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Ejercicio Legal de la Ingeniería.
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Universidad Fermín Toro
Vice-rectorado Académico
Facultad de Ingeniería
Cátedra de Ejercicio Legal de la Ingeniería
Alumna:
Mariana Sánchez
C.I 20.669.170
Cabudare, junio 2015
Contenido
Ley de Alimentación
Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónica Ley Orgánica de la Seguridad Social
Ley del Ejercicio de la Ingeniería Ley de Personas con Discapacidad
Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras
Esta Ley tiene por objeto regular el beneficio de alimentación para
proteger y mejorar el estado nutricional de los trabajadores y las trabajadoras, a fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades
ocupacionales y propender a una mayor productividad laboral.
A los efectos del cumplimiento de esta Ley, los empleadores y las empleadoras del sector público y del sector privado, otorgarán a los
trabajadores y las trabajadoras el beneficio de una comida balanceada
durante la jornada de trabajo.
Se entenderá por comida balanceada aquella que reúna las
condiciones calóricas y de calidad, tomando como
referencia las recomendaciones y criterios establecidos por el
órgano competente en materia de nutrición.
El beneficio previsto en esta Ley
podrá ser concedido, concertada o voluntariamente, por los
empleadores y las empleadoras a
los trabajadores y las trabajadoras que devenguen una
remuneración superior al límite estipulado.
Por razones de interés social, el
Ejecutivo Nacional queda
facultado para aumentar
mediante decreto el salario tope,
La determinación del régimen
dietético de una comida
balanceada estará a cargo del
órgano competente en materia
de nutrición, el cual deberá
ejercer la supervisión y
recomendaciones que estime
pertinentes, así como emprender
campañas de orientación y
educación acerca del régimen
alimentario y todo lo necesario al
cumplimiento del objeto de esta
Ley.
El otorgamiento del beneficio a
que se refiere el artículo 2 de
esta Ley podrá implementarse, a
elección del empleador o la
empleadora, de las siguientes
formas:
1. Mediante comedores propios
operados por el empleador o la
empleadora o contratados con
terceros, en el lugar de trabajo o
en sus inmediaciones.
2. Mediante la contratación del
servicio de comida elaborada por
empresas especializadas en la
administración y gestión de
beneficios sociales.
3. Mediante la provisión o
entrega al trabajador o a la
trabajadora de cupones, tickets o
tarjetas electrónicas de
alimentación, emitidas por
empresas especializadas en la
administración y gestión de
beneficios sociales, con los que el
trabajador o la trabajadora podrá
obtener comidas o alimentos en
restaurantes o establecimientos
de expendio de alimentos o
comidas elaboradas.
4. Mediante la provisión o
entrega al trabajador o la
trabajadora de una tarjeta
electrónica de alimentación,
emitida por una empresa
especializada en la
administración de beneficios
sociales, la cual se destinará a la
compra de comidas y alimentos,
y podrá ser utilizado únicamente
en restaurantes, comercios o
establecimientos de expendio de
alimentos, con los cuales la
empresa haya celebrado
convenio a tales fines,
directamente o a través de
empresas de servicio
especializadas.
5. Mediante la instalación de
comedores comunes por parte de
varias empresas, próximos a los
lugares de trabajo, para que
atiendan a los beneficiarios y
beneficiarias de la ley.
6. Mediante la utilización de los
servicios de los comedores
administrados por el órgano
competente en materia de
nutrición.
El beneficio de alimentación no podrá ser pagado en dinero en efectivo o
su equivalente, ni por otro medio que desvirtúe el propósito de la ley,
salvo en los siguientes supuestos:
a) Podrá ser pagado en dinero en efectivo o su equivalente, cuando el
empleador o la empleadora, con menos de veinte (20) trabajadores o
trabajadoras, se le dificulte cumplir con el beneficio de alimentación,
mediante las formas enumeradas en el presente artículo.
b) Podrá ser pagado en dinero en efectivo o su equivalente, cuando a
los trabajadores o trabajadoras, independientemente del número de
empleados o empleadas con que cuente su empleador o empleadora, se
les dificulte acceder a los establecimientos habilitados para canjear los
cupones o tickets de alimentación, o utilizar la tarjeta electrónica.
c) En el caso de las situaciones previstas en el Parágrafo Único del
artículo 6 de la presente Ley.
En caso que el empleador o la empleadora otorgue el beneficio previsto
en esta Ley, a través de la entrega de cupones, tickets o tarjetas
electrónicas de alimentación, suministrará un (1) cupón o ticket, o una
(1) carga a la tarjeta electrónica, por cada jornada de trabajo, cuyo
valor no podrá ser inferior a cero coma veinticinco unidades tributarias
(0,25 U.T.) ni superior a cero coma cincuenta unidades tributarias (0,50
U.T.). De igual manera, cuando el beneficio de alimentación sea
entregado en dinero en efectivo o su equivalente, no podrá ser inferior a
cero coma veinticinco unidades tributarias (0,25 U.T.) ni superior a cero
coma cincuenta unidades tributarias (0,50 U.T.).
Las facturas, constancias,
estados de cuenta o informes
que expidan las empresas
emisoras de tarjetas electrónicas
de alimentación, así como los
contratos que éstas celebren con
el empleador o la empleadora,
constituirán prueba del
cumplimiento de las obligaciones
de los empleadores y las
empleadoras bajo esta Ley.
En caso que la jornada de
trabajo no sea cumplida por el
trabajador o trabajadora por
causas imputables a la voluntad
del patrono o patrona, o por una
situación de riesgo, emergencia,
catástrofe o calamidad pública
derivada de hechos de la
naturaleza que afecten directa y
personalmente al trabajador o
trabajadora, pero no al patrono o
patrona, impidiéndole cumplir
con la prestación del servicio, así
como en los supuestos de
vacaciones, incapacidad por
enfermedad o accidente que no
exceda de doce (12) meses,
descanso pre y post natal y
permiso o licencia de paternidad,
no serán motivo para la
suspensión del otorgamiento del
beneficio de alimentación.
Los cupones, tickets y tarjetas
electrónicas de alimentación
deberán contener las siguientes
especificaciones:
1. La razón social del empleador
o empleadora que concede el
beneficio.
2. La mención "Exclusivamente
para el pago de comidas o
alimentos, está prohibida la
negociación total o parcial por
dinero u otros bienes o
servicios".
3. El nombre del trabajador
beneficiario o trabajadora
beneficiaria.
4. La fecha de vencimiento.
5. La razón social de la empresa
especializada en la
administración y gestión de
beneficios sociales que emite el
instrumento.
El empleador o empleadora que
incumpla con el otorgamiento del
beneficio previsto en esta Ley
será sancionado con multas que
oscilarán entre diez unidades
tributarias (10 U.T.) y cincuenta
unidades tributarias (50 U.T.)
por cada trabajador afectado o
trabajadora afectada,
correspondiéndole a la
Inspectoría del Trabajo de la
localidad imponer la sanción de
conformidad con el
procedimiento para la imposición
de sanciones previsto en la Ley
Orgánica del Trabajo, sin
perjuicio del cumplimiento de la
obligación laboral frente a los
trabajadores beneficiarios y las
trabajadoras beneficiarias.
Tiras Comicas
Ante la confusión creada por la reforma a la Ley de Alimentación para
los trabajadores, a continuación estas son las modificaciones publicadas en Gaceta Oficial Extraordinaria el 17 de noviembre de 2014.
En Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17/11/2014 fue publicado el Decreto Presidencial N° 1.393 del 13/11/2014 mediante el cual se
dicta el Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras.
A continuación las modificaciones incorporadas:
Artículo 1
Se modifica el artículo 5, el cual queda redactado de la forma
siguiente:
Artículo 5
El beneficio contemplado en este
decreto con Rango Valor y
Fuerza de Ley no será considerado como salario, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo
los Trabajadores y las Trabajadoras, salvo que en las
convenciones colectivas, acuerdos colectivos o contratos
individuales de trabajo se estipule lo contrario. En caso que
la entidad de trabajo otorgue el
beneficio previsto en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley, a través de la entrega de cupones, tickets o
tarjetas electrónicas de alimentación, suministrará un
cupón o ticket, o una carga a la tarjeta electrónica, por cada
jornada de trabajo, cuyo valor no podrá ser inferior a 0,50 U.T ni
superior a 0,75 U.T. De igual manera, cuando el beneficio de
alimentación sea entregado en dinero en efectivo o su
equivalente, no podrá ser inferior
0,50 U.T, ni superior a 0,75 U.T.
Las facturas, constancias,
estados de cuenta o informes
que expidan empresas emisoras de tarjetas electrónicas de
alimentación, así como los contratos que éstas celebren con
la entidad de trabajo, constituirán prueba del
cumplimiento de las obligaciones de las entidades de trabajo bajo
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Cuando el
beneficio previsto en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley, se otorgue a través del suministro de
cupones, tickets o tarjetas
electrónicas de alimentación, o en dinero en efectivo o su
equivalente, la provisión mensual de estos suministros no deberá
exceder el 40% del monto que resulte de sumar al salario
mensual del respectivo trabajador o trabajadora el valor
de los cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación, o el
dinero en efectivo o su equivalente, recibidos por éste o
ésta en el respectivo período mensual. Quedan a salvo las
situaciones especiales que
puedan preverse en las convenciones colectivas de
trabajo o acuerdos colectivos. En
los casos de aquellos trabajadores y trabajadoras para
los cuales el beneficio establecido en este Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley, exceda del Límite fijado en este artículo,
conservarán dicho beneficio, y la entidad de trabajo deberá tomar
las previsiones para que gradualmente, en los sucesivos
ajustes del salario y del beneficio, se apliquen los
correctivos necesarios para respetar el límite del cuarenta
por ciento (40%) antes referido.
Artículo 2
Se modifica el artículo 7, el cual queda redactado en los términos
siguientes:
Artículo 7
Los cupones, tickets y tarjetas electrónicas de alimentación
deberán contener las siguientes
especificaciones:
1. La razón social de la entidad de trabajo que concede el
beneficio.
2. La mención “Exclusivamente para el pago de comidas o
alimentos, está prohibida la negociación total o parcial por
dinero u otros bienes o servicios”.
3. El nombre del trabajador o trabajadora beneficiaria.
4. Fecha de vencimiento.
5. Razón social de la entidad de trabajo especializada en la
administración y gestión de beneficios sociales que emite el
instrumento.
6. Los cupones o tickets deberán contener, además de lo indicado
anteriormente, el valor que será pagado al establecimiento
proveedor.
7. Las tarjetas electrónicas de
alimentación tendrán acceso a la consulta del saldo disponible por
el trabajador beneficiario.
Artículo 3
Se incorpora una Disposición Transitoria Única, la cual
queda redactada del modo
siguiente:
Disposición Transitoria
Única: A partir del 01 de diciembre de 2014, las entidades
de trabajo incrementarán el valor
del beneficio previsto en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley, que sus trabajadoras y trabajadores
estuvieren percibiendo al 30 de noviembre de 2014, según las
siguientes reglas:
1. Cuando el valor del beneficio
que vienen percibiendo se encuentre entre 0,25 U.T y 0,50
U.T, ambos inclusive, se ajustará
incrementando de manera lineal el beneficio percibido en 0,25
U.T.
2. Cuando el valor del beneficio
que vienen percibiendo sea mayor a 0,50 U.T, pero menor a
0,75 U.T, se ajustará al límite
superior de 0,75 U.T a que refiere el artículo 5 del presente
Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley.
Todo lo no previsto en esta Ley será desarrollado en su Reglamento por
el Ejecutivo Nacional, teniendo como principio preservar el carácter
laboral del beneficio.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo las
condiciones, y con las salvedades señaladas a continuación:
En el sector público y en el sector privado se mantendrá la aplicación del
programa, para aquellos trabajadores y trabajadoras que estén gozando
del beneficio de alimentación en el momento de la entrada en vigencia
de la presente Ley. En aquellos casos en los cuales los organismos de la
Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal no hayan otorgado
el beneficio establecido en la presente Ley, deberán, en el lapso de seis
(6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la misma,
otorgar el beneficio, incorporando en el presupuesto siguiente la
disponibilidad presupuestaria necesaria a los efectos del pago efectivo
del beneficio otorgado, dando así cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2 de la presente Ley. En todo caso, el beneficio nacerá para el
trabajador o la trabajadora desde el mismo momento en que le sea
otorgado.
Se deroga la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores,
publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.538, de
fecha 14 de septiembre de 1998. Dado en Caracas, a los tres días del
mes de mayo de dos mil once. Años 201º de la Independencia, 152º de
la Federación y 12° de la Revolución Bolivariana.
Conclusión
Esta ley tiene como base fundamental proteger y regular el estado
nutricional del trabajador o empleado por medio de una buena
alimentación balanceado, también a su vez garantizándole al empleado
ya sean a través de los cupos o tickets de alimentación y tarjetas
electrónicas de alimentación que se le serán otorgados cada mes y de
esta manera el empleado poder comprar sus alimentos aparte del sueldo
que se le pagara. Igualmente; es una Ley resultado de una política
donde el sector privado, conjuntamente con el sector público;
contribuyen con la inclusión de un mayor número de trabajadores al
beneficio alimentario, incidiendo positivamente en el nivel de vida de los
trabajadores; esto les da a los trabajadores beneficio social, política
pública y alimentación. Por otra parte las empresas deben cumplir con la
instalación ya sean comedores propios de la empresa, operados por ella
p contratados con terceros, en el lugar de trabajo o en sus
inmediaciones, también en ningún caso el beneficio de alimentación será
pagado en dinero efectivo o su equivalente, ni por otro medio que
desvirtué el propósito de la Ley.
Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas
Para nadie es un secreto que la tecnología avanza cada día más rápido,
al punto que está presente en gran parte de nuestras actividades diarias
ya que representa una vía mucho más cómoda para llevar a cabo
diversas actividades y nos permite ahorrar algo de tiempo, facilitando
así nuestra vida. Redes sociales, compras por internet, cursos y
negociaciones electrónicas son parte de las ventajas que podemos tener
al alcance de nuestras manos con solo un clic, incluso sin salir de casa.
Sin embargo al momento de
realizar cualquier operación por
internet a la mayoría de las
personas aún los ataca un
sentimiento de desconfianza, por
el latente temor que la
transacción no sea segura, que
no cuente con un respaldo legal
en caso de que se pueda
presentar algún inconveniente, o
por el simple desconocimiento
que existen leyes que regulan
todas estas acciones, es por eso
que en este artículo se hablará
sobre la “ley de mensajes de
datos y firmas electrónicas”.
En consecuencia, se hace
necesaria e inminente la
regulación de las modalidades
básicas de intercambio de
información por medios
electrónicos, a partir de las
cuales han de desarrollarse las
nuevas modalidades de
transmisión y recepción de
información, conocidas y por
conocerse, a los fines de
garantizar un marco jurídico
mínimo indispensable que
permita a los diversos agentes
involucrados, desarrollarse y
contribuir con el avance de las
nuevas tecnologías en
Venezuela.
A lo expuesto, cabe agregar que
la presentación de un
instrumento legal que regule
estos mecanismos de
intercambio de información, los
haga jurídicamente
trascendentes a la
administración de justicia, y les
permita apreciar y valorar estas
formas de intercambio y soporte
de información, con el objeto de
garantizar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas mediante
dichos mecanismos y constituirse
en un aporte necesario e
indispensable que permita
construir la base jurídica para el
desarrollo de estas tecnologías.
En esta nueva modalidad de
relación hace falta establecer dos
elementos principales:
1. identificación de las partes
2. integridad del documento o
mensaje. De los cuales se
derivan responsabilidades (civil,
patrimonial, penal,
administrativa, disciplinaria,
fiscal, etc.), comunes a los actos
y negocios normales previstos en
nuestro ordenamiento jurídico
actual.
El principal objetivo de este
Decreto Ley es adoptar un marco
normativo que avale los
desarrollos tecnológicos sobre
seguridad en materia de
comunicación y negocios
electrónicos, para dar pleno valor
jurídico a los mensajes de datos
que hagan uso de estas
tecnologías.
Así tenemos que entre las
principales disposiciones
contenidas en el Decreto-Ley
Sobre Mensajes de Datos y
Firmas Electrónicas, se
encuentran disposiciones que
regulan:
· El mensaje de datos.
· La firma electrónica.
· Los certificados
electrónicos.
· Los proveedores de
servicios de certificación.
Un ejemplo, la oferta de cualquier negocio o curso que
necesite de un contrato previo, será efectuada por el proveedor
de servicio, y la aceptación del mismo se realizara por el
individuo o persona, a través de
un mensaje electrónico, el cual será de obligatorio cumplimiento
para las partes, como se explica en los artículos 5 y 11 de la
presente ley.
La intención principal de la ley
es fomentar el comercio electrónico, permitiendo así que
las regulaciones tradicionales
sobre contratos o negocios comerciales puedan ser
eficazmente reemplazadas a través del comercio electrónico,
en el marco del creciente movimiento electrónico mundial
que cada vez es más grande, ofreciéndoles seguridad y
legalidad tanto al proveedor de servicio como al usuario.
De allí que, según su artículo 7, cuando la ley exija la firma de
una persona para la llevar acabo
la firma de determinado contrato, éste requisito será
cumplido por el mensaje electrónico, siempre y cuando el
método para la autenticación de la persona, es decir su firma
electrónica sea veraz. Teniendo los conocimientos
generales sobre esta ley será mucho ms fácil y confiable
realizar cualquier transacción electrónica.
Conclusión
“El principal objetivo de este Decreto-Ley es adoptar un marco
normativo que avale los desarrollos tecnológicos sobre seguridad en
materia de comunicación y negocios electrónicos, para dar pleno valor
jurídico a los mensajes de datos que hagan uso de estas tecnologías.
Como complemento necesario a estas disposiciones se crea la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, servicio
autónomo con autonomía funcional, financiera y de gestión, adscrito al
Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo objeto es supervisar a los
Proveedores de Servicios de Certificación, bien sean estos públicos o
privados, a fin de verificar que cumplan con los requerimientos
necesarios para ofrecer un servicio eficaz y seguro a los usuarios. Estos
Proveedores de Servicios de Certificación una vez acreditados, tendrán
entre sus funciones emitir un documento contentivo de información
"cerciorada" que vincule a una persona natural o jurídica y confirme su
identidad, con la finalidad que el receptor pueda asociar
inequívocamente la firma electrónica del mensaje a un emisor. El
Proveedor de Servicios de Certificación da certeza de la autoría de un
mensaje de datos mediante la expedición del certificado electrónico.”
Ley Orgánica de Seguridad Social
La LOSS tiene por objeto la creación de un Sistema de Seguridad Social
que garantice a las personas amparadas por el mismo, la protección adecuada frente a las contingencias y situaciones sociales propias de
toda relación laboral. En tal sentido, en la misma se consagran las normas dirigidas a establecer y regular la rectoría, organización,
funcionamiento y financiamiento de dicho sistema, la gestión de sus regímenes prestacionales y la forma de hacer efectivo el derecho a la
seguridad social por parte de las particulares a fin de promover el mejoramiento de su calidad de vida.
El ámbito de aplicación de la LOSS es derivado de la consagración constitucional del derecho a la seguridad social como derecho humano
fundamental irrenunciable y garantizado por el Estado, y en ese sentido
se sostiene que la LOSS regirá para todos los venezolanos residentes en el territorio de la República y a los extranjeros residenciados legalmente
en él, independientemente de su capacidad contributiva, condición
social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento, salarios, ingresos y renta.
Contingencias y prestaciones amparadas por la LOSS
Las contingencias amparadas por
el Sistema de Seguridad Social son aquellas vinculadas con el
derecho a la salud y las prestaciones por maternidad;
paternidad; enfermedades y accidentes cualquiera sea su
origen, magnitud y duración; discapacidad; necesidades
especiales; pérdida involuntaria del empleo; desempleo; vejez;
viudedad; orfandad; vivienda y
hábitat; recreación; cargas derivadas de la vida familiar y
cualquier otra circunstancia susceptible de previsión social
que determine la ley.
En las leyes específicas que posteriormente se dicten para
regular los regímenes prestacionales que integran el
sistema de seguridad social se establecerán las condiciones bajo
las cuales se otorgará protección especial a las personas
discapacitadas, indígenas, las amas de casa que carezcan de
protección económica personal,
familiar o social en general y cualquier otra categoría de
personas que por su situación
particular así lo amerite.
Frente a tales contingencias, el Sistema de Seguridad
Social garantizará las prestaciones siguientes:
1. Promoción de la salud de toda la población de forma universal y
equitativa, que incluye la
protección y la educación para la salud y la calidad
de vida, la prevención de
enfermedades y accidentes, la restitución de la salud y la
rehabilitación; oportuna, adecuada y de calidad.
2. Programas de recreación,
utilización del tiempo libre, descanso y turismo social.
3. Promoción de la salud de los trabajadores y de un ambiente
de trabajo seguro y saludable, la recreación, la prevención,
atención integral, rehabilitación, reentrenamiento y reinserción de
los trabajadores enfermos o
accidentados por causas del trabajo, así como las
prestaciones en dinero que de ellos se deriven.
4. Atención integral en caso de enfermedades catastróficas.
5. Atención y protección en caso de maternidad y paternidad.
6. Protección integral a la vejez.
7. Pensiones por vejez,
sobrevivencia y discapacidad.
8. Indemnización por la pérdida involuntaria del empleo.
9. Prestaciones en dinero por
discapacidad temporal debido a
enfermedades, accidentes, maternidad y paternidad.
10. Subsidios para la vivienda y
el hábitat de las personas de bajos recursos y para una parte
de las cotizaciones al Régimen
Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas
en el caso de los trabajadores no dependientes de bajos ingresos.
11. Asignaciones para las
necesidades especiales y cargas
derivadas de la vida familiar.
12. Atención integral al desempleo a través de los
servicios de información, orientación, asesoría,
intermediación laboral, y la capacitación para la inserción al
mercado de trabajo; así como la coordinación con organismos
públicos y privados para el fomento del empleo.
13. Atención a las necesidades
de vivienda y hábitat mediante créditos, incentivos y otras
modalidades.
14. Cualquier otra prestación derivada de contingencias no
previstas en esta Ley y que sea objeto de previsión social.
Conclusión
La ley Orgánica de Seguridad Social, se redacta con la finalidad de
corregir en la medida de lo posible las grandes deficiencias que en
materia de salud se presentan a nuestro país, sin embargo su gran
complejidad lo hace poco menos que inviable. Desde el punto de vista
operativo, crea una gran cantidad de instituciones, pues ordena crear un
ente rector para cada régimen prestacional, más una Tesorería de la
Seguridad Social, una Superintendencia y un ente rector nacional, dando
además plazos para todas estas creaciones. Desde el punto de vista
financiero, es sumamente difícil poner en práctica este instrumento legal
porque la crisis económica actual, combinada con los costos de
protección social que prevé la Ley Marco, amenazara el equilibrio fiscal
del sistema, al estimular la informatización de un gran número de
empresas (sobre todo medianas y pequeñas) y mermar así el número de
cotizantes.
Ley del ejercicio de la ingeniería
Esta ley nos habla acerca de los lineamientos acerca de cómo proceder
con la ejecución de la ingeniería y sus profesiones afines, como llevar
esta profesión acabo y de las sanciones que se podrían presentar con la
mala ejecución de dicha profesión.
“Artículo 41. Esta Ley entrará en vigencia el día primero de enero de
mil novecientos cincuenta y nueve, y a partir de esa fecha quedan
derogados la Ley de Ejercicio de las Profesiones de Ingeniero, Arquitecto
y Agrimensor de fecha veintitrés de Julio de mil novecientos veinticinco,
el Estatuto del Colegio de Ingenieros de Venezuela de fecha veinticuatro
de abril de mil novecientos veintidós y cualquiera otra disposición
contraria a la presente Ley”
Entre los artículos que podríamos
mencionar como los más
resaltantes tenemos:
“Artículo 3. El ejercicio de las
profesiones de que trata esta Ley
no es una industria y por tanto
no podrá ser gravado con
patentes o impuestos comercio-
industriales.”
“Articulo 6. Las actividades
profesionales para las cuales
capacita cada título serán
determinadas por el Ejecutivo
Nacional, previo informe del
Consejo Nacional de
Universidades y el Colegio de
Ingenieros de Venezuela.”
“Artículo 9. Constituye ejercicio
profesional, con las
responsabilidades, cualesquiera
de las actividades que requieran
la capacitación proporcionada por
la educación superior y sean
propias de las profesiones a que
se contrae esta Ley, según se
determine reglamentariamente. “
“Artículo 10. Los documentos
técnicos tales como proyectos,
planos, mapas, cálculos, croquis,
minutas, dibujos, informes o
escritos, son propiedad del
profesional autor de ellos; por
consiguiente, ninguna persona
natural o jurídica podrá hacer
uso de ellos sin consentimiento
del autor, salvo estipulación en
contrario.”
“Artículo 12. Ningún
profesional podrá ejercer sino la
especialidad para la cual le
autoriza expresamente el título
que posee.”
“Artículo 18. Para ejercer
cualquiera de las actividades que
regula la presente Ley, los
profesionales a que ella se
contrae deberán inscribir sus
respectivos títulos en el Colegio
de Ingenieros de Venezuela.”
“Artículo 26. Ejercer
ilegalmente las profesiones de
que trata esta Ley:
a) Las personas que sin poseer el
título respectivo se ocupen en
realizar actos o presten servicios
públicos o privados que la
presente Ley reserva a los
profesionales a que la misma de
contraer.
b) Los titulares que sin, haberse
inscrito en el Colegio de
Ingenieros de Venezuela o haber
sido autorizados por el mismo,
se anuncien como tales o
realicen actos o presten servicios
propios de los profesionales a
que se refiere la presente Ley.
c) Los titulares que habiendo
sido contratados de acuerdo con
los artículos 19 y 20 de esta Ley,
exceden los límites señalados
para su actuación.
d) Los titulares colegiados que
ejerzan especialidades para las
cuales no les autorice el título
que posean.
e) Los titulares colegiados que
presten su concurso profesional
o amparen con su nombre a
personas que ejercen
ilegalmente, o encubran
actividades de empresas que se
ofrezcan o actúen de manera
ilegal en asuntos propios de las
profesiones a que se refiere esta
Ley, o ejerzan durante el tiempo
por el cual sean suspendidos.”
Podemos mencionar completamente el capítulo X ya que en este
encontramos información sobre las sanciones que podrían presentarse y
saber si califican o no como sanciones penales, que al parecer son
sanciones de un fuerte nivel debido
Tiras Cómicas
a usurpación de títulos, ejercer sin título entre otras acciones. Para
referencia a dicho capitulo visitar la ley de la cual se está tratando en
esta parte.
Conclusión
Podemos concluir dela Ley de ejercicio de la ingeniería y profesiones
afines que está bien especificada para ayudar al ingeniero a una ejercer
correcta de la profesión con lineamientos bastante claros sobre lo que
son el uso del título, el ejercicio profesional de la carrera, las
limitaciones de dicha carrera, los trabajos que se pueden realizar y de
las ya mencionadas sanciones que podrían ocurrirse. Un ingeniero debe
estar capacitado para trabajar bajo las normas que dicta esta ley y por
supuesto trabajar en conjunto con las otras leyes para lograr así una
buena ejecución de la ingeniería y lograr evitarse problemas y sanciones
Ley para las personas con
discapacidad
Naturaleza jurídica y objeto
Artículo 1. Las disposiciones de
la presente Ley son de orden público y tiene por objeto regular
los medios y mecanismos, que garanticen el desarrollo integral
de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de
acuerdo con sus capacidades, y lograr la integración a la vida
familiar y comunitaria, mediante su participación directa como
ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la participación
solidaria de la sociedad y la
familia.
De los órganos y entes de la Administración Pública y las
personas de derecho privado
Artículo 2. Los órganos y entes de la Administración Pública
Nacional, Estadal y Municipal competentes en la materia, y las
personas naturales y jurídicas de derecho privado, cuyo objeto sea
la atención de las personas con discapacidad, tienen el deber de
planificar, coordinar e integrar en
las políticas públicas todo lo concerniente a la discapacidad,
en especial su prevención, a fin de promover, proteger y
asegurar un efectivo disfrute de los derechos humanos de las
personas con discapacidad, el respeto a la igualdad de
oportunidades, la inclusión e integración social, el derecho al
trabajo y las condiciones
laborales satisfactorias de acuerdo con sus particularidades,
la seguridad social, la educación,
la cultura y el deporte de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los
tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por la
República.
Cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o
privado, nacionales estadales o municipales, que intervenga en
la realización de actividades inherentes a la discapacidad, quedan sujetas a las
disposiciones de la presente Ley.
Ámbito de aplicación
Artículo 3. La presente Ley ampara a todos los venezolanos
y venezolanas y extranjeros y extranjeras con discapacidad, en
los términos previstos en esta
Ley. La Ley amparará a los
extranjeros y extrajeras que residan legalmente en el país o
que se encuentren de tránsito y
rige para los órganos y entes de la Administración Pública
Nacional, Estadal y Municipal competentes en la materia, y las
personas naturales y jurídicas de derecho privado, cuyo objeto sea
la atención de las personas con discapacidad.
Principios
Artículo 4. Los principios que
rigen las disposiciones de la presente Ley son:
Humanismo, social,
protagonismo, igualdad, cooperación, equidad,
solidaridad, integración, no segregación, no discriminación,
participación, corresponsabilidad, respeto por la diferencia y
aceptación de la diversidad humana, respeto por las
capacidades en evolución de los niños y niñas con discapacidad,
accesibilidad, equiparación de oportunidades, respeto a la
dignidad personal, así como los aquí no enunciados y
establecidos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados,
pactos, convenios, convenciones, acuerdos, declaraciones y
compromisos internacionales e intergubernamentales,
válidamente suscritos y ratificados o aceptados por la
República.
Definición de discapacidad
Artículo 6. Son todas aquellas personas que por causas
congénitas o adquiridas presenten alguna disfunción o
ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual,
sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal,
permanente o intermitente, que al interactuar con diversas
barreras le impliquen desventajas que dificultan o
impidan su participación, inclusión e integración a la vida
familiar y social, así como el
ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de
condiciones con los demás. Se reconocen como personas con
discapacidad: Las sordas, las ciegas, las sordo ciegas, las que
tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras
de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la capacidad
cognoscitiva, las de baja talla,
las autistas y con cualesquiera combinaciones de algunas de las
disfunciones o ausencias
mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o
trastorno incapacitante; científica, técnica y
profesionalmente calificadas, de acuerdo con la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad
y la Salud de la Organización Mundial de la Salud.
Calificación y certificación de la
discapacidad
Artículo 7. La calificación de la
discapacidad es competencia de profesionales, técnicos y
técnicas, especializados y especializadas en la materia de
discapacidad, en el área de competencia pertinente,
adscritos al Sistema Público Nacional de Salud. La calificación
de la discapacidad es consecuencia de evaluación
individual o colectiva efectuada con el propósito de determinar la
condición, clase, tipo, grado y características de la
discapacidad.
La certificación de la condición de
persona con discapacidad, a los
efectos de esta Ley, corresponderá al Consejo
Nacional para Personas con Discapacidad, el cual reconocerá
y validará las evaluaciones, informes y certificados de la
discapacidad que una persona tenga, expedidos por
especialistas con competencia específica en el tipo de
discapacidad del cual se trate. Tal certificación será requerida a
los efectos del goce de los beneficios y asignaciones
económicas y otros derechos
económicos y sociales otorgados por parte del Sistema de
Seguridad Social, de acuerdo con la ley. La calificación y
certificación de la discapacidad laboral es competencia del
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.
Trato social y protección familiar
Artículo 9. Ninguna persona
podrá ser objeto de trato discriminatorio por razones de
discapacidad, o desatendida,
abandonada o desprotegida por sus familiares o parientes,
aduciendo razonamientos que tengan relación con condiciones
de discapacidad.
Conclusion
Muchos dicen que la discapacidad no está en aquel que posee limitaciones,
sino en él que tiene todo y no aprovecha sus oportunidades. Es por ello, que hace siete años fue aprobada la Ley para Personas con Discapacidad. Esta
Ley se realizó con el objetivo de dejar atrás el errado concepto de “incapacidad” y consagrar los derechos contemplados en la constitución de que
todos los seres humanos sin importar su condición deben tener las mismas posibilidades. En el instrumento se reconocen a las personas con discapacidad intelectual, motora, auditiva, visual, sordo ciegas, así como las de baja talla,
autistas y con cualquiera de las combinaciones de algunas de las disfunciones, que pueden ser congénitas y adquiridas, de acuerdo con la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. En el marco de la Ley para Personas con
Discapacidad, los dos beneficios más resaltantes son: la educación y el
trabajo; ya que ambos sirven de base para su desarrollo integral y su desenvolvimiento en la sociedad.
