Palacios, Francisco J. Violencia, Derechos Humanos y Democracia en Colombia

VIOLENCIA, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA EN COLOMBIA:LA PRECARIA O IMPOSIBLE JUSTIFICACIN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL

En torno a la edicin Colombia Nunca Ms. Crmenes de LesaHumanidad (Bogot, 2000) 1

FR A N C I S C O J. PA L AC I O S RO M E O 2

Imaginemos un ejercicio terico en el que se tuviera que calificar, poltica yjurdicamente, a un rgimen en el que se dieran las siguientes cifras:

a) en el plazo del ltimo mes se habran contabilizado 79 ejecucionesextrajudiciales y 24 desaparecidos 3

b) en el primer semestre de este ao de 2001 la cifra recoga 880 ejecucio-nes extrajudiciales y 133 desapariciones, de las cuales 91 eran de cua-dros de la principal central sindical 4

c) en el ao 2000 se registr un total de 1.803 ejecuciones extrajudicialesy 401 desapariciones por persecucin poltica 5

d) en el ao 2000 se estim en 315.000 el nmero de personas desplaza-das a causa de la violencia poltica 6.

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1 Este trabajo forma parte de un proyecto de investigacin concedido por el Gobierno deAragn (Direccin General de Investigacin), y realizado bajo la cobertura del InstitutoLatinoamericano de Servicios Jurdicos Alternativos (ILSA) y de la Universidad Nacional deColombia.

2 Profesor de Teora del Estado y Derecho Constitucional (Universidad de Zaragoza,Espaa // [email protected]).

3 Correspondientes a junio de 2001 (cifras desglosadas de los archivos del banco dedatos CINEP & Justicia y Paz).

4 Vid. Cifras de la violencia poltica. Enero-junio de 2001, Noche y Niebla.Panorama de Derechos humanos y violencia poltica en Colombia, n.o 20, CINEP & Justicia yPaz, Bogot, 2001, pp. 25-34. Evidentemente los datos excluyen el tipo de hechos acaecidosen combate.

5 Vid. Banco de datos. Grficos y estadsticas generales del ao 2000, Noche y Niebla.Panorama de Derechos humanos y violencia poltica en Colombia, n 18, CINEP & Justicia yPaz, Bogot, 2000, pp. 29-59 (sin contar los departamentos de Amazonas, Boyac, Guana,Guaviare, Vaups y Vichada, de los que se dice no tener informacin solvente).

6 El monitoreo de lo ltimos 15 aos arrojara una cifra de 2.160.000 desplazados,superior a la de la gran mayora de conflictos blicos, cfr., L. ROMERO (comp.), El despla-zamiento forzado en Colombia, C.P.DD.HH, C.A.J.A.R., Bogot, 2001.

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La calificacin resultante de tan extremas e inditas cifras dictaminara,contundentemente, que nos encontrbamos ante una dictadura o, en el mejorde los casos, ante una situacin donde el Estado haba dejado de ejercer comoEstado democrtico e, incluso, como tal Estado.

Pues bien, ese pas existe y las cifras se corresponden con las de Colombia.Advertencia muy importante debe ser el sealar como las cifras de muertes sonajenas a las resultantes como producto del conflicto blico. No se han produci-do como resultado de enfrentamiento militar sometible a las convenciones yprotocolos de Ginebra. Son muertes polticas derivadas de una dinmica deaccin y represin. Sin embargo Colombia no est institucionalmente confor-mada como un rgimen autoritario. Y esto diferencia este proyecto de otros pro-yectos Nunca Ms realizados en Iberoamrica en torno a represin poltica y cr-menes de lesa humanidad. No se est en un perodo post-dictatorial o posteriora una guerra civil, en un clsico proceso de transicin a un rgimen constitu-cional. El Proyecto Colombia Nunca Ms se desarrolla bajo los parmetros de unrgimen presuntamente democrtico pero donde, simultneamente, se practi-can polticas de exterminio masivas y/o selectivas superiores a las de cualquierrgimen dictatorial. Su objeto consiste en enumerar y sistematizar a las vctimas,individualizando todos y cada unos de los casos. Cuando se habla de vctimasse hace referencia a todas aquellas muertes polticas que se pueden inscribir bajola responsabilidad activa u omisiva del Estado, excluyendo las derivadas direc-tamente del conflicto blico. Y en este captulo hay que contemplar las produ-cidas bajo el ambiguo trmino de paramilitarismo.

Los datos extrados del Informe resultan inditos para la magnitud de latragedia. Tragedia encriptada bajo las diferentes prosopopeyas de los medios decomunicacin locales y bajo el desconocimiento de los medios internacionales.Los datos trabajados por el Proyecto CNM, a pesar del rigor en su exposicin,podran resultar sospechosos por literarios si no fuera porque la surrealista situa-cin a modo de postsecular Macondo poltico viene unnimemente respalda-da por el resto de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales ygubernamentales, bajo exhaustiva acumulacin probatoria de los informes delas principales agencias de campo como el Alto Comisionado de NacionesUnidas, la Organizacin Internacional del Trabajo, la Comisin Andina deJuristas, Amnista Internacional o Human Rights Watch.

Hiptesis de trabajo: Colombia es una democracia parlamentaria o, msbien, un rgimen de institucionalismo democrtico aparente? Una idea dema-siado extendida otorga un manto de credibilidad a cualesquier rgimen que sepertreche de un manto institucional formal de inspiracin constitucional, olvi-dando el clsico anlisis de K. Loewenstein sobre el semantismo y nominalismoconstitucional (Teora de la Constitucin) o las ms contundentes y extensivasconclusiones de G. Sorel al respecto (Reflexiones sobre la violencia), donde ya se

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describan procesos de ciclos de violencia bajo mecanismos tcnicos perfecta-mente identificables en su etiologa y consecuencias, a los que el marco institu-cional y el aparato administrativo, total o parcialmente, no eran ajenos sino msbien cmplices o inspiradores respecto a su gestin activa u omisiva. Gestinadministrativa sobre la base de un constitucionalismo oclusivo y de excepcinestructural.

La presentacin del Proyecto CNM nos sirve de pretexto para abordar unanlisis ms global sobre la naturaleza histrica y la realidad ideolgica delEstado en Colombia. Anlisis focalizado sobre el hecho de la violencia comoestructura de permanencia consustancial en el modelo de estructuracin polti-co-jurdica.

El primer ejercicio revelador sobre esta naturaleza sera la comparacin his-trica de las cifras de mortalidad poltico-criminal en las dictaduras iberoame-ricanas ms clsicas con las del hipottico rgimen de democracia en Colombia.El ejercicio comparado resulta demoledor.

1. EL ESTADO DE REPRESIN COMPARADO

En Brasil, durante quince aos, hubo 125 vctimas documentadas.En Uruguay, 16 aos de dictadura, dejaron 220 vctimas muertas o desa-

parecidas.En Bolivia, en un lapso de 17 aos, se contabilizaron 2.021 vctimas.En Chile, durante la considerada paradigmtica dictadura de Pinochet, la

Comisin Verdad y Reconciliacin recibira 2.666 denuncias por asesinato odesaparicin.

En Argentina, durante ocho aos, fueron registrados 9.000 casos aproxi-mados, casi todos ellos de desaparicin con resultado de muerte 7.

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7 Cifras referenciadas en Proceso a la impunidad de crmenes de lesa humanidad enAmrica Latina 1989-1991, bajo la coordinacin del Tribunal Permanente de los Pueblos(Bogot, 1991). Este Informe recoge los procesos de instruccin y juicio que se realizaronde distintos pases iberoamericanos analizando mecnicas dictatoriales y otras coyunturaspolticas algunas de las cuales no eran explcitamente dictatoriales, pero que mantenan mec-nicas de impunidad muy elevadas con cifras de criminalidad poltica semejantes e inclusoms elevadas. Se puede considerar este experimento como pionero de otros proyectos en laregin. Proyecto realizado como reaccin a la omisin y perdn omisivo realizado por losdiferentes Estados y ante la inoperatividad/ausencia de mecanismos internacionales de con-trol y garantas respecto a la persecucin y castigo de crmenes de lesa humanidad. Los tri-bunales sesionantes recogeran todo el aparato probatorio e indiciario aportado por la tota-lidad de organizaciones de derechos humanos, mbitos institucionales accesibles y testigosindividuales.

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Colombia. Para la comparacin me centrar en el cuatrienio de la admi-nistracin Gaviria (1990-1994). Por dos motivos. En primer lugar por ser elGobierno bajo el que se produce una desmovilizacin sustancial de gruposinsurgentes 8, promovindose lo que podra denominarse nuevo pacto social, bajola convocatoria de una constituyente y aprobacin de la nueva Constitucin de1991 9. Consenso y pacto en el que una parte de la sociedad civil pactante per-severa a pesar de que la estructura-red de violencia poltica posibilita, en esa te-rica misma coyuntura poltica de renovacin, el asesinato de los tres candidatospresidenciales ms proclives a una nueva composicin poltica de apertura deespacios y construccin de un Estado social y democrtico 10. En segundo lugar,por ser la etapa presidencial (1990-1994) ms documentada. Sin embargo, y apesar de la muy patentizada buena voluntad de los sectores de la sociedad civil-popular y de la insurgencia desmovilizada, durante los cuatro aos de la admi-nistracin Gaviria slo cuatro aos fueron registrados, en un primer nivel,10.830 asesinatos y desapariciones polticas. De esta cifra estn excluidas las vc-timas inscribibles bajo el concepto de limpieza social 11. A estas cifras se podraaadir un segundo nivel, las de muertos en acciones blicas, unas muertes queno pueden considerarse ajenas a la problemtica poltico-social y mucho menosasimilables a una modalidad terrorista 12. Slo considerando los dgitos de pri-mer nivel stos patentizan como la estrategia de exterminio fsico de tejido pol-tico-social asociativo no slo contina a partir de 1991 sino que se intensificaante la emergencia de nuevos actores sociales y polticos. La cifra de 10.830 ase-



8 El M-19 se considera totalmente desmovilizado desde el acuerdo de paz del 9/3/90;el Partido Revolucionario de los Trabajadores suscribe el 26/1/91; el Ejrcito Popular deLiberacin lo hace el 15/2/91; y el Movimiento Armado Quintn Lame firma el 27/5/91.

9 La Constitucin de 1991 intent ser una Constitucin de consenso. De hecho sutexto articulaba una amplia enumeracin de derechos tanto civiles y polticos como socialesque la hacan una Constitucin realmente avanzada.

10 En marzo de 1990 sera asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de laUnin Patritica; al mes siguiente fue eliminado Carlos Pizarro, candidato del desmoviliza-do M-19; y pocos meses antes lo haba sido el candidato del Partido Liberal, Luis CarlosGaln, que simbolizaba la efectiva bsqueda de consenso y apertura de espacios, desde elmbito ms institucional.

11 En este desglose es de mencionar aparte el nmero de asesinados bajo tortura, queascendi a 1.956 personas. Las vctimas excluidas, inscribibles bajo el concepto de limpie-za social, y donde podran situarse las procedentes de las parciales dinmicas represivassobre el narcotrfico, ascenderan a 1.324 (Banco de datos de la ComisinIntercongregacional Justicia y Paz en Balance de la administracin Gaviria 1990-1994,Justicia y Paz. Boletn informativo, vol.VII, n.o 2, Bogot, 1994, pp. 5-21).

12 Cifras que sumaran 3.880 agentes blicos no estatales debiendo segregar de estala inquietante cifra de presuntos combatientes (3.442) ms 1.478 agentes blicos esta-tales que dara un total de 5.358 vctimas-sujeto del puro enfrentamiento blico (ibdem,p. 21).

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sinatos polticos en el terico cuatrienio constitucional de la renovacin delEstado sera superior a la cifra de todas las vctimas de la dictadura Argentina ensu totalidad.

Considerando solamente las vctimas de primer nivel podramos concluirque, aproximadamente en un lapso semejante al de las anteriores dictaduras ibe-roamericanas clsicas el de las administraciones Barco, Gaviria y Sampermurieron en la democracia colombiana, aproximadamente, un total de treintamil personas, vctimas del accionar omisivo o activo del Estado. Comprese estacifra 30.000 con las aproximadamente 3.000 vctimas del rgimen dePinochet en un perodo de tiempo incluso mayor.

2. CICLOS DE VIOLENCIA BAJO SEMNTICA CONSTITUCIONAL

La historia de Colombia, como la de la prctica totalidad de Estados nacientes,por encima de las mitologas hagiogrficas fciles y falsas, es la historia de la vio-lencia empleada por unas clases para la conquista hegemnica del poder, y laocupacin del Estado, en detrimento del resto de estratos. Las responsabilida-des sobre el origen de la violencia en Colombia no las tendra el esttico cam-pesino de Boyac, el indgena natural de la Guajira, el afroamericano de la costaPacfico o el artesano gremialista de Momps, sino los clanes criollos que unavez desembarazados de la soberana de su corona patria pasaron a disputarseinternamente el poder mientras sometan a la mayor parte de la poblacin apeores condiciones de las habidas en la reciente dominacin colonial desa-mortizaciones comunales, desvinculaciones laborales bajo la cobertura de unanueva patria-Estado llamada Colombia. De hecho la esclavitud no sera aboli-da hasta 1852. Y puede servir como nota significativa el hecho de cmoColombia sera prcticamente el ltimo pas de Iberoamrica en implantar elsufragio universal femenino en 1958.

2.1. EL BIPARTIDISMO OCLUSIVO

En Colombia los ciclos poltico-institucionales pueden ser asimilados tambina ciclos de violencia poltico-social con lgica propia. Un primer ciclo de vio-lencia se correspondera con la inicial formacin del Estado liberal colombiano(1810-1876), caracterizada por el liberalismo censitario activo y pasivo, connula participacin popular, perodo de guerras internas y externas, y donde larepresin contra la disidencia organizada no era posible porque no haba lugary capacidad siquiera para la organizacin sino para simples brotes espontneosde rebelin, exterminados en raz. La misma situacin de sujecin seorial



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directa evitaba la posibilidad de la organizacin y por lo tanto de la disidenciaorganizada, as como la necesidad de grandes operativos represivos. Presidiendoeste escenario se observa una conformacin poltica de la sociedad en grandesclanes que terminaron consolidndose bajo los eptetos de partido conservadory liberal 13.

Era la violencia institucionalizada como estructura esttica, gestionada bajoun sinnmero de Constituciones que desde el Acta de Independencia de 1810suman un nmero de diez hasta la Constitucin de 1886. Segn este promediocada Constitucin no llega a durar una dcada, lo que sera el caso de las de1811, 1821, 1830, 1832, 1843, 1853 y 1858. Todos los cambios constitucio-nales se inscriben en una dinmica de loterizacin clnica del poder. Sera rese-able mencionar cmo la Constitucin de 1853 introducira el sufragio uni-versal, despus de una victoria electoral glgota, liberalismo radical influido porlas revoluciones europeas del 48. A este intento democratizador el ejrcito res-pondera con un golpe de Estado. Y desde ese momento el sufragio universal sevolvera inoperativo por la consolidacin del bipartidismo liberal-conservador ypor la existencia de una estructura clientelista irreductible. Ambas dos reforza-das por el ejercicio continuado de la normativa de excepcin, los pronuncia-mientos militares sucesivos y las permanentes guerras que evitaban la posibili-dad de cualquier situacin de mnima estabilidad y normalidad electoral. Laprueba es que en un periodo constitucional bajo sufragio universal se llevarana cabo las desamortizaciones ms radicales que incidiran en la mayor parte debienes municipales, tierras comunales y territorios indgenas. Tierras que: a)pasaran a manos de los clanes, y ya partidos liberal y conservador, de formaindistinta, consolidando su poder socio-econmico; y b) inyectaran fondos aun Estado exange, fondos que a su vez dedicara para pagar la elevada deudapblica que asimismo tambin fortalecera los patrimonios de los clanes men-cionados y la banca internacional 14. Este ciclo se cierra precisamente con una



13 Estructura poltica en donde slo una pequea minora tena derechos polticos. Elresto de la poblacin eran masa a las que encuadrar poltica o militarmente por los distintosclanes: los jefes polticos buscaban el apoyo de aquellos que no podan votar, para organi-zar manifestaciones, intimidar a sus adversarios y combatir en las guerras civiles (...). Loscampesinos terminaban afiliados a un partido por la irresistible influencia de algn jefe pol-tico local o cacique, quien algunas veces era tambin el principal terrateniente de la regin(D. BUSHNELL, Colombia. De los tiempos precolombinos a nuestros das, Planeta, Bogot,1996, p. 138).

14 Vid., F. PREZ, Derecho Constitucional Colombiano, Lerner, Bogot, 1962, pp.229-237. El mayor grueso de la desamortizacin se concentro en los bienes de la Iglesia. Sibien incluso esto perjudicara al tejido campesino ya que las condiciones de la Iglesia paracensos, usufructos y arrendamientos como en cualquier caso de desamortizacin liberal cl-sica eran mucho menos leoninas que las que se estableceran posteriormente por los nue-vos propietarios. Casi de forma paralela se producira la denominada colonizacin antio-

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nueva guerra civil y con la desaparicin del nominal sufragio universal. Se abreel ciclo presidido por el texto constitucional de 1876 15.

Segundo ciclo (1876-1936) que se emprende ante la agudizacin de rivali-dades de las dos oligarquas, liberal y conservadora, y que tendra dos subciclos.Uno primero de peridicas guerras por la hegemona, salvo algunos escarceosde tipo socio-racial, slo importunado por la violencia y poltica expansionistade Estados Unidos y en donde la ciudadana popular era un espectador polti-camente pasivo que segua aportando las tropas de leva forzosa a las continua-das guerras de intereses de las oligarquas que sumaran cuatro en veinticincoaos (1876-7, 1885-6, 1895, 1899-1902). Estos veinticinco aos abren laestructura de guerra permanente que es un evidente producto de la ambicineconmica y de la autoritaria cultura poltica en los grupos de poder econ-micos y militares. Estructura de guerra que tiene mucho que ver con los per-manentes movimientos de tablero geoeconmico de Estados Unidos, el explci-to mayor dinamizador de la estructura de violencia en toda la regin 16.

El tercer ciclo de violencia se abre en 1936. La reforma constitucional de1936 haba introducido una serie de mecanismos operativos que ampliaban los



quea, por la que campesinos depauperados de Antioquia ocuparon la hoya del ro Cauca,crearon agriculturas de autoabastecimiento, fundaron nuevas poblaciones e impulsaron uneje cafetero. Lo que patentizaba como distintos segmentos de la sociedad civil-popular, antenormativas y decisiones polticas de confrontacin, respondera en mltiples ocasiones conalternativas constructivas, evitando el recurso a la violencia ya de por si generalizada.

15 Excepcionalmente podra hablarse del lapso denominado Repblica Liberal (1850-1876) como introductor de reformas mnimas respecto a derechos fundamentales bsicos.Reformas anuladas o desactivadas con posterioridad. Respecto a constitucionalismo semn-tico vid. H. VALENCIA, Cartas de batalla, una crtica al constitucionalismo colombiano,Universidad Nacional-Cerec, Bogot, 1987).

16 Las intervenciones militares de Estados Unidos en territorios bajo otra soberana enel Continente sumaban la cifra de 69, slo en el siglo que va desde los aos 1831-1931,segn lista presentada por el secretario de Estado Dean Rusk, el 17 de septiembre de 1962,para justificar nuevas modalidades intervencionistas (P. JACOBS, To serve the devil. Colonialsand sojourners, New York, 1971, en R. VEGA, Colombia entre la democracia y el imperio,Cdice, Bogot, 1989, pp. 60-8). Estas batallas por la hegemona abren el proceso de vio-lencia fsica estructural. Durante este periodo es ya significativo un recrudecimiento de laviolencia, de lo que fue buen ejemplo la llamada guerra de los mil das. Como tambin lo esla prdida de Panam en funcin de una revuelta financiada por Estados Unidos para obte-ner una mayor hegemona poltica y econmica (construccin del canal) en la zona (cfr. J.A. OCAMPO, Colombia y la economa mundial, Bogot, 1984). La filosofa geopoltica esta-dounidense se refleja bien con ocasin de la negociacin leonina del tratado Urrutia-Thompson: Los colombianos cambian de gobierno con mucha frecuencia; pero a nosotrosnada nos importa qu gobierno tenga Colombia... con tal que tenga un gobierno que nosde lo que pidamos, declaraba el senador McCumber, miembro de la subcomisin deRelaciones Exteriores que negoci el Tratado Urrutia-Thompson. Palabras pronunciadas trasla cada del presidente Marco Fidel Surez (R. VEGA, op. cit., p. 68).

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espacios polticos entre ellos la reinstauracin del sufragio universal.Paralelamente las filas del Partido Liberal haban ido acogiendo, progresiva-mente, a toda una serie de movimientos campesinos y gremiales semiorganiza-dos que pasan a reivindicar unos mnimos polticos y sociales cercanos a la filo-sofa de las nuevas cartas fundacionales de la sociedad internacional. Caparaznliberal bajo el que se haban ido cubriendo para eludir la situacin de violenciaestructural permanente que tena especial sintomatologa en los estados deexcepcionalidad continuados, bajo los que no slo era posible el ms mnimoejercicio de cualesquiera derechos sino que la ms simple de las disidencias ter-minaba con la eliminacin fsica del disidente 17.

Esta ltima fase dura de violencia es originada por el magnicidio del lderliberal-populista Jorge E. Gaitn, cuya figura aglutinaba a sectores mucho msamplios que el simple aparato del Partido Liberal y cuya victoria electoral seconsideraba inevitable. Su asesinato patentiza que la ms mnima disidenciaprogramtica no puede siquiera penetrar a travs del estatismo bipartidista. Estacoyuntura genera una sublevacin generalizada en Bogot (bogotazo) que seextendera a otras partes del pas y es tambin el origen de la formacin delfenmeno guerrillero. Periodo conocido como la etapa de La Violencia por elambiente de guerra civil generalizada, desordenada y de crueldad extrema.Perodo donde la violencia poltica combina la eliminacin fsica con el abor-daje de normativas y actos administrativos de la ms absoluta arbitrariedad,generadores de despojos masivos y habilitacin de estatus de prctica servi-dumbre. Situacin de violencia donde ms que de enfrentamientos se puedehablar de acciones de exterminio contra las facciones del liberalismo heterodo-xo. Se podra hablar de trescientas mil muertes al final del proceso 18. Por otrolado esa formulacin de la violencia puede decirse que es el primer indicio delparamilitarismo organizado al servicio de determinados intereses econmicos(gamonalismo) y en connivencia con mbitos de los aparatos armados delEstado. Fenmeno omnipresente y estructural en el mbito poltico democrti-co colombiano y patente hasta la actualidad 19.



17 Vid. D. PECAUT, De las violencias a la violencia en G. SNCHEZ Y R.PEARANDA, Pasado y presente de la violencia en Colombia, IEPRI-CEREC, Bogot,1995; para una lectura sobre estados de excepcin vid. C. ANGARITA, Estado, poder y dere-chos humanos en Colombia, Corporacin Ren Garca, Bogot, 2000, cap. 3.

18 Fueron mnimas las bajas causadas en contactos entre guerrillas y cuadrillas de unlado, y ejrcito, polica o contraguerrillas, del otro. Emergi un patrn de grupos armadoslegales o ilegales, que sometan un territorio e imponan su ley a la poblacin. Las vctimasno cayeron en lo que comnmente se llaman acciones blicas, sino en cadenas de atrocida-des y venganzas expeditivas. No quedan testigos o los testigos no hablan... (M. PALACIOS,Entre la legitimidad y la violencia, Norma, Bogot, 1995, p. 192).

19 Derivado de este proceso, hay unanimidad para valorar cmo la violencia insurgen-te sera un mecanismo reactivo de autoproteccin que nacera bajo bandera liberal. Al res-

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Una historia estructural de golpes militares, pronunciamientos y guerrasciviles patrimonialistas se hace necesariamente una historia constitucional impo-sible. En la historia imposible del constitucionalismo colombiano el debate pol-tico-constitucional tiene ms que ver con la eficacia militar y los apoyos patri-moniales que con debates sustanciales, tiene ms que ver con apoyospatrimoniales que con dialcticas profundas y participacin organizada de sec-tores sociales y populares. Por este motivo resulta sorprendente observar cmoen algunas tribunas se habla del no intervencionismo del Ejrcito enColombia y de Colombia como la democracia ms antigua de Latinoamrica20. La estructura de guerra civil y violencia permanente donde el colectivo civil-popular slo perda, tiene su paralelismo literario en las 32 guerras civiles quetambin perdera el coronel Aureliano Buenda: realismo mgico literario ysurrealismo trgico histrico 21.

2.2. EL CONSTITUCIONALISMO BONAPARTISTA

La situacin de enfrentamiento se hara tan incontrolable que llegara a poneren peligro incluso el propio orden social imperante, lo que lleva a las direccio-nes de los partidos a pactar una solucin a travs de un modelo bonapartista: esla dictadura del general Rojas Pinilla (1953-1957). La dictadura oferta por pri-mera vez una desmovilizacin a las ya numerosas facciones insurgentes a cam-bio de mayores espacios polticos y sociales 22. El resultado sera la eliminacin



pecto, el tratado pionero clsico de G. GUZMN, E. UMAA, O. FALS, La violencia enColombia. Estudio de un proceso (tomos I y II), Tercer Mundo, Bogot, 1962-4.

20 Numerosos episodios de violencia equiparables al mismo nmero de constitucionesy reformas constitucionales. En este sentido la que se viene a denominar estableConstitucin de 1886 fue sometida a radicales reformas como las de 1910, 1936, 1945,1957, 1968, 1979 y 1986. Y las reformas constitucionales consideradas menores se haranen nmero de 25 desde la de 1905 a la ltima de 1987. Lo que hace un promedio de unareforma cada tres aos.

21 Vid. Cien aos de soledad.22 Primera negociacin y entrega de armas tras la firma del documento de 8 de sep-

tiembre, 1953 en Monterrey (Meta). Por ste se desmoviliza el grueso de Salcedo con unoscuatro mil guerrilleros, seguido en el resto del pas de unos siete mil ms. Quedan las gue-rrillas del sur del departamento de Tolima que no vean condiciones y garantas suficientes,entre ellos se encontraba Pedro Antonio Marn, lder actual de las entonces aun no confor-madas FARC (Pedro A. Marn era el nombre real del actual Manuel Marulanda Vlez, quese corresponda con el del dirigente sindical asesinado en Bogot por dirigir las protestascontra el envo de tropas de leva forzosa colombianas en apoyo de la intervencin estadou-nidense en Corea). Respecto a esta primera desmovilizacin vid. G. SNCHEZ, Guerra ypoltica en la sociedad colombiana, Ancora, Bogot, 1991.

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progresiva de numerosos lderes guerrilleros desmovilizados incluido el deGuadalupe Salcedo en el propio Bogot (1957) el incumplimiento de las pro-mesas y la simple compra individualizada de otros.

En el lado de los espacios sociales se emprendera la ejecucin de unosmnimos dentro de los compromisos adquiridos, una serie de reformas socialesy populistas a travs de un programa bolivariano con proclamas ideolgicas tansimples como las que apelaban a la paz, la reconciliacin, la unidad y la patria.En polticas pblicas la unidad y el concepto de patriotismo venan vinculadasa unas primeras medidas de corte social, una serie de medidas sociales y econ-micas muy en consonancia con la tendencia a la publificacin del Estado queafectara a algunos de los Estados iberoamericanos en la dcada de los cincuen-ta. Estos mnimos sociales afectaran levemente el incremento de los patrimo-nios de las clases altas, ya que simplemente se trataba de reasignar unos mni-mos sociales al resto de la poblacin. Por el contrario las clases dominantes sevieron alarmadas por la construccin de tejido social que les restaba parcelas depoder social y protagonismo pblico. La tipologa del institucionalismo liberalen Colombia haba sido tan restrictiva que el Gobierno de Rojas, a pesar de sutalante dictatorial y de sus graves carencias, abri ms espacios sociales, y aunpolticos, que en la mayor parte de las dcadas anteriores de constitucionalismoexcepcional. Por este motivo, por el intento de intentar institucionalizar unosmnimos sociales laborales y de previsin social, y por los incentivos a una ins-titucionalizacin de tejido social y mbitos populares de la sociedad civil, losdos estados generales de los partidos, junto con el Estado Mayor del Ejrcito,decidiran su derrocamiento. Las clases hegemnicas en Colombia, el biparti-dismo oclusivo liberal-conservador, patentizaban constantemente como el con-cepto de patriotismo iba indisolublemente unido al de patrimonio, y en ese sen-tido no se establecan diferencias ideolgicas entre comunistas, sindicalistas,cristianos o militares 23.



23 El hecho de que el general no convocara elecciones era un dato insignificante valo-rando la estructura electoral del histrico bipartidismo oclusivo. Por otro lado, dej intactaa las organizaciones sindicales llegando incluso a potenciarlas salvo a las de orientacincomunista. En el plano social se creara por primera vez un organismo administrativo depoltica social (Sendas), se generaran redes de infraestructura como carreteras, el ferrocarrildel Atlntico o el actual aeropuerto de Bogot. En el lado de los agravios sociales a las cla-ses altas se encontrara la introduccin de una escala fiscal de cuotas progresivas y la tribu-tacin de sociedades mercantiles a travs del establecimiento de gravmenes sobre dividen-dos accionariales. Esta tcnica jurdica era hasta ese momento indita en Colombia, a la tanpoco decorosa fecha de segunda mitad del siglo XX. Para un monogrfico vid. V. L.FLUHARTY, Dance of the Millions: Military rule and the social revolution in Colombia, 1930-1956, Pittsburgh, 1957.

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2.3. EL FRENTE NACIONAL. LA DICTADURA CONSTITUCIONAL BIPARTIDISTA

El golpe civil-militar contra Rojas Pinilla introdujo un nuevo modelo de cons-titucionalismo doctrinario. As es como se entroniza un cuarto ciclo de violen-cia institucionalizada (1958-1991). Pero el Ejrcito nunca permanece ocupan-do el poder institucional, deja la administracin autoritaria del Estado amecnicas civiles de control poltico-social y a la proclamacin de estados deexcepcin permanentes. A partir de 1958 el Partido Conservador y una mayori-taria parte del Partido Liberal constatan que la fase de La Violencia, donde sehabra intentado exterminar cualquier brote organizativo de disidencia, y la dic-tadura bonapartista de Rojas, no slo no haban acabado con coyunturas dedisidencia, sino que haban fortalecido muchos de esos mbitos.Fortalecimiento de distintas conjunciones asociativas que representan el peligrode una mayor organizacin poltica de los movimientos sociales, al margen delos dos partidos, incluido el propio Partido Liberal. Se estaba creando sociedadcivil-popular y la estructura de dominacin no iba admitir una sociedad dehechura mnimamente democrtica.

La nueva solucin inconstitucional y antidemocrtica sera la de pactar unconsenso institucional articulando un turno pacfico poltico de los dos partidospor perodos de cuatro aos hasta completar diecisis, y lo que se denominparidad administrativa durante veinte aos. De facto articulaban una modali-dad de dictadura constitucional poltica (1958-1974) y dictadura constitucio-nal administrativa (1958-1978). A esa experiencia le dieron el nombre deFrente Nacional y llevaba las mecnicas clientelistas y de corrupcin a su mxi-ma expresin. El nuevo institucionalismo significaba una falaz pacificacin queslo tena como meta la reorganizacin institucional de la hegemona poltica,es decir, la oclusin de cualquier posibilidad democrtica y de cualquier posibi-lidad de participacin y representacin del nuevo asociacionismo originadodesde la dcada de los cuarenta. Una variable fundamental es como supone lainstitucionalizacin mayor del poder militar en el mbito de Estado, en cuantoa la causa eficiente de un esquema partidario insuficiente. Si en Colombia elgolpismo militar no ha necesitado manifestarse institucionalmente, duranteel siglo XXI, es por la impregnacin militarista de toda la articulacin partidariay de sus proyecciones econmicas y clientelistas 24.

El final del Frente Nacional es slo el retorno al anterior bipartidismo,producto de una relevante nueva conmocin poltica, con graves consecuen-



24 La institucionalizacin de la excepcionalidad militar ya va a ser recurrente desde1953, puesto que ocupa casi por necesidad nacional el rol de partido poltico. En estesentido vase la clarificadora obra del mayor G. BERMDEZ, El poder militar en Colombia,Expresin, Bogot, 1982.

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cias, como sera el caso de la Alianza Nacional Popular (Anapo). La Anaposera una coalicin de fuerzas que por su propia composicin era la nica posi-bilidad de romper el anillo represivo del estado de excepcin, el controlmeditico y las mecnicas clientelistas del frentenacionalismo. Esta conjun-cin no poda ser otra que la combinacin de ncleos libres de los propios par-tidos liberal (MRL) y conservador, sectores populares del ejrcito y el aso-ciacionismo emboscado que sobreviva de forma semiclandestina; y todo ellodirigido por el resentimiento antioligrquico y la nueva profesin de fe demo-crtica del general Rojas Pinilla 25. El discurso de Anapo era fundamen-talmente antioligrquico y simultneamente crtico de la influencia queEstados Unidos sostena respecto a intereses econmicos y geopolticos enColombia, en suma crtico de la simbiosis entre la poltica hegemnica deEstados Unidos y el proceso de modernizacin compulsivo y excluyente quesufra la sociedad colombiana 26. El triunfo electoral de la Anapo (19 abril de1970) fue evidente y el fraude electoral la demostracin de que la dictaduraconstitucional no era un exceso retrico sino una verdad poltica que hablabade esprea legitimidad desde el mismo nacimiento y desarrollo del Estado enColombia 27. El caso es un extremo caso de violencia institucional que termi-na generando un elemento ms de violencia reactiva, casi de forma directa, yaque muchos de los cuadros de la propia Anapo ms otros colaboradores



25 Es relevante el dato de cmo el clan hegemnico ejerce el castigo social y polticoincluso de aquellas piezas que no han ejercido el rol para el que haban sido destinadas. Enel caso del general Rojas comenz con su criminalizacin social, contina con su exilio y ter-mina con su posterior procesamiento por el Senado de la Repblica, por la que pierde defi-nitivamente su empleo, cargo y dignidades (ibidem, cap. V).

26 El programa de la Anapo no representaba, ni por aproximacin, un programa revo-lucionario, era un programa de corte nacionalista, antihegemonista, que apelaba al senti-miento religioso y a la familia y que slo reivindicaba unos mnimos de soberana nacionaly de derechos polticos y sociales (ibidem, cap. V).

27 Este caso de fraude electoral no es una mera especulacin indiciaria o una hiptesiscon amplias posibilidades de certeza sino que est explcitamente reconocido por el enton-ces ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega. ste opinara que el episodio tendraconsecuencias definitivas, ya que en los diferentes colectivos populares se arraig la idea deque siquiera en los casos ms lmites y en las condiciones ms contundentes iba a poder tenerviabilidad experimento alguno que limitara la capacidad de poder econmico o poltico delas plutocracias frentenacionalistas: la catastrfica conviccin de que en nuestra flamantedemocracia a los personeros del pueblo se les arrebata su victoria en las urnas mediantemaniobras fraudulentas. Conclusin de lo anterior fue la desastrosa creencia de que al poderhay que tomrselo con las armas, no con papeletas (...) las guerrillas revolucionarias ya exis-tentes y sta nueva (M-19) lo entendieron como perentoria advertencia de que aqu, entrenosotros, el poder para poner fin a un orden injusto no se alcanza con los votos sino conbalas (C. NORIEGA, Fraude en la eleccin de Pastrana Borrero, Oveja Negra, Bogot, 1998,pp. 199 y ss).

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deciden que ante el despliegue de todos los tipos de violencia por parte delEstado no hay otra opcin sino la de la propia violencia: es el nacimiento delgrupo insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19), cuyas siglas apelan a lafecha del fraude electoral.

2.4. EL ESTADO DE EXCEPCIN PERMANENTE COMO MODELO CONSTITUCIONAL

Desde 1958 hasta 1995 no habra habido sino tres aos sin Estados o norma-tiva de excepcin vigente. La cultura jurdico-poltica del estado de guerra deci-monnico permanecer estructural tambin durante todo el siglo XX.

A pesar de este y otros datos, algunos autores del constitucionalismo bien-pensante an argumentan que la experiencia del Frente Nacional fue una expe-riencia de pacificacin. Sin embargo no fue sino la mencionada estrategia dereordenamiento social, poltico e institucional de grupos y clases hegemnicas.No se produjo ningn tipo de pacificacin y la prueba es el recurso continuadoa la normatividad de excepcin que, a partir de ese momento, se dotara de ins-trumentos jurdicos ms sofisticados a la vez que de consecuencias, si cabe,menos democrticas: el Estado de excepcin constitucional permanente y losestatutos permanentes de excepcin. Desde 1958 y como con anterioridad seutiliza con carcter normal y permanente lo que estaba destinado segn el pro-pio texto de 1886 a ser excepcional. El artculo 121 daba todas las amplias posi-bilidades derivadas de lo que se ha venido a denominar estado de guerra, queeran prcticamente ilimitadas y con una ausencia de control de alto nivel, slomitigada por una reforma de 1960, que se revierte en 1968, endureciendoincluso las posibilidades del propio texto original. Las posibilidades de este ar-tculo cobraran una plural casustica mediante los decretos y leyes excepciona-les que promulgan durante los veinte aos de constitucionalismo excepcional 28.Esta mecnica se sustituye a partir de 1978 con la introduccin de los Estatutospermanentes de excepcionalidad, que no han sido sino autnticos instrumentosde quebrantamiento constitucional. El Estado ha parapetado una anulacin dederechos fundamentales, de facto, a travs del Estatuto de Seguridad (1978),Estatuto de Defensa de la Democracia (1988) y Estatuto para la Defensa de laJusticia (1990). Esta normativa principal y los decretos subsiguientes configu-ran un uso preventivo del Derecho que comienza a concentrar en el Estado todoun juego habilitador de libertades: las libertades no existirn sino como restric-cin con posibilidades de habilitacin. La vaporosidad de conceptos tan nume-



28 Vid. G. GALLON, Quince aos de estado de sitio en Colombia, Amrica Latina,Bogot, 1979.

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rosos como indeterminables pasar a engrosar el elenco de maniobrabilidadpreventiva desde la que el Estado podr operar 29.

Los perodos de excepcionalidad chocan con la terica filosofa sobre la quese legitimaba el Frente Nacional respecto a servir de dique poltico-institucionalcontra el enfrentamiento y la violencia, ya que con la institucionalizacin delmodelo Frente Nacional y las posteriores administraciones regulares, desde1958 hasta 1995, no habra sino tres aos sin Estados de excepcin 30. El temade la excepcionalidad quedar agravado por su uso arbitrario. Si preocupante esla pervivencia por dcadas de la excepcionalidad permanente en un presuntoEstado democrtico, mucho ms grave es que dicha excepcionalidad se apliquecon parcialidad y sectarismo social y poltico. La dinmica descompensada decriminalizacin de individuos de unos grupos respecto a otros habr sido unaconstante ampliamente denunciada, como la efectuada por el asesinado magis-trado de la Corte Suprema Sandoval Huertas 31.

3. SURGIMIENTO DE LA VIOLENCIA REACTIVA

Todas las variables anteriores conforman una estructura de violencia institu-cional insertas en un marco de semantismo constitucional o, si se prefiere, dedictadura constitucional. Las mecnicas de violencia, por definicin, generanms mbitos de violencia y de ello es buena prueba la rica casustica de movi-mientos insurgentes en Colombia. La generacin espontnea no existe y laexplicacin gentica no creo que pueda ser la respuesta. Si dichas mecnicas deviolencia son extensas (tiempo) de la misma forma se reproduce la consecuen-cia. Con la intensidad (espacio) sucede lo mismo. En funcin de este esquema



29 Dichos estatutos eran marcos generales, ya que la normativa de excepcin fue con-vertida casi en una nueva rama del Derecho por el Estado colombiano, puesto que a partirde 1986 se expediran continuos decretos sobre las materias y situaciones ms diversas.Desde 1986 a 1993 pudieron contabilizarse 52 decretos que afectaban directamente al mbi-to de los derechos y libertades fundamentales. Slo uno sera declarado inconstitucional.

30 Los nicos aos sin Estado de excepcin seran 1964, 1974 y 1983. Este Estado semantendra permanente y sin lmites en las administraciones de Lleras Restrepo, TurbayAyala y Barco (I. OROZCO, Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y Derecho enColombia, IEPRI-Universidad Nacional, Bogot, 1992).

31 Una poltica equilibrada de derechos humanos, sobre todo en situaciones de crea-cin de amplia normatividad penal especial debera llevar a propiciar tanto la descrimina-lizacin de comportamientos propios de sectores subordinados, como la criminalizacin delos grupos dominantes, en especial aquellas que afectan intereses colectivos (...). Medidasacompaadas de una permanente accin de denuncia y crtica de las selecciones clasistas sub-sistentes (E. SANDOVAL, Sistema penal y criminologa crtica, Temis, Bogot, 1985,pp.118-9).

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mencionbamos como cualquier intento de organizacin poltica y social almargen del institucionalismo bipartidista haba sido reprimido o eliminadodurante todos los ciclos de violencia mencionados. Situacin agravada duranteel perodo de La Violencia donde se intent exterminar a toda la incipiente con-solidacin de tejido asociativo, incluso habindose formado al abrigo pseu-doinstitucional del propio Partido Liberal.

La consecuencia: nacimiento de movimientos armados insurgentes conlgica propia, la irrupcin de la violencia reactiva organizada. Aun con todono es producto visible desde el origen del Estado. La violencia reactiva pol-ticamente organizada no es variable presente desde que la violencia institu-cional o de grupo hegemnico se hace visible en los mismos orgenes delEstado colombiano. Es decir, durante una larga poca el grueso de la pobla-cin es utilizado para los enfrentamientos entre clanes, clases y bipartidismohegemnicos; o bien en guerras exteriores para la defensa de los interesescomerciales productivos de estos mismos grupos. En primer lugar, la violen-cia reactiva se dispara cuando la sociedad civil-popular puede tener capacidadpara algn tipo de conciencia poltica, ya que el sujeto sin instruccin algu-na, sometido a mecnicas de dominacin caciquiles y ligado a mecnicas deencuadramiento pseudo militares estara en una situacin de incapacidadpara cualesquiera juicio bsico organizativo salvo rebeliones espontneas. Ensegundo lugar, la violencia reactiva se dara en Colombia cuando en condi-ciones de potencialidad poltica consciente se hace patente que ni siquieradentro del encorsetado sistema participativo es posible disidencia o alternati-va alguna, lo que en este caso se proyecta y comienza en un caso extremo: lafrustracin del proyecto poltico liberal-popular (Gaitn). La violencia insti-tucional, e incipientemente paramilitar, que reprime el Bogotazo es ya res-pondida de una forma semiorganizada, ya no slo porque hay condicionespara la organizacin sino porque incorpora variantes de violencia socioeco-nmica extremos. No es sino hasta la poca de La Violencia que no se con-forman ncleos insurgentes organizados, partiendo de ncleos espontneosde extraccin campesina. Conclusin: habra pasado un siglo y ms de tresdcadas, desde la independencia, en los que el grueso de la poblacin habasido sujeto pasivo de violencia sin una mnima organizacin para la resistenciao la insurgencia.

3.1. DEL FRENTE NACIONAL INSTITUCIONAL AL FRENTE POLTICO INSURGENTE

Es en 1952 cuando se rene la primera Conferencia Nacional Guerrillera que,por la falta de formacin y el equvoco discurso liberal, no concluye sino en unasimple estrategia de resistencia ante la violencia institucional, y sin otro marco



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ideolgico distinto que no fuera el propiamente liberal 32. El Congreso guerri-llero de 1953 se paralizara por la promesa de una negociacin y pacto ofertadopor Rojas Pinilla, con la desmovilizacin de los principales ncleos, el incum-plimiento posterior de los compromisos firmados y la eliminacin fsica de losdirigentes principales, incluido el comandante del Congreso del 53, GuadalupeSalcedo 33. Esta coyuntura da lugar a una segunda fase en donde la guerrilla sub-sistente al no encontrar espacios polticos decide crearlos, convirtindose engrupos de autodefensa.

Pero esto no significara que el talante de la guerrilla contemple estratgi-camente la toma del poder sino que opta por intentar la habilitacin de espa-cios geogrficos de refugio y de ah su asentamiento en zonas concretas. Notanto como repliegue militar sino como proyecto sociopoltico inmediato,donde las comunidades pretendan ser la base demogrfica de un nuevo insti-tuto jurdico y poltico. Es casi una fase donde se genera un hecho jurdico-pol-tico diferenciado del poder del Estado: estaramos ante el primer caso de plura-lismo jurdico en Colombia. De hecho el Congreso de 1953 elabora y apruebatodo un cuerpo jurdico para la organizacin civil, penal, administrativa y fis-cal. Textos conocidos como las Leyes del Llano, elaboradas por el abogado JosAlvear Restrepo y que recogan jurdicamente toda una tradicin de msticamucho ms campesina, nacionalista y llanera que revolucionaria 34. Espaciosgeogrficos, territorios que seran estigmatizados como repblicas indepen-dientes fuera del control de la Constitucin, como si la Constitucin hubieratenido hasta ese momento alguna virtualidad real para la vida o los ms mni-mos derechos de esos colectivos. Es importante sealar como en esta fase la res-puesta a la violencia del Estado no es la apertura estratgica de un enfrenta-miento radical por la destruccin y toma del Estado sino la de un replieguesocial a zonas de recolonizacin y asentamiento en el que iban incluidos los gru-pos familiares extensos 35.



32 Origen reactivo con tres caractersticas: guerrillas de conformacin poltica liberal;en segundo lugar, con mucho de conformacin espontnea ante la estructura de violenciainsoportable; y en tercer lugar sin un comienzo sistemtico e identificable en torno al sur deTolima (G. SNCHEZ, Guerra y poltica en la sociedad colombiana, Ancora, Bogot, 1991,pp. 30-40.

33 Vid. nota 22.34 Los llanos y el llanero no son una simple pieza de iconografa local, sino referente

en el imaginario colombiano mtico de libertad y forma de vida, que tiene su referente msclsico en la pieza literaria de Rivera (La Vorgine, Jos E. Rivera, 1924).

35 El citado texto de monseor Guzmn y del magistrado militar Umaa, La violenciaen Colombia, es el primer trabajo sobre todas las implicaciones del fenmeno, que no pue-den limitarse a la descripcin de un simple hecho de violencia, sino de una problemticapoltica y socio-jurdica mucho mayor. Como mantenemos de hiptesis, para Guzmn,Umaa y Fals, la violencia insurgente no nace en Colombia como una estrategia de toma

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La tercera fase comienza a partir de la destruccin de los espacios socialesde recolonizacin ocupados por la insurgencia: es el nacimiento de las FuerzasArmadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del modelo de insurgenciaque pervive hasta el momento 36. Desde ese momento asistimos al nacimientode una guerrilla progresivamente ms militarizada y desde la Asamblea General deGuerrilleros (1964) bajo delineamiento poltico para la toma del poder. Pocodespus surgira el ELN bajo condiciones semejantes al anterior y con un expe-rimento poltico frustrado por la violencia institucional (Frente Unido). De lamisma manera el surgimiento del M-19 ya veamos cmo fue producto de todaslas variables de violencia mencionadas, ms la especfica del golpe electoral con-tra la Anapo. A partir de la dcada de los setenta se van incorporando a la luchaarmada otros varios grupos con distintas peculiaridades ideolgicas incluido elindigenismo 37.

La clase poltica tradicional, la clase econmica monoplica y la clase mili-tar construyen el Frente Nacional. Distintos grupos ideolgicos y sociales cons-truyen el Frente guerrillero. Las leyes de la dialctica y las leyes de la causalidad.Dnde se hace posible hablar de legitimidad?

3.2. REVERSIN DE LOS PACTOS Y AUTOMATISMO REPRESIVO. EL CASO EXTREMODE LA UNIN PATRITICA

Las consecuencias de la violencia reactiva pueden ser mayores, y de ms difcilsolucin, si una vez asignados los espacios mediante pactos o negociacionesstos se revierten, o se anulan, creando una dinmica redoblada de violencia quealcanza en este ltimo tipo la variante del exterminio alevoso de los pactantes.



insurreccional del poder, mucho menos como un proyecto revolucionario, surge de confor-macin liberal, como mecanismo reactivo de autoproteccin (G. GUZMN, E. UMAA,O. FALS, La violencia en Colombia, op. cit. El tomo II est dedicado a recoger la articula-cin jurdica de las Leyes del Llano.

36 As es valorado por diversos autores y de forma oficial por las propias FARC queconsideran la toma de Marquetalia por el ejrcito como un smbolo y como la final legiti-macin para la construccin de un grupo insurgente para la toma del poder, bajo la estrate-gia de la guerrilla mvil: 1964 mayo 27. Inicio de la Operacin Marquetalia. Se toma comofecha oficial de origen de las FARC, pues como respuesta a la agresin oficial un grupo de48 campesinos, en uso de su derecho de defensa se constituye en guerrilla mvil (FARC-EP.Esbozo histrico, ed. Comisin internacional FARC-EP, 1998, pp. 19-20,149; una logradasntesis sobre este episodio en C. LOZANO, Reportajes desde el Cagun, Izquierda Viva,Bogot, 2001, pp.19-25).

37 Otros grupos como fundamentalmente el Ejrcito Popular de Liberacin (inspira-cin maosta) y el Movimiento Indgena Quintn Lame (etnista); para descripcin ideolgi-ca vid., A. GUERRERO (comp), Cultura poltica, movimientos sociales y violencia en laHistoria de Colombia, Bucaramanga, 1993.

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En Colombia no slo ha habido una estructura permanente de represin de ladisidencia esencial sino que ha llegado a alcanzar la modalidad de represin ale-vosa. Hablaremos de represin alevosa cuando: 1) el Estado, en primer lugar, hanegociado el fin de una resistencia armada en funcin de la promesa de habili-tacin de mnimos espacios polticos democrticos y, 2) permite que la contra-parte negociadora sea sometida a una nueva mecnica de exterminio una vezpblicamente organizada y expuesta, sin la cobertura de la clandestinidad. Estamodalidad tambin ha hecho presencia crnica en Colombia en tres casos fun-damentales desde la irrupcin de la insurgencia. En primer lugar el menciona-do caso de la desmovilizacin del 53 (documento 8 de septiembre). En segun-do lugar, el tambin caso semifrustrado de la desmovilizacin de 1990 por partede M-19/MIQL/ELP, con un saldo elevado de vctimas entre los desmoviliza-dos comenzando por el asesinato del lder Carlos Pizarro y con un saldo defi-citario como han mantenido algunos de sus protagonistas y que manifiestaostensiblemente la situacin actual 38.

El tercer caso? Todos los ciclos de violencia mencionados albergan mec-nicas de represin y exterminio. Pero algunos casos concretos ejemplifican quedichas mecnicas no conocen lmites. Uno de estos casos, el ms significativopor tratarse de unas fechas recientes, sera el de la formacin poltica UninPatritica. Ms grave que el de los dos casos anteriores puesto que aqu se impli-ca a miles de personas que ni siquiera formaban parte del movimiento insur-gente. Demuestra que la estructura de represin poltico-social en Colombiatiene episodios que superan con creces los experimentos de exterminios masivosde oposicin emprendidos en casos tan clsicos como el de las dictaduras chile-na y Argentina. Y sobre todo: no es slo un caso de exterminio poltico sino deun nuevo episodio de ruptura de acuerdos entre insurgencia y Estado y que, ade-ms, implicara a una amplia gama de sectores polticos, sociales e intelectualesdel pas. La Unin Patritica fue movimiento conformado por muy diversasasociaciones y grupos polticos, desde 1985.

La Unin Patritica tendra su origen en un pacto entre las FARC y elGobierno Betancourt firmado en 1984 (Acuerdos de la Uribe). Pacto en el quese transigira a pesar de los resultados nuevamente represivos del mencionadoDilogo Nacional. En ellos se pacta una tregua indefinida a cambio de unaamnista limitada, del impulso de una serie de reformas polticas, econmicas y



38 El exterminio de dirigentes y militantes desmovilizados acogidos a la Ley deAmnista (Ley 35/82) ya comenzara incluso a partir de un anterior acuerdo de dilogo comofue la propuesta de Dilogo Nacional entre el Gobierno Betancourt y el M-19, fracasado poresa misma circunstancia, y que tendra como directa consecuencia los trgicos y surrealistasacontecimientos del Palacio de Justicia en 1985 (vid. R. PEARANDA, J. GUERRERO(comp.), De las armas a la poltica, TM-IEPRI, Bogot, 1999).

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sociales y, sobre todo, de la participacin de las FARC en la promocin de unafuerza poltica que pudiera reconducir la militancia de la organizacin armadaa la lucha poltica. Y ya no tanto era el sentido reconducir una militancia esen-cialmente militarizada, y de potencial poca eficacia poltica, sino estimular unaorganizacin que diera suficientes garantas sobre la creacin y maniobrabilidaden espacios polticos suficientes (polticos, sociales, territoriales). De darse esacoyuntura la tregua indefinida se transformara en proceso de desmovilizacindefinitivo. Para ello diversas plataformas e individualidades independientesconsiderando y confiando en la apertura de espacios polticos y las garantasde seguridad de la administracin Betancourt se vinculan al proyecto. Proyectoque en ningn caso sera susceptible de ser manipulado por las FARC en fun-cin de la propia naturaleza, personalidad y variedad ideolgica de muchos desus integrantes entre los que estaran desde militantes llegados de los propiospartidos liberal y conservador hasta cuadros de organizaciones comunistas,pasando por un gran grupo de cuadros independientes, reeditando grosso modouna especie de nueva edicin de la Anapo 39.

Desde la conformacin de la Unin Patritica hasta las elecciones de 1986no llegaran a transcurrir siete meses. En las elecciones conseguira 350 conce-jales locales, 23 diputados regionales, 9 diputados nacionales y 6 senadores. Losesfuerzos electorales fueron concentrados en los departamentos del Meta y delGuaviare y as en las elecciones para la Asamblea departamental de 1986 con-siguieron un porcentaje del 22% en el departamento de Meta y del 76% enel departamento de El Guaviare. Estos resultados debieron considerarse en elumbral de lo inaceptable por distintos poderes fcticos, por lo cual, y a partirde ese momento, se procedera a una poltica de eliminacin electoral median-te la eliminacin fsica de los propios representantes y cuadros de apoyo. Comoconsecuencia, en el plazo de dos administraciones presidenciales, seran exter-minados la prctica totalidad de sus cuadros, en una cifra aproximada a los tresmil militantes. Incluso para la fecha en la que se celebrara el primer congresode la formacin (noviembre de 1985) ya haban sido asesinados 70 militantes 40.A fecha de 1991, la Defensora del Pueblo haba recogido en un informe el ase-sinato de 717 pertenecientes a la UP, concluyendo en la existencia de una rela-cin causa-efecto respecto a una serie de vnculos econmicos y polticos:



39 Diversas interrelaciones del proceso en S. RAMREZ y L. RESTREPO, Actores enconflicto por la paz, Siglo XXI-Cinep, Bogot, 1988.

40 El balance de cifras de la Unin Patritica vara segn la fuente. Desde los ms demil militantes en un perodo de cinco aos (1985-1990) de los que habla David Bushnell(Colombia. De los tiempos precolombinos a nuestros das, Planeta, Bogot, 1996, pp. 361-2) alos cuatro mil militantes, entre 1986 y 1998, de los que hablan otras publicaciones (v.gr.FARC-EP. Esbozo histrico, op.cit., pp. 32-3). La cifra ms comn, por consensuada, es la quese refiere a tres mil militantes, entre ellos la prctica totalidad de los cuadros dirigentes.

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Existe una relacin directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyoelectoral de la Unin Patritica y el homicidio de sus militantes y dirigentes enregiones donde la presencia de este partido fue interpretada como un riesgo almantenimiento de los privilegios de ciertos grupos 41.

Precisamente el Proyecto CNM s recoger de forma ms minuciosa lasmuertes de la UP en las dos zonas trabajadas. Fundamentalmente porque lazona 7.a (Meta, Guaviare, Llanos Orientales) fue una de las de mayor presenciae influencia poltica y, subsiguientemente, de mayor castigo represivo para laformacin 42. El estudio concreto sobre el caso Unin Patritica es ejemplo decmo la metodologa del proyecto es exhaustiva para proporcionar datos de larepresin y de las mecnicas criminales y procesales de la impunidad. Direcciny complicidad de los aparatos de seguridad del Estado que tiene la colaboracinde una administracin de Justicia que no habra resuelto el 95% de los casos,con actuaciones tcnicamente impresentables o simplemente cooperadoras 43. Elaspecto metodolgico del trabajo no slo busca hacer un ndice necrolgico



41 DEFENSORA DEL PUEBLO, Informe 1991, Serie Documentos, octubre, 1992,p. 216. Este acto de reconocimiento institucional es excepcional y probablemente debido aque la representacin de la Defensora haba sido consensuada tras el proceso constituyente.

42 El captulo III est centralizado en el caso Unin Patritica, en torno al cual se cen-trara toda la accin paramilitar y militar, recogiendo exhaustivamente toda una serie decasos individualizados, a travs de todo el material indiciario y probatorio (pp. 193-423).

43 Sirva como evidencia el proceso 019/1990 (Juzgado Cuarto de Orden Pblico),donde en funcin de la magnitud y las caractersticas del hecho asesinato mltiple de auto-ridades, civiles y nios en la masacre excepcionalmente la investigacin policial y el proce-dimiento de instruccin criminal acumularan un nmero ingente de pruebas, testigos yautores confesos. Finalmente la jueza Fernndez Carvajal fallara absolviendo a todos losprocesados. En su argumentacin, la jueza se contradice expresamente en relacin con susmismos pronunciamientos de fases anteriores fundamentalmente respeto a la credibilidad delos testigos principales a los que les reconocera su esencial colaboracin para el esclareci-miento de los hechos. Sin embargo, en la sentencia descalificara testimonios, confesionesy pruebas, apelando a personalidades psicpatas e incluso a las relaciones familiares de unode los procesados con un militante de la UP, organizacin a la que, por cierto, calificara enla propia sentencia como brazo poltico de las FARC. La sentencia, con mritos de anto-loga, merece ser citada: ningn otro camino le queda a esta oficina judicial, que declararla imposibilidad de la Administracin de Justicia, de encontrar a los responsables de todos ycada uno de los hechos que acumulados se investigaron en estos procesos, pues pese al ago-tador recaudo probatorio, no se pudo aportar la prueba necesaria que demuestre, con certe-za plena, la autora o participacin criminal de ninguno cualquiera de los procesados vincu-lados, ni siquiera del seor Camilo Zamora Guzmn, quien confes su participacin enalguno de estos hechos, porque habr de decirse que si su versin no se puede tener comotestimonio de cargo en contra de los dems imputados o sealados, tampoco lo ser en con-tra suya; as que nos hayamos al frente de esa indestructible duda que consagra el principiouniversal del in dubio pro reo y ante el cmulo de dudas que surgen sobre la responsabili-dad de los acusados, se habr de resolver a su favor, producindose entonces sentencia abso-lutoria en su favor. La decisin absolutoria fue posteriormente confirmada por la Corte

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sino tambin enmarcar la necrologa criminal en antecedentes histricos, esta-blecer relaciones electorales y trazar la composicin del tejido civil 44.

Precisamente la Unin Patritica se constituye en momentos muy lgidosdel penltimo ciclo de violencia y su exterminio es un jaln importante en la cr-nica de los ciclos de violencia no slo por el hecho concreto sino por las conse-cuencias para la propia retroalimentacin del ciclo, ya que a la accin del Estadohay que sumarle la reaccin estratgica de la insurgencia endureciendo sus posi-ciones polticas tanto respecto de la estrategia militar como de las estrategias pol-ticas para la negociacin. En este sentido recordemos como a la operacin de laUnin Patritica entre otras muchas sensibilidades se incorporara todo elpatrimonio poltico e intelectual de las FARC. Y este hecho no es balad paraencontrarlo como uno de los argumentos esenciales para una progresiva milita-rizacin de la formacin insurgente, y que ahora tanto se denosta por aquellosque tanto contribuyeron a crear las condiciones. El exterminio de dirigentes ymilitantes de oposicin, o que ejercen su legtimo derecho a la disidencia, es unaconstante en el institucionalismo colombiano. Este proceso se hace mucho msevidente cuando se trata de antiguos militantes y dirigentes insurgentes.

4. NUEVO CONTRATO SOCIAL Y CONSTITUCIN DE 1991: OPTIMUNCONSTITUYENTE Y CONSTITUCIONALISMO NOMINAL

La negociacin y desmovilizacin de tres de los grupos insurgentes, funda-mentalmente del M-19, conllevaba como punto fundamental la propuesta deapertura de un proceso constituyente 45. Se abra un nuevo pacto poltico-sociala travs del cual se habilitaban una serie de espacios polticos y se pactaban unaserie de elementos respecto a un modelo de Estado social a proyectarse a travsde distintas polticas pblicas. Todo ello bajo el marco y las posibilidades de unnuevo modelo constitucional que debera estructurar las condiciones de aper-tura y consolidacin de espacios negociados: la Constitucin de 1991. El con-tenido de dicho pacto fue desvirtuado, y prcticamente incumplido, por la



Suprema de Justicia sobre la base de una serie de forzadas cuestiones formales no materia-les y sin tener en cuenta la situacin procesal vivida por otro lado, habitual con asesina-tos de testigos claves, atentados a defensores, agresiones a apoderados, abandonos del proce-dimiento y exilios del pas (t. zona 7.a, pp. 306-308, 371).

44 As el Captulo introductorio. Contexto histrico, econmico y poltico de lazona, (ibidem, pp. 115-148) o el determinante poltico-electoral (pp.193-202). Al margende que cuando se individualizan los casos tambin se contextualizan.

45 Recordemos como el M-19 se considera totalmente desmovilizado desde el AcuerdoPoltico del 9/3/90 firmado con el presidente Barco. El presidente Gaviria y el PartidoRevolucionario de los Trabajadores suscriben el 25/1/91, el Ejrcito Popular de Liberacinlo hace el 15/2/91, y el Movimiento Armado Quintn Lame firma el 27/5/91.

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intransigencia de distintos sectores polticos y sociales asentados en las cmaraslegislativas y la actitud complaciente del Gobierno. Fundamentalmente en lorespectivo a la reforma constitucional que habilitaba la CircunscripcinEspecial de Paz o sobre unas subsidiarias clusulas temporales de favorabilidad.Slo quedaba la virtualidad de la nueva Constitucin 46.

El texto de 1991 vena a romper las limitaciones de un texto como el de1886 anclado en el iusmercantilismo y el iusinstitucionalismo decimonnico.El texto de 1886 era propicio para una hermenutica que converta en inditoslos derechos fundamentales y por lo tanto su ms bsica aplicacin. E inclusopropiciaba una cultura jurdica donde los propios jueces ignoraban la existenciade cualesquiera institucin o instrumento relacionados con derechos humanoscomo demostrara el trabajo de investigacin del asesinado magistrado CarlosValencia realizada con jueces de las magistraturas de Bogot 47. Por contra, a par-tir del 91 se plasma con rigor y exhaustividad un modelo de Estado democrti-co y social, tal como lo reconocieron los ms diversos constituyentes, incluidoaquellos procedentes de los antiguos grupos insurgentes o, en su sentido msamplio, los que se vendran a denominar mbitos polticos alternativos, quehablaran de una visin de ampliacin de la precaria democracia colombianay de la aprobacin de una Carta que busca justicia y solidaridad social y queentiende que la riqueza de la poblacin colombiana est en su diversidad 48. Sibien habra anlisis mucho menos optimistas que hablaran de microloga cons-titucional 49.



46 El documento base de negociacin sera el Pacto poltico por la paz y la democra-cia, firmado en noviembre de 1989 (PRESIDENCIA DE LA REPBLICA, Un avancehacia la reconciliacin, historia de un proceso, vol. III, Bogot, 1990). Sobre el trnsito delos documentos de negociacin a la frustracin de expectativas, vid. J. ZULUAGA, De gue-rrillas a movimientos polticos en R. PEARANDA, op. cit., pp. 1-74).

47 De la investigacin se desprenda cmo slo el 10% conoca al menos un instru-mento internacional de derechos humanos, menos del 3% conocan dos tratados; y absolu-tamente ninguno haba aplicado jams uno a casos concretos. El mismo juez Valencia, pocosmeses antes de ser asesinado, sera la nica excepcin al inaplicar la prohibicin para la liber-tad provisional del Decreto 1203/1987 (providencias de 27 y 29 de abril de 1989), por vul-nerar el Pacto de Derechos Civiles y Polticos (C. VALENCIA, Legislacin y jurispruden-cia colombiana en relacin con los instrumentos internacionales de proteccin de derechoshumanos en Espacios internacionales para la justicia colombiana, Comisin Andina deJuristas, Bogot, 1989).

48 As O. FALS, La accidentada marcha hacia la democracia participativa enColombia, Anlisis Poltico, n14, Bogot, 1991; y tambin A. ECHEVERRY, Los prin-cipios filosficos de la nueva Constitucin, Criterio, n.o 15, Bogot, 1991 (cit. por R.UPRIMNY en Constitucin de 1991, Estado social y derechos humanos, Seminario deevaluacin. Diez aos de la Constitucin colombiana, ILSA, Bogot, 2001, pp.97-109.

49 Cfr. J. CHILD, El fin del Estado. Desestabilizacin poltica, caos constitucional,Grijalbo, Bogota, 1994.

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As es como el texto no se limita slo a delinear una amplia panoplia dederechos, sino que los envuelve con un sistema garantista con tutela, accinpopular y veeduras. El conjunto de derechos (Ttulo II correspondiente a dere-chos, garantas y deberes) es tan ambicioso que adems de recoger un clsicoCaptulo I de derechos civiles y polticos con 30 artculos, introduce un exhaus-tivo Captulo II de derechos sociales, econmicos y culturales con 35 artculos.Es adems uno de los primeros textos constitucionales que asume de formaexplcita el reconocimiento de la cuarta generacin derechos colectivos tantoen un Captulo III concreto como de forma ms dispersa en relacin a los colec-tivos indgenas 50. La exhaustividad no slo es declarativa sino que viene prote-gida por el muy amplio marco garantista del Captulo IV que da cobertura tute-lar inmediata, preferente y sumaria, a todos los derechos fundamentales sinexcepcin, adems de consignar como de aplicacin inmediata la gran mayorade ellos 51.

Toda esta arquitectura constitucional social y democrtica, instada por sen-tencias genricas de la primera Corte Constitucional, habra devenido en unfiasco normativo apoyado ms en la desestatalizacin social del Estado y en laaplicacin de polticas deconstructivistas que en un modelo de Estado social ydemocrtico. Efectivamente con una interpretacin realmente paradjica, cuan-do no surrealista, el Estado colombiano Estado social de derecho (art. 1) hadesarrollado desde 1991 polticas esencialmente neoliberales en abierta contra-diccin con la presunta naturaleza de su Carta y la doctrina constitucional 52.Doctrina en la que abundara la propia Corte advirtiendo que sin un mnimodisfrute, y por lo tanto garanta, de derechos sociales, econmicos y culturalesno era posible el acceso real al ejercicio de los derechos civiles y polticos 53. Yconcluyendo como el Estado carece de sentido sino es como mecanismo enca-minado a la realizacin de los derechos 54. A mayor abundamiento la imple-mentacin esencial de polticas neoliberales eran atentatorias a la naturaleza



50 Captulo III, De los Derechos Colectivos y del Ambiente (arts. 78-82). El reconoci-miento de los derechos colectivos indgenas viene dispersamente establecido a travs de art-culos como 246, 321, 329, 330, 55 t. y 56 t.

51 Aplicacin inmediata a excepcin de siete de ellos. A destacar la introduccin delartculo 40 que habilitara prometedores mecanismos de participacin y control popular.

52 Cfr. la paradigmtica Sentencia T-406/1992, advirtiendo sobre el papel normativodel enunciado Estado social y sobre la inconstitucionalidad de una consideracin retrica delmismo. Doctrina en la que abundara la Corte en su primera conformacin postconstitu-cional.

53 Sentencia T-570/1992.54 Sentencia que hace trada principal con la T-499/1992 (derechos humanos como

ltima razn de ser de la organizacin estatal) y la C-27/1993 (respecto, eficacia y efectivi-dad de los derechos fundamentales).

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ideolgico-poltica originaria de los pactos que dieron lugar al proceso de des-movilizacin insurgente.

El argumento para excusar dichas polticas e incumplir el mandato socialconstitucional, ha sido como las polticas neoliberales eran inevitables para elcrecimiento bruto de la economa. Pero este argumento se rompe con facilidadpor el simple transcurso del tiempo y la evidencia de los resultados. Al cabo deuna dcada se ha constatado como estas polticas no han servido ni para talmenester, introduciendo a la economa del pas en unos crecimientos incapacespara la creacin de empleo, tejido agro-industrial o infraestructuras. Polticasneoliberales hechas por y para el simple crecimiento y que se han ido deterio-rando, durante toda la dcada, hasta alcanzar ya incluso un crecimiento negati-vo en 1999, apenas sostenido en el siguiente ao 55.

4.1. PRCTICA Y RESULTANDO NEOLIBERAL VS. CONSTITUCIN SOCIAL.LA ECUACIN MISERABLE

En paralelo a la gestin de dicha poltica inevitable fue plasmado el desarrollonormativo contra natura constitucional de los derechos econmicos, socialesy culturales. La consecuencia de ambas variables fue el deterioro radical del nively la calidad de vida de amplias capas de la poblacin. El primer cuatrienio cons-titucional expidi toda una normativa cuyas exposiciones de motivos dabancomo finalidad de la ley todo lo contrario a lo que luego la mecnica de la ley,y su desarrollo reglamentario, seran capaces de producir. La universalizacin deservicios o la disminucin de la desigualdad se convirtieron en muescas de cni-ca dogmtica jurdica 56. Las consecuencias de normativa neoliberal junto a tasasde crecimiento estancadas han producido unas consecuencias que han agudiza-do crticamente las tasas de pobreza y miseria, segn ha patentizado laComisin Andina de Juristas. La pobreza por ingresos afectaba en 1995 al50,8% de los colombianos, aumentando respecto a los ndices de la dcadapasada, siendo del 64% en la poblacin rural, y colocando al pas cercano a gua-rismos africanos. En la consideracin de la miseria nos encontraramos con el



55 Tasas mnimamente ascendentes, desde el 91 al 94, por la euforia desatada merceda los procesos de paz ms que por la puesta en prctica de polticas neoliberales; ya que iranen agudo descenso hasta el crecimiento negativo del 5% en 1999. Especialmente dramti-cos en la industria manufacturera (-14.6) y comercio (-7.3) en Balance macroeconmico yperspectivas para el ao 2000 (Documento Conpes 3061) .

56 A ttulo de ejemplos ms significativos: seguridad social (Ley 100/1993), educacin(Ley 115/1994), indigenismo (Ley 100/1994), laboral (Leyes 50/1990 y 4/1992), admi-nistracin (Ley 60/1993).

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37% en las reas rurales y un 1245 % urbano 57. Las cifras de la Comisin vie-nen ratificadas por un documento inapelable procedente de la propiaPresidencia de la Repblica. En l se concluye como la fase Gaviria dej230.000 ms desempleados en las zonas rurales, reconociendo como la miseriaindigente aument del 26,7% al 31,2%; la pobreza se estableci en el 53,6 dela poblacin, con ms de la mitad de la poblacin sin acceso a agua potable y el65% carecera de alcantarillado. El 50% de la poblacin urbana y el 80% de lapoblacin rural no contaban con seguridad social; y el dficit de viviendas serade ms de dos millones. Eran datos de la propia Presidencia de la Repblica 58.

Estas cifras tienen un reflejo en niveles de estratificacin cuya tendencia,segn escala Gini, podra explicar muchas otras cosas: los dos deciles ms pobresocupan el 3,1% de los ingresos, y los deciles superiores concentran el 59,9%.Situacin por la que los ingresos per capita del 10% de clase alta son 46 vecessuperiores a los del 10% de ingresos inferiores. Aunque algo todava ms rese-able es como esa tendencia a la polarizacin social en el acaparamiento de losrecursos, de los ingresos, y por lo tanto del bienestar y del poder, ha tenido unadinmica mucho ms aguda desde 1988 hasta la actualidad. La desigualdad, lapolarizacin en la estratificacin, registrara a finales del mandato Gaviria, ndi-ces semejantes a los de 1970 59.

Las cifras de la administracin Gaviria se han deteriorado en las siguientesadministraciones Samper y Pastrana. La coyuntura constitucional del 91 hagenerado la paradoja de que mientras se ampliaba la cobertura de derechossociales, el modelo econmico actual haca que retrocediera la garanta de losderechos econmicos, sociales y culturales que ampara el texto constitucional.Las polticas neoliberales consignadas en el recetario del FMI apertura incon-dicional al capital transnacional, procesos absolutos de privatizacin oligopols-tica del patrimonio econmico nacional, gerenciacin de los servicios sociales ypblicos ms fundamentales, precarizacin del modelo laboral y modelo fiscalregresivo siguen produciendo un empeoramiento de la casi la totalidad de los



57 COMISIN ANDINA DE JURISTAS (SECCIONAL COLOMBIA), Situacinde los derechos econmicos, sociales y culturales 1990-1995, Bogot, 1995. Documentopresentado por la Comisin Andina de Juristas (seccional Colombia) ante el Comit deDerechos Econmicos, Sociales y Culturales de la O.N.U., ante la que tiene estatus consul-tivo.

58 PRESIDENCIA DE LA REPBLICA, El Salto Social. Bases para el Plan Nacionalde Desarrollo 1994-1998, cap. 2 y 3, Bogot, 1994. La administracin Samper elaboraraunos captulos iniciales de anlisis crtico del anterior gobierno para facilitar la presentacinde un futuro mejor balance econmico-social a su favor.

59 Indice de 0,48, de los ms bajos del mundo, ya que esta relacin no va ms all deseis veces en pases tan diversos como Finlandia, Japn, Holanda, Bangladesh o Sri Lanka,segn textual comentario de la Contralora General de la Repblica en Finanzas del EstadoColombiano, Bogot, 1995, pp. 4-18, cit. en COMISIN ANDINA, op.cit., pp. 74-5.

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indicadores sociales. De esta manera el panorama social raya la tragedia, comen-zando por una tasa de desempleo oficial del 21% al que sumar un 60% que tra-baja en el sector informal y sin ninguna garanta. El ingreso per capita pasarade 2.158 dlares en 1994 a 2.043 en el ao 2000. La pobreza (por ingresos)aument del 51,7% (1993) al 56,3% (1999), afectando a 24 millones decolombianos, y con una proyectiva del 61,5 (2000). La pobreza porNecesidades Bsicas Insatisfechas (NBI: acceso a servicios pblicos, escolariza-cin, vivienda, hacinamiento) concierne al 25% de familias, cifra que se elevaal 40% en algunos departamentos (Magdalena, Choc, Crdoba, Sucre). Cifrasque si se centran en el nivel infantil dan cifras de 10% de desnutricin, 38% sinescolarizar, 63% sin acceso a la sanidad y 11% de explotacin laboral. Pero lacrisis, la prdida de ingresos, la miseria no afecta a todos los colombianos porigual, es decir la pobreza no se reparte, ms bien lo contrario segn indican lascifras sobre distribucin de ingreso segn las cuales la diferencia entre el 10%ms rico y el 10% ms pobre se ha incrementado de 52,1 a 80 entre 1991 y2000 (Gini de 0,57 respecto al 0,54) 60.

Ante este panorama donde ni siquiera el crecimiento es posible a pesar deser el nico argumento posible para las antisociales medidas neoliberales y enun extremo ejercicio de cinismo poltico, se ha llegado a culpar al exceso degasto social como culpable de la crisis. Y as, desde una variada perspectiva ana-ltica panmonetarista, representada por los hegemnicos sectores conservador yliberal, se achaca al gasto social la culpabilidad del enorme dficit fiscal delEstado y, derivadamente, se le hace responsable de la crisis total. Sin embargoes evidente que han sido dos partidas como la militar (defensa, 12,4%) y lafinanciera (deuda pblica, 36,9), en un total de casi el 50%, las que han hechosaltar un equilibrio presupuestario donde el gasto social total ha quedado en el33,3% 61. La propia Contralora General de la Repblica ha reconocido la bre-cha generada para el necesario cumplimiento del nuevo pacto social, generadoen el 91, por causa de la no correspondencia entre gasto social y responsabili-dad tributaria, advirtiendo de como el grave endeudamiento nacional (militari-zacin presupuestaria/Plan Colombia) puede generar una avalancha sobre laeconoma 62.



60 Dane y clculo DNP/UDS/DIOGS, SISD n.o 26, 2000 en L. SARMIENTO,Balance social de la Constitucin de 1991, Revista Foro, n.o 41, Bogot, 2001, pp. 27-30.

61 Se detecta en los Presupuestos como al gasto social se le han asignado partidas quecorresponderan a Defensa (cursos de entrenamiento, clubes de oficiales, burocracias espec-ficas), u otros como transferencias a la Seguridad Social de los fondos de previsin funcio-narial o la intermediacin financiera del sector privado en la prestacin de servicios sociales(Presupuesto General de Gastos 2001 en L. SARMIENTO, Balance..., op. cit., pp. 30-32).

62 Aplastando las posibilidades de salir adelante y erosionando las bases de los nacien-tes acuerdos sociales y econmicos (CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA,

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Si los resultados de las polticas neoliberales monetaristas son muy negati-vos socialmente, no lo habrn sido menos los resultados neoliberales de la pri-vatizacin que indicaban las anteriores cifras, producto de la poltica privada deoptimizacin del beneficio, las polticas clientelistas de desviacin de recursos,la corrupcin, la ineficacia tcnica y la improvisacin normativa. Al margen delas cifras generales de pobreza resulta indicador de la dinmica actual el que laLey 100/93 haya provocado que la cobertura de previsin y servicio de saludslo recoja al 48,4% de la poblacin en 1999 63. Los servicios pblicos domici-liarios ms bsicos han entrado tambin en un proceso de creciente privatiza-cin, y eliminacin de los subsidios a los estratos ms bajos, que viene supo-niendo un aumento del 30% en el coste. En educacin los buenos propsitosde la legislacin postconstitucional (Ley 115/94, Ley 60/93, Ley 30/92) no hancuajado sino en desviacin reglamentaria o en la prctica abusiva del inefableartculo 341 de la Constitucin; y as encontramos como slo el estrato 1 (deseis estratos, y donde se desplaz a los niveles 3 y 4 a muchas familias por elhecho de contar con un electrodomstico o cotizar a la seguridad social) tienegarantizado el acceso completo a subsidios, por lo que para el ao 2000 se haestimado por el Icetex una desercin escolar del 30%. En la educacin univer-sitaria ya se ha puesto en marcha un programa de eliminacin de subsidios a laUniversidad Pblica que contempla la introduccin del sistema de crdito, yque pretende ir mermando su precaria situacin. En los ltimos diez aos no seha creado una sola universidad pblica mientras se ha procedido a la descapita-lizacin del resto. Mientras la salvaje poltica de privatizacin del mbito uni-versitario posibilita que slo en Bogot haya ms de cien universidades privadascon capacidad para habilitar titulados superiores a precios slo asequibles a lasrentas altas y con una calidad de la enseanza directamente extrapolable delnmero habilitado de las mismas 64.



Los estragos de la deuda pblica, Gestin fiscal, informe financiero, n.o 4, abril de 2000). Laespiral deudora es muy grave ya que para 2001 representar el 35% PIB y los gastos alcan-zarn el 30%, mientras los ingresos quedarn en 15%. Siendo la principal partida delPresupuesto del 2001 el servicio de la deuda que aumenta el 29,3%, por lo que el 86% delos ingresos tributarios sern absorbidos por su servicio (Presupuesto General de Gastos2001 en L. SARMIENTO, Balance..., op. cit., pp. 30-32).

63 Cfr. M. HERNNDEZ LVAREZ, El derecho a la salud en Colombia: obstcu-los estructurales para su realizacin en La salud est grave. Una visin desde los derechoshumanos, ILSA, Bogot, 2000.

64 Las mencionadas acusaciones de fiasco de las polticas pblicas emprendidas y decorrupcin aadida han sido reconocidas, entre otros, por los propios ex ministros deSanidad, Galvis y Patio, a la sazn presidente de la Academia Nacional de Medicina, o lasgraves contradicciones expresadas por el ministro de Educacin Rodrguez Cspedes (L.SARMIENTO, op. cit., pp. 34-5 y A. RODRGUEZ CSPEDES, Educacin yConstitucin diez aos despus, Revista Foro n.o 41, pp. 67-76; cfr. tambin C. AHUMA-

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Proceso que ha venido rodeado de un ambiente de corrupcin generaliza-do incapaz de ser atajado incluso habindose dotado la Constitucin de 1991de un instrumento constitucional previsto ad hoc como es la ProcuraduraGeneral 65.

La sintomatologa del fracaso de las polticas neoliberales viene reconocidoincluso por sus propios gestores de antao avisando sobre las consecuencias delmodelo para un nuevo modo en la deslegitimacin del Estado y en el fortaleci-miento de la estructura de violencia 66.

4.2. MISERIA DEL CONFLICTO O CONFLICTO DE LA MISERIA. COLOMBIA COMO PIEZADEL MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL

Una buena parte de medios de comunicacin, clase poltica e intelectualesorgnicos varios, alimentan la idea de como la causa de la parlisis econmicade Colombia viene accionada por los costes que provoca la existencia de movi-



DA, El modelo..., op. cit. Una muy amplia perspectiva jurdico-poltica en COMISINCOLOMBIANA DE JURISTAS, Constitucin Poltica de Colombia. Comentarios al TtuloII, Bogot, 1997. De una forma genrica, vid. J. SILVA, Un nuevo modo de desarrollo huma-no para la paz. Anlisis y perspectivas de la economa colombiana, Aurora, Bogot, 2001).

65 Una muestra de ello sera el denominado Proceso 8000, que llev al procesamiento ycondena de decenas de cargos institucionales, colaboradores y clase empresarial de laAdministracin Samper. Proceso posible no por la transparencia y eficacia de laAdministracin de Justicia o la eficacia de la Procuradura General sino por haberse desata-do una guerra de clanes dentro de la propia clase poltica frentenacionalista y por la estig-matizacin que dictara Estados Unidos de dicha administracin. De hecho los casos decorrupcin han sido mltiples en todas las administraciones. En el caso de la actual admi-nistracin Pastrana sirven de ejemplo los casos Fondo Interministerial, Chambac, Dragacolo Banco del Estado (Vid. La elite neoliberal en Colombia en C. AHUMADA, El mode-lo..., op. cit. pp. 145-173); o el ltimo caso Telecom respecto a la privatizacin de comuni-caciones (vid. Semana, 12 de noviembre del 2001).

66 Este es el caso del expresidente Lpez Michelsen quien durante su mandato (1974-8) habra aplicado el mismo tipo de polticas y en 1997 reconoca su fracaso calificandocomo diablico el modelo neoliberal actual: Los resultados de la aplicacin de este mode-lo han sido la importacin de cinco millones de toneladas de alimentos y materias primasque antes se producan en Colombia; el abandono de un milln de hectreas cultivables, yentre 800.000 y un 1.200.000 desempleados del sector rural. El discurso de LpezMichelsen corroborara la hiptesis de como esta estructura econmica es uno de los impor-tantes elementos que alimentan determinados escenarios poltico-sociales que no son pro-ducto de la generacin espontnea: Muchos de esos desempleados se fueron con la guerri-lla o los paramilitares, algunos pocos entraron en las filas del ejrcito y la Polica y otros sesumaron a los cocaleros para practicar sus conocimientos campesinos en el nico campo enel que es remunerativa la agricultura (Discurso en la Universidad del Rosario, octubre de1997, cit. El Tiempo, 17 de octubre, 1997).

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mientos insurgentes, confundiendo causas con consecuencias e intentando exi-mir de responsabilidades al propio Estado y a las clases dirigentes gestoras y pro-pietarias. Sin embargo, una simple ausencia de la insurgencia para nada cam-biara la coyuntura geoeconmica de un pas hegemonizado como Colombia,que es un problema demostrado con lgica y marco estructural dependientepropio.

La economa de Colombia qued bloqueada mimetizando las obsoletaspolticas neoliberales que emprendera todo el continente hace varias dcadas, eintensificara en la ltima, y que se han mostrado ineficaces para afrontar unmnimo realineamiento de sus estructuras econmicas y construir sociedadesbsicamente equilibradas 67. Dinmica esta contundentemente corroborada porel ltimo informe de la propia CEPAL donde concluye como las variables dedesempleo, pobreza y distribucin del ingreso

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Palacios, Francisco J. Violencia, Derechos Humanos y Democracia en Colombia