PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT …

AMPARO EN REVISIÓN 482/2020 QUEJOSOS Y RECURRENTES: **********. RECURRENTES ADHESIVOS: SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS SECRETARIO AUXILIAR: MARIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ Vo. Bo. MINISTRA

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación en sesión virtual correspondiente al ______, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve el amparo en revisión ********** interpuesto

por ********** en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de junio de

dos mil diecinueve por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y

de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en

Tijuana, al resolver el juicio de amparo **********

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en determinar

si los artículos 5, fracciones XXX y XXXII, de la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos1, 3, fracciones XXIII y XXXIII,

y 8, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente2 son violatorios del principio de certeza jurídica por la falta de

1 Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

[…]

XXX. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las

características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son

producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

[…]

XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran

peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se

transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;

[…]. 2 Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

[…]

AMPARO EN REVISIÓN 482/2020

2

precisión de los alcances del concepto “residuos tóxicos infecciosos”, para

efecto de determinar el manejo que debe darse a las jeringas usadas que

********** recolecta en la ciudad de Tijuana para coadyuvar a la

prevención del contagio y tratamiento de enfermedades de transmisión

sexual entre población usuaria de drogas suministradas por vía parenteral

(inyecciones intravenosas).

I. ANTECEDENTES

1. ********** es una persona moral constituida en territorio nacional como

una asociación civil cuyo objeto consiste, entre otras cosas, en la

prevención del contagio y tratamiento de enfermedades de transmisión

sexual [como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o la

hepatitis “C”] entre la población de escasos recursos económicos de la

ciudad de Tijuana, Baja California.

2. ********** celebró con la empresa ********** un contrato para la

prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición

final de residuos peligrosos biológico-infecciosos (R.P.B.I) generados por la

primera de las mencionadas con motivo del desarrollo de su objeto social

(con vigencia del dieciocho de junio de dos mil dieciséis al dieciocho de

junio de dos mil diecisiete, pudiéndose renovar hasta por un periodo igual al

inicialmente pactado). En dicho convenio se pactó que la recolección se

XXIII. Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que,

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos

naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

infecciosas;

[…]

XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran


transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente;

[…].

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales

en la materia, las siguientes facultades:

[…]

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el

ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición

final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;

[…].


3

realizaría cada treinta días, de conformidad con los lineamientos

establecidos en la norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

20023 y en el artículo sexto transitorio de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente4.

3. El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, ********** presentó ante la

Dirección de Servicios Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana, un escrito por el cual

solicitó que el gobierno municipal se encargara del manejo de los residuos

biológicos y materiales recolectados por dicha asociación5.

4. En respuesta a la anterior solicitud, el diez de abril de dos mil diecisiete el

Director de Servicios Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana emitió el oficio número

**********, a través del cual informó a ********** que no corresponde a

ese orden de gobierno la recolección, manejo, traslado y disposición final de

residuos peligrosos biológico-infecciosos, porque se trata de una facultad

reservada a la Federación, además que aquella dependencia cuenta con la

metodología, herramientas o sitios para su manejo y disposición final.

5. La anterior decisión se fundó, entre otros preceptos normativos, en los

artículos 3, fracciones XXIII y XXXIII, y 8, fracción IV, de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente6.

3 Este ordenamiento establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como las

especificaciones para su manejo en los establecimientos que los generan y a través de prestadores de

servicios a terceros. 4 Artículo sexto. Las autorizaciones, permisos, licencias y concesiones otorgadas con anterioridad a la fecha

de entrada en vigor del presente Decreto, seguirán vigentes; su prórroga se sujetará a las disposiciones del

presente Decreto. 5 Debido a los costos que implica tanto el pago del servicio contratado con **********, como la compra de

jeringas nuevas que se distribuyen en las zonas de la ciudad en las que existen altos índices de

drogadicción, para evitar la reutilización y préstamo de jeringas usadas; en tanto que los recursos

económicos para realizar tales erogaciones se obtienen únicamente de donaciones. 6 Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

[…]

XXIII. Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que,

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos

naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

infecciosas;

[…]


4

6. Juicio de amparo indirecto. El tres de mayo de dos mil diecisiete,

**********, por sí y en su carácter de representante legal de **********,

así como **********, promovieron juicio de amparo en contra del oficio

número ********** y en contra de los artículos 5, fracciones XXX y XXXII,

de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 3,

fracciones XXIII y XXXIII, y 8, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente7.

7. ********** argumentaron en los conceptos de violación que: i) el oficio

reclamado está indebidamente fundado y motivado porque las jeringas

usadas cuya recolección y disposición final solicitó aquella asociación al

gobierno de Tijuana no constituyen residuos peligrosos biológico-infecciosos

que corresponda manejar a la Federación, sino al municipio por disposición

del inciso c) de la fracción III del artículo 115 constitucional8.

XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran


transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente; […].

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales


[…]




lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; […]. 7 Señaló las siguientes autoridades responsables: i) Director de Servicios Públicos Municipales de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana, ii) Cámaras de Diputados y de

Senadores del Congreso de la Unión y iii) Presidente de la República. 8 Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[…]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

[…]

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de

los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la

más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les

correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados,

deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando

a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para

que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma

temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio

municipio;

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los

términos y para los efectos que prevenga la ley.

[…].


5

8. **********, la señora ********** y el señor ********** alegaron, además,

que el oficio reclamado viola los derechos de petición, a un medio ambiente

sano, a la salud y a la vida, además que dicho acto no se emitió dentro de

un expediente ni señala el medio de impugnación procedente en su contra.

9. Finalmente, en los conceptos de violación plantearon la inconstitucionalidad

de los artículos 5, fracciones XXX y XXXII, de la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 3, fracciones XXIII y XXXIII,


Ambiente, al considerar que no precisan los alcances del concepto

“residuos tóxicos infecciosos” y no reconocen a los municipios competencia

para prevenir y controlar los efectos sobre el ambiente ocasionados por los

residuos peligrosos.

10. En síntesis, los seis conceptos de violación contienen los siguientes

planteamientos:

i) Son inaplicables el artículo 5, fracción XXXII, de la Ley General para

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como las

normas oficiales mexicanas NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y NOM-052-

SEMARNAT-2005, en los cuales se fundó la negativa de recepción y

manejo de los desechos (jeringas usadas) recolectados por **********,

pues aquéllos no constituyen residuos peligrosos biológico-

infecciosos (R.P.B.I) en términos de las disposiciones normativas

mencionadas, por lo que su gestión no corresponde a la Federación

sino al municipio de Tijuana.

ii) Las jeringas recolectadas en las calles de la ciudad de Tijuana por

********** se catalogan como de uso doméstico, pues no se generan

en establecimientos relacionados con servicios de salud o de atención

médica ni se utilizan para el diagnóstico o tratamiento médico (son

utilizadas por personas de escasos recursos para el consumo de

drogas inyectables)}. Por tanto, no se configura la presunción prevista

en los preceptos normativos aludidos, de que las jeringas objeto de la

solicitud en cuestión contienen agentes infecciosos que les confieren

peligrosidad para su manejo y desecho.


6

iii) La resolución negativa reclamada conlleva un trato discriminatorio e

injustificado porque asume que las jeringas recolectadas en las zonas

marginadas de la ciudad de Tijuana con altos índices de drogadicción

contienen, por esa sola circunstancia, agentes infecciosos que les

confieren peligrosidad.

iv) La resolución negativa reclamada vulnera los artículos 115, fracción

III, inciso c), de la Constitución Federal, 82, apartado B, fracción III, y

83, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política del Estado de Baja

California9 porque tales preceptos disponen que corresponde a los

municipios prestar los servicios de recolección, traslado, tratamiento y

disposición final de residuos, sin distinción sobre sus características.

Además, si como lo refirió la autoridad responsable del municipio de

Tijuana, no cuenta con la infraestructura necesaria para manejar las

jeringas recolectadas por **********, entonces debe realizar las

gestiones necesarias para cumplir con su función, ya sea

directamente o a través de su recepción y posterior canalización al

órgano de gobierno federal que estime capacitado para su disposición

final.

v) El oficio reclamado vulnera los derechos a un medio ambiente sano, a

la salud y a la vida de los habitantes del municipio de Tijuana, porque

la negativa de recepción de las jeringas recolectadas por **********

tendrá por efecto que esos materiales se desechen en las calles,

playas y basureros sin un manejo adecuado, lo que además de

9 Artículo 82. Para el mejor desempeño de las facultades que le son propias, así como para la prestación de

los servicios públicos y el ejercicio de las funciones que le son inherentes, los ayuntamientos tendrán a su

cargo las siguientes:

[…]

B. FUNCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS:

[…]

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

[…]

El Congreso del Estado podrá establecer a favor de los municipios, la facultad de ejercer funciones o la

prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, atendiendo a la eficacia de la gestión pública

y tomando en consideración sus condiciones territoriales y socioeconómicas, así como su capacidad

administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los

servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Artículo 83. En los términos de las leyes federales y estatales relativas, corresponde a los municipios:

[…]

VI. Formular y conducir la política ambiental dentro del territorio municipal, que garantice un medio

ambiente adecuado para el bienestar y desarrollo de su población e incorpore la dimensión ambiental en

sus planes y programas de desarrollo;

[…]

VIII. Garantizar la sustentabilidad del desarrollo en su territorio, creando las condiciones para la adecuada

prestación de los servicios sociales a su cargo y alentando la coordinación y concertación de acciones con

los gobiernos federal y estatal, así como la participación social, a fin de elevar la calidad de vida de las

personas;

[…].


7

generar contaminación, arriesga a la población a sufrir accidentes o

contagios de enfermedades por la posibilidad de entrar en contacto

con aquéllos.

vi) De manera contraria a lo afirmado por el Director de Servicios

Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Ecología del Ayuntamiento de Tijuana, cuenta con atribuciones para

prestar los servicios de recepción, traslado, tratamiento y disposición

final de las jeringas recolectadas por **********, porque la protección

de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano conciernen

facultades concurrente entre los distintos órdenes de gobierno, en

congruencia con lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución

federal.

vii) De acuerdo con el principio de precaución establecido en el numeral

1510 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo11, cuando haya peligro de un daño grave o irreversible al

medio ambiente, los gobiernos de los Estados no deben postergar la

adopción de medidas eficaces para impedirlo, escudados en la falta

de certeza científica absoluta sobre dicha circunstancia. Por tanto, la

falta de demostración del impacto ambiental que tendría la

interrupción de la labor desarrollada por **********, con motivo de la

negativa reclamada, no impediría otorgar el amparo en los términos

solicitados.

viii) La negativa reclamada afecta el derecho colectivo a la salud (el

cual es interdependiente del diverso derecho medioambiental), pues

el municipio de Tijuana incumple las obligaciones previstas en el

artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales12.

10 Principio 15.

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces

en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 11 Adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en

Río de Janeiro, Brasil, del tres al catorce de junio de mil novecientos noventa y dos. 12 Artículo 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por

separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y

técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los

medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los

derechos aquí reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en

él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión

política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra

condición social.


8

ix) Los artículos 5, fracciones XXX y XXXII, de la Ley General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 3, fracciones XXIII y

XXXIII, y 8, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente, vulneran los principios de seguridad y de

certeza jurídica, de reserva y de supremacía constitucional porque al

definir lo que debe entenderse por residuos peligrosos, para

determinar si su manejo corresponde a la Federación o a los

municipios, no precisan los alcances de la expresión “aquellos que

contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad”.

x) La imprecisión apuntada podría resolverse al acudir a la definición de

residuos peligrosos biológico-infecciosos (R.P.B.I) contenida en las

normas oficiales mexicanas NOM-087-ECOL-1995 y NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002, así como en el artículo 31, fracción XV, de

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos13 (no aplicados en el oficio reclamado), los cuales

establecen que aquellos corresponden a los residuos emitidos por

establecimientos que prestan el servicio de atención médica (tales

como jeringas), que han estado en contacto con humanos durante el

diagnóstico y tratamiento.

xi) Las jeringas recolectadas por ********** parecen encontrarse excluidas

de las definiciones contenidas en los preceptos normativos

mencionados, pues no se utilizan para diagnóstico o tratamiento

médico, por lo que —por exclusión— caen en la clasificación de

residuos de uso doméstico que no ameritan un manejo especializado

para su disposición final, al no actualizarse la presunción de contenido

de agentes infecciosos que los hagan peligrosos.

xii) La imprecisión de los preceptos legales reclamados conlleva dos

únicas posibilidades de interpretación, las cuales presentarían vicios

de inconstitucionalidad por sobreinclusión [si se concluye que las

jeringas usadas para el suministro de drogas por la vía parenteral

(uso doméstico) son residuos peligrosos biológico-infecciosos] o por

infrainclusión [si se concluye que las jeringas usadas para el

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía

nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el

presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos. 13 Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados,

caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial

mexicana correspondiente:

[…]

XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales o sus muestras

biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja

integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes. […].


9

suministro de drogas por la vía parenteral (uso doméstico) no son

residuos peligrosos biológico-infecciosos]. La primera de las opciones

referidas tendría como consecuencia obligar a las personas a contar

con mecanismos caseros de destrucción de las jeringas usadas o a

enfrentar posibles multas por su manejo inadecuado. La segunda de

las opciones indicadas ocasionaría que las jeringas usadas se traten

como residuos sólidos urbanos que no ameritan un manejo separado

y especializado.

xiii) La manera de resolver este aparente dilema sería adoptar una

interpretación mixta en la que se sostenga que las jeringas usadas

para el suministro de drogas por la vía parenteral se consideren

residuos peligrosos pero que, por su mecanismo de generación (uso

doméstico no gestado en un establecimiento que presta servicios

médicos ni se relaciona con el diagnóstico o tratamiento de

enfermedades), corresponda a las autoridades municipales

recolectarlas y canalizarlas a los organismos que cuenten con la

infraestructura y medios necesarios para su manejo adecuado.

xiv) El numeral 8, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente, vulnera los principios de

reserva y supremacía constitucional previstos en los artículos 115,

fracción III, inciso c), y 133 de la Carta Magna, porque el segundo de

los preceptos mencionados establece que los servicios de

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos es

competencia de los municipios (sin distinción del tipo de residuos de

que pudiera tratarse), en tanto que la disposición reclamada hace una

distinción basada en el tipo de residuos, para excluir a aquellos

considerados peligrosos de la competencia de los municipios en la

materia de protección ambiental.

xv) El oficio reclamado viola el artículo 8 constitucional14 porque la

respuesta que el Director de Servicios Públicos Municipales de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de

Tijuana dio a la solicitud presentada por ********** es incongruente con

los términos de su petición. Para cumplir con lo pedido, el funcionario

mencionado debió limitarse a recibir los residuos recolectados por la

solicitante, a canalizarlos o darles el tratamiento que correspondiera;

en cambio, efectuó una clasificación de aquéllos (como residuos

14 Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre

que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán

hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.


10

peligrosos biológico-infecciosos), señaló que su manejo es facultad de

la Federación y que carece de las herramientas e infraestructura

necesarios para su tratamiento.

xvi) El oficio cuestionado incumple los requisitos formales y de

validez previstos en los artículos 5, fracción X, 6, fracciones IV, VIII y

IX, y 7, fracciones II, III y IV, de la Ley del Procedimiento de la

Administración Pública del Estado de Baja California15, dado que no

cumple con una finalidad de interés público regulada por las

disposiciones normativas en las materias ambientales y de salud en

las que se fundó, no se emitió dentro de un expediente, no señala el

medio de impugnación procedente en su contra, no se hizo constar su

notificación en forma personal ni se entregó la cédula

correspondiente.

11. La demanda se admitió a trámite en el Juzgado Tercero de Distrito en

Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California,

con residencia en Tijuana, donde se registró con el número de expediente

**********16.

15 Artículo 5. La Administración Pública, en sus relaciones con los particulares, tendrá las obligaciones

siguientes:

[…]

X. Proporcionar a los interesados en todo momento la información sobre los procedimientos y el estado en

que se encuentran, así como el acceso a los expedientes que con motivo de sus solicitudes o por mandato

legal formen. Asimismo, se les podrán expedir a su costa y siempre que así lo soliciten, copias y

certificaciones de los documentos que obren en los expedientes, previo pago de los derechos que

correspondan.

Artículo 6. Para que el acto administrativo sea válido requiere:

[…]

IV. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se sustenta, sin que puedan

perseguirse otros fines distintos;

[…]

VIII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en

que se encuentra y de la posibilidad de ser consultado el expediente respetivo (sic) por el interesado;

IX. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan,

y

[…].

Artículo 7. Son requisitos de forma del acto administrativo los siguientes:

[…]

II. Tratándose de actos administrativos individualizados, contener el nombre del promovente o interesado

a quien vaya dirigido, asentarse en la notificación la oficina en que pueda ser consultado el expediente

respectivo y el nombre y cargo de quien lo resguarda;

III. En el caso de actos administrativos que por disposición legal deban ser notificados personalmente, se

hará mención de esta circunstancia en ellos;

IV. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá mencionarse el término con que se cuenta para

interponer el recurso respectivo, así como la autoridad ante la cual deba ser presentado, y

[…]. 16 En acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve.


11

12. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, el **********

amplió la demanda en contra de la complementación de la fundamentación

y motivación del oficio ********** reclamado que el Director de Servicios

Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del

Ayuntamiento de Tijuana efectuó al rendir su informe justificado, en la cual

citó la norma oficial mexicana NOM-087-ECOL-1995 (no obstante que se

encontraba abrogada), en cuya definición de residuos peligrosos biológico-

infecciosos no se ubicarían las jeringas recolectadas por aquella asociación

civil, al no generarse en un establecimiento que presta el servicio de

atención médica ni utilizarse para el diagnóstico y tratamiento de

enfermedades.

13. ********** planteó dos conceptos de violación en dicha ampliación, en los

cuales expresó los siguientes argumentos:

• Es incorrecta la modificación de la fundamentación de la negativa

reclamada porque la norma oficial mexicana NOM-087-ECOL-1995

citada por la autoridad responsable en su informe, en sustitución de la

diversa NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fue abrogada por esta última

(NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, en su denominación actualizada).

• La norma oficial mexicana NOM-087-ECOL-1995 citada por la

autoridad responsable como fundamento de la negativa reclamada es

inaplicable al presente asunto porque se refiere al tratamiento que

debe darse a los residuos peligrosos biológico-infecciosos, en tanto

que las jeringas recolectadas por ********** no se ubican en esa

categoría, al corresponder a un uso doméstico por no generarse en un

establecimiento que presta el servicio de atención médica ni utilizarse

para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

• Se reitera el planteamiento del escrito inicial de demanda relativo a que

la resolución negativa reclamada conlleva un trato discriminatorio e

injustificado porque asume que las jeringas recolectadas en las zonas

marginadas de la ciudad de Tijuana con altos índices de drogadicción

contienen, por esa sola circunstancia, agentes infecciosos que les

confieren peligrosidad.

• Se reitera el planteamiento del escrito inicial de demanda atinente a

que la solicitud materia del oficio reclamado procede si la norma oficial


12

mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 se interpreta en conjunto

con el artículo 31, fracción XV, de la Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de los Residuos, en el sentido que las jeringas usadas








• Con esta interpretación se evitaría incurrir en una solución

sobreinclusiva o infrainclusiva.

14. Previa admisión a trámite de la ampliación de la demanda y, una vez

recabados los informes justificados correspondientes y desahogado el

procedimiento de amparo, el juez dictó sentencia el veinticuatro de junio de

dos mil diecinueve en la que, al analizar los temas de procedencia,

sobreseyó en el juicio por la totalidad de los actos reclamados17.

II. TRÁMITE DE LA REVISIÓN

15. ********** interpusieron recurso de revisión en el que expusieron un agravio

en el cual únicamente plantearon argumentos dirigidos a combatir el

sobreseimiento decretado en el juicio de origen.

16. El Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito conoció el asunto,

donde se registró con el número de expediente **********18.

17. El tribunal dictó sentencia el tres de septiembre de dos mil veinte, en la cual:

i) modificó la sentencia recurrida (levantó el sobreseimiento total decretado

en el juicio, específicamente por las disposiciones legales reclamadas y por

el acto de aplicación), ii) sobreseyó en el juicio de origen por ********** y

17 El Juez estimó configurada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley

de Amparo porque ********** no agotaron contra el oficio reclamado el juicio de nulidad ante el

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. 18 Mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.


13

**********19, iii) sobreseyó en el juicio de origen por los actos reclamados al

Presidente de la República, al Secretario de Gobernación y al Director del

Diario Oficial de la Federación20, iv) solicitó a esta Suprema Corte de

Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción para conocer y

resolver el recurso de revisión, v) remitió los autos a este alto tribunal y vi)

declaró infundada la revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de la

República.

18. El asunto se admitió a trámite21, esta Sala se avocó a su conocimiento

mediante auto de presidencia de diez de febrero de dos mil veintiuno y se

turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.

III. COMPETENCIA

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es

competente para conocer este recurso de revisión22, porque se interpone

contra una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto en el cual se

reclamaron diversas normas federales por las que no existe jurisprudencia.

20. Además, aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las

materias de las que en forma ordinaria debe conocer esta Primera Sala23, el

párrafo primero del artículo 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación dispone que los amparos en revisión de la

competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se

turnarán a los ministros de ambas salas; por lo que no existe obstáculo para

su conocimiento.

19 El Juez estimó configurada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley

de Amparo porque los actos reclamados no afectan el interés jurídico ni legítimo de **********. 20 El Juez estimó configurada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en

relación con el numeral 108, fracción III (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo

porque ********** no combatió por vicios propios la promulgación y orden de publicación de los

preceptos legales reclamados. 21 Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, este alto tribunal asumió su competencia originaria

para conocer del recurso, el cual se registró con el número de amparo en revisión **********. 22 Artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81,

fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación; en relación con los puntos primero, tercero y décimo cuarto del Acuerdo General

Plenario 5/2013. 23 Artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


14

IV. PRESUPUESTOS PROCESALES

21. Oportunidad. Es innecesario que esta Primera Sala se pronuncie sobre la

oportunidad del recurso de revisión, pues de ello se ocupó el Sexto

Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito.

22. Legitimación. El recurso principal fue interpuesto por parte legítima24, pues

lo presentó **********, en su carácter de autorizado (en los términos

amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo25) de **********, a

quien les asiste la calidad de quejosa en el juicio de origen.

23. Causas de improcedencia. Al analizar las causas de improcedencia

propuestas por las autoridades responsables, el tribunal colegiado omitió

pronunciarse sobre los siguientes argumentos expresados por el Director de

Servicios Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Ecología del Ayuntamiento de Tijuana y por la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión en sus informes justificados:

• Los conceptos de violación de la demanda de amparo no desarrollan

argumentos que precisen el perjuicio que los actos reclamados

causan a la quejosa **********.

• Los artículos reclamados no afectan a la quejosa ********** porque

el proceso legislativo del que derivaron resultó apegado a la

Constitución Federal.

24. Por razones de economía procesal, es innecesario devolver los autos al

tribunal colegiado para que se pronuncie sobre los anteriores

planteamientos, pues resulta manifiesta su inoperancia.

24 El tribunal colegiado no se pronunció sobre esta temática. 25 La entonces titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el

Estado de Baja California reconoció dicha autorización en el auto inicial de cuatro de mayo de dos mil

diecisiete.


15

25. Por una parte, de manera contraria a lo afirmado por el Director de Servicios

Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del

Ayuntamiento de Tijuana, los conceptos de violación de la demanda de

amparo sí desarrollan argumentos que precisan el perjuicio que los actos

reclamados causan a la quejosa **********, el cual se hace consistir en

que el gobierno municipal negó asumir sus obligaciones en materia de

traslado, manejo y disposición final de las jeringas que recolecta como parte

de su objeto social, con lo que se afecta su patrimonio (al tener que

solventar los gastos que representa la prestación de ese servicio por

particulares) y el derecho a un medio ambiente sano, entre otros.

26. Por otra parte, el argumento de la Cámara de Diputados en torno a que los

preceptos reclamados derivaron de un proceso legislativo apegado a la

Constitución Federal involucra un aspecto de fondo (constitucionalidad del

acto) que no puede analizarse bajo el enfoque de improcedencia del juicio.

27. Al haberse agotado el análisis de los motivos de improcedencia planteados

por las partes, la materia del recurso que es competencia de esta Primera

Sala se circunscribe a la solución del problema de inconstitucionalidad

subsistente por los artículos 5, fracciones XXX y XXXII, de la Ley General

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 3, fracciones XXIII y

XXXIII, y 8, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente, por lo que enseguida se estudiarán los conceptos

de violación omitidos por el Juez de Distrito que se dirigen a combatir dichos

preceptos legales.

V. ESTUDIO DEL TEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD

28. Procede analizar los conceptos de violación de la demanda que se dirigen a

combatir la constitucionalidad de los preceptos legales reclamados, dado

que el tribunal colegiado que conoció el presente asunto levantó el


16

sobreseimiento total decretado en el juicio de origen, en términos de lo

dispuesto por el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo.26

29. La quejosa ********** plantea en el cuarto concepto de violación del

escrito inicial de demanda la inconstitucionalidad de los artículos 5,

fracciones XXX y XXXII, de la Ley General para la Prevención y Gestión

Integral de los Residuos, 3, fracciones XXIII y XXXIII, y 8, fracción IV, de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con base

en los siguientes argumentos esenciales:

• Principios de seguridad y de certeza jurídica. Los artículos 5,

fracciones XXX y XXXII, de la Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de los Residuos y 3, fracciones XXIII y XXXIII, de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no

precisan los alcances del concepto “residuos peligrosos”, para

determinar el orden de gobierno al que corresponde su manejo

(Federación o municipios).

• La imprecisión apuntada podría resolverse al acudir a la definición de

residuos peligrosos biológico-infecciosos (R.P.B.I) contenida en las

normas oficiales mexicanas NOM-087-ECOL-1995 y NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002, así como en el artículo 31, fracción XV, de

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

(no aplicados en el oficio reclamado), los cuales establecen que

aquellos corresponden a los residuos emitidos por establecimientos

que prestan el servicio de atención médica (tales como jeringas), que

han estado en contacto con humanos durante el diagnóstico y

tratamiento.

26 Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del

sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.

Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el

órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución

impugnada;

[…]

V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son fundados, revocará la

sentencia recurrida y dictará la que corresponda; […].


17

• La imprecisión de los preceptos legales reclamados conlleva dos

únicas posibilidades de interpretación, las cuales presentarían vicios

de inconstitucionalidad por sobreinclusión [si se concluye que las

jeringas usadas para el suministro de drogas por la vía parenteral

(uso doméstico) son residuos peligrosos biológico-infecciosos] o por

infrainclusión [si se concluye que las jeringas usadas para el

suministro de drogas por la vía parenteral (uso doméstico) no son

residuos peligrosos biológico-infecciosos]. La primera de las opciones

referidas tendría como consecuencia obligar a las personas a contar

con mecanismos caseros de destrucción de las jeringas usadas o a

enfrentar posibles multas por su manejo inadecuado. La segunda de

las opciones indicadas ocasionaría que las jeringas usadas se traten

como residuos sólidos urbanos que no ameritan un manejo separado

y especializado.

• La manera de resolver este aparente dilema sería adoptar una

interpretación mixta en la que se sostenga que las jeringas usadas








• Principios de supremacía y de reserva constitucional. El numeral

8, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente contraviene lo dispuesto por el artículo 115,

fracción III, inciso c), de la Carta Magna en el sentido que los

servicios de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de

residuos es competencia de los municipios (sin distinción del tipo de


18

residuos de que pudiera tratarse), pues excluye de la competencia

sanitaria municipal a los residuos considerados peligrosos.

30. Para resolver la impugnación de inconstitucionalidad formulada por

********** es necesario precisar, de manera previa, los términos del acto

en el que se aplicaron en su perjuicio los preceptos legales reclamados.

31. El diez de abril de dos mil diecisiete, el Director de Servicios Públicos

Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del

Ayuntamiento de Tijuana emitió el oficio número **********, por el cual

negó la solicitud formulada por ********** para que ese municipio se

encargue de la recolección, manejo, traslado y disposición final de las

jeringas usadas que recolecta como parte de su objeto social. Dicho oficio

es, en la parte que al presente caso interesa, del contenido siguiente:

OFICIO **********

…en respuesta a su comunicado del día 15 de marzo de 2017, expongo a usted

lo siguiente:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,

establecen en su artículo 115, fracción III, y en su artículo 82, inciso B,

fracción III, respectivamente, que los Municipios tendrán a su cargo, entre

otras, la función y servicio público de limpia, recolección, traslado,

tratamiento y disposición final de residuos.

2. En congruencia con los ordenamientos jurídicos antes mencionados, el

Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Municipal, en su artículo 25, fracción I y 30 fracciones I, II, III, IV, V y VI,

establecen las funciones de la Dirección de Servicios Públicos Municipales,

relativos a la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

3. El Reglamento de Limpia para el Municipio de Tijuana, Baja California, en

su artículo 3 establece que “la prestación del servicio público de limpia,

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

urbanos estará a cargo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la

cual contará con el apoyo del Departamento de Obras y Servicios Públicos de

las Delegaciones Municipales, en los términos que establecen en el presente

Reglamento, el Reglamento Interno de la Administración Pública

Desconcentrada del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y demás

ordenamientos aplicables.

4. Los residuos sólidos urbanos, a los que se refieren los ordenamientos

jurídicos antes citados, son “… los generados en las casas habitación, que


19

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o

empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de

establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características

domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos,

siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), como residuos de otra índole”.

5. Los residuos de otra índole son los peligrosos o de manejo especial, los

primeros están definidos por la LGPGIR como “… aquellos que posean

alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad,

toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos

que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de

conformidad con lo que se establece en esta Ley” y los segundos como “…

aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las

características para ser considerados como peligrosos o como residuos

sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de

residuos sólidos urbanos”.

6. De acuerdo con la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección Ambiental,

Salud Ambiental, Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, Clasificación y

Especificaciones de Manejo, “… los tubos capilares, navajas, lancetas, agujas

de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para

tatuaje, bisturís y estiletes de catéter…” son considerados como residuos

peligrosos biológico-infecciosos, mismos que se encuentran clasificados en el

listado No. 5 de la NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las

características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados

de los residuos peligrosos.

7. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

(LGEEPA), en su artículo 3, fracciones XXIII y XXXIII, considera los

residuos biológicos infecciosos, como material y residuos peligrosos.

Asimismo, en su artículo 5, fracción VI, establece que son facultades de la

Federación “la regulación y el control de las actividades consideradas como

altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de

materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como

para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley,

otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias” y en su

artículo 8, fracción IV, establece que corresponde a los municipios “la

aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control

de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley”.

8. El Ayuntamiento de Tijuana tiene un Contrato Administrativo de Concesión

para la Construcción y Operación de un Relleno Sanitario para el Tratamiento

y Disposición Final de Residuos Sólidos e Industriales para Tijuana, Baja

California, celebrado el 9 de mayo de 2003, con la empresa **********, de


20

acuerdo con el cual “… se formalizan las obligaciones y compromisos de las

partes, los cuales tienen como objetivo el logro de la prestación adecuada del

servicio de disposición final de residuos sólidos no peligrosos y con ello

confinar adecuadamente los residuos generados, cumpliendo con la

normatividad ambiental vigente y garantizando el cuidado sustentable de

medio ambiente en beneficio de los habitantes del Municipio de Tijuana, Baja

California”.

Asimismo, la cláusula octava, inciso p), de ese contrato establece que el

concesionario se obliga a no realizar la disposición final de residuos sólidos

biológico-infecciosos, así como a no prestar el servicio de disposición final

catalogados por las normas aplicables como peligrosos.

Por toda la normatividad aplicable, no corresponde al Ayuntamiento de

Tijuana y, por tanto, tampoco a esta Dirección de Servicios Públicos

Municipales (DSPM), la recolección, manejo, traslado y disposición final de

residuos peligrosos biológico-infecciosos, asimismo esta DSPM no cuenta con

la metodología, herramientas o sitios para su manejo y disposición final.

Derivado de las funciones y atribuciones que la Secretaría de Desarrollo

Social Municipal de Tijuana, Baja California (SEDESOM) le confieren los

artículos 21 y 22 de su Reglamento Interno, sugiero a usted entrar en contacto

con la Dirección General de Salud Municipal adscrita a la SEDESOM, quien

le podrá informar cómo recibir orientación acerca del procedimiento a seguir

para que las jeringas a las que hace referencia en su comunicado, puedan ser

recolectadas y enviadas a algún sitio de disposición final de residuos

peligrosos biológico-infecciosos, tanto en la Delegación Estatal de la

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como en

la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Baja California.

32. De la anterior transcripción se advierte que en el oficio **********, el

Director de Servicios Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana negó la solicitud formulada

por ********** para encargarse de la recolección, manejo, traslado y

disposición final de las jeringas usadas que recolecta como parte de su

objeto social.

33. Para fundar la anterior decisión, el funcionario aludido citó de manera

expresa, entre otros preceptos, los artículos 3, fracciones XXIII y XXXIII, y 8,

fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente.

34. Asimismo, el Director de Servicios Públicos Municipales de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana transcribió


21

sendos enunciados normativos que corresponden a las fracciones XXX y

XXXII del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral

de los Residuos:

• Fracción XXX: “Los residuos (…) de manejo especial, (…) están

definidos por la LGPGIR como (…) … aquellos generados en los

procesos productivos, que no reúnen las características para ser

considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que

son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos”.

• Fracción XXXII: “Los residuos (…) peligrosos (…) están definidos

por la LGPGIR como … aquellos que posean alguna de las

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad,

inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran

peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que

hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de

conformidad con lo que se establece en esta Ley”.

35. Con base en las anteriores disposiciones normativas, el Director de

Servicios Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Ecología del Ayuntamiento de Tijuana consideró que: i) las jeringas

recolectadas por ********** son residuos peligrosos biológico-infecciosos

(R.P.B.I), ii) el manejo y disposición final de ese tipo de residuos

corresponde a la Federación y iii) por tanto, el municipio de Tijuana no está

facultado legalmente para recibir, manejar y disponer en forma final las

jeringas recolectadas por **********27.

36. Una vez establecido lo anterior, conviene señalar que del análisis de los

argumentos del cuarto concepto de violación del escrito inicial de demanda

se obtiene que los problemas jurídicos a resolver en la temática materia de

la competencia de esta Primera Sala se refieren a determinar si:

• El numeral 8, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y

la Protección al Ambiente restringe el alcance de la disposición

contenida en el inciso c) de la fracción III del artículo 115 de la

Constitución federal, relativa a que corresponde a los municipios la

función de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de

27 Adicionalmente, el funcionario responsable señaló que el municipio de Tijuana no cuenta con la

metodología, herramientas o sitios para el manejo y disposición final de los residuos en cuestión.


22

residuos, al atribuir a la Federación el manejo de los catalogados

como peligrosos.

• Son imprecisas las definiciones contenidas en los artículos 5,

fracciones XXX y XXXII, de la Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de los Residuos y 3, fracciones XXIII y XXXIII, de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en

cuanto al tipo de residuos que se consideran peligrosos para su

manejo exclusivo a cargo de la Federación.

A. Facultades de los municipios en materia de manejo de residuos

37. Para responder al primero de los puntos referidos, resulta necesario hacer

algunas precisiones en cuanto al principio de supremacía constitucional y al

marco normativo nacional relacionado con la prevención y control de la

contaminación ambiental a través de la prestación del servicio público de

recolección, manejo y disposición final de residuos.

A.1. Supremacía constitucional, federalismo y régimen de

competencias en materia de manejo de residuos

38. El principio de supremacía constitucional se encuentra plasmado en el

artículo 133 de la Norma Fundamental28, el cual dispone la prevalencia de

sus disposiciones sobre las restantes normas jurídicas del país.

39. En términos del precepto normativo citado, los principios y reglas previstos

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ubican

sobre lo previsto en cualquiera otra norma, inclusive las leyes

reglamentarias respectivas, las cuales deben retomarlos y, en su caso,

28 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber

en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.


23

desarrollarlos en mayor medida, pero sin contravenir lo expresamente

dispuesto en cuanto a la propia regulación constitucional.

40. Por su parte, el artículo 115 de la Constitución federal29 establece que las

entidades federativas que conforman el Estado mexicano adoptan en su

régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo,

democrático, laico y popular.

41. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa

de la Federación es el municipio libre, el cual tiene a su cargo, de

conformidad con lo dispuesto por el inciso c) de la fracción III del precepto

constitucional en cita, la prestación del servicio público de limpia,

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

42. El antepenúltimo párrafo de la fracción III mencionada establece que, en el

desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los

municipios deben cumplir lo dispuesto por las leyes federales y

estatales, sin perjuicio de su competencia constitucional.

43. El penúltimo párrafo de la porción normativa en análisis señala que los

Municipios podrán celebrar convenios con la entidad federativa a la que

pertenezcan para que el gobierno estatal, de manera directa o a través del

organismo correspondiente, se encargue en forma temporal de algunos de

los servicios públicos o funciones que corresponda prestar o desempeñar al

29 Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

[…]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

[…]

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los

servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la

más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les

correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán

contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del

ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de

manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de

algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos

y para los efectos que prevenga la ley.

[…].


24

gobierno municipal, o bien, para que tales servicios o funciones se presten o

ejerzan coordinadamente entre el Estado y el propio municipio30.

A.2. Ley reglamentaria en materia de protección al ambiente.

44. La Constitución federal contiene diversas disposiciones que se refieren a la

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la

protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la

nación ejerce su soberanía y jurisdicción31, las cuales son reglamentadas

por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente32.

45. Las disposiciones de dicha la ley reglamentaria son de orden público e

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y

establecer, entre otras, las bases para:

i) Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

ii) Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para

su aplicación.

iii) Preservar, restaurar y mejorar el ambiente.

iv) Preservar y proteger la biodiversidad, así como establecer y

administrar las áreas naturales protegidas.

30 Es orientador el criterio sustentado en la siguiente tesis: PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL

AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO. AL EJERCER SU FACULTAD PARA VIGILAR EL

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN UN TIRADERO MUNICIPAL, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE

QUE GOZA EL AYUNTAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA,

RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. Tesis 2a.

XII/2006. Segunda Sala. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII,

febrero de 2006, página 1542, Novena Época. Registro: 175838. 31 Artículos 4, quinto párrafo, 25, séptimo párrafo, 73, fracción XVI, numeral 4, 122, apartado C, segundo

párrafo, entre otros que contienen referencias a la protección al medio ambiente. 32 Así lo dispone el primer párrafo de su artículo 1, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la

protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el

desarrollo sustentable y establecer las bases para:

[…].


25

v) El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de

manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y

las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas.

vi) Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo.

vii) Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma

individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio

ecológico y la protección al ambiente.

viii) Ejercer las atribuciones que en materia ambiental corresponden

a la Federación, los Estados, el Distrito Federal 8actualmente Ciudad de

México) y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en

el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal.

ix) Establecer los mecanismos de coordinación, inducción y concertación

entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como

con personas y grupos sociales, en materia ambiental.

x) Establecer medidas de control y de seguridad para garantizar el

cumplimiento y la aplicación de las disposiciones en la materia.

46. La ley reglamentaria en cita contiene las siguientes definiciones para

delimitar su ámbito de aplicación:

i) Control: la inspección, vigilancia y aplicación de las medidas

necesarias para el cumplimiento de sus disposiciones.

ii) Impacto ambiental: la modificación del ambiente ocasionada por la

acción del hombre o de la naturaleza.

iii) Residuo: cualquier material generado en los procesos de extracción,

beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o

tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que

lo generó.


26

iv) Residuos peligrosos: aquellos que en cualquier estado físico, por

sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables

o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico

o el ambiente.

47. De acuerdo con la ley mencionada, la Federación, los Estados, la Ciudad de

México y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al

ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en

los ordenamientos legales aplicables33.

48. En la materia referida competen a la Federación, entre otras, las facultades

de regulación y control tanto de las actividades consideradas altamente

riesgosas, como la generación, manejo y disposición final de materiales y

residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas o que pongan en

riesgo la preservación de los recursos naturales.

49. Por su parte, compete a las entidades federativas, entre otras cosas, regular

los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo,

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales no

considerados peligrosos, así como atender, en coordinación con la

Federación, los asuntos que afecten el equilibrio ecológico34.

50. En cambio, a los Municipios corresponden, entre otras funciones, aplicar las

disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos

sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,

33 Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

[…]

VI. La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la

generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los

ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros

ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; […]. 34 Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales


[…]

VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y

disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;

[…]

XX. La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más

Entidades Federativas, cuando así lo consideren conveniente las Entidades Federativas respectivas; […]


27

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos

sólidos e industriales no considerados peligrosos, además de participar en

la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en su

circunscripción territorial35.

51. En cuanto a la distribución de las facultades de creación normativa en

materia ambiental, la ley en estudio dispone que los Congresos de los

Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones, deben expedir las

disposiciones legales necesarias para regular las cuestiones en la materia

que les correspondan, en tanto que los Ayuntamientos deben dictar los

bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y

disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus

respectivas circunscripciones se cumpla la normatividad relativa.

52. Por otra parte, las autoridades ambientales federales y locales integrarán un

órgano que se reunirá periódicamente con el propósito de coordinar sus

esfuerzos en materia ambiental, analizar e intercambiar opiniones en

relación con las acciones y programas en la materia, evaluarlas y darles

seguimiento, así como convenir las acciones y formular las

recomendaciones pertinentes.

53. En cuanto a los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte,

alojamiento, reutilización, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

municipales, su funcionamiento se sujetará a la autorización que emitan los

Municipios o la Ciudad de México, de acuerdo con las leyes locales en la

materia y con las normas oficiales mexicanas aplicables.

35 Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes

locales en la materia, las siguientes facultades:

[…]




lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;

[…]

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más

municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; […].


28

54. Los Estados y la Ciudad de México regularán las actividades no

consideradas altamente riesgosas, cuando afecten el equilibrio de los

ecosistemas o el ambiente dentro de su circunscripción territorial, de

conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables. En la

legislación local deben determinarse las bases que permitan a la

Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios coordinar sus

acciones para regular las actividades descritas.

55. La asignación de competencias por parte de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente puede apreciarse a través del

siguiente esquema:

Federación Entidades Municipios

Ley General del

Equilibrio

Ecológico y la

Protección al

Ambiente

Regular y controlar

las actividades

consideradas

altamente riesgosas,

la generación,

manejo y

disposición final de

materiales y residuos

peligrosos para el

ambiente o los

ecosistemas o que

pongan en riesgo la

preservación de los

recursos naturales

(artículo 5, fracción

VI).

Regular los sistemas

de recolección,

transporte,

almacenamiento,

manejo, tratamiento

y disposición final

de residuos sólidos e

industriales no

peligrosos; atender,

en coordinación con

la Federación, los

asuntos que afecten

el equilibrio

ecológico (artículo

7, fracciones VI y

XX).

Aplicar las

disposiciones

jurídicas relativas a

la prevención y

control de los

efectos sobre el

ambiente

ocasionados por la

generación,

transporte,

almacenamiento,

manejo, tratamiento

y disposición final

de los residuos

sólidos e industriales

no peligrosos;

participar en la

atención de los

asuntos que afecten

el equilibrio

ecológico en su

circunscripción

territorial (artículo 8,

fracciones IV y X).

A.3. Ley reglamentaria en materia de gestión de residuos.


29

56. En forma similar, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a dicha materia36.

57. Las disposiciones de la ley reglamentaria en cita son de orden público e

interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al

medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable al prevenir la

generación de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial,

los cuales habrán de valorarse y gestionarse en forma integral.

58. Las bases que establece este ordenamiento sobre el manejo integral de

residuos giran en torno a los siguientes ejes:

i) La valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de

residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y

social, los cuales deben considerarse en el diseño de instrumentos,

programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos.

ii) La prevención y el control la contaminación del medio ambiente, así

como la protección de la salud humana.

iii) La coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los

municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73

fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

iv) La participación corresponsable de todos los sectores sociales en las

acciones dirigidas a prevenir la generación de residuos, mediante su

valorización y gestión integral ambientalmente adecuada, tecnológica,

económica y socialmente viable.

36 Así lo dispone el primer párrafo de su artículo 1, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral

de residuos, en el territorio nacional.

[…].


30

v) El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado

para su desarrollo y bienestar.

vi) El orden e interés público como criterios orientadores para las

actividades relacionadas con la generación y manejo integral de los

residuos, para el desarrollo nacional sustentable.

vii) La prevención y minimización de la generación de residuos, de su

liberación al ambiente y su transferencia de un medio a otro, así como su

manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas.

viii) La asunción por parte de quienes generen residuos de los

costos derivados de su manejo integral y, en su caso, de la reparación de

los daños.

ix) La responsabilidad compartida entre los productores, importadores,

exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios

de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de

gobierno, como elemento fundamental para lograr que el manejo integral

de los residuos sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y

económicamente factible.

x) La disposición final de residuos limitada sólo a aquellos cuya

valorización o tratamiento no sea económicamente viable,

tecnológicamente factible y ambientalmente adecuada.

59. Con base en los anteriores ejes rectores, la Ley General para la Prevención

y Gestión Integral de los Residuos contempla un esquema de distribución

de competencias entre la Federación, los Estados y los Municipios.

60. Son facultades de la Federación, entre otras, coadyuvar con las entidades

federativas para instrumentar los programas para la prevención y gestión

integral de los residuos, para lo cual habrá de brindar asistencia técnica37.

37 Artículo 7. Son facultades de la Federación:

[…]


31

61. En cambio, compete a las entidades federativas, entre otras cosas, autorizar

y controlar los residuos peligrosos generados o manejados por

microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de

acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios

que se suscriban con la Federación y los Municipios38.

62. Por su parte, corresponde a los Municipios el manejo integral de residuos

sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su

disposición final, así como participar en el control de los residuos peligrosos

generados o manejados por microgeneradores e imponer las sanciones que

procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan los

convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas

respectivas39.

63. La distribución y concurrencia de competencias que fija la Ley General para

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se advierte con mayor

claridad en el cuadro siguiente:

Federación Entidades Municipios

Ley General para

la Prevención y

Gestión Integral de

los Residuos

Coadyuvar con las

entidades federativas

para instrumentar los

programas para la

prevención y gestión

integral de los

residuos, para lo

Autorizar y controlar

los residuos

peligrosos generados

o manejados por

microgeneradores,

así como imponer

las sanciones que

Manejo integral de

residuos sólidos

urbanos

(recolección,

traslado, tratamiento

y disposición final),

participar en el

XXVI. Coadyuvar con las entidades federativas para la instrumentación de los programas para la

prevención y gestión integral de los residuos, otorgando asistencia técnica; […]. 38 Artículo 9. Son facultades de las Entidades Federativas:

[…]

V. Autorizar y llevar a cabo el control de los residuos peligrosos generados o manejados por

microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad

aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con la Secretaría y con los municipios,

conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de este ordenamiento; […]. 39 Artículo 10. Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos,

que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes

facultades:

[…]

VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores, así

como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan

los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas respectivas, de conformidad

con lo establecido en esta Ley; […].


32

cual habrá de

brindar asistencia

técnica (artículo 7,

fracción XXVI).

procedan (artículo 9,

fracción V).

control de los

residuos peligrosos

generados o

manejados por

microgeneradores e

imponer las

sanciones que

procedan (artículo

10, primer párrafo,

fracción VIII).

64. Der las anteriores disposiciones normativas se obtiene que la problemática

suscitada en este asunto involucra de manera relevante a la materia

ambiental, en la cual subsiste el principio de concurrencia de facultades

entre Federación, estados y municipios para participar en la implementación

de acciones dirigidas a la recolección, manejo y disposición final de residuos

que, por su propia naturaleza, son susceptibles de generar afectaciones al

medio ambiente.

65. Además, es pertinente destacar que la clasificación legal de los residuos

también involucra aspectos relacionados con la salud pública, en la medida

que aquellos de naturaleza peligrosa ameritan un tratamiento especializado

por los riesgos que su manejo conlleva a la seguridad física tanto de las

personas encargadas de su recolección y disposición final, como de

aquellas que pudieran llegar a tener contacto con tales residuos.

A.4. Análisis del concepto de violación.

66. Una vez hechas las anteriores precisiones, esta Primera Sala considera

infundado el planteamiento del cuarto concepto de violación del escrito

inicial de demanda, en el cual ********** aduce que el artículo 8, fracción

IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

contraviene los principios de supremacía y reserva constitucional porque

excluye a los residuos considerados peligrosos de la competencia sanitaria

municipal establecida en el artículo 115, fracción III, inciso c), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

67. El precepto legal reclamado establece lo siguiente:


33

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta

Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

[…] IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control

de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e

industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; […].

68. El artículo transcrito señala que los Municipios se encuentra excluidos de la

aplicación de normas para prevenir y controlar los daños ambientales

ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo,

tratamiento y disposición final de residuos, cuando éstos resulten

peligrosos.

69. Lo anterior implica, desde una interpretación en sentido contrario, que las

actividades que corresponde realizar a los Municipios en materia de gestión

de residuos se limitarán a aquellos que no representen un peligro en su

manejo.

70. De manera contraria a lo afirmado por **********, la disposición legal en

análisis no contraviene el inciso c) de la fracción III del artículo 115 de la

Constitución Federal, en cuanto a la atribución a los Municipios de la función

de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

71. Como se desarrolló en el apartado de esta sentencia en el cual se expuso el

contenido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente40, la gestión y manejo de residuos en territorio nacional es una

materia concurrente entre la Federación, los Estados y los Municipios, dado

que el antepenúltimo párrafo de la fracción III del artículo 115 de la Carta

Magna establece que estos últimos, en el desempeño de sus funciones y en

la prestación de los servicios a su cargo (entre los que se encuentran la

recolección, traslado, tratamiento y disposición final), deben cumplir las

disposiciones de las leyes federales y estatales respectivas, sin perjuicio de

su competencia constitucional.

40 Identificado como A.2, párrafos 44 a 55.


34

72. Esto implica que la regulación de las atribuciones de los Municipios en la

materia de gestión de residuos se encuentra delimitada, por disposición

constitucional expresa, por las leyes que el Congreso de la Unión expida en

materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del

equilibrio ecológico, en uso de la facultad que le confiere el artículo 73,

fracción XXIX, inciso G, de la Norma Fundamental.

73. En consecuencia, la fracción IV del artículo 8 de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente resulta constitucionalmente

válida, dado que no restringe la competencia asignada a los Municipios en

la materia de gestión de residuos sino que únicamente la estructura bajo un

esquema concurrente con la Federación y los Estados41.

74. Por otra parte, son infundados los restantes argumentos del cuarto

concepto de violación del escrito inicial de demanda, en los cuales

********** alega que los artículos 5, fracciones XXX y XXXII, de la Ley

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 3,

fracciones XXIII y XXXIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente, vulneran los principios de seguridad y de certeza

jurídica porque, al definir lo que debe entenderse por residuos peligrosos,

para determinar si su manejo corresponde a la Federación o a los

municipios, no precisan los alcances de la expresión “aquellos que

contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad”.

75. Las disposiciones normativas reclamadas establecen lo siguiente:

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:

[…] XXX. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos

productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o

como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de

residuos sólidos urbanos;

41 Se cita como criterio orientador, el sustentado por la Segunda Sala de este alto tribunal al resolver por

unanimidad de votos, en sesión de veintisiete de enero de dos mil seis, la controversia constitucional

81/2004, en la cual determinó que el ejercicio de atribuciones en materia ambiental corresponde a la

Federación, los Estados, el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y los Municipios, bajo el

principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución federal.


35

[…] XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o

que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases,

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a

otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley; […].

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

[…] XXIII. Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o

mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para

el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas,

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas;

[…] XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o

que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases,

recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a

otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente; […].

76. El vicio de inconstitucionalidad que ********** atribuye a los artículos

reclamados consiste en la falta de definición de la expresión “aquellos que

contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad” empleada en

su redacción.

77. En primer término, la expresión cuya vaguedad acusa ********** no

aparece en la redacción de la fracción XXX del artículo 5 de la Ley General

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ni en la diversa XXIII

del numeral 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente, sino únicamente en sus fracciones XXXII y XXXIII,

respectivamente.

78. Por tanto, se excluyen del presente análisis a las porciones normativas que

no presentan el vicio de inconstitucionalidad reclamado.

79. En segundo término, el contenido de los artículos 5, fracción XXXII, de la

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 3,

fracción XXXIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente no genera, por sí mismo, su inconstitucionalidad.


36

80. Este alto tribunal ha determinado que la obligación constitucional a cargo

del legislador, de definir con precisión los conceptos que integran las

normas que expide, no implica que se llegue al absurdo de exigirle que

defina cada una de las palabras que emplea, si es que los vocablos y

locuciones utilizados tienen una utilización que revela que en el medio son

de uso común o de clara comprensión42.

81. Por ello no puede considerarse inconstitucional un precepto legal por no

definir algunos de los términos empleados en su redacción, si su sentido

puede obtenerse a partir de algún método interpretativo o de integración.

82. En el presente caso, la supuesta imprecisión de la definición contenida en

las porciones normativas reclamadas no resulta cierta, dado que la

expresión que ********** estima no aclarada se puede encontrar en la

fracción I del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión

Integral de los Residuos, la cual es del tenor siguiente:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Agente Infeccioso: Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se reúnen las

condiciones para ello, y cuya presencia en un residuo lo hace peligroso; […].

83. La disposición normativa transcrita define la expresión “agentes infecciosos

que confieran peligrosidad” como los microorganismos capaces de causar

enfermedades si se reúnen las condiciones para ello, cuya presencia en un

residuo lo hace peligroso.

84. Como quedó evidenciado, el concepto “residuos peligrosos” contenido en

los artículos 5, fracción XXXII, de la Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de los Residuos y 3, fracción XXXIII, de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, puede delimitarse en su

sentido interpretativo al acudir a la diversa definición contenida en la

fracción del primero de los numerales aludidos.

42 LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE

DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR.

Jurisprudencia 1a./J. 83/2004. Primera Sala. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 170, Novena Época. Registro: 180326.


37

85. En consecuencia, resulta infundado el argumento en estudio pues las

disposiciones normativas reclamadas no vulneran los principios de

seguridad y certeza jurídica.

86. Finalmente, dado que dentro de las cuestiones propiamente

constitucionales que son materia de la revisión en amparo indirecto se

encuentra la relativa a la interpretación de las leyes controvertidas43, esta

Primera Sala se ocupará de los restantes argumentos del cuarto concepto

de violación en los cuales ********** solicita que se fije el sentido

interpretativo del concepto “residuos peligrosos biológico-infecciosos”

(R.P.B.I) previsto en la norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-

SSA1-2002, en relación con el artículo 31, fracción XV, de la Ley General

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para determinar si

las jeringas usadas que recolecta como parte de su objeto social ameritan

un manejo de residuo peligroso en cuya gestión deba intervenir el municipio

de Tijuana en coordinación con las autoridades del Estado de Baja

California y de la Federación.

87. ********** aduce que las definiciones contenidas en los preceptos

normativos reclamados parecen excluir a las jeringas que recolecta en las

zonas marginadas de la ciudad de Tijuana con altos índices de

drogadicción, para evitar la propagación de enfermedades transmisibles

debido a su reutilización o préstamo, debido a que no encuadran en la

definición de residuos peligrosos biológico-infecciosos (R.P.B.I) porque no

son emitidos por establecimientos que prestan el servicio de atención

médica ni su contacto con humanos se ha generado para el diagnóstico o

tratamiento, no obstante que al tratarse de objetos punzantes con rastros o

vestigios de fluidos corporales, resultan peligrosos en su manejo y

disposición final.

43 REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE

CONSTITUCIONALES QUE SON MATERIA DE ESA INSTANCIA, SE ENCUENTRA LA RELATIVA A LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONTROVERTIDA, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA DIVERSA A LA REALIZADA POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Tesis 2a. LXXII/2009. Segunda Sala. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, julio de 2009, página 467, Novena Época. Registro: 166805.


38

88. Como se señaló en el apartado de esta sentencia en el cual se desarrolló el

contenido de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos44, corresponde a la Federación expedir las normas oficiales

mexicanas en materia de preservación y restauración del equilibrio

ecológico y la protección al ambiente, así como vigilar su cumplimiento.

89. El diecisiete de febrero de dos mil tres se publicó en el Diario Oficial de la

Federación la norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002,

Protección Ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-

infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo, cuyo inciso 4.5.1

del punto 4.5 del artículo 4 dispone lo siguiente:

4. Clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se consideran residuos peligrosos

biológico-infecciosos los siguientes:

4.5 Los objetos punzocortantes

4.5.1 Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas

durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, navajas, lancetas,

agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para

tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el

laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo

municipal.

90. La disposición normativa transcrita señala que se consideran residuos

peligrosos biológico-infecciosos (R.P.B.I) los objetos punzocortantes que

han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas

durante el diagnóstico y tratamiento.

91. Esta clasificación atiende al objeto general de la normatividad federal en

materia de protección a los recursos naturales, consistente en la prevención

de riesgos ambientales, así como a la remediación de los focos

generadores de contaminación.

92. Por su propia naturaleza, existen ciertos tipos de residuos que, además de

ser elementos contaminantes del ambiente, representan un riesgo para la

44 Identificado como A.3, párrafos 56 a 63.


39

salud tanto de la población en general como de los agentes encargados de

su recolección, manejo y disposición final.

93. Entre este tipo de residuos que ameritan un tratamiento especializado se

encuentran aquellos que, por sus características corrosivas, reactivas,

explosivas, tóxicas, inflamables y biológica-infecciosas, representan un

peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente45, por su potencial

contaminante, y para la salud de las personas que entren en contacto

directo con ellos.

94. Como parte de la definición referida en párrafos precedentes, el punto 4.5

del artículo 4 de la norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002 establece que los siguientes objetos forman parte de la clasificación

de que se trata: tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas

desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para

tatuaje, bisturís y estiletes de catéter.

95. De la definición referida se obtiene que, para que un objeto punzocortante

pueda considerarse un residuo peligroso biológico-infecciosos (R.P.B.I) y

que amerite un manejo a través de los planes coordinados entre la

Federación, los Estados y los Municipios, se requiere, como condición

45 De acuerdo con el apartado introductorio de la norma oficial mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002,

Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y

especificaciones de manejo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de febrero de dos mil

tres, que es del tenor siguiente:

0. Introducción

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define como residuos peligrosos a

todos aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y

biológico-infecciosas, que representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente; mismos que

serán manejados en términos de la propia ley, su Reglamento y normas oficiales mexicanas que expida la

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales previa opinión de diversas dependencias que tengan

alguna injerencia en la materia, correspondiéndole a la citada SEMARNAT su regulación y control.

Con fecha de 7 de noviembre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial

Mexicana NOM-087-ECOL-1995, Que establece los requisitos para la separación, envasado,

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos

biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten servicios de atención médica.

Los establecimientos de atención médica son regulados por la Secretaría de Salud por lo que en la revisión

de la norma mencionada, se incluye a los representantes del sector.

Esta revisión consideró las características de los diferentes tipos de unidades médicas que prestan atención

a poblaciones rurales.

Los residuos peligrosos biológico-infecciosos se han venido manejando en términos de las regulaciones

ambientales antes señaladas, sin embargo fue necesario actualizar la NOM-087-ECOL-1995, tomándose

en consideración las experiencias y competencias de los sectores involucrados en su cumplimiento, con el

fin de que sus disposiciones sean operativas y adecuadas para proteger el medio ambiente y la salud de la

población en general.


40

principal, que el contacto que haya tenido con humanos se deba a un

diagnóstico y tratamiento médico.

96. De manera subsidiaria, la segunda parte de la porción normativa en cita

establece que, además de esa condición, también se considerarán residuos

peligrosos biológico-infecciosos (R.P.B.I), las agujas: i) de jeringas

desechables, ii) hipodérmicas, iii) de sutura, iv) de acupuntura o v) para

tatuajes.

97. Esta clasificación exime, de manera clara, el cumplimiento de la condición

referida en primer término, pues contempla a las agujas utilizadas para

actividades no relacionadas con tratamiento ni diagnóstico médico, como

son la acupuntura y la realización de tatuajes.

98. Por tanto, la condición relevante para considerar a las jeringas como

residuos peligrosos biológico-infecciosos (R.P.B.I) es que contengan agujas

que hayan tenido contacto con las personas a través de la vía parenteral46.

99. Bajo esta aproximación interpretativa, es posible considerar que las jeringas

que recolecta ********** en las zonas marginadas de la ciudad de Tijuana

con altos índices de drogadicción, para evitar la propagación de

enfermedades transmisibles debido a su reutilización o préstamo, sí

encuadran en la definición de residuos peligrosos biológico-infecciosos

(R.P.B.I) contenida en la norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-

SSA1-2002.

100. El manejo especializado que requieren los residuos peligrosos biológico-

infecciosos de naturaleza punzocortante mencionados consiste en su: i)

identificación, ii) envasado, iii) almacenamiento, iv) recolección y transporte

externo, v) tratamiento y vi) disposición final.

101. En cuanto a su identificación y envasado, la norma oficial en cuestión

dispone que debe realizarse en recipientes rígidos de polipropileno color

46 El Diccionario de la Lengua Española define la palabra parenteral como un adjetivo médico que indica la

introducción en el organismo por vía distinta de la digestiva, como la intravenosa, subcutánea,

intramuscular, etcétera.


41

rojo, con un contenido de metales pesados de no más de una parte por

millón y libres de cloro, que permitan verificar el volumen ocupado.

102. Estos recipientes deben presentar, además, las siguientes características: i)

ser resistentes a fracturas y pérdidas de contenido al caerse, ii) ser

destructibles por métodos físicos, iii) tener separador de agujas y abertura

para depósito, con tapas de ensamble, seguro y cierre permanente, iv)

contar con la leyenda que indique “RESIDUOS PELIGROSOS

PUNZOCORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS”, v) estar marcados con

el símbolo universal de riesgo biológico47 y vi) su resistencia mínima de

penetración debe ser de 12.5 N (doce punto cinco Newtons) en todas sus

partes (determinada por la medición de la fuerza requerida para penetrar los

lados y la base con una aguja hipodérmica calibre 21 x 32 mm mediante

calibrador de fuerza o tensiómetro).

103. Asimismo, los recipientes para los residuos peligrosos punzocortantes y

líquidos se llenarán hasta el 80% (ochenta por ciento) de su capacidad,

debiéndose asegurar los dispositivos de cierre que no deberán ser abiertos

o vaciados.

104. El almacenamiento de este tipo de residuos debe realizarse en áreas

temporales especialmente destinadas para ese propósito, en contenedores

metálicos o de plástico con tapa y rotulados con el símbolo universal de

riesgo biológico, con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-

INFECCIOSOS”. El almacenamiento temporal podrá realizarse en centros

de acopio, previamente autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.

105. Por su parte, la recolección y el transporte de los residuos peligrosos

biológico-infecciosos debe efectuarse en la forma siguiente: i) sólo podrán

recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, embalado y

etiquetado o rotulado indicado, ii) no deben ser compactados durante su

47 El símbolo referido es el siguiente:


42

recolección y transporte, iii) los contenedores deben ser desinfectados y

lavados después de cada ciclo de recolección, iv) los vehículos recolectores

deben tener características adecuadas al estado físico y naturaleza de los

residuos, v) no deben mezclarse con ningún otro tipo de residuos

municipales o de origen industrial y vi) debe contarse con la autorización

por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

106. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos deben ser tratados por

métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de

microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su

disposición final en los sitios autorizados (con la correspondiente

autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).

107. Por último, los residuos peligrosos biológico-infecciosos tratados e

irreconocibles podrán disponerse como residuos no peligrosos en sitios

autorizados por las autoridades competentes48.

108. Las anteriores medidas ponen de relieve que, para proteger la salud de la

población y evitar accidentes que podrían ser provocados por la punción o

corte con los residuos peligrosos biológico-infecciosos de naturaleza

punzocortante, así como cualquier riesgo de transmisión de infecciones o

enfermedades por agentes patógenos contenidos en ese tipo de residuos,

resulta indispensable la intervención del Municipio de Tijuana para que, en

coordinación con los otros órdenes de gobierno, participe en la recolección,

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos de que se trata, de

conformidad con las atribuciones que le confieren las Leyes General para la

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente.

109. Sostener la postura contraria conllevaría un riesgo relevante tanto para el

medio ambiente como para la salud de las personas, pues la ausencia de

una gestión directa e inmediata por parte de las autoridades municipales en

48 Los lineamientos descritos se encuentran enlistados en los numerales 6.1 a 6.6 que conforman el artículo 6

de la norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.


43

el manejo de jeringas utilizadas para el suministro de drogas inyectables,

podría ocasionar que se desechen en lugares públicos sin las medidas

necesarias de seguridad, lo que pondría en peligro a las personas que

transiten por dichos sitios y a los trabajadores que pueden llegar a

manipularlos al prestar servicios de limpieza.

VII. RESERVA DE JURISDICCIÓN

110. Una vez que fue resuelta la cuestión de constitucionalidad

subsistente, se reserva jurisdicción al tribunal colegiado para que emprenda

el análisis de los demás conceptos de violación, relacionados con los

aspectos de legalidad49 atribuidos a los demás actos reclamados, para lo

cual habrá de atender el criterio interpretativo fijado por este alto tribunal en

relación con el concepto de residuos peligrosos biológico-infecciosos

(R.P.B.I).

VIII. DECISIÓN

111. Al resultar infundados los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer

contra los artículos 5, fracciones XXX y XXXII, de la Ley General para la



Ambiente, procede negar el amparo y reservar jurisdicción al tribunal

colegiado que previno en el conocimiento del asunto para resolver los temas

de legalidad restantes.

112. En consecuencia, esta Primera Sala

49 Tales como la alegada violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8 constitucional, porque la

respuesta que el Director de Servicios Públicos Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Ecología del Ayuntamiento de Tijuana dio a la solicitud presentada por ********** es incongruente con

los términos de su petición, o que el oficio que contiene la respuesta mencionada incumple los requisitos

formales y de validez previstos en los artículos 5, fracción X, 6, fracciones IV, VIII y IX, y 7, fracciones

II, III y IV, de la Ley del Procedimiento de la Administración Pública del Estado de Baja California,

porque: i) incumple la finalidad de interés público regulada por las disposiciones normativas en las

materias ambientales y de salud en las que se fundó, ii) no se emitió dentro de un expediente, iii) no señala

el medio de impugnación procedente en su contra, iv) no se hizo constar su notificación en forma personal

y v) no se entregó la cédula correspondiente.


44

RESUELVE:

PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra

los artículos 5, fracciones XXX y XXXII, de la Ley General para la



Ambiente.

SEGUNDO. Se reserva jurisdicción al Sexto Tribunal Colegiado del

Decimoquinto Circuito, para los efectos precisados en esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su

lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido.

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PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT …