COMITÉ DE INVESTIGACIONES UASB PROYECTO DE INVESTIGACION Resolución N.008-RA-UASB-03 Informe del Proyecto

Sistema de gobierno y consociativismo en la actual coyuntura política del Ecuador (2002-2003) Julio Echeverría Profesor contratado Quito, noviembre de 2003

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Índice 1. Introducción

2. Crisis de la política expansiva y fragmentación del sistema político

2.1. Las fases del ajuste estructural 2.2. Los efectos políticos del ajuste estructural 2.3. La postpolítica como fenómeno 2.4. La circularidad de la crisis: incoherencia del ajuste,

movimentismo y antipolítica 3. Elecciones del 2002: de la crisis de representación al experimento

consociativo

3.1. Antecedentes del sistema político ecuatoriano 3.2. La alianza electoral alrededor de la candidatura de Gutiérrez 3.3. Conformación y crisis del gobierno consociativo

4. Conclusiones 5. Bibliografía 6. Anexos

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1. Introducción La primera fase de la constitución del actual gobierno en el Ecuador, esto es, aquella que se corresponde con los primeros seis meses de gestión de la presidencia de Gutiérrez, mostró una composición del sistema de gobierno singular y novedosa en la tradición política ecuatoriana y latinoamericana. Por un lado, la presencia en la coalición gobernante de actores como Pachakútik (brazo político de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), organización que tradicionalmente se ubicaba al margen del sistema político tradicional, que se fortaleció sobre la base de posicionamientos antisistémicos; y por otro lado, la participación de una fracción de la banca local, interlocutores privilegiados del FMI y de la banca colateral, ponía sobre el tapete la existencia de una original estructura de gobierno de alianzas entre partes contrapuestas, pero representativas del espectro político nacional y global. Una alianza de gobierno que expresaba la articulación de dos fuentes de legitimación para el sistema de gobierno: una externa a través del papel activo en la estabilización económica lograda mediante el acuerdo con el FMI; y una interna, gracias al apoyo social al gobierno canalizado por Pachakútik brazo político del más importante movimiento social del Ecuador de estas últimas dos décadas. Esta investigación se planteó examinar las características de una estructura consociativa de gobierno que se ensayó en la primera fase del gobierno de Gutiérrez en Ecuador, y se interrogó sobre la viabilidad de esta modalidad como mecanismo de generación de legitimidad y salida a la crisis de representación que caracteriza al Ecuador y a algunos países latinoamericanos. A pesar del fracaso de la alianza de gobierno en el Ecuador, ¿se puede hablar de una modalidad consociativa para la articulación de un sistema de gobierno más representativo y legitimo, como una opción para sociedades altamente fragmentadas y conflictivas como la ecuatoriana y la latinoamericana? ¿Es viable la posibilidad de enfrentar la actual crisis de integración global, desde una composición consociativa del cuadro de gobierno, tal como lo presenta el caso ecuatoriano? Y ¿cómo se aprecia esta experiencia en atención a casos similares de debilitamiento del sentido de la política, que también aparecen en la región, jalonados por la crisis de integración global que la caracteriza actualmente? Para responder a estos interrogantes, la investigación ha utilizado distintas metodologías, apropiadas para el análisis político de coyuntura. En primer lugar, tratamos de responder a la pregunta de cuáles son los orígenes y las fuentes de la crisis actual del sistema político ecuatoriano. En esta sección se ensaya una interpretación de la crisis del sistema político como resultado de la transición entre un modelo expansivo de política estatal a uno restrictivo, marcado por la contracción de los recursos de inversión pública y las políticas de ajuste estructural pautadas por los organismos multilaterales de crédito y conectadas a las pulsaciones del sistema mundial. Estos eventos tienen efectos precisos sobre las relaciones Estado-sociedad, y por tanto sobre la dinámica del sistema de representaciones y el sistema político. Entre éstos, se aprecia el

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aparecimiento de fenómenos de revaloración de la política, pero también de descomposición o desgaste, como son aquellos que han generado el surgimiento de prácticas antipolíticas, que a su vez pueden llevar a la instauración de regímenes autoritarios. A continuación, la investigación se concentra con más énfasis en la coyuntura política actual. Por un lado, se analiza el evento electoral del 2002, que culminó en la elección del Presidente Lucio Gutiérrez. Es de especial interés el seguimiento de las alianzas políticas que configuraron el escenario electoral de ese año, la evolución de las distintas candidaturas y las percepciones que surgían mientras se tomaba forma la sorpresiva victoria de la alianza Sociedad Patriótica, Pachakútik y Movimiento Popular Democrático. Por otro, se examina la dinámica de la conformación de un gobierno con características que la investigación califica de “consociativas”. Se describe cómo cada facción de la alianza fue ubicándose en los distintos ámbitos gubernamentales, y cómo esta geografía del poder determinó el nivel y la profundidad de su influencia al interior del régimen. Se analiza el desgaste de la alianza y su desarticulación que desembocó en la retirada de dos de sus integrantes más radicales (Pachakútik y MPD). En la última sección de la investigación se aborda en forma crítica la posibilidad de que, a pesar del fracaso de la opción consociativa en la coyuntura del 2002-2003, la estrategia de confluencia de varios actores políticos en un mismo régimen sea aún una salida válida en un contexto marcado por la deslegitimación del sistema político y por la debilidad de sus actores (ya no solo de sus partidos tradicionales, sino de los “nuevos” movimientos sociales). 2. Crisis de la política expansiva y fragmentación del

sistema político La comprensión de la crisis de representación en Ecuador, así como en la mayoría de países de América Latina, puede ser vista como el enfrentamiento entre dos paradigmas o ‘formas’ de entender la política. Por un lado, una visión que podríamos caracterizar como ‘política expansiva’, es decir, como vigencia de un paradigma incremental, donde el Estado y la actividad en torno a él es la única o más importante función en la generación de bienestar colectivo. Por otro lado, la caracterización opuesta, como ‘política restrictiva’, en la cual la política aparece como activadora de su propia neutralización y despotenciación en función de visiones cortoplacistas y rigurosamente economicistas. La política expansiva supone una concepción activa de intervención de la política en el mercado, el cual es percibido como posible generador de inequidad y exclusión. En contraste, la política restrictiva se sustenta en la convicción de que los asuntos económicos son de naturaleza fundamentalmente privada, y de que la política debe regirse por la protección que pueda darse a éstas actividades; la intervención del Estado altera o perjudica la libre expansión de la

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iniciativa privada, de allí su necesaria reducción y la consecuente afirmación de una política restrictiva. Estos dos paradigmas pueden expresarse también como la oposición entre posiciones socialdemócratas y las neoliberales. Ecuador inicia el proceso de reconstitución de la democracia en un contexto profundamente adverso para la consolidación de políticas expansivas. Entre finales de los años 70 y durante toda la década de los 80 se generalizan en el continente fenómenos de crisis económica y de reestructuraciones del campo público a los que se conoce como procesos de ‘ajuste estructural de la economía’. A breves rasgos, podríamos decir que en estas décadas se produce una contradicción entre economía y política que se revela altamente definitoria para entender los distintos casos latinoamericanos; por un lado, economías con tendencias restrictivas y recesivas, y por otro, una demanda de políticas expansivas que se constituían al calor de los procesos de redemocratización. Esta contradicción desgastante entre la reivindicación de políticas expansivas como forma de expresar y satisfacer demandas crecientes que se habían represado durante los regímenes autoritarios, pero que afloraban con los procesos de redemocratización; y políticas restrictivas, a las que acudían sistemáticamente los gobiernos elegidos, presionados por los imperativos de la internacionalización y la globalización económica, caracteriza a lo que se denominó como la ‘década perdida para el desarrollo latinoamericano’; una década en la cual el enfrentamiento entre estas posturas devino en bloqueo institucional, en recesión y contracción del crecimiento económico y que, para los años 90, presenta sus efectos perversos en la desarticulación y crisis social, en la generalización del fenómeno de la pobreza, de la exclusión social y en algunos casos, en el aparecimiento de peligrosas polarizaciones conflictivas. 2.1. Las fases del ajuste estructural

Lo que se conoce como ajuste estructural aparece como elemento gravitante para la explicación de la crisis latinoamericana y funciona como un indicador claro, que ilustra la contradicción entre estas dos formas de la política moderna en América Latina: el paradigma expansivo y el restrictivo. También aquí nos encontramos con una doble definición. La primera, de corte inmediatista, entiende al ajuste estructural en función de la exclusiva estabilización de la economía mediante la reducción del déficit público; para esta aproximación, la crisis aparece como derivada de un excesivo gasto público debido a las políticas expansivas del Estado en su función de satisfacción de demandas, así como en el incremento de la burocracia pública, crecida al calor de la política expansiva. (Aquí la variable sobre la que se interviene es la del déficit público, y por tanto el instrumento utilizado es la restricción del gasto.) La orientación del ajuste en esta perspectiva activa un concepto de democracia restringida, ya que se atribuye a la democracia expansiva de los estados de Bienestar la responsabilidad del déficit público, de la crisis fiscal y, por lo tanto, de la necesidad del ajuste.

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La segunda versión del ajuste, menos difundida que la primera, podría ser vista como de corte más estructural: las políticas de ajuste hacen parte de un cambio de modelo económico; su incidencia no se reduce al ámbito de la circulación del capital, sino que interviene en la estructura de la producción; la estabilización de la economía es solamente una variable de una transformación más amplia, tendiente a volver más productivas y competitivas a economías que han ingresado en una nueva lógica de competencia a escala global. (Aquí la variable ya no es solamente la reducción del déficit público, sino el incremento de la productividad en función de mejoras competitivas en mercados ampliados a escala global). Esta segunda dimensión supondría un rol activo del Estado y por lo tanto una expresión renovada de la política expansiva, en cuanto generadora de una lógica de incentivos para los incrementos de productividad y competitividad; pero las urgencias y polarizaciones del enfrentamiento ideológico entre las dos posturas, ocultó esta necesaria proyección. La lógica del ajuste estructural recorrería entonces dos fases: una, de desmontaje del Estado benefactor o redistribuidor; y otra, de reconversión productiva en función de mejoras competitivas. La variable definitoria sería en un primer momento la estabilización, en un segundo momento el crecimiento y la inserción en una lógica de acumulación ya no reducida a las fronteras de los estados nacionales, sino a la de la economía globalizada. El modelo ideal supondría un encadenamiento entre ambas fases, en el horizonte de una transformación de la estructura productiva del capitalismo mundial. La crítica al ajuste estructural se ha presentado también en una doble dimensión. La primera pone en duda el encadenamiento entre ambas fases, donde no existiría una relación de continuidad; la estabilización no deriva automáticamente en un cambio en el modelo productivo. Es más, las experiencias estudiadas indicarían que, por lo general, las economías tienden a estacionarse en la primera fase del ajuste, los agentes que la promueven no necesariamente están interesados en el impulso de la segunda fase. El resultado es entonces el desmontaje del Estado benefactor, o de rasgos que lo acerquen a él, pero no su sustitución por otra propuesta de institucionalidad. La segunda, se interroga acerca del modelo de acumulación al cual se dirigiría la estrategia de ajuste, incluso en el caso de que existiera concatenación entre ambas fases. No está claro hacia donde se dirige el ajuste de las estructuras, qué garantiza que las condiciones de inequidad no deriven nuevamente en polarización social y exclusión. En síntesis, si el ajuste se reduce a la primera orientación, de lo que se trataría no es sino del reforzamiento de las mismas estructuras inequitativas propias del capitalismo; si no se produce el encadenamiento entre la primera y la segunda fase, ya no se contaría ni siquiera con las correcciones a ese modelo que podrían introducirse con la lógica de la segunda fase, esto es, con un rol más activo del Estado en la promoción de la competitividad y de la inserción global. Al no existir una orientación estratégica clara, y una gestión adecuada que controle tiempos en la articulación de estas dos fases del ajuste estructural, sus consecuencias bien podrían ser, como en efecto han sido para muchos países

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latinoamericanos, las del incremento de la polarización e inequidad en la distribución del ingreso, ya no solo a escala nacional, lo que se traduciría en exclusión, precariedad y desestabilización institucional, tanto en los ámbitos de los estados nacionales como en el contexto más amplio de la realidad internacional y global. 2.2. Los efectos políticos del ajuste estructural Interesa ahora indagar acerca de los efectos políticos que estas transformaciones han traído consigo en el estatuto de la política y en el modelo de democracia, para luego analizar la pertinencia de este enfoque para ilustrar las especificidades del caso ecuatoriano. Una primera constatación tiene que ver con el impacto a nivel mundial de las políticas de ajuste: éstas aparecen como piezas centrales de un proceso de reconversión de las economías nacionales a escala global.1 Una segunda evidencia, tiene que ver con el reconocimiento de los impactos y efectos que la aplicación de esta estrategia ha tenido en el ámbito estrictamente político: sus resultados se hicieron presentes afectando al modelo de la ‘política expansiva’, con serias consecuencias para el destino de la democracia como forma legítima de intermediación política.

Desde estas dos perspectivas, la crisis del Estado de Bienestar y de la política expansiva se expresa como “crisis de representación”, como incapacidad por parte de los actores políticos de canalizar demandas y ubicarlas en construcciones programáticas que absuelvan el imperativo de integración social, por tanto de equidad, y al mismo tiempo, de eficiencia en la gestión de economías ya globalizadas e internacionalizadas. No sólo que las políticas públicas pierden su dinamismo para resolver demandas sociales, sino que, por este efecto, se asiste a una desconexión de los actores sociales respecto del Estado, del sistema político y de la institucionalidad. Por un lado el Estado, ve reducirse su rol redistributivo, disminuye su capacidad de gasto para satisfacer demandas, y por tanto para entregar bienestar; debilita por esta vía a los partidos y fuerzas que ubicaban en la intervención estatal la posibilidad de distribuir rentas y beneficios. Por otro lado, las estructuras de representación aparecen poco permeables a recibir y expresar nuevas demandas que emergen de la misma crisis que envuelve al Estado y a la lógica de desarrollo centrada sobre la política expansiva. El

1 Los procesos de ajuste a los que nos hemos referido se consolidan a nivel global, a partir de las políticas neoconservadoras implementadas por gobiernos como los de M. Thatcher en Inglaterra, R. Reagan en los Estados Unidos y A. Pinochet en Chile. La consolidación de estas opciones por vía electoral y por vía autoritaria en el caso de Chile, aparecen como derivación de la crisis del Estado nacional y de su forma más desarrollada como Estado de Bienestar o Estado social; su afirmación no puede no estar en relación con la crisis de esta forma política. Los efectos de la aplicación del ajuste estructural luego de la década del 80, serán de enorme gravitación en el escenario político mundial. No solo que el recetario neoliberal se difundirá y expandirá como mancha de aceite a lo largo del planeta sino que sus efectos políticos pronto se harán presentes. Seguramente el más determinante será la caída del Muro de Berlín; la economía soviética no pudo seguir el paso de las innovaciones tecnológicas y de la fuerte expansión que caracterizó al capitalismo occidental en esta fase, y que en mucho se debió justamente a la aplicación de esas políticas.

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sistema de representaciones se ve envuelto en una lógica cerrada de carácter oligopólico, que no es permeable a representar nuevos actores y ‘nuevas lógicas’ que aparecen generados por la misma crisis del modelo de desarrollo.2

En los años 70 y 80 se produce un enfrentamiento entre aquellos actores afectados por la reestructuración política que se desprende de la globalización y las políticas de apertura e internacionalización económica: actores funcionales a las lógicas que caracterizaron al Welfare, sindicatos y organizaciones empresariales vinculados a las estructuras de las economías nacionales. Desalojados de los espacios decisionales en la administración pública, permanecen como actores gravitantes en áreas decisivas de la gestión burocrática o tienden a ocupar el espacio de la representación; mientras aquellos que se definen como impulsores de la estrategia de reducción y desmontaje del Estado, ocupan las estructuras de gobierno e impulsan el ajuste estructural como una forma ‘actualizada’ de enfrentar el reto que impone la economía y la sociedad globalizada.3 En su encuentro con estas nuevas condiciones institucionales, los movimientos sociales no atinan a identificar líneas de diferencia entre estos agentes, se distancian tanto de los ‘actores tradicionales’ anclados en la institucionalidad de la representación, como de los ‘nuevos actores de corte neoliberal’; en algunos casos, sin embargo, establecen alianzas o encuentros con estructuras burocráticas que resisten a las reformas, pero no logran definir nuevos marcos de intermediación, lo que los conduce a posiciones defensivas o de resistencia activa; cuando ingresan a la política de la representación, tienden a adoptar los mismos mecanismos que inicialmente quisieron abatir, con lo cual contribuyen a la deslegitimación de la representación en cuanto función central de la política moderna. El desgaste de la representación y de sus principales instancias, los partidos políticos y la actividad parlamentaria, abre espacios para que la sociedad descubra la autorreferencia; esto es, una capacidad propia de autoobservación que proyecta la posibilidad y la ilusión de su autonomía frente al ámbito de lo político, y en particular de las lógicas selectivas propias de la representación y de la delegación política. Es en concordancia con esta tendencia que se asiste a la emergencia de nuevos valores y actores; a una confluencia entre un proceso de desarreglo institucional

2 La crisis aparece como resultado del impulso de la misma política expansiva que caracterizó a la lógica del Estado benefactor, una lógica centrada sobre una peligrosa espiral en la cual las demandas se incrementan y su satisfacción se concentra de manera casi exclusiva en la capacidad omnímoda de respuesta del Estado. Mientras se multiplicaban las demandas sociales y aparecían nuevos valores y lógicas de acción política, los actores institucionales que promovían la ‘política expansiva’ se enrocaban en la resistencia a ultranzas de esa institucionalidad; por otro lado, las fuerzas neoconservadoras y las fuerzas populistas encontraban en esta contradicción el caldo de cultivo para impulsar su propia iniciativa política. 3Los actores centrales de la política expansiva del Estado de Bienestar tienden a ‘ocupar’ el espacio de la representación como ‘nicho de resistencia’ al embate de las fuerzas neoliberales; representación y resistencia corporativa tienden a identificarse promoviendo acciones de bloqueo a las ‘reformas estructurales’ que impulsa la lógica neoliberal, mientras su reclusión en las estructuras cada vez más cerradas del sistema de representación, amplía las distancias respecto de una sociedad en movimiento que percibe la política como una lógica instrumental y excluyente.

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generalizado y una alta movilidad social; un efectivo desencuentro entre estas dos dimensiones que es claramente aprovechado por la iniciativa y arremetida de las fuerzas neoconservadoras. 2.3. La postpolítica como fenómeno La emergencia de nuevos valores y referentes de acción colectiva se da en antagonismo y como respuesta al carácter cerrado y excluyente que caracteriza a las instituciones de la representación política. La postpolítica aparece como un fenómeno derivado de la crisis del modelo de la política expansiva. Con esta categoría, la politología de los años 90 apuntaba a interpretar las nuevas condiciones de los procesos políticos y fundamentalmente de los nuevos actores y de sus lógicas de acción. La crisis desata nuevas demandas e instaura lo que podríamos denominar, una ‘hipersensibilidad de lo social’, como en su momento lo interpretara adecuadamente el politólogo italiano Alberto Melucci.4 Los nuevos movimientos aparecen segmentados (ya no son reconocibles en función de su estructuración clasista), se encuentran en estado de latencia (no presentan por tanto una uniformidad ni regularidad desde el ámbito de la participación, pueden emerger disruptivamente, y luego regresar a estadios de latencia prolongados), sus demandas son puntuales (se unen en función de reivindicaciones específicas, no necesariamente generalizables).

Una ‘hipersensibilidad social’ que percibe las formas de la política tradicional como “un deja-vu- como algo ya experimentado, como algo ya consumado”5. Esta sensibilidad está en la base de los nuevos comportamientos políticos que se desprenden de la crisis de la política expansiva, a la cual se comienza a denominar más expeditamente como ‘política tradicional’. Lo relevante de estas transformaciones es que no se trata del aparecimiento de nuevas fuerzas, sino fundamentalmente de nuevas lógicas de acción; nuevas sensibilidades o inclinaciones que ya no se encuentran con las lógicas institucionales cerradas de la política representativa tradicional; no acaso el lugar de enfrentamiento o el blanco para estos movimientos es la institucionalidad del partido político. Su postura de crítica a la institucionalidad representativa pretende ocupar el espacio de algo que va ‘más allá de la política’; define de esta manera una orientación ideológica que se proyecta como posibilidad de realización colectiva, sin reconocer que la base social sobre la que actúa pasa por procesos complejos de diferenciación, cuyas síntesis o resoluciones sobrepasan los recortes de soberanía de tipo nacional a través de los cuales se concebía la política tradicional; una sensibilidad nueva proyectada hacia la maduración de una conciencia ciudadana más atenta a los cambios que produce la crisis de integración global, pero que diluye su capacidad de impacto político al no lograr definir una nueva lógica de institucionalización que regule y canalice justamente esas tendencias de cambio, hacia una superación de los efectos degenerativos de la crisis.

4 Melucci, A, Verso i movimenti postpolitici, Il Mulino, Bologna, 1982. 5 Marramao, G, Metapolítica, en “Laboratorio Político”, n. 1, Torino, 1983.

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Esta diversidad de corrientes se volvieron hegemónicas durante los años 80 y describieron lo que podríamos denominar como crisis de la política moderna y de su eje central, que es la lógica de la representación. Estas condiciones nos hablan de la dificultad de impulsar un modelo de política expansivo, al menos como éste había sido pensado por el paradigma del Estado de Bienestar. 2.4. La circularidad de la crisis: incoherencia del ajuste,

movimentismo y antipolítica Los años 80 y 90 significaron para América Latina y para el Ecuador, años de deterioro social y económico creciente; no sólo que los índices de pobreza e inequidad se proyectan negativamente hasta niveles nunca antes vistos, sino que sus efectos más graves se detectan en la extremada fragilidad institucional de sus sistemas políticos, y en el aparecimiento de actores políticos con escasa proyección estratégica; ambas condiciones tienen enorme incidencia en la debilidad de las políticas anti-crisis que puedan diseñarse e implementarse. La crisis de económica y social, pasa a definirse como crisis política; es la institucionalidad política la que se ve alterada, su caracterización más adecuada es por tanto la de ser una crisis de gobierno o de gobernabilidad. Los actores políticos no atinan a definir claras estrategias de reducción de complejidad, sus intervenciones, al contrario, son generadoras de mayor complejidad para el desarrollo político de la región. No solamente la función de la representación se demuestra incapaz de canalizar adhesiones y formular orientaciones de política, también las otras funciones del Estado evidencia serias falencias. La administración de justicia aparece extremadamente dependiente de poderes fácticos que no han pasado por lógicas de institucionalización; de igual forma, los sistemas de gobierno, demuestran una escasa capacidad para articular acuerdos en función de líneas estratégicas consistentes con la complejidad de la transición histórica por la que atraviesa la región. Una clara evidencia de esta problemática aparece en la incoherencia, el inmediatismo y el economicismo con el cual son afrontados los problemas de la gestión económica, en particular la conducción del proceso de ajuste estructural de las economías nacionales. Una evidente falta de continuidad y disciplina en la implementación del ajuste estructural, una comprensión limitada de que el horizonte estratégico del ajuste se reduce al logro de la estabilidad macroeconómica, y por tanto, una débil interiorización de la necesidad de reconversiones productivas que permitan a la región insertarse protagónicamente en el proceso de globalización; una limitadísima percepción acerca del papel de una política regional que dote de viabilidad y permita resolver problemas que las economías nacionales y los estados nacionales se ven estructuralmente imposibilitados de hacerlo; una política social que se subordina al imperativo de la estabilización económica y no al de la reconversión tecnológica y productiva; el resultado de ello no podía ser otro que el de la extremización de la inequidad y de la desigualdad social, del incremento de la pobreza y de la exclusión de cada vez más amplias masas de la población.

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La crisis política de gobernabilidad, entendida en estos términos, es la responsable del aparecimiento del fenómeno de la antipolítica. Por otro lado, el movimentismo social desgasta progresivamente su impulso inicial, al ‘girar en el vacío’ al momento de transitar desde la protesta y la resistencia a la definición de modalidades de gobierno de la complejidad; al no hacerlo, su acción se vuelve redundante y generadora de mayor incertidumbre frente a cualquier opción de gobierno que suponga la definición de estrategias selectivas de reducción de la complejidad. Para los años 90 la ‘lógica movimentista’ demuestra sus límites para pensar y definir la política, en particular el problema de la soberanía entendida como posibilidad y capacidad de articular decisiones colectivas de manera eficiente y legítima. El movimentismo y la participación que aparecían como alternativa a la formalidad de la política representativa, el valor de la innovación simbólica de la cual pueden ser portadores los nuevos movimientos sociales frente al inmovilismo de la formalidad procedimental, se encuentra con su otra cara, que es la de la antipolítica y la del neopopulismo. El fenómeno de la postpolítica que parecía ser portador de innovación frente a la política tradicional es suplantado por otro fenómeno mucho más incisivo: el de la antipolítica. La antipolítica podría definirse como el intento por constituir nuevos regímenes políticos a partir de una sensibilidad de corte postpolítico. La antipolítica trabaja sobre el piso de transformaciones culturales que se desprenden de la crisis de los estados nacionales y de su forma política representativa; asume por tanto la crisis institucional como su referente más importante y se sirve de la carga de impugnación ya desarrollada por el movimentismo social; sobre estas dimensiones emerge introduciendo significaciones que la conectan con una comprensión de la política en términos de una pragmática utilitaria, la concibe como ‘mercado de transacciones efectivas’, una suerte de realpolitik y ‘política espectáculo’. La antipolítica aparece como expresión de la descomposición de la lógica de la representación anclada al paradigma de la política expansiva e incremental, y quiere presentarse frente a estas formas como una alternativa real y efectiva. La antipolítica emerge como resistencia hacia la cultura política tradicional encarnada en los partidos políticos y se expresa de manera más pura en los procesos electorales; trabaja con un tipo de percepción que tiende a generalizarse entre los electores, por la cual la institucionalidad política aparece como responsable del deterioro económico que afecta a la mayor parte de la población. Esta percepción se generaliza y es reforzada en el discurso político; incluso los representantes de los partidos tradicionales quieren aparecer como “independientes” y “outsiders”, la antipolítica se refuerza y es impulsada por los mismos actores de la institucionalidad representativa, los cuales de manera desesperada tratan de evadir sus efectos. La antipolítica funciona también de manera afirmativa: frente a la devaluación de los actores tradicionales, aparece la sociedad y sus actores ‘no incluidos’ como contraparte limpia frente a la política ‘sucia’, que se enreda en la demagogia y la corrupción. El resultado es la emergencia de actores políticos ‘nuevos’, ubicados en los márgenes institucionales del sistema político, que ‘acceden’ al poder.

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3. Elecciones del 2002: de la crisis de representación

al experimento consociativo 3.1. Antecedentes del sistema político ecuatoriano Es evidente que, en el transcurso de estas últimas dos décadas, el Ecuador no ha logrado impulsar una política coherente de ajuste estructural que le permita proyectarse adecuadamente en el contexto complejo de la política global; al no hacerlo, los efectos destructivos en su sistema de representaciones y el bloqueo político decisional, han sido las características dominantes de su modelo político. Al igual que otros países del subcontinente, el Ecuador viene girando desde hace más de dos décadas en el torbellino de la crisis económica y el desgaste institucional. A partir del retorno a la democracia en 1979, los gobiernos sucesivos tuvieron que hacer frente a la restricción de los recursos públicos como producto de la vulnerabilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional y a la crisis de la deuda externa, que desbalanceó el presupuesto público. El tipo de ajuste implementado por los distintos regímenes que se sucedieron en el poder varió de acuerdo con la orientación ideológica de cada presidente y con las condiciones históricas que debieron enfrentar. El primero en tomar medidas de ajuste fue Osvaldo Hurtado (1980-1984), quien tuvo que hacer frente a las demandas sociales represadas durante el régimen militar, al frente de un Estado que se había expandido en forma extraordinaria durante la década del 70, gracias a las ingentes rentas petroleras. Si bien esta expansión había tenido como mayor logro la ampliación en la cobertura de servicios básicos como salud y educación, y el mejoramiento de la infraestructura vial y de generación de energía, también suponía un pesado aparataje burocrático y de subsidios universales con altos costos para el Estado y efectos regresivos sobre la reducción de la pobreza. Las expectativas generadas en la opinión pública por el boom petrolero (que tenía solo una década de vigencia) hacían difícil entender que, de un momento al otro, la marea de recursos se había convertido en un exiguo goteo, y que toda la población tendría que renunciar a ventajas (como los subsidios a los servicios públicos o los sistemas de fomento de la industrialización) que veían ya como derechos adquiridos. Las medidas tomadas por Hurtado se restringieron a esfuerzos de estabilización macroeconómica, que buscaban mantener a flote las principales cifras nacionales y evitar la quiebra del aparato productivo. Del siguiente evento electoral emerge como presidente León Febres Cordero (1984-1988), líder del Partido Social Cristiano. Fiel a su ideología neoliberal, Febres Cordero enfoca el problema sobre el tamaño del Estado y sus funciones. Sus esfuerzos rebasan el ámbito de la estabilización macroeconómica, y abordan además la reforma institucional. Empieza a

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recortar los subsidios universales, intenta reducir el número de burócratas y experimenta con mecanismos de gestión dependientes directamente de la presidencia, para evitar el peso institucional de ministerios sobredimensionados. Sin embargo, las prácticas autoritarias del régimen comienzan a minar su estabilidad a la mitad del periodo de gobierno. La crisis de legitimidad es enfrentada con prácticas clientelistas de gasto público, que mandan a pique los esfuerzos de control del gasto y de reducción del déficit público. A esta experiencia fallida de transición hacia una política restrictiva, le sucede un gobierno que vuelve a poner énfasis en la lógica expansiva de políticas públicas. Rodrigo Borja (1988-1992), del Partido Izquierda Democrática, intenta mantener bajo control las variables macroeconómicas, afectando lo menos posible las estructuras redistributivas del Estado. En lugar de retomar las reformas institucionales, resguardando las funciones sociales del Estado en una transición controlada hacia una nueva estructura institucional, el gobierno de Borja intenta resistirse a la lógica del ajuste, posponiendo modificaciones que ya eran urgentes. Tampoco durante este periodo se logra dar una salida al entrampamiento en el esquema expansivo de políticas públicas. Se repiten los resultados económicos deficitarios y se profundiza el endeudamiento público. El último presidente de este ciclo democrático que, a pesar de las crisis políticas, conservó la regularidad de los recambios institucionales, es Sixto Durán Ballén (1992-1996), del efímero Partido de Unidad Republicana.6 En la misma línea de Febres Cordero, Durán Ballén apostó por la reforma institucional del Estado, tratando de incidir sobre los subsidios universales y estableciendo mecanismos de focalización del gasto social. Eventos como el fenómeno de El Niño y la Guerra del Cenepa perjudicaron los intentos de estabilización y reforma del régimen y, a pesar de un inicial mejoramiento de los indicadores macroeconómicos del país, al final del periodo volvieron a aparecer rasgos de recesión, inflación y devaluación de la moneda. La crisis de representación derivada de esta incoherencia en la implementación de las políticas de ajuste afectaron gravemente el sistema político del país. A partir del gobierno de Durán Ballén, empieza un periodo de fuertes desarreglos institucionales, con la interrupción de los periodos presidenciales, pugnas por la sucesión presidencial y conflictos políticos que en más de una ocasión son dirimidos por las Fuerzas Armadas. La descomposición de la estructura de representaciones se evidenció también en el progresivo fortalecimiento de una opción política eminentemente antisistémica: el Partido Roldosista Ecuatoriano. Basado en prácticas populistas, y demagógicas, logra la adhesión de amplias masas populares, no solo en la costa ecuatoriana sino también en el resto de regiones del país. Su líder máximo, Abdalá Bucaram, triunfó en las elecciones de 1996, y estableció un régimen de corrupción, abusos de poder y actitudes incompatibles con la percepción común de lo que debe ser un 6 El Partido Unidad Republicana PUR fue creado para respaldar la candidatura de Durán Ballén a la Presidencia de la República. Se fusionó más tarde con el Partido Conservador. Ambos desaparecieron del espectro electoral por no reunir el monto mínimo de un 5% de la votación a nivel nacional.

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jefe de Estado. Con estas conductas, Bucaram generó una oposición que movilizó a una amplia proporción de la población. Los partidos políticos se apropiaron del movimiento de impugnación a Bucaram y, mediante oscuros procedimientos institucionales, cesaron al presidente argumentando su incapacidad mental para el ejercicio del cargo. En su lugar, colocaron al Presidente del Congreso, Fabián Alarcón, quien se constituyó en “presidente interino” del país, a pesar de representar a un partido político marginal. Durante su administración, que se extendió sin justificación por más de dos años, Alarcón repite el fenómeno de la incapacidad de adelantar en reformas institucionales, en parte por incapacidad de generar consensos políticos, en parte como efecto de fenómenos externos, como catástrofes naturales o variaciones en el mercado del petróleo. Jamil Mahuad, del Partido Democracia Popular, gana las elecciones presidenciales de 1999. La situación en que asume el poder es difícil: a los efectos de la crisis acumulada sobre la situación financiera del país, se une la coyuntura de bajos precios del petróleo y de la Crisis Asiática. Incapaz de actuar en forma eficiente sobre un contexto tan complejo, el país se hunde en una profunda crisis cuyas características más notorias fueron la devaluación del sucre, la inflación descontrolada y la quiebra de instituciones financieras. En una acción desesperada, Mahuad decreta la dolarización de la economía y el congelamiento de los depósitos en la banca. La oposición, encabezada por el movimiento indígena y apoyada por sectores específicos del ejército, monta un asedio al Palacio de Carondelet y presiona a la salida del presidente. El gobierno de Mahuad marca el momento más profundo de la crisis institucional y económica del país. La quiebra de las instituciones financieras, el congelamiento de los depósitos y las tasas de cambio a las que se fijó la dolarización (el tipo de cambio pasó de de 5000 sucres por dólar en agosto de 1999 a 25000 sucres por dólar en enero del 2000) evaporan los ahorros de la mayor parte de los ecuatorianos y generan un drama social que el país no había experimentado antes. Los niveles de pobreza crecen exponencialmente: “El número de personas de todas las edades que vivían en hogares cuyo consumo es insuficiente aumentó del 34% en 1995, a 46% en 1998 y, finalmente, a 56% en septiembre de 1999. Así mismo, en este periodo se evidenció una fuerte concentración de la riqueza.” (Vos et al., 2002). La caída de Mahuad a manos de un golpe apoyado por los militares provoca una situación de ambigüedad institucional que nuevamente es resuelta por los militares. El vicepresidente, Gustavo Noboa, jura el cargo de presidente frente al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. La sucesión constitucional se realiza por medios no constitucionales. El nuevo presidente ejerce el cargo desde enero del 2000 a diciembre del 2002, e intenta reconstruir la maltrecha institucionalidad y la crítica situación económica. Consolida la dolarización de la economía y crea mecanismos de devolución parcial de los depósitos a los acreedores de la banca. A pesar de los esfuerzos de estabilización política y económica, subsiste en la opinión pública la sensación de que los responsables de la profunda crisis que golpeó al país no han sido castigados, y de que el gobierno de Noboa fue responsable de

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conductas negligentes que permitieron la impunidad de los delitos en contra del interés público durante los gobiernos de Mahuad y Alarcón. 3.2. La alianza electoral alrededor de la candidatura de Gutiérrez El contexto que hemos descrito es el escenario en el que tienen lugar las elecciones del año 2002. Se trata de un momento de profunda crisis institucional, donde desde hacía 6 años ningún presidente había completado su periodo constitucional sin sobresaltos. La percepción general hablaba de la corrupción generalizada en la “clase política”, responsabilizando principalmente a los partidos políticos tradicionales. Si bien no se llegó a situaciones de desarticulación completa del sistema de partidos tradicional (como fue el caso de Perú y Venezuela), los partidos emblemáticos del retorno a la democracia se fueron debilitando sustancialmente, hasta el punto de no constituir opciones de poder en el corto plazo.7 En su lugar, fueron apareciendo nuevas agrupaciones políticas, algunas efímeras alrededor de líderes improvisados y ávidos de poder; otras, resultado de la necesidad de expresión política de sectores tradicionalmente excluidos, como los indígenas, que se fueron consolidando progresivamente después de su irrupción en la escena pública a partir de la conmemoración de los 500 años de llegada de los europeos a América en 1992. Este sector aportó con elementos valiosos de crítica a la política tradicional, principalmente al incorporar la diversidad étnica del país al escenario político, y reivindicar el derecho a la equidad y a la profundización de la democracia mediante mecanismos participativos y de revalorización de la sociedad civil. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakútik fue el protagonistas de los principales eventos políticos de la última mitad de la década de los 90. En su accionar no solo había movilizado a los pueblos indígenas, realizando marchas masivas que paralizaron al país y llegaron a la capital –provocando una auténtica revolución en el imaginario político que hasta entonces había girado en torno a la idea de una ciudadanización homogenizante de corte blanco mestizo–, sino que había generado la adhesión de los sectores ‘progresistas’ de las capas medias de la sociedad. El acelerado crecimiento de la influencia política de este sector y su papel crucial en la caída del gobierno de Bucaram y de Mahuad dejaron la frustrante sensación de que el movimiento era capaz de botar un gobierno pero no de constituir uno. Este es el escenario en el que surge la candidatura presidencial de Lucio Gutiérrez, un exmilitar cuya reputación provenía de su activa participación en la movilización popular que terminó en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, en enero del 2000. Intuyendo su potencialidad política, el exmilitar se dedicó de lleno a crear su propio partido (el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero) para terciar en las elecciones del 2002, candidatura a la que adhieren las fuerzas identificadas como “de izquierda”.

7 Un dato que muestra este rasgo es el hecho de que en las elecciones del 2002, los tres candidatos con mayor votación (Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa y León Roldós) fueron postulados por partidos o movimientos políticos creados para el efecto; mientras que los candidatos de partidos como el Social Cristiano, el Roldosista y la Izquierda Democrática ocuparon espacios secundarios en la elección.

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Pachakútik adhiere a esta candidatura como resultado de la identificación surgida con estos sectores durante el golpe de Estado contra el presidente Mahuad. En esa ocasión, los militares bajo el mando de Gutiérrez que custodiaban el Congreso Nacional, al cual asediaban las masas indígenas, se alinean sorpresivamente con los conspiradores y ocupan conjuntamente el edificio del Congreso, donde declaran la toma del poder a través de un triunvirato constituido por Antonio Vargas (presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE), el coronel Lucio Gutiérrez y el abogado guayaquileño Carlos Solórzano. El triunvirato y sus huestes militares, mestizas e indígenas avanzaron hacia el Palacio de Carondelet, donde el coronel cedió su sitio a un general, en reconocimiento de su superioridad jerárquica. El triunvirato se disuelve pocas horas más tarde, ante la decisión del alto mando militar de provocar la sucesión constitucional y reconocer como presidente al vicepresidente Gustavo Noboa. La candidatura recibe también el apoyo del Movimiento Popular Democrático, un partido de ideario marxista cuya base de apoyo está constituida por el gremio de maestros del sistema educativo público. La alianza se construye sobre un ideario radical, basado en la lucha contra la corrupción, el rechazo del neoliberalismo, la negativa a la integración del Área de Libre Comercio (ALCA), y la reivindicación de la soberanía, en relación a la Base Militar de los EEUU instalada en Manta. El elemento interesante de esta alianza es que logra conjugar en un solo candidato el poder electoral de tres movimientos políticos cuya fuerza por sí misma no habría podido colocar a un candidato en la segunda vuelta electoral. Si nos fijamos en la votación obtenida por cada no de los partidos integrantes de la alianza en las elecciones pluripersonales de octubre del 2002 (ver Gráfico 1), podemos ver que su rango es prácticamente idéntico. Las tres fuerzas políticas bordean el 5% de la votación nacional.8 Ninguna de las tres tiene la capacidad por sí misma de generar una opción de poder. Sin embargo, la suma de sus fuerzas es capaz de generar una candidatura que está a la altura de las más importantes fuerzas políticas del país.

8 Estas cifras se basan en los cálculos del Tribunal Supremo Electoral para determinar los cocientes de votación de los partidos políticos para la distribución del fondo partidario. Se basan en la suma de los votos obtenidos por cada partido, y en la distribución de los votos obtenidos por las alianzas en función de los votos recibidos en eventos electorales previos. En vista de que el Partido Sociedad Patriótica no tenía antecedentes electorales, los votos provenientes de la alianzas PSP-Pachakútik se distribuyeron en partes iguales, lo que puede inflar la votación del PSP y castigar la de Pachakútik.

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Gráfico 1

Votación nacional de los miembros de la alianza (porcentajes) Elecciones pluripersonales octubre del 2002

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

5,100

5,200

5,300

PSP MPD MUPP

Fuente: Tribunal Supremo Electoral (CIDE). Elaboración: propia.

Para graficar esta afirmación, hemos trabajado con los datos de cuociente electoral de los partidos políticos del país. En el Gráfico 2, se puede apreciar el rango de importancia de los partidos y movimientos que concentran la mayor proporción de la votación nacional. Partidos como el Social Cristiano, el PRIAN y el PRE, con base electoral en la costa ecuatoriana, son los únicos que superan el 10% de las preferencias electorales (el Partido Social Cristiano tiene un amplio margen de ventaja, con más del 20% de la votación nacional). Partidos como Pachakútik, MPD y PSP se encuentran muy por debajo, bordeando el 5%. Sin embargo, si ponemos en juego en este gráfico la votación acumulada de los tres partidos, observamos que la alianza se ubica entre las tres fuerzas políticas más importantes del país. A esto hay que sumar los votos por Gutiérrez que no responden a la base electoral de los tres partidos de la alianza, sino que hacen parte del patrimonio personal del candidato, en base a su positiva imagen pública como enemigo de la corrupción. En el Gráfico 3, podemos apreciar la diferencia entre la votación lograda por Lucio Gutiérrez en la primera vuelta electoral (aproximadamente un 33% de los votos válidos) en relación a los votos obtenidos por los tres partidos de la alianza (aproximadamente un 15% de los votos válidos). Los votos de los partidos de la alianza pueden atribuirse menos de la mitad de los votos que recibió el candidato Gutiérrez. Es innegable que sin este prestigio personal, no habría sido posible pasar a la segunda vuelta electoral.

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Gráfico 2

Votación nacional de las principales fuerzas políticas (porcentajes) Elecciones pluripersonales octubre del 2002

0

5

10

15

20

25

PSC

PSP+

MU

PP+M

PD PRE

PRIA

N ID

MC

NP

MU

PP

MPD

PSP

Otro

s

Fuente: Tribunal Supremo Electoral (CIDE). Elaboración: propia.

Gráfico 3

Votación de los miembros de la alianzan en relación con los votos de Gutiérrez (porcentajes)

Elecciones octubre del 2002

0

5

10

15

20

25

30

35

Votos Gutiérrez Votos Alianza

Porc

enta

je

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.

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Si bien, como se ha visto, la votación por Gutiérrez rebasó el aporte de los tres partidos de la alianza, no se puede subestimar el aporte de la población indígena a su candidatura. Para evidenciar este aporte, hemos puesto los datos del Tribunal Supremo Electoral en relación con los rangos de presencia de población indígena en cada una de las provincias del país. Las provincias de rango 1 implican la presencia mayoritaria de población indígena (más del 80%). El rango 2 corresponde a una alta presencia indígena (entre el 60% y el 79%). El rango tres expresa la significativa presencia indígena (entre el 40% y el 59%). El rango 4 (entre el 20% y el 39%), rango 5 (entre el 5% y el 19%) y el rango 6 (entre 0% y 4%), expresan una presencia indígena escasa. El gráfico evidencia que la mayor votación obtenida por Gutiérrez corresponde a las provincias donde la población indígena es mayor (rango 2). La votación en estas provincias tiene una media del 50%, y alcanza un pico de más de 75% en Napo. Conforme disminuye la importancia de la población indígena dentro de la provincia, también disminuye la votación a favor de Guitiérrez.

Gráfico 4 Votación de Gutiérrez en relación con los rangos de presencia

indígena en las provincias del país (porcentajes) Elecciones octubre del 2002

0

10

20

30

40

50

60

70

80

RANGO 2 RANGO 3 RANGO 4 RANGO 5 RANGO 6

Porc

enta

je MINMEDIAMAX

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.

Lo que queda claro de este análisis es que, en el contexto de un sistema político altamente fragmentado y afectado por una profunda crisis de

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representación, la formación de coaliciones para afrontar las elecciones puede constituir una importante estrategia para la recuperación de la legitimidad de la política. La formación de alianzas electorales debería permitir la creación de un debate político donde las distintas fuerzas participantes lleguen a consensos sobre la formación de gobierno y el programa de gobierno (de tipo consociativo). La experiencia acumulada en los primeros meses de gestión del gobierno del Crnl. Lucio Gutiérrez, deja algunos interrogantes sobre cuya respuesta puede ser de enorme pertinencia para definir el destino del consociativismo como mecanismo o forma de articulación del sistema de gobierno en sociedades altamente fragmentadas como la ecuatoriana. 3.3. Conformación y crisis del gobierno consociativo La lógica consociativa hace referencia a una estructuración del poder y a una modalidad de gestión del mismo, en el cual intervienen representantes de una diversidad de partes sociales que expresan posturas irreductibles en cuanto a sus posicionamientos valorativos y a sus intereses, pero que no poseen el suficiente poder como para estructurar mayorías gubernamentales y para hegemonizar unas sobre otras. La articulación de esta lógica de gobierno se presenta compatible con condiciones de diferenciación extrema caracterizadas por identidades contrastantes de tipo étnico o religioso, las cuales, al decir de Pizzorno, “están en grado de exigir a sus miembros una lealtad superior a aquella debida al Estado”.9 Se trata de una articulación de la estructura de gobierno que se presenta congruente con un concepto de democracia en el cual no todos los actores que intervienen en la formación del gobierno son leales a la institucionalidad abstracta del Estado de derecho; a los cuales sin embargo, se les reconoce su legitimidad de acceso al proceso decisional, a condición de que sus conductas no alteren la lógica procedimental propia del sistema político, para lo cual la articulación de alianzas o acuerdos entre partes diferenciadas se presenta como principio necesario en la articulación gubernamental. La conformación del sistema de gobierno consociativo en el Ecuador se sustentó, durante los primeros seis meses del periodo de Gutiérrez, sobre la composición de un gobierno de coalición y alianzas, una modalidad inédita en el Ecuador desde la redemocratización de los años 70. Una diversidad de actores en el poder que no se restringen a los participantes en la alianza electoral y que podrían ser clasificados por lo menos en 3 grupos. En primer lugar, el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, conformado principalmente por ex militares incondicionales de Gutiérrez, partido movilizador en la campaña electoral y que se considera propietario legítimo del poder;10 un segundo grupo, los indios y blanco-mestizos de Pachakútik

9 Pizzorno A. Le radici della política assoluta, Feltrinelli, Milano 1993, p. 286. 10 Si bien la Constitución ecuatoriana define a las Fuerzas Armadas como poder no deliberante, por tanto como institución que debería mantenerse exenta de cualquier influencia política y por tanto alejada de cualquier intervención en el ámbito político, en la practica real las FFAA ecuatorianas han intervenido recurrentemente, en muchos casos éstas han asumido el poder de manera directa, en otros, en especial a partir de la

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(brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE); en tercer lugar, el grupo compuesto por los representantes de una fracción de la banca nacional de orientación de derecha moderada, que aparecen como interlocutores privilegiados por parte del Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral. Un conjunto de actores entre los cuales se cruzan conflictos y pugnas de distinta consistencia programática. El primer nivel de conflictos tuvo que ver con la repartición territorial del poder: mientras Sociedad Patriótica y Pachakútik se disputaban espacios de gestión en la burocracia pública, el tercer miembro de la coalición tomaba posesión de la estructura de gestión macroeconómica, eje central del proceso decisional, con capacidad de influir y de condicionar la política general del régimen. Mientras se producía la vorágine del reparto de puestos entre Pachakútik y Sociedad Patriótica, la fracción de centro derecha adelantaba los términos del acuerdo con el FMI. Pachakútik reclamó protestó desde el inicio por su exclusión de espacios cruciales de poder como el económico, y amenazó sistemáticamente con abandonar la coalición como herramienta de presión política; solicitó recurrentemente la remoción del Ministro de Economía, mientras Gutiérrez lo ratificaba como su pieza fuerte para garantizar la aplicación del ajuste estructural pactado con el FMI. El fin de la alianza entre Sociedad Patriótica y Pachakútik, después de seis meses de intensas pugnas, tiene como resultado el debilitamiento de la ‘legitimidad interna’ del régimen, que se basaba en el apoyo de los sectores indígenas del país, eliminándose con ello una de las fuentes de legitimidad con las cuales contaba el régimen; en ausencia de ésta, permanece aquella que garantiza la ‘legitimidad externa’ que resulta del acuerdo alcanzado con el FMI y la banca multilateral. Un desbalance de legitimidad que podría terminar por reducir incluso aquella externa que aún permanece. La inestabilidad que se podría generar en este escenario posibilitaría salir a la luz aquello que parecía venirse consolidando subterráneamente: el poder militar y su cara civil, militares y Sociedad Patriótica, quienes aparecerían como opción corporativa pronta a intervenir y dispuesta a impulsar, en ese contexto, un cambio de régimen de tipo autoritario.11

redemocractización de los años 70, su rol se ha reducido a la dirimencia en momentos de crisis institucional. El gobierno de Gutiérrez justamente emerge de un movimiento insurreccional de las FFAA, que atentó contra la vigencia de la constitucionalidad y el cual recibió el apoyo de Pachakútik; se trata en este caso de una clara vinculación entre actores de vocación antipolítica: el movimiento social acude al poder fáctico de las fuerzas armadas y desconoce la legitimidad procedimental del Estado de derecho. Este mecanismo fue el utilizado en el golpe del 21 de enero en contra de Jamil Mahuad, y, significativamente, será posteriormente ratificado en las urnas en las elecciones presidenciales del 2002. 11 Como se puede apreciar, es interesante notar que se trata de conflictos en el interior del gobierno; la oposición, esto es, la clase política tradicional, observa el panorama con una cierta dosis de perplejidad. Mientras los sectores que controlan el Congreso se encuentra en espera de intervenir apenas la caída de legitimidad se produzca y presentarse como tradicional opción de 'recambio', otros, parecerían desententenderse del control de la política nacional y por tanto de su acceso como actores de gobierno; prefieren ‘gobernar desde la oposición’ garantizando sus cuotas de poder a nivel local, y reforzando sus proyecciones sobre la base de la deslegitimación del poder político central; fenómeno que es claramente perceptible en el caso del Partido Social Cristiano que controla incontrastablemente la política regional en la provincia del Guayas.

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La conformación consociativa del sistema de gobierno en el caso ecuatoriano no respondió seguramente a la aplicación de una estrategia rigurosamente elaborada, ni existió apego alguno a ningún principio conceptual; se trató de una experiencia que emergió de la descomposición del sistema político vigente desde 1978, del montaje de una estructura de alianzas jalonado por la urgencia de gobernar una complejidad cuya reducción mayoritaria hubiera aparecido artificiosa, y tal vez más desestabilizante y riesgosa que la realidad compleja donde estas fuerzas intervienen. ¿En qué consistió esta nueva modalidad? Seguramente en un efecto de agregación de fuerzas que inicialmente se reconocieron estructuralmente débiles en su capacidad de acumular en torno a sí la suficiente fuerza y legitimidad como para impulsar por sí solas el proceso de gobierno. Se trató, más que de una deliberada opción por caminar juntos entre adversarios políticos, de una necesidad de coexistencia que les permitiera su supervivencia, y eventualmente, su crecimiento y desarrollo político. En su conjunto, más allá de la confusión que pudo denotar el proceso, resalta la constatación de que este tipo de arreglo contradictorio y a momentos confuso, es más representativo de la realidad del país que cualquier hegemonía labrada en el tamiz de un sistema representativo afectado por una insuficiente legitimidad institucional.12 Los interrogantes que quedan luego de la ruptura de la alianza, tienen que ver con la inexistencia de una real interiorización por parte de los actores de gobierno de la necesidad de acuerdos y coaliciones que sustenten la gestión de gobierno. La existencia de un profundo desentendimiento por parte de los actores, acerca de la real magnitud de la complejidad del desarrollo político, generado por la actual crisis de integración global que caracteriza no solo al Ecuador sino a la región en su conjunto. Tanto por parte de Pachakútik, como por parte de la fracción de centro derecha que controla la política económica en acuerdo con el FMI, parecería existir una muy limitada comprensión acerca de la necesidad de estructurar bases efectivas para verdaderos gobiernos de coalición y por tanto para la efectivización de una lógica consociativa en la gestión de gobierno. La política pactada con el FMI no demuestra originalidad alguna y se remite todavía a una concepción del ajuste estructural como exclusiva estabilización de variables macroeconómicas, no existe allí ninguna

12 Las diferencias con los dos procesos latinoamericanos a los cuales se ha asociado la opción de Gutiérrez, la venezolana y la brasilera, salta a la vista; en este caso se trató de un gobierno de coalición entre fuerzas emergentes en el escenario político; a diferencia del gobierno de Lula en el Brasil o de Chávez en Venezuela, el gobierno de Gutiérrez recoge desde su inicio una gama diferenciada de fuerzas políticas. Las similitudes con el gobierno de Chávez son mayores si atendemos a la lógica de acceso al poder: ambos irrumpen como fuerzas políticas desde un trasfondo de revuelta social y de disidencia militar, con una fuerte carga de impugnación a la institucionalidad democrática y a la clase política tradicional; no así si los comparamos con su articulación como fuerzas de gobierno, más amplia y pluralista en el caso de Gutiérrez, con una orientación programática mas diferenciada y proclive a vincular, aunque sea de manera desfigurada y confusa, liberalismo y dirigismo en la política pública. En esta última dirección, el Gobierno de Gutiérrez se acerca más a la perspectiva de Lula que a la de Chávez, mientras se aleja de ambos, al estructurar su plataforma de gobierno sobre una base de pluralidad de actores políticos, incluso contrastantes entre sí.

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comprensión sobre la necesidad de una orientación en el ajuste estructural que combine adecuadamente las dos fases del mismo, al cual ya hemos hecho referencia, y que por tanto fortalezca procesos de reactivación productiva que sustenten la competitividad de la economía nacional en el contexto complejo de la actual integración global, y en cuyo horizonte las políticas de equidad son centrales y fundamentales; orientación que podría posibilitar un mejor encuentro con aquellas fuerzas que pugnan por políticas mas inclusivas. De igual manera, por parte de Pachakútik parecería ser dominante aún una concepción reactiva frente al proceso de ajuste estructural, un no reconocimiento de la función que éste asume en el contexto de la integración global, y la necesidad, en concordancia con ello, de negociar las mejores condiciones para esta estrategia de reconversión y reforma, una concepción de resistencia que se ahoga en un fundamentalismo excluyente de esta posibilidad. Una escasa percepción de su responsabilidad como fuerza activadora de posiciones de desgaste de la democracia representativa y por tanto como instancia generadora de opciones antipolíticas, a las cuales favorece y paradójicamente respecto de las cuales se vuelve su propia víctima. No se puede desconocer la responsabilidad de esta agrupación política en la entronización de su anterior aliado ‘golpista’ y en su domesticación hacia la ‘democracia formal’ a través del proceso electoral que lo llevara al poder. ¿Se trató en verdad de una nueva modalidad de gobierno, o simplemente de un empate de fuerzas precario que saltó en pedazos apenas transcurridos seis meses de gestión? Los aspectos de innovación que trajo consigo esta experiencia de articulación consociativa tienen que ver con la puesta en juego de una nueva relación entre pluralismo político y construcción de la política en sus aspectos decisionales. Una proyección original y novedosa que, si bien inicialmente apareció como ‘lotización del poder’ y como reparto territorial del mismo, pudo proyectarse hacia algún tipo de arreglo consociativo que permitiera a ambas fuerzas consolidarse en un proceso de transición hacia otras formas mas avanzadas de articulación y constitución política, pero que fue entorpecida por tensiones e instintos hegemonistas que se reforzaban sobre la lógica de la exclusión del otro, y del desconocimiento de posturas diferenciadas y necesitadas de agregación y encuentro. Esta modalidad precaria de entendimiento y alianzas entre actores con posicionamientos diferenciados y en muchos casos opuestos, ¿está en capacidad, todavía, de producir una nueva articulación del poder y de las lógicas decisionales? Si bien la ruptura formal de la alianza se ha producido, una respuesta más definitiva a este interrogante depende de la madurez en la elaboración programática y en la reflexividad que los mismos actores puedan producir, del reconocimiento de que la coexistencia de posicionamientos diferenciados e inclusos opuestos puede funcionar para canalizar formas progresivas de gobernabilidad, de que esa diversidad es representativa de la realidad del país y de que ninguna opción por separado puede abrogarse esa

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representación. Una resolución en esta dirección, apuntaría hacia una salida no convencional, a sentar las bases de nuevas lógicas de articulación en la gestión de gobierno, que refuercen la posibilidad de conformaciones pluralistas en la gestión de gobierno, que activen mayores capacidades deliberativas y de transparencia pública en el proceso decisional. La desvinculación de Pachakútik de la alianza de gobierno no necesariamente puede significar la anulación de posibles opciones consociativas en la estructuración del sistema de gobierno; el imperativo de la gobernabilidad del país exige de comportamientos más responsables por parte de actores que pudieran haberse mantenido distantes de posibles colaboraciones o acuerdos en función de garantizar mayores índices de gobernabilidad para el desarrollo político del país. La lógica consociativa se estructura sobre una composición diferenciada y fragmentada del cuadro político, y aparece como un expediente al cual pueden acudir los diferentes actores, incluso aquellos que han sido considerados como pertenecientes al espectro de las fuerzas tradicionales, los cuales podrían, ante la amenaza de la disolución del entramado institucional o de la consolidación de poderes fácticos en la estructura de gobierno, reconocer la necesidad de comportamientos más responsables que puedan consolidar modalidades pluralistas en la gestión de gobierno. ¿Es posible asistir a transformaciones en la cultura política de los actores, a partir del reconocimiento que estos puedan hacer de la complejidad de la estructura social y económica sobre la que se asienta la práctica de la política en el Ecuador? Este es un interrogante que queda planteado para el futuro inmediato de la política ecuatoriana. 4. Conclusiones

Como se desprende de lo expuesto hasta aquí, es posible encontrar algunos nexos fundantes entre fenómenos que han sido recurrentes en el desarrollo político latinoamericano y ecuatoriano de estas últimas dos décadas. El primero hace referencia a las condiciones que desatan los procesos de ajuste estructural en las economías y en las sociedades nacionales; éstos introducen modificaciones substanciales en las lógicas de intermediación política entre el Estado y la sociedad. La política expansiva que caracterizó a la lógica del Estado de Bienestar sobre la cual se proyectaron la mayoría de los procesos de retorno a la constitucionalidad en América Latina, se ve fuertemente contrastada por la política de ajuste estructural impulsada por las fuerzas neoconservadoras y neoliberales. América Latina y el Ecuador asisten a condiciones de enfrentamiento, a momentos radical, a momentos latente, entre dos conceptos de política: el de la política expansiva, que caracteriza a las fuerzas intervensionistas, que en América Latina se presentan como fuerzas socialdemócratas o de centro izquierda; y el de la política restrictiva, que caracteriza a las fuerzas neoconservadoras y neoliberales, de ubicación centro derecha en el espectro político. El caso ecuatoriano es seguramente el caso más representativo de un enfrentamiento desgastante entre estas fuerzas, que devino en bloqueo decisional y desató un proceso generalizado de deslegitimación de la política, y de su núcleo central, la lógica de la representación política. Se

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trató de un enfrentamiento que devino en bloqueo político entre las fuerzas que copaban la institucionalidad representativa, lo cual permitió la conformación de canales de expresión política de otras fuerzas excluidas, por medios que difícilmente lograban incidir en los procesos decisionales, y que por tanto efectivamente se encontraban excluidas de los ejes centrales de la institucionalidad política. Actores y procesos de participación política y de generación de identidad comenzaran a producirse al margen de la institucionalidad, generando la ilusión de una propia constitución política de lo social, al margen de la institucionalidad representativa. La crítica a la representación política impulsada desde estas posturas, resalta las virtudes de una ciudadanía ideal, que se desentiende de los complejos procesos selectivos y de abstracción institucional, que exige la gestión de sociedades y economías cada vez más complejas, complejidad que se desprende de la cada vez más intensa exposición de las sociedades y economías nacionales al proceso de globalización e integración económica. Las políticas de ajuste, han demostrado incoherencia al intentar revertir el modelo de la política expansiva; por su parte la resistencia ofrecida por estas fuerzas no alcanza a definir una institucionalidad alternativa o una postura programática que pueda enfrentarla; al no lograrlo, se generalizan condiciones de deterioro económico y social con serios impactos en la institucionalidad política. El debilitamiento de la representación, o por causa de su propia incapacidad para generar política programática, o por efecto de la resistencia antiinstitucional, está en la base del aparecimiento del fenómeno antipolítico el cual aparece como efecto y respuesta tanto a la visión reduccionista y economicista del ajuste estructural, como a la incapacidad de respuesta manifestada por las fuerzas defensoras de la política expansiva. La última experiencia en el Ecuador de conformación de una lógica consociativa presenta la articulación en función de gobierno de estas nuevas fuerzas emergentes; la misma lógica del movimiento social pone de manifiesto una secuencia de encuentro y desgaste entre fuerzas que apuntan a una “superación de la política representativa”, por ello, de fuerzas que pertenecen al espectro de la postpolítica, en el entendido de que la representación es el ‘núcleo duro’ de la política moderna. Se trata de fuerzas que se agrupan bajo una ‘lógica movimentista’ lideradas por el movimiento indígena y sus ‘representaciones’ Pachakútik y la CONAIE, y fuerzas de claro tinte antipolítico como lo es el Partido Sociedad Patriótica, organización que agrupa a los ex militares que organizaron junto a los indígenas el golpe que derrocó al gobierno de Jamil Mahuad. La antipolítica en este caso se sirvió adecuadamente de la fuerza de impugnación anti representación que impulsó el movimiento indígena ecuatoriano; la carga de innovación de la política de la cual fue portador este movimiento, frente a la oligopolización y anquilosamiento que demostraron las fuerzas del establishment, fue hábilmente utilizada por el liderazgo antipolítco de Gutiérrez. Un encuentro y un desenlace altamente riesgoso que pone al país frente al duro reto de detener o asistir a los fracasos reiterativos de la antipolítica tal como se vienen presentando en casos cercanos al ecuatoriano como son los del Perú y Venezuela.

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La lógica consociativa y su breve ensayo en el caso ecuatoriano deja planteado sin embargo, la necesidad de trabajar en la construcción de efectivos sistemas de alianzas que estructuren las lógicas de gobierno. El consociativismo, como articulación de actores debilitados que solamente pueden reforzarse en base a relacionamientos mutuos, aparece como una posibilidad no descartable, quizás como la única posibilidad en un contexto de alta fragmentación, que permita dotar a la política de nuevas condiciones para su efectiva reconstitución. Todo ello, parecería requerir de profundas revisiones en la conducta política y en la cultura más amplia de los actores políticos, en dirección a la búsqueda de nuevos enlaces entre pluralismo político y construcción de lógicas decisionales legítimas. La necesidad de vincular adecuadamente mercado y Estado aparece como una opción para garantizar la posibilidad de una democracia progresiva, que detenga fenómenos como la polarización y exclusión social, que se derivan no solamente de la visión neoliberal inmediatista de enfrentamiento a la crisis, sino de su contraparte más regresiva, la expresada por las fuerzas de la antipolítica y del neopopulismo. Queda por asumir el reto de una real reconstrucción de la política expansiva en estas nuevas condiciones de la política global. 5. Bibliografía Bobbio, Norberto 1976 La teoria delle forme di governo, nella storia del pensiero

político, Giappichelli Editore, Torino. 1995 Thomas Hobbes, Fondo de Cultura Económica, México. Dahl, Robert 1989 La Poliarquía, Tecnos, Madrid.

1994 Il Cittadino, en Parolechiave, Donzelli Editore, Roma. Echeverría, Julio 1997 La democracia bloqueada, Editorial Letras, Quito. 2000 “Globalización y caducidad de las bases nacionales de la

política”, en Revista Ciencias Sociales, No. 18, Quito, Junio. Esposito, Roberto 1988 Categorie dell’impolítico, Il Mulino, Bologna. 1998 Communitas. Origine e destino della comunitá, Einaudi, Torino. 1997 “Ritorno all’agora?”, Micromega No. 2, Roma. 1995 “Por un pensamiento de lo impolítico”, en Modernidad y

Política, Nueva Sociedad, Caracas. Fabbrini. Sergio 1988 Política e mutamenti sociali, Il Mulino, Bologna. Habermas, Jurgen 1982 Escritos Políticos, Tecnos, Madrid. 1971 Prassi política e teoría critica della societá, Il Mulino, Bologna. 1999 La inclusión del Otro, Paidós, Barcelona.

26

Held, David 1997 La democracia y el orden global, Paidós, Barcelona. Hermet, Guy 1996 En las fronteras de la democracia, Fondo de Cultura

Económica, México. 1991 “El desencanto de las viejas democracias”, Revista

Internacional de Ciencias Sociales, UNESCO, No. 129, Barcelona

Luhmann, Niklas.

1978 Stato di diritto e sistema sociale, Guida, Napoli 1983 Illuminismo sociológico, Il Saggiatore, Milano. Marramao, Giacomo 1983 Metapolítica, en “Laboratorio Político”, No. 1, Torino.

Melucci, Alberto 1982 Verso i movimenti postpolitici, Il Mulino, Bologna.

1992 Che cosa é “nuovo” nei nuovi movimenti sociali?, Edizioni Patavine, Trento.

Pizzorno, Alberto 1993 Le radici della política assoluta, Feltrinelli, Milano. Sartori, Giovanni 1997 ¿Qué es la democracia?, México, Nueva Imagen.

1988 Teoría de la Democracia I y II, Alianza Editorial, Madrid.

Vos, Rob, Mauricio León y René Ramírez 2002 Política Social y Tendencias en el Gasto Social: Ecuador 1970-

2002, Institute of Social Studies ISS y Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, Quito.

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6. Anexos

Cuadro 1

VOTOS DE LOS PARTIDOS DE LA ALIANZA A NIVEL NACIONAL Elecciones 20 de octubre 2002

No. lista Partido Siglas Porcentaje

3 Partido Sociedad Patriótica PSP 4,76915 Movimiento Popular Democrático MPD 5,07718 Movimiento de Unidad Pluricultural Pachakútik MUPP 5,225

Total Total 15,071Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.

Cuadro 2

VOTOS DE LOS PARTIDOS MÁS VOTADOS Elecciones 20 de octubre 2002

No. lista Partido Siglas Porcentaje

6 Partido Social Cristiano PSC 21,94410 Partido Roldosista Ecuatoriano PRE 12,7607 Partido de Renovación Institucional Alianza Nacional PRIAN 12,3015 Partido Democracia Popular DP 4,10412 Partido Izquierda Democrática ID 9,90021 Movimiento Ciudadanos Nuevo País MCNP 6,114 Coalición de apoyo a Gutiérrez Alianza G. 15,071 Otros partidos y movimientos Otros 14,954

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.

Cuadro 3

VOTOS PARA GUTIERREZ DE ACUERDO A LOS RANGOS DE PRESENCIA INDÍGENA

Elecciones 20 de octubre 2002 MIN MEDIA MAX RANGO 2 26,06 51,79 76,06RANGO 3 25,87 36,17 45,87RANGO 4 23,11 31,64 43,43RANGO 5 6,35 14,42 26,68RANGO 6 8,18 16,73 26,79

Fuente: Tribunal Supremo Electoral-SIISE 3.5. Elaboración: propia.

28

Cuadro 4

CORRELACIÓN VOTOS PARA GUTIÉRREZ - RANGOS DE PRESENCIA INDÍGENA

Elecciones octubre 2002 (SIISE 3.5)

RANGO DE ETNIA

VOTOS % PROVINCIAL

% NACIONAL

% ACUMULADO

VOTO ACUMULADO

1 CHIMBORAZO 2 57.326 38,29 6,08 6,08 57.326 2 NAPO 2 21.359 76,06 2,26 8,34 78.685 3 MORONA SANTIAGO 2 15.426 49,11 1,64 9,98 94.111 4 PASTAZA 2 11.834 55,14 1,25 11,23 105.945 5 ORELLANA 2 9.663 40,35 1,02 12,26 115.608 6 TUNGURAHUA 3 72.559 37,46 7,69 19,95 188.167 7 COTOPAXI 3 60.312 45,87 6,39 26,35 248.479 8 IMBABURA 3 34.924 25,87 3,70 30,05 283.403 9 BOLIVAR 3 22.925 37,67 2,43 32,48 306.328 10 CANAR 3 22.693 33,96 2,41 34,89 329.021 11 PICHINCHA 4 228.097 23,11 24,19 59,07 557.118 12 AZUAY 4 48.235 21,69 5,11 64,19 605.353 13 SUCUMBIOS 4 15.187 38,32 1,61 65,80 620.540 14 ZAMORA CHINCHIPE 4 10.136 43,43 1,07 66,87 630.676 15 GUAYAS 5 128.316 10,24 13,61 80,48 758.992 16 LOJA 5 36.823 26,68 3,90 84,38 795.815 17 MANABI 5 28.259 6,35 3,00 87,38 824.074 18 EL ORO 6 53.583 26,79 5,68 93,06 877.657 19 LOS RIOS 6 37.301 16,31 3,96 97,01 914.958 20 CARCHI 6 14.689 20,93 1,56 98,57 929.647 21 ESMERALDAS 6 12.921 11,43 1,37 99,94 942.568 22 GALAPAGOS 6 555 8,18 0,06 100,00 943.123

Fuente: Tribunal Supremo Electoral-SIISE 3.5. Elaboración: propia.

Cuadro 5

RESUMEN DE VOTOS OBTENIDOS POR LISTAS ALIANZA PSP - MPD - MUPP

ELECCIONES 20 OCTUBRE 2002 PSP/MUPP-NP 2.215.061 MPD 1.316.168 PSP 251.391 MUPP-NP 220.375 MPD /PS-FA 118.989 PSP/MUPP-NP /AN 76.348 PSP/MPD 70.618 PSP/MUPP-NP /MPP 54.323 PS-FA /MUPP-NP 15.371 MUPP-NP /MCNP 8.629

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.

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Cuadro 6

ELECCIONES PRIMERA VUELTA 20 OCTUBRE 2002 RESUMEN NACIONAL DE VOTOS

2 3 6 7 10 11 12 30 40 42 43

PLRE/ME

TA PSP/MUPP

-NP PSC PRIAN PRE PL ID TSI RP MPS MIAJ AZUAY 3845 48235 11065 20916 10401 1700 78623 12288 31084 2987 1287BOLIVAR 779 22925 4251 6031 4915 6284 9305 621 4144 444 1165CANAR 853 22693 5998 9162 6461 393 10527 4435 4049 805 1453CARCHI 1221 14689 2947 20665 5364 871 15882 820 6413 1040 273CHIMBORAZO 1686 57326 7176 19837 10419 1763 19028 7376 13345 3764 7988COTOPAXI 1719 60312 5135 18429 9100 1782 16942 3191 10190 946 3748EL ORO 3264 53583 17606 20234 41625 885 12030 3896 45055 1143 694ESMERALDAS 1703 12921 5186 17699 40015 838 7540 2600 23021 981 521GALAPAGOS 75 555 854 2085 964 26 1034 45 983 113 49GUAYAS 22274 128316 320903 295545 181252 3975 49623 38555 204137 4451 3974IMBABURA 2798 34924 5759 31305 6703 1744 26039 5218 16758 1996 1775LOJA 2394 36823 12595 18517 12140 634 19247 2358 31898 1047 361LOS RIOS 4587 37301 29553 44746 64000 1098 9729 3198 32783 1004 636MANABI 6932 28259 60492 111275 97521 2499 27612 28287 78184 2580 1134MORONA SANTIAGO 497 15426 977 4222 2377 680 3514 151 3075 321 170NAPO 284 21359 928 2106 572 131 1285 92 585 188 550ORELLANA 245 9663 684 4401 3402 137 2006 91 1238 115 1966PASTAZA 290 11834 451 2778 686 407 1750 214 1908 268 875PICHINCHA 19986 228097 45960 104855 26726 26237 296129 40472 169223 21813 7314SUCUMBIOS 414 15187 1748 8816 7910 215 2513 141 2054 202 437TUNGURAHUA 3484 72559 11042 27312 10047 2418 26295 15108 20156 2622 2670ZAMORA CHINCHIPE 268 10136 1796 3678 2088 76 1489 154 3310 213 131

TOTAL 79598 943123 553106 794614 544688 54793 638142 169311 703593 49043 39171Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.

Cuadro 7

ELECCIONES GENERALES 20 OCTUBRE 2002 VOTACIÓN PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - PRIMERA VUELTA

VOTACIÓN BINOMIO GUTIÉRREZ - PALACIO A: ORDENADO POR VOTOS OBTENIDOS

VOTOS %

PROVINCIAL%

NACIONAL%

ACUMULADO VOTO

ACUMULADOPICHINCHA 228.097 23,11 24,19 24,19 228.097GUAYAS 128.316 10,24 13,61 37,79 356.413TUNGURAHUA 72.559 37,46 7,69 45,48 428.972COTOPAXI 60.312 45,87 6,39 51,88 489.284CHIMBORAZO 57.326 38,29 6,08 57,96 546.610EL ORO 53.583 26,79 5,68 63,64 600.193AZUAY 48.235 21,69 5,11 68,75 648.428LOS RIOS 37.301 16,31 3,96 72,71 685.729

30

LOJA 36.823 26,68 3,90 76,61 722.552IMBABURA 34.924 25,87 3,70 80,32 757.476MANABI 28.259 6,35 3,00 83,31 785.735BOLIVAR 22.925 37,67 2,43 85,74 808.660CANAR 22.693 33,96 2,41 88,15 831.353NAPO 21.359 76,06 2,26 90,41 852.712MORONA SANTIAGO 15.426 49,11 1,64 92,05 868.138SUCUMBIOS 15.187 38,32 1,61 93,66 883.325CARCHI 14.689 20,93 1,56 95,22 898.014ESMERALDAS 12.921 11,43 1,37 96,59 910.935PASTAZA 11.834 55,14 1,25 97,84 922.769ZAMORA CHINCHIPE 10.136 43,43 1,07 98,92 932.905ORELLANA 9.663 40,35 1,02 99,94 942.568GALAPAGOS 555 8,18 0,06 100,00 943.123

B: ORDENADO POR PORCENTAJE PROVINCIAL

VOTOS %

PROVINCIAL%

NACIONAL%

ACUMULADO VOTO

ACUMULADONAPO 21.359 76,06 2,3 2,3 21.359PASTAZA 11.834 55,14 1,3 3,5 33.193MORONA SANTIAGO 15.426 49,11 1,6 5,2 48.619COTOPAXI 60.312 45,87 6,4 11,6 108.931ZAMORA CHINCHIPE 10.136 43,43 1,1 12,6 119.067ORELLANA 9.663 40,35 1,0 13,6 128.730SUCUMBIOS 15.187 38,32 1,6 15,3 143.917CHIMBORAZO 57.326 38,29 6,1 21,3 201.243BOLIVAR 22.925 37,67 2,4 23,8 224.168TUNGURAHUA 72.559 37,46 7,7 31,5 296.727CANAR 22.693 33,96 2,4 33,9 319.420EL ORO 53.583 26,79 5,7 39,5 373.003LOJA 36.823 26,68 3,9 43,5 409.826IMBABURA 34.924 25,87 3,7 47,2 444.750PICHINCHA 228.097 23,11 24,2 71,3 672.847AZUAY 48.235 21,69 5,1 76,5 721.082CARCHI 14.689 20,93 1,6 78,0 735.771LOS RIOS 37.301 16,31 4,0 82,0 773.072ESMERALDAS 12.921 11,43 1,4 83,3 785.993GUAYAS 128.316 10,24 13,6 96,9 914.309GALAPAGOS 555 8,18 0,1 97,0 914.864MANABI 28.259 6,35 3,0 100,0 943.123

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.

31

Cuadro 8

ELECCIONES SEGUNDA VUELTA 24 NOVIEMBRE 2002 RESUMEN DE VOTACIÓN

PSP/MUPP-NP PRIAN BLANCOS NULOS TOTAL

AZUAY 185782 52122 2840 34963 275707BOLIVAR 54260 21797 860 11722 88639CANAR 54349 19433 791 10036 84609CARCHI 42936 33210 568 8522 85236CHIMBORAZO 134368 36153 3547 32762 206830COTOPAXI 125134 32355 1897 23436 182822EL ORO 136610 84399 1754 19836 242599ESMERALDAS 84050 56467 1725 17437 159679GALAPAGOS 3361 3332 75 586 7354GUAYAS 947742 457030 13415 144554 1562741IMBABURA 95112 54054 1838 23765 174769LOJA 103585 54719 1503 15787 175594LOS RIOS 153540 135176 3587 31554 323857MANABI 375052 180895 6364 55827 618138MORONA SANTIAGO 29863 5680 342 2912 38797NAPO 29650 2822 104 1511 34087ORELLANA 20786 7392 165 2312 30655PASTAZA 18395 4682 189 1834 25100PICHINCHA 733099 263478 6766 164530 1167873SUCUMBIOS 31127 15632 403 4421 51583TUNGURAHUA 157383 52282 2002 30130 241797ZAMORA CHINCHIPE 17875 8928 203 1637 28643TOTAL 3534059 1582038 50938 640074 5807109

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.

Cuadro 9

ELECCIONES SEGUNDA VUELTA 24 NOVIEMBRE 2002 PORCENTAJE PROVINCIAL

PSP/MUPP-NP PRIAN

AZUAY 78,09 21,91 BOLIVAR 71,34 28,66 CANAR 73,66 26,34 CARCHI 56,39 43,61 CHIMBORAZO 78,8 21,2 COTOPAXI 79,46 20,54 EL ORO 61,81 38,19 ESMERALDAS 59,81 40,19 GALAPAGOS 50,22 49,78 GUAYAS 67,47 32,53 IMBABURA 63,76 36,24 LOJA 65,43 34,57 LOS RIOS 53,18 46,82 MANABI 67,46 32,54 MORONA SANTIAGO 84,02 15,98

32

NAPO 91,31 8,69 ORELLANA 73,77 26,23 PASTAZA 79,71 20,29 PICHINCHA 73,56 26,44 SUCUMBIOS 66,57 33,43 TUNGURAHUA 75,06 24,94 ZAMORA CHINCHIPE 66,69 33,31

Cuadro 10

ELECCIONES 2002 RELACIÓN VOTACIÓN GUTIÉRREZ SEGUNDA VUELTA - VOTO DIPUTADOS ALIANZA

VOTACIÓN % PROVINCIAL SUMA ALIANZA DIFERENCIA

AZUAY 185782 78,09 20,51 57,58BOLIVAR 54260 71,34 27,8 43,54CANAR 54349 73,66 31,17 42,49CARCHI 42936 56,39 13,7 42,69CHIMBORAZO 134368 78,8 29,86 48,94COTOPAXI 125134 79,46 37,72 41,74EL ORO 136610 61,81 13,25 48,56ESMERALDAS 84050 59,81 25,09 34,72GALAPAGOS 3361 50,22 0 50,22GUAYAS 947742 67,47 8,57 58,9IMBABURA 95112 63,76 24,32 39,44LOJA 103585 65,43 15,93 49,5LOS RIOS 153540 53,18 12,23 40,95MANABI 375052 67,46 6,21 61,25MORONA SANTIAGO 29863 84,02 34,31 49,71NAPO 29650 91,31 44,06 47,25ORELLANA 20786 73,77 30,22 43,55PASTAZA 18395 79,71 38,44 41,27PICHINCHA 733099 73,56 17,66 55,9SUCUMBIOS 31127 66,57 36,41 30,16TUNGURAHUA 157383 75,06 12,59 62,47ZAMORA CHINCHIPE 17875 66,69 41,77 24,92TOTAL 3534059

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. Elaboración: propia.