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SISTEMATIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE BARRIOS Y VIOLENCIA REALIZADOS EN CHILE: ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 20081

Ana María Criado Liliana Manzano

A continuación se presenta la revisión de diversos estudios realizados en los últimos 10 años sobre barrio y violencia en Chile. I. Hugo Frühling y Luis Sandoval (1997), “Percepciones de inseguridad y realidad delictual en tres comunas de Santiago”.2

Ficha metodológica del estudio Nombre de la investigación Violencia Delictual a Nivel Local en el Gran Santiago: tres comunas

populares. Proyecto FONDECYT N°1940112

Período de ejecución 1996 y 1997

Objetivo general Identificar la opinión de los vecinos respecto de la delincuencia y los organismos del Estado encargados de combatirla.

Territorio/ grupo estudio Comunas de La Pintana, Pedro Aguirre Cerda y Renca, seleccionadas a través de indicadores de pobreza (CASEN 1992) y denuncias por los delitos de robos, violaciones, homicidios y lesiones (Carabineros 1987-1993). Las 3 comunas estaban rankeadas entre las 9 comunas con mayor porcentaje de pobreza de la región. La Pintana se ubicó en el rango de mayores denuncias, Renca en el rango intermedio y Pedro Aguirre Cerda en el de menos denuncias. Además, La Pintana y Renca contaban con el mayor porcentaje de personas condenadas de la RM - Información de Gendarmería de Chile-.

Metodología Combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas:

- Entrevistas semi-estructuradas a personas vinculadas a ONG, concejales y funcionarios municipales (individuales y grupales).

- Encuesta a al menos 1 dirigente por unidad vecinal, de todas las unidades de la comuna, dependiente del número de JJVV.

- Revisión histórica de poblaciones y proceso de erradicaciones.

Antecedentes

La investigación plantea la importancia de estudiar los delitos que afectan a los sectores pobres por dos razones. La primera, porque “los autores de delitos de tales comunas provienen generalmente de ellas mismas, y por tanto son producto de condiciones sociales generadas en su interior”. La segunda, “este examen de la realidad delictual y de su percepción permitirá analizar la aplicación del derecho en sectores sociales de bajos ingresos, la relación que mantienen con el Estado y la capacidad de reacción que tienen frente a fenómenos que afectan la vida colectiva.” (p. 260) Según datos expuestos en este estudio, desde fines de los ’80 la delincuencia ha pasado de ser un tema secundario para la ciudadanía a ser un problema prioritario: en distintas encuestas se ubicaba dentro de los tres principales problemas. Asimismo, las estadísticas oficiales de Carabineros, analizados en este estudio, revelan que la criminalidad ha experimentado una tendencia al crecimiento durante la década de los ‘80 y comienzos de los ’90, dentro de ésta el tipo de delito con mayor crecimiento son los robos. Las tasas de denuncias muestran incrementos desde 1977 a 1993,

1 No se incluyó el estudio “Violencia y criminalidad en barrios críticos” efectuado por Liliana Manzano,

publicado por el CESC. 2 Hugo Frühling y Luis Sandoval (1997). Estudios Públicos Nº68, pp. 253-306. Santiago de Chile.

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especialmente en los delitos contra la propiedad. Por otro lado, información de la Policía de Investigaciones del periodo comprendido entre 1980 y 1992 muestra un incremento en las denuncias por delitos violentos: delito de amenazas con arma blanca y/o con arma de fuego, dándose una mayor incidencia del uso de violencia e intimidación en la comisión de delitos contra la propiedad. Además se destaca que los programas públicos de seguridad han comenzado a focalizarse en algunos territorios de la ciudad, tanto las estrategias de disuasión policial como aquellas orientadas a grupos de riesgo. Esto con la finalidad de fortalecer la cohesión social de las comunidades locales, así como promover un mayor involucramiento de los vecinos en la ejecución de políticas de seguridad. Sin embargo, frente a ello se asume, que la utilidad de este tipo de estrategias “depende en gran medida de la generación de intereses comunes, relaciones sociales y formas de participación al interior del espacio local encaminadas a resolver problemas compartidos (p.261). Derivado de ello el estudio demuestra que las comunas se encuentran muy lejos de constituir unidades geográficas y sociales homogéneas a raíz de su extensión geográfica (gran tamaño de la población), lo que impide tratarlas como unidades sociales que compartan valores y actitudes o que posean un desarrollo histórico común, por lo mismo se presenta una distribución del delito diversa al interior del espacio comunal. Por otro lado, destaca el hecho que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.965), de aquel período, no les otorgaba facultades explícitas en materia de seguridad, sólo establecía atribuciones que podían utilizarse con ese fin tales como “satisfacción de necesidades, planificación y regulación urbana, y la promoción del desarrollo comunitaria”. En esta línea, el estudio revisa las acciones realizadas en las comunas de La Pintana, Pedro Aguirre Cerda y Renca, entre los años 1993 y 1995, las cuales consistieron en la entrega de equipamiento como motocicletas, retenes móviles y apoyo a la construcción de Comisarías de Carabineros. Asimismo, se evalúa el subprograma de seguridad vecinal implementado por el Ministerio del Interior en 1993, el cual destinaba recursos provenientes del programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal para el financiamiento de proyectos presentados por las organizaciones sociales. Principales Hallazgos Los principales problemas que los vecinos detectan en su sector o barrio son drogadicción (entre un 11 y 19%), delincuencia (17%), falta de empleo (entre 8 y 25%) e infraestructura deportiva/recreativa/cultural (entre un 10 y 14%). Respecto a la percepción de aumento, mantención o disminución del delito y de aumento en su gravedad (o nivel de violencia), en La Pintana, menos delincuencia que antes (44%) y más violenta (35%); Pedro Aguirre Cerda, menos delincuencia que antes (37%) e igual de violenta (60%); y Renca, mayor delincuencia que antes (55%) y más violenta (47%). La percepción de los dirigentes de La Pintana respecto que los delitos han disminuido no coincide con las cifras oficiales, donde se constató que esta comuna es una de las que presenta mayores tasas de denuncias – en el período estudiado-. Del análisis cualitativo se desprende que, a pesar de que la comuna de La Pintana es la que concentra mayor porcentaje de pobres, de erradicaciones y mayor conciencia de estigmatización, las organizaciones locales han realizado acciones para mejorar la convivencia lo que habría permitido superar conflictos entre vecinos y grupos desconocidos. Esto podría explicar por qué la comunidad siente que la delincuencia ha disminuido pese a que las cifras muestran lo contrario, además, ello revela que en muchas ocasiones los conflictos entre vecinos o peleas entre bandas, aunque no lleguen a constituirse en delitos, alteran de igual modo la convivencia de la comunidad.

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Por otro lado, frente a la pregunta sobre factores que afectan la seguridad de las personas en los sectores vecinales, las alternativas con mayores porcentajes de respuestas según comuna son las siguientes: La Pintana delincuencia juvenil (31%) y delitos asociados al tráfico y consumo de drogas y/o alcohol (29%); Pedro Aguirre Cerda delincuencia juvenil (27%) y delitos asociados al tráfico y consumo de drogas y alcohol (23%); y finalmente Renca aumento de la delincuencia (32%) y delitos asociados al tráfico y consumo de drogas y alcohol (23%) Asimismo, frente a la pregunta “delitos más frecuentes en el sector vecinal de los entrevistados”. Las alternativas de respuestas con mayor porcentaje en las tres comunas fueron: tráfico de drogas (entre 23 y 30%) y robo o intento de robo sin violencia física al interior del hogar (entre 25 y 28%). Al respecto, el encargado del área joven de DIDECO de La Pintana -quién fuera entrevistado en profundidad por el equipo investigador- manifestó la importancia de distinguir entre delincuentes que cometen delitos dentro de la comuna “domésticos” y los que cometen ilícitos fuera de ella. Al respecto se señala que el factor que explica el aumento del primer grupo de delincuentes es el consumo de la pasta base, ésta incluso ha provocado un quiebre al interior de las familias debido a que los “angustiados” llegan a robar en sus propios hogares con tal de obtener recursos para financiar el consumo de la sustancia. La forma en que los vecinos enfrentan estos problemas, como se constató en las entrevistas los dirigentes, es a través de acciones individuales más que colectivas. Pese a que en las comunas estudiadas existe un número importante de organizaciones comunitarias, los dirigentes reconocen que la capacidad de convocatoria de éstas ha disminuido con el advenimiento de la democracia, manifestándose una pérdida del sentido de comunidad, a lo que se suma, la existencia de una población juvenil con socialización dañada producto del consumo de pasta base. En este contexto, se plantea la necesidad de formación para los dirigentes ya que la baja convocatoria debilita la capacidad de acciones colectivas en pro de intereses comunes y los aísla del municipio. En las entrevistas las entrevistas en profundidad se indicó que si bien existía cooperación entre vecinos esta siempre respondía a una conducta extremadamente racionalizada donde la medición del riesgo determinaba el involucramiento de la comunidad. Por otro lado, se consultó a los dirigentes vecinales si conocían el subprograma de seguridad, quienes lo conocían eran precisamente los dirigentes de las juntas de vecinos que habían postulados proyectos. Sin embargo, estos indicaron, que en muchas ocasiones, los proyectos ganadores no recibieron el financiamiento comprometido En las entrevistas en profundidad a profesionales que se desempeñan en el ámbito local se consultó sobre cómo evaluarían el subprograma de seguridad, la respuesta fue abrumadoramente negativa argumentándose que éste programa no contempla la destinación de recursos nuevos sino que sólo se re direccionan recursos provenientes de otros programas hacia estos territorios. Además, fue criticada la estrategia de proyectos concursable ya que no implicaba el desarrollo de un plan integral para la comunidad, sino que se limitaba a financiar ideas diversas y aisladas. A pesar de lo anterior, los entrevistados insistieron, que los proyectos financiados habían tenido un resultado útil para la prevención del delito. En cuanto al trabajo de carabineros, tanto encuestados como entrevistados señalaron que aunque han aumentado sus recursos carecen de medios necesarios (tanto en equipamiento como en número de efectivos) para proporcionar la seguridad que la población requiere. El sistema judicial penal, por su parte, según entrevistados y encuestados tendría deficiencias que incidiría en el desinterés de las víctimas en denunciar. Sin duda el aspecto que más se cuestiona a la policía es la forma como actúan frente a las denuncias vinculadas al tráfico de drogas, indicando que

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muchas denuncias quedan sin respuesta (sin detenciones) o que luego de las detenciones la liberación de los sujetos es casi inmediata (a los pocos días), situaciones que tienden a aumentar la desconfianza en el accionar de las policías y del sistema judicial Reflexiones finales El estudio afirma que la situación analizada coincide en muchos aspectos con la tesis de O`Donnell, respecto a la existencia de áreas geográficas en las que la presencia y actuación del Estado no logra asegurar la aplicación uniforme del derecho. Sin embargo, se descarta la idea de que el aumento del delito en estos territorios haya creado una situación de anomia total que impida toda forma de acción colectiva o de acción del Estado. Se concluye que los sectores más vulnerables al delito son los más pobres, particularmente aquellos que corresponden a poblaciones nuevas de viviendas sociales y/o provienen de erradicaciones ocurridas en los años ’80, debido a que en ellos se produce una concentración de personas carentes de recursos socioeconómicos y con mayor propensión a evadir la ley y, por otra parte, entre sus habitantes se evidencia una pérdida de sentido de comunidad. En particular, respecto a la población joven, ”en otro estudio derivado de esta misma investigación patrocinada por Fondecyt, se ha identificado una correlación positiva entre población joven existente en una comuna y denuncias por delitos en contra de la propiedad y contra el orden de la familia” (Pág. 271). Esto probablemente se debe a dos situaciones complementarias: la acumulación de personas carentes de recursos, trabajo y desconocidos entre si que habría dificultado el control sobre los menores y además, la existencia de un clima propicio para disputas y para la utilización de la violencia en la resolución de conflictos. Es decir, el escaso control ejercido por los padres y por el entorno comunitario estaría produciendo un clima propenso para el aumento de los conflictos al interior de las familias y/o entre vecinos, situación que se ha agudizado con el incremento de la oferta de pasta base en los barrios y comunas populares, incidiendo, a su vez en un aumento de los robos al interior del barrio “delitos domésticos”. Finalmente, en cuanto a las políticas de vivienda, se señala la importancia de estabilizar las poblaciones comunales existentes, que faciliten el conocimiento mutuo de sus habitantes y junto a lo anterior, se indica la necesidad de propender a desconcentrar la pobreza mediante la instalación de viviendas económicas en sectores donde también residan personas de mejores condiciones económicas.

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II. Rubén Sepúlveda, Patricio De La Puente, Emilio Torres y Ricardo Tapia (1999), Seguridad Residencial y Comunidad.3

Ficha metodológica del estudio

Nombre de la investigación Factores incidentes en la seguridad ciudadana en hábitat residenciales pobres. Evaluación y Propuesta. Proyecto FONDECYT 1940462-94

Período de ejecución 1994 -1995

Objetivo general Orientada a conocer las características de las dinámicas socio-espaciales que desarrollan las comunidades para adaptarse a las contingencias que implican el vivir en un medio ambiente potencialmente peligroso

Territorio/ grupo de estudio (universo)

Conjuntos habitacionales de viviendas sociales o que han sido intervenidos por el programa de mejoramiento de barrios de la ciudad de Santiago

Territorio seleccionado (muestra)

Villa Paula Jaraquemada y Villa Araucanía de Conchalí, y Los Quillayes sector 4 y sector 5B de La Florida. Sectores que calificaron con “muy alta vulnerabilidad” y “alta vulnerabilidad” en el índice construido para este estudio.

Enfoque metodológico Investigación multidisciplinaria que complementa teorías de la arquitectura y sociología, con un enfoque descriptivo, cualitativo y micro-social

Metodología - Información se recopiló mediante entrevistas semi estructuradas a vecinos de los sectores seleccionados y a observadores externos.

- Además se utilizó técnica discurso-grama que reúne distintas estrategias metodológicas: entrevistas grupales o grupos de discusión, mapas mentales y planos de recorridos.

Procedimiento de selección de comunas y barrios (muestreo) Para la selección de las comunas se diseñó un Índice de Vulnerabilidad Delictual, este incluyó los siguientes indicadores: denuncias por delitos contra las personas y la propiedad (1991-1993), concentración de pobreza, desempleo, empleo informal, cantidad de viviendas sociales y número de proyectos postulados al subprograma de seguridad vecinal del Ministerio del Interior (1993-1994). El índice se categorizó en 4 niveles: muy alto, alto, bajo y muy bajo, y en base a esto se jerarquizó a las comunas. A partir del índice y teniendo en cuenta la necesidad de comparar diversos contextos comunales se seleccionaron las comunas de Conchalí (con vulnerabilidad muy alta) y La Florida (de vulnerabilidad alta). En la segunda etapa se seleccionaron los conjuntos habitacionales a ser estudiados. Para ello se analizaron las características de la estructura físico espacial de los conjuntos de viviendas sociales, además del tiempo de antigüedad, consolidación de las organizaciones sociales, equipamiento, accesibilidad y disposiciones normativas urbano-habitacionales, y se construyó una tipología de conjuntos habitacionales, con el fin de que los resultados del estudio permitieran generar recomendaciones aplicables a estos tipos. Además se consideró el grado de participación de las comunidades en proyectos de seguridad (subprograma de seguridad vecinal) puesto que ello expresaría un enfrentamiento al problema, cierto nivel de dinamismo y de vinculación de las organizaciones con el municipio. En base a estos criterios se seleccionaron dos sectores por comunas: Villa Paula Jaraquemada y Villa Araucanía de Conchalí y Los Quillayes sector 4 y Los Quillayes sector 5B de La Florida.

3 Rubén Sepúlveda, Patricio De La Puente, Emilio Torres y Ricardo Tapia (1999). Seguridad Residencial y

Comunidad. Facultad de arquitectura y urbanismo-Instituto de la vivienda/ Facultad de Ciencias Sociales-Departamento de Sociología. Universidad de Chile.

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Los conjuntos habitacionales de la comuna de Conchalí corresponden a una tipología de edificación en extensión, representativa de la conformación de la trama urbana en la periferia de la ciudad. Por parte de los informantes claves u observadores externos, la Villa Paula Jaraquemada es percibida como segura y con capacidad de organización comunitaria, en cambio la Villa Araucanía es vista como un lugar inseguro y con una organización comunitaria incipiente. Los dos sectores (sector 4 y 5B) de La Florida pertenecen al mismo conjunto habitacional representativo de la tipología de edificación en bloque, solución más empleada en la década del ’90 en la Región Metropolitana. Mientras el sector 5B es percibido como seguro y con una organización activa el sector 4 es reconocido como inseguro. Principales Hallazgos La utilización de dos marcos de observación: observador externo (profesionales del municipio) y auto-observación, posibilitó conocer simultáneamente las características arquitectónicas del conjunto residencial y la visión de los sujetos que llenan de contenido social estas observaciones. Así, en ocasiones, el discurso de los residentes disminuía la importancia de algunas características señaladas por los observadores externos y agregaba otras no percibidas por éstos. De este modo el análisis de la información cualitativa se realizó complementando lo expresado por los vecinos en las entrevistas con la visión de los observadores externos. Estos resultados se estructuraron en torno a las siguientes dimensiones analíticas: Percepción de inseguridad, participación y sentido de comunidad, homogeneidad sociocultural, factores arquitectónicos. Si bien los vecinos y dirigentes sociales (observadores internos) no logran consenso en la definición de percepción de inseguridad, se pudo concluir que esta está fuertemente asociada a la comisión de delitos contra la propiedad (robos al interior de las viviendas). Frente a estos delitos, los vecinos señalan que la respuesta espontánea ha consistido en aumentar la protección en las viviendas. En cambio, si se evidenció consenso en significar los contornos próximos a los espacios habitacionales como los más peligrosos, donde las conductas facilitadoras de delitos son el tránsito por calles con poca iluminación y visibilidad a tempranas horas de la mañana y en la noche, y el tránsito por sitios eriazos que suelen ser ocupados por grupos de jóvenes para beber alcohol o consumir drogas. Pese a lo anterior, en el discurso de los vecinos se evidencia que la sensación de inseguridad no sólo deriva de las características del espacio, sino también del conocimiento que tienen las personas que lo utilizan entre sí. Es así como los pasajes tienden a no ser considerados como peligrosos debido a que los vecinos se conocen entre sí, en cambio los “espacios de borde”(o zona de delimitación entre poblaciones) si lo serian debido a que en ellos transitan personas de sectores aledaños. Entre los discursos de los observadores externos tampoco se observan consensos en torno al concepto de inseguridad. Mientras los funcionarios de la dirección de obras de los municipios refieren a las características de la trama urbana como factores generadores de inseguridad, quienes trabajan en la dirección de desarrollo comunitario enfatizan en factores como el tráfico de drogas, el temor a represalias, el desempleo juvenil, entre otros. Ambas visiones coexisten en la toma de decisiones a nivel local y, por sus contra posiciones, en algunas ocasiones desencadenan presiones por priorizar unos factores sobre otros. En la dimensión comunitaria se constata que en aquellas villas o sectores, como la villa Paula Jaraquemada y el sector 5b de la población Los Quillayes, donde se han desarrollado diversas acciones en seguridad se ha logrado disminuir la sensación de inseguridad. En cambio en la villa Araucanía y en el sector 4 de Los Quillayes los vecinos han sido incapaces de propiciar ese tipo de iniciativas. En la villa Araucanía esto se explica por la coexistencia de líderes vecinales que fragmentan y dificultan la posibilidad de generar consensos, en el sector 4, en cambio, la explicación

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viene dada por una atomización y desconfianza entre vecinos que se expresa en el uso de estrategias de seguridad privadas por temor a ser víctimas de acciones de personas que habitan en sus mismos bloques o pasajes colindantes. En cuanto a la participación en proyectos de seguridad, los antecedentes recabados no permiten constatar que la comunidad haya participado activamente en la preparación y desarrollo de los proyectos. En cuanto a sus temáticas, se trata de proyectos orientados a equipamiento policial, construcción y ampliación de retenes, situándose a continuación los destinados a iluminarias e infraestructura física. Sin embrago, estas últimas iniciativas no han sido canalizadas por el programa de seguridad ciudadana del Estado, sino que han formado parte de estrategias de control territorial de la comunidad misma. Cabe destacar que en los barrios donde había juntas de vecinos, juntas de vigilancia u otras organizaciones de base activas, la comunidad no solo era capaz de plantear el tema de la seguridad residencial sino que además lograban impulsar acciones, las que han contribuido a mejorar la percepción de seguridad de los vecinos. En cambio, en los sectores más inseguros no existía una comunidad organizada vinculada con la institucionalidad. En cuanto a la incidencia de la homogeneidad sociocultural, pudo comprobarse que en los sectores inseguros prevalecía una fragmentación interna de los asentamientos, por ejemplo: en la villa Araucanía se consideraba como habitantes externos a aquellos residentes que provenían de erradicaciones de la comuna de Las Condes, porque éstos se consideraban superiores al resto de los vecinos. En el caso del sector 4 se desarrolló una suerte de barrera social que excluía a un conjunto de viviendas porque sus residentes eran identificados como de malos hábitos asociado al deterioro de las casas. Las exclusiones internas y la falta de confianza entre vecinos se ve además favorecida por una alta rotación de familias: se estima que sólo el 10% de sus primeros habitantes continúa residiendo allí. En los sectores percibidos como seguros se constata la situación opuesta, ya que la permanencia de las familias ha facilitado el desarrollo de procesos de lugarización y cohesión social, y a la aparición de iniciativas de seguridad vecinal. Respecto a los factores arquitectónicos, en los conjuntos considerados más peligrosos como la villa Araucanía, se constata la existencia de pasajes conformados por los costados de las viviendas (callejones) por lo que no se da un tránsito regular por ese sector y ello dificulta a las familias ejercer control de estos entornos solitarios/abandonados. Asimismo, la presencia de manzanas contrapuestas en el sentido de emplazamiento genera discontinuidades en los recorridos peatonales internos y contribuyen a agudizar la segmentación socio-física de la población. En el sector 4, por su parte, se aprecia una alta densificación de viviendas tipo block, en hileras de gran longitud y de distinto tamaño. En los conjuntos seleccionados como seguros, en cambio, existe predominio de una trama rectangular uniforme, que configuran espacios públicos comunes que da una visión de una totalidad coherente y unitaria. Reflexiones Finales Dentro de la teoría de sistemas de Luhman, a nivel comunicacional se establecen diferencias entre código (mecanismos para establecer diferencias útiles y procesar información según sus especializaciones de sentido) y programa (mecanismos para orientar el comportamiento frente a situaciones contingentes de relación con el entorno). Desde este enfoque, los datos muestran que las familias tienden a clausurar algunos sentidos o códigos a sus miembros con el fin de reducir la complejidad de la inseguridad del espacio público. Con ello, se descarta la posibilidad de que la familia incluya en su comunicación estrategias que se encuentren fuera de su sistema de significación, como sería por ejemplo la seguridad de los vecinos. Esto conduce a la construcción de una seguridad individualista (egoísta) más que comunitaria, con débiles sentimientos de pertenecía u

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origen común, dando lugar a estrategias que buscan satisfacer necesidades particulares sin posibilidad de dar respuesta a problemas colectivos. Del análisis se desprenden tres conformaciones según nivel de peligrosidad básica: espacios físicos, mixtos y sociales. Los físicos son estructuras espaciales que impiden el control de los vecinos y favorecen la inseguridad. Los mixtos son aquellos espacios en que confluyen aspectos físico-espaciales junto con valoraciones sociales que otorgan a determinadas áreas una connotación negativa. Y los sociales, son aquellos espacios que poseen atributos de peligrosidad aunque en sí mismos no presenten rasgos objetivos que faciliten hechos delictivos, en ocasiones actúan como puntos de rotación de actividades indeseables. En síntesis, el estudio constata que las condiciones de seguridad imperantes en los conjuntos analizados son atributos inestables y que presentan vínculos consistentes tanto con las dinámicas de las comunicaciones sociales que en ellos operan, como con la particularidad de cada estructura físico espacial. Es decir, los datos sugieren que las condiciones de ocurrencia de delitos en conjuntos residenciales “constituyen una amalgama de factores socio-físicos contingentes en relación con las características de la población, el diseño del medio construido y la interacción de ellos en el tiempo”. Estos factores determinan patrones de conductas que, aunque cambien en el tiempo (no tienen una evolución fija), limitan las posibilidades de elección del sistema para procesar y controlar la complejidad del entorno.

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III. Jaime Sperberg y Bárbara Happe (2000), “Violencia y delincuencia en barrios pobres de Santiago de Chile y Río de Janeiro”4

Ficha metodológica del estudio

Nombre de la investigación Violencia y delincuencia en barrios pobres de Santiago de Chile y Río de Janeiro.

Período de ejecución 1995

Objetivo general Análisis de la violencia y la criminalidad en dos barrios pobres de Santiago de Chile y Río de Janeiro, por medio de la comparación de estos sectores en cuanto a la percepción de víctimas y victimarios, las estrategias de acción de los vecinos y el contexto político-social en que se desenvuelven

Territorio/ grupo estudio Toma Esperanza (3 años de antigüedad) y Población Galvarino (24 años) de la comuna de Peñalolén de Santiago de Chile y las Favelas Minha Deusa (5 a 7 años de antigüedad) y Vidigal (54 años) de Río de Janeiro.

Metodología Encuesta. Entrevistas en profundidad a pobladores y favelados.

Conceptos claves Se preguntan si en ambas ciudades los pobres comparten condiciones de vida precarias y reducida movilidad social por qué el fenómeno de la violencia presenta un problema mayor en Río que en Santiago. Para encontrar las causas de ellos analizan las dimensiones de la violencia existente en barrios pobres y las estrategias desarrolladas por el Estado. Conceptualmente el estudio plantea violencia entendida no solo como reacciones a la estructura de poder ya que ello niega la responsabilidad propia de los autores de los crímenes. Así, se propone, un concepto de violencia concebida como acción de fuerza intencional y que conduce a la agresión física de otro. Esta conexión con la violencia física les permitiría identificar grados de violencia y con miras a ello, el estudio genera dimensiones de violencia física:

- Cotidiana: individuales y muchas veces espontáneas. Conflictos entre vecinos o agresividad de adictos a droga. Actos tanto dirigidos a personas del mimo estrato como de otros grupos.

- Criminalidad de la pobreza: Robos en tiendas y asaltos callejeros, espontáneos y esporádicos con uso de fuerza. Se trata de formas de sustento que no les permite salir de la pobreza.

- Delincuencia semi-profesional: definida por la perdurabilidad, individuos o pandillas que viven de y en la delincuencia.

- Delincuencia organizada: en Río la mayor cantidad de asesinatos se han generado en conflictos entre pandillas (cuyos líderes no residen en las favelas) o con la policía. En efecto, las victimas son los miembros más pobres del negocio de la droga y se trata fundamentalmente, de jóvenes de entre 15 y 30 años. En Santiago, a partir de los 80, se han establecido redes de traficantes en algunas poblaciones. Sin embargo, en Chile el Estado tiene mayor penetración en estos territorios

- Violencia de Estado o Vigilantismo: caracterizado por la ilegalidad y el mantenimiento del orden social y político, que es posible vincular a los excesos de violencia de parte de la policía militar en Río contra grupos marginales.

En ambos países se seleccionaron dos barrios marginales, uno ya consolidado por su mayor antigüedad y otro más reciente. Esta selección se basa en la hipótesis de que los barrios de mayor

4 Jaime Sperberg y Bárbara Happe (2000). Nueva Sociedad Nº 169, pp. 44-60.

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antigüedad tendrían mayores problemas resueltos y por tanto presentarían menos participación en las organizaciones barriales. Todos los barrios estudiados comparten características en cuanto a que surgieron de tomas de terrenos, con equipamiento precario o deficitario, nivel de ingresos y nivel de escolaridad (bajo la media de la población de la ciudad) aunque en el caso chileno el acceso ha sido mejor. Las diferencias estriban en que en el caso chileno las poblaciones fueron erradicadas a las afueras de la ciudad y en Brasil se encuentran a pocos pasos del centro urbano. Principales hallazgos En Santiago, el incremento del tráfico de drogas -al igual que en las favelas- facilitó la creación de un ambiente de violencia, especialmente con la pasta base. Sin embargo, el aumento de la sensación de temor en la población no se condice con los datos estadísticos y el crecimiento real de la delincuencia, lo que según el autor podría explicarse por el exceso de sensacionalismo de los medios de comunicación. Los pobres urbanos entrevistados manifestaron sentirse amenazados por el aumento de violencia. Sin embargo, muchos de ellos en ambas ciudades, no esperan una solución proveniente de la autoridades y desarrollan autónomamente estrategias individuales (cercos, alambres o perros) y colectivas como grupos de vigilancia con la expulsión del barrio de criminales por delitos como robos, tráfico y sexuales. Al respecto, lo colectivo y el sentimiento de unidad, es más alto en barrios con larga e intensiva experiencia de organizaciones comunitarias. Al realizar la comparación entre ciudades se constata que los favelados perciben una mayor cohesión en sus barrios que los pobladores, ello se puede explicar por las erradicaciones ejecutadas por el régimen autoritario entre el ‘79 y el ‘85 que produjo fragmentación incluso dentro de las mismas poblaciones y que continúa siendo vigente mediante la competencia entre grupos de pobres por recursos del Estado. Por otro lado, el estudio analiza la participación de jóvenes en delitos, centrándose en hombres jóvenes ya que este grupo presentaría una alta proporción de violencia seguida de muerte. Una de las razones para esta alta ocurrencia, se debería a que algunos grupos de jóvenes ven el tráfico de drogas una estrategia de movilidad social y que se puede explicar no solo por pobreza, sino por factores como: descomposición de las relaciones familiares; posibilidad de participación en pautas sociales de consumo; descomposición de las relaciones entre ricos y pobres; limitaciones político-sociales que impide el acceso a educación y encontrar trabajo; trato discriminatorio de parte de las fuerzas del orden y acceso al consumo de drogas. Además, dentro de sus grupos reciben un reconocimiento social por valentía. Es decir, la delincuencia juvenil, se presenta como una forma violenta de adaptación a las condiciones económicas y sociales de la exclusión. Así, en ambas ciudades, los delincuentes inician sus carreras delictuales a edades cada vez más tempranas, orientados hacia la búsqueda de movilidad social e integración sin tener mayor interés en cambios sociales profundos y que con la llegada de la democracia, sólo han incrementado sus deseos de consumo. Reflexiones finales Con la recuperación de la democracia, en ambos países, hubo un auge de programas sociales en barrios marginales, de tal manera que los grupos marginales pudieron reivindicar sus intereses. Sin embargo, estos cambios en las relaciones entre pobres y autoridades no han logrado reducir la situación de “apartheid social” agudizado durante el periodo autoritario. En términos comparativos, en Santiago, las políticas del Estado democrático post dictatorial no se han limitado a proveer de infraestructura –como habría ocurrido en Río- sino que además, han buscado proteger a los pobladores de la violencia y la delincuencia. Lo que no habría sucedido en Río, donde las instituciones no se interesaron en consolidar su poder en las favelas. Es así como desde

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hace diez años grupos de delincuentes organizados han tomado el control político de las favelas, obligando a las organizaciones de favelados a cumplir solo u rol secundario. En efecto, las favelas se han transformado en centros de tráfico de drogas y armas y las mafias de la droga han monopolizado el poder. Frente a ello, los intentos de las fuerzas de orden por recuperar la soberanía perdida solo han provocado el aumento de los índices de violencia. En síntesis, los rasgos distintivos entre ambas ciudades se encuentran en la magnitud y el tipo de violencia en los barrios pobres. En Santiago, no habría presencia de delincuencia organizada que domine barrios enteros debido a que el Estado chileno no toleró la creación de espacios libres de su control y mantiene el monopolio del poder. En cambio, en muchos territorios de Río de Janeiro, particularmente en las favelas, el Estado ha perdido casi completamente el control, lo que ha derivado en que la comunidad no confíe en el sistema penal y prefiera tomarse la justicia en sus manos. Los mayores déficit del Estado chileno se dan en la falta de enfrentamiento del problema de la desigualdad socioeconómica del país, dándose escasas posibilidades de movilidad social para los sectores pobres, particularmente para los jóvenes, lo cual tiende a favorecer el deseo de éstos de buscar caminos alternativos a los legales para alcanzar los estándares de vida y obtener los bienes de consumo que la sociedad promueve como meta social.

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IV. Universidad Alberto Hurtado: “Diagnóstico de los barrios Santa Adriana (2004) y los sectores E y F de la población José María Caro (2005)”5

Ficha metodológica del estudio

Nombre de la investigación Investigación diagnóstica en los barrios Santa Adriana y los sectores E y F de la población José María Caro

Período de ejecución 2004 – 2005

Objetivo general Identificar y analizar el impacto de la violencia y la delincuencia en dos barrios críticos en el marco del Programa Barrio Seguro del Ministerio del Interior.

Territorio/ grupo estudio Dos poblaciones de la comuna de Lo Espejo: población Santa Adriana y Sectores E y F de la población José María Caro.

Metodología Aproximación etnográfica con entrevistas semi estructuradas y en profundidad, observación participante y no participante y diálogos participativos. Encuestas aleatorias en escuelas, a alumnos y apoderados, con una muestra estratificada y no representativa.

1) El primer artículo sobre este estudio es “Violencia en Barrios Vulnerables: Una aproximación desde la exclusión social”, de Alejandra Lunecke e Ignacio Eissmann (2005). En este artículo se busca indagar en las causas de la violencia y delincuencia, especialmente en lo ligado al tráfico de drogas en barrios urbanos, a partir de un enfoque centrado en los procesos de exclusión económica, social y cultural en barrios y comunidades. El estudio, entiende la exclusión social como una acumulación de procesos que producen rupturas sucesivas en ámbitos como la economía, la política y la sociedad, y que van alejando a personas, grupos, comunidades y territorios de los centros de poder, los recursos y los valores dominantes. Esta noción comprende la exclusión social en su carácter dinámico y multidimensional, contemplando dimensiones: económicas, sociales y culturales. 2) El segundo artículo fue realizado por Alejandra Lunecke y Juan Carlos Ruiz (2006), “Barrios urbanos críticos en materia de violencia y delincuencia: marco de análisis para la construcción de indicadores de diagnósticos”. En éste se presentan elementos de análisis que permiten construir indicadores orientados a analizar y caracterizar la vulnerabilidad en materia de violencia y delincuencia en barrios urbanos populares de Santiago, los cuales son afectados por grupos ligados al tráfico de drogas. Para ello se realiza un marco de análisis orientado a identificar dimensiones y elementos que permitan diseñar indicadores de los barrios vulnerados o en riesgo frente a la actividad delictual. Los indicadores diseñados se aplicaron en los dos barrios en estudio: población Santa Adriana en el 2004 y los sectores E y F de la población José María Caro, durante el año 2005. Principales Hallazgos Los hallazgos que aquí se presentan integran la información contenida en los artículos ya citados “Violencia en Barrios Vulnerables: Una aproximación desde la exclusión social” y “Barrios urbanos

5 Equipo de investigadores de la Universidad Alberto Hurtado (2006) “Diagnóstico de los barrios Santa Adriana

(2004) y los sectores E y F de la población José María Caro”. La investigación dio lugar a tres artículos:

- Alejandra Lunecke e Ignacio Eissmann (2005) “Violencia en barrios vulnerables: una aproximación desde la exclusión social”. Persona y sociedad. VOL XIX Nº1 2005 pp. 73-100. Universidad Alberto Hurtado.

- Alejandra Lunecke y Juan Carlos Ruiz (2006) “Barrios urbanos críticos en materia de violencia y delincuencia: marco de análisis para la construcción de indicadores de diagnóstico”.

- Alejandra Lunecke y Juan Carlos Ruiz (2007) “Capital social y violencia: Análisis para la intervención en barrios urbanos críticos”. En seguridad y Violencia. Ed. Lucía Dammert y Liza Zúñiga, FLACSO Chile.

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críticos en materia de violencia y delincuencia: marco de análisis para la construcción de indicadores de diagnósticos”. Si bien estos artículos perseguían objetivos distintos, ambos conducen al análisis de dimensiones similares que permiten caracterizar la vulnerabilidad presente en los barrios urbanos críticos. Estas dimensiones son: económica; físico-espacial; social; y la dimensión cultural. En estos artículos barrio es entendido como “el espacio físico que rodea cierto grupo de viviendas, como así también las relaciones sociales y las interacciones que se producen en él”. En tanto, por barrio urbano crítico se define a aquellos barrios “que han sido ocupados desde sus inicios por grupos de escasos recursos y en los que actualmente se han generado procesos de violencia asociados al narcotráfico y porte de armas”. Dimensión Económica: Esta da cuenta de aquellos aspectos de naturaleza económica que inciden sobre la probabilidad de ocurrencia de actos delictivos y violentos, por ejemplo: los altos niveles de desempleo y, en general, la situación de exclusión lleva a algunos residentes de estos barrios a decidir participar en el mercado de la droga. Para muchos el tráfico de drogas es visto como una alternativa de acceso a bienes de consumo y, por ende, como un mecanismo de movilidad social, de acuerdo a la opinión de los entrevistados. Desde el punto de vista de la exclusión, vemos que el debilitamiento de los vínculos de la persona con el sistema económico, especialmente con el mercado del trabajo formal, genera procesos de aislamiento en los sectores más empobrecidos, los que es definido como “segmentación” por Rubén Katzman, es decir un proceso de reducción de oportunidades de interacción entre grupos o estratos socioeconómicos. Altos niveles de segmentación social, sumado al proceso de segregación espacial de las ciudades, pueden dar lugar a la aparición de “Guetos”, lugares donde prevalecen los mercados informales e ilegales, donde la ley pierde valor y se dan patrones culturales alternativos. Cuando se llega al punto crítico del gueto y se evidencia una clausura espacial de las oportunidades o la acumulación de desventajas tienden a desarrollarse comportamientos antisociales. Estos comportamientos pueden ser expresión de una búsqueda de referentes sociales alternativos, debido a la ineficacia mostrada por los referentes institucionales tradicionales -lo que da cuenta de la dimensión social de la exclusión-. Respecto a la dimensión social de la exclusión, el estudio afirma que en estos contextos vulnerados las instituciones tradicionales de socialización: familia, escuela, trabajo, han perdido su eficacia y ello ha facilitado la aparición de conductas de riesgo que pueden derivar en delitos, especialmente en los jóvenes. Así, en las familias donde la supervisión y orientación es baja o donde los conflictos con los padres son intensos es más frecuente que los niños lleguen a involucrarse en delitos. Este hecho fue corroborado en la población Santa Adriana, donde se detectó un alto nivel de stress parental asociado a: falta de ingresos, baja autoestima de las madres, alcoholismo de los padres, déficit en el rol paternal, entre otros. En el caso de la escuela, se evidenció que el acceso a una educación de calidad es bajo (las escuelas de estas comunas tienen bajo puntaje SIMCE), y que la deserción escolar es frecuente, lo que en un corto plazo se traduce en dificultades para acceder a empleos formales y estables. Asimismo, se plantea que las escuelas y el sistema educativo, en general, no está adaptado a los contextos de vulnerabilidad y exclusión, la rigidez del sistema impide que alumnos problemáticos o con déficit de aprendizajes concluyan con éxito sus procesos, tendiendo más bien a la expulsión de estos. El entorno comunitario, por su parte, puede actuar compensando las deficiencias socializadoras de la familia y la escuela, así como también puede constituirse en un factor más de exclusión. Esto depende del desarrollo de redes proactivas (capital social) en barrios carenciados, así como de la

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presencia de confianza interpersonal, debido a que en los estratos bajos las personas suelen afirmar que su confianza está puesta en los familiares más que en amigos, compañeros de trabajo u otros. Dimensión social: en este punto el diagnóstico compara la capacidad organizativa y de articular redes de los grupos ligados a la venta de droga en contraste con la descomposición del tejido social que se observa en ambos barrios. En general se detectó que los grupos ligados la tráfico de drogas utilizan la siguiente estructura organizacional: Líder(es) o jefes de grupos; guardaespaldas, función que es ejercida por amigos de infancia, compadres, jóvenes ascendidos o familiares; soldados, conformados por jóvenes entre 13 y 30 años que tienen buen manejo en el uso de armas; y sapos (o vigilantes), función que es realizada por jóvenes que se ofrecen a efectuar esta labor a cambio de un pago con drogas debido a su adicción a estas sustancias. Según lo expresado por los vecinos en la José María Caro, no siempre se cumple esta jerarquía debido a que las fronteras entre las familias y otros miembros de los grupos son poco claras, y en general no se conocen bandas organizadas Respecto al tejido comunitario, en los artículos se señala que las dos poblaciones estudiadas presentan bajos niveles de asociatividad y de participación en redes, entendida ésta como la asociación e involucramiento de los pobladores entorno a diversos objetivos comunes. Esto puede ser visto como causa o como efecto de la presencia de redes de tráfico de drogas: el temor al delito que manifiestan los vecinos ha generado una atomización social, llevando a que éstos prefieran hacer sus actividades rutinarias fuera del barrio y a que se limiten (o anulen) las respuestas colectivas frente a los problemas que afectan a la mayoría. Como consecuencia de ello, los vecinos se sienten permanentemente amenazados e impedidos de ocupar los espacios vitales de su vida cotidiana, produciéndose una sensación de pérdida del entorno y desconfianza hacia los otros. Adicionalmente, entre los vecinos perciben que sus dirigentes sociales hoy en día tienden a velar más por sus intereses particulares que por los intereses del conjunto, lo que provoca el distanciamiento entre las organizaciones sociales y, por cierto, limita su impacto. En otras palabras, como las organizaciones no se coordinan entre sí, ni menos tienen llegada con las autoridades, no logran movilizar recursos ni extender las relaciones más allá de su sector. Dimensión físico-espacial: refiere a las características físico-urbanas de los espacios donde se manifiesta el delito y la violencia. Así por ejemplo, se analiza como las actividades ligadas al tráfico de drogas suele derivar en disputas territoriales entre bandas, lo cual va disminuyendo el uso de los espacios por parte de la población y lleva a que restrinjan las actividades hacia el ámbito privado. El temor al delito moldea los tiempos, ritmos de desplazamientos y, en general, la forma en que transcurre la vida social en el barrio. Por otra parte, el emplazamiento y el diseño de los espacios públicos del barrio inciden sobre la probabilidad de ocurrencia de delitos y violencia. En ambas poblaciones se presentan morfologías urbanas favorables para la ocurrencia de delitos, como la constitución laberíntica de calles y pasajes, con pasajes sin salida (callejones) o sectores con escasa visibilización o mala iluminación. Adicionalmente se afirma que no se trata de barrios degradados con el paso de los años, sino de barrios que fueron construidos para (o tomados) personas de bajos recursos y sin ofrecer condiciones mínimas de habitabilidad. Dimensión Cultural: refiere a los elementos del mapa normativo y valórico de la comunidad que pueden incidir en la presencia de delincuencia y violencia en este tipo de barrios. Aunque no se puede afirmar que existe una cultura de la droga y la violencia, es posible constatar que los modos de vivir y relacionarse en estos barrios han sido influidos o modificados producto de la fuerte presencia de la violencia en ellos. El estudio etnográfico muestra que los vecinos de ambas poblaciones tienen una actitud de indiferencia y de acostumbramiento frente a la magnitud y significado de la violencia y el delito. Lo

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que no significa que haya desaparecido la desaprobación o que la mayor parte de los vecinos participen de estos hechos, sino que se han asumido como fenómenos permanentes en sus barrios. Esta adaptación y habituación ha permitido que la violencia se transforme en un mecanismo válido para establecer relaciones con otros: entre padres e hijos, entre vecinos, entre grupos de jóvenes, y otros; y ha llevado a que las normas sociales tiendan a ser más permisivas frente al delito. Los altos niveles de violencia intrafamiliar, y de violencia psicológica y física en los establecimientos educacionales dan cuenta de ello. Por otro lado, la estigmatización de los territorios tiende a agudizar la condición de exclusión de sus habitantes, debido a que un barrio estigmatizado degrada simbólicamente a quienes los habitan redoblando la desposesión en materia de prácticas culturales. Reflexiones finales A modo de conclusión los artículos plantean que los principales problemas de delincuencia y violencia identificados se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado, aquellos que se refieren a los contextos: inseguridad generada por la presencia de grupos organizados de tráfico de droga, y por otro lado, aquellos vinculados a las capacidades de las comunidades: altos niveles de desconfianza, baja participación en redes y su consecuente desarticulación social. La reflexión sobre la exclusión social necesita insertarse en un contexto relativo, cultural e histórico y utilizar instrumentos que permitan dar cuenta de cada grupo social afectado. La concepción de exclusión social como proceso implica centrar las soluciones en revertir estos procesos para poder proyectar soluciones en el tiempo. Con todo no es la condición de pobreza en sí la que explica la delincuencia, sino más bien la desigualdad en el acceso a posibilidades. Esto implica desafíos para las políticas públicas ya que debe incorporar soluciones que manifiesten la diversidad de realidades sociales que se ven afectadas por la violencia ligada al tráfico de drogas y que pongan el acento en la generación de un piso de confianza entre los vecinos, que contribuya a reducir el temor en la población y a fortalecer el trabajo preventivo necesario para el desarme mental (violencia cultural) y material (físico) de las comunidades en el largo plazo. 3) El tercer artículo realizado por Alejandra Lunecke y Juan Carlos Ruiz (2007), “Capital social y violencia: Análisis para la intervención en barrios urbanos críticos”. En éste se utiliza la misma definición de barrio ya señalada. Respecto al capital social se señala que su definición ha oscilado entre dos niveles de análisis. En un nivel micro social el concepto refiere a los recursos sociales con que cuentan los individuos y pequeños grupos, con énfasis en la construcción de redes. En un nivel macro social, el concepto evalúa el tipo de relaciones que se establecen entre personas e instituciones, la existencia de valores cívicos y la orientación democrática de grupos, redes e instituciones presentes en un territorio. La capacidad explicativa del concepto de capital social está dada por dos elementos: porque enfatiza en los aspectos positivos de la sociabilidad que posibilitan la cohesión de grupos excluidos; y porque refiere a fuentes no monetarias de poder e influencia. Sin embargo, algunos autores advierten de la existencia de un “lado oscuro del capital social” o de las consecuencias negativas que puede generar éste: exclusión de los externos a un grupo o comunidad, restricciones a las libertades individuales, imposición de normas restrictivas, etc. Específicamente en lo que se refiere al capital social comunitario, éste ha sido definido en torno a las redes que conforman las instituciones de cooperación local, las que se organizan en torno a objetivos comunes de los habitantes de un barrio; y a la capacidad de gestión de estas redes para lograr sus

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objetivos. En las metrópolis latinoamericanas se constata una disminución de este tipo de capital y de un uso perverso de éste por bandas delictuales. El diagnóstico realizado en Santa Adriana y José María Caro revela una disminución del capital social comunitario. La participación de sus residentes en organizaciones es baja y estas organizaciones se caracterizan por responder a intereses específicos sin vinculación entre sí. De este modo, se produce una parcelación de las organizaciones y disminuye la capacidad de acción coordinada, en parte debido a la presencia de bandas de narcotráfico. Por el contrario, las bandas de narcotráfico han sabido aprovechar las redes existentes para desarrollar sus actividades: estableciendo sistemas de normas y conductas, lazos de cooperación y confianza entre sus miembros. Finalmente el artículo revisa el tema de la confianza en las policías. Destacan la importancia de evitar la corrupción y los abusos de las policías en sectores excluidos debido a que ello genera desconfianza en las instituciones y desincentiva la denuncia. En un estudio realizado por Claudio Fuentes se detectó que las denuncias por abusos policiales en Chile han aumentado, aún en los gobiernos democráticos. Situación que fue comprobada en las opiniones de los vecinos de los barrios estudiados, éstos manifiestan una sensación de discriminación, maltrato verbal y a veces físico por parte de las policías, y que se suma a la sensación de re-victimización que perciben al referirse al sistema judicial.

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V. Camilo Arriagada Luco y Nelson Morales Lazo (2005) “Política Urbana e inseguridad en Chile: una mirada desde la segregación residencial y los programas de vivienda social”6.

Ficha metodológica del estudio

Nombre de la investigación “Política Urbana e inseguridad en Chile: una mirada desde la segregación residencial y los programas de vivienda social”

Período de ejecución 2005

Objetivo general Conocer el nivel de segregación residencial y su asociación con la distribución territorial de las denuncias de “delitos de mayor connotación social” (DMCS), en las principales ciudades chilenas.

Territorio/ grupo estudio Principales ciudades chilenas

Metodología Elaboración de micro bases de datos con información de fuentes secundarias: Denuncias de Carabineros y Policía de Investigaciones; Informe de DMCS del Ministerio del Interior (2004); Censo 2002, utilizando Distrito Censal por ser la escala más cercana al barrio; y Segunda Encuesta Nacional del Sistema de Medición de Satisfacción de Beneficiarios de Vivienda Básica SERVIU, aplicada en 81 conjuntos habitacionales del programa de vivienda básica SERVIU (del periodo 1999-2000).

Antecedentes La relación entre ciudad y temor no ha sido debidamente atendida por los estudios en materia delictual, que se han centrado en aspectos normativos y policiales. El estudio plantea la relevancia de las pautas de localización del crecimiento demográfico y las desigualdades territoriales -que incluyen la segregación socio-espacial y la falta de espacios públicos- como soportes al desarrollo de una cultura ciudadana integrada. La percepción de inseguridad y la exposición al delito en ciudades puede vincularse a tres características de la estructura urbana y social: i) la concentración en grandes ciudades, que favorece la exposición al delito y complejiza las intervenciones; ii) segregación residencial y socioeconómica, que erosiona la cohesión social, favorece la inseguridad y el cierre del espacio público; y iii) la concentración e inequidad del ingreso urbano y los bienes públicos. La urbanización de nuestro país ha mostrado un importante sesgo por la concentración de poblaciones en áreas metropolitanas y ciudades medianas cabeceras regionales. Además, en el contexto internacional Chile, al igual que Brasil y Argentina, es un país de pobreza moderada, pero elevada desigualdad. Si bien existe una opinión extendida que la segregación entraña consecuencias sociales adversas, la falta de estudios empíricos reduce el consenso respecto del impacto de ésta. Al respecto, estudios de Katzman muestran relaciones entre la segregación, el abandono del sistema educativo en niños (8 a 15 años) y la presencia de jóvenes que no estudian ni buscan trabajo. Operacionalmente la segregación residencial es definida como la aglomeración geográfica de familias de una misma condición social, expresando la tendencia de grupos a concentrarse en ciertas zonas de la ciudad.

6 Camilo Arriagada y Nelson Morales (2005). “Política urbana e inseguridad en Chile: una mirada desde la

segregación residencial y los programas de vivienda social”. Segundo simposio nacional de investigación sobre violencia y delincuencia, pp. 305-324. Fundación Paz Ciudadana/ Instituto de Sociología PUC.

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Principales Hallazgos El trabajo realizó una medición de la segregación en las ciudades mayores de Chile, utilizando el indicador de similitud de Duncan. Indicador que oscila entre 0 y 100, donde 0 es el de segregación nula donde todas las unidades tienen igual incidencia, y 100 es el polo de segregación máxima donde todas las unidades están polarizadas. Según lo analizado, el índice más alto de segregación residencial socioeconómica en Chile corresponde al área metropolitana del Gran Santiago, y la segunda es el área metropolitana de Concepción. Luego se cruzó el grado de segregación con las tasas de delitos de MCS (general y hurto). A partir de este cruce se visualiza que no existen ciudades con altos niveles de delitos en contextos urbanos integrados o de baja segregación. Además, se detecta que en la mayoría de las ciudades se mezclan situaciones que combinan niveles altos y regulares de delito con altos niveles de segregación residencial, como es el caso de Santiago. Si bien los programas de vivienda social han permitido reducir significativamente el déficit habitacional de los sectores pobres en la década de los noventa, hoy aparecen nuevos desafíos como son la conformación de barrios integrados, especialmente en las grandes ciudades. Al respecto, señalan que los aspectos comunitarios y de confianza social son centrales en la construcción que hacen los ciudadanos de su percepción de inseguridad, y en los factores de riesgo vinculados al espacio público. Asimismo, se consultó sobre los riesgos que enfrentan los vecinos en el transporte público y en las calles de su población, la presencia de patrullaje policial en el barrio y la necesidad de seguridad del mismo. En las comunas de menos población se evidenció una menor preocupación por la seguridad en el transporte, lo mismo se observó respecto a la seguridad en las calles: en comunas pequeñas 78% se siente seguro permanentemente, en cambio en las comunas con mayor población sólo 27% se siente seguro. Los autores interpretan la alta percepción de inseguridad en los espacios públicos como una negación de la esencia de lo público frente a la potenciación de lo privado, lo que tiene consecuencias más adversas en el caso de la población de menores recursos que no tiene como costear la seguridad de los espacios o de su hogar en forma privada. Finalmente, con respecto a la presencia de patrullaje policial, el 68% de los consultados consideran que es suficiente mientras que 32% manifiesta su insatisfacción respecto a la frecuencia del patrullaje. En efecto, 93% de los consultados declararon que aumentarían las medidas de seguridad de su barrio. Cabe señalar que la sensación de inseguridad es menor que la búsqueda de mayor seguridad.

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VI. Cristián Fernández (2005) “Una estrategia para incentivar la vida de barrio en nuevas poblaciones residenciales: construyendo una hipótesis”7 Dos elementos orientan el análisis del diseño urbano de barrios, expuesto en este artículo, por una parte, aspectos propios de la idiosincrasia chilena y, por otra parte, un enfoque sistémico “la inclusividad sistémica de la lógica de lo viviente”. A partir de esta reflexión se proponen estrategias de desarrollo urbano que favorezca la cooperación entre vecinos sin amenazar su privacidad y que consideren su idiosincrasia. Para ello utilizan información recopilada en dos estudios empíricos anteriores: Sepúlveda; De la Puente; Torres y Tapia (1999), “Seguridad residencial y comunidad” (revisado anteriormente); y Valenzuela y Cousiño (2000), “Sociabilidad y Asociatividad. Un ensayo de sociología comparada”. Siguiendo a Eduardo Valenzuela y Carlos Cousiño (2000) es posible distinguir entre dos clases de interacción social: la asociatividad y la sociabilidad. La primera, se define como la habilidad de hacer cosas con extraños en base a objetivos y tareas comunes, relación donde es fundamental la disposición a confiar. Este modo de relacionarse tiene un fundamento liberal donde se resta importancia a los vínculos naturales que caracterizan la sociabilidad doméstica. Por el contrario, en el caso de Chile existe una proclividad hacia la sociabilidad, lo que queda ilustrado con la intensidad de los vínculos familiares y la predisposición concomitante a permanecer entre conocidos, donde no media la confianza. Además, en nuestra sociedad predomina la dimensión de filiación (relación padre/hijo) por sobre la dimensión de la alianza (relación entre cónyuges) como definitorio de la estructura de la familia. Es decir, la filiación define el modelo de la mayor parte de relaciones sociales significativas, en las cuales siempre se busca cercanía, proximidad o familiaridad. En las relaciones entre desconocidos la confianza es el elemento que permite disolver la extrañeza y poner cosas en común, en cambio en las relaciones basadas en la sociabilidad la extrañeza solo se resuelve con el recurso de la familiaridad, procesos más lento y menos funcional. Las juntas de vecinos se conciben como organizaciones basadas en relaciones funcionales, sin embargo, su evolución histórica ha sido discontinua con período de alta participación y convocatoria, y otros de muy baja adhesión como en la actualidad. Reflexiones y recomendaciones para políticas habitacionales En el estudio de Rubén Sepúlveda y compañía (1999) se propuso una tipología de tres niveles de sistema-lugar (SL): Nivel 1: SL Vivienda, se constituye a partir de los límites de la casa que configuran un espacio propio de la familia, éste cerrado ya que posee fronteras claras, pero es también abierto dado que su interior se comunica al exterior mediante una entrada-salida definida. Nivel 2: SL Vecindario, obedece a un proceso estructurando espontáneamente donde se dan nuevos límites de comunicación con un sentido diferente al familiar. En el vecindario se producen formas de comunicación como los saludos, los intercambios de favores y otros. En este sistema predominan las interacciones sociales derivadas de la sociabilidad, donde se intenta disolver la extrañeza mediante la familiaridad.

7 Cristián Fernández (2005), “Una estrategia para incentivar la vida de barrio en nuevas poblaciones

residenciales: construyendo una hipótesis”. Segundo simposio nacional de investigación sobre violencia y delincuencia, pp. 325-340. Fundación Paz Ciudadana/ Instituto de Sociología PUC.

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Nivel 3: SL Asociación o Micro-barrio: En este nivel comienza a operar la asociatividad, ya que las relaciones familiares no son suficientes para responder a todas las necesidades colectivas, las asociaciones entre vecinos tenderían a generar barrios o comunidades. Para mejorar el encuentro urbano se pueden utilizar dos tipos de estrategias: la sociológica y la arquitectónica. La estrategia sociológica contempla dos fases: en la primera se aprovechan las potencialidades de la sociabilidad, y en la segunda se espera que una vez disuelta la extrañeza se vaya generando capacidad de asociación entre conocidos y/o desconocidos. Estrategia arquitectónica, complementaria de la anterior, busca diseñar poblaciones en base a una célula básica, lo suficientemente pequeña e identificable con el fin de que esta permita fomentar la sociabilidad. Tras haber alcanzado la sociabilidad se posibilita la promoción de la asociatividad tanto a nivel de vecindario como de micro-barrios. En esta estrategia se cuestiona el modelo de construcción tradicional de “manzanas” ya que este responde a características de movilidad urbana antiguas: baja circulación de personas y vehículos que permitía que los niños jugaran en las calzadas, que las compras se hicieran a pie y que se diera un encuentro espontáneo entre los vecinos más cercanos. Sin embargo, como la movilidad moderna es más intensa, la calle ha perdido su familiaridad y se ha convertido en un lugar impersonal e inseguro. La reacción natural a este fenómeno es el surgimiento de fracciones de la ciudad que se amurallan y enrejan. Como alternativa a la “manzana” se presenta un nuevo modelo de configuración espacial, los “vecindarios”, este consiste en el diseño de recintos que conservan un interior propio fácilmente identificable, con límites definidos y una entrada y salida determinada, pero abierta, este diseño facilita el encuentro entre los vecinos próximos. Es un modelo urbano fácil de generar identificación con el espacio (lugarización), que no permite la circulación intensa de vehículos o la circulación de personas de paso, convirtiéndose en un sitio que propicia el encuentro natural, sociabilidad sin compromiso. Estos vecindarios pueden dar lugar a la formación de “micro-barrios”, ya que todos los vecindarios se conectan o desembocan a una avenida central, es decir todos se contactan en una misma entrada y salida que da a una plaza y equipamiento común, reproduciendo los mismos criterios antes señalados para el vecindario pero en una escala mayor: son socio-espacialmente cerrados pero abiertos y por tanto susceptibles de realizar la analogía de recursividad sistémica. Como ejemplo del diseño de micro-barrio el artículo cita el sector de “Maestranza de San Bernardo”, el cual cuenta con una avenida central que atraviesa de norte a sur y donde los vecindarios cuentan con las cualidades de recursividad y lugarización. Este diseño fue pensado para la generación de una ciudad abierta, superando al condominio, sin embargo, con el paso del tiempo algunos de los vecindarios internos han sido cerrados (con rejas) por sus propios residentes, lo que limita la sostenibilidad de la hipótesis del artículo.

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VII. Ana María Munizaga (2007). “Paz activa en Recoleta. Una experiencia innovadora en prevención social del delito”8

Ficha metodológica del estudio

Nombre de la investigación Paz activa en Recoleta. Una experiencia innovadora en prevención social del delito.

Período de ejecución 2006

Objetivo general Identificar factores de riesgo y factores protectores de un sector determinado, con el fin de disminuir la probabilidad de que emerjan conductas problemáticas.

Territorio/ grupo estudio Barrio vulnerable al norte de la comuna de Recoleta que concentra condiciones de exclusión y cuenta con gran cantidad de población menor de 18 años con antecedentes delictuales.

Metodología Producción de información cualitativa y cuantitativa para generación de un diagnóstico participativo. Entre los métodos cuantitativos se aplicó encuesta a escolares pero no se presentan más detalle sobre la muestra utilizada. Implementación de banco de proyectos de prevención social a partir del diagnóstico.

Antecedentes y conceptos claves La Municipalidad de Recoleta y la Fundación Paz Ciudadana están implementando un programa piloto en prevención social del delito llamado “Paz Activa”. Este programa se basa en una metodología americana de intervención social “Communities That Care”, que propone un sistema de gestión en prevención del delito focalizado en la comunidad.

La intervención contempla la participación de la comunidad tanto en la planificación como en la ejecución de las acciones. Se trabajó con un concepto ampliado de comunidad que contempla la participación de los dirigentes sociales, sus organizaciones respectivas y los líderes no formales del barrio e instituciones que trabajan en él sector. La estrategia de intervención contempla en su primera fase la elaboración de un diagnóstico sobre las condiciones de vulnerabilidad que experimentan los vecinos del barrio y cómo estas condiciones facilitan la aparición del delito, considerando la trasmisión generacional de la exclusión y el desarrollo de una cultura de la violencia. Así, la diferencia de Paz Activa con otras intervenciones radica en la focalización de la oferta, su permanencia en el tiempo y la orientación de las acciones hacia demandas y necesidades reales de la comunidad. La evidencia empírica demuestra que los barrios conformados a través de las políticas de viviendas sociales, de las últimas décadas, tienen una alta densidad poblacional, pero carecen de servicios y tienen entornos urbanos precarios. Asimismo, desde la perspectiva de los servicios públicos, son sectores alejados de las oficinas municipales, con servicios educacionales y de salud insuficientes. Todo esto conforma una situación de segregación social y urbana que le impone importantes barreras a la integración de sus residentes, que se suele perpetuar en el tiempo, y que propician el aumento de la delincuencia juvenil. Se plantea la delincuencia juvenil como un fenómeno dinámico, complejo y multicausal, es decir, influenciado por diversos factores de riesgo. Se afirma que a mayor acumulación de factores de riesgo en el tiempo es mayor la probabilidad de que el individuo experimente conductas

8 Ana María Munizaga (2007). Paz Activa en Recoleta, una experiencia innovadora en prevención social del

delito. Conceptos, Número 3. Fundación Paz Ciudadana.

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problemáticas, violentas o delictivas. Por ello, a partir del diagnóstico e intervención en los factores de riesgo se espera disminuir la probabilidad de que éstos impacten negativamente en el desarrollo de niños/as y jóvenes. Según diversos estudios, los niños/as y jóvenes infractores reincidentes presentan las siguientes características: la mayoría de las detenciones se producen por infracción a la ley y un alto porcentaje corresponde a hombres; ha bajado el promedio de edad tanto de los infractores de ley (entre los 11 y 12 años), como de los que sufren vulneración de sus derechos; y los tipos de delitos más frecuentes son robos con violencia o intimidación, hurtos, daños a la propiedad privada y desórdenes en la vía pública. En relación con las drogas, la falta más común es el consumo de pasta base en la vía pública. Tanto los estudios internacionales como los nacionales convergen en una identificación de factores según niveles o ámbitos de relaciones sociales: individual, familiar, grupo de pares, escuela y barrio o comunidad. Los que se caracterizan del siguiente modo:

- Nivel individual: en éste las características psicológicas más citadas son impulsividad, hiperactividad, débil control personal, nivel de inteligencia bajo y falta de concentración.

- Nivel familiar: vínculos familiares dañados, violencia intrafamiliar, bajo apego, problemas de comunicación, ausencia de normas y límites, problemas de gestión de reglas, ausencia de adulto responsable, entre otros.

- Nivel grupos de pares: vinculación a pares que realizan actividades antisociales, porte de armas, consumo de drogas, ruptura de lazos familiares, ausentismo escolar, entre otros.

- Nivel escuela: escapar de clases, problemas de conducta en clases, problemas de aprendizaje, deserción, fracaso escolar, bajo apoyo familiar, entre otros.

- Nivel barrio o comunidad: Disponibilidad de drogas, disponibilidad de armas, carencia de lazos sociales, desorganización, entre otros.

La literatura indica que una de las principales condiciones de éxito en las buenas prácticas de prevención delictual a nivel comunitario es la asociación entre las diversas organizaciones locales, instituciones e individuos. Esta forma de trabajo convierte a los sujetos en agentes activos de su propia seguridad incrementando, a su vez, los niveles de impacto de las acciones de prevención. Además, la asociación permite la recuperación de la identidad de los grupos, una mayor participación y, por ende, la consolidación de un mayor capital social. Esto conlleva a lo que se ha denominado “comunidades saludables”. Principales Hallazgos De acuerdo al diagnóstico realizado se detectó que el origen del barrio estuvo caracterizado por la violencia y la pobreza extrema, destacándose entre otros aspectos: el 67% de las familias se encuentran bajo la línea de pobreza y el 33,2% está en estado de indigencia; el 55% de los jefes de hogar no ha completado la ecuación básica; en un tercio de las familias una mujer ejerce como jefa del hogar; un cuarto de las viviendas presenta condiciones de habitabilidad precarias; y el 32,8% de los hogares presenta hacinamiento. Los factores de riesgo presentes entre los niños/as y jóvenes del sector son: el 48,4% reporta conductas problemáticas; el 57% tiene vínculos familiares dañados; el 47,2% presenta antecedentes delictivos al interior de las familias; el 33,6% señala que en su hogar se consumen drogas; el 24,4% ha trabajado; el 65,4% admite bajo apego a los estudios; el 36% tiene grupos de amigos vinculados a las drogas; el 32,8% señala que en su grupo de amigos hay alguno(s) vinculado(s) a delitos; el 63,6% indica que es fácil acceder a alcohol y drogas en el barrio; el 67,2% señala que también es fácil acceder a armas; y el 59,4% dice que no cuenta en el barrio con un adulto como figura de protección.

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Además de permitir conocer los factores de riesgo para focalizar las intervenciones, el diagnóstico permitió construir confianzas con los agentes locales claves, las que confluyeron en la creación de un directorio comunitario en el que actualmente participan los principales representantes de la comunidad (bajo el concepto ampliado). La primera labor que desarrolló el directorio fue priorizar los problemas detectados y considerar el diagnóstico como una herramienta de gestión básica para atraer la oferta social de programas y proyectos que aborden los factores de riesgo y que potencien los factores protectores. De este modo, el directorio priorizó los problemas detectados en relación a la oferta de proyectos existentes (banco de proyectos), y luego de ello se inició la implementación de los proyectos. Actualmente Paz Activa se encuentra postulando a fondos para ejecutar proyectos para los cuales no existen fondos disponibles o cupos en Recoleta. Reflexiones finales Los niños, niñas y jóvenes que se vinculan en actos delictivos y/o de violencia a lo largo de sus trayectorias de vida, manifiestan una acumulación persistente de múltiples factores de riesgo – de índole psicosocial, familiar, escolar, ambiental –. Este complejo escenario evoluciona hacia otras situaciones de riesgo que pueden profundizar y perpetuar las conductas delictivas, transformándolas en válidos repertorios conductuales de vida. De este modo, la delincuencia infanto juvenil tiende a concentrarse en espacios urbanos que acumulan factores de riesgos determinados fundamentalmente por la exclusión social, factor que se suma a otros presentes en las trayectorias de vida de niños/as y jóvenes. Como la estrategia “Paz Activa” está aún en fase de implementación no puede ser evaluada como exitosa, sin embargo, pueden citarse algunos logros obtenidos hasta ahora: definición de un perfil de factores de riesgo y protección que inciden en el espacio local; participación de la comunidad en el proceso diagnóstico; conformación de un directorio quien define la gestión de la prevención desde un concepto ampliado de comunidad; y la gestión local de proyectos en función de factores de riesgo predictores de violencia y/o delincuencia. Estos últimos deben considerar la eficacia en cuanto a prevenir la reincidencia e interrumpir trayectorias delictuales y la generación de indicadores para la cuantificación del impacto.