Serie Digital Desarrollo, Frontera e Integraciónrepository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/1637/1/Dinamica_Fronteriza.pdfINVER-E-GROUP VENEZUELA C.A Maracaibo - Zulia ©Víctor ... en Colombia,

Serie Digital Desarrollo, Frontera e Integración

DINÁMICA FRONTERIZA

Entre la Construcción y Reconstrucción Social

EditorDr. Víctor Inciarte

EditorialINVER-E-GROUP VENEZUELA C.A

Maracaibo - Zulia

©Víctor Inciartr- 2017.

ISBN: 978-980-7723-63-3Deposito Legal: ZU2017000290

II Simposio Internacional de Desarrollo Fronterizo e Integración Latinoamericana (Capítulo Santa Marta)

Arbitros: Dr. Jose Javier Nuvaez y Dr. Julio Aldana.Editor: Víctor InciarteE-mail: [email protected]: +584124191740Maracaibo – Venezuela

Diseño de Portada: Inver-E-Group Venezuela C.A

Editorial INVER-E-GROUP VENEZUELA C.A.Maracaibo – Venezuela.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADO.

DINÁMICA FRONTERIZAEntre la Construcción y Reconstrucción Social

Editor Dr. Víctor Inciarte

5

Índice5 Índice

Capítulo IReintegración Social y Postconflicto en Colombia, Eficacia de un marco

jurídico para la Paz9 Introducción11 Reflexionesteóricasdeltema11 ReintegraciónSocial23 Postconflicto30 NormatividadparalaPaz47 Eficaciadelmarcojurídicoparala reinserciónsocialentiemposde posconflicto59 Reflexionesfinales65 Referenciasbibliográficas

Capítulo II Migración y Resiliencia

como mecanismo de reconstrucción social

71 Introducción76 Migración:fenómenosociopolíticode impactoeconómico100 PsicologíaSocial:cambioculturaly migración113 Resilienciacomomecanismode

6



Capítulo I

Reintegración Social y Postconflicto en Colombia

Eficacia de un marco jurídico para la Paz

Jairo González [email protected]

Universidad Cooperativa de Colombia

José Javier nuvá[email protected]

Universidad Cooperativa de ColombiaResponsable Seccional Magdalena - RINDEFIL

construcciónsocial120 MigraciónyResilienciaenlasociedad receptora133 ConsideracionesFinales139 ReferenciasBibliográficas

Capítulo IIIDesarrollo Fronterizo, Resiliencia y

Salud en Colombia147 Introducción153 Capitalsocialydesarrollofronterizo173 Resilienciacomomecanismode desarrollosocial187 Saludydesarrolloenespacios fronterizoscolombianos204 ConsideracionesFinales208 ReferenciasBibliográficas

Capítulo IVEducación: Desarrollo Sostenible e

Incluyente

217 Introducción217 EducaciónenAméricaLatina221 EducaciónyTIC:Sistema InterconectadoalSerHumano225 LaSociedaddelConocimiento231 ReferenciasBibliográficas



9

intrOducción

La firma de un acuerdo de paz para la

finalización del conflicto armado en Colombia

ha generado una serie de secuelas importan-

tes que deben ser atendidas por todos los sec-

tores de la sociedad. Fenómenos sociales como

la reintegración en momentos de posconflicto

debe ser un escenario propicio a la gestión del

cambio, a la transformación de los sujetos in-

tervinientes y la conformación de políticas pú-

blicas adecuadas a los nuevos tiempos, que

respondan a las necesidades y expectativas

de todos, y que más allá de su pertinencia, se

constituyan en un referente de orden público

ante los eventos vivenciados en la sociedad co-

lombiana.

Consecuencias devastadoras como el

desplazamiento exacerbado de campesinos, el

despojo de tierras, altos índices de pobreza,

inseguridad, millones de víctimas y miles de



10 11



reflexiOnes teóricas del tema

reintegración social

El Centro Mundial de Investigación y Ca-

pacitación para la Resolución de Conflictos

(2010, p. 147) define a la reintegración social

de los desmovilizados, como “el eje principal

de un proceso de reintegración que busca el

retorno de esta población a la vida civil, la no

repetición de actos de violencia y la no reinci-

dencia en la ilegalidad”, lo que implicaría, en

término de paz, una convivencia fraterna re-

novada para el pueblo colombiano.

Por su parte, el Consejo Nacional de Po-

lítica Económica y Social (Conpes 2008), en

documento N° 3554, define la reintegración

como el proceso a través del cual los desmovi-

lizados adquieren un status civil y consiguen

un empleo e ingreso económico de manera

sostenible, asimismo expresa que la reintegra-

victimarios, con la visión de superar la lucha

armada, la confrontación acaecida por déca-

das, esperan una pronta respuesta estatal en

el afán de reconstruir sus vivencias, buscando

calidad de vida en el proyecto de un contexto

de posconflicto.

De allí que esta investigación toma como

marco general la Reintegración Social y el pos-

conflicto en Colombia, con una mirada espe-

cífica a la eficacia de la norma impuesta sobre

el particular, buscando documentar y exami-

nar la reciprocidad entre los procesos regula-

torios y las experiencias dadas. En tal senti-

do, se presenta un análisis de la figura de la

reintegración social, del posconflicto, y la in-

terpretación de algunas normas suscitadas en

cuanto a su eficacia, a los resultados dados,

con bases teóricas precisas y la percepción de

los investigadores.



12 13



dos en Santa Fe de Ralito, y ante la espera

de una salida negociada a la violencia armada

con otros grupos armados ilegales, para esa

época, el estado sólo atendía a los desmovili-

zados que voluntariamente abandonaran sus

grupos y se entregaran individualmente. Ade-

más, expresa que solo algunas personas cum-

plían con el requisito, perteneciendo también

algunas a la FARC y el resto al ELN y a las

disidencias. En este mismo sentido expresa

que los departamentos de Antioquia, Cesar,

Bolívar, Norte de Santander, Córdoba y Meta

concentraron el mayor número de entregas de

población desmovilizada colectivamente y en

el caso de los desmovilizados individualmen-

te las regiones de mayor concurrencia fueron

Bogotá, Antioquia, Caquetá, Valle del cauca y

Putumayo.

No obstante, se afirma en el mencionado

documento, que a pesar de los avances institu-

ción se lleva a cabo primordialmente a nivel

local, hace parte del desarrollo general de un

país y constituye una responsabilidad nacio-

nal que puede ser complementada con apoyo

internacional.

Es así como, en ese documento se señala

que a comienzos de la década de los 90 diferen-

tes grupos armados ilegales firmaron acuerdo

de paz con el gobierno nacional colombiano, lo

que condujo al desmonte de sus estructuras y

a la desmovilización y reincorporación de un

grupo considerable de personas, superando

cada vez más las cifras anteriores. Se señala

igualmente que el incremento de las desmovi-

lizaciones durante el periodo del gobierno del

Presidente Álvaro Uribe se explica por las ne-

gociaciones de paz con las autodefensas ilega-

les y las entregas voluntarias individuales.

Además, enuncia dicho documento

Conpes (2008), que al terminar los acuer-



14 15



la situación jurídica del desmovilizado, la poca

preparación para vivir dentro de un conjunto

de reglas sociales en coordinación con el pre-

supuesto de la legalidad, o sea atributos psi-

cosociales y valores que limitan su posibilidad

de interacción social.

Sin embargo, se expresa que a pesar de

que más del 98% de la población en proceso

de reintegración se encuentra en el Sistema

General de Seguridad Social en salud, enfren-

tan las mismas dificultades que el resto de

colombianos para recibir un servicio de salud

de calidad; asimismo, se menciona que gran

parte de la población en proceso de reintegra-

ción en esa época abandonó las aulas a muy

temprana edad y nunca volvieron a ingresar

a un proceso de formación académica; todo lo

cual, en definitiva, disminuye las posibilida-

des de reinserción social, laboral, académica

y cultural.

cionales y de política, las personas que se des-

movilizan de estos grupos ilegales, enfrentan

barreras para su reintegración social y comu-

nitaria, como la desconfianza de las oportu-

nidades que tienen en la civilidad, el aumen-

to en los niveles de inseguridad, alimentando

nuevamente el espiral de la violencia armada,

la disminución de las posibilidades de convi-

vencia y reconciliación de las comunidades

afectadas por dicha violencia, la disminución

de oportunidades económicas y sociales de las

familias de los desmovilizados, que en algu-

nos casos pueden llegar a ser expulsoras, la

desconfianza y reducción del apoyo político y

económico de la comunidad nacional e inter-

nacional.

En tal sentido, estos se convierten en fac-

tores que obstaculizan el éxito de la política

nacional de Reintegración Social y Económica,

además de mencionar la incertidumbre sobre



16 17



ofrecer el entorno propicio para la reintegra-

ción, pudiera puede estimular el reclutamien-

to o la reincidencia en actividades delictivas,

además de estar influenciadas por la cadena

productiva del narcotráfico, el contrabando de

recursos naturales y mercados laborales ile-

gales.

Por su parte, expertos del Observatorio

de Procesos de Desarme, Desmovilización y

Reintegración de la Universidad Nacional de

Colombia (2012), expresa que en Colombia,

los entes territoriales tanto departamentales

como municipales, han decidido participar en

la formulación de políticas, planes y proyec-

tos enfocados a la atención de la población

desmovilizada; es así que señalan que para el

período 2008-2011, el tema del DDR fue plan-

teado en 24 de los 32 planes de desarrollo de-

partamentales, incluyendo otros temas afines,

como el conflicto armado, la justicia transicio-

En este sentido, se deduce que, para ese

momento, en el año 2008, Colombia carecía

de una política estatal de reintegración, que

articulase estructuralmente las acciones y es-

trategias de las entidades de la administración

pública nacional y local, de la cooperación in-

ternacional y del sector privado y no guberna-

mental. Además, la población desmovilizada

no cuenta con una fuente de ingresos perma-

nente, tienen en su mayoría un nivel bajo de

escolaridad, no han sido capacitados para el

trabajo, no conocen un oficio en profundidad,

y no cuentan con las habilidades y la expe-

riencia para desempeñarse adecuadamente

en un puesto de trabajo.

En igual sentido, se observa que, además

de la insuficiencia de aprendizaje en convi-

vencia y reconciliación para la reintegración,

como también el ambiente económico y social

de gran parte de las zonas donde residen, al no



18 19



10). Para ellos, esto ha constituido un claro

ejemplo de participación y compromiso de los

entes territoriales con la construcción de la

paz y la reconciliación.

Algunas dificultades, sin embargo, han

permitido identificar los errores y trabajar para

la búsqueda de soluciones. Así, la creación de

la Alta Consejería para la reintegración Social

y Económica de Personas y grupos Alzados en

Armas (ACR, 2006), ha sido un acierto; ha ser-

vido para cambiar el enfoque, pasar de una

perspectiva asistencialista, de corto plazo, a

un matiz capaz de centrar sus esfuerzos en la

sostenibilidad y el desarrollo de competencias

de aquellos que le apostaran a un proceso de

reintegración a la vida civil.

Es de acotar que el Centro Mundial de

Investigación y Capacitación para la Resolu-

ción de conflictos (2010, p. 29), señaló que en-

tre el 2003 y el 2006 “tantos desmovilizados

nal, las políticas de reconciliación y la cons-

trucción de la paz.

Para el caso específico de Bogotá, en la

administración de Garzón, 2004-2017, se for-

muló la “primera política pública distrital di-

rigida a la atención de personas desmoviliza-

das y en proceso de reintegración” (p. 3), bajo

esa administración distrital, siendo el enfoque

la creación de un programa para brindar una

atención integral y complementaria a la que

brindaban las instituciones del orden nacio-

nal.

Por otro lado, señalan que, a través del

Programa de Atención al Proceso de Desarme

y Desmovilización, la Alcaldía Mayor de Bogo-

tá ha logrado “la construcción de un modelo

de intervención diferenciado, polifónico y pe-

dagógico, cuyo enfoque se ha desarrollado en

medio de la complejidad del proceso de des-

movilización y reintegración en la ciudad” (p.



20 21



que cuando empezó el proceso de negociación

en el año 2003, no se contaba con una política

apropiada y reconocida que permitiera la par-

ticipación de la institucionalidad pública y el

sector privado, pero sobre todo de los gobier-

nos locales, ella quedaban rezagadas frente a

lo que el gobierno nacional trabajaba desde el

nivel central.

Más recientemente, según Chará (2016),

en el departamento del Cauca se han presen-

tado descenso en las desmovilizaciones desde

el año 2009, en comparación con el incremen-

to de la población que ingresó al programa de

reintegración de la ACR en el 2007. Expresa

que “es un departamento aun con presencia

de grupos guerrilleros, tanto en zonas del sur

como en el occidente y oriente” (p. 9); y señala

que de la población que ingresó al programa,

los avances en términos de afiliación en salud,

seguridad, vivienda y atención psicosocial ha

como su grupo familiar recibían asistencia de

transición, como alojamiento y manutención,

asistencia económica, vestuario, salud y segu-

ridad”. Pero, en este período, señalan Herrera

y González (2013) que “fueron numerosas las

críticas… frente a la manera como el progra-

ma atendía a la población desmovilizada, y el

proceso demostró la falta de planeación de los

actores involucrados”.

En este sentido, Herrera y otra (2013, p.

14), manifiestan que “los impactos de la po-

lítica de reintegración comenzarán a ser más

evidentes a medida que los desmovilizados si-

gan culminando la ruta… de forma plena a la

sociedad de manera sostenible en la legalidad

y se comience a ver el efecto… en temas ciu-

dadanos”. Asimismo, señalan que la partici-

pación de los gobiernos locales garantizan un

mayor compromiso y legitimidad frente a los

resultados de la política de reintegración, ya



22 23



en razón de haber asistido a décadas de sufri-

miento, torturas, muerte, vale decir, una de-

cadencia moral en la cual estuvo sumido en

razón de egoístas prácticas de factores de po-

der, de liderazgo vacío basado en las armas,

en la fuerza, aislado de una verdadera demo-

cracia y los deseos de paz de ciudadanos que

aún claman por la verdad, la justicia en su

existencia.

Postconflicto

En virtud del procedimiento legisla-

tivo especial para la paz, en el mes de abril

de 2017, el Congreso de la República expidió

el Acto Legislativo 01, el cual creó un Título

Transitorio en la Constitución Política colom-

biana, con miras a la terminación del conflicto

armado y la construcción de la paz estable y

duradera; donde se dispuso la creación de un

Sistema Integral de verdad, justicia, repara-

generado resultados positivos si se observa no

solo los datos de la ACR en el período 2003-

2015, sino también la creación de emprendi-

mientos productivos y fortalecimiento de ca-

pacidades para la reintegración y adaptación

social a la vida civil.

Además, enuncia el mismo autor que, en

términos de reintegración de la población des-

movilizada, el trabajo de la ACR en el Cauca,

ha sido eficaz en “fomentar emprendimientos

productivos, cobertura en afiliación a salud y

el acompañamiento en casos de reparación y

verdad en el marco del Proceso de Justicia y

Paz” (p. 9), además ha buscado brindar acom-

pañamiento no solo a la población desmovili-

zada, sino también a las personas víctimas del

conflicto armado.

De lo planteado es posible evidenciar la

necesidad de la reintegración social en tiem-

pos de posconflicto en el pueblo colombiano,



24 25



cional Humanitario o graves violaciones de los

Derechos Humanos.

Además, conocer de las medidas de repa-

ración integral para la construcción de paz y

la garantía de no repetición, en la que el esta-

do garantiza el derecho a la reparación a las

víctimas de graves violaciones a los derechos

humanos e infracciones al Derecho Interna-

cional Humanitario que hayan sufrido daños,

individual o colectivamente con ocasión del

conflicto armado; lo cual pudiera visualizarse

como una forma de redención o liberación de

culpas de los victimarios, para poder acceder

a formas de reintegración social.

Esta reintegración social en tiempos de

postconflicto se vislumbra a la vez en el sector

educativo, teniendo un rol primordial no solo

en términos de formación, sino también a la

hora de consolidar un clima de reconciliación

en el país. Así lo expresan Martínez, Ramírez y

ción y no repetición, estando compuesto por

la Comisión para el Esclarecimiento de la Ver-

dad, la Convivencia y la no Repetición, siendo

un ente autónomo del orden nacional con per-

sonería jurídica, autonomía administrativa,

presupuestal y técnica, sujeta a un régimen

legal propio.

En tal sentido, la Jurisdicción Especial

para la Paz, estaría sujeta a un régimen legal

propio, con autonomía administrativa, presu-

puestal y técnica; debiendo administrar justi-

cia de manera transitoria, autónoma; conocer

de manera preferente sobre todas las demás

jurisdicciones y de forma exclusiva de las con-

ductas cometidas con anterioridad al 10 de

diciembre de 2016, por causa, con ocasión o

en relación directa o indirecta con el conflicto

armado, por quienes participaron en el mis-

mo, en especial respecto a conductas conside-

radas graves infracciones al Derecho Interna-



26 27



portantes inversiones financieras y en capital

humano (educación, desarrollo de habilidades

socio-emocionales para el trabajo, competen-

cias ciudadanas, programas de inserción la-

boral), con el fin de que puedan incorporarse

exitosamente en el mercado laboral y en la so-

ciedad, no dependiendo de la ayuda del Esta-

do, en el mediano o largo plazo. Esas políticas

de inserción que se deben llevar a cabo están

determinadas a la vez por las características

demográficas, educativas y laborales de los

desmovilizados, las cuales permiten estable-

cer qué habilidades necesitan, de acuerdo con

su nivel de formación inicial y su edad.

Cabe destacar que, actualmente la políti-

ca de Desarme, Desmovilización y Reintegra-

ción de Colombia, incluye dentro de su ruta de

reintegración, la asistencia psicosocial para la

persona desmovilizada y su familia, aumen-

tando cada vez más el número de atendidos,

Pertuz (2015) quienes afirman que la firma de

un Acuerdo de Paz en Colombia planteó gran-

des retos para las políticas propias de este es-

cenario, siendo tal sector educativo clave en

la reintegración de los desmovilizados, mos-

trándose crucial para desarrollar una cultu-

ra de paz y de reconciliación en Colombia e

imprescindible para una exitosa reinserción

económica y social de los desmovilizados, ya

que abre oportunidades laborales, pudiéndose

inferir a la vez la posibilidad de cambio en la

cultura del pueblo colombiano, al aumentar

las posibilidades de formación de competen-

cias actitudinales y cognitivas en los actores

involucrados.

Tal proceso de reinserción se debe reali-

zar también con sus familias; por lo cual, de-

bido a sus características etarias, de género,

su condición civil, de empleabilidad, los des-

movilizados en el post-conflicto requieren im-



28 29



niveles de empatía, definida esta como “la ca-

pacidad para sentir algo similar o compatible

con lo que otros sienten” según Chaux (2015),

resultando claro que la deslegitimación de la

violencia y la construcción de una sociedad en

paz depende crucialmente de la formación de

personas con empatía, como una de las com-

petencias ciudadanas centrales para la convi-

vencia pacífica.

En el caso de la población desmovilizada,

expertos de Econometría (2010), afirman que

un alto porcentaje de los desmovilizados que

acceden al apoyo psicosocial consideran que

el programa es importante para su reinserción

en la vida civil y laboral. Por un lado, los par-

ticipantes perciben que el apoyo psicosocial

les ha ayudado en la crianza de sus hijos y

en cómo enfrentar el proceso de reintegración;

por otro, familiares expresan que el hecho de

ir a los talleres psicosociales hace que los des-

buscando desarrollar tres competencias: psi-

cosociales, ciudadanas y psico-laborales. Asi-

mismo, adicionalmente, el Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar (ICBF, 2014a) da

prioridad de atención en los programas que

ofrecen a los niños y niñas que han sido vícti-

mas del conflicto armado.

Ello, porque las evidencias sobre la im-

portancia de las habilidades socio-emociona-

les en la determinación de las competencias

y logros laborales (mejor empleabilidad y ma-

yores ingresos) son contundentes, según lo

señalado por Bassi, Busso, Urzúa y Vargas

(2012), por lo cual deben ser explícitamente

incorporados en las estrategias para alcanzar

una reintegración exitosa de los desmoviliza-

dos.

De otro lado, también hay evidencias de

que la población que ha estado expuesta a am-

bientes de violencia tiende a demostrar bajos



30 31



para garantizar una verdadera desmoviliza-

ción y un proceso de reintegración social; por

lo cual se hace un análisis de las principales

normas que abordan el tema, documento este

compilado por la Presidencia de la República

(2017).

Es así que, el estado colombiano hizo su

primer ensayo en 1997 con la ley 418 de ese

año, intentando negociar con los miembros de

la Farc, pronosticando amnistías e indultos

como mecanismos para llegar a un proceso de

reinserción, lograr la reconciliación entre los

colombianos y una convivencia pacífica. Este

intento fracasó debido a la actitud negativa

de la guerrilla. Posteriormente a través de los

decretos 128 y 3360, se modifica la ley 418

de 1997; con ello se establece una reglamen-

tación en lo referente a la reincorporación a

la sociedad civil; y con la Resolución 513 de

2005, se establecieron unas condiciones para

movilizados sean más amables y risueños.

Así entonces, esta etapa de posconflic-

to se debe prefigurar como una forma de en-

cuentro, una modalidad de reacomodo de lo

establecido, de una convivencia fraterna don-

de se respeten los derechos, las garantías de

los ciudadanos, propios y residentes, donde

Colombia resurja como una nación esperan-

zada, próspera, fundamentada en acciones de

progreso, de reconstrucción de vida, que antes

fueron sumergidas en la tristeza, la negligen-

cia y el caos.

normatividad para la Paz

Resulta considerable la normatividad ex-

pedida por el estado colombiano para buscar

la paz y la reintegración de los actores a la

vida civil; sin embargo, en la realidad es po-

sible observar que han sido insuficientes los

esfuerzos legislativos, su validez y eficiencia



32 33



tribuyan de manera efectiva a la consecución

de la paz nacional. Esta ley intentaba facilitar

los procesos de paz, garantizando los derechos

de las víctimas a la verdad, la justicia y la re-

paración. Igualmente buscó regular lo con-

cerniente a la investigación, procesamiento,

sanción y beneficios judiciales de las personas

vinculadas a grupos armados organizados al

margen de la ley, como autores o partícipes

de hechos delictivos cometidos durante y con

ocasión de la pertenencia a esos grupos, que

hubieren decidido desmovilizarse y contribuir

decisivamente a la reconciliación nacional a

través de su reinserción social.

En este sentido, se buscaba la alternati-

vidad, como beneficio consistente en suspen-

der la ejecución de la pena determinada en la

respectiva sentencia, reemplazándola por una

pena alternativa que se concede por la contri-

bución del beneficiario a la consecución de la

el otorgamiento, la suspensión y pérdida de

los beneficios que otorga el programa para la

Reincorporación a la vida civil de personas y

grupos alzados en armas.

Posteriormente en el gobierno de Uribe

del año 2002, se propuso igualmente inicia-

tivas de paz, en este evento con las Autode-

fensas, adoptando la ley 418, proponiendo

similares beneficios y expidiendo un decreto

reglamentario, con el propósito de que sirviera

de herramienta para la desmovilización de los

miembros de las autodefensas y la entrega de

algunas armas, el cual no resultó tan eficiente

como se esperaba.

Estos hechos se constituyeron en una

premisa política para la promulgación de la

ley 975, también llamada Ley de justicia y paz,

por la cual se dictan disposiciones para la re-

incorporación de miembros de grupos arma-

dos organizados al margen de la ley, que con-



34 35



lía para justicia y paz, salas especiales en al-

gunos Tribunales Superiores y la Comisión de

Nacional de Reparación y reconciliación, en-

tre otros, la cual fue demandada ante la Corte

Constitucional basada en distintos argumen-

tos, entre los cuales se pueden mencionar la

violación a los derechos de las víctimas, a ob-

tener la verdad, la justicia y la reparación, con

el supuesto establecimiento de un sistema de

impunidad que premiaba a los victimarios.

Asimismo, en el 2010 con la llegada del

Presidente Santos, se intenta un nuevo proce-

so de transición y reintegración. Con relación a

los decretos dictados por el gobierno nacional,

es posible mencionar el decreto 3445 de 2010,

por medio del cual se creó el Departamento

Administrativo de la Presidencia de la Repú-

blica, la Alta Consejería Presidencial para la

Reintegración Social y Económica de Personas

y Grupos Alzados en Armas, el cual tenía como

paz nacional, la colaboración con la justicia, la

reparación a las víctimas y su adecuada reso-

cialización.

Esta ley implementó el proceso de paz

trazado en la ley 418 de 1997, incorporando

instrumentos antes no señalados de justicia

transicional y restaurativa, tendientes a ga-

rantizar condiciones necesarias para cumplir

con los cometidos de justicia, verdad, repara-

ción y reconciliación, como estándares univer-

sales, e igualmente definió sus componentes

esenciales para facilitar el proceso de paz y la

reincorporación individual o colectiva a la vida

civil de los grupos al margen de la ley.

Asimismo, se constituyó esta ley en he-

rramienta importante en el proceso de transi-

ción, la cual resultó muy compleja, al estable-

cer un proceso de judicialización para ciertos

paramilitares o miembros de las autodefen-

sas, creando unidades especiales de la Fisca-



36 37



Además, se dispuso gestionar y articular

las iniciativas de las entidades territoriales y

sus autoridades locales para el desarrollo de

la política y planes de reintegración social y

económica de personas o grupos armados or-

ganizados al margen de la ley, que se des mo-

vilicen voluntariamente de manera individual

o colectiva, fomentar la participación de repre-

sentantes de los diversos sectores de la socie-

dad civil, en las gestiones que puedan contri-

buir al desarrollo y consolidación de la política

de reintegración.

De igual forma, se expiden nuevas nor-

mas de carácter constitucional, como el Acto

Legislativo 01 de 2012, por medio del cual se

establecen instrumentos jurídicos de justicia

transicional en el marco del artículo 22 de la

Constitución Política de Colombia (1991). Esta

reforma constitucional establece instrumen-

tos jurídicos de justicia transicional, cuya fi-

función entre otras, asesorar al Presidente de

la República y ser el vocero del Gobierno Na-

cional respecto al desarrollo de la política de

reintegración a la vida civil de personas y/o

grupos armados organizados al margen de la

ley, que se desmovilizaran voluntariamente de

manera individual o colectiva.

Igualmente, en este mismo decreto 3445,

se dispuso diseñar, ejecutar y evaluar la po-

lítica de Estado dirigida a la reintegración

social y económica de las personas o grupos

armados al margen de la ley, que se desmo-

vilicen voluntariamente de manera individual

o colectiva, acompañar y asesorar al Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (2014b) en

la definición de políticas y estrategias relacio-

nadas con la prevención del reclutamiento, la

desvinculación y reintegración de los meno-

res de edad a grupos armados organizados al

margen de la ley.



38 39



En este mismo sentido, señala Chaparro

(2013) que este Acto Legislativo 01 (2012), ge-

nera un riesgo, ya que el articulado no ofrece

ningún criterio que sirva al Congreso para de-

limitar mediante ley Estatutaria cómo se va

hacer la priorización y selección de las con-

ductas que van a investigarse. Igualmente ex-

presa la autora que la utilización de la justi-

cia transicional en aras de facilitar el conflicto

puede generar que se acuda permanentemen-

te a la “justificación de la flexibilidad de la ley,

frente a delitos atroces en el país” (p.133).

En lo referente a la ley 1592 de 2012,

se introducen modificaciones a la Ley 975 de

2005, y se dictan disposiciones para la rein-

corporación de miembros de grupos armados

organizados al margen de la ley, que contribu-

yan de manera efectiva a la consecución de la

paz nacional y se dictan otras disposiciones

para acuerdos humanitarios, con la cual bus-

nalidad prevalente es facilitar la terminación

del conflicto armado interno y el logro de la

paz estable y duradera, con garantías de no

repetición y de seguridad para todos los co-

lombianos; y garantizan en el mayor nivel po-

sible, los derechos de las víctimas a la verdad,

la justicia y la reparación.

Esta norma no es el primer instrumen-

to de justicia transicional por que como se ha

visto ya se ha intentado anteriormente, pero

si es la primera reforma constitucional con

miras a este objetivo, por lo que constituye

un instrumento de carácter constitucional en

favor de la justicia transicional y el poscon-

flicto. Este Acto Legislativo señala igualmente

que mediante una ley estatutaria se estable-

cerán instrumentos de justicia transicional de

carácter judicial o extrajudicial que permitan

garantizar los deberes estatales de investiga-

ción y sanción.



40 41



En este mismo sentido, dispuso dicha ley

que la Agencia Colombiana para la Reintegra-

ción de Personas y Grupos Alzados en armas,

debe diseñar e implementar en el marco de

la política nacional de reintegración social y

económica de personas y grupos alzados en

armas, un proceso de reintegración particular

y diferenciado para los desmovilizados postu-

lados a la ley que sean dejados en libertad, el

cual tendrá como objetivo la contribución de

estos postulados a la reconciliación nacional.

Asimismo, se crea el Acto Legislativo 01

de 2016, por medio del cual se establecieron

igualmente instrumentos jurídicos para facili-

tar y asegurar la implementación y el desarro-

llo normativo del acuerdo final para la termi-

nación del conflicto y la construcción de una

paz estable y duradera. Con el Acto Legislativo

01 de 2016, se establecieron instrumentos ju-

rídicos para facilitar y asegurar la implemen-

có regular lo concerniente a la investigación,

procesamiento, sanción y beneficios judiciales

de las personas vinculadas a grupos armadas

organizados al margen de la ley, como auto-

res o partícipes de hechos delictivos cometidos

durante y con ocasión de la pertenencia a esos

grupos, que hubieren decidido desmovilizarse

y contribuir decisivamente a la reconciliación

nacional, aplicando criterios de priorización

en la investigación y el juzgamiento de esas

conductas.

Otro aspecto importante de esta ley fue

la autorización que se le otorgó al Gobierno

Nacional para velar por la resocialización de

los postulados mientras permanezcan pri-

vados de la libertad, y para la reintegración

de aquellos que sean dejados en libertad par

cumplimiento de la pena alternativa privativa

de la libertad o par efecto de sustitución de la

medida de aseguramiento.



42 43



tales, distritales y municipales tendrán la fa-

cultad de hacer ajustes a sus planes de de-

sarrollo para adecuarlos al Plan Nacional de

Inversiones durante los 6 meses siguientes a

la adopción del mismo.

Dentro de estos instrumentos jurídicos

establecidos por dicho Acto legislativo se pue-

de mencionar el “fast track” o vía rápida, cuyo

mecanismo consiste en la reducción del nú-

mero de debates en el Congreso para la apro-

bación de leyes y reformas constitucionales

necesarias para garantizar los acuerdos de

paz firmado por el gobierno con la Farc.

En cuando a las facultades conferidas al

Gobierno Nacional para expedir Decretos con

Fuerza de ley, hasta la fecha ha expedido más

de 30 decretos dentro de los cuales es posible

referir algunos expedidos en los años 2016 y

2017, donde se cree hubo una masiva expe-

dición de Decretos, a saber: Decreto 902 “Por

tación y el desarrollo normativo del acuerdo

final para la terminación del conflicto y la

construcción de una paz estable y duradera,

mediante disposiciones transitorias referente

a al procedimiento legislativo especial para la

paz, así mismo se dieron facultades al Presi-

dente de la República para expedir decretos

con fuerza de ley, con el objeto de facilitar y

asegurar la implementación y desarrollo nor-

mativo del acuerdo final para la terminación

del Conflicto y la Construcción de la paz.

En este mismo sentido, en lo referente al

Plan de Inversiones para la paz durante los

próximos 20 años, se autorizó al Gobierno na-

cional incluir un componente específico para

la paz priorizando los ciudadanos y las enti-

dades territoriales más afectadas por la pobre-

za rural, las economías ilegales, la debilidad

institucional y el conflicto armado, se dispuso

igualmente que las autoridades departamen-



44 45



FARC-EP conforme al Acuerdo Final, suscrito

entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el

24 de noviembre de 2016”; el Decreto 898, por

el cual se crea al interior de la Fiscalía General

de la Nación la Unidad Especial de Investiga-

ción para el desmantelamiento de las organi-

zaciones y conductas criminales responsables

de homicidios y masacres, que atentan contra

defensores/as de derechos humanos, movi-

mientos sociales o movimientos políticos o que

amenacen o atenten contra las personas que

participen en la implementación de los acuer-

dos y la construcción de la paz, incluyendo las

organizaciones criminales que hayan sido de-

nominadas como sucesoras del paramilitaris-

mo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo

dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final

para la terminación del conflicto y la construc-

ción de una paz estable y duradera.

el cual se adoptan medidas para facilitar la

implementación de la Reforma Rural Integral

contemplada en el Acuerdo Final en materia

de tierras, específicamente el procedimiento

para el acceso y formalización y el Fondo de

Tierras”

Asimismo, el Decreto 900, “por el cual se

adiciona el artículo 8 de la Ley 418 de 1997,

a su vez modificado por el artículo 1 de la Ley

1779 de 2016 y se dictan otras disposiciones”,

el cual hace referencia a las Zonas Veredales

Transitorias de Normalización (ZVTN) y los

Puntos Transitorios de Normalización (PTN),

como Zonas de Ubicación Temporal, según lo

acordado en el Acuerdo Final de Paz suscrito

entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP.

Por su parte, se crea el Decreto 899, “por

el cual se establecen medidas e instrumentos

para la reincorporación económica y social co-

lectiva e individual de los integrantes de las



46 47



reactivar los procesos judiciales, destrabar

la agenda con los grupos al margen de la ley,

y asegurar los derechos de las víctimas; sin

embargo, a pesar de algunos avances, no se

vislumbra una verdadera lucha contra la im-

punidad, pues parece que se prefieren más

las cifras y el protagonismo, que un verdadero

proceso de reintegración.

eficacia del marcO JurÍdicO Para la reinserción sOcial en tiemPOs de POscOnflictO

Si bien los entes legislativos han realiza-

do un esfuerzo por producir una regulación

al marco de paz en tiempos de posconflicto,

los resultados no han sido eficaces. En este

sentido, se observa que, expresa Toro (2014),

sobre los procesos de Justicia y Paz, que la

Ley 418 de 1997, concebida como uno de los

instrumentos legales producidos para la bús-

queda de la convivencia, la eficacia de la jus-

Por otra parte, se crea el Decreto 897 “por

el cual se modifica la estructura de la Agencia

Colombiana para la Reintegración de Personas

y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras

disposiciones”, allí se cambió el nombre a di-

cha entidad por el de “Agencia para la Rein-

corporación y la Normalización, ARN”, se creó

el Programa de Reincorporación Económica y

Social para los integrantes de las FARC-EP ; el

Decreto 896 “por el cual se crea el Programa

Nacional Integral de Sustitución de cultivos de

uso ilícito -PNIS”, a cargo de la Dirección para

la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la

Alta Consejería Presidencial para el Postcon-

flicto del Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República, entre otros.

Además, se crea el Acto Legislativo 01

de 2017, además de los muchos decretos con

fuerza de ley descritos y autorizados por di-

chos actos legislativos, buscando con ellos



48 49



eficacia aspirada, siendo modificada en as-

pectos sustanciales y adjetivos, por un cuerpo

normativo un poco más elaborado. Así se creó

la Ley 782 de diciembre 23 de 2002, que im-

plementó el mecanismo del indulto por delitos

políticos y conexos, y ubicó de manera tempo-

ral a voceros o miembros de los grupos arma-

dos ilegales, en precisas y determinadas zona

del territorio nacional o internacional, siempre

que fuese conveniente. Además, el gobierno

nacional podría conceder, como una suerte de

reintegración social, en cada caso particular,

el beneficio de indulto a los nacionales que

hubieren sido condenados mediante sentencia

ejecutoriada, siempre que hayan sido delitos

políticos.

En cuanto a la ley 1421 de 2010, por

medio de la cual se prorroga la vigencia de la

Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por

las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, trajo

ticia, para edificar instrumentos y asegurar la

vigencia del Estado Social y Democrático de

Derecho, garantizar la plenitud de los dere-

chos y libertades fundamentales, entre otras

novedades, por el contrario, permitió que el

mismo Estado, más por acción que por omi-

sión, produjese el exterminio a balazos de los

líderes y militantes de movimientos políticos,

que se creara un absurdo monopolio de la di-

rección de todo proceso de paz, como si ella no

fuera patrimonio, derecho y deber de todos; en

este sentido, ni por asomo, logró convertirse

efectivamente en un instrumento para la bús-

queda de la convivencia. Señala que, en gene-

ral, la Ley de justicia y paz, fue un rotundo y

estruendoso fracaso

Por otro lado, la ley 548 de 1999 creada

para darle al Ministerio del Interior la posibi-

lidad de delegar la administración del fondo

para la seguridad y convivencia, no tuvo la



50 51



transicional.

En esta se indica, en relación con la con-

ducta de los desmovilizados de los grupos ar-

mados organizados al margen de la ley, que

aquellos que hubieran incurrido únicamente

en los delitos de concierto para delinquir sim-

ple o agravado, utilización ilegal de uniformes

e insignias, utilización ilícita de equipos trans-

misores o receptores, y porte ilegal de armas

de fuego o municiones de uso privativo de las

Fuerzas Armados o de defensa personal, como

consecuencia de su pertenencia a dichos gru-

pos, así como también, promover la reintegra-

ción de los mismos a la sociedad.

Esta ley 1424 (2010), dispuso además

que la autoridad judicial competente decidirá,

de conformidad con los requisitos establecidos

en la misma, a petición del Gobierno Nacional,

a través de la Alta Consejería para la Reinte-

gración, la cual fue creada en septiembre de

consigo algo novedoso, consistente en que los

departamentos y municipios podrían aportar

recursos propios o recibir donaciones de par-

ticulares destinadas a propiciar y garantizar la

seguridad y la convivencia ciudadana, cuan-

do así se haya previsto en el presupuesto del

departamento o municipio. Del mismo modo,

podrán imponer tasas o sobretasas especiales

destinadas a financiar los fondos-cuenta terri-

toriales de seguridad para fomentar la seguri-

dad ciudadana.

Por otra parte, con la ley 1424 de diciem-

bre 29 de 2010, se dictan disposiciones de

justicia transicional que garanticen verdad,

justicia y reparación a las víctimas de desmo-

vilizados de grupos al margen de la ley, y se

conceden beneficios jurídicos, con el ánimo

de contribuir al logro de la paz perdurable, la

satisfacción de las garantías de verdad, justi-

cia y reparación, dentro del marco de justicia



52 53



Asimismo, si bien en la Alta Consejería

para la Reintegración Social y Económica,

creada mediante Decreto 3043 de 2006, lla-

mada después Agencia Colombiana para la

Reintegración, creada mediante Decreto 4138

de 2011, se generaron como organismos en-

cargados de coordinar, asesorar y ejecutar la

Política de Reintegración Social y Económica,

sin embargo, en criterio de Roncancio (2012),

desde su diseño surgieron brechas de perso-

nas de los grupos armados ilegales que rein-

cidieron, conformando grupos emergentes, lo

que ha afectado la credibilidad en los procesos

de paz y fragmentado los procesos de partici-

pantes que se estaban reintegrando.

Este Decreto importante que apuntó a la

reintegración social en el posconflicto fue el

1391 de 2011, estaba encaminado a estable-

cer los beneficios de contenido económico de

los programas del proceso de reintegración a

2006, con el fin de transformar el programa de

reinserción, o quien haga sus veces, la sus-

pensión condicional de la ejecución de la pena

por un período equivalente a la mitad de la

condena establecida en la Sentencia, una vez

se verifique el cumplimiento de algunos requi-

sitos.

Para González (s/f), mencionado por

Chaparro (2013), la mencionada ley 1424 de

2010, era una salida para alrededor de 30.000

paramilitares que quedaron en el limbo jurídi-

co después de la declaratoria de inconstitucio-

nalidad del Artículo 71 de la ley 975 de 2005;

no hay ninguna herramienta que permita de-

fender los derechos de las victimas del para-

militarismo ante la aplicación de un indulto

condicionado al relato irreal que significaría la

verdad contada por los victimarios en aplica-

ción de esa ley.



54 55



tímulo económico para planes de negocio o

capital semilla, consistente en un desembol-

so que otorga la Alta Consejería Presidencial

para la Reintegración Social y Económica de

Personas y Grupos Alzados en Armas, a la

persona en proceso de reintegración para la

financiación de un plan de negocio que facilite

su reintegración económica. Se establecieron

igualmente unos apoyos especiales a personas

en proceso de reintegración como la póliza de

Seguro de vida, apoyo económico para tras-

lado por nivel de riesgo extraordinario, con el

objeto de cubrir sus gastos de traslado, dentro

del territorio nacional.

En este orden de ideas, se puede agregar

el decreto 4138 de 2011, por el cual se crea

la Agencia Colombiana para la Reintegración

de Personas y Grupos Alzados en Armas y se

establece su estructura cuyo objetivo primor-

dial era gestionar, implementar, coordinar y

la sociedad civil dirigida a la población desmo-

vilizada en el marco de la Política de Reintegra-

ción a la Vida Civil, y los servicios asociados

a los programas, entre los que podemos men-

cionar el de reintegración que se otorga a las

personas en proceso de reintegración, previa

disponibilidad presupuestal y sujeto al cum-

plimiento de su ruta de reintegración, el de

beneficio de Inserción Económica, el cual te-

nía como objetivo facilitar a la persona en pro-

ceso de reintegración, el acceso a una fuente

de generación de ingresos.

También se debe mencionar el estímu-

lo económico a la empleabilidad, el cual es

un incentivo a la permanencia de la persona

en proceso de reintegración en una actividad

productiva, autogestionada o gestionada por

la Alta Consejería Presidencial para la Rein-

tegración Social y Económica de Personas y

Grupos Alzados en Armas, asimismo el es-



56 57



ción de instrumentos de justicia transicional a

grupos armados al margen de la ley que hayan

participado en las hostilidades, esta se limita-

rá a quienes se desmovilicen colectivamente

en el marco de un acuerdo de paz o a quienes

se desmovilicen de manera individual de con-

formidad con los procedimientos establecidos

y con la autorización del Gobierno Nacional.

Expresa el mencionado autor que si se

hace una interpretación literal de dicho párra-

fo se puede concluir que este no tiene efec-

tos retroactivos, ya que establece que dichos

instrumentos regirán en el futuro y que se li-

mitará a quienes se desmovilicen en el marco

de un acuerdo de paz, así entonces las expec-

tativas de justicia transicional de ser un ins-

trumento facilitador para la terminación del

conflicto, no parece ser una garantía para los

vinculados a anteriores procesos de justicia

transicional y podrá trasgredir el principio de

evaluar, de forma articulada con las instan-

cias competentes, los planes, programas y

proyectos de la Política de Reintegración, con

el fin de propender por la paz, la seguridad, la

convivencia, implementando, diseñando, eje-

cutando, evaluando en el marco de la políti-

ca de desarme, desmovilización, reintegración

los beneficios sociales, económicos, jurídicos

otorgados a la población desmovilizada de los

grupos armados al margen de la ley, asimismo

diseñando, ejecutando y evaluando el proceso

de reintegración conforme a los beneficios que

se hubiesen pactado en mesas de negociación

de procesos de paz o que para el efecto esta-

bleciera el Gobierno Nacional, entre otros.

Cabe resaltar que la reforma constitucio-

nal del Acto Legislativo de 2012, a la luz de

Rodríguez (2014), también tiene sus defectos,

ya que en dicho Acto Legislativo en el parágrafo

primero, señala que en los casos de la aplica-



58 59



décadas se han observado algunos procesos

de reinserción, amnistía e indulto con el M19

y algunos frentes del EPL, no se contempla el

concepto de reintegración que se tiene hoy; la

reinserción está enfocada en ofrecimiento de

subsidios más no en una integración de todos

los niveles sociales, económicos y políticos de

los excombatientes.

reflexiOnes finales

Las políticas de Reintegración social en

la etapa de posconflicto en Colombia han con-

cebido una serie de basamentos legales a lo

largo del tiempo, pero no ha logrado generar la

eficacia consistente en un marco jurídico para

la paz. Ello, posiblemente, por falta de cultura

de los actores involucrados en la materia; por

ausencia de sentimientos afectos al cambio;

por falta de credibilidad en los entes intervi-

nientes; por ausencia de lealtad a un país que,

favorabilidad. Considera que debe aplicarse el

principio de favorabilidad para dar solución a

la inseguridad jurídica a los postulados de la

ley 975 de 2005 que no fueron priorizados, por

lo que la ley estatutaria que desarrolle el mar-

co jurídico para la paz puede dar respuesta al

vacío que se genera con la medida de selección

y priorización.

Sobre el particular, señala Mejía (2014),

que cuando los beneficios ofrecidos por los

programas de Desarme, Desmovilización y Re-

integración, son insuficientes o incoherentes

con las necesidades de excombatientes, estos

más allá de la recriminación llegan en algunos

casos extremos a elegir nuevamente el cami-

no de la ilegalidad, bien sea regresando a las

estructuras de sus exgrupos o involucrándose

en otras modalidades de criminalidad.

A la vez, se considera, tal como lo refiere

Gutiérrez (2016) que, si bien en las últimas

60



tado y los aspirantes a la reintegración social;

fuerzas vivas que incluyen personeros del go-

bierno nacional, departamental y local, sujetos

adscritos a entidades públicas y privadas con

o sin fines de lucro, miembros de organizacio-

nes no gubernamentales, socios o afiliados a

asociaciones, corporaciones, fundaciones, que

puedan colaborar en la gestión integral que

debe deducirse para reincorporar al mundo ci-

vil a los aspirantes a ello.

Con base en lo expresado, se requiere

convertir a las normas, de letra muerta en po-

líticas de acción válidas, eficaces, que fomen-

ten el resultado positivo en los sujetos involu-

crados. En este sentido, se debe propiciar una

gestión para el acceso al trabajo digno, ren-

table, que sume calidad de vida a los actores

comprometidos en esta ardua tarea, generan-

do grados de empleabilidad suficientes para

todos, proporcionar programas de gestión de

pese a tantos descalabros políticos, jurídicos,

sociales, pese al dolor sobrevenido ante tantas

prácticas ilegales e inconvenientes, ha logrado

sobrevivir.

De allí que, analizados como fueron los

conceptos seleccionados para este estudio,

examinadas las disposiciones legales forjadas

en tal sentido, toca en la actualidad producir

un proceso de reflexión acerca de lo realmente

necesario para accionar, de manera eficiente,

con miras al logro de los resultados aspirados,

la ruta de reintegración actual de la Alta Con-

sejería para la Reintegración social y econó-

mica de personas y grupos alzados en armas

(ACR).

En tal sentido, los fines provocados hacia

la reinserción social en tiempos de posconflic-

to deben darse desde la perspectiva laboral,

educativa, cultural, familiar, psico-social en

general, por parte de las fuerzas vivas del es-



62 63



y psicomotor, pudiendo con ello revertir las

condiciones en las cuales se encuentran los

actores y propiciar el éxito en las tácticas im-

plementadas.

Sobre el particular, pueden referirse ac-

ciones para los desmovilizados tales como:

ofrecimiento y generación de trabajos decen-

tes que produzcan de ingresos suficientes y

sostenibles en el tiempo, vinculados a empleos

estables en el sector formal de la economía;

trabajos en la producción del campo, y de la

agricultura familiar; debiendo reintegrarse a

la vida civil en zonas urbanas, todo apegado al

Plan de Desarrollo de la Nación y a los planes

operativos de las entidades territoriales depar-

tamentales y locales. .

Además, programas educativos y de for-

mación para el trabajo; programas de alfabe-

tización; planes de educación superior ajus-

tados a las características etarias, de género,

empleo para que los desmovilizados en la ruta

de reintegración puedan acceder a empleo for-

mal y estímulos económicos para desarrollar

planes de negocios en emprendimientos.

Asimismo, se debe dar la posibilidad de

acceder a la educación primaria, secundaria

y media; gestionar estímulos económicos en

educación superior y formación para el tra-

bajo. También debe incluirse dentro de su

ruta de reintegración la asistencia psicosocial

para el desarrollo de competencias psicosocia-

les, ciudadanas y psicolaborales (habilidades

blandas).

Sobre tales estrategias de reintegración

social se plantea un reto, dada la condición de

caos en la cual se desenvolvieron los tiempos

anteriores; por lo cual se requieren criterios

de integralidad, de gestión efectiva en las la-

bores, medidas, políticas, acciones a ejecutar,

desde el punto de vista cognitivo, actitudinal



64 65



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familiares, de acuerdo a las potencialidades,

debidamente diagnosticadas, de los desmo-

vilizados; programas para jóvenes, debiendo

darse en todo caso un monitoreo continuo y el

acompañamiento necesario a los procesos de

formación convenidos para ellos.

Cabe finalizar afirmando que una paz du-

radera resulta utópica si no se profundiza en

los procesos que lleven a reincorporar a los

protagonistas del conflicto a la vida civil; ello,

porque se debe generar una cultura propicia a

la comunicación, al diálogo, a compartir expe-

riencias, vivencias, forjadoras de buenas cos-

tumbres, valores humanos, buenas prácticas,

en el entendido que se vive mejor sobre la base

de contenidos colectivos, sociales, en pro de la

mejora de todos.



66 67



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68



Capítulo II

Migración y Resiliencia

como mecanismo de reconstrucción social

ledis esther campos [email protected]

Docente de la Universidad de la GuajiraInvestigador de la Seccional Guajira - RINDEFIL

Victor José iguará[email protected]

Docente de la Universidad de la GuajiraInvestigador de la Seccional Guajira - RINDEFIL

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71

intrOducción

El sistema de cooperación internacional

de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), ha permitido comprender que en cuan-

to a la globalización todo parece estar interco-

nectado, que fenómenos como las migraciones

nos afectan a todos de una u otra manera, y

que los gobiernos en su totalidad son respon-

sables de la seguridad de las personas y del

planeta. Desde ese organismo multilateral, se

desprende una explicación negociadora sobre

la forma como el proceso globalizador ha favo-

recido al movimiento de capitales, de bienes y

cooperativas de servicios, mientras ha puesto

trabas a los derechos humanos de los flujos de

personas, principalmente a los trabajadores

pobres y de escasa formación; el mundo apun-

ta hacia el desarrollo bajo el signo del poder de

la globalización subordinando a las personas.



72 73



dos a los Estados ineficientes que impiden el

desarrollo personal pleno de los seres huma-

nos y de sus núcleos familiares. En pocas

palabras, se trata de discernir en un artículo

las vicisitudes de los migrantes, quienes en su

generalidad más amplia son el resultado de la

exclusión socio-económica, de la violencia, de

la guerra, entre otros factores; entendiendo a

los migrantes como causa y consecuencia de

políticas herradas, excluidos que buscan en

una nueva frontera el participar del bienestar

socio-económico, que sólo en apariencia lucen

algunos países.

Al parecer, se le están poniendo puertas

al mundo, también muros físicos que en otrora

eran imaginarios, sólo expuestos en mapas y

cartas producidos históricamente en acuerdos

forjados a sangre y fuego. Desde allí, la mi-

gración internacional se ha vislumbrado como

un proceso que aumentará con el paso de los

Al hablar de migraciones y derechos hu-

manos en un escenario donde se persiste en el

control desmedido de los flujos migratorios a

través de la construcción de más muros, mar-

cando un proceso de desintegración de cual-

quier intención integracionista de corte huma-

nista; ha puesto de manifiesto las diferencias

entre países, sus sociedades y personas, como

nunca se había observado. En ese sentido, las

corrientes del pensamiento internacional, ha

permitido un estado de conciencia sobre las

dimensiones del problema sobre las desigual-

dades observadas en temáticas como la nece-

sidad de paridad de derechos fundamentales

entre las personas migrantes y sociedades re-

ceptoras.

En ese sentido, el fenómeno de las migra-

ciones internacionales ha significado para mi-

llones de personas una salida, una esperanza

para surgir apartando los problemas asocia-



74 75



ideas de distintos autores, centradas en cua-

tro ejes temáticos básicos: (1) migración: fenó-

meno sociopolítico de impacto económico; (2)

psicología social: cambio cultural y migración;

(3) resiliencia como mecanismo de construc-

ción social y (4) migración y resiliencia en la

sociedad receptora; todas estas premisas dis-

puestas para dibujar una aproximación a la

concepción sobre la migración como mecanis-

mo de reconstrucción social.

Sin embargo, desde las líneas de este ar-

tículo, se ha propuesto tratar de abordar algu-

nas de las aristas de la cuestión sociopolítica

así sea mencionados algunos aspectos de for-

ma breve; pero haciendo la salvedad que im-

perará en las distintas reflexiones el aspecto

de derechos humanos y economía en cuanto a

la regulación global de los extranjeros, aparte

de algunas ideas colaterales como pueden ser

la cohesión social. Claro está, sin olvidar que

años; por lo cual, se hace posible el creer que

no será posible detener a los excluidos de las

políticas económicas, cuando deseen partici-

par de las oportunidades que de forma mediá-

tica se construyen en torno a los centros de

poder mundial.

El estudiar las causas y consecuencia

de las migraciones desde un punto de vista

humanista, es sólo el principio para enume-

rar las bondades de estas y su contribución

al desarrollo social y económico. Al igual, que

desde las investigaciones se pueda corroborar

algunas de las denuncias sobre derechos hu-

manos que han estado reprimida por mucho

tiempo. En efecto, las fronteras son hoy luga-

res desde donde se puede conocer lo que está

sucediendo en el mundo, y cuáles son las ten-

dencias dignas de prestar atención.

Ahora bien, este articulo sólo pretende

el hecho de contribuir con la recopilación de



76 77



no de migrantes, pues, este describe al grupo

de personas que atraviesan una frontera, para

cambiar su lugar de residencia, aun cuando

posean una nacionalidad diferente a la del

país donde pretenden radicarse. Por su pues-

to que, estos conceptos son sólo un aporte y

no resultan definitivos ni concluyentes, por

cuanto se reconoce que existe en la actualidad

un intenso debate en los ámbitos políticos y

científicos para lograr un consenso.

En referencia, el fenómeno de las inmi-

graciones ha pasado a ocupar un lugar pre-

dominante en el ámbito internacional en los

últimos años, como secuela de un variado nú-

mero de situaciones de la geopolítica mundial,

donde los países desarrollados hacen una in-

flexión en relación con las tendencias migrato-

rias, por causa del aumento de entrada de ex-

tranjeros por las distintas fronteras. Inclusive,

países adscritos a la Unión Europea (UE), han

los contenidos deben girar en torno al análisis

de las migraciones contemporáneas, desde un

enfoque global y multidisciplinar, al tratarse

de un fenómeno en el que confluyen aspectos

de muy diversa tipología, entre los que se en-

cuentran, además: la sociología, la demogra-

fía, la historia, el derecho, entre otras áreas

del conocimiento humano.

miGración: fenómenO sOciOPOlÍticO de imPactO ecOnómicO

Es posible comenzar esta discusión apor-

tando una simple aproximación descriptiva

sobre la definición de migración, porque la

misma tiene mucho que ver con la compren-

sión de algunos tópicos asumidos desde la óp-

tica de esta investigación. En tal sentido, se

sugiere el término migración internacional, al

flujo de personas que decide movilizarse hacia

otro territorio en busca de mejores oportuni-

dades de sobrevivencia. Y en cuanto al térmi-



78 79



nacional es asociada con la necesidad de con-

cebir las fronteras como lugares más flexibles

con mayor movilidad para los migrantes; don-

de además, se respeten los derechos huma-

nos y la igualdad de derechos socio-políticos

como condición predominante sobre los con-

ceptos de nacionalidad, proponiendo políticas

internacionales de cooperación y socialización

como mecanismo de desarrollo global.

Al parecer, los análisis sobre la situación

mundial buscan justificar de alguna manera,

la adopción por parte de los países -que se di-

cen afectados- de nuevas competencias para

regular o flexibilizar de alguna manera los flu-

jos migratorios suscitados por causas como la

guerra o los desequilibrios económicos vistos

en algunas naciones, los cuales se creen son

consideradas como posibles causas. Ahora, se

evidencia que el tema de las migraciones re-

basa las discusiones sobre los procesos de in-

comenzado a preocuparse por el brusco incre-

mento en el número de inmigrantes ansiosos

por traspasar las zonas limítrofes europeas.

Estos sucesos, no son exclusivos del viejo con-

tinente, porque el mismo se está observando

en todas partes, incluyendo en América del

Norte y Sur, por sumar otras latitudes.

Según Aruj (2008), numeran la existen-

cia de dos tendencias antagónicas referentes

y que resulta la generalidad de la situación

mundial. Estas tendencias influyen sobre la

forma como las sociedades observan el fenó-

meno de las migraciones, sobre cómo valoran

sus efectos; estas propensiones las dividen de

la siguiente manera: (a) las políticas “strictu

sensu”, las cuales tiene características res-

trictivas y regulatorias sobre los flujos de mi-

gración, donde los Estados tratan de evitar el

ingreso de migrantes no deseados; (b) la de

“libre circulación”, donde la migración inter-



80 81



sos de cambios en sus fronteras hasta el pun-

to de observar el levantamiento inconsulto de

sendos muros, para repeler a los extranjeros

no deseados, los cuales consideran un peligro

inminente, no sólo en lo económico, sino tam-

bién en los temas de seguridad nacional.

En ese sentido, la migración socialmen-

te es percibida como el desconocimiento del

otro (el extranjero), la extrañeza y la descon-

fianza, como primeros síntomas de un proble-

ma que muestra una nueva etapa dentro de

las relaciones económicas integracionista de

los países constructores de la sociedad inter-

nacional. Es decir, el problema ya no puede

abordarse de forma exclusiva desde las apre-

ciaciones económicas relativas a la migración,

porque la fenomenología de la movilización

poblacional actual ha sumado otros aspectos

incidentes en la problemática, tales como: los

étnicos y culturales, los cuales tienden a estar

tegración, porque al rigor de los nuevos acon-

tecimientos se ha provocado un cambio en las

prioridades y un giro en las agendas de los

organismos multilaterales de cooperación, los

cuales hasta este momento habían considera-

do la migración como una competencia exclu-

siva de los Estados soberanos; con la variante

diferente que actualmente el tema de los de-

rechos humanos de los migrantes ha forzado

una discusión que va mucho más allá de los

gobiernos, y de los intereses económicos y po-

líticos.

Hoy día, el fenómeno migratorio es un

asunto de vital importancia para casi todas

las naciones del mundo, porque los crecimien-

tos exponenciales de los flujos han encendido

las alarmas, convirtiéndose inclusive en un

problema global sobre derechos humanos. Por

adelantar algún ejemplo de orden sociopolíti-

co: algunos países han experimentado proce-



82 83



evidente y verificable: el impacto económico de

la migración, y ahora sumándole el tema de la

seguridad nacional, a raíz de la aparición de

células terroristas, el narcotráfico y redes de-

lictivas organizadas a gran escala en muchas

partes del mundo. En cualquier caso, la varie-

dad de efectos económicos, sociales, cultura-

les y religiosos, dan como resultado el cuestio-

namiento acerca de los aspectos que justifican

la variedad de maneras de como los países se

diferencian según la forma como reciben a los

migrantes.

Desde otro punto de vista, Inciarte y

otros (2016), aseguran que no todo es adver-

so dentro de las migraciones contemporáneas,

porque éstas pueden ejercer una influencia de

regeneradora en las sociedades haciéndolas

inclusive más eficientes en su funcionamiento

encontrado soluciones a problemas como los

alimentarios y de salud; debido a los efectos

en el fondo solapados, detrás de la raíz de un

problema social donde suelen encontrarse de

forma más visibles los factores económicos.

Como ejemplo a lo expresado, Fullaondo,

Fouassier, Martín y Fernández (2016), citando

a Ikuspegi (2014), advierten sobre el “aumento

de las percepciones dentro de la opinión públi-

ca que afirman que la población inmigrante de

origen extranjera recibe más de lo que aporta”;

esta afirmación surge desde la perspectiva de

investigaciones realizadas por el observatorio

Vasco de Inmigración, en un esfuerzo por me-

dir las actitudes hacia la inmigración en parte

de Europa.

Desde esa perspectiva, los sociedades

receptoras pueden sentirse amenazados de

múltiples formas por las migraciones, estos al

identificar su realidad (y de forma particular)

pueden numerar una diversidad de condicio-

nantes que acaban desembocando en lo más



84 85



dades; lo pueden hacer, probablemente con el

objetivo de encontrar un empleo en el mercado

laboral del país de destino, el cual resulte en

un cambio para aumentar sus posibilidades

de supervivencia, a través del alcance condi-

ciones adecuadas de vida.

Pero, desde el punto de vista geopolítico la

migración puede significar para el país de aco-

gida un hecho del cual puede beneficiarse con

la llegada de extranjeros, los cuales pueden

cubrir las deficiencias de demanda laboral de

ciertos sectores de la producción que mues-

tren debilidad, por ejemplo, por carecer de

mano de obra para la construcción de infraes-

tructura, o para el desarrollo de la agricultura.

En ese sentido, los países de una u otra forma

(hasta sin planificarlo) sacan ventaja de la mi-

gración. Aunque, algunos expertos como Bo-

nilla, Salvadora y otros (2013), aseguren sobre

la necesidad de efectuarse una gestión de los

socio-culturales de este fenómeno sobre la

población: el intercambio intercultural, y la

asimilación de las costumbres sociales de un

pueblo a otro, en definitiva, pueden destacar

algunos efectos positivos de las migraciones

sobre todo en las economías y, en consecuen-

cia sobre las agendas políticas de buena parte

del mundo que busca desarrollo.

Por lo tanto, las migraciones como fenó-

meno global, puede considerarse como una

manifestación de la conciencia humana como

resultado de su percepción sobre la realidad

que lo afecta: donde los migrantes como suje-

tos afectados por una situación especial, pue-

den valorarse y observar a la migración como

una oportunidad, puesto que el fenómeno mi-

gratorio puede tener efectos muy positivos de

forma personal para un migrante. Por dar un

ejemplo: las personas que abandonan su na-

ción de origen debido a la falta de oportuni-



86 87



el arraigo de las ideas de los efectos negativos

de las migraciones.

Para entender esto, se hace necesario dar

algunos ejemplos: las consecuencias de los

efectos psicológicos de la migración pueden

circular dentro de la sociedad receptora, a tra-

vés de la percepción colectiva sobre sentir me-

nores oportunidades de empleo para los nati-

vos, inseguridad ciudadana, pérdida de ciertos

valores culturales, temor al terrorismo, entre

otros; los cuales son canalizados en forma de

rechazo o violencia hacia los extranjeros, de-

pendiendo de cuál parte del mundo provienen.

Compartiendo el criterio de la gestión mi-

gratoria, Canals (2016), sugiere que un pun-

to altamente polémico ha resultado formular

análisis desde el impacto de la migración so-

bre la cohesión social; es decir, las políticas de

los Estados receptores de migrantes deberían

centrarse en la gestión ordenada de los flujos

flujos migratorios en concordancia a las capa-

cidades socioeconómicas y demográficas de-

terminadas por el país anfitrión. Este último

punto, ha originado un gran debate, por cuan-

to la palabra gestión implica control por parte

de los Estados, lo cual ha traído como discu-

sión algunos temas sobre derechos humanos

y discriminación étnica, tal como se observa

en las reacciones sobre el muro levantado por

Estados Unidos en su frontera con México.

Al sumar al debate el tema de los dere-

chos humanos, en un esfuerzo por proteger a

los migrantes desde los organismos multilate-

rales internacionales como las Naciones Uni-

das, se ha caracterizado este fenómeno como

un problema, porque puede provocar en algu-

nos países de acogida efectos de peligro para

los migrantes derivados por eventos de racis-

mo y xenofobia, rechazo o incluso miedo en al-

gunos sectores de la población receptora, ante



88 89



ceso; es decir, en la mayoría de los casos los

países receptores tratan de medir este fenó-

meno a través del impacto económico, a través

del cual se evalúan aspectos relacionados con

los ciclos económicos, el mercado de trabajo,

la recaudación de impuesto, entre otros indi-

cadores, dejando de lado otros análisis como

los socio-culturales, considerados hoy día

como importantes.

Por otro parte, los países generalmente

no interpretan de la misma manera el término

migraciones internacionales, el cual es un tér-

mino de uso cada vez más frecuente para eng-

lobar este fenómeno. Es decir, los países han

adoptado de forma general el realizar medicio-

nes de las migraciones a través de dos crite-

rios bien delimitados: (a) El criterio demográfi-

co, donde se impone el termino de inmigrante

a los no nacidos dentro de sus fronteras, usa-

do por países como Estados Unidos, Canadá,

migratorios, hasta el punto de lograr integrar

a los nuevos residentes de forma exitosa. De

ello, depende la cohesión social como factor

que permita construir elementos benéficos

dentro de la economía del país receptor.

En ese sentido, Canals (2016, p.35) al ci-

tar a Collier, expresa que la política migratoria

de los países debe ser de confianza y coope-

ración, porque representan dos factores ne-

cesarios dentro de las economías prósperas y

modernas. “Sin embargo, este círculo virtuoso

que se establece entre prosperidad-moderni-

dad y confianza-cooperación es frágil, pues se

cimienta en la confianza entre los individuos

de una misma sociedad”.

Pero a su vez, puede considerarse que el

determinar el impacto de las migraciones so-

bre un país especifico, no se estima de forma

inmediata como muchos creen, por el contra-

rio el evaluar los efectos implica todo un pro-



90 91



ria para comprender que, para la mayoría de

las naciones dentro de un mundo globalizado,

llegan a observas a los seres humanos como

parte de su cadena de recursos, en el cual in-

vierten en términos económicos. Mejor dicho,

cada ciudadano es valorado por su potencial

productivo, por su capacidad de consumo y

por el gasto público que implica su existencia.

Mejor dicho, los estados están dispuesto

a gastar en el desarrollo humano de los in-

migrantes, siempre y cuando éste demuestre

su lealtad al país de acogida, ajustándose al

autoconcepto de nación impuesto desde la le-

gislación del Estado receptor. En ese sentido,

los migrantes son sometidos a largos procesos

de aceptación por parte de las sociedades re-

ceptoras, siendo susceptibles a deportaciones

forzadas, sino cumplen con las expectativas

legales que avalen su permanencia y por ende

su nacionalización. Porque, se entiende del

Australia, Nueva Zelanda; (b) El criterio jurí-

dico de nacionalidad, donde normalmente se

entiende como extranjero a la persona que no

ostenta el documento sobre la nacionalidad

del país que la acoge; criterio aplicado en mu-

chas naciones de la comunidad europea.

Igualmente, es posible inferir sobre el cri-

terio de nacionalidad o ciudadanía, los cuales

son menos precisos desde la perspectiva del

análisis estadístico, por considerarse que los

mismos inoculan sesgo en la medición, contri-

buyendo a la baja en la cuantificación del fe-

nómeno, por cuanto se excluye de la medición

estadística demográficas y económicas a los

migrantes que han obtenido la nacionalidad

del país receptor.

Algunos entendidos, pueden preguntarse

porque se hace referencia a algunos criterios

usados en el análisis estadístico; la respues-

ta es simple, porque resultan la base necesa-



92 93



amplio que el de “país de nacionalidad”, con-

siderando que este último (sí se acepta) pue-

de resolver parte de la diatriba, por cuanto se

puede aplicar también a personas que no son

nacionales en el país receptor; para ello dan

como ejemplo: el caso de los apátridas y de los

no nacionales que son residentes de larga du-

ración, pero que no cuentan con documentos

de nacionalización.

Los efectos económicos y sociales de la in-

migración en un país anfitrión son múltiples, y

el indagar en cada una de las dimensiones de

este fenómeno resultaría algo extremadamen-

te complicado. En ese sentido, según Canals

(2016), el análisis de las migraciones puede

centrarse en los aspectos de mayor importan-

cia: en un primer lugar, observar los efectos

sobre el mercado laboral; y en un segundo tér-

mino, el evaluar el impacto de las migraciones

sobre otras dos dimensiones como el uso de

problema que los Estados no están dispues-

tos a resolver económicamente los problemas

de las poblaciones de las naciones que desde

donde se han originado la movilidad de seres

humanos.

En ese contexto, se evidencia que el fenó-

meno contiene un peso significativo en cuanto

a lo económico, hasta tal punto, que ha mo-

tivado en muchos países a construir muros,

creyendo que de esa manera minimizaran el

impacto del fenómeno migratorio; inclusive

para ello utilizan otras escusas que le permita

mantener su credibilidad dentro de la comu-

nidad internacional, sobre las medidas extre-

mas asumidas.

Al respecto, la Unión Interparlamentaria,

OIT y ONU (2015), hacen un seguimiento al

problema planteado y formulan una declara-

ción sobre la “libre circulación”, aclarando que

el término “su propio país” es un concepto más



94 95



tos, los cuales representan de alguna forma

la economía espacial en la que se basa la idea

desarrollista de las regiones que motivan el

desplazamiento de los migrantes.

En ese sentido, algunas teorías surgidas

desde la economía laboral y el desarrollo de

redes migratorias han mostrado avances, se-

gún el criterio de Arroyo y Rodríguez (2008),

al destacar como importante el hecho sobre

cómo se utilizan actualmente variables para

explicar la toma de decisión de una persona

para emigrar, la cual puede estar apalanca-

da en hipótesis sobre el comportamiento in-

dividual de los migrantes; pues, el avance se

nota a través de la incorporación del concepto

unidad familiar, considerado ahora como el

centro productivo de toma de decisiones, de

consumo, obtención o generación de ingresos.

Desde esa visión, de Arroyo y Rodríguez

(2008), un tanto centrada en la individualidad

los recursos públicos y la cohesión social.

Retrocediendo un poco, y a manera de

avalar todo lo dicho hasta ahora en este es-

tudio, se recurre a Arriola; Gómez y Xabier

(2008), quienes aportan una explicación sobre

el origen de la migración internacional, el cual

creen está directamente vinculado a la for-

mación de los estados nación y el desarrollo

del capitalismo; este último estimula las mi-

graciones poblacionales desde sus crecientes

requerimientos de fuerza de trabajo y desde

su sistema específico de organización del mer-

cado laboral.

Por su parte, Arroyo y Rodríguez (2008),

suponen que el fenómeno de la migración pue-

de ser estudiado desde la teoría de la localiza-

ción de centros de población, es decir, obser-

vando todo lo que se encuentre dentro de los

asentamientos humanos, tal como negocios,

hogares, poder, cultura, entre otros elemen-



96 97



nómicas y microeconómicas con la finalidad

de resolver los males que originan problemas

como las migraciones, sugieren una revisión

de las formulas aplicadas para el crecimien-

to económico, basada en el desarrollo de la

infraestructura y el cambio estructural de la

matriz productiva de los países en vías de de-

sarrollo, con la finalidad de brindar oportuni-

dades a las poblaciones, y por ende evitar la

fuga de su fuerza laboral.

Es en este contexto, Bonilla, Salvadora y

otros (2013), citando a Ocampo, proponen a la

comunidad internacional que sean los inter-

cambios dentro de las actividades educativas,

cultura y ciencia y tecnología, el eje central de

la cooperación entre países. Y para ello, supo-

nen como apoyo a esa propuesta, “la perspec-

tiva del aumento de la movilidad internacional

de académicos, científicos, expertos y trabaja-

dores en general”, como apoyo a la libre circu-

humana, surgiría la posibilidad de verificar

como válida la suma de las decisiones de todos

los migrantes, con la finalidad de emparen-

tarlas en un esfuerzo estadístico que permita

observar las causas que expliquen los “facto-

res macros” de este fenómeno. En especial,

si esos motivos son orientados desde el ám-

bito económico como determinante dentro del

contexto “atracción y expulsión” de un grado

importante de población sujeta a movilización

transfronteriza. Desde allí, se puede entender

que las grandes migraciones pueden ser pro-

ducto de “un flujo inducido por cambios en

los patrones de desarrollo socioeconómico” en

algunas poblaciones, las cuales han sido in-

fluenciadas desde el exterior.

Desde otra visión, Bonilla, Salvadora y

otros (2013), disertan sobre los temas de desa-

rrollo regional de los países latinoamericanos,

en su análisis sobre las medidas macroeco-



98 99



humanos; es la manera de unir esfuerzos para

construir mejores economías para los países

en general.

Pero en las fronteras se vive otra realidad,

según Inciarte (2016), el choque de intereses

observado evidencia un conflicto (en términos

de cooperación económica entre Estados) en

las áreas como la laboral, seguridad e higiene,

incluso en materia de desarrollo social don-

de la migración es parte preponderante dentro

de la discusión de los países de la comunidad

internacional que busca reforzar nexos de in-

tegración; los lazos se rompen por considerar-

se que las normativas de algunos países que

buscan mayor desarrollo no cubren con las

expectativas de los países dominantes en el

mercado internacional.

Mejor explicado, la existencia de los con-

flictos de intereses políticos y económicos en-

tre naciones tiene como efecto el servir de ex-

lación de personas en el espacio internacional,

para contribuir al crecimiento de las econo-

mías de los países que tengan idiomas comu-

nes o próximos.

A raíz de esa propuesta, Bonilla, Salva-

dora y otros (2013), están seguros sobre que

se debe “hacer circular el capital humano”,

porque la libre circulación ayuda a compar-

tir el conocimiento y a la formación de redes

de cooperación de forma menos estructura-

da. Resaltando que, la presencia extranjera

ha sido muy exitosa en países como España y

en América Latina de modo general; hasta el

punto de considerar la circulación del capital

humano como factor positivo. Aseguran que,

los gobiernos tienen la oportunidad de abrir

las fronteras no solamente para el capital, sino

también para los migrantes, porque siempre

habrá ventajas desde el punto de vista eco-

nómico y además es un principio de derechos



100 101



ese fenómeno trae consigo todo un decálogo

de hechos complejos que transmutan en pro-

cesos de “aculturación”, la cual definen como

“desarrollo de la cultura” del país receptor.

En ese sentido, explican que esto sucede por

cuanto se evidencie un “biculturalismo”, o el

contrario, el propio rechazo de la sapiencia

folclórica del migrante, desde donde surge la

imagen negativa preconcebida de la cultura

insertada desde el extranjero.

De tal manera, la cultura se percibe como

un factor para nada estático, cuya caracterís-

tica principal es generar un sistema social di-

námico, donde una población receptora tiene

la capacidad de recoger nuevos valores cultu-

rales; al tiempo que logra, a través de su con-

cepto de nacionalidad, el desarrollar una iden-

tidad propia que no es del país emisor, sino

que es el resultado de un proceso de creación

de una identidad única en el mundo. Es de-

cusa para detener con ello el flujo migratorio,

lo cual representa de facto en una negativa a

la transformación de las potencias para con-

vertirse en entidades más competitivas juntos

con los demás países que conformen un plan

de cooperación e integración. En esos aportes

de Inciarte y otros (2016), se explica de forma

general los procesos de anti-integracionistas

de algunas economías como las observadas

por la Unión Europea y Gran Bretaña (Brexit),

y en las cuales se predice que en el futuro ha-

brá una tendencia mundial al levantamiento

de más muros fronterizos, en detrimento de la

propuesta de la libre circulación.

PsicOlOGÍa sOcial: cambiO cultural y miGración

Para Martínez de Castro (2016) en Sanz,

Valenzuela y otros (2016), los términos migra-

ción y cultura convergen para formar el eje

central de los procesos migratorios, porque



102 103



blos, rompiendo inclusive con las barreras fí-

sicas que impone la geografía del mundo.

Desde el punto de vista de la psicología

social, es posible afirmar que la evolución cul-

tural observada desde la migración como pro-

ceso, es producto del contacto benéfico de dos

o más culturas; en otras palabras, la eviden-

cia de los contactos bicultural o multicultural

producto de la migración entre países no im-

plica en ningún caso el suponer el nacimiento

de una nueva identidad nacional a pesar de

todo lo explicado; es decir, no se debe confun-

dir la ocurrencia sobre cambios en pro del de-

sarrollo cultural, con el hecho de considerar

que el contacto surgido del flujo migratorio

haga desaparecer la identidad de un pueblo

recetor por causa de la evolución cultural.

Muy por el contrario, se supone que a

nivel psicológico personas como los migran-

tes y los nacionales receptores ocurre un re-

cir, la población que habita un espacio donde

convergen dos o más culturas, es de hecho el

caldo de cultivo que recibe los elementos nece-

sarios para procrear un proceso de evolución

con considerables niveles de innovación.

Por consiguiente, la cultura de una na-

ción puede expresarse como la suma de los

acontecimientos surgidos desde el contac-

to humano entre diferentes pueblos, lo cual

da como resultado la integración de las ideas

compartidas sobre la percepción del universo,

creencias y comportamientos sociales. Es de-

cir, se reconoce que la cultura en su forma

más simple es transmitida de generación en

generación como un acto de resiliencia; pero,

ese aspecto no significa que la cultura sea un

factor social que se encuentra en constante

evolución, afecto inclusive por el surgimiento

de nuevas tecnologías de la comunicación, y

las bondades de estas de acercar a los pue-



104 105



y a manera de asumir una posición, en esta

investigación cree en la evolución de la cultura

en pro del desarrollo originada como beneficio

de los flujos migratorios, por cuanto la trans-

culturización como riesgo que alerta el reem-

plazo de una cultura débil por otra dominante,

pues, la ocurrencia de este hecho se ha expli-

cado por medio de otros procesos distintos al

de la migración, porque la transculturización

puede haber ocurrido en tiempos modernos a

través de procesos donde han intervenido (por

ejemplo) las nuevas tecnologías y los medios

de comunicación de masas; y en tiempos pa-

sados por procesos violentos como la coloniza-

ción de territorios.

Otra perspectiva, que trata de explicar

la conducta de los migrantes es la aportada

por Varese (2016) en Sanz, Valenzuela y otros

(2016), la cual se hace desde la antropología,

y explica que el movimiento demográfico ha

concomiendo entre los saberes de cada pue-

blo, el cual no implica que el migrante pierda

su identidad cultural de origen o la sociedad

receptora pierda su autoconcepto de nación.

Para dar un breve ejemplo de esta compleji-

dad, se evidencia entre los migrantes y la so-

ciedad receptora el mismo efecto donde cada

cultura asume lo mejor de la otra, en un acto

consiente donde se trata de aprender del otro:

las soluciones a los dilemas de la vida cotidia-

na, la mejora de procesos productivos, nuevas

formas de entretenimiento, entre otros.

Desde esa visión, han surgido inconta-

bles trabajos científicos que avalan el desa-

rrollo cultural de la migración, y otras tantas

versiones que tratan inclusive de explicar pro-

cesos de transculturización que denuncian la

desaparición gradual de ciertas culturas has-

ta el punto de considerarse extintas, a causa

del choque entre dos culturas. En ese sentido,



106 107



migrante se identifica con el movimiento.

Otro aporte, coincidente sobre el carác-

ter económico migratorio es el expuesto por

Campo, Iguaran y Vanegas (2016, p. 18-19),

citando a Jelin (2001), por cuanto piensan que

generalmente los factores económicos inter-

vinientes en el comportamiento de los seres

humanos como motivo para la migración, se

convierten en vehículos para propiciar el in-

tercambio cultural como un efecto colateral

del contacto entre dos culturas. En palabras

de los propios autores: “En términos socioculturales, lo ca-racterístico de las fronteras es su porosidad, profundamente marcada por el flujo migratorio, el intercam-bio cultural (a través de la música, el folclore, la gastronomía, el lenguaje) y el turismo. Como el resultado de es-tos intercambios han surgido redes de amistades, familiares y laborales transnacionales, y es precisamente de estas relaciones transnacionales de donde surgen actividades lucra-tivas”.

sido, desde que el mundo es mundo, la esen-

cia de las sociedades humanas en su afán de

conseguir recursos para su sobrevivencia; por

lo cual resulta difícil el concebir que las mi-

graciones son un fenómeno originado desde

la expansión del capitalismo, desde su era in-

dustrial.

Entonces, desde esa iniciativa es posible

presumir que las causas del comportamiento

humano que origina las migraciones pueden

fundarse desde el inicio de la historia como

un fenómeno que responde a las necesidades

económicas de las poblaciones que se sienten

vulnerables. Desde esta percepción de Vare-

se (2016) en Sanz, Valenzuela y otros (2016),

los seres humanos siempre andan en busca

de nuevos lugares para identificarse simbóli-

camente con ellos, sin que esto no signifique

que vuelvan a retornar (dentro de esa simbo-

logía) a su lugar de origen, porque también el



108 109



sentes de formas distintas en cada cultura. En

consecuencia, la formalidad del derecho inter-

nacional, y la legislación de cada país pueden

considerarse como productos culturales deri-

vados del intercambio entre dos o más nacio-

nes.

Es decir, se entiende de lo estudiado que

el derecho y la migración son en sí mismas

manifestaciones culturales, hermanadas a

través de la diplomacia contextualizadas en el

estudio de la ciencia jurídica, porque de esta

depende la defensa legal de los migrantes y de

las naciones que los reciben. En ese sentido,

el periplo migratorio ha origina una situación

de acción reacción entre culturas, para llegar

a acuerdos socio-políticos en todos los nive-

les, con el propósito de llevar acabo procesos

ordenados para la integración y la coopera-

ción, como un esfuerzo para la convivencia y

reciprocidad entre países. Mejor dicho, la le-

En ese mismo sentido, pero ahora des-

de el punto de vista jurídico: Muro (2016) en

Sanz, Nuria, Valenzuela y otros (2016), expre-

sa algunas cualidades de las migraciones: “La

migración es la que ha poblado al planeta y

lo sigue reconfigurando”, coincidiendo que la

movilidad en las personas es algo natural. Eso,

por un lado, pero por el otro difiere con sus co-

legas, asegurando que las migraciones no son

producto exclusivo de los aspectos económi-

cos, porque en ocasiones ocurren por factores

culturales, aunque reconoce que el gran peso

de los motivos recae sobre los problemas eco-

nómicos que enfrenta los migrantes.

De hecho, considera Muro (2016) en

Sanz, Nuria, Valenzuela y otros (2016), que

cualquiera fuese el motivo, en el fondo el tema

cultural cobra vital valor mediante la configu-

ración de las ideas, de la información, de las

mercancías y del conocimiento, factores pre-



110 111



migrante se haga responsable del riesgo de su

propia decisión de movilizarse.

En este caso, también es importante el

reconocer la diatriba existente sobre las ex-

presiones desarrollo cultural y cultura del de-

sarrollo; por cuanto, según su uso por parte

de los países, pues influirá sobre las formas y

maneras de concebir las políticas receptoras

de las migraciones en el mercado globalizado.

En este sentido, Hopenhayn (2016) en Sanz,

Nuria, Valenzuela y otros (2016, p.49), asegu-

ra que se ha formado entorno a estas defini-

ciones una interacción con forma de circulo

virtuoso; pero, considera que frente a la nece-

sidad de diferenciar estos dos conceptos ob-

serva una variante que los deslinda y los une

a la misma vez:

(a) Desarrollo de la Cultura: es un concep-to restringido, el cual se describe “como el conjunto de producciones específicas relativas a las artes, las artesanías, las ciencias sociales y humanas”, el cual es

galidad trata de direccionar el comportamien-

to humano, en virtud de proteger a todos los

que participan dentro de la actividad migra-

toria por igual, teniendo como norte el evitar

excesos que rayen en la violación de derechos

fundamentales de las partes intervinientes en

esta fenomenología.

Pero no todo culmina allí, porque desde

la legalidad según Hopenhayn (2016) en Sanz,

Nuria, Valenzuela y otros (2016), se puede

cuestionar a los organismos multilaterales de

introducir el tema ambiguo sobre la necesidad

actual de facilitar el flujo migratorio de forma

ordenada, segura, regular y responsable de

las personas; discurso que pretende solicitar

a los países hacerse responsables de las mi-

graciones, dejando de lado la discusión sobre

la inclusión de construir modelos tendentes

a orientar a las personas para que migre en

condiciones idóneas; o en otro caso, que el



112 113



resiliencia cOmO mecanismO de cOns-trucción sOcial

En el caso de la migración internacional,

el concepto de resiliencia tiene que ver (den-

tro de la generalidad) con la capacidad de re-

sistencia de los migrantes que se encuentra

en situaciones de vulnerabilidad, en cuanto al

tema de los derechos humanos. Puesto que, la

resiliencia es considerado por muchos autores,

como un mecanismo psicológico de defensa, el

cual puede ayudar a las personas a mantener-

se en alerta, concentrados y en pie de lucha

para hacer frente a situaciones adversas. En

ese sentido, según la visión de Hewitt, Juárez,

Parada, Guerrero, Romero, Salgado y Vargas

(2016), los migrantes con mayores niveles de

resiliencia, pues, tendrán mayor capacidad de

alcanzar sus metas y rebasar fronteras a tra-

vés de la superación de los obstáculos.

usado en momentos de planificar en los países receptores las políticas públicas para el fomento del folklore nacional.

(b) Cultura del Desarrollo: este concepto tiene una forma mucho más amplia, cuya simbología puede generalizarse en una sociedad, y se define “como un conjunto de imágenes colectivas, mapas cogniti-vos, representaciones de la realidad, ho-rizontes que dan sentido a nuestra vida”.

Por ello, expresa que no es irracional el

considerar estos términos como una oportuni-

dad de hermanarlos para definir políticas don-

de el desarrollo de la cultura da como resul-

tado benéfico el incrementar en la comunidad

internacional la cultura del desarrollo. Es de-

cir, que la cultura puede -además- contribuir

como herramienta para desarrollar (hipotéti-

camente hablando) un sistema social que sea

capaz de amortiguar los efectos globalizantes

de las migraciones, en cuanto de observa el

desarrollo a través de la cultura de una forma

mucho más amplia y precisa.



114 115



dría acompañado de una fuerte carga cultu-

ral, lo que permite amortiguar los problemas

surgidos desde la complejidad humana asu-

mida desde el autoconcepto de nacionalidad,

lo cual representa un obstáculo para el mi-

grante, quien debe amoldarse a la sociedad re-

ceptora, pese a las situaciones adversas. Para

ello, tendría el extranjero que hacer uso de su

determinación para mantenerse concentrado,

y usar la competitividad positiva para enfren-

tar retos dentro del nuevo ámbito social.

Por otra parte, una característica de la

resiliencia, según Vinaccia, Quiceno y otros

(2013), citando a Zautra, Hall y Murray (2008),

sería que la misma está presente generalmen-

te en individuos adultos, los cuales suelen

encontrarse en estado mental y físico más o

menos normales, pero que, son expuestos a

situaciones potencialmente adversas; lo que

significa, para el migrante, la posibilidad de

Desde otro punto de vista, ahora enfo-

cando el tema sobre la resiliencia como una

herramienta de construcción social, Cárdenas

y Dipp (20014), observan este concepto desde

la óptica de la psicología positiva, y explican

el termino resiliencia como un estado emocio-

nal que permite a las personas mantener una

actitud de superación personal dentro de su

trabajo, sin importar el grado de dificultad que

este represente.

Como se ha referido en este mismo traba-

jo, la migración por si misma obliga a las so-

ciedades receptoras a experimentar cambios;

y en ese sentido, la resiliencia humana forma

parte de la construcción social, por cuanto,

los migrantes (como influencia externa) con

sus capacidades, actitudes y aptitudes, ayu-

dara de alguna forma a forjar la visión nacio-

nal del desarrollo social; porque, el impacto

del encuentro derivado de la migración ven-



116 117



gún caso, formar parte de las emociones posi-

tivas como apoyo social percibido en el medio

ambiente donde se actúa; y desde ese punto

experiencia personal, se puede satisfacer al-

gunas necesidad psicológicas como significa

el construir relaciones de confianza con otros.

En el caso de los migrantes, eso signifi-

caría la necesidad de sentirse parte de la na-

ción que los acoge, mejor explicado, la resi-

liencia forma parte del mecanismo mental que

ayuda a construir el sentido de partencia de

su identidad nacional y afecto por las activi-

dades que desarrolla en su nueva vida den-

tro del país receptor donde intenta radicarse.

En ese mismo orden de ideas, las emociones

desencadenadas desde la resiliencia son par-

te necesarias para la construcción de social

basada en la confianza, comprensión, apoyo y

reconocimiento social entre personas de dife-

rentes nacionalidades.; las cuales darían paso

contar con una herramienta psicológica po-

sitiva que actúa como mecanismo de defensa

para ayudarlo a mantener la salud mental en

ambientes de alto estrés, como lo representa

el cruce de frontera y el encuentro con una

sociedad diferente a su nacionalidad.

En este caso, se debe advertir que la re-

siliencia es aceptada por muchos científicos

como un estado psicológico individual, el cual

no puede replicarse de forma exacta en un

plano social, es decir, el nivel de resiliencia no

es igual entre individuos de una misma so-

ciedad. Pero, aun así, Maslow en Mainou &

Lozoya (2012) explican que esto sucede por-

que la resiliencia es derivada de una serie de

sentimientos como los de autoconfianza, for-

taleza, suficiencia, dominio, e independencia

para afrontar problemas complejos; los cuales

pueden servir de inspiración para otras perso-

nas, de tal manera, la resiliencia puede en al-



118 119



para evitar abandonar sus países de orígenes,

y evitar con ello, amortiguar el impacto de la

desintegración social nacional de un país de

origen, por causa de la migración forzada.

Eso significa que, la migración inter-

nacional en su forma general representa un

problema global, ante esa afirmación, Martí-

nez (2016) afirman que la resiliencia puede

ser un factor coadyuvante en la solución de

una gama de factores negativos de orden so-

cial vinculados a la movilización demográfica;

porque, la resiliencia en si misma, es un fenó-

meno humano que transciende en forma va-

riadas al ámbito social, permitiendo que cada

nación asuma sus compromisos de forma indi-

vidual, y con ello, tener la posibilidad de desa-

rrollar sus propias estrategias para enfrentar

las situaciones adversas haciendo uso de su

determinación y auto-reconocimiento de sus

capacidades societales, teniendo como conse-

a la posibilidad de que los emigrantes decidan

insertarse de forma duradera con una nueva

sociedad de su interés, para formar grupos

amistosos, con altos niveles cooperativos.

Desde otra perspectiva, Sanz (2016) en

Sanz, Nuria, Valenzuela y otros (2016), propo-

nen a la comunidad internacional como meta

para cumplirse antes del 2030, el “fomentar la

resiliencia de las personas que se encuentran

en situaciones vulnerables y reducir su expo-

sición y vulnerabilidad a los fenómenos extre-

mos relacionados con el clima y otras crisis

y desastres económicos, sociales y ambienta-

les”, esto debido a que un promedio de 42 mil

personas por día tuvieron que abandonar sus

hogares en busca de protección debido a un

conflicto, sólo en el año 2014; lo cual enciende

las alarmas en las zonas fronterizas. En este

caso, se entiende que la resiliencia ayudaría

a las personas a mantenerse en pie de lucha



120 121



Esa tendencia mencionada, se ha ob-

servado en casos como el mexicano, donde

muchos extranjeros provenientes de Centro-

américa desisten de su viaje a Estados Uni-

dos como destino; por significar ese viaje un

tránsito lleno de peligros, capaz de vencer la

resiliencia de los viajeros considerados como

migrantes sin éxito; es decir, los extranjeros

se ven obligados por las circunstancias a que-

darse en el país azteca a pesar que no repre-

senta su país de destino, esto ocurre según las

observaciones de OIM (2016).

Desde ese punto, se reconoce una carac-

terística común de la mayoría de los migran-

tes contemporáneos, donde gran parte de ellos

provienen de capas sociales excluidas e impo-

sibilitadas de alcanzar oportunidades de desa-

rrollo en sus naciones de origen. En ese sen-

tido, el dilema de la migración desde el punto

de vista de la psicología social, según Torres,

cuencia la construcción de soluciones sociales

innovadoras.

miGración y resiliencia en la sOcie-dad recePtOra

Un aspecto del movimiento demográfico

internacional es que, históricamente se han

producido como consecuencia de los conflic-

tos políticos, sociales y económicos de algunos

países. De esos procesos internos de los pises

de origen, han surgido migraciones con múlti-

ples variantes, y una de ellas es asumir como

tendencia el comportamiento que muchos mi-

grantes han adoptado frente a las dificultades

y los peligros implícitos en el traslado por las

fronteras, lo cual ha provocado la decisión de

los migrantes de radicarse en algunos países

usados tradicionalmente para el tránsito mi-

gratorio hacia un país potencialmente recep-

tor.



122 123



ello, que en algunos países se considera que

los migrantes son vulnerables y propensos a

la criminalidad, en el sentido que resultan fá-

ciles de captar por las redes de reclutamiento

de los grupos delictivos.

Por su parte, Aruj (2008), reconocen

este fenómeno del comportamiento migrato-

rio como parte del decálogo de consecuencias

encontradas en un proceso significativamen-

te complejo; en el cual, los aspectos que res-

ponden a las interrogantes de supervivencia

humana influyen de forma determinante en

la toma de decisiones del migrante, en el mo-

mento que hace la elección del país de destino.

En ese sentido, el migrante tiene la oportuni-

dad de evaluar el escenario, con el fin de ge-

nerar efectos psicológicos como la resiliencia

para poder enfrentar las situaciones propias

de la movilización y su intención de residen-

ciarse en otro país.

Jiménez, Wilchez., Holguín, y otros (2015) ci-

tando a Gaviria (2011), el comportamiento del

flujo demográfico internacional puede generar

el engrosamiento de los sectores pobres asen-

tados en las periferias de las ciudades de los

países receptores, aumentando con ello los

riesgos asociados a la vulnerabilidad social de

los extranjeros.

En consecuencia, se supone que con la

llegada del migrante existen otros ámbitos so-

ciales impactados, como los de la salud públi-

ca y la seguridad ciudadana, la cual depende

también de forma directa de la capacidad de

inserción laboral de los recién llegados. En ese

contexto, las escasas oportunidades laborales

pueden desarrollar escenarios de ocio, donde

el migrante se ve tentado a resolver problemas

básicos de supervivencia a través de cualquier

actividad productiva, sea de economía infor-

mal o delictiva; para dar algún ejemplo: Es por



124 125



progreso. Es decir, los problemas originados

de la migración surgen en el mismo momento

que el extranjero con el deseo de radicarse, co-

mienza a experimentar una realidad distinta

a la imaginada antes de su viaje; entendiendo

que esas realidades significan la interpreta-

ción positiva del estado de seguridad econó-

mica, política y social.

Esto sucede, según Aruj (2008), porque

el migrante huye de una realidad producida a

raíz de una situación de vulnerabilidad econó-

mica y de un discurso hegemónico, los cuales

puede angustiar a la persona, y con ese senti-

miento negativo el migrante toma la decisión

de partir hacia otro país, con la visión de en-

contrase con todo aquellos aspectos socio-eco-

nómicos que le faltaron en su país de origen; y

desde este aspecto se puede estudiar inclusive

el nivel de quiebre de la resiliencia del migran-

te afectado por la sensación de inestabilidad

En ese sentido, la mayoría de los migran-

tes pueden observárseles una actitud de ase-

guramiento de las condiciones que le permita

convertirse a través del trabajo en un ciudada-

no respetado y aceptado por la nueva sociedad

elegida por él para radicarse. Como efecto de

esta hipótesis, en la mente del migrante que-

daría atrás las situaciones que le impedían su

desarrollo socio-económico personal, y difí-

cilmente habrá una idea diferente a su deseo

de progreso, lo cual resultaría un factor de la

resiliencia humana muy positivo para los paí-

ses receptores, porque recibiría a un individuo

motivado, concentrado y preparado para con-

tribuir con el desarrollo de la región donde se

radique.

En un caso contrario, la migración puede

resultar un problema social para el país re-

ceptor, si la idea de progreso personal de los

migrantes se ve truncada en su proyecto de



126 127



los migrantes.

Desde la explicación micro puede dibu-

jarse los aspectos macro de los problemas de

los flujos migratorios, y en consecuencia pue-

de afirmarse que las sociedades receptoras

también pueden ser resilientes a los efectos

surgidos del impacto migratorio, porque estas

también son conformadas por seres humanos

con iguales capacidades psicológicas e inte-

rés propios. Es por ello, que surgen conceptos

como el de “integración”, en respuesta a una

necesidad socio-política para minimizar los

conflictos diplomáticos entre naciones surgi-

dos de la dinámica migratoria.

En ese sentido, cuando se habla de inte-

gración, suele pensarse en cual tipo de inte-

gración y quiénes se quieren integrar, puesto

que la integración estriba igualmente dentro

de un conjunto de factores sociales, cultura-

les, económicos y políticos, donde surge como

vivida en su lugar de origen.

Por otro lado, la llegada al país de destino

significa para los psicólogos sociales la aper-

tura de un nuevo proceso resiliente, sin aban-

donar los sentimientos de resistencia que el

migrante cree que dejo atrás en su país de ori-

gen. Al respecto Aruj (2008) dice que el con-

flicto emocional que origina la migración hacia

el nuevo país “no desaparecerá, se marchará

con él, sin saberlo, por el resto de su vida”.

En otras palabras, estos aspectos inherentes

al migrante son recogidos para proponer otra

arista del problema; es decir, se gesta una

situación típica donde el extranjero acogido

temporalmente por una nación elegida por él,

como respuesta psicológica desde los proce-

sos resilientes, pues, no querrá irse, lo cual

dificultaría su repatriación voluntaria llegado

el caso; convirtiéndose este punto en un tema

sensible en cuanto a los derechos humanos de



128 129



dad globalizada fueran asimilando una serie

de condicionantes que han logrado cambiar

la conducta migratoria internacional, la cual

ha mostrado progresivamente como se ha ido

disciplinando los flujos migratorios y sus pro-

tagonistas.

En referencia, hoy día existen muchas

objeciones sobre la forma de cómo son tra-

tados los migrantes, en tal sentido OBIMID

(2016), ha propuesto a los países receptores el

adoptar mejoras en la atención (por lo menos)

a los migrantes que viven en las fronteras, y

es de esta forma que sugieren: (a) proporcio-

nar documentación para favorecer la movi-

lidad transfronteriza, y el cual sirva además

para contribuir al acceso al trabajo, de segu-

ridad jurídica y evite con ello la explotación

humana, por parte de redes antisociales; (b)

posibilitar la capacitación de migrantes a nivel

laboral y social para que puedan incorporarse

protagonista dominante la comunidad recep-

tora frente a los migrantes como los sujetos

afectados por las regulaciones impuesta por

el país receptor. Es decir, se transforma una

sociedad, a través de la cooperación entre

gobiernos, generalmente sin tomar en cuen-

ta las realidades y voces de los migrantes; es

así como se levantan una cadena de intereses

nacionalistas de los sectores dominantes, en

cuanto a la construcción de unos lazos cimen-

tados sobre la base de acuerdos multinacio-

nales de orden económico y sociopolíticos. En

ese sentido, los que fungen como parte domi-

nante de los acuerdos integracionistas tratan

de sacar el mejor provecho de las migraciones.

En esa misma línea discursiva, se pueden

inferir algunas notas que no surgen a simple

vista, es decir, se producen acontecimientos

donde a partir de esa dominación aparente,

se ha logrado que los migrantes y la socie-



130 131



mejor a la sociedad receptora; y (c) facilitar po-

líticas para el alojamiento temporal en buenas

condiciones, con atención psicosocial para los

extranjeros.

La idea general, es convencer a la socie-

dad internacional, sobre la necesidad de cam-

biar la perspectiva de actuación con respecto

a los migrantes, porque por lo general los pro-

blemas de los migrantes pretenden ser aten-

didos de forma aislada e individual, cuando

en la realidad la migración suele representar

por lo general un proyecto familiar de supera-

ción que se gesta en respuesta a la carencia de

oportunidades en los países de origen; lo cual

obliga a atender este fenómeno desde la raíz

del problema, el cual se ubica dentro de las

necesidades familiares de los migrantes.

Desde esa perspectiva, ONU (2016), des-

cribe una serie de avances entre las naciones

miembros en cuanto al tema de la movilidad

poblacional internacional, y el propósito de

promover la agenda relativa a la migración y a

los derechos humanos de los migrantes; aun-

que reconocen que persisten algunas contra-

dicciones y desafíos; entra las cuales mencio-

nan:

(a) El reconcomiendo sobre que aún per-siste una notable disparidad de conoci-mientos sobre la migración y los derechos humanos.

(b) El determinar que los datos de las na-ciones receptoras en su mayoría no son confiables, porque sus sistemas de datos oficiales no logran captar el número total de migrantes, ni sus circunstancias par-ticulares, donde en ocasiones se desdibu-jan los problemas de derechos humanos.

(c) La mayoría de los censos poblaciona-les siguen siendo la principal fuente esta-dística de información sobre la población migratoria, y sus datos son limitados en cuanto se refiere al seguimiento de las poblaciones migratorias en situación irregular, donde se evaden datos sobre las situaciones de vulnerabilidad, discri-minación o exclusión social.

d) Necesidad de investigar más acerca de los efectos de los derechos humanos so-bre los flujos de remesas.



132 133



e) La necesidad de contribuir a mejorar las percepciones del público en materia de migración y a combatir la xenofobia.

(f) La falta de visión de conjunto de los diversos mecanismos de vigilancia de la ONU y de coherencia entre ellos podría provocar duplicaciones y lagunas, en particular cuando los mandatos son poco sistemáticos o imprecisos.

(g) Problemas estructurales en los pro-gramas destinados a proteger y promover los derechos humanos, lo cual hace frag-mentar la visión institucional de la ONU.

(h) Dificultad de las naciones miembros y partes interesadas para identificar a los organismos cooperativas y entidades competentes para enfrentar los proble-mas de derechos humanos de las migra-ciones.

De forma general, ONU (2016), reconoce

que el debate mundial sobre los aspectos de

derechos humanos de la migración ha sido mo-

derado en los últimos años, con una tendencia

a centrar principalmente la atención en las di-

mensiones de orden económicas y en las re-

percusiones de las migraciones en el tema del

desarrollo. Pero, el mayor de los retos resulta

precisamente el propiciar un diálogo mundial

incluyente, participativo y transparente sobre

la migración y los derechos humanos, la cual

describen como una importante brecha en la

gobernanza de la migración.

cOnsideraciOnes finales

Antes de finalizar este articulo descrip-

tivo sobre las migraciones y resiliencia como

mecanismo de reconstrucción social, es grato

saber que el mismo puede servir como visor

de los distintos criterios recogidos en la biblio-

grafía científica sobre movilidad demográfica y

derechos humanos de los migrantes, a pesar

de las limitaciones de espacio y tiempo, se lo-

gró ensamblar gracias a las ventajas de la red

mundial, una visión general sobre los aspec-

tos relevantes en el accionar de las migracio-

nes internacionales, superando el rigor de las

exigencias académicas metodológicas sobre su



134 135



validación, o las maneras estéticas que sirven

de etiqueta a la forma como se debe presentan

las definiciones y aportes de los acá citados;

puesto que la verdadera intención de este ar-

ticulo ha sido en todo momento el divulgar los

avances de los temas propuestos como inves-

tigación; por lo cual, se tiene la convicción de

haber alcorzado el suficiente nivel para mos-

trar de forma objetiva las ideas que ilustran el

titulo planteado. En consecuencia, se hacen

algunas referencias y recomendaciones:

Primero: En tal sentido, se logró identifi-

car como concepto el término migración inter-

nacional, el cual se refiere al flujo de personas

que decide movilizarse hacia otro territorio en

busca de mejores oportunidades de sobrevi-

vencia. Y en cuanto al término de migrantes,

pues, este describe al grupo de personas que

atraviesan una frontera, para cambiar su lu-

gar de residencia, aun cuando posean una na-

cionalidad diferente a la del país donde pre-

tenden radicarse.

Segundo: Se puede observar en lo estu-

diado que los países latinoamericanos, en el

análisis sobre las medidas macroeconómicas

y microeconómicas con la finalidad de resolver

los problemas que originan las migraciones,

se sugiere una revisión de las formulas apli-

cadas para el crecimiento económico, basada

en formulas desarrollistas. La mayoría de los

países como los latinoamericanos requieren

un cambio estructural de la matriz producti-

va, con la finalidad de brindar mejores opor-

tunidades a las poblaciones, y por ende evitar

la fuga de su capital humano o fuerza laboral

hacia otros países.

También se coincide con Inciarte y otros

(2016), en cuanto que en las fronteras se cho-

que de intereses entre países, lo cual eviden-

cia una cadena de conflictos (en términos de



136 137



cooperación económica entre Estados) en las

áreas como la laboral, seguridad e higiene, in-

cluso en materia de desarrollo social donde la

migración es parte preponderante dentro de la

discusión de los países de la comunidad inter-

nacional que busca reforzar nexos de integra-

ción; los lazos se rompen por considerarse que

las normativas de algunos países que buscan

mayor desarrollo no cubren con las expecta-

tivas de los países dominantes en el mercado

internacional.

Tercero: Se considera necesario resal-

tar que el aspecto inherente a la cultura se

encuentra solapado (dentro de las instancias

de discusión de las organizaciones multilate-

rales) por los aspectos económicos que rigen

al mundo, tal y como lo demuestran algunos

estudios presentados entre los que resalta el

artículo de la ONU (2016).

Por otra parte, se conoció sobre las dife-

rencias de los términos desarrollo cultural y

cultura del desarrollo, lo cual se hacen nece-

sario para la comprensión de algunas visiones

nacionalistas sobre el desarrollo y el rol de la

cultura. En ese sentido, se acepta estos tér-

minos como una oportunidad de aclarar sus

definiciones para ayudar construir políticas

donde el desarrollo de la cultura da como re-

sultado benéfico el incrementar en la comuni-

dad internacional la cultura del desarrollo. Es

decir, que la cultura puede -además- contri-

buir como herramienta para desarrollar (hipo-

téticamente hablando) un sistema social que

sea capaz de amortiguar los efectos globali-

zantes de las migraciones; en cuanto se obser-

va el desarrollo socio-económico a través de

políticas de integración cultural de una forma

mucho más amplia y precisa.



138 139



Cuarto: Se reconoce la necesidad de abrir

un debate mundial sobre los aspectos de de-

rechos humanos de la migración, con una ten-

dencia a centrar principalmente la atención

en las dimensiones sociales, derechos huma-

nos y aspectos económicos por igual cuando

se aborde el tema de las migraciones y el de-

sarrollo. Claro está, se recomienda hacer esa

discusión a través de un diálogo mundial in-

cluyente, participativo y transparente sobre

la migración y los derechos humanos, la cual

describen como una importante la disminu-

ción de la brecha entre la gobernanza fronteri-

za y los migrantes.

Quinto: Se reconoce la resiliencia huma-

na como de los factores de la construcción so-

cial, por cuanto, los migrantes (como influen-

cia externa) con sus capacidades, actitudes y

aptitudes, ayudara de alguna forma a forjar

la visión nacional del desarrollo social; por-

que, el impacto del encuentro derivado de la

migración vendría acompañado de una fuer-

te carga cultural, lo que permite amortiguar

los problemas surgidos desde la complejidad

humana asumida desde el autoconcepto de

nacionalidad, lo cual representa un obstáculo

para el migrante, quien debe amoldarse a la

sociedad receptora, pese a las situaciones ad-

versas. Para ello, tendría el extranjero que ha-

cer uso de su determinación para mantenerse

concentrado, y usar la competitividad positiva

para enfrentar retos dentro del nuevo ámbito

social.


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Capítulo III

Desarrollo Fronterizo, Resiliencia y Salud en Colombia

m.sc. marlyn martínez [email protected]

Universidad de la Guajira - ColombiaRepresentante de la Seccional Guajira - RINDEFIL

dra. belkis Vanegas [email protected]

Universidad de la Guajira - ColombiaInvestigadora de la Seccional Guajira - RINDEFIL



147

intrOducción

Los factores determinantes para el desa-

rrollo como el capital social y la resiliencia de

los pueblos han sido estudiados a nivel mun-

dial, y en el caso de Colombia, las identifica-

ciones de estos elementos se utilizan para el

reconocimiento de la realidad que demuestre

la efectividad de los resultados a las solucio-

nes adoptadas por el Estado; en ese plano, se

tratan temas como el de la inequidad social

o la distribución desigual de los problemas

entre las regiones fronterizas y el resto de las

regiones del país, con el propósito de visuali-

zar algunas de las aristas de la realidad eng-

lobada en el modelo de salud adoptado por los

colombianos.

En referencia, es preocupante en la ac-

tualidad que aún no se hayan superado pro-

blemas que impiden el desarrollo, en especial

en un sector tan vital como el de la salud,



148 149



donde se puede entender como relevante las

evidencias marcadas sobre las diferencias en-

tre las poblaciones rurales y urbanas, entre

las ciudades y la frontera colombiana. En ese

sentido, resulta innegable el rezago del sec-

tor rural debido a los conflictos armados y la

violencia asumida como contracultura por los

pobladores fronterizos, situaciones negativas

que sin duda han afectado el nivel de resi-

liencia de las comunidades enclavadas en las

márgenes territoriales.

En ese sentido, se estudian una serie de

contradicciones sin apego a ninguna ideología,

discerniendo sobre lo que cada autor aporta

tratando en lo posible de evitar comentarios

sesgados. Pero la realidad también es obser-

vada en directo, es la principal herramienta

indiscutible de esta investigación, la cual in-

daga inquisitivamente el cómo se desenvuelve

el sistema de salud colombiano en zonas fron-

terizas; adelantando que se perciben condicio-

nes adversas como la deficiencia en infraes-

tructura básicas para el desarrollo de una

vida sana. Por lo tanto, todas las informacio-

nes relevantes se analizan para avanzar sobre

propuestas para el desarrollo de las regiones

con síntomas de subdesarrollo.

En ese mismo sentido, este estudio abor-

da -además- temas como los del capital social

y desarrollo fronterizo, resiliencia y desarrollo

social, por último, se expone la salud y desa-

rrollo en espacios fronterizos, lo cual permi-

te reflexionar sobre la pertinencia de sugerir

mayor observancia sobre el modelo de salud

actual, porque el mismo se observa limitado

en sus capacidades para proveer soluciones

a las necesidades y problemas de condiciones

de vida de las poblaciones limítrofes presio-

nadas por factores adversos de todo tipo. Por

lo tanto, este trabajo persigue como objetivo



150 151



supremo el contribuir sustancialmente a las

iniciativas para la generación de cambios, ne-

cesarios para lograr alcanzar un mayor desa-

rrollo y mejorar con ello las condiciones de sa-

lud y de bienestar de las personas que habitan

en la frontera colombiana.

Ahora bien, como advertencia se adelan-

ta que el presente artículo no se abordaron

los detalles sobre la integración de los pue-

blos, ni se profundiza sobre la cuestión indí-

gena como punto aparte, por el contrario, en

la generalidad se pretende alcanzar a todos los

sectores interesados en el tema del desarrollo

fronterizo. Por otra parte, se hacen referencia

a algunos temas como las redes sociales, su

contribución al desarrollo y la inclusión social

como elemento importante para superar los

problemas del sector salud, entre otros temas

ya mencionados.

Desde el comienzo, se ha pretendido

identificar si es posible el desarrollo haciendo

de lado la inversión social; ahora comprende-

mos que resulta difícil un desarrollo estruc-

tural y sostenible sin el apoyo de los recursos

del Estado, porque lo observado en Colombia,

es resultado de una aproximación sobre la

profundidad de la afectación las acciones im-

plementadas mediante la aplicación de meca-

nismos de desarme del aparato público del Es-

tado, usando como estrategia la privatización

de instituciones como la red de salud pública.

En consecuencia, podría observarse en

lo inmediato, el cómo esas políticas del Es-

tado Colombiano en cuanto a su versión de

desarrollo, ape¬nas avanzan lo necesario para

adsorber la difícil tarea de atender a las co-

munidades fronterizas, las cuales han sido

excluidas por variadas razones desde el rol

de los gobiernos de turno. Pues, como parte



152 153



de las propuestas de solución, se indica el de-

tener el fraccionamiento de los sectores de la

población, porque es necesario construir un

sistema de desarrollo integral con la partici-

pación de todos los factores, encabezados por

el sector salud, y donde los actores sociales

lo¬cales participen dentro de la política, legis-

lación, planificación, desarrollo de programas

e institucionalidad, la cual garantice atención

a la población.

En una etapa de inicio del postconflicto,

el trabajo en la frontera comienza por unificar

esfuerzos para intervenir los problemas hu-

manitarios, resarcir las tierras a los des¬pla-

zados, ofrecer seguridad y justicia, invertir en

servicios públicos, infraestructura e iniciati-

vas productivas, como parte de la solución de

los problemas planteados desde este estudio

para retomar las sendas del desarrollo.

caPital sOcial y desarrOllO frOnte-rizO

Al intentar hablar de capital social, es

inevitable el asociar este concepto al estudio

del comportamiento de los seres humanos; es

decir, a la observación del potencial creador

de los hombres y mujeres que cohabitan un

espacio geográfico; quienes se agrupan en co-

munidades, zonas, regiones y naciones, con el

fin de garantizarse su supervivencia en medio

de un mundo limitado en recursos, afectado

en lo político-económico por los avances y re-

trocesos de la globalización.

En ese contexto, antes de pensar en pro-

mover las ideas sobre desarrollo, se requiere

formular una vinculación entre los aspectos

teóricos redundantes inherentes al capital

social y la necesidad de las naciones de pro-

fundizar sobre el fortalecimiento del desarro-

llo humano, como componente requerido en



154 155



la formula iniciadora de las políticas que fo-

menten el progreso social. Es decir, la prepa-

ración de las personas en una etapa temprana

de su vida: no sólo para el trabajo productivo,

sino también para enfrentar los desafíos de la

reorganización social de los espacios fronteri-

zos desde las propias bases comunitarias, la

cuales agrupadas conforman las estructuras

socio-políticas y económicas de las regiones.

Desde esa misma perspectiva, De Santis

y Torcomian (2014), ven posible valorar los ni-

veles de desarrollo de sectores como el de la

salud pública, usando como variable de inte-

rés el capital social, el cual puede ser medido

incorporado las impresiones individuales de

cada persona involucrada en la acción social;

en ese sentido el capital social es valorado a

través de indicadores como: la confianza en

las instituciones y la cooperación activa con

organizaciones no gubernamentales.

Por otra parte, Kliksberg (2000a, p. 25)

citado por Valencia, Aguirre y Flórez (2007),

define capital social como: “diversos compo-

nentes no visibles del funcionamiento cotidia-

no de una sociedad, que tienen que ver con la

situación del tejido social básico, los cuales in-

ciden silenciosamente en las posibilidades del

crecimiento y desarrollo”. Igualmente, agre-

gan el ejemplo sobre que una sociedad con un

“alto stock en capital social” tiende a poseer la

ventaja de contar con ciudadanos activos en

la solución de problemas sociales, convirtién-

dose en artífices de su propio desarrollo a tra-

vés del trabajo coordinado para la obtención

de bienes públicos, e igualmente preocupados

por la eficiencia gubernamental.

Otra idea clásica funcional, es aportada

por Durston (2000, p.7), quien sugiere al ca-

pital social como un recurso que se encuen-

tra a través de las relaciones sociales, el cual,



156 157



acompañado por otros factores, puede lograr

beneficios para aquellos quienes lo posean.

El término capital social hace referencia a las

normas, instituciones y organizaciones que

promueven la confianza; la ayuda recíproca

y la cooperación (inclusive el intercambio bi-

nacional con los países vecinos), con el fin de

reducir costos en las transacciones, producir

bienes públicos y facilitar la conformación de

organizaciones de gestión social.

En consecuencia, se interpreta desde los

aportes de De Santis y Torcomian (2014);

Valencia, Aguirre y Flórez (2007) y Durston

(2000) el termino capital social, como un fac-

tor determinante para el desarrollo integral

de las regiones, porque el mismo incide posi-

tivamente sobre las inversiones del Estado al

producir ahorro en los recursos (en forma de

recortes presupuestarios) requeridos para la

provisión de bienes y servicios públicos, dan-

do beneficios a aquellas poblaciones que sean

capaz de articularse bajo el apego en la ley y

las normas; es decir, la acción social a través

de instituciones no gubernamentales que pro-

muevan la confianza, la ayuda reciproca y la

cooperación.

Otra visión observada desde ésta inves-

tigación, estaría representada por como se

aprecia el modelo actual de capital social que

muestran muchos países latinoamericanos; a

ese nivel no es claro el panorama para poder

inferir sobre la efectividad de este tipo de re-

curso de articulación social para el desarrollo;

pero es válido imaginar que los aspectos de

la formalidad capitalista desde una perspecti-

va holística, hacen interpretar el capital social

no como una cualidad propia de las personas

organizadas en grupos de acción para el desa-

rrollo en procura de bienestar colectivo, sino

más bien como una cualidad estructural del



158 159



Estado capitalista para la consecución de me-

tas económicas, antes de procurar metas de

desarrollo social.

Para lograr un mayor entendimiento de

lo dicho, se puede agregar lo siguiente: en un

mundo neoliberal, el desarrollo humano es en

gran medida costeado de forma personal por

cada individuo que conforma la sociedad, sin

que los Estados se sientan obligados a inver-

tir (en educación) en el principal insumo que

hace posible sumar esfuerzos para construir

el desarrollo. Esto ocurre por una simple ra-

zón, muchos gobiernos latinoamericanos no

terminan de comprender que el desarrollo de

las naciones parte desde el centro del talento

humano, por lo menos así lo visualiza Molero,

Otero y Nieves (2007), al citar el Primer Infor-

me de Desarrollo Humano del PNUD, (2002),

donde se propone a las personas como “centro

del esfuerzo” para lograr el desarrollo, porque

son estos los principales actores intervinien-

tes para impulsar políticas acordes a sus ne-

cesidades, aspiraciones y capacidades, no sólo

en lo individual sino también en lo colectivo.

Según esa visión, es compresible el hecho

sobre que el desarrollo no está circunscrito

sólo al aspecto económico, sino que transcien-

de como fenómeno al ámbito político-social.

En referencia a esto, los investigadores Va-

lencia, Aguirre y Flórez (2007, p.7) citando a

Fukuyama (2003), aseguran que las primeras

definiciones de capital social surgieron desde

la necesidad de explicar algunos aspectos del

desarrollo con una perspectiva distinta a la

ofrecida por el campo de la economía. En ese

sentido, entienden este concepto como “otro

recurso significativo con el que cuentan los

países para mejorar sus condiciones de vida y

que incluso sirve para fortalecer otros capita-

les, como el humano y el político”.



160 161



Por su parte, De Santis y Torcomian

(2014, p. 550), al hablar de capital social in-

tuyen que sus elementos pueden observarse

desde “las dimensiones participación social y

niveles de confianza interpersonal”; y dentro

de sus aportes dejan entrever la posibilidad

de lograr el desarrollo a través del esfuerzo go-

bierno-sociedad para incrementar la salud, la

felicidad y el bienestar subjetivo de la pobla-

ción con problemas socioeconómicos.

Ahora bien, al asumir el tema fronterizo

se toma como ejemplo la realidad colombia-

na, al hablar de regiones limítrofes se puede

inferir en la descripción de sectores de gran

movilidad humana. En este sentido, Soracá

(2013, p. 103), explica que “las fronteras no

son entes inertes, sino espacios de convergen-

cia social, cultural, económica, familiar, étni-

ca entre otras”, donde la vida de las personas

es marcada por signos de desigualdades so-

ciales, y parecen estar alejadas de las sendas

del desarrollo y de integración regional.

En ese sentido, al hablar de personas y

de los grupos que se constituyen a lo largo de

las franjas limítrofe, se está aludiendo al ca-

pital social de esas regiones que se sostienen

(en la mayoría de los casos) a pesar de la irre-

gular intervención gubernamental; según So-

racá (2013), son zonas sometidas a constantes

cambios y presiones, las cuales evolucionan

según las condiciones económicas, sociales y

culturales presentes; es decir, de acuerdo a

los intereses de las comunidades fronterizas,

las cuales -además- pueden ser afectadas por

el fenómeno de las migraciones.

Como realidad evidente ante lo expues-

to, es público y notorio el hecho sobre que en

muchos países latinoamericanos se ha optado

por reducir sus aportes subsidiarios al cos-

to social, es decir, cada vez reducen más el



162 163



tamaño de los Estados, haciendo uso de re-

cortes presupuestarios y desincorporando a

trabajadores públicos, trasladando las com-

petencias de provisión de servicios públicos

al sector privado, tal como se observa en los

modelos de privatización de la salud y educa-

ción. Recordando lo siguiente: la salud, gene-

ra felicidad-estabilidad y la educación genera

desarrollo humano, para destacar algunos de

sus aspectos de donde se puede comenzar a

indagar sobre el tema de la inequidad, y sobre

los procesos de privatización, entendiendo que

las empresas forman parte del capital social

de las naciones.

En respuesta a esa observancia, Soracá

(2013), advierte lo siguiente: “Sin inversión en

lo social, es difícil un desarrollo estructural y

sostenible”; en este punto es prioritario apo-

yarse no solo en el sector privado de la eco-

nomía, sino más bien apalancarse a través

de políticas de inclusión de los actores loca-

les que tienen vida en la fronteras, a través de

una legislación acorde que fomente programas

y planes institucionales que garantice el ac-

ceso a los bienes y servicios básicos necesa-

rios para la subsistencia de la población en

general. Entre ellos, se pueden mencionar: el

acceso al agua potable, a la salud, educación

y la seguridad, entre otros servicios necesarios

para levantar una población sana desde todo

punto de vista.

Un ejemplo de la realidad Latinoaméri-

ca, es lo explicado por Rodríguez y Benavidez

(2016), cuando describen los planes de desa-

rrollo puestos en práctica por los gobiernos

colombiano durante las últimas dos décadas

para el sector rural, aplicando como practica

general “procesos como la intensificación o

empresarización” con el propósito de transfor-

mar las condiciones de trabajo, estilos y patro-



164 165



nes de vida de las comunidades agrícolas, en

las cuales se incluyen las zonas fronterizas. El

resultado no ha sido tan alentador trayendo

como inquietud los problemas evidentes deri-

vados por las desigualdades entre la vida rural

y urbana.

Al hablar de desigualdades en el párrafo

anterior, se reconoce la existencia de un pro-

ceso histórico, el cual ha definido las condicio-

nes sociales, ambientales y económicas en las

que se encuentran actualmente las regiones

como las fronterizas; por lo menos en el caso

colombiano, el modelo de gestión asociado a la

privatización puede no responder de manera

eficiente a los requerimientos de desarrollo de

las poblaciones fronterizas.

Por todo lo dicho, vale suponer que el de-

sarrollo fronterizo desde una perspectiva ca-

pitalista sería posible con la consolidación de

la democracia liberal, la cual según Durston

(2000), surgen gracias a las normas y redes de

cooperación solidarias. En cuanto a las nor-

mas, estas son parte de la cultura específica

de cada región, las cuales son transmitidas

de generación en generación, principalmente

a través de la socialización dentro del núcleo

familiar.

Por otro lado, las redes de intercambio,

como parte del capital social, se basan en la

confianza que surge de lazos de solidaridad,

parentesco familiar y sentido de pertenencia

a un mismo grupo étnico, entre otros factores

sociales. En ese sentido, el capital social es

transferible entre instituciones, grupos y or-

ganizaciones de las más variadas tipologías, y

entre cualquier ámbito social, cultural, políti-

co y económicos.

Como se ha referido básicamente, los

efectos esperados del capital social se circuns-

criben dentro del campo económico, porque es



166 167



el resultado de la aplicación de normas asu-

midas por las redes de cooperación, conforma-

das generalmente por instituciones informales

para reducir costos de transacciones. En todo

caso, en la teoría estas ayudarían a reducir

los riesgos del desconocimiento entre actores

económicos al usar los lazos de confianza, lo

cual facilita las operaciones simples dentro

del mercado, al igual que ayudan al empren-

dimiento dentro del sector privado.

En el caso colombiano, puede observar-

se que algunas de sus regiones fronterizas

muestran un mayor desarrollo que otras, tal

es el ejemplo entre las poblaciones de Cúcuta

y Maicao, las cuales representan los asenta-

mientos urbanos que comparten frontera con

la República Bolivariana de Venezuela, pues,

en el caso de la población andina de Cúcuta,

la cual muestra un mayor nivel de desarro-

llo que su similar Maicao que se encuentra al

otro lado del país específicamente en la zona

de La Guajira.

Para explicar ese fenómeno de desigual-

dad de desarrollo de zonas pertenecientes a

un mismo país, se recurre a Durston (2000)

citando a Putnam (1993a), quien lo desglosa

entendiendo la existencia de una fuerte “de-

terminación histórica”, en la cuestión de si

este proceso beneficioso originado por el ca-

pital social ocurra o no. Es decir, la presencia

de capital social en una determinada región o

su inexistencia se determina a través de los

niveles de participación de los grupos sociales,

y sobre si estos grupos aprovechan las opor-

tunidades de desarrollo. En todo caso, resul-

ta poco probable que en las zonas fronterizas

que carecen de capital social puedan reprodu-

cir los avances en desarrollo de otras regiones

que cuentan con mayor nivel.



168 169



En otras palabras, el desarrollo de las

zonas fronterizas puede ser valorado según

la capacidad de los grupos para acumular ca-

pital social, y eso ocurre de la misma forma

como comparamos el capital convencional; en

ese caso, donde se observa menor desarrollo

es por causa de la ausencia de capital social,

porque la acción social cooperativa es débil o

está ausente. En ese sentido según Durston

(2000), los grupos sociales se organizan en

tres sistemas operativos que se complemen-

tan y pueden tener vida de forma simultánea:

el primero es el plano material, donde cobran

valor la relación de los grupos sociales con las

tecnologías y el medio ambiente; el segundo

sistema es representado por el plano organi-

zacional, donde se ponen de manifiesto las ca-

pacidades políticas y jurídicas para la organi-

zación comunitaria y el Estado; y por último el

sistema ideacional y simbólico, donde entran

en manifiesto las creencias, los valores y as-

pectos cognitivos de los grupos sociales.

Ahora bien, al tratar el tema de la organi-

zación de las bases sociales para el desarrollo

fronterizo, según Martínez (2004, p.59), pue-

de lograse a través de las redes de desarrollo

como capital social, las cuales se constituyen

a través de alianzas estratégicas entre empre-

sas, grupos sociales y organizaciones públi-

cas, cuyo propósito es alcanzar el desarrollo

socio-económico de la región donde tienen in-

fluencia.

Desde esa propuesta, el desarrollo fron-

terizo requiere del concurso de todos los fac-

tores y agentes que operan dentro de deter-

minado territorio, bien sea con características

rural o urbana. Lo importante de la idea, es

el darle importancia a la inclusión social en

el proceso de desarrollo que debe ser guiado

por el Estado, como ente tutelar. En ese sen-



170 171



tido, las redes de desarrollo tienen como obje-

tivo supremo organizar todo el conocimiento

social, económico y medioambiental para pro-

fundizar sobres las razones que den solución

a los problemas, al sumar los esfuerzos en for-

talecer una causa común.

Según Martínez (2004), para construir el

capital social de las regiones, las redes de de-

sarrollo son importantes, y estas deben poseer

objetivos económicos específicos y bien defini-

dos; porque mediante estos se pueden evaluar

los alcances de las alianzas estratégicas logra-

das. Además, deben mantener como norte su

propósito más importante, el cual es ayudar

a aumentar los niveles de calidad de vida de

la población donde tienen actividad. En este

punto, se debe aclarar que las redes sociales

se diferencian de las organizaciones empresa-

riales, en que estas últimas basan sus obje-

tivos en metas económicas y tratan por cual-

quier medio el asegurar su permanencia más

allá de los ciclos políticos; por el contrario, y

de forma distinta, las redes sociales pueden

disolverse al alcanzar los objetivos persegui-

dos o continuar sí así lo requiere la asociación

estratégica, pero su futuro se basa sobre todo

en las relaciones políticas dependiendo del

sector que aborden.

Sin pretender agotar esta discusión, se ha

recogido la idea que avalan tanto los expertos

como los agentes políticos institucionalizados,

la cual coincide en señalar el rol del Estado,

entidad a la cual le corresponde el compromi-

so de trabajar en la formulación e implemen-

tación de políticas públicas claras y honestas,

las cuales permitan incentivar la organización

social, bien sea en redes u otra figura que sur-

ja de la innovación social, es decir, del inge-

nio de los actores que cobran vida a través de

las relaciones asociativas entre residentes de



172 173



la frontera, sectores académicos, empresarios,

agentes del gobiernos, entre otros.

Por qué sí algo está claro, es el entendi-

miento de que el desarrollo fronterizo, surgirá

en la misma medida que se logre articular a

las instituciones del estado, las organizacio-

nes de base, el sector privado y la sociedad en

su conjunto, para aumentar la confianza que

permita encaminar soluciones enmarcadas en

la real necesidad de las mayorías. Es decir,

el desarrollo también significa empoderar a

las organizaciones sociales coadyuven dentro

de los esfuerzos de construcción, y al mismo

tiempo hagan cumplir las normas para garan-

tizar la calidad de los bienes y servicios nece-

sarios para la vida.

En definitiva, la palabra clave resultaría

ser: integración entre los diversos sectores so-

ciales (nacionales y extranjeros) mediante re-

laciones que permitan el forjamiento de con-

sensos alrededor del desarrollo de las zonas

fronterizas. Es decir, la gran tarea es ostentar

una sociedad con un alto capital social, con

el fin de cambiar los paradigmas del subde-

sarrollo, y contar con las ventajas de poseer

residentes fronterizos altamente comprometi-

da con los procesos de desarrollo; interesados

-además- por la eficiencia y eficacia en las

acciones del Estado.

resiliencia cOmO mecanismO de desa-rrOllO sOcial

Es conveniente, el recordar que al hablar

de desarrollo es necesario colocar a los acto-

res sociales como centro de todo esfuerzo, por

ello se recurre al compendio de aportes de la

psicología social, para tratar de comprender

algunos fenómenos que son de casi exclusiva

competencia del ser humano; y para entender

algunos mecanismos que ayudan al desarro-

llo social recurrimos a la interpretaciones del



174 175



concepto de resiliencia, para ello se comienza

con Hewitt, Juárez, Parada, Guerrero, Rome-

ro, Salgado y Vargas (2016), quienes descri-

ben una dualidad del termino: en un primer

momento la señalan como un mecanismo de

defensa psicológico usado por las personas

para afrontar situaciones críticas durante los

procesos de recuperación; y en un segundo

momento la observan como la capacidad de

alcanzar con éxito el desarrollo a través de la

superación de eventos adversos.

Por su parte Cárdenas y Dipp (20014),

explican que la resiliencia “es la capacidad de

una persona para mantenerse en pie de lu-

cha”, y su aporte al desarrollo social vendría

de la mano con la complejidad humana para

amoldarse a las situaciones a pesar de su gra-

do de dificultad, haciendo uso de su determi-

nación para mantenerse concentrado, y usar

la competitividad positiva para enfrentar retos

en el ámbito del trabajo. En ese contexto, la

resiliencia hace que las personas se capaci-

ten, estimulándolas a buscar información so-

bre cómo mejorar lo que hacen, para enfren-

tar exitosamente tareas que exigen atención,

precisión, procesamiento o toma de decisiones

complejas.

En otro sentido, Maslow, en Mainou &

Lozoya (2012), señalan que la resiliencia es

derivada de una serie de sentimientos como

los de fortaleza, suficiencia, dominio, autocon-

fianza e independencia para afrontar proble-

mas complejos en el trabajo. De tal manera, la

resiliencia vendría a formar parte de las emo-

ciones positivas como apoyo social percibido

en el trabajo, el cual cubre las necesidades de

pertenencia organizacional y afecto por el tra-

bajo, tan necesarios para la construcción de

la confianza, comprensión, apoyo y reconoci-

miento entre equipos laborales; las cuales da-



176 177



rían paso a la posibilidad de que las personas

decidan asociarse de forma duradera con un

grupo de trabajo de su interés. En ese contex-

to, esta capacidad ayuda a establecer relacio-

nes amistosas y de acompañamiento dentro

de un grupo social.

Ahora bien, para Vinaccia, Quiceno, Me-

dina, Castañeda Y Castelblanco (2013), citan-

do a Zautra, Hall y Murray (2008), la resilien-

cia es vista igualmente como una capacidad

humana donde generalmente los individuos

adultos suelen vivir en condiciones físicas y

mentales con niveles relativamente normales,

pero que son expuestos a un evento aislado

potencialmente adverso; en este caso la resi-

liencia actúa como un mecanismo que ayuda

a las personas a mantener la salud y el bien-

estar psicológico en un ambiente dinámico y

desafiante.

A manera de aporte, se puede describir

desde está investigación a la resiliencia como

una herramienta para alcanzar con éxito el

desarrollo a través de la superación de even-

tos adversos, usando para ello la capacidad

humana, la cual puede mantenerse en pie de

lucha y concentrado en los objetivos propues-

to para conseguir metas concretas que le faci-

liten su bienestar personal, y el de su grupo de

trabajo. Desde ese punto, la resiliencia reúne

una serie de sentimientos fortaleza, suficien-

cia, dominio, autoconfianza e independencia,

los cuales ayudan a estimular a las personas a

buscar información sobre cómo mejorar lo que

hacen, para enfrentar exitosamente tareas

que exigen atención, precisión, procesamiento

o toma de decisiones complejas.

Partiendo desde allí, y habiendo entendi-

do que el centro del desarrollo social-económi-

co es el ser humano, donde se resalta además



178 179



su actitud y aptitud frente a la vida cotidiana,

pues en la gran tarea para construir el progre-

so de las regiones carentes de capital social,

se requiere de ciudadanos con altos niveles

de resiliencia, porque ésta con su propieda-

des psicológica puede inocularse a través de

los sentimientos en cada una de las personas

que conforman la sociedad, germinando así

un sentimiento común que permitirá en esa

misma medida ostentar instituciones civiles

resilientes que hagan frente a los problemas

comunes que impiden el desarrollo de la socie-

dad y por ende de la regiones.

En ese sentido, para lograr el desarrollo

social y el económico de las regiones, haría fal-

ta también el comprender el rol del Estado,

para ello los gobiernos necesariamente deben

establecer políticas inclusivas para que el sec-

tor social se integre al trabajo social producti-

vo, lo cual ayudaría a aumentar el capital so-

cial en las poblaciones que se encuentren en

desventaja o estén afectadas por el problema

del subdesarrollo. Desde esta perspectiva, Li-

candro (2013), habla de los negocios inclusi-

vos como eje de construcción del capital social

para superar la pobreza de las regiones afec-

tadas por la inequidad; crear emprendimien-

tos como estrategia que genere un fenómeno

emergente dentro de unas sociedades como

las fronterizas que también deben aprender a

ser resilientes.

Desglosando el tema, Licandro (2013),

explica que la inclusión social demanda la

innovación para transformar a los pobres en

entes productivos de sus propios bienes y ser-

vicios, incluyendo los de orden público. Es de-

cir, convertirse en “agentes productivos inte-

grados” implica que los pobladores alcancen

la posibilidad de acceder a bienes y servicios

tendentes a mejorar el estilo de vida; porque



180 181



el desarrollo puede planificarse si se logra

observar las potencialidades de las personas

en desventaja o excluidas, mejor dicho se su-

giere visualizar en la planificación estratégica

del Estado a los pobres, definiéndoles un rol

multifacético donde pueden ocupar a través

del emprendimiento tareas concretas con po-

tencial como empresarios empleadores y con-

sumidores de la cadena de productos y servi-

cios de los cuales sean capaces de levantar.

Para ello, el gran obstáculo estaría representa-

do por las “restricciones socio-culturales” las

cuales se entienden limitan la capacidad de

las personas para participar dentro de la eco-

nomía de mercado.

Hasta ahora, se entiende de esa propues-

ta la necesidad de transformar el estilo de vida

de los pobladores; en pocas palabras, se consi-

dera los modos de producción tradicionales y

resistencia al trabajo asociativo (por causa de

la desconfianza entre persona y grupos) como

elementos que impide la modernización y por

ende niegan el desarrollo. En respuesta, Li-

candro (2013), propone como imprescindible

la participación del sector privado, el cual cree

puede guiar el proceso de inclusión de los po-

bres al sistema productivo desde dos vertien-

tes: (1) la privatización de bienes y servicios

destinados a la mejora de la calidad de vida

de los pobres; y (2) a través de la tercerización

del trabajo guiada por el sector empresarial

formal, quienes tendrían la tarea de incorpo-

ración de emprendimientos de personas po-

bres a sus cadenas productiva, bien sea como

proveedores o agentes dentro de la cadena de

distribución, por dar algunos ejemplos.

Desde otro punto de vista, González

(2006, p. 49-50), resalta la tendencia de pose-

sionar los objetivos de desarrollo social dentro

del marco de los objetivos económicos, para



182 183



este autor existen claras y marcadas diferen-

cias entre estos dos conceptos, por lo cual su-

giere el no mezclarlos. En este particular tema,

declara sobre la forma como los países calcu-

lan los niveles de desarrollo social, en algunos

casos usan la variaciones del PIB, el cual se

concentra en el sector industrial, y lo hacen

cálculos a través de la política macro-económi-

ca de producción industrial; además, en otros

casos usan la tasa de crecimiento del PNB/

percápita; por cuanto “el desarrollo se tiende

a medir por la capacidad de un país para au-

mentar su producción a una tasa mayor que

la del crecimiento de su población”, lo cual es

igual a definir cuantos bienes y servicios están

disponibles y al alcance del ciudadano pro-

medio, no solo para el consumo sino también

para la inversión.

Pero, por otro lado, González (2006), inci-

de sobre la idea de la “human face” o cara hu-

mana del desarrollo, desde este punto de vista

se promueven valores para el ajuste económi-

co con crecimiento y equidad, se coloca esta

alternativa como contra oferta ante las ideas

de transformación y desarrollo propuestas por

las tendencias neoliberales. En ese sentido, la

humanización de la economía tiende a colocar

una mayor atención en el desarrollo social, el

cual destaca con mayor énfasis los aspectos

asociados a la calidad de la vida y los requeri-

mientos reales de la población excluida de la

acción económica de la mayoría de las nacio-

nes Latinoamérica.

En ese mismo orden discursivo, Todaro

(1987) citado por González (2006), ofrece una

definición clásica sobre cómo puede darse

el desarrollo social, el cual según su criterio

debe pensarse “como un proceso Multidimen-

sional”, el cual tendría que promover los cam-

bios de las estructuras, las actitudes y las ins-



184 185



tituciones, al mismo tiempo que se agiliza el

crecimiento económico, para combatir la erra-

dicación de la pobreza; porque el desarrollo re-

presenta en si mismo el cambio, el cual debe

mirar hacia las diversidad de necesidades bá-

sicas, los deseos de las personas, grupos so-

ciales y productivos integradores del sistema

económico. Esta propuesta, deja definidas las

bases en que se debe sustentar el desarrollo a

grandes rasgos, entendiendo: (a) debe poseer

metas colectivas e individuales, (b) tendría que

basarse en los intereses de la nación, y (c) ser

sistémico, endógeno y abierto.

En ese sentido, desde la mayoría de los

frentes ideológicos se coincide que el desa-

rrollo implica cambios, y desde allí se puede

suponer que la resiliencia aportaría la capa-

cidad necesaria para mantenerse en la senda

del progreso sea cual sea el modelo económi-

co o político que se requiera. En referencia a

lo dicho, Moleiro, Otero y Nieves (2007), dejan

entrever que los cambios de paradigmas no se

dan solo por decreto, para ello se debe “obser-

var la interrelación entre las necesidades de

aprendizaje de las personas y los procesos de

desarrollo social a partir de una visión sisté-

mica de los procesos educativos”.

Ahora bien, para poder canalizar la re-

siliencia en pro del desarrollo es requerido

la formación de valores de la población (para

fortalecer el capital social). En referencia, Mo-

leiro, Otero y Nieves (2007, p.5), dejan claro

que la educación primaria en los países su-

ramericanos, tienen dificultades para orien-

tar el aprendizaje hacia el desarrollo de acti-

tudes democráticas, porque en la realidad los

sistemas educativos se ven rebasados ante la

situación donde las personas aprenden gran

parte de su comportamiento dentro de sus es-

pacios de referencia, a través de las relaciones



186 187



de confianza con sus congéneres. En ese caso,

la educación temprana en el núcleo familiar

y la vecindad tienen un mayor peso en la ac-

tivación de procesos resilientes que permitan

construir espacios para el desarrollo social, lo

cual abre un campo de estudio.

Continuando dentro de la misma idea,

Moleiro, Otero y Nieves (2007, p. 6), luego de

exponer las dificultades de la educación pri-

maria, trasladan su mirada hacia la importan-

cia de la educación superior en el desarrollo

de los países latinoamericanos; lo cual impli-

ca “la apertura de un diálogo permanente con

otros sectores de la sociedad y una conducta

innovadora y flexible”. Es decir, el rol del sec-

tor universitario atendiendo al llamado de la

UNESCO, tendría que enfocarse también en el

diseño de estrategias educativas que fomente

desde las distintas profesiones el compromiso

de éstas con el desarrollo social “como misión

Superior de la Educación Contemporánea”.

salud y desarrOllO en esPaciOs frOn-terizOs cOlOmbianOs

Si se asume a Colombia como un ejem-

plo de la realidad latinoamericana, se puede

expresar que el mismo ha sido sometido a un

largo proceso de transformación de su modelo

de salud pública para la atención de la pobla-

ción. Hoy en día, esta nación ha aceptado como

metodología para el desarrollo de la ruralidad

a través de la observancia de los determinan-

tes sociales. Desde ese enfoque, Rodríguez y

Benavides (2016), explican que las extensas

áreas rurales, entre las que se incluyen las

zonas fronterizas, representan un complicado

escenario donde cobran vida muchos factores

intervinientes. En ese sentido, a lo largo de su

historia los gobiernos han impuesto (cada uno

en su momento) diferentes planes de desarro-

llo, los cuales han trastocado la economía so-



188 189



lidaria, el desarrollo endógeno y regional.

Para ilustrar la idea, el desarrollo pro-

puesto desde las instancias políticas del Es-

tado, según Rodríguez y Benavides (2016),

los gobiernos colombianos han formalizado

la oportunidad de desarrollo “en una racio-

nalidad ligada al modelo neoliberal”, lo cual

marca procesos de privatización para englobar

todo el sector productivo, desatando algunas

incongruencias que significan “una dinámica

de exclusión social y productiva”. Por un lado,

se producen limitantes al acceso de salud a

la población rural; mejor explicado, existe una

inequidad evidente entre los servicios de sa-

lud de las ciudades en comparación con los

ofertados por las poblaciones más alejadas

del centro del país. Por ello, zonas como las

fronterizas muestran un menor desarrollo en

cuanto al capital social, al presentar mayores

problemas sobre la inversión para ofertar cali-

dad en la prestación del servicio de salud pú-

blica.

En teoría, estos autores señalan que,

desde la generalidad de los determinantes so-

ciales de la salud, se deben dibujar el panora-

ma para intervenir en la gestión institucional,

para que desde las instancias competentes

del gobierno se pueda proporcionar las con-

diciones necesarias para atacar los problemas

originados desde la inequidad, dando opor-

tunidad a mejorar las condiciones y producir

niveles mayores de bienestar para las comuni-

dades, y que estos sean parecidos en nivel de

calidad.

Por otro lado, al describir el sistema de

salud observado en las zonas fronterizas co-

lombiana, se puede indicar a través de Rodrí-

guez y Benavides (2016), las dificultades que

atraviesa el sector, destacándose la deficiencia

en el acceso a la salud, el cual está condicio-



190 191



nado a la capacidad de ingreso económico de

la población. Sin negar, la existencia de tres

modelos de salud denominados como: Régi-

men Subsidiado, Régimen Contributivo el pri-

vado, el primero es referido al sector de salud

pública que atiende a la población de escasos

recursos económicos; y el segundo modelo es

provisto por la seguridad social, y el tercero es

representado por el sector de empresas como

las clínicas y financieras como las asegurado-

ras.

Ante lo dicho, es evidente la existencia

de una oferta de salud pública para los secto-

res de la población considerados vulnerables

por su bajo nivel socio-económico; a pesar de

ello, el modelo de salud en Colombia parece

no ser capaz de satisfacer la demanda en las

inequidades presentes en el contexto fronteri-

zo, donde estas poblaciones pueden estar en

desventaja frente a las regiones centrales, en

las cuales están las principales ciudades del

país, más desarrolladas. Esto trae como con-

secuencia, la probabilidad de desencadenar

en procesos de riesgo de salud-enfermedad

dependiendo del capital social con que cuen-

te las regiones consideradas rural por el go-

bierno. Desde allí, el panorama de la frontera

colombiana, en cuanto al tema del costo de la

salud, quedaría dependiendo de la capacidad

de resiliencia de la población.

Por otro lado, desde el punto de vista del

desarrollo, el uso de la metodología de los de-

terminantes sociales implica reconocer -en

este caso- a la salud desde un punto mate-

rialista considerándola como un sub-produc-

to del crecimiento sin importar los problemas

estructurales que impiden las mejoras del

modelo; lo cual determina basar las expecta-

tivas de desarrollo social en un efecto “trickle

down”, tal como lo explica González (2006), el



192 193



cual no es otra cosa que analizar el progreso

a través de las mejoras del bienestar material

de la población fronteriza, lo cual facilitaría la

medición de los efectos del modelo, y obtener

(en teoría) cambios positivos en el desarrollo

social integral de las regiones en estado de in-

equidad. Para dar un ejemplo, en términos de

salud poblacional implicaría disminuir la tasa

de mortalidad y de enfermedades, para luego

evaluar si hay o no hay desarrollo.

En ese sentido, Rodríguez y Benavides

(2016), reconocen el problema de la salud en

las regiones rurales de Colombia, no sería su-

ficiente el proponer la reestructuración del mo-

delo de atención, sino que de igual manera se

debería reconocer los problemas estructurales

y procesos históricos incidentes en el moldea-

do de la figura de las comunidades rurales,

las cuales merecen un mayor análisis para

encaminar la superación de los problemas de

salud de la población, abordándolos desde las

necesidades específicas según la realidad de

cada localidad.

Otro factor incidente, el cual es prudente

recordar porque impiden el desarrollo, es que

a pesar de los acuerdos de paz en Colombia,

logrados este mismo año por el gobierno con

algunos frentes guerrilleros, los efectos del

conflicto armado siguen latentes en las regio-

nes que comprende las fronteras de ese país.

Desde esa contrariedad, han surgido matices

donde la guerra ha impedido por mucho tiem-

po el avance social de las regiones fronterizas,

lugar donde los grupos armados tenían un

mayor control.

Ante esta situación, Hewitt, Juárez, Pa-

rada, Guerrero, Romero, Salgado y Vargas

(2016), corroboran que el conflicto armado en

Colombia tiene un efecto negativo en la pobla-

ción; alertando sobre la poca producción de



194 195



estudios descriptivos sobre las afectaciones

psicológicas de los pobladores producto de la

guerra, los cuales evalúen las estrategias de

afrontamiento y los niveles de resiliencia, los

cuales permitan organizar programas de asis-

tencia a las víctimas ajustados al contexto lo-

cal. Por si sólo, se puede asegurar que la sola

afectación psicológica de las victimas del con-

flicto significa un problema de salud pública

según estos expertos.

Desde ese enfoque, Hewitt., Gantiva,

Vera, Cuervo, Hernández, Juárez, Parada

(2014), aseguran que la guerra en Colombia ha

impedido por muchas décadas en gran parte

de la frontera, las posibilidades de la interven-

ción e inversión social por parte del Estado;

asegurando que el conflicto ha destruido co-

munidades enteras, y ha interrumpido el de-

sarrollo social y económico de las zonas afec-

tadas; porque la población ha sido sometida a

escenarios de vida complejos, donde las acti-

vidades de la guerrilla se mezcló con el hampa

común y la inacción gubernamental, y desde

allí se evidenciaron situaciones graves como el

desplazamiento de la población que huyo de

los riesgos de secuestro y de la muerte misma,

significando el quiebre de la resiliencia de un

número importante de la población.

En otras palabras, la inseguridad inocu-

lada en la frontera colombiana ha atentado

contra la estabilidad mental y emocional de

la población, entre otras afectaciones; por lo

menos así lo reseñan Hewitt., Gantiva, Vera,

Cuervo, Hernández, Juárez, Parada (2014),

citando a Miller y Rasmussen (2010); Murthy

y Lakshminarayana (2006), quienes enfatizan

que la guerra en Colombia perturbo negativa-

mente las redes de atención familiar y comu-

nitaria, y con ello, ha obstruido el acceso a

los bienes y servicios esenciales para cubrir



196 197



las necesidades básicas de las personas, entre

ellas se incluyen el acceso al agua, a la salud,

la educación y la espiritualidad, entre otros.

Por su parte, Torres, Jiménez, Bolaños y

otros (2015), advirtieron sobre la oportunidad

de hablar de otros problemas de desarrollo del

sector fronterizo en una etapa de postconflicto;

destacando que, a pesar del cese de las hos-

tilidades de algunos frentes guerrilleros, aún

persiste un marcado uso de la violencia en los

territorios marginales colombianos. Es decir,

el narcotráfico en Colombia continua con sus

actividades, recordando que fue un factor co-

laborador de la guerrilla; y ahora, ante el apa-

ciguamiento de la guerra, pues, se apalanca a

través del expansionismo del paramilitarismo,

para continuar teniendo dominio de un amplio

territorio colombiano. Su intervención causa

el mismo efecto de quiebre de la resiliencia de

la población fronteriza, haciendo temerosa a

la población para actuar en procura de me-

jorar las condiciones de vida en la región, lo

cual permita enfrentar problemas como el de

la salud.

Seguidamente, Torres, Jiménez, Bolaños

y otros (2015), afirman que la violencia gene-

rada desde los grupos financiados por el nar-

cotráfico, forman parte de la cultura fronteri-

za; mejor dicho, la violencia como herramienta

criminal de control poblacional está arraigada

y actúa con mayor fuerza que la acción ejer-

cida por las propias autoridades del Estado.

Como se ha sugerido anteriormente, esto trae

como consecuencia directa un problema de

salud pública desde el punto de vista de la

psicología; porque los niños y jóvenes expues-

tos a situaciones de constantes riesgos de una

sociedad violenta, sufrirán trastornos emo-

cionales que los pueden llevar a constituirse

en generadores de otras formas de violencia,



198 199



agravando el problema.

Dentro de lo expuesto en el párrafo ante-

rior, Torres, Jiménez, Bolaños y otros (2015),

consideran que el desarrollo no está negado

aun para la frontera colombiana, porque exis-

te la posibilidad de generar conocimientos y

saberes partiendo desde la realidad fronteriza,

el cual resulta fundamental para el desarrollo

social de las comunidades afectadas por la vio-

lencia. Como aporte, sugieren la necesidad de

replantearse las metodologías implementadas

en las entidades de salud, e instan al Estado a

establecer nuevas políticas para el control de

la violencia en la frontera colombiana

A parte del problema generado desde el

conflicto armado y la violencia, autores como

Botero, Rendón y Herrera (2012), hacen otros

señalamientos de orden administrativo y de

control del Estado, necesarios para el desarro-

llo de las zonas fronterizas; en este particular,

cuestionan el actual sistema de regulación, el

cual suponen incompleto para controlar el co-

mercio de un bien público, como los es la sa-

lud; porque observan los efectos negativos de

las privatización del sector salud, reflejados en

los precios especulativos de los algunos cen-

tros de atención privado, los cuales impiden

el acceso a la salud a la población, en espe-

cial a la que vive lejos de los centros urbanos.

Específicamente, se señalan como factores ne-

gativos los altos niveles de costo de los insu-

mos médicos y medicamentos, la calidad de la

atención y el servicio, y la intermediación de

las empresas aseguradoras.

Al hablar del modelo de salud pública co-

lombiano, Botero, Rendón y Herrera (2012),

no comparten la forma como se concibe el sis-

tema de atención médico de este país, porque

acusan que el mismo se centra en los aspec-

tos curativos de la enfermedad, debilitando



200 201



con ello los sistemas preventivos basados en

la prevención de las enfermedades y en la con-

servación de la salud de los sistemas prima-

rios y secundarios de atención médica.

Por otra parte, Herazo (2011), numera

otros factores que impiden el desarrollo en

la frontera colombiana y en general se refle-

ja en toda la nación, esta se mencionan sin

dar alguna aproximación de su grado de im-

portancia: (a) los problemas de corrupción

generalizada; (b) la injusticia e inequidad en

poblaciones con bajo capital social; (c) per-

mitir los servicios de salud como un negocio

especulativo, y (d) la preferencia de constituir

servicios de salud curativos, antes de concebir

un sistema de salud preventivo. En ese mismo

orden de ideas, se entiende el requerimiento

de saneamiento de la administración pública

como primer paso para tomar la senda del de-

sarrollo, porque según Herazo (2011), aunque

se cree un novedoso o innovador sistema, sí

persiste el problema de la corrupción pública,

no habrá ninguna posibilidad de superar las

barreras que impiden el desarrollo.

Desde los aportes de Herazo (2011), se

define como sector público de salud desarro-

llado, al sistema cuyos resultados sean el pro-

veer de bienestar individual y colectivo, facili-

tando a las poblaciones óptimas condiciones

de vida (biológicas, sociales, económicas y po-

líticas), es decir, percibir una vida segura y con

calidad desde la acción honesta del Estado.

Partiendo de este concepto es necesario -ade-

más- que la población disponga de una serie

factores condicionantes positivos, los cuales

coadyuven aumentar la salud en las personas,

entre ellos se encuentran: el contribuir desde

la económica a ingresos adecuados, trabajo y

empleo permanente, capacidad para consumir

y ahorrar, alimentación y excelente nutrición,



202 203



entre otras.

No se podría concluir, este trabajo sin

antes tocar brevemente los aspectos sobre

desarrollo fronterizo y los indígenas, porque

todo proceso de desarrollo del sector salud

que se plantee a lo largo y ancho del territo-

rio fronterizo colombiano debe comenzar por

allí, por muchas razones; y en especial para

poder comprender algunos problemas de inte-

gración social para luego poder enfrentar los

retos como nación para una mayor integra-

ción regional, en la que se incluya otros países

vecinos. Claro está, haciendo la salvedad que

cuando se ha hablado de integración, de gru-

pos y redes sociales en este estudio, pues, el

pueblo indígena se encuentra incluido en esa

generalidad.

Ante lo dicho, para Soracá (2013, p.118),

los pueblos indígenas han alcanzado niveles

preponderantes en la discusión de muchos

temas, “ha tomado fuerza a partir de las lu¬-

chas en defensa de sus territorios, costum-

bres, idiomas, filosofía y cosmovisión… ha

consolidado un espacio tanto nacional como

internacional”; por lo cual sería difícil excluir-

los de cualquier planificación para el desarro-

llo de políticas o sistemas para el resolver la

inequidad existente en el sector salud. Si se

logra sacar cuentas, los pueblos indígenas tie-

nen mucho que aportar desde su cosmovisión

y simbología al problema de la salud pública

colombiana; porque tienen un vasto conoci-

miento en especial sobre de los recursos na-

turales que les ha permitido curarse y existir

por miles de años en la difícil geografía que

comprenden los territorios latinoamericanos.

Se destaca, por último, un ejemplo don-

de gran parte de las redes productivas para el

desarrollo econó¬mico en la frontera con Ve-

nezuela, han sido encabezados a través de los



204 205



pueblos indígenas de la zona, según los regis-

tros de Soracá (2013), los mismos han ayuda-

do a impulsar el desa¬rrollo social y económico

de las poblaciones en las fronteras terres¬tres

y marítimas de Colombia. Esto lo han hecho

mediante esfuerzos de inclusión social; con-

virtiéndose de facto en los primeros embaja-

dores en defensa de la integración fronteriza.

cOnsideraciOnes finales

A través de este estudio exploratorio, el

cual ha servido como dossier de los distintos

criterios recogidos en la bibliografía científica

en lo social, a pesar de las limitaciones de es-

pacio y tiempo, se logró ensamblar una visión

general sobre los aspectos relevantes y recu-

rrentes observados en el accionar del modelo

de salud presente en el acontecer de la fronte-

ra del territorio colombiano; más allá del rigor

de las exigencias académicas metodológicas

sobre su validación, o la forma como se pre-

sentan las definiciones y versiones de los dis-

tintos autores, pues, la verdadera intensión

ha sido el ofrecer un trabajo documentado, el

cual se cree logró mostrar de forma objetiva

la gama ideas que ilustran el problema de la

salud y desarrollo fronterizo.

Desde esa perspectiva, resulta evidente

el análisis del modelo actual como necesidad

nacional, el profundizar en las formas políti-

co-administrativas y el rol del Estado, y su ac-

tuación frente a las regiones fronterizas afec-

tadas por la inequidad y la violencia; y desde

allí, abordar los temas de inversión social para

iniciar la transformación de los espacios afec-

tados por el conflicto armado con la guerrilla.

Es decir, se requiere un mayor compromiso y

liderazgo por parte de la clase política en la era

postconflicto, en cuanto a las estrategias en-

marcadas dentro del plan de desarrollo nacio-



206 207



nal, por cuanto se debe incorporar con mayor

énfasis a los actores sociales que habitan en

las zonas fronterizas. El propósito, es sumar-

los en la construcción y ejecución de las tareas

para alcanzar el desarrollo social deseado.

En cuanto al Capital social, se define su

importancia dentro del espacio territorial co-

lombiano, desde los aportes de De Santis y

Torcomian (2014), Valencia, Aguirre y Flórez

(2007) y Durston (2000), el cual es necesario

aumentar y fortalecer, porque constituye un

factor determinante para el desarrollo integral

de las regiones fronterizas, porque el mismo

incide positivamente sobre las inversiones del

estado al producir ahorro en los recursos re-

queridos para la provisión de bienes y servi-

cios públicos, dando beneficios a aquellas po-

blaciones que sean capaz de articularse bajo

el apego en la ley y las normas; es decir, la

acción social a través de instituciones no gu-

bernamentales que promuevan la confianza,

la ayuda reciproca y la cooperación.

Por otra parte, desde el punto de vista

de esta investigación, se comprueba que la

resiliencia puede ser considerada como una

herramienta coadyuvante para alcanzar con

éxito el desarrollo a través de la superación

de eventos adversos, usando para ello la ca-

pacidad humana para mantenerse en pie de

lucha. Porque, además la resiliencia represen-

ta un indicador que mide la capacidad de las

personas y los grupos en cuanto a su grado

de confianza sobre la efectividad y eficiencia

del modelo de desarrollo y sus autores, lo cual

puede ayudar a calibrar la brújula del estado

para que esta siempre apunte hacia los avan-

ces sociales.

Por último, desde los aportes de Herazo

(2011), se logró definir como desarrollo pobla-

cional fronteriza, como: Un sistema cuyos re-



208 209



sultados sean el proveer de bienestar indivi-

dual y colectivo, facilitando a las poblaciones

óptimas condiciones de vida (biológicas, socia-

les, económicas y políticas), es decir, percibir

una vida segura y con calidad desde la acción

honesta del Estado. Es el efecto de un mode-

lo de desarrollo donde la población disponga

de una serie factores condicionantes positi-

vos, los cuales coadyuven aumentar primor-

dialmente la salud en las personas de menos

recursos, aparte de contribuir desde la econo-

mía a distribuir ingresos adecuados, trabajo y

empleo permanente, capacidad para consumir

y ahorrar, alimentación y excelente nutrición,

con el fin de construir una sociedad libre de

inequidades.


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Capítulo IV

Educación: Desarrollo Sostenible e Incluyente

dr. félix colina [email protected]

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda - Venezuela

Responsable de la Seccional Falcón - RINDEFIL



217

intrOducción

Desde el momento en que el hombre em-

pezó a poblar la tierra, desde ese instante sin-

tió la necesidad de expresarse, de convivir en

sociedad y sobre todo, de educarse, como una

de las mejores vías para garantizar la forma-

ción de la esencia humana, el desarrollo pro-

gresivo de las comunidades, el respeto a la

dignidad, la libertad y libre pensamiento ideo-

lógico. De esa forma, la educación se convierte

en un tema de orden prioritario para que las

naciones emerjan hacia un mundo civilizado

y de progreso social, garantizando el derecho

que tiene todo ciudadano a recibir una educa-

ción de calidad.

educación en américa latina

Para América Latina, la educación es vis-

ta como un factor esencial para el desarrollo

de las naciones, la productividad, el desarro-



218 219



llo progresivo de las sociedades y el mejora-

miento de la calidad de vida de las personas.

Por lo tanto, es considerada como un Derecho

Universal e invariable, que los Estados deben

garatizar, a fin de brindar a cada uno de los

ciudadanos y ciudadanas procesos educativos

de calidad, que lo forme y eduque como in-

dividuo integro, responsable, con valor social,

contribuyendo de esta forma, al desarrollo

sostenible del país.

Entonces, la educación para América La-

tina y el Caribe, tiene como reto, formar a un

estudiante que pueda responder, no solo des-

de el punto de vista cognitivo, sino que, esta-

blezca la asociación entre ese cimiento cogni-

tivo con su vida cotidiana, fortaleciendo sus

habilidades y potencialidades, con el objetivo

de afrontar y superar los desafíos del mundo

postmoderno. La Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educación, la Ciencias y

la Cultura (UNESCO: 2012), estableció para

América Latina y el Caribe, que:los sistemas de educación no sola-mente deben asegurar que los niños y jóvenes accedan a la escuela y cul-minen los ciclos correspondientes, sino también garantizar que desa-rrollen conocimientos y habilidades que les permitan construir significa-dos y dar sentido a lo que aprenden, y así afrontar los desafíos de la so-ciedad actual.(p. 68).

Las consideraciones que ofrece la UNES-

CO, en materia de educación para América

Latina y el Caribe, recobran importancia en

una sociedad que exige rompen con la vieja

concepción tradicionalista y conductista que

rigió el proceso educativo del siglo pasado. Los

Sistema Educativos en América Latina y el Ca-

ribe, tiene que comprender, adaptar y renovar,

la praxis educativa, entendiendo primero que

estamos en una sociedad totalmente diferente,

en donde las tecnologías de la comunicación

e información al igual que la globalización,

están influyendo en el aparato productivo de



220 221



cada nación. Además, tiene que haber una

adaptación y renovación, de los programas de

estudios, ofertas académicas, métodos de en-

señanzas, que respondan de manera significa-

tiva a las necesidades de la sociedad. La edu-

cación tiene que ser vista como una sociedad

del conocimiento.

Los países y dependencias que confor-

man América Latina, tiene que entender que

la educación es una prioridad de todos y que

en la medida en que se forme y se eduque una

persona en atención a las necesidades de la

sociedad, de esa forma, se inicia un proceso

de transformación en pro del beneficio de un

colectivo, impactando de manera positiva, en

la calidad de vida de sus habitantes y en el de-

sarrollo sostenible e incluyente de la nación.

El valor agregado que le han dado los

países y dependencias de América Latina y el

Caribe a la educación, es que han apostado

a la educación como una de las vías esencia-

les para que las naciones emerjan hacia un

proceso educativo de calidad y de formación,

brindado ascenso y oportunidades educativas

a toda la población. Sin embargo, el proceso

de valor agregado en América Latina y el Cari-

be, ha sido de mayor trascendencia significati-

va en algunos países, pero también de retraso

en otros, debido a que no ha logrado articular

la educación como un medio para el progreso

sostenible de sus naciones.

educación y tic: sistema intercOnec-tadO al ser HumanO

La educación como herramienta fun-

damental para el desarrollo sostenible de la

nación, representa sin lugar a duda, uno de

los elementos claves en la formación integral,

personal; profesional de los habitantes de un

país, tributando en el desarrollo progresivo del

mismo. En ese sentido, la educación como ac-



222 223



ción transformadora, debe estar a la par con

los cambios tecnológicos y globalizantes del

mundo postmoderno, a fin de responder a las

exigencias del entorno, a las necesidades y po-

tencialidades del estudiantado.

Es de mencionar, que con los cambios

globalizantes, las Tecnologías de Comunica-

ción e Información (TIC), representa una he-

rramienta de apoyo al proceso educativo, en

virtud de que se accede a una sociedad del

conocimiento con mayor amplitud, es decir, se

puede navegar por el mundo de la informa-

ción en cuestiones de segundos, se adquiere

un cúmulo de datos e informaciones desde di-

ferentes perspectivas y matriz epistémica, que

le permite al sujeto internalizar y comprender

dicha información, para luego externalizarla y

hacerla propia.

Por lo tanto, la educación se apoyar en

las TIC, debido que actualmente las tecnolo-

gías forman parte activa del estilo de vida del

individuo, puesto que según el Ministerio de

Educación de Argentina (2007), las “(TIC) di-

namizan cambios que involucran al conjunto

de la vida social a escala planetaria” (p.11), es

decir, las TIC, forman parte de la vida social y

personal del hombre, desde moldearnos a un

teléfono de alta tecnología, a convivir en nues-

tro hogar con aparatos tecnológicos y adaptar-

nos a ellos, de estar comunicado en cuestio-

nes de segundos, de laboral desde cualquier

espacio haciendo uso de la tecnología, entre

otros, como aspectos que han influido en el

sistema multidimensional del individuo.

En este sentido, las TIC, han penetrado

cualquier espacio de la vida social y personal

del individuo, puesto que, cada día estamos

más apegados a las tecnologías de la infor-

mación y comunicación, como herramienta

que permite obtener diferentes perspectivas y



224 225



visiones de la realidad. Por lo tanto, para la

UNESCO (2012) “La influencia de las nuevas

tecnologías en la creación del conocimiento es

considerable. En efecto, han permitido ade-

lantos importantes en la accesibilidad y ma-

nejo del conocimiento” (p.52).

Lo establecido por la UNESCO, pone de

manifiesto que con las TIC, se han produci-

do grandes cambios en la gestión y produc-

ción del conocimiento, en la matriz epistémica

y paradigma que han regido la información,

para dar paso a una nueva forma de pensar

que tenga como meta fin el manejo sustancial

de los saberes.

Las TIC en la educación, representan una

acción transformadora en la gestión del cono-

cimiento y una nueva visión paradigmática de

ver el mundo. Entonces, la educación debe es-

tar a la par con los cambios que en materia

tecnológica se ofrezca, en virtud de que no se

puede considerar el conocimiento como algo

inerte, estático y único, puesto que el ejercicio

docente avanza en la medida en que la socie-

dad se adapta a los cambios globalizantes del

mundo.

la sOciedad del cOnOcimientO

La Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNESCO (2005), explica que la sociedad del

conocimiento es la “capacidad para identifi-

car, producir, tratar, transformar, difundir

y utilizar la información con vistas a crear y

aplicar los conocimientos necesarios para el

desarrollo humano. Estas sociedades se ba-

san en una visión de la sociedad que propicia

la autonomía y engloba las nociones de plura-

lidad, integración, solidaridad y participación”

(p.29).



226 227



Lo establecido por la UNESCO (2005),

pone de manifiesto que la sociedad del conoci-

miento es una herramienta cognitiva que per-

mite identificar las necesidades, potencialida-

des, elementos o aspectos del entorno o de la

organización, para luego transformarlo, divul-

garlo, enseñarlo, para su posterior creación y

aplicación a favor del ser humano. Entonces,

la sociedad del conocimiento se da en las or-

ganizaciones, cuando las mismas, avancen

hacia una nueva forma de compartir saberes,

identificando todo aquel conocimiento tácito,

para convertirlo en explícito al alcance de todo

el talento humano, creando y aplicando ese

conocimiento a beneficio del hombre, contri-

buyendo al desarrollo de la humanidad.

La sociedad del conocimiento se basa en

la visión integradora de la sociedad, en donde

la: autonomía, pluralidad, integración, solida-

ridad y participación, deben formar parte de

un circulo integrador que propicie nuevos co-

nocimientos entre todos lo que conforman una

organización. Además, la UNESCO (2005), ex-

plica los pilares fundamentales de la gestión

del conocimiento, como lo son: una mejor valo-

rización de los conocimientos existentes para

luchar contra la brecha cognitiva; un enfoque

más participativo del acceso al conocimiento;

y una mejor integración de las políticas del co-

nocimiento.

Cuando se hace referencia al primer pilar

de la sociedad del conocimiento, como lo es

una mejor valorización de los conocimientos

existentes para luchar contra la brecha cogni-

tiva, esta tiene que ver con una revisión inter-

na que tiene que hacer las organizaciones, co-

locando en primer plano al conocimiento que

tiene su talento humano. Por lo tanto, debe

partir de esa riqueza de información (conoci-

miento tácito) que posee, para socializarlo e



228 229



internalizarlo convirtiéndose en una fortaleza

para la organización (conocimiento explicito).

De esa forma, el conocimiento que posee el ta-

lento humano, se convierte en una clave exi-

tosa para la organización, cuando se valora,

estima y aprecia.

El segundo pilar un enfoque más parti-

cipativo del acceso al conocimiento en donde

cada talento humano pueda ser oído, escu-

chado y que tenga libertad de expresar sus

sentimientos e ideas, en pro del desarrollo de

la organización. Y, el tercer pilar una mejor

integración de las políticas del conocimiento,

correspondiente al esclarecimiento de las nor-

mas y políticas que sigue la organización para

establecer la sociedad del conocimiento.

Es de acotar, que la gestión del conoci-

miento debe ser una tarea integradora de la

organización, con la finalidad de poner al al-

cance de todo el talento humano las herra-

mientas necesarias que lo lleve a un mejor

rendimiento dentro de su labor a realizar. Por

lo tanto, para compartir el conocimiento tácito

de cada talento humano, y que este a su vez,

se convierta en explícito, tributando en apren-

dizaje de cadena entre todo el colectivo, la for-

mación continua se convierte en ese proceso

que permite ofrecer conocimiento, intercam-

biar y afianzar los saberes dentro de comuni-

dades de aprendizaje.

Cuando las organizaciones, comprenda

que la mejor demanda en una sociedad, es te-

ner preparado a su talento humano, de esa

forma, se inicia los proceso del superaprendi-

zaje, como una alternativa positiva que fomen-

ta y fortalece ese conocimiento tácito de cada

trabajador y a su vez, se trabaja el marketing

como un estrategia de acompañamiento en

este proceso educativo, que permite fortalecer

las potencialidades del talento humano, rea-



230 231



firmando su creatividad como elemento cen-

tral en la co-construcción del aprendizaje.

De esta forma, por medio de las estrate-

gias de aprendizaje y el marketing como he-

rramientas centrales en toda organización,

se puede llevar a cabo el proceso de sociali-

zación, externalización, combinación, para la

creación de un nuevo conocimiento, teniendo

como eje importante, la dimensión humana a

través del talento humano. En la medida en

que las organizaciones confíen en su potencial

humano, brinden las herramientas necesarias

para su mejor desempeño, cubran las nece-

sidades personales, valoren el conocimiento

tácito de cada persona, propicien la participa-

ción, y ofrezcan políticas clara, de esa forma

se inicia un proceso que da como resultado la

sociedad del conocimiento.


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Dentro de los espacios fronterizos, la di-

námica social se desarrolla bajo complejos

argumentos sociopolíticos, sin embargo el

hombre como objeto de estudio le ofrece a la

ciencia, elementos claves para contextualizar

lineamientos originados desde diferentes dis-

ciplinas.

Lo que se observa en este producto cien-

tífico es eso, una cornucopia de categorías de-

venidas de las ciencias políticas, humanas, de

la educación, que en su conjunto le ofrecen al

lector, perspectivas para construir o recons-

truir procesos sociales, no solo en la teoría,

también poder llevarlos al campo y analizar-

los.

El Editor.

Documents

Serie Digital Desarrollo, Frontera e Integraciónrepository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/1637/1/Dinamica_Fronteriza.pdfINVER-E-GROUP VENEZUELA C.A Maracaibo - Zulia ©Víctor ... en Colombia,