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AIDESEP RECHAZA LA DECISIÓN DE TRANSFERIR EL CASO DE LA CURVA DEL DIABLO A LIMA Y DENUNCIAMOS QUE ESTA MEDIDA ES INCONSTITUCIONAL El 07 de marzo de 2013, en la ciudad de Bagua Chica y en las instalaciones de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Amazonas, se realizó la diligencia de control de acusación fiscal por el caso de la “Curva del Diablo”, audiencia que tenía por objeto someter a evaluación los fundamentos del pedido de la Fiscalía Superior de imponer cadena perpetua a los procesados por este hecho. Al día siguiente, la Sala Penal, sin responder o pronunciarse sobre las observaciones y cuestionamientos formulados por los abogados de los acusados, resuelve derivar el caso a la Sala Penal Nacional, con sede en Lima, para que esta se haga cargo del juzgamiento de los acusados. Ante este hecho, AIDESEP expresa lo siguiente: 1. Solicitar la anulación de esta decisión y se proceda continuar con el trámite de la etapa intermedia del proceso y resolver las observaciones formuladas por la defensa en la audiencia de control de la acusación, pues si el trámite del proceso fue normal y la Sala de Bagua lo asumió en todas sus fases, es muy extraño la forma sorpresiva como lo transfirió; existiendo –para este hecho dos posibilidades: el primero un profundo desconocimiento de la ley y que constituye una amenaza a los derechos de los procesados; y, que a pesar que se sabe que no hay fundamento, esta decisión obedece a intereses extralegales de quienes pretenden utilizar este tipo de procesos para disciplinar o reprimir a un sector de la población, en este caso a los pueblos indígenas, con la finalidad de erradicar la protesta social. 2. Rechazamos que la Sala Penal Nacional establecida para los delitos criminales como “terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas” incluya como si fuera lo mismo, las justas luchas de los pueblos indígenas para la pervivencia de las comunidades y la humanidad como fue lo ocurrido en la movilización indígena del 2008 – 2009. La base legal de esta decisión es el D. Legislativo 983, norma dada durante el régimen del ex presidente Alan García que modificó las competencias territoriales y que a través de las resoluciones administrativas 1362012, 1942012, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial amplió a los conflictos sociales. 3. Denunciamos que interpretar las normas procesales de manera extensiva vulnerando los derechos de los procesados por conflictos sociales para agravar innecesariamente los procesos penales es una estrategia de los operadores judiciales que buscan profundizar en nuestro país la criminalización y judicialización de la protesta indígena. Este práctica estatal, iniciada por el gobierno racista del “perro del hortelano” de Alan García, en un estado de derecho no debe ser aceptado, ni continuado por el actual gobierno y debe ser corregido a fin de no vulnerar las garantías del debido proceso. 4. Alertamos que para resolver estas demandas de los pueblos se apela a la criminalización y judicialización de la protesta que busca convertir en delitos todo acto de movilización pacífica y en delincuente a quién lo lidera. Ahora, en este estado de derecho, para resolver los sucesos de Bagua, Espinar, Conga se le quita a los jueces el lugar de competencia para juzgar los hechos ocurridos en su jurisdicción y se transfiere a en una Sala Penal Nacional diseñado para juzgar terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, extorsión, trata de personas cometidos por organizaciones criminales con sede en Lima conozca también los procesos penales derivados de los conflictos sociales. 5. Por eso, estamos convencidos en AIDESEP que la ofensiva contra los derechos de los pueblos indígenas continua en la medida que se profundiza el modelo del (mal) desarrollo y que la forma como quieren resolver los conflictos sociales encarcelando dirigentes, juzgándolos en Lima como si fueran peligrosos criminales, es parte de esta tendencia. Y la decisión de transferir el caso a Lima no tiene sustento legal y obedece a intereses de ciertos poderes facticos dentro y fuera del Poder Judicial.

Pronunciamiento Aidesep por Curva del Diablo

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Rechazan decisión de pasar caso a Lima

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 AIDESEP  RECHAZA  LA  DECISIÓN  DE  TRANSFERIR  EL  CASO  DE  LA  CURVA  DEL  DIABLO  A  LIMA  Y  DENUNCIAMOS  QUE  ESTA  MEDIDA  ES  INCONSTITUCIONAL      El  07  de  marzo  de  2013,  en  la  ciudad  de  Bagua  Chica  y  en  las  instalaciones  de  la  Sala  Penal  Liquidadora   de   la   Corte   Superior   de   Amazonas,   se   realizó   la   diligencia   de   control   de  acusación  fiscal  por  el  caso  de  la  “Curva  del  Diablo”,  audiencia  que  tenía  por  objeto  someter  a  evaluación  los  fundamentos  del  pedido  de  la  Fiscalía  Superior  de  imponer  cadena  perpetua  a  los  procesados  por  este  hecho.  Al  día  siguiente,  la  Sala  Penal,  sin  responder  o  pronunciarse  sobre   las  observaciones  y  cuestionamientos   formulados  por   los  abogados  de   los  acusados,  resuelve  derivar  el   caso  a   la  Sala  Penal  Nacional,   con  sede  en  Lima,  para  que  esta   se  haga  cargo  del  juzgamiento  de  los  acusados.  Ante  este  hecho,  AIDESEP  expresa  lo  siguiente:    1. Solicitar  la  anulación  de  esta  decisión  y  se  proceda  continuar  con  el  trámite  de  la  etapa  

intermedia   del   proceso   y   resolver   las   observaciones   formuladas   por   la   defensa   en   la  audiencia  de  control  de  la  acusación,  pues  si  el  trámite  del  proceso  fue  normal  y  la  Sala  de   Bagua   lo   asumió   en   todas   sus   fases,   es  muy   extraño   la   forma   sorpresiva   como   lo  transfirió;   existiendo   –para   este   hecho-­‐   dos   posibilidades:   el   primero   un   profundo  desconocimiento   de   la   ley   y   que   constituye   una   amenaza   a   los   derechos   de   los  procesados;  y,  que  a  pesar  que  se  sabe  que  no  hay  fundamento,  esta  decisión  obedece  a  intereses   extralegales   de   quienes   pretenden   utilizar   este   tipo   de   procesos   para  disciplinar  o  reprimir  a  un  sector  de  la  población,  en  este  caso  a  los  pueblos  indígenas,  con  la  finalidad  de  erradicar  la  protesta  social.  

2. Rechazamos   que   la   Sala   Penal   Nacional   establecida   para   los   delitos   criminales   como  “terrorismo,  narcotráfico,   tráfico  de  armas”   incluya  como  si   fuera   lo  mismo,   las   justas  luchas  de  los  pueblos  indígenas  para  la  pervivencia  de  las  comunidades  y  la  humanidad  como  fue  lo  ocurrido  en  la  movilización  indígena  del  2008  –  2009.  La  base  legal  de  esta  decisión  es  el  D.  Legislativo  983,  norma  dada  durante  el  régimen  del  ex  presidente  Alan  García   que  modificó   las   competencias   territoriales   y   que   a   través  de   las   resoluciones  administrativas  136-­‐2012,  194-­‐2012,  el  Consejo  Ejecutivo  del  Poder   Judicial  amplió  a  los  conflictos  sociales.  

3. Denunciamos  que   interpretar   las  normas  procesales  de  manera  extensiva  vulnerando  los  derechos  de   los  procesados  por  conflictos  sociales  para  agravar   innecesariamente  los   procesos   penales   es   una   estrategia   de   los   operadores   judiciales   que   buscan  profundizar  en  nuestro  país  la  criminalización  y  judicialización  de  la  protesta  indígena.  Este  práctica  estatal,  iniciada  por  el  gobierno  racista  del  “perro  del  hortelano”  de  Alan  García,   en   un   estado   de   derecho   no   debe   ser   aceptado,   ni   continuado   por   el   actual  gobierno  y  debe  ser  corregido  a  fin  de  no  vulnerar  las  garantías  del  debido  proceso.  

4. Alertamos   que   para   resolver   estas   demandas   de   los   pueblos   se   apela   a   la  criminalización  y  judicialización  de  la  protesta  que  busca  convertir  en  delitos  todo  acto  de  movilización   pacífica   y   en   delincuente   a   quién   lo   lidera.   Ahora,   en   este   estado   de  derecho,  para  resolver   los  sucesos  de  Bagua,  Espinar,  Conga  se  le  quita  a   los   jueces  el  lugar  de  competencia  para  juzgar  los  hechos  ocurridos  en  su  jurisdicción  y  se  transfiere  a  en  una  Sala  Penal  Nacional  diseñado  para  juzgar  terrorismo,  narcotráfico,   lavado  de  activos,  extorsión,  trata  de  personas  cometidos  por  organizaciones  criminales  con  sede  en  Lima  conozca  también  los  procesos  penales  derivados  de  los  conflictos  sociales.    

5. Por  eso,   estamos  convencidos  en  AIDESEP  que   la  ofensiva   contra   los  derechos  de   los  pueblos   indígenas   continua   en   la   medida   que   se   profundiza   el   modelo   del   (mal)  desarrollo   y   que   la   forma   como  quieren   resolver   los   conflictos   sociales   encarcelando  dirigentes,  juzgándolos  en  Lima  como  si  fueran  peligrosos  criminales,  es  parte  de  esta  tendencia.  Y  la  decisión  de  transferir  el  caso  a  Lima  no  tiene  sustento  legal  y  obedece  a  intereses  de  ciertos  poderes  facticos  dentro  y  fuera  del  Poder  Judicial.  

 

6. Asimismo,  en  la  jurisdicción  de  la  Sala  Penal  Liquidadora  de  Bagua  no  existe  en  estos  momentos   ninguna   convulsión   social,   tampoco   ha   sido   declarado   en   estado   de  emergencia   y   mucho   menos   las   labores   jurisdiccionales   se   encuentran  interrumpidas   por   hechos   sociales;   en   tal   sentido,   la   decisión   de   trasladar   la  competencia  a  la  Sala  Penal  Nacional  es  ilegal  y  debe  ser  declarado  NULO  y  proceder  al  trámite  del  proceso  conforme  al  estado  procesal  de  la  causa.  

7. Estamos  convencidos  de  la  inocencia  de  Alberto  Pizango  Chota  y  los  otros  dirigentes  acusados   de   instigadores;   no   aceptaremos   nunca   que   el   Estado   los   juzgue   con  acusaciones   arbitrarias   que   pretenden   presentar   a   nuestros   dirigentes   como  responsables   de   las   muertes   de   la   “Curva   del   Diablo”;   no   aceptaremos   que   a   los  verdaderos   responsables   como   Alan   García   y   Mercedes   Cabanillas     gocen   de  impunidad  por  la  muerte  de  nuestros  hermanos  indígenas.    

8. Frente  a  esta  ofensiva  no  nos  queda  más  que  organizarnos  y  defender  los  derechos  de  los  indígenas  sometidos  a  este  tipo  de  persecución  penal  por  lo  que  anunciamos:  

 a) Agotar  todos  los  mecanismos  legales  para  que  en  los  procesos  penales  derivados  de  

los  hechos  de  Bagua  sean  visto  dentro  del  marco  constitucional.  b) Solicitar   audiencias   con   diversas   instancias   del   Estado   para   rechazar,   denunciar   y  

demostrar   las   medidas   arbitrarias   que   se   está   tomando   en   contra   de   los   líderes  indígenas  de  la  amazonia.  

c) Denunciar   ante   la   CIDH   y   la  ONU  y   solicitar   audiencias   internacionales   sobre   esta  esta  forma  de  persecución  penal  que  constituye  una  amenaza  al  estado  de  derecho.  

d) Dialogar   con   otras   organizaciones   sociales   del   país   con   la   finalidad   de   coordinar  esfuerzos  para  enfrentar  esta  ofensiva  de  criminalizar  las  justas  luchas  sociales.  

 Finalmente,   AIDESEP   responsabiliza   a   la   Sala   Penal   de   Bagua   y   al   Poder   Judicial   de  cualquier   hecho   que   genere   abusos   suspicacias   procesales.   Llamamos   al   ministerio   de  Justicia,    a  la  Defensoría  del  Pueblo,  al  Congreso  Nacional  a  pronunciarse  en  defensa  del  debido   proceso,   reiterando   que   se   juzgue   a   los   verdaderos   responsables   (Alan   García,  Mercedes  Cabanillas  y  generales  PNP  incompetentes)  y  no  avalar  por  omisión  el  segundo  “Baguazo”  de  volver  a  golpear  a  los  pueblos  y  líderes  indígenas  con  la  criminalización  de  sus   justas   luchas   de   sobrevivencia.   Llamamos   a   las   organizaciones   indígenas   y   de  derechos  humanos  y  opinión  pública  nacional  e  internacional  a  pronunciarse  para  exigir  justicia,  paz,  dignidad  y  respeto  a   los  pueblos   indígenas  dentro  del  Estado  peruano  y   la  proclamada  “inclusión  social”.    

CERRAR  Y  NO  REABRIR  LAS  HERIDAS  DEL  BAGUAZO.    

 Lima,  21  de  marzo  de  2013.  

   Consejo  Directivo  de  la  Aidesep