Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas…

SEGURIDAD Y JUSTICIA PENAL

I. ENTORNO DE GESTION

Fuerzas del entorno

La realidad de la inseguridad y violencia es compleja y multidimensional. No podemos, sin más, atribuirla a una sola causa, hacerlo sería ingenuo y nos llevaría a pretender, también con ingenuidad, tener una única solución a una problemática tan vasta y complicada. Por ello, convendría abordar la compleja realidad de la inseguridad y la violencia que se vive, enfocándonos en tres factores que consideramos importantes porque explican por qué la violencia y el crimen organizado han encontrado terreno propicio para desarrollarse.

En primer lugar, vivimos una crisis de legalidad. No hemos sabido dar su importancia a las leyes en el ordenamiento de la convivencia social. Se ha extendido la actitud de considerar la ley no como norma para cumplirse sino para negociarse. Se exige el respeto de los propios derechos, pero su ignoran los propios deberes y los derechos de los demás. No tenemos, como pueblo, respeto de las leyes -CULTURA de LEGALIDAD- del tipo que sean, ni interés por el funcionamiento correcto y transparente de las instituciones económicas y políticas. El signo más elocuente de esto es la corrupción generalizada que se vive en todos los ámbitos.

En segundo lugar, se ha debilitado el tejido social, se han relajado las normas sociales, así como las reglas no escritas de la convivencia que existen en la conciencia de cualquier colectividad bajo formas de control social que corrigen las conductas desviadas y mantienen a la sociedad unida y debidamente cohesionada. La fragmentación social, la frágil cohesión social, el individualismo y la apatía han introducido en distintos ambientes de la convivencia social la ausencia de normas, que tolera que cualquier persona haga lo que le venga en gana, con la certeza de que nadie dirá nada (también se ha debilitado el tejido estatal).

En tercer lugar, vivimos una crisis de moralidad. Cuando se debilita o relativizan las creencias -la cosmovisión-, de un pueblo, se debilita su cultura y entran en crisis las instituciones de la sociedad con sus consecuencias en la fundamentación, vivencia y educación en los valores morales. Se han debilitado en la vida ordinaria las grandes exigencias de la moral. Cuando la falta de respeto a la integridad de las personas, la mentira y la corrupción campea, no podemos menos que pensar que hay una crisis de moralidad.

Indicadores

SEGURIDAD

Óptica interna:

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) menciona que para los ciudadanos mayores de 18 años y más el tema que más genera preocupación, según la percepción de 77,404, 949 (números absolutos) 57 en porcentaje, es decir, 44, 298,389 del total.

Óptica externa:

En materia de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, México está a niveles de Egipto, China, Colombia y Yemen.

Lo anterior según el Índice Global de Paz 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que calificó a México con 4 de 5 puntos en "terrorismo político", que contempla violaciones de derechos humanos, tortura y desaparición forzada.

México se encuentra en el puesto 144 de 162 países en el Índice de Paz Global (IPG) de este año y es el país menos pacífico de la región Centroamérica y el Caribe, encontrándose por debajo de Venezuela (142) y por encima de Colombia (146).

En los últimos ocho años desde que se publicó el IPG por primera vez, la paz en México se ha deteriorado 24% debido principalmente al agravamiento en los indicadores que miden las muertes por conflictos internos, los conflictos internos combatidos y la percepción de la delincuencia. Este fue el séptimo deterioro de paz más grande de la historia del IPG.

Se estima que el impacto económico que implicó contener y manejar las consecuencias de los niveles de violencia de México le costó a la economía nacional $221.4 billones de dólares en 2014. Esto equivale a 10.3% del PBI de México o $1,810 dólares por persona. El costo de la violencia para la economía en México se encuentra en el puesto seis de los costos más altos del mundo y en el puesto 27 de los más altos per cápita.

La tasa de impunidad en homicidios empeoró en 24 de los 32 estados del país en el último año, en estados como Guerrero, Morelos y Chihuahua el porcentaje de homicidios impunes es de 89. Los tres factores de paz positiva más débiles en México son: bajos niveles de corrupción, buen funcionamiento del gobierno y buenas relaciones con los vecinos (participación ciudadana).

El País es una de las 23 naciones que están a punto de llegar a la peor calificación, en laque se encuentran Corea del Norte, Siria y Paquistán. “Quiere decir que las violaciones a derechos humanos, las desapariciones forzadas y la tortura están llegando a un punto en donde lo que sigue es que la mayoría de los homicidios estén relacionados a ese tema”, alertó Patricia de Obeso, representante del Instituto para la Economía y la Paz.

El "terrorismo político" es una de las 23 variables con la que se forma el Índice Global, en el cual México ocupa el lugar 144 de 162 países evaluados.

Los indicadores en los que el País alcanzó la peor calificación son en homicidios, crímenes violentos y muertes por conflictos internos, en este último rubro se encuentran a la par que otros tres países: Afganistán, .Irak y Siria

El estudio define los conflictos internos como enfrentamientos armados en donde una de las partes es el Gobierno de un Estado, fenómeno que desde 2010 ha incrementado a nivel mundial mientras que las guerras entre países van a la baja

Según el IEP, México destinó en 2014 221.4 billones de dólares, equivalente al 10 por ciento del PIB, para enfrentar directamente la violencia, y éste le costó otro 7 por ciento de manera indirecta.

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C

JUSTICIA

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) menciona que los ciudadanos tienen bajo interés por presentar sus denuncias porque temen a las consecuencias de hacerlo y a ser re victimizados debido a la deficiente operación de las procuradurías.

Por tanto, para reducir la cifra negra es imprescindible mejorar los mecanismos de denuncia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en los Ministerios Públicos. De ahí que resulte inaplazable tomar acciones orientadas a restaurar la confianza ciudadana (tejido social) en las instancias responsables de la procuración de justicia (tejido estatal), pues se supone que a mayor confianza en las autoridades, mayor es el número de denuncias y menor la cifra negra (INEGI).

En 2010, de acuerdo con los datos reportados por el INEGI, la cifra negra alcanzó 92 por ciento. Las principales causas de la no denuncia, de acuerdo con la ENVIPE, son la pérdida de tiempo y la falta de confianza ciudadana en las autoridades. Como se muestra en la GRÁFICA 1, en 2011 únicamente el 8.9 por ciento de la población manifestó tener mucha confianza en el Ministerio Público de las procuradurías estatales, y sólo el 9.7 por ciento señaló que confiaba en las policías ministeriales.

Impunidad

La procuración de justicia es un ámbito clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal. De acuerdo con el INEGI, las encuestas a víctimas muestran que la cifra negra en México, es decir la diferencia entre los delitos cometidos y los denunciados, es alta y va en aumento.

También reporta que los resultados de aquellas mostraron que a nivel de cifra nacional la cifra negra fue de 80 por ciento en 2004, de 87 por ciento en el 2007 y de 85 por ciento en 2008 y 2009. La ENVIPE también proporciona estadística sobre la cifra negra. En esta se reporta que ascendió a 92 por ciento en 2010, y en 2012 reportó que sólo el 12.2 por ciento de los delitos fueron denunciados y que de éste sólo un 64.7 por ciento dio origen a una averiguación previa. Es decir, que únicamente en el 7.9 por ciento de los delitos se inició una investigación. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) reporta que dentro del periodo comprendido de 1999 a 2012, se registran un total de 2, 101,660 denuncias por diversos delitos a nivel federal, así como 1, 431,342 averiguaciones previas que se iniciaron a propósito de éstos.

De acuerdo al Informe denominado “La impunidad crónica de México: Una aproximación desde los derechos humanos”, a mediados de los años 90 se denunciaron sólo tres de cada diez delitos; de cada cien denuncias solamente pudo acreditarse la probable responsabilidad de los inculpados en treinta y cinco casos; de los cuales solamente fueron detenidos siete. El INEGI clasifica en dos grupos las razones para no denunciar a nivel estatal: la primera incluye las razones relacionadas con la incompetencia de las autoridades, tales como incapacidad para investigar y recabar pruebas, trámites largos y difíciles, pérdida de tiempo y actitud hostil de las autoridades; la segunda se refiere a causas ajenas a la autoridad tales como las circunstancias del delito o del probable responsable.

Así, el bajo índice de denuncias por la comisión de delitos, así como los obstáculos y costos para el avance y eficacia en cada etapa del proceso de investigación de los delitos en ambos niveles, se ha traducido a lo largo de los años en impunidad.

Un factor determinante en la tasa de impunidad en una sociedad es la capacidad de investigación, esclarecimiento y captura de los probables responsables por parte de las autoridades. La PGR muestra coincidencias con estos datos, en la GRÁFICA 3 se observa que de 1999 al 2012, de las 2, 101,660 denuncias presentadas ante el Ministerio Público de la Federación, solamente el 14.33 por ciento, es decir, 301,141 resultaron en una sentencia condenatoria.

Otro problema que se identifica como una segunda causa de impunidad es la forma en que se ha priorizado en el tema de sanciones por delito de alto impacto y por los delitos menores. Como lo señala el INEGI, en sus indicadores de sanciones por delitos graves y por delitos menores, el país no muestra una política criminológica focalizada y proporcional, pues no se advierte un uso racional y prudente de los recursos.

Sería deseable que una proporción relativamente alta de los recursos del sistema se dedicara a perseguir, procesar y sancionar con prisión los delitos de alto impacto. Sin embargo, en México el 60 por ciento de las sanciones se asocian con delitos menores, y sólo el 12 por ciento de las mismas se vincula con los delitos graves como el homicidio, violación y robo violento. A nivel estatal, no obstante que algunos delitos registran tasas de denuncia de delitos graves superiores a la media nacional, también dedican más del 60 por ciento de sus recursos a la sanción de delitos menores.

Ineficiencia del sistema de procuración de justicia

Además de la impunidad, el sector de procuración de justicia presenta problemas de eficiencia en la actuación ministerial debido a inercias burocráticas, mala organización, indiferencia y limitaciones técnicas de las autoridades encargadas de investigar la comisión de los delitos (ministerios públicos, policías y peritos).

La inactividad o el retraso en el desahogo de las tareas de procuración de justicia han sido también formas de negarla y fomentar la impunidad. La PGR reporta que del periodo comprendido entre 1999 al 2012 cada averiguación previa determinada, excluyendo las consignadas con detenido fue integrada en promedio en 223 días, es decir, aproximadamente ocho meses.

De este modo, la efectividad en la resolución de investigaciones es una función sustantiva de la procuración de justicia. En el nuevo Sistema de Justicia Penal, reporta el INEGI, el Ministerio Público sigue siendo la institución que dirige y lleva a cabo las investigaciones. Por tanto, el criterio de efectividad en la resolución de las investigaciones es el mismo para todos los estados y la Federación. Sin embargo, de la información estadística con que se cuenta, se advierten deficiencias en la integración de una política pública criminal incorporada a la función de perseguir e investigar los delitos. Esto se observa en cada una de las etapas del proceso penal y los procedimientos que lo integran, es decir, desde la presentación de denuncias, la integración de las averiguaciones previas, las consignaciones y las sentencias condenatorias.

En la etapa de investigación, la PGR reportó que el 68.1 por ciento de las denuncias presentadas dio inicio a una averiguación previa en el periodo de 1999 a 2012; por otra parte la ENVIPE 2013 reporta que de las denuncias presentadas a nivel nacional, el 64.7 por ciento dieron inicio a una averiguación previa por parte del Ministerio Público.

Durante el proceso de integración de la averiguación previa, se han identificado problemas relacionados con la etapa de la consignación. Una vez que el Agente del Ministerio Público considera que existe evidencia e indicios suficientes para atribuir una conducta a un determinado individuo, el expediente es consignado ante el juez de procesos penales.

Sin embargo, un error recurrente dentro de esta etapa, es la creencia por parte del Ministerio Público “integrador” de que su labor culmina cuando el ministerio público adscrito al juzgado de procesos recibe el expediente. En muchas ocasiones, este último no tiene conocimiento suficiente sobre la averiguación previa, y con ello se rompe la continuidad en la persecución.

En el país se observan tasas muy bajas de consignación. En 17 estados, el porcentaje de consignaciones con respecto a las denuncias es menor a diez por ciento. A nivel federal, la PGR reporta que del total de las averiguaciones previas iniciadas por delitos del fuero federal en el periodo de 1999 a 2012, se consignó 35.13 por ciento, se determinó el no ejercicio de la acción penal en un 35.54 por ciento y se envió a reserva un 23.51 por ciento. Estas averiguaciones previas con carácter de reserva adquieren un status de incertidumbre con relación a si en algún momento continuará la investigación para determinar si existen o no elementos para acreditar el delito y, en su caso, la probable responsabilidad. Para muchos, la probabilidad de que algún día se integren dichos elementos es casi nula, pues la consideran “la antesala de la terminación formal de la investigación”

Corrupción

La PGR ha coordinado acciones encaminadas al establecimiento de programas operativos para la transparencia y el combate a la corrupción, se han realizado diagnósticos para identificar áreas proclives a la corrupción mediante la relación de conductas de mayor incidencia y gravedad ligadas a actos de corrupción.

Con base en lo anterior, desde 2001 se han definido líneas estratégicas de control, supervisión, inspección y evaluación técnico jurídica, así como de rendición de cuentas e información pública para poder hacer frente a los problemas de corrupción. De los datos reportados por la PGR, se observa que en 2002 se cumplieron 174 de las 200 acciones de mejora comprometidas, lo que reflejó un avance del 84.36 por ciento del compromiso institucional en el programa anticorrupción.

Asimismo, a partir de la creación de la Fiscalía de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2012, se iniciaron 532 averiguaciones previas relacionadas con actos de corrupción, de las cuales 182 se determinaron mediante consignación, destacando el incremento del número de éstas en los últimos dos años. De las consignaciones realizadas de noviembre de 2004 al 31 de diciembre de 2012 se dictaron 90 autos de formal prisión. Así, desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012, se dictaron 6 sentencias absolutorias y 28 condenatorias.

No obstante del compromiso adquirido por la Procuraduría General de la República en relación con este tema, se advierte otra área de oportunidad para hacer frente a las prácticas de corrupción al interior de la institución. De acuerdo con los datos obtenidos en los informes de labores de la PGR del 2001 al 2012, se aprecia la falta de continuidad en los programas y proyectos comprometidos, lo que ha imposibilitado una adecuada medición de resultados y ocasionó la repetición de acciones en las diferentes administraciones.

Igualmente, de la revisión de las estadísticas, por una parte, se advierte un aumento durante los últimos dos años en el caso de averiguaciones previas consignadas, autos de formal prisión y sentencias condenatorias emitidas por delitos relacionados con actos de corrupción, lo que supone una mejora en la integración de las indagatorias.

Por otro lado, en el fuero común las ENVIPE 2012 y 2013 en relación a la percepción de corrupción entre las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, refleja una mejora en 2013 en relación al 2012 tanto en los Ministerios Públicos como en la Policía Ministerial o Judicial,

II. ¿QUE PROBLEMAS VAMOS A RESOLVER?

III.- ¿CÓMO RESOLVER LOS PROBLEMAS?

TRANSICIÓN PGR-FISCALÍA

Eje 1

El reto es adaptar la restructuración de la PGR a las condiciones actuales, para que como Fiscalía se convierta en continuación y nueva etapa de la procuración de justicia efectiva a través de la implementación, en tiempo y forma, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Código Procesal único y difusión de la característica de la Oralidad del Sistema.

Y segundo, para alcanzar estos tres objetivos, perfeccionar la operación sustantiva:

- Dotar de suficientes recursos humanos capacitados, recursos materiales y financieros a la circunscripción territorial,

- Contar con una policía que investigue -un organismo de investigación serio, confiable, científico, con tecnología moderna –aportar elementos suficientes para que el juez pueda determinar si procesa o no al acusado, y un

- Establecer un Sistema de información de inteligencia de la circunscripción territorial, datos analizados y procesados de los modus operandi de los protagonistas del crimen y la violencia, para simplificar el proceso de ubicar cada delito.

- Establecer una gestión de justicia con base en resultados, imparcial, expedita, eficiente en sus procesos, certera en sus resoluciones y con calidad en su atención a la ciudadanía.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO (SPA)

Eje 2

Dar a conocer que la transformación del Sistema de Justicia Penal se debe abordar como un cambio cultural que impactará a la ciudadanía en lo relativo a la procuración e impartición de justicia.

Difundir que el SPA conlleva, en primer lugar, una armonización legislativa alineada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación de las entidades federativas.

Y, en segundo lugar, la formación y profesionalización de los actores, operadores y personal de apoyo, partiendo de un programa nacional de capacitación, con base en un diagnóstico básico, en los diferentes perfiles de los ejecutores a nivel federal y estatal.

Acciones de Evaluación:

- Método de Seguimiento a la Armonización Legislativa en la Entidades Federativas aprobado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)

- Programa de Capacitación de la SETEC- Compromisos y etapas de desarrollo-infraestructura.

Diseñar y operar una Campaña de publicidad en medios de comunicación masiva, (información escrita y audiovisual, sencilla, didáctica y comprensible) y en foros y redes establecidos donde difundir y debatir sobre cuestiones relativas a los Derechos Individuales y Sociales, y obligaciones de los ciudadanos.

El objetivo es reconstruir la confianza para transformar a nuestra sociedad amorfa y pasiva en una sociedad informada, organizada y capacitada y con carácter activo y participativo en la consolidación de una Cultura de la Legalidad, ser capaces como ciudadanos de entender la parte que nos toca y como autoridades de entenderla y ejercerla, aceptando los participantes, las formas que puedan configurar el desarrollo de una convivencia social basada en reglas, basada en la conducta aceptada por la sociedad.

CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (CNPP)

Eje 3

Difundir entre los Servidores Públicos que integran el sector seguridad, justicia y prevención del delito el contenido del CNPP. Así mismo, impartirles cursos de capacitación y conferencias relacionadas con el tema, para que conozcan las diferencias entre uno y otro código, las bondades y consecuencias jurídicas de su ejecución y su concordancia a los tiempos y las realidades vigentes.

Establecer Diálogos con las comunidades académicas, facultades, organizaciones civiles con las que las instituciones del sector interactúen para que como voluntarios sociales auxilien en la propagación de cómo el contenido del CNPP contribuye a fortalecer la vigencia del estado de derecho y promover la cultura de la legalidad.

Campaña sobre información pública, publicidad sencilla y comprensible, en periódicos, revistas, televisoras, radiodifusoras, espectaculares, carteles, etc., para dar dimensión a esta adecuación que fortalece el proceso de impartición de justicia asegurando que se lleven a cabo con la mayor oportunidad y celeridad posible dentro del marco de la ley y la buena práctica.

REGIONALIZACIÓN

Eje 4

Explicar a los Servidores Públicos que integran las instituciones del sector seguridad, justicia y prevención del delito, los propósitos del Sistema de Coordinación Regional y Desconcentración que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo es necesario implementar.

Objetivo Institucional

- Promover la Cultura de la Legalidad y fortalecer la vigencia del Estado de Derecho en el ámbito de la competencia de cada una de las instituciones del sector seguridad, justicia y prevención del delito

Objetivos Funcionales

- Determinar las acciones de coordinación que permitan mantener una estrecha vigilancia y control de la actuación del Ejercito, las Policía y del Ministerio Público en su circunscripción territorial, sin menoscabo de la autoridad que corresponda al titular de la localidad y de las -Unidades Administrativas centrales que están involucradas en estas acciones.

- Mejorar los mecanismos de denuncia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en los Ministerios Públicos mediante la implementación de acciones orientadas a restaurar la certidumbre ciudadana en las instancias responsables de procuración de justicia.

- Establecer las directrices para la conducción y la implementación de la política criminal de la federación en su circunscripción territorial, determinar prioridades así como las estrategias para alcanzarlas y los mecanismos para medir su impacto en la circunscripción territorial.

Establecer contacto directo con los ciudadanos mediante foros en centros académicos y escolares, públicos y privados y redes sociales, a NIVEL NACIONAL, primero, para explicar las bondades de la regionalización que acerca a la institución a lugar de las acciones, y segundo preguntar el cómo mejorar las consultas/trámites/gestiones/servicios para alinear los procedimientos de impartición de justicia hacia una gestión centrada en el ciudadano.

III. ¿CUÁL ES LA FORMULA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS?

Nuevo Paradigma de desarrollo de la Cultura de la Legalidad.

La declaración universal de los Derechos Humanos consagra que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. La declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales determina que éstos son esenciales para la Dignidad humana. En sus considerandos, este equipo de trabajo de la UNESCO, señala que las violaciones de los Derechos Culturales provocan tensiones y conflictos de identidad que son una de las causas principales de la crisis de legalidad que vivimos, del debilitamiento del tejido social y del relajamiento de las creencias y de la moral pública con sus consecuencias negativas en las instituciones de la sociedad.

Remitificación de las Instituciones

Las INSTITUCIONES relacionadas con la Seguridad, la Procuración de Justicia y la Prevención Social del Delito, deben favorecer la creación de una nueva idea de sí mismas que recoja las aportaciones de los nuevos tiempos, corrientes y nuevos modos de vivir.

La remitificación deberá ser una mezcla de lo nuevo y lo viejo realizada con criterios de respeto al pasado y de apertura al futuro. Esta propuesta exige equipos interdisciplinarios sobre bases amplias y científicas que analicen la revalorización del capital institucional desde su nacimiento, transformación y consolidación del organismo como unidad especializada que representa la figura del ministerio público de la federación.

El capital institucional configura y ayuda a encontrar y definir elementos constitutivos de identidad. Cambiar la mentalidad de la misión y la gestión sería uno de los pasos definitorios a la hora de enfocar el inmenso conjunto de experiencias que ha acumulado y que serán de vital importancia para transitar hacia un nuevo paradigma de desarrollo de la cultura de la legalidad.

Bases para definir la estrategia

En los últimos años se han producido cambios en el sector seguridad y justicia; si bien ha habido estancamiento en algunas áreas también hemos asistido a la potenciación de valores exitosos. Lo queramos o no ya no será lo que era, y ya no volverá a ser lo que es, simplemente será distinta.

La tarea es hacer posible la seguridad y la justicia, también en épocas de transformaciones; conducir responsablemente, de manera participativa el proceso de transición hacia un nuevo paradigma de cultura de la legalidad consolidando el cambio en un marco institucional, con plena vigencia del Estado de derecho y convencidos de que la CULTURA DE LEGALIDAD, como valor trascendente, es la base fundamental del desarrollo integral de las personas y la convivencia social.

En las reuniones de grupos de trabajo se han dado diferentes imágenes con diagnósticos y propuestas que buscan implementar reformas en el sector seguridad y justicia. La transformación que se está produciendo condiciona el desarrollo de la cultura organizacional.

Todo ello se ha visto reflejado en la diversidad de los enfoques y análisis recogidos, que tienen en común la necesidad y justificación de un Plan Estratégico, una guía a largo plazo de los programas de la materia: fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Y no lo vamos a lograr si no nos creen, si no creemos en nosotros mismos

La dinámica cultural debe, por tanto, adquirir un valor estratégico para el futuro, en tanto que ha sido y será un motor y base fundamental de la transformación del sistema de seguridad, la procuración e impartición de justicia, el sistema penitenciario y la prevención social del delito, lo cual se debe abordar como un CAMBIO CULTURAL que impactará a la ciudadanía.

Lo anteriormente expuesto obliga a un cambio de visión cultural, a transitar hacia a un NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD:

Esta concepción requiere de la adopción de estrategias específicas en cada esfera del sector, que fortalezcan la Inserción de valores positivos y combatir los valores negativos con la finalidad de integrar y cohesionar a la sociedad para lograr la firme coordinación de los esfuerzos que permita alcanzar los objetivos en materia de seguridad, justicia y prevención del delito.

El ejercicio que se propone, reconoce que movilizar la fuerza de la cultura es uno de los principales desafíos. Más que nunca estamos convencidos de su capacidad y sus implicaciones éticas para cambiar el curso del desarrollo de seguridad y la procuración e impartición de justicia.

Así, la cultura se dibuja como mapa para orientar esta tarea de “reconstrucción”. Los cambios son de tal envergadura que tenemos que volver a lo básico, a lo primario, es decir, a los significados, a la MORAL, ese código de normas que regulan la acción individual (actos, actitudes y carácter) y colectiva que se considera correcta. En ella, las personas pueden reconocerse mutuamente, cultivarse, crecer en conjunto, y desarrollar la autoestima y confianza colectiva; ese conocerse y reconocerse en los demás, que permite la cooperación en razón de fines y que implica la unidad.

La teoría y la política del desarrollo integral deben incorporar los conceptos de confianza, identidad y comunidad, ya que estos elementos constituyen el TEJIDO SOCIAL en que se basan la política y la economía y están inextricablemente ligadas. Lo que suceda en cada una de ellas va a condicionar severamente las otras.

La CULTURA como factor decisivo de cohesión social, es el componente clave de estas interacciones fundadas en valores, percepciones y actitudes creadoras de Instituciones y de la LEGALIDAD, como elemento central de la garantía de la convivencia social basada en reglas, basada en normas, basada en la conducta aceptada por la sociedad; par que esto se dé, el elemento central es la CONFIANZA CIUDADANA.

Planteamiento de la estrategia

El diseño y aplicación de una estrategia de desarrollo, a partir de las bases presentadas anteriormente, supone la consideración previa de los ejes básicos en los que el fenómeno cultural incide sobre la vida en sociedad, entendida ésta en su sentido institucional y su dimensión humana.

a) La cultura de la legalidad como elemento de proyección e imagen de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y prevención del delito.

Los efectos que para las instituciones tiene la conformación de una imagen de marca asociada a la cultura de la legalidad y la creatividad no sólo dejar sentirse en elementos evidentes sino que, además, incide de manera decisiva en el posicionamiento de las instituciones como protectoras del ciudadano y defensoras de la sociedad.

La meta debe ser dar seguridad, hacer justicia, que no es solo consignar, sino entender en dónde están las responsabilidades y es, también, tratar de hacer valer la inocencia, la tarea es proteger a las víctimas.

b) La cultura de la legalidad como elemento para incrementar la calidad de vida de los servidores públicos y la integración institucional.

El elemento cultural es también un factor de primer orden en la calidad de vida de los servidores públicos.

Un elemento indispensable para construir un modelo de institución, cohesionada, competitiva y cualificada preparada, para asumir con totales garantías sus retos.

No lo vamos a lograr si los integrantes de las instituciones de seguridad y procuración de justicia no llegan todos los días a las oficinas con la idea clara, precisa, contundente de hacer su trabajo con la certeza de lo están haciendo por la sociedad en la que viven, en la que viven sus hijos, en la que van a vivir sus nietos.

Objetivos

Objetivo general: Potenciar a las instituciones de seguridad y procuración de justicia como los principales actores de la Cultura de la Legalidad, aprovechando el Capital Humano como vehículo para fortalecer la imagen y vinculando a los Servidores Públicos a la Cultura de Legalidad posicionándola como elemento de cohesión y calidad de vida.

Objetivo 1.- Posicionar a la instituciones de seguridad, procuración de justicia y prevención del delito como CENTROS DE CULTURA DE LA LEGALIDAD.

1.1 Motivar al capital humano, para que de esta manera se cree una conciencia colectiva de que la cultura de la legalidad es una esfera de futuro, con grandes posibilidades de desarrollo.

1.2. Mejorar la competitividad de los servidores públicos adscritos en la institución.

1.3. Conformar una red de agentes promotores coordinados y comprometidos con el proceso.

Objetivo 2.- Incrementar la capacidad de la esfera cultural como elemento que ayude a potenciar la IMAGEN-MARCA de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

2.1. Construir una imagen de marca de la cultura de legalidad como combinación del binomio tradición-innovación.

2.2. Aumentar la presencia de la en foros locales y nacionales y fomentar su capacidad para trabajar en red.

2.3. Elaborar modelos estéticos de comunicación y publicidad.

Objetivo 3.- Valorar a la cultura de la legalidad como elemento básico para el incremento de la cohesión institucional y la calidad de vida de los servidores públicos.

3.1. Fomentar valores como la tolerancia, la confianza, la libertad, el compromiso social y la cooperación.

3.2. Impulsar la creatividad.

3.3. Favorecer la conexión entre cultura de la legalidad, educación, formación y conocimiento.

INDICE

I.- ENTORNO DE GESTIÓN

II.- ¿Qué PROBLEMAS VAMOS A RESOLVER?

III.- ¿CÓMO RESOLVER LOS PROBLEMAS?

IV.- ¿CUÁL ES LA FÓRMULA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS?