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Ciencias de la Administración Pública Escuela de Gobierno y Gestión Pública Universidad de Chile Entrega Trabajo Final: La influencia de los actores políticos y técnicos en la Política de Modernización de la Gestión Pública chilena” Inte grantes: Sebastián Álvarez Carreño Diego Durán Toledo Profesor: Juan Pablo Araya Orellana

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Ciencias de la Administración Pública

Escuela de Gobierno y Gestión Pública

Universidad de Chile

Entrega Trabajo Final:

“La influencia de los actores políticos y técnicos en la Política de Modernización

de la Gestión Pública chilena”

Integrantes: Sebastián Álvarez Carreño

Diego Durán Toledo

Profesor: Juan Pablo Araya Orellana

Ayudante: Pedro Chavarría Suárez

Sebastián Salinas Urzúa

Martes 9 de Diciembre del 2014

Santiago de Chile

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Índice

I. Introducción: Las Políticas de Modernización de la Gestión Pública……………...1

II. El rol de los actores políticos en las Políticas de Modernización de la Gestión Pública (PMGP)…………………………………………………………………………...3

III. El rol de los actores técnicos en las Políticas de Modernización de la Gestión Pública (PMGP)……………………………………………………………………………8

IV. Alcances sobre la Modernización de la Gestión Pública en Chile……………...11

V. Conclusiones………………………………………………………………...………..14

VI. Bibliografía……………………………………………………………………………15

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I. Introducción: Las Políticas de Modernización de la Gestión Pública.

Uno de los temas quizás menos estudiados en la formulación de políticas públicas en Chile (a pesar de su relevancia estratégica), ha sido la modernización de la gestión pública nacional, principalmente porque no había representado una demanda prioritaria por parte de la ciudadanía, ni de las élites políticas post vuelta a la democracia en 1990.

Sin embargo, a lo largo de la época la necesidad de modernizar la administración del aparato público estatal se materializó, debido a la demanda instalada por grupos de técnicos en la administración pública chilena y acogida por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, los cuales en su conjunto reconocieron que “había una crisis de legitimidad del Estado que amenazaba la posibilidad de consolidar la democracia y asegurar la gobernabilidad” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicas en Chile?,2011, pág. 122).

Antes de seguir profundizando en el desarrollo de las políticas de modernización del Estado (tema que desarrollaremos ampliamente en las siguientes páginas), es importante en relación al presente ensayo, determinar el concepto “modernización de la gestión pública”, el cual es el objeto de estudio y su desambiguación con la noción del “reforma del Estado”, los cuales son términos que recurrentemente se confunden entre sí, pero que guardan grandes diferencias.

Podemos conceptualizar el término “modernización de la gestión pública”, como el “rediseño de las estructuras de organismos públicos a fin de darles mayor flexibilidad y agilidad en la generación de bienes y servicios destinados a los ciudadanos; modificaciones en los procedimientos que les permiten distribuir esos bienes y servicios; cambios en los modos de relación de los organismos públicos con sus usuarios, con el propósito de lograr mayor satisfacción ciudadana por la acción del Estado; y cambios en los sistemas de reclutamiento, selección, promoción, incentivo y retiro del personal público” (Olavarría, ¿Cómo se formulanlas políticas públicas en Chile?, 2011, pág. 115).

Lo cual, se relaciona estrechamente con la noción de gestión pública explicitada por Barzelay y otros autores, según la cual “las políticas de la gestión pública son un conjunto de reglas y rutinas que atraviesan la acción del gobierno y que no sólo se refieren a personas organizaciones y procedimientos, sino también a la planificación, ejecución, auditoría y revisión del gasto público” (Barzelay, Gaetani,Cortázar, & Cejudo, 2003, pág. 20)

En cambio, se entiende por “reforma del Estado”, a aquel proceso que “aludiría a cambios políticamente intencionados en los fines perseguidos por el Estado o en

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su institucionalidad, en uno o más sectores de actividad, con la finalidad de recoger nuevas realidades sociales o influir en ellas, dado el papel orientador de la sociedad que tiene el Estado” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicasen Chile?, 2011, pág. 115).

En la misma línea, se puede definir a la “reforma del Estado” como “un proceso de cambios, orientados a un fin políticamente establecido, que implica dejar atrás un cierto estado de cosas, cuestión que demanda una actuación intensa y profunda sobre uno o más ámbito del Estado, y donde esta intensidad también caracteriza el funcionamiento administrativo del Estado” (Pollit & Bouckaer, 2004).

Entendiendo claras las diferencias entre los términos anteriormente definidos, es fundamental destacar la importancia de la “modernización de la gestión pública”, no solamente entendida dentro del contexto particular de la década de los años noventa en Chile, sino también a nivel más general desde la teoría.

En ese sentido, debemos resaltar que la importancia del esfuerzo modernizador del aparato administrativo estatal, ya que “una administración pública fuerte y técnicamente competente puede contribuir a la calidad de las políticas públicas al darles más estabilidad, mejorar la calidad general de la implementación y evitar ciertos intereses especiales (que a menudo eligen ejercer su influencia durante la etapa de ejecución de políticas) se apropien de los beneficios de las políticas públicas” (Stein, Tommasi, Echeberría, Lora , & Payne, 2006, pág. 9).

Cabe señalar, que post vuelta a la democracia en Chile y avanzada la década de los años noventa, el tema de la modernización de la gestión pública tuvo un auge repentino y vertiginoso en la configuración de la agenda pública nacional, a raíz de este suceso es fundamental realizar una indagación acerca del rol fundamental que jugaron los diferentes actores técnicos y políticos en la implementación de políticas y programas de mejoramiento de la gestión pública, para efectos de este texto solo se considerará las acciones de dichos actores durante los cuatro gobiernos de la Concertación (Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet), debido a la existencia de material bibliográfico sobre estas administraciones, en relación a la “modernización de gestión pública”.

En ese sentido, a grueso modo cabe señalar la importancia de los directivos públicos de algunos servicios, que apoyados en su cuerpo técnico cercano realizaron mejoras continuas en la gestión cotidiana de sus instituciones, convirtiéndose en un referente para el resto de la administración pública chilena, proceso que posteriormente se institucionalizará a nivel gubernamental con le generación de distintas herramientas y/o programas que apuntaban hacia la eficiencia y eficacia del sector público.

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Por otro lado, la actuación del mundo político permitió la institucionalización del problema público y su tratativa como parte de la agenda gubernamental. En ese sentido, cabe señalar que la modernización de la gestión pública fue determinante del devenir político institucional importante durante los años noventa y en especial a principios del nuevo milenio, actuando como solución a una crisis institucional democrática gravísima e inédita desde la vuelta a la democracia.

II. El rol de los actores políticos en las Políticas de Modernización de la Gestión Pública (PMGP).

En 1990 con la vuelta a la democracia en Chile, varias eran las medidas prioritarias en la agenda del gobierno de transición de Aylwin, sin embargo entre ellas no se contaban medidas apuntadas hacia la modernización del aparato público, el cual fue fuertemente atomizado y reducido en sus funciones y extensión por la dictadura militar a partir del 1973 en adelante.

Es más, la primeras medidas relativo a políticas de modernización de la gestión estatal, provienen de un grupo de directivos públicos con una vocación fuertemente tecnocrática, pero que sin embargo entendieron que el contexto político en el cual se desenvolvían era fundamental para el logro de los objetivos institucionales, en este sentido comprendieron que “ el mejoramiento de la gestión pública apoyaría el fortalecimiento de la naciente democracia; es decir, a la legitimidad de origen, basada en el voto popular, la modernización de la gestión pública permitiría agregar una legitimidad por rendimiento” (Olavarría, “Efectividaden la gestión de servicios públicos chilenos”, 2010).

En ese sentido, fue fundamental el reconocimiento público por parte del Presidente Aylwin sobre la problemática de la gestión pública en Chile. Es más, durante el discurso del 21 de Mayo de 1993, señalo que “es indudable que el aparato administrativo del Estado chileno requiere una modernización, para ponerlo más a tono con las necesidades y urgencias del mundo contemporáneo y hacerlo más ágil, capaz, responsable y eficiente” (Aylwin, 1993, pág. 20).

Este reconocimiento político de la máxima autoridad de la nación, significó no solo la inclusión de la modernización del Estado dentro de la agenda pública y el estudio de alternativas de soluciones ante dicho problema público, sino que también la formalización del trabajo que informalmente se había realizado por parte de un grupo selecto de directivos públicos, los cuales se juntaban a intercambiar ideas para la mejora de sus servicios, lo cual se reflejó en la creación del “Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública”, el cual estaba integrado por las carteras de: Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno. Los cuales fueron encargados de la generación de programas pilotos enfocados en la

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medición del desempeño de los organismos públicos, y cuya labor se materializó con la formulación del Plan de Modernización de la Gestión Pública (1997).

Es a partir de 1994, que se comienza con la etapa de formalización de la política de modernización pública propiamente tal, la cual se afianza con la llegada al poder de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el cual quizás debido a su formación de ingeniero, creía personalmente en que el Estado chileno debía ser modelo de eficiencia y eficacia. Cabe señalar que esta etapa de formalización se ajusta a la noción en que el Presidente de la República juega un rol fundamental en el desarrollo de la solución a la problemática, principalmente por el reconocimiento público y las medidas destinadas a generar futuros cambios en esta área.

Cabe señalar, que el proceso de modernización fue más largo que lo esperado principalmente por el arduo trabajo que tuvieron que realizar los miembros del “Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública”, lo cual llevó a las autoridades políticas de la época recular en las ambiciones del plan de modernización del Estado, de hecho el ministro del interior de la época declaraba públicamente que “cada sector iba avanzando en los aspectos que le parecían posibles y, fundamentalmente, sobre la base de iniciativas aisladas que permitieran mejorar ciertos ámbitos […] no hubo un gran diseño de etapas […] [porque] hay un tema político de fondo que es muy complicado” (Olavarría, ¿Cómose formulan las políticas públicas en Chile?, 2011).

El tema político de fondo, al que se refería el ministro Carlos Figuera, hace alusión principalmente a la disputa que se vivía al interior del “Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública”, en el cual se producía un enfrentamiento explícito entre la SEGPRES (eminentemente política) y la DIPRES (con un perfil marcadamente técnico), por la responsabilidad futura de diseños de instrumentos de medición y supervisión del cumplimiento de los nacientes Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) hacia 1998, esta disputa tuvo como resultado la imposición de los criterios técnicos para guiar en el futuro el proceso de modernización de la gestión estatal, ante lo cual la responsabilidad del mismo recayó en la Dirección de Presupuestos.

En ese sentido, es necesario destacar que “el apoyo presidencial fue decisivo en esta etapa, tanto para el surgimiento del plan, como para el papel predominante que alcanzó la DIPRES. Ello le dio el respaldo político que los promotores requerían para avanzar en las reformas administrativas que Marcel y su equipo ideaban” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicas en Chile?, 2011,pág. 130).

Sin embargo, este esfuerzo modernizador de la administración del Presidente Frei Ruiz-Tagle, se vio imposibilitado de completar reformas más profundas en este

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ámbito, ya que “no hubo acuerdo ni espacio político para impulsar reformas más duras y profundas en la modernización, como la Alta Dirección Pública, que era la piedra angular de ese modelo” (Orrego, 2007, pág. 55).

Cabe señalar, que hacia el final del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, los sectores políticos de la “Concertación” que no era partícipes del gobierno, no mostraron un interés superior por estas medidas, de hecho se puede afirmar que “el ámbito político, no mostró cercanía ni interés directo en el tema, porque no era un tema que estaba en el centro de las demandas ciudadanas, que son las que movilizan votos. Adicionalmente, la modernización de la gestión pública era vista como un tema de derecha, porque una política de mayor eficiencia se asociaba- en un amplio segmento de la coalición que respaldaba al gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle- con despidos, conflictos y un riesgo de pérdida de apoyo electoral de los trabajadores del sector público” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticaspúblicas en Chile?, 2011, pág. 131).

Esto último, se materializó en el paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) durante 1998, en el cual se criticaban la implementación de medidas de modernización sin la consulta previa de la asociación gremial de trabajadores del sector público, la inexistencia en un principio de incentivos para el logro y desarrollo de las metas fijadas en los Programas de Mejoramiento de la Gestión y algunos recortes de personal (principalmente de carácter administrativo).

A su vez, el tema de la modernización de la gestión pública pasó a un “segundo plano” de la agenda del gobierno que hacia mediados de 1998 y todo el año 1999, centró sus esfuerzos en medidas dinamizadores del crecimiento y pro empleo, para subsanar los efectos de la “Crisis asiática”.

Esta declinación de las “Políticas de Modernización de la Gestión Pública”, se vio acentuada durante el inicio del gobierno del presidente Lagos. Es más, el tema en cuestión simplemente no estaba en la agenda del tercer gobierno de la “Concertación” y el primero con un presidente socialista, desde el derrocamiento de Salvador Allende, inclusive en el ámbito de la gestión pública los esfuerzos se centraron principalmente en la dotación y uso de tecnologías de la información para mejorar la atención del público, lo cual se materializó en la creación de múltiples plataformas webs de la gran mayoría de los servicios públicos a nivel nación, enmarcados dentro de la lógica del “Gobierno Electrónico”, impulsada principalmente a través de la Secretaría General de la Presidencia.

Por otro lado, el presidente Lagos no estaba interesado personalmente en el tema de la modernización de la gestión estatal, delegando esta labor principalmente en su ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, que por su parte tenía como prioridad

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en su agenda reimpulsar el crecimiento económico y generar un balance fiscal óptimo, en desmedro otras problemáticas como la que hemos analizado vastamente.

Sin embargo, hacia mediados del 2002 el tema de la modernización de la gestión pública volvería a reposicionarse en la “palestra” pública y en la agenda gubernamental, a raíz de una de las crisis políticas más graves vividas desde el retorno a la democracia. Dicha situación fue gatillada por una serie de escándalos de corrupción en el aparataje estatal, tales como los casos: MOP-Gate, MOP-Ciade, MOP-Idecon, el caso Banco Central y el caso CORFO-Inverlink.

Dichos casos, fueron conocidos por la opinión pública en un periodo no superior a un año, lo cual produjo no solo una fuerte crítica de la opinión pública hacia el gobierno, sino que inclusive “los procesos judiciales pronto involucraron a funcionarios cercanos al presidente de la República, lo que incrementó los costos políticos para el gobierno de manera considerable” (Navia, 2004)

La situación era crítica para el gobierno de Lagos, se hablaba de un sistema de corrupción generalizada por parte de los gobiernos de la “Concertación” a costa del erario público que poseían los diferentes servicios públicos, que el apoyo ciudadano había caído a pisos históricos de aprobación e inclusive se rumoreaba en los círculos políticos la posibilidad de que el presidente Lagos dimitiera a su cargo, como una forma de evitar una escalada de confrontación que pudiera terminar en un quiebre institucional.

Sin embargo, fue la oposición de partidos de centro derecha quienes propiciaron un pacto político para asegurar la continuidad del gobierno de Lagos, en este sentido el acuerdo entre el oficialismo y la oposición (representada en la figura del entonces diputado Pablo Longueira), lo cual permitió el avance de la profundización de las medidas modernizadoras resistidas durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, ya que “ el acuerdo incluía intervenciones en áreas tan diversas como gestión pública, de recursos y financiera, descentralización, financiamiento de la política, institucionalidad y probidad, y promoción del crecimiento, las medidas de mayor significancia fueron aquellas referidas a la creación del Servicio Civil y un sistema de selección del personal directivo de la administración pública, que se denominó de la Alta dirección Pública, el Sistema de Compras Públicas y el financiamiento de la política” (Minsegpres, 2006)

Cabe señalar, que el mundo político en general se interesó de sobremanera en el ámbito de la modernización estatal, debido a su importancia para asegurar la gobernabilidad democrática de la administración Lagos, ante lo cual dichas reformas paulatinamente fueron implementadas durante el período que abarca los años 2002-2006.

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Dicha situación fortaleció el posicionamiento de Longueira, como referente de la derecha nacional (no olvidemos que fue precandidato presidencial el año 2013), ya que “la posición representada por Longueira-preparada por el CEP- muy rápidamente fue acogida por el gobierno en el interés de superar la crisis política y de legitimidad en que se hallaba” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticaspúblicas en Chile?, 2011, pág. 137).

Posteriormente la modernización del Estado se fortalece, pero con un cambio de paradigma significativo, que la inclusión de la participación ciudadana, como una forma de fortalecer la legitimidad del sistema público chileno, lo cual se refleja en “un Estado eficiente en el servicio a sus ciudadanos necesita generar espacios para la interacción y cooperación público-privada” (Bachelet, 2005, pág. 77).

Sin embargo, este tipo de iniciativas despertó ciertas suspicacias dentro de la oposición política, lo cual era relevante en consideración de su “ayuda” a la administración anterior, con el pacto que concretó una serie de medidas de modernización de la gestión pública, que permitió al servicio público volver a legitimarse ante la ciudadanía.

A raíz de lo anterior, el gobierno de Bachelet intentó consensuar una política de participación ciudadana que pudiera ser aceptada por todos los sectores políticos, en este sentido es importante destacar que el Ministerio del Interior, a cargo de Edmundo Pérez Yoma, elaboró el documento “Un mejor Estado, Agenda de Modernización 2008-2010”. En él se reunieron los aportes de distintos centros de pensamiento chilenos (Centro de Estudios para el Desarrollo, Centro de Estudios Públicos, CIEPLAN, Corporación Participa, EXPANSIVA, FLACSO, Fundación Chile 21, fundación Jaime Guzmán E., “Independientes en Red”, Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, Proyectamérica, Universidad de Chile, Universidad de la Frontera), los cuales eran representativos de los sectores políticos y sociales más influyentes del país.

Replicándose de esta medida, la política de acuerdos pactados que desarrolló la “Concertación” con la “Alianza”, para la implementación de medidas transformadoras sin poner en riesgo la estabilidad democrática, las “políticas de modernización de la gestión pública” no fue la excepción a esta “regla general”.

III. El rol de los actores técnicos en las Políticas de Modernización de la Gestión Pública (PMGP).

Como pudimos analizar en la primera parte, la participación de los actores políticos fue fundamental dentro de la planificación e implementación de Políticas

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de Modernización de la Gestión Pública en Chile, de los cuales con el análisis descrito podemos ver como principales responsables de dicha labor. Sin embargo no son los únicos actores relevantes en dicho proceso. Como se pudo ver en anteriormente, se entregaron ya algunos detalles sobre la participación importante que tuvieron los actores técnicos dentro de las PMGP. Tal como señalaba Mayol en su obra, “La tecnocracia promete la llegada de la Modernidad, el triunfo del proyecto tantas veces malherido en sus hegelianos avatares. La tecnocracia ofrece un camino según el cual la historia ha tenido la astucia, nuevamente, de acercarnos a la tan codiciada Modernidad.” (Mayol, 2003, pág. 100)

Así es como a partir del segundo gobierno de la Concertación, es posible ver “en el caso de la formalización de la PMGP, el presidente Frei Ruiz-Tagle tenía un alto interés —dadas su formación y experiencia en gestión pública— en que se introdujeran prácticas que generaran una mayor eficiencia en la administración pública, y para conseguirlo empodera a un grupo de técnicos que desarrollan los contenidos de la política, emprenden una estrategia de aprobación que privilegia muy decididamente mecanismos administrativos —como una manera de evitar la confrontación y, con ello, una excesiva tramitación y dilación— y la implementan de forma gradual.” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticaspúblicas en Chile?, 2011, pág. 138), marcando un fuerte inicio de la importancia y poder que tendrán en lo sucesivo los grupos técnicos para la Modernización de la Administración Pública Chilena, tanto desde la formulación, como en lo relevante que es una correcta implementación de la misma. En relación a esto mismo, Olavarría señala que “En el caso de la formalización de la pmgp, la coyuntura que genera la oportunidad está determinada por la asunción de Frei Ruiz-Tagle a la Presidencia, quien a su vez es el actor político con capacidad de intervenir que empodera al grupo de técnicos establecidos en la Dipres, liderados por Mario Marcel. Esos técnicos son los que desarrollan la intervención y luego la implementan” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicas en Chile?,2011, pág. 139), lo cual marcaría el piso de apoyo del principal actor político del país, es decir, el presidente de la Republica, hacia el grupo de técnicos especializados para que asuman el importante dicho rol.

Esto marcaría el proceso de modernización de la gestión pública, logrando que esta visión se propagase cada vez más a los demás sectores, instalando a los técnicos como motor de la modernización del estado, en que la predominancia política se encontraba muy por sobre la técnica. En relación a esto, “la percepción de la gestión pública como problema que requiere ser abordado a través de un proceso de modernización se vincula con el impulso de un grupo de técnicos que logran recoger apoyo al más alto nivel político. En el inicio es la acción de un pequeño grupo de directivos públicos que deciden —sin mandato político

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expreso— modernizar sus servicios, haciéndolos más efectivos y orientando la gestión a la satisfacción de sus usuarios y, con ello, reforzar la renaciente democracia chilena. Esto motivó a otros organismos públicos a emprender similares procesos, a las autoridades superiores a percibir las diferencias de efectividad lograda por los organismos que habían emprendido procesos de modernización” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicas en Chile?,2011, pág. 141).

Con esto, el proceso de las Políticas de Mejoramiento de la Gestión Pública comienza a tomar un rumbo altamente técnico, que permitió acelerarlo y optimizarlo, gracias a estos técnicos que encausaron las acciones hacia lo considerado como más eficiente, ahorrando así etapas que se entrampaban en un trámite político. Así lo señala Olavarría, al decir que “no estaba en condiciones de cambiar el contenido de la oferta. Un hecho que sobresale en el análisis de la pmgp es que la evidencia recogida sobre el proceso de construcción de esta política no permite identificar alternativas que se hayan confrontado en el proceso de formulación. Más bien lo que se observa es que la política es formulada por grupos técnicos que alcanzan alto respaldo político, lo que permite que el diseño pase a la etapa de implementación. En el caso de la formalización de la pmgp, el proceso de construcción de los contenidos de la política se remonta al trabajo de los técnicos de la Dipres, desde inicios del gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle [tal como se había señalado anteriormente], quien los apoya en razón de su confianza en ellos y por el interés del propio presidente en el tema. Ellos diseñan un conjunto de instrumentos que implican alterar los modos de gestión del gobierno central, los van aplicando poco a poco y —preferentemente— por vías administrativas, lo que les permite escapar del debate y las restricciones que implica el proceso de formulación de la ley” (Olavarría, ¿Cómo se formulan laspolíticas públicas en Chile?, 2011, pág. 43).

Con respecto a lo anterior, es posible advertir que coincide con lo planteado por Putnam (1997) citado por Machiavelli, en lo que respeta a que “el discurso tecnocrático se percibe como el paradigma de la objetividad porque promete sustituir la especulación por la experimentación, la intuición por la medida, la persuasión por la demostración, en definitiva, la política por la ciencia” (Machiavelli& Proulx, 2006, pág. 195). Este último punto resulta muy relevante, puesto queda de manifiesto el poderoso aporte de los tecnócratas, simplificando etapas de manera eficiente y eficaz, logrando saltar el proceso de selección de alternativas provenientes del debate, y pasar directo a la implementación, junto con representar información y procedimientos claros y efectivos, situación que en la práctica resulta conveniente y oportuna para quienes toman decisiones. Es por esto que es posible decir, que “lo que la evidencia disponible acerca de la

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formulación de la pmgp más propiamente sugiere es que el papel que desempeñan los técnicos con amplio respaldo político es lo que guía de manera determinante la solución” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticaspúblicas en Chile?, 2011, pág. 43).

Por tanto, con respecto al rol de los actores técnicos en las Políticas de Modernización de la Gestión Pública, es posible decir que “el reconocimiento de la necesidad de intervenir en la gestión pública es la consecuencia de los emprendimientos de un grupo de directivos intermedios (técnicos) que persuaden a las altas autoridades políticas; que en el proceso de formulación de la pmgp chilena la formalización se produce por la convergencia de factores como la presencia de un grupo de técnicos empoderados, apoyo presidencial y desinterés en el tema de los cuadros políticos; y la reinstalación surge como consecuencia de una crisis en que la cooperación aparece como la alternativa que maximiza el interés de las partes.” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicas enChile?, 2011, pág. 145), cita que destaca esta unión entre técnicos, el apoyo del presidente y el desinterés del tema de los grupos políticos, lo cual da como resultado esta fuerte posición en la que se ubican los técnicos para la solución de la problemática dada. En otras palabras, “lo que la evidencia disponible acerca de la formulación de la pmgp más propiamente sugiere es que el papel que desempeñan los técnicos con amplio respaldo político es lo que guía de manera determinante la solución.” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicas enChile?, 2011, pág. 143).

En definitiva, es posible determinar que ambos actores, tanto los políticos como los técnicos, resultan tener un rol fundamental en las Políticas de Modernización de la Gestión Pública (PMGP), por cuanto se han expresado a fondo en estos 2 últimos puntos, primero para los actores políticos, y segundo para los técnicos, haciéndose patentes las diferencias que existen entre ambos.. En relación a esto, a continuación agregaremos algunos alcances de la importancia que ha tenido la Modernización de la Gestión Pública en Chile, para lo cual se realizarán una revisión de datos y análisis de cómo se ha desarrollado, poder finalizar con una conclusión reflexiva del tema tratado.

IV. Alcances sobre la Modernización de la Gestión Pública en Chile

Como se ha dicho anteriormente, dentro de los focos que posee la Política de Modernización de la Gestión Pública no solamente está el enfocarse en la búsqueda de la eficiencia, sino que también al profundizar en la democracia, se

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logra mejorar la gestión. Por tanto, es preciso establecer de qué forma es posible hacer esto. Para el caso de los tecnócratas, considerando sus atribuciones y límites, será necesario aplicar ciertas herramientas que faciliten que, en primer lugar, se pueda contribuir a la modernización de la gestión pública, para que como consecuencia se fomente la participación ciudadana.

Esta visión se ha implementado en Chile, al aplicar lo que se conoce por “Gobierno Abierto”. A través de esta medida se “busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los espacios de participación, transparencia y servicio que el Estado tiene disponibles para ellos, reuniéndolos en un solo lugar. Las iniciativas de gobierno abierto buscan promover un Estado transparente y participativo donde gobierno y ciudadanos colaboran en el desarrollo colectivo de soluciones a los problemas de interés público, a través de la implementación de plataformas de gestión de información e interacción social.” (GobiernoAbierto.cl, 2014).

Este punto resulta muy importante a la hora de entender cómo se ha llevado a cabo la Política de Modernización de la gestión Pública. La idea planteada por el “Gobierno Abierto” dentro de la mirada burocrática clásica no tendría lógica alguna, puesto que la mirada experta del tecnócrata debiera ser lo único necesario para poder encontrar la solución adecuada a los problemas de interés público. Sin embargo, vemos que en la actualidad, esto no es así. La idea de que se ha implementado en el gobierno Chileno, responde a una visión más moderna de la administración del Estado, donde si bien no la eficiencia no ha dejado de perder su importancia, la profundización de la democracia resulta importante para mejorar la gestión de las instituciones públicas, mostrando un claro reflejo de los esfuerzos hechos por Modernizar el aparataje estatal.

Esto es posible verlo reflejado en el Instructivo Presidencial de Gobierno Abierto, el cual expresa la voluntad del gobierno al instaurar esta idea de gobierno abierto y su fin por modernizar la gestión pública. En este Instructivo Presidencial el gobierno que implementó la medida señala en este que: “Nuestro gobierno ha definido como un eje fundamental de su gestión, el impulso de una agenda de modernización de las instituciones públicas, cuya finalidad es avanzar hacia un Estado cien por ciento al servicio de sus ciudadanos. En este sentido, nuestra visión de un Estado moderno es la de un Estado cercano, abierto y eficiente. Cercano para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, abierto para promover la transparencia y la participación en su actuar, y eficiente para hacer uso adecuado de los recursos que los ciudadanos han puesto bajo su administración” (InstructivoPresidencial, 2012, pág. 1).

Aquí, se señala claramente la intención que se de promover la participación de los ciudadanos en el actuar del Estado, con el fin de poder mejorar y modernizar la

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gestión a través de la visión que tengan las personas de cómo creen que puedan hacerse las cosas de mejor manera, con el fin de poder resolver sus mismos problemas. También se promueve que los ciudadanos tengan acceso transparente a la información del Estado, así como de su gestión propiamente tal. Es por esto que hoy es tan fácil poder acceder a información del Estado, donde antes no era posible realizarlo, para lo cual el uso y actualización de los medios informáticos ha sido fundamental.

En relación a estas mismas tecnologías, el Instructivo Presidencial se refiere a estas señalando que: “Por ello, hoy nuestro desafío es fortalecer la democracia haciendo que la transparencia, la la participación y la colaboración sean fácilmente accesibles por los ciudadanos. Gracias al advenimiento de las tecnologías denominadas –2.0- y con el surgimiento de nuevas herramientas colaborativas y sociales en la web, lograr este objetivo se hace no sólo posible, sino que urgente… En esta línea, se promoverá la integración de las múltiples iniciativas de transparencia, participación y colaboración en un Portal de Gobierno Abierto que opere como ventanilla única, recogiendo las mejores experiencias internacionales (como el caso del Open Goverment Initiative de USA, el portal e-People de Corea y data.gov.uk en Inglaterra)” (InstructivoPresidencial, 2012, pág. 2), instructivo que alude por ejemplo, a los fuertes esfuerzos que ha hecho el gobierno en lo que respecta también, al “Gobierno Digital”.

En relación a este importante concepto relacionado con la modernización de la gestión pública, es posible decir que “El Gobierno Digital hace referencia al uso de tecnología digital como parte integrada en las estrategias de modernización impulsadas por los gobiernos para generar valor público. En dicho objetivo, involucra a actores de mundo público pero también a los ciudadanos y el sector privado en el desarrollo de soluciones a los problemas colectivos. Uno de los principales ejes de un Gobierno Digital es el uso de tecnología en el diseño y digitalización de los procedimientos para la mejora de los servicios públicos, facilitando así el acceso de los ciudadanos a los espacios de participación, información y servicios que ofrece el Estado.” (Unidad de Modernización yGobierno Digital), haciendo clara a lución a otra potente herramienta empleada para la Modernización de la Gestión Pública.

Por cuanto lo anterior señala, es posible reconocer los esfuerzos de la gestión pública de integrar a las personas, y no sólo recae en una mera intención, sino que se propone generar todas las facilidades técnicas necesarias para que la participación ciudadana sea efectiva, además de brindar todos los elementos prácticos que entrega la tecnología, para hacer de esto mucho más fácil y

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expedito. Para efectos de lo que el gobierno pretende, el concepto de participación ciudadana “implica que todas las personas entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes, puedan involucrarse en el quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas. Aspiramos a instalar una cultura de corresponsabilidad, en la cual cada persona se sienta llamado y motivado a asumir el compromiso de participar en la construcción del país, a sabiendas que al hacer esto, por consecuencia nuestra democracia se profundiza y fortalece”(GobiernoAbierto.cl, 2014);

Esta definición que hace una clara alusión a la importancia que tiene el ciudadano dentro del proceso de Modernización de la Gestión Pública, relacionándolo directamente con la cualidad que tienen las personas en el logro de la eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas, gracias a la contribución que ellos puedan hacer. Bajo una lógica burocrática clásica, esto sería imposible. El uso de estos mecanismos de participación ciudadana como lo es el “Gobierno Abierto”, representa una de las formas más claras de materialización de la profundización democrática que debiera en la actualidad se aplica de parte de la administración pública, siendo el claro reflejo que los esfuerzos por Modernizar la Administración Pública.

V. Conclusiones: El futuro de la Modernización de la Gestión Pública

Se ha realizado un importante análisis de la importancia de, por un lado los actores políticos, y por otro los actores técnicos, dentro de las Políticas de

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Modernización de la Gestión Pública (PMGP), de lo cual es posible determinar una fuerte importancia de los dos actores para poder influir de manera positiva en modernizar el aparataje estatal.

Primero, cabe señalar que “la Política de Modernización de la Gestión Pública Chilena puede entenderse como una reforma administrativa eficacista y eficientista, de tipo gerencial, en su etapa de formalización, y de servicio civil, en su etapa de reinstalación. La etapa gerencialista se orientó a modificar los modos de gestión, en tanto que la etapa de servicio civil se orientó a establecer concursos públicos transparentes que proveyeran a la administración del Estado de directivos altamente calificados.” (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicas enChile?, 2011, pág. 146), lo cual señala la importancia estratégica que tuvo el modernizar la administración pública y de la forma que se hizo.

También resulta importante destacar dentro de esta conclusión, la fuerte importancia que posee el presidente de la república al momento de aspirar a modernizar el estado, en relación a esto, Olavarría señala que “Asimismo, dado que el presidente es el actor que concentra las mayores cuotas de poder del sistema político chileno, su voluntad y su motivación por el tema han sido determinantes para impulsar o declinar el proceso del PMGP. Cuando se presenta este último caso es la crisis la que propicia la reinstalación de la modernización de la gestión pública. (Olavarría, ¿Cómo se formulan las políticas públicas en Chile?,2011, pág. 147), con lo cual si bien es necesaria la existencia de un Presidente de la República motivado y que entregue si apoyo a los tecnócratas, la manera en que ellos realizarán el trabajo es igual de importante a la hora de buscar modernizar la administración pública.

Finalmente, es posible afirmar que los métodos que se han implementado para Modernizar la Gestión Pública en Chile, tiene claros exponentes, tales como el Gobierno Abierto y el Gobierno Digital, aspectos que han contribuido notablemente con el fin dado. Creemos que es importante seguir trabajando en este sentido, por cuanto ha demostrado generar valor público en los ciudadanos, promocionando su participación, y junto con hacer una administración pública mucho más eficiente y eficaz, también ha contribuido de manera notable en ampliar la democracia y acercar al gobierno a las personas.

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