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"Sistematización de Evaluaciones con perspectiva de género y Derechos Humanos" (Abarca y Faúndez, 2010)
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Principales hallazgos de la sistematización de evaluaciones con enfoque de igualdad de
género y derechos humanos en América Latina Alejandra Faúndez y Humberto Abarca
Consultora Inclusión y Equidad
RESUMEN
En esta presentación a dos voces, se señalan los principales elementos
que aparecieron en la revisión y análisis de un conjunto de
evaluaciones realizadas entre los años 2005 y 2010 por diversos
organismos del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de ODM, y
algunos gobiernos de la región, así como de Manuales y Guías más
específicas sobre estas materias de evaluación con enfoque de género y
derechos humanos.
Se comparten los hallazgos en cuanto a caracterización del momento
actual en torno a las evaluaciones con este nuevo enfoque, a las
limitaciones encontradas y a los desafíos y oportunidades que se abren
en el futuro.
Se señala un conjunto de reflexiones que interpelan a continuar con el
debate y el aprendizaje de cara a contribuir al mejoramiento de la
práctica evaluativa y a dimensionar y potenciar sus alcances para el
fortalecimiento de la actoría social y el empoderamiento.
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1. Presentación
El origen de esta presentación se remonta a inicios del año 2010, en Ciudad de México, en que un
conjunto de profesionales de ONG, de la sociedad civil, de los gobiernos de la región y personal
de Naciones Unidas, estábamos realizando un curso sobre Evaluación con enfoque de género y
derechos humanos. En esa reunión comenzamos a preguntarnos qué estaba pasando en realidad
con los temas de evaluación con este nuevo enfoque y sobre todo interrogándonos acerca de la
especificidad latinoamericana y si la había. Este era el último curso que desarrollaba UNIFEM en
ese entonces en el marco de un programa de formación a nivel mundial y, por lo tanto, era
importante mirar lo que se había hecho en la perspectiva de aportar a esta región un nuevo
proceso de formación específico e intensivo que rescatara sus particularidades.
En este contexto surge la iniciativa de sistematizar algunas evaluaciones realizadas por Naciones
Unidas en temas de género y derechos humanos y que por su foco temático o metodológico
tuvieran relevancia para el análisis. Nos planteamos para este estudio básicamente tres objetivos:
el primero de ellos era revisar y analizar cuáles eran los enfoques innovadores y pertinentes de
evaluación con perspectiva de género y de derechos humanos que se estuvieran desarrollando
actualmente en la región, y particularmente en los últimos 5 años. En segundo lugar, recopilar -a
partir de esa revisión- buenas prácticas de evaluación con este enfoque de género y de derechos
humanos; y finalmente, revisar documentación, como guías y manuales que se estaban
desarrollando muy profusamente en la región en esta última década sobre transversalización de la
perspectiva de género y su vinculación con la evaluación. Con todo, queríamos analizar y comparar
cuáles eran los enfoques, los énfasis, las metodologías y los aprendizajes en este período.
Para el estudio analizamos trabajos de evaluación llevados a cabo en América Latina: trabajos que
había efectuado UNIFEM, la ventana de género del Fondo de Objetivos de Desarrollo del Milenio,
el PNUD y evaluaciones externas realizadas a Programas de transferencias condicionadas muy
emblemáticos en la región: Bolsa Familia de Brasil, Oportunidades de México y Chile Solidario.
Junto con ello también revisamos y analizamos guías y manuales de apoyo a la transversalización
del enfoque de género que tuvieran alusiones específicas a los temas de seguimiento, monitoreo y
evaluación y que han producido distintas ONG, instituciones académicas y organismos públicos de
la región que trabajaban, ya sea en el campo de género, en el campo de desarrollo o
específicamente en el campo de la evaluación.
Con estos antecedentes nos interesa compartir -en este espacio privilegiado de reflexión- cuáles
son algunos de los principales elementos que descubrimos, que revisamos y que hurgamos en este
trabajo. Nos concentraremos en 3 preguntas: ¿Cuáles son las características y los principales
elementos que encontramos?, ¿cuáles son las perspectivas conceptuales y metodológicas sobre las
cuales pensamos que se ha avanzado más o menos en las evaluaciones de la región? y ¿cuáles son
aquellos desafíos pendientes que aparecen a la luz de estos resultados?
2. Las principales características
Desde una perspectiva temporal podemos señalar que estos procesos se sitúan principalmente en
la última década. La mayoría de la producción que se ha hecho en este campo, ya sea de las
evaluaciones como de las guías y manuales, ha estado concentrada incluso en los últimos años de
la década. Entonces la primera señal es que estamos en un proceso en construcción muy reciente.
Seguramente estamos siendo protagonistas al mismo tiempo de una reflexión y de un proceso de
implementación muy contemporáneo.
Al analizar la documentación se puede observar que hay, a lo menos, cinco elementos de contexto
que funcionan como telón de fondo frente a este conjunto de iniciativas. Por una parte -estaba
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presente en las propias evaluaciones pero también en la documentación más normativa- las
implicaciones del paso del enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED) al enfoque de Género en el
Desarrollo (GED). Esto es muy evidente, en el sentido del tránsito del lenguaje hacia los temas de
la transversalización. Esta progresiva incorporación del género en las políticas públicas está
presente en una gran cantidad de documentos en estos últimos 10 años, aunque ya desde los 90
contábamos con algunos ejemplos. Desde el 95 con la IV Conferencia Mundial de la Mujer de
Beijing hasta la fecha, ese tema se ha expandido ampliamente en la región.
Un segundo elemento tiene que ver con una re-posición o re-emergencia de los temas de
participación ciudadana en América Latina. Se aprecia un proceso de mayor institucionalización en
los temas de participación ciudadana, en donde se pueden visibilizar mayores capacidades de los
propios movimientos sociales para incidir en temas de evaluación y de control ciudadano de la
política pública. Hay muchas experiencias desde el movimiento de mujeres (el Índice de
Compromiso Cumplido, el ISOQuito recientemente) como también de otros movimientos
sociales: ecologistas, indígenas, niñez, entre otros, que han estado impulsando e instalando el tema
de la rendición de cuentas y el control ciudadano en los temas de las políticas públicas que les
atañen.
Un tercer elemento tiene relación con el advenimiento del enfoque de derechos humanos. Tanto
para los Programas de cooperación y del Sistema de Naciones Unidas, la recuperación de la
noción de derechos en un sentido amplio que en el año 2003 dio origen al “Entendimiento común
de Naciones Unidas en Derechos Humanos”, la Declaración de Pueblos Indígenas en el año 2007,
el nuevo impulso al enfoque de derechos humanos a raíz de la Cumbre del Milenio, la discusión
sobre su dimensión de integralidad y por supuesto los temas de género en el desarrollo, o sea hay
un contexto en donde el tema de los DDHH vuelve a posicionarse en la región desde otra mirada.
Un cuarto elemento está vinculado a una mayor disponibilidad, en la actualidad, de un acervo
conceptual y metodológico sobre los temas de evaluación propiamente tal. Tanto las Conferencias
internacionales, la conformación de la IOCE a nivel internacional, de la propia ReLAC, la
REDLACME y otros fenómenos organizativos de este tipo ocurren desde el 2000 a la fecha.
Entonces todas estas cosas están ocurriendo prácticamente en la última década, y en este marco,
poder contar con mayores elementos y consensos conceptuales y metodológicos sobre temas de
evaluación ha sido un aporte. La propia institucionalidad de Naciones Unidas genera un conjunto
de documentación y marcos normativos gracias al trabajo de la UNEG en relación a las “Normas y
estándares de la evaluación”, también sus directrices y normas éticas, entre otras. Por lo anterior,
podemos contar con un instrumental accesible para efectivamente ir configurando un panorama
muy propio de los temas de evaluación con enfoque de género y DDHH en el mundo y
particularmente en esta región.
Y eso además se acompaña con un quinto elemento que tiene que ver con un proceso creciente
de institucionalización en este campo. Por una parte, tenemos la creación de la propia UNEG, el
grupo de Naciones Unidas en el tema de evaluación; la Unidad de evaluación en la propia UNIFEM
formada en el año 2008, la Oficina de Evaluación fundada al amparo de ONU Mujeres
recientemente y, por otra parte, la nueva institucionalidad en el mundo público. En el sector
público, en varios países, se crean agencias específicas en los temas de evaluación.
En esta línea, analizamos en primer lugar cómo estos 5 elementos de alguna manera se iban
articulando con distintos matices y énfasis para configurar un proceso -aunque incipiente-
progresivo y constructivo en los temas de evaluación con enfoque de igualdad de género y DDHH.
Es importante mencionar dos cuestiones adicionales: la trayectoria de estos procesos evaluativos
en la región no han sido lineales y además representan la articulación y confluencia de muchas
perspectivas diferentes.
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Estamos en un momento donde la complejidad parece estar sobre la mesa respecto del tipo de
evaluación, el énfasis, los enfoques, las miradas, las particularidades regionales, subregionales, etc.
Hay una concurrencia de distintas miradas que tienen que ver también con la posición que ocupan
tanto las instituciones, como los propios equipos de evaluación respecto de su rol (más de
activista, más técnico, más político, etc.). Estamos en presencia de un escenario que habla de
mucha complejidad pero, al mismo tiempo, de mayores espacios de diálogo entre estas diferentes
miradas, saberes y perspectivas.
Por otra parte también identificamos que, tal como ocurrió con la noción de desarrollo hace
muchos años, y con la propia perspectiva de igualdad de género, este enfoque va instalando una
cierta racionalidad diferente a lo que estábamos acostumbrados a oír en los temas de evaluación.
Es curioso como parece que estuviésemos hablando de temas muy antiguos de varias décadas
(participación, sensibilidad, pertinencia, etc.) y que, sin embargo, se han ido reposicionando e
institucionalizando en el sistema hegemónico y dominante por el lado de la eficiencia de las
políticas públicas, más que por el lado de la ética o desde las rebeldías, como se decía ayer en esta
sala. Es decir, los temas han sido señalados, no tienen mucho de nuevo, pero recién hoy día
empiezan a instalarse, a ser visibles y legítimos en las lógicas del poder, por ejemplo. Este proceso
de institucionalización básicamente sostenido sobre la base del discurso eficientista implica que
puede producir ciertas transformaciones igualmente profundas en los sistemas tradicionales y
hegemónicos de planeación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, que las
que se sostienen en imperativos éticos, al menos a eso se aspira.
Respecto de lo que persiguen los programas y las evaluaciones revisadas, era evidente y deseable
que muchos de los programas tuvieran que ver con la incorporación del enfoque de igualdad de
género y derechos humanos, por lo tanto, los objetivos de los programas -no de la evaluación-,
están centrados principalmente en los temas de empoderamiento de las mujeres, en la
sensibilización y la incorporación del enfoque de género en las políticas y en la legislación, en el
apoyo al desarrollo institucional de organizaciones socias -cuando se trataba de redes o
asociaciones-, en promover y elaborar políticas de igualdad de oportunidades, en fortalecer la
gobernabilidad democrática con inclusión de derechos de las mujeres, en generar conocimientos
en este campo, en promover el empoderamiento económico de las mujeres, en fortalecer
capacidades institucionales -que es uno de los objetivos que aparecen muy fuertemente- y
contribuir a la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres y niñas. Y respecto de
los objetivos de las propias evaluaciones podemos señalar básicamente: valorar los avances del
programa, generar información para el aprendizaje institucional, ajustar y mejorar los programas,
discernir entre estrategias de trabajo regionales, nacionales o locales, evaluar pertinencia, eficacia,
eficiencia y sostenibilidad, criterios que aparecen sistemáticamente referidos en las evaluaciones.
Algo que nos llamó la atención -respecto de los objetivos- es que los temas más vinculados a la
gobernabilidad democrática, la toma de decisiones y el liderazgo de las mujeres, es decir el ámbito
de la participación y el poder, fueron materias menos tratadas por las evaluaciones. No obstante,
no podemos señalar que esta situación es extensiva a la fase de programación de iniciativas de
desarrollo, pero es notorio que ese ámbito está más restringido, más debilitado o menos intenso
en términos de lo que se encontró en las evaluaciones.
Algunos de los elementos que encontramos y que nos parecen relevantes de compartir tienen que
ver con lo siguiente:
a) Primero, desde una perspectiva más conceptual, en algunos casos los informes de
evaluación contenían elementos vinculados a la teoría de cambio, pero en general se
observa mucha debilidad al incluir los marcos conceptuales y de referencia de los
programas a evaluar. Hay un vacío respecto de cómo vamos entendiendo este proceso de
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cambio y de transformación que queremos promover o producir, porque no hay
referencia y los objetivos tanto del programa como de la evaluación por sí mismos no
entregan suficiente información sobre ese ámbito, por lo tanto, pensamos que es
importante revisar este asunto.
b) Lo segundo, es que en general se aprecia una tendencia en la gran mayoría de las
evaluaciones revisadas, para explicitar cuáles son los resultados esperados de la evaluación,
más que cuáles eran los indicadores de la evaluación. Entonces casi siempre que se
menciona el tema de los indicadores, está asociado a los indicadores del programa que se
está evaluando, o sea la referencia a su marco lógico, pero no a los resultados esperados
específicos de la evaluación y menos asociados a indicadores de la misma. Esto también es
interesante de mirar, ya que es muy difícil saber -a la hora de valorar si es que en realidad
estamos en una buena dirección- puesto que carecemos de referentes sobre los cuales
apoyarnos para poder medir y porque los indicadores aparecen como una especie de pie
forzado en la mayoría de las evaluaciones en la lógica programática más que en la lógica
evaluativa.
c) Por otra parte, el tema de los presupuestos. Esta es una cuestión que también nos
interesaba mirar, sin embargo, no fue posible relacionar prácticamente ninguna de las
evaluaciones con los presupuestos programáticos. Tampoco fue sencillo encontrar
explícitamente el presupuesto destinado al componente de evaluación, cuya relación,
según las consultorías, responde al 10% del programa, información que -en realidad- no
aparece en los informes de evaluación.
d) Un cuarto elemento tiene relación con los ciclos de ejecución de los programas que se
evalúan. En general nos dimos cuenta que las evaluaciones descentralizadas de UNIFEM, o
sea las que se hacen en los países, son de programas con un ciclo de duración entre 2 y 3
años. En las evaluaciones corporativas centralizadas, los programas tienen una duración
entre 3 y 4 años. Y las evaluaciones asociadas a esos ciclos programáticos tienen una
duración de aproximadamente 2 meses en las descentralizadas y hasta 10 meses en las
centralizadas. En el caso de las primeras con 1 mes de trabajo de campo y en las segundas,
con 2 meses de trabajo de campo.
e) Otro elemento tiene que ver con el tema de los actores. Aquí resultó llamativo que pese a
que el enfoque de igualdad de género y DDHH tiene una fuerte connotación e impulso a
la incorporación de actores -de involucrarlos y hacer evaluaciones más implicadas-, de
alguna manera los actores presentes en las evaluaciones son aquellos vinculados a la esfera
institucional gubernamental. Por lo tanto, era fácil distinguir que en aquellos programas
que tenían relación con los aspectos económicos, las contrapartes y los actores
consultados eran los Ministerios de Hacienda, de Finanzas, Secretarías de Presupuesto,
entre otras, y lo mismo pudimos apreciar respecto de otros sectores O sea más bien
prima una lógica sectorial de selección de actores asociados a los objetivos del programa y
con muy poco énfasis respecto de, por ejemplo, el actor sociedad civil y, prácticamente
nulo el actor beneficiario/a o usuario/a. Pocas veces aparecen actores vinculados de
manera sistemática a los mecanismos de equidad de género de los países en los procesos
de evaluación, se sigue más bien una dinámica sectorial.
Un segundo elemento respecto de los actores es que la situación anterior también se
repite en el caso de las organizaciones. Cuando aparecen visibilizadas generalmente se
presentan en un rol de actores entrevistados/as, actores consultados/as Por lo tanto, es
otro tema que es necesario revisar, pues surge naturalmente la pregunta de qué tanto
estamos entonces involucrando, implicando en los procesos.
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También se aprecian relaciones muy débiles por ejemplo con la academia. Habrá que
preguntarse, entonces, dónde está la presencia de los teóricos latinoamericanos -aparte de
Paulo Freire, Ezequiel Ander-Egg, Marcela Lagarde y otros/as-, cuyo aporte está bastante
minimizado, puesto que solo aparecen vinculados a las referencias bibliográficas, aunque
hay también un gran número de referencias bibliográficas anglosajonas.
f) Los temas de las evaluaciones parecen encapsulados conceptualmente. Las referencias, por
ejemplo, si se trataba del presupuesto sensible al género, estaban muy asociadas a esa
materia en particular o en el mejor de los casos a la temática del desarrollo económico y
el género, es decir, prácticamente no se aprecia una articulación, desde un punto de vista
conceptual, de miradas más sinérgicas con problemas de similar naturaleza. Esas
confluencias y diálogos posibles aparecen debilitados y ausentes en los procesos
evaluativos revisados.
g) Las evaluaciones corporativas centralizadas presentan equipos de más de 10 personas en
promedio -entre 7 a 14 personas- y las evaluaciones descentralizadas (de responsabilidad
de los países) tienen equipos más pequeños -desde una persona hasta 3 como máximo-.
Prácticamente en ninguno de los informes se hace referencia a si estos equipos cuentan
con experticia respecto de lo local o no. Tampoco sabemos si se rescata el tema de los
esfuerzos que se han estado haciendo en fortalecimiento en capacidades locales para
evaluación.
h) En cuanto al tema de las fases y de la metodología, se repite el mismo proceso: siempre se
señala una misión de inicio, una revisión de gabinete, un trabajo en terreno, análisis,
redacción de informes, discusión y difusión de la evaluación. No son muy explícitos acerca
de lo que se hace dentro de esta caja negra llamada proceso que tiene cada uno de estos
titulares. Cuando se planteaba, el día de ayer, el tema de la difusión de informes, nos
parece que habría que explorar más y dar seguimiento a qué significa eso en la práctica, ya
que no es evidente cómo se difunden los resultados de evaluación, y esto se puede
transformar en una retórica en donde todos estamos de acuerdo en realizar esfuerzos
para utilizar y difundir los resultados de las evaluaciones, pero todavía estamos a medio
camino de conocer y compartir las implicaciones de ese proceso en sí mismo.
Por otra parte, respecto de lo metodológico en general se recurre con frecuencia a los
estudios de casos, a la combinación y triangulación de metodologías cualitativas y
cuantitativas. En el uso de técnicas cualitativas se concentran en las entrevistas individuales,
grupales, grupos focales, talleres y observación directa, y en las cuantitativas básicamente
encuestas presenciales y, en los últimos años, surgen las encuestas on line.
i) En lo referente a las conclusiones y lecciones que aparecen en los informes, lo primero
que debemos señalar es que no siempre se hace una distinción entre una conclusión y una
lección aprendida. En algunos casos, se pone el énfasis en las primeras y en la mayoría de
los casos incluso el titular del apartado es “Conclusiones y lecciones aprendidas”, por lo
tanto, es difícil distinguir qué se entiende por una cosa u otra.
En síntesis, podríamos enfatizar en la necesidad de encadenar acciones puntuales con procesos
más generales. Al parecer, todavía estamos actuando frente a realidades muy fragmentadas y, por
lo tanto, es necesario articularlas en lógicas estratégicas de desarrollo o en dinámicas mucho
mayores a las que se están trabajando en los programas propiamente tales.
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3. Algunas reflexiones a partir del análisis de la información
3.1. Los problemas y dilemas
En un orden conceptual encontramos limitaciones en términos del abordaje de género en los
programas. Existe un desfase entre la perspectiva conceptual de Género en el Desarrollo y su
aplicación en la práctica. Esta lógica de incorporar la dimensión relacional de mujeres y hombres
queda restringida al trabajo de ONU Mujeres. En general, solo las mujeres son las agentes
principales y beneficiarias en la mayoría de las evaluaciones revisadas. Aunque reiteradamente
plantean la inclusión de los varones, especialmente las que trabajan ámbitos como la violencia de
género o la salud sexual y reproductiva, tanto en lo que refiere a la propia experiencia de los
varones como a la dimensión relacional.
En términos del enfoque de evaluación con igualdad de género y DDHH, plantea una articulación
entre esta mirada inclusiva y sensible, tanto respecto de la intervención como respecto de la
evaluación. Frente a esta demanda de integralidad, los ejercicios evaluativos apuntan más a valorar
los resultados de las intervenciones que a una reflexión sobre la evaluación en sí misma y si la
evaluación aporta o no un ejercicio inclusivo, de construcción de derechos. Hay una mayor
invisibilización del aporte que la evaluación por sí misma puede jugar en materia de rendición de
cuentas y de validación y empoderamiento de actores, manteniéndose una lógica, como decíamos,
de consultoría externa.
Otro de los elementos relacionados con el enfoque, podríamos decir que se refiere a su
racionalidad. En el campo de la evaluación opera una racionalidad científica que se rige como un fin
en sí misma y como medio de prueba de la validez de los postulados de los programas que se
evalúan. Es una mirada evaluocéntrica, donde el protagonista es el evaluador y su saber y
descentrada de la comunidad. En contra partida, el enfoque sensible al género y a los DDHH
plantea que participar es decidir, va en otra dirección claramente, en el sentido de apropiación de
los resultados de las evaluaciones, planteando un cambio de eje desde las agencias y evaluadores
hasta las personas, las contrapartes nacionales y sus intereses, las comunidades. Este paradigma
puede y debe dialogar críticamente con la aproximación del Grupo de Evaluación de Naciones
Unidas en términos que pone el acento en una dimensión más consultiva de la participación en el
contexto evaluativo.
Aquí observábamos también y usamos la figura de una lógica de aproximación que denominamos
modelo etnográfico, pero no en el sentido del enfoque antropológico, sino del modo en que se
construye la relación con lo otro, con lo diferente, donde el otro es un informante clave y no un
socio en la construcción del aprendizaje. Este modelo funciona en la lógica de consultoría externa
-un equipo y/o un investigador externo deben sumergirse en una realidad extraña- a través de una
visita de campo, para lo cual consigue informantes clave que le van transmitiendo las características
del “color” local, el otro es un informante clave y no un socio en la construcción del conocimiento
ni en la construcción de aprendizaje. Desde nuestro punto de vista, el tema estratégico es ¿quién
es el sujeto en la cuestión del aprendizaje en la evaluación?, ¿los interesados, los afectados o el
evaluador y más atrás la agencia financiadora? Visto así ¿el grupo de actores del programa trabaja
para sí mismo o para el evaluador?, ¿cuál es el interés de ONU Mujeres al respecto? Es una
pregunta que queda planteada también en perspectiva.
Otra cuestión metodológica, desde la limitación, tiene relación con un predominio de la
racionalidad cuantitativa positivista. Cuando en un informe que estuvo basado fundamentalmente
en entrevistas se dice al principio: se hicieron 154 entrevistas o se hicieron 300 entrevistas, ¿qué
significado tiene eso si no es dar una señal de validez que raya lo cuantitativo? Pero todos sabemos
que en el fondo lo que opera es la lógica del diseño de muestras cuantitativas, cuando deberíamos
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justificar que la muestra cualitativa está dada por el número de categorías que deberían ser
abarcadas en el estudio. Esto nos habla de un tema que también ha ido emergiendo a lo largo de la
discusión de estos días: la necesidad de avanzar en términos de legitimación de la racionalidad
evaluativa enfocada en una lógica cualitativa. Aquí hay camino que avanzar también.
En lo que refiere al empoderamiento de los actores, existe una tensión respecto del lugar que la
evaluación -y diríamos también la participación- ocupa en la programación tanto de las
intervenciones como de la evaluación. Tenemos procesos evaluativos de 1 mes o de 2-3 meses y
lógicamente desde ese marco temporal es válido preguntarse ¿qué evaluación sensible y
participativa podemos esperar? Si ese es el rayado de cancha, efectivamente hay que problematizar
estas restricciones en materias de tiempo y recursos, tanto en el plano de la intervención como en
el plano de la evaluación. Incorporar elementos participativos y reflexivos implica proveer el
tiempo necesario. Hay idas, vueltas, hay negociación, legitimación, en fin. Esa dimensión, por tanto,
requiere ser más trabajada en términos de la programación y de la integración de la evaluación
participativa dentro de la programación más general de un proyecto o programa.
También encontramos mayor información respecto del rol que han jugado los grupos de
referencia de algunas evaluaciones. Algunas señalan: formamos un grupo consultivo donde
participaron algunos expertos, representantes de sociedad civil. Pero el informe de evaluación no
contiene mayor referencia sobre el aporte de una instancia de esa naturaleza, con lo sugerente
que ella puede ser en términos del proceso evaluativo como tal. Hay escasa referencia al respecto.
Sí hay una señal, y es que la mayoría de los informes señalan presentan las limitaciones de tiempo
como principal obstáculo a incorporar componentes participativos.
Si tuviéramos que ir a las preguntas del cómo, para qué y el para quién de la evaluación,
observamos una serie de dilemas. En el plano del cómo, se transita entre el evaluocentrismo a la
reflexividad y la apropiación social comunitaria de los procesos evaluativos, también nos movemos
desde la lógica de consultoría a la construcción de aportes para la autonomía; desde la
participación consultiva a la participación deliberante.
En el plano del para qué, desde esta lógica de la evaluación como ritualismo, con predominio de
los procesos y de los métodos a la evaluación como aprendizaje; del gatopardismo, que significa
evaluar para que no cambie nada a la evaluación como precursora de cambios y desde la
dependencia al empoderamiento.
En el plano del para quién, vamos en un tránsito de los intereses de los donantes hacia las
comunidades y sujetos. Estas tensiones, y toda la gama de fórmulas y combinaciones posibles entre
ellas, se manifiestan hoy en América Latina en aquellos ámbitos donde reside la mayor
productividad que podríamos darle a los procesos de evaluación para mejorar la democracia y la
calidad de vida en la región.
Por otra parte, la necesidad de reconocer la complejidad y el carácter progresivo de los cambios.
Reforzar esta idea de una cadena de relaciones, efectos y resultados en varios sistemas y
problemas entrelazados, y que esta situación impone grandes desafíos a las evaluaciones,
precisamente por la dificultad de valorar o mesurar una respuesta o solución a un problema en un
momento particular -casi al estilo de una fotografía-, mientras existe una lógica progresiva de
cambios complejos, tanto a nivel de las personas, de los usuarios/as, como de colectivos más
amplios e instituciones. La duplicidad de acciones en ámbitos similares es un tema que habrá que
abordar en esta nueva perspectiva.
Aparece también la problemática de incorporar el enfoque de derechos en la fase de
programación, una cuestión que fue conversada fuertemente en este Seminario el día de ayer. En
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varias de las evaluaciones se muestra una cierta desarticulación de los procesos de programación y
evaluación, por lo tanto, es necesario atender esa demanda. Después aparece también el tema de
la demanda por incrementar capacidades para el análisis de contexto de los propios equipos
operadores de los programas, y del proceso evaluativo, la necesidad de incorporar el seguimiento
en la evaluación entre las tareas de programación y en ocasiones las lecciones están a medio
camino entre la identificación de buenas prácticas y de cómo dar el salto para mirar desde una
perspectiva más amplia y global aquellos resultados más específicos.
Otro tema es la planificación de la evaluación considerando el tiempo que requieren los procesos
y consultas. Este es un tema que se reconoce como crítico por la comunidad de evaluadores,
especialmente cuando se trata de programas que trabajan con población en situación de mayor
distancia geográfica o de mayor exclusión. Aparece el proceso de construcción de confianzas, de
generación de diálogo en contextos de rapidez (si se cuenta solo con un mes para el trabajo de
campo, por ejemplo). Del mismo modo, aparecen las organizaciones que muchas veces están
sobreexpuestas a evaluaciones y allí hay que revisar y reparar considerando el respeto a las
dinámicas locales y a las organizaciones en contextos particulares.
Una limitación respecto de los tiempos es el desfase en la programación de los calendarios de las
evaluaciones, en el sentido de planificaciones con tiempos determinados que en ninguno de los
casos se cumplía, todo se atrasaba siempre (la entrega de informes, el trabajo de campo, etc.), lo
que está señalando un problema con la programación temporal de las evaluaciones. No podemos,
a raíz de este estudio, determinar si eso es por exceso de burocracia, porque los tiempos políticos
y programáticos no van acompasados, en fin, pero se plantea a nivel de pregunta.
Las evaluaciones señalan, también como limitación, la carencia de datos y de información suficiente
y oportuna para respaldar los juicios. El tema de las líneas de base aparece como un tema crítico.
No necesariamente líneas bases en una dimensión cuantitativa sino también generar espacios para
la innovación metodológica en este campo, que nos permitan mirar otros procesos más
normativos, los cambios socio-culturales, etc. Hace algunos años, cuando desde el movimiento de
mujeres hicimos el esfuerzo de medición del Índice de Compromiso Cumplido (ICC) y otros
esfuerzos latinoamericanos de seguimiento de cumbres o de convenciones acostumbramos a
señalar la voluntad política a través de la firma o ratificación de los instrumentos internacionales.
Esa era la manera en que podíamos visibilizar la respuesta de los países respecto de estos nuevos
marcos normativos, pero hoy día, hay que plantearse un salto cualitativo en ese campo, cómo
construir instrumentos mucho más sensibles a otros fenómenos que están ocurriendo en nuestra
sociedad a distintos niveles.
4. Algunos desafíos y oportunidades
En la dimensión conceptual, la asociación entre los temas de género, derechos humanos y
participación resulta estratégica. Hay un conjunto de afluentes conceptuales y políticos que están
implicados allí, al estilo de una nube conceptual en que surgen elementos que tienen que ver con la
ciudadanía, la democracia participativa, el control democrático, la protección social, la cohesión
social, las políticas públicas deliberativas e inclusivas, la reflexividad social, la complejidad, la
intervención social orientada a la autonomía, el desarrollo centrado en las personas, entre otros.
Todos ámbitos que un enfoque de esta naturaleza podría abordar, en términos de discutir sus
límites, sus aportes, también lo que refiere a teorías de cambio, modelos lógicos o la gestión
basada en resultados, en fin. Esa asociación resulta estratégica porque es muy productiva y
prometedora.
Consideramos que hay que profundizar más la dimensión del poder. En la mayoría de las
estructuras de intervención observadas, las cosas fluyen entre sociedad civil y Estado. Hay gente
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que media las demandas, pero es como si la dimensión del poder no existiera, como si no existiera
clientelismo, como si del lado de sociedad civil fuera virtud y el lado del Estado fuera demonio.
Para ello es necesario sincerar las relaciones y reconocer que en la sociedad civil también existen
malas prácticas, nepotismo, corrupción. Una lógica ciega al poder y su mal ejercicio hace mucho
daño al trabajo de construcción de políticas participativas. Se requiere una reflexión sobre el tema
de poder en un sentido amplio y desde enfoques más allá de la dominación, rescatando, además,
las dimensiones creativas del poder.
Del mismo modo, el enfoque de igualdad de género y derechos humanos interroga todos los
componentes y procesos críticos de la intervención: la relevancia, la eficacia, la sostenibilidad,
entre otros, con preguntas acerca de si se están reconfigurando relaciones de poder en modelos
menos explícitos pero perpetuadores de la exclusión o si efectivamente estamos en presencia de
cambios sustantivos. Esta mirada, por ejemplo, sobre los programas de transferencias
condicionadas en América Latina es muy interesante, porque cuando se habla de enfoque
familístico de los programas, en realidad, se trata de un trabajo con las mujeres. Las mujeres están
siendo el embriague de las políticas sociales en América Latina, al amparo del refuerzo de
elementos del modelo tradicional que señala que es ella la que sabe usar mejor los recursos al
interior del hogar, que siempre velará por sus hijos, etc. Hay pocos elementos de cambio en este
sentido y cuando las evaluaciones están hechas desde una óptica diferente, estos elementos
deberían estar presentes en el análisis, por cuanto se están reconfigurando relaciones de poder
con punto de vista tradicional, por ejemplo.
En el plano de las propuestas, junto con los criterios de sostenibilidad, pertinencia, eficacia,
eficiencia, sería interesante incluir la participación como criterio y elemento nuevo a tomar en
cuenta en las evaluaciones por sí mismo y en dos dimensiones: uno, el aporte que hace la
participación al logro de los objetivos programáticos, que requiere una mirada particular; y por
otro, por la función que cumple la participación en términos de los procesos de evaluación, y ahí
por ejemplo, se puede incorporar en los términos de referencia, qué resultó productivo, aquello
que no funcionó, cómo responden los distintos actores a la convocatoria de participar en el
proceso, qué técnicas de trabajo son útiles a una dinámica de esta naturaleza, en qué medida el
componente de participación y sensibilidad de género interrogó al conjunto del proceso de
evaluación, qué rol jugó el evaluador en los diferentes contextos, fue un factor facilitador del
aprendizaje, fue un asesor, un consultor externo, en fin. Consideramos que si se trata de aprender
de esta práctica lo primero es dejar memoria de ella, hoy en día estas prácticas están
invisibilizadas.
Algunas recomendaciones más específicas que surgen en la lectura de los informes de evaluación
revisados se concentran básicamente en:
Definir claramente el rol y aporte de las agencias mandantes de la evaluación. Como
estamos en un proceso en construcción, muchas veces no queda claro todo lo que tiene
que ver con la constitución de los Comités de Referencia para las evaluaciones, cuál es su
rol, quiénes tienen que participar en su interior y bajo qué reglas, entre otras cosas.
Incrementar la inversión en el desarrollo de capacidades, que además es uno de los ejes
estratégicos de Naciones Unidas y de ONU Mujeres en particular.
Incrementar los espacios de intercambio y aprendizajes de la experiencia, cuestión que
aparece con fuerza, vinculada a la idea de que hay fragmentación en términos de los
procesos evaluativos, por lo tanto, aquellos que tienen articulación temática estratégica
podrían intencionar procesos de intercambio más intensivos.
Diversificar el abanico de actores para determinar las necesidades de género.
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Fortalecer la permanencia del personal y la memoria institucional. Hay muchas
recomendaciones vinculadas a ese tema, a la rotación del personal, en el fondo quién
registra finalmente los cambios, cómo se visibilizan esos cambios en periodos más largos
de tiempo.
Diseñar estrategias comunicativas para incrementar la incidencia. Esto tiene mucha
relación con el título de este Seminario, cómo finalmente las actividades evaluativas nos
pueden servir para generar procesos reflexivos que impacten al conjunto de la sociedad en
distintas dimensiones de cambio.
Precisar intereses de las organizaciones y de las alianzas, especialmente cuando son
programas o evaluaciones conjuntas o que están vinculados con alianzas y con redes.
Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los programas. Este es un aspecto que aparece
debilitado en general, ya que muchas veces no se cuenta con líneas de base, ni con
informes o reportes de monitoreo que pueden ser útiles al proceso evaluativo.
Mejorar los sistemas de información del programa en general, de cara a la rendición de
cuentas.
Otro desafío sugiere que, independiente de la necesidad fortalecer las capacidades evaluativas al
interior de Naciones Unidas, se requiere atender lo que está ocurriendo a nivel de los gobiernos
de la región. Hay allí todo un proceso de formación de agencias de evaluación -más intenso y
sistemático en algunos países que en otros- y que es necesario incorporar a estas lógicas porque
se comparten los mismos problemas y se requieren cambios más amplios y sinérgicos. El desafío,
entonces, de incorporar enfoque de igualdad de género y derechos humanos en la corriente
principal de los esfuerzos evaluativos es un desafío muy importante de las próximas décadas.
Indudablemente esto implicará fortalecer también la relación con la Academia y el impulso de
espacios de reflexión pública, “juntos nos equivocamos mejor” se decía ayer.
En el caso de aquellas evaluaciones que tienen por objetivo mejorar accesos a oportunidades
económicas o la transformación de prácticas como la violencia de género, se requiere una mayor
reflexión sobre las masculinidades. Se trata de salir del lugar común del varón perplejo y obstáculo
a los cambios y reflexionar qué implica en la cultura dominante trabajar por el empoderamiento.
Los programas fundamentalmente se dirigen a empoderar a las mujeres, pero para cuestionar el
modelo hegemónico el varón también tiene que empoderarse desde una lógica transformadora,
porque en última instancia, es una traición respecto de los mensajes que hemos recibido de los
padres, respecto de aquello que debe ser valorado sobre las masculinidades, ese es un proceso
que requiere más desarrollo y apoyo indudablemente, y desde la práctica evaluativa hay que
visibilizar y enriquecer la mirada.
Por otra parte, y al calor de este trabajo, hemos podido constatar cómo esta reflexión viene de
más antigua data. Esta discusión respecto de los nuevos enfoques de evaluación en Naciones
Unidas y de la incorporación del género y de la inclusión de los derechos nos remonta hace 25
años, cuando se escribe el libro “El Umbral de lo legítimo”, en que pese a que en Chile estábamos
en plena dictadura -con todo lo terrible que eso implicó- al mismo tiempo se daba todo un
proceso organizativo y de empoderamiento de actores y sujetos sociales. Se reflexionaba sobre las
limitaciones de las metodologías tradicionales para ir a los programas de acción cultural y
evaluarlos adecuadamente. Allí también estaban puestos los temas de las relaciones de poder con
las agencias, las limitaciones de los métodos cuantitativos, las cuestiones de gobernabilidad
democrática, o sea, esta discusión se inició hace 25 años y eso es importante en América Latina,
porque pareciera que siempre estamos empezando y es justo y necesario darle continuidad a esos
debates para aprender y generar saberes compartidos.
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Esto nos lleva también a hacer una invitación, en la lógica de una articulación y de compartir
saberes en una comunidad de práctica. Esto significa ponernos de acuerdo en algunas cuest iones
sustantivas para trabajarlas reflexiva y colectivamente. Hay todo un abanico de riqueza en América
Latina que podemos ir compartiendo a la luz de este nuevo enfoque evaluativo. Valoramos muy
especialmente la posibilidad de contar con un dispositivo reflexivo que nos puede acompañar a lo
largo de un año o mientras queramos que dure, sobre la base de un espacio virtual que opera al
estilo de una plaza pública de encuentro entre nosotros y de muchos más que tienen que
incorporarse, especialmente organizaciones de sociedad civil, ONG, hay que ampliar e ir más allá
en esto porque ahí está la riqueza que puede articular esta pluralidad del enfoque.
Estamos -en este encuentro- recuperando a la evaluación como una construcción social y lo que
nos roba la mirada más tradicional es naturalizarnos, esa es una mirada que naturaliza los métodos
y lo que estamos haciendo aquí desde esta pluralidad de metodólogos y de activistas, es recuperar
la evaluación como un proceso en el que podemos volcar nuestros compromisos de cambios,
nuestras pasiones y nuestra capacidad crítica y autocrítica. En el encuentro entre diversos hay una
promesa que hace fuerza en América Latina, ese es un sello nuestro, y podemos construirlo,
pulirlo y mejorarlo como un aporte a estas discusiones y para la calidad de la democracia en
definitiva.
Y volviendo a la pregunta que nos convocó a este Seminario: ¿medir o transformar en realidad? En
realidad era una pregunta capciosa y fue bastante productiva finalmente. Desde nuestra óptica
lógicamente no hay un más allá de la evaluación y desde la óptica de enfoque sensible a la igualdad
de género y los derechos humanos, conocer y transformar la realidad forman parte de un
principio, la praxis, la práctica de dotar de sentido a los proyectos que vamos construyendo.
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