Propuestas legales para la mejora del tratamiento fiscal aplicable … · 2017. 3. 8. · previsión social con el establecido - 0% - para los planes y fondos de pensiones. Impuesto

Propuestas legalespara la mejora del tratamiento fiscalaplicable a las mutualidadesde previsión social profesionales

Mutualidad de la Abogacía


Propuestas legales para la mejora del tratamiento fiscal aplicable a las mutualidades de previsión social profesionales

Antecedentes

Antecedentes

© Mutualidad General de la Abogacía. Impresión: DedinfortDepósito Legal: M-13666-2012Abril 2012



Sumario

1. Presentación

2. Antecedentes

3. Propuestas de mejora del tratamiento fiscal aplicable a las mu-tualidades de previsión social profesionales respecto de su faceta como alternativas al sistema público de seguridad social

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

PROPUESTA 1.Unificación del tratamiento fiscal de las apotaciones y cuotas sa-tisfechas por los mutualistas con el establecido para las contribu-ciones de los trabajadores por cuenta propia a la seguridad social. PROPUESTA 2.Aplicación de la reducción del 40% a los rendimientos del trabajo derivados de la percepción de prestaciones concertadas con mu-tualidades de previsión social.

Impuesto sobre Sociedades

PROPUESTA 3.Equiparación fiscal de las mutualidades alternativas con la seguri-dad social. Exención de las rentas derivadas de su actividad como alternativas de la seguridad social.

Impuesto sobre Patrimonio

PROPUESTA 4.Exención de los derechos de contenido económico de los planes de previsión contratados con mutualidades de previsión social alternativas a la seguridad social.

4. Propuestas en el tratamiento fiscal aplicable a las mutualidades de previsión social profesionales en su faceta como complementa-rias al sistema público de Seguridad Social


PROPUESTA 5.Mejora del tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por mu-tualistas en los casos de desempleo de larga duración y enferme-dad grave.

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PROPUESTA 6.Eliminación del límite financiero máximo de aportación a las mu-tualidades de previsión social, sin perjuicio de los límites máxi-mos de reducción fiscal vigentes en cada momento.


PROPUESTA 7.Equiparación del tipo de gravamen aplicable a las mutalidades de previsión social con el establecido - 0% - para los planes y fondos de pensiones.

Impuesto sobre el Patrimonio

PROPUESTA 8.Exencion explicita de los derechos de contenido económico de-rivados de aportaciones, contribuciones y primas realizadas a mutualidades de previsión social.

5. Propuestas en el tratamiento fiscal aplicable a los sistemas de previsión social en general


PROPUESTA 9.Aplicación separada e independiente de los límites de reducción de la base imponible a las aportaciones individuales de los con-tribuyentes y a las contribuciones realizadas por las empresas a favor de los mismos. PROPUESTA 10.Reducción en la base imponible del ahorro de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social que no hayan sido objeto de reducción en la base imponible general del IRPF. PROPUESTA 11.Incremento - a 4.000 Euros - del límite de reducción fiscal por aportaciones a sistemas de previsión social favor del cónyuge.

PROPUESTA 12.Extensión de la reducción del 40% a los rendimientos del trabajo derivados de prestaciones procedentes de sistemas de previsión social complementaria, percibidas en forma de capital.

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PROPUESTA 13. Integración como rendimientos de capital mobiliario de la parte de las prestaciones, percibidas en forma de capital o de renta, que se corresponda con la rentabilidad financiera de las aporta-ciones realizadas.

PROPUESTA 14.Tratamiento financiero y fiscal independiente para los seguros de dependencia. PROPUESTA 15. Mejora del tratamiento fiscal de la hipoteca inversa.

PROPUESTA 16.Elevación del límite máximo de aportación a los planes de ahorro sistemático y de la cuantia total por contribuyente.


PROPUESTA 17.Recuperación de la deducción en cuota integra, por las contribu-ciones empresariales recogidas en el art. 43, Apartados 1, 2, 3, y 4 de la ley del impuesto de sociedades, actualmente derogado.

6. Conclusiones

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Presentación

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Presentación

La Mutualidad General de la Abogacía es la entidad de mayor volumen, en número de mutualistas, aportaciones anuales de sus afiliados y volumen de ahorro ges-tionado, de entre las mutualidades de previsión social profesionales que operan en España.

Desarrollamos un papel en cada uno de los tres pilares de la previsión social, ya que operamos en la previsión básica alternativa al régimen especial de la Segu-ridad Social de Autónomos, para los profesionales que deciden elegirnos en lugar de afiliarse al RETA para ejercer por cuenta propia; y actuamos simultáneamen-te como entidades de previsión social complementaria del sistema público de la Seguridad Social, tanto en el ámbito empresarial (segundo pilar) como individual (tercer pilar), al igual que lo pueden hacer los planes de pensiones y otras insti-tuciones.

En los últimos años la Mutualidad de la Abogacía se ha desarrollado fuertemente. Hemos pasado de 133.900 en 2005 a 171.633 mutualistas1 en 2011; el ahorro gestionado ha pasado de 1.806 millones de euros a 3.347 millones de euros en el mismo periodo; y hemos pasado de 136 millones de euros en aportaciones de los mutualistas a 314 millones de euros. La percepción que tienen los mutualistas de la Mutualidad ha generado un clima de confianza en la institución y una bue-na parte de los mutualistas ha abandonado la senda de suscribir las coberturas mínimas para pasar a planificar sus niveles de previsión a la medida de sus ne-cesidades.

La Mutualidad pretende seguir avanzando y que se incremente el grado de pre-visión de nuestros afiliados; que se siga incrementando, también, el número de mutualistas, y que sigamos aportandoles las mejores coberturas tanto en nuestro papel alternativo a Autónomos como en la previsión social complementaria, así como en el campo de los seguros personales.

Tenemos retos internos a conseguir, como continuar con nuestro buen hacer en materia inversora y reducidos gastos, o el de comunicación e información, tam-bién previa al ingreso en la Mutualidad, para lo que estamos en contacto con las Escuelas de Práctica Jurídica mediante la nueva “Cátedra Mutualidad” que funda-mos en 2011; y la mejora y profesionalización del servicio interno.

Pero al mismo tiempo que vamos resolviendo nuestros retos internos, estamos convencidos también de que debemos contribuir a divulgar y a solucionar aquellos problemas que muchas veces por desconocimiento del sector en el que nos en-cuadramos, no contribuyen sino que por el contrario, frenan, nuestro desarrollo.

1En esta cifra están incluidos los mutualistas pasivos.

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El reconocimiento del derecho a tener asistencia sanitaria pública, que se les niega todavía en muchas comunidades autónomas a los profesionales que eligen libremente afiliarse a su mutualidad como alternativa al régimen de la Seguridad Social de Autónomos, es uno de ellos.

Otro, sin duda, el que es objeto de este documento, la discriminación fiscal que padecen los mutualistas que pertenecen a mutualidades de previsión social pro-fesionales, y ellas mismas, tanto con respecto al régimen de autónomos de la Seguridad Social en cuanto a su papel como alternativa a dicho régimen; como en cuanto a su función complementaria, con respecto a los planes de pensiones.

La mejora del tratamiento fiscal de la previsión social complementaria es tema que debe afectar a todos los instrumentos y por ello este estudio no se limita a la búsqueda de la igualdad de trato fiscal entre ellos, y en particular la eliminación de las discriminaciones que afectan a las mutualidades, sino que se propugnan mejoras que afectan a todos ellos.

Ese es el camino que entendemos que hay que seguir si queremos que España sea un país normal en materia de previsión social, en una Europa en que la previsión social complementaria lleva un desarrollo más avanzado.

Luis de Angulo RodríguezPresidenteMutualidad de la Abogacía

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Antecedentes

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La MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA, creada por los Colegios de Abogados de toda España, es una entidad privada que, bajo la forma jurídica de mutualidad de previsión social, realiza actividad aseguradora sin ánimo de lucro para sus mutualistas, a los cuales proporciona, fundamentalmente, una cobertura alter-nativa a la que ofrece el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), amparando la totalidad de las prestaciones de dicho Régimen público, al tiempo que les ofrece la previsión social complementaria a la Seguridad Social.

Son los mutualistas de la Mutualidad General de la Abogacía los profesionales del mundo del derecho, así como las personas de su entorno personal y socie-dades profesionales. La Mutualidad proporciona a los profesionales, prestaciones derivadas del sistema de capitalización de las aportaciones que realizan y de los rendimientos financieros que obtiene, permitiéndoles acceder, como alternativa al Régimen de Autónomos, a coberturas muy competitivas a unas cuotas más redu-cidas que las del Sistema público.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mutualidad General de la Abogacía también ofrece a sus mutualistas, las coberturas complementarias a las que proporciona el Siste-ma público de la Seguridad Social, permitiéndoles complementar las prestaciones tanto del RETA como del Régimen General de la Seguridad Social, así como una amplia gama de seguros personales. De hecho, la Mutualidad General de la Abogacía, en su condición de alternativa al RETA y a la vez complementaria, ofrece un plan de previsión que engloba, bajo la misma fórmula aseguradora y un mismo contrato, todos los sistemas asegurados de previsión y ahorro que sus mutualistas pueden necesitar.

Dicho Plan de Previsión, denominado PLAN UNIVERSAL, se integra por los siguien-tes sistemas:

El SISTEMA PROFESIONAL (ALTERNATIVO AL RETA) por el que la Mutualidad ofrece a los abogados que trabajan por cuenta propia o compaginan su actividad profesional por cuenta propia con un trabajo por cuenta ajena, un régimen de capitalización indivi-dual de las aportaciones que realicen, las cuales se atribuyen a una cuenta individual, a diferencia del sistema público que se financia por reparto. Cubre las contingencias de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente, incapacidad temporal y opcionalmente dependencia, por niveles superiores al régimen de autónomos y a cuotas más reducidas derivadas del sistema de capitalización que practica y de las cuotas de riesgo que requiere su población asegu-rada.

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El SISTEMA PERSONAL (PPA). Se trata de un sistema de aho-rro-previsión por el que los mutualistas pueden complementar las prestaciones que ofrece el Sistema público de pensiones y que, por formar parte de los sistemas de previsión social complementaria, las aportaciones que realizan al mismo gozan de la misma fiscali-dad que los planes de pensiones y en el que, por lo tanto, las apor-taciones efectuadas por los mutualistas reducen la base imponible del IRPF.

EL SISTEMA DE AHORRO SISTEMÁTICO (PIAS). Se instrumen-ta a través de un Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) en el que, consistiendo en un seguro de vida individual de ahorro, la normativa fiscal declara exentos de tributación los rendimientos acumulados por las primas abonadas a los mismos, siempre que las prestaciones se perciban en forma de renta vitalicia, en cualquiera de las formas que prevé este sistema, y se cumplan las condiciones que marca la normativa aplicable.

EL SISTEMA DE AHORRO FLEXIBLE (SVA): Configurado como Seguro individual de Vida y Ahorro en el que se pueden suscribir todas las coberturas a elección del mutualista, sin límite alguno de aportación en la cobertura de Ahorro-Jubilación. Incluye volun-tariamente cobertura de fallecimiento, incapacidad permanente y dependencia.

Es importante destacar que, en virtud de la normativa vigente, los abogados que elijen a la Mutualidad General de la Abogacía, en su carácter de alternativa y en consecuencia como único sistema de protección social, cuando en un futuro y por la razón que sea, deciden cambiar al Régimen Especial de Trabajadores Autóno-mos, pueden hacerlo manteniendo en ese caso el Sistema Profesional que tenían contratado, como un sistema complementario, sin pérdida de los saldos acumu-lados hasta ese momento, y pudiendo seguir aportando al mismo, que puede de nuevo convertirse en alternativo cuando lo precisen, si su actividad profesional les exige en un momento posterior esta cobertura de previsión. Sin embargo, cuan-do optan por el RETA y en un futuro desean elegir como sistema alternativo a la Mutualidad, ya no pueden hacerlo porque la normativa vigente lo impide. En ese caso, podrán utilizar la Mutualidad como sistema complementario de previsión, pero no como sistema alternativo.

A los efectos de introducir y centrar el planteamiento de muchas de las propuestas de modificación legal que se realizan en el presente Informe, es preciso realizar la siguiente breve reseña de la evolución normativa reciente de las mutualidades de previsión social.

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Breve reseña de la evolución normativa reciente de las mutualida-des de previsión social

Desde el punto de vista histórico, las Mutualidades de Previsión Social destacan como las entidades que realizaban la previsión social hasta la creación de la Se-guridad Social Pública, en la primera década del Siglo XX.

Aunque se trataba de entidades que ya venían operando con anterioridad, no fueron objeto de regulación legal propia hasta la aprobación de la Ley de 6 de diciembre de 1941 de Montepíos y Mutualidades de Previsión Social y del Decreto de 26 de mayo de 1943 por el que se aprobó su Reglamento. Ambas disposiciones normativas, atendiendo al carácter no lucrativo de las mismas, hicieron depender a las Mutualidades de Previsión Social, orgánica y funcionalmente, del Ministerio de Trabajo en lugar del Ministerio de Economía y Hacienda.

Sin embargo, con el paso de los años, la consolidación y el crecimiento del sistema público de Seguridad Social junto con la reordenación del sector asegurador ante la adhesión de España a la Comunidad Europea, fueron progresivamente aproxi-mando a las mutualidades de previsión social hacia el ámbito del seguro.

En efecto, aunque la Ley de Seguros de 1954 excluía de su ámbito de aplicación a las mutualidades de previsión social por no tratarse de entidades que practicasen el seguro mercantil con ánimo de lucro, lo cierto es que estas entidades fueron anexionadas al seguro por obra de la Ley sobre Ordenación del Seguro Privado de 1984, fecha desde la que, por necesidades de reordenación del mercado de seguros nacional en el contexto de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, pasaron a calificarse como entidades aseguradoras sometidas a la au-torización, supervisión y control de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda. Ello se hizo, no obstante, respetando las especialidades propias que presenta su actividad de base mutualista, mediante la aprobación de una norma de rango reglamentario específica, que fue el Reglamento de Entidades de Previsión Social, aprobado por el Real Decreto de 4 de diciembre de 1985.

De este modo, las mutualidades de previsión social continuaron realizando su labor de cobertura del seguro social privado, si bien bajo la supervisión y control de la Dirección General de Seguros, circunstancia ésta que les obligó a operar bajo las exigencias que conllevaba su nueva condición de entidades asegurado-ras: principalmente, operar bajo un sistema de capitalización en lugar de como lo venían haciendo hasta entonces, mediante el sistema de reparto que aún practica la Seguridad Social; calcular y contabilizar sus provisiones técnicas como el resto de entidades aseguradoras; someterse a las reglas de liquidez y solvencia, control y suministro periódico de información sectorial, etc.

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Actualmente, las mutualidades de previsión social se encuentran reguladas por un cuerpo normativo integrado por las siguientes disposiciones de ámbito estatal:

El vigente texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

La Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

El Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, aprobado por el Real Decreto de 27 de diciembre de 2002.

Adicionalmente, existe normativa autonómica que regula las Mutualidades de Previsión Social en cuatro Comunidades Autónomas, siendo las más significa-tivas la propia de Cataluña1 , donde las mutualidades de previsión social son muy activas en la prestación de servicios de asistencia sanitaria, y la del País Vasco, donde se regulan las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV)2, que desarrollan un modelo de previsión social complementario centrado en el ámbito de la protección de la vida bajo una perspectiva de ahorro-pensión.

Atendiendo a lo previsto por el artículo 2 del vigente Reglamento de Mutualidades de Previsión Social de 27 de diciembre de 2002, las mutualidades de previsión social se definen de la siguiente forma:

“1. Las mutualidades de previsión social son entidades aseguradoras privadas sin ánimo de lucro que ejercen una modalidad asegurado-ra de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija o variable de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades o personas protectoras.

2. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoquin-ta de la Ley, las mutualidades de previsión social podrán ser además alternativas al régimen de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 3. Cuando en una mutualidad de previsión social todos sus mutualis-tas sean empleados, sus protectores o promotores sean las empre-sas, instituciones o empresarios individuales en las cuales presten

1Ley catalana de Mutualidades de Previsión Social de 13 de junio de 2003.2Ley vasca de Entidades de Previsión Social Voluntaria de 27 de octubre de 1983 y Reglamento de 20 de febrero de 1984.

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sus servicios y las prestaciones que se otorguen sean únicamente consecuencia de acuerdos de previsión entre éstas y aquéllos, se entenderá que la mutualidad de previsión social actúa como instru-mento de previsión social empresarial.”

Como se puede apreciar, desde el punto de vista de su encuadramiento en los tres “pilares” sobre los que se asienta el sistema nacional de protección social previs-to en el artículo 41 de la Constitución, las mutualidades de previsión social son instituciones privadas sin ánimo de lucro que, a diferencia de otras instituciones de previsión social como los planes y fondos de pensiones y los seguros de vida, desempeñan un papel activo, con mayor o menor intensidad, en cada uno de los citados tres “pilares”, pudiendo actuar simultáneamente como entidad “alterna-tiva” a la Seguridad Social (primer pilar) y “complementaria” del sistema público de la Seguridad Social, tanto en el ámbito empresarial (segundo pilar) como indi-vidual (tercer pilar).

En primer lugar, las mutualidades de previsión social ocupan un papel activo en el primer pilar -el sistema público de Seguridad Social- ya que, por mandato legal3 , pueden proveer la previsión social de los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-nomos que, de forma alternativa a dicho régimen, opten por incor-porarse a la mutualidad de previsión social que pudiera tener esta-blecida el correspondiente colegio profesional. En este sentido, las mutualidades de previsión social ofrecen cobertura para las mismas contingencias que las atendidas por el citado régimen especial de la Seguridad Social (prestaciones de jubilación, fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad u orfandad, invalidez, e incapacidad temporal, incluyendo maternidad y paternidad, etc.).

En segundo lugar, las mutualidades de previsión social forman par-te de las entidades de previsión social complementaria “de natura-leza empresarial” –segundo pilar-. Bajo la configuración de entida-des de previsión social complementaria de naturaleza empresarial, las mutualidades de previsión social coexisten junto con los planes de pensiones del sistema de empleo, los planes de previsión social empresarial y los seguros colectivos que instrumentan compromi-sos por pensiones, y cabe señalar que las mismas participan de las características de éstos, articulándose también como instrumentos jurídicos promovidos por las empresas de cualquier sector de acti-vidad en interés y beneficio de sus propios trabajadores a través de

3Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

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las cuales se garantizan prestaciones de jubilación, fallecimiento, invalidez o dependencia de los trabajadores, mediante un sistema que se nutre de aportaciones de las propias empresas y de los tra-bajadores.

Las mutualidades de previsión social complementaria “de base em-presarial” se configuran legalmente como aquéllas en las que (i) todos los mutualistas son empleados y tienen la condición de tra-bajadores por cuenta ajena o asalariados vinculados al promotor por una relación laboral sometida al Estatuto de los Trabajadores, incluida la relación laboral de carácter especial, (ii) los socios pro-tectores o promotores son las empresas, instituciones o empresa-rios individuales en las que los citados trabajadores prestan sus servicios y (iii) las prestaciones que se garantizan tienen su origen en acuerdos de previsión social complementaria entre las empresas y los trabajadores.

En tercer y último lugar, las mutualidades de previsión social ocu-pan también un importante papel en el marco del tercer pilar del sistema nacional de protección social –previsión social complemen-taria de base individual y asociativa-, donde coexisten junto a los planes de pensiones de los sistemas individual y asociado y los se-guros de vida individuales, en sus distintas modalidades de riesgo y ahorro, y todas la especialidades previstas en la normativa actual, como planes de previsión asegurados (PPA) o planes individuales de ahorro sistemático (PIAS).

La singularidad de las mutualidades de previsión social no sólo se manifiesta, como se acaba de exponer, en su presencia activa en los tres pilares sobre los que se asienta el sistema público de protección social sino que, además, se comple-menta con unos rasgos definitorios y de funcionamiento exclusivos, entre los que destacan los siguientes:

Las mutualidades de previsión social funcionan bajo los principios de democracia y solidaridad. Cada mutualista puede, en condicio-nes de igualdad, asistir y votar en las reuniones de la asamblea general, donde las decisiones se adoptan por mayoría.

La condición de mutualista se adquiere por vía estatutaria en lugar de por la titularidad de una parte alícuota del capital social. Las mutualidades de previsión social no encuentran su capital dividido

4Artículo 64.1 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004.

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en acciones, a diferencia de lo que sucede con las compañías de seguros.

Las mutualidades de previsión social responden al principio de au-togestión de sus intereses. Tienen limitados sus gastos y actúan sin ánimo de lucro, por lo que tras la dotación de las correspondientes provisiones y margen de solvencia, todos los resultados se destinan a los mutualistas.

El órgano de gobierno de las mutualidades es elegido por la asam-blea de mutualistas y es quien desempeña las funciones ejecutivas, sin perjuicio de la profesionalización de la gestión mediante las co-rrespondientes estructuras internas.

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Desigualdad de trato, particularmente en el orden fiscal, de las mutualidades de previsión social respecto a la Seguridad Social y a las demás formas de previsión complementaria

Así delimitado el marco legal y el ámbito de actuación de las mutualidades de previsión social en España, a continuación se expone, siquiera brevemente, los problemas que las mismas han experimentado desde el punto de vista de su regu-lación que hacen necesaria una reforma legislativa —particularmente en el campo tributario— que acomode su actuación en el marco que se acaba de describir, en condiciones de igualdad con el resto de operadores de la denominada “Economía Social”, tanto los de naturaleza pública (Seguridad Social) como los de naturaleza privada (principalmente compañías aseguradoras y planes de pensiones).

Las tensiones sufridas por las mutualidades de previsión social derivadas de su anexión al ámbito asegurador –exigencia de utilización del sistema de capitaliza-ción individual y dotación de margen de solvencia, básicamente-- se agravaron a finales de los años ochenta cuando en el mercado español de la previsión social complementaria irrumpe un nuevo agente, los planes de pensiones, que fueron regulados por la Ley 8/1987, de 8 de junio. Los planes de pensiones fueron fuer-temente impulsados por los poderes públicos y su regulación estableció notables incentivos fiscales a los que no llegaban las mutualidades de previsión social, en detrimento de dichas mutualidades y en general de las entidades aseguradoras.

Esta discriminación “fiscal” de las mutualidades de previsión social y de los segu-ros de vida en general, respecto de los planes de pensiones, se ha ido corrigien-do con los años, pues las distintas regulaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han ido reconociendo a las mutualidades de previsión social muchos de los beneficios fiscales que desde su origen tenían –y siguen teniendo- los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social complementaria, así como se han previsto modalidades aseguradoras, como los planes de previsión asegurados, los planes individuales de ahorro sistemático, o los planes de previ-sión social empresarial, que corrigen en parte esta discriminación.

Sin embargo, la realidad muestra que, a día de hoy, la homogeneización fiscal de los distintos sistemas de previsión social es más aparente que real, manifestán-dose las diferencias más significativas entre unos y otros precisamente en detri-mento de las mutualidades de previsión social.

Como podrá apreciarse a lo largo de las propuestas de modificación que se ex-ponen en el presente documento, el tratamiento fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las aportaciones y prestaciones de las mutualidades de previsión social no es equivalente al del resto de sistemas de previsión social. Además, la falta de un tratamiento igualitario no sólo se ma-nifiesta en el campo de la tributación de las personas físicas, sino también, por ejemplo, en el campo de la tributación institucional de las propias mutualidades de previsión social que, siendo entidades sin ánimo de lucro, quedan sometidas a gravamen por el Impuesto sobre Sociedades lo mismo que lo están las compa-

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ñías que practican el seguro mercantil con ánimo de lucro. Es más, los planes de pensiones, figura que responde a un ánimo de lucro evidente, están sujetos en su imposición personal a un tipo cero de gravamen. Y lo mismo cabe afirmar en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, donde los derechos económicos en todos los sistemas de previsión social complementaria gozan de exención, con la única -e inexplicable- excepción de las mutualidades de previsión social.

La necesidad de una modificación legal que resuelva estas diferencias de trata-miento es indiscutible. Máxime si se tiene en cuenta que la propia Exposición de Motivos de la vigente Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Im-puestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, aboga por la neutralidad fiscal del ahorro y la homogenización de todos los instru-mentos de previsión social al afirmar lo siguiente:

“La consideración de las aportaciones a estos sistemas como salario diferido, la acotación de los límites y el respeto al contexto de neutra-lidad en la tributación del ahorro, justifica que todos los instrumen-tos de previsión social que cumplan con las características exigidas apliquen el incentivo de la reducción en la base imponible, sin dis-tinción entre ellos. Y todo ello con la menor incidencia posible en la normativa financiera reguladora los planes y fondos de pensiones” (el subrayado es nuestro).

Otro de los factores que justifican la necesidad de abordar cambios en el régimen tributario de las mutualidades de previsión social ha de encontrarse en la Reco-mendación 14 del Pacto de Toledo, que aboga por «abordar la ordenación de la previsión social complementaria, potenciándola como elemento de consolidación del modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la Constitución». Esta Recomendación ha de completarse, en lo que específicamente se refiere a las mutualidades de previsión social, con la Recomendación 16 del reciente Informe de 2011 de la Comisión de Evaluación del Pacto de Toledo, a cuyo tenor se propo-ne que “las mutualidades de previsión social -en su condición de instrumentos de previsión complementaria sin ánimo de lucro- sean potenciadas con arreglo a cri-terios de colaboración con el sistema público, como instrumento diferenciado que ayude a la extensión de la previsión social en el ámbito empresarial y profesional”.

A lo anterior cabe añadir la manifestación realizada por el actual Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, en el discurso de investidura pronunciado en el Con-greso de los Diputados el pasado 19 de diciembre de 2011, en el que, refiriéndose expresamente a las reformas en materia tributaria, manifestaba su firme decisión de abordar, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, “una mejora de la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones”, signo inequívoco de que, en principio, es decidida la voluntad del actual Gobierno de

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España de efectuar reformas en el tratamiento fiscal de la previsión social com-plementaria5.

Las instituciones de la Unión Europea también son conscientes de las necesidades de adaptación del marco jurídico de las entidades de base mutual para lograr que las entidades que compiten en el mercado único de la previsión social puedan hacerlo en igualdad de condiciones. En este sentido, el reciente documento de tra-bajo del Parlamento Europeo “The Role of Mutual Societies in the 21st Century”6 se ha manifestado firmemente a favor del impulso de la actividad de las mutua-lidades en Europa, al considerarlas un agente imprescindible de la denominada “Economía Social” debido a los valores que inspiran su funcionamiento —solidari-dad, gobierno democrático y ausencia de accionistas—. A juicio del Parlamento de la Unión Europea, los valores del mutualismo favorecen la protección social bajo esquemas de responsabilidad social, que tan escasamente se han seguido en la crisis económica. Las mutualidades pueden contribuir a la prestación de servicios de previsión social de primer nivel como ya lo hicieran en tiempos pasados.

El Parlamento Europeo es partidario de impulsar el crecimiento de las mutualida-des en Europa en la medida que con ello se puede contribuir a la diversificación en el sector asegurador, haciéndolo más competitivo y menos expuesto a las consecuencias de los cambios en el entorno económico y financiero. Asimismo, existe un importante espacio en el mercado interior de seguros para las entidades de base mutual, ya que un número muy elevado de ciudadanos europeos todavía eligen a las mutualidades para garantizar la prestación de servicios de asegura-miento de calidad vinculados, entre otros, a la sanidad, la previsión social y otros riesgos de la persona o los bienes. Es más, el Parlamento Europeo considera que en el futuro a corto-medio plazo va a existir una creciente necesidad de compa-ñías que, como las mutualidades, operen bajo el principio de una responsabilidad social fuertemente enraizada, pues ello garantizará la existencia de los sistemas de previsión social de forma sostenible con los objetivos que en cada momento se vaya marcando la Unión Europea.

Para asegurar la consecución de tan loable fin, el Parlamento Europeo señala que el primer paso debe corresponder a las propias mutualidades, quienes deberían mejorar sus productos y divulgar la idea de que el mutualismo, como eje “nuclear” de su funcionamiento, puede garantizar servicios de previsión social con mejores cotas de coste-beneficio que los prestados por otros agentes del mercado.

5Puede accederse al texto completo del citado discurso en la siguiente dirección oficial de Internet: http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/discursodeinvesti-dura_new/index.htm

6Elaborado por la Dirección General de Política Interior del Parlamento Europeo a petición del Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo y publicado en julio de 2011, puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110829ATT25422/20110829ATT25422EN.pdf

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Objeto del informe

La Mutualidad General de la Abogacía, como mutualidad de previsión social re-conocida legalmente como alternativa al Sistema público de Seguridad Social, y que a la vez practica la previsión social complementaria en todas sus modalida-des, ha identificado los aspectos jurídico-fiscales en los que se podrían presentar propuestas concretas cuya finalidad es la mejora del tratamiento tributario de las Mutualidades de Previsión Social que, siendo alternativas al sistema público de Seguridad Social, también actúan como complementarias del mismo.

Asimismo, en el presente Informe se plantean propuestas de mejora que sin ser específicas o exclusivas de las mutualidades de previsión social, afectan también a los demás sistemas de previsión social que se regulan en el artículo 51 de la Ley 35/2006 del IRPF.

Legislación aplicable

A continuación se relaciona, de manera cronológica, la normativa vigente que queda afectada por las propuestas que se recogen en el presente documento:

Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, apro-bado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y mo-dernización del sistema de Seguridad Social.

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Objetivo: Igualdad de trato fiscal

Todos los antecedentes expuestos anteriormente justifican la necesidad de plan-tear modificaciones legales a la normativa española que tiendan a asegurar que las mutualidades de previsión social desarrollen su actividad en igualdad de condi-ciones que el resto de operadores, tanto por lo que se refiere a la Seguridad Social –respecto de la cual las mutualidades profesionales son alternativas–, como en el mercado de los planes de pensiones, seguros y, en general, la previsión social; particularmente, en el campo tributario, que es donde se aprecian las mayores distorsiones.

Las propuestas de modificación legislativa que se desarrollan a continuación se estructuran en tres grandes bloques:

En primer lugar, propuestas tendentes a lograr la plena equipa-ración de las mutualidades de previsión social que actúan como alternativas al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social, con ésta.

En segundo lugar, propuestas encaminadas a mejorar el tratamien-to fiscal de las mutualidades de previsión social en su función com-plementaria al sistema público de Seguridad Social.

En tercer y último lugar, propuestas dirigidas a la mejora del trata-miento fiscal de los sistemas de previsión social complementaria en su conjunto, pero poniendo especial énfasis en el otorgamiento de un régimen fiscal homogéneo entre todos ellos que no discrimine a las mutualidades de previsión social.

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Propuestas de mejora en el tratamiento fiscalaplicable a las mutualidades

de previsión social profesionales respecto de su faceta como alternativas al sistema público

de Seguridad Social

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Las propuestas que se desarrollan en el presente capítulo responden a la nece-sidad de equiparar, en todos sus términos, la fiscalidad de las mutualidades de previsión social que actúan como alternativas al sistema público de Seguridad Social con el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena o Autónomos de la Seguridad Social. Esta equiparación debe predicarse tanto para los planes de previsión que son alternativos al RETA como para las propias entidades que realizan funciones semejantes a las del sistema de Seguridad Social.

Las propuestas que se desarrollan en el presente capítulo afectan a tres impues-tos diferentes (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio) y responden a la necesidad de equi-parar, en todos sus términos, la fiscalidad de las mutualidades de previsión social que actúan como alternativas al sistema público de Seguridad Social con el RETA.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se propone mejorar la dedu-cibilidad fiscal de las cantidades abonadas a mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el RETA a efectos del cálculo del rendimiento neto de las actividades económicas así como la tributación de las prestaciones en forma de capital que procedan de estas mutualidades alternativas, para darle el mismo trato que tienen las contribuciones a dicho régimen público de Seguridad Social.

En el Impuesto sobre Sociedades se propone una exención específica para las ren-tas obtenidas por las mutualidades de previsión social que deriven del ejercicio de sus correspondientes actividades como mutualidades de previsión social alternati-vas, del mismo modo que la Seguridad Social no está gravada por dicho impuesto.

En el Impuesto sobre el Patrimonio se propone la exención fiscal de los derechos económicos generados en las mutualidades de previsión social, en los planes de previsión que son alternativos al régimen de Autónomos, del mismo modo que no tienen la consideración de derechos de contenido económico y, por tanto, no han de tributar en el Impuesto sobre el Patrimonio los derechos a pensión que puedan tenerse respecto de la Seguridad Social.

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Propuesta 1Incrementar, hasta el 100 por 100 de la cuota máxima del régimen de autóno-mos, el límite de gasto deducible de los rendimientos de actividades económicas de profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social, en concepto de cantidades abonadas a planes de previsión contratados con mu-tualidades de previsión social, que tengan la condición de ser alternativos al ré-gimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que la disposición adicional 46ª de la ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad So-cial, ha fijado en el 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado régimen especial


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PROPUESTA 1

Incrementar, hasta el 100 por 100 de la cuota máxima del régimen de autónomos, el límite de gasto deducible de los rendimientos de activida-des económicas de profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social, en concepto de cantidades abonadas a planes de previsión contratados con mutualidades de previsión social, que tengan la condición de ser alternativos al régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que la disposición adicional 46ª de la ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, ade-cuación y modernización del sistema de Seguridad Social, ha fijado en el 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado régimen especial

Se propone modificar dos normas legales: por un lado, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Re-sidentes y sobre el Patrimonio y, por otro, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en el sentido que a continuación se expone:

MODIFICACIÓN DE LA LEY 35/2006, DEL IRPF: se modificaría la redacción de la regla especial 1ª del apartado 2 del artículo 30.

Artículo 30. Normas para la determi-nación del rendimiento neto en esti-mación directa

1. (…)

2. Junto a las reglas generales del artículo 28 de esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes especiales:

1.ª No tendrán la consideración de gasto deducible los conceptos a que se refiere el artículo 14.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto so-bre Sociedades ni las aportaciones a mutualidades de previsión social del propio empresario o profesional, sin

Artículo 30. Normas para la determi-nación del rendimiento neto en esti-mación directa

1. (…)

2. Junto a las reglas generales del artículo 28 de esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes especiales:

1.ª No tendrán la consideración de gasto deducible los conceptos a que se refiere el artículo 14.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto so-bre Sociedades ni las aportaciones a mutualidades de previsión social del propio empresario o profesional, sin

Redacción actual Redacción que se propone

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perjuicio de lo previsto en el artículo 51 de esta Ley.No obstante, tendrán la considera-ción de gasto deducible las cantida-des abonadas en virtud de contratos de seguro, concertados con mutua-lidades de previsión social por pro-fesionales no integrados en el régi-men especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta pro-pia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social men-cionado, en la parte que tenga por objeto la cobertura de contingencias atendidas por la Seguridad Social, con el límite de 4.500 euros anuales.

perjuicio de lo previsto en el artículo 51 de esta Ley.No obstante, tendrán la considera-ción de gasto deducible las cantida-des abonadas en virtud de contratos de seguro, concertados con mutua-lidades de previsión social por pro-fesionales no integrados en el régi-men especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta pro-pia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social men-cionado, en la parte que tenga por objeto la cobertura de contingen-cias atendidas por la Seguridad So-cial, con el límite de 4.500 euros anuales de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado Régimen Especial.

MODIFICACIÓN DE LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO, SOBRE ACTUALI-ZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:se modifica la redacción del apartado 3 de la Disposición adicional cuadragésima sexta.


Disposición adicional cuadragésima sexta. Mutualidades de Previsión So-cial alternativas al régimen de Autó-nomos.

1. (…)

2. (…)

Disposición adicional cuadragésima sexta. Mutualidades de Previsión So-cial alternativas al régimen de Autó-nomos.

1. (…)

2. (…)

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Justificación

En la actualidad, los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (en lo su-cesivo, RETA) y que, de conformidad con lo previsto por la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, de forma alternativa a dicho régimen, hubieran optado o decidan optar por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional, se encuentran sometidos a una clara discriminación fiscal, en comparación con aquellos profesionales inte-grados o que se integran en el RETA.

De conformidad con lo previsto por la normativa que actualmente regula el Im-puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), mientras que los profesiona-les integrados en el RETA pueden calcular el rendimiento neto de sus actividades económicas con deducción de la totalidad de las cotizaciones al citado Régimen Especial de la Seguridad Social, aquellos profesionales que hayan optado por in-

3. Las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las Mutuali-dades en su condición de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuen-ta Propia o Autónomos, en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias atendidas por di-cho Régimen Especial, serán deduci-bles con el límite del 50 % de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado Régimen Especial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los términos previstos por la regla especial 1ª del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 35/2006, de 28 de no-viembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las le-yes de los Impuestos sobre So-ciedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimo-nio.

3. Las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las Mutua-lidades en su condición de alternati-vas al Régimen Especial de la Segu-ridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en la parte que tenga por objeto la cober-tura de las contingencias atendidas por dicho Régimen Especial, serán deducibles con el límite del 50 % de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el cita-do Régimen Especial.

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corporarse a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional únicamente pueden deducir fiscalmente las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro, alternativos al RETA, sus-critos con las citadas mutualidades con el límite de 4.500 euros anuales7 . Si bien en este último supuesto los excesos sobre el citado límite pueden ser objeto de reducción en la base imponible general, ello ha de hacerse junto con el resto de aportaciones que, en su caso, se hayan realizado a los sistemas de previsión social en los términos y condiciones previstos por el artículo 51 de la Ley 35/2006 del IRPF, minorando por tanto la capacidad de reducción de la base imponible general del impuesto.

Ha de indicarse que en la recientemente aprobada Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad So-cial, se ha aprobado una previsión específica tendente a mejorar el tratamiento fiscal anteriormente expuesto, mejora, no obstante, que resulta insuficiente. Con-cretamente, la Disposición adicional cuadragésima sexta dispone, en su apartado 3, que “las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las Mutualida-des en su condición de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias atendidas por dicho Régimen Especial, serán deducibles con el límite del 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias co-munes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado Régimen Especial”.

De este precepto, que entra en vigor el día 1 de enero de 2013, cabe señalar que es muy impreciso pues no queda en absoluto claro a qué se refiere la “deducibili-dad” que en el mismo se predica, pues simplemente se indica que las aportaciones y cuotas satisfechas “serán deducibles”, sin más, con el límite del 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado Régimen Especial, y no se indica si dicha deducibilidad lo es a efectos tributarios o a otros efectos distintos.

Al objeto de resolver esta duda interpretativa, debe señalarse que el texto final-mente otorgado al precepto transcrito procede de la aprobación, en el trámite parlamentario del Senado, de una enmienda transaccional a las enmiendas núme-ros 101 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas en el Senado, 172 del Grupo Parlamentario Popular y 225 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. La redacción que inicialmente contenían las enmiendas transaccionadas era mucho más clara, al disponer expresamente que “las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las Mutualidades en su condición de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos tendrán el mismo tratamiento fiscal que las contribuciones a dicho régimen de la Seguridad Social” (el subrayado es nuestro).

7Artículo 30.2.1ª, párrafo segundo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

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A la vista de lo expuesto, cabe concluir lo siguiente:

Durante el período impositivo 2012, la deducción fiscal de las can-tidades satisfechas por los profesionales no integrados en el RETA que hayan satisfecho cantidades en virtud de contratos de seguro, alternativos al RETA, concertados con mutualidades de previsión social, tiene como límite 4.500 euros anuales. Mientras, otro profe-sional, que en lugar de estar integrado en una mutualidad lo esté en el régimen de Autónomos de la Seguridad Social, podrá deducir la cuota completa de su aportación a dicho régimen, cuyo límite, para la base de cotización máxima, es de 11.666,70 euros. La di-ferencia en menos es de 7.166,70 euros, en contra del profesional que elige quedar cubierto en su primer pilar de previsión social con su mutualidad en lugar de hacerlo en el RETA.

A partir del período impositivo 2013 y siguientes, la citada deduc-ción fiscal tendrá como límite el 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el RETA. Es decir, el límite de 4.500 euros anuales regulado en el artículo 30 de la Ley 35/2006 del IRPF se considera-rá tácitamente derogado por la Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, ade-cuación y modernización del sistema de la Seguridad Social8. Aun así la discriminación persistirá, pues en lugar del 100% que sería deducible anualmente por cotizaciones al régimen de Autónomos, un profesional acogido a una mutualidad alternativa solo podrá de-ducir el 50% de dicha cuantía máxima, como gasto de su actividad profesional.

8La Disposición Derogatoria de la Ley 27/2011 dispone que quedan derogadas “(…) cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley (…).

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En el siguiente cuadro se aprecia la diferencia de trato fiscal otorgado a los pro-fesionales que se afilian a una mutualidad respecto de los que lo hacen al RETA, sobre la deducibilidad de las cuotas que pagan para atender a su previsión obliga-toria, supuesto que cotizaran por la base máxima:

El hecho de que el exceso de gasto satisfecho sobre el límite actual de 4.500 eu-ros –o sobre el 50% que se contempla en la disposición adicional 46ª de la Ley 27/2011-- pueda reducir la base imponible general junto con, en su caso, el resto de aportaciones a sistemas de previsión social, aunque pueda decirse que solu-ciona el problema, en realidad no es así, sino que supone una clara discriminación en contra de los profesionales que eligen su mutualidad como sistema legalmente alternativo, al limitarles las cantidades que los demás ciudadanos pueden dedu-cir por aportaciones a previsión social complementaria, al “consumir” parte de la reducción que les correspondería aplicando a la misma los excesos pagados por encima de los 4.500 euros. En definitiva, la norma actual, que la disposición adicional 46ª de la Ley 27/2011 ha corregido solo muy parcialmente, supone una clara desventaja respecto de los profesionales integrados en el RETA en cuanto a la reducción de la base imponible del impuesto, puesto que estos últimos podrán destinar mayores cantidades a los distintos sistemas de previsión social que esta-blece el artículo 51 de la Ley 35/2006 del IRPF.

9Supuesta la misma base de cotización que 2012.

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Esta discriminación fiscal que se acaba de exponer puede ilustrarse con el siguien-te ejemplo, que analiza el caso de dos profesionales: el profesional “A”, integrado en el RETA, y el profesional “B” integrado en una mutualidad de previsión social en su condición de alternativa al RETA. Ambos tienen el mismo nivel de ingresos y satisfacen las mismas cantidades para cubrir su previsión social complementaria.

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El cálculo de las bases liquidables generales que corresponderían en el IRPF a los citados profesionales quedaría como sigue:

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Como puede apreciarse, a igualdad de ingresos de la actividad y a igualdad de cantidades desembolsadas, el profesional B resulta fiscalmente perjudicado pues no puede aprovechar, igual que lo hace el profesional A, el límite máximo de reducción por aportaciones a sistemas de previsión social. Y la causa de ello se identifica con el peor tratamiento en la deducibilidad fiscal de los gastos en con-cepto de cuotas satisfechas a mutualidades de previsión social que actúan como alternativas al RETA a efectos de cálculo de los rendimientos netos de las activi-dades económicas. El tratamiento discriminatorio es claro para el profesional B. Este régimen fiscal distorsiona claramente la libertad de elección del sistema a través del cual los profesionales deseen proveer su previsión social obligatoria, dado que, en definitiva, un profesional adscrito al RETA no solo podrá cotizar más para su pensión pública sino que, además, aprovechará más el límite de reduc-ción fiscal por aportaciones a sistemas de previsión social para complementar su pensión pública de jubilación. La realidad que se acaba de exponer perjudica claramente a las mutualidades de previsión social que, de este modo, ven dificultada su capacidad para actuar como alternativa real al RETA.

En definitiva, la presente propuesta persigue que el carácter de “alternativa” de las MPS sea real y, para ello, debe corregirse la normativa fiscal para otorgar un tratamiento tributario equiparable entre las aportaciones realizadas a la mutuali-dad y las cuotas satisfechas a la Seguridad Social, de manera que el profesional tenga los mismos elementos para valorar las dos opciones de forma igualitaria a la hora de determinar cuál ha de ser su sistema de protección social.

Y dicha modificación no puede restringirse al establecimiento de unos límites a la deducibilidad fiscal del gasto por aportaciones a mutualidades de previsión social complementaria, que se establezcan como una cuantía fija o un porcentaje de la cuota máxima de cotización al RETA por contingencias comunes. Un esquema de equiparación “real” exige que la deducibilidad fiscal de las aportaciones a mu-tualidades de previsión social en su condición de alternativas quede en igualdad de condiciones fiscales que la deducibilidad fiscal de las cantidades satisfechas al RETA. Esto es, que se equipare al 100% de lo que se puede cotizar y deducir en el RETA, la aportación máxima deducible en un plan de previsión alternativo, de una mutualidad.

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Propuesta 2Que se aplique la reducción del 40% a los rendimientos del trabajo derivados de la percepción de prestaciones por fallecimiento, incapacidad permanen-te, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares cuando procedan de seguros concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de la seguridad social de los trabajado-res por cuenta propia o autónomos, siempre que se perciban en forma de ca-pital y hayan transcurrido más de dos años desde la primera cuota satisfecha


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PROPUESTA 2

Que se aplique la reducción del 40% a los rendimientos del traba-jo derivados de la percepción de prestaciones por fallecimiento, in-capacidad permanente, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares cuando procedan de seguros concertados con mutualida-des de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta pro-pia o autónomos, siempre que se perciban en forma de capital y ha-yan transcurrido más de dos años desde la primera cuota satisfecha

Se propone modificar la redacción del artículo 18 de la Ley 35/2006 del IRPF, mediante la creación de un nuevo apartado 4, y pasando el actual apartado 4 a convertirse en el apartado 5:

Artículo 18. Porcentajes de reduc-ción aplicables a determinados ren-dimientos del trabajo.

1. (…)

2. (…)

3. (…)


1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. El 40% de reducción, en el caso de las prestaciones esta-blecidas en el artículo 17.2.a. 4ª de esta Ley que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aporta-ción, y procedan de contratos de seguro concertados con mutua-lidades de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de la Segu-ridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando a efectos de dar cumpli-miento a la obligación prevista


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4. Las reducciones previstas en este artículo no se aplicarán a las contri-buciones empresariales imputadas que reduzcan la base imponible, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-culos 51, 53 y en la disposición adi-cional undécima de esta Ley.

en la disposición adicional deci-moquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros priva-dos, actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la cober-tura de contingencias atendidas por la Seguridad Social.

El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestacio-nes por invalidez.

La reducción prevista en el pre-sente apartado será asimismo aplicable a las cantidades perci-bidas por mutualistas que proce-dan de los supuestos excepcio-nales de liquidez a que se refiere el artículo 51.2.b) de esta Ley.


Justificación

Bajo la vigencia de la anterior normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo) el contribuyente podía aplicar una reducción porcentual del 40% sobre los rendimientos del trabajo derivados de la percepción de determinadas prestacio-nes procedentes de instrumentos de previsión social, siempre que las mismas se percibieran en forma de capital y hubieran transcurrido más de dos años desde la primera aportación, plazo este último no exigible en el caso de prestaciones por invalidez

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Concretamente, eran acreedoras de la citada reducción las siguientes prestacio-nes:

Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públi-cos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, en-fermedad, viudedad, orfandad o similares.

Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.

Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pen-siones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fon-dos de pensiones de empleo.

Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades econó-micas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.

Las prestaciones procedentes de contratos de seguro colectivo de exteriorización de compromisos por pensiones previstos en el ar-tículo 16.2.a).5ª cuando las aportaciones efectuadas por los em-presarios no hubieran sido imputadas a las personas a quienes se vinculasen las prestaciones.

Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados.

La citada reducción del 40% tenía como finalidad minorar la progresividad del IRPF en aquellos casos en los que el contribuyente hubiera de hacer frente a la imposición adicional que normalmente deriva de la integración en la base impo-nible general de cantidades de cuantía significativa que se hubieran generado a lo largo de un período prolongado de tiempo, como es el caso, entre otros, de las prestaciones en forma de capital procedentes de instrumentos de previsión social.

A partir del 1 de enero de 2007, fecha en la que entra en vigor la vigente Ley 35/2006 del IRPF, la citada reducción del 40% es objeto de eliminación, si bien respetándose los derechos adquiridos por los contribuyentes que hubieran con-tratado instrumentos de previsión social bajo el imperio de la antigua normativa, mediante la regulación de los correspondientes regímenes transitorios.

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Sin embargo, la eliminación del citado porcentaje no ha sido total sino parcial, puesto que se mantiene la posibilidad de que se siga aplicando la reducción del 40% pero sólo a las siguientes prestaciones de naturaleza “pública”:

Pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públi-cas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enferme-dad, viudedad, orfandad o similares, y

Prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades ge-nerales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.

El mantenimiento de la reducción del 40% para las prestaciones que tienen su ori-gen en el sistema público de Seguridad Social ha producido una evidente discrimi-nación fiscal a aquellos contribuyentes que, como alternativa al sistema público, han escogido proveer su previsión social mediante la figura de las mutualidades de previsión social “alternativas”. En efecto, los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Ajena o Autónomos (RETA) que, de conformidad con lo previsto por la Disposición adicio-nal decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-visión de los Seguros Privados, de forma alternativa a dicho régimen, hubieran optado o decidan optar por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional, se encuentran sometidos a una clara discriminación fiscal, en comparación con aquellos profesio-nales integrados en el RETA. Mientras que éstos últimos podrán aplicar la reduc-ción del 40%, aquéllos no pueden aplicarla.

La presente Propuesta aboga por la absoluta homogeneidad fiscal, sin discrimina-ción alguna, en el tratamiento tributario aplicable a las prestaciones de la Seguri-dad Social y a las que se perciben de los instrumentos equivalentes de previsión social de carácter privado pero que, por mandato legal, actúen como “alternati-vos” al sistema público de la Seguridad Social.

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Propuesta 3Equiparación fiscal entre la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social que son alternativas, respecto de su naturaleza y actividad como alternativa al RETA


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PROPUESTA 3

Equiparación fiscal entre la Seguridad Social y las mutualidades de pre-visión social que son alternativas, respecto de su naturaleza y actividad como alternativa al RETA

Se propone modificar el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-des, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, mediante la creación de un nuevo apartado 4 en el artículo 9:

Artículo 9. Exenciones.

(…)

Artículo 9. Exenciones.

(…)

4. Estarán exentas del impues-to las rentas obtenidas por las mutualidades de previsión so-cial que, a efectos de dar cum-plimiento a la obligación prevista en la disposición adicional deci-moquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros pri-vados, actúen como alternativas al Régimen Especial de la Segu-ridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Las rentas amparadas por esta exención serán exclusivamente aquellas que deriven del ejerci-cio de sus correspondientes ac-tividades como mutualidades de previsión social alternativas.


Justificación

Las Mutualidades de Previsión Social son instituciones sin ánimo de lucro que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario, complementaria al sistema público de Seguridad Social obligatoria, tal como dispone el artículo 2.1 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Re-

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glamento de Mutualidades de Previsión Social, estando restringido su ámbito de actuación a estas operaciones.

Adicionalmente, y por obra de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-dos, existe un colectivo de profesionales, los no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Ajena o Autónomos (RETA), que, como alternativa al citado régimen especial, tienen la posibilidad de optar por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener establecida su correspondiente Colegio Profesional. En relación con este colectivo de profe-sionales, las mutualidades de previsión social pueden actuar como alternativas al sistema público de la Seguridad Social, lo cual confiere a las mutualidades que presten servicios al colectivo de profesionales citado, la condición de alternativa a la Seguridad Social.

Atendiendo a la naturaleza pública de determinadas entidades, la normativa que actualmente regula el Impuesto sobre Sociedades (Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo –TRLIS-) dispone, en su artículo 9.1, que se encuentran totalmente exentas del Impuesto, entre otras, las entidades encargadas de la gestión de la Seguridad Social (letra d).10

Las mutualidades de previsión social, que son consideradas sujetos pasivos no exentos del Impuesto sobre Sociedades, si bien no son entidades de carácter público, sí realizan una actividad que, a todos los efectos, es equiparable a la que realizan los órganos de la Seguridad Social; tan es así, que la propia normativa que regula esa actividad de las mutualidades las califica de “alternativas” a la Seguridad Social. No obstante, estas entidades no gozan de exención, ni total ni parcial, al estar sometidas, por mandato expreso del artículo 26.2ª) del TRLIS, a un tipo de gravamen que actualmente es del 25%.

A ello cabe añadir el hecho de que, a diferencia de la Seguridad Social, cuyo funcionamiento se fundamenta en un sistema de reparto que carga a las genera-ciones futuras unos costes que deberían soportar las presentes, las mutualidades de previsión social quedan sometidas, por expreso mandato legal, a proveer co-berturas de previsión social del primer pilar mediante sistemas de capitalización individual y a contar con el margen de solvencia propio de las entidades asegura-

10 Actualmente, son entidades gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Salud, y el Institu-to Nacional de Servicios Sociales, por cuanto son las entidades previstas por el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos equipara dichas Entidades, a efectos de la exención en el Impuesto sobre Sociedades, a las fundaciones públicas sanitarias de las diferentes Comunidades Autónomas (con-testaciones a consulta tributaria de 7 de julio de 2008 (V1406-08) y de 26 de noviembre de 2007 (V2520/2007).

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doras, lo cual hace que estas instituciones deban efectuar dotaciones especiales a los fondos propios, exigencia que no se predica respecto de la Seguridad So-cial. Asimismo, la minoración de los resultados económicos anuales por el efecto tributario del Impuesto sobre Sociedades tiene un impacto evidente sobre los mutualistas beneficiarios de las prestaciones, dado que puede interpretarse que disminuye el importe de las prestaciones.

Al objeto de igualar fiscalmente la carga tributaria que soportan las mutualidades de previsión social por aquellas de sus actividades por las que garantizan a los profesionales autónomos unas prestaciones equivalentes a las que éstos podrían percibir de haber optado por cotizar al RETA, de tal modo que se cumpla el prin-cipio de neutralidad tributaria en la elección por la cobertura de tales prestacio-nes (ya se elija tal cobertura a través del RETA o a través de una mutualidad de previsión social alternativa), debe establecerse fiscalmente una exención para las rentas derivadas de actividades desarrolladas por las mutualidades de previsión social alternativas al RETA en todo aquello que afecte a sus actividades que, por su carácter alternativo, sean “equivalentes” a las actividades desarrolladas para las entidades gestoras de la Seguridad Social.

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Propuesta 4Exención en el impuesto sobre el patrimonio de los derechos de contenido económico de los planes de previsión contratados con mutualidades de previ-sión social que sean alternativos al régimen público de la Seguridad Social


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PROPUESTA 4

Exención en el impuesto sobre el patrimonio de los derechos de contenido económico de los planes de previsión contratados con mutualidades de previsión social que sean alternativos al régimen público de la Seguridad Social

La presente propuesta determinaría una modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante, Ley del IP). Concretamen-te, se modificaría la redacción del artículo 4.Cinco mediante la inclusión de una nueva letra b), pasando las actuales letras b), c), d) y e) a ser las letras c), d), e) y f):

Artículo 4. Bienes y derechos exen-tos

Estarán exentos de este impuesto:

(…)

5. Los derechos de contenido econó-mico en los siguientes instrumentos:

a) Los derechos consolidados de los partícipes y los derechos económi-cos de los beneficiarios en un plan de pensiones.



(…)

5. Los derechos de contenido econó-mico en los siguientes instrumentos:


b) Los derechos de contenido económico que correspondan a cantidades abonadas a mutuali-dades de previsión social regu-ladas en el apartado 2 del artí-culo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modifica-ción parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so-bre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.


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b) Los derechos de contenido eco-nómico que correspondan a primas satisfechas a los planes de previsión asegurados definidos en el apartado 3 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

c) Los derechos de contenido econó-mico que correspondan a aportacio-nes realizadas por el sujeto pasivo a los planes de previsión social em-presarial regulados en el apartado 4 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, incluyendo las contribuciones del to-mador.

d) Los derechos de contenido econó-mico derivados de las primas satisfe-chas por el sujeto pasivo a los con-tratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social em-presarial, que instrumenten los com-promisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, así como los derivados de las primas satisfechas por los em-presarios a los citados contratos de seguro colectivo.

c) Los derechos de contenido econó-mico que correspondan a las primas satisfechas a los planes de previsión asegurados definidos en el apartado 3 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

d) Los derechos de contenido econó-mico que correspondan a aportacio-nes realizadas por el sujeto pasivo a los planes de previsión social em-presarial regulados en el apartado 4 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, incluyendo las contribuciones del to-mador.

e) Los derechos de contenido econó-mico derivados de las primas satisfe-chas por el sujeto pasivo a los con-tratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social em-presarial, que instrumenten los com-promisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, así como los derivados de las primas satisfechas por los em-presarios a los citados contratos de seguro colectivo.

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e) Los derechos de contenido eco-nómico que correspondan a primas satisfechas a los seguros privados que cubran la dependencia definidos en el apartado 5 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so-bre la Renta de no Residentes y so-bre el Patrimonio.

f) Los derechos de contenido econó-mico que correspondan a primas sa-tisfechas a los seguros privados que cubran la dependencia definidos en el apartado 5 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so-bre la Renta de no Residentes y so-bre el Patrimonio.

Justificación

Los derechos de los ciudadanos a percibir prestaciones del régimen público de la Seguridad Social no pueden ser objeto de valoración individualizada debido a que el sistema Público de la Seguridad Social opera de acuerdo con un mecanismo de reparto. Este hecho determina que tales derechos económicos no se encuentren sujetos a tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Sin embargo, los derechos económicos en los planes de previsión que, como al-ternativa al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, hayan sido contratados con mutualidades de previsión social, son derechos que podría interpretarse que con la actual normativa quedan sometidos a tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Este trato discriminatorio ha de corregirse mediante el establecimiento de una exención clara, que otorgue seguridad jurídica, en el citado Impuesto respecto de los derechos de contenido económico en seguros de vida contratados con mu-tualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen público de la Seguridad Social. De esta forma se conseguirá el objetivo de equiparar, en lo que concierne al Impuesto sobre el Patrimonio, la fiscalidad de las mutualidades de previsión social que actúan como alternativas al sistema público de Seguridad Social con el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena o Autónomos de la Seguridad Social.

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Propuestas en el tratamiento fiscal aplicable a las mutualidades de previsión social profe-sionales en su faceta y actividad como com-

plementarias al sistema público de Seguridad Social

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Las propuestas que se recogen en este apartado abogan por una mejora en el tratamiento fiscal aplicable a las mutualidades de previsión social que actúan como complementarias al sistema público de Seguridad Social, en tanto que mu-tualidades.

Las propuestas que siguen a continuación afectan a tres Impuestos; la primera, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que se propone aclarar que el porcentaje de reducción del 40% también es aplicable a las cantidades que se perciben en supuestos excepcionales de liquidez procedentes de mutualidades de previsión social; la segunda, al Impuesto sobre Sociedades para el que se plantea una equiparación fiscal entre las mutualidades de previsión social y los fondos de pensiones, proponiendo para aquéllas un tipo cero de gravamen en este Im-puesto, alineándose así con el tipo de gravamen aplicable a éstos; y la tercera, al Impuesto sobre Patrimonio, en la que se propone una exención tributaria explícita en el citado Impuesto para los derechos económicos en mutualidades de previ-sión social, al igual que están exentos los derechos consolidados en los fondos de pensiones.

Todo ello para que las mutualidades de previsión social, en su papel como gesto-res de la previsión social complementaria, no sufran discriminación respecto de otros operadores que tienen la misma finalidad.

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Propuesta 5Que se aplique la reducción del 40% a los rendimientos del trabajo derivados de la percepción de cantidades percibidas en supuestos excepcionales de liquidez procedentes de mutualidades de previsión social


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PROPUESTA 5

Que se aplique la reducción del 40% a los rendimientos del trabajo deri-vados de la percepción de cantidades percibidas en supuestos excepcio-nales de liquidez procedentes de mutualidades de previsión social

Se propone modificar la redacción del artículo 18 de la Ley 35/2006, del IRPF. Dicha modificación consiste en la creación de un nuevo apartado 4, pasando el último apartado a convertirse en el apartado 5, al que también se otorgaría nueva redacción.


1. (…)

2. (…)

3. (…)



1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. El 40% de reducción, en el caso de las cantidades percibi-das en los supuestos excepcio-nales de liquidez a que se refiere el artículo 51.2.b) de esta Ley.

5. Las reducciones previstas en este artículo no se aplicarán a las contri-buciones empresariales imputadas que reduzcan la base imponible, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51, 53 y en la disposición adicional undécima de esta Ley, sal-vo las previstas en el apartado 4 anterior.


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Justificación

La presente propuesta aboga por una mejora en el tratamiento fiscal de las canti-dades percibidas por mutualistas en casos de desempleo de larga duración y en-fermedad grave, dos situaciones extraordinarias a las que debe ser más sensible el legislador, especialmente en una situación económica como la actual. Asimismo, la propuesta incorpora una mejora técnica al objeto de eliminar cualquier atisbo de duda interpretativa sobre la aplicación a estas cantidades del mismo régimen fiscal que a las prestaciones procedentes de mutualidades de previsión social.

Ha de tenerse presente que el artículo 8.8 de la Ley Reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones dispone expresamente que las cantidades percibidas por los partícipes que hayan hecho efectivos sus derechos consolidados en los supues-tos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave “(…) se sujetarán al régimen fiscal establecido por la Ley para las prestaciones de los planes de pen-siones”.

Esta previsión normativa es la que permite aplicar a las cantidades percibidas por los partícipes de planes de pensiones en supuestos excepcionales de liquidez cualquier ventaja fiscal que se estableciera sobre la tributación de las prestaciones de planes de pensiones.

Sin embargo, el precepto transcrito no es, en principio, directamente aplicable a las prestaciones procedentes de mutualidades de previsión social. Prueba de ello es que para permitir que los mutualistas puedan acceder a sus derechos econó-micos constituidos en las mutualidades de previsión social, el legislador ha tenido que incorporar una mención específica que actualmente está recogida en la letra b) del artículo 51.2 de la Ley 35/2006 del IRPF, cuyo tenor es el siguiente: “los derechos consolidados de los mutualistas sólo podrán hacerse efectivos en los supuestos previstos, para los planes de pensiones, por el artículo 8.8 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones”.

De acuerdo con lo anterior y con relación a la Propuesta nº 12 que se presenta más adelante, es preciso indicar expresamente que el porcentaje de reducción del 40% también será aplicable sobre las cantidades percibidas por los mutualistas bajo los supuestos excepcionales de liquidez. Con ello se evita tener que acudir a la interpretación analógica, por cuanto ésta está prohibida expresamente por la Ley General tributaria cuando en su artículo 14 establece que “No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.”

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Propuesta 6Eliminar el límite financiero máximo de aportación a las mutualidades de previsión social, al igual que ocurre con las EPSV que operan en el País Vasco, de manera que los contribuyentes puedan tener libertad de aportación sin perjuicio de la existencia de límites fiscales máximos de reducción en la base imponible del IRPF del contribuyente.


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PROPUESTA 6

Eliminar el límite financiero máximo de aportación a las mutualidades de previsión social, al igual que ocurre con las EPSV que operan en el País Vasco, de manera que los contribuyentes puedan tener libertad de apor-tación sin perjuicio de la existencia de límites fiscales máximos de reduc-ción en la base imponible del IRPF del contribuyente.

Se propone modificar la redacción de la Disposición adicional decimosexta de la Ley 35/2006, de IRPF, en el sentido que a continuación se expone:

Disposición adicional decimosexta. Límite financiero de aportaciones y contribuciones a los sistemas de pre-visión social.

El importe anual máximo conjun-to de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de pre-visión social previstos en los aparta-dos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la disposición adi-cional undécima de esta Ley será de 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayo-res de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros.


El importe anual máximo conjun-to de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de pre-visión social previstos en los aparta-dos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la disposición adi-cional undécima de esta Ley será de 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayo-res de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros.


Justificación

Con la presente Propuesta se trata de fomentar las mutualidades de previsión social como instrumento de previsión social voluntaria en orden a que no quede cuantitativamente restringida la posibilidad de que los ciudadanos realicen aporta-ciones a las mismas, sin perjuicio de la eventual aplicación de los límites máximos de reducción fiscal que existan en cada momento.

La modificación normativa que contiene esta propuesta aboga por la desvincula-ción de las mutualidades de previsión social de los restantes sistemas de previsión

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social, no en el limite fiscal, que sería el mismo para todos los instrumentos, sino sólo en este único aspecto, el de hacer posible que efectúen mayores aportaciones y puedan mejorar sus planes de previsión sin las limitaciones que se derivan del hecho de que los límites de aportación coincidan con los límites fiscales. Tradicio-nalmente, los planes de previsión en las mutualidades son muy reducidos en su cuantía, y se trata de permitir que los mutualistas puedan “recuperar el tiempo perdido”.

En apoyo a lo anterior podemos citar a las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco que, conservando su esencia aseguradora con base mutual, no sólo articulan el ahorro de previsión social de esa Comunidad Autónoma sin establecer más límite financiero que el que establecen sus Estatutos o el reglamento de los planes de previsión social que articulan, sino que han conseguido incentivarlo otorgando a las aportaciones y contribuciones que se abonan a las mismas y a las prestaciones que se derivan de ellas, el mismo régimen fiscal que a las de los planes y fondos de pensiones.

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Propuesta 7Reducir el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades aplicable a las mu-tualidades de previsión social que actúan en la previsión social complementaria


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PROPUESTA 7

Reducir el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades aplicable a las mutualidades de previsión social que actúan en la previsión social complementaria

Se propone modificar la redacción del apartado 6 del artículo 28 del Texto Re-fundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en el sentido que a continuación se expone.

Artículo 28. El tipo de gravamen.

(…)

6. Tributarán al tipo del cero por 100 los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

Artículo 28. El tipo de gravamen.

(…)

6. Tributarán al tipo del cero por 100 los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y las mutualidades de previsión social.


Justificación

Las Mutualidades de Previsión Social son instituciones sin ánimo de lucro que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario, complementaria al sistema público de Seguridad Social obligatoria, tal como dispone el artículo 2.1 del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-mento de Mutualidades de Previsión Social.

Las mutualidades de previsión social son instituciones centenarias que han evo-lucionado a lo largo de su dilatada historia siendo actualmente instrumentos de previsión social complementaria. En este papel complementario respecto del sis-tema público de la Seguridad Social, se han encontrado en su camino con la figura de los Planes y Fondos de Pensiones, convirtiéndose ambos, mutualidades de previsión social y fondos de pensiones, en importantes instrumentos, alternativos o complementarios entre sí, de previsión social complementaria.

Desde el punto de vista de la tributación en el Impuesto sobre Sociedades, las mutualidades de previsión social han experimentado un paulatino empeoramien-to en su tributación debido, en gran medida, a la pasividad de los poderes públicos

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y de las propias mutualidades. En cambio, los fondos de pensiones, que se han incorporado al ordenamiento jurídico con posterioridad –en 1987- han sido bene-ficiarios, desde sus orígenes, de un régimen fiscal muy favorable, auspiciado por una clara voluntad política, ante las crecientes dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

En la actualidad, mientras que las mutualidades de previsión social tributan en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen del 25%, los fondos de pensio-nes lo hacen a un tipo del 0%, el cual se justifica por razones y conveniencia de neutralidad en la tributación de estos vehículos en orden a que sean utilizados por los ciudadanos para la cobertura de las contingencias de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente y dependencia. Carece de sentido alguno que las mutua-lidades de previsión social, a través de las cuales también se cubren las mismas contingencias deban soportar una discriminación fiscal respecto de los fondos de pensiones.

Esta clamorosa ausencia de equidad fiscal entre dos instrumentos de previsión social complementaria no encuentra actualmente justificación alguna, máxime si se tiene en cuenta que estamos en presencia de dos institutos jurídicos que vienen a ocupar, en condiciones de igualdad y libre concurrencia, el espacio que abre el artículo 41 de nuestra Carta Magna cuando proclama que la asistencia y las prestaciones complementarias al régimen público de la Seguridad Social serán libres. En suma, estamos hablando de un terreno del que la propia Constitución proclama su carácter “libre”, el cual no es neutral y se quiebra cuando el Estado mantiene esta discriminación “fiscal” que impide que la elección entre los diversos mecanismos sea del todo libre.

Como acertadamente afirma algún autor de la doctrina11, la conocida noción de neutralidad impositiva debe modularse en la misma medida para todos los instru-mentos que intervienen en el ámbito de la previsión social voluntaria, toda vez que los fines extrafiscales que persiguen los fondos de pensiones y las mutuali-dades de previsión social –fines de carácter social- son plenamente coincidentes. Adicionalmente, la discriminación que se acaba de describir ha de corregirse bajo el prisma de la Recomendación 14 del Pacto de Toledo, que aboga por «abordar la ordenación de la previsión social complementaria, potenciándola como elemento de consolidación del modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la Constitución».

El pasado 25 de enero de 2011, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Informe de 2011 de la Comisión de evaluación del Pacto de Toledo, cuya Re-comendación 16 manifiesta estar a favor de que «las mutualidades de previsión social -en su condición de instrumentos de previsión complementaria sin ánimo de lucro- sean potenciadas con arreglo a criterios de colaboración con el sistema

11 HERRÁIZ DE MIOTA, C: “La fiscalidad del mutualismo de previsión social”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 2007

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público, como instrumento diferenciado que ayude a la extensión de la previsión social en el ámbito empresarial y profesional».

La ausencia de tributación que en la presente propuesta se proclama para las mu-tualidades de previsión social ya existió para las mismas pues, por mandato del artículo 10.1.K) del Decreto 3359/1967, de 23 de diciembre de 1967, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas, gozaban de exención “las sociedades y demás entidades que tengan concedida exención en virtud de leyes especiales, mientras permanezcan en vigor”. Ello resultaba aplicable a las mutualidades de previsión social, que por disposición de su ley sustantiva entonces vigente (artícu-lo 1 de la Ley de Mutualidades de 1941) quedaban “(…) exentas de las Contribu-ciones industrial y de utilidades sobre la riqueza mobiliaria, de los Impuestos del timbre, Derechos reales y sobre los bienes de las personas jurídicas por los actos o contratos en que intervengan, documentos que formalicen o expidan y bienes que formen parte de su capital o reservas”.

La posterior anexión del mutualismo de previsión social al ámbito de los seguros privados, por obra de la Ley del Seguro Privado de 1984, sembró el campo para que la Administración tributaria comenzase a desarrollar su tesis de que las mu-tualidades desarrollaban una actividad económica –servicios financieros de segu-ros-. De hecho, aunque la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1978 declarase exentas a las mutualidades de previsión social, lo cierto es que, al constituir su objeto social típico una actividad económica, quedaban sus actividades, práctica-mente al cien por cien, excluidas de la exención. Esta línea emprendida por la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1978 desembocó en un gravamen al 25% bajo la Ley 43/1995, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, antecedente inmediato de la actual tributación al 25% en el Texto Refundido de la Ley del Im-puesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. De lo anterior se concluye que el régimen tributario de las mutualidades de previsión social, con el tiempo, ha ido empeorando, alterándose hasta tal punto que ha quedado desnaturalizado, perjudicando directamente a las entidades, pero también indirectamente a los mutualistas, ya que lo que se detrae para el pago del impuesto, no incrementa su prestación. En cambio, si la misma inversión se efectúa en un fondo de pensiones los resultados obtenidos son íntegros para el inversor. La propuesta consiste, por tanto, en la reconducción de esta grave situa-ción discriminatoria.

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Propuesta 8Que la exención de la que gozan en el impuesto sobre el patrimonio los derechos de contenido económico derivados de aportaciones, contribuciones y primas rea-lizadas a los sistemas de previsión social complementaria se extienda también de forma explícita a los generados en mutualidades de previsión social.


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PROPUESTA 8

Que la exención de la que gozan en el impuesto sobre el patrimonio los derechos de contenido económico derivados de aportaciones, contribucio-nes y primas realizadas a los sistemas de previsión social complementaria se extienda también de forma explícita a los generados en mutualidades de previsión social.

Se propone modificar la redacción del artículo 4, apartado 5, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la inclusión de una nue-va letra b), pasando las actuales letras b), c), d) y e) a ser las letras c), d), e) y f):



(…)

Cinco. Los derechos de contenido económico en los siguientes instru-mentos:




(…)

Cinco. Los derechos de contenido económico en los siguientes instru-mentos:


b) Los derechos de contenido económico que correspondan a cantidades abonadas a mutuali-dades de previsión social regu-ladas en el apartado 2 del artí-culo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modifica-ción parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so-bre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.


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b) Los derechos de contenido eco-nómico que correspondan a primas satisfechas a los planes de previsión asegurados definidos en el apartado 3 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

c) Los derechos de contenido econó-mico que correspondan a aportacio-nes realizadas por el sujeto pasivo a los planes de previsión social em-presarial regulados en el apartado 4 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, incluyendo las contribuciones del to-mador.

d) Los derechos de contenido econó-mico derivados de las primas satisfe-chas por el sujeto pasivo a los con-tratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social em-presarial, que instrumenten los com-promisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, así como los derivados de las primas satisfechas por los em-presarios a los citados contratos de seguro colectivo.

c) Los derechos de contenido econó-mico que correspondan a las primas satisfechas a los planes de previsión asegurados definidos en el apartado 3 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

d) Los derechos de contenido econó-mico que correspondan a aportacio-nes realizadas por el sujeto pasivo a los planes de previsión social em-presarial regulados en el apartado 4 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, incluyendo las contribuciones del to-mador.

e) Los derechos de contenido econó-mico derivados de las primas satisfe-chas por el sujeto pasivo a los con-tratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social em-presarial, que instrumenten los com-promisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, así como los derivados de las primas satisfechas por los em-presarios a los citados contratos de seguro colectivo.

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e) Los derechos de contenido eco-nómico que correspondan a primas satisfechas a los seguros privados que cubran la dependencia definidos en el apartado 5 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so-bre la Renta de no Residentes y so-bre el Patrimonio.

f) Los derechos de contenido econó-mico que correspondan a primas sa-tisfechas a los seguros privados que cubran la dependencia definidos en el apartado 5 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so-bre la Renta de no Residentes y so-bre el Patrimonio.

Justificación

Aprovechando la última reforma realizada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, operada por la vigente Ley reguladora del Impuesto, la Ley 35/2006 del IRPF introdujo determinadas modificaciones en la normativa regula-dora del Impuesto sobre el Patrimonio cuyo objetivo era otorgar un tratamiento fiscal homogéneo a todos los sistemas de previsión social en dicho Impuesto.

Así, y con efectos a partir de 1 de enero de 2007, a la tradicional exención tri-butaria que se venía aplicando en este Impuesto a los derechos consolidados de los partícipes en planes de pensiones se unieron las exenciones tributarias de los derechos económicos de los beneficiarios de planes de pensiones y de los dere-chos de contenido económico en los siguientes instrumentos de previsión social regulados en el artículo 51 de la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros privados de dependencia. Con el completo olvido respecto a las mutualidades de previsión social.

Nada se previó entonces en relación con los derechos económicos en las mutua-lidades de previsión social, que en buena lógica debería entenderse que también pueden estar no sujetos, pero que en todo caso siguen siendo objeto de una injustificada discriminación fiscal que impide que los ciudadanos puedan decidir, sin distorsiones de tipo tributario, a través de qué instrumento jurídico proveer su previsión social complementaria.

Cuando el ciudadano analiza las alternativas que le ofrece el mercado y pondera la carga fiscal asociada como elemento a tener en cuenta a la hora de elegir a través de qué instrumento jurídico articular su previsión social complementaria, la realidad actual manifiesta una clara distorsión que impide que su elección sea libre y neutra, pues no es claro si la no sujeción al impuesto que se predica para

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los derechos económicos de los restantes instrumentos de previsión social com-plementaria, es aplicable también, como sería lógico, a los derechos económicos derivados de contratos concertados con mutualidades de previsión social.

Al objeto de eliminar los obstáculos que aún impiden la plena homogeneidad de la tributación de los instrumentos de previsión social complementaria se propone regular una exención tributaria en el Impuesto sobre el Patrimonio para los de-rechos de contenido económico que correspondan a las cantidades abonadas a mutualidades de previsión social reguladas en el apartado 2 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del IRPF.

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Propuestas en el tratamiento fiscal aplicable a los sistemas de previsión social en general

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En el presente apartado se desarrollan propuestas concretas de mejora de la fis-calidad aplicable a los diferentes sistemas de previsión social, así como mejoras relativas a otros instrumentos jurídicos de ahorro a largo plazo como los Planes Individuales de Ahorro Sistemático, o mejoras concretas que persiguen dar solu-ción a determinadas situaciones de envejecimiento como la hipoteca inversa. Son actividades que pueden practicar las mutualidades, pero que se enmarcan dentro de un ámbito más amplio, la previsión social en general, que practican diversas instituciones, además de las mutualidades.

Son dos los impuestos que se verían afectados por las propuestas que siguen a continuación: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades.

En relación con el primer impuesto, las propuestas plantean mejoras sustanciales en el régimen de tributación de los sistemas de previsión social –entre los que se encuentran, obviamente, las mutualidades de previsión social-, tanto en lo relativo a la fiscalidad directa asociada a las aportaciones y contribuciones que se realicen a estos instrumentos como a la tributación de la renta que se ponga de manifiesto en el momento del cobro de las prestaciones, por acaecimiento de las contingencias cubiertas o por el cobro de cantidades equivalentes en supuestos excepcionales de liquidez.

En relación con la fiscalidad de las aportaciones y contribuciones empresariales, se propone el tratamiento fiscal separado de las aportaciones individuales y las contribuciones empresariales a sistemas de previsión social, la eliminación del lí-mite financiero máximo de aportación anual a estos instrumentos, la recuperación de la reducción fiscal en la base imponible del ahorro por aportaciones a sistemas de previsión social y la actualización del límite de reducción fiscal por aportaciones a planes de pensiones constituidos a favor del cónyuge del contribuyente.

En lo que concierne al tratamiento fiscal de las prestaciones de sistemas de pre-visión social, se propone la recuperación de la antigua y ya derogada reducción del 40% para las prestaciones en forma de capital con antigüedad superior a dos años y para las cantidades procedentes de supuestos excepcionales de liquidez procedentes de mutualidades de previsión social, la tributación en la base im-ponible del ahorro de la rentabilidad financiera generada por las aportaciones y contribuciones a estos instrumentos y, en particular, el tratamiento fiscal autóno-mo e independiente de las aportaciones a los seguros de cobertura del riesgo de dependencia.

Se propone también una actualización de los límites de aportación –anual y acu-mulado- a los Planes Individuales de Ahorro Sistemático, así como una mejora en la regulación de los instrumentos de aseguramiento de rentas futuras vinculados a la contratación de hipotecas inversas.

La propuesta relativa al Impuesto sobre Sociedades aboga por la recuperación de la antigua deducción en la cuota íntegra de este Impuesto por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo o de previsión social empresarial.

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Propuesta 9Que los límites financieros máximos de aportación a sistemas de previsión social y los límites fiscales máximos de reducción en la base imponible del IRPF del con-tribuyente, se apliquen de forma separada a las aportaciones individuales de los contribuyentes y a las contribuciones empresariales realizadas por las empresas a favor de los mismos.


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PROPUESTA 9

Que los límites financieros máximos de aportación a sistemas de previsión social y los límites fiscales máximos de reducción en la base imponible del IRPF del contribuyente, se apliquen de forma separada a las aportaciones individuales de los contribuyentes y a las contribuciones empresariales realizadas por las empresas a favor de los mismos.

Se propone modificar dos normas legales: por un lado, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y, por otro, el Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviem-bre, en el sentido que a continuación se expone:

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 35/2006 DEL IRPF:se introduciría un nuevo apartado 2 y se modificaría la redacción del actual apar-tado 2 que, además, pasaría a ser el apartado 3.

Artículo 52. Límite de reducción.

1. Como límite máximo conjunto para las reducciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51 de esta Ley, se aplicará la menor de las cantidades siguientes:

a) El 30 % de la suma de los ren-dimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Este porcentaje será del 50 % para con-tribuyentes mayores de 50 años.

b) 10.000 euros anuales. No obs-tante, en el caso de contribuyentes mayores de 50 años la cuantía ante-rior será de 12.500 euros. Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa.



a) El 30 % de la suma de los ren-dimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Este porcentaje será del 50 % para con-tribuyentes mayores de 50 años.

b) 10.000 euros anuales. No obs-tante, en el caso de contribuyentes mayores de 50 años la cuantía ante-rior será de 12.500 euros. Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa.


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A estos efectos, no se computarán las contribuciones empresariales a que se refiere el apartado siguiente.

2. Las contribuciones empresa-riales realizadas por los promo-tores de planes de pensiones de empleo previstos en el apartado 1 del artículo 51 de esta Ley, las contribuciones empresariales satisfechas a las mutualidades de previsión social a que se re-fiere el apartado 2.a) 3º del artí-culo 51 de esta ley y las contribu-ciones del tomador a los planes de previsión social empresarial a que se refiere el apartado 4 del artículo 51 de esta Ley, podrán reducirse íntegramente dentro de los límites financieros que es-tablece la disposición adicional decimosexta de esta Ley y adi-cionalmente al límite indicado en el apartado anterior.

3. Los partícipes, mutualistas o ase-gurados que hubieran efectuado aportaciones a los sistemas de previ-sión social a que se refiere el artículo 51 de esta Ley, podrán reducir en los cinco ejercicios siguientes las canti-dades aportadas incluyendo, en su caso, las aportaciones del promotor o las realizadas por la empresa que les hubiesen sido imputadas, que no hubieran podido ser objeto de reduc-ción en la base imponible por insufi-ciencia de la misma o por aplicación del límite porcentual establecido en el apartado 1 anterior. Esta regla no resultará de aplicación a las aporta-ciones y contribuciones que excedan de los límites máximos previstos en el apartado 6 del artículo 51.


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El importe anual máximo conjun-to de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de pre-visión social previstos en los aparta-dos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la disposición adi-cional undécima de esta Ley será de 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayo-res de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros. Además, para seguros colectivos de dependencia contratados por empresas para cu-brir compromisos por pensiones, se establece un límite adicional de 5.000 euros anuales.


El importe anual máximo conjun-to de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de pre-visión social previstos en los aparta-dos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la disposición adi-cional undécima de esta Ley será de 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayo-res de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros. Además, para seguros colectivos de dependencia contratados por empresas para cu-brir compromisos por pensiones, se establece un límite adicional de 5.000 euros anuales.

Dichos importes de 10.000 y 12.500 euros se aplicarán de for-ma separada e independiente a las contribuciones empresaria-les satisfechas a los sistemas de previsión social previstos en los apartados 1, 2.a.3º y 4 del artí-culo 51 de esta Ley.


MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DE LA LEY 35/2006:se introduciría un nuevo párrafo segundo.

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Artículo 5º. Principios básicos de los planes de pensiones.

1. (…)

2. (…)

3. Las aportaciones anuales máxi-mas a los planes de pensiones regu-lados en la presente Ley se adecua-rán a lo siguiente:

a) El total de las aportaciones y con-tribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley no po-drá exceder de 10.000 euros. No obstante, en el caso de partícipes mayores de 50 años la cuantía ante-rior será de 12.500 euros.

Artículo 5º. Principios básicos de los planes de pensiones.

1. (…)

2. (…)

3. Las aportaciones anuales máxi-mas a los planes de pensiones regu-lados en esta ley se adecuarán a lo siguiente:

a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones regulados en la presente ley, sin incluir las contribuciones empresariales que los promoto-res de planes de pensiones de empleo imputen a los partícipes, no podrá exceder de 10.000 euros. No obstante, en el caso de partícipes mayores de 50 años la cuantía ante-rior será de 12.500 euros.

b) El conjunto de las contribu-ciones empresariales realizadas por los promotores de planes de pensiones de empleo a favor de sus empleados e imputadas a los mismos tendrá como límite anual máximo las cuantías estableci-das en el párrafo a) anterior.


MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES:se modificaría la redacción del apartado 3 del artículo 5 en el sentido que a con-tinuación se expone:

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b) El límite establecido en el párra-fo a) anterior se aplicará individual-mente a cada partícipe integrado en la unidad familiar.

c) Excepcionalmente, la empresa promotora podrá realizar aportacio-nes a un plan de pensiones de em-pleo del que sea promotor cuando sea preciso para garantizar las pres-taciones en curso o los derechos de los partícipes de planes que incluyan regímenes de prestación definida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto, a través de las revi-siones actuariales, la existencia de un déficit en el plan de pensiones.

4. (…)

Los empresarios individuales que realicen contribuciones em-presariales a favor de sus tra-bajadores, como promotores de un plan de pensiones de empleo, podrán realizar aportaciones propias al citado plan, hasta el límite máximo establecido para las contribuciones empresaria-les. Estas aportaciones no serán calificadas como contribuciones empresariales, salvo a efectos del cómputo de límites.

c) El límite establecido en el pá-rrafo a) anterior se aplicará Los límites establecidos en los pá-rrafos a) y b) anteriores se apli-carán de forma independiente e individualmente a cada partícipe integrado en la unidad familiar.

d) Excepcionalmente, la empresa promotora podrá realizar aportacio-nes a un plan de pensiones de em-pleo del que sea promotor cuando sea preciso para garantizar las pres-taciones en curso o los derechos de los partícipes de planes que incluyan regímenes de prestación definida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto, a través de las revi-siones actuariales, la existencia de un déficit en el plan de pensiones.

4. (…)

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Justificación

La recomendación 14 del Pacto de Toledo, relativa a los sistemas complementa-rios de previsión social, aboga en su formulación inicial por potenciar la previsión social complementaria como elemento de consolidación del modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la Constitución, mediante la actualización y mejora de los incentivos fiscales dirigidos a la promoción de dichos sistemas complementarios, con especial atención a los sistemas colectivos. A tal efecto, se propone que en la regulación de dichos incentivos fiscales se tenga en cuenta también que estos mecanismos constituyen una importante fuente de ahorro a largo plazo, tanto individual como colectiva.

Recientemente, en el año 2011, se ha hecho público el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, elaborado por la Comisión no permanente de se-guimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Dicho informe, en su Recomendación 16, reafirma la necesidad de estimular los sistemas comple-mentarios al de las pensiones públicas, atribuyéndoles el importante papel que les corresponde, al igual que sucede en los países de nuestro entorno. En esta línea, la Comisión recomienda potenciar los sistemas complementarios de la Se-guridad Social en el marco de la negociación colectiva. Estima conveniente que la previsión social complementaria –con especial incidencia en la vinculada a la negociación colectiva- debe ampliar su capacidad de complementar al conjunto de prestaciones sociales públicas.

Al objeto de lograr el objetivo de estimular y potenciar los sistemas complementa-rios de previsión social, en su faceta de previsión social empresarial, se encamina la presente propuesta, que sugiere aplicar de forma separada e independiente los límites de aportación financiera y los límites de reducción fiscal por aportaciones individuales y por contribuciones empresariales imputadas a sistemas de previ-sión social, recuperando esta característica propia del régimen de reducción fiscal en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por apor-taciones a sistemas de previsión social que ya estaba vigente a 31 de diciembre de 2006, antes de la entrada en vigor de la actual Ley 35/2006 reguladora del citado impuesto.

Y ello se justifica aún más, si cabe, en una coyuntura económica adversa como la actual, en la que el riesgo de insostenibilidad del sistema público de pensiones exige un mayor reforzamiento de la previsión social complementaria, en esta oca-sión mediante incentivos fiscales que fomentan los sistemas privados de previsión social complementaria de naturaleza empresarial.

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Propuesta 10Que se puedan reducir en la base imponible del ahorro, las aportaciones y contri-buciones a sistemas de previsión social que no hayan sido objeto de reducción en la base imponible general del IRPF.


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PROPUESTA 10

Que se puedan reducir en la base imponible del ahorro, las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social que no hayan sido objeto de reducción en la base imponible general del IRPF.

Se propone modificar la redacción del artículo 50 de la Ley 35/2006, del IRPF, en el sentido que a continuación se expone:

Artículo 50. Base liquidable general y del ahorro.

1. La base liquidable general estará constituida por el resultado de prac-ticar en la base imponible general, exclusivamente y por este orden, las reducciones a que se refieren los ar-tículos 51, 53, 54, 55, 61 bis y dis-posición adicional undécima de esta Ley, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de dichas dismi-nuciones.

2. La base liquidable del ahorro será el resultado de disminuir la base im-ponible del ahorro en el remanente, si lo hubiera, de la reducción previs-ta en los artículos 55 y 61 bis, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal disminución.

3. Si la base liquidable general re-sultase negativa, su importe podrá ser compensado con los de las bases liquidables generales positivas que se obtengan en los cuatro años si-guientes.

Artículo 50. Base liquidable general y del ahorro.

1. La base liquidable general estará constituida por el resultado de prac-ticar en la base imponible general, exclusivamente y por este orden, las reducciones a que se refieren los ar-tículos 51, 53, 54, 55, 61 bis y dis-posición adicional undécima de esta Ley, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de dichas dismi-nuciones.

2. La base liquidable del ahorro será el resultado de disminuir la base im-ponible del ahorro en el remanente, si lo hubiera, de la reducción previs-ta en los artículos 51, 53, 54, 55, 61 bis y disposición adicional un-décima de esta Ley, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal disminución.

3. Si la base liquidable general re-sultase negativa, su importe podrá ser compensado con los de las bases liquidables generales positivas que se obtengan en los cuatro años si-guientes.


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La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo a que se refiere el párrafo an-terior mediante la acumulación a ba-ses liquidables generales negativas de años posteriores.

La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo a que se refiere el párrafo an-terior mediante la acumulación a ba-ses liquidables generales negativas de años posteriores.

Justificación

Bajo la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estuvo vigente hasta el período impositivo 2006 inclusive, el remanente de aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social que no hubiera po-dido ser objeto de reducción fiscal en la base imponible general podía ser objeto de reducción de la entonces denominada “parte especial de la base imponible”, constituida exclusivamente por las ganancias patrimoniales que se hubieran ge-nerado en un período de tiempo superior a un año. Esta regla permitía optimizar fiscalmente las aportaciones a sistemas de previsión social en el mismo período impositivo, reduciéndolas tanto de la base imponible general como, en su caso, de la parte especial de la base imponible, de forma que no todo el remanente generado hubiera necesariamente que trasladarse a los cinco ejercicios siguientes como reducción pendiente de aplicación.

Paradójicamente, bajo la normativa actual del Impuesto el remanente que, en su caso, resulte tras practicar la reducción de la base imponible general por aporta-ciones y contribuciones a sistemas de previsión social no puede reducir la base imponible del ahorro y, en consecuencia, dicho remanente debe trasladarse a los cinco ejercicios siguientes.

Esta situación perjudica claramente y desincentiva fiscalmente las inversiones de los ciudadanos a sistemas de previsión social, y ello por un doble motivo:

En primer lugar, porque la capacidad de “desgravación fiscal” de las aportaciones y contribuciones empresariales a estos sistemas de previsión social es mucho menor, dado que la actual base imponible del ahorro incluye más rentas tributables que las que anteriormen-te se incluían en la “parte especial de la base imponible”. Es decir, actualmente las inversiones que el contribuyente realice en siste-mas de previsión social no pueden reducir el saldo neto de la prácti-ca totalidad de los rendimientos del capital mobiliario (los regulados

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en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 de la ley 35/2006) y el saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales que procedan de la transmisión de elementos patrimoniales.

En segundo lugar, porque, como se ha señalado anteriormente, se pierde la posibilidad de desgravar fiscalmente las inversiones en sistemas de previsión social en el mismo período impositivo en que las mismas se realizan, debiéndose trasladar, en muchos casos, una mayor cantidad en concepto de reducciones pendientes de aplica-ción a los cinco ejercicios siguientes.

La presente propuesta pretende eliminar las trabas técnicas que actualmente difi-cultan el desarrollo de los sistemas de previsión social complementaria como ins-trumentos dotados de incentivo fiscal de los que está tan necesitada la economía española.

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Propuesta 11Que el límite actual de 2.000 Euros, de reducción fiscal por aportaciones a siste-mas de previsión social de los que sea partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente, sea incrementado.


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PROPUESTA 11

Que el límite actual de 2.000 Euros, de reducción fiscal por aportaciones a sistemas de previsión social de los que sea partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente, sea incrementado.

Se propone modificar la redacción del apartado 7 del artículo 51 de la Ley 35/2006, del IRPF, en el sentido que a continuación se expone:

Artículo 51. Reducciones por apor-taciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

Podrán reducirse en la base imponi-ble general las siguientes aportacio-nes y contribuciones a sistemas de previsión social:

(…)

7. Además de las reducciones rea-lizadas con los límites previstos en el artículo siguiente, los contribu-yentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obten-ga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir en la base imponible las aportaciones realiza-das a los sistemas de previsión social previstos en este artículo de los que sea partícipe, mutualista o titular di-cho cónyuge, con el límite máximo de 2.000 euros anuales.

Estas aportaciones no estarán suje-tas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

(…)


Podrán reducirse en la base imponi-ble general las siguientes aportacio-nes y contribuciones a sistemas de previsión social:

(…)

7. Además de las reducciones rea-lizadas con los límites previstos en el artículo siguiente, los contribu-yentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obten-ga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir en la base imponible las aportaciones realiza-das a los sistemas de previsión social previstos en este artículo de los que sea partícipe, mutualista o titular di-cho cónyuge, con el límite máximo de 2.000 4.000 euros anuales.

Estas aportaciones no estarán suje-tas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

(…)


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Justificación

Con esta propuesta de modificación se ampliaría el actual límite de 2.000 euros anuales aplicable a las aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social a favor del cónyuge del contribuyente. En los casi diez años transcurridos desde la regulación de este beneficio fiscal, dicho límite aún no ha sido objeto de actua-lización.

La presente propuesta sigue la Recomendación 16ª del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, elaborado por la Comisión no permanente de segui-miento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, recientemente publicado en 2011, a cuyo tenor “(…) es importante que los beneficios fiscales que compor-tan los sistemas complementarios de prestaciones tengan una distribución más equilibrada, en especial en términos de igualdad de género, ampliando las posi-bilidades de que las personas con menores ingresos (en su mayor parte mujeres) puedan beneficiarse de las aportaciones de sus cónyuges o parejas.”

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Propuesta 12Aplicar la reducción del 40% a los rendimientos del trabajo derivados de la per-cepción de prestaciones procedentes de sistemas de previsión social complemen-taria, siempre que se perciban en forma de capital y hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación/prima satisfecha.


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PROPUESTA 12

Aplicar la reducción del 40% a los rendimientos del trabajo derivados de la percepción de prestaciones procedentes de sistemas de previsión social complementaria, siempre que se perciban en forma de capital y hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación/prima satisfecha.

Se propone modificar la redacción del apartado 3 del artículo 18 de la Ley 35/2006 del IRPF, en el sentido que a continuación se expone:


1. (…)

2. (…)

3. El 40% de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 17.2.a. 1 y 2 de esta Ley que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera apor-tación.

El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez.


1. (…)

2. (…)

3. El 40% de reducción, en el caso de las prestaciones establecidas en el artículo 17.2.a. 1 y 2 de esta Ley que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera apor-tación.

El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez.


Justificación

Bajo la vigencia de la anterior normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo) el contribuyente podía aplicar una reducción porcentual del 40% sobre los rendimientos del trabajo derivados de la percepción de determinadas prestaciones procedentes de instrumentos de previsión social, percibidas en forma de capital y

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siempre que hubieran transcurrido más de dos años desde la primera aportación, plazo este último no exigible en el caso de prestaciones por invalidez.

Concretamente, eran acreedoras de la citada reducción las siguientes prestacio-nes:

Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públi-cos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, en-fermedad, viudedad, orfandad o similares.

Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.

Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pen-siones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fon-dos de pensiones de empleo.

Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades econó-micas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.

Las prestaciones procedentes de contratos de seguro colectivo de exteriorización de compromisos por pensiones previstos en el ar-tículo 16.2.a)5ª cuando las aportaciones efectuadas por los em-presarios no hubieran sido imputadas a las personas a quienes se vinculasen las prestaciones.

Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados.

La citada reducción del 40% tenía como finalidad minorar la progresividad del IRPF en aquellos casos en los que el contribuyente hubiera de hacer frente a la imposición adicional que normalmente deriva de la integración en la base impo-nible general de cantidades de cuantía significativa que se hubieran generado a lo largo de un período prolongado de tiempo como es el caso, entre otros, de las prestaciones en forma de capital procedentes de instrumentos de previsión social.

A partir del 1 de enero de 2007, fecha en la que entra en vigor la vigente Ley 35/2006 del IRPF, la citada reducción del 40% es objeto de eliminación, si bien

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respetándose los derechos adquiridos por los contribuyentes que hubieran con-tratado instrumentos de previsión social bajo el imperio de la antigua normativa, mediante la regulación de los correspondientes regímenes transitorios.

Sin embargo, la eliminación del citado porcentaje no ha sido total sino parcial, puesto que se mantiene la posibilidad de que se siga aplicando la reducción del 40% pero sólo a las siguientes prestaciones de naturaleza “pública”:

Pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públi-cas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enferme-dad, viudedad, orfandad o similares, y

Prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades ge-nerales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.

La reducción del 40% establecida sólo para las pensiones y haberes pasivos per-cibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social o de mutualidades gene-rales obligatorias de funcionarios y otras entidades similares, recogidos en el ar-tículo 17.2.a.) 1.ª y 2.ª es insuficiente, restrictiva y discriminatoria. La aplicación de dicha reducción debe aplicarse, entendemos, a las percepciones en forma de capital de los diversos instrumentos de previsión social.

Debe tenerse presente que de no establecerse reducción alguna no se conseguiría corregir el aumento de la carga tributaria que deriva de la aplicación de escalas progresivas de gravamen como las que se aplican en el IRPF, por lo que se hace tributar en un único ejercicio una acumulación de rentas que han sido generadas o corresponden a varios años. Si se somete a dichas rentas a una sobreimposición no se está contribuyendo a la deseable generalización de dichos instrumentos.

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Propuesta 13Que la parte de las prestaciones percibidas en forma de capital o en forma de ren-ta que se corresponda con la rentabilidad financiera de las aportaciones, primas o contribuciones realizadas a sistemas de previsión social se integre en la base imponible del ahorro como rendimientos del capital mobiliario.


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PROPUESTA 13

Que la parte de las prestaciones percibidas en forma de capital o en forma de renta que se corresponda con la rentabilidad financiera de las aporta-ciones, primas o contribuciones realizadas a sistemas de previsión social se integre en la base imponible del ahorro como rendimientos del capital mobiliario.

Mediante la presente propuesta se modificarían los artículos 17, 25 y 46 de la Ley 35/2006 del IRPF. La modificación de estos tres preceptos responde a la necesi-dad de identificar, en cada prestación que se perciba, aquella parte de la misma que se identifica con la recuperación del capital aportado y aquella parte que se corresponda con la rentabilidad financiera generada por dicho capital. Por ello es necesario modificar la redacción del artículo 17.2.a), que prevé la calificación de las prestaciones procedentes de sistemas de previsión social como rendimientos del trabajo, la redacción del artículo 25, en el que se regulan los rendimientos del capital mobiliario, y la redacción del artículo 46 para incluir dentro del concepto de renta del ahorro la parte de las prestaciones procedentes de sistemas de previsión social que se corresponda con la rentabilidad financiera asociada a las aportacio-nes realizadas a dichos sistemas.

MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA LETRA A) DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 17:

Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo.

(…)

2. En todo caso, tendrán la conside-ración de rendimientos del trabajo:

a) Las siguientes prestaciones:

1ª Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públi-cos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públi-cas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.

Artículo 17. Rendimientos íntegros del trabajo

(…)

2. En todo caso, tendrán la conside-ración de rendimientos del trabajo:

a) Las siguientes prestaciones:

1ª Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públi-cos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públi-cas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.


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2ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funciona-rios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.

3ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pen-siones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Direc-tiva 2003/41/CE del Parlamento Eu-ropeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.

4ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de se-guros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportacio-nes hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la de-terminación del rendimiento neto de actividades económicas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto.

En el supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos contratos, se integrarán en la base imponible en el importe de la cuantía percibida que exceda de las aportaciones que no hayan podi-do ser objeto de reducción o mino-ración en la base imponible del Im-puesto, por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo a del apartado 2 del artículo 51 o en la disposición adicional novena de esta Ley.

2ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funciona-rios, colegios de huérfanos y otras entidades similares.

3ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pen-siones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Direc-tiva 2003/41/CE del Parlamento Eu-ropeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, en aquella parte de las mismas que se corresponda con la recuperación de las aportacio-nes y contribuciones realizadas.

4ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de se-guros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportacio-nes hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la de-terminación del rendimiento neto de actividades económicas, u objeto de reducción en la base imponible del Impuesto, en aquella parte de las mismas que se corresponda con la recuperación de las aportacio-nes realizadas.

En el supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de dichos contratos, se integrarán en la base imponible en el importe de la cuantía percibida que exceda de las aportaciones que no hayan podi-do ser objeto de reducción o mino-ración en la base imponible del Im-puesto, por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo a del apartado 2 del artículo 51 o en la disposición adicional novena de esta Ley.

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5ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial.

Asimismo, las prestaciones por jubi-lación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que ins-trumenten los compromisos por pen-siones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la dis-posición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exceda de las contribuciones imputadas fiscal-mente y de las aportaciones directa-mente realizadas por el trabajador.

6ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados.

7ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia conforme a lo dispues-to en la Ley de promoción de la auto-nomía personal y atención a las per-sonas en situación de dependencia.

5ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial, en aquella parte de las mismas que se corresponda con la recupera-ción de las primas satisfechas.

Asimismo, las prestaciones por jubi-lación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contratos de segu-ro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial, que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empre-sas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del tex-to refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la medida en que su cuantía exce-da de las contribuciones imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el tra-bajador, en aquella parte de las mismas que se corresponda con la recuperación de las primas sa-tisfechas.

6ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados, en aquella parte de las mismas que se co-rresponda con la recuperación de las primas satisfechas.

7ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autono-mía personal y atención a las perso-nas en situación de dependencia, en aquella parte de las mismas que se corresponda con la recupera-ción de las primas satisfechas.

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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUE-VO APARTADO 3 BIS:

Artículo 25. Rendimientos íntegros del capital mobiliario.

Tendrán la consideración de rendi-mientos íntegros del capital mobilia-rio los siguientes:

(…)

Artículo 25. Rendimientos íntegros del capital mobiliario.

Tendrán la consideración de rendi-mientos íntegros del capital mobilia-rio los siguientes:

(…)

3 bis. Las prestaciones de los ins-trumentos de previsión social a que se refiere el artículo 17.2.a). 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª de esta Ley, en aquella parte de las mismas que se corresponda con la renta-bilidad financiera asociada a las aportaciones realizadas a dichos instrumentos de previsión social, en los términos que reglamenta-riamente se establezcan.


MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA LETRA A) DEL ARTÍCULO 46:

Artículo 46. Renta del ahorro.

Constituyen la renta del ahorro:

a) Los rendimientos del capital mo-biliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 de esta Ley.

Artículo 46. Renta del ahorro.

Constituyen la renta del ahorro:

a) Los rendimientos del capital mo-biliario previstos en los apartados 1, 2, 3 y 3 bis del artículo 25 de esta Ley.


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No obstante, formarán parte de la renta general los rendimientos del capital mobiliario previstos en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley correspondientes al exceso del importe de los capitales propios cedi-dos a una entidad vinculada respecto del resultado de multiplicar por tres los fondos propios, en la parte que corresponda a la participación del contribuyente, de esta última.

A efectos de computar dicho exceso, se tendrá en consideración el impor-te de los fondos propios de la entidad vinculada reflejados en el balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto y el por-centaje de participación del contri-buyente existente en esta fecha.

En los supuestos en los que la vincu-lación no se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, el porcentaje de participación a con-siderar será el 5 %.

b) Las ganancias y pérdidas patrimo-niales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de ele-mentos patrimoniales.

No obstante, formarán parte de la renta general los rendimientos del capital mobiliario previstos en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley correspondientes al exceso del importe de los capitales propios cedi-dos a una entidad vinculada respecto del resultado de multiplicar por tres los fondos propios, en la parte que corresponda a la participación del contribuyente, de esta última.

A efectos de computar dicho exceso, se tendrá en consideración el impor-te de los fondos propios de la entidad vinculada reflejados en el balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto y el por-centaje de participación del contri-buyente existente en esta fecha.

En los supuestos en los que la vincu-lación no se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, el porcentaje de participación a con-siderar será el 5 %.

b) Las ganancias y pérdidas patrimo-niales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de ele-mentos patrimoniales.

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Justificación

Uno de los principios que inspiran la actual regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, contenida en la Ley 35/2006 del IRPF, es garantizar la per-cepción de rentas vinculadas a situaciones de envejecimiento y dependencia, y a tal efecto se regulan determinados incentivos fiscales que fomentan la percepción en forma de renta temporal o vitalicia de los derechos económicos procedentes de determinados instrumentos de previsión social cuando dichas rentas reciben la calificación fiscal de rendimientos del capital mobiliario.

No obstante, se observa que existen prestaciones procedentes de determinados instrumentos de ahorro que, al recibir la calificación fiscal de rendimientos del tra-bajo personal, quedan sometidas al tipo de gravamen que resulte de la aplicación de las escalas progresivas de gravamen del Impuesto, general y autonómica, no sólo la recuperación de las aportaciones realizadas por el contribuyente a dichos instrumentos de ahorro, sino también la rentabilidad financiera generada por di-chas aportaciones.

Este efecto determina un tratamiento fiscal discriminatorio para las rentas finan-cieras vinculadas al ahorro del contribuyente cuando las mismas proceden de los instrumentos de previsión social cuyas prestaciones se califican fiscalmente como rendimientos del trabajo personal, en comparación con dichas rentas financieras cuando las mismas proceden de otros instrumentos de ahorro (seguros indivi-duales) cuyas prestaciones se califican fiscalmente como rendimientos del capital mobiliario.

A fin de garantizar un tratamiento fiscal homogéneo para la rentabilidad financiera o “del ahorro” que normalmente se incorpora en las prestaciones procedentes de los instrumentos de previsión social, con independencia de la calificación fiscal de dicha rentabilidad, se propone que la parte de las prestaciones que se corres-ponde con la rentabilidad financiera de las aportaciones realizadas a los planes de pensiones, incluidos los regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, a los seguros concertados con mu-tualidades de previsión social, a los planes de previsión social empresarial y a los planes de previsión asegurados, a que se refiere el artículo 17.2.a). 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª de esta Ley, tributen como rendimientos del capital mobiliario al tipo de gravamen previsto por la Ley para el resto de las rentas del ahorro.

De esta forma, el objetivo de potenciar la previsión social del ciudadano mediante incentivos fiscales que permitan obtener una renta periódica complementaria que acompañe el mayor tiempo posible a la pensión y demás prestaciones públicas se conseguiría de una forma homogénea y sin discriminaciones imputables a la diferente calificación fiscal de dicha renta por el tipo de instrumento de previsión social del que la misma proceda.

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Propuesta 14Que se elimine el límite financiero de aportación máxima a los seguros de de-pendencia severa o gran dependencia y que las cantidades satisfechas a estos instrumentos dejen de computar con los restantes sistemas de previsión social a la hora de reducir la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas del contribuyente.


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PROPUESTA 14

Que se elimine el límite financiero de aportación máxima a los seguros de dependencia severa o gran dependencia y que las cantidades satisfechas a estos instrumentos dejen de computar con los restantes sistemas de previsión social a la hora de reducir la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas del contribuyente

Se propone modificar los artículos 51, 52 y Disposición adicional decimosexta, todo ello al objeto de otorgar a las aportaciones a seguros de dependencia, tanto individuales como colectivos, un tratamiento fiscal autónomo e independiente en lo que se refiere a aspectos como la aportación máxima financiera anual y la re-ducción fiscal en la base imponible.

MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 51:


5. Las primas satisfechas a los se-guros privados que cubran exclusi-vamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia con-forme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situa-ción de dependencia.

Igualmente, las personas que ten-gan con el contribuyente una rela-ción de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclu-sive, o por su cónyuge, o por aque-llas personas que tuviesen al contri-buyente a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, podrán reducir


5. Las primas satisfechas a los se-guros privados que cubran exclusi-vamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia con-forme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situa-ción de dependencia.

Igualmente, las personas que ten-gan con el contribuyente una rela-ción de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclu-sive, o por su cónyuge, o por aque-llas personas que tuviesen al contri-buyente a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, podrán reducir

Redacción actual12 Redacción que se propone

12 El inciso final del penúltimo párrafo de la redacción transcrita es el que entra-rá en vigor a partir del 1 de enero de 2013, conforme a la redacción otorgada por la Disposición final novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actua-lización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social

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en su base imponible las primas sa-tisfechas a estos seguros privados, teniendo en cuenta el límite de re-ducción previsto en el artículo 52 de esta Ley.

El conjunto de las reducciones prac-ticadas por todas las personas que satisfagan primas a favor de un mis-mo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente, no podrán ex-ceder de 10.000 euros anuales.

Estas primas no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-ciones.

El contrato de seguro deberá cum-plir en todo caso lo dispuesto en las letras a y c del apartado 3 anterior.

En los aspectos no específicamente regulados en los párrafos anteriores y sus normas de desarrollo, resulta-rá de aplicación lo dispuesto en el úl-timo párrafo del apartado 3 anterior.

Tratándose de seguros colectivos de dependencia efectuados de acuer-do con lo previsto en la disposición adicional primera del Texto Refun-dido de la Ley de Regulación de los Planes y fondos de Pensiones, como tomador del seguro figurará exclusi-vamente la empresa y la condición de asegurado y beneficiario corres-ponderá al trabajador. Las primas satisfechas por la empresa en virtud de estos contratos de seguro e impu-tadas al trabajador tendrán un límite de reducción propio e independiente de 5.000 euros anuales.

Reglamentariamente se desarrollará lo previsto en este apartado.

en su base imponible las primas sa-tisfechas a estos seguros privados, teniendo en cuenta el límite de re-ducción previsto en el artículo 52 de esta Ley.

El conjunto de las reducciones prac-ticadas por todas las personas que satisfagan primas a favor de un mis-mo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente, no podrán ex-ceder de 10.000 euros anuales.

Estas primas no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-ciones.

El contrato de seguro deberá cum-plir en todo caso lo dispuesto en las letras a y c del apartado 3 anterior.

En los aspectos no específicamente regulados en los párrafos anteriores y sus normas de desarrollo, resulta-rá de aplicación lo dispuesto en el úl-timo párrafo del apartado 3 anterior.

Tratándose de seguros colectivos de dependencia efectuados de acuer-do con lo previsto en la disposición adicional primera del Texto Refun-dido de la Ley de Regulación de los Planes y fondos de Pensiones, como tomador del seguro figurará exclusi-vamente la empresa y la condición de asegurado y beneficiario corres-ponderá al trabajador. Las primas satisfechas por la empresa en virtud de estos contratos de se-guro e imputadas al trabajador tendrán un límite de reducción propio e independiente de 5.000 euros anuales.

Reglamentariamente se desarrollará lo previsto en este apartado.

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MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 52 Y CREACIÓN DE UN NUEVO APARTADO 2, PASANDO EL ACTUAL APARTADO 2 A SER EL APARTADO 3:



a) El 30% de la suma de los rendi-mientos netos del trabajo y de ac-tividades económicas percibidos in-dividualmente en el ejercicio. Este porcentaje será del 50 % para con-tribuyentes mayores de 50 años.

b) 10.000 euros anuales. No obstan-te, en el caso de contribuyentes ma-yores de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros.

Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la em-presa.


1. Como límite máximo conjunto para las reducciones previstas en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 51 de esta Ley, se aplicará la menor de las cantidades siguientes:

a) El 30% de la suma de los rendi-mientos netos del trabajo y de ac-tividades económicas percibidos in-dividualmente en el ejercicio. Este porcentaje será del 50 % para con-tribuyentes mayores de 50 años.

b) 10.000 euros anuales. No obstan-te, en el caso de contribuyentes ma-yores de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros.

Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colec-tivos de dependencia satisfechas por la empresa.

2. La reducción prevista en el apartado 5 del artículo 51 de esta Ley tendrá un límite máxi-mo, independiente del estableci-do en el apartado 1 anterior, de 10.000 euros anuales.


13 La redacción transcrita es la que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, conforme a la redacción otorgada por la Disposición final novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

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MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE-CIMOSEXTA: 14


El importe anual máximo conjun-to de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de pre-


El importe anual máximo conjun-to de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de pre-


14 La presente propuesta de modificación de la Disposición adicional decimosex-ta de la Ley 35/2006 incorpora también los cambios de redacción que derivan de la propuesta 8 de modificación legislativa anteriormente expuesta.

15 La redacción transcrita es la que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, conforme a la redacción otorgada por la Disposición final novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

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visión social previstos en los aparta-dos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la disposición adi-cional undécima de esta Ley será de 10.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayo-res de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros.

Además, para seguros colectivos de dependencia contratados por em-presas para cubrir compromisos por pensiones, se establece un límite adicional de 5.000 euros anuales.

visión social previstos en los aparta-dos 1, 2, 3, y 4 y 5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y del apartado dos de la disposición adicional undécima de esta Ley será de 10.000 euros anuales. No obstan-te, en el caso de contribuyentes ma-yores de 50 años la cuantía anterior será de 12.500 euros.

Además, para seguros individuales o colectivos de dependencia con-tratados por empresas para cubrir compromisos por pensiones, se es-tablece un límite adicional de 5.000 10.000 euros anuales.

Justificación

En la medida en que la dependencia es una contingencia específica y especial, complementaria y no subsumible en el resto de las contingencias susceptibles de ser cubiertas por sistemas de previsión social, debe merecer un tratamiento financiero y fiscal independiente del resto de dichas contingencias, con el fin de incentivar la cobertura de esta realidad social ya existente, pero cuyas consecuen-cias se han ido agravando con el transcurso de los años.

Desde el 1 de enero de 2007, fecha de entrada en vigor de la actual Ley 35/2006 del IRPF, las cantidades que destine el contribuyente para la cobertura del riesgo de dependencia pueden ser objeto de reducción fiscal en la base imponible de este impuesto con un límite conjunto que se aplica no sólo a las cantidades destinadas a cubrir la dependencia sino también al resto de aportaciones que, en su caso, se realicen a sistemas de previsión social. Esta circunstancia determina que la “des-gravación fiscal” pierda eficacia en el caso de contribuyentes que combinen en un mismo ejercicio aportaciones para la cobertura de la dependencia junto con apor-taciones a otros sistemas de previsión social para la cobertura de contingencias de jubilación, fallecimiento e invalidez.

Lo anterior justifica, por una parte, que las inversiones en instrumentos privados para la cobertura del riesgo de dependencia no queden sometidas a límite finan-ciero alguno y, por otra, que el límite de reducción fiscal en la base imponible del IRPF sea un límite de reducción propio e independiente del límite conjunto aplica-ble al resto de los sistemas de previsión social.

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En efecto, no parece coherente con el objetivo fijado por el Gobierno en el Libro Blanco sobre la «Atención a las personas en situación de dependencia en España» que para incentivar la protección de esta nueva y preocupante contingencia se limiten estas aportaciones al computarlas conjuntamente con las aportaciones para contingencias de jubilación y asimilables, cuya función y naturaleza son to-talmente diferentes.

A todo lo anterior se añade el hecho de que en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social se ha aprobado una modificación de la normativa reguladora del IRPF en cuya vir-tud, con efectos a partir del 1 de enero de 2013, se aplicará un límite de reducción fiscal adicional, propio e independiente, de hasta 5.000 euros anuales, para las aportaciones a seguros colectivos de dependencia. Y ello, sin que se haya aproba-do medida equivalente alguna en relación con los seguros individuales de depen-dencia, lo cual debe corregirse por discriminatorio, en la medida en que beneficia la cobertura de la dependencia en el marco de la empresa y perjudica injustifi-cadamente la misma cobertura cuando pretenda garantizarse en sede individual.

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Propuesta 15Que los seguros de vida de rentas vitalicias ligados a operaciones de hipoteca inversa vean mejorado su tratamiento fiscal en el sentido que no tribute, al igual que ocurre con los PIAS, el incremento patrimonial generado antes del inicio del cobro de las rentas.


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PROPUESTA 15

Que los seguros de vida de rentas vitalicias ligados a operaciones de hi-poteca inversa vean mejorado su tratamiento fiscal en el sentido que no tribute, al igual que ocurre con los PIAS, el incremento patrimonial gene-rado antes del inicio del cobro de las rentas

Se propone modificar la redacción de la Disposición adicional cuarta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de mar-zo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, en el sentido que a con-tinuación se expone:

Disposición adicional cuarta. Ase-guramiento de rentas futuras por la constitución de una hipoteca inversa.

Las disposiciones periódicas que pueda obtener el beneficiario como consecuencia de la constitución de una hipoteca inversa podrán des-tinarse, total o parcialmente, a la contratación de un plan de previsión asegurado, en los términos y condi-ciones previstos en el apartado 3 del artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so-bre la Renta de no Residentes y so-bre el Patrimonio. A estos efectos, se asimilará a la contingencia de jubila-ción prevista en la letra b del aparta-do 3 del artículo 51 de la citada Ley 35/2006, la situación de superviven-cia del tomador una vez transcurri-dos diez años desde el abono de la primera prima de dicho plan de pre-visión asegurado.

Disposición adicional cuarta. Ase-guramiento de rentas futuras por la constitución de una hipoteca inversa.

Las disposiciones periódicas que pueda obtener el beneficiario como consecuencia de la constitución de una hipoteca inversa podrán desti-narse, total o parcialmente, a la con-tratación de un plan de previsión asegurado, en los términos y condiciones previstos en el apar-tado 3 del artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modi-ficación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se asimilará a la contin-gencia de jubilación prevista en la letra b del apartado 3 del artí-culo 51 de la citada Ley 35/2006, la situación de supervivencia del tomador una vez transcurridos diez años desde el abono de la


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La provisión matemática del plan de previsión asegurado no podrá ser objeto de movilización a otro instru-mento de previsión social, ni podrán movilizarse a aquél los derechos consolidados o las provisiones mate-máticas de otros sistemas de previ-sión social.

primera prima de dicho plan de previsión asegurado.La provisión matemática del plan de previsión asegurado no podrá ser objeto de movilización a otro instrumento de previsión social, ni podrán movilizarse a aquél los derechos consolidados o las pro-visiones matemáticas de otros sistemas de previsión social. de los siguientes instrumentos jurí-dicos:

a) Un plan de previsión asegurado, en los términos y condiciones previs-tos en el apartado 3 del artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impues-tos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimo-nio. A estos efectos, se asimilará a la contingencia de jubilación prevista en la letra b del apartado 3 del artí-culo 51 de la citada Ley 35/2006, la situación de supervivencia del toma-dor una vez transcurridos diez años desde el abono de la primera prima de dicho plan de previsión asegura-do.

La provisión matemática del plan de previsión asegurado no podrá ser objeto de movilización a otro instru-mento de previsión social, ni podrán movilizarse a aquél los derechos consolidados o las provisiones mate-máticas de otros sistemas de previ-sión social.

b) Un seguro de vida de rentas vitalicias diferidas, en los térmi-nos y condiciones previstos por el artículo 25.3.a)4º) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,

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del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modi-ficación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con las si-guientes especialidades:

1ª) La condición de tomador, asegurado y beneficiario deberá recaer en el beneficiario de una hipoteca inversa.

2ª) El período de diferimiento del contrato deberá tener una duración mínima de 10 años.

3ª) La contingencia cubierta será la supervivencia del beneficiario de una hipoteca inversa a un pla-zo mínimo de diez años.

4ª) La rentabilidad obtenida has-ta el momento en que se inicie el cobro de la renta no se acumula-rá al importe del rendimiento del capital mobiliario que deba ser objeto de integración en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del beneficiario.

Justificación

La hipoteca inversa se configura como un préstamo o crédito, con garantía hipo-tecaria, que determina el pago de una renta fija que el deudor recibirá de por vida o de un capital que el deudor recibirá en un único pago, o bien una combinación de ambos.

En el momento del fallecimiento del deudor (o del último beneficiario, si así se hubiese estipulado en el contrato), sus herederos podrán elegir entre satisfacer las deudas pendientes y mantener la propiedad del inmueble, o solicitar al acree-dor que proceda a la ejecución de la garantía, quedando para ellos la cantidad sobrante.

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El nombre de hipoteca inversa proviene de la figura anglosajona del “reverse mortgage” y lo que pretende denotar el apelativo “inversa” (o “reverse”) es que, en esta modalidad, la deuda frente a la entidad de crédito es cada vez mayor, tanto en la modalidad de renta periódica, como en la modalidad en la que el deu-dor recibe un pago único, ya que los intereses devengados se van acumulando al capital percibido, porque el prestatario no está obligado a devolverlos en vida.

Por tanto, a la hora de calcular la cantidad de dinero a conceder, la entidad de crédito deberá tener en cuenta que, a lo que preste hoy, se irán acumulando los intereses hasta el fallecimiento del prestatario, por lo que, en principio, dicha cantidad prestada no podrá ajustarse al valor del inmueble, sino a una cantidad muy inferior.

Adicionalmente, ha de señalarse que mientras un préstamo hipotecario se solicita normalmente para la compra de un inmueble (inmueble que constituirá la garan-tía), en el caso de la hipoteca inversa el deudor ya es propietario del inmueble en el momento de la constitución de la misma y lo que desea es percibir una cantidad líquida.

Como se puede apreciar, se trata de un instrumento jurídico que permite, a aque-llos que requieran disponer de liquidez, movilizar los bienes integrantes de su pa-trimonio personal (por ejemplo, un inmueble), sin perder la propiedad. La figura cuenta con un elevado desarrollo en el mundo anglosajón desde hace décadas, y su regulación jurídica en España ha de contextualizarse en la regulación de la Dependencia.

La regulación de la hipoteca inversa en España se encuentra en la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regula-ción del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (en lo sucesivo, Ley 41/2007).

Aunque se trata de una figura que ya venía siendo comercializada por algunas entidades, el otorgamiento de un marco jurídico adecuado para la hipoteca inver-sa era una necesidad abiertamente demandada por los agentes que operan en el mercado hipotecario.

Resumidamente, la hipoteca inversa regulada en la Disposición adicional primera de la Ley 41/2007 se configura como un préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

El solicitante (y también los beneficiarios que éste pueda designar) debe ser una persona con edad igual o superior a 65 años o en-contrarse afectada por una situación de dependencia severa o gran dependencia.

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La hipoteca podrá garantizar operaciones de préstamo o de crédito, y el deudor deberá efectuar disposiciones periódicas o únicas del importe del préstamo o crédito.

Como regla general, la deuda garantizada con la hipoteca sólo será exigible por el acreedor y la garantía sólo será ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios.

La vivienda objeto de la hipoteca inversa debe ser objeto de tasa-ción y estar asegurada contra daños de acuerdo con los términos y requisitos previstos por los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

Adicionalmente, la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 35/2006, del IRPF dispone que no tendrán la consideración de renta las cantidades percibidas como consecuencia de las disposiciones que se hagan de la vivienda habitual por parte de las personas mayores de 65 años, así como de las personas que se encuentren en situación de dependencia severa o de gran dependencia a que se refiere el artí-culo 24 de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, siempre que se lleven a cabo de conformidad con la regulación financiera relativa a los actos de disposición de bienes que conforman el patrimonio personal para asistir las necesidades económicas de la vejez y de la dependencia.

Como complemento de la regulación anterior, la Disposición adicional cuarta de la vigente Ley 41/2007, bajo el título “aseguramiento de rentas futuras por la cons-titución de una hipoteca inversa”, prevé la posibilidad de que el beneficiario de una hipoteca inversa pueda destinar, total o parcialmente, los importes dispuestos en la hipoteca inversa a la contratación de un Plan de Previsión Asegurado en los tér-minos y condiciones previstos en el apartado 3 del artículo 51 de la Ley 35/2006 del IRPF.

Esta posibilidad permite destinar todo o parte del préstamo o crédito garantizado con la hipoteca inversa a la suscripción de un Plan de Previsión Asegurado en el que la condición de tomador, asegurado y beneficiario recaiga en el beneficiario de una hipoteca inversa y en el que la contingencia cubierta fuese la supervivencia de éste a un plazo mínimo de diez años. De este modo el beneficiario de una hi-poteca inversa puede cubrir el riesgo de una eventual falta de liquidez a partir del décimo año posterior a la fecha de pago de la primera prima del Plan de Previsión Asegurado, con la posibilidad de reducir la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el importe de las primas satisfechas, con los requisitos y límites previstos por la normativa reguladora del citado Impuesto. El plan de previsión asegurado es el único instrumento jurídico susceptible hoy de ser utilizado por el beneficiario de una hipoteca inversa para asegurarse la percepción de rentas futuras por la constitución de una hipoteca inversa. Dicho instrumento es un sistema de previsión social que, si bien otorga la ventaja fis-

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cal de permitir reducir la base imponible general del beneficiario de la hipoteca inversa por las cantidades que satisfaga al plan de previsión asegurado, lo hace limitadamente por el efecto de la aplicación de los límites de reducción fiscal por aportaciones a sistemas de previsión social y, además, hace tributar el cobro de las prestaciones del seguro bajo la calificación fiscal de rendimiento del trabajo, con sometimiento a las escalas progresivas de gravamen del Impuesto.

Como alternativa al plan de previsión asegurado, la presente propuesta aboga por el aseguramiento de rentas futuras por la constitución de una hipoteca inversa mediante la contratación de seguros de vida de rentas vitalicias diferidas en los que el período de diferimiento también se fije en diez años. Aunque bajo esta al-ternativa no exista la posibilidad de reducir en la base imponible general del IRPF la prima o primas satisfechas al seguro, sin embargo permite al beneficiario del seguro percibir las citadas rentas futuras con una carga tributaria menos onerosa, dado que, por una parte, la rentabilidad acumulada en el período de diferimiento no tendría la consideración de rendimiento del capital mobiliario tributable y, por otra, los rendimientos del capital mobiliario derivados de la percepción de rentas quedaría sometido al favorable tratamiento tributario de las rentas vitalicias en los términos del artículo 25.3.a) 2º) de la Ley 35/2006 del IRPF.

La presente propuesta se alinea con el objetivo general de la normativa regulado-ra del Impuesto de fomentar fiscalmente la percepción de rentas a largo plazo y permite que el aseguramiento de rentas futuras por la constitución de una hipo-teca inversa no deba necesariamente ser cubierto mediante la contratación de un sistema de previsión social como el Plan de Previsión Asegurado.

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Propuesta 16Que el límite máximo de aportación anual a los planes individuales de ahorro sis-temático (PIAS) sea elevado a 10.000 Euros y el cómputo máximo global se eleve a 300.000 Euros.


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PROPUESTA 16

Que el límite máximo de aportación anual a los planes individuales de ahorro sistemático (pias) sea elevado a 10.000 Euros y el cómputo máxi-mo global se eleve a 300.000 Euros.

Se propone modificar la redacción de la Disposición adicional tercera de la Ley 35/2006, del IRPF, en el sentido que a continuación se expone:

Disposición adicional tercera. Planes individuales de ahorro sistemático.

Los planes individuales de ahorro sistemático se configuran como con-tratos celebrados con entidades ase-guradoras para constituir con los re-cursos aportados una renta vitalicia asegurada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Los recursos aportados se instru-mentarán a través de seguros indivi-duales de vida en los que el contra-tante, asegurado y beneficiario sea el propio contribuyente.

b) La renta vitalicia se constituirá con los derechos económicos pro-cedentes de dichos seguros de vida. En los contratos de renta vitalicia podrán establecerse mecanismos de reversión o periodos ciertos de pres-tación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento una vez constituida la renta vitalicia.

c) El límite máximo anual satisfecho en concepto de primas a este tipo de contratos será de 8.000 euros, y será independiente de los límites de aportaciones de sistemas de pre-visión social. Asimismo, el importe

Disposición adicional tercera. Planes individuales de ahorro sistemático.

Los planes individuales de ahorro sistemático se configuran como con-tratos celebrados con entidades ase-guradoras para constituir con los re-cursos aportados una renta vitalicia asegurada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Los recursos aportados se instru-mentarán a través de seguros indivi-duales de vida en los que el contra-tante, asegurado y beneficiario sea el propio contribuyente.

b) La renta vitalicia se constituirá con los derechos económicos pro-cedentes de dichos seguros de vida. En los contratos de renta vitalicia podrán establecerse mecanismos de reversión o periodos ciertos de pres-tación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento una vez constituida la renta vitalicia.

c) El límite máximo anual satisfecho en concepto de primas a este tipo de contratos será de 8.000 10.000 eu-ros, y será independiente de los lími-tes de aportaciones de sistemas de previsión social. Asimismo, el impor-


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total de las primas acumuladas en estos contratos no podrá superar la cuantía total de 240.000 euros por contribuyente.

d) En el supuesto de disposición, total o parcial, por el contribuyente antes de la constitución de la renta vitalicia de los derechos económicos acumulados se tributará conforme a lo previsto en esta Ley en proporción a la disposición realizada. A estos efectos, se considerará que la can-tidad recuperada, corresponde a las primas satisfechas en primer lugar, incluida su correspondiente rentabi-lidad.

En el caso de anticipación, total o parcial, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia cons-tituida, el contribuyente deberá inte-grar en el período impositivo en el que se produzca la anticipación, la renta que estuvo exenta por aplica-ción de lo dispuesto en la letra v del artículo 7 de esta Ley.

e) Los seguros de vida aptos para esta fórmula contractual no serán los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones confor-me a la disposición adicional prime-ra del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, ni los instrumentos de previsión social que reducen la base imponible del Impuesto.

f) En el condicionado del contrato se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un plan de ahorro individual sistemático y sus siglas quedan reservadas a los

te total de las primas acumuladas en estos contratos no podrá superar la cuantía total de 240.000 300.000 euros por contribuyente.

d) En el supuesto de disposición, total o parcial, por el contribuyente antes de la constitución de la renta vitalicia de los derechos económicos acumulados se tributará conforme a lo previsto en esta Ley en proporción a la disposición realizada. A estos efectos, se considerará que la can-tidad recuperada, corresponde a las primas satisfechas en primer lugar, incluida su correspondiente rentabi-lidad.

En el caso de anticipación, total o parcial, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia cons-tituida, el contribuyente deberá inte-grar en el período impositivo en el que se produzca la anticipación, la renta que estuvo exenta por aplica-ción de lo dispuesto en la letra v del artículo 7 de esta Ley.

e) Los seguros de vida aptos para esta fórmula contractual no serán los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones confor-me a la disposición adicional prime-ra del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, ni los instrumentos de previsión social que reducen la base imponible del Impuesto.

f) En el condicionado del contrato se hará constar de forma expresa y destacada que se trata de un plan de ahorro individual sistemático y sus siglas quedan reservadas a los

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contratos que cumplan los requisitos previstos en esta Ley.

g) La primera prima satisfecha de-berá tener una antigüedad superior a diez años en el momento de la constitución de la renta vitalicia.

h) La renta vitalicia que se perciba tributará de conformidad con lo dis-puesto en el número 2 del artículo 25.3.a de esta Ley.

Reglamentariamente podrán desa-rrollarse las condiciones para la mo-vilización de los derechos económi-cos.

contratos que cumplan los requisitos previstos en esta Ley.

g) La primera prima satisfecha de-berá tener una antigüedad superior a diez años en el momento de la constitución de la renta vitalicia.

h) La renta vitalicia que se perciba tributará de conformidad con lo dis-puesto en el número 2 del artículo 25.3.a de esta Ley.

Reglamentariamente podrán desa-rrollarse las condiciones para la mo-vilización de los derechos económi-cos.

Justificación

El ahorro a largo plazo vinculado a la percepción futura de rentas es uno de los objetivos que justificó –y sigue justificando- la regulación de incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los instrumentos de previsión social o la regulación de nuevos instrumentos jurídicos encaminados a tal fin.

Así sucede con los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), que son instrumentos jurídicos creados por el legislador en el año 2007 con el objetivo de reorientar el ahorro a largo plazo hacia esquemas que faciliten el cobro de pres-taciones en forma de renta vitalicia. Aunque se trata de instrumentos financieros de ahorro a largo plazo que no necesariamente se corresponden con los sistemas de previsión social complementaria –de hecho carecen de incentivo fiscal en la entrada-, en estos últimos cinco años de existencia de los PIAS se ha puesto claramente de manifiesto que es precisamente en el campo de la previsión social complementaria donde han encontrado su mayor desarrollo.

El objetivo de la presente propuesta es impulsar aún más, si cabe, este instru-mento asegurador de ahorro a largo plazo, incrementando los límites máximos de aportación, tanto el actual límite anual de 8.000 euros, como el límite acumulado de 240.000 euros.

Ha de señalarse que en un escenario de fomento del ahorro a largo plazo me-diante incentivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

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carece de sentido plantear una reducción del plazo de diez años en el que se pue-dan realizar aportaciones al contrato. Anticipar en el tiempo la percepción de las rentas vitalicias en este tipo de instrumentos jurídicos determinaría, en perjuicio del tomador-beneficiario, que los porcentajes de rendimiento del capital mobiliario integrables en la base imponible del ahorro del citado Impuesto en función de la edad del rentista en el momento de constitución de la renta fueran mayores y, en consecuencia, la tributación asociada también fuese más onerosa.

En suma, mediante la presente propuesta se mejoraría el tratamiento fiscal de aquellos instrumentos jurídicos que, como el PIAS, pueden servir también al obje-tivo de la previsión social complementaria sin ser, en sentido estricto, un sistema de previsión social propiamente dicho.

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Propuesta 17Recuperación de la deducción en cuota íntegra, extinguida desde 1-01-2011, por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial, a planes de previsión social empresarial o por aportaciones a patrimonios protegi-dos de las personas con discapacidad.


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PROPUESTA 17

Recuperación de la deducción en cuota íntegra, extinguida desde 1-01-2011, por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de pre-visión social empresarial, a planes de previsión social empresarial o por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad

Se propone modificar el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, mediante la re-cuperación del contenido del artículo 43, actualmente derogado por obra de la Ley 35/2006, del IRPF, concretamente de sus apartados 1, 2, 3 y 4:

Artículo 43. Deducción por contri-buciones empresariales a planes de pensiones de empleo, a mutualida-des de previsión social que actúen como instrumento de previsión so-cial empresarial, a planes de previ-sión social empresarial o por aporta-ciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

Artículo 43. Deducción por contri-buciones empresariales a planes de pensiones de empleo, a mutualida-des de previsión social que actúen como instrumento de previsión so-cial empresarial, a planes de previ-sión social empresarial o por aporta-ciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

1. El sujeto pasivo podrá prac-ticar una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los traba-jadores con retribuciones bru-tas anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contri-buciones se realicen a planes de pensiones de empleo, a planes de previsión social empresarial, a planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Con-sejo, de 3 de junio de 2003, rela-tiva a las actividades y la super-visión de fondos de pensiones de empleo y a mutualidades de


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previsión social que actúen como instrumento de previsión social de los que sea promotor el suje-to pasivo.

2. Asimismo, el sujeto pasivo po-drá practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de las aportaciones realizadas a favor de patrimonios protegidos de los trabajadores con retribu-ciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, o de sus parien-tes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de sus cónyuges o de las per-sonas a cargo de dichos traba-jadores en régimen de tutela o acogimiento regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Las aportaciones que generen el derecho a practicar la deduc-ción prevista en este apartado no podrán exceder de 8.000 eu-ros anuales por cada trabajador o persona discapacitada.

b) Las aportaciones que excedan del límite previsto en la letra an-terior darán derecho a practicar la deducción en los cuatro perío-dos impositivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos el importe máximo que genera el derecho a deducción.

Cuando concurran en un mismo período impositivo deducciones

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en la cuota por aportaciones efectuadas en el ejercicio, con deducciones pendientes de prac-ticar de ejercicios anteriores se practicarán, en primer lugar, las deducciones procedentes de las aportaciones de los ejercicios anteriores, hasta agotar el im-porte máximo que genera el de-recho a deducción.

c) Tratándose de aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el que resulte de lo previsto en el artí-culo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrati-vos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Estarán exentas del Impues-to sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de ma-nifiesto con ocasión de las con-tribuciones empresariales a pa-trimonios protegidos.

3. Cuando se trate de trabaja-dores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la deducción pre-vista en los apartados 1 y 2 ante-riores se aplicará sobre la parte proporcional de las contribucio-nes empresariales y aportacio-nes que correspondan al importe de la retribución bruta anual re-señado en dichos apartados.

4. Esta deducción no se podrá aplicar respecto de las contribu-ciones realizadas al amparo del régimen transitorio establecido en las disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta del texto

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refundido de la Ley de Regula-ción de los Planes y Fondos de Pensiones. Asimismo, no será aplicable en el caso de compro-misos específicos asumidos con los trabajadores como conse-cuencia de un expediente de re-gulación de empleo.

Justificación

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011 quedó eliminada la deducción en cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, a mutualidades de previsión social, a planes de previsión social empresarial o por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

La medida fue adoptada por la actual normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -Ley 35/2006 del IRPF-, y se enmarcó en el objetivo de simplificar al máximo la normativa del Impuesto sobre Sociedades mediante la paulatina eliminación de los incentivos fiscales existentes en la cuota íntegra del Impuesto. La desaparición de esta deducción se justificó también en dicho momento, tal y como se deduce de su propia su propia Exposición de Motivos, en la necesidad de coordinar la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades con las tendencias básicas de los sistemas fiscales de nuestro entorno en el con-texto del Mercado Único Europeo y en el objetivo último de internacionalización de la empresa española.

En los cinco años que ya han transcurrido desde entonces, el devenir de la eco-nomía y, particularmente, las nefastas consecuencias que la crisis económica ha producido –y sigue produciendo- en el empleo y el crecimiento empresarial, de-manda una replanteamiento de los incentivos fiscales orientados al fomento de los sistemas privados de previsión social complementaria de naturaleza empresarial como vía para impulsar el crecimiento económico y, muy especialmente, la crea-ción de empleo.

A ello contribuye el hecho de que en el año 2011 el Informe de Evaluación y Refor-ma del Pacto de Toledo, elaborado por la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo recomiende la necesidad de estimular los sistemas complementarios al de las pensiones públicas, atribuyén-doles el importante papel que les corresponde, al igual que sucede en los países

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de nuestro entorno, mediante la mejora de los sistemas complementarios de la Seguridad Social en el marco de la negociación colectiva.

Al objeto de cumplir con estas recomendaciones y contribuir al objetivo de crea-ción de empleo y crecimiento económico, particularmente en una coyuntura eco-nómica adversa como la actual, se propone recuperar este incentivo fiscal a la empresa que realice contribuciones y aportaciones a los sistemas de previsión social empresarial complementaria, en condiciones de igualdad entre todos ellos, sin discriminación fiscal alguna. Por tanto, la propuesta actual consiste recuperar el artículo 43 en todos sus apartados, excepto en el número 5, relativo a aporta-ciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

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Conclusiones

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A continuación se relacionan a modo de conclusiones los aspectos más destacados de las propuestas que se realizan en el cuerpo del presente Informe.

En el presente Informe se plantean propuestas que, sin ser espe-cíficas o exclusivas de las mutualidades de previsión social profe-sionales que tienen el reconocimiento legal de alternativas y, a su vez de complementarias, afectan también a los demás sistemas de previsión social complementaria.

El presente Informe estructura las propuestas legales de mejora del régimen fiscal de las mutualidades de previsión social en tres bloques diferenciados.

En primer lugar, las propuestas de mejora del tratamiento fiscal de las mutualidades de previsión social profesionales respecto de su faceta y actividad como alternativas al sistema público de Seguri-dad Social. Las propuestas concretas incluidas en este primer blo-que responden a la necesidad de equiparar, en todos sus términos, la fiscalidad de las mutualidades de previsión social que actúan como alternativas al sistema público de Seguridad Social con el sistema del que son alternativa, es decir, con el RETA. A tal fin se propone:

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, igualar la deducibilidad fiscal de las cantidades abonadas a mutua-lidades de previsión social por profesionales no integrados en el RETA a efectos del cálculo del rendimiento neto de las actividades económicas, con lo que pueden a su vez deducir los profesionales que sí están afiliados al RETA; así como mejorar la tributación de las prestaciones en forma de capital que procedan de estas mutualidades alternativas.

En el Impuesto sobre Sociedades, establecer una exención específica para las rentas obtenidas por las mutualidades de previsión social que deriven del ejercicio de sus correspon-dientes actividades como mutualidades de previsión social alternativas, al igual que la Seguridad Social está exenta de este impuesto.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, establecer una exención tributaria clara para los derechos económicos en los planes de previsión que son alternativos al Régimen de Seguridad Social de Autónomos, igual que la que disfruta la Seguridad Social.

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Las propuestas del segundo bloque del presente Informe abogan por una mejora en el tratamiento fiscal aplicable a las mutualidades de previsión social que actúan como complementarias al sistema de Seguridad Social. Concretamente, se plantean las siguientes cues-tiones:

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, esta-blecer una reducción del 40% para las cantidades percibidas por mutualistas que procedan de supuestos excepcionales de liquidez y permitir, al igual que las EPSV en el País Vasco, que el límite de aportación anual a mutualidades de previsión so-cial pueda ser superior al límite de aportación fiscal, con el fin de que los mutualistas puedan recuperar el tiempo perdido y dotarse de un nivel de cobertura más amplio.

En el Impuesto sobre Sociedades, equiparar fiscalmente las mutualidades de previsión social y los fondos de pensiones, proponiendo para las primeras un tipo cero de gravamen idéntico al disfrutado por los fondos de pensiones.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, establecer una exención tributaria clara para los derechos económicos en mutualida-des de previsión social, igual que la que disfrutan los fondos de pensiones.

El tercer y último bloque de propuestas del presente Informe per-sigue la mejora de la fiscalidad aplicable a los diferentes sistemas de previsión social y otros instrumentos jurídicos de ahorro a largo plazo como los Planes Individuales de Ahorro Sistemático o los se-guros de vida vinculados a operaciones de hipoteca inversa y por tanto son reformas que afectan a la previsión social en su conjunto. Concretamente:

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mejo-ra de la fiscalidad de las aportaciones y contribuciones em-presariales a sistemas de previsión social mediante el trata-miento fiscal separado de las aportaciones individuales y las contribuciones empresariales; recuperación de la reducción fiscal en la base imponible del ahorro por aportaciones a sis-temas de previsión social; actualización del límite de reduc-ción fiscal por aportaciones a planes de pensiones constitui-dos a favor del cónyuge del contribuyente; recuperación de la antigua reducción porcentual del 40% para cobros en forma de capital con antigüedad superior a dos años y para las can-tidades procedentes de supuestos excepcionales de liquidez procedentes de mutualidades de previsión social; tributación en la base imponible del ahorro de la rentabilidad financiera

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generada por las aportaciones y contribuciones a estos ins-trumentos; tratamiento fiscal autónomo e independiente de las aportaciones a los seguros de cobertura del riesgo de de-pendencia; actualización de los límites de aportación –anual y acumulado- a los Planes Individuales de Ahorro Sistemático y mejora en la regulación de los instrumentos de asegura-miento de rentas futuras vinculados a la contratación de hi-potecas inversas.

En el Impuesto sobre Sociedades, recuperación de la antigua deducción en la cuota íntegra por contribuciones empresaria-les a sistemas de previsión social de carácter empresarial.

Mutualidad General de la AbogacíaSerrano, 9. 28001 Madrid

[email protected]. 902 25 50 50

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Propuestas legales para la mejora del tratamiento fiscal aplicable … · 2017. 3. 8. · previsión social con el establecido - 0% - para los planes y fondos de pensiones. Impuesto