CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA

Frente a la declaración del gobierno de EE.UU.

La crisis de nuestro paísla resolveremos los venezolanos

En la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (CTV) consideramos insos-

layable fijar una postura frente a la declaración del presidente de Estados Unidos, al calificar

a nuestro país como una “amenaza a la seguridad nacional” de esa nación norteña. Nos he-

mos tomado un tiempo para ampliar nuestra consulta a la dirigencia de nuestras organizacio-

nes afiliadas, y de esa manera no dar una respuesta reactiva sino institucional.

Nuestra declaración de principios expresa claramente que la CTV debe “pronunciarse

y fijar posición en contra de las acciones belicistas y de fuerza, luchando por la creación de

un clima de armonía y entendimiento entre todas las naciones del mundo, que deben dirimir

sus diferencias solo por la vía pacífica”. Este mandato se inscribe en la idea también estatu-

taria de “luchar sin vacilación y en todo momento por el mantenimiento de la constituciona-

lidad, la democracia, las libertades públicas, la libertad sindical, la soberanía de la nación,

por los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos”.

La declaración estadounidense se basa en dos cuestiones principales: la violación de

los Derechos Humanos por parte de altos personeros del gobierno y el Estado venezolano, y

la vinculación de miembros del Alto Mando militar con el negocio del narcotráfico interna-

cional. Ambas acusaciones tienen una gran relevancia para cualquier país y para cualquier

sociedad, pero en absoluto guardan relación con el calificativo usado por el gobierno esta-

dounidense de “amenaza a la seguridad nacional”, que a nuestro modo de ver es exagerado y

desproporcionado. Y lo que consideramos más peligroso es que, históricamente, el uso de di-

cho calificativo siempre ha ido acompañado de acciones de fuerza, belicistas, y de auspicio a

actuaciones fuera del Derecho Internacional y fuera de la legalidad interna de las naciones.

En lo referido a los Derechos Humanos, dejamos claro que la CTV ha sido crítica de la

actitud y de las acciones del gobierno presidido por Nicolás Maduro contra el derecho a la

protesta, la manifestación pacífica y la libertad de expresión, por el uso de organismos para-

militares en las actuaciones de orden público, por las varias evidencias de tortura física y psi-

1

cológica contra los detenidos, por el mantenimiento de presos políticos solo por pensar dife-

rente y disentir del gobierno, por las restricciones a la libertad de expresión y por la imposi-

ción de un clima de terror y de chantaje hacia toda la sociedad en el ejercicio de los derechos

democráticos y las libertades públicas, aunado todo esto a un incremento de la militarización

en asuntos que deben resolverse más bien con un aumento de la participación civil.

En el campo de las relaciones laborales, que es nuestro espacio de acción principal, he-

mos criticado insistentemente las prácticas violatorias de la libertad sindical y la contratación

colectiva, la apertura de procedimientos judiciales por la realización de huelgas sindicales y

protestas reivindicativas, la permanencia como presos políticos de dirigentes sindicales, la

discriminación y el no reconocimiento a los dirigentes sindicales que no acompañan su pos-

tura política, y la no apertura por parte del Gobierno de verdaderos espacios para el Diálogo

Social. Y junto a todo esto están el irrespeto y la desconsideración de las decisiones y reco-

mendaciones provenientes de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en particular

del Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de

Normas y las comisiones que in situ han venido a constatar las violaciones denunciadas.

Criticamos la postura acomodaticia del Gobierno venezolano con respecto a las instan-

cias internacionales que velan por los Derechos Humanos, actitud que llevó a que nuestra

nación, en el gobierno de Hugo Chávez, se retirara del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos y desconociera los fallos tanto de la Comisión como de la Corte de dicho sistema.

Pero, a la par, el Gobierno utiliza a conveniencia, renegándolas o aprovechándolas, las deci-

siones que han emanado de la OEA con respecto a las libertades públicas y los derechos de-

mocráticos; e igual conducta tiene con otras instancias internacionales de DDHH. Postura

que ahora se evidencia en la complacencia y actitud poco imparcial por parte del secretario

general de UNASUR, Ernesto Samper, quien —más que interceder entre las fuerzas políticas

opositoras y el Gobierno nacional— pareciera seguir un guión elaborado por este último.

Creemos que los artículos 23 y 31 de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela son muy claros como mandatos que obligan al Estado venezolano a respetar las

normas internacionales de Derechos Humanos y los entes orgánicos que velan porque ellas

se cumplan. En este sentido, las decisiones autónomas de un gobierno o un parlamento ex-

tranjeros, ya sea EE.UU. o cualquier otra nación, pudieran tener un significado simbólico o

ejemplarizante o ser un gesto de solidaridad con un pueblo que atraviesa una difícil situa-

ción, sin embargo, en lo referido al rumbo que debe tomar dicho pueblo, solo rigen en su te-

rritorio, no pudiendo extrapolarse como si tuviesen potestades internacionales.

En lo que respecta a las acusaciones hacia miembros del Alto Mando militar por narco-

tráfico, ello se ha convertido en un lugar común en el país, incluso la jerga popular habla del

“cartel de los soles”, en referencia a las insignias de los generales de la FAN. No es nuestra

2

responsabilidad negar o reafirmar dicha existencia, pero nos parece que es una falta de serie-

dad lanzar esas acusaciones y no mostrar las evidencias que las respalden. Sin embargo, de

comprobarse la existencia de tal cartel, correspondería a las autoridades venezolanas —aun a

sabiendas de que la administración de la justicia está muy parcializada y es muy poco autó-

noma— y no a ningún gobierno extranjero atacar y poner fin a tal delito.

Por último, pero no por ello menos importante, es indiscutible que detrás de esta deci-

sión estadounidense está la defensa de intereses económicos que evidencia la lucha entre

bloques hegemónicos cuyos objetivos se cruzan, unas veces bajo la negociación y otras con

la confrontación mediante. Las erróneas y erráticas políticas económicas desarrolladas en los

últimos años desde el Ejecutivo Nacional, pese a los enormes ingresos por concepto de renta

petrolera que el país tuvo desde 2003, han conducido a la destrucción de gran parte de nues-

tras ya menguadas capacidades económicas, principalmente industriales y alimentarias, y ha

permitido la “invasión” china tanto en capitales como en miles de trabajadores que sustitu-

yen a venezolanos desempleados. Todo esto ha llevado a agravar las condiciones de depen-

dencia de nuestra economía, convirtiendo a nuestro país en un espacio en el cual chinos, ru-

sos, gringos, brasileños y cubanos se disputan áreas de negocios e inmensos recursos natura-

les, minerales y energéticos de nuestra nación.

Los trabajadores venezolanos nos mantenemos en pie de lucha por la defensa de nues-

tros derechos y reivindicaciones, pero no podemos cerrar los ojos en esta dramática circuns-

tancia que vive nuestra nación. Al expresar esta nuestra posición, reivindicamos la defensa

de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Corresponde a los venezolanos resolver la

grave crisis que en todos los aspectos —económico, social, político y ético— hoy sufre

nuestra nación, y tenemos la seguridad y la confianza de que las reservas morales y políticas

que anidan en nuestro pueblo —en todos los trabajadores, en los campesinos, en los produc-

tores, en las mujeres y jóvenes, en los universitarios, en los luchadores sociales— podrán

allanar los caminos que nos conduzcan a abrir nuevos espacios para la libertad, el progreso y

la prosperidad, en el marco del respeto a los derechos humanos, las libertades públicas y los

derechos democráticos, y reivindicando la autodeterminación de los pueblos.

¡POR UN MUNDO MEJOR PARA LOS TRABAJADORES!

Comité Ejecutivo de la

Confederación de Trabajadores de VenezuelaCaracas, 19 de marzo de 2015

3