Sarsfield 2013 Es Racional, Desde Elun Punto de Vista Individual, Obedecer La Ley

Seediscussions,stats,andauthorprofilesforthispublicationat:https://www.researchgate.net/publication/283731990

Esracional,desdeelpuntodevistaindividual,obedecerlaley?RESEARCHNOVEMBER2015DOI:10.13140/RG.2.1.3430.3446

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RodolfoSarsfieldAutonomousUniversityofQu18PUBLICATIONS99CITATIONS

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Availablefrom:RodolfoSarsfieldRetrievedon:01February2016

Es racional, desde el punto de vista individual, obedecer la ley?

Microfundamentos del Estado de derecho

Rodolfo Sarsfield*

Este trabajo plantea una visin amplia sobre el comportamiento ilegal. Indagando los mecanismos institucionales y estratgicos del acatamiento a las leyes, pero incorporando tambin a la explicacin factores cognitivos y normativos, el artculo presenta un modelo extenso de la obediencia a la ley. La explicacin propuesta aqu sostiene principalmente que: 1) la utilidad comparada de acatar/violar la ley abarca, adems del costo directo de la penalidad asociada a la sancin y la probabilidad de ser castigado, otros costos indirectos que tambin deben ser incluidos en los pagos del comportamiento de obedecer/desobede-cer la ley; 2) cuando la probabilidad percibida de ser sancionado es menor a un valor crti-co pc, las expectativas sobre lo que harn los otros y el valor de las normas cvicas en los individuos se convierten en factores no marginales de la explicacin; 3) cuando la canti-dad de personas que percibe que la probabilidad de ser sancionada es ms baja a que pc es mayor que una masa crtica Cd, es ms probable que se constituya un equilibrio de debili-dad del Estado de derecho, y 4) en aquellos pases en los que se satisface la tercera condi-cin, el modelo extenso del comportamiento ilegal adquiere mayor capacidad explicativa.

Palabras clave: Estado de derecho, comportamiento ilegal, racionalidad, cultura pol-tica.

Is Obeying the Law Individually Rational? Micro-Foundations of the Rule of Law

This work presents a extensive view of illegal behavior, studying the institutional and strategic mechanisms of compliance with the laws, but also incorporating the cognitive

VOLUMEN TEMTIcO 2013 SEgURIdad pbLIca EN MxIcO . pp. 195-221 gestin y poltica pblica 195

*Rodolfo Sarsfield es profesor-investigador en la Facultad de ciencias polticas y Sociales, Universidad au-tnoma de Quertaro, y profesor afiliado en la divisin de Estudios Jurdicos, centro de Investigacin y docen-cia Econmicas (cide). ciudad Universitaria, cerro de las campanas s/n, centro Histrico, Santiago de Que-rtaro, 76010. Tel. (442)192 12 00. correo-e: [email protected]. Una versin anterior de este trabajo fue presentada en el Seminario de poltica y gobierno, divisin de Estudios polticos, centro de Investigacin y docencia Econmicas (cide), el 21 de octubre de 2010. agradezco especialmente los comentarios de Julio Ros-Figueroa. asimismo, deseo dar las gracias por las sugerencias y crticas de Javier aparicio, claudio Lpez-guerra y andreas Schedler. La responsabilidad del producto final recae exclusivamente en el autor del trabajo.

artculo recibido el 26 de febrero de 2011 y aceptado para su publicacin el 19 de octubre de 2011.

ROdOLFO SaRSFIELd

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and normative factors to the explanation. The argument proposed claims mainly that: 1) the comparative utility of complying/violating the law includes, in addition to the direct cost of the penalty and the probability of being punished, other indirect costs that should also be included in the pay-offs of obeying/disobeying the law; 2) when the per-ceived probability of being sanctioned is less than a critical value pc, the expectations of what others would do and the value of the civic rules to the individuals become non-marginal factors to the explanation; 3) when the number of people who perceive that the probability of being sanctioned is lower than pc reaches more than a critical mass Cd, is more likely that a weak rule of law equilibrium is established; and 4) in those countries in which the third condition is satisfied, the thick model of illegal behavior acquires more explanatory power.

Keywords: rule of law, illegal behavior, rationality, political culture.

Qu diablos pretenden ustedes al aplicar la ley cuando todos los hombres decentes estn en el mar? Esta ciudad est ms seca que un hueso y huele peor que la ltima vez que la visit.

podran habernos dejado un saln para bebidas de poco contenido alcohlico.No parece que eso le haya impedido calentarse por dentro, carsen. despus discutir las razones de ello. Sintese cerca de la puerta y piense en sus argumentos hasta que yo vuelva.Qu son los argumentos para m? En Miqueln, el cajn de champaa cuesta 18 dlares

Capitanes intrpidos, Rudyard Kipling

INTROdUccIN

por qu habra que acatar a las leyes? Recreando la pregunta que Jack goldstone (1994) hiciera sobre la participacin individual en las ac-ciones revolucionarias, es racional, desde el punto de vista individual,

obedecer la ley? El problema de la obediencia quizs suene extrao para un estudioso del derecho, pues los abogados piensan en obligaciones, no en la obediencia. Segn la teora predominante en los estudios legales, una pregunta as carecera de sentido. El interrogante sobre si un indivi-duo paga los impuestos porque lo considera un deber moral, porque le teme a una sancin, para obtener prestigio social o porque so que iba a ganarse la lotera (Troper, 2003, 94-95) es irrelevante en la corriente principal del derecho.1 El supuesto que domina es que los individuos obe-

1 Es interesante observar que problemas cercanos a aquella pregunta, como por qu los hombres arma-dos obedecen a los hombres desarmados? o por qu los hombres que tienen poder se ponen lmites a s mismos? (Holmes, 2003, 24) no tienen tampoco importancia en los estudios legales.

ES RacIONaL, dESdE EL pUNTO dE VISTa INdIVIdUaL, ObEdEcER La LEy?

VOLUMEN TEMTIcO 2013 SEgURIdad pbLIca EN MxIcO gestin y poltica pblica 197

decen por los premios o castigos y la probabilidad de recibirlos que implica el carcter vinculante de la ley. Lo que los individuos creen respec-to a qu hacen los dems en la misma situacin o sus posturas normativas o morales sobre el contenido de las leyes carecen de inters para la perspec-tiva central del derecho.

El comportamiento ilegal ha sido explicado por la teora de la eleccin racional segn los postulados generales de su enfoque sobre la conducta humana (becker, 1968). as, la conducta ilegal es concebida como una decisin individual, resultado del clculo de un actor racional que, frente a una estructura de distintos incentivos preexistentes, opta por violar la ley. Entre los incentivos que conducen al comportamiento ilegal se han seala-do, en general, determinados arreglos institucionales y, en especial, su des-empeo. La inexistencia, debilidad o mal funcionamiento de los mecanis-mos de law enforcement han sido destacados desde hace mucho como los determinantes institucionales que explican las altas incidencias de compor-tamiento ilegal (becker, 1968; becker y Stigler, 1974; McKenzie y Tullock, 1994; Opp, 1999; Mccarthy, 2002; Hibbs y piculescu, 2010). casi siem-pre, los factores institucionales se incluyen en el clculo que realizan los in-dividuos sobre la decisin de violar la ley como una funcin del monto de la pena y la probabilidad percibida de ser sancionados. Siguiendo la distin-cin entre la teora restringida y la teora amplia de la eleccin racional (Elster, 1988; aguiar, 1991), llamo a este modelo estndar de la obediencia a la ley, el modelo restringido.

de manera distinta, este trabajo plantea una visin amplia sobre el com-portamiento ilegal, ya que indaga los mecanismos institucionales y estrat-gicos del acatamiento a las leyes pero, adems, incorpora a la explicacin un grupo de factores cognitivos y normativos, y presenta un modelo extenso de la obediencia a la ley. El argumento propuesto sostiene principalmente que la utilidad comparada de acatar-violar la ley abarca, adems del costo directo de la penalidad asociada a la sancin y la probabilidad de ser castiga-do (hiptesis central del modelo restringido), otros costos-beneficios indi-rectos que tambin deben incluirse en los pagos del comportamiento de obedecer o desobedecer la ley. dos costos-beneficios indirectos importan-

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tes son las expectativas de lo que hacen los dems en la misma situacin y las creencias normativas o morales de los individuos. En segundo lugar, se plantea que cuando la probabilidad percibida de ser sancionado es menor a un valor crtico pc, las expectativas sobre lo que harn los otros y el valor de las normas cvicas en los individuos se convierten en factores no marginales de la explicacin, denominndose con el trmino Ppc al nmero total de personas que sienten que la probabilidad de ser sancionadas es menor que el valor crtico pc. cuando tal cantidad de personas (Ppc) es mayor que una masa crtica Cd, entonces es ms probable que se produzca un equilibrio de debilidad en el Estado de derecho.2 por ltimo, en aquellos pases en los que se satisface la tercera condicin, el modelo extenso del comportamien-to ilegal adquiere mayor capacidad explicativa.

Este trabajo centra su atencin en el comportamiento ilegal en el nivel de la calle (Rose-ackerman, 1999). En ese sentido, el artculo se enfoca sobre el comportamiento de un actor especfico, los ciudadanos, frente a un tipo determinado de bienes, los bienes pblicos. por lo tanto, el modelo propuesto no incluye el comportamiento ilegal de agencias estatales (por ejemplo, servidores pblicos) ni de actores societales (como empresas o el crimen organizado).3 Tampoco abarca el comportamiento ilegal de ciuda-danos frente a bienes privados (por ejemplo, robo de bienes personales). La

2 Entiendo por debilidad del Estado de derecho un resultado poltico (political outcome) que es relati-vamente estable y en el cual, dada la estructura de pagos de las diferentes alternativas, el comportamiento con arreglo a reglas formales es menos preferido que mecanismos diferentes de resolucin de conflictos como la conducta informal, la corrupcin o la violencia. Utilizo el trmino equilibrio para destacar la estabilidad re-lativa de la estrategia dominante de los actores (y, por lo tanto, del resultado a nivel agregado, la debilidad del Estado de derecho), debido a que los agentes creen haber adoptado su mejor estrategia y conocer la estrate-gia de los dems, cuestin por la cual ninguno tiene incentivos para comportarse de un modo distinto.

3 No desarrollo aqu la capacidad analtica del modelo extenso de comportamiento ilegal para explicar la conducta de las organizaciones del crimen organizado debido a que las preferencias, los problemas de coor-dinacin, el tipo de bienes involucrados y la estructura de incentivos son muy diferentes a los de los ciudada-nos frente a los bienes pblicos. Slo para mencionar un aspecto de este tema, los costos cognitivos dentro del crimen organizado parecen estar asociados a la reputacin de los crteles frente a la demanda y a sus com-petidores (gambetta, 1993). dada la gran relevancia de este tema en Mxico, este es el objetivo de un traba-jo posterior. Existe evidencia, sin embargo, en favor del modelo restringido: variables institucionales, como la probabilidad de captura (desempeo de los cuerpos policiales) y la efectividad de las instituciones de justi-cia (desempeo de las procuraduras) tienen gran peso en el aumento o disminucin de la actividad criminal. al respecto, vase Kugler, Verdier y Zenou (2003).



razn de esta decisin analtica sigue el argumento bien establecido en la teora de la eleccin social que sostiene que la naturaleza no excluyente y no rival de los bienes pblicos junto al carcter excluyente y rival de los bienes privados hace que los problemas de accin colectiva y de free-rider sean de muy distinta ndole para cada caso, lo que genera una estructura de pagos diferente para el comportamiento ilegal y dificulta su integracin en un mismo modelo.

por otra parte, la naturaleza abstracta y difusa de los bienes pblicos junto a la naturaleza concreta y concentrada de los bienes privados (Thac-ker, 2009) es relevante en trminos de percepciones de los individuos, un aspecto incluido en el modelo extenso del comportamiento ilegal. Los bienes pblicos, si las personas no son portadoras de una nocin sobre el bien comn o de una cultura cvica, constituyen una realidad distante o borrosa.4 Sin pensamiento cvico, el carcter ajeno de este tipo de bienes hace ms probable que el comportamiento de los individuos frente a la decisin de contribuir o no con la produccin de los bienes colectivos se vea afectada de manera fundamental por lo que creen que hacen los de-ms. de modo opuesto, el reconocimiento de los bienes privados no re-quiere la existencia de una cultura cvica dada la ndole ms cercana y palpable de los bienes privados.5 por ello, en la decisin de comportarse ilegalmente frente a bienes privados, las percepciones sobre lo que hacen los dems no es relevante en la misma medida en que lo es frente a bienes pblicos. dadas estas diferencias entre ambos tipos de bienes, el modelo propuesto se circunscribe estrictamente al comportamiento frente a dis-posiciones y reglamentos que buscan incentivar la cooperacin de los ciu-dadanos en la produccin de bienes colectivos (por ejemplo, un trnsito

4 aunque no es el lugar para una exposicin sistemtica sobre el trmino, me refiero con cultura cvica siguiendo la clsica definicin de almond y Verba (1963, 6) a una cultura poltica racional y consen-sual, que se inclina a favor de la existencia de una burocracia neutral y responsable y medios de comunica-cin autnomos y neutrales, y cuyo par opuesto conceptual es una cultura parroquial, basada en el parti-cularismo, el partidismo y en relaciones personales o familiares.

5 aunque no es un tema de este trabajo, las diferencias en las percepciones de los individuos entre bienes pblicos y privados quiz sea producto de que el inters por uno mismo se desarrolla ms tempranamente y que los derechos de propiedad privados son connaturales a las personas (Locke, 1997 [1692]).

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organizado, la generacin y distribucin eficiente de energa elctrica o el pago de los impuestos).

El modelo restringido del comportamiento ilegal argumentara que el mismo ciudadano Javier obedecera las reglas de trnsito y pagara los im-puestos en un pas P y no lo hara en otra nacin N si las probabilidades que cree tener de ser sancionado son altas en P y bajas en N. Lo mismo dira este modelo sobre el monto de las penas. Las creencias sobre lo que los otros hacen o las convicciones cvicas de las personas no importan en la explica-cin. El modelo extenso, en cambio, sostiene que las creencias sobre lo que hacen los dems y los valores cvicos de los ciudadanos son importantes en la explicacin en la medida en que las probabilidades percibidas de ser san-cionados p y el monto del castigo disminuyen. cuando p es menor de un valor crtico pc, se vuelven no marginales en la explicacin, situacin que caracteriza a una buena parte de los pases de amrica Latina (Odonnell, 1996; Weyland, 2002; Helmke y Levitsky, 2006).6

La especificidad contextual del modelo sigue la hiptesis que sostiene que el contexto importa para la validez de la explicacin en la poltica com-parada, un aspecto que no siempre se tiene en cuenta (adcock y collier, 2001). asimismo, se busca esbozar algunos de los elementos para un marco terico general sobre los mecanismos macro y micro que influyen para que el comportamiento ilegal y el informal coexistan, subviertan e incluso su-planten a las reglas formales (Lauth, 2000).

ESTadO dE dEREcHO y cOMpORTaMIENTO INdIVIdUaL

La investigacin sobre el Estado de derecho en la ciencia poltica se en-cuentra en un momento sobresaliente. Hace ya ms de una dcada que co-menz una tradicin de estudios sobre el Estado de derecho que haca

6 probabilidades muy bajas de ser sancionado cuando se infringen disposiciones del tipo propuesto aqu se perciben mayoritariamente y de modo sistemtico en el distrito Federal y en el Estado de Mxico (berg-man y Sarsfield, 2009; Sarsfield, 2010a). Tales hallazgos permiten aplicar este modelo de comportamiento ilegal a ambas entidades federativas. Es probable que si se dispusiera de datos de otros estados, el modelo podra extenderse a otras regiones de Mxico.



afirmar, en aquel entonces, que haba un renacimiento del inters por el mismo (carothers, 1998). aunque la reflexin sobre el Estado de derecho se remonta a la teora poltica clsica misma (i.e., platn, La Repblica; aris-tteles, La Poltica) y este sea un concepto que cuenta con una larga tradi-cin en la filosofa, el derecho y la ciencia poltica (i.e., Fuller, 1969, Raz, 1977; dworkin, 1977), en los ltimos aos se observa un notable aumento de los trabajos sobre su conceptualizacin (Sunstein, 1996; Waldron, 2002; Ferejohn y pasquino, 2003; Holmes, 2003), medicin (Ros-Figueroa y Staton, 2008; Skaaning, 2009; Moller y Skanning, 2011) y de los estudios sobre el mismo como variable independiente (Haggard et al., 2008) y como variable dependiente (barro, 2000; Joireman, 2004; Hayo y Voigt, 2005; Hansson y Olsson, 2006). La expansin del tema no es slo acadmica. Varios organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han dedicado recursos y esfuerzos para el desarrollo de mediciones compa-rativas, con la construccin de bases de datos y el diseo de ndices sobre el Estado de derecho que permiten comparar muchos pases (banco Mundial, bertelesmann Foundation, Freedom House, global Integrity).

dado el carcter controvertido del concepto (Tamanaha, 2004), hago explcita la definicin que propongo: la conceptualizacin se deriva de la tradicin que concibe el Estado de derecho como un resultado (Maravall y przeworski, 2003; Snchez-cuenca, 2003) y no slo como un conjunto de caractersticas del sistema legal (Fuller, 1969; Raz, 1977) que es una condicin necesaria pero no suficiente del Estado de derecho (Sarsfield, 2010b).7 Este concepto se define aqu como el predominio de las leyes como mecanismo de procesamiento y resolucin de conflictos sobre otros dos analticamente posibles: el comportamiento ilegal y la violencia. En ese sentido, el Estado de derecho conforma uno de los posibles resultados del juego de coordinacin social, resultado que se caracteriza por el hecho de que la voluntad y el espritu de las leyes prevalecen (Hardin, 1982). El Esta-do de derecho constituye un equilibrio en el que una vasta mayora de los

7 Es importante expresar que Lon Fuller (1969) se acerca a una definicin de Estado de derecho basada en el comportamiento legal y no slo en los requisitos formales de un sistema legal. para una revisin sistem-tica al respecto, vase Snchez-cuenca (2003).

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agentes estatales y no estatales se comporta, la mayora de las veces, segn reglas generales (Maravall y przeworski, 2003). Un equilibrio de este tipo supone que otros mecanismos de procesamiento y resolucin de los con-flictos, como la violencia, se manifiestan slo atpicamente.8

El estudio de la lgica que subyace en el nivel micro para el funciona-miento de las reglas formales es un dficit de la bibliografa. La mayor parte de las teoras que se han presentado para explicar el funcionamiento del Estado de derecho utilizan propiedades de los pases, tales como la riqueza (barro, 2000; Joireman, 2004), la fragmentacin tnica (Hayo y Voigt, 2005; Hansson y Olsson, 2006), la religin (barro 2000; Hayo y Voigt, 2005) o haber tenido un rgimen comunista (Hoff y Stiglitz, 2004; Sandholtz y Taagepera, 2005). Si bien algunos de los estudiosos han suge-rido y aportado ideas sobre los mecanismos que vinculan aquellas variables independientes con el Estado de derecho como variable dependiente, no existe una elaboracin sistemtica de las micromotivaciones del Estado de derecho.

Teniendo en mente que para la explicacin de un fenmeno de nivel macro (el predominio o no predominio del imperio de la ley) es una con-dicin necesaria proponer una hiptesis plausible o un conjunto de hip-tesis plausibles en trminos de la interaccin entre individuos o entre un individuo y un agregado social (Schelling, 1998, 32-33), la indagacin sobre los microfundamentos del Estado de derecho constituye una empresa central. Hallar las motivaciones de los individuos para obedecer o desobe-decer la ley las cuales, agregadas como decisiones individuales, producen el resultado del imperio o no imperio de la ley en el nivel macro es un requisito para una buena explicacin.

El nfasis puesto sobre el nivel micro no significa desconocer la relevan-cia terica del nivel macro. El derecho es costoso individualmente (Holmes y Sunstein, 1999), si no existen o no se aplican incentivos selectivos o si stos son borrosos para grupos grandes de personas (Olson, 1969). El

8 Estrictamente hablando, la variable de inters de estas pginas no es el Estado de derecho en s mismo. El Estado de derecho es, ms bien, un valor que la variable dependiente de estas lneas puede adquirir.



hecho de que los conflictos se diriman en el marco de la ley (y no en el mar-co de lo ilegal o de la violencia) en el nivel de la interaccin entre individuos depende de los incentivos institucionales preexistentes. preguntar por los microfundamentos es equivalente a preguntar por los mecanismos que funcionan en los individuos, aunque eso no excluye el anlisis sobre el pro-ceso por el cual esos mecanismos se desatan debido a los arreglos o el des-empeo de las instituciones en un tiempo t1, lo que genera a su vez resulta-dos institucionales (el imperio o no imperio de la ley) y resultados sociales (el orden social o el no orden social) como consecuencias en el nivel macro en un tiempo t2 (gambetta, 1998).

Esto, en otras palabras, quiere decir que en una buena explicacin deben incluirse ambos niveles. Una teora de la causacin estructural es una teora, slo que es una teora incompleta, en la misma medida en que una teora a nivel individual es incompleta, mientras no nos hable sobre qu procesos determinan la identidad y cantidad de los jugadores, por qu esos jugadores valoran los fines que persiguen racionalmente y cul de las variedades de ra-cionalidad gua sus elecciones, cmo evoluciona la arena institucional del juego, de dnde provienen los payoffs, por qu algunas veces las reglas cam-bian a la mitad del juego, y cmo la distribucin del poder entre los actores determina los resultados en el nivel macro (coppedge, 1999, 474).

por otro lado, una idea persistente sobre lo que debe ser una explicacin rigurosa de un fenmeno social al menos dentro del individualismo me-todolgico es la nocin de que la unidad de anlisis ltima debe ser un individuo racional o, al menos, un individuo cuyo comportamiento est guiado por razones o motivos. de esta idea se deriva el corolario de que si la explicacin E de un fenmeno social no puede ser reducida al comporta-miento (decisiones) de los individuos, E es una explicacin con caja negra y, por lo tanto, insatisfactoria. Lo que est dentro de la caja negra debe ser un mecanismo social o varios mecanismos sociales que la explicacin del fenmeno social debe incluir.9

9 La idea de mecanismos o de mecanismos sociales juega tambin un papel importante en una buena explicacin. al comparar los mecanismos con teoras, leyes, correlaciones y cajas negras, casi existe consenso sobre una estructura hiertica en la que las meras correlaciones se ubican en la base y las leyes en la parte ms

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Siguiendo estas prescripciones sobre una explicacin deseable, se pro-pone un conjunto de mecanismos para dar cuenta del fenmeno del com-portamiento ilegal y cmo ste influye sobre la constitucin del Estado de derecho como resultado. El primer mecanismo es la utilidad individual (nivel micro), que los arreglos y el desempeo especfico de las instituciones existentes producen (nivel macro). El segundo mecanismo est integrado por las expectativas que cada uno tiene sobre el comportamiento de los de-ms junto a los valores cvicos de cada persona. Este mecanismo se desata como factor explicativo cuando la probabilidad percibida de ser sanciona-do est por debajo de un valor crtico pc. El tercer mecanismo propuesto es el de decantamiento (Schelling, 1978), que explica de qu modo un fe-nmeno en el nivel macro (el predominio del Estado de derecho) es resul-tado del comportamiento de los individuos (en el nivel micro), a partir de una masa crtica de individuos.10 El nmero de individuos que acata o viola la ley se deriva de las expectativas que cada uno de los individuos tiene so-bre los dems. El que un tipo de comportamiento se vuelva predominante depende del valor crtico de las expectativas agregadas Ea sobre lo que ha-ran los dems en la misma situacin.

a continuacin se incluyen los pagos respectivos de la interaccin (a partir de los incentivos institucionales en el nivel macro), para mostrar cul debera ser el comportamiento dominante; para eso se introduce el razona-miento de los actores para considerar todos los costos implicados en una situacin estratgica como la que se describe. Se sugiere que los costos-be-neficios cognitivos (las expectativas del comportamiento de los dems) y los costos-beneficios morales (i.e., una funcin del nivel de civismo de cada persona) son aspectos importantes en la decisin sobre si acatar o no la ley,

alta (Schelling, 1998, 32). Existen leyes que tienen cajas negras (es decir, que son opacas sobre cmo traba-jan), como la ley de la gravedad. aunque la ley de la gravedad sea muy confiable en trminos predictivos, lo es menos en trminos explicativos: no est claro an por qu los objetos se atraen unos a otros. por otro lado, las teoras tienen menor estatus que las leyes si las leyes estn bien establecidas y las teoras no.

10 Me refiero a los casos en que el comportamiento ilegal se rutiniza, es decir se vuelve la regla. La rutini-zacin del comportamiento ilegal es tal que, en algunos casos, se justifica hablar de reglas o instituciones in-formales (Helmke y Levitsky, 2006), las cuales son paradjicamente reforzadas por (mal concebidas) reglas formales. Esto tiene como consecuencia que sea el mismo Estado y sus agentes los que producen y re-producen la existencia de tales reglas informales (Langston, 2006).



especialmente cuando la probabilidad percibida de ser sancionado es me-nor a un valor crtico pc.11

EL MOdELO dE cOMpORTaMIENTO ILEgaL

de modo general, la teora de la eleccin racional postula que el comporta-miento C de cada individuo depender de cun eficaz ste crea que es cada alternativa de eleccin para un objetivo que se propone y que, en funcin de su ordenacin de preferencias, maximice su utilidad. En la perspectiva econmica del derecho, ser ms probable que actores racionales maximi-zadores se comporten con arreglo al Estado de derecho si y slo si la utilidad de hacerlo es mayor que la de no hacerlo. por otro lado, el comportamiento de un individuo tambin depender de la probabilidad p de sufrir represa-lias o sanciones de la alternativa ilegal. En nuestro caso, si el ciudadano A piensa que pasarse un alto o hablar por celular mientras maneja le provee cierta utilidad (llegar a su destino antes o arreglar un asunto pendiente en menor tiempo) y que tal acto no tendr ningn costo dado que aunque est infringiendo las disposiciones de trnsito existentes, cree que es poco probable que sea sancionado, entonces ser ms probable que lo haga. precisando el mismo argumento, si el ciudadano A cree que la probabilidad p de ser objeto de un castigo por violar la ley (i.e., colgarse de un diablito, no pagar los impuestos) es ms baja que un umbral pc (es decir, p < pc), en-tonces ser ms probable que se comporte ilegalmente que si p > pc. de lo que se deduce que el diferencial Du de utilidad entre el cumplimiento de la ley (comportamiento legal, Cl) y la violacin de la ley (comportamiento ilegal, Cil) ser:

11 Un corolario que se desprende es que un en un contexto en el que predomine el comportamiento ile-gal al menos en las percepciones de las personas el comportamiento legal requerir un mayor grado de civismo (o altruismo). La escasa valoracin normativa de la ley en Mxico (almond y Verba, 1963; durand ponte, 2004), junto a una percepcin extendida de que los dems, en general, violan la ley cuando pueden, seran dos factores que explicaran la debilidad del Estado de derecho en este pas. Este resultado ha sido presentado como una de las razones de la propensin al procesamiento de los conflictos a travs de la violen-cia (Luna Ruiz, 2003; Urbina Reyes, 2003). Mi argumento es distinto: el surgimiento de la violencia como otra de las formas para procesar conflictos distinta a la ley obedece a que el derecho provee a los actores menos utilidad, ya sea por su contenido o por su desempeo.

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Du = Ucil Ucl

Incluyendo las probabilidades respectivas, siendo q la probabilidad de no ser penalizado si un individuo se comporta ilegalmente y p la probabilidad de ser sancionado si viola la ley, entonces la probabilidad de no ser castiga-do q ser:

q = 1 p

Finalmente, la utilidad directa esperada del comportamiento ilegal Cil debe ser sopesada con la probabilidad de no ser sancionado q. de lo que se deriva que la decisin de seguir uno u otro camino se desprende del si-guiente modelo:

Du = q*Ucil p*Ucl, siendo q = 1 p

Si Du es positivo es decir, si qUcil > pUcl entonces ser ms probable que el ciudadano opte por violar la ley. Si Dua es positivo y q > pc, tal pro-babilidad se incrementar a una tasa mayor.

En trminos generales, el derecho es costoso individualmente en la me-dida en que no existan o no se apliquen incentivos selectivos. El primer as-pecto constituye un problema de diseo institucional. El segundo factor conforma un dficit de desempeo institucional. bajo la primera o segunda condiciones o ambas es probable que el comportamiento legal se vuelva ms costoso que el comportamiento ilegal y que, por lo tanto, lo racional sea optar por desobedecer la ley. Es importante tener presente que tanto los arreglos institucionales como su desempeo son atributos de las institucio-nes (nivel macro). El punto de inflexin entre la institucin de un Estado de derecho fuerte o la de un Estado de derecho dbil se ubica en el momen-to en que respetar las instituciones existentes tiene mayores costos que no hacerlo para un nmero crtico de ciudadanos.

Un aspecto que el modelo restringido de la obediencia a la ley no ha te-nido en cuenta es que la utilidad individual depende tambin de las expec-



tativas que se tengan sobre lo que los dems hacen en la misma situacin. Este aspecto conforma un costo-beneficio indirecto, aunque puede ser rele-vante para explicar el comportamiento ilegal, en especial a partir de cundo se piensa que un nmero crtico de los dems desobedecera la regla. Un ejemplo conocido es lo que ocurre en ciertas reuniones cuando no hay costumbre o norma clara sobre si es o no corts aplaudir al final de la confe-rencia o el parlamento de honor. as, si slo una o dos personas comien-zan a batir palmas, es posible que se queden solas en su accin y hagan el ridculo. pero si de entrada empieza un grupo algo ms numeroso, es casi seguro que se producir una unnime ovacin (colomer, 1998, 46). a diferencia del ejemplo mencionado, cada ciudadano no ve o no sabe de modo tan directo lo que hacen los dems. No obstante, cada individuo tiene experiencia, memoria y conocimiento anterior sobre lo que es proba-ble que ocurra en situaciones como pasarse un alto o no pagar los impues-tos. El comportamiento tambin depende de las creencias sobre lo que los dems hacen o haran en la misma situacin.

para precisar la hiptesis, se afirma que un incentivo cognitivo para que un ciudadano no cumpla la ley es que ste crea que un valor crtico de los dems Cd (i.e., un porcentaje de sus conciudadanos) transgrede tal norma (incentivo a). por arriba de tal valor crtico percibido, ser ms probable que el individuo desobedezca la ley. como en todo juego de coordinacin, cmo se comporte el ciudadano A depender de cmo cree ste que se comportaran los dems ciudadanos D en la misma situacin. para el ciu-dadano A el hecho de cumplir la ley cuando cree que los dems no lo hacen por arriba de un valor Cd es costoso cognitivamente, lo que incrementa su costo total.12 como un retrato vivo del lugar que tiene lo que los dems hacen en el clculo de los actores frente a la ley, resulta reveladora una breve revisin de lo relatado por algunos de los participantes de un conjunto de grupos de enfoque que se hicieron en el distrito Federal (del castillo y

12 Es cierto que si el razonamiento de A fuera algo ms sofisticado, podra pensar en el descuento del fu-turo de no incentivar la corrupcin. No obstante, mientras mayor sea la diferencia entre el costo de la multa (y sus asociados) y el costo de la mordida a favor de la ltima, es ms probable que el descuento sobre el futu-ro sea marginal en el clculo de A.

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guerrero, 2003, 8), una ciudad en la que una mayora de ciudadanos cree que es poco probable ser sancionado si se cometen un conjunto de delitos con bienes pblicos (Sarsfield, 2010a):

[grupo F]: Uno se porta bien si sabe que todo funciona bien o si sabes [sic] que te va a ir muy mal si te portas mal, o sea, si tienes la certeza y claro, si la autoridad es respetable. Entonces s, todos nos portaramos bien.13

[grupo H]: bueno bueno, todo el mundo sabe que los polticos pueden hacer lo que quieran, incluso pueden violar cualquier ley y no pasa nada.

[grupo H]: En Mxico simplemente si no eres corrupto eres tonto []es la forma de vivir de ciertos niveles [sic] de nosotros

El segundo costo indirecto que el modelo restringido de la obediencia a la ley no ha tenido en cuenta es que la utilidad individual de acatar las reglas formales depende tambin de los valores normativos de cada persona. al igual que con el costo cognitivo, los costos morales, aunque indirectos, pueden ser importantes para la decisin individual a partir del umbral q < pc. Un incentivo moral para que un individuo cumpla con la ley es que ste piense que las reglas formales existentes deben ser cumplidas dados sus compromisos como ciudadano o que la persona crea en una legitimidad inherente a las autoridades (Tyler y Huo, 2002; Tyler, 2006). Un incentivo moral para que un individuo cumpla con la ley se desprende del hecho de que ste crea que las leyes son justas o legtimas. El modelo ampliado de la obediencia a la ley incluye, entonces, el costo-beneficio indirecto de obede-cer las leyes segn las creencias normativas respecto a las reglas formales de cada individuo. para una persona que cree deseable el cumplimiento de la ley, no hacerlo es costoso moralmente (utilidad negativa); de modo opues-to, para un individuo que considera que las leyes son injustas o ilegtimas, desobedecerlas es un beneficio normativo (utilidad positiva).

13 Este comentario, si bien hace referencia a lo que ocurre en trminos generales (lo que incluye cmo actan los conciudadanos), pone nfasis en el papel del comportamiento percibido de la autoridad. asi-mismo, menciona la probabilidad percibida de ser sancionado, un problema distinto de las percepciones sobre cmo actan los otros.



a partir de los argumentos sobre los costos-beneficios cognitivos y mo-rales del comportamiento ilegal, el modelo ampliado de la obediencia a la ley puede esbozarse del siguiente modo:

Dua = Ucila Ucla,

donde:

Dua = diferencial ampliado de utilidad Ucila = Utilidad ampliada del comportamiento ilegalUcla = Utilidad ampliada del comportamiento legal

siendo:

Ucila = q*(Ucil + Ucog + Umoral) Ucla = p*(Ucl)

por lo tanto:

Dua = q*(Ucil + Ucog + Umoral) p*(Ucl)

Si Dua es positivo es decir, si q*(Ucil + Ucog + Umoral) > p*Ucl entonces ser ms probable que el ciudadano opte por comportarse ilegal-mente. Siendo Dua positivo y q > pc, tal probabilidad se incrementar a una tasa mayor.

cmo se mencion, la explicacin de un fenmeno agregado (en este caso, el Estado de derecho) debe ser propuesta en trminos de la interac-cin entre individuos o entre individuos y agregados sociales. Siguiendo los argumentos de Thomas Schelling (1978 y 1998), la hiptesis central es que en la medida en que ms gente perciba que la probabilidad de ser sanciona-do p si se comporta ilegalmente es ms alta que el valor crtico pc, es ms probable que se construya un equilibrio de Estado de derecho. El modelo propuesto (vase grfica 1) muestra la relacin entre la utilidad individual

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de cumplir la ley, las expectativas sobre lo que los dems harn y la probabi-lidad p de comportarse legalmente. Tal modelo incluye los costos directos del modelo restringido y los costos indirectos del modelo extenso de obe-diencia a la ley. La probabilidad de que se obtenga un equilibrio virtuoso de obediencia a la ley depende de que un nmero mayor de individuos vea escasa utilidad en violar la ley. de manera opuesta, en las situaciones en las cuales una mayor cantidad de ciudadanos percibe alta utilidad en el com-portamiento ilegal, lo que ocurre en el nivel macro se acercar al estado de naturaleza hobbesiano.14

La grfica 1 simboliza el modelo ampliado de obediencia a la ley. El eje X indica la probabilidad percibida de ser sancionado con el monto del cas-tigo (p). El eje W representa las expectativas sobre cuntos de los dems ciudadanos se comportan legalmente (r). El eje Y muestra la probabilidad p de comportarse de acuerdo con las leyes. Una segunda grfica con un comportamiento similar podra introducirse con el civismo individual en el eje W.15

14 Los valores que asume el diferencial son, evidentemente, slo orientativos. 15 Si el civismo o las expectativas sobre lo que los dems harn contribuye ms al incremento de la

probabilidad de comportarse legalmente, p es un problema emprico. Las expectativas sobre lo que harn

gRFIca 1. probabilidad individual de comportamiento legal

1

0

0

1

r

Probabilidad percibida de castigo

Probabilidad p de comportarse

legalmente

Fuente: Elaboracin propia.



de modo sinttico, el modelo representa que cuando la probabilidad percibida de ser sancionado p es cercana a cero, un incremento en el nme-ro esperado de los que se comportarn legalmente r incide ms en un au-mento de p, que cuando p es cercano a uno. En otras palabras, el modelo restringido de la obediencia a la ley explica mejor el comportamiento ilegal en los pases en los que el Estado de derecho funciona bien (pc < p < 1). por su parte, el modelo extenso da cuenta mejor del comportamiento ilegal en pases cuyo Estado de derecho es dbil.16

aunque no es un problema que se aborde sistemticamente aqu, es im-portante hacer un breve anlisis normativo del problema. El comportamiento ilegal, como las reglas informales, puede constituir un mecanismo de extrac-cin ascendente o, por el contrario, conformar un factor que contribuye a una redistribucin descendente (doig y Theobald, 2000; del castillo, 2001).17 Si el comportamiento ilegal tiene efectos redistributivos, es ms probable que se observen entre quienes se benefician de los mismos especialmente, si las leyes privilegian la extraccin ascendente. Entre lo relatado por los grupos de enfoque mencionados (del castillo y guerrero, 2003, 8-9), algunos de los participantes tienen expresiones que retratan bien este punto:

[grupo H]: ya sabes, el que no transa, no avanza, es el tpico pensa-miento del mexicano que se pone en prctica [] si no transo, no avanzo, no?

[grupo a]: Los polticos son los que ponen las reglas. para qu? para que ellos mismos las rompan.

los dems es una dimensin de autointers, mientras que el civismo es una dimensin de preferencias nor-mativas.

16 ambas afirmaciones implican que el producto de la probabilidad percibida de ser sancionado y el monto del castigo constituyen un proxy del funcionamiento de las instituciones.

17 Hago una breve referencia a los conceptos de redistribucin descendente y extraccin ascendente. La redistribucin descendente consiste en una reasignacin de los recursos (o distribucin secundaria) posterior a la asignacin que hace el mercado (distribucin primaria) que privilegia a quienes obtienen menos ingre-sos. Un ejemplo clsico de un arreglo institucional que redistribuye descendentemente es un sistema fiscal orientado a aplicar impuestos a las ganancias. por el contrario, la extraccin ascendente favorece a quienes ms recursos obtienen de la asignacin que el mercado realiza. En el ejemplo anterior, un caso de un meca-nismo de extraccin ascendente sera un sistema impositivo centrado en el consumo.

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Estas percepciones parecen enfatizar que los actores pueden concebir el comportamiento ilegal como una va de movilidad social ascendente. asi-mismo, estas verbalizaciones sugieren que cumplir la ley es slo para quie-nes no son polticos. ambas creencias constituyen incentivos cognitivos para naturalizar el comportamiento ilegal.

Resulta relevante incluir, aunque sea muy sintticamente, el problema de cul debera ser el razonamiento legal frente al comportamiento ilegal en el contexto de las percepciones presentes en los entrevistados de arriba. En particular, resulta importante revisar dos concepciones opuestas del razonamiento jurdico bien conocidas, para analizar luego sus consecuen-cias para los casos mencionados en los grupos de enfoque: el mtodo de arriba hacia abajo y el mtodo de abajo hacia arriba (Winston, 2001). El primero propio del derecho natural tradicional emplea una estruc-tura de presuposiciones normativas abstractas para evaluar reglas, polticas y arreglos institucionales especficos. En la cima de la estructura se ubica un objetivo superior (i.e., maximizar la utilidad), un conjunto de derechos fundamentales (la vida, la libertad y la propiedad) o un conjunto de obli-gaciones morales (hacer justicia, amar devotamente a dios). Los otros ob-jetivos, derechos y obligaciones quedan subordinados y se derivan de los primeros.

En contraste, el mtodo de abajo hacia arriba ejemplificado por The Common Law es inductivo: comienza con el anlisis de las prcticas que emergen y los juicios sobre casos particulares, y se mueve hacia arriba slo si es necesario en funcin de la resolucin de problemas o de la conexin en-tre las decisiones frente a un conjunto de casos relacionados entre s. La idea es revelar y refinar y, algunas veces, sistematizar las percepciones morales, los sentimientos o las convenciones que son relevantes para los actores.18 Una buena parte de tales generalizaciones en un nivel ms alto fun-cionan como puntos fijos provisionales [para utilizar un trmino de John Rawls], y se emplean en la formulacin de principios de nivel medio. El

18 He incluido los relatos de los grupos de enfoque para tener en mente el razonamiento de los actores (lo que devela mis preferencias en trminos de razonamiento legal).



mtodo tpico de abajo hacia arriba no avanza ms all de los principios de nivel medio (Winston, 2001, 4-5).19

Si basamos el razonamiento jurdico en la perspectiva del mtodo de arriba hacia abajo, el ncleo del problema es establecer si un comporta-miento determinado se ajusta o no a lo prescripto por las leyes con inde-pendencia de la perspectiva de los actores. pero si el razonamiento jurdico sobre el comportamiento ilegal se funda en el mtodo de abajo hacia arriba, el enfoque entonces no se limita a cun ajustada a la ley fue una conducta especfica sino que se incluyen tambin en el anlisis las creencias y convic-ciones morales de los individuos, dos dimensiones incorporadas en el mo-delo amplio del comportamiento ilegal aqu propuesto.

cONcLUSIONES

En sntesis: la idea principal de este artculo es mostrar el efecto que tiene sobre el comportamiento de los individuos la distribucin de utilidades que provee el comportamiento legal comparado con el comportamiento ilegal, especficamente frente a bienes pblicos. Tales utilidades incluyen costos y beneficios de distinta ndole. Un incentivo importante es la pro-babilidad que el individuo cree tener respecto a ser sancionado si viola la ley; hasta aqu el argumento planteado por el modelo restringido sobre el comportamiento ilegal. Sin embargo, como ha sido extensamente seala-do para la accin colectiva (Hardin, 1982), en la medida en que un indi-viduo I tenga la expectativa de que los otros no cumplirn la ley, se incre-menta la probabilidad de que I tampoco la cumpla. La importancia de estas expectativas puede ser marginal hasta un determinado umbral Cd (en trminos de la cantidad o porcentaje de individuos que se cree no cumplen la ley), a partir del cual ya no lo es. Este argumento se ha inclui-

19 buscando mostrar que ambos mtodos de razonamiento legal se encuentran en un punto, Winston agrega que si bien los principios abstractos no ocupan el lugar de estndares ltimos en el mtodo de abajo hacia arriba, tales principios funcionan como guas o seales del razonamiento legal. Si estos principios han resistido la reflexin crtica con el paso del tiempo, eso puede ser seal de que an representan cierta sabidu-ra colectiva frente a algunos asuntos prcticos (Winston, 2001, 4-5).

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do aqu en lo que se ha llamado el modelo amplio sobre el comporta-miento ilegal.

En este nuevo modelo terico ampliado se incluyen las expectativas so-bre cmo actuarn los dems y la cultura cvica. Estas dimensiones com-prenden los llamados costos indirectos e incluyen los costos cognitivos y morales de la obediencia a la ley. La creencia respecto a lo que los dems harn conforma una dimensin de autointers. El grado de cultura cvica constituye una dimensin normativa. ambas han sido descuidadas en el modelo restringido sobre el comportamiento ilegal.

Otro mecanismo que ha sido planteado en la explicacin es el de de-cantamiento (Schelling, 1978), que explica de qu modo un fenmeno en el nivel macro (el grado de Estado de derecho) es resultado del comporta-miento de los individuos (en el nivel micro), a partir de un nivel crtico o masa crtica de individuos. En la medida en que ms gente perciba que la probabilidad de ser sancionada p es ms baja que pc, es ms probable que se constituya un equilibrio de debilidad del Estado de derecho. Un punto importante es que en aquellos pases en los que se satisfaga la condicin anterior p < pc es en los que es ms probable que el modelo extenso del comportamiento ilegal adquiera mayor capacidad explicativa.

Este trabajo ha propuesto un marco terico inicial sobre los microfun-damentos del Estado de derecho. La obediencia a la ley no es evidente y necesita explicacin. Se han expuesto las expectativas tericas sobre la re-lacin entre algunas dimensiones del nivel macro y las motivaciones en el nivel de los individuos. Los modelos e hiptesis planteados a lo largo del artculo requieren ser comprobados empricamente en una etapa poste-rior. En ese sentido, queda como desafo para el siguiente paso de este trabajo identificar el valor de pc y de Cd, y estudiar si tales valores varan en funcin de diferentes caractersticas institucionales, el nivel de ingreso de los pases y otras variables agregadas que han sido propuestas en la lite-ratura sobre los determinantes del Estado de derecho. Un estudio as con-tribuir a dilucidar los mecanismos causales que subyacen a la covariacin entre datos agregados, una tarea no siempre tenida en cuenta en la ciencia poltica. G pp



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