LOS DESAFIOS DE LA POLITICA AMBIENTAL EN MENDOZA

I – INTRODUCCION:

La Política Ambiental, entendida como el conjunto de decisiones del

Estado atinente al modelo de país o provincia que desde el punto de vista

ambiental se pretende o desea, implica conocer los objetivos y metas que se

deben cumplir en tal sentido. Dice al respecto Mathus Escorihuela “…

Entendemos a la Política Ambiental como un conjunto sistemático de fines y

objetivos fundamentales, establecidos por la autoridad, con normas de

organización y gestión complementarias que determinan la propiedad, el uso, la

preservación y la recuperación del ambiente en un ambiente geográfico y

político determinado…” (Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales –

Mathus Escorihuela (Director), edición propia, pag. 42).

En decir, el Estado como autoridad pública ambiental debe tener una

noción precisa y acabada de cuál es el estado de situación de los recursos

ambientales existentes en su territorio, un diagnóstico detallado de las

amenazas que pesan sobre los mismos (contaminación, degradación,

desertificación, pérdida de biomasa, etc.), con un inventario más o menos

actualizado de los recursos naturales renovables o no con que cuenta, para de

esa manera poder elaborar las metas políticas correspondientes.

Por otra parte, la autoridad pública, conforme a los lineamientos políticos

que establezca, deberá proponer la legislación correspondiente, organizar la

administración pública que sea competente e idónea, elaborar la planificación y

los programas necesarios y ordenar la gestión, a fin de que la misma sea lo

más eficaz y eficiente posible.

Sin embargo para que el Estado funcione tal como se describe, debe

lógicamente estar acorde a las circunstancias, lo que lamentablemente para el

caso de la Argentina, en términos generales, y de la provincia de Mendoza, en

particular, no ocurre. Es por todos conocidos que el aparato estatal no funciona

como corresponde ni cumple con las necesidades de la población,

encontrándose totalmente sobredimensionado con relación a los objetivos

establecidos, con mala distribución de competencias, pésima política salarial, y

ante la inexistencia de una verdadera carrera administrativa, pues el Estado es

considerado por los políticos como un verdadero botín de guerra.

Esta realidad es percibida con toda claridad por la sociedad, quien tiene

una animadversión casi patológica con respecto a lo público, aun cuando es

consciente de que lo necesita y que demanda cotidianamente sus servicios.

II – HACIA UN VERDADERA POLITICA PUBLICA:

Reconociendo que estamos ante una verdadera “emergencia” en lo

público, cualquier acción que se encare respecto a las políticas ambientales,

necesariamente está condenada al fracaso. Sólo se podrán lograr,

eventualmente, algunos éxitos parciales, completamente descolgados, sin

entidad suficiente como para poder transformar la realidad que nos rodea.

Es imprescindible, entonces, que las autoridades públicas encaren una

verdadera Reforma del Estado, siempre tan anunciada pero a la vez

vapuleada, dado que nunca se pudo ni siquiera esbozar. El Estado debe

apuntar a una democratización de su estructura burocrática, con una

profesionalización de la función pública, que implemente mecanismo de acceso

a la información y procesos de participación en la toma de decisiones

trascendentales, que organice procesos de contralor reales en donde la

sociedad civil pueda a su vez fiscalizar y monitorear. También debe lograr la

mayor transparencia posible en los mecanismos de contratación pública,

implementando oficinas anticorrupción totalmente independientes del poder

político, debiendo modernizar e implementar seriamente sistemas de

información públicas.

Para ello, al decir de Kliksberg, el estado local debe formular una nueva

agenda respecto a la transformación de la administración pública y del Estado

en general, asumiendo el compromiso serio y responsable de llevarla adelante.

Debería encarar y plantearse los siguientes objetivos de política de

transformación publica: 1- Proponer una reforma de la constitución provincial, a

fin de adecuarla a las necesidades y requerimientos de la sociedad actual, tan

disímil de la existente en 1916, última reforma importante de la Constitución de

Mendoza; 2- Propender a una reforma de los partidos políticos, aun cuando ello

sea también resorte del gobierno nacional, a fin de contribuir a una verdadera

democratización interna de los mismos, y estableciendo una ley de

transparencia del financiamiento de los partidos o, por lo menos, de las

campañas electorales; 3- Iniciar el proceso de transformación de la

Administración Pública, tanto provincial como municipal, sobre la base de los

siguientes objetivos: a- Mejoramiento del proceso de toma de decisiones; b-

Establecimiento de una política orgánica de personal, modificando el Estatuto

del Empleado Público, creando la Carrera de Administración, con sistemas

estrictos de ingreso y ascenso; c- Formación profesional del personal superior;

d- Rearticulación y reorganización de las empresas públicas; e-

Implementación y diseño de modelos de descentralización; f- Instalación de

mecanismos integrales de Control de Gestión, asegurando el monitoreo de

ONGs locales; g- Creación e implementación de polos de desarrollo científicos

y tecnológicos, mejorando en forma sustancial la relación Estado-Universidad-

Centros de Investigación; h- Incorporación de procesos de participación

ciudadana, asegurando el derecho a la Información y a la Participación Pública,

a fin de democratizar el funcionamiento de la administración pública; i-

Fortalecimiento de la capacidad institucional, económica y de gestión de la

sociedad civil, en particular de los entes intermedios (ONGs, Uniones

vecinales, clubes, etc.); j- Promoción de los mecanismos de integración, en el

accionar del Estado, con el resto de la sociedad civil y entes intermedios (Ver

Kliksberg, Bernardo - ¿Cómo transformar el Estado? – Fondo de Cultura

Económica – pags. 91/97).

III – LOS DESAFIOS ACTUALES:Como se puede observar, los desafíos que tiene por delante la Política

Ambiental en la actualidad son diversos y de difícil resolución, a los que hay

que agregarle los que son de índole específicamente ecológica, que no son

menores.

Entendemos que los desafíos y conflictos que debe encarar y tratar de

solucionar las autoridades provinciales, los debemos distinguir en dos facetas:

Por un lado, los vinculados a la estructura estatal ambiental actual, que se ha

demostrado bastante obsoleta e ineficiente, por lo que se debe encarar una

reforma administrativa que le permita dotar al Estado de una organización

pública eficaz e eficiente, responsable, con la suficiente capacidad técnica-

política para instrumentar las urgentes soluciones que requiere nuestra

provincia para enfrentar los conflictos y problemas ambientales existentes, y

por venir. Por el otro, precisamente, es asumir una fuerte decisión política al

respecto y disponerse a solucionar los principales problemas y desafíos, que a

nuestro juicio tiene la provincia por delante, que luego describiremos.

1) Reforma estatal para la administración ambiental: Sin perjuicio de que

entendemos que una reforma de la administración ambiental, sin existir una

profunda reforma del Estado como explicamos ut supra, será sólo un parche y

que poco servirá en términos de éxitos de gestión, por lo menos se debe

intentar dar los primeros pasos en tal sentido. La gestión ambiental, por su

especificidad y tecnicidad, es un buen campo de acción para poder iniciar la

transformación del Estado, amén de la obvia y necesaria, hasta imperiosa,

urgencia de dotar a la provincia de un órgano público que se encuentre a la

altura de la actuales circunstancias.

La gestión y administración ambiental moderna en Mendoza se da con la

creación del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda por Ley nº

5.487 a finales del año 1.989. Dicha creación fue realmente revolucionaria para

esos tiempos, y si bien el ministerio tuvo un claro sesgo urbanista, luego fue

evolucionando hacia una gestión más integral del ambiente y los recursos

naturales, al incorporar a la entonces Dirección de Parques y Bosques, que

estaba en manos del Ministerio de Economía. Posteriormente por Ley 6.366,

del año 1996, se toma la decisión política de unificar en una sola cartera los

entonces ministerios de obras y servicios públicos y de medio ambiente,

urbanismo y vivienda, conformándose el Ministerio de Ambiente y Obras

Públicas. La idea primigenia fue la de coordinar la gestión ambiental, a través

de la Secretaría de Medio Ambiente, con la gestión pública de las obras de

infraestructura que se venían proyectando, a lo que había que agregarle la

transformación del sector de los servicios públicos, como fue como la

privatización de Obras Sanitarias Mendoza S.E. (Ley 6.044) y de Energía

Mendoza S.E. (Ley 6.497). En un comienzo, la gestión ambiental fue bastante

preponderante dentro de ese nuevo esquema ministerial, destacándose la

sanción del decreto acuerdo nº 1.939/96, un verdadero Plan de Acción de

Desarrollo Sustentable. Con posterioridad, por distintas razones, el rol de la

Secretaría de Medio Ambiente, se fue diluyendo, perdiendo el protagonismo

político de sus inicios, a expensas del sector de obras y servicios públicos. Este

ministerio existió desde el año 1.996, hasta el año 2008.

En la actualidad, de acuerdo a la nueva ley de ministerios nº 7.826, el

Ministerio de Ambiente y Obras Públicas se desguazó, disponiéndose que el

sector de obras y servicios públicos se pase a denominar Ministerio de

Infraestructura, Vivienda y Transporte, y el área de gestión ambiental, se

transformó en una Secretaría de Medio Ambiente, dependiendo directamente

del Sr. Gobernador de turno. Tan es así, que el art. 30 de la ley de ministerios

establece que le corresponde a la secretaría de medio ambiente asistir al

gobernador en la elaboración de las políticas destinadas a preservar, proteger y

mejorar el ambiente del territorio provincial, promover, orientar, coordinar y

fomentar el desarrollo sustentable y mejoramiento continuo de la calidad de

vida de sus habitantes. Esta secretaría es una verdadera incógnita, pues si

bien es plausible el hecho de que la Política Ambiental se encuentre en el

máximo nivel de decisión, también se va a encontrar atada a la maraña

burocrática de la gobernación, y si la secretaría no tiene o no encuentra el

suficiente respaldo institucional, seguramente va a quedar relegada a un

segundo plano, tal como viene ocurriendo desde hace tiempo.

Encontramos como no deseable el modelo institucional elegido por las

actuales autoridades, pues no se vislumbra que la secretaría se convierta en un

verdadero organismo de gestión y administración ambiental, ejecutor de las

políticas ambientales que establezcan las leyes nacionales de presupuestos

mínimos, como las normas ambientales locales. La reforma de la

administración ambiental la debemos buscar en la conformación de un

organismo público del más alto nivel técnico científico, pero también con una

muy fuerte presencia política, desprendida de los vaivenes diarios y que

mantenga un perfil de suficiente independencia frente a las presiones

sectoriales, sean políticas o corporativas. También sería deseable que

mantuviese una estabilidad suficiente para garantizar la continuidad de las

políticas públicas ambientales, pues son políticas de estado. Podría, por

ejemplo, ser designado con acuerdo del Senado, previo haber pasado por los

filtros de idoneidad científica, técnica y moral que les imponga la ley.

Es decir debemos apuntar a un organismo descentralizado, creado por

ley, buscando semejanza en la administración hídrica, como lo es el caso del

Departamento General de Irrigación. Una posibilidad es crear la Administración

Provincial del Ambiente, como ente público descentralizado, dirigida por una

persona que cumpla serios y rigurosos requisitos científicos y técnicos, y

designado con acuerdo del Senado. Otra posibilidad es reflotar la propuesta de

crear la Agencia de Protección Ambiental, siguiendo el criterio de la Provincia

de Córdoba, tal como lo expresa los arts. 34 y 35 del Decreto Acuerdo nº

1.939/96, cuyo objetivo fue la de alcanzar con la agencia “… un alto grado de

eficiencia técnica, de sistematización de tareas y funciones y de cumplimiento

voluntario y aplicación coactiva de la ley ambiental…” El decreto establecía la

obligación de elevar a la Honorable Legislatura en 60 días, a partir de la

apertura de las sesiones ordinarias, del proyecto de ley de creación de la

agencia de referencia, pero por razones que se desconocen nunca el proyecto

fue elevado.

En resumen, la administración ambiental actual, a nuestro juicio, no ha

cumplido con las expectativas que tiene la población respecto de la gestión

pública del entorno, y en el cual se evidencia que existen serios problemas

institucionales y administrativos para poder cumplir, mínimamente, con las

exigencias que ordenan las actuales leyes en vigencia. Existen problemas de

índole estructural, que son insalvables, además de la falta de compromiso y de

capacidad, que pueden solucionarse con un cambio en la política de

designación de funcionarios. Sin embargo, apuntamos a un modelo distinto y

alternativo de gestión ambiental, como el que se propone en el presente

trabajo, que puede significar un giro copernicano al sistema actualmente

vigente.

2) Los principales desafíos ambientales a enfrentar: Nuestra provincia

enfrenta en la actualidad una serie de conflictos y problemas ambientales que

son de una seriedad mayúscula y que merecen la máxima atención por parte

de las autoridades públicas. Obviamente ante tanto desorden en el sistema de

administración ambiental, sea en la órbita provincial, como en la municipal, los

conflictos y problemas se multiplican por doquier, por lo que, por más buena

voluntad que se vuelque al trabajo por algún funcionario, éstos los desbordan

sin piedad. Por ello, sería de buena práctica de Política Ambiental, determinar y

enumerar en un orden de prelación, los principales conflictos ambientales a

enfrentar, cómo atacarlos y cuáles son los instrumentos y herramientas legales

y financieros con que se cuentan. Además deberá prever cómo se va a

implementar el Plan Ambiental (art. 6, Ley 5.961), cómo se van armar e integrar

los proyectos y programas que surjan del Plan, cómo va a actuar la

administración pública ambiental (provincial y municipal) y cómo va a coordinar

con el resto de los organismos públicos y demás jurisdicciones (nacional, por

ejemplo).

Va de suyo, que es imprescindible que de una vez por todas el Gobierno

Provincial confeccione y apruebe el Plan Ambiental y eleve el Informe

Ambiental a la Honorable Legislatura, tal como lo ordena la ley 5.961 desde el

año 1.992. Otra medida colateral importante a tal fin, sería remozar el Decreto

Acuerdo nº 1.939/96, y adecuarlo a los tiempos actuales, a fin de, con una

verdadera voluntad política, encauzar los conflictos ambientales tal como se

explicó.

Tanto el Plan Ambiental (con su Informe), como el Decreto Acuerdo,

considerado como un plan de acción o agenda de trabajo, debe tener como

finalidad ordenar la Política Ambiental, encarrilarla y llenarla de contenido. Se

deben fijar plazos, programas, resultados, controles y auditorías, mecanismos

de participación, financiación, nombre y apellido de responsables,

procedimientos de coordinación y de consulta, etc.

Dentro de este esquema jurídico y administrativo, el Gobierno debe

plantearse entonces cuáles son sus principales problemas y conflictos

ambientales a enfrentar, debiendo en todos los casos consultar a la sociedad

civil y a la comunidad científica, para acordarlos.

Dentro de los principales desafíos a enfrentar, consideramos como los

más importantes los siguientes:

1 – Cambio Climático: Ya es un hecho comprobado la existencia del cambio

climático, que se presenta como el principal desafío de la humanidad en el siglo

XXI. La alteración acelerada de las condiciones climáticas del mundo,

obviamente está afectando a nuestra provincia. El problema es que no tenemos

certeza de adónde vamos y en cuánto tiempo, pues si bien hay indicios, no hay

ningún tipo de certeza en el diagnóstico. Creemos que este problema es central

y crucial, y que dependiendo de las medidas que se tomen en el presente, va a

ser el resultado en el futuro. Las predicciones sobre posibles temperaturas, por

ejemplo, y su impacto en los glaciares y cantidad de nevadas, realmente

atemorizan, pues de cumplirse, el modo de vida que conocemos en el presente

va a desaparecer para siempre de nuestra provincia. Está claro que Mendoza,

ni la misma Argentina puede hacer mucho al respecto y que todo va a

depender de lo que se realice en escala global, pero sí podemos estudiar la

situación, formular un posible diagnóstico y elaborar las propuestas para

enfrentarlo. Lo que no podemos hacer, es quedarnos de brazos cruzados y

esperando que la realidad nos lleve por delante. La enunciación de la creación

de la Agencia Mendocina de Cambio Climático, por la Ley nº 7.826, que se

relacionará funcionalmente con la Secretaria de Medio Ambiente, es un paso

positivo e importante en tal sentido. Pero lo que dispone el art. 31 de la ley

citada, es sólo un simple enunciado, sin más, por lo que no alcanza en

absoluto. Ahora queda que se remita el proyecto de ley de creación, con su

conformación, autoridades, financiamiento, funciones, mecanismos de

coordinación, etc., esperando que esta vez no desaprovechen, una vez más, la

oportunidad de crear un ente serio, de verdadera categoría científica destinado

a cumplir con el objetivo de implementar las políticas y acciones para enfrentar

el cambio climático. Es demasiado importante para desaprovecharla.

2 – Calidad de vida: Los mendocinos en general, nos hemos vistos afectados

en nuestra calidad de vida por diversas causas, muchas ellas de origen

ambiental. La proliferación de basura por todos lados, de ruidos

ensordecedores en la vía pública, de construcciones que avanzan sobre los

espacios públicos, el caos vehicular y la ausencia de servicios públicos de

calidad, han hecho de la vida de los ciudadanos comunes de Mendoza, en

particular de aquellos que viven en el Gran Mendoza, un verdadero suplicio.

Las autoridades públicas, principalmente las municipales, deben dar inicio a

una campaña tendiente a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, que se

reduce sencillamente a dar cumplimiento a las leyes y ordenanzas vigentes.

Los municipios deben darse cuenta de que deben gobernar y administrar para

sus habitantes, y que para ello tienen que poner en ejercicio el poder de policía

que por diversas leyes tienen conferido. Es verdad que muchas veces salir a

poner multas, clausurar locales, desactivar actividades ilegales, poner orden,

etc., no es muy simpático para las autoridades municipales, pues creen que no

es “político”. La notoria y pública inacción de las comunas es pasmosa y hasta

vergonzante. Por ello, sería una buena decisión política, comenzar a hacer

cumplir las leyes con el simple objetivo de tratar mejorar la calidad de vida de

los contribuyentes. Debe haber una clara decisión política al respecto, a través

de los órganos de ejecución y contralor existentes, con una fuerte presencia de

la sociedad civil, a través las organizaciones intermedias.

3 - Descentralización del Gran Mendoza – Fortalecimiento de los centros intermedios y de los Oasis Centro y Sur: Es público y notorio que el Gran

Mendoza se está convirtiendo en una gran urbe, de más de un millón

habitantes, que la va tornando inmanejable. La políticas públicas (o su

ausencia) de los gobiernos provinciales han provocado que en los últimos

veinte años se haya producido una enorme concentración de inversiones, tanto

públicas y privadas, en el ámbito del denominado Gran Mendoza, en

detrimento del resto de la provincia. Es un círculo vicioso, pues ante la

demanda que requiere la cada vez mayor población que se instala en la región

metropolitana, implica mayores inversiones en vivienda, servicios e

infraestructura, que a su vez genera mayor atracción para radicación de

personas e inversiones, y así sucesivamente. Esta tendencia ha significado un

abandono sucesivo y permanente de los históricos centros intermedios,

ubicados en la periferia del Gran Mendoza, y en particular de los oasis centro y

sur de la provincia. Ese abandono se nota en la ausencia de políticas de

crecimiento y fortalecimiento de tales áreas por falta de inversiones, con la

consecuencia lógica de despoblamiento, inseguridad, deterioro del medio

ambiente y calidad de vida, obligando a sus habitantes a buscar otros

horizontes, precisamente en el área urbana del Gran Mendoza o en provincias

vecinas. El resultado no puede ser peor: el Gran Mendoza se convierte en una

gran urbe, ciertamente ingobernable, con un interior vacío y abandonado. Ello

trae aparejado que los servicios se tornen escasos y de mala calidad, con un

crecimiento descontrolado de la marginalidad y por ende de la inseguridad,

produciéndose un avance sobre las zonas aptas para cultivos y de

amortiguación del crecimiento urbano, y ante la certeza de que en un tiempo

más, el agua se va a tornar en un bien escaso para todos. Para ello, es

imprescindible que las autoridades públicas produzcan un cambio rotundo en

tal sentido, promoviendo el crecimiento y fortalecimiento económico e

institucional de los centros intermedios y de los oasis centro y sur, facilitando la

instalación de inversiones y de servicios públicos de calidad, que van a

promover sin duda el arraigo de la población. Estas políticas deben apuntar a

que los otros centros poblaciones crezcan en forma equilibrada con respecto al

área metropolitana, como polos reales de crecimiento con calidad de vida.

4 – Administración del Gran Mendoza: En concordancia con lo expuesto en

el punto anterior, está claro que el manejo que se está realizando en la

actualidad del área metropolitana no puede ser peor. Históricamente, el Gran

Mendoza ha sido administrada por los distintos municipios que lo integran,

quienes lógicamente lo hacen sin coordinación e integración alguna, máxime

cuando son de signos políticos contrarios. Este desmanejo, en complicidad con

el gobierno provincial, ha provocado enormes daños a su ambiente, tanto

urbano como rural, pues no existe una política de consenso y coordinación en

la administración y gestión de los recursos y problemas comunes. Los

conflictos son conocidos e innumerables: basurales, asentamientos inestables,

destrucción de los suelos y áreas de cultivos, caos vehicular, inexistencia de

buenos accesos, avance descontrolado sobre el pedemonte, ineficacia del

transporte público, escasez de buenos servicios públicos, mala asignación de

las inversiones, etc. Ante la imposibilidad de unificar toda la administración en

un solo municipio, como lo es Córdoba o Rosario, debe inexorablemente

apuntarse a la concreción de políticas comunes entre todos los municipios que

integran el Gran Mendoza, en acuerdo con el gobierno provincial. Para ello es

necesario una dosis de grandeza política por parte de los jefes comunales, en

el cual se dejen de lado sus apetencias personales o partidarias, y acuerden

metas comunes para el Gran Mendoza. Una propuesta de solución para ello,

sería la firma de un acuerdo político y programático entre todos los municipios

del área metropolitana con el Gobierno Provincial, ratificado y homologado por

ley de la Honorable Legislatura, por el cual se deberá establecer la necesidad

de realizar políticas y planes comunes de trabajo para el Gran Mendoza, con

proyectos y financiamientos acordes, con ayuda de la Provincia, quien a su vez

pueda ser garante de financiamientos externos tanto nacionales como

internacionales.

5 - Ordenamiento territorial: Va de suyo que los conflictos y desafíos que

plantean los puntos anteriores provienen de un problema macro, como es la

inexistencia de un régimen jurídico-administrativo de Ordenamiento Territorial

(Ambiental) y de Usos de Suelos, para la provincia de Mendoza. La ausencia

de un régimen legal vinculado al manejo de los recursos ambientales,

conforme al territorio de la provincia, como así también a la asignación de

prioridades para el uso del suelo ha significado para Mendoza, un enorme

deterioro del ambiente y sus recursos, que ha redundado en beneficio de unos

pocos, con un saldo deudor que afecta a la mayoría de la población. Si bien la

sanción de la ley no va a ser la panacea que solucione todos nuestros males,

por lo menos será un avance muy importante en el manejo y gestión de los

recursos existentes, de por sí escasos en Mendoza. Es notable al respecto la

falta de vocación política por parte de la clase dirigente toda, en obtener la

sanción de la ley de referencia. Desde el año 1.993 existe en la Legislatura

Provincial un proyecto de ley de ordenamiento territorial, que ha ido variando

con el tiempo sin que haya sido siquiera tratada como corresponde. Por el

contrario, recientemente obtuvo media sanción, un proyecto relacionado con

los emprendimientos inmobiliarios privados que llegaba al absurdo de modificar

el régimen constitucional de las aguas. Este hecho provocó un escándalo

político, que llevó a la revisión total del proyecto, convocándose a una comisión

de trabajo liderada por la Universidad Nacional de Cuyo, para elaborar un texto

alternativo, que ya fue remitido a la legislatura para su tratamiento. Es de

esperar que este proyecto sea pronta y debidamente tratado y sancionado por

parte de nuestros legisladores.

6 – Agua: Entendemos que junto al Cambio Climático, este es el gran desafío

que tiene por delante las autoridades públicas, pues es el Problema del siglo

XXI. La escasez de agua dulce es de por sí un problema mundial, que va a

acarrear impensables consecuencias para la Humanidad. Nuestra provincia no

escapa a dicha realidad, fundada básicamente en cuestiones geográficas

ambientales, agravada por la incertidumbre del cambio climático. La

administración y gestión del agua en Mendoza merece una revisión total, que

implique hacer un balance del estado actual de la misma, a fin de determinar

qué es lo que está bien y se debe conservar, y qué es lo que se debe cambiar.

Esto significa también revisar la actuación del Departamento General de

Irrigación como órgano rector de la política y gestión hídrica provincial, a fin de

adecuarlo a los tiempos futuros. También sería deseable readecuar la

legislación actual, en particular la Ley General de Aguas de 1.884, verdadero

monumento jurídico y artífice del modelo de provincia que actualmente vivimos.

Entendemos que habrá que explorar nuevas instituciones jurídicas y

administrativas, tales como el concepto de eficiencia en el uso, el mercado

acotado de aguas, el manejo integrado de cuencas, la revisión de las

prioridades en el uso, etc. Finalmente, también habrá que culminar el Plan

Hídrico para la Provincia, como herramienta fundamental para el desarrollo

sustentable de Mendoza.

7 – Resolución de los conflictos entre la producción y la preservación:

Otro desafío importante a resolver por la provincia, son los conflictos que se

vienen sucediendo, de alto impacto social (y emocional) entre la producción, en

especial de la minería y petróleo y la preservación del ambiente y de los modos

históricos de vida. Nuestra provincia se encuentra inserta en una región con

enormes potenciales mineros y con una importante producción petrolera y

gasífera, que ante la demanda mundial de recursos minerales y energéticos,

los operadores económicos van ejerciendo una notable presión sobre los

poderes públicos a fin de poder obtener las pertinentes autorizaciones para

funcionar. Por un lado, no podemos de dejar de señalar la importancia que

tiene para la economía de un país y de una provincia la minería de escala,

como la producción de hidrocarburos. Por el otro, tampoco podemos dejar de

señalar el altísimo impacto que tiene en el ambiente, como en los usos

tradicionales de los recursos naturales de la provincia. La minería a cielo

abierto, por ejemplo, si bien significa enormes inversiones a largo plazo, no es

menos cierto que entra en franca y directa competencia con otros usos de los

recursos económicos (agua, suelos, paisajes) que afectan a otras economías

como la agricultura y el turismo. Sin contar obviamente, la degradación y

destrucción del medio ambiente, con daños irreparables. Tienen un enorme

desafío las autoridades públicas el intentar conciliar y compatibilizar en la

medida de lo posible estos emprendimientos, con la preservación del ambiente

y del modelo productivo imperante en Mendoza, y tienen la empresas el deber

inexcusable de mostrar a la sociedad en forma absolutamente transparente y

sincera cuáles son los alcances de sus proyectos, sus beneficios y también sus

inconvenientes.

8 - Areas Naturales Protegidas y Biodiversidad: Está claro que nuestra

provincia, al igual que Argentina, todavía tiene un déficit importante en cuanto a

la cantidad de áreas naturales protegidas, superficie bajo protección y

representatividad de ecorregiones a preservar. Si bien se ha avanzado

bastante en ello, todavía existen cuestiones pendientes de resolver. A modo de

ejemplo, faltan reservas en algunas partes representativas, tales como Cordón

del Plata, Precordillera y Pedemonte, Altas Cuencas Hidrogeográficas, áreas

desérticas, zonas altamente modificadas pero de importante valor turístico,

histórico, paisajístico, etc. También se debe avanzar en la reglamentación de la

Ley 6.045, por ejemplo en la categorización de la A.N.P., en los Planes de

Manejo, y la gestión de las propiedades privadas dentro de las reservas y

parques. Es fundamental mejorar la infraestructura y el servicio de

Guardaparques, dotándolo del equipamiento necesario. En cuanto a la

protección de la biodiversidad, la provincia tiene un saldo negativo, salvo el

trabajo que realiza silenciosamente los científicos y técnicos de los institutos y

universidades. La provincia desconoce a ciencia cierta cuáles son sus recursos

faunísticos y florísticos, pues no existe un inventario básico ni se tiene idea de

cuál es la situación poblacional, estado de vulnerabilidad, etc. Tampoco es

buena la situación de la autoridad de aplicación (Dirección de Recursos

Naturales Renovables), pues tiene escaso personal de control y vigilancia,

poco presupuesto y una infraestructura poco acorde al territorio que tiene que

administrar.

9 - Contaminación ambiental: Es destacable el grado de contaminación

existente en determinadas zonas de la provincia, principalmente en las áreas

urbanas y rurales cercanas a los centros urbanos. Las causales de tal

contaminación son variadas, pues están vinculadas a los distintos recursos

naturales involucrados. La contaminación atmosférica en el microcentro de la

ciudad de Mendoza, llega en ocasiones a un estado alarmante principalmente

en invierno (inversión de la capa térmica), provocada mayormente por el

tránsito vehicular (caótico y en mal estado de mantenimiento). La

contaminación de los suelos y paisajes por la basura, está en una situación

límite, por el descontrol absoluto que existe en la materia. Pero tal vez el caso

más complejo y que requiere la máxima voluntad política es la contaminación

de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. El origen de tal

contaminación es muy variable, lo que torna difícil su solución. En algunos

casos, la contaminación es de origen industrial, es decir la provocada por el

vuelco de efluentes por parte de empresas a los cauces de riego, ya sean

clandestinos o mal tratados o controlados. En otros, la provocada por los

efluentes cloacales, que en ocasiones se descontrolan o directamente no

tienen un sistema de tratamientos. Finalmente, tenemos la contaminación

provocada por determinadas industrias o actividades productivas, como pueden

ser la petrolera, la minera o la agrícola, con el vertido de determinados y

concretos residuos líquidos, tales como aguas de purgas, coladas mineras o

agroquímicos.

10 - Basurales y Residuos en general: Este es uno de los conflictos más

complejos a resolver, a la vez más visible de todos. Este problema tiene

profundas raíces culturales y sociológicas, amén de la notable inacción por

parte de los poderes públicos. La profunda crisis socio-económica que ha

sacudido a nuestra sociedad, ha provocado cambios notables en su forma de

interactuar con el ambiente y con los demás, alterando las reglas básicas de la

convivencia social. Un clarísimo ejemplo de ello, es la brutal anomia que se

percibe en la sociedad argentina, con las tremendas consecuencias que ha

producido en el país: inseguridad, corrupción, evasión impositiva, accidentes de

tránsito que supera los límites imaginables, etc. El tema de la basura,

entendemos, es también producto del desquicio social que sufre el país. La

sociedad, en términos generales, ha perdido el respeto por el derecho de los

demás, siendo la cuestión residuos un hecho palpable. Sólo hay que observar

lo que ocurre alrededor nuestro, sea en el micro centro, en el barrio, en las

rutas, en los caminos rurales. Cualquiera tira la basura en cualquier lado y en

donde le resulte más cómodo, sin importar el daño que causa. Los basurales

clandestinos y los vaciaderos abiertos, se reproducen por todos lados como

hongos. A ello hay que sumarle el problema de los carreteleros o recolectores

informales, que disponen de la basura sin ningún tipo de control, con graves

problemas sanitarios y sociales, pues intervienen normalmente mujeres y

niños. Está claro que la resolución de este problema es de largo aliento,

vinculado a una campaña educativa y de concientización para la sociedad toda,

que incluye disponer de una vez por todas la erradicación e inclusión social de

los recolectores marginales e iniciar una modificación total de los sistemas

municipales de recolección, transporte y disposición final de los residuos

domiciliarios, comenzando con una fuerte tarea social vinculada a la

generación en origen de los residuos. Respecto a los residuos peligrosos y

patogénicos, si bien la provincia se encuentra avanzada al respecto, todavía

queda mucho por hacer, pues faltan tareas de contralor y fiscalización tanto de

los generadores como de los operadores de residuos peligrosos (Ley 24.051)

como de residuos industriales y actividades de servicio (Ley 25.612), como falta

la instalación de plantas de tratamientos de estos residuos especiales, con alta

tecnología para la eliminación y disposición de los mismos.

11 - Mapa de los Riesgos Tecnológicos: La provincia debe contar

necesariamente con un mapa de los riesgos tecnológicos a fin de tener un

panorama preciso de cuáles son las principales fuentes de riesgos vinculados a

la industria y servicios. De ese modo de podrá determinar e identificar las

principales fuentes de riesgos, alcances e impacto ambiental, posible

contaminación y modo de combatirla, mecanismos de prevención, planes de

contingencia, nómina de propietarios, correlación con desastres naturales, etc.

Este mapa deberá ser administrado por la autoridad ambiental provincial,

conjuntamente con los municipios y demás organismos relacionados con la

prevención y lucha contra contigencias, tales como bomberos, Defensa Civil,

programa provincial de lucha contra el fuego, etc.

12 – Desertificación y erosión: La lucha contra la desertificación y erosión de

los suelos debe ser iniciada sin más trámite por el gobierno provincial, pues

muy poco es lo que se está haciendo hasta el momento. El avance del desierto,

con la destrucción de suelos productivos, como así también los procesos de

erosión, salinización y revenimiento, tienen un altísimo costo económico y

ambiental y se encuentra vinculado al mal manejo que desde antaño se hace

del territorio. El origen de tales efectos destructivo es múltiple, y se relaciona

con la destrucción del bosque nativo (algarrobales, principalmente) y del estrato

arbustivo que cubre el paisaje mendocino (jarillales), el mal uso de las técnicas

de riego, los procesos de contaminación de aguas y suelos (efluentes

industriales y cloacales), el denominado efecto “aguas claras” en los oasis de

riego, los procesos de explotación mineras y extracción de canteras, el

sobrepastoreo con ganado caprino u ovino, siendo en general el resultado de

actividades humanas que no han tenido el correlato de la prevención y

remediación. Sin lugar a dudas que el costo para lograr la remediación de los

suelos es incalculable y fuera del alcance de cualquier presupuesto provincial,

pero es indispensable comenzar en forma inmediata con un plan de trabajo y

lucha contra la desertificación y otras formas de destrucción de los suelos. En

nuestra provincia existen científicos y centros de investigación de excelencia

que conocen a la perfección esta problemática, que le permitirán al gobierno

provincial establecer bases serias y certeras para la elaboración de un plan de

lucha, control y mitigación. Está claro que la ley de ordenamiento territorial y

usos de suelos tiene mucho que ver con el conocimiento del estado del

territorio provincial y que si la misma hubiese sido sancionada hace tiempo,

como era de preverse para el año 1995, distinto sería el panorama actual y del

futuro. Sin perjuicio de ello, es menester avanzar en el diseño de los

instrumentos legales, técnicos y administrativos que se consideren

imprescindibles para luchar contra este proceso, lento pero inexorable de

destrucción de los suelos.

13 – Energías Alternativas: La provincia, como el país y el mundo entero,

tiene déficit energético. Las fuentes tradicionales de emisión de energía, como

la hidroeléctrica y la térmica, tienen serias observaciones acerca de su

desempeño ambiental, tanto en la construcción de las fuentes, en especial las

centrales hidroeléctricas, como en el desempeño posterior, por su impacto en

el ambiente (especialmente las térmicas). Es por ello importante que Mendoza

avance hacia el diseño de políticas de energías alternativas y de bajo impacto

ambiental, y que las mismas sean verdaderas políticas de estado. Nuestra

provincia cuenta con numerosas normas vinculadas a la temática, pero es

evidente que no es una cuestión importante para la agenda gubernamental,

pues no se ha avanzado prácticamente nada en este campo. Para ello,

entendemos, se debe diseñar un plan de energías alternativas, tales como la

eólica, microturbinas hidroeléctricas, energía solar, bioenergías, biodiesel, u

otras, conforme a las normas vigentes en el país y en la provincia. También

entendemos como imprescindible la creación de un Centro de Investigaciones y

Desarrollo de Energías Alternativas, que podría estar conformada por el Estado

Provincial, las universidades y centros de investigación y las principales

empresas vinculadas a la energía, con asistencia de gobiernos extranjeros,

concebido como un centro de estudios e investigaciones de las energías

sustentables con aplicación, no sólo en la provincia, sino que para todo el país.

Un modelo interesante a estudiar es el caso del INVAP, en la provincia de Río

Negro. Otra alternativa a tener en cuenta es lo que fue el Instituto de Política

Energética de Mendoza, que funcionó durante los años noventa, cuyo principal

función fue la de implementar políticas vinculadas a la energía, aunque

principalmente a las clásicas.

14 - Transporte Público: El transporte público, en especial el de pasajeros,

pese a todos los intentos de reforma y transformación que vienen sucediendo

en los últimos veinte años, sigue siendo de mala calidad, ineficiente,

contaminante y caro, en términos comparativos. El problema se detecta

principalmente en el Gran Mendoza, pues debe atender a una urbe de un

millón de habitantes, con recorridos de diversas longitudes y distintos tipos de

vías. El transporte en Mendoza es de jurisdicción provincial, a diferencia de

otras provincias como Córdoba o Santa Fe, que es municipal, por lo que es

competencia exclusiva del ministerio a cargo (por ley nº 7.826, es el Ministerio

de Infraestructura, Vivienda y Transporte) su diseño, programación, control e

implementación. Ahora bien, es claro que no existe una visión ambiental y

urbanística del asunto, y que sólo las autoridades públicas se han limitado a

regular el servicio público de acuerdo a las necesidades del pasajero y a los

costos de las empresas prestatarias del servicio. No han tenido en cuenta el

notable impacto que tiene en el diseño y crecimiento de una ciudad, en el

entorno y paisajes urbanos, y en la calidad de vida de sus habitantes. Tampoco

han apuntado a un servicio que sea limpio, no contaminante ni ruidoso, y que

por supuesto provoque la menor cantidad de accidentes posibles. Entendemos

que el Gran Mendoza se merece un Sistema de Transporte Multiple e

Integrado, donde intervengan distintos tipos de transportes (trenes, troles,

ómnibus), en el cual se priorice la calidad y en donde las políticas urbanísticas

y ambientales sean de la máxima prioridad.

IV - CONCLUSION:

Como se observa, la provincia de Mendoza enfrenta una serie de

desafíos y conflictos ambientales que son de envergadura y de enorme

importancia, tanto para las generaciones actuales, como para las venideras. El

problema radica en que no se vislumbra una verdadera Política Ambiental,

como política de estado, sino que se observa que el gobierno sólo se limita a

dejar los asuntos ambientales en manos del órgano público del momento para

su gestión. Queremos decir, que la política ambiental, así como la de seguridad

o de salud, es demasiado importante para que recaiga su responsabilidad

sobre un funcionario de segunda línea, como ha venido ocurriendo en los

últimos diez años, sino que es responsabilidad de todo el equipo de gobierno,

empezando claramente por el Gobernador, quien es el que se debe poner a la

cabeza de los problemas.

Entendemos que Mendoza cuenta con una buena legislación y con una

administración que puede ser mejorada, tal como se plantea en el presente

trabajo, y que se ha avanzado mucho en los últimos veinte años, pero creemos

que hemos perdido mucho tiempo. Los conflictos ambientales, sino se tratan ni

se encaran en su solución, se profundizan y se perpetúan, por lo que el

transcurso del tiempo, juega en contra nuestra. Además, cuanto más complejos

son, más difícil y costosa es la solución. Por otra parte, los costos ambientales,

en la mayoría de los casos, son externalizados, y por ende, los paga la

sociedad en su conjunto. Nadie se hace cargo de la remediación o reparación

de los daños causados, sea el Estado o los particulares, como expresa el art.

41 de la Constitución Nacional. Menos aun, tampoco nadie se hace cargo de

los costos de la prevención, que siempre es mucho más económica que la

recomposición.

En fin, propendemos a que, de una vez por todas, las autoridades

públicas, así como la sociedad en pleno, asuma el hecho de que la Política

Ambiental, es una política en serio, y que va a demandar el esfuerzo y las

energías de toda una generación, para poder avisorar un futuro mejor para

nuestra posteridad.

VICTOR GUILLERMO HERNANDEZ

D.N.I. 14.628.441