatura en estesentido (Estrategia de Ahorro y Eficienciade la energía, Plan de Energías Renova-bles, Ley de Comercio de emisiones yEstrategia de lucha contra el cambio cli-mático), para adecuar nuestro sistemaenergético a criterios de desarrollo sos-tenible en coherencia con las directriceseuropeas.

Conscientes de las debilidades de nues-tro sistema productivo y de servicios,muy intensivo en consumo energético deorigen fósil, así como de las oportunida-des de desarrollo por la disponibilidad derecursos y capacidad tecnológica en elámbito de energías renovables, conside-ramos que el reto esencial para avanzarhacia una economía más sostenible pasapor definir un modelo energético basadoen un impulso al ahorro y eficiencia de laenergía, especialmente en sectores difu-sos (transporte y residencial), y en la di-versificación del actual “mix” energético,de modo que se garantice la seguridaddel suministro y una mayor participaciónde las energías de origen renovable.

La apuesta por un modelo energético deestas características, además de reducirla factura energética de nuestra econo-mía e impulsar la innovación del sector

productivo y la generación de empleo decalidad, facilita un mejor posicionamientode España en el marco de los compro-misos internacionales posteriores a losacuerdos de Kyoto.

LUCHA CONTRA EL CAMBIOCLIMÁTICO

El Gobierno ha dispuesto un conjunto deinstrumentos coherentes para reorientar laeconomía hacia una mayor eficienciaenergética y reducción de las emisiones, afin de progresar hacia un sistema produc-tivo menos intensivo en energía y un es-quema energético más eficiente y menosdependiente de los combustibles fósiles.

La transposición de la Directiva de co-mercio de emisiones y la aprobación delos Planes de asignación de derechos deemisión (2005-2007 y 2008-2012) hanpermitido iniciar la configuración de una

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5. ENERGÍA, CAMBIO CLIMÁTICOY MEDIO AMBIENTE

senda de cumplimiento de los compro-misos de España en el marco del Proto-colo de Kioto, mediante la reducciónmás eficiente de emisiones en el con-junto de los sectores industriales afecta-dos por la directiva. Un valor añadido aeste proceso es la incorporación de losinterlocutores sociales a la elaboración yseguimiento del proceso de comercio deemisiones, con el fin de facilitar la trans-parencia, la competitividad de la indus-tria, el empleo y la cohesión social.

La Estrategia de lucha contra el cambioclimático, fruto de un amplio debateentre administraciones, interlocutores so-ciales y organizaciones ambientales y so-ciales, contiene medidas ambiciosascuya aplicación sólo ha sido esbozadaen el Plan de medidas urgentes. Entre lasmedidas más relevantes que contemplala Estrategia están el desarrollo de unaley de movilidad sostenible (en la que losplanes de movilidad al centro de trabajoson elemento esencial para su eficazaplicación), la fiscalidad verde a travésdel impuesto de matriculación, y el se-guimiento del impacto de la aplicaciónde medidas de lucha contra el cambioclimático sobre el empleo.

El Gobierno ha impulsado la aplicacióndel principio de responsabilidad com-partida implicando a todos los actoressociales en la política medioambiental.Se ha reforzado el funcionamiento de ór-ganos consultivos ya existentes como elConsejo Asesor de Medio Ambiente y sehan desarrollado nuevas iniciativas entreel Ministerio de Medio Ambiente y los sin-dicatos que ha permitido realizar activi-dades sindicales de sensibilización,formación y análisis sobre diversos as-pectos medioambientales.

El proceso de diálogo social vinculado alcumplimiento del Protocolo de Kioto haestablecido la creación de mesas paraanticiparse a los efectos socioeconómi-cos de la aplicación de los compromisosde Kioto y gestionar bajo criterios de sos-tenibilidad los ajustes necesarios que ga-ranticen la cohesión social, el empleo, la

protección ambiental y la competitividad.La aprobación de la Ley de acceso a lainformación, a la participación y a la jus-ticia en materia de medio ambiente, quetraslada a la legislación española el con-tenido del Convenio de Aarhus, reco-noce el derecho ciudadano a la infor-mación ambiental, tanto a petición del in-teresado, como desde la obligación delas Administraciones Públicas a difundirinformación relevante sin necesidad depetición. Promueve el derecho de ac-ceso a la justicia a partir del reconoci-miento de Organizaciones No Guberna-mentales (ONG) y de personas sin ánimode lucro que tengan como objeto, entreotros, la defensa del medio ambientepara ejercer la acción popular ante in-cumplimientos de las administracionespúblicas respecto a la legislación me-dioambiental.

MEDIO AMBIENTE

En materia de medio ambiente la accióndel Gobierno durante esta legislatura seha centrado en el ámbito legislativo, ade-cuando leyes existentes anteriores a laConstitución a las exigencias constitu-cionales y comunitarias sobre conserva-ción ambiental y protección de la salud,como es el caso de la ley de Montes, laley de Patrimonio Natural y la ley de Ca-lidad del Aire. Se han iniciado procesosde reorientación de la economía hacia elcumplimiento de los compromisos conel Protocolo de Kioto y se ha incorpo-rado el medio ambiente al diálogo social.

La reactivación del Consejo Asesor deMedio Ambiente y la aprobación de laley que permite el acceso a la informa-ción, a la participación pública y a la jus-ticia ambiental completan las iniciativasdel Gobierno para poner en marcha ins-trumentos que garanticen al ciudadanoel medio ambiente como un derechofundamental, en el sentido que esta-blece el artículo 45 de la Constitución:“derecho a disfrutar de un medio am-biente adecuado y deber de protegerlo yconservarlo”.

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La acción del Gobierno en política me-dioambiental durante esta legislaturadestaca por un esfuerzo importante porla aprobación de instrumentos legislati-vos, de planificación y estratégicos quefavorecen la prevención y protecciónambiental, así como por un fuerte im-pulso a la participación pública y al diá-logo social en materia de desarrollosostenible.

La Ley del Patrimonio Natural y de la Bio-diversidad se configura como un instru-mento jurídico básico para la conserva-ción, aprovechamiento sostenible y res-tauración de los recursos naturales. Con-templa tres instrumentos clave para suaplicación eficaz: un Plan Estratégico,cuya elaboración requiere un esfuerzoimportante de concertación administra-tiva y sectorial; un Consejo Nacional, quepromueve la información y participaciónpública, y un Fondo económico quedebe garantizar la cohesión territorial enla aplicación de la ley.

La figura del Fiscal de medio ambiente,creada a través de la reforma de la Leyde Montes, es un elemento, comple-mentario a esta ley, muy relevante parahacer prevalecer la conservación y pro-tección del medio ambiente frente a laordenación del territorio y la presión ur-banística.

En materia de protección de la salud delas personas y del medio ambiente ur-bano, la Ley de Calidad del Aire y de Pro-tección de la Atmósfera obliga a lasAdministraciones autonómicas y localesa elaborar planes y programas con obje-tivos de cumplimiento de la calidad delaire, así como a disponer de instalacio-nes de evaluación y a informar a la po-blación sobre los niveles de contamina-ción y calidad del aire.

La Ley promueve también una movilidadmás sostenible para reducir la contami-nación del aire y contempla, en el marcode la negociación colectiva, planes demovilidad urbana con modos de trans-porte menos contaminantes.

La Ley de responsabilidad medioam-biental establece un nuevo régimen jurí-dico que persigue una mayor eficacia enla prevención y en la reparación de losdaños a bienes de naturaleza estricta-mente ambiental. La obligación de repa-rar los daños en su integridad asumiendotodos los costes que ello comporte, sonaspectos fundamentales para mejorar laprevención y hacer efectivo el principiode que quien contamina paga.

La aplicación de esta ley junto con la Leyde prevención y control integrado de lacontaminación, permite tramitar los ex-pedientes de las nuevas instalaciones in-dustriales y de adaptación de las yaexistentes a unos parámetros de eficien-cia medioambiental.

La Ley de evaluación ambiental estraté-gica incorpora aspectos medioambien-tales en los proyectos y ejecución degrandes infraestructuras (ferroviarias,energéticas, agrícolas y urbanísticas,entre otras). Otros aspectos positivos deesta ley son la puesta en marcha de me-canismos de consulta y participación pú-blica, así como de elementos para lanecesaria cooperación entre la adminis-

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tración promotora de la obra y el órganoambiental evaluador a través de la me-moria de sostenibilidad.

PROPUESTAS DE UGT

� El relevante impacto socioeconómicode los cambios necesarios para la transi-ción del actual “mix” energético a otro mássostenible exige que el debate y la tomade decisiones en materia de energía se lle-ven a cabo en un marco de diálogo social,tanto en el ámbito europeo como nacio-nal, garantizando la transparencia del pro-ceso y la implicación de los interlocutoressociales en la gestión y seguimiento delmismo, a fin de propiciar la compatibilidadentre empleo y medio ambiente.

� Hay que desarrollar los instrumentoslegislativos aprobados en esta legisla-tura, como es el caso de la Ley de Res-ponsabilidad Ambiental. De ello dependeque se cumplan con eficacia las medidasprotectoras del medio ambiente. Asi-mismo, la incorporación del medioam-biente al derecho laboral sólo se hainiciado y requiere regulación específicapara su consolidación.

� Se debe conseguir la plena integra-ción del medio ambiente en los procesosde diálogo social, así como la regulaciónde los derechos de información, consultay participación de los trabajadores. Esnecesario dar un reconocimiento legal ala figura del Delegado de Medio Am-biente que ya está incorporada en algu-nos convenios colectivos y acuerdos--marco laborales.

� La aplicación práctica de la Ley deResponsabilidad Medioambiental re-quiere el desarrollo de instrumentoscruciales como la metodología de eva-luación de los costes de reparación dedaños asociados a cada actividadregulada.

� El Observatorio para la Sostenibilidadde España (OSE) debe reforzarse paragarantizar integración de criterios de sos-tenibilidad en los diversos ámbitos de ac-tividad económica.

� Si bien el Gobierno realizó un giro im-portante en la política del agua, orien-tándola hacia la gestión integral de losrecursos hídricos, conciliando la garan-tía del abastecimiento y la calidad del re-curso con la protección del medio hídricomediante la aplicación del ProgramaAGUA, hay que culminar la reforma de laLey de Aguas vigente.

Una gestión sostenible del agua requiereadaptar la composición de los órganosconsultivos y de gestión, garantizando laparticipación equilibrada de las Adminis-traciones, usuarios, agentes económicosy sociales y otras partes interesadas.

� Aunque se ha dado algún tímidoavance en este ámbito, como el im-puesto verde de matriculación quegrava los vehículos en función de emi-siones de CO2, falta acometer una re-forma fiscal ambiental, socialmentejusta, que penalice la presión sobre losrecursos naturales y la contaminacióne incentive una producción menos con-taminante.

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El Sistema de Formación Continua enEspaña se ha basado en acuerdos na-cionales de formación continua, firma-dos por empresarios, sindicatos y Ad-ministración. El III Acuerdo Nacional seadoptó en diciembre de 2000, pero noagotó su período de vigencia, dado queel Gobierno del Partido Popular impusosu modificación en 2003 por RealDecreto.

El modelo del Partido Popular se basóen un sistema de bonificación para em-presas, que recibió la mayor parte de lospresupuestos de formación continua, (el78% en el 2004), quedando presupues-tos residuales para contratos-programadirigidos a las confederaciones sindicalesy patronales, sectores estatales, autóno-mos y economía social. El Real Decretocontemplaba la incorporación de las co-munidades autónomas a los órganos departicipación (Comisión Estatal y Funda-ción Tripartita), si bien las excluía en lapráctica de la gestión económica de laformación continua.

La UGT manifestó en su día su rechazoa la bonificación y a un modelo impuestopor el Gobierno del Partido Popular. Larealidad ha confirmado nuestras posicio-nes en relación con las advertencias queen su momento hicimos:

• que sería discriminatorio para lasPYME, que encontrarían graves difi-cultades para utilizar sus créditos,frente a las grandes empresas;

• que sería discriminatorio para los tra-bajadores poco cualificados frente alos directivos, cuadros y mandos in-termedios, sobre los que las empre-sas volcarían sus esfuerzos;

• que no se daba satisfacción a las sen-tencias del Tribunal Constitucional,que reconocían el derecho de las Co-munidades Autónomas a gestionarlos fondos de formación continua quese destinaran a su ámbito territorial.

Después de las elecciones generales de2004, el Gobierno socialista adoptó me-didas para mitigar los efectos más noci-vos del RD de 2003, modificando sus-tancialmente los presupuestos asigna-dos inicialmente a la bonificación a par-tir de 2004. Estas sucesivas reduc-ciones han permitido un aumento signi-ficativo de los recursos transferidos a lasComunidades Autónomas, hasta alcan-zar un tercio del presupuesto de forma-ción continua.

El cambio de Gobierno permitió negociarun nuevo modelo de formación para elempleo, que afrontara los desarrollos pen-dientes desde 2002. En el marco del pro-ceso de diálogo social, se firma el Acuer-do Tripartito de Formación Profesionalpara el Empleo, en febrero de 2006.

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6. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

En 2007, en coordinación con las Comu-nidades Autónomas, se ha empezado aarticular la Formación Profesional para elEmpleo, desarrollando las normas regu-ladoras para su puesta en marcha:

• Permitiendo la participación de para-dos en los planes dirigidos preferen-temente a ocupados, y viceversa.

• Unificando a nivel estatal los móduloseconómicos de la formación para elempleo, incorporando acciones for-mativas vinculadas al Catálogo Na-cional de las Cualificaciones, quesean certificables con efectos acu-mulativos para la obtención de unida-des de competencia. El Real Decretode Formación para el Empleo hay quevalorarlo muy positivamente, dadoque reconoce el derecho a la forma-ción de los trabajadores, y ofreceoportunidades inmediatas y futurasde acceso al desarrollo profesional in-dividualizado.

El reconocimiento del derecho a la forma-ción es un primer paso para estableceren la negociación colectiva mecanismosconcretos que estimulen la carrera profe-sional de los trabajadores, actualizando sucualificación profesional. La actualizaciónde las competencias profesionales y, ensu caso, la adquisición de nuevas com-petencias, se ha convertido en una nece-sidad, tanto para la competitividad de lasempresas, como para la consecución deempleos estables y de calidad.

Para UGT es necesario abordar estostemas en la negociación colectiva, paradesarrollar en los sectores y las empre-sas medidas que:

• Favorezcan la participación en los pro-cesos formativos, mediante un créditohorario anual y condiciones favorablespara la participación en acciones for-mativas dentro y fuera de la empresa.

• Establezcan las condiciones para quelos trabajadores, en particular los de

las PYME, puedan acceder a permi-sos individuales de formación.

• Vinculen el nivel formativo de un tra-bajador con el nivel de clasificación, ypor tanto, con las retribuciones.

La Formación Profesional para el Em-pleo ofrece oportunidades de progresoprofesional, en las que los agentes so-ciales pueden acompañar al trabajadorque desea progresar en su carrera pro-fesional. La información y orientaciónlaboral, dirigida también a trabajadoresocupados, con participación de losagentes sociales, permite estableceritinerarios personalizados, con el obje-tivo de avanzar en el nivel de cuali-ficación.

El reconocimiento de la experiencia la-boral, en fase muy avanzada de des-arrollo, abre las puertas a millones detrabajadores que no cuentan con nin-guna formación profesional acreditada.Este sistema permitirá aplicar técnicasde observación en el puesto de trabajo,para establecer la correspondencia entreel saber hacer y las cualificaciones pro-fesionales.

La oferta de cursos vinculados al Catá-logo Nacional de Cualificaciones Profe-sionales serán certificados en el ámbitolaboral, con efectos acumulativos hastaconseguir una unidad de competencia,y en su caso, una cualificación.

De modo paralelo, se ha dado un im-pulso a las actividades del Consejo Ge-neral de Formación Profesional, comoson la elaboración de:

• Una propuesta consensuada de RealDecreto regulador de centros integra-dos de formación profesional.

• Un texto consensuado de Real De-creto regulador de centros de referen-cia nacional, y otro sobre certificadosde profesionalidad, en vías de apro-bación.

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• Los informes sobre los certificados deprofesionalidad, elaborados por el Mi-nisterio de Trabajo y Asuntos Socia-les, basados en el Catálogo Nacionalde Cualificaciones Profesionales, loque permitirá aprobar y publicar enBoletín Oficial del Estado (BOE) unacifra aproximada de 60, antes del finde la legislatura.

• Los informes de los títulos de forma-ción profesional elaborados por el Mi-nisterio de Educación y Ciencia, ba-sados en el Catálogo Nacional deCualificaciones Profesionales, lo quepermitirá aprobar y publicar en el BOEuna cifra aproximada de 20, antes delfin de la legislatura.

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PROPUESTAS DE UGT

Con este conjunto de actividades sehan dado pasos significativos en la in-tegración funcional de los diferentessubsistemas de formación profesional.Para la UGT es claro que esta línea detrabajo debe ser acelerada y profundi-zada, poniendo a disposición de los tra-bajadores un conjunto de títulos y certi-ficados, con unidades de competenciaintercambiables, a la vez que se haceposible el reconocimiento de la expe-riencia laboral. Los trabajadores ten-drían así acceso al desarrollo de sucarrera profesional, con el apoyo de unservicio integrado de información yorientación profesional. �

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Una Legislatura de Diálogo Social - UGTportal.ugt.org/actualidad/2008/febrero/20042008... · Edita: Comisión Ejecutiva Confederal de UGT (C/ Hortaleza, 88 - 28004 Madrid) Fecha