Embed Size (px)
Citation preview
SIN TARJETA
Perspectivas del periodismo en Colombia tras la eliminación del Estatuto Profesional
ALLISON SILVA ESTANISLAO
Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora Social – Periodista
Campo profesional:
PERIODISMO
Director:
JORGE CARDONA ALZATE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
COMUNICACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ, D.C.
2013
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos
de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el
trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo
de buscar la verdad y la justicia”.
ARTÍCULO 23
Reglamento Académico de la Pontificia Universidad Javeriana
A mi familia y seres queridos.
Están siempre en mis oraciones.
Tabla de contenido
Introducción ......................................................................................................... 2
Capítulo I: El fallo ................................................................................................. 6
Contexto: Mockus reportero .......................................................................................................... 6
El debate ........................................................................................................................................ 8
La decisión .................................................................................................................................. 12
La otra visión ............................................................................................................................... 13
¿Cómo era el periodismo con tarjeta? ........................................................................................... 17
‘Una muerte anunciada’............................................................................................................... 23
Capítulo II: Impacto inicial y primeras reacciones ......................................................... 27
‘Cualquiera puede ser periodista’ ................................................................................................. 27
¿Cómo quedó el periodismo en materia de derechos y deberes? ................................................... 34
Respuesta de Facultades y estudiantes de Comunicación social y periodismo .............................. 36
Nuevos intentos por reglamentar el periodismo ........................................................................... 41
Criterios de contratación, los mismos de siempre ......................................................................... 43
Capítulo III: Evolución del periodismo sin tarjeta ......................................................... 47
‘Las aulas siguen llenas’ ............................................................................................................... 47
Otros profesionales como periodistas ........................................................................................... 48
Más canales de expresión, nuevas tecnologías y periodismo ciudadano ....................................... 51
Información veraz e imparcial. ¿Hay un riesgo social? ................................................................. 55
Condiciones laborales, ‘alto riesgo’ y libertad expresión ............................................................... 58
Normatividad legal y nuevas iniciativas para profesionalizar el periodismo ................................. 64
¿Y los gremios? ............................................................................................................................ 73
Capítulo IV: La perspectiva actual y el futuro ............................................................... 77
La Ley 1016 de 2006 y más intentos de regulación....................................................................... 77
¿Qué pasó con la libertad de expresión? ....................................................................................... 80
Condiciones laborales, prestaciones y pensiones, ¿cómo favorecerlas? ......................................... 85
Contrastes con experiencias internacionales ................................................................................. 88
¿Cuál es la pertinencia de las Facultades de comunicación y periodismo? .................................... 94
Conclusión .......................................................................................................... 98
Referencias bibliográficas ..................................................................................... 104
Entrevistas ................................................................................................................................. 114
Bibliografía ....................................................................................................... 116
Anexos............................................................................................................. 117
1
Ilustraciones de: Christopher Ruiz
2
Introducción
En marzo de 1998, la Corte Constitucional colombiana tomó la decisión de eliminar el Estatuto
Profesional del Periodista, reglamentado a través de la Ley 51 de 1975, y su instrumento más visible:
la tarjeta profesional. El principal argumento que esgrimió la entidad judicial, en la sentencia C-
087/98, fue que los requisitos exigidos por dicha ley limitaban la libertad de expresión y desconocían
la naturaleza del periodismo como un medio de divulgación del pensamiento.
Según lo que dictaba la Ley 51 de 1975, la tarjeta profesional era otorgada a quienes tuvieran un
título profesional o de especialización en periodismo, obtenido en Facultades o escuelas nacionales o
extranjeras, o a quienes acreditaran el ejercicio periodístico durante un lapso no inferior a los tres
años inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Adicionalmente, la
norma establecía que la responsabilidad de entregar la tarjeta era del Ministerio de Educación.
Lo anterior demuestra que la regulación del periodismo hasta 1998, año en que la Corte
Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 51 de 1975, provenía de una entidad externa al
oficio, contrario a profesiones como la arquitectura o la psicología que se autorregulan, pues sus
tarjetas son conferidas por agremiaciones propias como el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura o el Colegio Colombiano de Psicólogos, respectivamente.
De otra parte, el Estatuto Profesional reconocía el ejercicio del periodismo “como una actividad
profesional regularizada y amparada por el Estado” (Colombia, Congreso de la República, 1975, 18
de diciembre). Ello implicaba un régimen de protección al periodista que tenía como objetivos:
“garantizar la libertad de información, expresión y asociación sindical; defender el gremio y
establecer sistemas que procuren al periodista seguridad y progreso en el desempeño de sus labores”
(Colombia, Congreso de la República, 1975, 18 de diciembre). Así mismo, los artículos 11 y 12 de la
ley protegían la reserva de la fuente y el libre acceso de los periodistas profesionales ‘a los lugares de
información’.
A partir de la decisión de la Corte Constitucional surgieron diversos debates relacionados con el
porvenir del periodismo. Entre ellos algunos relativos a la libertad de expresión frente a la
responsabilidad y los valores deontológicos propios del ejercicio periodístico, la calidad de la
información presentada a las audiencias, la pertinencia de la formación académica universitaria, los
procesos de selección que llevan a cabo los medios y empresas afines a la hora de escoger entre
periodistas formados en facultades y otro tipo de profesionales, o las condiciones laborales de los
periodistas y sus derechos a nivel de salud y pensiones.
3
Aún hoy persisten las opiniones encontradas y el debate sigue siendo oportuno. En ese marco, este
trabajo periodístico busca mostrar, sobre todo desde la mirada de los periodistas, cuáles han sido los
efectos de esa sentencia 15 años después y cuáles son las perspectivas del periodismo en Colombia.
Por eso, las dudas que motivaron el presente trabajo tienen que ver con la normatividad legal que
hoy ampara a los periodistas, sus derechos durante el ejercicio profesional, y aspectos relacionados
con salud, pensiones y condiciones laborales.
La idea central es evaluar en qué medida esa sentencia de 1998 ha favorecido o afectado la libertad
de expresión y el derecho a recibir información veraz e imparcial que tienen los ciudadanos e indagar
sobre el impacto actual de la eliminación de la tarjeta profesional del periodista, no sólo frente a la
labor misma, sino respecto a la ética, y los derechos y deberes del comunicador. Tal análisis
necesariamente aborda el contexto que rodeó la decisión de la Corte Constitucional en 1998
(Capítulo I), su impacto inmediato (Capítulo II), la evolución del periodismo hasta la actualidad
(Capítulo III) y las perspectivas a futuro (Capítulo IV).
Para concretar esta evaluación periodística fueron incluidos testimonios de profesionales del oficio,
decanos o docentes de facultades de comunicación social y periodismo, representantes de
agremiaciones, jefes de redacción y de personal y, así mismo, entrevistas con personas que tuvieron
injerencia en la sentencia C-087 de 1998, como uno de los demandantes de la Ley 51 de 1975. La
tarea se complementa con una revisión a las disposiciones legales y las normas sobre libertad de
expresión y asuntos afines, así como una revisión de prensa de la época, desde la presentación de las
noticias hasta las columnas de opinión.
Resulta importante investigar este problema porque (1) tiene que ver con el quehacer periodístico, de
cara, no sólo al problema de los derechos y libertades ciudadanos, sino a la preparación necesaria
para comunicar una visión sobre la realidad. Además, analizar esta problemática (2) permite evaluar
la competencia de los periodistas con preparación específica en facultades de comunicación y
periodismo con respecto a profesionales de otras áreas que ejercen esta labor, así como (3) el sentido
y la viabilidad de las más de 40 facultades de comunicación del país y (4) el papel del Estado como
garante de los derechos de los periodistas.
Cabe aclarar que, respecto al anteproyecto elaborado hace un año, han surgido algunas
modificaciones necesarias. En primer lugar, se redujo el enfoque (el anterior pretendía abordar las
transformaciones en el oficio no sólo frente a la eliminación de la tarjeta profesional sino con
respecto al auge del periodismo ciudadano). Este cambio obedece a la necesidad de centrar la
investigación en un solo factor que por sí mismo tiene una gran amplitud y significación. De igual
4
forma, ello se debió al carácter, todavía efímero, de los derechos y deberes del periodismo elaborado
a través de Internet por ciudadanos del común.
De igual modo, se cambió el tipo de trabajo (de monografía teórica a producto periodístico) debido a
que no se pretende ver el fenómeno desde una perspectiva teórica, sino que la idea es realizar aportes
subjetivos y valorativos frente al ejercicio del periodismo como oficio en el país y, sobre todo, frente
a la necesidad o no de regular esta labor. Finalmente, a nivel metodológico, se optó por centrar la
investigación en material obtenido a través de entrevistas, documentos legales y revisión de prensa,
para darle un carácter testimonial a los hallazgos y con el fin de alcanzar una visión más amplia que
permita contrastar opiniones y experiencias con respecto a lo que significó poseer la tarjeta
profesional.
El nuevo objetivo general del trabajo periodístico es, entonces, analizar el impacto de la eliminación
de la tarjeta profesional del periodismo en cuanto a la responsabilidad y valores deontológicos
propios de su ejercicio, y en lo que tiene que ver con las oportunidades y condiciones laborales de los
periodistas y comunicadores sociales en el país. Un diagnóstico elaborado a través de testimonios
directos de quienes ejercen el oficio y desde puntos de vista alternos de gremios, academia y
encargados de la contratación de comunicadores.
Como objetivos específicos este trabajo de grado se propone identificar las modificaciones en materia
de políticas de contratación que se presentan a raíz de la eliminación del estatuto profesional del
periodista, definir las regulaciones y frenos para el ejercicio del periodismo en términos de derechos
laborales y régimen especial, teniendo en cuenta disposiciones legales e instrumentos generados por
las agremiaciones, evaluar la pertinencia y viabilidad de las facultades de comunicación social,
analizar qué tan favorable o desfavorable ha sido la eliminación del Estatuto, y contrastar opiniones
para enriquecer el debate.
5
6
Capítulo I: El fallo
“El problema en Colombia es que hay muchas tarjetas sin periodistas”.
Daniel Coronell (El Tiempo, 1997, 11 de julio)
Contexto: Mockus reportero
En 1997 los ciudadanos Luis Ernesto Arciniegas Triana, José Gabriel Santacruz Miranda, Alirio
Galvis Padilla y Orlando Muñoz Neira demandaron, los dos primeros en forma independiente y los
últimos conjuntamente, varios artículos de la Ley 51 de 1975. El último de los mencionados asegura
hoy que la razón que lo motivó a presentar la acción pública de inconstitucionalidad fue que Antanas
Mockus, entonces candidato a la Presidencia, se había vinculado como periodista al noticiero QAP.
“Él fue contratado como reportero pero al mismo tiempo tenía aspiraciones políticas. La Comisión
Nacional de Televisión (CNTV) le pidió un concepto al Consejo de Estado para ver si Mockus podía
ser reportero, y el Consejo de Estado dijo que como él no tenía tarjeta de periodista, no podía ejercer.
A mí eso me pareció injusto, porque para nadie es un secreto en Colombia que los medios de
comunicación tienen libertad para expresar sus opiniones políticas” (Orlando Muñoz, entrevistado
por Silva, 2013).
Como respuesta al concepto del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Televisión obligó al ex
alcalde Mockus a renunciar a su cargo en el noticiero QAP. Las reacciones ante dicha decisión no se
hicieron esperar. Por un lado, aparecieron los directivos gremiales, a quienes les pareció “bien hecho
porque no es justo que el aspirante presidencial les quite el puesto, y de paso, gane más dinero que
los periodistas que sí estudiaron en una universidad” (El Tiempo, 1997, 11 de julio). Dentro de este
grupo se destacó la posición asumida por Gloria Tamayo, entonces presidenta del Círculo de
Periodistas de Bogotá (CPB), quien defendió la obligatoriedad de la tarjeta profesional para el
ejercicio del periodismo y sostuvo, además, que era injusto que al ex alcalde Antanas Mockus le
pagaran por ‘darse pantalla’ (El Tiempo, 1997, 11 de julio).
Del lado de quienes se opusieron a la disposición adoptada por la CNTV estuvieron dos miembros
de la Sociedad Interamericana de Prensa, Danilo Arbilla (presidente de la Comisión de libertad de
prensa) y Ricardo Trotti (director del programa para la promoción de la libre información). En ese
momento, Trotti comentó: “Teníamos la esperanza de que en Colombia la tarjeta de periodista no
fuera obligatoria sino voluntaria. Este caso en el que se desvincula de su cargo a un ciudadano por
no poseerla nos preocupa porque es una forma de instaurar una colegiación de periodistas que va en
detrimento de la libertad de prensa” (El Tiempo, 1997, 11 de julio). Arbilla, por su parte, afirmó que
exigir la tarjeta profesional de periodista le quitaba al gobierno, a la justicia y a los medios
credibilidad “porque hace que la comunidad internacional se pregunte por el grado de independencia
7
de las informaciones (…) Colombia debe derogar la norma que exige la tarjeta profesional pues así lo
decidieron la mayoría de naciones del mundo” (El Tiempo, 1997, 11 de julio).
En ese momento se pronunció también María Elvira Samper, ex directora de QAP: “No tengo
tarjeta profesional. Y María Isabel Rueda (codirectora) tampoco tiene. La tarjeta es un requisito
antidemocrático, ridículo y contrario a la esencia del periodismo. Ya quisieran todos los periodistas
colombianos, incluida yo, a una persona como Mockus para ejercer este oficio” (El Tiempo, 1997, 11
de julio). A su vez, el periodista Daniel Coronell, ex director del noticiero de televisión NTC
Noticias, observó que en su espacio informativo había excelentes reporteros que nunca tuvieron ‘el
dichoso cartoncito’ y agregó que “el problema en Colombia es que hay muchas tarjetas sin
periodistas” (El Tiempo, 1997, 11 de julio).
Es importante aclarar que, como lo advirtió en su momento Álvaro Pava, miembro de la Comisión
Nacional de Televisión, el concepto del Consejo de Estado sólo afectaba a los noticieros de televisión
que tuvieran como reporteros o periodistas a candidatos: “Mockus es un caso particular porque de
manera pública anunció su candidatura, y en el momento de ingresar al Noticiero QAP quedó en
ventaja y abrió un boquete en el equilibrio con los demás candidatos. Por eso tuvo que intervenir la
Comisión” (El Tiempo, 1997, 11 de julio).
Si bien hubo un trasfondo político en la decisión de la CNTV, enmarcado en el debate sobre la
conveniencia de ejercer, de manera simultánea, el periodismo y la política, lo más importante de la
polémica fue que puso sobre la mesa que varios periodistas de reconocida trayectoria profesional y
poder mediático lo hacían sin tarjeta profesional. Entre ellos, Viena Ruiz, del Noticiero CM&; Julio
Sánchez Cristo, director de La FM; Enrique Santos Calderón, subdirector de El Tiempo; Roberto
Pombo, director de Viva FM, e Isaac Lee, director de la revista Semana, entre otros. En tal sentido,
el debate se centró en si debía aplicarse la Ley 51 de 1975 para todos los casos, o si era pertinente
derogarla por su ineficacia en términos prácticos (El Tiempo, 1997, 10 de julio).
Frente a este panorama, Orlando Muñoz y los otros tres demandantes manifestaron ante la Corte
Constitucional su preocupación, basados en un argumento específico: los requisitos exigidos por la
Ley 51 de 1975 –establecidos puntualmente en los artículos 2 (parcial), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la
misma– para ejercer en forma permanente el periodismo limitaban, según ellos, la libertad de
expresión y desconocían la naturaleza del periodismo como un medio de divulgación del
pensamiento. Adicionalmente plantearon que “no se debe olvidar que si los derechos
constitucionales fundamentales son de aplicación inmediata, como así lo dispone el artículo 86 de la
Constitución, el ejercicio de la libertad de expresión e información no requiere autorizaciones
previas” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
8
De otra parte, los demandantes expresaron que, desde su punto de vista, el Estatuto violaba el
derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial puesto que impedía que personas
especializadas en otros temas pudieran divulgar sus conocimientos a través de los medios de
comunicación. Para ellos, la tarjeta profesional no garantizaba la idoneidad del periodista, pero sus
conocimientos y ‘manejo científico’ de los temas, sí. Dicho de otro modo, “no es la tarjeta la garantía
del periodista sino sus cualidades académicas y personales las que le dan o le quitan la posibilidad de
ejercer el periodismo” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
Otro de sus argumentos fue que la mencionada ley violaba la libertad de empresa al limitar “la
posibilidad de los medios de comunicación de escoger el equipo de trabajo que, en su concepto,
aporte mayores beneficios a su empresa” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo). En ese
mismo sentido, las disposiciones impugnadas dentro del Estatuto, de acuerdo con los actores,
violaban el derecho al trabajo porque establecían una discriminación en contra de personas que, “no
obstante contar con el talento, la vocación, la experiencia, los conocimientos y la ética profesional
para formar y conducir responsablemente la opinión pública, no reúnen los requisitos exigidos en
ellas” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
Los demandantes también consideraron un motivo para la declaratoria de inconstitucionalidad el
hecho de que las normas demandadas no se estaban cumpliendo en la realidad, “en primer lugar
porque gran parte de los directores y personas que ejercen el periodismo en influyentes medios de
comunicación social no tienen tarjeta de periodista; y en segundo lugar, porque, a pesar de haber
sido promulgadas con la finalidad de mejorar la calidad en el ejercicio del periodismo, continúan los
abusos y arbitrariedades contra la intimidad de las personas” (Colombia, Corte Constitucional,
1998b, marzo).
El último planteamiento fue que no se puede comparar el periodismo con otras profesiones a las que
se les exige la tarjeta profesional, como el Derecho, la medicina o la arquitectura, pues, según los
demandantes, en estas se aplican conocimientos específicos, mientras que en el periodismo no hay
marco único de este tipo (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
El debate
Además del contexto de opiniones encontradas ya mencionado, hay que aclarar también que en el
debate al interior de la Corte Constitucional, que condujo a declarar inexequible el Estatuto
Profesional del Periodista, se tuvieron en cuenta intervenciones realizadas por gremios,
universidades, comunicadores y políticos, en torno a la pertinencia o no de una tarjeta de periodista
en el país.
9
En las posiciones a favor del mantenimiento del Estatuto Profesional del Periodista, se incluyó la de
la entonces Ministra de Justicia, Alma Beatriz Rengifo, quien afirmó que era necesario exigir títulos
de idoneidad para la práctica del periodismo, ya que “su ejercicio implica una función social de gran
importancia, al contribuir al desarrollo de la democracia y a la formación de opinión pública”
(Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo). Además, la Ministra expresó que si el Estado
permitiera a cualquiera ejercer el periodismo, “llegaríamos a la anarquía y al caos a nivel de las
comunicaciones y se desconocería el derecho que tiene toda persona de recibir información veraz e
imparcial” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
Las facultades también se pronunciaron. Según el ex decano académico de la Facultad de
Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, Gabriel Jaime Pérez, la
preparación para ser periodista tiene como finalidad “dar una formación integral para que el
profesional sea capaz de enfrentar las transformaciones tecnológicas, y asumir con criterio las
necesidades de información de una sociedad cada vez más exigente y consciente de los problemas
sociales, culturales y políticos del país” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
Además, el entonces decano de la facultad de Comunicación social y periodismo de la Universidad
Central, Fernando Barrero Chaves, afirmó que, de acuerdo con la Ley 51 de 1975, se entendía por
función periodística la ejercida en forma permanente y remunerada en los medios periodísticos. “Un
voluntario que quiere escribir y llevar informaciones a un medio y no cobra, lo puede seguir
haciendo con o sin Ley 51/75. La norma establece que quien quiere y puede cobrar por hacerlo, debe
ser profesional. ¿Para qué? Para que amparada la sociedad en la norma, pueda exigirle una serie de
conocimientos, de experiencias, de responsabilidades sociales, éticas, culturales, técnicas, etc. que le
garanticen al medio y a los receptores de sus mensajes, lectores, oyentes, televidentes, etc., es decir, a
la comunidad, la deseada e indispensable idoneidad y competencia profesionales” (Colombia, Corte
Constitucional, 1998b, marzo).
Por su parte, el asesor jurídico del Círculo de Periodistas de Bogotá defendió la constitucionalidad
del Estatuto Profesional del Periodista afirmando que “no es cierto que la Ley 51 de 1975 impida a
los ciudadanos expresar y exponer sus opiniones. Si esto fuera así, todos los periodistas con tarjeta o
sin ella, hubieran manifestado su contrariedad y oposición, toda vez que el periodista está y estará
siempre en contra de todo aquello que tenga algún tufillo de censura” (Colombia, Corte
Constitucional, 1998b, marzo).
Es importante mencionar del lado de los defensores de la tarjeta al ex procurador de la nación, Jaime
Bernal Cuellar, quien sostuvo: “El ejercicio del periodismo debe ser reglamentado, para defender la
prevalencia del interés general, dada la trascendencia e importancia social que caracteriza a esta
10
actividad. En este caso, las normas que el legislador expidió son adecuadas para la consecución de
ese fin, porque garantizan la idoneidad de las personas que han de informar a la comunidad”
(Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
Para los que estaban de acuerdo con la inconstitucionalidad de la norma mencionada, entre ellos el
ex magistrado Carlos Gaviria, esta también violaba el derecho de los ciudadanos a recibir una
información imparcial y veraz, ya que, de acuerdo con su opinión, impedía que personas
especializadas en ciertos temas como la economía, el derecho, la ciencia, las artes, etc., divulgaran
sus conocimientos a través de la prensa, lo cual puede constituir un sofisma, pues estas personas
nunca dejaron de intervenir, aunque no en calidad de periodistas. Otro argumento relevante era que,
si bien permitir el pleno ejercicio de la libertad de expresión constituye un riesgo social, este y el
sufragio universal son ‘males necesarios’ para el sostenimiento del sistema democrático (Colombia,
Corte Constitucional, 1998b, marzo).
El actual senador Juan Lozano, a su turno, consideró que las disposiciones acusadas violaban el
artículo 20 de la Carta política, “pues, por una parte, niegan la libertad de expresión para quienes no
tengan tarjeta profesional de periodista y para quienes no hayan pasado por una facultad de
periodismo y comunicación social. Por otra parte configuran una peligrosa modalidad de censura,
prohibida expresamente por la Constitución” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo). Del
mismo modo, resaltó que el Estatuto infringía también algunos tratados internacionales como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –Carta Internacional de Derechos Humanos– y
el Pacto de San José de Costa Rica –Convención Americana de Derechos Humanos.
Otra voz a favor de la inexequibilidad de la ley fue la del periodista Antonio Caballero, quien
manifestó que las normas acusadas, además de ‘peligrosas, dañinas y superfluas’, en la práctica no se
cumplían. Según el periodista Caballero, las leyes de prensa son siempre peligrosas para la libertad,
pues su objetivo es el amordazamiento de la prensa independiente y crítica por parte del poder, que
prefiere, y siempre ha preferido, una prensa controlada y unos periodistas sumisos (Colombia, Corte
Constitucional, 1998b, marzo).
Una vez concluida la audiencia pública que llevó a cabo la Corte Constitucional, los magistrados
plantearon sus respectivos puntos de vista. Al final, la eliminación del Estatuto del Periodista se
aprobó con nueve votos a favor, la totalidad de integrantes de la Corporación. En el acta que recoge
el debate final que culminó en la expedición de la sentencia C-87 de 1998, solicitado mediante
derecho de petición por la autora del presente trabajo, se pueden apreciar los argumentos centrales de
los nueve magistrados antes de votar en contra de la vigencia del Estatuto.
11
En primer lugar, Carlos Gaviria, magistrado ponente, expresó que la Carta vigente consagra dos
libertades íntimamente ligadas: la de pensamiento y la de expresión, que son la esencia de la
democracia, “toda vez que la democracia en abstracto no es concebible, sin el debate libre de las
opiniones y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse” (Colombia, Corte
Constitucional, 1998a, 18 de marzo, p. 5). Dentro de su argumentación, Gaviria recurrió a la
filosofía democrática y a la mitología griega para indicar que todos los hombres, por igual, tienen el
derecho de hablar y opinar. De otra parte, aunque reconoció diferencias entre los derechos de
expresión y de información, sostuvo que “las dos operaciones con frecuencia se combinan, de
manera consciente o inconsciente, en la actividad diaria del comunicador, pues lo corriente es que se
presente el hecho evaluado” (Colombia, Corte Constitucional, 1998a, 18 de marzo, p. 5). Agregó,
además, que si bien es deseable que haya capacitación para quien va a informar, esto no debe
convertirse en privilegio reservado para unos pocos, ya que no deja de ser un despropósito el
pretender que sólo los periodistas con formación académica puedan suministrar información veraz e
imparcial.
En materia del riesgo social que podría llegar a implicar el ejercicio del periodismo, el magistrado
Carlos Gaviria consideró que no es tan fácil identificar ese riesgo, más aún en un régimen
democrático que excluye, por principio, el establecimiento de instancias superiores que decidan a
priori si una opinión es correcta o malsana. Según el entonces magistrado, si una opinión tiene
efectos socialmente nocivos, “la persona debe responder por su conducta abusiva, como lo prevén
todas las normas que consagran ese derecho” (Colombia, Corte Constitucional, 1998a, 18 de marzo,
p. 6).
Su argumento final fue que, desde el punto de vista de los tratados internacionales ratificados por
Colombia, requisitos como la tarjeta profesional son considerados una forma de censura previa y que
toda la Ley 51 de 1975 estaba dirigida a crear “un monopolio de la opinión e información para cierto
grupo de personas” (Colombia, Corte Constitucional, 1998a, 18 de marzo, p. 6). Sumado a ello,
planteó que el secreto profesional, consagrado en el capítulo 74 de la Constitución, no se alteraba
con esa decisión, preocupación recurrente en el momento.
Por su lado, el magistrado Jorge Arango Mejía afirmó que no creía que se produjera ningún
‘cataclismo’ con la declaración de inexequibilidad de la Ley 51 de 1975, pues ello no implicaba,
desde su punto de vista, la desaparición de las facultades de comunicación (Colombia, Corte
Constitucional, 1998a, 18 de marzo, p. 6). Otra postura relevante fue la del magistrado Alejandro
Martínez Caballero, quien solicitó al ponente incluir en el fallo una aclaración con respecto al
régimen laboral y pensional de los periodistas, “el cual no depende de una tarjeta sino del ejercicio
12
efectivo del periodismo (afiliación y vinculación laboral o cotización como trabajador
independiente)” (Colombia, Corte Constitucional, 1998a, 18 de marzo, p. 7).
La decisión
El 18 de marzo de 1998, el periódico El Universal de Cartagena señaló que ese día la Corte definiría
la exequibilidad de la tarjeta profesional, “en medio de una gran polémica entre dos diferentes
sectores del gremio periodístico”. De acuerdo con el diario, de un lado estaban aquellos que
sostenían que el derecho de informar y ser informado no podía ser restringido, y en la otra orilla se
encontraban las facultades de comunicación social que defendían su profesionalización y la
existencia del documento como representativo de que se había efectuado un trabajo de capacitación
técnica universitaria y como mecanismo para mejorar la calidad de los profesionales (El Universal,
1998, 18 de marzo, p. 10A).
La pregunta que debía entonces resolver la Corte Constitucional era si podía la ley, a la luz de la
Constitución de 1991, exigir formación académica a quienes se dedican habitualmente a opinar y a
informar (a través de los medios), sin vulnerar el artículo 20 de la Carta Política. Dentro de las
consideraciones que motivaron la decisión de los magistrados estuvo el hecho de que ni en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ni en otros documentos del bloque de
constitucionalidad se restringe la libertad de expresión y de opinión por razones de ‘idoneidad
intelectual’ o cualificaciones especiales (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
La línea argumentativa de la Corte incluyó referencias filosóficas, ya mencionadas en la postura del
magistrado Carlos Gaviria, para justificar, por un lado, el carácter universal de la libre opinión, como
axioma milenario de la democracia y, por el otro, para demostrar la inconveniencia de dejar en
manos de un ‘monopolio’ el ejercicio de este derecho fundamental. Además, de acuerdo con la
Corte, “exigir cualificaciones intelectuales para opinar, implica exigirlas para sufragar” (Colombia,
Corte Constitucional, 1998b, marzo). Cabe aclarar también que los magistrados tuvieron en cuenta
que la Constitución consagra la libertad de información y la de expresión con el mismo vigor y
alcance.
Para discutir lo planteado en el artículo 26 de la Carta constitucional, que dice que la ley puede exigir
títulos de idoneidad y que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social, la sentencia plantea que no es fácil
identificar dicho riesgo en la actividad periodística, como en profesiones como la medicina o la
ingeniería, pues “¿quién podría decidir si la opinión emitida y difundida es socialmente riesgosa?”
(Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo), sobre todo en un régimen democrático en el cual
no existen (ni deben existir) instancias competentes para ello.
13
Adicionalmente, la Corte aclaró en ese momento que tanto la libertad de opinión como el sufragio
universal, son ‘riesgos’ connaturales del sistema, así que “no parece arriesgado afirmar que a mayor
libertad mayores riesgos” y “no puede, pues, pensarse que a todo posible riesgo haya que responder
con una restricción” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo). Lo más importante de este
asunto es que, para la Corte, es preferible afrontar el riesgo ante un eventual daño social causado por
una información inadecuada que imponer una restricción como medida preventiva.
Para la Corte, “los derechos de cualquiera índole [incluido el de la reserva de la fuente], los
privilegios (prestacionales, de seguridad social como los previstos en la ley 100/93, o los de alguna
otra especie) y aún los deberes éticos y jurídicos que al periodista incumben (…) derivan del ejercicio
de su actividad (…) y no del hecho contingente de poseer o no una tarjeta expedida por una agencia
oficial” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
En cuanto a las facultades de Comunicación social y periodismo, la Corte las presentó, de todas
maneras, como los lugares más indicados para adquirir conocimientos relativos al modo más o
menos eficaz de informar (y no con la capacidad para hacerlo) y para aprender los aspectos
gramaticales y técnicos del oficio, debido a la competencia de los docentes en dichas unidades
académicas. Aclaró también que “la conveniencia de dichos estudios, para las personas que se
dedican a la tarea de informar y a realizar las demás tareas propias de un comunicador, no es
siquiera objeto de controversia” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo) pero cuestionó que
esta capacitación profesional pudiera ser exigida como condición para cumplir la actividad de
informar.
La otra visión
Aunque, como ya se mencionó, la inconstitucionalidad fue aprobada por la totalidad de los
magistrados de la Corte Constitucional, el entonces magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz presentó
una aclaración de voto en la cual explicó que, pese a estar de acuerdo con la mayor parte de
argumentos expuestos en la ponencia, consideraba que las citas que se hicieron fueron muy
subjetivas y que podían dar lugar a equívocos. Así, en su documento, Cifuentes dijo: “considero que
no es suficiente, e incluso resulta equivocado, recurrir a la filosofía clásica o al argumento a fortiori
elaborado a partir de los postulados de una determinada corriente de la filosofía política sobre el
derecho al sufragio, para fundamentar este aserto constitucional. Las decisiones de la Corte
Constitucional deben sustentarse en argumentos que tengan anclaje directo en la Carta” (Colombia,
Corte Constitucional, 1998b, marzo).
Para el ex magistrado, la Corporación se limitó a hacer afirmaciones generales que confunden la
universalidad (la titularidad del derecho) con la intangibilidad (el alcance o ámbito de irradiación del
14
mismo), puesto que una cosa es que la libertad de expresión pueda ser ejercida por cualquier persona
y otra que no se puedan imponer restricciones –previas o posteriores– a su ejercicio: ciertamente, no
todas las restricciones afectan la titularidad del derecho, como por ejemplo, regulaciones sobre lo que
se expresa, la forma cómo se expresa o la oportunidad de su difusión pública (Colombia, Corte
Constitucional, 1998b, marzo).
Según Cifuentes, cuando fuese necesaria una restricción, la labor del juez constitucional sería la de
estudiar, en concreto, cada una de las restricciones que se impongan a través la ley, con el fin de
evaluar su eventual legitimidad frente a otros derechos y deberes constitucionales. Así,
“contrariamente a lo sostenido por la Corte, el derecho a recibir una información veraz e imparcial y
el altísimo riesgo social que puede implicar la difusión de informaciones falsas o tendenciosas,
justifica que, en materia del derecho a la libertad de información, existan límites que no pueden ser
aplicados a la libertad de expresión de las ideas y opiniones. En este sentido, podrían existir
limitaciones internas -propias de la profesión periodística o del medio - y, externas, - provenientes del
Estado-, destinadas a garantizar la idoneidad, imparcialidad y responsabilidad del periodista, para
asegurar que la información que se difunda sea veraz, imparcial y objetiva” (Colombia, Corte
Constitucional, 1998b, marzo).
Una de las posibles excepciones que planteó fue que, por ejemplo, se dictara una norma legal que
garantizara un acceso igualitario, en momentos como las contiendas políticas, a todos los
competidores de un certamen electoral. Según Cifuentes, la profesión del periodista está
constantemente amenazada, no sólo por el Estado sino por los grupos de dominación privados y este
sería otro punto esencial en el que cabría la regulación, pues “de no existir una intervención pública
eficaz, pueden ejercer todo tipo de presiones para perturbar el libre proceso comunicativo”
(Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo). El ex magistrado opinó además que la
Corporación ignoró decisiones previas en las que había favorecido el buen nombre y la honra sobre
la libertad de expresión, lo que implicaría una contradicción y pondría en tela de juicio el carácter
absoluto de este derecho (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
De manera resumida, la propuesta de Cifuentes fue que la Corte ignoró la verdadera cuestión
inmersa en su decisión que era el principio de proporcionalidad: ¿qué restricciones legales pueden
resultar admisibles, bajo el entendido de que la libertad de información goza de preferencia
constitucional? Desde ese punto de vista, sería crucial la tarea del legislador, porque le
correspondería satisfacer una doble necesidad: la de regular la profesión de periodista y la de hacerlo
sin afectar los derechos fundamentales (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
15
Como perspectiva adicional, el ex magistrado resaltó que el periodista existe para la Constitución
como un sujeto diferenciado que, por lo tanto, demanda un Estatuto propio con miras a garantizar
su independencia y profesionalidad. Sin embargo, “advertir la existencia de este imperativo de origen
constitucional, no significa que dicho Estatuto se imponga como medio para instituir privilegios. Su
cometido no puede ser otro que el trazado por la Constitución: lograr la libertad y la independencia
del periodista” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b, marzo).
Refiriéndose a la formación académica profesional previa al ejercicio, el magistrado sostuvo que
estimularla contribuía a promover el derecho a recibir información veraz e imparcial, porque una
mejor preparación académica de los periodistas apunta indudablemente a la generación de aptitudes
en esa dirección. Sin embargo, para Cifuentes era indispensable que la ley protegiera “al periodista
que labra su destino en la práctica de la profesión, tanto como al que lo hace luego de cumplida una
formación teórica” (Corte Constitucional, 1998). Dentro de los periodistas que pertenecen al primer
grupo se pueden contar las personas de otras profesiones que no deben ser excluidas de la categoría,
“máxime si se considera que el receptor de la información o de la opinión puede ganar mucho
cuando el intermediario conoce el fondo del asunto” (Colombia, Corte Constitucional, 1998b,
marzo). De todos modos, sugiere apropiado exigir una experiencia mínima o estudios adicionales en
periodismo a estas personas.
Para complementar la visión de Eduardo Cifuentes respecto a la decisión de la Corte, se puede traer
a colación un texto suyo, escrito en el año 2000, en el que el ex magistrado analiza varios fallos de la
Corporación relativos a la libertad de expresión. Frente a la sentencia C-087 de 1998, Cifuentes
(2000, p. 208) explica que se confundieron dos planos que, para él, debían ser distinguidos sin que
por ello se deban dar por extinguidas las libertades que consagra el artículo 20 de la Constitución: de
un lado, su ejercicio por parte de cualquier ciudadano y, de otro, el uso que de ellos haga un
periodista.
Este situación es grave, según Cifuentes (2000, p. 208), porque “si este lamentable estado de
confusión de la Corte se mantiene en el futuro, nunca podrá el legislador afrontar la resolución de los
problemas especiales que enfrenta el periodista como periodista –no como sujeto universal–, tanto
dentro de la empresa comunicativa como su entorno”. De igual forma, el ex magistrado expresó en
este artículo que la perspectiva abstracta y de universalidad que asumió la Corte como ‘ideología’ no
le permitió advertir “los peligros que surgen de la asimetría de poder tecnológico y económico que se
experimenta en el proceso comunicativo nacional y mundial” (Cifuentes, 2000, p. 208).
Siguiendo esta mirada es posible destacar lo propuesto por Rodrigo Uprimny, Adriana Fuentes,
Catalina Botero y Juan Fernando Jaramillo (2006) en su libro Libertad de prensa y derechos
16
fundamentales, el cual realiza un recorrido por la jurisprudencia constitucional que se generó en la
materia entre 1992 y 2005. El texto plantea que el derecho a la información es algo más que la
libertad desregulada de los medios: “Es cierto que sin libertad de expresión y sin derecho a la
información no existe realmente democracia, y sin libertad de prensa no hay tampoco libertad de
expresión. Por ello, la censura estatal a los medios de información es censurable. Pero de ahí no se
sigue que mientras menos regulados estén los medios de comunicación, mejor será para la libertad de
expresión y para la democracia” (Uprimny et. al, 2006, p. 93).
Así, la propuesta de Uprimny et. al es que las regulaciones estatales destinadas a buscar seriedad y
equidad en temas de interés público en general, no deben ser vistas como amenazas de censura sino
como posibles desarrollos del derecho a la información, puesto que permiten que se escuchen voces
de otra forma silenciadas por el mercado asimétrico de la información en el país y en el mundo. Sin
embargo, el texto aclara que no se puede confiar de manera ciega en que la regulación garantice
mayor equidad y pluralismo, pues esta puede resultar ineficaz e incluso ser contraproducente
(Uprimny et. al, 2006, p. 93).
Una tercera opinión en contra de la decisión de la
Corte es la que plantea hoy en día Germán Ortiz
(entrevistado por Silva, 2013), profesor de la
Universidad del Rosario. Para Ortiz hubo errores
por parte de las Facultades puesto que estas no
dejaron claro, en la discusión que abrió la
Corporación, cuál era la importancia real de
enseñar periodismo –ello debido, en gran medida,
a que existía una confusión al interior de las
mismas desde que se dio una apertura hacia
estudios relativos a la comunicología (ver anexo
‘Entrevista a Germán Ortiz’). Por otro lado, este
periodista explica que la Corte creó un falso dilema
al plantear la necesidad de eliminar el estatuto
como manera única de garantizar la participación
de profesionales de otras áreas pues, según él, se
habrían podido compaginar ambos elementos.
Germán Ortiz lidera la línea de
investigación sobre Medios,
Comunicación y Periodismo en la
Universidad del Rosario. En esta
institución dirigió el programa de
Periodismo y Opinión Pública entre
2005 y 2008. Es periodista de la
Universidad de La Sabana, cuenta con
una especialización en Derecho
Público en la Universidad Externado
de Colombia y una Maestría en
Relaciones Internacionales de la
Universidad Javeriana (Universidad del
Rosario, 2013).
17
¿Cómo era el periodismo con tarjeta?
La Ley 51 de 1975, como ya se mencionó, otorgaba la tarjeta de periodista a personas que obtuvieran
un título profesional o una especialización en periodismo y a quienes demostraran que habían
ejercido la labor al menos desde tres años atrás. En este último caso, quien quisiera obtener la tarjeta
tenía que presentar y aprobar “exámenes de cultura general y conocimientos periodísticos en su
especialidad” (Colombia, Congreso de la República, 1975, 18 de diciembre), según reglamentación
del Ministerio de Educación. Para estos y para quienes hubiesen laborado como periodistas en un
periodo igual o superior a cinco años, era necesario presentar, además, “constancia expedida por la
directiva de una organización gremial o sindical periodística con personería jurídica” sobre sus
antecedentes profesionales (Colombia, Congreso de la República, 1975, 18 de diciembre).
El artículo 7 de esta ley señalaba que, pasados dos años de su expedición, quien ejerciera en forma
permanente la profesión de periodista, de manera independiente o estando vinculado a un medio de
información, y no tuviera la tarjeta profesional estaría sujeto a una multa de cinco mil a diez mil
pesos, o el doble en caso de reincidencia. Aclaraba también que la persona natural o jurídica con la
cual se realizara la vinculación ilegal, será solidariamente responsable del pago de la multa. Es
importante resaltar que la ley no sancionaba a quienes utilizaran eventualmente los medios de
comunicación para expresar sus opiniones personales (Colombia, Congreso de la República, 1975,
18 de diciembre).
De otra parte, la norma era muy enfática en la obligación de contratar periodistas profesionales,
sobre todo para cargos en medios de comunicación, agencias, corporaciones y establecimientos del
sector público. Así mismo, establecía que serían nulos los nombramientos de periodistas no
profesionales, aunque, como se verá en algunos testimonios presentados más adelante, las empresas
periodísticas rara vez exigían la presentación de la tarjeta profesional a quienes contrataban
(Colombia, Congreso de la República, 1975, 18 de diciembre).
Otros aspectos relativos a la actividad periodística que abarcaba la ley eran la reserva de la fuente
(artículo 11), además de la garantía de “la libre movilización del periodista y su acceso a los lugares
de información, para el pleno cumplimiento de su misión informativa” (artículo 12). Con respecto a
las organizaciones de carácter gremial o sindical, se indicaba que, aquellas que tuvieran personería
jurídica, serían entidades consultivas del gobierno nacional, en todo lo referente a la aplicación de la
normatividad y, sobre todo, en cuanto a la observancia de una estricta ética profesional (Colombia,
Congreso de la República, 1975, 18 de diciembre).
18
Las visiones frente a aspectos como la contratación, las regulaciones y los derechos de la labor
informativa durante la existencia del Estatuto profesional siempre estuvieron divididas. Algunos
periodistas afirmaban que la tarjeta era un elemento indispensable y otros reconocían que era más un
formalismo que un requisito para el ejercicio. Justamente, el presente trabajo se propuso reunir
distintos testimonios que sirven para ilustrar ambas miradas, tanto de periodistas que tuvieron la
tarjeta, como de otros que, aunque no fueron cobijados por el Estatuto, hoy aportan elementos claves
al debate acerca de su necesidad o impertinencia.
“Cuando uno se graduaba –comenta José Vicente
Arizmendi (entrevistado por Silva, 2013)– uno
tenía que hacer la cosa más anticuada del mundo
que era publicar un aviso en una página de edictos
de algún periódico nacional. Yo, por ejemplo, lo
hice en El Espectador. Apenas lo publicaba, al otro
día compraba el periódico, arrancaba la página
entera, tenía que ir al medio y ahí le ponían un
sello de que eso era auténtico. Se tenía que ir, con
la página completa, el diploma, el acta de grado,
un formulario, la fotocopia de la cédula, un poco
de papeles, a hacer una fila en la 30 con 26, a la
Secretaría de Educación (…). Llegaba uno a una
ventanilla, le ponían un sello y, de ahí, al
Ministerio de Educación, y cada trámite se
demoraba varias semanas. Creo que por allá al año me vinieron a entregar un carné, y eso para mí
nunca fue importante, nunca me dejaron de dar un trabajo por eso”.
De acuerdo con el decano, las universidades no prestaban atención a que sus egresados de
periodismo sacaran la tarjeta. “En la universidad normalmente no le decían a los estudiantes ‘mire,
saque su tarjeta de periodista, ¿quiénes ya la sacaron?’, no (…). Probablemente algunos de mis
compañeros nunca la sacaron y no les pasó nada”, afirma. Arizmendi señala también que durante
los primeros años de existencia del Estatuto, las facultades de Comunicación y periodismo apenas
estaban surgiendo y existía una pelea entre empíricos y profesionales. “Usted no le podía decir a
Yamid Amat, que en esa época debería llevar, no sé, 20 años de periodista, que no podía ser
periodista de un día para otro (…). Además, había muy pocos egresados (…) [y estos] no tenían casi
experiencia, entonces era muy difícil competir contra alguien que conocía a los ministros, a los
José Vicente Arizmendi es el decano
académico de la Facultad de
Comunicación Social y Lenguaje de la
Universidad Javeriana. Es
comunicador social y periodista de la
Universidad de La Sabana, fue director
del noticiero Procívica Televisión, tuvo
a su cargo la Carrera y la dirección del
Departamento de Comunicación y
Lenguaje de la Universidad Javeriana
en Cali. Además, fue columnista de El
País de Cali durante 12 años.
19
Juan Manuel Ruíz trabajó en RCN
durante más de dos décadas, como
coordinador nacional de noticias y
subdirector de noticias de Radiosucesos
de la mañana. “(…) ha ganado el
Premio Nacional de Periodismo en
cuatro oportunidades: una de ellas en
televisión, en la categoría de mejor
análisis, y tres en radio, en las
modalidades de crónica y narración
periodística. En el año 2006 ganó el
premio de periodismo CPB, en la
categoría de reportaje para radio”
(Fundación Santillana, 2006). Ruiz es
comunicador social y periodista de la
Universidad de La Sabana y
especialista en Relaciones
Internacionales de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano.
funcionarios, a los gobernadores, a los empresarios, a todo el mundo, por más técnica que supiera”,
expresa.
En esa misma línea, Ricardo Ávila Palacios (entrevistado por Silva, 2013), periodista y abogado
bogotano especializado en derecho de familia, jefe de cierre de la edición impresa del diario El
Espectador, recuerda que durante la vigencia de la Ley 51 de 1975, era muy común ver en las salas
de redacción personas sin una carrera en periodismo, porque apenas se estaban graduando las
primeras promociones de periodistas: “A principios de los 90 en las salas de redacción realmente aún
predominaban periodistas empíricos, y estaban llegando ya las nuevas camadas con los periodistas
recién egresados de facultades”. Por otra parte, Ávila manifiesta que el Estatuto garantizaba el
ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y de opinión, pero no protegía derechos laborales.
Por su parte, Germán Ortiz (entrevistado por Silva, 2013) explica que “el periodismo hasta los años
77 ó 78, probablemente tenía el 70% de sus plantas, de sus salas de redacción, con empíricos (…)
Había mucha actitud bohemia (…) [y] una cierta relajación en el tema de cómo al periodista se le
podía reconocer su trabajo. Las facultades fueron dando, poco a poco, esos primeros pasos de formar
a una persona en estudios específicos de
periodismo”. Además asegura que solamente
ejercían el periodismo quienes tenían la tarjeta,
sobre todo después de la consolidación de las
facultades de comunicación; sin embargo, la
mayoría de testimonios parecen contradecir su
visión.
“Cuando ingresé a los medios de comunicación la
posesión de la tarjeta no era obligatoria, ya venía
una corriente, por decirlo así, que consideraba que
la tarjeta de periodista no era una exigencia sine
qua non para que te pudieran contratar”, relata
Juan Manuel Ruíz (entrevistado por Silva, 2013),
quien además sostiene que pudo iniciar su carrera
a finales de los 80 sin tener la tarjeta.
20
Francisco Tulande, actual director de
noticias de Colmundo Radio, se define
como un periodista ‘netamente
empírico’ y ejerce la actividad desde
hace más de 30 años. “(…) ha pasado
buena parte de su vida en los frentes de
la noticia, como reportero raso y
conductor periodístico en diversos
medios radiales: RCN, la Cadena
Melodía y Radio Santa Fe. Ha
laborado también en la Agencia
Reuters, el Noticiero Promec, RCN
televisión, Reporteros del Mundo y El
Espacio” (Tulande, 2010).
Gonzalo Silva es asesor de
comunicaciones del Instituto Distrital
de Turismo (IDT), ejerce el periodismo
desde hace 40 años y ha trabajado en
medios como El Espectador, El
Tiempo y TV Andina. La mayor parte
de su carrera, ha estado vinculado con
trabajos en el sector público.
Francisco Tulande (entrevistado por Silva, 2013)
afirma que más o menos un año después de la
creación del Estatuto profesional ya se presentaban
las primeras denuncias de que personas que no
eran periodistas tenían la tarjeta. “Jaime Viana, lo
digo con nombre propio, redactor del diario El
Espectador y después de El Espacio, tuvo una
situación peculiar (….), en un taxi le cobraron más
de la cuenta y le dijo al taxista: ‘Yo lo voy a
denunciar, porque usted me está cobrando más de
la cuenta y yo soy periodista’ y el taxista le
también le sacó una tarjeta de periodista”,
comenta Tulande, como ejemplo de las anécdotas
que se presentaban en la época. En ese sentido,
para el periodista, “la tarjeta como que no servía
para nada o no representaba nada”.
Por su parte, Gonzalo Silva (entrevistado por
Silva, 2013) considera que la tarjeta no era un
requisito indispensable en la contratación de
periodistas: “Siempre el periodismo ha
dependido mucho de empíricos, de personas que
en una época eran las que se formaban en los
periódicos”. Silva coincide con Francisco
Tulande en que no sólo periodistas, empíricos o
formados, poseían la tarjeta: “La tarjeta
profesional se prostituyó, porque ya uno
encontraba hasta a los escoltas de los políticos con tarjeta profesional (…), la tarjeta ya no solamente
era una forma de acceder a un medio, sino que todo el mundo la utilizaba para entrar a actividades
sociales, a partidos de fútbol”. Según él, esta situación afectó hondamente la imagen del ‘carné’
profesional1.
1 De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Educación, desde el 24 de enero de 1977 hasta marzo de 1998
se entregaron unas 14.545 tarjetas (Gutiérrez, 1998, 18 de marzo).
21
Hernando Salazar es comunicador
social y periodista, con especialización
en periodismo económico de la
Universidad de La Sabana. Ejerce la
actividad desde 1989. Ha sido reportero
del noticiero QAP, Defensor Delegado
para la Libertad de Expresión
(Defensoría del Pueblo), Jefe de
Divulgación y Prensa de la Fiscalía
General de la Nación, editor político de
El Tiempo y corresponsal en Colombia
para la BBC. En la actualidad es
director de comunicaciones de la
Agencia Colombiana para la
Reintegración.
Élber Gutiérrez, jefe de redacción de El
Espectador, estudió en la escuela
Inpahu y en la Universidad Central, es
especialista en política y asuntos
internacionales de la Universidad
Externado y ha ejercido el periodismo
durante más de 15 años en las áreas de
política y paz. Fue editor político de la
Agencia Colombiana de Noticias
Colprensa, la revista Semana, el portal
de Internet Primerapagina.com y el
Noticiero CM& (Semana, 2007, 25 de
enero). Este año recibió el premio CPB
al mejor trabajo periodístico en prensa.
Para Hernando Salazar (entrevistado por Silva,
2013), la tarjeta “era como la identificación oficial
de que uno era periodista, pero no más que eso
(…) El carné del medio abría más puertas que la
tarjeta profesional de periodista. Era un
requisito… Era un papel, pero no era más que
eso. Algunas personas, sobre todo aquellos que no
venían del periodismo y los que no habían
estudiado en las facultades sacaban su tarjeta de
periodista y pretendían que los dejaran entrar a
ciertos sitios o pretendían tener ciertos
privilegios”.
Según Élber Gutiérrez (entrevistado por Silva,
2013), “la tarjeta se estaba convirtiendo en una
cortina que camuflaba las deficiencias de muchos
colegas”. Desde su punto de vista, los mejores
periodistas del país no son profesionales: “Los
señores con la mejor ortografía de este país, los
mejores cronistas de este país son empíricos”, dice.
Un testimonio adicional a los presentados
anteriormente, y que se relaciona con algunas de
las ideas de los entrevistados mencionados, es el de
un periodista que escribió un artículo de opinión
publicado el 25 de febrero de 1998 en El Tiempo, firmando como ‘H.R.’. En dicho texto este
planteaba que la tarjeta había servido más para envilecer la profesión que para dignificarla y que
algunos, valiéndose de ese documento, habían cometido toda clase de abusos. “En Ibagué, la capital
del Tolima donde se concentra el mayor número de periodistas, los malos ejemplos por el mal uso
que se le da a la tarjeta son frecuentes y de todos los tamaños. Hay periodistas que la utilizan para
entrar gratis a los espectáculos artísticos, para hacerse invitar a almuerzos, para dejarla empeñada
por licor en las tabernas, para pedir plata, para chantajear a funcionarios públicos por publicidad,
22
para que los inviten a cocteles... para fastidiar”, (El Tiempo, 1998, 25 de febrero) relataba el
periodista. Para este comunicador, la tarjeta profesional perdió importancia desde el momento en
que se le expidió a personas inescrupulosas. Entonces, el problema no era la tarjeta en sí misma, sino
su desmedido uso (El Tiempo, 1998, 25 de febrero).
Este panorama de reducida credibilidad frente a la tarjeta profesional contrasta fuertemente con las
circunstancias que condujeron a su establecimiento. El estatuto nació en el marco del proceso de
profesionalización del periodismo como carrera universitaria, con las consecuentes tensiones entre
empíricos y académicos, y fue una reacción de cara a las administraciones del Frente Nacional
durante las cuales se hizo patente que la ausencia de un régimen especial para los periodistas, los
exponía a la explotación y la persecución. De entre los comunicadores orientados a criticar al
gobierno surgieron preocupaciones por “las condiciones laborales, la defensa de sus intereses como
trabajadores asalariados (…) y el fortalecimiento del gremio” (Castellanos, 2011, p. 99), además de la
formación de una opinión pública crítica, la necesidad de la preparación del periodista para el debate
de los temas estructurales del país y la búsqueda de un periodismo independiente (Reporter, citado en
Castellanos, 2011). Así, “se pretendía con este estatuto defender la autonomía intelectual, obtener
garantías laborales frente a los empresarios y garantizar la libertad de expresión de los periodistas”
(Castellanos, 2011, p. 93-94).
Una de las preocupaciones centrales de la época fue por los salarios y condiciones de vida material
de los periodistas. “Una comisión encargada de estudiar este tema encontró que muchos de los
trabajadores de la prensa ganaban salarios que estaban un 50% por debajo de sus gastos básicos, de
modo que la jornada de trabajo se extendía más de las 18 horas y era común que se trabajara en
varias empresas periodísticas al mismo tiempo para cubrir tales gastos, hecho que fue condenado por
ser un mecanismo de explotación” (Castellanos, 2011, p. 100). De igual forma, se consideró la
situación de los periodistas de región, debilitada gracias a la venta de cupos publicitarios.
Un borrador del estatuto surgió en el marco del primer congreso nacional de periodistas, que se llevó
a cabo en 1964, en la ciudad de Cúcuta. Dicha propuesta “contenía 17 capítulos en los que se
abordaban temas sobre la definición de periodista, su matrícula, el escalafón, el secreto profesional,
las condiciones de trabajo y las garantías sindicales, entre otros temas. De esta manera, se definió al
periodista como un trabajador sometido a remuneraciones periódicas dentro de un escalafón en el
que la experiencia era el indicador más importante y debía estar afiliado a un sindicato de prensa”
(Castellanos, 2011, p. 100-101). El documento sostenía que sólo se reconocería como periodistas a
quienes estuvieran matriculados en el Ministerio de Trabajo por intermedio de un sindicato, que una
comisión del Ministerio y del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) otorgaría el carné profesional y
23
que los problemas relativos a la ética profesional serían juzgados por un tribunal especial del CNP
(Reporter, citado en Castellanos, 2011).
Posteriormente, en 1967 surgió un nuevo proyecto que planteaba que quien aspirara a desempeñarse
como periodista debía estar inscrito en el Registro Nacional de la Profesión de Periodista. Además,
proponía la creación de un Consejo Nacional de Periodismo para la vigilancia del ejercicio de la
profesión. Aspectos novedosos de esta propuesta fueron la incompatibilidad del periodismo con
funciones publicitarias y con actividades remuneradas por el Estado o por empresas privadas, salvo
las docentes (Castellanos, 2011, p. 101).
Hay que decir también que en el marco de este proceso de profesionalización, que se evidencia con
fuerza en los años 60, se presentaron varios escenarios en el nivel nacional para la discusión acerca
de la actividad además del ya mencionado (como el Primer Seminario de Periodismo Bolivariano en
1965 y el segundo Congreso Interamericano de Periodistas en 1962), además de otros de carácter
internacional (Castellanos, 2011). Al final, en 1975, apareció el estatuto del periodista, con la tarjeta
profesional como elemento insignia.
‘Una muerte anunciada’
En octubre de 1985, María Isabel Rueda se anticipó, en un artículo de opinión, a la postura en contra
del Estatuto –la cual tuvo su auge en 1998. Según ella, prestigiosos periodistas se habían
pronunciado categóricamente sobre el fracaso de la tarjeta profesional de periodista, “en cuyo
espíritu reposa el objetivo de que los medios se vean obligados a preferir a un portador de la misma
sobre otro candidato cuya única tarjeta de presentación la constituya su talento” (Rueda, 1985,
octubre). Para la periodista, las más de 3.000 tarjetas que habían sido expedidas hasta ese año no
constituían, de ninguna manera, una garantía para un ejercicio más ‘pulcro, profesional o
responsable’ de lo que fue antes de la Ley 51 de 1975.
Rueda destacó también que si uno de los objetivos del Estatuto era excluir de la actividad
periodística a abogados, políticos, ingenieros, ecólogos, entre otros profesionales, había fallado en su
intento (Rueda, 1985, octubre). “Lo que necesita la Ley 51 de 1975, que dispuso la carnetización de
la función intelectual de opinar, no es que la modifiquen para evitar la afortunada circunstancia de
que la disposición se esté violando en la actualidad, sino que la desmonten, con el objeto de que en la
profesión del periodista siga siendo más importante el talento que haber hecho la cola ante una
ventanilla”, aseveró en su columna.
Para Rueda, la tarea del Estado debería ser la de amparar al periodismo, pero sin tarjetas o carnés y
sin someterlo a la vigilancia de tribunales fácilmente manipulables por el gobierno de turno. Al
24
respecto, señaló: “el problema es que en el Congreso, frente a cuyas irregularidades el ejercicio libre
del periodismo ha resultado tan eficaz para purificar la democracia, existen parlamentarios para
quienes resultaría muy atractivo una ley tendiente a amordazar la libertad de opinión con la disculpa
de regularla” (Rueda, 1985, octubre).
Más tarde, una vez la Corte acumuló las demandas por inconstitucionalidad para darles respuesta en
una sola sentencia y realizó audiencia pública para analizar la validez de la tarjeta, se hicieron
evidentes las posiciones en contra de su permanencia, provenientes de algunos sectores del gremio
mismo (El Universal, 1998, 19 de marzo, p. 2B). Por ejemplo, José Fernando Bautista, Ministro de
Comunicaciones de la época, quien inicialmente había respaldado la permanencia del mismo, dio un
giro de 180 grados (El Tiempo, 1998b, 18 de febrero), al señalar que el gobierno era partidario de la
abolición de la tarjeta de periodista, pues esta atentaba contra la libertad que tiene toda persona de
expresar su pensamiento, de manifestar libremente sus opiniones y de informar (Colombia, Corte
Constitucional, 1998b, marzo).
De igual forma, “[la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos]
Andiarios, [la Asociación Nacional de Medios de Comunicación] Asomedios, [la Asociación
Nacional de Anunciantes] Anda, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Fundación para el
Nuevo Periodismo Latinoamericano que orienta Gabriel García Márquez, entre otras
organizaciones (…) arremetieron contra ella [la tarjeta] y la calificaron como una violación a la
libertad de expresión” (El Tiempo, 1998a, 18 de febrero).
Ya en la recta final del proceso de decisión de la Corte estaba claro que la tesis sobre la
inconstitucionalidad a nivel interno y la violación de normas internacionales por parte de la Ley 51
de 1975 era la que iba a imperar en el fallo de la Corporación (El Tiempo, 1998, 14 de marzo).
Así mismo, los decanos de las facultades afines al periodismo y la Comunicación social observaron
las consecuencias que traería una decisión inminente. “Estamos nivelando por lo bajo y no por lo
alto el ejercicio del periodismo, por eso las facultades tendrán que seguir con su misión de formar
periodistas. No podrían tolerar que abran espacios al mal periodismo sin pena ni gloria. Además,
hay que apelar a los medios de comunicación para que se pongan drásticos y contraten a los
egresados de las facultades” (Gutiérrez, 1998, 18 de marzo), señaló en ese momento Fernando
Barrero, decano de esa facultad en la Universidad Central.
Era tan previsible la caída del Estatuto, que al tiempo que la Corte se aprestaba a fallar, en el
Congreso empezaban a proliferar proyectos para reglamentar la labor, como uno que propuso el ex
senador Ángel Humberto Rojas, del Movimiento Unitario Metapolítico, que buscaba crear un fondo
de protección social y una ‘estampilla’ que identificara a los periodistas, además de implementar
25
exámenes de aptitud (El Espectador, 1998, 18 de marzo). Otra propuesta de Rojas pretendía revivir la
tarjeta de periodista (esta vez otorgada por el Ministerio de Comunicaciones) e indicaba que para
acreditarse como tal sería necesario poseer título en la especialidad de periodismo o haber ejercido la
profesión en lapso no menor a cinco años. Adicionalmente, el proyecto enfatizaba en que los
periodistas no estarían en la obligación de divulgar sus fuentes de información (El Universal, 1998, 19
de marzo, p. 2A).
En este contexto, la declaración inexequibilidad de la Ley 51 de 1975, aunque anticipada desde años
atrás, causó una serie de reacciones inmediatas, empezando por los periodistas y estudiantes de
comunicación social de la época. Dicho impacto es el objeto del siguiente capítulo.
26
27
Capítulo II: Impacto inicial y primeras reacciones
“¿Para qué estudiamos cinco años si vamos a quedar al mismo nivel que las reinas de belleza?”
Ana María Carvajal, III semestre Comunicación social – U. Javeriana
(El Tiempo, 1998b, 19 de marzo).
‘Cualquiera puede ser periodista’
El 19 de marzo de 1998, la prensa nacional registró el fallo de la Corte Constitucional y presentó un
panorama de lo que se venía para el periodismo de ahí en adelante. El Espectador tituló en primera
página ‘Cualquiera puede ser periodista’ y señaló que la decisión de los magistrados era
‘trascendental’. En sus páginas internas le dio voz a las caras del debate. Por un lado, el Círculo de
Periodistas de Bogotá (CPB) se pronunció afirmando que la libertad de prensa en Colombia había
muerto, puesto que, junto con el Estatuto, se habría eliminado el secreto profesional y el libre acceso
a las fuentes (El Espectador, 1998b, 19 de marzo). En ese mismo sentido se manifestó el periodista
Javier Darío Restrepo quién expresó que el fallo era un atentado contra la estabilidad de la
democracia porque “el deber de dar una información veraz y oportuna a la opinión pública está por
encima de cualquier derecho” (El Espectador, 1998a, 19 de marzo).
En la contraparte, el periódico presentó la opinión de Vladimiro Naranjo, entonces presidente de la
Corte Constitucional. Según Naranjo, si las personas saben escribir, si tienen espíritu de
investigación y cualidades para hacer periodismo, es obvio que tienen el derecho a ejercer la
profesión libremente y, por ende, no se deben establecer cortapisas o reglamentaciones que limiten
dicha posibilidad. Además, el ex magistrado aseguró que seguirían vigentes el sigilo profesional y la
reserva de la fuente, y que la seguridad social de los periodistas no se había alterado, porque seguía
en píe el Decreto 1281 de 1994, que concebía al periodismo como una actividad de alto riesgo y que
reglamentaba, en su capítulo II, un régimen especial de pensiones de invalidez de sobrevivientes y de
vejez para quienes la ejercieran (El Espectador, 1998a, 19 de marzo).
En su editorial de ese día –‘Periodistas en la mira’– El Espectador también le dedicó una reflexión al
histórico fallo. Su preocupación central fueron las propuestas que estaban surgiendo para
reglamentar nuevamente el oficio, las cuales debían ‘analizarse con lupa’: “Los medios (…) tienen la
obligación de trabajar en la profesionalización de los comunicadores. Pero es ingenuo pensar que se
pueden adoptar normas desprendidas de los intereses políticos de corto plazo, especialmente en
medio de una campaña electoral” (El Espectador, 1998c, 19 de marzo). Se referían a la de los comicios
de ese año, que enfrentaban a Andrés Pastrana, Horacio Serpa y Noemí Sanín. Cabe aclarar que esa
misma preocupación por la injerencia de la política en el periodismo persiste en la actualidad y es
28
responsable de que muchos periodistas estén de acuerdo con la inconveniencia de un eventual
Estatuto.
Por su parte, El Tiempo, que tituló ‘Se cayó la ley del periodista’ y ‘A salvo la libre expresión: Corte
Constitucional’, sostuvo que a raíz de la decisión del alto tribunal, ya no se podría exigir diploma de
idoneidad al periodista y que “prácticamente cualquier persona podrá ejercer como tal” (1998a, 19
de marzo). Adicionalmente reveló la preocupación patente por el secreto profesional, incluso en los
círculos del poder legislativo. “Mario Rincón, miembro de la comisión de asuntos constitucionales
de la Cámara y profesor universitario de derecho público, opinó que con el fallo el periodismo perdía
la condición de profesión y se convertía en un arte u oficio. ¿Los oficios también están amparados
por el sigilo?, se preguntó” (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo).
A ese respecto, la Corte aclaró que el secreto profesional de los comunicadores no corría riesgo
porque seguía amparado en la Carta Política. En ese sentido se apartó por completo del concepto
emitido por el ex Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, quien consideraba
necesaria una regulación mínima que hiciera posible el cumplimiento de ese mandato constitucional
(El Tiempo, 1998a, 19 de marzo).
Ambos periódicos recogieron otras expresiones frente a la decisión de los magistrados. Juan Lozano,
entonces asesor editorial de El Tiempo, sostuvo que el fallo salvó la libertad de expresión, uno de los
pilares básicos de la democracia. “El derecho a opinar y a informar para relacionarse con el mundo
es tan fundamental para el ser humano como la respiración, el movimiento o la vida misma” (El
Tiempo, 1998b, 19 de marzo), dijo. También aseguró que la Corte le había evitado al país un ‘peludo
oso’ internacional al tumbar una ley que iba contra el derecho internacional y los tratados de
derechos humanos. Igualmente, Lozano consideró positivo que se desterrara una ‘peligrosa y velada’
forma de censura: “en un país libre nadie debe pedir permiso al Estado para que le respete su derecho
a la libertad de expresión” (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo). En sus declaraciones para El
Espectador, el actual Senador opinó que la tarjeta, por sí misma, no le aseguraba a la ciudadanía una
buena información y que “les corresponde a los medios seleccionar cuidadosamente sus
colaboradores con la misión de informar veraz y oportunamente a la ciudadanía” (1998, 20 de
marzo).
La ex presidente de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Andiarios) Olga
Fernández de Soto, aseguró que la organización estaba satisfecha con la decisión de la Corte porque
había manifestado la inconveniencia de la tarjeta. Sin embargo, dijo que esperarían a conocer el texto
completo de la sentencia para pronunciarse sobre la consideración del periodismo como un oficio, ya
que Andiarios defendía su profesionalización. “Lo más importante es que quienes estudien
29
actualmente la carrera en una universidad deben saber que van a tener que prepararse muy bien
porque van a entrar a competir en el mercado laboral con personas de otras profesiones” (El Tiempo,
1998b, 19 de marzo), concluyó.
Por su lado, Ricardo Trotti, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, aseguró que no
creía que la sentencia afectara la situación de los periodistas en Colombia, pues la historia había
demostrado que en los países en donde que no existían regulaciones la prensa gozaba de los mismos
derechos que en los demás (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo).
Las reacciones de rechazo fueron lideradas por Gloria Tamayo, ex presidente del Círculo de
Periodistas de Bogotá, quien, como se mencionó más arriba, declaró la muerte de la libertad de
prensa en el país. Según Tamayo, la supresión de la tarjeta acababa, además, con los derechos
adquiridos de seguridad social y estabilidad laboral y decretaba la muerte física de las facultades.
“(…) los periodistas somos fantasmas, quedamos en el limbo. Esto es una estafa con los periodistas
que han estudiado con el dinero de padres que han tenido que pagar el estudio de sus hijos para
convertirlos en profesionales y para que ahora digan que es un oficio” (El Tiempo, 1998b, 19 de
marzo), aseveró.
Además, contrario a Trotti, expuso que los medios en los países en los que el periodismo se
considera una profesión de alta responsabilidad social fijan rigurosas reglas de admisión en las que
exigen título universitario y afiliación a un sindicato o gremio. “Somos los únicos que en el país no
tenemos derecho a nada”, (El Espectador, 1998, 20 de marzo) finalizó Tamayo.
Oscar Domínguez, ex director de Colprensa, lamentó el fallo de la Corte. “Considero que los lectores
tienen un derecho adicional cual es el de que quienes nos dedicamos a este oficio pasemos por el
barniz de la universidad que nos facilite o mejore las herramientas éticas y profesionales para ejercer
un oficio cada día más exigente” (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo), manifestó.
Para Álvaro Rojas, entonces presidente de la Asociación de Facultades de Comunicación Social
(Afacom), el fallo implicó un gran retroceso en la profesionalización del periodismo. “Desde hace
algún tiempo venían quitándole piso a la profesión y este es el zarpazo final. Esta es la única
profesión que han dejado sin ningún respaldo, la dejaron huérfana” (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo).
Agregó, también, que aunque el fallo no acabó con las facultades de Comunicación, porque el
periodismo es sólo una de las especialidades, sí abrió la puerta para que cualquiera ejerciera sin
responsabilizarse por la información difundida (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo).
La prensa regional también registró los hechos. El Universal de Cartagena le dio amplia cobertura al
tema y el 19 de marzo tituló ‘Cayó la tarjeta de periodista’ e indicó, de igual manera, que cualquier
30
persona podría ejercer el oficio a raíz de la decisión, con los únicos requisitos que los propios medios
de Comunicación impusieran a sus trabajadores, y que no sería necesario siquiera la acreditación de
un título profesional (El Universal, 1998, 19 de marzo, p. 1A). Según el periódico, la Corte indicó que
“toda persona tiene derecho a fundar medios de comunicación y ya en cada uno de los medios se les
exigirán las condiciones profesionales y las destrezas mínimas” a los periodistas (El Universal, 1998,
19 de marzo, p. 2B). Adicionalmente, recogió varias opiniones, entre ellas la del presidente de la
Corporación, ante las dudas que se presentaron. “El periodismo es una gran vocación y a esa
vocación no se le pueden poner barreras. Es como el artista, como el músico, con el pintor, como el
escritor. Qué tal exigirle un carné a una persona para que pueda publicar una novela o un libro. No
tiene que haber cortapisas en esas expresiones de algo que es una gran vocación” (El Universal, 1998,
19 de marzo, p. 2B), indicó Naranjo, de acuerdo con el diario.
El medio dijo también que aunque existía gran preocupación por la vigencia del secreto profesional,
tal derecho seguía protegido al estar consagrado en la Constitución. Con respecto al tema de la
continuidad de las escuelas de periodismo, “la Corte fue enfática al señalar que respalda plenamente
la capacitación que se está impartiendo en las facultades de comunicación social que hay en el país”,
según informó El Universal. Otro punto relevante que abordó fue el de las conquistas laborales de los
periodistas al aclarar que la decisión no las afectó, puesto que existía otra normatividad en materia
de seguridad social que seguía en pie.
Con respecto a la protección especial por parte de las autoridades para el acceso a los lugares de
información, Naranjo señaló, de acuerdo con lo que reportó el periódico, que no se generó ningún
vacío, porque “las autoridades están obligadas a proteger a todas las personas en su vida, honra,
bienes, etc., y eso comprende a los periodistas”. Una última duda que se presentó en el momento
tuvo que ver con el derecho de petición, ya que los periodistas tenían prelación en su solicitud (El
Universal, 1998, 19 de marzo, p. 2B).
Por otro lado, la nota de ese día de El Universal mostró la postura del Círculo de Periodistas de
Bogotá, el cual expresó que el fallo había sido fruto de la presión de intereses mercantilistas y
empresariales. Además, el periódico indicó que la Asociación Colombiana de Facultades de
Comunicación Social había realizado un llamado a las entidades educativas para analizar la
situación y velar por la profesionalización del ejercicio periodístico: “El secretario de la Asociación,
padre Gabriel Jaime Pérez, convocó a todas las facultades de periodismo a realizar una jornada de
protesta frente a la sede de la Corte Constitucional para que esta revoque su decisión”. De igual
manera, el diario señaló que el entonces presidente del Senado, Amilkar Acosta, dijo que al
Congreso le correspondía pensar en una reglamentación del periodismo (El Universal, 1998, 19 de
marzo, p. 2B).
31
El editorial de ese día también estuvo dedicado al tema y allí El Universal (1998, 19 de marzo, p. 4A)
expresó su acuerdo con el fallo: “La Corte tuvo en cuenta que la Constitución ‘garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación’. No inventó
principios ni adujo extrañas doctrinas, se limitó a declarar la superioridad de la norma
constitucional”. De acuerdo con el medio, el desenlace se preveía y durante el debate se escucharon
‘atinadas’ reflexiones convergentes a la misma conclusión. “La capacidad de trasladar el
pensamiento propio a los otros y de hacer conocer hechos, en forma veraz e imparcial, corresponde a
todas las personas por su calidad de tales. Esos principios resultan evidentes” (El Universal, 1998, 19
de marzo, p. 4A), afirmó. Adicionalmente, considerando que el secreto profesional estaba estipulado
a nivel constitucional, consideró infundados los temores anticipados de algunos miembros del
gremio. Para el medio, también fue obvio que ningún carné sería capaz de salvaguardar la idoneidad,
seriedad y dignidad de los periodistas y de su profesión. “Ahora –concluye el texto– comprobaremos
que la tarjeta no es el periodista y que este vale por sus calidades intrínsecas y no por el carné que
porte” (El Universal, 1998, 19 de marzo, p. 4A).
Por su parte, el Diario del Sur, de la ciudad de Pasto, tituló en primera página ‘La Corte derogó ayer
estatuto del periodista’ y, en contraposición al medio anterior, señaló que con el fallo quedaba en
vilo el secreto profesional, razón por la cual “el periodista y sus fuentes podrían quedar a disposición
de los jueces” (Diario del Sur, 1998, 19 de marzo, p. 1A). Adicionalmente indicó que, según
Vladimiro Naranjo, presidente del alto tribunal, el comunicador se iba a asimilar a un artista que no
necesita licencia profesional para poder desempeñar su actividad creativa. En la misma línea, el
diario publicó una caricatura de ‘Por QuiQue’, bajo el título de ‘Desvalorización’, en la que una
empleada doméstica le contaba a su patrón, un periodista, que la tarjeta acababa de irse al suelo,
mientras señalaba su diploma de profesional (Ver caricatura en Anexos) (Por QuiQue, 1998, 19 de
marzo, p. 2A).
De todos modos, hubo espacio para una opinión contraria en la columna de Pablo Emilio Obando
Acosta. Este periodista afirmó que era curioso el hecho de que entre los enemigos a ultranza de la
tarjeta se encontraran sus mismos inspiradores quienes, después de ver los resultados de su ‘invento’
y de reflexionar profundamente sobre el mismo, se sentían arrepentidos y dispuestos a votar en su
contra. Para Obando, era el momento de que el gremio periodístico pensara con cabeza fría y
entendiera que, como indica una sentencia de la Corte Interamericana de Costa Rica, la libertad de
expresión es inherente a todo ser humano (Obando, 1998, 19 de marzo, p. 5A).
También en primera plana del desaparecido periódico El Liberal, de Popayán, apareció la noticia
bajo el título ‘Corte tumbó la tarjeta’. El diario señaló que cualquier persona podría ejercer el
32
periodismo y, además, que gran parte del gremio rechazaba la decisión de la Corte, sobre todo por la
cuestión del secreto profesional: “En el medio periodístico causó honda preocupación el que también
haya quedado sin vigencia el artículo que determinaba que los periodistas no están obligados a
revelar sus fuentes de información ni el origen de las noticias” (El Liberal, 1998, 19 de marzo, p. 1A).
Así mismo, El Liberal informó que se estaban presentando reacciones y sugerencias por parte de
miembros de algunas agremiaciones y universidades. Entre ellos, el diario reseñó a Gloria Tamayo,
presidente del CPB –quien dijo que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no tenía por qué
meterse en los asuntos del país “y menos en lo concerniente a la legislatura interna de una profesión
como la del Periodismo”– y a Faustino García, secretario general del Colegio Nacional de
Periodistas –quien afirmó que cualquier atentado contra la Ley del Periodista era totalmente
inconcebible y que, en vista de lo ocurrido, la única salida viable consistía en luchar para que
trabajaran en periodismo sólo los afiliados al Colegio (El Liberal, 1998, 19 de marzo, p. 7A).
Las expresiones de toda índole respecto a la decisión del alto tribunal tuvieron espacio por varios
meses en los medios de comunicación. El 24 de marzo el periodista Jaime Caballero en lugar de
escribir su columna del día para El Tiempo prefirió lanzar una protesta indignada en contra de la
decisión de la Corte. “Como no hay respeto ni por los periodistas, ni por los artistas, me niego a
escribir la columna de hoy y agrego que me parece que no pueden descalificar la profesionalización
de un trabajo porque mañana los abogados no necesitan tarjeta porque cualquiera puede interpretar
la Ley y todo está en los códigos. Entonces no se necesita ir a la universidad, ni prepararse para
ejercer una profesión”, dijo Caballero (1998, 24 de marzo) y concluyó “razón tenía mi amigo el del
montallantas cuando me dijo: hola colega”.
Una segunda columna de este periodista, titulada ‘Y sigo’, publicada el 31 de marzo, se propuso
ampliar los argumentos en contra de la descertificación del Estatuto del periodista. Para Caballero
(31 de marzo, 1998), lo grave luego de la ‘afrenta’ fue que los periodistas y sus gremios, en su
mayoría, siguieron ‘campantes’, pero “si esto hubiera pasado en España, Argentina o Perú, donde la
defensa del cuarto poder es seria, estén seguros que no hubiera radio, prensa, ni T.V. en dos o tres
días y se saldría a la calle a protestar haciéndose sentir. Pero acá, como siempre, no pasa nada”.
“Las asociaciones o gremios en Colombia ni quitan ni ponen. El Colegio Nacional de Periodistas
está de paseo en San Andrés, pero de foros o mesas de trabajo sobre el tema, nada (…). El Círculo de
Periodistas de Bogotá (CPB), que se supone debería ser el líder por sus cercanías políticas y de poder,
fue muy tenue, casi que inadvertido”, expresó Caballero (31 de marzo, 1998). Según él, lo doloroso
del fallo no fue la pérdida del documento en sí, sino “el sentimiento que después de diez años de
trabajo en una profesión que amo, me digan: No se preocupe que usted y nada es la misma...”
33
(Caballero, 31 de marzo, 1998). El periodista finalizó afirmando que la dignidad de la labor está en
manos de los mismos periodistas.
La otra cara de la moneda la puso otro columnista, Hernando Gómez Buendía, quien manifestó que
la tarjeta era una de esas cosas con la cual o sin la cual el mundo no cambia. “El finado Estatuto del
Periodista, que tantas babas ha hecho correr por estos días, jamás le sirvió a nadie ni le hizo daño a
nada” (Gómez, H., 1998, 24 de marzo), dijo. Según el periodista, el debate se basa en cuatro
malentendidos: uno, no distinguir entre el título de profesional y la actividad del periodista; dos,
suponer que la defensa del interés público se hace por interés privado; tres, confundir el diploma con
la idoneidad, y cuatro, creer que la Corte Constitucional piensa exclusivamente en la Constitución
(Gómez, H., 1998, 24 de marzo).
“La tarjeta de periodista es un simple título –expresó Hernando Gómez (1998, 24 de marzo)– (…) la
libertad de información se asegura o se pierde en el régimen y las prácticas de los medios, el
periódico, la revista, la emisora, la programadora, y ahora el canal privado de televisión antes que en
un bobalicón estatuto del periodista”. Según él, el Estatuto fue el regalo de un Congreso clientelista
al gremio que controla la imagen del político. “La ley amarró a esa restricción clientelista las
garantías del genuino interés público en el periodismo y, en especial, la reserva de la fuente. De
manera que (…) al caerse la ley el secreto profesional queda en el limbo” (Gómez, H., 1998, 24 de
marzo). De otra parte, según el periodista, habían proliferado programas ‘baratos’ de Comunicación
social, periodismo y similares que distribuían cartones pero no conocimientos. “(…) el diploma (y la
tarjeta) pesan menos que la capacidad y trayectoria personal, la secuencia de maestros, jefes y
colegas con quienes se vaya madurando en el oficio. Pero a los estudiantes es más fácil contarles que
la Corte es neoliberal y por eso dejó sin protección a los periodistas”, planteó Hernando Gómez
(1998, 24 de marzo), quien concluyó que la tarjeta fue derogada en el 91 y que la Corte defendió a la
libertad de información donde no estaba siendo amenazada.
El 20 de marzo de 1998, un artículo de opinión publicado en El Tiempo afirmó que la Corte había
puesto a salvo la libertad de los colombianos para expresarse, opinar, informar y recibir información
por cualquier medio, sin interferencias oficiales. “No ha perjudicado al periodismo –dice el texto–
sino por el contrario, ha abierto la puerta para que su ejercicio en Colombia sea más libre, como lo es
en la mayoría de los países del mundo comenzando por los más democráticos” (El Tiempo, 1998b, 20
de marzo).
Lo que propone de manera central el escrito es que, en virtud del fallo, cualquiera podría ser
periodista, pero con la salvedad de que esté capacitado suficientemente, que tenga vocación para el
oficio e integridad para ejercerlo. Así, los estudiantes de comunicación y los de otras disciplinas
34
académicas que sintieran el llamado del periodismo, no necesitarían menor preparación, por el
hecho de que los medios no tuvieran ya la obligación de exigirles un título. De acuerdo con el
artículo, “la diferencia es que ahora la certificación de su idoneidad no dependerá de un ministerio
sino del medio en que trabajen y, en último término, de los lectores, oyentes y televidentes, que son
los destinatarios finales de la información” (El Tiempo, 1998b, 20 de marzo).
Dentro de las reacciones recogidas por El Tiempo estuvo también la de José Gabriel Santacruz, uno
de los demandantes de la Ley 51 de 1975, quien afirmó que la tarjeta profesional se había constituido
en una mordaza y en una censura a la libertad de prensa. De igual forma, Santacruz explicó que el
sigilo profesional estaba amparado por la Corte y por la Constitución, en su artículo 74 (El Tiempo,
1998b, 19 de marzo).
Con respecto al problema del riesgo social que podría implicar el periodismo (es decir, si un ejercicio
irresponsable y falto de preparación podría significar consecuencias graves para la sociedad), una de
las preocupaciones suscitadas luego de la caída del estatuto, Orlando Muñoz, otro de los
demandantes, en entrevista con la autora de este trabajo, dio sus puntos de vista. Sostuvo que si bien
el periodismo puede implicarlo hasta cierto punto, dicho riesgo se puede minimizar en la medida en
que se respete la función del periodista y en que este asuma la responsabilidad social que tiene. “(…)
Si un periodista comienza a tener influencias o comienza a recibir presiones, amenazas, para
informar o desinformar en determinada forma, pues ahí hay un riesgo que se está concretando en esa
influencia indebida de los órganos del poder. Otro riesgo que también se genera es el de aquel que no
permite que exista una verdadera distinción entre la opinión y la afirmación de los hechos”, explica.
Sin embargo, lo más importante, según Muñoz, es que al respecto no existe ni debe existir una regla
única para juzgar todas las conductas: “hay que examinar caso por caso, pero bajo el principio de
que en una democracia tenemos que respetar las opiniones de todos”.
¿Cómo quedó el periodismo en materia de derechos y deberes?
Para comprender el nuevo panorama bajo el cual empezó a operar el periodismo a partir de 1998, es
ilustrativa una entrevista que realizó el entonces redactor judicial de El Tiempo Luis Carlos Gómez,
al ex presidente de la Corte Constitucional Vladimiro Naranjo, ‘No cualquiera puede ser periodista’2,
publicada el 22 de marzo de 1998, en la que buscaba resolver algunas de las dudas relativas a la caída
del Estatuto y a los posibles vacíos que dejaría para el ejercicio de la actividad.
2 La entrevista se llevó a cabo el viernes 20 de marzo de 1998, mientras el ex magistrado esperaba la llegada de
estudiantes de Comunicación y periodismo que habían anunciado una protesta para ese día (Gómez, L.C.,
1998, 22 de marzo).
35
En la entrevista, Naranjo manifestó que la Sentencia C-087 de 1998 no definió si el periodismo es
una profesión o un oficio, porque no le correspondía hacerlo. Según él, esa discusión tiene un
carácter semántico y no tiene especial relevancia. “Pienso que no se han interpretado bien los
términos (…) Creo que a lo máximo a que puede aspirar cualquier trabajador es a convertirse en un
artista de su oficio, así que no veo que haya nada de peyorativo en que se le llame a una persona de
esa manera” (Gómez, L.C., 1998, 22 de marzo).
Según el ex magistrado, el fallo acabó con el título de periodista al determinar que para ejercer el
periodismo no se necesita de ese grado, pero aseguró que no por ello el periodismo se iba a convertir
en un oficio. “Yo personalmente considero que el periodismo bien entendido es una profesión”
(Gómez, L.C., 1998, 22 de marzo), manifestó.
En cuanto a los derechos adquiridos por los periodistas, especialmente en materia social, como en el
caso de las pensiones, Naranjo explicó que no se verían afectados con la decisión y que habría otros
medios para acreditar la calidad de periodista, que permitieran obtener esos beneficios (Gómez,
L.C., 1998, 22 de marzo). Dicha acreditación, de acuerdo con el ex presidente del alto tribunal debía
realizarse, de ahí en adelante, mediante el carné o credencial expedido por el medio de
comunicación que representa cada comunicador, como se ha hecho siempre (Gómez, L.C., 1998, 22
de marzo).
Justamente, en otra noticia publicada el 27 de marzo de ese año, la Corte aclaró que bastaba con que
un periodista acreditara su condición con el carné del medio para el cual trabajara, para que pudiera
desempeñar su actividad como informador: “El mismo documento, que sustituye a la desaparecida
tarjeta profesional, le permitirá al comunicador seguir disfrutando de los derechos y prerrogativas
que tradicionalmente le ha reconocido la ley” (El Tiempo, 1998, 27 de marzo), entre los cuales se
cuentan los de seguridad y los prestacionales (pensión anticipada, por ejemplo). De igual forma, la
identificación del medio habilitaba, según la Corporación, para el cumplimiento de los deberes éticos
y jurídicos, entre ellos el de la protección constitucional de sus fuentes de información.
Una de las preguntas de Luis Carlos Gómez al ex magistrado fue que si creía que algunos
funcionarios podrían aprovecharse del fallo de la Corte para ponerles obstáculos a los periodistas.
“Esa es la preocupación que existe entre muchas personas –respondió Naranjo–. (…) no se podría
descartar que se presente esa posibilidad pero para eso hay recursos idóneos, entre otros por ejemplo
la misma acción de tutela además de los medios judiciales previstos para evitar que haya
desconocimiento de derechos o atropellos por parte de autoridades” (Gómez, L.C., 1998, 22 de
marzo).
36
El ex magistrado se refirió también a las protestas que los estudiantes de comunicación realizaron
por esos días como reacción a la decisión y afirmó que reconocía su derecho a manifestarse
públicamente, pero les pidió tranquilidad argumentando que el fallo no afectaría el funcionamiento
de las escuelas de periodismo. “Desde luego que habrá una mayor competencia, pero eso va a
redundar en beneficio de los mismos estudiantes porque obligará a las facultades a una sustancial
mejora en la búsqueda de la calidad de sus egresados, pues actualmente en algunos casos presentan
algunas deficiencias” (Gómez, L.C., 1998, 22 de marzo), expresó.
Por otro lado, Naranjo dijo que consideraba que los egresados de las facultades que hubieran
recibido una adecuada formación y hubieran sido buenos estudiantes competirían con ventaja frente
a los llamados periodistas empíricos. “(…) en términos generales, yo pienso que los medios de
comunicación le darán preferencia a quien acredite haber estudiado por un cierto tiempo y haber
obtenido un correspondiente certificado sobre quienes no tengan la formación o carezcan de
experiencia” (Gómez, L.C., 1998, 22 de marzo), concluyó respecto al tema.
‘¿La sentencia significa que ahora cualquiera puede ser periodista?’, le preguntó Gómez. Naranjo
contestó que un periodista no se puede improvisar de la noche a la mañana y que, desde su punto de
vista, para serlo se necesita una auténtica vocación, además de saber hablar y escribir, tener espíritu
de investigación, estar dispuesto a correr los riesgos que implica esta actividad e, inclusive, una
buena dosis de sacrificio. “Eso no lo tiene cualquiera” (Gómez, L.C., 1998, 22 de marzo), afirmó.
La nota de Gómez contrastó las respuestas de Naranjo con la opinión de Elker Buitrago, profesor
universitario que ya entonces había escrito libros y artículos sobre el régimen legal del periodismo.
Para Buitrago, la declaración de inexequibilidad de la Ley 51 de 1975 dejó en un limbo jurídico a la
seguridad social especial del periodista, puesto que “para que al periodista se le reconociera la
pensión de vejez o de jubilación, las reglamentaciones existentes, Decretos 1837 de 1994, el Decreto
reglamentario 1281 del mismo año, y el Decreto 1388 de 1995, exigían como requisito esencial para
ese trámite la tarjeta profesional” (Gómez, L.C., 1998, 22 de marzo).
Otra preocupación de Buitrago fue que el sigilo profesional quedaba desamparado al no existir
normatividad legal que lo garantizara. Según el profesor, aunque este estaba consagrado en el
artículo 74 de la Constitución de 1991, se trataba de una protección general que no lo cobijaba como
si lo hacía la Ley 51 de 1975, en su artículo 11 (Gómez, L.C., 1998, 22 de marzo).
Respuesta de Facultades y estudiantes de Comunicación social y periodismo
El Tiempo consultó la opinión de estudiantes de varias facultades luego de la caída del Estatuto y
recogió las dudas más frecuentes, entre ellas, algunas sobre el valor de los títulos profesionales
37
expedidos por las facultades de Comunicación social y periodismo; la posibilidad de emplear el
derecho de petición para acceder a documentos públicos; las disposiciones que reconocen el
periodismo como una profesión de alto riesgo y que permiten a quien la ejerce pensionarse un poco
antes que los demás; y cómo se acreditaría ante las autoridades la condición de periodista (El Tiempo,
1998b, 19 de marzo).
Los estudiantes recibieron con desilusión y sorpresa el fallo: “No podían creerlo. Oiga, entonces,
¿para qué seguimos estudiando? Se decían unos a otros. Algunos hacían chistes a sus compañeros
más preocupados, les decían que ahora en lugar de estudiar cinco años podían dedicarse a oficios
varios y después trabajar como periodistas” (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo). Dentro de los
testimonios presentados por el diario estuvo el de Juan Carlos Abril, estudiante de tercer semestre de
la Universidad Central, quien expresó que analizaría la posibilidad de cambiar de carrera, puesto que
no tenía sentido seguir estudiando para ejercer una profesión en las mismas condiciones que
cualquier otra persona. “Podría estudiar filosofía o antropología o una carrera con bases humanistas
para luego ejercer el periodismo que es lo que a mí me gusta, dijo” (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo).
Claudia Rodríguez, otra estudiante entrevistada, se mostró inquieta por la calidad de la información
luego del fallo. “Si actualmente hay frivolidad y poca investigación en el periodismo, la decisión de
la Corte aumentará el periodismo light porque gente sin preparación entrará a trabajar sin pasar por
una facultad de periodismo” (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo), manifestó. De igual forma, Ana María
Carvajal, estudiante de tercer semestre de la Universidad Javeriana, se preguntó: “¿para qué
estudiamos cinco años si vamos a quedar al mismo nivel que las reinas de belleza?” (El Tiempo,
1998b, 19 de marzo). Por su parte, Andrés Marín, estudiante de tercer semestre de periodismo de la
Fundación Escuela Superior Profesional (Inpahu), aunque dijo no estar de acuerdo con esa decisión,
se mostró esperanzado en que podría demostrar las capacidades adquiridas durante su formación
universitaria, las cuales, según él, les daban ventajas a los periodistas a la hora de enfocar una
información frente a profesionales de otras disciplinas (El Tiempo, 1998b, 19 de marzo).
Además de expresarse de manera individual, los estudiantes realizaron por lo menos dos
manifestaciones públicas de carácter colectivo. La primera se llevó a cabo el 19 de marzo de 1998 y
reunió a cerca de 500 estudiantes de varias facultades de comunicación social y periodismo, así como
a representantes de diferentes organizaciones que defendían sus intereses, que se sintieron afectados
con la decisión de la Corte. ‘Zapatero a tus zapatos’, ‘No queremos reinas sino periodistas’ y ‘Sí a la
profesionalización del periodismo’, fueron algunas de las consignas que ventilaron (El Tiempo, 1998a,
20 de marzo).
38
Los estudiantes se dieron cita en la Universidad Central y se armaron de megáfonos y pancartas para
dar a entender ‘por todos los medios’ su descontento. “Hacia las diez de la mañana se decidieron a
avanzar y marcharon por la carrera séptima hasta la calle 72 con un destino fijo: la sede de la Corte
Constitucional. Una vez allí, a la una de la tarde, y mientras se acaloraban los ánimos bajo la mirada
vigilante de la Policía Antimotines, los estudiantes pedían ser escuchados por el magistrado
Vladimiro Naranjo, presidente de la Corte, petición que nunca se cumplió” (El Tiempo, 1998a, 20 de
marzo). Las inquietudes de los estudiantes y las organizaciones quedarían consignadas en un
documento realizado por los asistentes a la protesta, el cual sería entregado el 20 de marzo al
Congreso, luego de una segunda marcha que partiría de la Universidad Javeriana (El Tiempo, 1998a,
20 de marzo).
Durante varios días del mes de marzo y, al menos, hasta finalizar el año de 1998, El Tiempo publicó
noticias y opiniones acerca del tema, mostrando nuevas matices a un debate inacabado. Por ejemplo,
el 21 de marzo reveló que el entonces presidente Ernesto Samper se reuniría con estudiantes y
profesores de periodismo, “para anunciarles la decisión del gobierno de buscar mecanismos legales o
constitucionales que permitan devolver el carácter de profesión al periodismo” (Sourdis, 1998, 21 de
marzo). El ex primer mandatario dijo, en ese momento, que respetaba todos los fallos de la Corte
Constitucional, pero que en ese caso estaba de acuerdo con los estudiantes de periodismo, “quienes
con justa razón sienten que se les está echando a la ley de la selva” (Sourdis, 1998, 21 de marzo).
El ex presidente indicó que el periodismo era una actividad que, como ninguna otra, precisaba de
unas reglas de juego muy claras y sostuvo que la desprofesionalización de la misma representaba un
retroceso respecto al anhelo de que la sociedad colombiana fuera más responsable y
profesionalmente informada (Sourdis, 1998, 21 de marzo). Agregó también que, de acuerdo con el
fallo de la Corte Constitucional, sería posible que otras profesiones perdieran su carácter esencial: “Si
aceptáramos que el periodismo es como hacer esculturas, podríamos también dejar la medicina en
manos de los teguas y el derecho en mano de los leguleyos” (Sourdis, 1998, 21 de marzo). La
propuesta de Samper le generó un enfrentamiento con la Corte Constitucional. El ex presidente de la
Corporación, Vladimiro Naranjo, la calificó como un desacato a la decisión de la Corte. “Según
Naranjo, es una conducta irregular por parte del primer mandatario de la República que cada vez
que un fallo no le gusta promueva una reforma para echar abajo los efectos de lo decidido” (El
Tiempo, 1998, 26 marzo).
Al día siguiente, 22 de marzo de 1998, en ‘Una carta abierta a los estudiantes de periodismo’, Juan
Lozano explicó que voces ‘exaltadas’ les habían dicho que a raíz del fallo la carrera se había quedado
sin piso y que “ahora cualquier pelagato podrá ocupar el espacio profesional que ustedes estaban
construyendo” (1998, 22 de marzo). Según el actual Senador, esas afirmaciones, exageradas e
39
infundadas, fueron propiciadas por “quienes emprendieron un carnaval de quejidos y lamentaciones
sin conocer el texto del fallo, sin analizar su alcance y perdiendo de vista que la verdadera protección
al periodismo no dependía de la ley 51, sino de la Constitución de 1991 y de los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, en plena vigencia” (Lozano, 1998, 22 de marzo).
Lozano (1998, 22 de marzo) destacó que eran los compromisos con la verdad, la transparencia, la
libertad y la equidad, en el marco del pluralismo, del respeto por los derechos de los demás y de la
prevalencia de los intereses superiores de la sociedad colombiana sobre los afanes personales, los que
le daban ‘dimensión de grandeza’ al periodismo y no una tarjeta profesional, documento burocrático
expedido por un despacho del gobierno. Agregó también que para muchos, “la tarjeta se había
convertido en escudo de causas innobles, o en pasaporte de privilegios indebidos, o, simplemente, en
un inevitable huésped dormido de la billetera, (…) a manera de un instrumento pasivo de
discriminación frente al ejercicio de un derecho fundamental del ser humano” (Lozano, 1998, 22 de
marzo). Así consideró que estaba mal que los periodistas reclamaran respeto por la libertad de
expresión, pero se empeñaran en convertirla en el ‘iluminado privilegio de una selecta minoría’.
“No queremos, para nadie, mordazas ni intimidaciones contra la libertad de expresión. No queremos
premios ni castigos impartidos por los agentes del Gobierno. No queremos que nos digan cuándo,
cómo y qué debemos informar. No queremos que nos digan qué podemos contar y qué no podemos
contar” (Lozano, 1998, 22 de marzo), aseveró. Lozano planteó, además, que teniendo en cuenta que
formalmente se había abierto la competencia para el ingreso a los medios con profesionales de otras
disciplinas, estaban claros los retos y la importancia de las facultades de Comunicación y periodismo
en materia de entrenamiento, capacitación y desarrollo de valores éticos, como fortalezas
diferenciadoras a la hora de la selección (1998, 22 de marzo).
“¡Animo! Lo que sucedió, lejos de debilitar su carrera la engrandece y la dignifica –dijo Lozano–. Ya
no tendrán como recompensa una simple tarjeta, sino la tranquilidad de conciencia y la certidumbre
de impacto sobre la sociedad, que nacen de recorrer los buenos caminos, de defender las causas
justas y de jugársela día a día en la búsqueda incesante de la verdad” (1998, 22 de marzo).
A manera de Posdata, el entonces asesor editorial de El Tiempo advirtió a los estudiantes acerca de
la propuesta del ex presidente Samper para reglamentar la actividad periodística: “¡Ojo, no vayan a
caer en la trampa! Es muy peligroso que un Gobierno que cambia de opinión todos los días lidere la
reglamentación de la libertad de expresión, máxime cuando sabemos que para el doctor Samper la
buena prensa no es la prensa libre, sino aquella que habla bien de él. Baste recordar a tres difuntos:
QAP, La Prensa y AMPM” (Lozano, 1998, 22 de marzo).
40
Más bien, Lozano sugirió que, camino a la autorregulación, la comunidad académica y los medios
de comunicación debían emprender, de manera urgente, “un proceso constructivo de fortalecimiento
de la actividad periodística, orientado a garantizar plenamente la libertad de expresión, el derecho a
la información y el derecho que tiene la sociedad a estar bien informada” (1998, 22 de marzo).
Al margen de las opiniones encontradas, las facultades enfrentaron dos problemas en ese momento.
Uno de ellos fue, como ya se dijo, la preocupación generalizada que existía entre los estudiantes
frente la validez legal de los programas de periodismo a raíz de la inexequibilidad de la Ley 51 de
1975. En abril de 1998, con el fin de responder a dicha inquietud, el ex director del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) Luis Carlos Muñoz, se pronunció a
través de un comunicado en el que aclaró que las instituciones de educación superior que tenían
registrados sus programas de periodismo y Comunicación social ante el Sistema Nacional de
Información del ICFES podían seguir expidiendo el respectivo título y que, además, sus egresados
podían ejercer la profesión en el país (El Tiempo, 1998, 15 de abril).
La segunda problemática fue que las inscripciones para el segundo semestre del año, tres meses
después de que el Estatuto se quedara sin piso, cayeron un 50% con respecto al mismo periodo de
1997, en universidades como el Externado y Los Libertadores. En otros centros universitarios la
tendencia también se orientó a la baja, pese a que los directivos insistieron en que la carrera iba más
allá de la actividad periodística (El Tiempo, 1998, 2 de junio).
Sin embargo, las razones para la disminución del número de inscritos no quedaron claras en ese
momento. Algunos argumentaron que fue un fenómeno que se presentó también en otras carreras y
que estuvo más relacionado con la disponibilidad de dinero de los padres de familia que con la
decisión de la Corte. “Sí se bajaron en este semestre –explicó Alicia Valenzuela, entonces
coordinadora académica en la Universidad Javeriana– pero no sólo fue en comunicación social sino
en todas las carreras. Parece ser que la curva del Icfes estuvo muy baja y la situación económica
también afectó” (Frías, 1998, 2 de junio).
En el mismo sentido opinó Margoth Ricci, ex decana de esa facultad en la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, quien sostuvo que el fallo no afectó masivamente a las facultades sino de manera individual
a algunos padres de familia y agregó que en dicha universidad aumentó el número de inscritos con
respecto al año anterior (Frías, 1998, 2 de junio). De otro lado estuvieron los que creyeron que el
‘bajón’ obedeció a la decisión de la Corte en sí y al desconocimiento frente a la misma. “La gente se
quedó con la idea de que la comunicación se acabó, porque hubo mala interpretación del fallo, y por
supuesto algunos papás no querían que sus hijos siguieran esta carrera. Pero lo cierto es que la Corte
avaló a las facultades y nosotros estamos ahora trabajando por la profesionalización del
41
comunicador social” (Frías, 1998, 2 de junio), dijo Álvaro Rojas, decano de esa facultad en la
Universidad Autónoma de Cali y presidente Afacom.
Rojas consideró, en ese momento, que la crisis que se generó por el fallo de la Corte fue positiva para
las facultades, porque les planteó el reto de pensar en el nuevo papel del comunicador, sobre todo de
cara a la tecnología. Mencionó que ya estaba en la etapa de ajustes finales un proyecto de ley
promovido por las facultades con la finalidad de regular el periodismo, que sería debatido en la
asamblea general de la asociación, programada para septiembre. “En ese encuentro académico se
establecerá qué carácter se le va a dar al currículo de pregrado para hacerlo más atractivo y qué
énfasis se les dará a los posgrados” (Frías, 1998, 2 de junio), sostuvo. Para el presidente de Afacom la
reducción también pudo haber obedecido a la costumbre que tienen los colombianos de dejar todo
para última hora. “Es algo lógico que en la última semana se aumenten las inscripciones de 50 a 120
aspirantes” (Frías, 1998, 2 de junio), agregó.
Jorge Salazar Manrique, decano de la carrera en Inpahu, opinó que el impacto de la decisión fue
fuerte, pero que se debía seguir insistiendo en la formación de periodistas de calidad, “porque la
tarjeta es accesoria y lo que importa son los títulos que se impartan” (Frías, 1998, 2 de junio).
Nuevos intentos por reglamentar el periodismo
El 24 de marzo de 1998 se llevó a cabo una asamblea extraordinaria de la Asociación Colombiana de
Facultades de Comunicación Social (Afacom) para debatir el fallo. Durante el encuentro estudiantes
y decanos de las universidades Javeriana, Sabana, Externado, Tadeo Lozano, Minuto de Dios y
Politécnico Grancolombiano empezaron a trabajar en un proyecto de ley para reglamentar y regular
la profesión “en coherencia con las exigencias de calidad de su ejercicio y de responsabilidad social
de la libre expresión, cuyo fundamento es el derecho de todo ciudadano a ser debidamente
informado” (El Tiempo, 1998, 25 de marzo).
“Con el fallo, la Corte nos ofrece un momento histórico para entrar a buscar la esperada Ley de
Comunicación Social y Periodismo que dé garantías de libertad y responsabilidad en la información
a los colombianos, dijo Zulma Liliana Torres, vocera de los estudiantes de Comunicación Social-
Periodismo” (El Tiempo, 1998, 25 de marzo). Esta propuesta no fue la única, pues ya sonaban en el
Congreso otras iniciativas que serían presentadas más adelante, entre ellas el Proyecto de ley 009
(Cámara) –propuesto por el ex representante Luis Carlos Ordosgoitia–, orientado a reglamentar el
ejercicio del periodismo, y el Proyecto de ley 012 (Cámara) –promovido por el ex congresista Carlos
42
Ramos Maldonado–, que buscaba, además de lo anterior, desarrollar el artículo 73 de la
Constitución Nacional3.
El proyecto de Ramos buscaba reiterar la inviolabilidad del secreto profesional y la no divulgación de
fuentes de información; garantizar el derecho de rectificación; reconocer a los periodistas derechos
de autor consagrados en la ley; crear el Consejo Nacional de Paz, cuerpo consultor que sería el
encargado de señalar, entre otras cosas, las multas y sanciones disciplinarias y legales para el
periodista que violara la ley y expediría el Código de Ética Profesional. Además, con la propuesta,
volvería a tener vigencia la tarjeta profesional y surgiría un Escalafón Nacional del Periodista (El
Tiempo, 1998, 26 de agosto). Cabe aclarar que Ramos también fue autor del proyecto de ley 30 de
2001, sancionado como la Ley 1016 de 2006, que rige en la actualidad en materia de periodismo.
Otra de las iniciativas para profesionalizar y reglamentar el periodismo fue la del ex Representante a
la Cámara Felipe Villegas Ángel. Su proyecto constaba de 18 artículos que establecían las
condiciones para el desempeño de los comunicadores de acuerdo con la Constitución Nacional.
Además de la normas para el ejercicio periodístico, establecía una cláusula de conciencia que
buscaba proteger a los comunicadores de las ideologías y presiones del medio en donde laboraba, lo
cual, según el proyecto, permitiría una verdadera libertad de prensa (El Tiempo, 1998, 31 de agosto).
La propuesta del representante buscaba también la creación de un Fondo Especial Asistencial y de
Prestaciones Sociales para los periodistas y sus familiares, teniendo en cuenta que el periodismo era
considerado una actividad peligrosa. “Así mismo la ley crearía la Unión Nacional de Periodistas de
acuerdo al artículo 26 de la Constitución Política Nacional, el Consejo Nacional de Periodistas como
órgano de control respecto al ejercicio profesional y el Tribunal de Honor y Código Único de Ética
que vigile el comportamiento de los periodistas” (El Tiempo, 1998, 31 de agosto).
El ex representante señaló que el periodista profesional está formado para no vulnerar otros derechos
fundamentales como el honor, la intimidad, la vida privada, la imagen, la presunción de inocencia,
la seguridad y el orden público. Así, el proyecto asumía que el periodista está obligado a informar,
pero que debe someterse, además, a la responsabilidad de no vulnerar los derechos humanos
fundamentales (El Tiempo, 1998, 31 de agosto). En el proceso de evaluación de los diversos proyectos
de ley, la Cámara de Representantes convocó a ocho foros regionales, en Ocaña, Bogotá, San
Andrés, Montería, Medellín, Barranquilla y Cali (El Tiempo, 1998, 8 de septiembre). En el Atlántico,
por ejemplo, surgieron ponencias que justificaron la necesidad de un código de ética, de un escalafón
3 Ambos proyectos se acumularon y llegaron a ser publicados como ponencias para tercer debate en el Senado
(junio de 2000), pero fueron archivados debido a tránsito de legislatura en 2001 (Congreso visible, 2013a,
2013b).
43
profesional, de un colegio nacional de periodismo y de un fondo de desarrollo empresarial y
capacitación, por parte de representantes de las asociaciones de periodistas y de las universidades de
la región (El Tiempo, 1998, 10 de octubre).
Digna de resaltar fue la postura del entonces presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales
del Atlántico Tony Lemus, quien consideró necesaria la creación de una instancia de autocontrol
integrada exclusivamente por miembros del gremio periodístico, sin la injerencia del gobierno o los
anunciantes y recomendó que los esfuerzos se orientaran, no ya hacia el establecimiento de una
tarjeta profesional o la exigencia de un título, sino hacia la construcción de un estatus social para el
periodista colombiano, el cual podría fundamentarse en la norma constitucional que garantiza la
independencia del periodismo (El Tiempo, 1998, 10 de octubre).
Criterios de contratación, los mismos de siempre
Dentro de las posibles implicaciones que se temieron luego de la caída del Estatuto se cuenta
también la de modificaciones en los criterios de contratación en los medios de comunicación. Sin
embargo, varios de los testimonios recogidos durante la investigación para este trabajo afirman que
hubo pocos o ningún cambio en ese sentido.
De acuerdo con Hernando Salazar (entrevistado por Silva, 2013), director de comunicaciones de la
Agencia Colombiana para la Reintegración, cuando existía el Estatuto, además de la tarjeta a la hora
de contratar en teoría eran tenidos en cuenta factores como la facultad de la cual se había egresado y
las competencias del periodista en el oficio, pero, en su caso particular, la caída de la tarjeta no
implicó una modificación pues curiosamente cuando trabajó en medios nunca le exigieron un título
profesional. Según Salazar, lo grave del fallo va más allá de los mismos criterios de contratación:
“Yo entiendo la buena intención y yo entiendo filosóficamente el fallo, pero en la práctica se han
creado unos vacíos legales muy dañinos y esos vacíos legales tienen que ver, sobre todo, con las
condiciones laborales de los periodistas. Ese es el gran ‘pero’ como consecuencia del fallo (…) Y la
inexistencia de unas condiciones mínimas de contratación de los periodistas ‘perratea’ mucho la
profesión y pervierte la información cuando la contamina de publicidad” afirma. Adicionalmente,
Salazar reconoce que no existían dichas condiciones con la Ley 51 de 1975, pero que tampoco se han
generado los mecanismos para garantizarlas y que esa es la gran deuda legal del país hacia los
periodistas.
44
María Teresa Herrán es periodista y
abogada, con posgrado en Ciencia
Política. Es también docente e
investigadora. Ha sido directora del
noticiero de televisión ‘Promec’, de la
revista ‘Alternativa’ y del programa ‘De
dominio público’, así como presidenta
del Círculo de Periodistas de Bogotá y
miembro de su comisión de ética.
Igualmente, es miembro fundadora del
Instituto de Estudios sobre
Comunicación y Cultura (IECO), de la
Fundación para la Libertad de prensa y
de Medios para la paz. Recibió el
Premio nacional de periodismo Simón
Bolívar en 1981 (Librería Norma,
2013).
En ese mismo sentido opina María Teresa Herrán
(entrevistada por Silva, 2013), periodista y
abogada, para quien en el fallo se notó un
desconocimiento de las lógicas del periodismo y
los medios de comunicación y “al abrir el boquete
de considerar el periodismo como un oficio (…) y
con la teoría de que el libre mercado de las ideas
que sustenta la Corte es fundamental para la
democracia, lo que se hizo fue desprofesionalizar
todavía más el ejercicio profesional del periodista”.
José Luis Novoa (entrevistado por Silva, 2013),
director ejecutivo de Consejo de Redacción,
colectivo gremial especializado en periodismo
investigativo, dice que la figura de la tarjeta existía
hasta el año 1998, pero que ya no servía para nada,
porque nadie la exigía. En ese sentido, no hubo
ninguna modificación en los criterios de
contratación: “Para los medios, desde mi
perspectiva, nunca importó si un periodista tenía o no tenía tarjeta profesional, nunca”. Novoa
considera que la tendencia de contratar a personas que estudiaron comunicación social y periodismo
no varío, aunque sí se ha visto mayor afluencia de personas de otras carreras en el oficio; entonces,
según él, no se definió (ni se ha definido) un perfil fijo sobre quién debería ser el periodista.
Según Gonzalo Silva (entrevistado por Silva, 2013), asesor de comunicaciones del Instituto Distrital
de Turismo, después del fallo la contratación empezó a operar de acuerdo con criterios como el
‘amiguismo’ y otros factores totalmente ajenos al ‘verdadero profesional’. “Si es un tipo que está
descollando en un área, entonces ‘venga y escriba’ (…). Esa ecuación que existía antes de si el
periodista se forma o el periodista nace, aquí ya le están dando el carácter de que el periodista nace y
ya no se forma”, expresa. De todas maneras, Silva piensa que los periodistas de carrera conservaron
un nicho: “quizá no es grande, pero lo tienen”.
Aunque se esperaba que cualquier persona, con o sin preparación profesional de cualquier tipo,
pudiera acceder a los medios, cada día es más claro que para hacer parte de ellos, o por lo menos de
los más importantes, es necesario haber pasado por una facultad. Así, José Vicente Arizmendi resalta
que hoy ya no casi no quedan empíricos y que “todo el que está en la redacción está graduado de
algo”. “Que yo sepa el periódico El Tiempo no contrata a alguien que no sea graduado de algo, e
45
Manuel Teodoro, director del
Programa Séptimo Día del Canal
Caracol, estudió Periodismo en la
Universidad de Miami. En 1984, inició
su carrera en los medios de
comunicación como asistente editorial,
en la cadena CBS. Más adelante, se
convirtió en reportero de Univisión. En
1994 fue subdirector y presentador del
noticiero CM& y al mismo tiempo
corresponsal para CNN. “(…) ha sido
galardonado con un AP-New York y
un Media of Spain” (Caracol
Televisión, 2013).
igual los medios serios. Fuera de Bogotá o en las emisoras locales en Bogotá sí, sobre todo en radio”,
señala.
Como ya se mencionó en el primer capítulo, para Juan Manuel Ruíz (entrevistado por Silva, 2013),
ex subdirector de noticias de RCN Radio, la tarjeta no era un requisito indispensable de
contratación: “(…) la verdad sea dicha, es que el periodismo como tal ha sido una profesión que, a
mi modo de ver, se ha ejercido con cierto talante de informalidad en este país, es decir, las empresas
nunca exigieron radicalmente que para poder contratar a un periodista debería exigírsele la tarjeta”,
razón por la cual la contratación no varío de manera significativa.
Finalmente, según Manuel Teodoro (entrevistado
por Silva, 2013), a raíz de la sentencia quedó en
manos de las empresas periodísticas hacer un
filtro, con el fin de contratar personas que
consideraran capaces de cumplir con las leyes de
respeto a la veracidad. “Eso obliga mucho más
(…) a los grandes medios a hacer un escrutinio
mucho más exacto y preciso sobre a quién
contratan a quién no”, concluye.
46
47
Capítulo III: Evolución del periodismo sin tarjeta
“¿Quién pensaría, hace unos diez años, que alguien con recursos muy limitados
hiciera periodismo a través de Internet?”
Orlando Muñoz, abogado demandante de la Ley 51 de 1975
“Los reporteros, los periodistas siempre, aún hoy, somos vulnerables”
Francisco Tulande, Director de noticias Colmundo Radio
‘Las aulas siguen llenas’
‘¿En qué anda el periodismo?’, se preguntaba un artículo publicado en El Tiempo, en febrero de
1999, de cara a las fuertes críticas que enfrentaban los medios en la época luego del proceso de paz y
la tragedia del Eje Cafetero4, debido a que, según algunos generadores de opinión, habían asumido
un papel protagónico en los hechos (Escobar y Giraldo, 1999, 9 de febrero). De todos modos, a pesar
del panorama, Javier Darío Restrepo, entonces defensor del lector en el mencionado diario, aseguró
que la reprobación hacia la actividad periodística provenía de los propios medios, lo que demostraba
que en el fondo estaba creando consciencia de su función social (Escobar y Giraldo, 1999, 9 de
febrero).
En ese contexto imperó la pregunta de la relevancia de la tarjeta y la profesionalización de la carrera.
“No creo en la tarjeta como prueba de que se es buen profesional, creo incluso que los mejores
periodistas son los que estudian otras cosas y luego comunicación” (Escobar y Giraldo, 1999, 9 de
febrero), expresó María Elvira Bonilla, entonces directora periodística de los informativos del Canal
RCN. Por su lado, Margoth Ricci, ex decana de comunicación de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, dijo que lo que preocupaba era que el periodismo estuviera invadido por personajes que no
tenían preparación ni herramientas éticas elementales para ejercer la profesión (Escobar y Giraldo,
1999, 9 de febrero).
Miguel Méndez, decano de comunicación de la Universidad Externado de Colombia, afirmó que la
pérdida de la tarjeta no significó un cambio fundamental y que las facultades asumieron el desafío
mejorando sus programas de estudio, orientándose hacia la formación de comunicadores y no sólo
de periodistas (Escobar y Giraldo, 1999, 9 de febrero). Habló también acerca del miedo que empezó
a rondar en el ámbito universitario luego del fallo de la Corte en 1998. “Se llegó a pensar que el
número de aspirantes al título de comunicador social se reduciría ostensiblemente teniendo en cuenta
4 “(…) hubo excesos, hubo amarillismo y uso de adjetivos que sobredimensionaron la tragedia en sus
comienzos, cuando la información era escasa y el público estaba hambriento de datos”, dijo al respecto la
periodista María Elvira Bonilla (Escobar y Giraldo, 1999, 9 de febrero).
48
que profesionales de otras ramas podrían aspirar a ser periodistas sin pasar por las aulas ni conocer la
teoría de McLuhan, leer las especulaciones futuristas de Vattimo o haber repasado por casualidad
algunos textos de Bourdieu” (Escobar y Giraldo, 1999, 9 de febrero).
Sin embargo, estas trágicas especulaciones no resultaron ciertas. Gabriel Jaime Pérez, decano de la
Facultad de Comunicación Social y Lenguaje de la Universidad Javeriana, reconoció que, de hecho,
el número de matrículas había aumentado. “Para comunicación social tenemos 910 estudiantes y
concretamente para el área de periodismo contamos con 101. La caída de la ley no afectó el interés
por la carrera” (Escobar y Giraldo, 1999, 9 de febrero), expuso Pérez. A su vez, Regina Vélez, jefe
del departamento de comunicación social de la Universidad de Antioquia, compartió esa opinión y
afirmó que en ese momento había 2000 bachilleres aspirantes a la carrera en dicha institución
(Escobar y Giraldo, 1999, 9 de febrero). De igual forma, en la Universidad de La Sabana se abrieron
cinco primeros semestres de comunicación social ese año, debido a la gran demanda de la carrera.
“(…) esas son las consecuencias de la libertad y los estímulos de la sana competencia” (Escobar y
Giraldo, 1999, 9 de febrero), opinó Diana Sofía Giraldo, entonces decana de la Facultad de la
universidad Sergio Arboleda.
Otros profesionales como periodistas
El segundo interrogante que pasó por las cabezas de muchos periodistas en 1998 fueron las
implicaciones que traería la participación, esta vez extendida, de personas expertas en áreas distintas
a la informativa en los medios de comunicación. Con el tiempo se probó que las diferencias no
fueron muchas. Algunos conceptos sobre la realidad actual así lo demuestran. Para Élber Gutiérrez,
jefe de redacción de El Espectador, el hecho de que profesionales de otras disciplinas ejerzan el
periodismo entonces y ahora sigue siendo saludable para el oficio y se ve en cualquier parte del
mundo. “La prueba irrefutable de ello es esta redacción [la del periódico], donde mis jefes son
filósofos (…) y hay literatos, economistas (…), hay de todo” (Gutiérrez, entrevistado por Silva,
2013).
En otras palabras, los miedos se superaron muy pronto. Hoy, Élber Gutiérrez sostiene que si bien la
preparación en un campo específico del saber otorga ventajas, el compromiso de los medios sigue
siendo hacerle ‘la escuela de periodismo’, tanto al periodista recién graduado como a otros
profesionales que integren su nómina. Sin embargo, “(…) con gran tristeza, lo que uno usualmente
hace es recomendarle a sus amigos, familiares, colegas o vecinos que no estudien periodismo, que
hagan otra carrera; que lo estudien como especialización y hagan pregrado en otra cosa”, dice.
El criterio de Gutiérrez coincide con la opinión de José Luis Novoa (entrevistado por Silva), director
ejecutivo de Consejo de Redacción, quien manifiesta que le parece ‘sano’ que, entonces y ahora,
49
otros profesionales ejerzan el periodismo. “El hecho mismo de escribir información no es un arte tan
elaborado y tan críptico como desde afuera podría verse –sostiene. Es, relativamente, poner en orden
las palabras, una detrás de otra (…). Los requisitos fundamentales para escribir noticias son bastante
básicos y están al alcance de muchos profesionales; otra cosa es ya la calidad (…) Eso si ya depende
de cada uno”. Novoa admite que seguramente las notas de un economista pueden tener más sentido,
ser más rigurosas que las de un periodista sin conocimientos en la materia. “¿Qué tal un ex futbolista
que se dedicara al periodismo? Pues seguramente su aproximación a las crónicas, a la manera de
escribir, sería distinta porque es alguien que ha vivido en ese mundo. Entonces creo que le aportaría
mucho (…) yo desearía que hubiera muchos más profesionales de otras carreras haciendo
periodismo en Colombia”, sostiene.
Es decir, la realidad de 1998 es igual a la de hoy. De alguna manera se prueba que la tarjeta de
periodismo era un espejismo o una disculpa para discriminar salarios. Emmanuel Vargas
(entrevistado por Silva, 2013), coordinador del área de acceso a la información de la Fundación para
la libertad de prensa (FLIP), abogado de profesión y periodista en ejercicio, considera que hoy no
existen diferencias entre el trabajo de una persona con una carrera en periodismo y el de un
profesional de otra área en los medios de comunicación. “Yo creo que una persona con otra
formación le puede aportar otra visión técnica, especializada en otros temas (…) un periodista
judicial, por ejemplo, le queda más fácil si es abogado a que si simplemente llegó a aprender sobre el
camino sobre cosas de Derecho”, resalta. Sin embargo, dice que, de todos modos, lo más importante
es la formación ética y que esta se puede ver en cualquiera de las profesiones.
Por su parte, Germán Ortiz (entrevistado por Silva, 2013), profesor y ex director del Programa de
Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, opina que, sin duda, el periodista, que
es un intérprete del mundo, convive con diversos escenarios del conocimiento que también apuntan
su mirada a esa misma realidad, pero que la diferencia entre este y los profesionales en otros campos
radica en que “el periodista hace una tarea específica (…) [porque] intenta entender esa realidad,
aprehenderla, para darle sentido social al presente”. A pesar de ello, considera que si ‘echa mano’ de
otros profesionales genera información excelente. “Entonces, el que haya otros profesionales en las
salas de redacción debe alimentar al periodista y él debe, a su vez, darle elementos de juicio a los
otros para que entiendan el sentido de actualidad”, explica.
¿A quién le importa que un profesional de otra disciplina haga periodismo o que lo ejerzan los
egresados de las facultades comunicación? Es la pregunta que se hace José Vicente Arizmendi
(entrevistado por Silva 2013), decano académico de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la
Universidad Javeriana. “Habría que ver casos, porque hay unos que son muy buenos. En la revista
Semana, que a mi juicio es una muy buena revista, creo que ninguno de los editores de sección es
50
periodista, por ejemplo, el editor de investigación es arquitecto, hasta hace un tiempo el editor de
política era un politólogo (…). Ahora, alguien que no haya estudiado en la universidad [y se dedique
al periodismo] sí me parece muy delicado”, responde en seguida. Así, entre el extremo de que
solamente los graduados en carreras de comunicación o posgrado sean periodistas o que gente de
otras profesiones pueda también ejercer el oficio, siempre será preferida la segunda, como afirma
Arizmendi, “lo que interesa realmente es que el público esté bien informado”.
Una apreciación similar hace el director del programa Séptimo Día de Caracol Televisión Manuel
Teodoro (entrevistado por Silva, 2013), para quien lo más importante en el ejercicio del periodismo
es el respeto por el derecho de la gente a saber la verdad. “Mal harías tú en contratar una persona
que no está capacitada para poder ofrecer información objetiva y veraz (…), porque, en el momento
que rompes la confianza de tu lector, pierdes todo. Recuperar esa confianza es difícil”, asegura. Sin
embargo, aclara que el escepticismo, el cuestionamiento a la información y la verificación con
múltiples fuentes no son actividades exclusivas de los periodistas. “Un buen abogado, incluso,
tendría una capacidad igual o, en algunos casos, mejor que un periodista de contrapreguntar (…)
ellos tienen unas herramientas muy efectivas para llegar a la verdad. ¿Qué es al final lo que estamos
buscando? La verdad”, sostiene.
Por su parte, Hernando Salazar (entrevistado por Silva, 2013), director de comunicaciones de la
Agencia Colombiana para la Reintegración, reconoce que no han cambiado mucho las cosas de 1998
a hoy y que lo importante de que otros profesionales trabajen como periodistas, es que practiquen
bien el oficio. Señala, no obstante, que en la práctica lo que se ve es que la gran mayoría de las
personas que trabajan en los medios de comunicación han pasado por una facultad de periodismo o
han tenido una educación afín. La misma línea de pensamiento la tiene Ricardo Ávila (entrevistado
por Silva, 2013), abogado y editor de cierre de El Espectador, quien asegura que aunque sí se ha visto
una apertura de los medios hacia otros profesionales, sigue en pie la tendencia de contratar
periodistas de carrera. “(…) creo que es más ventajoso para los medios tener ya periodistas formados
en las universidades porque se ahorran un montón de asuntos internos, de proceso, de cómo armar
un periódico, por ejemplo”, explica.
Una investigación realizada en 2003 por Alejandro Manrique e Iván Cardona Restrepo, titulada ‘La
situación laboral de los periodistas en Colombia’, parece ratificar estas últimas afirmaciones, pues
resalta, en materia de formación académica, que para ese año el 84% de los periodistas del país eran
profesionales (lo cual indica un salto cualitativo frente a las circunstancias del medio, 20 años atrás).
También señala que el 64% de esos periodistas eran graduados en una Facultad de Comunicación,
que el 14% tenía otros estudios diferentes y que los periodistas sin carrera profesional representaban
el 16%. Según la exploración, el bajo nivel de estudios superiores entre los periodistas de la época
51
(sólo el 12% de los periodistas contaba con estudios avanzados, el 10% con especialización y 2% con
maestría) se debía a sus bajos salarios (Cardona y Manrique, citados en Torres, 2009). Un estudio
posterior mostró la relevancia de la educación formal en periodismo en la contratación de 2010.
Más canales de expresión, nuevas tecnologías y periodismo ciudadano
Otro aspecto que prueba que no se modificaron mucho las circunstancias tras la caída de la tarjeta
profesional y el Estatuto del Periodista en 1998, fue en lo pertinente a la creación de nuevos medios.
“Nunca se vio que a partir de la caída de la Ley 51 del 75 en Colombia se disparara una profusión de
medios –sostiene Germán Ortiz (entrevistado por Silva, 2013), de la Universidad del Rosario. Al
contrario, Colombia es uno de los países de América Latina con mayor monopolio de medios (…)”.
Sin embargo, lo que sí ha cambiado radicalmente entre 1998 y hoy es la aparición de nuevos canales
de comunicación gracias a los avances tecnológicos, que han implicado más a la ciudadanía en la
producción noticiosa a nivel mundial.
Ya en 1999 se veía a la tecnología como un aspecto que ‘ponía a pensar’ en el acercamiento del
oficio al siglo XXI. Miguel Méndez, decano de la facultad de comunicación de la Universidad
Externado de Colombia, opinaba entonces que el comunicador social iba a ser uno de los
profesionales por excelencia del nuevo milenio: “En este momento convulsionado, difícil, surge la
necesidad urgente de estar informado (…) y esto crea una nueva generación de comunicadores”
(Escobar y Giraldo, 1999, 9 de febrero), dijo entonces.
Por su parte, Hernando Salazar (entrevistado por Silva, 2013), director de comunicaciones de la
Agencia Colombiana para la Reintegración, confirma que ese cambio sí es rotundo. Hoy en día se
hace información a través de lo que las personas opinan y comentan en Twitter, Facebook u otras
redes sociales y, por ende, hay una gran explosión de datos. De este modo, en el contexto general, la
tecnología está multiplicando la libertad de expresión, “pero se le sigue creyendo más a aquellos que
son periodistas” porque, explica Salazar, “estas personas aplican unos criterios mínimos que no tiene
cualquier persona que pueda opinar o que pueda expresarse. Eso es lo que diferencia a los periodistas
de los demás”, asegura.
“En Internet ha nacido una nueva prensa, con su propia identidad, su lenguaje y un crecimiento tan
vivo que desafía a sus competidores. El miedo a perder lectores en beneficio de las páginas digitales
informativas se convirtió en rutina de los periódicos” (Fogel, 2007, p. 15). Así, las prácticas ‘de la
nueva era’ han cuestionado el papel del periodista, pues deshacen la frontera entre quienes
comunican y la audiencia: la producción de las noticias es tarea de una multiplicidad de grupos
distintos que no necesariamente pertenecen a la prensa.
52
Mireya Márquez Ramírez (2006), periodista mexicana, considera que una de las grandes fortalezas
de Internet ha sido la reconfiguración y evolución de las relaciones entre el productor de contenidos
de la información y el consumidor de los mismos. “La clara frontera que los separaba en los otros
medios se ha diluido con el periodismo electrónico, al grado de que el cibernauta tiene el poder de
convertirse en ciberperiodista, capaz de promover la difusión de información alternativa a los medios
convencionales y, por tanto, capaz de fomentar mayores espacios para el ejercicio democrático”
(Márquez, 2006, p. 41).
Los nuevos medios en Internet han abierto espacios para la ciudadanía del común, pero también les
significan a los periodistas canales inexplorados a través de los cuales pueden transmitir un
contenido considerado informativo. Además, lo importante a la hora de emplearlos no es tanto
ostentar un vasto conocimiento tecnológico, sino tener en mente que la ética tradicional del
periodista es la misma aún en medios no tradicionales y que aún el periodista, en su mayoría
egresado de facultades de comunicación social, es responsable de orientar a la opinión pública.
Precisamente, ante este auge de canales de expresión e información, José Vicente Arizmendi
(entrevistado por Silva, 2013), decano académico de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la
Universidad Javeriana, hace una advertencia a los estudiantes en formación o a los nuevos
periodistas: no dejarse ‘emborrachar’ por la tecnología. “Hay demasiado mareo con eso (…). Eso no
importa, el buen periodismo es el mismo de toda la vida, el buen periodismo es el que va hasta el
sitio, no llama por teléfono ni lo baja de Internet, es el que habla directamente con la persona (…), lo
que interesa es que tenga criterio, que tenga la mente abierta, que reconozca una noticia cuando la
ve, que la escriba bien, eso sigue siendo esencial”, resalta.
De todos modos, hay que tener en cuenta que el número de periodistas que se emplean en medios
alternativos a través de Internet hoy en día sigue siendo bajo. Según un informe realizado por la
firma Cifras y conceptos, publicado por la Revista Semana en su versión online (mayo, 2012), que
lleva por título ‘¿Qué dicen 600 periodistas sobre su oficio y la libertad de expresión?’, en 2012 la
gran mayoría de periodistas laboraban en prensa (37%), frente a un número muy reducido de
comunicadores que trabajan en medios digitales (7%) (Cifras y conceptos, 2012, p. 9). No obstante,
el estudio dejó ver la tendencia a consultar de manera frecuente las redes sociales (38%), que fueron
casi tan tenidas en cuenta como los boletines y las conferencias de prensa para obtener información
pública (León, 2012). De igual forma, es importante señalar que para los encuestados, en canales de
expresión como medios digitales, blogs y redes sociales, la censura es muy baja (7%, 5% y 6%,
respectivamente), lo que revela la independencia que pueden poseer quienes empleen estos medios
(Cifras y conceptos, 2012, p. 29).
53
Las anteriores son realidades contundentes que demuestran que ha comenzado a cuestionarse la
pertinencia de la actividad periodística como una profesión frente al auge del periodismo ciudadano
en Colombia y el mundo. ¿Qué implicaciones puede traer este fenómeno? Aunque aún no son del
todo visibles, lo que sí está claro es que ese periodismo ciudadano tiene un carácter no profesional y,
en muchas ocasiones, pasa por poca o casi nula supervisión editorial. Para Shayne Bowman y
Chris Willis (citados en Pellegrini, 2010) –autores del libro We Media, que presenta las ventajas de
incorporar a los ciudadanos en la producción periodística– la acción informativa en la actualidad
tiene como premisa el ‘primero difundo y luego filtro’, en vez de acoger la fórmula tradicional de
comprobar y luego publicar.
Los investigadores sostienen que entramos a la era dorada del periodismo participativo y para 2021,
un 50% de las noticias directas serán generadas por los ciudadanos (Bowman y Willis, citados en
Pellegrini, 2010). Habrá que ver qué tanta acogida tendrá esta tendencia en Colombia. Al menos hoy
resulta pertinente dar ese debate. Así como antes de la caída de la tarjeta profesional, la eterna
discusión de los foros era entre profesionales, empíricos y egresados de otras carreras distintas al
periodismo o la comunicación social, el asunto ahora es entre periodistas o comunicadores,
profesionales de otras disciplinas sociales y periodistas ciudadanos. Al respecto, José María García
(2006, p. 203), profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, explica que “las experiencias
de periodismo digital ciudadano revelan de manera clara la profundidad de los efectos que las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están provocando en la esencia de la
comunicación social. Son efectos (…) que plantean redefiniciones conceptuales en la comunicación
periodística y en la mediación social ejercida hasta ahora por los periodistas”.
De la misma manera opina María Elena Meneses (2010), profesora e investigadora de nuevos
medios, industrias culturales y cibercultura, quien sostiene que la industria del periodismo desde el
siglo XIX ha sido puesta a prueba por las innovaciones tecnológicas, pues le han exigido renovarse y,
a sus empleados, adecuarse. Además de ello, manifiesta que han abierto la posibilidad inédita de la
participación de la audiencia en el proceso informativo. Concretamente en Colombia se ha visto la
necesidad de acercar el periodismo a la ciudadanía a través del ‘reportero ciudadano’ e iniciativas
similares. Dicha manera nueva de informar tiene implicaciones en las prácticas culturales y
representa la posibilidad de ensanchar el espacio público y transformar la verticalidad de la industria,
según Meneses. Este proceso de desverticalización implica una rearticulación del periodismo “que
incluiría al pacto social que le da legitimidad para ser el profesional que informa, así como una
transformación en la percepción del periodista de sí mismo” (Meneses, 2010, p. 25).
Silvia Pellegrini (2010), informadora chilena, sostiene que en el trasfondo del llamado periodismo
ciudadano hay dos ilusiones largamente acariciadas en la sociedad: que cualquier persona puede
54
hacer periodismo, sin ninguna formación profesional, y que es posible una horizontalidad total, a
semejanza de un gran diálogo en el que todos informan y se informan. Pellegrini afirma,
adicionalmente, que el periodismo ciudadano ha modificado el corazón mismo de la acción
profesional que es la relación con las fuentes, “quienes abandonan su rol pasivo e irrumpen en la
información con aparente prescindencia del periodista profesional, que era su principal o única vía
de acceso al público” (Pellegrini, 2010, p. 272).
Con respecto al fenómeno del periodismo ciudadano en el país y su relación con la libertad de
expresión e información, Juan Manuel Ruiz (entrevistado por Silva, 2013), ex subdirector de noticias
de RCN Radio, manifiesta que está muy bien que cualquiera pueda ser periodista y agrega: “Una
persona de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Bolívar, que no haya tenido la posibilidad de ir a
una Facultad, ¿no puede entonces fundar un periódico?, ¿no puede entonces montar una emisora?,
¿no puede entonces montar un canal de televisión, solamente porque no tuvo los recursos para
prepararse? Eso viola los derechos humanos”. De cara, entonces, a la preparación en materia de uso
y apropiación de nuevas tecnologías para informar, Ruiz asegura que esa formación técnica (la tecné
aristotélica) para abordar la prensa, la radio, la televisión, Internet, los medios no tradicionales y
otros canales para la comunicación social constituyen el nuevo reto de las Facultades.
Un cuestionamiento al periodismo ciudadano podría ser la falta de idoneidad de quienes lo ejercen.
Al respecto, Orlando Muñoz (entrevistado por Silva, 2013), demandante de la Ley 51 de 1975,
plantea el interrogante real: “¿Quién pensaría, hace unos diez años, que alguien con recursos muy
limitados hiciera periodismo a través de Internet? Y hoy vemos páginas que generan muchísima
discusión, opinión, y que han sido hechas por personas que inicialmente fueron Quijotes pero que
han logrado un éxito en esas formas de comunicación”, explica. En pocas palabras, es posible decir
que el periodismo ciudadano, comunitario o participativo sumado en especial a los nuevos canales
informativos ha traído varias consecuencias de cara al que se ejerce de manera tradicional: representa
una descentralización del proceso de elaboración noticiosa, hace un llamado constante a la
colaboración y promueve el surgimiento de nuevos géneros (entre ellos los blogs) (Requejo, 2007, p.
39).
En síntesis, se puede señalar que la presencia de los nuevos medios en el universo actual,
potencialmente aumenta la influencia de los ciudadanos ordinarios, pues parece recuperar el derecho
a intervenir individualmente. En ese sentido, debería mejorar el proceso democrático e implicar un
aire de libertad de información frente a lo comunicado por los medios tradicionales. De todos
modos, hay que tener en cuenta que muchas veces el exceso de datos desinforma (Restrepo, 2011) y
que la técnica y el método del periodista (y no del ‘opinador’ ciudadano) no se transforman: siempre
debe haber verificación de fuentes y responsabilidad social.
55
Información veraz e imparcial. ¿Hay un riesgo social?
A la luz de este auge de nuevos canales y tecnologías de la comunicación y teniendo en cuenta los
postulados del artículo 20 de la Carta Política nacional, es posible decir que en términos generales la
libertad de expresión en el país está relativamente amparada. Hoy existen muchos medios de acción
y, sobre todo, los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus posibilidades en la materia. No
obstante, aún quedan dudas sobre otro de los contenidos de la norma constitucional invocada: el
derecho a recibir información veraz e imparcial. En tal sentido, se pueden hacer varias
consideraciones en lo que respecta al riesgo social que puede implicar un ejercicio poco responsable
del periodismo, que de alguna manera vuelven a traer al presente las mismas discusiones que se
hacían en la antesala del fallo de la Corte en 1998.
En ese momento la Corte Constitucional dijo que el riesgo social estaba presente de manera patente
en prácticas profesionales como la ingeniería y la medicina: “Es claro que un puente mal construido
o un edificio torpemente calculado constituyen un riesgo social. Y ni qué decir del tratamiento
clínico o quirúrgico de un paciente, por quien carece de conocimientos médicos” (Colombia, Corte
Constitucional, 1998b, marzo). En el caso del periodismo, expresó en ese momento la Corporación,
dicho riesgo es menos medible y, de hecho, es intrínseco a la democracia misma. Hoy el debate no es
distinto. De acuerdo con Emmanuel Vargas (entrevistado por Silva, 2013) de la FLIP, la manera de
garantizarles a los ciudadanos el derecho a recibir una información que cumpla los requisitos de
veracidad e imparcialidad está en la formación ética de los periodistas, que se les dé no sólo en la
universidad, sino también en el propio medio de comunicación en el que trabajen, y de las garantías
laborales que se les brinden, más allá de si son formados o no.
Al respecto, Gonzalo Silva (entrevistado por Silva, 2013), asesor de comunicaciones del IDT, afirma
que 15 años después la eliminación de la tarjeta profesional del periodismo se ha redundado en una
falta de calidad en el material informativo, “porque el profesional universitario tenía entre otros
compromisos u obligaciones al menos saber escribir. Se le exigía, no con mucha rigurosidad, el tener
unos elementos básicos de gramática, conocimiento general. Uno lee los periódicos de ahora y, en
una buena proporción, encuentra noticias sin sintaxis, uno oye los noticieros de radio y encuentra
errores monumentales a nivel de dicción y lo mismo pasa con la televisión”. Dice, además, que una
buena información ‘se cae’, si no se hace de manera profesional.
Hernando Salazar (entrevistado por Silva, 2013), director de comunicaciones de la Agencia
Colombiana para la Reintegración, por su parte, asegura que no está de acuerdo con que el
periodismo no implique riesgo social como otras profesiones. “En el periodismo eso también pasa, lo
que pasa es que no es tan evidente, pero el periodismo construye opinión pública, el periodismo
56
genera información con base en la cual las personas opinan y deciden políticamente”, manifiesta.
Justamente, a pesar de que el fallo eliminó la tarjeta, las facultades no desaparecieron, de acuerdo
con el periodista, puesto que “mal que bien, dan unas herramientas para que las personas sepan
cómo manejar la información y conozcan unos mínimos éticos y unas técnicas, en materia de
información”.
A su turno, José Vicente Arizmendi (entrevistado por Silva, 2013), decano académico de la Facultad
de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, resalta que los medios de comunicación
en los que trabaja un periodista, con formación profesional en la materia o no, están regidos por unos
códigos de procedimiento y de ética que regulan la calidad de los productos. Indica, también, que
todo periodista tiene un editor o un jefe de sección que lee lo que escribe y que acepta que se
publique o no. Entonces, el economista o el historiador, por ejemplo, están protegidos, hasta cierto
punto, de cometer errores por desconocimiento de parámetros. En concordancia con lo expresado
por Arizmendi, el periodista Juan Manuel Ruiz (entrevistado por Silva, 2013), ex subdirector de
noticias de RCN Radio, menciona que, aunque el derecho de recibir información veraz e imparcial
está en riesgo en la llamada ‘sociedad de la información’, el periodista eventualmente puede entrar a
ejercer como mediador para editar los datos que se generan de manera simultánea, desde múltiples
fuentes.
Para ilustrar esta posición, Ruiz habla del caso del diario coreano Ohmynews, el primero realizado
íntegramente por ciudadanos, que tiene un millón de corresponsales en todo el mundo. “¿A qué reto
se enfrenta Ohmynews? A que no puede tener la posibilidad de verificar, o de guardar, o de
garantizar la calidad y la veracidad de lo que ese millón de ciudadanos informan. Allí es donde los
periodistas entran a ejercer una labor, porque los periodistas ahí es donde estamos preparados, donde
tenemos la idoneidad para ejercer el oficio”, propone.
Una opinión más con respecto a la noción de riesgo social es la de Ricardo Ávila (entrevistado por
Silva, 2013), editor de cierre de El Espectador: “Si nosotros ejercemos respetando esos límites
internos de la información, el derecho a la veracidad, a la imparcialidad, que la información sea
balanceada, que no sea tergiversada ni tendenciosa, pues no tendremos líos”, afirma. Según el
periodista, cuando se pasa por encima de la libertad de información se pone en cuestión la
responsabilidad social misma que se debe tener en cuenta a la hora de comunicar.
Parece claro, entonces, que el periodista con o sin educación afín debe informar con criterios claros
de veracidad e imparcialidad, sin importar qué tan abstracto pueda ser el riesgo de no hacerlo. Una
manera de conseguirlo es recurriendo a fuentes verificables, es decir, ejerciendo el derecho del acceso
a la información. Con referencia a este aspecto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en
57
su informe sobre el estado de la libertad de expresión en 1998, ya había señalado que la acción de
tutela contribuía efectivamente a acceder a datos, sobre todo asociados a actividades del Estado.
Adicionalmente, “la jurisprudencia en la misma materia [generada ese año] abrió nuevos espacios
para consulta de información de interés público” (FLIP, 1999, p. 4). Sin embargo, dijo también que
aún los intentos por democratizar la información a través de Internet (páginas web de las entidades
públicas) no habían encontrado respaldo en los gobiernos nacional y local.
Diez años después, la FLIP resaltó, por el contrario, que entonces se evidenciaba un desuso de
herramientas de acceso a la información como el derecho de petición, sobre todo en el periodismo
regional. Según la fundación, los periodistas consideraban que dichas herramientas “se reservan para
investigaciones complejas; no se percibe su utilidad para el cubrimiento diario y semanal de temas de
interés público o para profundizar en temas pasados” (FLIP, 2009, p. 89); además, la falta de
conocimiento de los periodistas en la materia generó problemas en la formulación de las peticiones
presentadas. Igualmente, en esa misma búsqueda de inmediatez, “se prefiere la entrevista con el
funcionario que la obtención de un dato o pronunciamiento oficial de su dependencia. No suelen
agotarse los dos caminos y por tanto, se deja de contrastar información en ambos sentidos” (FLIP,
2009, p. 70).
Una investigación posterior, realizada en 2010 por Liliana Gutiérrez, Rodolfo Prada, Jairo
Valderrama, Víctor García, Adriana Guzmán y Alfonso Forero, miembros del Grupo de
Investigación en Periodismo (GIP) de la Universidad de la Sabana, junto a otras instituciones
educativas de Argentina, Chile, Perú, México y Venezuela, señaló: “(…) en Colombia no existe
ningún control respecto de la condición del periodista, pues desde la abolición de la tarjeta
profesional (…) y la extinción de la categoría de profesión, en 1998, el periodismo pasó a convertirse
prácticamente en una actividad que cualquier persona puede ejercer libremente” (Gutiérrez et al.,
2010, p. 31). De acuerdo con los investigadores, el hecho de que no existan barreras profesionales
para comunicar en principio podría parecer positivo, ya que indica democratización en el ejercicio,
pero, “considerando la responsabilidad que implica informar a miles de personas sobre lo que ocurre
en su entorno, sería preferible una mínima preparación de los periodistas en aspectos como manejo
de fuentes, verificación de información, equilibrio informativo, contextualización suficiente de los
hechos y otros que no siempre observan las personas que llegan al periodismo desde otras actividades
profesionales u ocupacionales” (Gutiérrez et al., 2010, p. 31).
En lo referente a la preparación que puede llegar a necesitarse para difundir información veraz e
imparcial, el estudio evidencia que, cada vez con más frecuencia, se les pide a los periodistas que
tengan experiencia laboral previa (53,5%) y que dominen las nuevas tecnologías de la información
(44,8%). No obstante, llama la atención que, pese a esta exigencia, “pocos medios se dan el lujo de
58
conceder permisos a sus empleados para que realicen estudios de postgrado, no los financian ni los
alientan” (Gutiérrez et al., 2010, p. 32). Dice el informe, además, que tiempo y oportunidades de
preparación son algunas de las cosas que más piden los periodistas a sus superiores. En ese sentido,
“de cara a las responsabilidades de las empresas periodísticas, es necesario que estas examinen la
flexibilidad para otorgar permisos y apoyos financieros, con el fin de que los comunicadores realicen
cursos de actualización y estudios de posgrado, dado que esos conocimientos beneficiarán a la propia
organización y a la calidad de la información que reciban los ciudadanos” (Gutiérrez et al., 2010, p.
39).
Más recientemente, el estudio mencionado de la firma Cifras y conceptos (2012) mostró, en lo que
tiene que ver con el acceso a la información, que “el 62% de los periodistas a nivel nacional cree que
ha empeorado, el 20% reconoce que se les ha negado la entrega de información sin ninguna
explicación y el 39% asegura que se le exige revelar el propósito de la información” (Semana, 3 de
mayo, 2012). Finalmente, con relación a las fuentes consultadas, el informe destacó que “(…) el 56%
de los periodistas accede a la información por medio de entrevistas formales con autoridades
responsables, el 38% acceden a la información de instituciones públicas a través de redes sociales y el
56% a través del sitio web de cada institución” (Semana, 3 de mayo, 2012), lo cual indica un cambio
sustancial con respecto a lo mencionado para 1998.
La conclusión es de la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía: “si noticia es una
información que algún poderoso no quiere que se sepa, los periodistas colombianos revelan muy
pocas noticias”, pues apenas el 14% de los encuestados manifestó haber usado un derecho de
petición “que es el instrumento por excelencia del periodista investigativo” (León, 2012).
Condiciones laborales, ‘alto riesgo’ y libertad expresión
En el apartado anterior se abordó el tema del riesgo social. Resulta inevitable, pues, pensar en otro
tipo de riesgo asociado a la actividad informativa: el peligro al que se enfrentan los periodistas en el
desempeño de su labor. Además, con relación a ello, cabe la preocupación por las condiciones
laborales de los informadores. Surgen entonces varias preguntas fundamentales: ¿Qué ha pasado con
la libertad de expresión en los últimos 15 años? ¿Cómo han evolucionado la contratación y las
condiciones de trabajo al interior de los medios de comunicación y las empresas periodísticas (si es
que lo han hecho)? ¿Debería ser considerado el periodismo como un oficio de ‘alto riesgo’
(considerando los beneficios en materia pensional que ello implicaría)?
Para empezar, resulta viable citar la opinión de Gonzalo Silva (entrevistado por Silva, 2013), asesor
de comunicaciones del IDT quien plantea que la tarjeta profesional, en cierto sentido, le daba una
dimensión y una importancia al trabajo periodístico y que su eliminación ha traído una serie de
59
consecuencias: “Yo creo que se pierde un poco la calidad profesional de la actividad y eso redunda
en otros factores, como por ejemplo, reducción de sueldos. Cuando uno no es profesional, ¿cómo le
pagan? Pues como a un aficionado (…). Yo creo que la carencia de una exigencia de profesionalidad
ha repercutido de manera muy desfavorable en el manejo de nuestra profesión”, asevera.
Otra visión es la de María Teresa Herrán (entrevistada por Silva, 2013), quien opina que los medios
de comunicación no estaban cumpliendo con su deber de asegurar las garantías laborales a los
periodistas y que si lo han venido haciendo más recientemente ello no obedece al fallo de la Corte,
sino a la propia dinámica de la profesión. “Ya se están reconociendo esas prestaciones sociales y esa
contratación, antes no existía eso”, explica.
Por su parte, Ricardo Ávila (entrevistado por Silva, 2013), abogado y editor de cierre de El
Espectador, destaca que las exigencias a la hora de contratar se han mantenido iguales desde el 98 y
que tienen que ver, sobre todo, con la experiencia de los periodistas en medios de comunicación.
Ávila señala que no sólo la Sentencia C-087 de 1998 descartó la exigencia de un título a la hora de
contratar a un periodista, sino también una posterior, la C-010 de 2000 –en la cual “la Corte
Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la disposición legal que exigía requisitos de
idoneidad a las personas que aspiraran a dirigir programas informativos periodísticos radiales”
(Cifuentes, 2000, p. 209), reglamentada anteriormente en el artículo 7 de la Ley 74 de 1966.
De otro lado, según datos de la investigación de Manrique y Cardona (citados en Torres, 2009), en
torno a la situación socio-económica del periodista en Colombia, por lo menos hasta 2003 las
empresas periodísticas incumplían con el pago de prestaciones sociales como cesantías e intereses a
las mismas, vacaciones, aportes a pensión, primas, horas extras y afiliaciones a Administradoras de
Riesgos Profesionales y EPS. Esta ausencia de pagos tenía lugar, según el estudio, especialmente en
radio y televisión. “A los periodistas que logran una vinculación con la prensa nacional o regional,
en general, sí se les garantizan sus prestaciones sociales. En prensa, la problemática hace referencia
al bajísimo nivel de salarios y a largas jornadas de trabajo” (Torres, 2009), afirman los autores.
Además, el estudio encontró que difícilmente un periodista duraba más de cinco años en un mismo
medio de comunicación; que los puestos disponibles se obtenían por apoyo de amigos, familiares y
conocidos más que por concurso de méritos o por convocatoria (lo cual confirmaría la propuesta de
Gonzalo Silva respecto al amiguismo en los procesos de selección), y que sólo el 51% de los
periodistas colombianos tenía contrato laboral a término indefinido (Torres, 2009). Así, Manrique y
Cardona establecieron que el periodista colombiano en 2003 era, en promedio, un hombre joven, de
35 años, profesional graduado de una Facultad de Comunicación, con ocho años y medio de
experiencia en el oficio, que recibía una asignación mensual de 1’329.038 pesos, muy por debajo de
60
la de otros profesionales, y con una jornada diaria de trabajo que superaba, por lo general las ocho
horas (Gutiérrez, et al., 2010, p. 27).
Por su parte, la investigación del GIP de la Universidad de la Sabana mostró que en 2010 la
comunidad de periodistas estaba constituida por “personas jóvenes, en su mayoría hombres (64,8%)
menores de 41 años (81,6%), con grado universitario (76,7%), generalmente en Comunicación y/o
Periodismo, ya que le fue solicitado como requisito de ingreso laboral al 69,7% de los 185
encuestados”5 (Gutiérrez et al., 2010, p. 33). Los estudios de postgrado, en cambio, no parecían ser
de interés para las empresas periodísticas, que los demandaban en apenas un 5,9% de ocasiones, de
acuerdo con los resultados de la indagación. Junto a lo anterior, este informe subrayó que aunque la
mayor parte de los periodistas tenían contrato a término indefinido, esperaban mejores
oportunidades y, por tanto, sentían poco compromiso con la empresa y había una rotación constante
de empleados. “También hay un número importante de comunicadores con contrato a término fijo,
que se renueva cada cuatro, seis meses o un año, otros a quienes les pagan por prestación de servicios
y deben pasar mensualmente una cuenta de cobro, y algunos más que no son empleados de la
empresa periodística sino que arriendan los espacios y viven de la publicidad que logran vender”
(Gutiérrez et al., 2010, p. 34).
En materia salarial, de los 185 periodistas que fueron encuestados para el informe, el 34% afirmó
recibir un pago mensual superior al millón de pesos, pero inferior a los dos millones, mientras el
27,6% se encontraba en el rango entre 500 mil pesos y un millón (Gutiérrez, et al., 2010, p. 33). Con
referencia a la duración de las jornadas laborales, en 2010 se detectó una diferencia significativa:
“Manrique y Cardona (2003) señalaban, por ejemplo, que el 87% de los periodistas colombianos
tenía en esa época un promedio de 5,3 horas extra trabajadas a la semana, las cuales no eran pagas.
En la presente encuesta, el 57,3% de los encuestados dice trabajar entre ocho y diez horas diarias,
seguido del 26,5% que lo hace entre 11 y 13” (Gutiérrez et al., 2010, p. 34). De esta manera, el
informe señala que debería considerarse como un derecho el pago de horas extras, puesto que las
labores exceden las 8,5 horas diarias promedio, establecidas para la jornada de trabajo en Colombia.
El sondeo de 2010 permite concluir que es necesario que las empresas periodísticas mejoren las
condiciones de contratación de los periodistas, quienes “muchas veces se ven expuestos a perder su
independencia y a ‘venderse al mejor postor’ por la inexistencia de un contrato laboral digno, que les
reconozca sus derechos a la seguridad social y al pago de horas extra y prestaciones” (Gutiérrez et
al., 2010, p. 39).
5 Esta tendencia contradice claramente las disposiciones legales frente a la no exigencia de título de idoneidad o
profesional para el ejercicio de la labor, como se verá más adelante.
61
Más recientemente, la encuesta nacional elaborada por la empresa Cifras y conceptos indicó que el
26% de los periodistas gana más de cinco salarios mínimos, mientras que el 21% gana entre 1 y 2
(Semana, 3 de mayo, 2012), lo cual contrasta enormemente con los datos recogidos en 2010. Sin
embargo, el optimismo se reduce si se considera que el 70% gana menos de cinco salarios mínimos
(2’800.000) y que el 26% que gana más de cinco, coincide con la fracción que corresponde a
directivos entrevistados (28%). Además, el salario promedio de los periodistas es bajo si se tiene en
cuenta que el 44% dice tener otros estudios además del pregrado (León, 2013).
El perfil del periodista colombiano para 2012 era de una mayoría de hombres (74%), entre los 36 y
los 55 años de edad (55%), contratados en nómina (43%), a tiempo completo (69%), en medios de
comunicación privados (81%). En contraste con los datos de 2010, el 44% de los encuestados había
cursado otros estudios además del pregrado, el 38% contaba con un título universitario y apenas un
17% no tenía estudios superiores (Semana, 3 de mayo, 2012). Con referencia a los criterios de
contratación tenidos en cuenta en años recientes, es posible citar a Alfredo Herrera (entrevistado por
Silva, 2013), jefe de personal de El Espectador, quien explica que en el periódico no hay mucha
rotación de periodistas, pues estos se vinculan gracias a las mismas redes sociales de los que ya
trabajan allí. Según indica, los nuevos integrantes inician como practicantes y, con el tiempo y la
experiencia, van escalando.
El panorama previo se suma a las limitaciones en materia de libertad de expresión que han
caracterizado a la nación a lo largo de su historia. En 1998, según la FLIP (1999, pp. 1-3), Colombia
afrontaba más de cinco años consecutivos como el país con más periodistas asesinados y ello,
añadido a los secuestros y las demás amenazas por parte de organizaciones ilegales armadas, a la
corrupción política, las presiones económicas, el desconocimiento de las autoridades sobre el papel
del periodista en la sociedad, los intentos cada vez más frecuentes de acoso judicial contra periodistas
y las arbitrariedades que impedían el acceso a la información de interés público, condujo a una
situación de crisis.
Diez años después de la eliminación del estatuto, en 2008, esta Fundación registró 130 violaciones a
la libertad de prensa en Colombia, cifra que representa una disminución de aproximadamente el 20%
en comparación con 2007; además, durante ese año no se cometieron asesinatos de periodistas por
razones de oficio (FLIP, 2009, p. 8). Sin embargo, su informe aclara que, sin desconocer posibles
avances en materia de seguridad que se pudieron haber presentado, una de las razones para el
descenso radica en que no hubo contiendas electorales ese periodo. De igual manera añade que las
investigaciones judiciales por homicidios de comunicadores presentaron muy pocos avances y que,
pese a que se redujeron las amenazas un 15% con respecto al año anterior, estas siguieron siendo “la
62
principal forma de intimidación a los periodistas y el mecanismo más efectivo para coartar el
ejercicio informativo e impedir que ciertos temas salgan a la luz pública” (FLIP, 2009, p. 7).
En 2010 la situación siguió el mismo rumbo. De hecho, en el capítulo introductorio a la
investigación sobre las condiciones laborales y la satisfacción de los periodistas colombianos
(Gutiérrez et al., 2010, p. 30), sus autores presentaron al país como ‘un lugar poco apto para el
periodismo’ por dos razones principales, la primera, su inmersión en un conflicto armado que golpea
con mayor intensidad a las regiones y, la segunda, el hecho de los medios estén en manos de grandes
conglomerados empresariales. El estudio plantea que ambos factores contribuyen a que los
colombianos tengan pocas opciones de recibir información desde distintas ópticas. Más allá de las
opiniones de los investigadores, los resultados del sondeo hablan por sí solos. Si bien la gran mayoría
de periodistas declaró no sufrir presiones para el libre ejercicio de su trabajo, una quinta parte se ha
visto afectada por diversos factores incluyendo el conflicto armado (16%): “Según los periodistas
consultados, los actores que ejercen presiones sobre el ejercicio periodístico son los siguientes: grupos
políticos (14%); anunciantes (12%); paramilitares (11%), guerrilla (11%), empresa periodística (11%)
e instituciones del estado (8%)” (Gutiérrez et al., 2010, p. 36).
Como conclusión, el informe plantea que, aunque los periodistas se sienten satisfechos con su labor y
sienten pasión por el oficio, “las presiones de los anunciantes, de la misma empresa periodística y de
diversos factores, hacen difícil pensar en que se den las condiciones necesarias para un pleno
desarrollo de la calidad informativa” (Gutiérrez et al., 2010, p. 39). Para acercarse más a la
coyuntura actual hay que aludir a la encuesta de Cifras y conceptos de 2012, según la cual “a nivel
nacional, el 59% [de los periodistas] coincide en que la situación de seguridad obstruye la labor
periodística (…). Sobre las principales agresiones que preocupan a los periodistas se destaca que el
18% asegura que son las restricciones a la libre movilidad por parte de autoridades, el 17% manifiesta
que son las agresiones por parte de miembros de la Fuerza Pública y un 16% dice tener temor a las
agresiones por parte de grupos insurgentes” (Semana, 3 de mayo, 2012). Ente otros motivos de
preocupación para los periodistas figuran la autocensura por miedo al cierre del medio, al despido o
a arriesgar la integridad física, y la presión de los gobiernos departamentales o municipales a través
de la pauta oficial (Semana, 3 de mayo, 2012). Algunos periodistas encuestados señalaron que han
conocido casos en que sus colegas modificaron su posición editorial a cambio de pauta publicitaria o
favores políticos (29%) o cobraron por hacer entrevistas (24%) (Semana, 3 de mayo, 2012).
¿Qué opinan los integrantes mismos del gremio frente a esta realidad? Francisco Tulande
(entrevistado por Silva, 2013), director de noticias de Colmundo Radio, por ejemplo, expone que los
periodistas en el país siempre han sido vulnerables debido a que ‘no miden riesgos’ y están muy
expuestos a acciones para coartar la libertad de expresión. Tulande dice que la libertad de prensa, tras
63
la supresión del Estatuto, ha dependido de los gobiernos, de las violencias y de las restricciones o
limitaciones de turno. “¿Qué peor violación a la libertad de prensa que el asesinato de un periodista
por parte de las FARC (Alfredo Abad, en 1998) o el gobierno también a través de los militares que no
les convenía que tal persona dijera algo?”, plantea. Además, el periodista considera que la libertad de
prensa también se ha visto limitada por aquellos factores que afectan directamente el ejercicio
profesional: “libertad de prensa como tal es muy difícil cuando tú no tienes un ingreso garantizado,
cuando tienes temas vedados, cuando no tienes capacitación, cuando hay cosas en las cuales no
puedes penetrar o acceder”, explica.
En torno a estos dilemas y particularmente frente a la perspectiva de que vuelva a ser reconocido
legalmente que el periodismo es una labor de alto riesgo, Ricardo Ávila (entrevistado por Silva,
2013), abogado y editor de cierre de El Espectador, recuerda que bajo el gobierno de Álvaro Uribe se
eliminó dicho concepto de la normatividad legal. “Eso trajo como consecuencia directa (…) que a los
periodistas se nos quitó una especie de beneficio que traía la ley para que nos pensionáramos en
menos tiempo y un poquito de menos semanas que el común de la gente”, manifiesta. Y es que el
Decreto 1281 de 1994, como se comentó brevemente en el segundo apartado de este texto, prescribía
en su capítulo II un régimen de pensiones de invalidez de sobrevivientes y de vejez para periodistas,
porque su actividad era considerada de alto riesgo. En su artículo noveno, la norma establecía que los
periodistas dependientes (y con tarjeta profesional hasta 1998), tenían derecho a una pensión especial
cuando reunieran los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993. La edad para acceder a este
beneficio era de 55 años, con 1250 semanas cotizadas, para aquellos que al momento en el que entró
en vigencia el decreto tuvieran al menos 35 años si eran mujeres y 40 si eran hombres, o 15 años de
servicios cotizados. Cabe aclarar que el régimen sólo cobijaba a aquellos periodistas que no
estuvieran afiliados a un fondo de ahorro individual con solidaridad o caja de previsión (Colombia,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994, 2 de junio).
La decisión del gobierno de Álvaro Uribe a la que se refiere Ávila fue el Decreto 2090 de 2003,
expedido por el Ministerio de la Protección Social, que redefinió las actividades laborales
consideradas de alto riesgo para la salud y modificó las condiciones y beneficios del régimen
pensional para quienes se desempeñan en las mismas. El decreto sostiene que el Sistema General de
Pensiones señala como actividades de alto riesgo “aquellas que generan por su propia naturaleza la
disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador, independiente de las condiciones en
las cuales se efectúe el trabajo” (Colombia, 2003, 26 de julio). De esta manera, la nueva norma dejó
por fuera de la noción de alto riesgo al ejercicio del periodismo y eliminó la pensión especial para el
gremio. De todos modos, interpretaciones legales recientes han indicado la posibilidad de que este
beneficio mantenga cierta vigencia.
64
Ahora bien, aunque el periodismo no implica un alto riesgo en el sentido legal, el gobierno mismo ha
reconocido el nivel de exposición al peligro al que se someten los periodistas y, de hecho, ha
generado varios mecanismos para protegerlos. El primero de ellos surgió en el año 2000, con el
Decreto 1592, que creó el Programa de Protección a Periodistas, con el fin de garantizar la
seguridad, libertad e independencia de aquellos informadores encargados de “la difusión, defensa,
preservación y restablecimiento de los derechos humanos y aplicación del Derecho Internacional”
(Colombia, Presidencia de la República, 2000, 18 de agosto). El decreto también condujo a la
creación del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER), para efectos de “presentar
y estudiar casos de riesgo, verificar la veracidad de la información, y sugerir y aprobar medidas de
protección”, integrado inicialmente por miembros del DAS, la Policía Nacional y la Defensoría del
Pueblo, entre otras instituciones (FLIP, 2013). En 2000 el CRER del programa para periodistas se
unificó con otros creados para velar por alcaldes, diputados, concejales y personeros, todos a cargo
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia (Colombia,
Presidencia de la República, 2003, 2 de octubre). El mecanismo de más reciente creación es la
Unidad Nacional de Protección (UNP), también adscrita al Ministerio del Interior, que entró en
funcionamiento el año pasado, luego de la expedición el Decreto 4065 de 2010.
Normatividad legal y nuevas iniciativas para profesionalizar el periodismo
Parece claro, por lo mencionado hasta ahora, que persiste la preocupación de proteger al periodista.
Así mismo, no han cesado los intentos por generar un nuevo estatuto profesional o establecer un
régimen especial de pensiones para los informadores en Colombia.
En 2000, el senador Roberto Pérez Santos presentó el proyecto de Ley 67/00, que buscaba
desarrollar el artículo 26 de la Constitución Política para garantizar el ejercicio del periodismo,
aclarando que lo regularía como profesión liberal, es decir, protegiendo los derechos constitucionales
de expresión y pensamiento, mediante el acceso a los medios de comunicación social por parte de
todo ciudadano (Gaceta del Congreso, 2000, 18 de agosto). Dentro de los puntos de su articulado cabe
señalar la creación del Colegio Colombiano de Periodistas, “como una Corporación de Derecho
Público, con Personería Jurídica y patrimonio propio, integrado voluntariamente por comunicadores
sociales y periodistas” (Gaceta del Congreso, 2000, 18 de agosto), con la función de defender ‘el
derecho del pueblo’ a estar informado de manera veraz, objetiva y oportuna. Entre otras tareas, el
Colegio debía establecer un Código Único de Ética y elegir un Tribunal de Honor; promover la
protección del periodista; defender la libertad de expresión y la difusión del pensamiento, y coordinar
la relación de los informadores con el Estado, la Academia y las empresas, en las instancias
laborales, profesionales, sociales, éticas, legales y de capacitación (Gaceta del Congreso, 2000, 18 de
agosto).
65
Señalaba el proyecto que sería periodista profesional quien ejerciera la actividad de manera periódica
y remunerada y que quien la desempeñara de forma dependiente tendría derecho a unas garantías
laborales y a un régimen prestacional. De igual manera, se reconocía un riesgo social asociado al
periodismo, razón por la cual se debía exigir idoneidad profesional y formación académica (Gaceta
del Congreso, 2000, 18 de agosto). La iniciativa amparaba, además, derechos inherentes como el
secreto profesional, el libre acceso a los lugares y fuentes de información, y la protección de las
autoridades para su cumplimiento. Sumado a ello, les reconocía a los periodistas la libertad de
conciencia que les permitía, entre otras cosas, negarse a realizar actividades informativas contrarias a
sus principios y convicciones (Gaceta del Congreso, 2000, 18 de agosto). La idea fue archivada por
tránsito de legislatura en 2001 (Congreso visible, 2013c).
Dos años después, surgió el proyecto de Ley 118/02 redactado por la senadora María Isabel Mejía,
por medio del cual se reconocía legalmente la profesión de periodista. La propuesta señalaba que el
título expedido por las universidades tendría validez cuando el interesado lo registrara ante el
Ministerio de Educación Nacional. Igualmente, quienes ejercieran el periodismo en forma
remunerada, con contrato laboral o de manera independiente, podrían acreditar su categoría ante el
mencionado ministerio (Gaceta del Congreso, 2003, 21 de marzo). De otra parte, el proyecto proponía
la creación de un Fondo Mixto para la Seguridad Social de los Periodistas Independientes como una
‘cuenta separada’ del Ministerio de Cultura. Entre sus funciones se contaban la de promover la
actualización y el mejoramiento de la calidad de vida de dichos periodistas, otorgar créditos para
fomentar proyectos de desarrollo productivo en la actividad, ofrecer un subsidio de desempleo y
gestionar una Pensión de Solidaridad cuando fuera necesario. Velaba, además, por la salud,
recreación, vivienda, educación continuada y profesionalización para los periodistas (Gaceta del
Congreso, 2003, 21 de marzo). Esta iniciativa también fue archivada (Congreso visible, 2013g).
En su segundo intento por formular una ley en la materia, el representante Carlos Ramos
Maldonado presentó el Proyecto 30 de 2001 que pretendía desarrollar el artículo 73 de la
Constitución. La propuesta reconocía la actividad periodística como un ejercicio profesional
amparado por el Estado. Serían periodistas aquellos que se dedicaran a “la investigación, la
redacción, producción, y la actividad informativa para su difusión masiva” y lo hicieran de manera
periódica y remunerada (Gaceta del Congreso, 2001, 25 de julio). El artículo 4 de la iniciativa
presentaba al periodismo como una labor que implica un riesgo social y que, por ende, exigía
idoneidad profesional y formación académica, al igual que lo planteaba el Proyecto 67 de 2000 ya
expuesto. Así, podían ejercerlo competentemente quienes tuvieran un título de comunicador social o
periodista, en los niveles de pregrado o de posgrado, expedido por una institución universitaria
nacional o extranjera debidamente autorizada por el Gobierno Nacional, u homologando la
66
idoneidad profesional a través una de las instituciones mencionadas (Gaceta del Congreso, 2001, 25
de julio).
Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció diciendo que el reconocimiento del periodista
encaminado a la profesionalización de su actividad y a su protección laboral y social no podía
desviarse hacia el establecimiento de modalidades de control previo, autorización o licencia para
ejercer el periodismo. “Por eso –indicó– es necesario diferenciar las medidas que constituyen un
régimen de reconocimiento constitutivo y restrictivo incompatible con la libertad de prensa y la
libertad de información de aquellas que favorecen un sistema de reconocimiento meramente
declarativo y protector del periodista” (Sentencia C-650 de 2003, citada por Uprimny et al., 2006b).
De otra parte, nuevamente el proyecto reconocía como derechos inherentes al periodismo el secreto
profesional, la clausula de conciencia, el libre acceso a los lugares y fuentes de información y la
protección de las autoridades para su cumplimiento (Gaceta del Congreso, 2001, 25 de julio).
El aporte que realizó el congresista Maldonado en esta ocasión fue la creación de la Comisión
Nacional de Periodismo, como organismo autónomo e independiente, cuyas funciones serían, entre
otras, coordinar la relación Estado-empresa-periodista, en todas sus instancias laborales, sociales,
éticas y de capacitación; salvaguardar los derechos inherentes a la actividad profesional del
periodista, y velar por el cumplimiento de la legislación relacionada con las libertades, los derechos,
los deberes y la seguridad en el ejercicio de la misma (Gaceta del Congreso, 2001, 25 de julio).
Además de ello, la Comisión podría establecer sus propias normas de funcionamiento interno y sería
vigilada mediante una veeduría ciudadana. Los periodistas que estuvieran en ejercicio y no
cumplieran los requisitos de idoneidad podrían solicitar su reconocimiento ante esta Comisión en un
plazo máximo de dos años a partir de su entrada en vigencia (Gaceta del Congreso, 2001, 25 de
julio).
La iniciativa se acumuló, con la 84 de 2001 impulsada por el representante Omar Soler, en el
Proyecto 278 de 2002 (Congreso visible, 2013i), que finalmente fue sancionado como la Ley 918 de
2004. La idea del representante Soler tomaba como punto de partida a la actividad periodística como
“el ejercicio habitual o permanente por parte de cualquier persona y a través de un medio de prensa,
comunicación social, público o privado de los derechos fundamentales de libertad de expresión y
difusión del pensamiento y opiniones, y la libertad de informar o comunicar el conocimiento que se
tiene acerca de una situación o un hecho” (Gaceta del Congreso, 2001, 7 de septiembre), excluyendo
de la definición el uso eventual de los canales de información para expresar conceptos personales.
Así mismo, el proyecto reconocía como profesional a quien desempeñara las actividades descritas y
contara, además, con un título en la materia o aquel que hubiera laborado en el periodismo de
67
manera permanente por al menos 10 años. De nuevo, la moción revivía la tarjeta del periodista,
como mecanismo de acreditación para quienes reunieran los requisitos anteriores –aunque esta vez
sería entregada por el Ministerio de Comunicaciones– y señalaba: “Solamente podrá anunciarse
como periodista profesional la persona a quien se le haya otorgado la mencionada tarjeta”. En ese
sentido, los medios de comunicación deberían emplear de manera exclusiva a periodistas
profesionales (Gaceta del Congreso, 2001, 7 de septiembre).
Otra novedad de la iniciativa fue que mencionó que la rectificación y demás responsabilidades
asociadas a la falta de veracidad en la información serían solidarias al medio de prensa y al periodista
profesional. En otros puntos de su articulado, el proyecto señalaba la obligación de los funcionarios
públicos, especialmente los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de garantizar
el acceso de los periodistas a los lugares de información. (Gaceta del Congreso, 2001, 7 de
septiembre). Mención aparte merece el artículo 9 que señalaba: “El periodista que sin facultad legal
averigüe hechos de la vida íntima o privada de una persona, incurrirá en multa de 500 a 2.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes y en una pena privativa de la libertad de 1 a 5 años”
(Gaceta del Congreso, 2001, 7 de septiembre). De otro lado, esta iniciativa reconocía también el
ejercicio del periodismo como de alto riesgo profesional, razón por la cual (1) ningún periodista al
servicio de cualquier medio de comunicación podría recibir una remuneración mensual menor a tres
salarios mínimos legales por sus servicios, (2) todos los informadores profesionales se pensionarían
luego de 25 años continuos o discontinuos de labor, sin tener en cuenta su edad, y (3) todos los
pensionados (por jubilación, invalidez o vejez) recibirían, dentro de la primera quincena del mes de
diciembre, el 100% de una mensualidad adicional (Gaceta del Congreso, 2001, 7 de septiembre).
En cuanto al proyecto de Ley 278 de 2002, luego de pasar por objeciones presidenciales, adquirió un
perfil bastante similar al de la norma que está vigente en la actualidad (Ley 1016 de 2006). Sin
embargo, la diferencia radicaba en que establecía la creación del Fondo Antonio Nariño Precursor de
la Independencia, adscrito al Ministerio de la Protección Social, que tendría como fines, liderar en la
opinión pública procesos de concienciación sobre la función histórica que cumple el periodismo en la
defensa y el perfeccionamiento del Estado Social de Derecho; desarrollar proyectos para la
protección de los derechos humanos, políticos, sociales, laborales, económicos y culturales de los
periodistas; promover programas de Seguridad Social Integral, asistencia profesional, créditos
asequibles, proyectos de desarrollo productivo y planes de educación continuada, entre otros (Gaceta
del Congreso, 2004, 19 de julio).
A través de la Sentencia C-650 de 2003, la Corte Constitucional declaró inexequibles los puntos del
articulado del proyecto que aludían al mencionado fondo, pero estas objeciones no fueron tenidas en
cuenta en la sanción de la Ley 918 de 2004, razón que llevó a que, un año después, se declarara la
68
existencia de un vicio en la misma por medio de la Sentencia C-927/05 (Colombia, Corte
Constitucional, 2005, septiembre). Posteriormente, el 24 de febrero de 2006, fue sancionada la Ley
1016/00 como la corrección de la norma previa. Esta ley adopta disposiciones, “con meros
propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de
comunicación a fin de garantizar su libertad e independencia profesional”. Aclara, así mismo, que su
cobertura incluye a la rama de la comunicación en sus diferentes denominaciones (Colombia,
Congreso de la República, 2006, 24 de febrero). Pese a que la Ley 1016/06 está vigente, luego de su
expedición han existido varios intentos por ofrecer un marco legal más amplio para la actividad
periodística.
En 2009, el representante José María Conde postuló el proyecto 213/09, que se proponía dictar un
estatuto profesional. La iniciativa establecía, de manera similar a las mociones presentadas antes de
2006, que sería periodista quien tuviera un título de formación superior o solicitara su
reconocimiento como tal a organizaciones o directores de medios de comunicación. De todos
modos, al igual que propuestas precedentes, defendía el acceso de los ciudadanos a los medios como
garantía de su libertad de expresión (Gaceta de Congreso, 2009, 13 de noviembre). Además de los
derechos inherentes expuestos ya en otros proyectos, orientados a garantizar la independencia del
periodista, este incluía el derecho de petición presentado ante las entidades públicas y empresas
mixtas del Estado, bajo el principio de brindar una información veraz y oportuna (Gaceta de
Congreso, 2009, 13 de noviembre). La Colegiatura Nacional del Comunicador Social y Periodista
fue la organización formulada por el representante, “como una organización de derecho público, con
personería jurídica y patrimonio propio”, integrada voluntariamente por profesionales de estas áreas,
con una seccional en todos los departamentos del país. De igual manera, este organismo contaría con
un Código de Ética y un Tribunal de Honor independientes (Gaceta de Congreso, 2009, 13 de
noviembre). En materia de protección social, el proyecto disponía la creación de un Fondo
Prestacional y Asistencial para los Comunicadores Sociales y Periodistas que estableciera, entre
otros, una pensión “por jubilación, invalidez temporal y definitiva por enfermedad y muerte”
(Gaceta de Congreso, 2009, 13 de noviembre). Esta propuesta fue igualmente archivada (Congreso
visible, 2013d).
El siguiente intento, que tuvo lugar en 2010, esta vez se orientó a modificar el Sistema General de
Pensiones (Ley 797 de 2003 y 100 de 1993) tomando como consideración el carácter de ‘profesión de
alto riesgo’ para los periodistas que cubrieran “las áreas de orden público, político o investigación
judicial” (Gaceta del Congreso, 2010, 24 de febrero). Propuesto por el actual senador Luis Fernando
Duque, el Proyecto de Ley 233/10 establecía que se otorgaría la pensión de vejez a los informadores
que hubieran cumplido 55 años y cotizado 1000 semanas. A diferencia de los anteriores, esta
69
iniciativa fue archivada luego del tercer debate (Congreso visible, 2013h). Ese mismo año el senador
Antonio José Correa presentó un proyecto de Ley en la materia, el cual retiró en 2011 (Congreso
visible, 2013e) y reemplazó por uno nuevo, el 221/11. El foco de este último nuevamente era la
creación de una Colegiatura Nacional del Comunicador Social y del Periodista y de un Congreso
Nacional en la materia. Formulaba, además de la exigencia de un título, que podrían ser
considerados periodistas profesionales personas certificadas en otras áreas o quienes hubieran
ejercido la actividad por al menos 10 años antes de la expedición de la ley. No obstante, aclaraba que
se podría negar la idoneidad profesional (Gaceta del Congreso, 2011, 1 de marzo).
Fundamental de este proyecto fue su intento por revivir la tarjeta profesional, que sería otorgada por
la Colegiatura. “Para cualquier contratación laboral como Comunicador Social y Periodista, es
requisito indispensable la presentación de la tarjeta profesional”, señalaba. El organismo tendría
también un Tribunal de Honor encargado de investigar las conductas de los periodistas, a la luz de su
Código de Ética, ante el cual el comunicador debería justificar los errores en los que hubiera
incurrido en el ejercicio de su actividad (Gaceta del Congreso, 2011, 1 de marzo). Al igual que otras
propuestas, esta promovía la creación del Fondo Prestacional y Asistencial de Comunicadores
Sociales y Periodistas, el cual estaría a cargo de establecer un sistema pensional con las mismas
características que el Proyecto 213 de 2009. Por segunda ocasión, la iniciativa fue retirada por su
autor (Congreso visible, 2013b).
El intento más reciente en la materia, presentado por el senador Armando Benedetti el año pasado,
específicamente se orienta a reformar apartes del Sistema General de Pensiones, con el fin de
establecer garantías al respecto para los encargados de temas de orden público, política e
investigaciones judiciales, retomando la iniciativa del congresista Duque. De ser sancionado como
ley, los periodistas que cumplieran con esta condición y que al 28 de julio de 2003 tuvieran 468
semanas de servicios cotizadas, podrían acceder a una pensión especial. Entre otros requisitos, el
Proyecto de Ley 72/12 señala que para poder beneficiarse con este derecho, tendrían que cumplirse
55 años y cotizar 1000 semanas, “sin importar el régimen al que se estuvo vinculado” (Benedetti,
2013).
En su exposición de motivos, Benedetti aclara que el trámite del proyecto de ley del senador Duque
fue bloqueado, debido a que el gobierno se aprestaba a presentar una reforma pensional. Según el
congresista, el objetivo de su propuesta es ofrecer condiciones reales para que algunos periodistas con
ciertas características reciban la pensión especial que se estipula en dos decretos del Gobierno
Nacional, el 1281 de 1994 y el 2090 de 2003. Aclara, entonces, que “no se está creando un nuevo
régimen pensional para quienes han ejercido el periodismo en sus diferentes modalidades”
(Benedetti, 2013). Resulta importante indicar también que la noción de quién es periodista se
70
modificaría de ser aprobado el proyecto, pues ya no sólo se restringiría a la actividad que este cumple
en un medio de comunicación, “sino a la exteriorización reiterada inherente a la profesión, propia
del fiel sentido reconocido por la sociedad” (Benedetti, 2013), es decir, según aclara el mismo
senador, el carácter profesional no dependería, necesariamente, de vínculos con una empresa
periodística, sino de su labor efectiva.
Señala Benedetti, que el ejercicio periodístico en el país “ha tenido una evolución a lo largo de las
últimas décadas, en especial con el advenimiento de la tecnología que ha motivado a su vez, cambios
dramáticos en la conformación y desarrollo de los sistemas informativos, así como en la reportería,
redacción y final divulgación de las noticias”. Adicionalmente, explica que la labor de periodistas,
camarógrafos, reporteros gráficos y profesionales de la Comunicación Social y Audiovisual es
especial en Colombia, debido a los riesgos y amenazas que implica cumplir su tarea en medio de un
conflicto incesante (Benedetti, 2013). “No hay la protección legal suficiente para atender lo que ya
han denunciado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], de
la OEA, acerca de presiones, censuras y autocensuras, amenazas y asesinatos de periodistas y/o
comunicadores sociales y visuales en el país, y mucho menos se contemplan medidas taxativas de
protección social para un gremio como es el de los periodistas” agrega el senador (Benedetti, 2013).
A propósito, el congresista expone las cifras presentadas por la CIDH y por la FLIP en materia de
asesinatos y hace énfasis en la dilación excesiva que suelen tener las investigaciones al respecto,
comprara la situación nacional con la que se presenta en países como Brasil, México y Haití y afirma
que, de cara a esta problemática, “la Relatoría Especial insta a los Estados Miembros de la OEA a
que le otorguen la máxima prioridad política a atender y resolver la situación de impunidad de los
asesinatos cometidos contra periodistas (…) Además, exhorta a los Estados a que adopten medidas
para proteger a los reporteros amenazados para evitar que atenten contra sus vidas” (Benedetti,
2013). Posteriormente, Benedetti resalta las razones por las cuales el Decreto 2090 de 2003 mantiene
los beneficios de la pensión especial para periodistas, por ser una profesión de alto riesgo:
“Analizando el Decreto 1281 de 1994, en el cual se definía un régimen especial de alto riesgo para
los periodistas, consideramos que el régimen de transición establecido en el artículo 6º del Decreto-
ley 2090 de 2003 es aplicable a las personas que desempeñen la actividad de periodista, siempre y
cuando cumplan con las precisiones indicadas en un concepto emitido por la Dirección General de
Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Dirección General de Seguridad Económica y Pensiones6” (Benedetti, 2013).
6Según dicho concepto, los periodistas podrían pensionarse a los 55 años de edad, con 1000 semanas cotizadas,
si para el 22 de junio de 1994 tenían 35 años si son mujeres o 40 si son hombres (Benedetti, 2013).
71
En suma, la propuesta del congresista es aclarar confusiones en la interpretación legal para garantizar
la satisfacción de un derecho adquirido por los periodistas en condiciones de riesgo, ya que según lo
afirmó en el Congreso “de no aprobarse el presente proyecto de ley tendríamos un decreto que
promete derechos pero que realmente encierra un sofisma inadmisible por inaplicabilidad”
(Benedetti, 2013). El senador asegura que esta es una oportunidad excepcional para que se subsane
un ‘vacío o yerro normativo’ y para que se reconozca un derecho legítimo a un grupo de
colombianos que no supera los 200. Al cierre de esta tesis, el proyecto había sido aprobado en el
primer debate en la Comisión Séptima del Senado y se habían presentado dos conceptos
institucionales, por parte de los Ministros de Salud y Hacienda, respectivamente. Ambas posturas,
por cierto muy cercanas, delinean un posible desenlace para la iniciativa. El primero, Alejandro
Gaviria Uribe, planteó que no debía confundirse el riesgo profesional o laboral con la disminución de
la expectativa de vida, la cual sí es amparada por las pensiones especiales de vejez. Así, este se otorga
no porque la actividad como tal sea riesgosa, sino porque permanentemente expone a la persona a
condiciones que lesionan su salud (Gaceta del Congreso, 2013, 18 de marzo).
Según el Ministro, esta condición no se cumple en la actividad periodística, tal como se indicó en el
estudio técnico que sirvió de base para la expedición del Decreto 2090 de 2003, ya que esta tiene una
naturaleza de carácter intelectual. Más bien, podría ser considera de alto riesgo porque los periodistas
son propensos a sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. De otro lado, de acuerdo
con Gaviria, el proyecto promueve una ley que restablecería un régimen inconstitucional que
implicaría una violación a la igualdad (Gaceta del Congreso, 2013, 18 de marzo). Mauricio
Cárdenas, ministro de Hacienda, se pronunció en la misma línea y sostuvo que el proyecto “carece
de estudios técnicos que sustenten el motivo por el cual las labores adelantadas por estos trabajadores
(periodistas), disminuyen específicamente su expectativa de vida saludable”. Según la consideración
del Ministro, el proyecto confunde la noción de riesgo social con la de alto riesgo, y esta última está
cubierta en la medida en que los periodistas estén afiliados a una Administradora de Riesgos
Laborales, encargada de “adelantar actividades de salud ocupacional, promoción y prevención
propias de cada actividad cubierta” (Gaceta del Congreso, 2013, 2 de abril). “Es notoria y clara la
desigualdad que se propone en beneficio de un grupo determinado, en el cual no se evidencia un
menoscabo a la salud”, asevera el Ministro (Gaceta del Congreso, 2013, 2 de abril).
Para sintetizar lo mencionado hasta el momento frente a los intentos por fijar parámetros asociados
al ejercicio periodístico, es posible afirmar que la presentación de estos proyectos de ley en los
últimos 15 años podría ser un indicio de que persiste una preocupación por ofrecer garantías a los
periodistas, de cara a la relevancia que poseen como orientadores de la opinión pública. Sin
embargo, no se puede desconocer que, aun en las propuestas que designaban organismos autónomos
72
para vigilar la conducta y velar por los derechos de los informadores, estaba abierta la posibilidad de
un control ‘desde arriba’ y que pudo haber intereses políticos vedados tras las mociones. De otro
lado, se podría pensar que la existencia de estos estamentos restaría, en cierto grado, responsabilidad
directa al gobierno nacional en lo que se refiere a garantizarle al periodista sus derechos
fundamentales. Hay que subrayar también la tendencia generalizada por ver al periodismo desde una
mirada liberal (es decir, que puede incluir la participación ciudadana y la intervención de otros
profesionales), pero sin olvidar que el carácter profesional lo otorga un ejercicio constante y
remunerado. A fin de cuentas, son valiosos pero claramente inconstitucionales los intentos por
ofrecer derechos laborales, prestacionales y de seguridad social al periodista en el país.
En otro frente legal, también es posible resaltar algunos de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional realizados en los últimos años con respecto a aspectos asociados con la actividad
periodística. En lo que tiene que ver con la exigencia de títulos de idoneidad académica, la
Corporación ha señalado que hacerlo significa una forma de censura previa al cumplimiento de la
actividad de informar, “ya que el riesgo social que ella implica no es fácilmente identificable y el
régimen democrático excluye que el gobierno determine si el ejercicio de la libertad de expresión,
opinión o información es riesgoso o no” (Sentencias C-087/98, C-010/00, C-333/03, C-650/03,
citadas por Uprimny et al., 2006b). De todos modos, ha aclarado que las libertades de opinión y de
información deben recibir un trato distinto, pues la primera no conoce restricciones, mientras que la
segunda está limitada por la obligación de transmitir información veraz e imparcial (Sentencias T-
080/93, C-488/93, T-066/98, T-235A/02, T-921/02, T-213/04, T-1198/04, citadas por Uprimny et
al., 2006b). A este respecto, la Corte ha indicado que los medios de comunicación tienen la
obligación de verificar estos aspectos de la información antes de difundirla, sobre todo cuando se
trate de hechos que involucren delitos: “No se exige al periodista, comprobar de manera
incontrovertible la veracidad de la noticia, pero sí está en la obligación de adelantar, con prudencia y
diligencia, las averiguaciones conducentes” (Sentencia T-206/95, citada por Uprimny et al., 2006b).
Además, la entidad judicial ha establecido que la información que se ofrece al receptor debe ser
cierta, objetiva y oportuna: “La información es cierta cuando ella dice la verdad, esto es, cuando ella
tiene sustento en la realidad. La información es objetiva cuando su forma de transmisión o
presentación no es sesgada, tendenciosa o arbitraria. La información es oportuna cuando entre los
hechos y su publicación existe inmediación, esto es, que no medie un lapso superior al necesario para
producir técnicamente la información” (Sentencias T-512/92, C-033/93, T-332/93, T-259/94, SU-
056/95, T-074/95, T-552/95, T-696/96, T-706/96, T-066/98, T-605/98, T-505/00, SU-1723/00, C-
1172/01, T-036/02, T-235A/02, T-921/02, citadas por Uprimny et al., 2006b). Sumado a ello, la
Corte se ha detenido también a definir la importancia del secreto profesional en el campo
73
periodístico que, según afirma, les permite a los informadores adelantar con mayor eficacia las
indagaciones propias de su oficio y aporta mayores posibilidades de cubrimiento y profundización de
los acontecimientos informados, lo cual termina por beneficiar a la comunidad (Sentencias T–
074/95, T-634/01, T-437/04, citadas por Uprimny et al., 2006b). De otro lado, hasta 1994, estipuló
que podían crearse, a través de leyes, tribunales de autorregulación de periodistas siempre que estos
conservaran “autonomía y plena libertad para decidir sobre lo que deben o no informar”, y que tal
actividad se realizara en pro del interés general (Sentencia C-179/94, citada por Uprimny et al.,
2006b).
A cerca del asunto pensional, la Corte ha señalado que “está constitucionalmente justificado que el
legislador disponga un trato diferenciado entre los periodistas que dependen de un empleador y
aquellos que ejercen su oficio de manera independiente con relación a la posibilidad de acceder a
pensiones especiales de invalidez y sobrevivientes, de la misma manera que goza de libertad para
instituir tratamientos diferenciales entre los trabajadores dependientes e independientes en materia de
acceso al sistema general de pensiones” (Sentencia C-333/03, citada por Uprimny et al., 2006b).
¿Y los gremios?
No es posible cerrar este capítulo sin hacer una alusión a las organizaciones gremiales. Como ya se
vio, en 1998 estuvieron atentas a la decisión de la Corte y, sobre todo algunas, secundaron o
promovieron nuevos intentos legislativos. Sin embargo, según parece, han perdido cierta relevancia y
fuerza en su labor de acompañamiento a los periodistas.
Al respecto, José Luis Novoa (entrevistado por Silva, 2013), director ejecutivo de Consejo de
Redacción, manifiesta que no se ha generado una unidad gremial sólida en los últimos años y que,
por el contrario, se evidencia mucha dispersión. “Yo he tenido que hacer visitas en las regiones, por
efectos de mi cargo, y he notado que en la mayoría de ciudades hay dos o tres agremiaciones de
periodistas y algunas se agrupan en Fecolper, otras se agrupan departamentalmente; unas ven el
ejercicio del periodismo, como un ejercicio para obtener derechos como la salud, las pensiones, la
vivienda o para consolidar o manejar la pauta de los gobiernos Distritales y departamentales (…)
Muy pocos se preocupan por la formación profesional, por el oficio mismo y por la calidad del
periodismo que se hace”, explica.
Esta opinión la comparte Francisco Tulande (entrevistado por Silva, 2013), director de noticias de
Colmundo Radio, quien considera que existe una especie de ‘ánimo caníbal’ entre los mismos
periodistas y que, además, los gremios están cuestionados. “La federación [Colegio] de abogados, la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, por caníbales que sean las actividades profesionales, hay como
una base. Mire dónde está lo de los periodistas –afirma–: [el] CPB cuestionado porque una vez
74
David Murcia puso plata para unas cuñas; porque no hay un sentido real de la profesión, ni de la
agremiación”. “¿Quién es doliente del ejercicio periodismo?”, se pregunta.
Adicionalmente, Camila Villamizar (entrevistada por Silva, 2013), secretaria general y jurídica de
Asomedios, manifiesta que es una falencia que no exista en el país una agremiación donde los
periodistas se puedan reunir a discutir asuntos propios de la profesión, como la manera de presentar
ciertos temas, y que pueda configurar unos mínimos para proteger su libertad de expresión.
Las apreciaciones anteriores parecieran ser confirmadas por algunos datos revelados en las
investigaciones ya aludidas. De acuerdo con Patricia Torres (2009), quien analizó los resultados de la
indagación de Manrique y Cardona (2003), el incumplimiento de muchas de las garantías laborales
de los periodistas puede estar asociado con factores como el desconocimiento que estos tienen acerca
de sus derechos y con la “corrupción y poca funcionalidad de algunas agremiaciones periodísticas, lo
que impide la reivindicación de derechos colectivos”. Adicionalmente, Torres (2009) consideró, en
su momento, que era contradictorio que sólo el 24% de los periodistas estuvieran agremiados,
teniendo en cuenta las difíciles condiciones laborales a las que se enfrentaban. “Algunos constituyen
pequeños grupos o clubes de prensa, con escasa interlocución local y nacional, en su mayoría,
dedicados a actividades sociales. Ocasionalmente, tratan temas laborales o adelantan programas de
capacitación para sus periodistas afiliados”, sostuvo.
El año pasado, la revista Semana (3 de mayo, 2012), de cara a los resultados del sondeo de Cifras y
conceptos, señaló que era preocupante el hecho de que uno de cada cinco encuestados considerara
que los periodistas y editores no podían afiliarse libremente a asociaciones para proteger sus intereses
y expresar sus puntos de vista profesionales. Para ampliar este panorama también es posible traer a
colación un estudio realizado por Marisol Cano y Thora Gehl en 2006, para International Media
Support, Reporteros Sin Fronteras Suecia y el Proyecto Antonio Nariño, en el marco de la
convocatoria al encuentro internacional Hacia nuevas estrategias de apoyo al periodismo y a los medios de
comunicación en Colombia, que se llevó a cabo ese año. La indagación tenía como objetivo, entre otros,
la identificación de campos sensibles y problemáticas en la situación de los medios informativos y de
los periodistas en el país, planteados en términos de necesidades y obstáculos para la libertad de
prensa (Cano y Gehl, 2006, p. 12).
Según las autoras, al menos en 2006, se evidenciaban debilidades como una ‘pobre visión’ y una falta
de credibilidad en las asociaciones gremiales (Cano y Gehl, 2006, p. 4). Así, se hacía necesario, por
un lado, una representación gremial legítima y visible, que podría alcanzarse mediante el estímulo a
su desarrollo, y, por otro, “una contribución al mejoramiento de la situación laboral de los
periodistas, incentivando vinculaciones laborales ajustadas a los marcos legales y escalas salariales
75
adecuadas a los niveles de responsabilidad y conocimientos”, de parte de organizaciones nacionales
e internacionales, representantes de medios y periodistas y donantes (Cano y Gehl, 2006, p. 12).
76
77
Capítulo IV: La perspectiva actual y el futuro
“La ética no se impone mediante la ley. Actuar de acuerdo con aquella es deber y responsabilidad de los
periodistas”.
(El Tiempo, 2003, 22 de junio)
La Ley 1016 de 2006 y más intentos de regulación
Después del fallo de la Corte Constitucional de 1998 y, por cerca de seis años, la actividad
periodística estuvo desregulada. Luego, en 2004 surgió una normativa declarada rápidamente
inexequible. Finalmente, se estableció la Ley 1016 de 2006 que está vigente en la actualidad. Como
fue formulada, esta ley se orienta a garantizar protección laboral y social, además de independencia
para los periodistas. Con esa intención, aclara que la actividad profesional que reconoce es la de la
rama de la comunicación en sus diferentes denominaciones (Colombia, Congreso de la República,
2006, 24 de febrero).
Según la norma, los títulos expedidos por las universidades o instituciones educativas, nacionales o
extranjeras, legalmente reconocidas, pueden registrarse ante el Ministerio de Educación. De igual
forma, establece que también se le reconoce la categoría profesional, “a las personas que acrediten el
ejercicio de su actividad como periodistas o comunicadores ante el Ministerio de la Protección
Social, (…) o ante las instituciones de educación superior legalmente reconocidas, empresas de
comunicación y organizaciones gremiales o sindicales del sector” (Colombia, Congreso de la
República, 2006, 24 de febrero).
De acuerdo con Édgar Restrepo (2013, 11 de febrero), representante legal de actos y asuntos
administrativos de la Asociación Colombiana de Periodistas (ACP), este reconocimiento puede
hacerse a través de un documento expedido por las facultades de comunicación o por las
agremiaciones sindicales de periodismo. “Nosotros en la ACP lo llamamos TCP (Tarjeta Categoría
Profesional) o carné profesional y se lo otorgamos a egresados o estudiantes avanzados de
periodismo, lo mismo que a periodistas” 7, explica. Restrepo señala, además, que el periodista queda
suscrito a la Sociedad Interamericana de Prensa y “luego lo aceptarán mucho más fácil en cualquier
parte que tenga que ver con medios” (2013, 7 de mayo).
Entre otras reglamentaciones, la Ley 1016 de 2006 indicó, cuando fue publicada, que las
organizaciones gremiales o sindicales debían adoptar o actualizar y divulgar sus estatutos y sus
respectivos códigos de ética, en un término no mayor a seis meses a partir de su sanción.
7Como requisitos para obtener la TCP, los interesados pueden enviar copia de su diploma y acta de grado,
cédula de ciudadanía, entre otros documentos, a la ACP.
78
Adicionalmente, en materia de riesgos, estableció el derecho de los periodistas a que sus contratantes
constituyan previamente seguros para su protección en caso de que deban “cubrir una noticia o
evento en situación, lugar o condición que implique riesgos para su vida o integridad personal o para
su libertad” (Colombia, Congreso de la República, 2006, 24 de febrero).
Según un artículo de análisis que frente al desarrollo de esta ley publicó la Federación Colombiana
de Periodistas (Fecolper) en el año 2008, el efecto de la expresión ‘meros propósitos declarativos’
incluida en la norma, se hizo para enmarcar exclusivamente una finalidad protectora de la actividad
profesional y distinguirla de un régimen de reconocimiento previo, como el que hacía parte de la ley
51 de 1975, que de cierta forma también restringía las libertades de prensa y de información
(Monroy, 2008). De acuerdo con Andrés Monroy (2008), autor del texto, el reconocimiento de la
calidad de periodista debe ser voluntario, razón por la cual la ley declara como una posibilidad, y no
como obligación, el registro de dicha acreditación.
Con respecto al no establecimiento de criterios rígidos para tal reconocimiento, Monroy (2008)
sostiene en el mismo artículo de análisis, que ello se debe a que en 2003, por medio de la sentencia
C-650/03, la Corte Constitucional reconoció que eso significa “una discriminación contra quienes –a
pesar de poseer el conocimiento, la vocación, el interés, la disponibilidad y otras cualidades para
expresar su opinión–, verían coartado su derecho por no reunir los requisitos de periodistas
profesionales o comunicadores sociales”. Como es obvio, entonces, no trae consecuencias legales el
hecho de no registrar el título profesional ante alguna de las entidades mencionadas (Monroy, 2008).
De todos modos, la acreditación del ejercicio de la actividad no tiene efectos ante el Ministerio de
Salud y Protección Social o sobre el régimen de aportes al Sistema de Seguridad Social (Monroy,
2008). Para la organización Fecolper es preocupante esta situación pues en la práctica existe una
desprotección de los periodistas en el campo laboral: “Un alto porcentaje de periodistas desarrollan
su actividad mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios. Estos contratos eximen de
responsabilidad en el pago de prestaciones sociales al contratante, dejando toda esta carga sobre el
periodista. Lo anterior implica que los reporteros deben destinar un importante porcentaje de sus
precarios ingresos en los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales”.
Esta ley, concluye Monroy (2008) en su análisis, “fue redactada para garantizar la protección laboral
y social del periodista. Sin embargo, el único artículo que en parte podría hacer real esta pretensión
es el deber de los propietarios de los medios de comunicación de constituir un seguro para quienes
ejercen la labor periodística (…) en lugar o condición que implique riesgos para su vida, integridad
personal o para su libertad”. El texto termina (2008) planteando la necesidad de una legislación que
79
se ocupe de temas más allá de los simplemente declarativos, “como una clara manifestación de que
el Estado colombiano protege y propende por la dignidad del oficio del periodismo”.
Con referencia a las consecuencias que traería la aprobación de una iniciativa como la del senador
Armando Benedetti, esbozada en el capítulo anterior, el jefe de redacción de El Espectador, Élber
Gutiérrez (entrevistado por Silva, 2013), considera que la norma pondría en cuestión la
independencia misma del gremio. “(…) Han venido congresistas aquí a esta redacción a buscar el
apoyo (Benedettis y todos esos señores) que para sacar adelante un Estatuto del Periodista. Pero,
¿cómo crees que puede quedar la independencia del periodista cuando se sabe que quien lo está
avalando es una institución, por ejemplo, como el Congreso?”, indaga.
Al respecto, Emmanuel Vargas (entrevistado por Silva, 2013), asesor del área de acceso a la
información de la FLIP, estima que está bien que no existan normas para regular el oficio y que gran
parte de la protección se dé a nivel de la Corte Constitucional, “porque cualquier tipo de norma es un
camino hacia la regulación, pero la regulación puede ser un camino hacia la restricción, de una
forma muy fácil”. Frente a otra posible normativa, en esta ocasión asociada con la exigencia de
idoneidad para ser periodista, José Luis Novoa (entrevistado por Silva, 2013), director ejecutivo de
Consejo de Redacción, se manifiesta en franca oposición. “El periodismo libre, sin necesidad de
tarjetas se ha probado en medio mundo y sus problemas no son distintos de los otros (…). Me
declaro mucho más favorable a un terreno de libertades amplias y sobre estas modular las
excepciones y los excesos”, expresa.
Para José Vicente Arizmendi (entrevistado por Silva, 2013), decano académico de la Facultad de
Comunicación y Lenguaje en la Universidad Javeriana, lo peligroso no sería el mecanismo que
otorgue una tarjeta profesional en tal caso, sino los medios que se empleen para quitarla. Por ende,
según él, muchos rechazan la existencia de un carné de esta índole, aunque sea otorgado por el
gremio mismo. Un comentario adicional en esta línea es el de Orlando Muñoz (entrevistado por
Silva, 2013), abogado que demandó en 1998 la Ley 51 de 1975, quien aclara que no sería necesario
exigir un título de idoneidad y que hay demandas de profesionalismo que la práctica misma y el
mercado generan.
Por el contrario, Hernando Salazar (entrevistado por Silva, 2013), director de comunicaciones de la
Agencia Colombiana para la Reintegración, considera que, aunque está bien que se les garantice a
todas las personas la libertad de expresión e información, el ejercicio de ese derecho implica unas
capacidades mínimas y en la actualidad no existe ningún mecanismo orientado a garantizarlas. “Nos
tenemos que inventar algo que permita unos mínimos de idoneidad”, sostiene. Francisco Tulande
(entrevistado por Silva, 2013), director de noticias de Colmundo Radio, concuerda con esta mirada y
80
plantea la necesidad de un escenario en el cual quienes se dedican a trabajar en medios de
comunicación tengan un respeto mínimo o un ‘blindaje’, por ejemplo, dándole prioridad, en los
procesos de selección, a una persona que tenga estudios universitarios. Para el periodista, tendría que
existir un comité de ética básica, compuesto por dos ó tres gurúes.
“El presidente Santos, que es periodista, podría liderar una acción, no para quitarle el negocio a
nadie, sino para darle un poquito de orden y asegurar el futuro de la gente que hoy está
capacitándose en una profesión. ¿Una tarjeta? Puede ser”, afirma y aclara, además, que este
mecanismo no debería estar en manos de un ministerio. Para Juan Manuel Ruiz (entrevistado por
Silva, 2013), ex subdirector de noticias de RCN Radio, un posible estatuto nuevo “debería partir por
la democratización de la tenencia o propiedad de los medios de comunicación en Colombia, al estilo
de Argentina, en donde los privados sólo pueden poseer el 33% de las emisoras, y [por establecer]
unas normas mínimas para el cumplimiento de la profesión”.
Por su parte, Germán Ortiz (entrevistado por Silva, 2013), profesor de la Universidad del Rosario,
señala que en el país “no ha sido posible normatizar el ejercicio profesional de quien informa” y aún
hoy no existe una ley de regulación de prensa que provenga de los mismos medios o de los propios
periodistas. “La Corte argumentó que para eso existían leyes paralelas y eso es cierto. No podemos
pensar que hay una tarjeta profesional (…) porque hay que controlar la injuria y la calumnia, no,
porque eso ya lo establece el derecho penal”, dice. Por el contrario, afirma que la idea de establecer
una normativa en la materia es hablar de cuál es la naturaleza del derecho a la información, dónde
cabe la responsabilidad social, cuáles son los elementos de juicio que deberían tenerse en cuenta
cuando se comenten errores, qué tribunal de ética podría existir y cómo proteger al periodismo
regional frente al acecho de los políticos. “No existe una ley que regularice eso, porque no hemos
sido capaces, el gremio periodístico es demasiado desunido”, agrega.
¿Qué pasó con la libertad de expresión?
La inquietud por la libertad de expresión en Colombia ha cobrado más fuerza en los últimos años,
puesto que, como se vio en el capítulo III, cada vez están más claros los factores que la limitan
(presiones políticas o relativas al conflicto, dificultades en el acceso a la información, entre otros). Un
elemento adicional lo refiere Olga Lucía Ramírez, abogada de la Universidad Autónoma
Latinoamericana, en su libro ‘Responsabilidad del periodista’, sobre todo en un apartado en el que
evalúa la libertad de prensa en el país. De acuerdo con Ramírez (2004, p. 28), “la ausencia de una
legislación especializada acorde con la época, que clarifique con exactitud todos los supuestos de
responsabilidad civil y penal” constituían, al menos para 2003, una fuente de preocupación por parte
del poder legislativo.
81
Debido a lo anterior, como indica la abogada, ese año el senador y periodista Juan Gómez Martínez
presentó un proyecto de ley con el que pretendía introducir dos artículos al Código Penal para
“reglamentar aspectos relacionados con el quehacer periodístico (…) [y] agravar las sanciones
establecidas para los delitos de injuria y calumnia cometidos a través de medios de comunicación,
obligando a los autores incluso a divulgar la fuente para no ir a la cárcel” (Ramírez, 2004, p. 28). Las
reacciones de parte de periodistas, medios de comunicación, agremiaciones, abogados y otros
congresistas denotaron una tendencia que persiste hoy y que, posiblemente, continuará en los años
venideros: la de defender férreamente el ejercicio libre del periodismo. Por ejemplo, los detractores
aseguraron que la iniciativa censuraría a comunicadores y columnistas y violaría la Constitución, en
su artículo referente al secreto profesional (El Tiempo, 2003, 16 de junio; Ramírez, 2004, p. 28).
El senador Héctor Helí Rojas dijo que era preferible la rectificación oportuna y equitativa, sobre la
pena o la sanción delictiva. “Hoy día en el país hay mucha mentira oficial y mucho engaño para los
mismos periodistas, luego sería injusto responsabilizarlos como cómplices o autores de conductas
ajenas” (El Tiempo, 2003, 16 de junio). Para el abogado penalista y especialista en el tema de medios
de comunicación Guillermo Puyana, la propuesta criminalizaba la opinión al introducir una presión
legal para desconocer una garantía constitucional absoluta. Según él, la legislación que existía en la
materia, aunque no fuera óptima, era moderna y clara (El Tiempo, 2003, 16 de junio).
La voz de los periodistas la presentó César Mauricio Velásquez, presidente del CPB y decano de
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, quien creía que la ley generaría
una ‘cacería de brujas’ y “los medios quedarían limitados a publicar sólo sentencias judiciales, pues
cualquier delincuente podría ampararse en esa norma para detener investigaciones periodísticas en su
contra” (El Tiempo, 2003, 16 de junio). Adicionalmente, Javier Darío Restrepo subrayó en una
conferencia posterior que pretender controlar los contenidos iba en contra de la naturaleza de los
medios. Para el periodista, habría que buscar soluciones que condujeran a una formación concreta,
como foros e investigaciones, observatorios de medios o un Consejo de Prensa encargado de vigilar y
defender la verdad de la sociedad (El Tiempo, 2003, 16 de junio y 22 de junio).
Restrepo afirmó que estos consejos, que existen en otros países, tienen un carácter independiente,
“no figuran allí ni congresistas, ni funcionarios, ni políticos, su origen es el resultado de una decisión
urgida por el aumento de los abusos de la prensa y de las protestas de la población (…) [,] en algunos
casos tienen capacidad sancionatoria, en otros la limitan al impacto moral que representa la
publicación obligatoria de sus decisiones en todos los medios. Algunos van más allá de la función de
recibir y resolver conflictos y asumen una tarea formativa; todos tienen la función de acompañar al
lector que reclama el respeto de sus derechos, y a los medios que se proponen respetarlos o reparar
los daños hechos” (El Tiempo, 2003, 22 de junio).
82
Pese a la lluvia de críticas, Gómez defendió su proyecto señalando que lo que buscaba era ‘darle
seriedad’ al periodismo, “que quienes lean, sepan que esa es la verdad. No se está atentando contra
la libertad de prensa. La ley no ha sido suficiente y hay que ponerle dientes” (El Tiempo, 2003, 16 de
junio). En su apoyo se presentó el entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, para
quien “los columnistas crean falsas expectativas y trasladan la controversia jurídica de los despachos
judiciales a las páginas de los diarios”, lo que pondría en desventaja a la justicia (El Tiempo, 2003, 16
de junio). El Senador retiró la iniciativa antes de iniciar su trámite en el Congreso y presentó una
segunda en 2005, el proyecto de ley 53/05, el cual fue archivado por la Comisión Primera del
Senado. “En diciembre de 2005 el ponente del proyecto, senador Mauricio Pimiento, había rendido
ponencia negativa. Un mes antes, la FLIP y la Federación Internacional de Periodistas se había
reunido con él para explicar las razones de la inconveniencia del proyecto de ley” (FLIP, 2013a).
A propósito de este debate, cabe resaltar también una columna publicada en El Tiempo, el 22 de
junio de 2003, que hizo una doble invitación: a los periodistas a meditar, puesto que “si no nos
autorregulamos [para informar de acuerdo con la ética de la profesión], acabarán regulándonos”. Y
al senador Gómez y a los lectores preocupados por el tema, a tener en cuenta que la libertad de
información es la base de la democracia. “Los periodistas tienen la misión de vigilar el poder. Y lo
hacen no obstante que son mucho más débiles que él”, afirmó el texto.
Respecto a los efectos que se esperaba trajera el fallo de la Corte en la materia expuesta, las opiniones
de los entrevistados para este trabajo se muestran divididas. De un lado, están los que consideran,
como Orlando Muñoz (entrevistado por Silva, 2013), demandante de la Ley 51/75, que la
eliminación del Estatuto quitó una ‘talanquera’ que algunos querían utilizar con fines políticos, pero
que, fuera de eso, la situación ni empeoró ni mejoró: “Yo creo que hay otras circunstancias que
influyen en el buen o mal ejercicio del periodismo. Uno, por ejemplo, el respeto que las autoridades
estatales deben tener por el periodismo, el hecho de que no haya ejercicio de fuerza o de violencia
frente a los periodistas. Eso me parece más importante”.
En la otra perspectiva están quienes afirman que aunque sí se generó mayor libertad de expresión, el
fallo no necesariamente contribuyó a generar una mejor información. Por ejemplo, para Hernando
Salazar (entrevistado por Silva, 2013), director de comunicaciones de la Agencia Colombiana para la
Reintegración, “ese es un tema de cultura política, de incultura política, más bien. La sociedad no es
muy consciente de que tiene el derecho de exigirles a los medios información veraz e imparcial (…)
Esa es una parte del derecho a la información, que hace parte de las audiencias activas que no
tenemos en Colombia”.
83
Para hablar de cifras, el informe anual de la FLIP - 2012 registró un total de 158 agresiones directas
relacionadas con el ejercicio del oficio, incluyendo el asesinato de un periodista en Sucre y el
atentado contra Fernando Londoño, ex ministro y director del programa radial La Hora de la
Verdad, además de amenazas colectivas, desplazamientos forzados y exilio. La fundación señala
que, “si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como
México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia sigue siendo uno de los países más
peligrosos para ejercer este oficio, especialmente a nivel local” (FLIP, 2013b, p. 12). Otro dato
reportado por la FLIP (2013b, p. 12) es el del Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la
Información, presentado por el Proyecto Antonio Nariño (PAN), que evidenció una situación
preocupante frente a la impunidad en el país. Sumado a ello, factores como la autocensura por el
miedo al cierre de medios, despidos, o el temor a la violencia, siguen afectando en gran medida el
ambiente para ejercer el oficio. Cabe resaltar otra situación preocupante señalada por la FLIP
(2013b, p. 14): “el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura”.
En materia de acceso a la información, el Índice del PAN mostró que este tiene algunas debilidades.
Sin embargo, la FLIP (2013b) reconoció que en 2012 se dio un avance con la aprobación de la Ley
de Acceso a la Información, pese a que “hay aspectos contrarios a los estándares internacionales que
deben ser revisados por la Corte Constitucional” (p. 15). De otra parte, el informe se refirió a las
implicaciones que podría tener el proceso de negociación entre el Gobierno nacional y las FARC, en
dos vías, “por un lado, en términos de seguridad para los reporteros que cubran a fondo el proceso y,
por el otro, en términos de verdad, justicia y reparación en el esclarecimiento de agresiones
cometidas por la guerrilla y agentes del Estado contra periodistas en el marco del conflicto,
especialmente los asesinatos” (FLIP, 2013b, p. 15).
Como la mayoría de los periodistas entrevistados, la FLIP (2013b) está de acuerdo con que una de
las medidas de autoprotección más eficaces consiste en ejercer un periodismo ético y de calidad.
Además, en su ‘Manual de autoprotección’ (2010, p. 11) ha indicado que la búsqueda de la
excelencia, que incluye capacitación permanente y mejora de las prácticas, debe ser una constante en
la vida del periodista. Justamente, Emmanuel Vargas (entrevistado por Silva, 2013), asesor de la
fundación, asegura que la mejor defensa y la mejor ventaja de un periodista es ejercer
responsablemente su oficio, pues “en la medida en que usted sea un periodista responsable, defiende
su trabajo y su trabajo se defiende a sí mismo, con responsabilidad”.
84
Vale señalar también el papel que ha desempeñado la recientemente creada Unidad Nacional de
Protección (UNP)8. La FLIP sostiene que sus primeros doce meses de funcionamiento han dejado un
balance positivo en cifras. “(…) se logró que las medidas implementadas (escoltas y carros
blindados), a cargo de la empresa privada VISE que depende directamente de la UNP, hayan
ayudado a salvar vidas”, como la de Fernando Londoño. En total, de enero a diciembre del 2012 la
entidad atendió 100 solicitudes de protección a periodistas (FLIP, 2013b, p. 56). La presidente de
Fecolper, Adriana Hurtado, dijo que la UNP “ha sido una muy buena intención del Gobierno [y]
que ha permitido mejorar la revisión interna de los procesos que existían” (FLIP, 2013b, p. 54).
De todos modos, Fecolper también señaló una serie de deficiencias, luego de un análisis propio.
Entre otras, las críticas que hizo fueron (1) que el Decreto 4912, el cual regula a la UNP, carece de
criterios diferenciadores que impiden la adopción oportuna y eficaz de medidas de protección que
garanticen, no sólo la vida e integridad personal de periodistas amenazados, sino también su
independencia, autonomía, secreto profesional y la reserva de la fuente periodística; (2) que en
algunos casos las medidas consistentes en servicios de telefonía móvil, o rondas policiales, no
garantizan la protección a la vida e integridad de los comunicadores y, (3) que el plazo de 30 días
hábiles para elaborar la evaluación y revaluación del nivel de riesgo, puede resultar muy prolongado
(Fecolper, 2012).
De otra parte, la FLIP (2013b, p. 55) le criticó a la Unidad, que si bien fue evidente un aumento en el
número de casos atendidos respecto a 2011, varios reporteros manifestaron sus quejas por la baja
calidad con la que les fueron realizados sus estudios de riesgo. Igualmente, “se ha observado en
algunos casos que el tiempo para hacer efectivas las medidas supera el plazo de 30 días hábiles para
el estudio y de dos meses de implementación” (FLIP, 2013b, p. 56). A pesar de sus falencias, el
programa ha sido ejemplo a nivel internacional, pues Honduras anunció su intención de replicar el
modelo (Villamizar, 2012).
No es posible cerrar este análisis sin mencionar que este año la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) se mostró preocupada por las leyes que amordazan a la prensa en América Latina, en el marco
de un foro realizado en la Universidad de Los Andes. La premisa de la SIP es que el exceso de
producción jurídica para afectar el libre flujo de información debe ser vigilado por parte de los
8La UNP surgió el año pasado y posee una estructura similar en tamaño y presupuesto a la que tienen
entidades como la Contraloría o la Personería de Bogotá. Además, cuenta con 834 empleados y un
presupuesto cercano a los doscientos mil millones de pesos, 7% del cual está destinado a la protección de los
periodistas. De igual manera, aunque se encuentra adscrita al Ministerio del Interior, la Unidad tiene total
autonomía para ejecutar los programas de protección (FLIP, 2013b, p. 50).
85
medios y de la ciudadanía para evitar que este derecho fundamental se vea afectado (El Tiempo,
2013, 22 de enero). Roberto Pombo, director de El Tiempo, señaló en la materia que “se ha dado un
matoneo judicial, porque a los periodistas los enredan jurídicamente para cansarlos” y así evitar que
publiquen determinados temas (El Tiempo, 2013, 22 de enero). El foro académico titulado 'El estado
de la libertad de prensa en América Latina' se realizó luego de que alcaldes y gobernadores del país
firmaran la Declaración de Chapultepec orientada a garantizar la libertad de expresión,
especialmente en las zonas de conflicto (El Tiempo, 2013, 22 de enero).
Adicionalmente, durante la reunión de Medio Año de la SIP se conoció un informe preliminar sobre
la situación de la libertad de prensa en Colombia, de acuerdo con mediciones del PAN, la FLIP, la
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y la Fundación Friedrich Ebert en Colombia
(Fescol), el cual reveló, nuevamente, altos niveles de impunidad en procesos judiciales. “Una de las
conclusiones es que el país obtuvo en el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información
una calificación de 50, cuando 100 es la mejor nota” (El Tiempo, 2013, 9 de marzo). El pre-informe
señaló, además, un incremento en las intimidaciones contra periodistas en los últimos años, sobre
todo en la Costa Atlántica y Antioquia. La SIP manifestó su preocupación también por los diversos
proyectos de ley que cursan en el Congreso y que, en su criterio, tienden a limitar y a interferir con la
libertad de expresión en el país. La organización mencionó, por ejemplo, el número 18 de 2012
(Senado), “que elimina la prescripción especial de 30 años para los delitos de homicidio, tortura,
desaparición forzada cuando la víctima es periodista” y la iniciativa 156 de 2011 que tendría
implicaciones en cuanto a censura y frenos en la obtención de información relacionada con defensa y
seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales (El Tiempo, 2013, 9 de marzo).
Condiciones laborales, prestaciones y pensiones, ¿cómo favorecerlas?
En el capítulo III ya se hizo alusión a varios aspectos importantes en materia de las condiciones
laborales y, en menor medida, de las prestacionales y pensionales, a las que se enfrentan los
periodistas en la actualidad. Por una parte, se señaló, conforme a los datos ofrecidos por la encuesta
‘¿Qué dicen 600 periodistas sobre su oficio y la libertad de expresión?’, realizada por la firma Cifras y
conceptos y cuyos resultados fueron publicados por la revista Semana (2012, 3 de mayo), que el
perfil del periodista en el país es el de un hombre, entre los 36 y los 55 años de edad, contratado en
nómina, a tiempo completo, en medios de comunicación privados. Adicionalmente, se indicó que
este periodista por lo general es profesional y ha adelantado otros estudios fuera del pregrado. En
materia salarial, el sondeo reveló que este gana, en promedio, menos de cinco salarios mínimos. De
otro lado, se apuntó que la gran mayoría de periodistas laboran en prensa y apenas un 7% en medios
digitales. Sin embargo, se subrayó el creciente uso de redes sociales como fuentes de información.
86
En tercer lugar se mencionó que los periodistas colombianos consideran que hay dificultades en el
acceso a la información, pero menos de la cuarta parte de los encuestados dijo haber empleado el
derecho de petición. Se advirtieron, además, las principales maneras en las que se obstruye la
actividad periodística: restricciones a la libre movilidad por parte de autoridades; agresiones
perpetradas por miembros de la Fuerza Pública o grupos insurgentes; autocensura por miedo al
cierre del medio, al despido o a arriesgar la integridad física, y la presión de los gobiernos
departamentales o municipales a través de la pauta oficial. En materia prestacional y pensional se ha
dicho que no existen regulaciones particulares que cobijen al gremio, sino que los periodistas están
sujetos a las normativas ordinarias de cualquier trabajador (relacionadas, por ejemplo, con las
garantías que ofrecen los medios o empresas en las que se empleen). En tal sentido, es relevante
agregar, de acuerdo con una encuesta realizada por Fecolper, que “el 43% de los periodistas en
Colombia cotiza al sistema de seguridad social de manera independiente, 36% directamente con la
empresa, (…) mientras el 14% lo hace a través de un familiar o utiliza el Sisbén. El 31% de
periodistas en Colombia no cotiza aportes a pensión” (Confirmado, 2012, diciembre).
Seis años atrás ya se observaba un escenario no muy favorable para la práctica periodística. El
presidente del CPB, en entrevista para un informe del Centro Virtual de Noticias de la Educación
(CVNE) del Ministerio de Educación Nacional, afirmó que veía la situación laboral en los medios
masivos tradicionales atomizada y en crisis. César Mauricio Velásquez, después Jefe de Prensa de la
Casa de Nariño, señaló que quienes tenían la suerte de conseguir un puesto estaban sometidos a
situaciones ‘paupérrimas’ que incluían “los nuevos estilos de contratos de trabajo, la venta de cupos
publicitarios, jornadas extensas de trabajo de 10 ó 14 horas, y periodistas que hacen el trabajo de
cuatro pero reciben el salario de uno”. Para Velásquez, esta situación se reflejaba en el periodismo en
sí, en su bajo nivel informativo, y en la opinión pública (CVNE, 2007, p. 1).
Ahora bien, vale la pena mencionar algunas de las posturas de los entrevistados acerca de este estado
de cosas, para contrastar visiones frente a si se debe o no hacer algo por reformarlo y, en tal caso, de
qué manera podría hacerse. Élber Gutiérrez (entrevistado por Silva, 2013), jefe de redacción de El
Espectador, opina que los derechos salariales y prestacionales deben garantizársele a quienes ejercen
el periodismo por los mismos medios que a cualquier profesional. “Es que los periodistas nos hemos
vuelto egoístas –asegura. (…) primero, creemos que nos las sabemos todas y, segundo, estamos
permanentemente victimizándonos”. En ese sentido, Gutiérrez aclara que sí hay periodistas
amenazados pero “no son todos los que dicen ser”.
De acuerdo con José Vicente Arizmendi (entrevistado por Silva, 2013), decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad Javeriana, no harían falta regulaciones puntuales, pues el
periodismo puede ser una profesión riesgosa hasta cierto punto, pero no es la más peligrosa. Según
87
él, “muchos periodistas se mueren de viejos, muchísimos. Bastaría con ciertas precauciones que debe
buscar la empresa, pero no necesariamente una ley”. Orlando Muñoz (entrevistado por Silva, 2013),
uno de los demandantes de la Ley 51 de 1975, considera que las problemáticas que se han presentado
en materia laboral obedecen a la forma de contratación que existe en Colombia, no sólo de los
periodistas, sino de cualquier profesional. “Si a alguien lo contratan a través de un contrato de
prestación de servicios –dice–, el cubrimiento de los gastos de seguridad social lo hace totalmente el
contratista, no el contratante. Si a alguien lo contratan a través de un contrato laboral va a tener
muchísimos más beneficios”. Entonces, nuevamente, está en manos de las empresas brindarles las
garantías laborales que les corresponden como a cualquier trabajador, que no cuenta con un régimen
especial.
Para complementar lo anterior se puede citar a la periodista y abogada María Teresa Herrán
(entrevistada por Silva, 2013), quien señala que las contrataciones generalmente se dan por
prestación de servicios y “si bien la parte de salud y pensión está cubierta, de todas maneras hay
mucha inestabilidad, los sueldos son muy bajitos (…), hay una escala salarial absolutamente
inequitativa”.
De acuerdo con Camila Villamizar (entrevistada por Silva, 2013), secretaria general y jurídica de
Asomedios, el periodismo, como cualquier actividad legal, tiene que tener una protección en materia
de empleo. Para ella, aunque no es necesaria una regulación especial, se deben respetar las
condiciones laborales en el momento de la vinculación. Más bien, Villamizar plantea la posibilidad
de un estatuto de responsabilidad social y de autorregulación para garantizar la libertad de expresión.
“Las facultades de Comunicación social tienen que tener ahí un papel súper importante, obviamente
los medios también, y buscar, si no unificar criterios (…), sí decirles a los profesionales, cómo es la
forma adecuada de comunicar”.
Según Ricardo Ávila (entrevistado por Silva, 2013), editor de cierre de El Espectador, medios de
comunicación serios, son igualmente serios en el trato hacia el periodista, y “respetan mucho la
estabilidad laboral, conceden o dan la posibilidad de firmar contratos a término indefinido con todas
las prestaciones sociales”. Eso explicaría, para Ávila, porque es raro que se presenten huelgas en el
gremio. A su turno, José Luis Novoa (entrevistado por Silva, 2013) de Consejo de Redacción señala
también que la capacidad de determinar los salarios está en las empresas, pero que estas están
inmersas en un contexto económico global, en el cual hay compra de los medios principales por
parte de grupos económicos. Para responder a esta situación, Novoa dice que los periodistas
deberían ser más pensantes y reflexionar acerca de la calidad y la importancia de su labor, “porque
en la medida en que nos volvamos más indispensables para la sociedad, quizás utópicamente (…) la
sociedad también lo va a reflejar en un mejor trato hacia sus periodistas”.
88
Hernando Salazar (entrevistado por Silva, 2013), director de comunicaciones de la Agencia
Colombiana para la Reintegración, por su parte, considera que para exigir este tipo de derechos los
periodistas pueden basarse en los artículos 20 y 73 de la Constitución, que señalan la garantía de su
independencia, pero que hay mucho desconocimiento en la materia. De todos modos, “sí hay un
vacío legal y ese vacío legal debería regular, por ejemplo, la contratación de periodistas, los mínimos,
el tema salarial, que me parece que es un tema del que se burlan en la actualidad muchos medios y
sobre todo la radio en las regiones e incluso en Bogotá”, aclara y señala que las deficiencias en la
materia repercuten en la calidad de la información y en las mismas pensiones: “En la medida en que
usted gane poco, va a cotizar poco y va a tener una mala pensión”.
Otros periodistas que se muestran de acuerdo con una precisión legal son Francisco Tulande,
director de noticias de Colmundo Radio, y Germán Ortiz, docente de la Universidad del Rosario.
“En otras partes del mundo el periodismo es una profesión respetada –comenta el primero–, hay
salario mínimo, hay códigos, hay unos merecimientos sociales. Aquí es muy complicado. Hay una
realidad, hoy Siglo XXI, año 2013, donde un periodista o comunicador cuya familia, cuyos seres
queridos han invertido aproximadamente 70 millones de pesos en una carrera profesional, tiene
sueldos de menos de un millón de pesos, de 800 mil” (Tulande entrevistado por Silva, 2013). De
acuerdo con Tulande, se necesita profesionalizar el ejercicio para ofrecer más garantías laborales:
“¿Tú sabes cuántas facultades gradúan periodistas y comunicadores en Colombia? Entre 30 y 40,
estamos hablando de 1000 a 1500 comunicadores que se gradúan cada semestre, ¿dónde van a
trabajar? ¿Con qué entidad? ¿En qué grado se va respetar ese esfuerzo y esos 70 millones de pesos
que vale esa carrera en una entidad seria?”, pregunta.
Finalmente, Germán Ortiz (entrevistado por Silva, 2013) está de acuerdo con establecer una
regulación siempre y cuando esta provenga del mismo gremio. En materia laboral, el docente
considera que este mecanismo sería una manera de proteger a los periodistas que tienen que salir a
vender pauta para sostener sus propios espacios. También dice que, aunque existen leyes laborales en
general, la de los periodistas debería protegerlos en su práctica del día a día, “en zonas de conflicto,
en el manejo de ciertos símbolos, en el lenguaje, en la estabilidad laboral”.
Contrastes con experiencias internacionales
Aparte de lo planteado, cabe realizar una comparación entre Colombia y otros países en los que (1)
está vigente un estatuto para los periodistas, (2) se han presentado intentos por establecer
regulaciones legales en torno a su profesionalización o, (3) por el contrario existen varias
limitaciones a su labor (impuestas con el ánimo explícito de restringir su libertad). Dentro del primer
caso es posible citar a Argentina, país en el que está vigente desde 1994 el Estatuto del Periodista
89
Profesional, que explica extensamente quiénes son considerados profesionales, y por ende cobijados
por la regulación, y quiénes no. Esta Ley 12.908, creó una Matricula Nacional de Periodistas y la
potestad de otorgar un carné, ambos a cargo del Ministerio del Trabajo (Federación Argentina de
Trabajadores de Prensa - FATPREN, 2013).
Puntualmente, son periodistas profesionales aquellos que desempeñan “actividades típicamente
periodísticas consistentes en la publicación en diarios o revistas periódicas”, que cuenten con 24
meses de labor continuada, hayan cumplido 20 años de edad y sean afiliados a la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de Periodistas (FATPREN, 2013). La norma establece también en qué
niveles se pueden realizar vinculaciones, el número de aspirantes que deben contratarse de acuerdo
con dichas categorías e incluso el porcentaje de extranjeros que puede haber en un medio (10%). “El
cargo de director, codirector, subdirector, miembro directivo o consultivo, asesor o encargado de
cualquier publicación o agencia noticiosa será desempeñado exclusivamente por argentinos nativos o
naturalizados”, señala la ley (FATPREN, 2013). El régimen de salarios mínimos es otro de los
puntos que aborda la normativa. No sólo determina cuánto se le debe pagar a un periodista de
acuerdo con su cargo, sino que indica que los empleadores deben presentar la lista del personal con
los sueldos actuales y la autoridad tiene facultades para examinar los libros de las empresas para
determinar la capacidad de pago. El estatuto reglamenta, incluso, los días de cobro (FATPREN,
2013).
La norma es bastante específica y estipula regulaciones para una gran variedad de aspectos relativos
al ejercicio del periodismo. De hecho, el mencionado ministerio debe intervenir en los casos de
incumplimiento de regímenes salariales establecidos en la misma ley y en los conflictos relacionados
con las condiciones de ingreso, estabilidad laboral y previsión de los periodistas (coordina, entre
otros, la oferta y la demanda del trabajo periodístico). También es su obligación aplicar multas y
sanciones en caso de que se violen sus parámetros (FATPREN, 2013). Una diferencia sustancial con
el caso colombiano es que en Argentina la inscripción en la Matrícula Nacional de Periodistas es
obligatoria para quienes quieran desempeñarse como tales. Dicho esto, hay que indicar también que
no puede negarse el carné profesional, o ser retirado o cancelado, como consecuencia de las
opiniones expresadas por quien informa. Adicionalmente, cada dos años se realiza la actualización
de los registros (FATPREN, 2013).
“El carnet profesional es obligatorio –señala la ley– y será exigido por las autoridades y dependencias
del Estado a los efectos del ejercicio de los siguientes derechos (…) a) al libre tránsito por la vía
pública cuando acontecimientos de excepción impidan el ejercicio de este derecho; b) al acceso libre
a toda fuente de información de interés público, al acceso libre a las estaciones ferroviarios,
aeródromos, puertos marítimos y fluviales y cualquier dependencia del Estado ya sea nacional,
90
provincial o municipal” (FATPREN, 2013). Dentro de las curiosidades que establece esta norma
está que con el carné se pueden solicitar rebajas de tarifas previamente acordadas para periodistas en
el transporte y en las comunicaciones telefónicas, para la transmisión de noticias (FATPREN, 2013).
Otra de las especificaciones que realiza tiene que ver con el horario laboral, que no debe ser mayor a
36 horas semanales. Del mismo modo, reglamenta el tiempo de vacaciones: 15 días hábiles, cuando
la antigüedad en el servicio no exceda de 10 años; 20 días hábiles, cuando esta esté entre los 10 y los
20 años, y 30 días hábiles, cuando se hayan prestado más de 20 años de servicio (FATPREN, 2013).
Sumado a lo anterior, ahonda también en causales de despido como las siguientes: daño intencional
a los intereses de la empresa periodística, y todo acto de fraude o abuso de confianza; inhabilidad
física o mental o enfermedad contagiosa crónica que constituya un peligro para el personal;
inasistencias prolongados o reiteradas. De todos modos, establece una serie de indemnizaciones
cuando se trate, por ejemplo, de enfermedades transitorias (FATPREN, 2013). De manera similar a
la legislación colombiana, esta ley señala que cuando los periodistas sean encargados de “una misión
que comporte riesgos excepcionales, como ser, guerra nacional o civil, revoluciones, viajes a través
de regiones o países inseguros, deberán estar asegurados especialmente por el empleador”
(FATPREN, 2013).
Para hablar ahora del segundo caso se puede mencionar a España, país en donde desde el año 2000
existe un proyecto de ley que ha pasado por sucesivas prórrogas en el Congreso, sin llegar a una
aprobación a la fecha. Es necesario decir que esta iniciativa provino de los periodistas mismos y que
surgió en la Convención de Valladolid que se llevó a cabo hace 13 años. En dicha convención
“participaron los sindicatos de periodistas –coordinados por la Federación de Sindicatos de
Periodistas (FeSP) –, las agrupaciones de comunicación de los sindicatos UGT y CC OO y (…) la
Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE)” (García, 2007). El proyecto fue
acogido por el Congreso el 23 noviembre de 2004, aún ante la oposición del Partido Popular (PP),
que observó en la iniciativa ‘más problemas de los que resuelve’ (El País, 2004, 24 de noviembre).
Inicialmente –puesto que el proyecto ha pasado por una serie de modificaciones– el estatuto estaba
compuesto por 33 artículos y un anexo con un código deontológico de los periodistas. De acuerdo
con el diario El País (2004, 24 de noviembre), la iniciativa persigue la puesta en marcha de los
mecanismos necesarios a favor de “la dignidad profesional, siempre al servicio del derecho público”
y su finalidad es “servir al derecho de la ciudadanía a ser informada, garantizando la independencia
de los informadores”. El estatuto, además, regularía la cláusula de conciencia, el secreto profesional,
el acceso a las fuentes informativas, las penas por revelación de fuentes confidenciales y los derechos
de autor. “La diputada de Izquierda Unida (…) Isaura Navarro, ponente de la iniciativa, aseguró que
el articulado era fruto de un largo debate (cinco años) con los profesionales de la información y
91
subrayó que el objetivo no es ‘regular un privilegio corporativo’, sino sentar las bases para ‘evitar el
intrusismo que tanto daño hace a esta profesión’”, reportó El País (2004, 24 de noviembre).
A partir de ese momento se vieron las intenciones de los diputados por tomarse un plazo largo para
consultar sobre el tema y hacer una reflexión a ‘fuego lento’, estudiando experiencias llevadas a cabo
en otros países (El País, 2004, 24 de noviembre). Ya desde 2006 se oían las voces de protesta por la
lentitud del proceso. El 19 de septiembre de ese año, varios políticos y profesionales se reunieron
para discutir el futuro de la iniciativa, en un encuentro arbitrado por la Asociación de Periodistas
Europeos. En el marco del evento, Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del Partido
Popular, afirmó que el estatuto nació muerto y no vería la luz jamás (El País, 2006, 20 de
septiembre). De todos modos, algunos como Ramón Jáuregui, portavoz socialista en la Comisión
Constitucional, reconocieron que las críticas al texto se fundamentan en su exceso de
intervencionismo y propusieron, más bien, una ley breve que aluda a la objeción de conciencia y el
secreto profesional. “Por su parte, Fernando González Urbaneja, presidente de la Federación de
Asociaciones de Prensa de España (FAPE), pidió profundizar en la ‘autorregulación’ y José Antonio
Zarzalejos, director de Abc dijo que el sistema jurídico normativo bastaba” (El País, 2006, 20 de
septiembre).
En 2004, Jáuregui había reprochado que el estatuto no reflejara derechos y deberes, sino ‘vagas
declaraciones de principios’ y había indicado que algunas de las cuestiones que plantea, como la
cláusula de conciencia, ya están reguladas (El País, 2004, 24 de noviembre).
Una postura contraria la expresó el periodista Juan Varela (2005, 4 de mayo), quien consideró que
“los periodistas están desmovilizados, entregados a la falacia de que un estatuto acabará con la
pésima situación laboral de muchos profesionales”. Para Varela, esta ‘mentira’ ha sido avivada por
los sindicatos. “En un país donde el franquismo y la burocratización son todavía señas de identidad
grabadas en el ADN público, a pocos parece preocupar que los políticos (no los profesionales a
través de autorregulación, ni las leyes civiles, penales, etc.) controlen el ejercicio profesional y el
derecho a ser periodista”, agrega.
En 2007, José María García, profesor de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos, afirmó que
con la norma se regularía la situación profesional y laboral de los ‘periodistas a la pieza’, es decir,
aquellos que, sin tener relación contractual con los medios para los que trabajan, mantienen un
vínculo mediante el encargo de la elaboración de material informativo. De igual manera, el Estatuto
del Periodista ofrecería a los trabajadores la potestad de formar comités de redacción para la
participación de los periodistas en la orientación editorial de los medios, así como ejercer su
representación profesional y mediar entre las empresas y los periodistas en todo aquello que afecte a
92
los derechos de los profesionales (García, 2007). Para el docente, los mecanismos que contiene este
Proyecto de ley son discutibles y mejorables, pero las sucesivas enmiendas que le ha realizado el
Congreso no parecen tener argumentos suficientes para sostenerse. “(…) son sólo dos los puntos
débiles de este Estatuto. El más polémico es, sin duda, el de la expedición del carné profesional,
elemento ciertamente poco y mal explicado en la propuesta presentada que induce a pensar en un
control abusivo por parte de la Administración” (García, 2007).
El encargado de emitir tal carné sería el Consejo Estatal de la Información, organismo de carácter
público e independiente que tendría la función de promover la libertad de expresión e información, el
derecho del público a recibir información veraz y los derechos profesionales (Asociación de la Prensa
de Valladolid - APV, 2002, p. 9). Según García, al menos para 2007, el individualismo mayoritario
de los propios periodistas era el gran obstáculo para la aprobación del proyecto: “El peor enemigo de
la FeSP –indica García– es la propia profesión: la casi nula implicación de sus mayores interesados,
en este caso, los trabajadores que, en condiciones de trabajo tremendamente precarias y
sobrecargadas, prefieren en demasiadas ocasiones consentir su explotación con el silencio, o que
simplemente, ni siquiera saben del Estatuto o incluso del sindicato”. Sumado a lo anterior, el
profesor comenta que detrás del rechazo a la aprobación del estatuto se esconden intereses
económicos, puesto que “el Estatuto no es más que un dispositivo legal para la defensa laboral y
profesional de los periodistas frente a las empresas para las que trabajan, un instrumento jurídico
básico para defender, precisamente, la libertad de expresión, que está presente desde hace años en
muchos países europeos y americanos” (García, 2007).
Un ejemplo de la tercera situación se da en Ecuador. De acuerdo con Freedom House, ONG
dedicada a promover las instituciones libres en el mundo y que investiga sobre democracia y
derechos políticos, la situación de la libertad de prensa en dicho país es alarmante, pues además de
hacer parte de los calificados como ‘no libres’, perdió 17 puntos en el cálculo más reciente, lo que
constituye la segunda baja de puntuación más grande en el mundo en los últimos cinco años
(Hoy.com, 2013, 3 de mayo). “Cuba, Honduras, México, Paraguay, Venezuela y Ecuador son los seis
países de la región calificados como ‘no libres’ en este tema. Este año sólo 15 de 35 países en el
continente gozan de libertad de prensa y 14 son considerados ‘parcialmente libres’”, indica una
noticia publicada al respecto en el diario en línea Hoy.com (2013, 3 de mayo). Colombia se
encuentra clasificada en este último grupo.
Adicionalmente, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios),
organización de la sociedad civil de origen ecuatoriano que apoya el desarrollo de medios de
comunicación democráticos y el ejercicio del periodismo de calidad, publicó un informe llamado
‘Víctimas del clima de hostilidad en Ecuador’, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de
93
la Libertad de Prensa, en el que reportó 45 agresiones contra la libertad de expresión cometidas
durante este 2013 y 657 en los últimos cinco años (Hoy.com, 2013, 3 de mayo). Según la ONG y lo
que reporta Hoy.com, “la agresión más recurrente a la que han estado expuestos los periodistas
durante estos cinco años (…) son los ‘ataques a la integridad física’ con un 60% del total, donde
constan los asesinatos contra tres periodistas. En segundo lugar están las agresiones verbales y
declaraciones de autoridades y figuras públicas con el 20%. Le sigue la categoría ‘uso abusivo del
poder del Estado’ con el 14%” (2013, 3 de mayo).
La revista Semana ahondó en este último factor, en una publicación del 11 de agosto de 2012:
“Rafael Correa ha montado un ingenioso aparato para reprimir la libertad de expresión con el fin de
controlar a los opositores y seguirse perfilando como el único futuro posible de su país”. Días antes,
Correa había ordenado al secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, no enviar
publicidad oficial a los medios privados, que ha calificado de ‘mercantilistas’, ‘corruptos’, ‘siniestros’
y ‘mediocres’. “El presidente también anunció recientemente que los funcionarios públicos tienen
prohibido dar declaraciones a medios privados y que, en estos meses previos a las elecciones de
febrero 2013, ningún medio puede nombrar a los candidatos presidenciales ni publicar imágenes que
puedan favorecerlos o perjudicarlos”, informó Semana (2012, 11 de agosto).
Según Carlos Lauría, coordinador para el continente americano del Comité para la Protección de los
Periodistas, “el gobierno ha erigido uno de los conglomerados de medios estatales más grandes de la
región, con unas 15 emisoras de radio, televisión, medios impresos y una agencia de noticias que
sirven para ampliar el punto de vista de la administración” (Semana, 2012, 11 de agosto) y de
acuerdo con El País de España, “hasta mayo de 2011 el presidente había acumulado 1.025 cadenas y
280 programas sabatinos, llamados Enlace Ciudadano”. Adicionalmente, Correa encadena con
frecuencia la radio y la televisión para llegar sin competencia a los ciudadanos (Semana, 2012, 11 de
agosto). Pese a que tales cadenas son legales, para Semana tienen la particularidad de aparecer en
momentos muy específicos. Durante tres días, por ejemplo, Correa interrumpió el programa de
televisión ‘Los Desayunos 24 Horas’, conducido por María Josefa Coronel, quien había hecho
entrevistas que cuestionaban ciertas reformas constitucionales que este intentaba impulsar. Además,
el mandatario “dedica sus informes semanales de cuatro y cinco horas a atacar a los medios y a
exhibir fotos de periodistas como si fueran los criminales más buscados”, según explicó el presidente
de Fundamedios, César Ricaurte (Semana, 2012, 11 de agosto).
“Correa se ha dedicado a regular los contenidos periodísticos con maniobras legales que le permiten
castigar en forma expedita y discreta a los críticos de su gestión –afirmó el artículo de Semana (2012,
11 de agosto). El caso de la revista Vanguardia es un ejemplo: en 2010 la policía allanó sus oficinas
en Quito y confiscó 40 computadores para ejecutar una supuesta deuda de 14.000 dólares por el
94
arrendamiento del local, maniobra que repitieron, aumentada, en julio de 2012”. Además de ello, el
mandatario ha demandado a más de 25 personas e instituciones en los últimos cuatro años por
injuria y delitos de imprenta y también ha ordenado detener a ciudadanos por expresarse en su
contra (Semana, 2012, 11 de agosto). En 2008, el gobierno ecuatoriano presentó un proyecto de Ley
Orgánica de Comunicación que, de acuerdo con Semana y Carlos Lauría, ampliaría las cadenas,
volvería legal cualquier mensaje difundido en ellas y crearía un consejo de regulación con amplias
atribuciones para controlar a la prensa y determinar penalidades ante supuestas violaciones (Semana,
2012, 11 de agosto).
¿Cuál es la pertinencia de las Facultades de comunicación y periodismo?
De acuerdo con datos del Centro Virtual de Noticias de la Educación (CVNE), para 2007 se
graduaban cerca de 4700 comunicadores sociales y periodistas. “A pesar de que el Círculo de
Periodistas de Bogotá (CPB) y la Asociación de Facultades de Comunicación Social (Afacom)
califican el mercado de trabajo como pobre y en crisis, el número de jóvenes que optan por esta
carrera no disminuye, a tal punto que se trata de una de las modalidades más rentables para muchas
universidades del país” indicó la CVNE (2007, p. 1) en ese momento. De todos modos, sí se ha visto
una transformación en la oferta educativa de las facultades: “(…) las universidades y otros centros de
educación superior están capacitando a sus estudiantes en diferentes ramas y énfasis de la
comunicación, con el fin de que los egresados puedan ampliar su espectro laboral (…) Así, hoy
existen comunicadores sociales con énfasis en comunicación organizacional, periodismo
comunitario, educación, resolución de conflictos, nuevos medios, Internet” (CVNE, 2007, p. 1).
Igualmente, está abierta la posibilidad de que el periodista se especialice en otras áreas o busque un
segundo título profesional para complementar sus conocimientos. “Sin embargo, a decir de algunos
analistas de la evolución de esta profesión, muchos de esos énfasis o programas complementarios no
satisfacen a la demanda laboral actual, lo que implica que en muchas ocasiones los egresados
terminan desempeñando labores periodísticas generales, pero no son utilizados en las áreas que
profundizaron”. También se ha visto un aumento en el fenómeno contrario: que el periodismo sea
visto como una especialización para otros profesionales, y por ello las universidades han abierto
ofertas en la materia (CVNE, 2007, p. 2). Pese a las mejoras anteriormente mencionadas, las
facultades aún tienen mucho que aprender. Por ejemplo, como ilustra la CVNE, para afrontar la
escasez de empleos los periodistas pueden recurrir a medios alternativos, y haría falta mayor
preparación en ese sentido (2007, p. 3).
Para Élber Gutiérrez (entrevistado por Silva, 2013), jefe de redacción de El Espectador, las facultades
están llamadas a dar el salto hacia nuevos escenarios, sobre todo relativos a la apropiación
95
tecnológica: “(…) lo que pasa es que el perfil del periodista cambió. El periodista no es una persona
que se va cinco años a una universidad a hacer un curso de redacción, porque si viene alguien que
sabe tomar fotografías, que sabe editar videos, que sabe manejar Flash, que tiene habilidad para
trabajo multitarea (…), pues va a tener muchísimas ventajas”, dice. Según Hernando Salazar
(entrevistado por Silva, 2013), director de comunicaciones de la Agencia Colombiana para la
Reintegración, parecería paradójico que las facultades de comunicación social y periodismo
siguieran existiendo luego de la eliminación de la tarjeta como requisito; no obstante, ello puede
responder a que, “de todas maneras, mal que bien, dan unas herramientas para que las personas
sepan cómo manejar la información y conozcan unos mínimos éticos y unas técnicas, en materia de
información”.
De igual modo, Camila Villamizar (entrevistada por Silva, 2013), representante de Asomedios,
considera que hay que fortalecer la academia, porque, si bien, el periodismo es una actividad liberal,
es muy importante que quien que quiera dedicarse a él tenga unos elementos de formación y sepa
cómo comunicar diferentes temáticas.
En ese mismo sentido opina José Vicente Arizmendi (entrevistado por Silva, 2013), decano
académico de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, quien
manifiesta que el reto para quienes forman periodistas es orientarlos no sólo para que conozcan el
aspecto técnico de la actividad, sino para que desarrollen un interés personal en alguna especialidad.
“(…) yo sí aspiro a que un egresado de periodismo sea más elegible profesionalmente que alguien de
otra profesión (…). Digamos que, en igualdad de condiciones, un empleador diga ‘esta chica o este
chico egresado de Comunicación es muy bueno, sabe cosas que al economista me va toca
enseñárselas (…)’. Eso por un lado, y por otro, creo que nuestra tarea, para poder lograr eso primero
que dije, es tratar de no perder la cabeza con lo que está pasando, sino con lo que va quedando, o
sea, lo esencial”, sostiene el decano.
“En toda facultad de cualquier carrera es importante que los muchachos que están en primer
semestre abran los ojos y sepan qué terrenos van a pisar –asegura Ricardo Ávila (entrevistado por
Silva, 2013), editor de cierre de El Espectador. A veces uno como periodista pisa terrenos movedizos
y todas estas áreas que se ven a lo largo de los diez semestres enseñan a pisar terreno firme, enseñan
a los periodistas que debemos obrar con conciencia”. Además, dice que el secreto para ser un buen
profesional es seguir formándose.
En materia de la educación primordial necesaria para ser un buen periodista, José Luis Novoa
(entrevistado por Silva, 2013), director ejecutivo de Consejo de Redacción propone dos frentes, uno
de formación básica, en el que se trabaje el uso del lenguaje y las normas de gramática y ortografía, y
96
otro que tenga que ver con enfocarse en un tema y conocerlo detalladamente. Francisco Tulande,
director de noticias de Colmundo Radio, trae a colación un asunto asociado: el papel de las prácticas
profesionales. Según él, pese a lo importantes que son para las universidades, para los medios y para
los periodistas mismos, no están reguladas de ninguna manera. Con relación a lo anterior, el informe
de Gutiérrez et al. (2010, p. 32), indica que “es frecuente que las empresas cuenten como experiencia
laboral aquella que los aspirantes a empleados han adquirido como parte de las prácticas
profesionales, especialmente las que han sido realizadas en la misma organización”.
Adicionalmente, los investigadores recomiendan a las facultades, teniendo en cuenta que las
empresas periodísticas solicitan experiencia laboral previa, velar para que el perfil del practicante
corresponda al que las empresas necesitan verdaderamente, “en el cual se desempeñará de manera
más eficiente, de acuerdo con sus competencias y habilidades” (Gutiérrez et al., 2010, p. 39).
Frente a la preparación que debe tener un joven que aspira a ser periodista en la actualidad,
Emmanuel Vargas (entrevistado por Silva, 2013), asesor de la FLIP, opina que su tarea es formarse
en costumbres de investigación y valores éticos. “Lo importante es que el periodista descubra cuál es
su tema, en qué se quiere enfocar, y se forme en eso, que no lo aborde de una forma superficial, sino
que se especialice en algo”, agrega. En ese mismo sentido, Germán Ortiz (entrevistado por Silva,
2013), docente de la Universidad del Rosario, propone que el que llega a los medios como periodista
debería ser una persona que haya estudiado y que maneje conocimientos especializados. “Yo soy
partidario, no del periodista todero, sino del periodista que complementa muy bien sus estudios con
otras disciplinas”, manifiesta.
En ese sentido, la investigación de Gutiérrez et al. (2010) sugiere a las universidades que revisen los
programas de formación continua y los posgrados que ofrecen, para abrir nuevas ofertas dado que a
una gran mayoría de periodistas les gustaría seguir estudiando. Para ello, según el informe, podrían
implementarse cursos cortos o abrir programas virtuales, que no tengan que enfrentar el problema de
los permisos.
Gonzalo Silva (entrevistado por Silva, 2013), asesor de comunicaciones del IDT, reconoce que los
nuevos periodistas no compiten únicamente contra ellos mismos, sino que se enfrentan a otros
profesionales y a personas que no necesariamente pasaron por el ámbito académico como reinas de
belleza o ex futbolistas. Así, indica que “sin lugar a dudas, lo que uno le debe aconsejar a un
muchacho es que su preparación sea mucho más estricta y hay que especializarse. Si quiere ser
competitivo no puede salir de la universidad con el título de comunicador social, sino tiene que
buscar una alternativa profesional adicional para hacer énfasis”. De acuerdo con Manuel Teodoro
(entrevistado por Silva, 2013), director del programa Séptimo Día, es muy positivo cuando un
periodista sabe lo fundamental de su labor y además de eso aprende cómo funciona el gobierno, las
97
leyes, o aspectos financieros del país. Sin embargo, se declara uno de esos periodistas que
“entendemos un poquito de muchos temas, pero no sabemos mucho de un solo tema”.
Para Orlando Muñoz (entrevistado por Silva, 2013), abogado demandante del Estatuto, son varios
los desafíos que se enfrentan hoy en día, entre ellos, el de las condiciones que el mercado mismo fija.
“El mercado puede tender a hacer prevalecer personas con determinada estética, por ejemplo, porque
esa puede ser una fortaleza de un hombre o una mujer”, observa. Pese a ello considera crucial que
los periodistas se especialicen y mejoren en su labor a través de la experiencia. “Ese
perfeccionamiento, en mi opinión, por supuesto que viene con los años, pero un punto determinante
de ello es el impulso, las ganas, el tesón que se le pone en los primeros años”, comenta Muñoz. Con
todo, se observa un gran reto para los nuevos periodistas, aunque claramente existen algunas
herramientas que ya les están brindando las universidades y aquellas que provienen de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
98
Conclusión
“La eliminación de la tarjeta fue un accidente para confirmar una situación que ya existía: caos”.
Francisco Tulande – Director de noticias Colmundo Radio
El Estatuto Profesional del Periodista, establecido en 1975, surgió en respuesta a las preocupaciones,
sobre todo relativas a la estabilidad económica y la independencia del periodista, que desde los años
60 marcaban el quehacer de la actividad. Posteriormente, fue evidente que la orientación inicial de su
principal instrumento se había desdibujado y se puso en cuestión su utilidad de cara a la libertad de
expresión, consignada en la Carta política colombiana. En ese marco, surge el fallo de la Corte
Constitucional en la sentencia C-087 de 1998 que significó un quiebre en el devenir del periodismo
en Colombia pues puso en cuestión varios aspectos relativos al ejercicio periodístico y al papel de los
informadores en la orientación de la opinión pública. Tal debate frente al asunto del estatuto y la
profesionalización del periodismo tiene validez y continua, si bien con menor intensidad, luego de
más cuatro décadas de discusiones, que han enfrentado a posturas opuestas, no sólo en la capital de
país, sino a nivel regional.
¿Cómo valorar en el presente las razones expuestas por la Corte para suprimir la tarjeta profesional?
Con respecto al hecho de que se recurriera a una argumentación filosófica, como en el caso del
magistrado Carlos Gaviria, tal herramienta resulta discutible, puesto que no se trata de una realidad
‘en abstracto’, sino de una con características puntuales como la colombiana. Adicionalmente,
aunque estuvo bien cuestionar la postura radical de que sólo los periodistas con formación
universitaria fueran capaces de proporcionar información veraz e imparcial, sí cabía aclarar que
resulta apropiado exigir una preparación mínima o estudios adicionales en periodismo (y ética
periodística, sobre todo), para reducir el riesgo de un eventual daño social causado por una
información inadecuada.
Por otra parte, la Corte tuvo razón al afirmar que los derechos laborales no están ligados a la
tenencia de una tarjeta, sino más bien derivan del ejercicio mismo del periodismo (ello sumado a que
la Ley 51 de 1975 no establecía especificaciones en tal sentido). Otra consideración relevante fue que
se estaba creando un monopolio de la información para un grupo reducido, lo cual no era cierto,
pues desde antes de que se cayera el estatuto había otro tipo de personas interviniendo, la tarjeta no
era una exigencia obligatoria en la contratación y, además, se le había otorgado a individuos sin
formación o experiencia en medios de comunicación. Frente a un posible desamparo del secreto
profesional, temor resaltado por los medios regionales, como bien lo indicó el ex magistrado Gaviria,
este siempre ha estado protegido por la Constitución en su artículo 74. De igual manera, los
miembros de la Corporación señalaron que la sentencia no implicaría el fin de las facultades de
99
comunicación, sino adaptaciones en las mismas para preparar mejores profesionales, cosa que ha
sido cierta.
El presente trabajo se enfocó en hacer un aporte al debate, trayendo a colación la preocupación
recurrente en los estudiantes de periodismo por su futuro laboral. La idea de este abordaje fue
presentar algunas de las problemáticas que han surgido desde 1998 en adelante –y aquellas que
vienen desde mucho antes y continúan en la actualidad–, con el ánimo de que los nuevos periodistas
conozcan a qué se van a enfrentar pero, sobre todo, para indicar aquellos puntos en los que se debe
trabajar en la búsqueda de un mejor periodismo en el país.
Así, este texto no buscó hacer una aproximación teórica, sino presentar una reflexión acerca de la
labor periodística misma que pueda resultar enriquecedora y contribuir a que los periodistas se
piensen en términos de las dinámicas que los rodean. Los hallazgos son esperanzadores en algunos
puntos y en otros, decepcionantes. Por supuesto, sus planteamientos están sujetos a posteriores
revisiones a la luz de la teoría.
Finalmente, ¿cuáles fueron las consecuencias del fallo de la Corte Constitucional en el 98? ¿Tenían
razón los apocalípticos que pronosticaron la muerte de la libertad de prensa? O ¿La decisión generó
mejoras al eliminar un requisito excluyente para ejercer el periodismo? No ocurrió ni lo uno ni lo
otro necesariamente a raíz de la decisión, por un lado, porque no se puede atribuir toda la capacidad
explicativa a un solo fenómeno y, de otro, porque hubo consecuencias favorables en algunos sentidos
y desfavorables en otros.
En primer lugar, como se manifestó desde el comienzo, reinaba el gran temor de que ‘cualquiera
pudiera ser periodista’. De hecho, algunos plantearon que la caída del Estatuto había sido ‘funesta’ al
dejar la profesión minimizada y abierta a que toda persona pudiera ejercerla sin mayores
consideraciones (Juan Manuel Ruíz, entrevistado por Silva, 2013). Sin embargo, los estudios
presentados revelan que, de hecho, al menos en los principales medios, cada vez hay mayores
exigencias de preparación. “A una sala de redacción no puede llegar cualquiera”, como afirma
Ricardo Ávila (entrevistado por Silva, 2013), abogado y editor de cierre de El Espectador, “hay
filtros y (…) está el olfato del director, del editor: ‘¿Quién es ese tipo que está allá, quién lo
recomienda y por qué lo recomienda?’”. De todos modos, cabe considerar que es cierta aquella
consideración de que un diploma o certificación profesional no garantiza que se está frente a un buen
periodista. “(…) hay muchos que lo tienen y son bastante regulares y otros no. Eso es relativo”, dice
Edgar Restrepo (2013, 11 de febrero) de la Asociación Colombiana de Periodistas.
En segunda medida, tanto los informes como los mismos periodistas entrevistados parecen coincidir
en que la eliminación del Estatuto cumplió su finalidad primaria: eliminar una traba para la libertad
100
de expresión. No obstante, persisten muchísimas más que no se resolverían con tarjetas profesionales
o salidas meramente legales. El trasfondo del conflicto en el país sigue mermando el acceso a la
información y promoviendo la impunidad en las investigaciones judiciales. A eso, en parte, es a lo
que alude el periodista Tulande al referirse al ‘caos’ en el periodismo. Aquí, el papel del Estado es
fundamental, empezando por velar por el buen funcionamiento de organismos como la Unidad
Nacional de Protección y por garantizar la entrega de información oficial, como pasos iniciales para
reducir la obstrucción al trabajo periodístico.
En tercer lugar, y muy ligado a lo anterior, está la noción de alto riesgo. Si bien cuestionada y
matizada en muchos casos, no se puede desconocer que aplica para la situación de amenaza
constante que viven algunos periodistas. Prueba de ello fue el atentado contra Ricardo Calderón,
presuntamente relacionado con sus investigaciones sobre las irregularidades en el Centro de
Reclusión de militares en Tolemaida, perpetrado este año.
Un punto más tiene que ver con el otro tipo de riesgo, el riesgo social. Aunque no sea palpable, quien
informe a través de un medio debe contar una cierta preparación a la hora de informar. Además, y
más importante todavía, debe conocer aspectos básicos de la ética periodística. Claro está, como se
planteó en capítulos previos, esta no necesariamente se adquiere en una carrera de periodismo. En
materia de derechos laborales y prestacionales, las opiniones están bastante divididas, pues mientras
algunos consideran que la regulación existente basta, otros plantean la necesidad de establecer
privilegios específicos para los periodistas. El perjuicio de esta última opción podría resultar más alto
que sus beneficios, al constituir una restricción innecesaria o debido a intereses ocultos detrás de
bondades salariales, pensionales o de contratación.
Por lo pronto, es en las empresas y medios de comunicación en donde recae la responsabilidad de
garantizar estos derechos. En ese sentido, como indican Gutiérrez et al. (2010, p. 39), los
contratantes deben procurar una mejoría en las condiciones de contratación de los periodistas,
“quienes muchas veces se ven expuestos a perder su independencia y a ‘venderse al mejor postor’ por
la inexistencia de un contrato laboral digno, que les reconozca sus derechos a la seguridad social y al
pago de horas extra y prestaciones”. Quizá, entonces, la regulación cabría hacia las empresas, con
leyes que vigilen la monopolización y que favorezcan el surgimiento de medios alternativos como
nuevas fuentes de empleo.
Otra de las responsabilidades de los contratantes debe ser examinar la flexibilidad para otorgar
permisos y apoyos financieros, “con el fin de que los comunicadores realicen cursos de actualización
y estudios de posgrado, dado que esos conocimientos beneficiarán a la propia organización y a la
calidad de la información que reciban los ciudadanos” (Gutiérrez, et al., 2010, p. 39). Un sexto
101
punto que se ha tenido en cuenta es la presencia de profesionales de otras áreas en el periodismo. A
todas luces esta participación resulta necesaria y enriquecedora. De todos modos, no se puede
olvidar que por lo general sus productos pasan por el filtro de un periodista con experiencia, lo cual
indica una complementariedad entre ambos. No sobra decir tampoco que estos profesionales deben
estar sujetos a los mismos derechos y deberes que los informadores con pregrado.
Adicionalmente, los estudios han mostrado que en el perfil del periodista sigue predominando que
sea egresado de comunicación social o periodismo, lo cual tranquilizaría a muchos estudiantes. Aun
así, la existencia de profesionales cada vez más y mejor preparados significa una alerta para los
nuevos periodistas y para las universidades mismas: “La idea de crear periodistas y comunicadores
más completos es un reto para las universidades colombianas, aunque la escasez laboral continúe
como preocupación general” (Centro Virtual de Noticias de Educación, 2007, p. 2).
A propósito, cabe mencionar que las facultades de Comunicación social y periodismo han seguido
trabajando en sus currículos al margen del fallo, puesto que, si bien en principio hubo cierta
preocupación y de hecho las facultades participaron en nuevos intentos por formular una nueva
norma, la afluencia de estudiantes nunca cesó. Tal demanda de la carrera puede ser una de las
razones por las cuales han continuado renovándose según sus propias dinámicas, de todos modos,
orientadas a fortalecer el perfil de sus profesionales. Este interés por preparar mejores periodistas se
ha notado en los distintos énfasis que han surgido y en la posibilidad de cursar doble programa
académico. Otra de las adaptaciones de las facultades ha sido la de ofrecer especializaciones, lo cual
denota el reconocimiento de que el periodismo está abierto a otros profesionales y la necesidad de
fortalecer competencias específicas.
Por otro lado, la apertura tecnológica constituye sin duda un espacio novedoso para transmitir
información. Los periodistas deben asumir como suyo el papel de operar como filtros y verdaderos
mediadores, con el fin de garantizar que Internet sea una esfera pública de debate. Hay que recordar,
además, que aunque por el momento no exista mayor censura, ello no justifica que quien informe
deje de lado su ética y profesionalismo. En materia de la regulación vigente, esta confirmó el carácter
profesional del periodismo, que había quedado en el limbo desde el 98. Lo que no está tan claro es
cómo este reconocimiento contribuye a la protección laboral y social del periodista, considerando
que no se establecen especificidades en la materia y que el Ministerio de la Protección Social señaló,
en respuesta a un derecho de petición enviado por el Centro de Solidaridad de la Federación
Internacional de Periodistas, “que la acreditación de que trata la Ley 1016 de 2006 no tiene efectos
sobre el Sistema de Seguridad Social Integral” (Monroy, 2008).
102
Cabe decir también que este trabajo no pretendía proponer nuevamente un mecanismo como la
tarjeta profesional, sino comprender los alcances de la actual normativa y dar a conocer algunos de
los proyectos de ley más notables en la materia, para conocer sus implicaciones. La enseñanza
general, parece ser, que los intentos por ofrecer garantías podrían ocultar intensiones de limitar otras
libertades. Más bien, a luz de lo manifestado por los entrevistados, se observa la conveniencia de
plantear un método de autorregulación para los periodistas, que les permita reflexionar acerca de su
labor y que implique un control alejado de la censura y los intereses vedados. Lo más importante de
esta iniciativa sería generar una comprensión propia del periodismo como una profesión con rutinas,
pautas y esquemas particulares, dentro de la cual el nivel de competencia no puede ser pasado por
alto, pues es el responsable de la calidad de los medios de comunicación. Además, el intento por
reglamentar no puede olvidar la complejidad de la labor del periodista y su horizonte debe ser velar
por su independencia. Como señala F. Ortega (2003), “(…) la estructura del sistema de la
comunicación actual depende, más que de ningún otro factor, de las cualidades de unos periodistas
que sobrepasan cualquier definición simplificadora de sus atribuciones y competencias”.
De cara a la visión expuesta por el magistrado Eduardo Cifuentes en su aclaración de voto, es digna
de resaltar la idea de que la actividad periodística está constantemente amenazada, no sólo por el
Estado sino por los grupos de dominación privada. Así, y teniendo en cuenta que el periodista existe
para la Constitución como un sujeto diferenciado, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de un
posible estatuto propio con miras a garantizar su independencia y profesionalidad. Dicho estatuto,
como expresó Cifuentes, no debería ser un medio para instituir privilegios y su cometido no podría
ser otro que lograr la libertad para el periodista.
De acuerdo con la abogada Olga Lucía Ramírez, en su libro ‘Responsabilidad del periodista’ (2004,
p. 91), “otorgar al periodismo la posibilidad de realizar un autocontrol de sus comunicaciones, sin
censura previa que impida su libre ejercicio, es un voto de confianza que ha de ofrecerse, confiando
en el buen juicio de los periodistas y en la mesura e imparcialidad al momento de impartir noticias,
como merecimiento de la actividad periodística”. Pendiente para el futuro está la discusión acerca de
qué aspectos podría abarcar la autorregulación (contrataciones, seguridad, etc.) y quienes podrían
liderarla (las agremiaciones, las facultades de periodismo, entre otros).
Adicionalmente, de establecerse normativas a nivel gubernamental, sería conveniente que estas
examinaran al periodismo dentro del contexto colombiano y, sobre todo, que tuvieran en
consideración a los periodistas de las regiones. Así, según Juan Manuel Ruiz (entrevistado por Silva,
2013), “(…) evidentemente en el caso colombiano o en el caso mexicano es claro que el periodista
debe gozar de unas garantías que un estatuto nuevo le pueda otorgar; no un estatuto donde le
entreguen al periodista la potestad de informar, porque eso viola los derechos humanos (…), lo que
103
un estatuto realmente debería hacer, un estatuto bien inspirado, es garantizar (…) unas condiciones
mínimas para el ejercicio de la profesión del periodista, sobre todo en un contexto como el nuestro
en donde hay tantas presiones”.
Queda por decir que, a pesar de los pesares, los estudios consultados revelan que los periodistas se
sienten satisfechos con su labor, lo cual sería el caldo de cultivo para una autorregulación orientada a
la calidad informativa. Después de todo, lo más importante es tener en cuenta la orientación social
del periodismo: “La primera obligación del periodismo es con la verdad; su primera lealtad es hacia
los ciudadanos” (Pena de Oliveira, citado por Gutiérrez et al., 2010).
104
Referencias bibliográficas
Asociación de la Prensa de Valladolid – APV (2002), “Estatuto del Periodista Profesional” [en línea],
disponible en:
http://www.fesp.org/index.php/documentos/item/download/67_6550f4f879882b6f9dc851f
1f0d22530, recuperado: 3 de mayo de 2013.
Benedetti, A. (2013), “Proyecto de Ley de pensiones para periodistas” [en línea], disponible en:
http://www.armandobenedetti.com/proyecto/670, recuperado: 12 de abril de 2013.
Caballero, J. (1998, 24 de marzo), “Protesta”, en El Tiempo [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-774437, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998, 31 de marzo), “Y sigo”, en El Tiempo [en línea], disponible:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-751200, recuperado: 28 de marzo de
2013.
Cano, M. y Gehl, T. (2006), “Aproximación al apoyo a medios y a periodistas en Colombia (2000-
2006) y aportes para la construcción de una estrategia conjunta (2006-2015)” [en línea],
disponible en:
http://www.pan.org.co/admin/publicacionespdf/descargararchivos.php?archivo=9.pdf,
recuperado: 17 de abril de 2013.
Caracol Televisión (2013), “Manuel Teodoro” [en línea], disponible en:
http://www.noticiascaracol.com/informativos/septimodia/presentador/manuel-teodoro,
recuperado: 15 de mayo de 2013.
Castellanos, N. (2011), “El periodismo colombiano en los tiempos del Frente Nacional. Entre la
lucha contra el consenso informativo y la profesionalización del oficio” en Folios [en línea],
núm. 26, disponible en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/folios/article/viewFile/11156/1023
2, recuperado: 2 de junio de 2013.
Centro Virtual de Noticias de Educación –CVN (2007), “Colombia, un país que produce periodistas
por montones” [en línea], disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-
article-116553.pdf, recuperado: 7 de mayo de 2013.
Cifras y conceptos (2012), “¿Qué dicen 600 periodistas sobre su oficio y la libertad de expresión?” [en
línea], disponible en: http://www.cifrasyconceptos.com/proyectos_archivos/00021.pdf,
recuperado: 8 de abril de 2013.
Cifuentes, E. (2000), “La libertad de expresión en Colombia”, en Ius et praxis [en línea], año/vol. 6,
núm. 001, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760114, recuperado: 20
de marzo de 2013.
105
Colombia, Congreso de la República (1975, 18 de diciembre), “Ley 51 de 1975, por la cual se
reglamenta el ejercicio del Periodismo y se dictan otras disposiciones” [en línea], disponible
en: ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1975/ley_0051_1975.html, recuperado: 25
de febrero de 2013.
– (2006, 24 de febrero), “Ley 1016 de 2006, por la cual se adoptan normas legales, con meros
propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de
comunicación a fin de garantizar su libertad e independencia profesional” [en línea],
disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1016_2006.html,
recuperado: 12 de abril de 2013.
Colombia, Corte Constitucional (1998a, marzo), “Acta de Sala Plena no. 8 del 18 de marzo de 1998
(Folios 4 a 7)”, M. P.: Gaviria Díaz, C., Bogotá.
– (1998b, marzo), “Sentencia C-087” [en línea], M. P.: Gaviria Díaz, C., Bogotá, disponible en:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-087-98.htm, recuperado: 9 de abril
de 2013.
– (2005, septiembre), “Sentencia C-927/05” [en línea], M.P.: Beltrán Sierra, A., Bogotá, disponible
en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2005/c-
927_2005.html#1, recuperado: 12 de abril de 2013.
Colombia, Ministerio de la Protección Social (2003, 26 de julio), “Decreto 2090 de 2003, por el cual
se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan
las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades” [en línea], disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2003/decreto_2090_2003.ht
ml, recuperado: 10 de abril de 2013.
Colombia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1994, 2 de junio), “Decreto 1281 de 1994, por
el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo” [en línea], disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1994/decreto_1281_1994.ht
ml, recuperado: 10 de abril de 2013.
Colombia, Presidencia de la República (2000, 18 de agosto), “Decreto 1592 de 2000, por el cual se
reglamenta el artículo 6o de la Ley 199 de 1995” [en línea], disponible en:
http://www.flip.org.co/resources/documents/430e5a615bc952a7785c77b42dbf5ce2.pdf,
recuperado: 10 de abril de 2013.
– (2003, 2 de octubre), “Decreto 2788 de 2003, por el cual se unifica y reglamenta el Comité de
Reglamentación y Evaluación de Riesgos de los Programas de Protección de la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia” [en línea], disponible en:
106
http://www.flip.org.co/resources/documents/5e0444f567bfcf33f30218c56e2994b1.pdf,
recuperado: 10 de abril de 2013.
Congreso visible (2013a), “Por medio del cual se reglamenta el ejercicio del periodismo y se dictan
otras disposiciones” [en línea], disponible en: http://www.congresovisible.org/proyectos-de-
ley/por-medio-del-cual-se/4152/, recuperado: 28 de marzo de 2013.
– (2013b), ““Por medio de la cual se crea la Colegiatura Nacional de Comunicador Social y del
Periodista y se dictan otras disposiciones en ejercicio de las funciones del periodista y del
comunicador social. [Colegiatura Nacional del Periodista]” [en línea], disponible en:
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-crea-la-
colegiatura-nacional-de-comunicador-social-y-del-periodista-y-se-dictan-otras-disposiciones-
en-ejercicio-de-las-funciones-del-periodista-y-del-comunicador-social-colegiatura-nacional-
del-periodista/6095/, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2013c), “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 26 de la Constitución Nacional para
garantizar el ejercicio del periodismo y se dictan otras disposiciones” [en línea], disponible
en: http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-desarrolla-el-
articulo-26-de-la-constitucion-nacional-para-garantizar-le-ejercicio-del-periodismo-y-se-
dictan-otras-disposiciones-/4635/#tab=2, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2013d), “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 26 de la Constitución Nacional y se dictan
el Estatuto del Comunicador Social y Periodista y se dictan otras disposiciones” [en línea],
disponible en: http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-
desarrolla-el-articulo-26-de-la-constitucion-nacional-y-se-dictan-el-estatuto-del-comunicador-
social-y-periodista-y-se-dictan-otras-disposiciones/1969/, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2013e), ““Por medio de la cual se desarrolla el artículo 26 de la Constitución Nacional y se dictan
el Estatuto del Comunicador Social y Periodista y otras disposiciones. [Estatuto del
Comunicador Social y Periodista]” [en línea], disponible en:
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-desarrolla-el-
articulo-26-de-la-constitucion-nacional-y-se-dictan-el-estatuto-del-comunicador-social-y-
periodista-y-otras-disposiciones-estatuto-del-comunicador-social-y-periodista/6052/,
recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2013f), “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 73 de la Constitución Nacional y se
reglamenta el ejercicio profesional del periodista y se dictan otras disposiciones” [en línea],
disponible en: http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-
desarrolla-el-articulo-73-de-la-constitucion-nacional-y-se-reglamenta-el-ejercicio-profesional-
del-periodista-y-se-dictan-otras-disposiciones/5103/#tab=2, recuperado: 28 de marzo de
2013.
107
– (2013g), “Por medio de la cual se reconoce la profesión de periodista” [en línea], disponible en:
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-reconoce-la-
profesion-de-periodista/2208/, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2013h), “Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones, previsto
en las Leyes 797 de 2003, y 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones” [en línea], disponible
en: http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-reforman-algunas-
disposiciones-del-sistema-general-de-pensiones-previsto-en-las-leyes-797-de-2003-y-100-de-
1993-y-se-dictan-otras-disposiciones/5618/#tab=2, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2013i), “Por la cual se regula el ejercicio profesional de la actividad periodística” [en línea],
disponible en: http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-regula-el-
ejercicio-profesional-de-la-actividad-periodistica/5267/, recuperado: 12 de abril de 2013.
Diario del Sur (1998, 19 de marzo), “La Corte derogó ayer estatuto del periodista”, Pasto, p. 1A.
El Espectador (1998, 18 de marzo), “El periodismo en medio de leyes, cortapisas y sentencias”,
Bogotá.
– (1998a, 19 de marzo), “Corte Constitucional tumba ley del periodista”, Bogotá.
– (1998b, 19 de marzo), “Cualquiera puede ser periodista”, Bogotá.
– (1998c, 19 de marzo), “Periodistas en la mira” [editorial], Bogotá.
– (1998, 20 de marzo), “Todo por una tarjeta”, Bogotá.
El Liberal (1998, 19 de marzo), “Cayó estatuto del periodista”, Popayán, p. 7A.
– (1998, 19 de marzo), “Corte ‘tumbó’ la tarjeta”, Popayán, p. 1A.
El País (2004, 24 de noviembre), “El Congreso regulará el Estatuto del Periodista Profesional” [en
línea], disponible en:
http://elpais.com/diario/2004/11/24/sociedad/1101250814_850215.html, recuperado: 3 de
mayo de 2013.
– (2006, 20 de septiembre), “El PP cree que el Estatuto del Periodista ‘no verá la luz jamás’” [en
línea], disponible en:
http://elpais.com/diario/2006/09/20/sociedad/1158703208_850215.html, recuperado: 3 de
mayo de 2013.
El Tiempo (1997, 10 de julio), “Comisión de TV apaga a Mockus” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-616249, recuperado: 19 de marzo de
2013.
– (1997, 11 de julio), “Polémica por tarjeta roja al reportero Mockus” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-611527, recuperado: 19 de marzo de
2013.
108
– (1998a, 18 de febrero), “Arremetida contra tarjeta de periodistas” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-794621, recuperado: 20 de marzo de
2013.
– (1998b, 18 de febrero), “Duros ataques a la tarjeta de periodistas” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-795160, recuperado: 20 de marzo de
2013.
– (1998, 25 de febrero), “La tarjeta de periodista” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-739819, recuperado: 20 de marzo de
2013.
– (1998, 14 de marzo), “La tarjeta profesional” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-808246, recuperado: 20 de marzo de
2013.
– (1998a, 19 de marzo), “A salvo la libre expresión: Corte Constitucional” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-839582, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998b, 19 de marzo), “Se cayó la ley del periodista” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-839510, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998a, 20 de marzo), “La profesión va por dentro” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-837893, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998b, 20 de marzo), “Libertad a salvo” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-837916, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998, 25 de marzo), “Piden proyecto que reglamente el periodismo” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-793139, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998, 26 de marzo), “Corte se enfrenta a Samper por estatuto del periodista” [en línea], disponible
en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-789173, recuperado: 28 de
marzo de 2013.
– (1998, 27 de marzo), “Derechos de periodistas están vigentes: Corte” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-786159, recuperado: 28 de marzo de
2013.
109
– (1998, 15 de abril), “Programas de periodismo son legales: Icfes” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-743014, recuperado: 28 de marzo
de 2013.
– (1998, 2 de junio), “Se buscan estudiantes…” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-780222, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998, 26 de agosto), “Ley del periodista vuelve y juega” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-773718, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998, 31 de agosto), “Buscan profesionalizar el periodismo” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-846653, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998, 8 de septiembre), “Un total de:” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-803984, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (1998, 10 de octubre), “Código de ética para periodistas” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-846419, recuperado: 28 de marzo de
2013.
– (2003, 16 de junio), “Polémica por proyecto de prensa” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1018314, recuperado: 2 de mayo de
2013.
– (2003, 22 de junio), “Libertad de prensa: En peligro” [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005870, recuperado: 2 de mayo de
2013.
– (2013, 22 de enero), “SIP, preocupada por leyes que amordazan a la prensa en América Latina”
[en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12540127.html, recuperado: 2 de mayo de 2013.
– (2013, 9 de marzo), “Impunidad sigue afectando la libertad de prensa en Colombia: SIP” [en
línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12671019.html, recuperado: 2 de mayo de 2013.
El Universal (1998, 18 de marzo), “Hoy definen exequibilidad de tarjeta de periodista”, Cartagena, p.
10A.
El Universal (1998, 19 de marzo), “Cayó estatuto del periodista”, Cartagena, p. 2B.
– (1998, 19 de marzo), “Cayó la tarjeta de periodista”, Cartagena, p. 1A.
– (1998, 19 de marzo), “Habló la Corte Constitucional” [editorial], Cartagena, p. 4A.
110
– (1998, 19 de marzo), “Ya hay un proyecto de ley para revivir la tarjeta de periodista”, Cartagena,
p. 2A.
Escobar, F. y Giraldo D. (1999, 9 de febrero), “Periodismo, una celebración sin tarjeta”, en El
Tiempo [en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
865749, recuperado 8 de abril de 2013.
Fecolper (2012), “Libertad de prensa ¿verdad o mentira?” [en línea], disponible en:
http://www.fecolper.com.co/alertas/20709-periodistas-colombianos-entre-amenazas-y-
desproteccion, recuperado: 2 de mayo de 2013.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa – FATPREN (2013), “Estatuto del Periodista
Profesional” [en línea], disponible en: http://www.fatpren.org.ar/estatuto-del-periodista-
profesional.html, recuperado: 3 de mayo de 2013.
FLIP (1999), “Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia en 1998” [en línea],
disponible en: http://www.flip.org.co/alert_display/2/1066.html, recuperado: 9 de abril de
2013.
– (2009), “La amenaza y la estigmatización: intimidaciones invisibles contra la prensa. Informe sobre
el estado de la libertad de prensa en Colombia en 2008” [en línea], disponible en:
http://www.flip.org.co/alert_display/0/157.html, recuperado: 9 de abril de 2013.
– (2010), Manual de Autoprotección para periodistas, Bogotá, Manuales FLIP.
– (2013a), “Archivado proyecto que pretendía endurecer los delitos de injuria y calumnia” [en línea],
disponible en: http://www.flip.org.co/alert_display/0/677.html, recuperado: 2 de mayo de
2013.
– (2013b), “De las balas a los expedientes. Informe sobre el estado de la libertad de prensa en
Colombia, 2012” [en línea], disponible en:
http://www.flip.org.co/resources/documents/informe-2012.pdf, recuperado: 2 de mayo de
2013.
– (2013c), “Programa de Protección a Periodistas” [en línea], disponible en:
http://www.flip.org.co/content_display/2/42.html, recuperado: 10 de abril de 2013.
Frías, A. (1998, 2 de junio), “Menos estudiantes en Comunicación”, en El Tiempo [en línea],
disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-780050, recuperado:
28 de marzo de 2013.
Fogel, J. (2007), La prensa sin Gutenberg, Madrid, Punto de lectura.
Fundación Santillana para Iberoamérica (2006), “Juan Manuel Ruiz Machado” [en línea],
disponible en:
http://www.fundacionsantillana.org.co/display.php?accion=detalle&cat=Presentaciones%2
0Editoriales&id=31&info=1, recuperado: 15 de mayo de 2013.
111
Gaceta del Congreso (2000, 18 de agosto), “Proyecto de Ley Número 67 de 2000 – Senado” [en línea],
disponible en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2000%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D337%26v_seleccion%3D
Iniciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2001, 25 de julio) “Proyecto de Ley Número 030 de 2001 - Cámara” [en línea], disponible en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2001%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D347%26v_seleccion%3D
Iniciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2001, 7 de septiembre) “Proyecto de Ley Número 084 de 2001 – Cámara” [en línea], disponible
en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2001%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D441%26v_seleccion%3D
Iniciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2003, 21 de marzo), “Proyecto de Ley Número 118 de 2002 – Senado” [en línea], disponible en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2003%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D131%26v_seleccion%3D
Iniciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2004, 19 de julio), “Proyecto de Ley 278 de 2002 - Senado” [en línea], disponible en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2004%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D362%26v_seleccion%3D
Iniciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2009, 13 de noviembre), “Proyecto de Ley Numero 213 de 2009 –Cámara” [en línea], disponible
en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2009%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D1157%26v_seleccion%3
DIniciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2010, 24 de febrero), “Proyecto de Ley Número 233 de 2010 -Senado” [en línea], disponible en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2010%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D48%26v_seleccion%3DI
niciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2011, 1 de marzo), “Proyecto de Ley Número 221 de 2011 - Senado” [en línea], disponible en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2011%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D64%26v_seleccion%3DI
niciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
112
– (2013, 18 de marzo), “Concepto jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social al Proyecto de
Ley Número 72 de 2012 - Senado” [en línea], disponible en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2013%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D107%26v_seleccion%3D
Iniciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
– (2013, 2 de abril), “Concepto jurídico de Minhacienda al Proyecto de Ley Número 072 de 2012 -
Senado” [en línea], disponible en:
https://docs.google.com/viewer?url=http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gacet
a.nivel_3?v_anog%3D2013%26v_formato%3DPDF%26v_num%3D173%26v_seleccion%3D
Iniciar%2BBusqueda&chrome=true, recuperado: 12 de abril de 2013.
García, J. (2006), “Del periodismo cívico al participativo: nuevos medios, viejas inquietudes”, en
Zer, vol. 21, pp. 203-217, disponible en:
http://www.ehu.es/ojs/index.php/Zer/article/view/3734/3364, recuperado: 9 de abril de
2013.
– (2007), “El estatuto del periodista profesional en España. Una causa a punto de perderse” [en
línea], disponible en: http://www.sindicato-periodistas.es/opinion_ver.php?id=20,
recuperado: 3 de mayo de 2013.
Gómez, H. (1998, 24 de marzo), “Periodistas: cuál es el lío”, en El Tiempo [en línea], disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-793541, recuperado: 28 de marzo de
2013.
Gómez, L.C. (1998, 22 de marzo), “No cualquiera puede ser periodista”, en El Tiempo [en línea],
disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-798491, 28 de marzo
de 2013.
Gutiérrez, J. (1998, 18 de marzo), “En juego el sigilo del periodista”, en El Tiempo [en línea],
disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-841900, recuperado:
20 de marzo de 2013.
Gutiérrez, L. et al. (2010), “Las condiciones laborales y la satisfacción de los periodistas
colombianos” [en línea], disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26815364002, recuperado: 9 de abril de 2013.
Hoy.com (2013, 3 de mayo), “Ecuador pierde puntos en la libertad de prensa” [en línea], disponible
en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-pierde-puntos-en-la-libertad-de-
prensa-580277.html, recuperado: 3 de mayo de 2013.
León, J (2012), “Rayos X al periodismo nacional” en La Silla Vacía [en línea], disponible en:
http://www.lasillavacia.com/historia/rayos-x-al-periodismo-nacional-33032, recuperado: 8
de abril de 2013.
113
Librería Norma (2013), “María Teresa Herrán” [en línea], disponible en:
http://www.librerianorma.com/autor/autor.aspx?p=r20q4uj+9H4dBdWTl8HFylsRI8ju0f1
/, recuperado: 15 de mayo de 2013.
Lozano, J. (1998, 22 de marzo), “Una carta abierta a los estudiantes de periodismo”, en ElTiemp.com
[en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-798267,
recuperado: 20 de marzo de 2013.
Márquez, M. (octubre – noviembre, 2006), “Paradojas del periodismo electrónico”, en Revista
Mexicana de Comunicación, pp. 41-46.
Meneses, M. (noviembre, 2010 – enero, 2011), “El periodismo en la era YouTube”, en: Revista
Mexicana de Comunicación, pp. 25-29.
Monroy, A. (2008), “Bemoles de la Ley de prensa” [en línea], disponible en:
http://www.fecolper.com.co/jurisdicas?start=8, recuperado: 2 de mayo de 2013.
Obando, P. (1998, 19 de marzo), “Periodistas plásticos (I)”, en Diario del Sur, Pasto, p. 5A.
Ortega, F. (2003, enero – marzo), “Los retos del periodismo”, en Telos [en línea], núm. 54,
disponible en:
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticul
o=2&rev=54.htm, recuperado: 11 de septiembre de 2011.
Pellegrini, S. (2010, diciembre), “Análisis conceptual del Periodismo Ciudadano y propuesta
metodológica para analizar su contribución informativa” [en línea], en Palabra clave, vol. 13,
núm. 2, pp. 271-290, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64916989004,
recuperado: 9 de abril de 2013.
Por QuiQue, (1998, 19 de marzo), “Desvalorización”, en Diario del Sur, Pasto, p. 2A.
Ramírez, O.L. (2004), “La libertad de prensa en la Constitución de 1991”, en Responsabilidad del
periodista, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike.
Requejo, J. (2007, junio), “Una llamada a la responsabilidad de las audiencias en el periodismo
participativo” [en línea], en Palabra clave, vol. 10, núm. 1, pp. 36-47, disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64910103, recuperado: 9 de abril de 2013.
Restrepo, J. (2011, agosto 18), “¿Una ética periodística nueva?” [conferencia], en:
http://www.fnpi.org/noticias/noticia/articulo/una-nueva-etica-periodistica/, recuperado:
11 de septiembre de 2011.
Rueda, M.I. (1985, octubre), “El carné intelectual”, en Semana [en línea], disponible en:
http://www.semana.com/opinion/articulo/el-carne-intelectual/6997-3, recuperado: 20 de
marzo de 2013.
Semana (2007, 25 de enero), “SEMANA.COM gana el Rey de España en su primera edición de la
historia que premia el periodismo digital” [en línea], disponible en:
114
http://www.semana.com/on-line/articulo/semanacom-gana-rey-espana-su-primera-edicion-
historia-premia-periodismo-digital/83128-3, recuperado: 15 de mayo de 2013.
– (2012, 3 de mayo), “La inseguridad: el principal obstáculo del periodismo en Colombia” [en línea],
disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-inseguridad-principal-obstaculo-
del-periodismo-colombia/257426-3, recuperado: 9 de abril de 2013.
– (2012, 11 de agosto), “Ecuador y los obstáculos a la prensa” [en línea], disponible en:
http://www.semana.com/mundo/articulo/ecuador-obstaculos-prensa/262753-3,
recuperado: 3 de mayo de 2013.
Sourdis, C. (1998, 21 de marzo), “Samper rechaza fallo de la corte sobre periodismo”, en El Tiempo
[en línea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-836128,
recuperado: 28 de marzo de 2013.
Torres, P. (2009), “Situación socioeconómica del periodista colombiano” [en línea], disponible en:
http://www.sinergiainformativa.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id
=1161:situacion-socioeconomica-del-periodista-colombiano&catid=23&Itemid=19,
recuperado: 8 de abril de 2013.
Tulande, F. (2010), En el lugar de los hechos. Crónicas inolvidables, Bogotá. Ediciones B.
Universidad del Rosario (2013), “Germán Ortiz Leiva” [en línea], disponible en:
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ec/ecb6b065-7223-4e1e-8b7f-de81d3d02851.pdf,
recuperado: 15 de mayo de 2013.
Uprimny et al. (2006a), Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia
constitucional en Colombia (1992-2005), Bogotá, Legis.
– (2006b), Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en
Colombia (1992-2005) [CD-ROM], Bogotá, Legis.
Varela, J. (2005, 4 de mayo), “Silencio sobre el estatuto de los periodistas”, Periodistas 21 [en línea],
disponible en: http://www.periodistas21.com/2005/05/silencio-sobre-el-estatuto-de-
los.html, recuperado: 3 de mayo de 2013.
Villamizar, A. (2012), “Comunicado. Honduras replicará modelo colombiano de protección a
periodistas, defensores de DD.HH, y operadores de justicia”[en línea], disponible en:
http://www.unp.gov.co/docs/comunicados/Visita_Honduras.pdf, recuperado: 2 de mayo
de 2013.
Entrevistas
Arizmendi, J.V. (2013, 28 de enero), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Ávila, R. (2013, 7 de marzo), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Gutiérrez, E. (2013, 7 de marzo), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
115
Herrán, M.T. (2013, 15 de abril), entrevista telefónica con Silva, A., Bogotá.
Herrera, A. (2013, 8 de abril), entrevista telefónica con Silva, A. Bogotá.
Muñoz, O. (2013, 6 de febrero), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Novoa, J.L. (2013, 20 de febrero), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Ortiz, G. (2013, 20 de marzo), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Restrepo, E. (2013, 11 de febrero), “Entrevista tesis Universidad Javeriana”, correo electrónico
enviado a Silva, A.
– (2013, 7 de marzo), “Entrevista tesis Universidad Javeriana”, correo electrónico enviado a Silva,
A.
Ruiz, J.M, (2013, 5 de febrero), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Salazar, H. (2013, 25 de febrero), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Silva, G. (2013, 30 de enero), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Teodoro, M. (2013, 29 de enero), entrevistado por Silva, A. Bogotá.
Tulande, F. (2013, 30 de enero), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Vargas, E. (2013, 25 de febrero), entrevistado por Silva, A., Bogotá.
Villamizar, C. (2013, 25 de abril), entrevistada por Silva, A., Bogotá.
116
Bibliografía
Agudelo, L., et al. (4 de diciembre, 2009), “Análisis sobre proyecto de Estatuto del Periodista en
Colombia”, Derecho ciudadano a la información [en línea], disponible en:
http://ddhhenlasnoticias.blogspot.com/2009/12/analisis-sobre-proyecto-de-estatuto-
del.html, recuperado: 17 de mayo de 2013.
Federación de Comunicación y Transporte (2013) “Estatuto de Periodista Profesional” [en línea],
disponible en: http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/17554/402651-
Propuestas_de_CCOO_para_el_Estatuto_Profesional_del_Periodista.pdf, recuperado: 17 de
mayo de 2013.
Federación de Sindicatos de Periodistas (2004), “Respuestas sobre el Estatuto del Periodista
Profesional” [en línea], disponible en:
http://www.fesp.org/index.php/documentos/item/download/69_37af3cdc7ab651921b4514
9725c30781, recuperado: 17 de mayo de 2013.
Fundación para la Libertad de Prensa (2007), “Evaluación del Programa de Protección a Periodistas
y Comunicadores Sociales” [en línea], disponible en:
http://www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/60-
periodistas?download=204%3Aevaluacin-del-programa-de-proteccin-a-periodistas-y-
comunicadores-sociales, recuperado: 17 de mayo de 2013.
Sepúlveda, J. y Niño, B. (1999), “Informe legislativo (P.L. 1998-1999)” [en línea], disponible en:
http://www.camara.gov.co/portal2011/index.php?option=com_docman&task=doc_downl
oad&gid=258&Itemid=102, recuperado: 17 de mayo de 2013.
117
Anexos
COMENTARIO DE EDGAR RESTREPO (Vía Correo electrónico) - Representante Legal de
actos y asuntos administrativos - Asociación Colombiana de Periodistas (ACP)
El periodismo es el mismo en todos los países del mundo en cuanto al derecho de la libertad de
prensa y la no censura, al menos en los países democráticos como el nuestro. Ese estatuto del que
usted habla es el mismo modelo del estatuto internacional o mundial del periodista que se baja de
Internet y que es publicación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami
Florida USA. Me parece que como estatuto no merece ningunas modificaciones (…), meterle más
artículos sería limitarlo y, en sí, es totalmente libre y abierto.
La comunicación no debe ser de antemano una profesión o un doctorado, como pretenden muchos,
sino un simple oficio, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución de 1991, que establece el
derecho a informar y recibir información veraz y el derecho a crear medios masivos de comunicación
sin necesidad de tener grados o diplomas profesionales.
[La Ley 51 de 1975 fue eliminada en 1998], pero existe otra ley que es la 1016 de 2006, [la cual] en
su artículo 5º, permite reconocer la categoría profesional “con miras a la protección laboral y social
del periodista”. Esta se hace a través de un documento que lo pueden expedir, no sólo las facultades
de comunicación, sino las agremiaciones sindicales de periodismo como la nuestra. Nosotros en la
ACP lo llamamos TCP (Tarjeta Categoría Profesional) o carné profesional y se lo otorgamos a
egresados o estudiantes avanzados de periodismo, lo mismo que a periodistas.
Como requisitos para expedir la TCP, los interesados deben enviarnos escaneados: diploma de
comunicador social, acta de grado, cédula de ciudadanía y una foto digital a color, con fondo blanco,
al siguiente correo [email protected]. Como beneficios, el periodista es suscrito a
la SIP y queda agremiado, luego lo aceptarán mucho más fácil en cualquier parte que tenga que ver
con medios.
En cuanto a las consecuencias de la eliminación de tales instrumentos de la Ley 51 de 1975, la
opinión de la mayoría de los periodistas es que fue altamente beneficioso tanto para las facultades de
comunicación, como para los no egresados al darles la opción de ser empleados por medios de
comunicación. También fue beneficioso para los comunicadores, como para todos los gremios de la
comunicación, porque un diploma no es suficiente garantía de buena comunicación y eso está
probado hasta la saciedad (hay muchos que lo tienen y son bastante regulares y otros no. Eso es
relativo). El que es bueno, es bueno y lo tendrán en cuenta, porque lo bueno siempre salta a la vista.
118
Un profesional diferente a comunicador social no podría expresarse libremente si aún existieran esos
instrumentos, no sólo en Colombia, sino en casi todos los países del mundo, y sería injusto que
cualquier egresado de cualquier carrera no pudiera hacer un programa radial o televisivo (…).
ENTREVISTA A CAMILA VILLAMIZAR – Secretaria General y Jurídica de Asomedios
Allison Silva: Tengo entendido que en el 1998 Asomedios se manifestó a favor de la eliminación del
estatuto…
Camila Villamizar: Yo, sin conocer la posición en ese momento, creo que hoy en día lo que hemos
visto es que el ejercicio del periodismo es más eso, un ejercicio de la libertad de expresión y de
información y de opinión que un tema que se deba restringir a una actividad profesional… Y yo
creería que en ese momento debió haber sido la misma posición.
A.S.: Se pensaría que cuando se cayó el estatuto quedarían en cuestión las facultades, porque en
teoría cualquier persona podría ser periodista. ¿Por qué cree usted que siguieron existiendo las
facultades de Comunicación social y periodismo? ¿Cuál es el papel que desempeñan en la
preparación de los periodistas?
C.V.: A nosotros nos parecen súper importantes las facultades de periodismo, es más, creemos que
hay que fortalecerlas y hemos venido trabajando con la academia, con algunas universidades,
mirando la formación de los comunicadores sociales, porque, si bien, como te decía ahorita, es una
actividad que puede ejercer cualquier ciudadano –y eso es maravilloso, porque eso hace parte de la
democracia del país–, sí es muy importante que la gente que quiere dedicar su vida profesional al
periodismo tenga unos elementos de formación y sepa cómo comunicarle a la gente las diferentes
temáticas. Por ejemplo, en el tema de infancia y adolescencia hemos visto que falta a las facultades
orientar al comunicadores sobre cómo deben presentar esa información sin afectar los derechos de
los niños, pero sin dejar de informar sobre la situación que se está viviendo; en el tema de la
violencia también es preocupante, no es porque son contenidos violentos entonces dejemos de
informar, sino cómo los comunicamos, y lo mismo en diversas temáticas que son fundamentales
pero que son también muy delicadas y que es importantísimo que las facultades de comunicación
social orienten muy bien a sus estudiantes. Entonces, si bien es una actividad liberal, donde todo el
mundo está en la facultad de expresar sus opiniones y de informar a los demás, es muy importante
que quienes se formen en ese campo tengan todos los elementos de juicio y conozcan todas las
problemáticas para que informen cada vez mejor.
A.S.: Cuando se eliminó el estatuto, la Corte Constitucional dijo que el periodismo no implicaba un
riesgo social, ¿cuáles es la posición de ustedes frente a eso?
119
C.V.: No sabría decirte si un riesgo social, porque además yo creo que nosotros no podemos partir de
la base de que a la gente que le estamos informando son personas, digamos, ignorantes… El público
al que se informa tiene que tener algún parámetro de opinión y de formación, así sea el mínimo, y
entienden la información, y creería yo que lo importante siempre va a ser es que la información que
se dé sea veraz y se identifique cuando es información y cuando es opinión. Eso yo creo que es lo
fundamental y mientras las cosas sean de esa manera no creo que pueda presentarse ningún riesgo.
A.S.: ¿Cómo se podría garantizar la protección laboral y prestacional en vista de no hay un estatuto
que regule la actividad periodística?
C.V.: Yo no creería que es necesario que exista un estatuto que regule la labor periodística, desde el
punto de vista de tener una tarjeta profesional para que se le garanticen los derechos laborales. Yo
creo que son dos cosas totalmente independientes. Una cosa es que tú necesites una tarjeta para una
actividad y otra es que tengas una vinculación laboral o de algún tipo con una empresa donde
siempre lo que se debe hacer es respetar los derechos laborales, las prestaciones sociales… Son dos
cosas totalmente independientes (…).
A.S.: En ese sentido, pese al riesgo que pueda implicar a veces el ejercicio del periodismo, ¿no sería
necesaria una regulación específica en materia laboral, sino más bien estaría ligada a las empresas
periodísticas o a los medios de comunicación?
C.V.: Yo creo que, como cualquier actividad legal, tiene que tener una protección laboral y eso,
vuelvo y te repito, independientemente de si es un profesional o no, todos los trabajadores tienen que
tener esa protección. No sé desde qué punto sea necesaria una regulación especial, pero sí se deben
considerar, en el momento de la vinculación laboral, todas las condiciones especiales (…) y eso sí
está dentro de la responsabilidad de cada empresa hacerlo de manera formal y legal.
A.S.: No se puede exigir un título de idoneidad para los periodistas, pero ¿cómo podrían los medios
de comunicación hacer un filtro a la hora de seleccionar personal?
C.V.: Yo creo que el primer interesado en tener gente capaz, idónea en sus medios son justamente las
empresas de comunicaciones. Ellos tendrán sus mecanismos, entrevistas, mirar el trabajo de la gente
(…) y uno ve hoy en día, no sé si lamentablemente o favorablemente, la mayoría de los grandes
periodistas hoy no todos son profesionales, y seguramente lo son porque tienen unas condiciones
especiales, porque tienen una facultades, porque han mostrado sus capacidades y ahí, de alguna
manera, se ha hecho ese filtro. No se contrata a cualquiera, se contrata por sus capacidades y si han
llegado a donde han llegado seguramente es porque lo han demostrado.
120
A.S.: Y hablando un poco de eso, uno de los objetivos de eliminar el estatuto era permitir la
participación de otros profesionales de múltiples disciplinas en el periodismo. ¿Qué aporte o qué
desventaja le puede traer eso al periodismo?
C.V.: Es muy importante que haya periodistas especializados en diferentes áreas, porque yo estoy
segura que el periodismo es una ciencia y no es fácil saber comunicar las cosas, pero adicionalmente
hay temas muy especializados, como el tema de las telecomunicaciones o la medicina, que requieren
gente técnica, que conozca más los sectores y que además tenga esa capacidad de saber comunicar.
Entonces, yo sí creo que es muy importante que gente especializada en determinadas materias sean
quienes puedan comunicarle a la gente lo que está pasando en esas áreas.
A.S.: El Estatuto, para la Corte, implicaba una violación a la libertad de expresión, ¿se ha favorecido
la libertad de expresión tras la eliminación de la tarjeta profesional o es independiente lo que ha
pasado?
C.V.: No hemos hecho ese estudio de mirar cómo estaba antes el tema de libertad de expresión y
cómo está ahora. Yo creo que independientemente de la situación que vive el país de violencia que, a
veces, es donde uno puede ver afectada la libertad de expresión, el país tiene por lo general, diría yo,
un alto grado de libertad de expresión (…). Yo creería que lo fundamental en este caso, no sé si
dependa de alguna organización de periodistas, de los mismos medios de comunicación, lo
importante es tener un estatuto, ahí sí, de responsabilidad social y de autorregulación, eso es
fundamental y creo que los medios han buscado trabajar en el tema y eso es importante también para
garantizar la libertad de expresión.
A.S.: Hablemos un poco más de eso, ¿cómo podría ser esta autorregulación? ¿Qué ventajas traería?
¿Hacia qué estaría orientada?
C.V.: Yo creo que ahí me regresaría un poco a lo que hablábamos antes de la formación de las
facultades, yo creo que eso es súper importante, contar con el apoyo de la academia para buscar esa
orientación de cómo comunicar, no hasta qué punto comunicar o no, porque yo creo que eso no
debe tener límite, sino es: cómo se comunica de manera adecuada. Y en eso vuelve y redunda el
tema que hablábamos al principio y es: las facultades de comunicación social tienen que tener ahí un
papel súper importante, obviamente los medios también y buscar, sino unificar criterios –porque ahí
estaríamos restringiendo la libertad–, sí decirle a los profesionales, a quienes ejercen la actividad del
periodismo cómo es la forma adecuada para no tratar de favorecer a un sector con una información
que puede llevar a ser vulnerado. Yo creo que es importante que todos los sectores, o toda la cadena
de valor que está dentro de la actividad del periodismo, se unan y unan todos los esfuerzos para
aprender cada vez más.
121
A.S.: ¿Cuál ha sido el papel de los gremios a la hora de generar unidad entre los periodistas? o ¿en
materia de protección de derechos o ‘vigilancia’ de los valores de la profesión?
C.V.: Yo no sé si haya un gremio, además de los gremios que hacen la defensa de la libertad de
expresión, si haya un gremio de los periodistas donde se reúnan y revisen sus… Yo creo que eso es
una falencia que tiene el país y es una agremiación de periodistas, donde puedan estar sentados,
reunidos y mirar… Porque, si bien los medios pueden colaborar mucho, yo creo que es más un tema
de los periodistas para que no se sientan vulnerados en su libertad de expresión e información y sea
de ellos de quienes surja la iniciativa de autorregular la forma de presentar la información.
Obviamente los medios deben estar apoyando esa labor, pero sí creo que es fundamental que surja es
de los mismos periodistas para que no sientan que las empresas de comunicación los están forzando.
A.S.: ¿Qué pueden hacer los aspirantes a periodistas para prepararse mejor, teniendo en cuenta que
se van a enfrentar a profesionales de otras disciplinas?
C.V.: Yo creo que como en la mayoría de las profesiones hoy en día, buscar una especialización en
un tema, como dijimos antes, porque eso le da más profundidad y más seriedad. Y explotar al
máximo las capacidades, estamos en un mundo competitivo y en todas las profesiones la
competencia es muy alta. Seguirse preparando, orientarse hacia unas áreas específicas.
ENTREVISTA A ELBER GUTIÉRREZ – Jefe de redacción de El Espectador
Allison Silva: ¿Desde hace cuánto tiempo ejerce el periodismo?
Élber Gutiérrez: Diecisiete años.
A.S.: ¿O sea, que cuando empezó su ejercicio todavía existía la tarjeta profesional?
E.G: No, yo estaba estudiando cuando…
A.S.: Desde su perspectiva, ¿qué tan bueno o qué tan malo puede ser que profesionales de otras
disciplinas sean periodistas, o ejerzan el periodismo?
E.G.: Buenísimo.
A.S.: ¿Por qué?
E.G.: Porque es lo más saludable para el ejercicio del periodismo en cualquier parte del mundo, y
creo que la prueba irrefutable de ello es esta redacción, donde tú encuentras que mi jefe es un
filósofo, mi otro jefe es un economista; aquí hay dos literatos, hay economistas allá en Negocios.
Hay de todo.
122
A.S.: ¿Y qué aporte le hacen ellos al periodismo, que no pueda hacer un periodista?
E.G.: No, no es que no lo pueda hacer, lo que sucede es que la preparación en un campo específico
del saber es una ventaja que resulta decisiva. Yo podría decir cosas distintas, para quedar bien con
los periodistas colegas míos, pero te hablo con la verdad: si viene una persona y se presenta para
aplicar por un cargo y el cargo es de periodista deportivo y tú tienes un periodista recién graduado y
tienes por el otro lado a un deportólogo, ¿tú quién crees que tiene más opciones? Al siguiente día el
cargo que hay es de periodista político: viene un periodista y viene un politólogo o un abogado. Al
siguiente día un periodista y un economista, a optar por el cargo de periodista económico, que tiene
información en el campo específico del saber. Entonces en ese caso, lo que hay que hacer de alguna
manera, el compromiso que asume el periódico, es preparar a esa persona, hacerle como la escuela
de periodismo, acá en El Espectador, a esa persona que ya viene preparada en otro campo del saber.
Por eso también, con gran tristeza, lo que uno usualmente le recomienda a sus amigos, familiares,
colegas, vecinos, es que no estudien periodismo, no lo estudien como carrera; estúdielo como una
especialización, haga el pregrado en otra cosa y se mete a hacer el máster de Los Andes o…, pero no
se haga los cinco años en periodismo si usted lo que quiere es ser periodista, porque, además, el
periodismo se aprende en la calle.
A.S.: ¿Considera que la eliminación del Estatuto profesional, que se hizo con la motivación de
favorecer la libertad de expresión, realmente ha contribuido a favorecerla?
E.G.: Sí, definitivamente sí, por las razones anteriormente expuestas. Yo creo mucho en el tema de
la libertad de expresión en el sentido de la noción gringa de la segunda enmienda: la libertad es tan
importante que es mejor no legislar sobre ella y cualquiera que intente legislar sobre el asunto me
causa miedo, pánico, terror y todo lo que se le parezca. Entonces si viene alguien, y han venido
congresistas aquí a esta redacción a buscar el apoyo (Benedettis y todos esos señores) que para un
estatuto del periodista, pero, ¿tú como crees que queda la independencia del periodista cuando sabe
que quien lo está avalando es una institución, por ejemplo, como el Congreso? Dime tú la
legitimidad si a mí mi tarjeta me la dan como consecuencia de una ley expedida por un Congreso en
donde el 45% de los señores están presos porque son paramilitares. Tú sabes que las colegiaturas
están muy en discusión en América Latina por ese tema.
A.S: ¿Y cómo garantizar los derechos del periodista, como la salud, las pensiones?
E.G.: De la misma manera que se le garantizan los derechos de la salud y las pensiones a los
sindicalistas, a los abogados, a los maestros. Es que los periodistas nos hemos vuelto egoístas. Los
periodistas somos una especie que, primero, creemos que nos las sabemos todas y, segundo, estamos
permanentemente victimizándonos. Aquí hago una aclaración: hay periodistas que sufren, hay
123
periodistas que la pasan mal, hay periodistas que son amenazados. Pero no son todos los que dicen
ser y no todos los que están en el exterior asilados son en realidad ejemplos de casos de personas
asiladas con motivos de su ejercicio profesional.
A.S.: ¿Cuál sería el papel de las facultades de comunicación?
E.G.: Están llamadas y demoradas, están colgadísimas, en ese proceso de transformación, en dar el
salto hacia nuevos escenarios. En el aspecto de las nuevas tecnologías ya se pellizcaron y hay algunas
que han asumido con inteligencia el cambio; por ejemplo ese ‘cabezazo’ del Rosario de estudiar
periodismo y opinión pública, eso es lo que hay que hacer. La Central por el lado humanista, bien,
perfecto. La EAFIT que fue pionera con el tema de los posgrados en periodismo digital y está
estrenando máster, y fue de las primeras que tuvo emisora digital 24 horas, eso es lo que hay que
hacer. Pero esos son ejemplos aislados (…) No estoy diciendo que no se necesiten periodistas, lo que
pasa es que el perfil del periodista cambió. El periodista no es una persona que se va cinco años a
una universidad a hacer un curso de redacción, porque si viene alguien que sabe tomar fotografías,
que sabe editar videos, que sabe manejar Flash, que tiene habilidad para trabajo multitarea (porque
tú sabes que en el periodismo, tú estás haciendo muchas cosas al tiempo) que tiene habilidad para
trabajo bajo presión, que maneja otro idioma, no necesariamente inglés, pues va a tener muchísimas
ventajas. El lío es que si yo voy a hacer un pregrado porque creo que con eso voy a ser periodista…
No. Y la tarjeta se estaba convirtiendo en una cortina que camuflaba las deficiencias de muchos
colegas. Es más, varios de mis maestros son empíricos y son los mejores periodistas. Los señores con
la mejor ortografía de este país, los mejores cronistas de este país son empíricos (…).
A.S.: ¿Y qué otra adaptación pueden asumir las facultades?
E.G.: Lo que te decía: capacidad de trabajo bajo presión, habilidad multitarea, manejo de idiomas,
manejo de recursos audiovisuales, manejo de redes sociales, tener ideas de community manager,
saber tomar fotografías, y esto no significa que el periodista le vaya a robar el trabajo al fotógrafo,
saber hacer videos, y esto no significa que le vaya a robar el trabajo al camarógrafo, lo que sí significa
es que el periodista tiene que defenderse solo por fuera en la reportería. Antes, en este país, cuando
yo empecé a estudiar, eran 24 noticieros de televisión. ¿Cuántos hay hoy? Cuatro noticieros, no hay
más. Entonces, los medios se concentran, hay menores posibilidades de trabajo y la gente tiene que
hacer muchísimas cosas más, tiene que estar preparada. Cuando te mandan al ‘campo de batalla’ no
te van a decir: ‘ay, vaya con camarógrafo, asistente, vecino, maquillador…’ Al contrario, lo que te
dicen ahora es: ‘haga la nota para el medio escrito, hágala para el medio televisivo, y hágala para el
medio radial’. El periodista tiene que defenderse en eso (…).
124
ENTREVISTA A EMMANUEL VARGAS – Asesor del Área de Acceso a la Información de la
FLIP
Allison Silva: Empecemos con una pregunta importante para los periodistas en formación. ¿Qué
opinión le merece a la FLIP que personas que no sean periodistas ejerzan la profesión?
Emmanuel Vargas: En ese sentido estamos de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional,
que no se le puede pedir ciertas cualidades a alguien para poder ejercer su libertad de expresión como
un oficio, que es básicamente lo que hace el periodista. Precisamente lo que dice la sentencia de la
Corte Constitucional también es que no hay un riesgo social tan grande en el ejercicio del periodismo
como sí lo hay en el ejercicio del Derecho o de la ingeniería, y un abogado o un ingeniero o una
persona sin formación profesional puede ejercer tan bien el periodismo como una persona que
estudió comunicación social o periodismo.
A.S.: ¿Qué le aporta o en qué perjudica una persona que no es periodista a la labor periodística?
E.V.: Yo creo una persona con otra formación le puede aportar otra visión técnica especializada en
otros temas. Digamos, un periodista judicial, por ejemplo, le queda más fácil si es abogado a que si
simplemente llegó a aprender sobre el camino sobre cosas de Derecho, lo mismo que a un periodista
económico, también si es economista le va a ir mucho mejor en su trabajo. De todos modos, lo más
importante es la formación ética que se puede ver en cualquiera de las profesiones.
A.S.: ¿Existe alguna diferencia entre el trabajo de un periodista con una carrera en periodismo y de
un profesional de otra área?
E.V.: No creo que haya diferencia.
A.S.: ¿Cómo puede hacer un periodista para defender sus derechos en la actualidad, teniendo en
cuenta que la noción es tan amplia?
E.V.: Lo que nosotros defendemos como la principal medida de autoprotección es el periodismo
responsable y el periodismo ético, que se haga buena contrastación de fuentes, que no se confíe de
los rumores, todo ese tipo de cosas.
A.S.: ¿Cómo podrían los periodistas exigir que haya una normatividad más clara para su defensa?
E.V.: Casi no hay normas, precisamente, relacionadas con la regulación del oficio y gran parte de la
protección está a nivel de la Corte Constitucional, a nivel constitucional, y yo creo que está bien así,
porque cualquier tipo de norma es un camino hacia la regulación, pero la regulación puede ser un
125
camino hacia la restricción, de un forma fácil, en cambio la jurisprudencia es un poco más amplia y
trata de ponderaciones, más que de regular casos específicos.
A.S.: ¿Para la FLIP la eliminación del estatuto fortaleció la libertad de expresión y de información en
Colombia?
E.V.: Sí, yo creería que sí, porque permitió que más personas pudieran ejercer el oficio legalmente.
A.S.: ¿Y qué desventaja le trajo la eliminación del estatuto a libertad de expresión?
E.V.: Tal vez en la organización de los periodistas, pero digamos que eso se ha ido supliendo con la
existencia de gremios que cada vez son más fuertes.
A.S.: La otra cosa que está en juego frente a la libertad de expresión es el derecho que tienen las
personas a recibir información veraz e imparcial, ¿cómo garantizarles a los ciudadanos este derecho,
considerando que puede haber periodistas no formados o formados en otras áreas?
E.V.: Yo creo que eso depende de la formación ética de los periodistas, que se les dé no sólo en la
universidad, sino también en el propio medio en el que trabajan, y de las garantías laborales que se
les den.
A.S.: ¿Cómo puede un periodista exigir ciertas condiciones laborales a la hora de vincularse a un
medio de comunicación o a una empresa periodística?
E.V.: Ese es un tema complicado porque ya se están generalizando en casi todo el país las malas
condiciones laborales. Hay gente que está de acuerdo con un estatuto que regule la labor de los
periodistas, hay otros que consideran que lo que hay que hacer es fortalecer aún más los gremios.
Nosotros no tenemos una posición sobre eso.
A.S.: ¿Por qué el periodismo no implica un riesgo social?
E.V.: Porque una de las cosas esenciales de la democracia es que haya debate y para que haya debate
tiene que haber libre flujo de ideas. Y entonces hasta la idea más boba en algún momento puede
llegar a volverse una idea fundamental para una sociedad. Y de hecho hay ideas fundamentales que
alguna vez fueron consideradas como pecaminosas o bobas.
A.S.: De cara a un periodismo entendido como oficio y no como profesión, ¿cuál es el papel de las
facultades de comunicación?
E.V.: Desde mi visión personal, creo que las facultades de comunicación te están enseñando mucho
cómo contar pero no qué contar, no te dan formación de fondo.
126
A.S.: ¿Y qué puede hacer un periodista en formación para ser competente?
E.V.: Formarse en costumbres de investigación, no de tener dinámicas de día a día, y formación
ética. Lo importante es que el periodista descubra cuál es su tema, en qué se quiere enfocar, y se
forme en eso, que no lo aborde de una forma superficial, sino que se especialice en algo.
ENTREVISTA A FRANCISCO TULANDE – Director de noticias de Colmundo radio
Allison Silva: ¿Cuándo usted empezó a ejercer el periodismo se exigía la tarjeta profesional?
Francisco Tulande: En la práctica, quiero aclararle que yo soy, y burdamente en la práctica, un
periodista empírico, no tuve la fortuna de ir a la universidad. Yo empecé como mensajero de una
agencia de noticias, por allá en el año 71 ,72 y no existía la tarjeta de periodista. Surge la tarjeta
profesional de periodismo en el año de 1975, como todo lo de los periodistas un poquito
desordenado en su momento, la prueba está en que ya había facultades de periodismo y prácticas
como esa, la del empirismo, existían. ¿Qué sería lo lógico? Que una persona, para ejercer una
profesión, como todas las profesiones, se prepare debidamente, haga su rural, su práctica, en fin.
Hoy, siglo XXI, el tema, por ejemplo, de las prácticas periodísticas, que es tan importante, no está
establecido, ni legislado, ni regulado por ninguna norma, aún de conveniencia para las
universidades, para los medios y lo más importante para los propios periodistas.
Yo no concibo como una profesión en la cual es tan determinante la vinculación con la fuente, con el
ser humano, con el hecho, con el entorno geográfico, no haya una práctica periodística ordenada o
legalizada y mi ejemplo siempre es el mismo (y más que como una queja, una protesta): el médico se
gradúa y con el cartón puede llegar a un hospital y puede ejercer y un abogado con su cartón igual
llega a ejercer. ¿Qué pasó? Les obligaron a hacer un rural, les obligaron a hacer una pasantía como
jueces. Y tienen una forma, un ingeniero no va a proyectar un edificio, si no toca el hierro, si no toca
el cemento. Creo que algunas universidades en Colombia incluso prohibieron las mal llamadas hoy
prácticas periodísticas. Entonces es como un punto de partida. En ese entonces, como ahora, no
había ningún orden institucional como para garantizar que un producto final, llamado profesional
del periodismo, profesional de la comunicación, sea concebido como tal, respetado como tal y
remunerado como tal. ¿Qué pasó? Que un muchacho que llegó a buscar un puesto, porque yo quería
ser administrador de empresas y estudiar de noche administración, [le dijeron] ‘listo tiene el puesto
[de mensajero]’, ‘entonces ahora hágase periodista’, me dijo el tipo. Me sonó el cuento, llegué a la
redacción a comprar cigarrillos, a llevar noticias y a llevar también los comunicados y al mismo
tiempo empecé a escribir a máquina (…) Empecé primero a usar la máquina, después a escribir, a
transcribir textos, y bueno resulte periodista, obviamente tiene que haber otro componente una
127
formación básica como la que tenía yo como bachiller clásico en redacción y otros temas y ganas y
voluntad, necesidad.
(…) Empieza el ejercicio, después viene la famosa tarjeta de periodista y la pugna de mucha gente
pues por tenerla porque era un elemento indispensable (…), usted debía tener la tarjeta y si no, no
podía ejercer el derecho o no podía ingresar a las ruedas de prensa o los eventos. Al año ya se
perfilaba la denuncia de que mucha gente que no era periodista tenía tarjeta de periodista. Un día un
señor tuvo en altercado en un restaurante con otro y le dijo ‘respéteme que yo soy periodista’ (era
una persona muy reconocida de un diario) y el otro le dijo: ‘eso no tiene nada, yo también soy
periodista’ y le sacó otra tarjeta. Jaime Viana, lo digo con nombre propio, redactor del diario El
Espectador y después de El Espacio, tuvo una situación similar, en un taxi le cobraron más de la
cuenta y le dijo al taxista ‘yo lo voy a denunciar, porque usted me está cobrando más de la cuenta y
yo soy periodista’ y el taxista le sacó una tarjeta (…). En resumen, si tú vas a hacer ahorita un
ejercicio o una investigación creo que se expidieron por ahí unas 10.000 tarjetas. [En segundo lugar,]
cuando uno se da cuenta, la tarjeta como que no servía para nada o no representaba nada y luego
viene el famoso fallo de la Corte Constitucional, en el que los juristas de la época determinaron que
debía de abolirse la tarjeta de periodista, bajo la premisa del libre ejercicio (…) Entonces, ¿qué
concluimos? La tarjeta profesional de periodista fue abolida. Los reporteros, los periodistas siempre,
aún hoy (tenemos casos en Córdoba, en Sucre) somos vulnerables. Los periodistas, aparte de eso, no
medimos riesgos y tenemos conceptos errados sobre el alcance real de nuestra profesión; la unidad
gremial es un desastre. Aquí hay una especie de ánimo caníbal de periodistas con periodistas, y ha
habido muchas experiencias sobre limitaciones o acciones para coartar la libertad de expresión:
recuerda el estatuto de seguridad del gobierno del presidente Turbay Ayala, la prohibición de
transmisión en directo de hechos de orden público.
(…) Yo creo que las limitaciones a la libertad de prensa en Colombia son dos: una, la que tiene que
ver con el monopolio que le restringe los accesos laborales, que tiene unos entornos muy complejos
en el enfoque de las noticias y, el otro, la propia limitación que tienen los periodistas para ubicarse
laboralmente y para capacitarse, para actualizarse. En un país donde muchas emisoras se
concedieron a los políticos, ¿qué libertad de expresión puede haber? (…).
(…) yo tengo una teoría, ¿cualquiera puede ser periodista? Sí, pero un periodista no puede ser
abogado o ni puede ser ingeniero. En otras partes del mundo el periodismo es una profesión
respetada, hay salario mínimo, hay códigos, hay unos merecimientos sociales. Aquí es muy
complicado. Hay una realidad, hoy siglo XXI, año 2013, donde un periodista o comunicador cuya
familia, cuyos seres queridos han invertido aproximadamente 70 millones de pesos en una carrera
profesional, tienen sueldos de menos de un millón de pesos, de 800.000. ¿Cuándo se llega al punto de
128
equilibrio, para hablar en términos comerciales? 8 ó 10 años después, tiene que tener palancas. Hay
otro fenómeno radical y cruel que es la forma como se prepara a los periodistas en las universidades.
Yo estoy seguro de que un médico llega a cualquier hospital y, por malo que sea, sabe coger puntos y
recetar [para curar] un dolor de cabeza. Hay jovencitos ya graduados en ciertas universidades que no
saben escribir (…) Hay una distorsión. ¿Por qué estamos jodidos en la salud? Porque la salud es un
negocio no un derecho constitucional. La educación, que está en crisis en cierta forma, es un negocio
no un derecho. Y la comunicación no es un derecho, es un negocio. Es decir, ¿cuál es la perspectiva?
Tener que dar un gran vuelco, legislar, regular (…). La tarjeta ha sido importante como norma para
regular, pero más que una tarjeta es como una estructura de lo que debe ser en una profesión en
Colombia.
A.S.: La sentencia que eliminó el Estatuto dice que el periodismo no es una profesión que implica
riesgo social. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
F. T.: Hay un criterio, un concepto, y es que digamos que hay profesiones y hay oficios. Yo creo que
sí es una profesión. ¿Qué es una profesión? Una cosa que uno conoce, que uno domina y de la cual
deriva su sustento (…). Yo creo que tiene que considerarse un escenario en el cual quienes se dedican
a trabajar en medios de comunicación, en funciones expresas en medios de comunicación, tienen un
respeto mínimo o un blindaje, darle prioridad a la hora de un cargo a una persona que tenga unos
años en la universidad (…) ¿el gobierno por qué no regula? Tendría que haber un comité de básicos o
de ética básica, compuesto por 2 ó 3 gurúes (…) Usted ve la federación [Colegio] de abogados, la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, por caníbales que sean las actividades profesionales hay como
una base. Mire dónde está lo de los periodistas: CPB cuestionado porque una vez David Murcia
puso plata para unas cuñas, porque no hay un sentido real de la profesión, ni de la agremiación.
¿Quién es doliente del ejercicio periodismo?, ¿quién sabe cómo es el periodismo en el Casanare, en
Córdoba? Desde el escritorio lo miramos fácil, pero allá la gente vive otro drama. ¿Cuántos
periódicos y cuántos medios de comunicación pequeños hay?, ¿dónde está la pauta?, ¿de qué viven?
Yo hace unos 15 años establecí que Girardot, que es una ciudad de 500.000 habitantes, es la ciudad
mejor informada del mundo, tiene como 24 periódicos, ¿esa gente a qué cotiza?, ¿cuáles son las
opciones de pensión?, ¿quién las protege realmente de un atropello, de una amenaza?, ¿quién las
blinda? (…) El presidente Santos, que es periodista, podría liderar una acción, no para quitarle el
negocio a nadie, sino para darle un poquito de orden y asegurar el futuro de la gente que hoy está
capacitándose en una profesión. ¿Una tarjeta? Puede ser. La eliminación de la tarjeta fue un
accidente para confirmar una situación que ya existía: caos.
A.S.: ¿Usted considera que la eliminación del Estatuto profesional favoreció la libertad de expresión
en el país? ¿Antes esta estaba coartada?
129
F.T.: No, todo lo contrario. No fue sino un acto administrativo que, aparentemente, vulneró un
derecho inexistente, era el de proteger a los periodistas o regular un profesión. La libertad de prensa
se ha movido en otros ámbitos y ha dependido de los gobiernos de turno, de las violencias de turno,
o de las restricciones o limitaciones de turno. ¿Qué peor violación a la libertad de prensa que el
asesinato de un periodista por parte de las FARC (Alfredo Abad, en 1998)? O el gobierno también a
través de los militares que no les convenía que tal persona dijera algo y se llegaba a situaciones muy
delicadas, asesinatos, en fin. O sea lo de la libertad de prensa, lo aprendí hace poco de una película y
lo acondicioné, y lo puedo resumir en una frase: en Colombia hay libertad de prensa pero no se
ejerce. ¿O me va a decir usted que hay libertad de prensa cuando una persona, que tengo las mejores
opiniones pero, representa una actitud como el capitalismo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es dueño
de El Tiempo que es el mayor medio del país, que sería nuestro referente de libertad, y de pronto va a
ser el dueño de Caracol que es una de las cadenas más importantes? Esa es una forma de decirlo. No
hay libertad de prensa cuando a un periodista –como a Córdoba– lo amenaza un político. Esa es una
utopía. Quizás aquí [en Colmundo] hay más libertad para decir algunas cosas, pero libertad de
prensa como tal es muy difícil cuando tú no tienes un ingreso garantizado, cuando tienes temas
vedados, cuando no tienes capacitación, cuando hay cosas en las cuales no puedes penetrar o
acceder. No es una visión muy crítica sino real, esa es la realidad que yo he podido palpar en cuanto
tiene que ver con eso. O sea, ¿decir que la tarjeta influyó? Para nada. La supuesta aplicación de la
libertad de prensa no ha dependido de esos factores, ha dependido de hechos externos que afectan
directamente el ejercicio profesional.
A.S.: ¿Considera necesario en la actualidad exigir un título de idoneidad, bien sea de periodismo o
en otras profesiones, para ejercer como periodista?
F.T.: Tú lo llamas título de idoneidad, debería ser título de oficio o de profesión, porque lo es y debe
dignificarse. ¿Pero eso certificado por quién por el Ministerio de Educación? ¿Por qué ministerio?
Porque éticamente se va a decir, ‘bueno, ¿pero cómo así? Si ya los tribunales fallaron y queda claro
que no se le puede restringir la libertad a nadie’. Pero es curioso que a una persona que vive de ese
oficio, se le restringa la posibilidad de tener un poquito de dignidad en su práctica del día a día,
porque el periodismo es una pasión, llámalo oficio, profesión pero en realidad es una pasión. Hay
países donde los periodistas tienen salario mínimo, por ejemplo en Costa Rica, no sé si Venezuela.
Aquí el gobierno por allá en el año 2000, estableció una especie de organismo de defensa de los
derechos de los periodistas, la Fiscalía tiene una unidad especial para investigar casos de los
periodistas asesinados o amenazados, hay una unidad del Ministerio de Gobierno que ante
amenazas reiteradas sacan del país a su familia para proteger de alguna manera, eso es válido, pero
más que eso se necesita, profesionalizar un ejercicio, darle un entorno de ciencia y de dignidad,
130
porque de lo contrario yo puedo poner aquí en frente una academia de periodismo, la legalizo y te
garantizo que saco mejores periodistas que algunos centros. (…) ¿Tú sabes cuántas facultades
gradúan periodistas y comunicadores en Colombia? Entre 30 y 40, estamos hablando de 1000 a 1500
comunicadores que se gradúan cada semestre, ¿dónde van a trabajar? ¿Con qué entidad? ¿En qué
grado se va respetar ese esfuerzo y esos 70 millones de pesos que vale esa carrera en una entidad
seria? (…).
ENTREVISTA A GERMÁN ORTIZ – Profesor línea ‘Ética, Medios y Periodismo’ de la
Universidad del Rosario
Allison Silva: Desde lo que usted conoce, cuando existía el estatuto profesional, ¿únicamente
ejercían el periodismo quienes tenían la tarjeta?
Germán Ortiz: Sí, solamente lo ejercían las personas que tenían tarjeta, que había sido expedida por
el Ministerio de Educación, sobre la Ley 51 del 75. Esto, por supuesto, fortaleció, desde ese entonces
hasta el año 98, la idea de que quienes sacasen esa tarjeta era porque previamente habían hecho
estudios profesionales o tecnológicos, por lo menos, en un centro de educación superior. Así como lo
hace una persona que quiere sacar su tarjeta de contador, o su tarjeta de arquitecto, su registro de
arquitecto, o de abogado para ejercer, las facultades se convirtieron como en una especie de puerta
obligada para las personas que tuviesen ese interés de ser periodistas reconocidos, para ejercer, dirigir
un medio, aparecer en los créditos de un periódico o presentar la bandera de una revista tenían que
tener, por supuesto, esa tarjeta profesional.
A.S.: ¿Usted tuvo la tarjeta?
G.O.: Sí, yo la tuve.
A.S.: Y, desde su percepción, ¿cambiaron los requisitos de contratación cuando se cayó el estatuto?
G.O.: No, para nada, no cambiaron. Hubo un impacto más que todo al interior de las mismas
facultades de comunicación, de los programas de comunicación y de información en periodismo
pero, en realidad, para nada afectó la contratación. Se creyó en un comienzo que iba a afectar, pero
con los meses y los años se dieron cuenta que realmente eso no iba a afectar para nada el trabajo
periodístico.
A.S.: Hablaba usted de que hubo modificaciones al interior de las facultades, ¿cuáles fueron?
G.O.: Hay que hacer dos diferencias sustanciales ahí. En realidad en Colombia, en un comienzo se
pensó en trabajar y formar periodistas, pero con los cambios que se dieron a nivel del contexto
131
latinoamericano, las influencias que tuvo la CIESPAL [Centro Internacional de Estudios Superiores
de Comunicación para América Latina] en Ecuador sobre la percepción de lo que se debía hacer
sobre los estudios de periodismo, se comenzó a perder un poco la especificidad en esa formación de
periodistas, y en Colombia, durante los años 80, se comenzaron a abrir una serie de campos de
estudio en la comunicación, lo cual alejó, por supuesto, la preocupación en los temas exclusivamente
periodísticos, se incursionó en la comunicología, se incursionó en la comunicación para el desarrollo
–que venía desde los años 60 con la Universidad Externado y José Recasens–, se incursionó en la
comunicación organizacional con todo ese tema de la internacionalización, la globalización, la
necesidad de tener personas dispuestas a manejar problemas de comunicación en las organizaciones
y demás… En ese contexto es que se cae la tarjeta, porque estamos hablando del año 98, pero sin
duda que 20 años atrás sí, efectivamente, la tarjeta abrió la posibilidad, por ejemplo, en casos con el
INSE [Instituto Superior de Educación], que luego daría origen a la Universidad de La Sabana, que
en un momento dado conlleva a una eminente preocupación de un grupo de académicos por formar
periodistas, ya que se tiene ese reconocimiento profesional. Entonces se procura formar currículos
que, acorde a lo que necesita el periodista de la época, vamos a dictar nosotros. Fue un poco reactiva
la cosa, pero así funcionó. No había centros de estudio de periodismo. El periodismo hasta los años
77, 78, probablemente tenía el 70% de sus plantas, de sus salas de redacción, con empíricos o
personas provenientes de otras carreras. Había mucha actitud bohemia, de relajación, había una
cierta relajación en el tema de cómo al periodista se le podía reconocer su trabajo. Las facultades
fueron dando, poco a poco, esos primeros pasos de formar a una persona en estudios específicos de
periodismo, pero eso va paralelamente con cambios que se vienen más adelante en la siguiente
década. Entonces, los cambios que las universidades estaban pensando se tuvieron que adaptar a
esos otros cambios que venían.
A.S.: Es un poco paradójico pensar que las facultades han continuado y se han fortalecido luego del
fallo, teniendo en cuenta que su objetivo era permitir la participación de las personas en general en
los medios…
G.O.: Sí, (…) la Corte tiene dos puntos de vista, o un punto que prevalece frente al punto general y
es que en realidad la comunicación como tal no es una profesión (…) y eso es un hecho. Yo no lo
diría como Bourdieu, yo no estoy de acuerdo con que se un campo de estudio, la comunicación es
un amplisímo campo del conocimiento donde muchísimas disciplinas interceden y, por supuesto,
que cuando Carlos Gaviria, ponente de la sentencia, utiliza toda la argumentación jurídica-filosófica,
utiliza incluso algunos diálogos de Platón, y él está tratando de mostrar que para hablar bien, hacer
ciertas cosas, no se necesita una profesión. Yo creo que ese fue el primer error y ese error se le debe
exclusivamente, yo pienso, a las mismas facultades, que no supieron, en ese momento, pelear frente
132
a las diversas discusiones que la Corte abrió lo que era realmente enseñar periodismo, enseñar la
comunicación y demás. Eso demostraba un poco la confusión que circulaba en las mismas
facultades. Lo segundo es que efectivamente él desconoce el impacto que tienen los medios, entonces
es el otro lado de la discusión, y dice: ‘no, entonces, no hay ninguna responsabilidad, una persona
puede hablar, cualquiera puede hablar’, dándole prelación al artículo 20 de la Constitución. Y si uno
miraba que efectivamente las facultades estaban formando comunicadores y, en algunos casos,
periodistas, se mantenía, y se sigue manteniendo después de 15 años, la idea de que en las salas de
redacción podemos también tener politólogos, podemos tener artistas, podemos tener filósofos, etc.,
y entonces ¿para qué una tarjeta si todas estas personas tienen cabida en una sala de redacción y lo
hacen mejor porque saben más? Esos dos argumentos se convirtieron, a mi modo de ver, como en
una especie de falsos dilemas porque no existían, en realidad se podía compaginar todo, los
mostraron como excluyentes y por lo tanto se cae el estatuto. A mi modo de ver, ese fue un error de
percepción, pero que coincidía con una serie de cosas que se estaban dando en ese momento.
A.S.: ¿Qué opinión le merece que profesionales de otras disciplinas hagan parte de los medios? ¿Qué
le aporta o en qué desfavorece al periodismo esta situación?
G.O.: Aquí en el Rosario creemos que es posible formar periodistas rescatando la especificidad en la
formación del periodista, no desde la comunicología, sino desde el periodismo (…) Digamos que le
aporta, porque sin duda el periodista, que es un intérprete de la realidad, del mundo, convive con
diversos escenarios del conocimiento o disciplinas que también manejan o apuntan su mirada a esa
misma realidad, pero la diferencia está en que el periodista hace una tarea específica diferente al
antropólogo, al politólogo, al psicólogo, al filósofo, al historiador y es que el periodista intenta
entender esa realidad, aprehenderla, para darle sentido social al presente, eso lo hace sólo el
periodista, pero si, a su vez, se echa mano de la historia para hablar del contexto (…), pues se hace
una excelente información; un equipo multidisciplinar, trabajando todos en torno a una realidad y lo
que hace es enriquecerlo. Entonces, el que haya otros profesionales en las salas de redacción debe
alimentar al periodista y él debe, a su vez, darle elementos de juicio a los otros para que entiendan el
sentido de actualidad.
A.S.: Dentro de los argumentos que señaló la Corte para eliminar el Estatuto fue que el periodismo
no implicaba un riesgo social. ¿Qué opina de esa afirmación?
G.O.: La Corte actúo en derecho y esa idea fue otra de las cosas sobre las que en ese momento nadie
pudo decir nada. En Colombia aún hoy no tenemos una ley de autorregulación de prensa, yo hablo
de una ley de prensa que provenga de los mismos medios, de los propios periodistas. No hemos
hecho posible, normatizar el ejercicio profesional de quien informa. Que es una profesión, sí, es una
133
profesión aunque no esté reconocida públicamente, porque maneja unos acuerdos mínimos, maneja
unos códigos, se hace un mutuo reconocimiento de quien está o no en capacidad de hacerlo, cumple
con los requerimientos básicos para ser una profesión, pero en ese momento no se hizo y la Corte
argumentó que para eso existían leyes paralelas y eso es cierto. No podemos pensar que hay una
tarjeta profesional o un Estatuto profesional del periodismo en Colombia, porque hay que controlar
la injuria y la calumnia, no, porque eso ya lo establece el derecho penal. [El Estatuto] era para hablar
un poco de cuál es esa naturaleza del derecho a la información en Colombia, dónde cabe la
responsabilidad social, cuáles son los elementos de juicio cuando se comenten errores, qué tribunal
de ética podría haber dentro de los mismos gremios periodísticos, cómo se podría proteger al
periodismo de provincia, al periodismo de región, frente al acecho de los políticos y la corruptela…
No existe una ley que regularice eso, porque no hemos sido capaces, el gremio periodístico es
demasiado desunido (…) Entendemos que es necesario tener personas responsables detrás de los
medios, que así como al arquitecto se le exige primero un registro, para que el momento en el que se
diseñe el plano o se termine la obra civil, si se llega a caer hay un directo responsable (…), lo mismo
es el periodista, si hoy dirigiendo Noticias Caracol se injurió a x o y personaje, es demandada la
empresa, alguien tiene que responder y es porque su trabajo tiene implicaciones de riesgo social (…).
A.S.: Uno de los riesgos de desprofesionalizar al periodismo es que algunos derechos pueden resultar
desprotegidos, ¿cómo se podrían garantizar esos derechos en la actualidad?
G.O.: Sobre todo, hablando, por ejemplo, de los periodistas que tienen que salir a vender pauta para
sostener sus propios espacios, eso podría ser una manera de regularlo. Una ley que proteja a los
medios del monopolio, una ley que tenga un tribunal de ética que tenga el reconocimiento moral
para sancionar públicamente a un medio que comete un error o una agresión a la intimidad de una
persona. Ese tipo de situaciones son las que, en un momento dado, se necesitarían y lo protegerían,
lo protegen porque en la medida en que los medios se autorregulen corren menos riesgo de ser
regulados y muchísimo menos riesgo de ser sancionados o de ser incluso amordazados. Si los medios
no aprenden a autorregularse y a regularse en el marco de las normas establecidas, la censura o la
autocensura se imponen y entonces esa ley debería, más bien, proteger a los periodistas en esa
práctica del día a día: en zonas de conflicto, en el manejo de ciertos símbolos, en el lenguaje, en la
estabilidad laboral, aunque hay leyes laborales del código civil y código laboral, esta ley en principio
debería completar desde cosas específicas de la función de los periodistas.
A.S.: ¿Usted considera que en la sentencia se confundieron los conceptos de libertad de expresión y
de libertad de información o para usted son lo mismo como dijo la Corte?
134
G.O.: La verdad yo no creería que haya una confusión, se da la libertad de expresión en el marco de
lo que es la Constitución colombiana. Para mí realmente no hay confusión, lo que se falló fue en
derechos, viendo las normas establecidas. De hecho no existe una libertad de información, la
información es un derecho general (…). Hoy por hoy, podríamos pensar que esa ley que tanto nos
hace falta, debería establecer algunos lineamientos sobre lo que llamamos información, pero desde el
marco de la información misma, no de la expresión, porque la información tiene unos parámetros
específicos.
A.S.: La motivación principal del fallo fue favorecer la libertad de expresión, que según los
magistrados, estuvo coartada mientras existió la ley. ¿El fallo contribuyó a favorecer la libertad de
expresión en Colombia?
G.O.: No, para nada. El fallo realmente no lo hizo. Es una paradoja, en el momento en que el fallo
sale, en el año 1998, se estaban estableciendo los grandes emporios de televisión que hoy día
tenemos y en cambio sí se estaban demeritando los canales que, de alguna manera, habían tenido
espacios periodísticos, que habían sido esa oposición ante el escándalo del proceso 8000. Nunca se
vio que a partir de la caída de la Ley 51 del 75 en Colombia se disparara una profesión de medios,
no. Al contrario, Colombia es uno de los países de América Latina con mayor monopolio de medios
(…). Es muy difícil sobrevivir en medios alternativos.
A.S.: A la luz de lo que ha dicho, ¿sería necesario exigir títulos de idoneidad o profesionales en el
periodismo para ejercerlo en la actualidad?
G.O.: No exigir el título porque tendríamos que establecer una ley, pero sin duda lo que se establece
es que el que llegue a los medios como periodista deba ser una persona que ojalá haya estudiado,
fundamentalmente tenga esa capacidad de entender bien la realidad, maneje un conocimiento
especializado. Yo soy partidario, no del periodista todero, sino del periodista que complementa muy
bien sus estudios con otras disciplinas (…). Siempre se invita a los estudiantes a que hagan doble
programa, porque el doble programa complementa muy bien los estudios de periodismo (…). Eso
demuestra que sí se exige una idoneidad porque cada vez la realidad del mundo es más compleja y es
muy difícil pensar que una persona, simplemente porque tiene una cierta intuición, maneja el
micrófono, buena voz, va a llegar a ser buen periodista. Creo que los mismos medios tienen claro
que eso no funciona así.
ENTREVISTA A GONZALO SILVA – Asesor de comunicaciones Instituto Distrital de Turismo
Allison Silva: ¿Cuántos años lleva en el ejercicio del periodismo?
135
Gonzalo Silva: Yo llevo aproximadamente unos 40 años. Trabajé en medios como El Espectador
durante 10 años, trabajé en El Tiempo en un paso muy breve, dirigí un programa de televisión en el
Canal 13, cuando era TV Andina, y de resto mi actividad ha estado vinculada más que todo a
asesoría o trabajo en el sector público como asesor de comunicaciones.
A.S.: ¿Usted es formado en periodismo o es empírico?
G.S.: Soy profesional, salí de la Universidad Javeriana de Comunicación Social.
A.S.: ¿Tuvo la tarjeta profesional?
G.S.: Sí, la tuve muy pocos años porque realmente durante este tiempo, estoy hablando casi los 80,
fue que nació y se murió. Fue una flor de un día la tarjeta profesional.
A.S.: ¿La tarjeta profesional era un requisito de contratación en los medios de comunicación?
G.S.: No, ayudaba, quizá el hecho de tener una tarjeta profesional y creó, de pronto, conciencia en
algunos medios sobre la necesidad de contratar periodistas de facultad, profesionales, pero de todas
maneras siempre el periodismo ha dependido mucho de empíricos, de personas que en una época
eran las que se formaban en los periódicos, que empezaban en cargos inferiores y con el paso del
tiempo iban empezando a hacer sus primeros pinos como periodistas hasta que se acreditaban ya
como tales en los medios. Caso contrario, de pronto, de ahora, que ahora pues ya no hacen carrera,
sino que los llaman de cualquier sitio, y no necesariamente periodistas. Ya lo que buscan es figurines
en algunos casos, entonces ya no se requiere ni siquiera hacer un paso empírico por un medio para
hacer periodismo.
A.S.: ¿En su opinión cuáles son los criterios que tienen ahora para contratar en los medios?
G.S.: Yo creo que son varios. Si uno fuera demasiado crítico podría decir que el amiguismo y
factores totalmente ajenos al verdadero profesional. Aquí ya muchas veces no se necesita que tú
tengas tarjeta. Si es un tipo que está descollando en un área, entonces ‘venga y escriba’. Y uno
encuentra que buena parte de los periodistas no son periodistas, que están desempeñando otras
actividades o que inclusive se prepararon para otras profesiones y están haciendo uso del ejercicio.
Esa ecuación que existía antes de si el periodista se forma o el periodista nace, aquí ya le están dando
el carácter de que el periodista nace y ya no se forma. Yo me estoy refiriendo a periodistas que están
ejerciendo alguna actividad especializada. Pienso que, de todas maneras, los periodistas de carrera
tienen un nicho, quizá no es grande, pero lo tienen.
A.S.: ¿Qué opinión le merece a usted que profesionales de otras áreas ejerzan el periodismo?
136
G.S.: A mí me parece que eso afecta un poco la profesión. Yo creo que todas las profesiones son
profesiones. En el momento en el que a uno le quitan el carné profesional, se reduce la importancia
de la actividad profesional y se convierte en un oficio. Entonces, si yo ya no necesito un carné
profesional, pues no necesito ser profesional, sin lugar a dudas. Yo creo que la tarjeta profesional, en
cierto sentido, le daba una cierta dimensión y una cierta importancia al trabajo periodístico.
Desafortunadamente, al quitarla eso ha generado una serie de consecuencias (…) Yo creo que se
pierde un poco la calidad profesional de la actividad y eso redunda en otros factores, como por
ejemplo, reducción de sueldos. Cuando uno no es profesional, ¿cómo le pagan? Pues como a un
aficionado. Ha redundado un poco en la falta de calidad en el material informativo, porque el
profesional universitario tenía entre otros compromisos u obligaciones al menos saber escribir, se le
exigía, no con mucha rigurosidad, el tener unos elementos básicos de gramática, conocimiento
general. Uno lee los periódicos de ahora y, en una buena proporción encuentra noticias sin sintaxis,
uno oye los noticieros de radio y encuentra errores monumentales a nivel de dicción y lo mismo pasa
con la televisión. Yo creo que la carencia de una exigencia de profesionalidad ha repercutido de
manera muy desfavorable en el manejo de nuestra profesión.
A.S.: Dentro de lo que usted conoce, ¿cuándo existía la tarjeta profesional solamente podían ejercer
el periodismo quienes la tenían?
G.S.: En esa época el ejercicio noticioso era obligado para el periodista que tenía la tarjeta
profesional, pero estaba la opinión. Ahí es donde empieza uno a hacerse preguntas de por qué se
suprimió la tarjeta profesional. La Corte Constitucional, en aras de la defensa de la libertad de
expresión, argumentó que la tarjeta profesional del periodista no debía seguir existiendo. Yo creo que
se confundieron ahí dos escenarios que no tenían sino un acercamiento normal por la actividad que
se desarrollaba: uno es el periodista que informa y otro es el columnista que opina. La tarjeta
profesional no se le exigía al que opinaba. El que opinaba podía ser un gran ingeniero que sabía
sobre ingeniería y tenía la posibilidad de opinar sobre su tema libremente, sin necesidad de ser
periodista. Pero el periodista de por sí, el que daba la información, el que buscaba y se formaba
dentro de ese esquema que nosotros aprendimos, era una persona que tenía una formación para
saber comunicar, para saber informar a la opinión pública. Cuando estaba la tarjeta, sí era
obligatorio tener una tarjeta profesional para ser periodista informativo, pero no era una exigencia
para ser analista, comentarista o columnista.
A.S.: Efectivamente, la Corte Constitucional eliminó el estatuto porque consideraba que estaba en
contra del derecho a la libertad de expresión. ¿Usted piensa que dicha decisión favoreció la libertad
de expresión?
137
G.S.: No, porque yo pienso que el periodista no expresaba opiniones, el periodista era el que
comunicaba. Entonces yo como periodista, como ‘cargaladrillos’, como redactor, mi función no era
hacer comentarios u orientar a la opinión pública a través de conceptos personales, simplemente era
hacer informaciones con unos límites y una camisa de fuerza obligada que era la de la objetividad, al
menos lo más cercano a la objetividad (…). Yo pienso que eso afectó, en cierto sentido, el manejo del
periodismo, el futuro del periodismo y lo convirtió en lo que estamos viendo ahora, un periodismo
que no es profesión, sino un periodismo que es un trabajo común y corriente (…). A mí me parece
que fue una mala decisión, aunque eso forma parte de una política generalizada en el mundo. Deben
ser muy pocos los países en el mundo que tengan la tarjeta profesional como una obligación, pero
creo que eso sí ha afectado mucho la calidad de la actividad (…).
A.S.: Otro de los argumentos que empleó la Corte Constitucional para eliminar el estatuto fue que el
periodismo no es un oficio que implique un riesgo social, el ejemplo que se dio en ese momento fue
que un arquitecto debe ser profesional, porque si no se le cae lo que construya…
G.S.: Y el ejemplo es muy válido, lo mismo, una buena información se cae, si no la hace un buen
profesional (…) Y por eso es que la información y la calidad de la información en términos generales
se ha caído, porque no la ejercen profesionales en su totalidad.
A.S.: ¿Qué debe hacer un periodista en formación para mejorar su perfil, teniendo en cuenta que se
va a enfrentar en su vida laboral a otros profesionales?
G.S.: Yo he dictado cátedra sobre periodismo en muchas oportunidades y siempre este es un tema
que yo trataba de concientizar con mis alumnos, porque además el nivel es muy bajo y creo que es la
misma desmotivación, por el hecho de que cualquiera pueda ser periodista. Las facultades tampoco
ya se interesaron en formar profesionales adecuados, capacitados, de alto nivel. Uno encuentra en las
facultades una gran mediocridad en la formación profesional del estudiante. Y yo les decía a los
estudiantes: ‘ahora ustedes no solamente tienen que competir contra ustedes mismos (en su propia
facultad ustedes salen 100 estudiantes en un semestre o en un año), sino que tienen que competir con
otras facultades de comunicación social, con todas las otras facultades de profesionales, pero, más
grave aún, con gente que no sale de universidades, con una reina de belleza, con el ex futbolista’. Sin
lugar a dudas lo que uno le debe aconsejar a un muchacho es que su preparación sea mucho más
estricta y hay que especializarse. Si quiere ser competitivo no puede salir de la universidad con el
título de comunicador social, sino tiene que buscar una alternativa profesional adicional para hacer
énfasis. Hace unos años todavía tenía acceso a un empleo quien tenía sólo bachillerato y ahora ya le
exigen más grados (…) Un periodista, si no tiene amigos en los medios, si no tiene un medio propio,
la única manera es tratar de ser lo más competitivo posible en el mercado y la mejor manera es
138
especializarse, porque a un periodista que no tiene las mejores nociones en un área determinada hay
que empezarlo a preparar y ello genera una reducción en los salarios.
A.S.: ¿Sería conveniente exigir un título profesional de periodismo en la actualidad?
G.S.: Sin duda sería lo ideal, que otra vez se recuperaran las facultades de comunicación, que otra
vez se recuperaran los estudiantes, que ejercer el periodismo exigiera tener un título profesional
avalado por una universidad seria, pero ya con las circunstancias y el mercado es muy difícil volver a
eso (…), pero sí creo que hay que buscar alguna alternativa para volver a mejorar el periodismo (…).
G.S.: La tarjeta profesional se prostituyó, porque ya uno encontraba a los escoltas de los políticos
con tarjeta profesional, entonces todo el mundo empezó a sacar la tarjeta, porque la tarjeta ya no
solamente era una forma de acceder a un medio, sino que todo el mundo la utilizaba como una
forma de entrar a actividades sociales, a partidos de fútbol. Esta situación afectó la imagen de la
tarjeta profesional del periodista.
ENTREVISTA A HERNANDO SALAZAR – Director de comunicaciones de la Agencia
Colombiana para la Reintegración
Allison Silva: ¿Cuándo usted empezó a ejercer el periodismo exigían tarjeta profesional?
Hernando Salazar: Sí
A. S.: Y, además de la tarjeta, ¿qué otros criterios de selección había en los medios de comunicación?
H. S.: También tenían como criterios de qué facultad venía uno y cuáles eran las competencias de
uno en el oficio.
A. S.: ¿Cómo cambió esto después de que se eliminó el estatuto?
H.S.: En mi caso particular no cambió. Solamente cuando uno trabaja en el Estado le piden un título
(…) pero cuando yo he trabajado en medios nunca me han exigido un título, curiosamente.
A.S.: Una de las justificaciones que dio la Corte Constitucional para no exigir un título profesional
para ser periodista era que profesionales de otras áreas pudieran ejercer el oficio. ¿Qué opinión le
merece a usted que este tipo de profesionales ejerza como periodistas?
H.S.: Lo importante es que lo ejerzan bien. El problema es que ahí hay una línea muy delgada. Eso
en teoría suena bien, en la práctica puede resultar un poco complicado, porque en la práctica lo que
vemos es que la gran mayoría de las personas que trabajan en los medios de comunicación han
pasado por una facultad de comunicación, sólo excepcionalmente hay personas que, sin ser
139
periodistas, ejercen el periodismo y lo ejercen bien. Eso no quiere decir que el periodismo tenga que
estar vetado para personas que no hayan estudiado periodismo. Usted encuentra por ejemplo el caso
del asesor médico de El Tiempo en temas de salud, gran periodista, Carlos Francisco Fernández,
pero él estudió, hizo una especialización en periodismo en la Universidad de Los Andes, yo fui
profesor de él, es un tipo que adquirió unas competencias de todas maneras en la universidad, pero
que sabe de medicina y lo transmite muy bien a través del periodismo, tiene unos criterios
periodísticos. A mí me parece que nos metimos en un camino un poco farragoso con esa sentencia de
la Corte. Cualquiera lo puede ejercer [el periodismo], porque entonces el artículo 20 le garantiza a
todas las personas ejercer la libertad de expresión e información, a todas, no solamente a los
periodistas. Eso está muy bien, pero, de todas maneras, ese ejercicio de ese derecho implica unas
capacidades mínimas, ¿quién garantiza esas capacidades mínimas?
A.S.: ¿Qué derechos laborales le garantizaba la tenencia de la tarjeta al periodista?
H.S.: Era como la identificación oficial de que uno era periodista, pero no más que eso. En la
práctica uno siempre se ha defendido con el carné del medio. El carné del medio abría más puertas
que la tarjeta profesional de periodista. Era un requisito… Era un papel, pero no era más que eso.
Algunas personas, sobre todo aquellos que no venían del periodismo y los que no habían estudiado
en las facultades sacaban su tarjeta de periodista y pretendían que los dejaran entrar a ciertos sitios o
pretendían tener ciertos privilegios, pero yo creo que en la práctica no significaba una gran
diferencia.
A.S.: ¿Y en la actualidad cómo hacen los periodistas para exigir sus derechos?
H.S.: Yo creo que los periodistas tienen que exigir sus derechos basándose en lo que dice la
Constitución, en el artículo 20, en el artículo 73, que está básicamente dirigido a los periodistas
donde dice que se garantizará su independencia y su libertad. Me parece que hay mucho
desconocimiento de eso.
A.S.: ¿Qué podría hacer la ley, si bien no para profesionalizar nuevamente el periodismo, para velar
por los derechos que los periodistas desconocen?
H.S.: Yo creo que sí hay un vacío legal y ese vacío legal debería regular, por ejemplo, la contratación
de periodistas, los mínimos, el tema salarial, que me parece que es un tema del que se burlan en la
actualidad muchos medios y sobre todo la radio en las regiones e incluso en Bogotá. Cuando usted
trabaja en un programa radial y le pagan con cupos publicitarios, eso es un poco perverso, porque
eso incide en la calidad del producto que sale al aire. Cuando usted tiene que ser reportero, pero al
140
mismo tiempo tiene que vender publicidad, se confunden sus roles y esa confusión de roles le hace
daño a la calidad de la información.
A.S.: Una de las razones que planteó la Corte Constitucional para eliminar el estatuto era que el
periodismo no es una profesión que constituya un riesgo social. El ejemplo que daba es que
profesiones como la medicina o la arquitectura no las puede ejercer alguien que no sea profesional,
porque puede matar a sus pacientes o construir algo que se caiga después, pero que en el periodismo
eso no pasa…
H.S.: En el periodismo eso también pasa, lo que pasa es que no es tan evidente, pero el periodismo
construye opinión pública, el periodismo genera información con base en la cual las personas opinan
y deciden políticamente, claro que sí, lo que pasa es que es más difícil de mirar. Usted, por ejemplo,
cuando se trata de un paciente, pues ve si el paciente se le muere o no, si progresa o no, en el
periodismo eso es muy difícil de medir, eso es prácticamente imposible de medir, pero obviamente
que sí tiene una gran incidencia en la sociedad, en la opinión pública, en el bienestar o malestar de la
sociedad.
A.S.: ¿Y cómo garantizar el derecho que tienen las personas a recibir información veraz e imparcial?
H.S.: Ese es un tema de cultura política, de incultura política, más bien. La sociedad no es muy
consciente de que tiene el derecho de exigirles a los medios información veraz e imparcial.
Excepcionalmente lo hace, pero la sociedad no es consciente de eso, no hay cultura sobre lo que yo
les puedo exigir a los periodistas y a los medios cuando me informan. Esa es una parte del derecho a
la información, que hace parte de las audiencias activas que no tenemos en Colombia.
A.S.: ¿Considera usted que la eliminación del estatuto contribuyó de alguna forma a garantizar la
libertad de expresión e información?
H.S.: Yo creería que sí generó más libertad de información y expresión, pero no necesariamente
contribuyó a generar una mejor información. Ahora, hay una gran paradoja: el fallo eliminó la
tarjeta como requisito, pero las facultades de comunicación social y periodismo siguen existiendo,
¿por qué? Porque, de todas maneras, mal que bien, dan unas herramientas para que las personas
sepan cómo manejar la información y conozcan unos mínimos éticos y unas técnicas, en materia de
información.
A.S.: ¿Cómo deben adaptarse las facultades a ese cambio? ¿Qué deben incluir sus pensum para
formar a los nuevos periodistas?
141
H.S.: No, yo creo que las facultades ya no hicieron [adaptaron sus pensum]. Siguen generando unos
contenidos mínimos que deberían tener los periodistas que van a los medios. El gran ‘pero’ de ese
fallo o la gran deuda que tiene el Estado colombiano (cuando hablo del Estado, hablo de la
institucionalidad) es que no hay unos mínimos que regulen el ejercicio del periodismo y, sobre todo,
unos mínimos en materia salarial. Me parece que el oficio está muy prostituido salarialmente y esa
falta de reglamentación legal permite que a los periodistas les paguen con cupos publicitarios, lo cual
me parece muy perverso y muy dañino. Debería haber unos mínimos en materia de contratación.
A.S.: Una pregunta que se me presenta como estudiante es: ¿qué puede hacer un periodista en
formación para mejorar su perfil, teniendo en cuenta que se va enfrentar a profesionales de otras
áreas?
H.S.: Yo diría que la mejor defensa y la mejor ventaja de un periodista es ejercer responsablemente
su oficio. Yo creo que la responsabilidad es la bandera. En la medida en que usted sea un periodista
responsable, defiende su trabajo y su trabajo se defiende a sí mismo, con responsabilidad.
A.S.: ¿Existe alguna diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de información?
H.S.: Lo que pasa es que la libertad de expresión es mucho más amplia que la libertad de
información, la expresión incluye otras expresiones distintas a la información, el arte, las
manifestaciones culturales. La libertad de información es un pedacito de la libertad de expresión. La
libertad de expresión tiene que ver con lo que se informa especialmente a través de los medios y a
través de las redes sociales, diría hoy, porque las redes sociales son un nuevo campo de los medios.
Cuando las personas opinan, informan, comentan, a través de Twitter o de Facebook o de otras
redes sociales están informando también. Hay una gran explosión de participantes en las redes
sociales, pero usted como persona le sigue creyendo más a aquellos que son periodistas, porque dice:
‘Estas personas aplican unos criterios mínimos que no tiene cualquier persona que pueda opinar o
que pueda expresarse’, entonces eso es lo que diferencia a los periodistas de los demás.
A.S.: En materia de salud y de pensiones, ¿cómo está el panorama para los periodistas?
H.S.: Yo creo que ese es el otro eslabón de la cadena: si los periodistas están mal pagos, entonces
están mal pensionados. En la medida en que usted gane poco, va a cotizar poco y va a tener una
mala pensión, yo creo que ahí está la base.
A.S.: Haciendo un balance, ¿qué ha sido lo favorable y lo desfavorable del fallo de la Corte
Constitucional?
142
H.S.: Yo creo que la Corte tuvo una buena intención, pero el fallo generó unos grandes vacíos que le
están haciendo mucho daño al periodismo, ese es el punto. Yo entiendo la buena intención y yo
entiendo filosóficamente el fallo, pero en la práctica se han creado unos vacíos legales muy dañinos y
esos vacíos legales tienen que ver, sobre todo, con las condiciones laborales de los periodistas. Ese es
el gran ‘pero’ como consecuencia del fallo. Ahora, antes no existía tampoco, no ha existido. Y la
inexistencia de unas condiciones mínimas de contratación de los periodistas ‘perratea’ mucho la
profesión y pervierte la información cuando la contamina de publicidad. La gran deuda es: seguimos
sin unas condiciones mínimas laborales para los periodistas.
A.S.: ¿Sería necesario para el periodismo en Colombia exigir título de idoneidad o título profesional
para ejercer el periodismo?
H.S.: Yo creo que nos tenemos que inventar algo que permita unos mínimos de idoneidad, no sé cuál
es la respuesta, pero sí se necesita.
ENTREVISTA A JOSÉ LUIS NOVOA – Director Ejecutivo de ‘Consejo de redacción’
Allison Silva: ¿Desde hace cuántos años ejerce el periodismo?
José Luis Novoa: 15 años
A.S.: ¿Y es profesional o empírico?
J.L.N.: Discuto con la categoría, porque soy periodista profesional en los términos de que mi
ejercicio periodístico acude a valores, a prácticas muy rigurosas de la profesión, pero nunca estudié
periodismo, estudié fue Filosofía y Literatura (…).
A.S.: ¿Cuándo usted empezó a ejercer el periodismo exigían la tarjeta profesional en los medios
comunicación?
J.L.N.: No, no la exigían.
A.S.: ¿Pero existía en ese momento la figura de la tarjeta?
J.L.N.: Creo recordar que existía, pero que no servía para nada, que nadie la pedía (…), puede que
mi memoria me traicione, yo comencé en el año 97, así que tú podrás corroborar. Lo que sí recuerdo
es ya haber estado en la profesión cuando hubo el debate en la Corte Constitucional y escuché
mucho de eso.
A.S.: Desde su perspectiva, ¿hubo algún cambio en las políticas de contratación antes y después de la
eliminación del estatuto?
143
J.L.N.: Absolutamente ninguno. Para los medios, desde mi perspectiva, nunca importó si un
periodista tenía o no tenía tarjeta profesional, nunca. De hecho, en mi paso por organizaciones como
la Fundación Nuevo Periodismo, he tenido cercanía incluso a debates de forma interna sobre este
tema y nunca se ha atravesado el tema de la tarjeta profesional desde el punto de vista empresarial o
desde el punto de vista de contratación. La única ala donde escucho eso es en cierto sector de los
periodistas, y eso, no estoy diciendo en todos los periodistas. Creo que para el grueso de nuestra
población ese no es un tema.
A.S.: ¿Qué le piden a una persona para contratarla como periodista?
J.L.N.: El debate es amplio. Yo siento que la carrera en América Latina, pero particularmente en
Colombia, pasa mucho por prácticas profesionales. Los chicos van a práctica y simplemente se
quedan, no se ponen a preguntarles, ni a hacerles un examen, ni nada, sino, funciona o no funciona.
Yo entré por Escuela de redacción de El Tiempo, que por ahí entramos muchas personas entre,
nuevamente me patina la memoria, pero supongo que 95 al 2000 algo, buena parte de la generación
que entró a El Tiempo, entró por Escuela. En otros se entra porque el periodista, su familia o alguien
cercano a su familia es periodista, o son los dueños de los medios entonces va ingresando como por
naturaleza a los medios. Yo sí siento que no hay, en general, un perfil súper cerrado sobre lo que
debería ser el periodista. Efectivamente la tendencia es a contratar a gente que estudió Comunicación
social y periodismo, por naturaleza, pero he visto igualmente que hay gente de otras carreras que
entra a la profesión periodística. Conmigo entraron un economista y un abogado y nunca hubo una
distinción profesional distinta a la de periodista.
A.S.: ¿Y qué opinión le merece que profesionales de otras disciplinas ejerzan el periodismo?
J.L.N.: Me gusta, me parece sano. En principio, tendría que decir que buena parte de lo que incluso
yo he dicho parte de un equívoco y es llamar profesión al periodismo. El periodismo es un oficio,
hasta donde muchos de nosotros estamos de acuerdo, que podemos ejercer muchas personas de muy
distintas procedencias. Yo, personalmente, vengo de la literatura y la filosofía y, literalmente,
aprendí a escribir noticias en 14 semanas, en el taller del periódico El Tiempo, con Ana Lucía Duque
y Orlando Gamboa. Salí de ahí ya a publicar cosas en la sección Bogotá. Es decir, no es cierto que
haya un saber súper específico. De ahí para allá uno puede construir (…), pero eso lo va aprendiendo
uno por el camino. Si yo fuera economista, seguramente mis libros y mis reportajes tendrían una
carga de economista. Pero el hecho mismo de escribir información no es un arte tan elaborado y tan
críptico como desde afuera podría verse. No, es relativamente poner en orden las palabras, una
detrás de otra y tener una cosa que comunicar y saberla comunicar (…), que todos los hechos sean
veraces. Los requisitos fundamentales para escribir noticias son bastante básicos y están al alcance de
144
muchos profesionales. Otra cosa es ya la calidad, el nivel tuyo, tu nivel de compromiso. Eso si ya
depende de cada uno.
A.S.: ¿Qué le aporta al periodismo y a sus audiencias o lectores que un profesional de otra disciplina
sea periodista?
J.L.N.: Mejor conocimiento, sin duda. En este debate, que es de todo Occidente, uno piensa que es
mucho más productivo para la sociedad que un economista, con pregrado de economista, con todo
su bagaje, aprenda a escribir periodismo en un posgrado y le escriba al público. Muy seguramente las
notas de este economista tendrán mucho más sentido, serán más rigurosas, serán más útiles para el
público. Ahora, aplica lo mismo para Salud, para Vida cotidiana, incluso Deportes. ¿Qué tal un ex
futbolista que se dedicara al periodismo? Pues seguramente su aproximación a las crónicas, a la
manera de escribir sería distinta porque es alguien que ha vivido en ese mundo. Entonces creo que le
aportaría mucho. De hecho, yo desearía que hubiera muchos más profesionales de otras carreras
haciendo periodismo en Colombia.
A.S.: ¿Existe alguna diferencia relevante entre el trabajo de un periodista de carrera y uno venido de
otra área?
J.L.N.: Es raro, yo creo que ambos enfrentan el mismo problema. En América Latina, lo digo por
experiencia porque me ha tocado compartir escenarios con otra gente, la queja de los egresados de
las carreras de periodismo es que llegan a una sala de redacción y no saben cómo hacer las cosas. Esa
es, casi que calcada, la queja de todo el mundo: ‘Es que en la universidad me dieron mucha
comunicología y me dieron un montón de materias y llego, y me enfrento a una sala de redacción, y
no sé cómo escribir o no sé cómo hacer gestión editorial dedicada al periodismo’. Ahora, si tú fuiste
un buen estudiante, pilo, juicioso, hiciste prácticas en el periódico estudiantil, te metiste más con los
profesionales de periodismo, te preocupaste por escribir un par de crónicas, pues seguramente llegas
a una sala de redacción y no se te hace tan difícil, no llegas a decir ‘yo no sé nada’ (…), porque hay
que recordar que en Colombia la formación en general es Comunicación social y periodismo y que
sólo dos universidades tienen periodismo puro como pregrado, entonces es como pedirle peras al
olmo. La Comunicación social es muy amplia (…), entonces uno tampoco puede pedir que un
comunicador social y periodista llegue a una sala de redacción y necesariamente sepa todas las
dinámicas. Sería deseable. A mí me gustaría que hubiera carrera de periodismo. Si un hijo mío me
pidiera un consejo para ser periodista le diría ‘estudia otra carrera y paralelamente estudia la de
periodismo o comunicación social o has otro pregrado y has luego el posgrado’, pero mi
recomendación no sería que estudiara sólo periodismo (…).
A.S.: ¿Considera usted que la eliminación del estatuto ha favorecido la libertad de expresión?
145
J.L.N.: En ese caso es irrelevante, hubiera sido relevante al contrario: si se hubiera aprobado [un
estatuto] sí se hubiera afectado la libertad de expresión, pero al eliminarlo como requisito ni quita ni
pone, en el sentido en que simplemente quedamos en la ‘tabula rasa’, por decirlo de alguna manera
(…).
A.S.: ¿Qué debe hacer un periodista en formación para mejorar su perfil, teniendo en cuenta que se
va a enfrentar a otros profesionales?
J.L.N.: Yo hablaría de dos frentes de formación. Uno es la formación básica. Nuestros estudiantes de
periodismo olvidan la pasión por el lenguaje usualmente (…), estoy hablando de sujeto, verbo y
predicado, punto; de ortografía, de que haya sentido en lo que escriben, de que una noticia esté
relativamente organizada. Es el área de entrenamiento y amor al lenguaje y a la exactitud (…). La
otra ya depende individualmente y es que cada quien descubra cuáles son sus intereses. No hay nada
como ‘reportiar’ de las cosas que a uno de le gustan, de las cosas que uno ama (…). Esa mezcla de
rigor con el lenguaje, con las estructuras gramaticales, más la pasión propia por un tema, creo que
darían la base para un buen periodista.
A.S.: Teniendo en cuenta que en Colombia el periodismo no es una profesión, ¿cómo hacer para
exigir los derechos de tantos periodistas?
J.L.N.: Debería haber un gremio importante de periodistas en Colombia, llámese sindicato (…). Pero
hay mucha dispersión. Yo he tenido que hacer visitas en las regiones, por efectos de mi cargo, y he
notado que en la mayoría de ciudades hay dos o tres agremiaciones de periodistas y, entonces,
algunas se agrupan en Fecolper, otras se agrupan departamentalmente. Unas ven el ejercicio del
periodismo, como un ejercicio para obtener derechos como la salud, las pensiones, la vivienda o para
consolidar o manejar la pauta de los gobiernos distritales y departamentales. Entonces hay un núcleo
de preocupaciones que pasan por ciertas necesidades del ser humano, pero eso, muchas veces, está
mezclado con politiquería, otras veces simplemente con falta de visión. Muy pocos se preocupan por
la formación profesional, por el oficio mismo y por la calidad del periodismo que se hace. Eso nos
corresponde a otras organizaciones como la nuestra, como la Fundación Nuevo Periodismo, la
FLIP, etc., pero yo sí extraño todavía que haya una vocería un poquito más estructurada de los
reporteros y los periodistas, que pueda dialogar con las empresas. Hoy por hoy, el poder fuerte está
en las empresas, ellas son las que determinan las formas de pago, y a su vez las empresas están
inmersas en un contexto económico global, en el cual hay crisis de los medios, hay compra de los
medios principales por parte de grupos económicos. Es decir, el entramado es complejo y justamente
por eso debe haber una vocería importante de parte de la agremiación, pero por otra parte, pienso
que nos falta periodistas más pensantes. Me parece que debería haber periodistas, que al mismo
146
tiempo que son periodistas, se preocupen mucho por el pensamiento, por la reflexión académica,
pedagógica, por proponer temas, y uno cuenta, con los dedos de la mano, los verdaderos líderes en
esa línea. Uno podría pensar en una María Teresa Ronderos, en una Juanita León, en una Martha
Ruiz, y por ahí se le va agotando. Hay poca gente reflexionando sobre la calidad del oficio, porque
no es sólo pedir y reclamar mejores prestaciones, más calidad de vida, etc., también es qué vamos a
aportar nosotros como periodistas, porque en la medida en que nos volvamos más indispensables
para la sociedad, quizás utópicamente tiendo a pensar, la sociedad también lo va a reflejar en un
mejor trato hacia sus periodistas.
A.S.: ¿Cuál es la pertinencia y el papel de las facultades de comunicación social en la actualidad?
J.L.N.: No hay que generalizar (…). Yo parto del hecho de que cada universidad le ofrece a la
sociedad lo que su modelo pedagógico le dice, lo que su capacidad institucional y económica le
dicen, lo que incluso el compromiso y la visión de las personas que están al frente de ella le dicen.
No es lo mismo una universidad en la que hay un decano por 30 años, conservador, en términos de
mirada, a una que es súper estructurada y que tiene comités curriculares súper elaborados y discusión
sistemática. Voy a hablar desde lo que me gustaría y desde lo que uno ve. Hay distintos modelos, no
me caso con ninguno. El modelo de Comunicación social generalista tiene sentido para muchas
universidades (para la Javeriana lo tiene), universidades que tienen riqueza de recursos en las otras
facultades, en las cuales un chico pueda combinar el interés por el periodismo con muchos otros
intereses (…) y que cada chico busque su camino (…). Hay otras universidades que se dedican más a
la formación muy técnica, muy específica de reportería, etc. Entonces no creo que haya que poner las
cosas en bueno o en malo, sino evaluar la oferta y que cada quien pudiera adecuar sus intereses con
la universidad que puede pagar. En términos ideales sí me gustaría ver carreras de periodismo puro,
en las cuales hubiera mucho trabajo práctico, mucho trabajo en medios reales, con una formación
importante en Historia y en lenguaje (…).
A.S.: Una de las razones que dio la Corte Constitucional para eliminar la tarjeta fue que, según la
Corporación, el periodismo no constituye un riesgo social. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
J.L.N.: Totalmente de acuerdo, porque no se trata de mirar únicamente al periodismo, se trata de
mirar el derecho a la información. En las sociedades democráticas occidentales ya hay suficiente
reflexión, desde hace 200, 300 años, suficiente ejercicio, para entender que es mucho mejor una
sociedad que tiene disponible libertad de información, que tiene ofertas, no sólo de medios, sino de
opiniones (…). Justamente uno de los problemas de nuestros países es la exclusión que hay de
muchos actores para tener voz en el discurso social. En el discurso colombiano, para poner un
ejemplo, ¿quién pone la agenda? Los políticos, el gobierno, los medios de comunicación (…). El
147
peligro no es que haya muchas voces, o el peligro es, en cierto sentido, una mala praxis, pero
preferible equivocaciones en la práctica periodística y que la sociedad los corrija (…) a tener un
modelo muy recortado de lo que puede ser la expresión de una sociedad. Entre más expresión de la
diversidad haya, entre más posibilidad haya de tener voces, muchísimo mejor.
A.S.: ¿Y cuál sería la diferencia entre el derecho a informar y la libertad de expresión?
J.L.N.: La libertad de expresión es un marco más amplio, de hecho, es uno de los bienes
fundamentales de nuestras democracias (…) es que todos podamos hablar e incluso las voces
minoritarias tengan acceso a los medios o a los canales por los cuales comunicarse. El derecho a
informar es un recorte, es una faceta de la libertad de expresión (…).
A.S.: A la luz de lo que hemos dicho, ¿sería necesario en la actualidad exigir un título de idoneidad o
un título de periodismo para ejercer la labor?
J.L.N.: Sin duda no, no es necesario. El periodismo libre, sin necesidad de tarjetas se ha probado en
medio mundo y sus problemas no son distintos de los otros. No quiere decir que un mundo sin
tarjeta profesional sea mejor que los otros, simplemente no es peor, lo cual demuestra lo irrelevante
que es la necesidad o la imposición de la tarjeta profesional. Me declaro mucho más favorable a un
terreno de libertades amplias y sobre estas se modulan las excepciones, los excesos.
ENTREVISTA A JOSÉ VICENTE ARIZMENDI – Decano Facultad de Comunicación y
Lenguaje – Universidad Javeriana
Allison Silva: ¿Qué opinión le merece a usted que personas no profesionales ejerzan el periodismo, es
decir, aquellas que tienen formación en otras disciplinas o que no tienen una formación profesional?
José Vicente Arizmendi: Creo que no deberíamos mezclar los dos grupos. ¿Qué un profesional de
otra disciplina haga periodismo? Habría que ver casos, porque hay unos que son muy buenos. En la
revista Semana, que a mi juicio es una muy buena revista, creo que ninguno de los editores de
sección es periodista, por ejemplo, el editor de investigación es arquitecto, hasta hace un tiempo el
editor de política era un politólogo, en fin, hay de otras profesiones. Ahora, alguien que no haya
estudiado en la universidad sí me parece muy delicado, es decir, si la expresión ‘no profesional’
quiere decir que ni siquiera se gradúo de una universidad en ninguna carrera, eso sí me parece grave.
Eso es más o menos común en radio, en radio local, en periodismo deportivo, o sea, periodista
deportivo puede ser cualquiera, sé que alguna gente me odiará por decir eso, pero no hay que saber
nada para ser periodista deportivo, no hay que estudiar en una universidad. Ese es más o menos el
panorama, ¿a mí como me parece? Yo soy un poco liberal en eso, creo que entre el extremo de que
148
solamente los graduados en periodismo puedan ser periodistas y que gente de otras profesiones
pueda ejercer el periodismo, prefiero la segunda situación, porque conozco algunos de los egresados
de las facultades comunicación que tampoco es que sean la maravilla. Yo creo que si, en últimas, lo
que nos interesa es que público esté bien informado, a veces es mucho mejor periodista económico
un economista que sabe escribir bien, que un egresado de comunicación que vio tres cursos de
economía y no sabe mucho más.
A.S.: ¿Para usted hay alguna diferencia relevante entre un periodista formado profesionalmente en
periodismo y alguien que está formado en otra disciplina?
J.V.A.: Sí, a veces. El gran reto de formar periodistas es que nos quedemos corticos y sólo hablemos
de la técnica, de cómo entrevistar, de cómo hacer un informe de televisión, cómo titular, pero que no
haya mucho contenido. El economista, el politólogo, el historiador que se dedican al periodismo
tienen el cerebro amoblado con otras cosas y entonces ya la técnica no es tan complicada. Creo que
el gran reto de quienes formamos periodistas justamente es formar personas que no solamente
conozcan el aspecto técnico del periodismo, sino que también tengan algún contenido, algún interés
personal en internacional, en economía, en política, en cultura.
A.S.: ¿Cómo se lograría fomentar ese interés en los periodistas por especializarse en otra área?
J.V.A.: Pues es un gran reto, pero en la Javeriana eso está previsto curricularmente con la figura de la
opción complementaria. Hay muchos estudiantes que toman esa decisión muy responsablemente
(…), pero hay otros que hacen ‘tin marín de do pingüé’, ‘que no haya clases los lunes por la
mañana’, ‘que no me toque clase los viernes por la tarde’ y hacen una mezcolanza allí. En la
Javeriana es posible eso, es decir, graduarse de Comunicador social y periodista, con un paquete
importante de materias en Economía, en Derecho, en Ciencia Política, en la Relaciones
Internacionales, incluso Filosofía, y eso le daría al egresado de periodismo muchísimo más peso.
Algunos lo aprovechan, otros no.
A.S.: Desde lo que usted conoce, cuando existía el estatuto profesional y la figura de la tarjeta,
¿únicamente ejercían el periodismo periodistas con tarjeta?
J.V.A.: En aquellos días pasaba una cosa muy simpática, las facultades apenas empezaban, entonces
la pelea era entre los empíricos y los profesionales, porque, claro, usted no le podía decir a Yamid
Amat, que en esa época debería llevar, no sé, 20 años de periodista, que no podía ser periodista, de
un día para otro. Entonces la ley encontró formulas: empíricos que llevaran más de 10 años, que
trajeran tres declaraciones juramentadas de que habían trabajado en periodismo y les daban la
tarjeta. Eso era inevitable. Además, había muy pocos egresados, pero los pocos egresados no tenían
149
casi experiencia, entonces era muy difícil uno competir contra alguien que conocía a los ministros,
que conocía a los funcionarios, a los gobernadores, a los empresarios, a todo el mundo, por más
técnica que supiera. Hoy en día es diferente, hoy ya no casi no quedan empíricos, todo el que está en
la redacción está graduado de algo. Que yo sepa el periódico El Tiempo no contrata a alguien que no
sea graduado de algo, e igual los medios serios. Fuera de Bogotá o en las emisoras locales en Bogotá,
sí, sobre todo en radio.
A.S.: ¿La existencia de la tarjeta contribuía a la libertad de expresión, por un lado, y, por otro, al
derecho a recibir información veraz e imparcial?
J.V.A.: Ahí había un peligro y eso esto: la tarjeta de periodista la otorgaba el Ministerio de
Educación, que es curioso. Hoy en día es más claro cuál es el papel del Ministerio de
Comunicaciones, ese ministerio originalmente era el Ministerio de Correos y Telégrafos. En la teoría
es riesgoso que sea el gobierno, a través de un ministerio el que diga quién puede ser periodista y
quién no porque (…) le entregaba la tarjeta y se la podría revocar, si cuatro, o cinco, o diez años
después es un personaje incómodo. Eso no afecta al recién egresado (…) lo peligroso no es cómo era
el mecanismo para entregarla, sino como podría ser el mecanismo para quitarla. Eso es lo que hace
que en muchas partes digan ‘no, una tarjeta de periodista tendría que ser algo que un gremio
periodístico fuerte lo entregue’, es entre pares, pero aún ahí me la pueden quitar también por alguna
disculpa y eso también es peligroso. Entonces ese el problema.
A.S.: ¿Qué debe hacer un joven que quiere ser periodista para poder competir en el mundo laboral,
teniendo en cuenta que se va a enfrentar a otros profesionales, de otros campos?
J.V.A.: Uno de mis consejos sería no dejarse ‘emborrachar’ por la tecnología. Hay demasiado mareo
con eso (…). Eso no importa, el buen periodismo es el mismo de toda la vida, el buen periodismo es
el que va hasta el sitio, no llama por teléfono ni lo baja de Internet, es el que habla directamente con
la persona. Si lo graba, si toma apuntes, eso es irrelevante (…), lo que interesa es que tenga criterio,
que tenga la mente abierta, que reconozca una noticia cuando la ve, que la escriba bien, eso sigue
siendo esencial. Acabo de terminar de leer la entrevista que le hicieron a Felipe López, el director de
Semana, y él dice una cosa muy interesante. Hasta hace por ahí unos 15 ó 20 años, las dos revistas
más influyentes en Estados Unidos eran Time y Newsweek. Newsweek acaba de salir del papel y
pasó a Internet, lo cual quiere decir que se desapareció, eso ya no tiene relevancia. Y Time pues está
ahí, pero ya no tiene influencia. Y el tipo dice: ‘Mire, lo que pasó fue que hace 15 años ellos
decidieron virar hacia lo light’, y abandonaron la noticia dura, los temas duros, la economía, la
corrupción, la política y todo eso, y se hundieron. Y dice: ‘y la revista que los reemplazó se llama
The Economist’, que no es si no ladrillazos de política, de economía, de corrupción, de denuncia, de
150
todo eso. The Economist está firme, es influyente (…). Entonces él dice: ‘En Semana nosotros
sabemos que algunas cosas son un ladrillo, pero eso es lo que nos da peso’ (…). De hecho, mire, la
revista Cromos es mucho más vieja que Semana y Cromos no le importa a nadie, no influye, no
denuncia nada (…).
A.S.: Inmediatamente después de que se cayó el Estatuto, que fue en 1998, ¿hubo una reacción en
cuanto al currículo profesional en la Javeriana, teniendo en cuenta ese cambio?
J.V.A.: Yo no creo. Yo no estaba acá en la Javeriana cuando eso pasó, pero yo no creo que haya
pasado nada, porque es que era básicamente el mismo currículo y lo que pasa es que cuando uno se
graduaba, uno tenía que hacer la cosa más anticuada del mundo que era publicar un aviso en una
página de edictos de algún periódico nacional. Yo, por ejemplo, lo hice en El Espectador. Apenas lo
publicaba, al otro día compraba el periódico, arrancaba la página entera, tenía que ir al medio y ahí
le ponían un sello de que eso era auténtico. Se tenía que ir, con la página completa, el diploma, el
acta de grado, un formulario, la fotocopia de la cédula, un poco de papeles, por allá a hacer una fila
en la 30 con 26, a la Secretaría de Educación. Me acuerdo que me tocó hacer fila en escaleras, de la
cantidad de gente que había, porque allá no estaban preparados para tanta gente. Llegaba uno a una
ventanilla, le ponían un sello y, de ahí, al Ministerio de Educación, y cada trámite se demoraba
varias semanas. Creo que por allá al año me vinieron a entregar un carné, y eso para mí nunca fue
importante, nunca me dejaron de dar un trabajo por eso…
A.S.: ¿Pero se lo exigían para contratarlo?
J.V.A.: En teoría sí, pero yo trabajé del año 81 al año 89 en una agencia de noticias que todavía
existe y yo no me acuerdo que me hayan pedido eso. A lo mejor me lo pidieron, pero no era un
requisito tan grave (…). Pero entonces, de nuevo, el currículo era irrelevante. La universidad de
hecho no hacía seguimiento, en la universidad normalmente no les decían a los estudiantes ‘mire,
saque su tarjeta de periodista, ¿quiénes ya la sacaron?’, no. ‘Usted se gradúo, felicitaciones, aquí tiene
su diploma, ¿qué hace con su diploma? Usted verá, si quiere sacar la tarjeta de periodista es problema
suyo’. Probablemente algunos de mis compañeros nunca la sacaron y no les pasó nada.
A.S.: Hay una cosa importante de la sentencia que eliminó el estatuto y es que afirma que el
periodismo no constituye un riesgo social. ¿Usted considera que el periodismo es una profesión que
implica un riesgo social?
J.V.A.: No, yo creo que no. Yo me acuerdo hace por ahí unos 15 años (…) hubo una conferencia de
María Teresa Herrán en Cali y ella había recolectado las 11 decisiones de la Corte que habían hecho
jurisprudencia sobre periodismo, libertad de prensa y esas cosas, mostrando cómo la Constitución
151
nueva había creado nuevas dimensiones jurídicas, en fin. En el momento de las preguntas alguien se
levantó y le dijo ‘María Teresa, a usted cómo le parece que la Constitución colombiana no tenga un
artículo especial para proteger a los periodistas’. Entonces esta señora le dice ‘y, ¿por qué? ¿Por qué
vamos a ser distintos a un ciudadano común y corriente? Es más peligroso ser juez, es más peligroso
ser policía, es más peligroso ser defensor de derechos humanos o ser sindicalista’. Los periodistas
somos unos ciudadanos, que nos dedicamos, por vocación y por negocio, a informarle al resto de la
sociedad, que está trabajando en otras cosas, ¿qué ha estado pasando?, ¿qué pasa con el poder?, ¿con
la economía?, ¿con la violencia? Puede ser una profesión de cierto riesgo, pero no es la más peligrosa.
Muchos periodistas se mueren de viejos, muchísimos. Bastaría con ciertas precauciones que debe
buscar la empresa, pero no necesariamente una ley. Yo creo que, aún así, hay una ruta para
pensionarse tempranamente (…). En virtud de que ha sido periodista, no importa si está enfermo o
no, por ser una profesión riesgosa, le reconocen una pensión temprana (…).
A.S.: ¿Y en cuanto a la responsabilidad social que implica el periodismo…?
J.V.A.: Eso sí. Yo no estoy muy familiarizado con ese vocabulario jurídico. Yo lo que puedo decir es
que el producto del trabajo de un periodista puede tener un impacto social muy delicado.
A.S.: ¿Un profesional en otras áreas, por ejemplo la economía, conoce esa responsabilidad, es
consciente de eso?
J.V.A.: Yo sí creo, porque fíjese que incluso penalmente existe una figura que se llama pánico
económico, por ejemplo, que evidentemente los periodistas la deben conocer y los economistas
también (…). Un periodista profesional generalmente trabaja en un medio, y los medios suelen tener
códigos de procedimiento, de ética, cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, que en un
mundo de lo deseable, que cada vez parece que estuviera un poco más escaso, todo periodista tiene
un editor que le lee y que acepta que eso se publique o no. Entonces el economista o el historiador, o
alguna otra profesión, tienen, hasta cierto punto, cierta protección de no cometer ciertos errores
porque siempre hay editores, jefes de sección.
A.S.: Y, de cara a lo que hemos dicho, ¿cuál sería el papel de las facultades de Comunicación social
y periodismo, en la realidad de un periodismo entendido como oficio?
J.V.A.: Yo creo que las facultades de Comunicación y de periodismo tenemos dos retos, uno, yo sí
aspiro a que un egresado de periodismo sea más elegible profesionalmente que alguien de otra
profesión (…). Digamos que, en igualdad de condiciones, un empleador diga ‘esta chica o este chico
egresado de Comunicación es muy bueno, sabe cosas que al economista me va toca enseñárselas,
sabe de titulación, sabe de hora de cierre, sabe trabajar bajo presión, sabe una cantidad de cosas (…)’.
152
Eso por un lado, y por otro, creo que nuestra tarea, para poder lograr eso primero que dije, es tratar
de no perder la cabeza con lo que está pasando, sino con lo que va quedando, o sea, lo esencial es lo
que siempre ha estado allí. El sentido del periodismo es contarle a una sociedad qué está pasando
que sea relevante. El sentido del periodismo no es, ni hacerlo por 25 plataformas. Ni tampoco el
sentido del periodismo es ‘¿qué me da más rating?’, eso también es una distorsión. El periodismo
verdadero sigue siendo bastante parecido a lo que se hizo siempre, con muy pocas modificaciones
que trae Internet (…).
ENTREVISTA A JUAN MANUEL RUIZ – Ex subdirector de noticias de RCN Radio
Allison Silva: ¿Usted ejerció el periodismo cuando exigían la tarjeta profesional para ser periodista en
Colombia?
Juan Manuel Ruíz: No, existía la tarjeta, pero cuando ingresé a los medios de comunicación la
posesión de la tarjeta no era obligatoria, ya venía una corriente, por decirlo así, que consideraba que
la tarjeta de periodista no era una exigencia sine qua non te pudieran contratar; sin embargo, la tarjeta
de periodista estaba vigente como tal, pero aún así yo pude ejercer y comenzar mi carrera a finales de
los 80, sin tener la tarjeta como tal.
A.S.: Cuando existía esta tarjeta, ¿cuáles eran los criterios de contratación para los periodistas y
cómo cambiaron posteriormente?
J.M.R.: A esto hay que ponerle un contexto y es que, a lo largo de la historia del periodismo, el
periodista como tal se ha encontrado en una situación compleja, a medio camino entre el artista y el
artesano, podría decirlo yo, porque se le ha considerado como una persona que no requiere de una
formación en particular para adelantar su labor. Posteriormente fue que se consideró imprescindible
el uso de la tarjeta profesional para darle unas garantías al periodista pero, la verdad sea dicha, es
que el periodismo como tal ha sido una profesión que, a mi modo de ver, se ha ejercido con cierto
talante de informalidad en este país, es decir, las empresas nunca exigieron radicalmente que para
poder contratar a un periodista debería exigírsele la tarjeta. En la medida en que, poco a poco, fue
evolucionando la profesión, se creyó que la tarjeta era el mecanismo idóneo para garantizar ciertos
derechos del periodista, pero la historia demostró que eso no era cierto. Te voy a poner más
contexto, los grandes periodistas colombianos no tienen tarjeta de periodista, o no la tuvieron, y ni
siquiera estudiaron. Juan Gossaín es contador público, Julio Sánchez Cristo no estudió periodismo,
el único que es doctor en Ciencias de la información es Darío Arizmendi, y sólo estoy citando de
radio. Tú miras en otros medios de comunicación, los directores no necesariamente tuvieron esa
profesión. ¿Qué sucedió? Que pronto, esa misma evolución histórica de la profesión demostró que la
tarjeta era innecesaria, porque, y aquí entra una opinión que se que es controversial, la tarjeta de
153
periodista se volvió más un negocio para las facultades de Comunicación social que una garantía
para el periodista.
A.S.: ¿Por qué un negocio?
J.M.R.: Porque si tú le entregas a las facultades de Comunicación social la potestad de entregar una
tarjeta de periodista, con la cual tú vas a tener la posibilidad de ser contratado como periodista, estás
violando la Constitución nacional, porque es que la libertad de expresión, que está amparada en los
estatutos de la Organización de Naciones Unidas y que está amparada en la Constitución nacional,
no tiene por qué estar mediada por una tarjeta. Mi mamá y mi abuelo han sido periodistas. Mi
abuelo fue 35 años corresponsal de El Tiempo en Boyacá y mi mamá 30 años más y ellos nunca
estudiaron periodismo, si ellos hubieran tenido la exigencia de la tarjeta profesional, no hubieran
podido ejercer su derecho que es el de informar. El hombre tiene el derecho a informar y a ser
informado y eso está por encima de cualquier tarjeta, por eso la tarjeta se cayó.
A.S.: Y en ese contexto, ¿cuál sería la pertinencia de las facultades de Comunicación en Colombia?
J.M.R.: Ese ya es otro lío. Cuando cae la tarjeta de periodista, cuando ya no hay esa exigencia de la
tarjeta de periodista, yo veo que a determinadas facultades se les acabó el negocio y se generaron
toda suerte de situaciones, porque hubo también una explosión de facultades de garaje y se acuñó esa
frase, que tú has oído en la calle, que en este país cualquiera puede ser periodista, pero es que eso
está bien, es que el derecho a comunicar, el derecho a la información y el derecho a ser informado
son derechos inherentes a la naturaleza humana y no tiene por qué estar mediado por una tarjeta y,
en efecto, está muy bien que cualquiera pueda ser periodista. Una persona de la Junta de Acción
Comunal de Ciudad Bolívar, que no haya tenido la posibilidad de ir a una facultad, ¿no puede
entonces fundar un periódico?, ¿no puede entonces montar una emisora?, ¿no puede entonces
montar un canal de televisión, solamente porque no tuvo los recursos para prepararse? Eso viola los
Derechos Humanos. Entonces, pronto, toda esta categorización se cayó y ¿qué tuvieron que hacer
las facultades de Comunicación social? Tuvieron que entrar mejorar su oferta, para que sus egresados
pudieran salir con unas condiciones por encima de lo que cualquiera que quisiera ser periodista
podía tenerlas. Ahí entramos en un terreno que es el de la filosofía, que en algunos aspectos lo tiene
en cuenta el derecho a la información, y es lo Aristóteles llamaba la tecné, o sea, la técnica para
adelantar un oficio y eso es lo que, en últimas, están haciendo las facultades de Comunicación social:
te informan la técnica, cómo abordas la prensa, la radio, la televisión, Internet, los medios no
tradicionales, técnicas de comunicación, en fin, todo lo que abarca el término de Comunicación
social y también el término de periodismo, que son dos áreas totalmente distintas. Ese es el reto de
las facultades. A mi modo de ver, la caída de la tarjeta benefició a la profesión, porque las facultades
154
de Comunicación tenían su propio negocio, eran que las que tenían la posibilidad o la facultad de
entregar una tarjeta, y la calidad les importaba un pepino. Hoy en día vemos que las universidades
que están metiéndole mayores esfuerzos a la calidad están produciendo mejores egresados.
A. S.: La otra parte de esta discusión, es el derecho que tienen las personas, garantizado por la
Constitución, de recibir información veraz e imparcial. ¿Qué ocurre con ese derecho cuando
cualquiera puede informar?
J.M.R.: Son los riesgos de lo que José Joaquín Brunner, gran filósofo chileno, acuñó como la
sociedad de la información. Y la sociedad de la información, en últimas, ¿qué es? Una cantidad de
información simultánea de distintas fuentes sobre un solo tema. Ahí es donde el periodista
eventualmente puede entrar a ejercer una labor importante de mediación, de editar. Por ejemplo, hay
un diario coreano llamado Ohmynews que es el primer diario realizado íntegramente por ciudadanos
y tiene un millón de corresponsales en todo el mundo. ¿A qué reto se enfrenta Ohmynews? A que no
puede tener la posibilidad de verificar, o de guardar, o de garantizar la calidad y la veracidad de lo
que ese millón de ciudadanos le informan. Allí es donde los periodistas entran a ejercer una labor,
porque los periodistas ahí es donde estamos preparados, donde tenemos la idoneidad para ejercer el
oficio, donde hemos sido instruidos para adelantar esa mediación. Entonces, evidentemente, en el
contexto de la sociedad de la información, la veracidad es una de las primeras desventajas, es uno de
los primeros ítems que se afectan en relación con ese derecho.
A.S.: Cuando la Corte Constitucional eliminó el estatuto decía que el periodismo no es un oficio que
implique un riesgo social, ¿qué opinión le merece esta afirmación?
J.M.R.: Lo que pasa es la Corte Constitucional miró el asunto del periodismo en un contexto muy
amplio, en un contexto universal, pero evidentemente en el caso colombiano o en el caso mexicano
es claro que el periodista debe gozar de unas garantías que un estatuto nuevo le pueda otorgar; no un
estatuto donde le entreguen al periodista la potestad de informar, porque eso viola los Derechos
Humanos (…), lo que un estatuto realmente debería hacer, un estatuto bien inspirado, es garantizar
la seguridad, quizás la estabilidad laboral, unas condiciones mínimas para el ejercicio de la profesión
del periodista, sobre todo en un contexto como el nuestro en donde hay tantas presiones, en donde
hay tantas dificultades, pero nunca que una tarjeta medie como tu pasaporte para informar. Yo creo
que ahí está la pequeña fisura para poder entender el tema.
A.S.: ¿Y cómo se garantizarían entonces los derechos de los periodistas?
J.M.R.: Digamos que es un estatuto que estaría más encaminado a dos áreas, primero, al
fortalecimiento de las empresas periodísticas, porque si hubiera democratización de las empresas
155
periodísticas, sería mucho más fácil poner en marcha un estatuto. Yo te digo lo siguiente,
hablémoslo descarnadamente, aquí sólo hay tres o cuatro medios de comunicación importantes y
hay dos o tres grupos económicos que son dueños de los medios de comunicación: El grupo Ardila,
dueño de RCN Radio y Televisión; el grupo Santo Domingo, que hoy es dueño de Blu Radio y de El
Espectador; está el grupo Prisa que es dueño de Caracol, y está Luis Carlos Sarmiento que es dueño
de El Tiempo y de Citytv. Son sólo cuatro. A esos cuatro grupos económicos no les interesa hacer
cumplir ninguna clase de estatuto, si tú no te sometes a las normas internas de esos grupos, tú no
trabajarás nunca allá. Por eso te digo que al periodismo se le ha tratado con cierta informalidad. El
estatuto debería partir por la democratización de la tenencia o propiedad de los medios de
comunicación en Colombia, al estilo de Argentina, en donde los privados sólo pueden poseer el 33%
de las emisoras, el resto está en manos de todo el mundo. Lo que se ha hecho en Argentina,
independientemente de los Kirchner, es bien interesante, porque busca precisamente quitar la
posesión monopolística de los medios de comunicación. El estatuto debería promover la
democratización de los medios de comunicación y unas normas mínimas para el cumplimiento de la
profesión (…). Es un problema universal, por los cambios tecnológicos, por los cambios de la
sociedad de la información y por la falta de fuerza de las organizaciones periodísticas que han tenido
que plegarse a los intereses económicos.
A.S.: De cara a tantas transformaciones que ha sufrido el periodismo, un joven que se esté
preparando para ser periodista, ¿qué debe hacer para mejorar su perfil profesional?
J.M.R.: Ese es un problema muy complejo, porque, como profesor universitario que he sido durante
13 años, me doy cuenta de que hay una crisis de vocación. Antes veía uno jóvenes egresados que
salían ‘con hambre’ al ejercicio de la profesión y hoy en día es muy difícil que de un curso de 30
alumnos, cinco pasen una prueba mínima de información general. Es lamentable. Yo no quisiera
cometer el error arbitrario y, mucho menos, arrogante o soberbio, de decir que hay una crisis de
talento, pero sí creo que hay una crisis de vocación. Me da la impresión de que mucha gente está
estudiando periodismo, porque no tiene nada más que estudiar, porque no pasó en otra facultad y
creen que esa es la costura que deben estudiar y por eso es el estrellón que reciben muchos de estos
jóvenes recién egresados cuando salen a la realidad, y es que de un curso de un año, uno o dos se
enganchan en medios. Yo invitaría a estos jóvenes a que estudien mucho en su vocación y a que
definan si realmente tienen la vocación de periodistas (…). Y en últimas, como dice el maestro Javier
Darío Restrepo, esta es una vocación con tintes de apostolado y si tú no tienes en cuenta la vocación
de servicio que entraña el periodismo, con todas las renuncias que ello significa, te vas a estrellar
muy feo.
A.S.: ¿Qué consecuencias le ha traído la eliminación del estatuto al periodismo?
156
J.M.R.: Ha sido favorable para la libertad de expresión, en el sentido del acceso a la información, y a
la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener la opción de crear un medio de comunicación, sin
que medie, para ello, una tarjeta, pero ha sido funesta la caída del estatuto en cuánto a que la
profesión del periodismo quedó desprotegida, quedó minimizada, cualquiera puede ser periodista sin
la menor consideración, las agremiaciones periodísticas quedaron sin capacidad de interlocución. Yo
creo que es muy sano volver a rescatar, replantear o revalidar un estatuto que reivindique los
derechos del periodista, no de las facultades comunicación, para que tenga garantías mínimas en el
ejercicio de su profesión.
A.S.: ¿Qué opinión le merece que profesionales de otras áreas trabajen como periodistas?
J.M.R.: A mí me parece muy bien, porque la tendencia del periodismo, indudablemente, es hacia la
especialización, esto tiene unos 20 años (…). Los periodistas debemos dejar de ser un mar de
conocimientos con centímetro de profundidad. Hoy en día se requieren periodistas especializados y
estos son los que están teniendo realmente campo de acción (…) y a mí me parece muy bien que esos
otros profesionales le aporten una mirada al abanico de opciones informativas, a partir de sus
profesiones distintas de la del periodismo.
ENTREVISTA A MANUEL TEODORO – Director del programa ‘Séptimo Día’
Allison Silva: ¿Qué opinión le merece que personas no profesionales en el campo del periodismo se
dediquen a este oficio?
Manuel Teodoro: Lo más importante cuando uno ejerce el periodismo y transmite lo que es una
noticia o lo que podría ser una noticia, a través de un medio, ya sea masivo o no tan masivo, es el
absoluto respeto por el derecho de la gente de saber la verdad. A partir del momento que ese respeto
se disminuye, ya sea porque no tienes la capacidad ni las herramientas para poder escarbar,
desenterrar, con un alto nivel de escepticismo, con múltiples filtros, información y tener las
herramientas para determinar que esa información es veraz, no estás haciendo periodismo y mal
harías en reproducir esa información, ese video, lo que sea, en un medio donde el público espera un
periodismo veraz. Cuando yo leo El Tiempo, yo leo Semana, veo noticias en Caracol, RCN, en otros
outlets, o leo periódicos de otros países, yo en esos periódicos espero y confío que ellos, lo que me van
a dar, es un periodismo veraz, objetivo y balanceado. Cuando yo levanto un periódico, de esos
tabloides, como Extra, o yo veo un programa de televisión de chismes, yo también sé que la
objetividad que yo esperaría de ese periódico, no la puedo esperar ahí. Entonces, mal harías tú en
contratar una persona que no está capacitada para poder ofrecer la información objetiva y veraz en
El Espectador, porque, en el momento que rompes la confianza de tu lector, pierdes todo. Recuperar
esa confianza de nuevo es muy difícil (…). La gente te cree, tú tienes que respetar eso y para poder
157
respetarlo adecuadamente tú tienes que tener una planta de personas que saben cómo recaudar
información, procesar esa información, editarla, para que el consumidor de esa información y su
derecho a saber la verdad sea respetado (…). No quiere decir, que para lograr obtener ese alto nivel
de escepticismo, de cuestionamiento a la información, de la verificación con múltiples fuentes para
saber si esta información es veraz, de cumplir con mi obligación de buscar una contraparte, yo tengo
que haber estudiado periodismo, no necesariamente. Un buen abogado, incluso, tendría una
capacidad igual o, en algunos casos, mejor que un periodista de contrapreguntar (…) ellos tienen
unas herramientas muy efectivas para llegar a la verdad. ¿Qué es al final lo que estamos buscando?
La verdad. (…) Llegar a la verdad tiene diferentes vías (…), entonces, ese esnobismo de decir ‘es que
somos periodistas, somos los únicos que sabemos cómo llegar a la verdad, porque tenemos
herramientas exclusivas de nosotros’, no, señor, no me lo como.
A.S.: Y, de cara a que los periodistas se van a enfrentar en su vida laboral a profesionales de otras
áreas, ¿qué puede hacer un joven en formación para mejorar su perfil?
M.T.: Si tú ya adquiriste las herramientas básicas del periodismo, has aprendido de las leyes, que
tienen que ver con injuria, calumnia, el respeto por ciertos derechos, las limitaciones de lo que puede
ejercer un periodista (porque hay limitaciones, uno no puede tener una libertad absoluta,
incondicional, para decir lo que uno quiera) y tú, además de eso, sabes escribir, sabes editar, sabes
ser escéptico, sabes balance, transparencia, verificación de la fuente (…), para que tu consumidor,
televidente o lector pueda tener diferentes opiniones para que por su cuenta propia puede llegar a una
conclusión… Cuando tú ya sabes todo eso, que es lo fundamental del periodismo, y además de eso,
tú puedes aprender cómo funciona el gobierno, desde una perspectiva política, o cómo funcionan las
leyes de este país, o cómo funciona el desarrollo de una industria de la parte económica, financiera, y
puedes aplicar todas esas herramientas a un tema, aleluya. Hay periodistas muy buenos que saben
del tema de medicina (…), esos periodistas para mí son periodistas que merecen mucho respeto
porque son especializados (…). La mayoría de periodistas somos como Manuel Teodoro,
entendemos un poquito de muchos temas, pero no sabemos mucho de un solo tema. Me declaro uno
de ellos (…) La información que nosotros ofrecemos como periodistas balanceados tiene que ser útil,
para que alguien pueda utilizarla para su propio beneficio (…) La gran mayoría de las herramientas
que yo tengo como periodista en este momento las adquirí al salir de la universidad.
(…)
A.S.: En la sentencia que eliminó la tarjeta profesional se argumentó que el periodismo no es
considerado una labor que implique un riesgo social, ¿qué opinión le merece dicha afirmación?
158
M.T.: ¿La decisión de la Corte era: si alguien quiere ejercer el periodismo, aun cuando no es
periodista, lo puede hacer?
A.S.: Sí.
M.T.: Me parece que podría ser muy peligroso por lo que decíamos ahora. La información es poder,
la información es la diferencia entre yo comprar un carro o no. Yo creo en lo que dijo un político,
¿en qué se basa mi voto por él? En información y sí la información que yo recibo no es hecha por
alguien que respeta el derecho del público a saber la verdad, estamos haciendo un terrible mal a la
sociedad. También hay leyes que alguien puede utilizar en contra de un periodista si él no respetó la
verdad y, por lo tanto, es la obligación de la empresa de hacer un filtro, de contratar personas que
considere que podrían ser cumplidores con las leyes de respeto a la veracidad.
A.S.: Es decir, ¿es responsabilidad de los medios hacer un filtro a la hora de contratar?
M.T.: Claro, eso obliga mucho más al medio, obliga mucho más a los grandes medios a hacer un
escrutinio mucho más exacto y preciso sobre a quién contrata a quién no. Al mismo tiempo [tenemos
que considerar que] ya tenemos la Internet y debido a eso, yo creo que la sociedad se ha vuelto
mucho más escéptica, mucho más cínica ante la información, es más difícil creer.
A.S.: ¿Sería pertinente exigir un título de idoneidad para ejercer el periodismo?
M.T.: Si yo tuviera un medio, si yo fue el dueño de este medio, de Caracol, y tú me preguntaras si yo
pido un diploma de periodismo para contratar a alguien, mi respuesta sería sí, porque tengo respeto
por la cátedra, por la academia, no sobrerespeto (…), pero también, en esta profesión yo tendría
mucho respeto por la experiencia. Esta es una profesión donde tú puedes aprender muchas cosas
ejerciendo el periodismo (…).
ENTREVISTA A MARÍA TERESA HERRÁN – Abogada y periodista
María Teresa Herrán: Voy a poner en contexto las preguntas con base en dos temáticas que he
analizado mucho en relación con el derecho a la información y la sentencia de la Corte, etc. La
primera es que en Colombia somos muy apegados a la ley y las leyes no siempre se hacen teniendo
en cuenta la realidad, eso implica que la realidad es distinta a lo que las leyes disponen en muchas
ocasiones, son bastante teóricas. Y lo segundo, que depende del primero: existe muy poca eficacia
simbólica en el Derecho que es lo que algunos autores llaman ese impacto de las leyes que va más
allá del hecho de reglamentar o regular situaciones. A partir de esos dos puntos, yo creo que se puede
explicar muy bien tanto la sentencia como su impacto y lo que ha pasado.
159
Allison Silva: ¿Qué consecuencias tendría en este caso que haya un mayor apego al Derecho y a la
ley que a la realidad misma del periodismo?
M.T.H.: Yo creo que apegados, más que al Derecho, es a la obsesión leguleya que llamo yo y es ‘que
todo debe ser regulado’ (…) pero en Colombia se producen leyes como se producen papas. Es una
herencia que llevamos, que cargamos desde la época de los españoles (…). Entonces, dentro de este
contexto, yo creo que la obsesión por regular y poner una tarjeta profesional llevó a desconocer el
impacto real y llevó a la perversión de la tarjeta profesional, porque no tenía un respaldo en la
realidad.
A.S.: Pero, ¿inicialmente existió este respaldo y se perdió o nunca lo hubo?
M.T.H.: Yo creo que es un problema de institucionalización, que es general en muchos casos de
leyes que no se cumplen, ¿qué sucedió allí? Realmente los periodistas no están agrupados en
asociaciones que tengan un poder real en la sociedad y esas propuestas de ley que vinieron de
algunas agremiaciones periodísticas eran un esfuerzo inútil porque no partían de la realidad, sino
partían de la obsesión de constituirse en un gueto. Eso sucede mucho en Colombia: que algunas
propuestas obedecen a intereses particulares, entonces los periodistas que las propusieron se sentían,
con justa razón, vulnerados en sus derechos laborales y como reacción a eso dijeron ‘bueno, vamos a
proponer la reglamentación, la profesionalización del periodista’, pero eran sobre todo las cúpulas de
las asociaciones. No se hizo un trabajo previo de fortalecimiento real de esas asociaciones y lo que
vemos hoy en día es que asociaciones como el CPB, como las pocas asociaciones que quedan, están
completamente desprovistas de respaldo real de los que ejercen el periodismo. Eso desde el punto de
vista de quienes propusieron la ley. Desde el punto de vista de la Corte Constitucional, yo hice un
análisis crítico de la sentencia, en el sentido de que, por el lado de los jueces, constitucionales en este
caso, no hay un conocimiento de las lógicas de lo que es periodismo y los medios de comunicación.
Entonces, al abrir el boquete de considerar el periodismo como un oficio, en vez de facilitar e
impulsar la libertad de expresión, abrieron fue la puerta para que una serie de ‘niñas pechugonas’,
como las llamo, ingresaran como periodistas en los medios de comunicación, y con la teoría de que
el libre mercado de las ideas, que sustenta la Corte, es fundamental para la democracia, lo que se
hizo fue desprofesionalizar todavía más el ejercicio profesional del periodista.
A.S.: ¿Qué pasó con el periodismo en materia de derechos laborales, de salud o de pensiones después
de que se cae el estatuto? ¿Eso sigue igual o que ha pasado?
M.T.H.: Yo creo que, de todas maneras, los medios de comunicación, oligopólicos la mayoría de
ellos (puesto que Caracol y RCN acaparan más del 90% de la audiencia de radio y televisión), no
estaban cumpliendo con su deber de asegurar las garantías laborales a los periodistas, pero no por
160
efecto ni de la Corte ni de la ley, sino por la propia dinámica de la profesión. Ya se están
reconociendo esas prestaciones sociales y esa contratación, antes no existía eso. Cuando inicié mi
ejercicio como periodista exigían y no exigían la tarjeta: la exigían, pero no era lo fundamental en la
contratación. En mi caso, que ejercí el periodismo como freelance, después fui directora del noticiero
Promec de televisión, que pertenecía al Opus Dei, ¿qué hice yo para proteger mis derechos? Lo que
hice fue que en mi contrato exigí que se pusiera que habría un comité editorial independiente, con el
fin de protegerme de las posibles presiones que ejercerían sobre mí los dueños del medio. Entonces,
eso me sirvió mucho más que cualquier ley (…) o tarjeta de periodista.
A.S.: ¿O sea que en esa época había poca protección laboral para el periodista?
M.T.H.: Pues tenían la protección laboral del contrato, pero muchos periodistas freelance no teníamos
protección laboral proveída por la empresa. Yo tenía mi seguro social, etc., pero como
independiente, y, en general, los medios no asumían esas obligaciones laborales. Hoy en día hay
mucha más protección de esos derechos, dado que, aún a los freelance, la ley les exige presentar el
certificado de pensión y de salud, cada vez que se firma un contrato. Entonces los medios lo están
exigiendo y, o bien que lo paguen, o bien que lo pague el propio freelance, ya hay mucha más
población de periodistas cubiertos por los servicios de seguridad social en salud y pensiones.
A.S.: Usted mencionaba que la tarjeta se exigía y no exigía a la hora de contratar. ¿Ahora qué
criterios se le piden a un periodista para contratarlo? ¿Cómo cambió eso?
M.T.H.: Lo que pasó con la tarjeta es que se pervirtió como se pervierten muchas leyes y que la gente
empezó a tener tarjetas cuando no ejercía el periodismo, sino que era una de manera de entrar
fácilmente a algunos eventos, entonces había hasta brujas que tenían esas tarjetas, políticos que no
tenían ni idea de periodismo… Y se pervirtió el sentido de la tarjeta, que en otros países sí existe,
pero respaldada por asociaciones de periodistas que no admitirían que le expidiera esa tarjeta a
personas que no son periodistas. Y sobre eso también hago otra distinción y es que, por ejemplo, yo
en este momento no me considero periodista, porque considero que el periodismo es un ejercicio
profesional, es decir, implica que la persona está ejerciendo el periodismo en medios y ahí viene la
distinción entre periodismo y libertad de expresión y opinión. Me preguntabas que cómo se contrata.
Yo creo que, primero, los estudios han mostrado que las contrataciones son muy inestables, son por
prestación de servicios, si bien la parte de salud y pensión está cubierta por ley, de todas maneras,
hay mucha inestabilidad, los sueldos son muy bajitos y el periodista que ejerce en relación con otros,
como por ejemplo las niñas de farándula o las presentadoras, están en una situación más inestable
que lo que es la imagen del medio, sobre todo en el caso audiovisual y hay una escala salarial
absolutamente inequitativa, entre lo que gana un director y lo que gana un ‘cargaladrillo’.
161
A.S.: La Corte, dentro de los argumentos que esgrimió para eliminar el estatuto, dijo que la idea era
favorecer la libertad de expresión que, según ellos, estaba coartada con un mecanismo como la
tarjeta profesional. ¿Usted considera que se ha favorecido la libertad de expresión a raíz de esa
decisión?
M.T.H.: No. Nuevamente pienso que tanto los jueces como la ley están a la saga del avance
tecnológico. Hoy en día la libertad de expresión se protege mucho más a través de Internet que a
través de regulaciones. Entonces, creo que no tuvo incidencia y más aun, como te comentaba, la
sentencia de la Corte Constitucional, con la cual estuve en desacuerdo, lo que hizo fue abrir un
boquete, pero no para proteger la libertad de expresión, sino para permitir entradas y darle un
sentido comercial a la noticia con la tesis del libre mercado de las ideas, que es una tesis económica,
de libertad de mercado… Allí hubo una falla y la segunda falla de esa sentencia de la Corte, como lo
expresé en su momento, es que confunde lo que es libertad de expresión y de opinión con las
garantías que debe tener el derecho a la información, dar y recibir información, que son tan
fundamentales como la libertad de expresión y de opinión, pero que son distintos.
A.S.: Hablemos un poco de eso, ¿qué pasa cuando se confunde libertad de expresión y libertad de
información? Y, sobre todo, ¿qué pasa con el derecho que tienen las personas de recibir información
veraz e imparcial? ¿Cómo se garantiza cuando hay esa confusión?
M.T.H.: Yo creo la Corte corrigió en otras sentencias al distinguir lo que es la libertad de opinión y
lo que es el derecho a la información como un derecho de doble vía. El artículo 20 distingue muy
claramente entre… Entre otras, el artículo 20 es un buen artículo, porque lo que hace es que
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, es decir, todo
ciudadano tiene derecho de pensar lo que quiera y opinar lo que quiera. Y ahí viene otro derecho que
es el de informar y recibir información. Allí sí hay una garantía que se exige, en aras de la
información, que es la veracidad y la imparcialidad. Cuando yo tengo una columna de opinión no
necesariamente tengo que ser imparcial, no necesariamente tengo que ser veraz (…) pero allí hay
unas garantías adicionales en el caso de la información que no existen para la opinión (…).
A.S.: En la sentencia de la Corte se dijo que el periodismo no era una actividad que implicara un
riesgo social, ¿qué opinión le merece a usted esa afirmación?
M.T.H.: Yo creo que ahí lo que dijo la Corte es que el periodismo es un oficio, no es una profesión.
El ingeniero es una profesión está regulado por tribunales de ética. Lo que dijo la Corte es que el
periodismo no es una profesión, sino un oficio. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo lo puede
ejercer porque no tiene tanto riesgo social como la medicina o como la ingeniería en el sentido de
que tiene que tener una regulación. Yo creo que allí nuevamente se equivocó la Corte porque
162
contradice lo que especifica en el artículo 73, donde reconoce que, como requiere una especial
protección, también es una profesión en cierta forma. Nuevamente el desconocimiento de los jueces
constitucionales de lo que son las lógicas y las realidades de los medios comunicación, desconoció lo
que en el fondo sí dijo la Constitución que dijo que hay libertad de empresa, siempre y cuando haya
responsabilidad social de los medios. Entonces, al reconocer eso la Constitución lo que está diciendo
es que los medios de comunicación como empresa tienen un estatus especial y esa es la parte que
implica que haya una responsabilidad concreta de los medios a diferencia de cualquier otra empresa.
A.S.: ¿Cuál sería la pertinencia de las facultades de Comunicación de cara a un periodismo
entendido como oficio y también de cara a que los periodistas se enfrentan a profesionales de otras
disciplinas?
M.T.H.: Yo creo que eso es inevitable y no hay una regulación que pueda impedir eso, sobre todo
con las llamadas nuevas tecnologías que evidentemente lo que abren es tanto la información como la
libertad de expresión y de opinión a todos los ciudadanos. Uno ve que ahora un ciudadano puede
informar simplemente sacando una foto de su móvil. Entonces, me parece que nuevamente el
Derecho está a la saga de la revolución tecnológica y se está quedando atrás. Los intentos que se han
hecho, por ejemplo aquí con la Ley Lleras y otras leyes en otros países, de regular Internet son
mucho más difíciles precisamente por eso, porque los abogados y los que hacen las leyes no conocen
las lógicas de un medio nuevo como es Internet. Creo que, en el caso que planteas, ¿qué hace un
periodista graduado de una facultad de Comunicación? Tiene que competir por su calidad, tiene que
exigir sus derechos en el caso de multimedia…. Y en fin. Allí nuevamente lo que es fundamental es
la fortaleza las asociaciones que defiendan esos derechos y no necesariamente deben ser asociaciones
de periodistas, pueden ser asociaciones de usuarios en las cuales se protejan los derechos de autor,
por ejemplo. Entonces, ya no podemos seguir en ese esquema que el periodismo es un gueto y debe
defenderse de los ataques de afuera, sino que el periodista egresado de facultades de Comunicación
debe asociarse con otros similares que ejercen esa actividad, de tal manera que no importa que una
persona sea egresada de facultades de Comunicación o sea egresada de una facultad de economía,
sino que, en el ejercicio profesional, se garanticen sus derechos.
A.S.: ¿Usted considera que en la actualidad es necesario exigir títulos de idoneidad o por lo menos
alguna formación profesional para ejercer como periodista?
M.T.H.: Sí, pero creo que uno no puede quedarse en que lo definitivo es que la universidad garantice
la idoneidad profesional. Pienso que hoy en día hay una evolución también en la educación en que
es continuada, ya no es una educación ‘que uno tiene un título, entonces ya sabe todo y ya no tiene
que hacer nada más’. Lo que observa uno es que, de acuerdo con una encuesta que hizo creo que la
163
FLIP sobre la situación laboral del periodista, lo que ve uno es que la mayoría de los periodistas que
están ejerciendo hoy en día tienen título universitario. Eso no les garantiza ni que les paguen mejor
ni que vayan a saber más.
ENTREVISTA A ORLANDO MUÑOZ – Abogado demandante de la Ley 51 de 1975
Allison Silva: ¿Qué lo motivó a presentar la acción pública de inconstitucionalidad en ese momento?
Orlando Muñoz: A mí me motivó que, en ese instante, un político colombiano, el profesor Antanas
Mockus, había sido contratado como reportero por un noticiero que en ese entonces se llamaba
Q.A.P. Él fue contratado como reportero pero al mismo tiempo era una persona con aspiraciones
políticas. La Comisión Nacional de Televisión le pidió un concepto al Consejo de Estado para ver si
Antanas Mockus podía ser reportero, y el Consejo de Estado dio un concepto, que no es obligatorio
pero que la Comisión adoptó, según el cual, como él no tenía tarjeta de periodista, no podía ejercer.
Entonces, a mí eso me pareció injusto, porque para nadie es un secreto en Colombia que los medios
de comunicación tienen libertad para expresar sus opiniones políticas. Yo no conozco a Antanas
Mockus, nunca lo he conocido, de pronto alguna vez lo he escuchado en alguna conferencia, ni él
sabe de mí tampoco. Pero eso me motivó a demandar la ley que establecía la tarjeta de periodista.
A. S.: En la actualidad el periodismo lo ejercen periodistas preparados, empíricos, y también lo
ejercen profesionales de otras áreas. ¿Qué opinión le merece a usted que otros profesionales sean
periodistas y qué le aportan al oficio?
O. M.: Yo creo que si otros profesionales van a ejercer el periodismo es bueno que tengan un
conocimiento básico de las reglas y de la dinámica propia del periodismo. El hecho de que no exista
una restricción legal o constitucional para ejercer el periodismo no significa que la opinión pública
no merezca un tratamiento profesional de las noticias. Luego, aunque hay libertad de expresión en
Colombia, sí me parece por lo menos aconsejable, así no sea obligatorio, que quien ejerza en alguna
forma el periodismo busque prepararse para este tipo de ejercicio.
A. S.: ¿Y cómo podría buscar esa preparación?
O. M.: Por ejemplo, si alguien quiere hacer periodismo económico, y es economista, una de las
funciones primordiales del periodismo económico es dar al conocer al público la realidad económica,
las dificultades que en la economía se presentan, el desarrollo de distintas situaciones económicas en
el presente y en el futuro, pero si eso no se le transmite a la gente con claridad, se va a dar una mala
información (…).
164
A. S.: ¿Para usted hay alguna diferencia entre el trabajo de un periodista formado y el de un
profesional de otra disciplina?
O. M.: Yo creo que sí. Los profesionales de otras disciplinas se forman en el objeto de sus respectivas
ciencias. En el caso del periodismo tiene que haber una formación muy amplia, diversificada; tiene
que comprender distintos ámbitos de la comunicación escrita, verbal, por imágenes, y esa formación
(si se quiere decir holística o integral) le da unas bases importantísimas para su ejercicio en el futuro.
Alguien que estudie, por ejemplo, Abogacía, Economía, Medicina, se va a formar en el objeto de su
ciencia, de su ciencia jurídica, económica, ciencia de la salud, en fin, pero no necesariamente ese
conocimiento le va a ser de por sí suficiente para ejercer algún tipo de periodismo.
A. S.: ¿Considera usted que la eliminación del estatuto favoreció a la libertad de expresión del país?
O. M.: Yo creo que quitó una talanquera que algunos querían utilizar con fines políticos, pero yo
diría, sin tener mayores herramientas estadísticas, que fuera de eso la situación ni empeoró ni mejoró
por razón de la decisión. Yo creo que hay otras circunstancias que influyen en el buen o mal ejercicio
del periodismo. Uno, por ejemplo, el respeto que las autoridades estatales deben tener por el
periodismo, el hecho de que no haya ejercicio de fuerza o de violencia frente a los periodistas. Eso
me parece más importante. Tal vez lo que hizo la decisión de la Corte Constitucional fue evitar, que
con la ‘excusa’ de la tarjeta de periodista, se quisiera tapar la boca de determinadas personas pero no
de todos.
A.S.: Y teniendo en cuenta que los periodistas formados se enfrentan a un mercado laboral mucho
más amplio, ¿qué puede hacer un periodista joven o un aspirante para mejorar su perfil profesional?
O. M.: Yo creo que hay varios desafíos. Hay desafíos que se pueden superar y otros que no. Un
desafío muy difícil de enfrentar es el de las condiciones que el mercado mismo fija. El mercado
puede tender a hacer prevalecer personas con determinada estética, por ejemplo, porque esa puede
ser una fortaleza de un hombre o una mujer. Pero a mí me parece que algo crucial es tratar de
especializarse y de perfeccionar cada día más en lo que se hace. Ese perfeccionamiento, en mi
opinión, por supuesto que viene con los años, pero un punto determinante de ello es el impulso, las
ganas, el tesón que se le pone en los primeros años (…) Si hay alguien que quiere, por ejemplo, hacer
un periodismo escrito, es vital que sepa escribir, que sepa transmitir, que conozca las reglas
gramaticales mínimas. Si hay alguien que quiere ejercer un periodismo radial, pues va a ser
importante el cultivo de la voz, la forma de transmitir verbalmente sus ideas. Luego, yo creo que
todas esas son características que es importante fortalecer (…).
A.S: ¿Cuál es la pertinencia de las facultades de comunicación en este caso?
165
O. M.: Yo creo que el papel de las facultades es esencial desde dos puntos de vista, uno, hay una
formación básica, hay materias esenciales, fotografía, redacción, televisión, manejo de equipos,
desarrollo de Internet, en fin. Todas estas tareas son importantes, pero hay un punto que es crucial y
es aprender a reconocer la ignorancia, me explico, yo puedo desconocer temas de la salud pero, si
creo que sé mucho de salud sin que haya tenido una formación en salud, me estoy equivocando. Y el
aprender a reconocer la ignorancia significa no solamente ponerse uno en una disposición de
aprender y de buscar fuentes, sino de no conformarse con una sola fuente (…), y eso le va a ayudar a
que la información que le dé al ciudadano sea la más cercana a la realidad.
A.S.: Hay dos puntos también importantes con respecto a la protección de la libertad de expresión y
también de la labor del periodista. Uno es pensar en el riesgo social que puede implicar o no el
periodismo. ¿Para usted el periodismo implica un riesgo social?
O. S.: Sí, yo creo que el periodismo tiene un riesgo social, pero ese riesgo se puede minimizar en la
medida en que se respete la función del periodista, y también en la medida en que el periodismo
asuma la responsabilidad social que tiene. (…) si un periodista comienza a tener influencias o
comienza a recibir presiones, amenazas, para informar o desinformar en determinada forma, pues
ahí hay un riesgo que se está concretando en esa influencia indebida de los órganos del poder. Otro
riesgo que también se genera es el de aquel que no permite que exista una verdadera distinción entre
la opinión y la afirmación de los hechos. Nosotros vivimos en una democracia y obviamente a nadie
le gusta que le digan, y mucho más si se trata de un alto funcionario, ‘el trabajo que usted hace es
malo, usted ha sido ineficiente’. Obviamente debe existir también dentro de la misma democracia la
posibilidad de que esa persona, en igualdad de condiciones, rebata esas afirmaciones u opiniones.
Claro, si ya yo digo, como periodista ‘es que Pedro Pérez es el responsable del homicidio de tal
persona’ y no hay contra esa persona ni siquiera una investigación, ahí ya puede haber otro tipo de
riesgos (…). No hay, en términos de riesgo social, una regla única; hay que examinar caso por caso,
pero bajo el principio de que en una democracia tenemos que respetar las opiniones de todos.
A. S.: Y el otro punto es que el periodismo es considerado una profesión de alto riesgo, porque los
periodistas están expuestos a extorsiones o secuestros. ¿Cómo puede proteger el país a los
periodistas?
O. M.: Yo creo que la protección, aunque depende de las circunstancias personales de cada caso,
debe tener un elemento que no es de fácil construcción, y es la concepción cultural y la aceptación
general de que si nosotros tenemos una democracia, debemos tener la posibilidad de escucharnos
todos. Claro, yo no puedo sentir que alguien me escucha tranquilamente si ese alguien está armado,
y peor si esas armas las porta sin el beneplácito del Estado. Entonces, ahí hay unos elementos de
166
violencia que también tienen que aminorarse. Cuando uno piensa en la protección, uno se imagina
las medidas duras de protección: que haya escoltas, chalecos antibalas, vehículos blindados.
Desafortunadamente, al menos en nuestro país, no hay recursos para que todo el mundo tuviera esa
protección, y sería horrible vivir en un mundo de personas que andan con escoltas por todas partes
(…).
A.S.: ¿Cómo garantizar derechos como la salud y las pensiones a los periodistas?
O. M.: Ahí hay un problema que se deriva también de la forma de contratación que existe en
Colombia, no sólo de los periodistas, sino de cualquier profesional. Si a alguien lo contratan a través
de un contrato de prestación de servicios, el cubrimiento de los gastos de seguridad social lo hace
totalmente el contratista, no el contratante. Si a alguien lo contratan a través de un contrato laboral
va a tener muchísimos más beneficios. ¿Cuál es el problema? Que también ahí el mercado entra a
operar. Una empresa periodística es como una compañía, es un negocio, y siempre y cuando actúe
legítimamente apegado lo mejor posible a una investigación seria de la verdad, pues esas empresas
tienen unos gastos, buscan minimizarlos, pero tiene que haber, en la mayor medida de lo posible, un
respeto por las normas laborales y, en ese sentido brindarle, las protecciones al periodista que
cualquier trabajador recibe.
A. S.: ¿Para usted hay alguna distinción entre el derecho a informar y la libertad de expresión?
O. M.: Sí, hay una diferencia y es: la libertad de expresión es un concepto muchísimo más amplio,
que se concreta en distintas manifestaciones, una de las cuales puede ser la de informar (…). La
información puede ser algo un poco más focalizado, pero que tiene como presupuesto la libertad de
expresarse. La libertad de expresión es, no solamente un derecho fundamental, sino que un distintivo
del ser humano. No hay dignidad humana si el ser humano no tiene derecho a expresarse con
libertad, obviamente respetando a los demás. Y eso es algo que es muy difícil de entender, pero que
tenemos que evolucionar hacia eso.
A. S.: Hasta el momento, ¿cuáles cree que han sido las consecuencias favorables y desfavorables de
la eliminación del estatuto? ¿Qué le ha generado al país?
O. M.: Yo creo que le ha permitido confirmar una realidad que existía antes y después. Yo recuerdo
que cuando la Corte Constitucional decidió declarar inexequible el estatuto del periodista, un
periodista de RCN me hizo esta pregunta: ‘Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer los periodistas?’
Entonces yo le respondí: ‘El director del noticiero para el cual usted trabaja, que es RCN, que se
llama Juan Gossaín, él no es periodista, él es contador’. Hay, y lo digo con el mayor respeto y
aprecio, reinas o ex reinas de belleza que trabajan como presentadoras o algunas ejercen algún tipo
167
de periodismo, y lo ejercían antes y ahora. Yo creo que hay una especie de beneficio, sin tener yo un
conocimiento profundo de las estadísticas, un beneficio más bien simbólico, de decir ‘este es un país
donde los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos, a utilizar los medios de comunicación y si
alguna talanquera se va a establecer frente a ese ejercicio, debe ser algo que tenga un clarísimo
soporte en nuestra Constitución’.
A. S.: ¿Usted considera que en la actualidad sería necesario exigir un título de idoneidad o un título
profesional para quienes quieran ejercer el periodismo?
O. M.: Yo creo que no, pero hay exigencias que la misma práctica y el mismo mercado generan. Le
doy este ejemplo: ¿Quién pensaría, hace unos diez años, que alguien con recursos muy limitados
hiciera periodismo a través de Internet? Y hoy vemos páginas que generan muchísima discusión,
opinión, y que han sido hechas por personas que inicialmente fueron Quijotes pero que han logrado
un éxito en esas formas de comunicación. Lo que quiero decir es que no es necesario tener un título
para mostrar la calidad y la excelencia y eso no solamente opera en el periodismo, en el Derecho, por
ejemplo, tal vez las dos acciones más importantes que un ciudadano puede ejercer en Colombia, que
es la acción de tutela y la acción de inexequibilidad, que es la que pretende que una ley sea declarada
inexequible, no exigen que el que las presente sea abogado titulado. Incluso, si yo quiero pedir la
nulidad de una elección, tampoco necesito ser abogado. (…) Entonces, hay ciertas profesiones cuyo
ejercicio, en determinados casos, no depende necesariamente de tener un cartón.
ENTREVISTA A RICARDO ÁVILA – Editor de cierre de El Espectador
Allison Silva: ¿Usted es periodista profesional o empírico?
Ricardo Ávila: Formo parte de esa generación de periodistas profesionales. Inclusive yo me gradué
en 1992 y lo primero que uno hacía cuando recibía el cartón de la universidad era ir al Ministerio de
Educación. Uno iba con sus papelitos, entregaba allá y esperaba uno o dos meses a que le entregaran
la tarjeta profesional de periodista que, como tú bien sabrás con este trabajo que estás haciendo, se
abolió a raíz de la Sentencia C-087 de 1998. La Corte Constitucional a raíz de la interpretación que
hicieron del artículo 20 de la Constitución Política de que el derecho a la información es un derecho
de todos y resulta que se concluyó que exigiendo la tarjeta profesional se restringía ese derecho de las
demás personas a acceder, si ellos querían, a los medios de comunicación. Entonces, se tumbó por
ese postulado de universalidad, incluido en el artículo 20, la tarjeta profesional de periodista.
A.S.: Cuando exigían la tarjeta de periodista, ¿cuáles eran los criterios de contratación?
168
R.A.: Realmente en la experiencia que yo viví no era mucho el misterio. En esa época todavía era
muy usual ver periodistas empíricos, era muy común (inclusive hasta hace poco) verlos en las salas
de redacción, pero ya ha venido un relevo generacional importante y hay gente ya egresada de las
universidades, entonces ya es muy común ver en las salas de redacción muchachos como tú, venidos
de las universidades, aunque todavía hay periodistas empíricos. Por ejemplo, el caso clásico del
empírico es nuestro editor general Jorge Cardona, el maestro, que es un formador de muchas
generaciones de periodistas aquí en varias universidades de Bogotá y es muy reconocido; él estudió
Economía, no reclamó el cartón porque le dio pereza hacer la tesis, se dedicó al teatro, después se
dedicó al periodismo, después se dedicó a su Historia (…). Yamid Amat, Gabriel García Márquez,
periodistas empíricos, por ejemplo. Después vinieron en la década de los 80, las facultades de
periodismo, que ahora se les dice facultades de Comunicación social.
A.S.: ¿Y por qué se da esa contradicción de que en los medios de comunicación se siguen
contratando periodistas profesionales?
R.A.: Pues en parte, creo que es más ventajoso para los medios tener ya periodistas formados en las
universidades porque se ahorran un montón de asuntos internos, de proceso, de cómo armar un
periódico, por ejemplo, que eso no lo enseñan afuera. Obviamente hay gente afuera de mucha
calidad, pero a veces la gente que viene de afuera sin saber se enreda un poquito en este tipo de
procesos que son aspectos muy importantes, que se enseñan ya en la academia. La gente ya llega con
una visión –con falta de experiencia, por supuesto– pero vienen a aplicar la teoría que han aprendido
en la universidad. Es aparentemente una contradicción pero fíjate que no lo es. Y la gente que no es
periodista se dedica más que todo a hacer artículos especializados sobre áreas que ellos manejan y
son muy depurados en sus concepciones. Por ejemplo, un economista, que necesita opinar o que
necesite hacer un artículo especializado, dirigido a las grandes masas, entonces viene también la
colaboración del periodista en sí, que es aterrizar toda esa terminología, por ejemplo, económica,
para que el ciudadano de a pie la entienda, porque la desventaja también de que llegue una persona
que no es periodista es que escribe en términos muy técnicos, y la misión de nosotros los periodistas
es aterrizar todo ese lenguaje, que es muy extraño, a la gente de la calle (…).
A.S.: ¿Qué opinión le merece que otros profesionales ejerzan el periodismo?
R.A.: A mí me parece bueno, no tengo nada en contra. Inclusive, aquí nuestro coordinador de
opinión, Andrés Páramo, que es abogado de la universidad de los Andes, dice: ‘yo me estoy
formando aquí como periodista’ (…) Pero él está muy contento y es uno de los casos de gente que
viene de afuera, formado como abogado, y se está formando aquí en la sala de redacción como
periodista. Entonces es muy bueno porque ellos aportan también desde otro ángulo de conocimiento
169
y eso obviamente enriquece cualquier medio de comunicación, de manera que es más beneficioso
que otra cosa.
A.S.: ¿Cómo cambiaron los criterios de contratación después de que se eliminó la tarjeta? ¿Hubo
alguna transformación o siguieron básicamente igual?
R.A.: En la práctica no. Los departamentos de recursos humanos piden lo normal, que es que uno
demuestre que estudió, pero inclusive ni eso. Se demuestra es más la experiencia que uno tiene
viniendo de otro medio de comunicación. Si mal no recuerdo aquí ni siquiera me pidieron el título,
sino: ‘¿Usted de que medio viene?, ¿cuántos años tiene?, ¿qué experiencia tiene?, ¿cómo puede
demostrar su experiencia con artículos?’, pero ni siquiera me exigieron el título, además porque, en
otra sentencia posterior la Corte Constitucional, la Sentencia C-010 de 2000, que estudiaba en ese
momento la reglamentación de la radiodifusión en Colombia, declaró inconstitucional la exigencia
del título. Es decir, está prohibido que un medio exija a un director que aspire a llegar a un medio de
comunicación, en este caso la radio, pero eso extensible a todos los otros medios por analogía, que le
exijan título de idoneidad para ejercer el periodismo, precisamente por ese artículo 20. Bueno, está
ya la decisión de la Corte, no sé si en otros medios lo hagan. Por lo menos aquí cuando yo entré hace
cinco años no hicieron esa exigencia (…), pero nunca se exigió el título de idoneidad para nada.
A.S.: Dentro de lo que usted conoce cuando existía el estatuto, ¿solamente ejercían el periodismo
periodistas con tarjeta?
R.A.: En ese momento era muy común ver en las salas de redacción periodistas empíricos, porque
apenas estaban saliendo las primeras promociones de periodistas, a finales de los 80, principios de los
90. En las salas de redacción realmente predominaban periodistas empíricos y estaban llegando ya
las nuevas camadas con los periodistas recién egresados de facultades de comunicación y los
empíricos se fueron volviendo viejitos, fueron saliendo de los medios y, por eso, ese relevo
generacional es el que ya está dominando las salas de redacción actualmente.
A.S.: ¿El Estatuto les garantizaba a los periodistas algún tipo de derechos en materia laboral o de
salud?
R.A.: No, el Estatuto no. Garantizaba el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, de
opinión, pero era bastante limitado. No tocaba tanto la parte laboral.
A.S.: En la actualidad en que el espectro de quién es periodista es tan amplio, ¿cómo pueden hacer
los periodistas para exigir sus derechos? Porque no hay una reglamentación tan clara en derechos
laborales, de pensión, de salud…
170
R.A.: Pues, empresas serias como El Espectador, o yo vengo de una agencia que se llama Agencia
Colprensa, son personas jurídicas o medios de comunicación muy serios con el trato hacia el
periodista, son muy respetuosos. Respetan mucho la estabilidad laboral, conceden o dan la
posibilidad de firmar contratos a término indefinido con todas las prestaciones sociales. Entonces es
una relación de mucho respeto y de mucha consideración a la dignidad humana de los periodistas.
A.S.: ¿O sea, que eso está más en manos de las empresas periodísticas que de lo que pueda
reglamentar la ley?
R.A.: Sí, tú ves por ejemplo que aquí es muy raro ver una huelga de periodistas, es rarísimo. En los
medios en los que he tenido la oportunidad de trabajar el trato ha sido muy bueno, muy respetuoso,
con buenas condiciones laborales y con todas las prestaciones sociales, y no he tenido ningún
problema, y pues realmente se escuchan pocos de problemas de ese tipo. Hay algunos que por
ejemplo se quejan que les pagan poco, pero bueno.
A.S.: Uno de los argumentos que dio la Corte para eliminar el estatuto era el de afirmar que el
periodismo no implica un riesgo social. Que no cualquiera puede ser arquitecto, no cualquiera puede
ser médico y que se necesita que sea profesional, pero que en el periodismo eso no pasa. ¿Qué
opinión le merece esto?
R.A.: El único riesgo que uno tiene como periodista, vuelvo al artículo 20, es la responsabilidad
social del periodista. Si nosotros ejercemos respetando esos límites internos de la información: el
derecho a la veracidad, a la imparcialidad, que la información sea balanceada, que no sea
tergiversada ni tendenciosa, pues no tenemos líos. Tú sabes que lo único que protege la Constitución
Política es la información veraz e imparcial. En la medida en que seamos, desde el principio,
responsables en el proceso interno de producción de esa información, nos evitaremos líos. Pero si no,
ahí viene entonces el tema famoso de la responsabilidad social de los periodistas. Si ejercemos la
libertad bien no tendremos ningún problema nunca; si la ejercemos mal vienen ya los líos, pero (…)
si llegan a demostrarnos que hemos sido temerarios con la verdad y que hemos sido poco diligentes y
que la hemos desconocido a propósito, ahí sí vienen los líos. Y ese es el tema de responsabilidad
social posterior a la publicación de nuestros trabajos.
A.S.: Y con respecto a otro riesgo que es pensar en el periodismo como una profesión del alto riesgo,
¿cómo protege la ley al periodista?
R.A.: Lamentablemente, el gobierno Uribe, si mal no estoy, en el año 2002 eliminó ese concepto de
que el periodismo es una actividad de alto riesgo. La eliminó y tú debes saber que en este momento
hay en curso un proyecto de ley (que creo es para pensiones, pero también está metido ahí) de
171
Armando Benedetti. Yo no sé si rescata el concepto de alto riesgo; creo que sí lo rescata. (…) Y pues,
al haberse eliminado ese concepto nos fregó a muchos con el tema de la pensión, porque al ser de
alto riesgo los requisitos eran menos exigentes para el asunto pensional. Entonces eso trajo como
consecuencia directa, esta eliminación de la que estamos hablando, fue que a los periodistas se nos
quitó una especie de beneficio que traía la ley para que nos pensionáramos en menos tiempo y un
poquito de menos semanas que el común de la gente. Ese fue digamos el efecto directo de esta
eliminación de declaratoria de alto riesgo.
A.S.: ¿Para usted existe alguna diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de información?
R.S.: Por supuesto. Está el genérico de la libertad de expresar ideas, por ejemplo, de expresar
opiniones libremente. Todos sabemos, como hay un dicho famoso, que la opinión es sagrada, pero la
opinión es sagrada en tanto simplemente se esté opinando, no se esté afirmando, ni que esa opinión
contenga hechos. Si esa afirmación contiene hechos fácticos y sucede, por ejemplo (un caso de la
vida real), una sentencia de Corte Constitucional, que fue la primera vez que en Colombia se
rectificó a un columnista, del diario El Mundo en Medellín (…), ese columnista, que inicialmente
estaba opinando, estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, había afirmado en esa
columna de opinión que el secretario jurídico de Presidencia, palabras más, palabras menos, estaba
beneficiando a unos amigos de él con unos contratos. Entonces fíjate cómo opinó, estaba criticando
un acto burocrático en ese momento de Secretaría de Presidencia de la República, y el señor
secretario jurídico de ese momento primeramente pidió la rectificación al columnista, que le decía
‘yo no tengo nada que rectificar si estoy opinando, estoy en una columna de opinión’. Entuteló, el
caso llegó a Corte Constitucional, que dijo: ‘Exacto, es verdad que usted está ejerciendo su derecho
de libertad de expresión de ideas y de opiniones, pero es que usted mezcló su opinión con una
afirmación de un hecho que es demostrable en la realidad (…). Por favor, demuestre la existencia de
esos contratos’. El hombre dijo: ‘evidentemente no puedo demostrar la existencia de esos contratos.
Tengo unas fuentes que me manifestaron que el gobierno está reclutando abogados para que objeten
una reforma en el Código penal (que en ese momento perjudicaba la extradición de nacionales a
Estados Unidos, entonces al gobierno no le convenía esa reforma penal y estaba buscando abogados
para que objetaran esa ley)’. No pudo comprobar en esa columna de opinión la afirmación de un
hecho cierto, de un hecho demostrable en la vida real, y fue la primera vez en Colombia que se
rectificó a un periodista, por orden de Corte Constitucional.
A.S.: ¿Y qué pasa cuando se confunden esos dos derechos, la libertad de expresión y la de
información, con el derecho a recibir información veraz e imparcial?
172
R.A.: Las opiniones son simplemente subjetivas, uno no puede calificar la opinión de nadie ni
descalificarla, porque las opiniones personales se respetan. Ya la veracidad sí viene atada a los
hechos, porque la libertad de expresión versa sobre opiniones e ideas, la libertad de información
versa sobre hechos, entonces esa veracidad si es un límite interno directo del artículo 20, somete el
derecho de la libertad de informar con el tema del principio de la veracidad. Si yo informo sobre
hechos, deben ser hechos veraces, son hechos que no se pueden tergiversar, son hechos que deben ir
balanceados para también aplicar allí ese principio de la imparcialidad de la información (…).
Simplemente el ejercicio de la imparcialidad, que es buscar balancear las notas. Pero la veracidad sí
evidentemente va directamente aplicada a la información sobre hechos, no a las opiniones.
A.S.: De cara a esto que hemos dicho, ¿cuál sería el papel de las facultades de Comunicación social y
periodismo en Colombia?
R.A.: En toda facultad de cualquier carrera es importante que los muchachos que están en primer
semestre abran los ojos y sepan qué terrenos van a pisar. A veces uno como periodista pisa terrenos
movedizos y todas estas áreas que se ven a lo largo de los diez semestres enseñan a pisar terreno
firme, enseñan a los periodistas que debemos obrar con conciencia, del latín conscientia, que quiere
decir: conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar (…) Es
despertar en los alumnos esa conciencia en el ejercicio diario de nuestro oficio periodístico. Y para
eso sirve toda esa formación de los diez semestres, viendo diversas materias (…) Desde el primer
semestre abrirles los ojos a los muchachos para que sepan en qué nos estamos metiendo, porque
evidentemente el asunto sí reviste responsabilidad social. Desde afuera mucha gente la ve fácil; pero
cuando uno está adentro en una sala de redacción, decir las cosas a veces no es fácil, hay que
saberlas decir en un texto bien sustentado y fundamentado (…).
A.S.: ¿Y qué pasa con esa conciencia en los periodistas no formados, en las personas que aspiran a
ser periodistas, si de pronto ellos desconocen la ética periodística?
R.A.: Ahí ya creo que entra un tema muy importante que es el tema de la deontología; esa materia es
vital para ayudar a complementar todo ese tema de la conciencia. La deontología es para eso, se ve
en todas las carreras, es esa actitud que uno debe asumir frente a los otros sujetos, frente a la carrea
propia, frente al oficio periodístico que se va a ejercer no siendo periodista.
A.S.: ¿Qué puede hacer un periodista en información para mejorar su perfil profesional, teniendo en
cuenta que se va a enfrentar a profesionales de otras áreas en su vida laboral?
R.A.: Indudablemente seguir estudiando. Yo creo que ese es el secreto. Es decir, así no vaya a una
universidad, y vuelvo al caso típico de señor Jorge Cardona. Él es un autodidacta, un lector
173
consumado de historia de Colombia e historia universal. Es siempre seguirnos formando. En esta
redacción hay muchachos que acaban de salir y están haciendo maestría en narrativa; el jefe de
redacción acaba de presentar una tesis, hizo una maestría en ciencias políticas; el editor de domingo
tiene una maestría en narrativa; otros muchachos están estudiando otras cosas (…). Entonces el
secreto siempre, no hay ninguna duda, en cualquier carrera, es seguir estudiando.
A.S.: ¿Sería necesario exigir título de idoneidad o cierto tipo de profesionalidad a la hora de
contratar?
R.A.: Por supuesto que es bueno; a una sala de redacción no puede llegar cualquiera y eso muy
difícilmente pasará. De todas maneras hay filtros y si no hubieran los filtros está el olfato del
director, del editor: ‘¿Quién es ese tipo que está allá, quién lo recomienda y por qué lo recomienda?’.
Aquí no se hace como en El Tiempo que hay que hacer entrevista con el psicólogo, y con no sé
quien, como tres o cuatro entrevistas. Aquí es mucho más sencillo el asunto. Pero precisamente el
que recomienda sabe por qué recomienda. Pero como te digo, ojo: título de idoneidad no se exige ya
porque no se puede; por lo menos en la radio, pero igual, por analogía, se puede aplicar esa sentencia
de la Corte en los otros medios. De pronto como por asunto formal, pero no es que sea un asunto de
fondo en ningún medio de comunicación (…).
