Embed Size (px)
Citation preview
Políticas Sociales, Inclusión
y Equidad de Género
CAPITALISMO Y
POLÍTICAS SOCIALES.
Tras la crisis financiera del año 29, el Estado se reconfigura y pasa a intervenir más
activamente en el tratamiento y respuesta a la cuestión social.
Implementa Políticas Sociales con un enfoque más universalista, aumentando
el gasto social en servicios sociales tales como salud y educación.
Se entiende por política social las intervenciones sociales del Estado, dirigidas a mejorar las
condiciones de vida para la reproducción de la vida de distintos sectores sociales, en este sentido, podemos afirmar que las políticas sociales son
fundamentales para la construcción de una sociedad.
La primera configuración de una incipiente política social se puede encontrar hacia
finales del siglo XIX, cuando Otto Bismark creó el seguro social.
Dicho seguro se basaba en el principio de la seguridad social obligatoria, donde se
protegía al trabajador contra los riesgos laborales.
A fines del siglo XIX se crean las primeras instituciones estatales con responsabilidad
social, intentando superar las acciones caritativas y filantrópicas.
Asimismo, el Estado cumplía la función de ser el garante del reparto de los costes de los
riesgos sociales
Hacia el final de la segunda guerra mundial, este incipiente modelo de política social
alcanza su madurez, cuando a través de un informe de Sir Beveridge, se plantea la
necesidad de crear en Inglaterra un sistema de solidaridad entre las clases sociales.
En particular, se consideraba que debía existir un piso mínimo de beneficios sociales
para todos los ciudadanos
En 1974, Titmus, afirma que la política social debe ser distributiva. Es decir, la responsabilidad del Estado es garantizar una base de protección social universal para todos los ciudadanos. El
principio de responsabilidad social estatal surge como una respuesta a la lucha de clases.
Pero tras la crisis del petróleo en el año 1970, el Estado se retira de prestar aquellos servicios
sociales que hasta ese momento había expandido.
Tras las dictaduras militares para intentar imponer el nuevo modelo de acumulación, hacia finales de la
década del 80, se celebra el denominado Consenso de Washington.
En líneas generales, dicho Consenso, diagnosticaba que los problemas fiscales de
los Países Latinoamericanos, entre ellos Argentina, se debían a que el gasto de los Estados era excesivo y lo primero que se
debía hacer es reducir el gasto fiscal.
También dentro de las recetas del CW se encontraban combatir la inflación – en
especial el proceso hiperinflacionario de mayo del 89 -, la apertura comercial, fijar una
paridad cambiaria que garantice la estanflación, la privatización de las empresas
públicas y que el Estado sea la mínima expresión posible.
Solo debía atender a través de las políticas sociales a aquellos sectores que todavía no
se vieran favorecidos por el “efecto derrame”. A ellos y solo a ellos el Estado debía
direccionar programas sociales focalizados, los cuales ya se venían desarrollando a
través de los programas alimentarios (copa de leche en las escuelas bonaerense, CAJA
PAN, etc).
Estos programas se focalizan en la población objetivo a ser atendida por el programa.
Es decir, ya no se puede acceder a los beneficios sociales por el solo hecho de ser ciudadano sino por ser sujeto de necesidad:
de trabajo, de alimentos, de vivienda, etc
Asimismo la Política social se reconfigura en los siguientes planos:
Focalización.
Privatización
Descentralización
La focalización es el combate a la pobreza, a los sectores más pobres de la sociedad.
Para acceder a los programas hay que
demostrar la condición de pobreza.
Se responsabiliza al sujeto de su situación de
pobreza.
El proceso de privatización se hace visible en el acceso de aquellos servicios que con el Estado de
Bienestar se podían acceder gratuitamente: un ejemplo claro son los servicios de la salud y la
privatización de las jubilaciones.
Están también las privatizaciones encubiertas a
través del pago a las cooperadoras en las escuelas
estatales y los bonos contribución en los hospitales
públicos.
El proceso de descentralización se dio porque el Estado Nacional para hacerse cada vez más mínimo traspaso servicios que antes brindaba en forma directa a
las unidades de gobierno subnacionales: provincias y municipios, sin que por ello
en todos los casos se traspasen los recursos.
Un ejemplo claro son el traspaso a provincia de las escuelas nacionales.
Este proceso tenía como lógica mejorar la gestión ya que las provincias y municipios conocen mejor las
necesidades de su población.
Pero lo que se descentralizó es la responsabilidad de la ejecución y no el financiamiento.
Lo que desencadenó este proceso de descentralización es una mayor desigualdad entre las prestaciones
sociales que pueden prestar las diferentes regiones
Lo que se buscaba era la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios sociales.
Una cada vez mayor especialización de los
profesionales que daban respuestas a la
cuestión social.
El Estado solo debía atender las cuestiones referidas a la seguridad y a protección de
agresiones externas.
No debía intervenir en las cuestiones
económicas ni sociales.
En este proceso, las políticas sociales sufrieron lo que Grassi denomina una “re filantropización” de la
política social, donde las denominadas ONGs cumplieron un rol fundamental, realizando la
prestación de los servicios y recibiendo financiamiento, principalmente del Estado como también así de las fundaciones de las grandes
empresas privadas.
Este giro hacia las ONGs estaba avalado desde la mirada de que el Estado es corrupto e ineficiente, por lo cual las ONG tenían una mirada de no corrupción y de trasparencia.
Hay una privatización encubierta. Es el Estado quien sale a buscar apoyo en estas
organizaciones.
Las ONG no pueden garantizar derechos.
Subyace una lógica filantrópica donde se extiende
la idea de voluntariado (tercer sector) y
responsabilidad empresaria.
La responsabilidad es de todos y entre todos
podemos solucionarla.
El Estado es garante de derechos mientras que las
ONG, necesidad.
Asimismo, la función de los trabajadores sociales, quienes surgen como ejecutores
terminales de la Política Social Como lo que caracteriza al TS en sus
comienzos – readaptación- Parra afirma que el TS tiene un carácter antimoderno. La
función es controlar la cuestión social. El TS se hizo necesario como profesión en el
pasaje del capitalismo industrial al capitalismo monopólico
El Estado está atravesado por la
contradicción capital trabajo. Puede favorecer
más unos intereses que otros. En el Estado
liberal respondía a las demandas de los
trabajadores por intermedio de la represión. .
En el Estado de Bienestar a través de las políticas sociales. El objetivo es garantizar la acumulación
del sistema capitalista. Aunque el Estado está en el medio de la contradicción capital trabajo, es la clase dominante la que tienen mayores posibilidades de obtener beneficios como de establecerlos temas
prioritarios de la agenda de cuestiones socialmente problematizadas
Las políticas sociales están financiadas a través de los impuestos. Al trabajador solo se
le paga lo necesario para garantizarla reproducción de su vida y la de su familia. Es
decir, el estado expropia al trabajador a través de los impuestos y luego los “regresa”
a través de las políticas sociales.
Quien crea el valor en el MPC es el trabajador. Las políticas sociales aparecen
como siendo el rostro humanitario del Estado y que a su vez garantizan en ciertos casos el
consumo social que permiten sostener la acumulación de la burguesía.
A través del proceso del paso al neoliberalismo se pasa de una política social
ligada al derecho ciudadano a ser consumidores de un servicio. A través de la
PS se imponen mecanismos de control social, los cuales direccionan la vida cotidiana
de los pobres. El control social tiene como objetivo abaratar los costos de la
reproducción.
Para poder acceder a los programas sociales neoliberales, el sujeto, debe enfrentarse a un TS, el cual indagará sobre su vida íntima. El
sujeto privilegiado del control social – programa social son las mujeres. Como así
también el sujeto para viabilizar la PS también son mujeres: maestras, enfermeras,
TS.
Es el Estado el único garante de derechos y los TS insertos en el ámbito estatal pueden a través de sus acciones fortalecer el acceso a los servicios por una cuestión de derechos /
ciudadanía.
Los programas focalizados de la década del noventa en su gran mayoría estuvieron financiados a través del Banco Mundial, mientras que para sostener la paridad
cambiaria Argentina recurrió al endeudamiento con el FMI.
Políticas públicas de equidad de género
En América Latina, la Argentina y Chile son los únicos países donde la Presidencia dela República es ejercida por una mujer. En Chile, la socialista Michelle Bachelet(Concertación de Partidos por la Democracia) fue electa en 2006, tras desempeñarsecomo Ministro de Salud y, posteriormente, de Defensa, del gobierno de Ricardo Lagos.En la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria / PJ) triunfó enlas elecciones presidenciales de 2007/2011, tras una larga actuación legislativa. A pesar decompartir una figura femenina como jefe de Estado
La Argentina es internacionalmente un caso líder en cuanto a la incorporación de
mujeres en el Poder Legislativo, mediante el empleo de cuotas electorales de carácter
legal. Con un 40 por ciento de diputadas y senadoras nacionales, en 2009 el país ocupa
el 6° puesto en el ranking de mujeres en los Parlamentos del mundo.
Desde esta óptica,el Bicentenario encuentra a la
Argentina a la delantera de otros países latinoamericanos
En el contexto latinoamericano, las políticas de género se vieron
claramente influenciadas por la emergencia de nuevos regímenes internacionales en
materia de derechos humanos y equidad, particularmente por la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su
sigla en inglés) y la Plataforma de Acción de Beijing .
La CEDAW, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, haría
de la inclusión de mujeres en la esfera gubernamental y del impulso de políticas de
equidad desde el Estado, dos de sus principales objetivos. Específicamente, el artículo 7
de la CEDAW insta a los gobiernos nacionales a “tomar todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país”,
así como de “participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en
todos los planos gubernamentales”.
Por su parte, la Plataforma de Acción de Beijing (1995) recomendaría expresamente a
los Estados la adopción de medidas de acción afirmativa en pos de la incorporación demujeres en las instancias de decisión y
representación.
En efecto, de acuerdo con la Plataforma, los gobiernos deberían
fomentar la formulación de políticas activas y visibles para la incorporación de una
perspectiva de género en todas las políticas y programas
La desigualdad de género en el ámbito público, una de cuyas manifestaciones
persistentes viene dada por la baja presencia de mujeres en cargos de decisión y
representación en la gran mayoría de las democracias electorales, es un rasgo estructural
de la política. En las últimas décadas, frente a esta problemática, cobró impulso la
adopción de mecanismos de acción afirmativa en pos de establecer criterios de equidad
de género en los procesos de selección de candidatos en los partidos políticos.
Durante la primera presidencia de Carlos S. Menem La ley 24.012 de “Cupo Femenino”,
aprobadaen 1991 con un claro respaldo del Ejecutivo
Nacional, exige la incorporación de, almenos, un 30 por ciento de mujeres en las listas de
candidatos de todos los partidospolíticos como requisito para su oficialización
Desde la entrada en vigor de esta ley (en 1993 para la elección de diputados y en 2001
para las candidaturas al Senado), la proporción de legisladoras nacionales aumentaría de
manera dramática, ubicando a la Argentina a la vanguardia del proceso de inclusión de
mujeres parlamentarias
En términos comparativos, en 2009 el Congresoargentino es uno de los diez Parlamentos con
mayor participación femenina, superandotanto el promedio mundial (18 por ciento) como el
de las Américas (21 por ciento) yasemejándose al evidenciado en los países
nórdicos (41 por ciento)
En la Argentina el Plan Federal dela Mujer— impulsado por el Consejo en la
primera mitad de la década de 1990 —fue elprimer programa de género en la región en recibir
fondos del Banco Interamericano deDesarrollo mediante un préstamo regular
Entre las líneasde acción del Plan, se apuntó a fortalecer las áreas
de mujer de los gobiernosprovinciales. Actualmente todas las provincias
cuentan con agencias de este tipo, lascuales también se observan en una pluralidad de
municipios, con importantesatribuciones en la implementación de políticas
públicas.
En 2003, se contabilizaban másde 200 oficinas municipales dedicadas a
cuestiones de género (Gray 2004). En estemarco, por ejemplo, el municipio de Rosario
(provincia de Santa Fe) obtuvo undestacado reconocimiento internacional por su
Plan de Igualdad de Oportunidades(iniciado en 2001) constituyéndose en un modelo
para municipios de otros paísesintegrantes de la red MERCOCIUDADES
