Texto comentado nº 6. Selectividad. Murcia. Historia de España.

6.-PROCLAMA DE LOS SUBLEVADOS EN CÁDIZ: 19 DE SEPTIEMBRE DE1868.

“Españoles:La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la armada anclada en el puerto... declara solemnemente que niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal interprete de todos los ciudadanos que no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla.Hollada la ley fundamental, corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, muerto el municipio, pasto de la administración y la hacienda de la inmoralidad, tiranizada la enseñanza, muda la prensa...Queremos una legalidad común, por todos creada; queremos vivir la vida de la honra y la libertad.Queremos que un gobierno provisional, que represente todas las fuerzas vivas del país, asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política.Contamos con el concurso de todos los liberales, con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de favoritos; con los amantes del orden, con los ardientes partidarios de las libertades individuales, con el apoyo de los ministros de altar, con el pueblo todo y con aprobación, en fin, de la Europa entera...Españoles: acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre.Sed, como siempre, valientes y generosos. La única esperanza de nuestros enemigos consiste ya en los excesos a que desean vernos entregados...¡Viva España con honra!Cádiz, 19 de septiembre de 1868.Duque de la Torre.- Juan Prim.- Domingo Dulce.- Francisco Serrano.- Ramón Nonvilas.- Rafael Primo de Rivera.- Antonio Caballero de Rodas.- Juan Topete.”

1. Tipología del texto.

El documento cuyo análisis nos ocupa es un texto de carácter político-circunstancial, una fuente directa y primaria que corresponde a la proclama que los instigadores del pronunciamiento militar que destronó a Isabel II difundieron a través del telégrafo, por toda España. Fue redactado el día 19 de septiembre por Adelardo López de Ayala, dramaturgo de obras en verso (Consuelo y El tejado de vidrio) y firmado por los generales Serrano y Prim. Este último fue quien añadió al final de “Viva España con honra”.

De los generales firmantes, Prim fue el principal inspirador y el jefe del movimiento revolucionario progresista que pondría fin al reinado de Isabel II. Juan Prim y Prats (Reus 1815-Madrid 1870) fue miembro del partido liberal progresista, en 1843 participó en el movimiento contra el regente Espartero, del que le alejó su forma de tratar a Cataluña y el bombardeo de Barcelona. Ocupó distintos cargos políticos y militares, hasta alcanzar el grado de general, y desde 1862 promovió un cambio dinástico. Tras organizar diversos pronunciamientos fallidos, buscó el apoyo de los demócratas y este cristalizó en el Pacto de Ostende

de 1866, así como de la Unión Liberal. Fue uno de los líderes de la revolución de 1868 y uno de los firmantes del manifiesto “España con honra”. En el nuevo régimen fue ministro de Guerra y Jefe del Gobierno; partidario de la elección de Amadeo de Saboya como nuevo rey, murió asesinado en un atentado en diciembre de 1870.

El destinatario del texto es el pueblo español, por lo que se trata de un documento de carácter público y alcance nacional.

2. Análisis del texto.

En cuanto al análisis del texto encontramos que la idea principal que subyace en el mismo es la justificación de la sublevación por parte de un grupo de generales liberales contra el gobierno de Luis González Bravo y, por extensión, contra la reina Isabel II de Borbón. Como ideas secundarias, que se exponen para justificar la sublevación, podemos encontrar a lo largo del texto un conjunto de argumentos que constituyen un auténtico memorial de agravios contra las arbitrariedades cometidas durante el reinado de la reina: violación de la Constitución (“hollada la ley fundamental”), desnaturalización del voto (“corrompido el sufragio por la amenaza de soborno”), lesión de los derechos de los ciudadanos (“dependiente de la seguridad individual […] de la irresponsable voluntad […] de las autoridades”), corrupción administrativa (“inmoralidad y agio”), tiranía en la enseñanza, supresión de la libertad de prensa, saqueo del erario público, degradación de los títulos nobiliarios, etc.

En cuanto a la violación de la Constitución, se refiere a la Constitución de 1845 y a los intentos sucesivos de modificación. Los progresistas intentaron recortar los poderes de la Corona durante su etapa de gobierno (Bienio Progresista 1854-1856) con un proyecto de Constitución (no promulgada) en 1856, que destacaba la primacía absoluta de la Soberanía Nacional y todas las instituciones quedaban supeditadas a ella, incluyendo la Corona. Finalmente, el pronunciamiento del general O’Donnell impidió que se pudiera promulgar.

Con respecto a la libertad de prensa y la política municipal, eran dos baluartes en los que los progresistas se apoyaban para llegar al gobierno. La prensa porque posibilitaba difundir la corrupción del sistema y desacreditar a la reina y a su entorno; los ayuntamientos porque de su autonomía dependía la posibilidad de controlarlos por la pequeña burguesía y las clases medias, principales grupos de apoyo social de los progresistas. La Ley de Prensa del general moderado Narváez entorpecía el ejercicio de la libertad de expresión. La Ley de Ayuntamientos permitía a los moderados controlar los municipios. El gobierno nombraba a los alcaldes de las poblaciones de más de mil habitantes y en las localidades menos pobladas, los gobernadores civiles, que eran a su vez nombrados por el gobierno.

Se hace alusión a la corrupción administrativa y al robo de los fondos públicos, que en la época isabelina alcanzó cotas muy elevadas. Hubo casos de enriquecimiento súbito muy flagrantes, entre los que destacan los de Manuel Girona y José de Salamanca, nombrado por la reina con el marquesado homónimo, desprestigiando así los títulos nobiliarios.

Un foco de corrupción constante fue la normativa financiera de la Ley de Ferrocarriles, que garantizaba a las empresas constructoras sus beneficios a cuenta del Estado, así como las franquicias concedidas a los materiales necesarios para la construcción de la red ferroviaria, generó las condiciones precisas para los negocios especulativos más descabellados en los que los capitalistas inversores extranjeros y sus socios españoles, incluidos familiares muy directos de la reina, obtuvieron inmensos beneficios a costa de la Hacienda Pública.

La Administración se caracterizaba por la inestabilidad de los funcionarios, a los que los cambios políticos suponían ceses para unos y trabajo y ascensos para otros. De esta manera, toda la Función Pública de la época funcionaba a base de sobornos, enchufismo y demás corruptelas.

Además, la mayoría de la población, los campesinos y los obreros malvivían casi en la miseria. Sus protestas se acallaban con una durísima represión.

A estas acusaciones les sucede una serie de demandas que constituyen una declaración de objetivos que pongan fin y contrarresten las arbitrariedades denunciadas: legalidad, respeto a los derechos, moralidad y ética en la Administración, independencia en la enseñanza, etc. Para alcanzar estos objetivos, se reclama la colaboración de todos los españoles, ricos y pobres, incluso del Clero. En el documento aparece también una apelación al sufragio universal que eche “los cimientos de nuestra regeneración social y política”. A la espera de que esto ocurra, un gobierno provisional dirigirá la transición política en tanto unas futuras Cortes Constituyentes determinen qué tipo de régimen sustituirá a la Monarquía de los Borbones.

Un aspecto llamativo de este documento es que los conjurados habían ocupado todos puestos de mayor o menor responsabilidad política en los gobiernos nombrados por Isabel II, que habían caído en desgracia.

3. Contexto histórico.

El Manifiesto de Prim, firmado en septiembre de 1868, puede ser considerado como el punto de partida de la “Revolución Gloriosa”, con la que se pretendía destruir toda la obra política anterior. Iniciada en Cádiz, respondió a la conjunción de factores políticos, económicos y sociales.

Desde un punto de vista político, se sumaron el creciente desprestigio de la reina Isabel II, obstinada en sostener en el poder a los moderados, y el carácter autoritario, represivo y corrupto de los últimos gobiernos controlados por este partido, tal y como se refleja en el texto. Progresistas y demócratas reaccionaron practicando el “retraimiento” (la no participación en las elecciones), preparando pronunciamientos y firmando el Pacto de Ostende (1866), por el que se comprometían a unir sus fuerzas para destronar a Isabel II y al que se acabó sumando la Unión Liberal del general Serrano.

La perspectiva económica se concentra en la doble crisis de 1866: por un lado, se

produjo una crisis agraria que conllevó un incremento de los precios y las hambrunas; por otro, se asiste a una crisis financiera de dimensiones europeas, que llevó a la quiebra a numerosos bancos y empresas y provocó un incremento del paro.

Esta situación político-económica multiplicó el descontento en la sociedad de la época (clases populares, clases medias, parte de la alta burguesía), ampliando considerablemente la base social que apoyó a los sublevados. Los revolucionarios (Partido Liberal Progresista liderado por Prim, verdadero cerebro de la revolución, Partido Demócrata y la Unión Liberal de Serrano) se impusieron prácticamente sin resistencia. La reina Isabel II fue derrocada y huyó a Francia. En octubre de 1868 se constituyó un gobierno provisional, formado por progresistas y unionistas; presidido por Serrano y Prim como ministro de Guerra, convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. En las nuevas Cortes, de mayoría progresista, se elaboró la Constitución de 1869. Una vez aprobada, la obra política resultante de la revolución de 1868 culminó con la elección de Amadeo de Saboya como nuevo rey de España, aunque Prim no pudo disfrutar de este momento, ya que fue víctima de un atentado antes de su llegada a España, muriendo el 30 de diciembre de 1870.

4. Conclusión.