UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 1METODOLOGÍAS
Y ENFOQUES 1
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 20352
TOMO 2
Este proyecto es una iniciativa de
Con el apoyo de
Ilustraciones e infografías: Diana Forero Meneses Paulette
Francisca Moreno Igor
Diseño y Diagramación: Nelson Daniel Bravo Benavides Vanessa Bravo
Escárraga
Impresión: S&D Soporte y Diseño
2017
Comité Ejecutivo Wilmar Yuvany Madroñero Velasco Ildifonso Mendoza
Francisco Mora Eder Jair Sánchez Lucy Amparo Juangibioy Silvio
Gustavo Villareal Chávez William Castillo Ana Belén Uzuriaga Jany
Rita Silva de Rengifo
Equipo Técnico
Coordinador Técnico Wilson Andrés Flórez Monroy Profesionales de
Dimensiones Territoriales Dimensión Biofísica y Ambiental María
Claudia Beltrán Fonseca Ingrid Marcela Muñoz Quesada Mónica Andrea
Flórez Pulido Beckenbawer Meléndez Madroñero Yuly Paola Artunduaga
Trejo Dimensión Económico Productiva Ricardo Alfredo Carreño
Vallejo Diego Perdomo Mauro Andrés Sánchez Romero Camila Yesenia
Garcia Cordoba Dimensión Sociocultural Adriana del Pilar Lasso
Lozano Jhon Geiler Rivas Murillo Edison Rene Quiroz Ginna Piragauta
Stella Juaginoy Jamanoy Dimensión Político Organizativa y DDHH
Yesenya Mojica Bravo John Alexander Córdoba Sepúlveda José Fernando
Borja Perez Coordinación Dimensiones Loreny Amparo Rivera Becerra
Missen Javier Ordoñez Cuaran
Colaboración Técnica Martha Yineth Bravo Artunduaga Enilce Bernal
Bastidas
Asesoría Metodológica de DRP Alejandra Osejo Varona
Secretaría Técnica Bairon Albeiro Builes Burgos
Auxiliar logística Sandra Anzueta.
Nuestro reconocimiento especial a los 180 Promotores Guía dispersos
por toda la región que cumplieron y atendieron tareas de campo para
la formulación del PLADIA2035.
CITACIÓN SUGERIDA: Mesa Regional de Orga- nizaciones Sociales del
Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nar)
-MEROS-; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR (2017).
Plan de Desarrollo Integral Andinoamazónico 2035. Puerto Asís,
Colombia
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 20354
La vida de las familias que vivimos en las montañas y selvas de la
región An- dinoamazónica no es sencilla, aquí persistimos en medio
de las difíciles si- tuaciones y a diario nos batimos entre la
guerra de las balas y la guerra de la sobrevivencia. No por eso
dejamos de sonreír y de trabajar por mejores tiem- pos para los que
estamos y para los que vienen. Solo más grandes que las di-
ficultades, es nuestra determinación para construir desde y para la
gente. De esta manera hemos construido un sueño con nuestras manos,
con las que día a día sembramos y cosechamos la finca, con la pala,
la pica y el azadón. Con esas ma- nos con las que preparamos el
alimento, con las que construimos la casa. Con estas manos que
hemos juntado para organizarnos. Con estos puños que hemos
levantado para exigir nuestros derechos, para movilizarnos en
defensa de nuestro territorio. Sentados alrededor de la rancha, de
la olla común, sumamos ideas y sue- ños, para construir nuevas y
mejores realidades para nuestra región. La paz con justicia social
materializada en la vida diga, la conservación de la naturaleza, la
producción de nuestros alimentos tradicionales, la permanen- cia en
el territorio de las comunidades rurales, la autonomía y el derecho
a de- cidir sobre el futuro de nuestra región. La paz con justicia
social que fluye por nuestros ríos, donde ha corrido tanta sangre,
tanta violencia. Soñamos que cada quebrada que baña el territorio
Andinoamazónico brote vida, paz y esperanza. Aquí presentamos el
resultado de este compartir, nuestro sueño para la región An-
dinoamazónica.
¡¡¡VAMOS A CONSTRUIR FUTURO!!! PLADIA - 2035!
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 5
CONTENIDO
1 PLANIFICAMOS COLECTIVAMENTE, TOMAMOS DECISIONES SOBRE EL FUTTURO
DE NUESTRA RE-
GIÓN
ANDINOAMAZÓNICA.......................................................................................8
2 ANÁLISIS
TERRITORIAL.................................................................................10
2.1 UN BREVE ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LOS CULTIVOS DE COCA PARA
USO ILÍCITO EN LA
REGIÓN
ANDINOAMAZÓCA.....................................................................................10
2.1.1 DE LAS MARCHAS COCALERAS A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN
COLOMBIA EN EL MARCO
DE LA LUCHA CONTRA LAS
DROGAS..........................................................................11
2.1.2 UNA PROPUESTA QUE LLEVA CAMINANDO MÁS DE 20
AÑOS..................................... 13
2.1.3 CONSTRUYENDO CONFIANZA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 1 Y 4
DEL ACUERDO
FINAL............................................................................................................
14
2.2.1 LA EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICA COMO IDEA ILUSORIA DE
DESARROLLO.............. 16
2.2.2 EL PROBLEMA DE LA DEFORESTACIÓN ASOCIADA A LA INDUSTRIA
MINERO ENERGÉTICA Y
OTRAS
ACTIVIDADES...........................................................................................
21
2.3 USO Y TENENCIA DE LA TIERRA. PUNTOS DETERMINANTES EN LA
BÚSQUEDA DEL DESARRO-
LLO PARA LA REGIÓN
ANDINOAMAZÓNICA..................................................................
23
2.3.2 CONFLICTOS RELATIVOS A LA TENENCIA DE LA
TIERRA.......................................... 25
2.3.3 REFLEXIÓN
FINAL......................................................................................
27
2.4.1 RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO
MOCOA....................... 29
2.4.2 ZONAS DE RESERVA
FORESTAL.......................................................................
31
2.5 ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL PARA LA
COMUNIDAD............................................. 43
2.5.1 CANANGUCHALES EN
PIAMONTE....................................................................
43
2.6 USOS DE LA BIODIVERSIDAD Y CAUSAS DE PÉRDIDA DE
DIVERSIDAD........................... 47
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 20356
2.7 SEGURIDAD HUMANA EN LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA: ELEMENTOS PARA
EL ANÁLISIS DE
UN CONCEPTO AMPLIADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA RURALIDAD
COLOMBIANA............50
2.7.1 UN CONCEPTO AMPLIADO DE LA SEGURIDAD
HUMANA............................................50
2.8 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. PIEZA FUNDAMENTAL EN LOS PROCESOS
DE TRANSFORMA-
CIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA REGIÓN
ANDINOAMAZÓNICA..........................................61
2.9 LA VIVIENDA EN EL TERRITORIO
ANDINOAMAZÓNICO..............................................64
2.9.1 LA VIVIENDA EN LA
MONTAÑA........................................................................64
2.9.2 LA VIVIENDA SOBRE EJE
VIAL.........................................................................67
2.9.3 LA VIVIENDA ASOCIADA A LAS CUENCAS DE LOS
RÍOS.............................................70
2.10 REFORMAS ESTATALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: RETOS DE LA
ARQUITECTURA INSTI-
TUCIONAL DE LA REGIÓN
ANDINOAMAZÓNICA..............................................................77
LIMITACIÓN PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL EN FAVOR DEL BUEN
VIVIR...................................77
2.10.2 SUPERACIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y DESVIACIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS REGIONALES 79
2.10.3 DE LAS LIMITACIONES A LOS RETOS: LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
FORMAS DE ESTADO EN
LA REGIÓN
ANDINOAMAZÓNICA...............................................................................81
2.12 CAMBIO CLIMÁTICO Y
GOBERNANZA................................................................
89
2.13 TEJIENDO REDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE PAZ CON
JUSTICIA SOCIAL:
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS EN LA REGIÓN ANDINO
AMAZÓNICA................... 93
2.13.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA
REGIÓN ANDINO AMAZÓNI-
CA................................................................................................................
93
2.13.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIÓN POLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES EN LA RE-
GIÓN ANDINO
AMAZÓNICA....................................................................................
95
2.13.3 AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: INSTANCIAS PARA
EL EJERCICIO DE NUE-
VAS FORMAS DE
GOBERNANZA.................................................................................97
2.13.4 REDES Y COMUNICACIONES COMO EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO.......98
2.14 APORTES A LA DISCUSIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO SOCIAL Y
POLÍTICO DEL CAMPESINA-
DO COMO SUJETO DE DERECHOS desde LA REGIÓN
ANDINOAMAZÓNICA................................99
2.14.1 ¿POR QUÉ HABLAR DE CULTURA CAMPESINA EN LA REGIÓN
ANDINOAMAZÓNICA?.............99
2.14.2 ABORDAJE
METODOLÓGICO............................................................................99
TIESCALAR.......................................................................................................100
2.14.4 BOSQUESINO, SELVASINO O CAMPESINO AMAZÓNICO: LUGARES
IDENTITARIOS DERIVADOS
DE LAS RELACIONES
SOCIOTERRITORIALES...............................................................104
SOCIAL Y LA SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL...............................................................106
3.2 ESTRATEGIA DE
DESARROLLO......................................................................111
3.2.2 CRITERIOS Y VALORES EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
TERRITORIAL......................113
3.3 ENFOQUE TERRITORIAL, MICROREGIONES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS
ANDIINOAMAZÓNI-
COS............................................................................................................115
3.3.1
MICROREGIONES.....................................................................................115
3.4.2 INSTANCIA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
EVALUACIÓN.....................................127
3.4.3 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL
PLADIA2035........................................................129
3.4.4 MUNICIPO DE PUERTO
LEGUÍZAMO................................................................137
3.4.12 MUNICIPO DE SAN
MIGUEL..........................................................................331
1 PLANIFICAMOS COLECTIVAMENTE, TOMAMOS DECISIONES SOBRE EL FUTURO
DE NUESTRA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA
La región AndinoAmazónica ha sido territorio de implementación de
políticas en las cuales las comunidades no tuvieron la posibilidad
de participar en su formulación, ejecución y evaluación, muchas de
ellas afectaron de manera determinante la vida colectiva en el
territorio, un ejemplo de ello fue la implementación del Plan
Colombia que estableció dos estrategias por un lado, la política
antidrogas basada en la erradicación forzada principalmente por
fumigaciones y por otro agudizar la lucha contrainsurgente basada
en la militarización de los territorios. El efecto de estas en la
cotidianidad de las poblaciones ha agudizado muchas de las
problemáticas que adolecen las comunidades, aun así han sido las
iniciativas comunitarias las que han permitido en alguna medida la
permanencia en la región.
Fruto de estas situaciones es que las comunidades han liderado
alternativas para superar la crisis económica, social, política y
ambiental y han afianzado el nivel de relación con el territorio
AndinoAmazónico es por ello que desde la formulación del PLADIA
2035, surge la necesidad de reconocer que el “desarrollo” promovido
hasta hoy no ha respondido a los intereses de quienes habitamos la
región y que es necesario poner en debate el tipo de “DESARROLLO”
que nuestras comunidades esperan para edificar un proyecto común
alrededor del desafío que implica construir condiciones que
garanticen el Buen vivir. Es así, como colectivamente en comunidad
respondimos los siguientes interrogantes: ¿Quienes participamos en
la planificación? ¿Para qué planificamos nuestro territorio? y en
este proceso es como nos propusimos construir unos valores sobre la
idea de la diversidad, las formas de entender los problemas, las
propuestas y compromisos que asumimos para garantizar la
permanencia de las futuras generaciones en la región. Por tanto, la
garantía de la toma de decisiones por parte de quienes vivimos en
el territorio es uno de los principales potenciales transformadores
de este proceso democrático que permite desarrollar habilidades de
diálogo, debatir los temas centrales que afectan nuestra vida en
comunidad, identificar las potencialidades con las que contamos y
afirmar la compromiso que tenemos en el futuro de la región Hoy con
la responsabilidad que implica la construcción de paz y
reconociendo el espíritu del Acuerdo Final para la Terminación de
Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, que
reconoce la importancia de la participación de la comunidad en las
decisiones sobre los territorios afectados no solo por la
confrontación armada sino por la ausencia estatal, es determinante
articular y poner a disposición este ejercicio de planificación del
PLADIA 2035 en el marco de la implementación del Acuerdo Final,
porque de manera colectiva planificamos nuestro territorio en
función de garantizar, el desarrollo integral, la justicia social,
el buen vivir y la paz para quienes habitamos la región
andinoamazónica.
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 9
2.ANÁLISIS TERRITORIAL
2 ANÁLISIS TERRITORIAL
El Análisis Territorial del Plan de Desarrollo Integral Andino
Amazónico PLADIA 2035, es un ejercicio que hace parte del
Diagnostico Rural Participativo, y que pretende constituirse en una
propuesta de análisis que pone en dialogo los resultados obtenidos
en la línea base municipal con análisis, conceptos y discusiones
del orden nacional e internacional, problematizando las situaciones
diagnosticadas en clave de planificación.
Estos documentos, son la reflexión y sistematización de los
ejercicios de “Conflictos, déficit y potencialidades, en los
cuales, en conjunto con las comunidades asistentes al taller de
Diagnostico Rural Participativo”, se analizaron de manera integral
las diferentes lecturas del territorio obtenidas en el taller en
función de la construir una mirada crítica del territorio en las
líneas temáticas más sentidas por las comunidades.
2.1 UN BREVE ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LOS CULTIVOS DE COCA PARA
USO ILÍCITO EN LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA.
Ingrid Marcela Muñoz Quesada
La aplazada reforma agraria y la inequitativa distribución de
recursos entre ellos la tierra, condujo a que en los años 60s se
diera un proceso de colonización en las zonas más apartadas del
país en búsqueda de oportunidades para miles de familias que huían
de la guerra o de la pobreza. Esas colonizaciones llevaron a que en
estas zonas recién pobladas se afianzaran las economías
extractivas, situación de la que no fue ajena para la región
andinoamazónica, en donde predominaron épocas de bonanza como la de
quina, pieles, caucho, maderas, hidrocarburos hasta la producción
ilícita del cultivo de coca convirtiendo ésta última en una de las
soluciones viables a las dificultades económicas que atravesaban
los pobladores de la región.
En el Putumayo, el auge de la coca para uso ilícito inicia en las
décadas de los años 70s y 80s, generando ampliación de la frontera
agrícola, aumento en la dinámica de poblamiento, crecimiento de la
tasa de deforestación, pero a su vez esta actividad aparece
resolviendo la subsistencia de los habitantes del campo, debido a
que encontraron en el uso ilícito de la coca, un producto que se
puede transportar sin dificultades, que cuenta con una cadena
logística sencilla a pesar de la persecución por parte del estado,
con un precio y mercado asegurado, lo que resolvía el tema de la
agrotransformación, comercialización y desde luego la generación de
ingresos. Es así, como la precaria situación en la que ha vivido el
sector rural ha estado estrechamente asociada al modelo de
desarrollo rural evidenciando el abandono del estado en varias
zonas de esta región donde no hay presencia institucional, política
y social para atender las demandas de las comunidades.
Este sistema productivo entonces, resolvió diversas demandas que
tenían las comunidades rurales, a partir de los ingresos derivados
del uso ilícito de la coca no solo se proveían bienes familiares
sino también comunitarios, escuelas, puentes, vías terciarias,
centros de salud, fueron construidos con lo producido por la coca
sin el apoyo del estado.
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 11
Con el auge de los cultivos en el país, el fortalecimiento de
mafias asociadas a la comercialización de la coca y los compromisos
internacionales de Colombia en materia de drogas y narcotráfico, se
han implementado diversas estrategias para resolver la problemática
desde diferentes perspectivas sin resultados evidentes en materia
de disminución de la pobreza y las hectáreas cultivadas.
En el contexto de la firma del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN
DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ ESTABLE Y DURADERA,
particularmente lo que atañe a la implementación del punto 1 y
punto 4, las comunidades perciben una oportunidad para dar un
viraje diferente al enfoque de la política antidrogas implementada
por el estado colombiano, basada en el desarrollo rural integral y
la plena garantía de los derechos humanos.
2.1.1 DE LAS MARCHAS COCALERAS A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN
COLOMBIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
Uno de los hitos históricos recordados por las comunidades de la
región, corresponde a las Marchas Cocaleras, en el mes de julio de
1996 miles de campesinos cocaleros del Putumayo, navegando por los
caudalosos ríos o caminando durante horas por los caminos de
herradura desde los diferentes puntos de la región, se concentraron
en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, La Hormiga,
Villagarzón y la inspección de El Tigre, para exigir al gobierno
nacional: inversión social, suspensión de las fumigaciones con
glifosato y manifestar su voluntad para sustituir de manera gradual
y voluntaria los cultivos de coca a cambio de garantías efectivas
para la producción y comercialización agropecuaria, la permanencia
en el territorio y la garantía plena y efectiva de sus
derechos.
Estas marchas que duraron alrededor de tres meses permitieron que
el interior del país que le había dado la espalda a estos
territorios; conocieran de la voz de los habitantes del campo, que
miles de familias campesinas estaban siendo afectadas por las
fumigaciones con glifosato y que estas aspersiones generaban
diferentes enfermedades en humanos y animales, profundizaba la
grave crisis de subsistencia de las familias campesinas al quemar
los cultivos de pancoger y dejar las fuentes de agua no apta para
el consumo humano. Estas manifestaciones permitieron además
visibilizar que la producción de esta planta era la única opción
para garantizar el sustento económico de los hogares campesinos; y
reflejaban también el olvido al que eran sometidas las comunidades
por parte del Estado, tal y como lo expresa un campesino del
municipio de Puerto Guzmán: “aquí la coca ha sido ministerio de
educación, de salud, de agricultura etc. en pocas palabras la mata
de coca aquí ha sido el Estado.” “la coca nos permite ponerle el
plato de comida en la mesa de nuestras familias” “si uno siembra
plátano va a la perdida, pues no hay vías donde sacarlo o sale muy
caro, a veces es mejor dejarlo para la propia casa y para alimentar
a los marranos pues en el mercado no se puede vender barato”
(Campesino Subregión Rio Caquetá, Comunicación Personal, 2015). En
este mismo escenario, Colombia se convertía en el primer productor
de coca del mundo, la mitad de la coca producida en el país se
sembraba en el Putumayo, según lo reportaban las propias
autoridades, las 40.000 hectáreas sembradas sostenían la economía
de más del 70% de las familias rurales. Debido a este panorama el
gobierno de Ernesto Samper firma quizás uno de los pactos
binacionales (Colombia- EEUU) más determinante para la historia
contemporánea del país: El Plan Colombia denominado también Plan
para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la
Paz, es así como en el
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203512
marco de este desde 1998 se han logrado recibir los recursos
económicos y logísticos de la cooperación de Estados Unidos. Estos,
se aportan a fin de financiar la guerra contra el narcotráfico y
apoyar proyectos basados en el Desarrollo Alternativo en
territorios afectados por cultivos de coca, pero las comunidades
perciben que en la época ejecución del Plan Colombia también se
fortalecieron las fuerzas militares del país para confrontar a la
insurgencia.
A partir del 2000, el Putumayo se convierte en epicentro del Plan
Colombia también por contener el 54% del área cultivada en coca de
Colombia (60.000 hectáreas), 30.000 pequeños productores de una a
cinco hectáreas y una población de 50.000 personas relacionadas con
el cultivo y comercialización de la misma1. Reflejo de ello, es la
concentración del apoyo tanto militar como económico del Plan
Colombia, que incluía fumigaciones y erradicación manual, programas
de desarrollo alternativo, de promoción de la democracia y de
asistencia a personas desplazadas y otros grupos vulnerables. Está
época fue en donde más afectaciones por fumigaciones hubo en toda
la región.
A esa estrategia, en la que se invirtieron fondos nunca antes
destinados a esa región del sur del país, se sumó el denominado
Plan Patriota, con el objetivo de fortalecer a las fuerzas
militares mediante la inyección de recursos a la 27 Brigada de
Selva, en Mocoa, y la Base Naval del Sur, desde donde se
monitoreaban los ríos Caquetá y Putumayo, además la policía creó la
Base Antinarcóticos de Villagarzón, y el Ejército un aeropuerto
militar, infraestructura clave para las tareas de interdicción
aérea, todos estos actores fueron identificados por las comunidades
mediante la herramienta “Mapeando Nuestro Territorio: Actores y
Redes Sociales” aplicada en el ejercicio de Diagnostico Rural
Participativo por hacer presencia en sus territorios.
A partir del año 2000, hasta el 2014, se han reportado
disminuciones y aumentos aleatorios de los cultivos de coca, sumado
a ello y como resultado de la política antidrogas, las
organizaciones sociales han denunciado en materia de derechos
humanos no solo la afectación de fumigaciones sino también la
persecución por parte de actores armados legales e ilegales a las
comunidades rurales. Todo eso se conjuga en un territorio que tiene
presencia de cultivos de coca, paramilitarismo, reservas en
recursos minero- energéticos y una consolidada organización social
que reivindica la sustitución de los cultivos de coca de manera
gradual y concertada, el respeto por los derechos humanos y la
defensa integral del territorio.
La respuesta Institucional ante este panorama fue la de crear una
estrategia de consolidación y reconstrucción Territorial, así como
los programas institucionales contra cultivos ilícitos: Unidad
Administrativa Especial para la Consolidación territorial (UAC), la
cual se centraba en territorios libres de cultivos ilícitos. Esta
unidad ha fortalecido en los territorios afectados por economías
ilícitas las estrategias institucionales de Desarrollo Alternativo
como son el Programa Familias Guardabosques (PFGB)2 y el Programa
Proyectos Productivos (PPP), ambos encaminados a la sustitución
“voluntaria” de los cultivos de uso ilícito y a la adopción de
medios de vida legales de las familias y/o comunidades que han
sembrado ilícitos o que han estado en riesgo de hacerlo, el balance
de estas estrategias
1 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia - ANUC
Putumayo, Agosto 2001. 2 El PFGB es una iniciativa gubernamental
enmarcada dentro de la estrategia de erradicación manual voluntaria
de cultivos ilícitos. Busca beneficiar a comunidades campesinas,
afrocolombianas e indígenas, ubicadas en diferentes áreas del
territorio Nacional.
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 13
deja en evidencia los vacíos en el enfoque que se ha dado a la
política pues los cultivos lejos de disminuir aumentan y las
condiciones de vida de los habitantes se precarizan.
En los últimos años han sido miles de millones invertidos en
materia de política contra las drogas en la región, con dos líneas
de acción definidas militar (fortalecimiento de las fuerzas armadas
en antinarcóticos, interdicción, erradicación manual y por
aspersiones, consolidación de territorios libres de drogas y lucha
contra el narcotráfico) y social (inversión en materia de
infraestructura, proyectos productivos, desarrollo alternativo), el
primero ha dejado como saldo la penalización del pequeño productor
o el “eslabón más débil” de la cadena, lo que ha significado
cientos de campesinos en la cárcel por delitos asociados al cultivo
de coca, desplazamiento no solo de las familias de cultivadores
sino también de los cultivos. En materia social muchas de las
familias que le apostaron a la erradicación previa para acceder a
las inversiones del estado, hoy reconocen que ningún plan
implementado funcionó por diferentes factores entre ellos la
corrupción, las fumigaciones y la falta de asistencia integral para
la implementación de los proyectos.
2.1.2 UNA PROPUESTA QUE LLEVA CAMINANDO MÁS DE 20 AÑOS. Desde las
marchas de 1996, las comunidades exigen como condición para
erradicar que el estado se comprometa con ellos a plantear
proyectos productivos sustentables a largo - mediano plazo y que se
cumpla con la deuda en materia de inversión social que se tiene en
la región. Es en este contexto en el que los habitantes del
Putumayo proponen los pactos sociales de erradicación manual
voluntaria de los cultivos de coca. El primer “Pacto de
Erradicación Voluntaria y Desarrollo Alternativo” firmado en
Santana y que se convierte en esquema para los demás pactos,
incluye acuerdos en: 1) Proyectos de Seguridad Alimentaria y
Comercialización. 2) Proyectos de Mediano y Largo Plazo 3)
Proyectos Veredales Complementarios (tales como construcción de
vías, acueductos, etc.,) 4) Capacitación y Asistencia Técnica 5)
Administración y Manejo de los Recursos 6) Control social,
veeduría, seguimiento y verificación y 7) Tiempos de
erradicación.3
Sin embargo, las comunidades manifiestan que estos Pactos de
Erradicación Manual Voluntaria fueron incumplidos en su ejecución,
por lo que retomaron los cultivos de coca como medio para la
generación de ingresos. Ante la problemática social, ambiental,
política y económica de la región, es que el 2006 la organización
social configura un escenario amplio de convergencia la Mesa
Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo Baja Bota Caucana
y Cofania Jardines de Sucumbios, donde la propuesta central en
materia de sustitución está contenida en la dimensión
económico-productiva del PLADIA 2035, por tanto, el programa de
Sustitución del uso Ilícito de los Cultivos de coca se configura
como una iniciativa para la construcción de la paz y el desarrollo
rural integral de la región, pues se orienta al fortalecimiento de
los procesos de arraigo en la región (garantías de acceso y
formalización de la tierra), al reconocimiento de las
particularidades socio-ambientales del territorio (subregiones) y
de la diversidad cultural de la población regional (comunidades
campesinas, pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes).
3 . Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación
Voluntaria del Corregimiento de Santa Ana. Acta de Compromiso,
Puerto Asís, Diciembre 2 de 2000.
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203514
La propuesta de las comunidades organizadas tiene como meta superar
las causas que llevaron a miles de familias a cultivar coca y así
lograr la transformación de las condiciones económicas, sociales,
culturales, ambientales y políticas del territorio y sus
comunidades. La base de dicha apuesta está en la implementación de
un sistema de producción amazónica sostenible denominado FINCA
AGROPRODUCTIVA, de producción diversificada e integral con cinco
componentes básicos: Alimentario, ambiental, generación de ingreso,
agrotransformación y comercialización, y asociatividad.
Esta sistema productivo debe complementarse con la inversión social
a todos los niveles para lograr el bien vivir de la gente, con
acceso a derechos, a las oportunidades y a la justicia social, para
ello serán necesarias las vías, la estrategia de comercialización,
garantías en salud y educación para el sector rural, implementación
de los mercados campesinos, centros de acopio y agrotrasnformación
etc, que corresponden a exigencias heredadas desde las marchas de
1996 y que aún no han sido atendidas.
Como parte integral de la propuesta se incluye la formulación de un
marco administrativo y jurídico que contribuya a cumplir con los
propósitos de la sustitución esto se debe reflejar en la adecuación
o creación de la institucionalidad para atender y viabilizar las
apuestas de las comunidades y por otro lado contemplar la creación
de un legislación transitoria y revisión del marco legal vigente
que no garantiza ni promueve la pequeña producción y que impide el
avance de la economía campesina por ende el tránsito hacia las
economías lícitas, además de replantear la penalización de los
pequeños productores de coca para uso ilícito, pues a razón de esta
hoy miles de campesinos de la región están en las cárceles del
país, por delitos asociados al cultivo.
Desde 1996, las comunidades han expresado su voluntad de sustituir
los cultivos de coca, pero esta dependerá del cumplimiento de
gobierno nacional en la implementación no solo de los sistemas
productivos sostenibles sino también de la inversión en material
social que permitan las transformaciones reales que requieren las
comunidades para la permanencia en el territorio.
2.1.3 CONSTRUYENDO CONFIANZA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 1 Y 4
DEL ACUERDO FINAL.
En las conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional,
para concluir un conflicto armado de más de cinco décadas, se
incluyó en la agenda de debate dos puntos que atenderían de manera
específica la situación del sector rural de todo el país. Punto 1
“Reforma Rural Integral” y Punto 4 “Solución al problema de las
Drogas Ilícitas”, en donde se contempla la provisión de bienes y
servicios adeudados a las miles de familias que habitan el campo
mediante la formulación participativa de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que le apuntan a la
consolidación de la Transformación del Territorio de manera
integral y por otra parte la puesta en marcha de Programa Nacional
Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), este
último contempla acciones de atención urgente enmarcadas en el Plan
de Atención Inmediata (PAI) y la planificación con las comunidades
de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo
(PISDA).
En este nuevo escenario de la política nacional que demanda del
estado colombiano la implementación del Acuerdo Final y con un
acumulado de 2 años de conversaciones entre la Mesa Regional de
organizaciones Sociales (MEROS) con el gobierno nacional (agosto
2014 – actualidad), se abre una ventana de oportunidad para la
sustitución de los cultivos de
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 15
coca para uso ilícito que espera garantizar la participación
efectiva y directa de las comunidades, la atención no solo a las
familias que tengas en sus predios cultivos de coca sino de todas
las familias que están involucradas de manera directa e indirecta
en la cadena productiva de la coca incluyendo recolectores y
amedieros. Otro factor importante en el acuerdo alcanzado es el
reconocimiento de la mujer como actora fundamental en el desarrollo
de la región y de las comunidades indígenas y afrodescendientes que
por tradición étnica han construido una tradición cultural y
cosmogónica alrededor nos sólo del territorio sino de la planta de
coca.
Estos avances permiten que una vez más después de los intentos
fallidos por parte del estado para superar la problemática asociada
a los cultivos de uso ilícito, las familias le apuesten a la firma
de acuerdos con gobierno nacional para la sustitución integral de
los cultivos de coca para uso ilícito, pero esta vez con la
participación de las FARC-EP, gobernación, alcaldías y entidades
competentes, en ese sentido se avanza en la construcción de
confianza para cimentar las bases de la paz estable y duradera para
la región.
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203516
2.2 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA.
Ingrid Marcela Muñoz Quesada
2.2.1 LA EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICA COMO IDEA ILUSORIA DE
DESARROLLO.
La región Andinoamazónica ha estado históricamente marginada de los
procesos socioeconómicos del país, sin embargo, es una zona
privilegiada por la composición de sus suelos y las riquezas de su
subsuelo, motivo por el cual se ve constantemente presionada por
los intereses de quienes buscan beneficiarse de los recursos y
servicios ecosistémicos que ofrece. Su desarrollo ha estado
estrechamente ligado a las épocas de bonanzas entre ellas la
correspondiente al boom petrolero que lejos de generar el
mejoramiento estructural de las condiciones de vida de quienes
habitan la región ha agudizado los conflictos que viven las
comunidades.
La explotación minero energética ha sido por décadas una de las
principales apuestas económicas impulsada desde diferentes
gobiernos, muestra de ello es que desde el año 1959, con la llegada
de la compañía Texaco al Putumayo y el descubrimiento de
importantes yacimientos en Orito en el año 1963 (Ramirez M., 2014)
condicionaron el patrón de poblamiento, la configuración migratoria
de personas de otras ciudades en búsqueda de oportunidades
laborales en las compañías que promovían la explotación petrolera
en parte del sur del país.
Es así, como en la historia contemporánea de la Andinoamazonía la
entrada de las empresas petroleras fue entendida por los gobiernos
de turno como la posibilidad de “desarrollo” pero este fue
cuestionado desde sus inicios por las organizaciones sociales y las
comunidades debido a las diferentes afectaciones sociales,
ambientales y económicas percibidas con la influencia de las
multinacionales.
Con el posicionamiento de las importantes reservas de la Cuenca
Caguán- Putumayo4 y la declaratoria del departamento del Putumayo
como Distrito Especial Minero, este último en 2011, se generan
garantías para la entrada de nuevos proyectos y el mantenimiento de
los que estaban en curso traducido en la ampliación y concesión de
licencias ambientales otorgadas por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales- ANLA para afianzar proyectos de exploración
y explotación de minerales y petróleo.
Con la puesta en marcha de la “locomotora minero-energética” la
Amazonía fue rebautizada en los dos últimos Planes Nacionales de
Desarrollo como la zona centro andino sur, sobre la cual se han
dispuesto alrededor de 124 mil hectáreas para la explotación de
recursos naturales, y la preocupación de las organizaciones
sociales es que en toda esta
4 Cuenca Caguán-Putumayo, localizada al suroccidente del territorio
nacional, se posiciona hoy como una de las regiones emergentes en
la industria extractiva colombiana. La producción promedio
proveniente de esta zona supera los 56.600 barriles de petróleo por
día (BPD), lo que la convierte en la tercera región más importante
en materia de extracción de crudo
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 17
vasta zona no ha existido consulta con las comunidades, ni la
interlocución informada de las mismas sobre los impactos socio
ambientales a los que están expuestos.
Para dimensionar el impacto de la industria minero energética en la
región se ha identificado que del área total del departamento del
Putumayo más del 70% está concesionado bajo la modalidad de algún
tipo de contrato petrolero. “Según mapa base de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos - ANH sobre pozos petroleros a 2015, en Putumayo
se habían perforado 435 pozos, distribuidos así: 197 pozos
productores; 82 pozos no definidos; 39 pendientes; 20
exploratorios; 44 abandonados, 15 secos; 6 suspendidos y 23
taponados. De los 44 pozos abandonados, las petroleras piensan
reabrir algunos. Adicionalmente, se estima que está autorizados por
las licencias ambientales 580 nuevos pozos.” (Comisión
Interesclesial de Justicia y Paz , AGOSTO 2015). El temor de que
las historias de Casanare o La Guajira se repitan en este lugar del
país, parece estar más próxima a volverse una realidad. En el Mapa
de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, se
evidencia que la región Andinoamazónica tiene una vasta área en
proceso de exploración o producción, según los datos
institucionales el único territorio “no disponible” para este tipo
de actividad la zona de Parque Nacional Natural La Paya. Esta
situación de ocupación de las concesiones petroleras genera
preocupaciones en términos de acceso a la tenencia de la tierra de
manera colectiva e individual por parte de las comunidades
campesinas indígenas y afrosdescendientes. Mapa 1. Mapa de Tierras
Actualizado Febrero 2017
Fuente: Geovisor Agencia Nacional de Hidrocarburos
Los municipios que tienen licencias vigentes en producción son:
Mocoa, Puerto Asís, Villagarzón, Orito, San Miguel, Valle del
Guamuez, Puerto Caicedo, Piamonte y el Corregimiento Jardines de
Sucumbios. Lo cual no implica que no se avance en la ampliación o
en la búsqueda de nuevos frentes de explotación del recurso como es
el caso de la Subregión de Valle del Sibundoy. Genera además
especial atención que en esta información institucional no muestra
contratos en explotación en el municipio Puerto
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203518
Guzmán donde incluso las comunidades han manifestado afectaciones
por derrame de crudo, lo que indica que en cualquier paso de la
cadena de producción se generan impactos. Tabla 1. Municipios con
contratos en Proceso de Explotación de hidrocarburos en la Región
Andinoamazónica.
Departamento Municipio Operadora Contrato Campo CAUCA PIAMONTE
ECOPETROL SANTANA
ECOPETROL MARY Y MIRAFLOR
GUAYUYACO GUAYUYACO
NARIÑO IPIALES ECOPETROL D. SUR ORITO SUCUMBIOS PUTUMAYO MOCOA
ECOPETROL SANTANA
ECOPETROL TOROYACO
CHAZA MOQUETA
PUTUMAYO ORITO ECOPETROL D. SUR ORITO CARIBE, CHURUYACO, ORITO, SAN
ANTONIO Y SUCIO
PUTUMAYO ORITO ECOPETROL D. SUR ORITO INCREMENTAL
CARIBE
ORITO
PLATANILLO PLATANILLO
PUTUMAYO PUERTO ASÍS ECOPETROL D. SUR ORITO QUILILI PUTUMAYO PUERTO
ASÍS VETRA EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.
CPI SUR ORIENTE
COHEMBI, QUILLACINGA, QUINDE
PUTUMAYO PUERTO CAICEDO
ECOPETROL D. SUR ORITO CENCELLA, MANSOYA, YURILLA
PUTUMAYO SAN MIGUEL ECOPETROL D. SUR ORITO ACAE-SAN MIGUEL (PTO
COLON) Y LORO
PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ
PUTUMAYO VILLAGARZÓN
MIRTO E&P MIRTO
CHAZA COSTAYACO
PUTUMAYO VILLAGARZÓN
GUAYUYACO JUANAMBU
Fuente: Tabla 'producción fiscalizada de petróleo por campo en
superficie - Enero- Septiembre 2016 – ANH Luego de dimensionar la
magnitud de la presencia histórica de la industria y su cobertura
territorial es importante preguntarse ¿Cuál ha sido el beneficio
para las comunidades? ¿Cómo son las condiciones de vida de las
comunidades donde hay influencia directa de las compañías
petroleras? En el marco del Diagnóstico Rural Participativo una de
las preocupaciones manifestadas por las comunidades de manera
reiterada era el impacto
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 19
socio ambiental de la explotación petrolera haciendo énfasis en las
afectaciones del tejido social y de recursos agua y suelo. Muestra
de ello es que “de los 3.810 derramamientos y/o contingencias
ambientales reportados del año 2009 al 2014 por las empresas
petroleras, han ocurrido en el departamento de Putumayo para un
total de 560. Se han derramado en el Departamento 65.6 barriles de
petróleo y/o derivados contaminando ecosistemas estratégicos,
suelos con uso agrícola y/o ganadero y cuerpos de agua” (MEROS,
2015).
MOVILIZACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA DEFENSA DEL
TERRITORIO
Un recorrido por los diferentes municipios donde existe explotación
de petróleo es suficiente para evidenciar la precariedad de las
condiciones de vida de quienes habitan la “zona de influencia” de
las compañías, donde la escasa infraestructura está al servicio de
los intereses de la operación más no del fortalecimiento de la
economía o vida campesina, ejemplo de ello es la red vial, el
escaso o nulo acceso a los empleos disponibles pues se requiere de
mano de obra calificada cuando en estas zonas el nivel de
escolaridad es muy bajo, por tanto la conclusión de las comunidades
es que la explotación del petróleo genera más afectaciones que
beneficios y en tanto esa actividad no refleja el desarrollo
integral de las comunidades de la región.
Las comunidades además indican que las compañías en el marco de la
responsabilidad social empresarial y con el propósito de ganar
indulgencias ha construido polideportivos, mejoramiento de
escuelas, sin embargo las comunidades indican que estas inversiones
en nada se comparan con el impacto socio ambiental que genera la
explotación minero energética, la transformación paisajística y la
dinámica económica y social de las comunidades.
La percepción de quienes habitan en zona de influencia de estas
compañías es que los intereses del estado están enfocados en
garantizar la extracción desmedida de los elementos naturales del
territorio muestra de ello es el fortalecimiento de la fuerza
pública para salvaguardar los intereses del sector hidrocarburos
con la instalación de Batallones Minero Energéticos en zonas de
infraestructura petrolera, en estas zonas los índices de
vulneraciones y violaciones de derechos humanos son muy altos (
(RED DE DERECHOS HUMANOS -MEROS, 2015).
Las comunidades manifiestan su inconformidad frente al proceso no
solo de la adjudicación de las licencias hasta la exploración y
explotación, pues no se cuenta con la participación activa de las
comunidades y no se brinda la información real sobre los impactos
socio-ambientales a los cuales se exponen al momento de que empieza
la sísmica y se dispone a iniciar la explotación. Las empresas por
su parte manifiestan que surtieron todos los procesos de consulta
pero la recurrencia de escenarios de conflictividad entre las
compañías y las comunidades evidencian el grado complejidad que
genera su presencia en el territorio. Además se percibe que las
estrategias usadas para surtir los procesos de socialización no son
trasparentes y lejos de permitir que se tome una decisión libre e
informada se ha identificado que los sociales de las compañías
pretenden convencer a algunas personas de las comunidades generando
incluso rupturas en los lazos comunitarios al ponerlas en la
decisión unísona de un SI o un NO de la explotación
petrolera.
Sin embargo, ha sido la organización social la que ha permitido
hacer las denuncias frente a las afectaciones en la salud pública
debido a los constantes derrames por negligencia de
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203520
las compañías o producto del conflicto armado que ha vivido la
región. Lo que además ha evidenciado que los planes de contingencia
son inexistentes o de reacción poco oportuna.
La movilización social es la herramienta legitima de las
comunidades que en reiteradas ocasiones ha demandado por parte del
estado una discusión sobre la política minero energética de la
región como fue el caso de la protesta social del años 2014 en el
Corredor Puerto Vega Teteye- Puerto Asís, donde se exigía por parte
de las instituciones competentes la revisión de las Licencias
otorgadas a los bloques concesionados, creación de una comisión
interinstitucional con la participación de las organizaciones de la
Mesa de Organizaciones sociales -MEROS, con el acompañamiento de un
equipo de profesional interdisciplinario, con el fin de revisar y
ajustar los estudios de impactos Ambientales, los planes de manejo
Ambiental y los procesos para el otorgamiento de licencias
Ambientales actuales y en trámite, particularmente “la revisión y
evaluación del cumplimiento de la Resolución 1930 del 01 de octubre
de 2010 del proyecto desarrollo de los campos Quinde, Cohembí y
Quillasinga del bloque sur oriente, en el corredor Puerto Vega –
Teteye del municipio de Puerto Asís”.
Proceso que dejo como resultado un “INFORME ANÁLISIS DEL PROCESO DE
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PETROLERA EN
EL CORREDOR PUERTO VEGA – TETEYÉ (Puerto Asís) PUTUMAYO Septiembre
de 2014 – diciembre de 2015” donde se concluye que las condiciones
ambientales a las cuales están expuestas las familias del área de
influencia están siendo afectadas en su salud pública encontrando
que por ejemplo que: “El riesgo de las poblaciones es inminente
puesto que se abastecen de fuentes superficiales y aljibes, que
presentan concentraciones que superan los límites normativos
aceptables en términos de salud pública. Se identifican especies
químicas como Fenoles, Hidrocarburos, Arsénico, Cadmio, Plomo y
Bario” entre otras afectaciones en aire y suelo.
Adicional a esto, las afectaciones sociales generadas en los
territorios colectivos, las compañias no reconocen la presencia de
pueblo indigenas, afrodescendientes los cuales convenciones
internacionales los reconocen como poblaciones de especial
atención, evidencia de esta situación son las tutelas que han
interpuesto los pueblos indigenas como “la comunidad awá quien
alega que no se llevó a cabo el trámite de consulta previa a lo
cual la Corte Constitucional ordenó suspender la explotación que
adelantaban Ecopetrol y Petrominerales en Orito” (El Espectador ,
2016), caso similar se presentó con el “pueblo Nasa del Resguardo
indígena Alto Lorenzó, ubicado en el corregimiento de La Carmelita
del municipio de Puerto Asís, había instaurado una tutela
manifestando que la multinacional petrolera Consorcio Colombia
Energy, venia afectando gravemente los recursos naturales y el
medio ambiente del territorio indígena, con la explotación de los
pozos ubicados en límites de territorio indígena Nasa.
Estas afectaciones desde luego no son exclusivas de las comunidades
etnicas sino que se replican en todo el territorio y en diferentes
magnitudes, pece a ello, hoy existen muchas iniciativas para
salvaguardar la andinoamazonia,organizaciones liderando la
constitución de areas protegidas con campesinos, las zonas de
reserva campesina que esperan proteger el territorio no solo de la
explotación “legal” de los recursos sino también de la explotación
“ilegal” que va en aumento sobre todo de la explotación aurifera en
el lecho de los rios que tambien genera impactos nocivos para el
ambiente y para la salud de los habitantes de la región.
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 21
La propuesta para superar esta problemática socio ambiental
asociada al a explotación del petróleo es que las comunidades
puedan participar de manera efectiva en las decisiones sobre su
territorio, garantizar que sea en el proceso de Ordenamiento
Territorial, donde sean las comunidades quienes definan los usos
del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo
conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades; la
manera se distribuye el uso del suelo; se gobierna el subsuelo; y
se protegen los elementos estratégicos para la vida como son el
aire, el agua, los ecosistemas estratégicos. Ese ordenamiento
participativo apuntará a armonizar la conservación del medio
natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las
comunidades garantizando la seguridad jurídica para los territorios
individuales y colectivos. Este ordenamiento del territorio deberá
entre otros garantizar la permanencia en el territorio y la
convivencia interétnica e intercultural, esta demanda hace parte de
una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas,
indígenas, afrosdescendientes de la región.
2.2.2 EL PROBLEMA DE LA DEFORESTACIÓN ASOCIADA A LA INDUSTRIA
MINERO ENERGÉTICA Y OTRAS ACTIVIDADES
Si bien la región tiene una presión ecosistémica muy fuerte por la
proyección del territorio como importante reserva de recursos
minero energéticos, hay otras consecuencias producto de ésta y
otras actividades como la ampliación de los cultivos de coca para
uso ilicito, la explotación maderera, ampliación de potreros para
pastizales y en asentamiento de comunidades en las rondas de los
ríos, afectando no solo las características paisajísticas de la
región sino también disminuyendo la acción del ecosistema frente al
cambio climático.
En el Putumayo la tasa de deforestación para el año 2014 fue de
5.150 ha, significando el 4% de la tasa nacional (Saralux Valbuena,
2016) La explotación de la madera ha sido una actividad progresiva
en la región que viene en aumento y que genera la perdida de
hábitat de especies, la segregación de ecosistemas y la perdida de
importantes servicios ecosistémicos. Las cifras que indican las
instituciones competentes han generado que las comunidades
reflexionen alrededor del cambio climático y la necesidad de
impulsar estrategias que mitiguen el impacto y permitan el uso
sostenible de los bosques, cierre de la frontera agrícola, debatir
los impactos de la industria minero energético y proponer
estrategias comunitarias de aprovechamiento forestal con
acompañamiento técnico.
En el Diagnostico Rural Participativo se identificó que las
comunidades rurales utilizan la madera para suplir las necesidades
cotidianas básicas como lo son la cocción de los alimentos como lo
indica la tabla 2. para la construcción de infraestructura
productiva o de vivienda y la comercialización para la generación
de ingresos, actividad que viene siendo penalizada por las
autoridades ambientales ya que estas no concesionan permisos para
realizar esta actividad, donde además las comunidades manifiestan
que estos permisos solo son otorgados para las actividades de
grande compañías o a empresas asociadas a la explotación de
petróleo. También indican que esta actividad la realizan porque no
existen otros proyectos productivos que garanticen la estabilidad
económica de sus familias pero consideran urgente que de manera
concertada se establezcan estrategias de extracción forestal a
pequeña escala que garantice por un lado los ingresos de las
familias y por otro la sostenibilidad ambiental.
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203522
Tabla 2. Fuentes de Energía y Especies maderables frecuentemente
usadas en las subregiones para la cocción de alimentos, según
percepción de las comunidades.
SUBREGIÓN ESPECIES MADERABLES Valle del Sibundoy Eucalipto, Pino,
Acacia, Urapan, Chilca Y
Sauce
Centro Sardinegro, palonegro, Guamo, Cachimbo, Yarumo, Achitoillo,
Cucharo, Cedro (restos de los bloques) y partes de madera que se
encuentran en el río. Algunas familias han recibido estufas
ecológicas de Corpoamazonia.
Rio Caquetá Se frecuenta el uso de maderables para la cocción
especies como el Guamo, Acre Y De Bosque Denso: Palo Negro,
Costillo Y Mantequillo O Bizcocho.
Río Putumayo Hay estufas ecológicas y gas, pero en mayoría de las
familias son los fogones tradicionales de leña. Las especies
utilizadas son Palo Negro, Costillo, Mantequillo
Valle del Guamuez Uso de especies como el Guamo, Vara Negra Guayabo
y Romo. Se han implementado estufas ecoeficientes, sin embargo,
muestran inconformismo porque tienen que utilizar más leña de la
que usaban antes, probablemente por que quedaron mal diseñadas,
manifiestan las comunidades
Leguizamo En algunas zonas de la cabecera y Puerto Ospina se
abastecen de gas, en el resto del municipio se usa la leña de
diferentes especies pese a las restricciones de zona de PNN
Fuente: Equipo Técnico PLADIA 2035, 2016
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 23
2.3 USO Y TENENCIA DE LA TIERRA. PUNTOS DETERMINANTES EN LA
BÚSQUEDA DEL DESARROLLO PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA.
Martha Yineth Bravo Artunduaga
Ricardo Alfredo Carreño Vallejo
Los conflictos sobre uso, vocación y tenencia de la tierra son un
factor importante a tener en cuenta al analizar la realidad de la
ruralidad colombiana, ya que es un elemento que se encuentra de
forma reiterada en diferentes zonas del país, evidenciando que
estos no son hechos aislados, sino que se relacionan estrechamente
con la visión de lo que es el desarrollo rural impulsado por la
institucionalidad en el territorio, la cual es diametralmente
diferente a la construida desde las comunidades.
La idea de desarrollo que persigue PLADIA 2035 se fundamenta en
entender este concepto como el conjunto de cambios progresivos que
se deben dar en el territorio con el fin de alcanzar una mayor
calidad de vida o buen vivir para las personas que lo habitan, lo
cual incluye aspectos ambientales, productivos, organizativos,
sociales, culturales y espirituales. Al pensar en la necesidad de
propender por estas condiciones de vida digna para los habitantes
del campo, las reflexiones que aquí se realizan sobre la propiedad
y el uso de la tierra y sus conflictos derivados, tienen una
importancia esencial.
2.3.1 CONFLICTO ENTRE USO Y VOCACIÓN En cuanto al uso y la vocación
del suelo, se debe entender el primero como la actividad que
realiza efectivamente un individuo o comunidad en un área
específica orientada hacia el aprovechamiento de la superficie
terrestre, subsuelo o espacio aéreo de la misma. Por su parte, la
vocación del suelo se concibe como la actividad más adecuada a
desarrollar por parte de las comunidades sobre cada zona del
territorio teniendo en cuenta aspectos relativos al clima, relieve,
material parental, erosión, pendiente, importancia ecológica, entre
otros. Un conflicto entre uso y vocación de suelo surge cuando
estos dos elementos no se corresponden.
Este tipo de conflicto tiene lugar, entre otras cosas, por la
intención que ha existido desde el gobierno por incentivar algunas
actividades económicas específicas como la ganadería extensiva o la
explotación petrolera en el territorio, las cuales no son la forma
más adecuada de aprovechar la riqueza Andinoamazónica, debido a que
desgastan los suelos, generan bastante contaminación y ocasionan un
detrimento significativo del medio ambiente a nivel general.
La explotación petrolera ha sido una prioridad para el gobierno en
los últimos años, lo cual se ve materializado en la relevancia que
ha venido tomando el sector minero- energético y los ingresos
obtenidos de esta actividad en los últimos Planes Nacionales de
Desarrollo, generando decisiones como la de nombrar al departamento
del Putumayo (compuesto por 13 de los 15 territorios que componen
el área de planificación PLADIA 2035) como Distrito Especial Minero
por encima de su condición de Departamento de la Amazonía (Centro
Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, s.f.). Esta
actividad extractiva ha afectado de forma considerable a los
municipios de Villagarzón y Orito, ya que es en ellos en donde se
concentran la mayor cantidad de pozos en
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203524
explotación y áreas de exploración de toda la región según lo
observado en el Diagnóstico Rural participativo. Es aquí cuando se
genera un conflicto entre uso y vocación, ya que el suelo de la
región Andinoamazónica, por sus características heterogéneas y
especiales, tiene una vocación especial agropecuaria que no puede
ser aprovechada debido a las concesiones dadas a empresas cuyo
objetivo se orienta exclusivamente a la extracción de crudo.
Las concesiones dadas por el gobierno en la región para actividades
extractivas no se limitan solo al sector de hidrocarburos sino
también contemplan la actividad minera y la extracción de madera
(para vender por bloques o para convertir en carbón vegetal), las
cuales igualmente generan conflictos entre el uso y la vocación del
suelo, ya que se genera un daño ambiental severo en áreas que
deberían tener una orientación mayor hacia la conservación que
hacia otro uso.
En cuanto a la ganadería, se hace evidente el incentivo
institucional hacia esta actividad cuando se halla dentro del
Diagnóstico Rural Participativo, en las diferentes subregiones, que
es mucho más accesible para las comunidades obtener acompañamiento
técnico por parte de alguna institución cuando su actividad
económica es la cría y levante de ganado. Este acompañamiento,
usualmente restringido solo a las vacunaciones, el registro de los
animales y algunas facilidades de financiación, lleva a que los
habitantes de la ruralidad opten por implementar la ganadería por
encima de otras iniciativas productivas.
Lo anterior ha hecho que el fenómeno ganadero se haya expandido
considerablemente en todo el territorio, acelerando el ritmo de
potrerización de suelos independientemente de su vocación, siendo
este uno de los principales motores de deforestación, llevando a
que en casos como Valle del Guamuez y San Miguel, hoy el área de
bosque denso ocupe solo 14,01% y 9,76% del territorio
respectivamente, mientras que la cobertura de pastos sea ya el
52,18% y 47,84% en ese mismo orden. Esto sucede debido a que el
modelo de producción ganadera implementado por la gran mayoría de
las familias de la región es de carácter extensivo, también
conocido como de pastoreo, que tiene un costo más bajo de
implementación y desarrolla procesos que no requieren de mucha
tecnología.
Es importante mencionar que este fenómeno no tiene lugar solo en la
región de planificación, sino que también se ha venido
reproduciendo a nivel nacional, en donde por ejemplo de los 21,5
millones de hectáreas de vocación agrícola en el país, solo se
estaban empleando, para el 2009, 4,9 millones de hectáreas en esta
actividad. Por su parte, a pesar de haberse establecido que 15
millones de hectáreas en el país eran de aptitud ganadera, en
realidad se destinaban a esta actividad 31,6 millones de hectáreas
en ese mismo año (PNUD, 2011).
Se debe mencionar también que incluso dentro de la actividad
agrícola existe una gran diferencia frente al uso del suelo según
si esta se dispone en forma de monocultivo o policultivo. El primer
sistema consiste en sembrar solamente un tipo de cultivo o en el
mejor de los casos una asociación de dos de ellos en determinada
extensión de tierra, mientras que el segundo se destaca por ser una
mezcla más estrecha de diferentes especies de siembras tanto de
pancoger como comerciales, entre los cuales se sirven de tutores
entre ellos, intercambian nutrientes, comparten sombra, etc.,
siendo así un sistema agrícola realmente integral.
En este caso existe un conflicto cuando en un suelo de vocación
agrícola se empiezan a implementar monocultivos, muchas veces de
especies que no son propias de la zona, en
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 25
lugar de policultivos, dado que hace que la tierra se vaya
desgastando, perdiendo sus características especiales que le
permitían tener esa vocación y se tenga que emplear cada vez una
cantidad mayor de productos químicos para mantener la rentabilidad
del sistema.
Actualmente se identifica en la región una gran propagación de
monocultivos, especialmente en los sistemas productivos
implementados en las fincas más grandes de cada municipio. Este
fenómeno ha afectado incluso a algunos pueblos indígenas, los
cuales manifiestan que es cada vez más común que ellos también
empiecen a adoptar los monocultivos como forma de trabajar la
tierra para obtener sus ingresos, esto sin dejar de lado la chagra
tradicional con los productos necesarios para el consumo de la
familia.
Estos conflictos de uso y vocación también tienen dentro de sus
causas la estructura que tiene la propiedad del suelo o estructura
agraria, en la cual se percibe una alta concentración de tierras en
pocas manos, llevando a las comunidades rurales a expandir por
obligación y de forma desordenada la frontera agropecuaria para
implementar sus sistemas productivos dada la carencia de tierra
para trabajar. Esto genera cada vez una mayor presión sobre los
diversos ecosistemas de la región al reducir la cobertura de
bosques presente en el territorio, debido a que se empiezan a
utilizar suelos para diversas actividades económicas, pudiendo ser
estos destinados a la conservación.
2.3.2 CONFLICTOS RELATIVOS A LA TENENCIA DE LA TIERRA La tenencia
de la tierra es básicamente la relación jurídica o consuetudinaria
entre individuos o grupos de personas con respecto a la tierra.
Esta relación define cómo se concede el derecho a utilizarla,
controlarla y transferirla, así como las responsabilidades y
limitaciones que esta conlleva. Dicho de otra manera, la tenencia
de la tierra determina quién puede utilizar qué recursos, durante
cuánto tiempo y bajo qué circunstancias (FAO, 2003). Se puede decir
que existe un conflicto relativo a la tenencia de la tierra cuando
más de un actor en una comunidad reclama el derecho de propiedad
sobre un área o zona específica del territorio.
Se debe tener en cuenta que la tenencia de la tierra es también un
factor fundamental que contribuye a caracterizar las estructuras
sociales, políticas y económicas de un territorio, entendiendo que
este no es un elemento solamente jurídico o económico sino que
involucra aspectos institucionales, políticos, sociales o técnicos
que generalmente son pasados por alto (FAO, 2003).
La estructura sobre la tenencia de la tierra en la región de
planificación se caracteriza por una propiedad sobre la misma
críticamente desigual, en donde abundan las familias que no poseen
tierra o la tienen pero no han podido formalizar esta relación de
propiedad sobre el suelo, mientras que otras cuantas personas que
son minoría acumulan grandes extensiones de tierra. Esto se hace
evidente al constatar que la media del Gini de tierras5 para la
región es de 0,67, tomando su máximo y mínimo valor en los
municipios de Mocoa (0,8) y Puerto Leguízamo (0,41)
respectivamente.
5 El GINI de tierras es un indicador que mide el nivel de
desigualdad en la propiedad de la tierra y toma valores entre 0 y
1, siendo el primer caso el escenario hipotético en el que todos
los habitantes del territorio tienen la misma cantidad de tierra,
mientras que en el otro extremo se expresa el caso en el que una
sola persona sea dueña de todo.
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203526
En cuanto a los índices de Gini de tierras de nivel subregional, se
halla una tendencia a encontrarse una mayor inequidad en la
propiedad de la tierra en aquellas que se encuentran mejor
conectadas comercialmente, como es el caso de las subregiones Valle
del Guamuez con 0,72, Valle de Sibundoy con 0,71, Río Putumayo con
0,69 y Centro con 0,68. Por su parte, las subregiones cuya
conectividad es más precaria tienden a tener una distribución no
tan desigual, aunque aún sigue siendo bastante inequitativa,
tomando este índice valores de 0,59 y 0,41 en las subregiones Río
Caquetá y Leguízamo, respectivamente.
Se debe anotar también que en la región existe poca formalización
de la propiedad sobre la tierra, prevaleciendo aún la posesión de
los predios solamente con documento de compra y venta, situación
predominante sobre todo en los sistemas productivos identificados
como pequeños y medianos en cada municipio, aunque los sistemas de
mayor tamaño se caracterizan por contar usualmente con un mayor
nivel de formalización, sigue siendo la informalidad en la tenencia
una situación prioritaria por solucionar.
Quienes son solo poseedores buscan formalizar su acceso a la
propiedad de la tierra, ya que en su estado actual de relación con
el suelo, se les dificulta tener acceso a créditos para el
mejoramiento de los sistemas productivos, beneficios del sector
solidario o programas de asistencia técnica, entre otros, ya que
para la institucionalidad no pueden demostrar ser propietarios del
suelo que dicen tener.
El conflicto entre uso y vocación relativo a las actividades
extractivas descrito en el anterior apartado tiene implícito
también un conflicto relacionado a la tenencia de la tierra, ya que
en los lugares donde se desarrolla la extracción de petróleo,
minería o aserrío, es muy difícil para las comunidades rurales
hacer el proceso de formalización en la propiedad de ese suelo, ya
que hay intereses de otros actores sobre el territorio que son
priorizados por la institucionalidad.
Otro conflicto por la tenencia de la tierra identificado se
relaciona con la titulación de territorios colectivos como los
resguardos indígenas, en donde las instituciones entregan
escrituras de zonas que son habitadas actualmente por otras
comunidades. Un ejemplo de esto es la aprobación de la ampliación
del resguardo inga Yunguillo en 2015, localizado en los municipios
de Mocoa (Putumayo) y Santa Rosa (Cauca) y la expansión del
resguardo kamëntsá Sibundoy en 2013 ubicado entre los cuatro
municipios que componen el Valle del Sibundoy y que consta de una
zona alta (declarada reserva forestal por ley 2 de 1.959) de 3.552
Ha, cuyo objetivo es la conservación y una zona baja donde son
establecidas las chagras y asentamientos indígenas. Además de lo
anterior, también se aprobó recientemente la constitución del
resguardo indígena Kamentsá-Inga de San Francisco sobre un área de
17.514 Ha y la creación del resguardo Colón (Agencia Nacional de
Tierras, 2016). Se debe tener en cuenta que lo problemático no es
la titulación de los territorios colectivos en sí, sino que esta
acción se realice en lugares que habitan también otras comunidades
y se terminen generando conflictos al interior de las mismas
personas que han habitado, convivido y compartido el territorio por
años. Este tipo de situaciones se repiten en toda la región,
generando en algunos casos conflictos más agudos que en
otros.
Finalmente, otro tipo de conflictos relativo a la propiedad de la
tierra se encuentra en la creación o expansión de áreas protegidas
como política de protección del medio ambiente desarrollada desde
la institucionalidad a nivel nacional, incluyendo claramente la
región Andinoamazónica, sin brindar condiciones adecuadas a las
familias de la zona para tener
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 27
una vida digna, simplemente tomando estas decisiones sin reconocer,
generalmente, la preexistencia de diversas comunidades en el
territorio, como es el caso de la Resolución 0160 del 24 de agosto
de 1984 mediante la cual se creó el Parque Nacional Natural la Paya
sobre un territorio que según los habitantes de la zona ya habían
sido ocupados por ellos desde muchos años antes.
2.3.3 REFLEXIÓN FINAL Son bastantes los conflictos que se han
generado y que se siguen creando relativos a la propiedad y el uso
que se le da la tierra, siendo este factor un obstáculo importante
para poder garantizar un buen vivir para las comunidades que
habitan el territorio.
Estos conflictos se caracterizan por ser particularmente complejos
debido a que tienen causas bastante diversas. En ese sentido,
buscar solución a ellos debe realizarse de forma integral,
pensándose acciones que se deben generar tanto al interior de la
comunidad como desde el Estado para que se pueda asegurar no solo
el acceso formal a la tierra para todas las familias habitantes de
la ruralidad Andinoamazónica, sino que también se realice un uso
adecuado de la misma, aprovechando las potencialidades de la región
al mismo tiempo que se persigue un desarrollo que mejore las
condiciones de vida materiales y espirituales de las comunidades al
tiempo que incentive conservación el medio ambiente.
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203528
2.4 CONFLICTOS ASOCIADOS A ÁREAS PROTEGIDAS DEL ORDEN
NACIONAL
María Claudia Beltrán Fonseca
La región está revestida de sinnúmero de complejidades, entre las
cuales se encuentran conflictos territoriales y ambientales entre
la institucionalidad estatal y las comunidades de la región en
áreas denominadas de protección o conservación para el Estado.
Estos conflictos ocurren en relación a áreas protegidas que por su
superioridad jerárquica en la normatividad constituyen
determinantes ambientales que deben tenerse en cuenta en los
ejercicios de ordenamiento y planificación territorial. Estas 3
figuras ambientales en relación a las cuales se han desarrollado
tensiones territoriales son Reserva Forestal Protectora -RFP-, Zona
de Reserva Forestal -ZRF- y Parque Nacional Natural -PNN-, todas
del orden nacional.
Estos conflictos tienen matices y diferencias en función de
diversos factores. Entre estos se encuentra su categoría,
restricciones legales de uso del suelo y propiedad de la tierra,
presencia de comunidades al interior de las mismas y/o área de
cobertura. Y por supuesto, la voluntad de las partes para acordar e
implementar soluciones. En el siguiente mapa se presentan todas las
áreas protegidas que se encuentran en la región, incluyendo
aquellas a las cuales se encuentran asociadas estas
tensiones.
Teniendo en cuenta que la ubicación y reseña de cada una de las
áreas se ha descrito de manera general y ubicada cartográficamente
en el apartado inicial relativo a las generalidades de la región,
enseguida se hace referencia a estos conflictos de manera
particular para cada una de las áreas en cuestión.
Fuente: Equipo técnico PLADIA 2035, 2016
Mapa 2. Áreas de conservación o protección del orden nacional en la
región andinoamazónica
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 29
2.4.1 RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO
MOCOA
La Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa
-RFP-CARM- se encuentra ubicada en los municipios de San Francisco
y Mocoa (como puede verse en el mapa de áreas protegidas) y cuenta
con una extensión de 34.600 ha. Declarada en 1984 por el INDERENA y
aprobada por el Ministerio de Agricultura como “Área de Reserva
Forestal Protectora la Cuenca Alta del Río Mocoa” (CORPOAMAZONIA,
2014). Posteriormente, en el año 2012 es registrada como integrante
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP-, bajo la
categoría de Reserva Forestal Protectora, acorde a la regulación
requerida por el decreto 2372 de 2010. Las acciones relativas a sus
límites se encuentran a cargo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y su administración le corresponde a
CORPOAMAZONIA.
El conflicto o tensión generada en este caso tiene que ver con la
relación que han tenido las comunidades con las instituciones y su
voluntad de concertar y emprender una ruta que permita el habitar
de las personas en esta zona acorde a las características
biofísicas de estos ecosistemas de bosques, así como vincularse de
manera articulada con entidades en el manejo de la reserva. Al
respecto es necesario tener en cuenta que, en esta categoría de
área protegida, si bien no se impide la propiedad sobre la tierra,
la reglamentación respecto al uso del suelo plantea restricciones
importantes para sus pobladores, cuya implementación requiere el
decidido apoyo institucional.
De manera general el decreto 2372 de 2010 plantea que una Reserva
Forestal Protectora es una zona de propiedad pública o privada que
se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y
utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales
naturales. Inclusive plantea como uso sostenible, para esta
categoría, la obtención de los frutos secundarios del bosque en lo
relacionado con las actividades de aprovechamiento forestal.
Comprendiendo por frutos secundarios del bosque los productos no
maderables y los servicios generados por estos ecosistemas
boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, las fibras, las
cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los
exudados.
Y de manera más específica el Plan Básico de Manejo Ambiental y
Social -PBMAS- (2008) de la reserva forestal ha realizado una
zonificación, la propuesta de ampliación de la reserva forestal y
una serie de programas y estrategias que contemplan, entre otros,
declaración de nuevas áreas de manejo (como una reserva campesina y
un distrito de manejo integrado) ante lo cual Corpoamazonia no
reconoce avances a 2014. Por otro lado, contempla como una de sus
estrategias la vinculación de la comunidad a la conservación de la
reserva, respecto a la cual se proponen programas de restauración y
rehabilitación participativa de ecosistemas, proyectos productivos
sostenibles con productos exclusivos de la zona, turismo y procesos
de formación en educación ambiental y cogestión.
Desde la formulación del PBMAS esta situación se caracteriza y así
mismo plantea alternativas. Según el diagnóstico realizado en la
formulación de dicho plan para el 2008 se identificaron 928
personas habitando la Reserva entre los municipios de San Francisco
y Mocoa. Así mismo, la voluntad manifiesta de las comunidades de
detener la ampliación de la frontera agrícola, participar en
procesos de recuperación de las microcuencas y en implementar
proyectos productivos sostenibles. Y en la formulación de la
estrategia y programas, identifica como necesario el diálogo y
apoyo entre las instituciones y las
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 203530
comunidades para lograr los objetivos propuestas a esta área
protegida, teniendo en cuenta que no existen impedimentos legales
para ello.
Desde entonces hasta la actualidad las comunidades no manifiestan
avances. Contrariamente, identifican como un problema que la
reserva tenga tanto tiempo de constitución, pero las familias hayan
sido notificadas al respecto en años recientes y a penas tengan
información respecto a las implicaciones legales que les
conciernen.
A través del DRP se identifica presión en los bosques de las
veredas que están dentro de la reserva. Presión asociada
principalmente a procesos de deforestación, extracción de madera y
potrerización para establecimiento de actividades ganaderas.
Adicionalmente se encuentra la construcción de la variante San
Francisco-Mocoa, parte integrante del Eje de Transporte Intermodal
Tumaco (Colombia) – Belem do Pará (Brasil) de la Iniciativa de
Integración Regional de Sur América -IIRSA-. Esta variante tiene
una longitud proyectada de 47 km de los cuales 31.2 km están dentro
de la reserva. (Bank Information Center)
Al respecto las comunidades plantean diversas inquietudes. Entre
esas, la construcción ha afectado la conectividad de las
comunidades, como puentes y caminos. También ha menguado la
cobertura de bosque, ante lo cual temen pérdida flora y fauna tan
importante en esta zona de piedemonte. Ven con preocupación la
posibilidad de que el área se convierta en zona de extracción
minera debido a que se permitan el acceso a la misma. Y además,
encuentran problemático que se haya realizado una sustracción
temporal de la reserva, y las medidas de compensación directamente
en el territorio sean insuficientes y las condiciones de vida de
sus pobladores no mejore. De hecho, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a través del Auto 341 de 2016 declara
incumplimientos por parte de INVIAS respecto a varias de sus
responsabilidades asociadas a la compensación, restauración,
seguimiento, y medidas asociadas a especies amenazadas y
endémicas.
Además de ello, se han generado procesos de desterritorialización a
través de las disposiciones normativas e institucionales al
respecto. Por ejemplo, hay varias familias que han salido del área
ante la negativa de apoyo a los proyectos productivos en la zona y
muchas de ellas se mantienen en incertidumbre respecto a su
permanencia en el territorio y sus proyectos. Manifiestan que en
años recientes el Banco Agrario y otras entidades no brindan
créditos o recursos para el impulso de iniciativas productivas, por
la ubicación de sus tierras. Estas iniciativas son de tipo
familiar, acorde a los saberes y vocación cultural de cada unidad
familiar y no necesariamente coinciden con los lineamientos
establecidos para el uso del suelo. Sin embargo, dada la situación
las comunidades habitantes de la reserva forestal han planteado su
interés en establecer actividades económicas acorde al uso del
suelo en la misma. Y finalmente plantean que en el transcurrir de
estos años la autoridad ambiental a cargo, ni otras entidades han
brindado alternativas para las familias que se encuentran al
interior de la RFP-CARM.
Hay dos caras de una misma moneda, de una problemática que requiere
atención y medidas efectivas. Por un lado, se encuentran los
bosques en proceso de fragmentación y disminución. Lo cual, según
identifica el Plan de Manejo, tiene como agravante ser una zona que
tiene un alto potencial de activación de procesos erosivos y
geodinámicos. Y por otro lado, los procesos de
desterritorialización de quienes tienen una relación de arraigo e
identidad con su territorio, al interior de la reserva.
Sin embargo, las restricciones respecto al uso del suelo, pueden
convertirse en importantes potencialidades para transformar la
relación de los pobladores con los
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 31
bosques. Y por tanto para articular entidades como Corpoamazonía y
las comunidades en la implementación concertada y dialogada de
medidas de manejo de la Reserva.
2.4.2 ZONAS DE RESERVA FORESTAL Las Zonas de Reserva Forestal -ZRF-
son creadas a partir de la ley 2 de 1959 para el desarrollo de la
economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida
silvestre. Las gestiones y decisiones relativas a sus límites y
linderos, así como su zonificación y regulación están a cargo del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Como bien se identifica en el Atlas temático de las ZRF, esta
categoría de manejo no corresponde a áreas destinadas a la
“preservación absoluta”, sino a la conservación forestal (entendida
en un sentido amplio, cobijando bosques, suelos, agua y vida
silvestre) o a la producción forestal (desarrollo de economía
forestal). Así mismo, comprenden tierras de propiedad pública y/o
privada, lo cual significa que no equivalen a ser baldíos
nacionales en el conjunto de su extensión (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial; Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales, 2005).
En la región andinoamazónica se encuentra parte del área de dos de
las siete ZRF constituidas, ZRF Central y ZRF de la Amazonia (Mapa
de áreas protegidas de la región). Asociadas a estas ZRF se
identifican tensiones latentes derivadas de factores como las
disposiciones de regulación del uso del suelo asociado a
actividades forestales, la titulación de terrenos baldíos, la
acción institucional en relación a las implicaciones legales y al
conocimiento de las comunidades al respecto.
Teniendo en cuenta el objeto de las ZRF la ley 2 de 1959 dicta
varias disposiciones a tener en cuenta. Por un lado, toda
explotación forestal, ya sea en baldíos de la Nación o predios
privados, debe ser reglamentada, aprobada por el gobierno nacional
y estar acorde a un plan de ordenamiento forestal. Y por otro lado,
el uso del suelo al interior de las mismas debe ser regulado a
través de su zonificación y clasificación de suelos, lo cual puede
derivar en varias medidas.
En el caso de que sean predios de propiedad privada el gobierno
reglamentará sus usos con el fin de conservar sus suelos,
corrientes de agua y asegurar su adecuada utilización; las áreas
identificadas con vocación de