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Sociedad Civil y Gobernabilidad Democrática en América Latina Roberto P. Saba Introducción
La mayoría de los países de América Latina han atravesado desde
principios de la década de 1980 procesos de democratización luego de
gobiernos dictatoriales, guerras internas o democracias con predominio
hegemónico de un sector de la población por sobre otro, que dejaron como
saldo miles de muertos, instituciones desvastadas y una trama organizacional
a nivel de la sociedad civil en muchos casos en alto grado de deterioro o
incluso pulverizada.
La reconstrucción de esas instituciones democráticas y el rearmado de
la malla asociativa es un proceso largo y complejo con avances y retrocesos,
pero con un saldo que parece ser positivo en la mayoría de los casos. A
modo de ejemplo, propongo un breve recorrido por la experiencia que
conozco mejor, la de Argentina. En mi país, tras el entusiasmo cívico surgido
a través del retorno de la democracia en 1983, sobrevino el escepticismo de
mediados de los 80s, una crisis económica de enormes proporciones al final
de esa década, la renuncia anticipada de un presidente en 1989, el severo
debilitamiento institucional en los 90s (sobre todo de la justicia y del
Congreso Nacional, acompañado de un proceso de modernización del estado
con elementos positivos), enormes índices de corrupción, desempleo y
pobreza hacia pasada la mitad de la década del 90s con un rebrote del
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entusiasmo cívico para combatir esos flagelos, luego vino la frustración, más
corrupción, la renuncia anticipada de un segundo presidente en 2001, otra
crisis económica de dimensiones nunca antes vistas en el país, aún peor que
la anterior, nuevo brote de optimismo cívico a comienzos del siglo,
resurgimiento de la economía, reducción del desempleo, lenta reducción de
la pobreza, nuevos embates a la institucionalidad constitucional…
Sin embargo, estoy convencido de que el saldo final es positivo en
varios aspectos. Las masivas violaciones de los derechos humanos
producidas en Argentina y el trabajo sin descanso de las organizaciones del
movimiento de derechos humanos, dejaron como resultado en Argentina un
consenso generalizado y firme en torno a la decisión de que eso que nos
pasó no debía volver a ocurrir nunca más. Creo que si existe en mi país un
profundo acuerdo constitucional (en el sentido de límite al poder político),
éste se identifica con un piso de respeto sin concesiones de los derechos
fundamentales (a la vida y a la integridad física, predominantemente.
Desafortunadamente, otros derechos, como los de libertad de expresión o de
libre acceso a la información en poder del gobierno, no son parte de ese
consenso generalizado. Mucho menos los derechos económicos, sociales y
culturales, pero en esa dirección nos dirigimos… o tratamos de hacerlo). La
hiperinflación de fines de los 80s persiste en la memoria de los argentinos
como una advertencia permanente de algo a lo que no queremos volver. La
corrupción generalizada y sistemática de los 90s generó mayor conciencia
que la que tuvimos nunca antes respecto de que este nocivo fenómeno no es
un hecho inevitable de la naturaleza, sino que es un estado de cosas
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modificable si existe un compromiso generalizado a nivel de gobierno y de
sociedad civil de erradicarlo, o de reducirlo sensiblemente. Las
privatizaciones, al menos la mayoría de ellas, no tienen vuelta atrás. Estamos
de acuerdo en que hay cosas que el estado no puede hacer y otras que no
puede dejar de hacer. No me animo a hacer un resumen similar con otros
casos de América Latina, pero los invito a pensar en si existieron procesos
similares en otras naciones de nuestro continente. Me atrevo a señalar el
caso chileno como otro ejemplo prometedor aunque con desafíos nada
menores, diferente en muchos aspectos al de Argentina. En él, es posible
observar que parte del éxito de la consolidación de las instituciones
democráticas (no sin aspectos aún mejorables) se debió, luego de la salida
del dictador Pinochet, a que un número importante de líderes de la sociedad
civil pasaron a trabajar en el gobierno aportando excelentes recursos
humanos e iniciativas. Sin embargo, esta situación parece haber generado,
según algunos, un vaciamiento significativo del movimiento cívico gestado
durante de (y con el objeto de desplazar a) la dictadura, con implicancias y
consecuencias negativas para el sistema democrático en cuanto se
desarticuló parcialmente el entramado organizativo de la sociedad civil.
También es interesante el caso de la transición peruana a partir de la caída
de Fujimori, por muchos percibida como exitosa entre otras cosas, pero quizá
fundamentalmente, por el rol que jugó en esos momentos de profunda
tensión el liderazgo social (recordemos que muchas de las más reconocidas
figuras de la sociedad civil se hicieron cargo de funciones de gobierno ante la
convocatoria de Paniagua. También es preciso recordar que muchas de ellas
se retiraron del gobierno con cierta frustración poco tiempo después).
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Estos años de complejas idas y venidas en el proceso de
democratización, reconstrucción de las instituciones y conquista de la
gobernabilidad democrática nos dejaron como saldo, en muchos casos, una
sociedad civil más sofisticada, más profesional, menos “voluntarista” (en el
sentido de pensar que con la voluntad de cambiar era suficiente), más
“filosa”, estratégica, e influyente. En suma, más poderosa y conciente de su
poder. Sin embargo, nuevos dilemas surgieron a partir de este progreso. Las
siguientes preguntas intentan poner a algunos de ellos de ellos como parte
de un debate que debemos tener sobre sociedad civil y gobernabilidad en
nuestra región. Por supuesto, no intentaré responder a estas cuestiones, sólo
aspiro a motivar algunos debates:
• ¿Deben las organizaciones de la sociedad civil limitarse a generar
conciencia sobre valores cívicos y democráticos o deben introducirse en
la acción política de características más clásicas como el lobby por ciertas
decisiones?
• ¿Cómo superar la tensión y los desafíos de la “profesionalización” de las
organizaciones de la sociedad civil? Si bien las ventajas de esa
profesionalización son evidentes, ¿cómo evitar no alejarse de las
aspiraciones y deseos de la “gente común” que no participa
“profesionalmente”? ¿Existe un riesgo de “tecnocratización” o
“burocratización” de las OSCs?
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• ¿Deben permanecer en un rol de confrontación adversarial con el estado
o el gobierno, o deben explorar avenidas de cooperación con ellos? Si se
opta por esto último, ¿cuáles son y cómo pueden superarse los desafíos
que esta nueva relación presenta y que puede tener aspectos positivos
pero también negativos para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad
civil y del propio sistema democrático?
• ¿Deben las organizaciones de la sociedad civil aspirar a reemplazar a, o a
funcionar como alternativas a los partidos políticos? ¿Resulta inevitable la
tensión entre ambos tipos de organización y ambas formas de
participación ciudadana, o pueden darse formas de complementariedad y
coexistencia virtuosa?
• ¿Deben las organizaciones de la sociedad civil preocuparse por lo que
podríamos denominar el “déficit representativo”, particularmente puesto de
relieve por aquellos que detentan la representación democrática del
pueblo y el ejercicio de la autoridad constitucional? En este sentido,
¿existen diferencias entre organizaciones de la sociedad civil que
“representan” intereses o víctimas concretas (familiares de muertos por la
violencia policial, ahorristas estafados, inmigrantes, vecinos de una planta
industrial contaminante, etc.), y aquellas que “representan” un interés
público y proponen avanzar con una agenda que no se ve respaldada
necesariamente por personas “concretas”, sino que fundan su labor en
valores y principios tales como los derechos humanos, la transparencia, la
probidad, el fair play político, etc.?
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• Sobre todo en este último caso, pero no sólo en él, ¿Cómo pueden las
organizaciones de la sociedad civil superar su “talón de Aquiles” dado por
la carencia generalizada en América Latina de un financiamiento
sostenido y local? El financiamiento de la sociedad civil en América Latina
está dominado por fuentes extranjeras o internacionales que muchas
veces, y la tendencia va en aumento, es utilizado como principal punto de
ataque por gobiernos y actores políticos que reclaman para sí el
monopolio de la “representación” de la voluntad del pueblo o de los
valores democráticos. ¿Es sostenible en el largo plazo este “modelo” de
Sociedad Civil organizada?
• Finalmente, ¿cuál es o debería ser la relación de las organizaciones de la
Sociedad Civil y los movimientos sociales? ¿Se deberían complementar?
¿Se encuentran en tensión?
Como dije más arriba, mis limitadas fuerzas intelectuales me cohíben de
intentar responder a estos interrogantes, aunque tengo mis opiniones
respecto de cómo dirigirse a ellos, pero creo que cualquier proceso de
democratización y de consolidación de la gobernabilidad democrática debe
prestarles especial atención para poder lograr buenos resultados.
Luego de esta brevísima introducción al tema genérico de la situación
de la sociedad civil hoy en América Latina y su contribución posible y sus
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grandes desafíos al momento de querer realizar un aporte a la construcción
de la gobernabilidad democrática en la región, propongo hacer un recorrido
igualmente breve por algunos de los puntos más salientes del trabajo de la
sociedad civil en nuestro continente y de las estrategias experimentadas para
llevarlas a cabo en algunos países. Me permito aclarar que el siguiente
“punteo” no es exhaustivo y tiene por objeto la realización de un humilde
aporte para disparar nuestras conversaciones durante el día de trabajo
conjunto. En honor a la brevedad, no mencionaré experiencias más
conocidas o desarrolladas en México y pondré el énfasis en aquellas menos
conocidas o que han tenido lugar en otras comunidades políticas de la región.
Si hago más menciones al caso argentino que a otros países ello se debe a
que por razones obvias lo conozco mejor, pero de ningún modo significa que
no haya otras o mejores experiencias en países hermanos.
Agendas y estrategias de las organizaciones de la Sociedad Civil
Como dije anteriormente, las organizaciones de la sociedad civil en
América Latina han progresado enormemente en sofisticación e impacto. En
este proceso, muchas de ellas han afinado sus objetivos y distinguido entre lo
que podríamos llamar agendas “instrumentales” y agendas “sustantivas”. Si
bien todas las agendas son en verdad y de un algún modo “sustantivas”, las
primeras se refieren a objetivos tendientes a la consolidación de las
instituciones democráticas, a las “reglas de juego” del sistema, mientras que
las segundas avanzan sobre cuestiones o intereses específicos. Obviamente,
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línea divisoria no es precisa, pero la distinción nos ayuda a entender el
fenómeno de la participación de la ciudadanía en América Latina.
En muchos de nuestros países, donde las instituciones son débiles y la
gobernabilidad precaria, las primeras agendas se han vuelto a veces
protagónicas y han sido el centro y la causa principal de la confrontación con
el poder político al que se imponen límites. La metáfora que creo mejor
representa esta agenda es la de la necesidad de construir el barco en el que
navegamos. El barco que debemos usar para llegar a destino (siendo este
último una determinada política de salud, de educación, de inmigración, etc),
no se ha terminado de construir. La institucionalidad política democrática que
es requisito para discutir políticas públicas, no está terminada de hacer. Está
en construcción. Aspectos elementales del navío (el sistema electoral, la
independencia de la justicia, la capacidad técnica para la gestión de lo
público, la transparencia y el control del gobierno, etc.) no terminaron de
armarse y ya hemos zarpado. Debemos construir el barco mientras
navegamos. Discutir políticas públicas al tiempo que la institucionalidad
básica no está completamente terminada. Es un claro ejemplo de la primera
agenda, de la instrumental, el trabajo realizado en muchos de nuestros
países, como es el caso de México, respecto del reclamo por una regulación
apropiada y la implementación de políticas que aseguren el ejercicio del
derecho de acceso a la información. Un ejemplo de las segundas, de las
agendas sustantivas, es el caso del reclamo por mayor seguridad o por una
política específica en materia de terrorismo o inmigración.
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A partir de estos pensamientos iniciales y con el sólo objeto de ordenar
nuestras ideas sobre estos temas y diferencias en materia de agendas y
estrategias, me permito proponer las siguientes distinciones respecto de los
objetivos diversos del trabajo de la sociedad civil organizada con miras a
consolidar la gobernabilidad democrática. A continuación daré algunos
ejemplos en torno a tres tipos de participación de la ciudadanía:
1. La participación de la sociedad civil organizada con miras a consolidar
aquellas precondiciones para el buen funcionamiento del sistema
democrático (las reglas de juego);
2. La participación directa de las OSCs en el proceso deliberativo previo
a la toma de decisiones del gobierno;
3. La participación directa de las OSCs en el control de la gestión de
gobierno.
1. Participación de la Sociedad Civil respecto de la preservación del
Proceso Deliberativo conducente a la decisión política: La agenda de
las precondiciones del sistema democrático.
Este tipo de participación tiene por objeto lograr la concreción de la agenda
que más arriba denominé como “instrumental”. El barco en el que navegamos
y que está a medio construir. A continuación mencionaré y describiré
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someramente algunos subtemas de esta agenda y los ilustraré con
experiencias inspiradoras y ejemplificativas:
1.1. Libre ejercicio de los derechos políticos de los/as ciudadanos/as
En muchos países de la región se ha venido realizando un superlativo trabajo
en este sentido, sobre todo a través de veedurías electorales (en casi toda
América Latina), programas de educación del votante, o foros deliberativos
sobre temas de campaña (son interesantes las experiencias de Colombia,
Puerto Rico en este sentido). Sin embargo, creo que hay dos experiencias
menos conocidas en México que puede ser útil iluminar. Me refiero a
programas como los desarrollados por la Fundación Poder Ciudadano en
Argentina (también hay algunas exploraciones en este sentido en México)
dirigidos a producir y proveer información a la ciudadanía sobre candidatos a
cargos electivos (Bancos de Datos de Candidatos) antes de una elección, así
como también a iniciativas que apuntan a controlar el gasto de los partidos
políticos en campañas electorales. Veámoslos con un poco más de detalle.
1.1.1. Bancos de Datos de Candidatos: En aquellos países como Argentina
en los que el sistema electoral es proporcional, los partidos políticos,
frente a una elección parlamentaria, por ejemplo, ofrecen tantos
candidatos/as como cargos a cubrir. Estas listas de candidatos por
cada partido (llamadas peyorativamente “listas sábana”) ocultan en su
interior personas que muchas veces no tienen la idoneidad para
ocupar el cargo el que al que aspiran. Los partidos políticos, sabiendo
que los ciudadanos, individualmente, no tienen la capacidad para
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averiguar quién es cada una de las personas que integran las listas,
ofrecen un candidato atractivo y “presentable” como “cabeza de la
lista”. Ese/a candidato/a es el que atraerá los votos y el resto
ingresará, por ejemplo al Congreso, gracias a la ignorancia de aquellos
que los votaron sin saber en verdad quiénes eran. Los Bancos de
Datos de candidatos apuntan a recuperar antes de la elección, la
información relevante para los votantes respecto de todos los
candidatos, con el fin de hacerla pública e informar a la ciudadanía
para que ejerza su derecho al voto “informado”. Estos bancos de datos
se pueden hacer de múltiples maneras, pero la más habitual es la de
llevar acabo una especie de consulta a cada candidato en forma
individual, quien deberá llenar formularios con la información
indispensable. Aquellos que se nieguen a contestar son puestos en
evidencia y habitualmente pagan un precio político por su negativa.
Este tipo de mecanismos tienen como consecuencia la elevación de la
calidad de los candidatos propuestos por los partidos, que prevén que
los postulados serán indagados por la ciudadanía y por ende se
ocuparán de buscar candidatos/as lo suficientemente buenos como
para superar este escrutinio público.
1.1.2. Control de financiamiento de campañas: Este es uno de los temas más
complejos a ser encarados por las OSC. Si bien son muchas las
estrategias posibles, me referiré a una que no es demasiado compleja
ni costosa. En la mayoría de nuestros países, los partidos políticos
deben rendir cuentas frente al estado por el modo y el monto del
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financiamiento de sus campañas. Desgraciadamente, no siempre se
rinde cuenta o no se lo hace correctamente. Sin embargo, una
cantidad considerable de ese gasto se realiza en publicidad y ésta es
fácilmente observable y mensurable (respecto de su costo probable).
En suma, hay buenas experiencias de OSCs que han reconstruido
aproximativamente el gasto de una campaña electoral por medio de la
observación de los medios. Luego, la comparación entre el dato
observado y el declarado, si media discrepancia, puede poner en
evidencia que los partidos incumplen con su obligación de informar,
con el consecuente costo político que ello implica (o posible causas
judiciales).
1.2. Libertad de expresión y diversidad de voces
No cabe duda que la libertad de expresión es una precondición indispensable
para el buen funcionamiento de un sistema democrático, no sólo porque el
ejercicio de este derecho es valioso desde el punto de vista individual, sino
porque él permite exponer a la ciudadanía a una amplia gama de
perspectivas e información, lo cual es imprescindible para ejercer la
ciudadanía y el voto informado. Como lo ha sostenido la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, basada en el art.13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la violación del derecho a la libertad de expresión
implica también la violación del derecho a la información de aquellos que nos
vemos privados de conocer la expresión censurada y, por lo tanto, la
democracia se ve afectada porque sus ciudadanos no conocen todas las
voces, incluidas las más críticas del gobierno, respecto de un asunto
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determinado. La agenda ciudadana en relación con la libertad de expresión
incluye múltiples aspectos tales como la despenalización de la expresión
crítica del gobierno o la regulación tendiente a evitar los monopolios y
oligopolios, entre muchos otros. Me referiré a una cuestión novedosa en
nuestros países y que parece estar tomando un cariz preocupante: la
distribución discrecional del dinero de la publicidad oficial (la referida a
programas, campañas o actos del gobierno) con el fin de sancionar a los
medios críticos (retirándosela) o premiar a los medios “amigos”
(otorgándosela). En diciembre de 2005, la organización que dirijo, la
Asociación por los Derechos Civiles, publicó una investigación que le llevó un
año de trabajo y en la cual se demostraba de qué modo cuatro gobernadores
de Provincia (equivalentes a los Estados mexicanos), de distintos colores
partidarios, utilizaban la publicidad de este modo, operando lo que dimos en
llamar “censura indirecta” o “sutil”. Este tipo de censura, diferente a la lograda
por medio de la prohibición abierta de un autor, una obra, un periodista o un
medio, se esconde detrás de un mecanismo aparentemente legal. Sin
embargo, tal como lo establece el art.13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la prohibición de censurar no se refiere sólo a la de
hacerlo por medios “directos”, sino también por medios “indirectos” como lo
son las presiones financieras, sobre todo en economías pequeñas donde la
publicidad oficial puede ser la mayor fuente de recursos para el sostenimiento
de los medios. Esta situación de dependencia, sumada a la discrecionalidad
del gobierno para distribuirla, tiene un impacto directo sobre el ejercicio libre
de la libertad de expresión y la calidad de nuestros sistemas democráticos. El
problema se repite en muchos países de América Latina y es preciso trabajar
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juntos en exigir regulaciones que limiten esta discrecionalidad estatal. Ya
existen alianzas regionales colaborando en este sentido.
1.3. Transparencia y acceso a la información
Este es otro aspecto fundamental de la agenda instrumental de la sociedad
civil en América Latina en pos de la construcción de la gobernabilidad
democrática. En este aspecto no necesito explayarme en un país como
México cuya legislación e institucionalidad (me refiero al IFAI), son modelos
en América Latina (aunque soy consciente de los problemas y de las críticas
locales y coyunturales). En este punto sólo diré que es fundamental que la
sociedad civil sostenga su compromiso con la promoción de legislaciones
regulatorias del acceso, el archivo y el secreto, con el control de la
implementación de estas normas, y con el reclamo por una mayor educación
de la ciudadanía para que ejerza este derecho.
1.4. Construcción de un Poder Judicial legítimo e independiente
El barco democrático en el que navegamos no llegará muy lejos si no cuenta
con un Poder Judicial independiente y percibido como legítimo por la
ciudadanía. En este sentido, son interesantes los experimentos realizados a
instancia y propuesta de la sociedad civil en cuanto a tornar más transparente
y participativo el procedimiento para la selección de jueces, particularmente
los que integran los Superiores Tribunales (Supremos o Constitucionales). La
experiencia que tuvimos en Argentina a partir del impulso de un grupo de
ONGs de derechos (humanos, civiles, ambientales, del consumidor, etc.)
conocido bajo el nombre de Foro “Una Corte para la Democracia”, no sólo
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mejoró ostensiblemente la calidad de los jueces designados, sino que le
brindo a la Corte así integrada una legitimidad y credibilidad con la que no
contó desde principios de la década del 90. La experiencia resultó exitosa y
algunos Superiores Tribunales de las Provincias (Estados) han solicitado a
algunas de estas ONGs que les realicen propuestas similares y adaptadas a
la realidad local (ver www.adccorte.org.ar). Estas reformas también incluyen
cambios tendientes a facilitar el acceso a la información en poder de los
tribunales (circulación de expedientes, publicación de sentencias, etc.),
incrementando su accountability y credibilidad en la ciudadanía.
Finalmente, resulta también necesario ampliar el acceso a la justicia, sobre
todo por medio del reconocimiento de legitimación activa a las OSCs para
llevar a la justicia cuestiones denominadas de interés público que suelen
quedar fuera del escrutinio de los jueces porque las víctimas directas e
individuales no acuden a ellos por un sinnúmero de razones e impedimentos.
2. Participación directa en el proceso deliberativo de toma de
decisiones
Además de construir el barco, debemos navegarlo y tratar de llevarlo a
destino, y eso significa que la sociedad civil también puede realizar un aporte
sustancial en el diseño de políticas específicas, sin reemplazar a los
representantes del pueblo, pero interactuando con ellos de un modo
constructivo, aunque no “acrítico”. En este sentido, es fundamental recordar
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experiencias exitosas (sobre las que no voy a abundar por ser ya muy
conocidas), tales como la del Presupuesto Participativo (originado en Porto
Alegre y también experimentado en Buenos Aires), las audiencias públicas
previas a la toma de decisiones (por ejemplo, respecto de aumentos en
tarifas de servicios públicos, como sucede en la ciudad de Buenos Aires), los
Consejos de Planificación Estratégica a nivel local (como es el caso de Río
de Janeiro, o, en mucha menor medida, de la Ciudad de Buenos Aires), o la
participación de la ciudadanía dada como etapa previa al proceso de
designación de jueces (que presente más arriba en el contexto de Argentina).
3. Participación de la Sociedad Civil en el Control de los Poderes del
Estado
Finalmente, me referiré al último de los diferentes modos de participación de
la Sociedad Civil con miras a contribuir al desarrollo de la gobernabilidad
democrática en la región y que se refiere al control del gobierno. Son muchas
las formas de contribuir al control del gobierno desde la ciudadanía. Como ya
dijimos, una de las herramientas de control más efectivas es la posibilidad de
acceder a la información que se encuentra en poder del gobierno. La
corrupción es un hongo que crece en la oscuridad y la información trae luz a
los asuntos públicos. Una vez más, no abundaré en ese que es un tema en el
que México tiene sobrada experiencia. Lo mismo sucede con el control de los
presupuestos, donde la experiencia de Fundar es líder en la región (ver
http://www.fundar.org.mx/quehacemos/transparencia.htm).
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Me detendré sólo en tres experiencias que pueden ser interesantes por lo
novedosas:
3.1. Control de las decisiones del Poder Legislativo (Voto Nominal
Obligatorio y bases de datos de votaciones): En muchos países
donde la sociedad civil tiene un grado avanzado de desarrollo, una
de las estrategias de control y búsqueda de accountability del
Poder Legislativo consiste en la realización de un seguimiento
permanente de las votaciones legislativas en el Congreso
generando bases de datos de esos escrutinios sobre temas
específicos (diferentes ONGs dedicadas a diferentes temas suelen
monitorear las votaciones de sus respectivos intereses: las de
género se interesarán por las leyes de derechos reproductivos; los
periodistas y los medios dirigirán su atención a las que afecten su
actividad; las ambientalistas mirarán con atención las votaciones
referidas a la protección de medio ambiente, etc.). En Argentina,
cuando desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) nos
disponíamos a hacer lo propio con los temas de nuestro interés,
nos enteramos que era absolutamente excepcional que los
legisladores dejaran constancia de sus votos. Las decisiones
legislativas se tomaban levantando la mano en el recinto sin que
quedaran rastros o registro de cómo voto cada diputado o senador.
A través de un proyecto que denominamos “Cada voto con su
nombre” iniciamos una campaña para que todas las votaciones en
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las dos Cámaras del Congreso Nacional, así como en las
legislaturas provinciales (estatales), se dejara constancia de los
votos en forma individual. El equipo tecnológico estaba desde
hacía años instalado en ambas Cámaras (en la Cámara de
Diputados de la Nación había costado US$ 1.500.000 y casi no
tenía uso!). Ahora que logramos que la herramienta exista (el voto
nominal es ya obligatorio en todas las votaciones de ambas
Cámaras del Congreso Nacional y en varias provincias), la próxima
meta es que nosotros mismos y todas ONGs que lo deseen,
realicemos un seguimiento de las votaciones en los temas que nos
interesan, registremos los votos de cada legislador, y los usemos
para identificar y distinguir a “los amigos” de aquellos que no son
aliados de nuestras causas. Esta información es absolutamente
relevante para casos de candidaturas para ser reelectos o para
postulaciones a otros cargos. Es preciso, por ello, que los medios
recurran a esta información guiados por las ONGs especializadas
en cada tema. Por ejemplo, en lo que se refiere a cuestiones de
Derechos Civiles, desde la ADC preparamos un site
(www.adclegislativo.org.ar) en el que se puede encontrar todo lo
referido a cada votación por Legislador/a, por Partido Político, por
tema, por ley o por distrito electoral.
3.2. Control ciudadano de los órganos de control de empresas de
servicios públicos: Luego de los procesos de privatización de las
empresas de Servicios Públicos en muchos de nuestros países, se
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crearon en entes reguladores o agencias de control para evitar que
los usuarios y consumidores sean afectados en sus derechos por lo
que suelen ser monopolios naturales. Algunas ONGs, como ACIJ,
en Argentina han empezado a articular organizaciones de
consumidores y usuarios a fin de controlar a los controladores, lo
mismo que a los órganos de control del Ejecutivo dependientes del
Legislativo como es el caso en mi país de la Auditoría General de
la Nación (ver www.acij.org.ar). A través de pedidos de
información, lectura y escrutinio de los informes de las agencias de
control, tomando ventaja, cuando es posible, de mecanismos
participativos como audiencias públicas, estas ONGs han tomado
la iniciativa de controlar desde la ciudadanía a los órganos de
control muchas veces expuestos a ser capturados por las
controladas si no mediara un ojo externo atento a su proceder.
3.3. Litigio de interés público (o litigio estratégico): la Constitución es el
límite al ejercicio del poder democrático de las mayorías y
determina qué es lo que los poderes que ellas legítimamente
controlan (fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo), pueden o no hacer. Cuando el Congreso o el Ejecutivo
toman decisiones para las que no están facultados (como por
ejemplo todas aquellas que impliquen la violación de un derecho
constitucional o las que tengan como consecuencia avanzar sobre
las facultades de otro poder), en casi todos nuestros países son los
jueces (todos o algunos) los que tienen la facultad de aplicar la
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constitución imponiéndoles límites a los otros poderes del estado.
Por ejemplo, si la Constitución dice que tengo derecho a la libertad
de expresión y el Poder Ejecutivo censura mi libro, son en general
los jueces los que ordenan a ese poder del estado que revierta esa
decisión. La posibilidad de accionar judicialmente contra el
gobierno para que cumpla con la Constitución es una estrategia
legítima de la que no hemos hecho un uso generalizado en
América Latina. A veces por desconocimiento de la herramienta, a
veces por desconfianza en el Poder Judicial, a veces por falta de
recursos económicos o de abogados que den un servicio de
asistencia jurídica gratuito, o por simple desconocimiento de la
efectividad de esta estrategia, los ciudadanos y las ONGs no
hemos utilizado en toda su extensión esta poderosa herramienta de
advocacy para lograr cambios legislativos o sociales. En muchos
países las OSCs ya han empezado a utilizar este recurso al “litigio
estratégico” con el fin de avanzar con sus agendas. Lo
denominamos “estratégico” porque no se trata de casos en los que
sólo se dirime un conflicto entre dos partes, como sucede en las
formas habituales de litigio, sino que ese caso en los tribunales
forma parte de una estrategia de advocacy. Una victoria en un caso
de este tipo (o incluso una derrota!) puede poner un tema de
interés público en el debate público, disparar una reforma
legislativa, atraer la atención de los medios o estimular a otras
personas en situaciones similares a iniciar casos similares ante la
justicia. Termino con un ejemplo: en Buenos Aires, las personas
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con discapacidad son sistemáticamente discriminadas, por
ejemplo, por no poder ingresar a muchos edificios públicos por
contar estos con “barreras arquitectónicas” (como es el caso de las
escaleras para personas con discapacidad motriz). Por supuesto,
las personas con discapacidad están organizadas, luchan por sus
derechos, presionan sobre los poderes públicos por subsidios o
tratos apropiados, pero nunca habían demandado al Estado por
discriminación. Desde la ADC, a mediados de los 90, llevamos ante
un juez un caso de una mujer abogada con discapacidad motriz
que no podía ingresar a los tribunales para desempeñarse
profesionalmente por no contar los edificios de las cortes con
accesos para personas en su condición (ella requería de una silla
de ruedas para movilizarse y los accesos eran todos con
escalinatas). El juez nos dio la razón y ordenó al gobierno la
construcción de rampas de acceso para discapacitados en todos
los edificios del Poder Judicial. De este modo, no sólo logramos
que se inicie una política de accesibilidad, sino que le demostramos
a otras personas en situación similar que podrían hacer lo mismo.
Hoy hay muchísimos casos de este tipo en América Latina, sobre
todo en países como Chile, Colombia, Perú y Argentina referidos a
temas tales como acceso a medicamentos o tratamientos médicos,
discriminación, acceso a la información, derechos electorales de
las personas en prisión, medioambiente, etc.
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Como hemos visto en este rápido recorrido, la sociedad civil de América
Latina no es la misma que era veinte o treinta años atrás. Se ha vuelto muy
sofisticada y profesional, más efectiva y con más experiencia. Es verdad que
hay mucho por aprender, por equivocarse y volver a aprender, pero hoy
contamos con herramientas que hacen posible nuestra contribución a la
gobernabilidad democrática de nuestros países que hace dos década ni
siquiera imaginábamos. Este trabajo no es alternativo al de la (buena) política
que deben desarrollar los partidos políticos. Es complementaria y
fundamental. Además, no es un trabajo que reconozca la existencia de un día
en que se ha completado. Este trabajo no termina nunca. Este trabajo es
parte inherente de una sociedad democrática siempre atenta y activa. No hay
democracia sin demócratas. Si los primeros no se activan, la democracia
desaparece.