SEXTA PARTE

Imaginarios, territorios y normatividad

Fabio López de la Roche

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES:

INCOMPRENSIONES Y DESENCUENTROS

Este ensayo intenta abordar en una primera parte algunos ele­mentos conceptuales sobre la relación entre medios de comuni­cación y movimientos sociales, así como entre éstos y los prime­ros, en una época histórica como la presente, marcada por la centralidad de los medios masivos en la experiencia cultural de individuos y grupos sociales. En una segunda parte, sobre la base del estudio de la movilización campesina de noviembre de 1999 en el departamento del Cauca, y de la manera como los medios nacionales dieron cuenta de ella desde su producción informa­tiva, mostraremos algunos problemas que se presentan en la relación que construyen los medios nacionales con los movimien­tos sociales y con los niveles regionales de la información, como también algunas facetas de cómo el movimiento social se rela­cionó con la comunicación masiva, con miras a hacer visibles internacional, nacional y localmente sus reivindicaciones. Final­mente, presentaremos algunas sugerencias a los medios y a los movimientos sociales, con miras a la construcción de versiones informativas más equilibradas y más acordes con las complejas realidades de nuestro país y de sus regiones.

ANTECEDENTES Y PRECISIONES CONCEPTUALES

Mucho se ha escrito en los últimos años en el mundo y en Amé­rica Latina, desde mediados de los años ochenta y sobre todo a

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partir de los años noventa, acerca de la influencia de los medios de comunicación masiva en diversas esferas de la vida social. Entre algunos temas que han sido abordados por la investiga­ción, está el de la massmediatización de la política, el desarrollo de la telepolítica o política televisiva, en virtud de la centralidad y la expansión de la televisión en la vida social durante esas dé­cadas y las precedentes (Schmucler y Mata, 1992; Landi, 1991); el de la influencia cultural de la televisión y de las nuevas tecno­logías audiovisuales e informáticas en la producción de nove­dosos procesos cognitivos, nuevas sensibilidades culturales, va­lores, estilos de vida y nuevas formas de memoria, perceptibles especialmente en las nuevas generaciones; o el de los retos que el nuevo régimen comunicativo les plantea a los intelectuales ha­cia su interlocución con la sociedad, mediada ahora por nuevas formas de obtención de la visibilidad (Sarlo, 1997). En otro cam­po, el de la vida cotidiana y la ritualidad social, recientemente nos ha sorprendido un bello trabajo, muy sugerente para la antropo­logía urbana, acerca de la influencia de la televisión sobre la trans­formación y puesta en escena contemporánea de las fiestas de quince años (Nieto Calleja, 2000).

Sobre la massmediatización de la política, no está de más obser­var que en los años recientes, de forma similar a como en Argen­tina llegaron a ocupar el poder en sus provincias el automovilista Carlos Reuteman y el cantante y empresario de espectáculos "Pa­lito" Ortega, apoyándose en una visibilidad social y en un recono­cimiento colectivo obtenidos en campos diferentes al de la activi­dad política, Colombia ha vivido un proceso de llegada a las instituciones parlamentarias de un buen grupo de videopolíticos o políticos televisivos: inicialmente Antanas Mockus, y después el locutor deportivo Edgar Perea, el director de cine Sergio Cabrera, el actor Bruno Díaz, la actriz Nelly Moreno, el humorista Alfonso Lizarazo, la cantante negra Leonor González Mina y la periodista María Isabel Rueda, para nombrar sólo algunos de los casos.

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Para mirar la influencia de la videopolítica sobre las audien­cias televisivas convertidas en electorado, quiero narrar una anéc­dota por cierto bastante expresiva de lo que está pasando con la formación de la decisión electoral del votante. Actuando como jurado oficial en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 1998 en el barrio popular de Las Cruces de Bogotá, en una mesa donde votaban mujeres, muchas de ellas mayores de 30 años, nos sorprendió una mujer que al llegar nos expresó a los jurados elec­torales presentes en el momento en nuestra mesa que "Yo quiero votar por la de La viuda de blanco". Todos probablemente sabía­mos que La viuda de blanco era una telenovela, pero ninguno de nosotros en medio de nuestro desconcierto atinaba a descubrir por quién realmente quería votar la señora. Le entregamos el tar-jetón donde figuraban los candidatos a la Cámara de Represen­tantes, y después de varios minutos de búsqueda del candidato de su preferencia nos indicó la foto de Leonor González Mina, la cantante negra, ampliamente conocida como "La Negra Grande de Colombia", quien había representado en La Viuda de Blanco el papel de empleada doméstica. Lo curioso es que no la identifica­ba como "La Negra Grande de Colombia", sino como "la de La viuda de blanco".

Retomando la investigación académica sobre el paisaje me­diático de fin de siglo XX y comienzos del XXI, hay que observar que si bien la actividad investigativa y pedagógica de Jesús Mar­tín-Barbero ha dinamizado enormemente en el país el interés de la academia por la comunicación social y por una pluralidad de orientaciones de la investigación comunicativa (su línea cen­tral de indagación sobre comunicación-cultura, pero también el interés por la relación entre comunicación y educación, comu­nicación y democracia, comunicación y desarrollo, comunicación y tecnicidad, etc.), y los trabajos de Germán Rey y Javier Darío Restrepo (Rey y Restrepo, 1996; Rey, 1997) han venido estimu­lando el interés por la relación medios-democracia, por los pro-

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cesos en el interior del periodismo y por la cuestión de la res­ponsabilidad social de los medios, está haciendo falta en el país el desarrollo desde la academia de programas y proyectos de in­vestigación empírica sobre medios, procesos, sucesos y episodios de información y comunicación masiva concretos, y procesos de formación de opinión pública y de pautas de ciudadanía.

En los departamentos de ciencia política, si bien está nacien­do una preocupación por la relación medios-democracia-ciuda­danía, la comunicación política no ha sido un tema principal ni en la producción académica de la politología colombiana, ni en los currículos de las carreras existentes actualmente en el país. En las propias conversaciones de paz con la insurgencia arma­da, en las propuestas de reforma política y en las plataformas de movimientos sociales y partidos políticos, parece ser un tema de segundo o tercer orden. Dentro de la clase política, con con­tadas excepciones, prima la práctica que hace que los medios de comunicación y las licitaciones para acceder a espacios den­tro de ellos en Señal Colombia y en los canales del sistema mix­to se otorguen como pago de favores políticos o personales. No obstante los desarrollos citados de la investigación comunicativa en Colombia y en América Latina, poco sabemos en nuestro país, de una parte, sobre la influencia del nuevo paisaje comunicati­vo de finales del siglo XX, comienzos del XXI, sobre los movi­mientos sociales, sobre las formas de ritualidad, de sus integran­tes o participantes, sobre sus discursos, los cambios ocurridos en sus simbologías políticas, acerca de sus formas de puesta en escena, de la protesta y de las reivindicaciones1, sobre su com­prensión o incomprensión del mundo de los jóvenes y de las

1 Sobre la escenificación de la protesta por los movimientos sociales en la ciudad de México, véase el trabajo del antropólogo Francisco Cruces, "El ritual de la pro­testa", en Néstor García-Canclini, (coord.), Los ciudadanos imaginados por los medios, UAM-Iztapalapa, México, 1999.

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nuevas mediaciones generacionales de la acción política y social. Y creo que si sobre los temas nombrados algo intuímos, de otra parte, tendríamos que reconocer que muy poco sabemos sobre -y muy poco hemos estudiado-, las formas de representación de los movimientos sociales en medios y formatos específicos de prensa, radio y televisión. Hay que reconocer, no obstante, como antecedentes significativos en el estudio de las maneras como los medios han construido sus representaciones de los movimien­tos sociales y de la protesta social, el trabajo de Jorge Iván Bonilla y Eugenia García sobre cubrimiento de paros cívicos desde los editoriales de El Tiempo, y la investigación de Carlos Iván García sobre representaciones periodísticas acerca del desplazamiento forzado y de los desplazados.

La construcción de lo público también se juega en los medios privados

Es importante subrayar, respecto a la construcción del interés público desde las políticas de manejo de la comunicación y los medios masivos, que ese proceso involucra no sólo a los medios de comunicación público-estatales desde el punto de vista de su propiedad, sino al conjunto de los medios masivos, y dentro de ellos a los privados, que, no obstante su propiedad privada, jue­gan funciones públicas fundamentales que implican responsa­bilidades y deberes para con la sociedad.

En medios de comunicación, con excepción de aquellos or­denamientos donde todos los medios de comunicación son de propiedad estatal, la construcción de lo público tiene que pen­sarse y asumirse también desde lo privado y, por ende, la catego­ría kantiana de "publicidad" no puede concebirse al margen del sistema privado de medios. La esfera pública comunicativa con­temporánea, aquello que algunos autores han denominado el agora electrónica, en épocas de fuerte desregulación de los sis-

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temas de medios como la actual, no puede imaginarse sin abo­car lo público que se juega en lo privado.

No está de más recordar que un factor adicional que ha fa­vorecido el manejo privado de los medios de comunicación ha sido el desprestigio de los modelos estatales de manejo de me­dios, en virtud de los abusos y manipulaciones llevados a cabo por los gobiernos populistas, los regímenes militares derechis­tas de los setenta y los socialismos burocráticos cubano y de Europa del este. Es conveniente precisar que este desprestigio de los modelos de propiedad pública sobre los medios de co­municación no implica la descalificación de algunas entidades estatales (como Inravisión, la Radiodifusora Nacional, la Comi­sión Nacional de Televisión, o de las "oficinas de comunicacio­nes" de las instituciones estatales) como potenciales agenciadoras de políticas de construcción democrática de lo público, así algu­nas de ellas en la actualidad no lo sean.

Quisiera añadir que cuando me refiero a la necesidad de ver al sector privado de medios como un lugar importante para el diseño y desarrollo de políticas vinculadas a la promoción del interés público, lo hago desde una mirada políticamente opti­mista sobre los procesos de campo2 que tienen lugar en las empre­sas periodísticas, y con una valoración de las posibilidades que pueden incubarse desde aquellos sectores del periodismo y la comunicación social que laboran desde parámetros de profe­sionalismo y de compromiso con los deberes democráticos del oficio. Este optimismo no es sin embargo ingenuo. En un pano­rama de desinstitucionalización, de corrupción y de subordina­ción de lo público a los intereses particulares como el que vivi­mos actualmente en el país, no podemos ser ingenuos, pero

2 Me refiero a la noción de campo de Pierre Bourdieu, entendida aquí como la esfera del periodismo y de los medios de comunicación, con sus instituciones, agen­tes y funciones especializadas (Bourdieu, 1998, 1999).

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tampoco apocalípticos e incapaces de ver los gérmenes de re­novación de las costumbres y de transformación de la cultura política dominante.

Los sistemas de medios como reproductores del orden social

Buena parte de la literatura teórica sobre medios y sistema po­lítico plantea la relación funcional entre los medios de comuni­cación y el mantenimiento del statu quo político, económico y social. Para Gaye Tuchman "la noticia es una aliada de las insti­tuciones legitimadas" (1983:16), en la medida en que cubre prioritariamente sucesos de instituciones legitimadas. Tuchman y Van Dijk han mostrado cómo los medios despliegan su red de captura de información noticiosa privilegiando actores e insti­tuciones políticamente legitimadas que les proveen de sus ver­siones e interpretaciones oficiales e institucionales de los suce­sos. Van Dijk ha argumentado así la reproducción del statu quo que realizarían tendencialmente los medios de comunicación:

La accesibilidad de las fuentes favorece los relatos de los ac­

tores periodísticos que han organizado vinculaciones con la prensa,

como los portavoces, los comunicados o las conferencias de pren­

sa. Las rutinas de la producción periodística, de esta manera, re­

producen la estructura social mediante su especial selección y aten­

ción respecto de las organizaciones, las instituciones y las personas

que cumplen con estos requisitos. Esto explica parte del especial

interés por las élites política y social, los países más fuertes o las

organizaciones importantes. El encubrimiento social y el poder

de los actores destacados y sus acontecimientos son reproducidos

y confirmados por la prensa. Estas limitaciones sociales tienen an­

tecedentes y consecuencias cognitivos. Esta atención especial y re­

petida por personas, grupos y países destacados también lleva al

periodista a elaborar modelos y marcos en los que estas élites son

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actores dominantes. Es decir, los periodistas internalizan el cua­

dro social resultante de las limitaciones sociales y profesionales

en la escritura de noticias (Atwood y Grotta, 1973). Y este modelo

o esquema favorece a su vez la selección y la producción de rela­

tos periodísticos sobre las mismas élites. Se ha demostrado ya que

es muy difícil romper este círculo vicioso3.

Los esquemas o "guiones" desde los que se cubren determinados eventos y sucesos

Van Dijk ha puesto de presente cómo desde las rutinas perio­dísticas se configura una serie de guiones o esquemas desde los cuales tienden a cubrirse, desde distintos sistemas de medios, ciertos eventos sociales. Las huelgas laborales, paros y otras manifestaciones de protesta tenderían, por ejemplo, a ser cu­biertos desde el esquema del traumatismo que ellos producirían en el funcionamiento normal de las instituciones.

En efecto, si prestamos atención a la información televisiva que se difunde en nuestro país en coyunturas de paros cívicos, huelgas y otras manifestaciones de protesta social, encontrare­mos que los balances que se hacen sobre el día del paro están orientados de manera antinómica y maniquea a dar partes de normalidad o de quebrantamiento del "orden público", y muy pocos informes se orientan a informar sobre las perspectivas y razones de los protagonistas de la protesta.

Las rigideces de las rutinas profesionales o ideologías de la noticia

Tal vez en virtud de su tendencia a privilegiar instituciones y ac­tores de la noticia políticamente legitimados o política y econó-

Van Dijk (1996), p. 175.

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micamente poderosos, los medios descuidan el seguimiento de actores subalternos, que no por serlo resultan menos importan­tes para la concordia social, para la construcción de consensos y alternativas negociadas a los conflictos.

Gaye Tuchman ha subrayado también cómo a menudo las lógicas profesionales en la producción de la noticia que privile­gian la noticia dura (factual, inscrita en la coyuntura, descripti­va, relacionada con hechos concretos) sobre la noticia blanda (contextual, histórica, estructural y analítica) favorecen la narra­ción de hechos sobre el planteamiento de cuestiones: "La concien­cia del oficio en el trabajo informativo identifica a los aconteci­mientos, y no a las cuestiones, como el material fundamental y la sustancia de la noticia dura" (Tuchman, 1983: 153).

A L G U N O S A P U N T E S SOBRE EL C U B R I M I E N T O MEDIÁTICO DEL M O V I ­

M I E N T O CAMPESINO DEL MACIZO COLOMBIANO EN NOVIEMBRE DE

1999 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Mi interés por el cubrimiento por parte de los medios naciona­les de la movilización campesina del Macizo Colombiano en el departamento del Cauca partió de la constatación de que la in­formación que yo recibía, sobre todo la televisiva, a través de los autodenominados noticieros nacionales, tenía muy poco que ver con la información recibida simultáneamente por vía telefóni­ca, conversando con colegas, amigos y familiares residentes en la ciudad de Popayán. Lo que percibía más fuertemente era la información que descalificaba al movimiento por estar supues­tamente "infiltrado" y dirigido por la guerrilla, mientras toda la información que recibía telefónicamente, procedente de fuer­zas muy distintas y al mismo tiempo muy confiables, evidencia­ba un fuerte y amplio apoyo ciudadano a la movilización.

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Las razones para la movilización campesina y ciudadana

Algunas de las razones principales que inspiraron la moviliza­ción campesina y de amplios sectores de la población urbana de Popayán, que muy poco figuraron en la información audiovisual, y algo en la información de prensa, serían las siguientes:

• El incumplimiento por los sucesivos gobiernos de los com­promisos acordados con el movimiento campesino como pro­ducto de anteriores movilizaciones.

• La permanencia de graves problemas de vías, educación, salud, transporte, electrificación, telefonía.

• La aparición de nuevas demandas, con el fin de hacer frente a nuevos problemas que se adicionan a los antes nombrados, de vivienda, ecológicos y de derechos humanos.

• La molestia por la no inclusión del Cauca en el Plan de Desarrollo, un sentimiento extendido de marginalidad regional y ciertos motivos de dignidad regional y de descontento con los niveles nacionales, muy presentes en amplios sectores sociales de la capital departamental. Probablemente hayan jugado tam­bién su papel el desempleo en una ciudad donde el principal empleador es el Estado, que ha tenido que prescindir en los úl­timos años de decenas de funcionarios y trabajadores, así como la situación de los pensionados del departamento, afectados por atrasos de tres y cuatro meses en sus mesadas.

• Ligado a lo anterior, una sensación de solidaridad ciuda­dana con la situación social de los campesinos de los municipios del Macizo Colombiano. Este sentimiento de solidaridad ciuda­dana se expresó en la elaboración de banderines de papel con la consigna "Por vida digna para el suroccidente. Yo te amo Macizo", jugando con la erótica popular de "Yo te amacizo", con el símbolo del abrazo solidario y la representación de las mon­tañas de una región que tiene también una indudable significa­ción ecológico-simbólica para los caucanos.

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Esta pluralidad de razones quedaba absolutamente subsumida en una versión hegemónica difundida por los medios que hacía énfasis en que en Popayán "no hay gasolina ni hay comida". Como bien lo expresa una de las participantes, en observación intere­sante para ver cómo la gente construye desde las regiones pers­pectivas críticas sobre las versiones de los acontecimientos pro­ducidas por los medios nacionales, "el filtro nacional en televisión no se pudo evitar. Uno veía solamente que no hay gasolina, que no hay alimentos, que Popayán está con hambre..."4.

LOS SECTORES PARTICIPANTES EN EL MOVIMIENTO

En el movimiento participaron sectores del magisterio, agrupa­dos en la Asociación de Institutores del Cauca, Asoinca, asocia­ciones de trabajadores como Fesutrac y otros sindicatos, Funcop y otras ONG de reconocidas cartas democráticas, grupos de mu­jeres organizadas, madres comunitarias y madres, FAMI, colonias de migrantes residentes en la ciudad, provenientes de Almaguer, La Vega, Santa Rosa, Bolívar, La Sierra, Mercaderes y otros muni­cipios del suroccidente del departamento, juntas de acción co­munal y habitantes de distintas comunas y barrios de la ciudad, así como sectores del movimiento indígena. El movimiento gozó también de cierta neutralidad y cierta atención de los gremios y los medios locales, cíclicas es cierto, en la medida en que la movi­lización se prolongaba y se recibían distintas presiones del go­bierno central. Hay testimonios también de la solidaridad es­pontánea de la gente, en ocasiones gente muy pobre, que con­tribuía con una libra de azúcar o un frasco de aceite a la recolec­ción de alimentos para ser enviados a las zonas de taponamiento

4 Entrevista con una de los participantes en la movilización ciudadana de apoyo al Movimiento del Macizo en noviembre de 1999, Popayán, mayo 6 de 2000, p. 16.

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de la carretera Panamericana. Si bien no se puede negar la par­ticipación de sectores de la insurgencia armada en el movimiento, no se puede descalificar al conjunto del movimiento campesino y ciudadano tildándolo de guerrillero.

En este punto quisiera decir que creo que hay que evitar des­de el poder central el uso de este recurso a la estigmatización de cualquier movilización social sobre el supuesto muchas veces in­fundado de que la guerrilla está detrás de ella. Es un recurso maniqueo, irresponsable y estimulante de mayores radicalismos y polarizaciones, por lo cual no está de más sugerir a los periodis­tas la necesidad de un cubrimiento cuidadoso, matizado y equili­brado de los conflictos sociales. En la teorización sobre la libertad de expresión y la independencia de los medios, uno de los indi­cadores fundamentales de aquéllas es la cobertura equilibrada y comprensiva de los conflictos sociales (Me Quail, 1998: 187).

O T R A S DEFICIENCIAS Y SESGOS EN EL C U B R I M I E N T O P O R LOS ME­

DIOS NACIONALES DE LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA

Además de los problemas citados en el cubrimiento por parte de los medios nacionales del conflicto campesino, habría que anotar otras carencias en la acción de los medios:

• La desatención de los periodistas hacia las realidades regio­nales y sus complejidades. Mientras en el caso de la insurgencia armada y las negociaciones de paz se exponen a menudo los pun­tos de vista de especialistas y analistas del conflicto, generalmen­te residentes en la capital, en el caso de los cubrimientos de estas movilizaciones regionales pareciera no haber el más mínimo in­tento de entrevistar a intelectuales y analistas locales.

• La reproducción inercial, en muchos casos, de las opinio­nes de los altos funcionarios del gobierno por parte de los me­dios. Uno de los episodios que más molestia generó y genera hasta hoy día en la población que tomó parte en la movilización

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fue el de la acusación formulada por el ministro Néstor Hum­berto Martínez en uno de sus viajes a Popayán, a los líderes del movimiento, de no haber querido recibirlo, de la cual los me­dios nacionales hicieron eco inmediatamente, apareciendo los campesinos como opuestos al diálogo y a la negociación. La verdad es que los líderes del movimiento se encontraban en ese momento informando a sus bases sobre el desarrollo de la ne­gociación, y para eso se habían desplazado a los dos puntos de bloqueo de la Panamericana, a El Cairo (Cajibío), en el norte, y a Galíndez (Patía), en el sur.

• Es evidente que en algún eslabón de la cadena que conec­ta a reporteros, periodistas asignados para cubrir la moviliza­ción, fotógrafos, camarógrafos, y otros trabajadores subalternos de los medios, con editores y jefes de redacción, o se produje­ron filtros a la información proveniente de la región sobre lo que efectivamente estaba pasando, y se privilegió la versión guber­namental de los acontecimientos, o simplemente por descono­cimiento y falta de preparación los periodistas no pudieron leer y asimilar lo que allí estaba sucediendo.

Al hacer estas críticas al comportamiento de los medios ma­sivos nacionales, y sobre todo a la televisión, quisiéramos subra­yar el cubrimiento atento y equilibrado realizado por el diario El Colombiano, así como el amplio despliegue otorgado por di­cho periódico a la movilización, al punto de dedicarle un infor­me especial de varias páginas durante los días del conflicto.

LA COMUNICACIÓN DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En el caso del movimiento campesino del Cauca, el trabajo de las ONG solidarias con la movilización permitió mantener per­manentemente informadas a través del correo electrónico a sus contrapartes europeas, constituyendo importantes espacios de presión y fiscalización sobre el gobierno nacional.

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En los niveles local y departamental, se logró mantener más o menos informada a la ciudadanía sobre la negociación y el cur­so de los acontecimientos, conservando el apoyo ciudadano du­rante 26 días que duró el movimiento. La formulación de li­neamientos que se tradujeron en consignas como "Cualquier propuesta del gobierno debe ser para unir y no para dividir", o aquella dirigida a construir opinión local, "Conocer lo que su­cede es avanzar en caminos de solidaridad", fue importante para garantizar la cohesión interna y el apoyo ciudadano.

En el sistema local de medios fue importante el apoyo brin­dado a la visibilidad social del movimiento, por la actitud abier­ta de Radio Super. Esta emisora, que funciona encadenada con otras pertenecientes a la misma red en otras ciudades del país, logró en alguna medida transgredir el bloqueo informativo na­cional, dando la palabra a participantes y líderes de la moviliza­ción campesina. Como lo expresa otra de las participantes: "De verdad es que a través de Super, por lo menos, pudimos mante­ner todos los días la información oficial desde lo popular, de lo que realmente estaba sucediendo, y se podían hacer entrevistas en directo desde El Cairo"5.

El movimiento no logró superar los bloqueos informativos del nivel nacional, aunque mandó información a varios medios nacionales y a otras instituciones del nivel central, y estableció contactos con la revista Semana, la cual publicó un informe so­bre el movimiento.

SUGERENCIAS FINALES A TÍTULO DE CONCLUSIÓN

A los medios nacionales hay que decirles que requieren mayor

atención hacia los movimientos sociales y las expresiones de la

protesta social. Como lo han anotado distintos analistas de me-

Ibidem, p. 16.

Medios de comunicación y movimientos sociales t 489 ]

dios, el cubrimiento respetuoso de los conflictos y la capacidad de dar cuenta de manera objetiva y justa de los diversos intere­ses enjuego puede contribuir a estimular prácticas de toleran­cia y de flexibilidad en la negociación y, por ende, a la consecu­ción de la paz social.

• Los medios nacionales deben repensar su relación infor­mativa con las regiones y con los escenarios locales, con miras a construir estructuras informativas y comunicativas verdadera­mente representativas de lo nacional. En cuanto a la informa­ción sobre los movimientos campesinos, hay que anotar que el mundo campesino y de las zonas de colonización con sus con­flictos, problemas, anhelos y esperanzas, muy poco aparece en los medios masivos, y mucho menos en la televisión. Los me­dios, arrastrados por la urbanización cultural creciente del orbe y de la vida nacional, descuidan realidades que para el caso co­lombiano es importantísimo conocer para buscar soluciones a los diversos conflictos que allí se incuban, entre ellos, el de la confrontación armada guerrilla-Estado y el de la existencia en algunas sociedades campesinas y de colonización de una base social de apoyo para el proyecto político-militar de la guerrilla.

• Es necesario, desde el análisis comunicativo, realizar in­ventarios regionales y locales de medios y prestar atención a la relación entre los sistemas regionales y locales de medios y la cobertura geográfico-territorial de los sucesos. No está de más anotar aquí cómo para la construcción de la agenda pública en el Cauca, por ejemplo, además de El Liberal, el único diario de prensa escrita en la ciudad, de las emisoras radiales y de los ca­nales televisivos locales, son importantes el diario El País, de Cali, y el Canal Regional "Telepacífico". Es conveniente que los mo­vimientos sociales conozcan estos sistemas regionales y locales de medios masivos, con miras a lograr acceso a ellos y poder re­presentar sus opiniones y perspectivas en torno a distintos asun­tos de interés público.

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• Los movimientos sociales deben asumirse como provee­dores de información para los medios, y para ello deben cons­truir estrategias comunicativas adecuadas: boletines, organiza­ción de ruedas de prensa con sus líderes y voceros, con conoci­miento y buen manejo de la especificidad de los distintos medios y formatos. Esto supone saber hablar y gesticular para televisión, saber redactar un comunicado para los medios, conocer el gre­mio periodístico y cultivar relaciones con periodistas y comuni­cadores, conocer sus rutinas de trabajo, las horas de cierre de sus ediciones, etc.

• Al mismo tiempo, los movimientos sociales y sus líderes tie­nen también que repensar sus inercias y carencias comunicativas, sus discursos contestatarios rutinarios a menudo convertidos en cantinela, o la confusión de escenarios, como sucedió con la par­ticipación de algunos líderes y activistas sindicales durante la au­diencia ciudadana en San Vicente del Caguán para discutir polí­ticas de empleo entre empresarios y sindicalistas -audiencia transmitida televisivamente por el canal público Señal Colom­bia-, donde observamos la poca eficacia del traslado del modelo del miting de plaza pública y del formato discursivo contestatario y de denuncia a la televisión, junto a otros problemas de la puesta en escena de la reivindicación popular y sindical, ligados a la di­ficultad de escuchar y de dialogar con el contradictor político o con el vocero patronal o empresarial, así como a la posibilidad de construir una buena comunicación con la sociedad.

• Es importante considerar, además, ciertas consecuencias comunicativas negativas de acciones reivindicativas, como las tomas de vías, que afectan los intereses de amplios sectores de la población, tener mucha conciencia de su oportunidad y sen­tido en determinadas coyunturas. Lo anterior lo expreso en la medida en que me tocó ser testigo de expresiones ciudadanas de molestia y al mismo tiempo de intolerancia con el movimiento social caucano durante la pasada Semana Santa (abril del 2000),

Medios de comunicación y movimientos sociales [ 491 ]

que estuvieron asociadas a dos hechos, que desestimularon no­toriamente el flujo de turistas a la ciudad de Popayán, afectan­do a comerciantes, hoteleros, dueños de tabernas y establecimi­entos nocturnos, expositores de ferias artesanales, vendedores ambulantes y otros sectores que tradicionalmente se benefician del flujo de turistas a la ciudad durante la Semana Mayor. De un lado, la explosión, en la semana previa a la Semana Santa, de una bomba en la carretera Popayán-Cali, que había quedado sobre la vía luego de una refriega entre guerrilla y ejército, que al tratar de ser manipulada por las fuerzas oficiales mató a un ciudadano, mutiló a otro e hirió a pasajeros que casualmente transitaban por la carretera Panamericana. De otro, un conato de movilización indígena y de bloqueo por ella de la carretera Panamericana, el cual se produjo en esa misma semana anterior a la Semana Santa, que aunque al parecer fue decidido inconsul­tamente por algunos indígenas sin contar con el aval de la di­rección del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fue percibido por amplios sectores de la ciudadanía como causante del débil flujo de turistas hacia Popayán. Fui testigo de un grafftti puesto en la pared a la entrada de la sede del movimiento de integración del Macizo, CIMA, insultando a sus miembros e in­crepándoles porque "se tiraron la Semana Santa".

Creo, en cuanto a este asunto, que buscando un comporta­miento más maduro y una acción política más responsable, dada la muy compleja y conflictiva situación por la que atraviesa ac­tualmente nuestro país, los movimientos sociales deben tener en cuenta la reflexión desarrollada desde la teoría de la ciudada­nía sobre la necesidad de la moderación y el sentido de la opor­tunidad en las acciones, demandas y reivindicaciones de los mo­vimientos sociales.

Finalmente, quisiera decir que a la academia le correspon­de desempeñar un papel crítico sobre la producción de medios y la construcción social de la realidad, y simultáneamente un pa-

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peí propositivo que estimule la construcción de espacios de co­laboración con aquellos sectores al interior de los medios inte­resados en un funcionamiento objetivo, democrático y pluralista de los medios masivos.

Los trabajos de Teun Van Dijk sobre medios de comunica­ción, racismo y exclusión social de minorías e inmigrantes en el caso europeo (1997), las investigaciones sobre narrativas y con­trol político y social (Mumby, 1997), los estudios interdiscipli­narios dedicados al análisis etnográfico y antropológico de los rituales políticos y las movilizaciones ciudadanas (Cruces, 1998), así como los análisis de los discursos mediáticos constructores de representaciones sociales acerca del conflicto en general y de conflictos específicos, podrían alimentar valiosos estudios em­píricos de los movimientos sociales y de las expresiones reivin­dicativas de sectores subalternos, que contribuyan a la construc­ción de una representación más equilibrada, plural, matizada y objetiva de una realidad altamente compleja como es la colom­biana contemporánea, que requiere para el encuentro de alter­nativas a su crisis presente, objetividad, crítica de los abusos, par­cialidades y subordinaciones indebidas de los medios, y sobre todo, compromisos claros e indeclinables con la verdad.

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Reinaldo Barbosa Estepa

IMAGINARIOS COLECTIVOS Y CRISIS DE

REPRESENTACIÓN:

LAS DISPUTAS TERRITORIALES EN UN ESTADO EN

ENTREDICHO

Practicar la memoria implica disponer de los instrumentos conceptuales e

interpretativos necesarios para investigar la densidad simbólica de los rela­

tos; "expresar sus tormentos", supone recurrir a figuras del lenguaje (sím­

bolos, metáforas, alegorías) lo bastante conmovedoras para que entren en

relación solidaria con la desatadura emocional del recuerdo. El consenso -

que reprime esta desatadura emocional- sólo nombra la memoria con pala­

bras exentas de toda convulsión de sentido para que no vayan a alterar el

formulismo minuciosamente calculado del intercambio político mediático.

Nelly Richard1

Es preciso superar el dualismo entre "filósofos"y "no filósofos" que se ha

traducido muchas veces en una relación de hostilidad entre filósofos que se

entienden a sí mismos como casta especial y políticos que entienden a los

filósofos como francotiradores sin compromiso'1.

Jorge Luis Acanda

El conocimiento y dominio de la territorialidad puede llegar a ser un arma para la guerra o un instrumento para la coexisten-

1 Nelly Richard, "Políticas de la memoria y técnicas del olvido", en Cultura, política y modernidad. Gabriel Restrepo editor, CES, U.N., 1998. - Jorge Luis Acanda, La contemporaneidad de Antonio Gramsci; Editorial C. Sociales.

La Habana, 1991.

[ 4 9 6 ] REINALDO BARBOSA ESTEPA

cia dentro de la diferencia. El territorio bien puede ser un polí­gono de fuerzas en el que se desenvuelven los enfrentamientos por el poder o espacios simbólicos de trascendencia para la pro­ducción y reproducción étnica. Del mismo modo que el suelo, o la renta que éste genera, la producción agrícola o minera y la acu­mulación que logre provocar, tanto como la monopolización de la propiedad de la tierra, son estratégicamente importantes para empresarios capitalistas, ganaderos y terratenientes; en igual medida, aunque dentro de un significante valorativo distinto, las lagunas, los cerros, las piedras u otros sitios naturales son marcas con significación social para comunidades ancestralmente ubica­das allí; o marcadores naturales que delimitan el área de explota­ción de un grupo, definen sus derechos a los recursos del medio, o la zona de influencia de sus chamanes y brujos, en caso de las comunidades indígenas.

La ponencia en referencia, "Imaginarios colectivos y crisis de representación: las disputas territoriales en un Estado en entre­dicho", aporta una mirada amplia de la crisis de gobernabilidad, los mecanismos de entramado redes de poder y las respuestas que la población civil da en los territorios disputados por los actores armados. Uno de los factores de la actual crisis insti­tucional de la sociedad colombiana, además de la inoperancia del Estado, lo constituye el papel de las colectividades políticas en su relación con el movimiento social. La llamada crisis de los partidos se expresa en la disfuncionalidad, en el sentido de que buena parte de sus funciones se han venido deteriorando, fun­damentalmente en torno de la construcción de identidades y mecanismos de representación, mostrándose incapaces de dar respuesta a las demandas y expectativas de la población; que instauran a la postre condiciones propias de una cultura políti­ca atravesada por mecanismos de tramitación coercitiva e inti­midación, a partir de nuevas formas de lealtad ideológico-polí-tica que bien pudiera denominarse "clientelismo armado", cuya

Imaginarios colectivos y crisis de representación l 497 ]

complejidad merece ser abordada con mayor énfasis en el aná­lisis de coyuntura3.

En este sentido, el presente documento constituye una aproximación al estudio de las formas de "gobernabilidad alter­nativa" que van construyendo espontánea y cotidianamente las comunidades, allí donde la precariedad estatal y las disputas armadas por el control territorial colocan a la población civil en estado de indefensión, dando lugar a una particular cultura política, si así puede llamarse a los modos de obrar que surgen como respuesta a las situaciones en las que al Estado y sus insti­tuciones les resulta imposible procesar con efectividad las de­mandas de los diversos sectores de la ciudadanía, ganando su propia legitimidad. Recurriendo a la manera como se vivencia, como se recuerda, y sobre todo como se recomponen identida­des e imaginarios colectivos en medio del conflicto, y a pesar de los mismos, se presenta a manera de caso, sin pretensión de exhaustividad, y para los estudios comparativos a que hubiere lugar, el análisis no coyuntural de la coyuntura en la región de los Llanos, sector territorial y sociocultural en el que he venido desarrollando mis investigaciones sobre la complejidad de las violencias y su interrelación con el Estado y los partidos políti­cos en sus connotaciones espacio temporales regionales4.

3 Para el objeto de este documento hemos tenido en cuenta los aportes al debate de Luis Jorge Garay, La transición hacia la construcción de sociedad; reflexiones en torno a la crisis colombiana, 1999. Salomón Kalmanovitz, "Rcntismo, crisis y nueva sociedad". Cambio 16, enero 2000. José Antonio Rivas León, "Gobernabilidad, democracia y partidos políticos: Ideas para un debate", en Ciencias de gobierno N- 5, junio 1999. Minrex, PNUD, Fescol, "El fin de la política o su verdadero comienzo". Bogotá, 1996.

4 Puede consultarse: Guadalupe y sus centauros, memorias de la insurrección llanera, IFPRI U. N. CEREC 1992. Orinoquia, Amazonia, conflictos regionales. IEPRI u. N. FESCOL 1998. "Vuelan los Bachacos, economías, sociedades y conflictos interétnicos en los Llanos", 1999 inédito.

[ 4 9 8 ] REINALDO BARBOSA ESTEPA

IMAGINARIO Y REPRESENTACIÓN EN LA CULTURA POLÍTICA

¿Cuáles pueden ser las preguntas desde las cuales abordamos la que consideramos historia de instantes cotidianos o de sue­ños colectivos de larga duración, que por lo "superfluos", o "va­gos" o de "escaso rigor científico", apenas si alcanzan para re­construir el símbolo político o las transformaciones geográficas del poder? Las respuestas a ¿por qué, en medio de esta "crisis catastrófica", no hemos logrado semantizar las experiencias de la muerte, del genocidio recurrente o la eliminación del opo­nente? ¿Por qué, en medio de esta carrera loca por la "revolu­ción de la información" se desdeña el pensamiento simbólico mientras se privilegian las cadenas discursivas en las que el ejer­cicio de la violencia apuesta radicalmente a imponerse como parte del tejido social y el impacto de lo inenarrable sume en la mudez al pensamiento critico? Creo que dan para algo más que una crónica roja o un evento en la página judicial en los perió­dicos.

Incidir sobre las relaciones entre la historia y lo imaginario, a la manera de Lucien Febvre, en el "problema de la increduli­dad en el siglo XVI", a propósito de Gargantúay Pantagruel, o de la más reciente obra de Evelyne Patlagean, La historia de lo ima­ginario, en la que "el dominio de lo imaginario está constituido por el conjunto de las representaciones que rebasan el límite planteado por las constataciones de la experiencia y los encade­namientos deductivos que éstas permiten"; como decir que cada cultura, cada sociedad e incluso cada grupo étnico, con toda su complejidad, tiene sus imaginarios. Incidir, decimos, sobre la violencia y sus imaginarios, los imaginarios de la cultura políti­ca, los procesos de construcción y deconstrucción del poder o la subjetividad de la información apenas empieza a ser del interés de los historiadores, quienes en la mayoría de los casos han de acudir a las fuentes literarias, estéticas o al pensamiento religio-

Imaginarios colectivos y crisis de representación [ 499 ]

so, portadores del símbolo y el signo, dos modos de habitar el lenguaje humano y, por tanto, vestigios de la acción social.

Los imaginarios en cuanto formas de representación, y las mentalidades, entendidas éstas como visiones de la sociedad y la naturaleza, habitan el lenguaje, viven del lenguaje y se nu­tren de representaciones y pensamientos. La semantización o, mejor dicho, las palabras son a la vez indicadores que designan cosas, y evocaciones que suscitan la evocación del acontecimiento.

Lo imaginario en la historia colombiana pertenece al campo de la larga duración y abarca una amplia variedad de posibilida­des, que van desde la iconografía, el manuscrito de un testamen­to, el "boleto de amenaza" o la declaración libre o juramentada de un testigo o de un acusado en expediente judicial, hasta el canto arrebatado del peón remembrando la gesta cotidiana.

Desde la antropología, los estudios etnológicos y sociológi­cos, el mito y la leyenda de nuestros pueblos, el arrebato de los actores armados o la fecundidad laboriosa de la mujer en socie­dades patriarcales en las que el hombre divaga como corsario en busca de territorios por sujetar y saquear, mientras la mujer se funda para crear y recrear, adquieren la estatura del documen­to monumento y retratan la jerarquización del poder de unos grupos humanos respecto de otros, de unos territorios frente a otros, la mediación de lo sagrado, como escribe Gellner en su capí­tulo sobre la guerra y la violencia, y permiten explicar algunos de los factores generadores de conflicto en sus formas simbóli­cas: "Generalmente las sociedades agrarias son autoritarias. El principal factor que determina este notable rasgo es la lógica del derecho de propiedad y el deseo de desarmar, en la medida de lo posible, a todo potencial especialista rival en ejercer la coac­ción"5. Aunque esta formulación es útil en igual medida para

5 Ernest Gellner, Antropología y política, revoluciones en el bosque de lo sagrado. Gedisa ed. Barcelona, 1997.

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explicar la lógica defensiva de las comunidades nómadas o semi-nómadas, bien sea el indígena o el peón de sabana, cuya rique­za móvil, difícilmente logra ser sujetada por las leyes del merca­do o el fuego de las ametralladoras.

Qué útil ha venido siendo para la historia de la sociedades indígenas y marginales la confrontación de las mentalidades europeas con el mito y la magia americana, que se produjo en los albores de la presencia extranjera en nuestro territorio y cuya evolución posterior definió, en medio de la crisis de la moder­nidad, la caída de los paradigmas que sustentaban el pensamien­to occidental racionalista, reivindicando como distinto, como otro, el pensamiento simbólico y mítico, como ya lo planteaba Cassirer en su Filosofía de las formas simbólicas. Bachelard, por su parte, abandona su posición racionalista, filosófica y psicológi­ca, para dedicarse a la interpretación de la poética entendida como una forma de comunicación donde las palabras adquie­ren nuevos significados y se unen a los símbolos y los pensamien­tos. De ambos están llenos los estantes de la memoria colectiva de las comunidades territoriales colombianas6.

Bástenos mencionar la mentalidad cristiana, heroica y de tiempo lineal, propia de los europeos, al contacto con la com­plejidad de las cosmovisiones indígenas. Se replegó a sus oríge­nes medievales, levantó mamparas de intolerancia, estigmatizó la sabiduría de brujos y chamanes, sojuzgó a los pueblos de la cultura del maíz y judicializó la diferencia étnico-cultural. De­trás, el apetito por los territorios y sus recursos, el afán del usu­fructo de la mano de obra indígena; y porque no, en el fondo de su orgullo de honor caballeresco, la búsqueda de gloria en la ritualización de sus hazañas retrotraídas en el recuerdo de olvi­dados mitos de la antigüedad, como el de las amazonas, los

" Milagros Palma, La mujer es puro cuento. Feminidad aborigen y mestiza.. Bogotá, Ter­cer Mundo. 1992.

Imaginarios colectivos y crisis de representación l 501 ]

cíclopes, las sirenas, los encantamientos y hechizos, y al mismo tiempo la urgente necesidad de realizar proezas que superaran las releídas novelas de caballería, que enriquecieron la literatu­ra de la Conquista, contada de primera mano, o de ojos vista, en la versión de los cronistas.

Las transmutaciones culturales resultantes llevan siglos de elaboración, puesto que la cosmogonía indígena sufrió un re­pliegue tras la destrucción de su obra monumental artística y es­tética; la obra de las misiones religiosas, la introducción de un nuevo modelo económico social y político a través de las reduc­ciones, haciendas y conventos, como en el caso de los jesuitas en el Llano, erigió la impronta de la cultura criolla, arisca y cima­rronera; y el estilo romancero del antiguo juglar creó el canta­dor, coplero relancino que se convierte en el memorialista a tra­vés de cuya voz se relata la tragedia, el corrido es símbolo e instrumento y por él y a través de él se personifica, se simbiotiza y se simboliza la vida cotidiana de los llaneros.

La historia y el pensamiento eurocéntrico de la modernidad difícilmente pueden referir la importancia de Doña Bárbara de Gallegos o La vorágine de Rivera, que recuperan el mundo de las ideas y de la vida del Llano y sus sabanas, de la frontera teji­da por la selva entre la civilización y la barbarie, para explicar que no siempre triunfa la lógica racional, que la naturaleza en su formas originarias acaban por configurar el carácter telúrico de la cultura, y que, entre sus complejidades, termina por sucum­bir la fuerza del hombre corsario o filibustero (extractor de ma­terias primas para el mercado mundial), quien en su intento por domeñar termina "tragado por el llano o la selva", dando signi­ficación al proceso de construcción de territorialidad'.

' Ernest Gellner, Cultura identidad y política. Barcelona, Gedisa, 1998. Varios, Can­tan los alcaravanes. Asociación Gravo Norte 1990. Camilo Domínguez y otros, Colom­bia: Orinoco. Arauca, U.N., Fondo FEN, 1998.

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Constituyen fuentes primarias en el proceso de reconstrucción del saber, del mismo modo que las cadenas discursivas del corri­do guerrillero, y muy recientemente el corrido carrancero o la música norteña: retratan los imaginarios de lo inenarrable, repro­ducen el ejercicio de la violencia constitutiva del tejido social y manifiestan la imposibilidad de someterlo a la resignificación; en igual sentido, tanto la literatura local o sobre lo local, como las expresiones demosóficas, nos permiten una lectura de la cultura política, de los imaginarios de los oponentes, de la capacidad que despliegan las agrupaciones partidistas para proponer un siste­ma de representación a la totalidad de la sociedad, sin siquiera contemporizar con las transformaciones causadas por los nuevos imaginarios políticos.

En territorialidades marginales, en comunidades premo-dernas como se les ha llamado a los desarrollos fronterizos por fuera del ecumene o espacio vital, los imaginarios políticos li­gan íntimamente la vida privada con la colectiva; el sistema de representación auto-otorgado subsume el consenso colectivo, y los imaginarios de la oposición levantan territorios vedados para los oponentes. "Sin embargo, las sociedades que muestran una gran participación militar (y por lo tanto política) de sus miem­bros constituyen, según parece, una minoría en las sociedades agrarias; bastante más comunes son aquellas sociedades centra­lizadas, jerárquicas y opresivas, en las que la eliminación de ri­vales condujo a la concentración del poder"8. Antes que el afán por la innovación tecnológica o el incremento de excedentes pro­ductivos, la mayor preocupación estriba en ejercer regulación a través del equilibrio de poderes que se controlan recíprocamen­te mediante el mecanismo de la segmentación o el gregarismo local, según el término usado por Durkheim, procedimiento

Ernest Gellner, Antropología y política, p. 184.

Imaginarios colectivos y crisis de representación [ 503 ]

según el cual los segmentos sociales o de grupo "sólo pueden controlar a sus propios miembros y obtener su apoyo al domi­nar o invadir todos los aspectos de sus vidas, sus prácticas ritua­les, matrimoniales, económicas y de otra índole"9.

Aunque sutil, la expansión territorial de los nuevos actores en armas, en el caso colombiano, genera un triple proceso: de una parte, la homogeneización ideológico-política y, de suyo, la inser­ción en todas las formas de acción social, político-administrativa y cultural; en segundo lugar, la segmentación en uso de la regula­ción, la mediación y el control, funciones propias del Estado; y por último, la unificación territorial mediante la consolidación, léase copamiento de nuevos territorios, de territorialidades pro­tegidas por la fuerza de las armas. Estos procesos se nutren de la prestación y contraprestación de favores y servicios, "clientelismo armado"; lo que antaño caracterizaba el comportamiento políti­co de las agrupaciones partidistas tradicionales, se constituye en el modo de obrar de los oponentes armados al régimen, y de las organizaciones paramilitares; elevando a la categoría de "enemi­go político" a quienes no cuenten con su aval, bien para la ocupa­ción de cargos públicos o la tramitación de compromisos contrac­tuales, contratos, privilegios o reencauzamiento de los fondos públicos; a la pugna político-militar se le agrega la disputa te­rritorial, y por ese camino se reedifica el paradigma de la iden­tidad.

Las identidades resultantes subrayan lo paradójico de la pre­cariedad de la cultura política, se mistifica lo propio, la perte­nencia colectiva, pero se estigmatiza la oposición, la negación del otro. La vivencia construida de manera directa otorga legiti­midad al imaginario propio y del grupo al que se pertenece, pero

9 Émile Masqueray, Formation des cites chez les populations sédentaires de l'Algerie. Pa­rís, Edisud, 1983.

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califica de irrelevante y subjetiva la pertenencia e identidad del otro. Proceso resultante de los acuerdos fraguados por arriba durante el Frente Nacional, que en su momento rescató al país de las violencias interpartidistas y de intervención militar en los asuntos del Estado, pero que ahondó las raíces de la crisis políti­co-institucional. Mientras el poder se concentraba en manos del bipartidismo, las emergentes fuerzas de oposición eran excluidas del mismo. Sin competencia ni control político, el clientelismo y la corrupción se instauraron en la vida pública, menguando cre­dibilidad al conjunto del aparato institucional. Las fuerzas insur­gentes y paramilitares que se consolidan territorialmente donde el Estado cede sus dominios asumen no sólo el control de la vida pública e institucional en una ambigua combinación entre insur­gencia e institucionalidad, sino que también heredaron la rigidez del esquema institucional y los vicios del clientelismo y la corrup­ción. Por esa vía, a nombre de la revolución, los unos, y de la de­fensa de la institucionalidad, los otros, tejen los hilos de la nueva cultura política; aunque con significativas diferencias entre unos y otros.

Las fronteras naturales que antaño vinculaban los pueblos y su expresiones culturales, se erigen ahora como fronteras de muer­te, basta un gesto para iniciar el ataque, una copa de sombrero, una jineta, la posición de los bolsillos en la guerrera o el blandir de un poncho identifica o diferencia, y encontrarse en el momento inoportuno en el lugar no indicado es sinónimo de muerte. Ésa es la metáfora de la cotidianidad en los territorios sumidos en el turbión de la degradación de la guerra, en medio de esta moder­nización que nos cobijó a todos. La crisis de legitimidad cobija todas las instancias políticas del orden nacional, departamental y local y sus efectos repercuten en la configuración de nuevos mo­dos de obrar pragmático e inmediatista: todo tiene precio, todo es negociable, todo tiene su cuarto de hora, que se aprovecha o se desecha, y lo pactado se cumple o se paga con la vida.

Imaginarios colectivos y crisis de representación [ 505 ]

Superado el Frente Nacional mas no sus efectos, el escalo-namiento del narcotráfico agudizó la ruina del régimen políti­co y su sistema de representación partidista; los partidos ya no representan a nadie, sólo son microempresas electorales que se conforman coyunturalmente para negociar empeñando el era­rio o estableciendo alianzas de distinta naturaleza con los comer­ciantes de narcóticos y de otras formas de economía subterrá­nea; financiado el clientelismo se asegura el ejercicio de la impunidad de la justicia, la definición y distribución del presu­puesto de las entidades territoriales y la formulación de las polí­ticas públicas; el monopolio de la fuerza se fragmenta en manos de la fuerza pública comprometida con la guerra sucia y entrega­da al mejor postor. Frente a estos fenómenos de crisis de gober­nabilidad, crisis de legitimidad y deterioro de la cultura política o su reconfiguración, como dice Norbert Lechner, asistimos más que nada a transformaciones de la política y el surgimiento de nuevas formas que expresan su desceñir amiento, su informalización o desconfiguración del andamiaje institucional, y la reestructura­ción de lo público y lo privado, reestructuración de la esfera pú­blica y privatización de la política, como postula este autor10. Quizá por eso, o como efecto de lo mismo, en las zonas de frontera agrí­cola los nuevos imaginarios están íntimamente ligados a la rota­ción geográfica del poder.

LA FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL, EPÍTOME DE LA INCERTIDUMBRE

Observar con detenimiento la política del Estado colombiano, regulador como debiera ser de las relaciones interestatales, interinstitucionales e intersubjetivas, en materia de administra­ción territorial, podemos sugerir, a manera de hipótesis que: "La

10 Norbert Lechner, "Por qué la política ya no es lo que fue", en Nexos, N2 216, México, 1996.

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geopolítica del Estado colombiano es la geopolítica del caos". Las fronteras vecinales constituyen escenarios en tensión, en los que se vigilan con sigilo los movimientos del vecino, se alertan los fúsiles o se tienden cordones sanitarios mediante el control mili­tar auspiciado desde Washington, en cuanto "Colombia constitu­ye una amenaza potencial para la región". Y la política de fronte­ras, contenida en la Ley 191, por ejemplo, va desdibujándose frente a la convivencia cotidiana en las zonas de interacción. La crisis institucional y política trasciende las fronteras territoriales colombianas, narcotráfico, violencia insurgente y crisis de dere­chos humanos son pretexto en el escenario internacional, auspi­ciado por el Pentágono y el Departamento de Estado norteame­ricano, para calificar a Colombia de "amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos" y propiciar su aislamiento interna­cional e interno del gobierno, como en efecto ocurrió durante el período presidencial inmediatamente anterior, 1994-1998.

Internamente asistimos a una fragmentación territorial sin antecedentes en la historia, en cuanto se van consolidando pivotes geopolíticas con carácter patrimonial de uso exclusivo de grupos de interés, organizaciones armadas o santuarios de seguridad defendidos con las armas. Su coexistencia se explica o se justifi­ca con argumentaciones que van desde tecnicismos propios del modelo de desarrollo, pertinencia de un plan de ordenamiento territorial propuestos por los ministerios e institutos en la Ley 388 de 1999, hasta proyectos políticos propios del reformismo institucional, Ley 290 de 1996, proceso de descentralización, ley orgánica de ordenamiento territorial; pasando por movimien­tos regionales, sociales y académicos que se atreven a defender particularidades de la territorialidad ancestral u otras alternati­vas de ordenamiento territorial. Y al margen o paralelamente con ellos, las concepciones vanguardistas y/o fundamentalistas de los actores armados que se disputan el territorio para la con­solidación de sus espacios de poder.

Imaginarios colectivos y crisis de representación i 507 ]

El proceso político militar asociado a las reestructuraciones territoriales se adentra en la memoria histórica, desde cuando "las guerras civiles del siglo XIX y comienzos del XX fueron gue­rras de expropiación en las cuales el botín de guerra de los ven­cedores eran las tierras de los vencidos"11. Pero igualmente está asociado con la política de tierras del Estado central, que consi­deraba los territorios allende la frontera, territorios baldíos y, por tanto, susceptibles de ser otorgados como parte del pago de la deuda pública, y en cuanto desconoce la existencia de co­munidades ancestrales, justifica y autoriza la violencia de los nue­vos ocupantes. Colonización y ocupación territorial han venido siendo sinónimos de violencia, expulsión y desplazamiento for­zado. Las distintas etapas de las violencias político-militares du­rante el siglo xx se dieron en escenarios productivos que deja­ban significativos excedentes como zonas de extracción de ma­teria prima: quina, caucho, pieles, recursos forestales, zonas cafeteras, zonas petrolíferas y, más recientemente, zonas coca-leras, sobre las cuales la presencia paramilitar (pájaros, sicarios y autodefensas) no sólo garantiza el control monopólico del pro­ducto extraído y su mercado, sino que agencia la expropiación de pequeños propietarios y el control de los territorios median­te la coacción y la fuerza de las armas. Se impone entonces, la necesidad del control de la fuerza laboral tanto como la necesi­dad del uso de la fuerza para la defensa.

En ambos casos se privilegia y se establece el control de vien­tres y nacimientos; la colonización también se da en el vientre del ocupado, engendrando su propia prole de varones para la guerra y para el trabajo; además de la tierra, el recurso más importante viene a ser la fuerza de trabajo; el poder y la seguri­dad se miden en relación directa con la posesión y control de

" Camilo Domínguez y Fernando Cubides, editores, Desplazados, migraciones inter­nas y reestructuraciones territoriales, CES U.N., 1999.

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territorios y de hombres. Por eso es tan importante homogenei-zar a partir del establecimiento de vínculos de lealtad como el endeude económico o pago por anticipado, el vínculo de san­gre y la lealtad clientelista. Tanto la insurgencia como el para-militarismo, al igual que la profesionalización de las fuerzas ar­madas, se han convertido en fuente de empleo que, a la vez que incrementa los pies de fuerza, teje la urdimbre del tejido social del territorio que se desea controlar. Quien no se acoja o se en­frente a esta dinámica se asume como desplazado, diferencian­do así "regiones expulsoras" de "regiones receptoras", forma actual de la reestructuración territorial.

La expansión territorial de las guerrillas y el escalamiento del conflicto armado frente al Estado han incrementado los enfrentamientos entre éstas por el control de zonas de influen­cia, y contra éstas, el paramilitarismo, en cuanto política de Es­tado, busca recuperar el control de territorios mediante masacres y crímenes de lesa humanidad.

Para el movimiento insurgente el territorio no es sólo su tea­tro de operaciones bélicas o fuente de recursos; es también el lugar donde se edifican y se controlan los símbolos de la legi­timidad, el escenario de cristalización de su proyecto estratégi­co, para lo cual busca, al menos en teoría, mecanismos de cohe­sión y de lealtad socio-política, y sobre este territorio ejerce poder, aunque no toda la población esté en armas, aunque, sin embar­go, sobre ella se practique la violencia coercitiva.

Lo que bien pudiera llegar a ser una lógica transaccional en­tre actores armados tras el mismo objetivo, el dominio territo­rial se convierte en factor de confrontación. La expansión de las FARC, entre 1985 y 1999, a lo largo de la geografía colombiana se dio con base en la combinación de tres factores: de una parte, la incapacidad militar de las fuerzas regulares para derrotar a la guerrilla, generando un virtual equilibrio de poderes; de otra parte, la confluencia de la presión social, el fortalecimiento del

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movimiento campesino en lucha por la tierra y las movilizaciones urbanas de pobladores por mejores servicios, coyunturas apro­vechadas por la guerrilla para otorgarse la representación de estos sectores e incidir sobre su evolución; y en tercer lugar, las inconsistencias de la política de paz por parte del Estado, que le restaba credibilidad. Mas, sin embargo, las FARC requirieron cons­truir su propia legitimidad a partir de incidir en todos los asun­tos de la vida de sus bases sociales de apoyo, fundando su accio­nar en las raíces históricas y sociales de la insurgencia popular de los años cincuenta y en los procesos de colonización agraria espontánea, armada o coquera.

El ELN, pese a los continuos reveses militares, se desplaza hacia el nororiente, desde donde se inserta en las zonas de ex­plotación petrolera sobreviviendo militarmente reducido, a ex­pensas del control del aparato de Estado, en una ambigua interacción entre la institucionalidad y la insurgencia, factor por el cual se diferencia y se enfrenta militarmente con las FARC.

Las selvas del río Lipa, frontera natural entre el piedemonte oriental y las sabanas araucanas, se convierten en lugar de con­frontación entre estos dos actores armados por cuanto allí se dirimen las diferencias por el control de las fuentes de recursos financieros estratégicos para cada una de ellas. Los paros arma­dos del ELN no son otra cosa que un mecanismo de coerción con­tra las FARC para presionar acuerdos que no se pueden dirimir po­líticamente en las corporaciones públicas donde tienen asiento.

Al margen del fortalecimiento militar de la guerrilla y del eventual desarrollo del movimiento social y político, empieza a desarrollarse desde los años setenta un fenómeno que multipli­caría y haría más complejas las disputas político militares por los dominios territoriales: el narcotráfico. Estimulado por el enorme mercado estadounidense y surtido por la oferta de pas­ta de coca de Perú y Bolivia, la cocaína encontró en Colombia no sólo una plataforma geoestratégica adecuada, sino sobre todo

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un nicho propicio, generado por el carácter estructural de agu­da desigualdad social, ilegalidad y violencia propio de un régi­men político corrupto y en crisis.

La regulación económica y la intervención social impuestas por las FARC en las zonas cocaleras, y en menor medida prohi­jadas por el ELN como parte de su política financiera, propicia­ron, por un lado, el fortalecimiento financiero y militar de la in­surgencia, en contraste con el debilitamiento de su discurso político, y por otro, la confrontación con los organismos de jus­ticia privada, sicarios, pájaros, autodefensas y paramilitares, que el narcotráfico creó y apoyó para contrarrestar los embates de las guerrillas, simultáneamente auspiciados por terratenientes, hacendados, comerciantes y empresarios. Frente a la ofensiva guerrillera, las autodefensas se consolidan, desde principio de los años noventa, con indiscutible participación de la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado.

Las costas del río Casanare, la confluencia con el río Meta y la red fluvial que recorre los territorios de la Orinoquia se cons­tituyen en escenario de confrontación armada por dominios te­rritoriales entre la insurgencia y el paramilitarismo. Desarrollan­do una ofensiva estratégica, las AUC desplazan efectivos armados hacia los puntos de entrada de abastecimientos: la carretera Pamplona-Río Frío-Saravena, La Cabuya, carretera del Cusiana, Chocontá-Aguaclara y el cruce del río Upía; el objetivo expresa­do públicamente es evitar que la cordillera Oriental se convier­ta en la "Sierra Maestra" de la subversión. Para conseguirlo, han aumentado significativamente su pie de fuerza. Por su parte, las autodefensas del Meta se subdividen territorialmente entre Puer­to López, El Castillo, El Dorado, controlando los puntos de ac­ceso al Orinoco y el Atlántico por el eje del río Meta y hacia el occidente, por el filo de la cordillera, impidiendo que las FARC controlen militarmente todo el piedemonte desde Arauca hasta el Putumayo.

Imaginarios colectivos y crisis de representación [511]

La guerra antinarcóticos desarrollada por el Estado duran­te los años noventa generó una doble situación: el desplazamien­to de los cultivos y las cocinas hacia el nororiente de la Orinoquia, y el incremento de la inversión de narcodólares en la compra de tierras en la sabana y el piedemonte. Y con ellos, los mecanis­mos de coerción, intimidación y terror sobre la población civil. Sin embargo, no todo propietario puede abandonar sus propie­dades; aquellos que tengan fundaciones superiores a las 250 hectáreas, no pueden ni ceder ni vender sus posesiones; por el contrario, deben pagar un impuesto de seguridad de $50.000 promedio. La tributación asegura los excedentes necesarios para sostener la guerra contra la subversión.

"Entre 1992 y 1998 fueron asperjados cerca de dos y medio millones de litros de glifosato para erradicar más de 19.000 hectáreas de amapola y 41.000 hectáreas de coca. Hoy, en el año 2000, ninguna autoridad antinarcóticos sabe con precisión cuán­ta amapola existe en Colombia y la CÍA acaba de señalar que se cultivan en el país 122.500 hectáreas de coca, lo cual se traduce en un potencial de producción de más de 500 toneladas de co­caína para el mercado mundial"12, lo cual revela el rotundo fra­caso de la política antinarcóticos.

La magnitud del problema de los desplazados dejados por la guerras y la reestructuración violenta del territorio nacional se hacen aún más complejas, frente al impacto de las economías extractivas de influencia internacional como el petróleo. "Debi­do a las gigantescas ganancias que produce y a las enormes trans­formaciones que ocurren sobre las regiones en donde actúa, el petróleo tiene efectos explosivos sobre una sociedad y su espa­cio. En regiones como la Orinoquia o la Amazonia, en donde hay bajas densidades demográficas y la presencia del Estado es

12 Ricardo Vargas Mesa, "Un mal menor ¿erradicar la actual política antidrogas?" en u.N. Periódico, abril de 2000.

512 REINALDO BARBOSA ESTEPA

prácticamente simbólica, las compañías petroleras se convierten en el factor determinante en los procesos de ordenamiento es­pacial..."13. Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, Coporo, Tolvane­ra y otros campos de explotación no sólo se constituyen en te­rritorio vedado para el control efectivo y real del Estado o la sociedad, sino que generan su propia forma de defensa estraté­gica contra la subversión, que les obliga a pagar la tasa petrole­ra, a reinvertir socialmente las regalías y regular las relaciones laborales paraestatales que allí se establecen.

La postmodernidad cogió al país sumido en el desorden te­rritorial. La precariedad administrativa del territorio dificulta la gestión pública y ciudadana, permitiendo la colisión de fun­ciones y competencias. La sociedad colombiana se enfrenta a la existencia de múltiples y variadas territorialidades. Las interpre­taciones de las territorialidades nacionales por parte de los agen­tes estatales no orientan el desarrollo económico, crean tensio­nes entre el Estado y los agentes de la producción y restringen los espacios públicos para los agentes económicos.

Pero sobre todo las formulaciones recientes sobre reorde­namiento territorial excluyen a comunidades negras e indíge­nas, no reconocen sus territorios, los mecanismos tradicionales de apropiación colectiva de la tierra, o el carácter mágico, ritual y simbólico de los territorios ancestrales. Ni el Estado central, ni los organismos regionales de planificación, como los Corpes, abordan esta complejidad, y planifican en abstracto; las comu­nidades marginales o periféricas consideradas barbecho social no caben en las estadísticas y, por tanto, están por fuera de toda perspectiva planificadora.

Podría resumirse diciendo que el ordenamiento territorial en el actual esquema es equivalente a desconocimiento de las

13 Camilo Domínguez, "Petróleo y reordenamiento territorial en la Orinoquia y la

Amazonia", en Cubides y Domínguez, op. cit., p. 41.

Imaginarios colectivos y crisis de representación [513]

regiones históricas, yuxtaposición de la modernidad tardía a la historia de las provincias, ruptura de las identidades provincia­les y desconocimiento de las formas subregionales para el ma­nejo del territorio, provincias y comarcas.

Frente a la crisis de territorialidad, fruto de la crisis insti­tucional y política del Estado y la sociedad, pareciera levantarse una opción en los opositores al régimen. Pero vistas en detalle las fisuras que la guerra deja, el territorio como espacio de po­der, de producción y reproducción comunitaria, es decir, en cuanto espacio vital, no figura en las agendas de negociación de los actores armados.

Al contrario, ante el vacío territorial del Estado colombiano se incrementa la rotación geográfica del poder: retorno a la geopolítica del siglo xix, el territorio es un espacio por conquis­tar o arrebatarle al otro, y la fuerza de las armas es el instrumento per se. El conocimiento y dominio de la territorialidad puede lle­gar a ser un arma para la guerra o un instrumento para la coexis­tencia dentro de la diferencia. El territorio bien puede ser polí­gono de fuerzas en el que se desenvuelven los enfrentamientos por el poder; o espacios simbólicos de trascendencia para la pro­ducción y reproducción étnica.

Del mismo modo que el suelo, o la renta que éste genera, la producción agrícola o minera y la acumulación que logre pro­vocar, tanto como la monopolización de la propiedad de la tie­rra, son estratégicamente importantes para empresarios capita­listas, ganaderos y terratenientes; en igual medida, aunque dentro de una significación valorativa distinta, las lagunas, los cerros, las piedras u otros sitios naturales son marcas con signi­ficación social para comunidades ancestralmente ubicadas allí; o marcadores naturales que delimitan el área de explotación de un grupo, definen sus derechos a los recursos del medio, o la zona de influencia de sus chamanes y brujos; en caso de las co­munidades indígenas, para defenderlo, los linderos se trazan por

[ 5 1 4 ] REINALDO BARBOSA ESTEPA

odios mutuos, fruto de discrepancias programáticas tramitadas mediante la violencia, las fronteras naturales se tornan fronte­ras de muerte generando soberanías internas y dominios terri­toriales cuya legitimidad y pertenencia no se discuten.

Mientras no existe una política territorial coherente por parte del Estado, la población civil se halla sometida a la arbitrarie­dad de la guerra y la ambigüedad paraestatal de los poderes locales. Las formas de cogobierno en Arauca, Casanare, Gua­viare, Meta, Caquetá, Córdoba o Urabá son solamente las aris­tas de un polígono territorial de indiscutible presencia.

GLOBALIZACIÓN Y CONFLICTOS EN LAS FRONTERAS

Las fronteras geográficas, así como las sociales, caso de nuestra frontera agrícola interior, en permanente proceso de expansión, son ante todos espacios socio-políticos en los que se expresa la diferenciación, la identidad, la pluralidad y la resistencia frente a "los otros" a "lo otro", lo que no es "nuestro". Ello, entonces, fija nuestros límites, nuestro ser y nuestro modo de ser diferen­tes, nuestra realidad específica de países, nuestra personalidad propia y nuestra expresión internacional particular. Todas ellas realidades sociales que han ido surgiendo en el complejo proce­so histórico de nuestro devenir como Estados nacionales, ape­nas en formación, donde la política, la economía, la construc­ción territorial y la sociedad han dado origen a las ideas de soberanía y nacionalismo, cemento unificador e identifícador de los mismos.

Hablar de fronteras y de conflictos fronterizos en esta era llamada de la globalización en la que, al parecer, las diferencias entre países tenderían a borrarse y, con ello, a ampliarse las es­feras de integración y cooperación; las que, a su vez, atenuarían y distenderían los conflictos, parecería no sólo un retroceso en el campo académico, sino un contrasentido frente a los cambios

Imaginarios colectivos y crisis de representación [515]

mundiales, a las nuevas realidades del mundo post-moderno en

el que hoy vivimos. En efecto, para los ideólogos o doctrinarios del "globalismo

y del integracionismo", los cambios tecnológicos y sus impactos en la producción, así como en los flujos de información que a partir de 1960 surgen como factores determinantes de la actual evolución industrial a escala nacional e internacional, nos han incitado a olvidarnos de las fronteras, de las diferencias y conflic­tos, de las trabas y regulaciones que impiden la libertad comer­cial, la mundialización de las finanzas, la universalización de la producción y del consumo. Es más, los anteriores procesos -se­gún aquellos-,

Están facilitando el surgimiento o la ampliación de la sociedad civil y de la democracia, esferas múltiples, donde la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad surgen como los frutos maduros de un mundo libre de los nacionalismos y estatismos, hoy día fi­nalmente en franca derrota.

Pero contra toda evidencia, la frontera se torna un escenario de poder virtualmente explosivo. En las llamadas zonas de inte­gración panameña, venezolana, brasileña, ecuatoriana o perua­na con Colombia, son los poderes defacto o las formas paraestatales de regulación y mediación, las encargadas de decidir la política fronteriza.

En el nororiente el ELN se autoproclama gobierno e incentiva acuerdos y negociaciones con los gobiernos locales venezolanos, y el Estado del país vecino le reconoce condición de beligeran­cia. En el suroriente, las FARC determinan y deciden las relacio­nes económicas, laborales, sociales y políticas y exigen su reco­nocimiento por parte de los países vecinos.

El valor geoestratégico que ha alcanzado la frontera sur del país para los diversos actores armados explica la presión del

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subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Peter Romero, sobre los gobiernos de Ecuador y Perú para que trasla­den sus tropas de la frontera común tras el término de la guerra hacia Colombia. A lo largo de este año se han venido creando en esta extensa región unos "teatros de operaciones militares" similares a los que tiene el ejército venezolano hace años14. Las múltiples violencias y sus impactos en las relaciones fronterizas convierten a Colombia en una amenaza regional.

El Plan Colombia que se discute actualmente en Washing­ton está concebido para llevar a cabo una guerra prioritaria con­tra la guerrilla y los cultivos ilícitos, pensados en forma comple­mentaria. No apunta a colocar el flagelo de los cultivos ilícitos en un escenario más complejo, en el que juegan otros actores diferentes de la guerrilla que tiene su base en la Amazonia y la Orinoquia. Hacia allá va dirigida toda la tecnología y el equi­pamiento militares de ese plan de ayuda, escribe el profesor Pizarro Leongómez.

Las visiones unilaterales y retóricamente optimistas desde las cuales se analizan los impactos fronterizos del conflicto interno, la esperanza de un mundo nuevo sin fronteras ni conflictos, de ampliación de las libertades y de la democracia, de un mayor disfrute de los avances del desarrollo de la ciencia y de la tecno­logía que -ellos creen-, han contribuido a la ampliación de la riqueza en el ámbito mundial, tienen que ser comprendidas y analizadas con un enfoque complejo y crítico más equilibrado de las realidades nacionales e internacionales, cuya interacción conflictiva y dinámica es extremadamente rica y diversa. Ello es, sin duda, aplicable al caso de los conflictos regionales y subregionales internos e incluso de los países limítrofes que por

14 Eduardo Pizarro Leongómez, "Colombia: una grave encrucijada", u.N. Periódi­co, agosto de 1999.

Imaginarios colectivos y crisis de representación [ 517 ]

su condición de países en "vías de desarrollo", como el colom­biano, experimentan con más tuerza las crisis institucionales y políticas, tanto como su derivación hacia la violencia; que en los países desarrollados se hacen menos evidentes.

Vale la pena insistir en que la otra cara del proceso glo-balizador se expresa en la integración de bloques industriales y comerciales que, en un nuevo movimiento concentrador y regionalizador de la economía, se disputan no sólo el mercado mundial, sino la hegemonía social, cultural y territorial. Sólo que para el caso colombiano, la producción, procesamiento y comer­cialización de cocaína y sus derivados, la elevada criminalidad, la crisis de derechos humanos y el escalonamiento del conflicto interno armado producen "una súbita internacionalización en las agendas políticas y en los temas estratégicos del mundo con­temporáneo" como globalización negativa.

Se da, pues, en el contexto de un proceso de integración entre países de marcadas diferencias económicas y políticas, que con­duce a formas de regionalización económica en las que se con­densa una fuerte hegemonía política de los países que -como los Estados Unidos, los países del Este, la Unión Europea, y el Japón, después de la Segunda Guerra Mundial-, han asimilado para su beneficio los adelantos científicos y tecnológicos apare­jados a la Tercera revolución industrial.

Éstos, a su vez, a partir de tácticas y estrategias diferentes, han incrementado su dominio político, económico y financiero sobre los países económica y políticamente menos poderosos. En este contexto de intensas disputas de los "Grandes" por el poder y la hegemonía sobre los recursos naturales de los dife­rentes países y de los mercados nacionales de los mismos, el aná­lisis de los conflictos fronterizos requiere de un nuevo enfoque.

Esto es, los estudios sobre las fronteras o sobre la abrogación de las mismas, tan en boga actualmente, tienen que ser vistos dentro de un contexto social altamente conflictivo, con la parti-

[ 5 1 8 ] REINALDO BARBOSA ESTEPA

cularidad de ser una sociedad polarizada o en trance de serlo, en la que los intereses nacionales e internacionales contrapues­tos se sobreponen y determinan los intereses privados, provin­ciales y locales; donde no sólo los gobiernos (como institucio­nes que representan el poder y la organización de los países en el ámbito internacional), sino los diferentes sectores sociales, tie­nen que ser involucrados, sin dejar de considerar las mediacio­nes e intermediaciones de las organizaciones armadas que di­cen representar sus intereses.

La migración de trabajadores colombianos a Venezuela, para dar un ejemplo, ha estado determinada por la mayor remune­ración y subsidios estatales en el segundo país, y por la concen­tración de la propiedad territorial en la costa atlántica colom­biana, que ha dejado sin oportunidades de ingreso y expulsa a una parte sustancial de los campesinos de la región. La urbani­zación subsidiada por Venezuela ha distorsionado su mercado laboral, hasta el punto de convertirlo en demandador de traba­jadores rurales no calificados, para mantener en funcionamien­to su agricultura y su ganadería. El carácter ilegal de este mer­cado genera múltiples conflictos, en los cuales la violencia y la corrupción operan en sustitución de la justicia.

Hay violencia en las relaciones de los patronos y las autorida­des policiales venezolanas, brasileñas, peruanas y ecuatorianas con los trabajadores ilegales colombianos. Hay corrupción a todo lo largo de las cadenas de intermediarios que conducen a los mi­grantes a los puestos de trabajo en los países vecinos. Las guerri­llas colombianas aspiran a llenar el vacío de seguridad de los indocumentados y ejercen la violencia del secuestro y la extorsión contra propietarios más allá de las fronteras. En su enfrentamiento con las guerrillas, la fuerza pública de los vecinos ejerce violencia contra los migrantes ilegales y la población fronteriza colombia­na. Se ha creado un complejo contrabando de personas, bienes, drogas y armas, que corre paralelo a los flujos e intercambios le-

Imaginarios colectivos y crisis de representación [ 519 ]

gales y que genera fricciones y violencia en las relaciones cotidia­nas de las poblaciones en contacto.

A su turno, la fuerza pública colombiana sostiene una gue­rra por los dominios territoriales con el ELN y las FARC, que se extiende a lo largo de la frontera. Los derrames de petróleo por sabotajes al oleoducto, usados como acciones de guerra por las guerrillas, contaminan gravemente el sistema hídrico venezola­no o ecuatoriano. La militarización de la frontera y la coopera­ción entre fuerzas armadas binacionales en la lucha contra gue­rrillera puede aumentar los efectos adversos contra la población civil en los dos países.

El Putumayo ha sido geohistóricamente una zona con rela­ciones complejas entre grupos étnicos, en las que se entrecruzan procesos de colonización europea, misionera, militar y económi­co-mercantil, hasta las sucesivas interacciones con la "sociedad na­cional", y, adicionalmente, el carácter de región fronteriza; sobre este territorio se cierne la incertidumbre, al convertirla en área económica estratégica para Estados como el ecuatoriano o el pe­ruano, para quienes, además, la intensificación de la presencia institucional y sobre todo militar, fruto de la implementación del plan Colombia extendería sus conflictos a sus territorios, según lo analiza Virgilio Becerra, en U.N. Periódico.

Hay varias posibilidades de escalamiento del conflicto arma­do en una situación como la descrita. Pueden aumentar los con­tactos entre guerrillas y fuerzas armadas venezolanas, peruanas o ecuatorianas; puede aumentar la intensidad de la confronta­ción entre fuerza pública colombiana y guerrillas, y eventualmen­te puede haber incidentes militares entre los otros países del área.

Otra fuente de cambios acelerados en las relaciones fronte­rizas es el establecimiento del tráfico de drogas que se origina en Colombia y utiliza a Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador como lugares de paso hacia los Estados Unidos y Europa. Este tráfico induce a la corrupción y violencia y crea resistencias adicionales

[ 520 ] REINALDO BARBOSA ESTEPA

a los migrantes colombianos en esos países. A mediano plazo puede propiciar el surgimiento de mafias locales en estos países y la creación de redes criminales relacionadas con el narcotráfico, como, en efecto, viene aconteciendo.

Frente a la actual coyuntura de bonanza y declive de la trans­ferencia de regalías petroleras, los departamentos de la cuenca orinoquense han de pensar en cómo consolidar procesos pro­ductivos a largo plazo que garanticen lo que han dado en lla­mar desarrollo sostenible. En Arauca, particularmente, el desarro­llo económico-social del departamento depende en gran medida del aprovechamiento de su posición estratégica en la frontera internacional con Venezuela, en cuya área fronteriza se vivencian de hecho la integración económica y social así como la eclosión de la universalidad de la cultura más allá de los límites natura­les y políticos. Estos procesos, uno de los más avanzados del con­tinente y de los de mayor tradición histórica, incumben a toda la Orinoquia, no sólo por la magnitud de los intercambios comer­ciales, y los dividendos que generen, sino por su carácter estraté­gico en las relaciones interculturales, interétnicas, interregionales e internacionales. Ahora bien, los procesos de integración, globalización, de internacionalización y de mundialización im­plican necesariamente agudización de algunas de las anterio­res caracterizaciones para asumir nuevas modalidades del con­flicto.

Cobra vigencia el planteamiento del profesor Ernesto Guhl en La insurgencia de las provincias, acerca de que un Estado no es imaginable sin una base espacial territorial, y es el poder políti­co y militar del Estado el que determina el dominio territorial, fijando sus fronteras como una realidad política. Si reconocemos la validez de los factores antropológicos, etnográficos, socioló­gicos, y político culturales que hemos venido analizando, tanto como los procesos histórico-políticos asociados a la construcción de territorialidades, tendremos que reconocer igualmente la co-

Imaginarios colectivos y crisis de representación [521]

existencia de múltiples formas de Estados regionales o "paraestados" que reúnen estas condiciones.

En el caso de la Orinoquia colombiana, por ejemplo, nos en­contramos frente a una realidad: durante la mayor parte del tiem­po en el que se ha venido constituyendo la región, el poder es­tatal no alcanza todavía a llegar a las zonas fronterizas del espacio geográfico, denotando un vacío territorial; como ocurrió a lo largo de América Latina durante el siglo XIX y parte del XX, los Estados no ejercían poder real sobre sus territorios y debieron adoptar el Uti possidetis.

Iniciado el tercer milenio, asistimos no sólo a la fragmenta­ción territorial, política social y económica de la nación y del país, sino también a la ruptura y recomposición de los imaginarios culturales, como consecuencia de la complejidad de los conflic­tos, en la cual la Orinoquia continúa cumpliendo la importante responsabilidad de amortiguamiento, desde su doble condición de frontera interior, agrícola y en expansión, y frontera política con Venezuela y Brasil. Y lo más grave es que no contamos ni con instituciones, ni con política, ni con tradición, ni con pen­samiento sistemático para reaccionar coherentemente frente al desmembramiento y la marginalidad.

Leonor Perilla Lozano

ACERCA DE LA NOCIÓN DE PROBLEMA SOCIAL EN LA

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1936 Y LA CONSTITUCIÓN

DE 1991, COMO EXPRESIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y SOCIAL

DE DERECHO EN COLOMBIA

Este análisis, sin ninguna pretensión constitucionalista (no es mi formación), no quiere conceptualizar sobre el Estado o el Esta­do social de derecho, ni hacer un análisis constitucional -ya se han hecho bastantes y muy rigurosos análisis de los mismos-; la intención, en este caso, es integrar a la lectura constitucional el análisis social desde la perspectiva de lo que se entiende por problemas sociales; es decir, por un lado, subrayar el aspecto que define al Estado colombiano desde la Constitución política como "Estado social de derecho" (menciono, en particular, la Consti­tución de 1991 y la Reforma Constitucional de 1936, que intro­duce la noción de Estado social en nuestro país) y, por otro, su­brayar, de las constituciones mencionadas, los aspectos que, a mi juicio, expresan una noción particular de problema social.

Partiré para el análisis de la pregunta: ¿Por qué interesa re­visar la noción de problema social en un texto constitucional?; a la que en principio responderé diciendo que, siendo dichos tex­tos la base de las políticas estatales públicas, ya que es la consti­tución política de un país el enunciado de principios para la acción política de un Estado -bajo la forma de "ley fundamen­tal"-, deberíamos encontrar concordancia tanto entre los pro­blemas sociales que aquejan a un país y la noción que se tiene de ellos -expresada en el texto constitucional-, como con la res­puesta estatal frente a los mismos, en la forma de políticas pú­blicas.

La noción de problema social en la Constitución [ 523 ]

Para tales efectos, se requiere precisar lo que se entiende por Estado, Estado social de derecho, constitución y problema so­cial, y subrayar aspectos tanto de la Reforma del 36 como de la Constitución del 91, por ser en éstas en las que se define el Es­tado colombiano como social y de derecho, de tal forma que podamos identificar enunciados que nos permitan una interpre­tación social de la misma.

ACERCA DE LA IDEA DE ESTADO

Hay tal diversidad de ideas y enfoques sobre el Estado - en cuanto a su naturaleza y finalidad-, que no nos cabrían en estas líneas mencionar ni los autores ni sus perspectivas; por mencionar sólo algunos, diremos que tenemos diversas concepciones de Estado desde Platón, pasando por Aristóteles, Rousseau, Hegel, Savigny, Kant, Marx, Engels, Lenin, Kelsen, Weber, Duguit, Burdeu, Bakunin, entre muchos otros1.

Para efectos de este análisis mencionaré en principio dos perspectivas de Estado, agrupando, por un lado, las ideas de Rousseau y de Hegel y, por otro lado, la idea marxista de Esta­do, las que encuentro pertinentes para la reflexión propuesta.

En una perspectiva del análisis, ubico la idea de Estado -des­de las concepciones de Rousseau y de Hegel, las que, aun siendo distintas, es posible integrarlas, en particular, en la perspectiva del Estado moderno - como el ente moral que representa la vo­luntad general por el "bien común" y como realidad del espíri­tu ético, en espíritu objetivo, en donde lo ético se define como el "bien" que reside en el pensamiento, y la "verdad", la "volun-

1 Me refiero al Estado moderno, en tanto aparece éste en la historia como la for­ma institucional del poder político -elemento constitutivo del Estado junto con la nación y el territorio-, y como expresión del poder impersonal, cristalizado en una entidad permanente.

[ 5 2 4 ] LEONOR PERILLA LOZANO

tad sustancial" (que es la voluntad del Estado), la "libertad". Para los dos autores, la idea de la razón es constitutiva tanto del cuerpo social (constituido por la razón de la voluntad general) como de la persona moral (el Estado).

Para Rousseau, el Estado es la asociación política que se fun­da, sobre la base de la libertad y de la voluntad de los contratan­tes, en la voluntad general: "Si el Estado no es más que una per­sona moral, cuya vida consiste en la unión de sus miembros y su cuidado más importante es el de su propia conservación, necesi­ta una fuerza moral y compulsiva para mover y disponer todas las partes del modo más conveniente al todo... en el imperio de la razón, del mismo modo que en el imperio de la naturaleza nada se hace sin motivo"2. Y, para Hegel, el Estado es "la realidad de la idea ética; es el espíritu ético en cuanto a voluntad patente, por sí mismo sustancial que se piensa y se reconoce, y que cumple lo que sabe y como lo sabe. En lo ético el Estado tiene su existencia inmediata; y tiene su existencia mediata y esta conciencia de sí, por medio de los sentimientos, tiene su libertad sustancial en él, como su esencia, fin y producto de la actividad"3 y el concepto de idea ética para Hegel es "la objetivación de sí mismo... En conse­cuencia tal concepto es:

a) El concepto ético inmediato o natural: la familia. b) La sociedad civil, la unión de los miembros como indivi­

duos, independientes en una universalidad formal, mediante sus necesidades y la constitución jurídica, como medio de garantía de las personas y de la propiedad y en virtud de un orden exter­no para sus intereses particulares y comunes.

2 Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, Editorial Cometa de Papel, Bogotá, 1996, pp. 31-32.

3 Guillermo Federico Hegel, Filosofía del Derecho, Biblioteca Filosófica, Ed. Unidad S.A, Buenos Aires, 1968, p. 212.

La noción de problema social en la Constitución í 525 ]

c) Estado externo que se recoge y retrae en el fin y en la rea­lidad de lo universal sustancial y de la vida pública dedicada al mismo, en la constitución del Estado"4.

Me tomo entonces el atrevimiento de poner en una sola voz la voces de Rousseau y de Hegel, para los cuales el Estado es "asociación" y "espíritu objetivo", es "persona moral"; así, el Estado sería la asociación de los contratantes en donde lo que prima es la relación social por necesidad, dada por la libertad de asociarse en un estado civil que garantice lo que el estado de la naturaleza no garantiza: el ejercicio de la libertad, la protec­ción, para el "bien común", idea moral del Estado: aquí hay un criterio de lo "bueno", de lo justo de dicha asociación, como unión de voluntades, que representa una voluntad sustancial, la voluntad del Estado; entonces, el Estado, por principio, es éti­co, es ente moral por excelencia, porque representa la voluntad sustancial, la voluntad de todos y lo que les es común; la bús­queda del "bien" de todos, lo bueno, la verdad, la objetividad.

En otra perspectiva, y desde la concepción marxista, el Estado, contrariamente a lo que piensa Hegel, no es la "realidad de la idea moral", ni producto de la evolución de la razón, sino que es "pro­ducto de la sociedad cuando ésta llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conju­rarlos..., ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado"5; por lo que el Estado es un instrumento de dominación de clase, "es el aparato de coerción de los hombres, que sólo aparece con la divi­sión de la sociedad en clases, división en donde unos explotan a

Hegel, Filosofía del Derecho, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1955, p. 155. V. I. Lenin, El marxismo y el Estado, Editorial Progreso, Moscú, 1973, p. 56.

[ 5 2 6 ] LEONOR PERILLA LOZANO

los otros, se apropian del trabajo de los otros; la historia demues­tra que el Estado como aparato especial de coerción de los hom­bres surgió únicamente en el lugar y en la época en que apareció la división de la sociedad en clases, es decir, la división en grupos de hombres entre los que unos podían apropiarse siempre del tra­bajo de otros, donde unos explotaban a otros", y más adelante agre­ga: "... desde este punto de vista, antes de la división de la socie­dad en clases no existía el Estado, pero a medida que surge y se afianza la división de clases, surge y se afianza también el Estado"6.

Por lo tanto, desde esta perspectiva, el Estado es la expre­sión de una clase que representa sus propios intereses, consti­tuyéndose en una "máquina" para mantener el dominio sobre la clase explotada; así, el Estado evoluciona, se transforma, sólo de acuerdo con los intereses de los que en un momento histórico determinado tienen el poder económico y político, se transfor­ma para representar los intereses del grupo social que emerge, en donde cambia la forma del dominio pero no la esencia de la dominación dada por la estructura económica de la sociedad: "siempre que existe el Estado, existe en cada sociedad un grupo de personas que gobiernan, que mandan, que dominan y que, para conservar el poder, tienen en sus manos una máquina de coerción física, un aparato de violencia, las armas que corres­ponden al nivel técnico de cada época"7.

Según Vladimiro Naranjo, "Es evidente que el Estado apa­rece como un ser espiritual a la vez que como agrupación hu­mana; que él es tanto un ente ordenador de la conducta, como un titular abstracto y permanente del poder; que puede ser en ciertas circunstancias un instrumento de dominación de clase o un obstáculo para la libertad individual, como puede y debe ser

6 V. I. Lenin, "Acerca del Estado", Conferencia pronunciada en la Universidad Jverdlou el 11 de julio de 1919, en Obras escogidas, tomo III, pp. 262-264.

7 ídem, p. 265.

La noción de problema social en la Constitución l 527 ]

también una situación de convivencia en la forma más elevada"8, sin embargo, para efectos del presente análisis, interesa resaltar las tres perspectivas teóricas que, a mi juicio, definen y caracte­rizan al Estado moderno, a saber:

• Como producto de la asociación de voluntades en una vo­luntad general por el "bien común".

• Como expresión de la razón, de la "voluntad sustancial", de la libertad y plenitud de los derechos; de la idea ética, como constitutiva de la vida pública.

• Como expresión de los antagonismos en la sociedad, divi­dida entre quienes tienen y quienes no tienen (poder económi­co y político); por lo que el Estado representaría, antes que el interés general, intereses particulares.

Es así que nos encontramos - e n dirección de las concepcio­nes teóricas presentadas- con una concepción "ideal" de Esta­do, en tanto producto del consenso por el bien común; como agrupación de individuos por este fin en la forma de "persona moral" y, por otro lado, el Estado como expresión "real" de los antagonismos sociales y las pugnas por el poder, por acceder a él o perpetuarse en él9.

QUÉ DEFINE AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Con las revoluciones liberales en el mundo en los siglos XVII y XVIII

-revolución inglesa, 1688; americana, en 1776, y francesa, en

8 Vladimiro Naranjo Mesa, Teoría constitucional e instituciones políticas. Editorial Temis, 1997, p. 73. 9 Como se verá más adelante, así como nos encontramos con un ideal de Estado

-que se puede contrastar con la concreción de éste en la vida diaria-, encontrare­mos también un "ideal" de constitución política, en cuanto enunciado de "buenos " propósitos, de consignar la "voluntad general" por el "bien común", que difícil­mente se traduce en la realidad en "bienestar de todos".

[ 528 ] LEONOR PERILLA LOZANO

1789-, se instaura el orden social, económico y político basado en la concepción liberal del individuo; es decir, sobre la conside­ración de que todos los individuos son libres, dignos e iguales ante la ley10. Así, se instaura el Estado moderno -liberal - sobre la consideración de la individualidad de las personas y su con­sentimiento para participar en la "conformación del Estado".

Una de las consecuencias directas de las revoluciones burgue­sas de los siglos XVII y XVIII es la declaración de cartas o De­rechos11 y, más adelante -siglos XIX y XX- la institucionalización jurídica de garantías y derechos en la forma de constituciones políticas de los Estados. Por tal razón, y para efectos del presente análisis, interesa abordar el tema de cómo se define lo que es una Constitución política.

La Constitución política de un Estado se define, según La-ssalle, como la ley fundamental de un país, en donde la idea de fundamento lleva implícita la noción de una necesidad activa, de una fuerza eficaz que hace por ley de necesidad que sea así y no de otro modo; siendo los factores reales de poder esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídi­cas de cada sociedad12.

Es entonces en la constitución política de un país en donde se consignan "los factores reales de poder", en la forma de nor­mas básicas para la organización del Estado -la población y el

10 Aquí estos valores -libertad, igualdad y fraternidad- son válidos fundamental­mente para efectos del intercambio de mercancías y de apropiación de fuerza de trabajo: valores que responden a las necesidades e intereses de la naciente burgue­sía, que chocan con la sociedad estamental y la nobleza privilegiada (del siglo xvn). Así, las ideas liberales se traducen en una organización clasista de la sociedad, y ju­rídicamente en la forma de Estado de derecho. 11 Entre otras, la Declaración de Derechos de EU en 1776 y la Declaración Univer­sal de los Derechos del Hombre en 1789. 12 Ferdinand Lassalle, ¿Quées una constitución?, Ediciones Universales, Bogotá, 1994, pp. 37-39.

La noción de problema social en la Constitución í 529 ]

territorio-, y donde se definen -en la forma de normas- las re­glas del juego social y la regulación de las relaciones de poder; esto es, la definición de roles, el enunciado de derechos y los deberes de los integrantes del Estado. "La Constitución es el con­junto de normas fundamentales para la organización del Esta­do, que regulan el funcionamiento de los órganos del poder pú­blico y que establecen los principios básicos para el ejercicio de los derechos y la garantía de las libertades dentro del Estado"13.

Siguiendo con el tema de la evolución de la forma de Esta­do liberal -de derecho-, es necesario anotar que es en el tránsi­to del siglo XIX al siglo XX, y en particular en la década del treinta del último siglo, que se evidencia en el mundo capitalista cómo la forma liberal de Estado no representaba las reivindicaciones básicas de sus asociados, menos aún la dignidad e igualdad de los individuos que promulgaba, coincidiendo además con la depresión económica de 1929. El mundo capitalista, entonces, se encuentra convulsionado por la crisis económica, por las pro­testas populares y por la crisis política: "el liberalismo no terminó siendo todo lo que esperaba, el individualismo, una sociedad in­diferente e insolidaria, la pasividad del sistema y, principalmen­te, la creciente desigualdad material entre la burguesía y la emer­gente clase proletaria produjo en la teoría política el deseo de superar el modelo liberal"14.

Es entonces sobre la base de la evidencia de que el Estado liberal fracasó en su tarea de "procurar" una vida digna, enten­dida como igualdad de oportunidades y de un orden social y económico para sus "asociados", que se da el viraje en la teoría

13 Vladimiro Naranjo Mesa, op. cit., p. 321. 14 Ramón Eduardo Madriñán, El Estado social de derecho, Ediciones Jurídicas, 1997, p. 33.

[ 530 ] LEONOR PERILLA LOZANO

política, y en la promulgación por la vía constitucional de los Estados, al concepto de Estado social de derecho15.

La principal manifestación de la procura de un mínimo exis­

tencial16 en el Estado social se encuentra en la existencia de los

sistemas de seguridad social, con garantía y coadministración

estatal, los cuales tienden hacia la disminución de los riesgos so­

ciales de los integrantes del Estado. Por lo tanto, para que un

Estado pueda llevar el calificativo de "social" debe procurar exis­

tencia de sistemas de seguridad social17.

Así, al Estado de derecho como garante de la ley, los dere­chos y las libertades de sus asociados, se le agrega otra función, la de procurar a los integrantes del Estado las condiciones para una vida digna, sobre la base de prestar los servicios sociales bási­cos para el logro del fin de la dignidad humana.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROBLEMA SOCIAL?

En principio anotar que el problema social lo entendemos como: • Un fenómeno social complejo: en tanto realidad tangible

e intangible, referido a condiciones de vida cuantificables y ca­lificables.

15 Para Elias Díaz, a pesar de las variantes del Estado social de derecho, éste man­tiene las características y exigencias del Estado de derecho como son: el imperio de la ley formalizada en un órgano popular representativo, la separación de poderes, la legalidad y garantía de derechos y libertades fundamentales. Véase Elias Díaz, Estado de derecho y sociedad democrática, Ed. Taurus, Madrid, 1986, p. 85. 16 Con relación al concepto de "mínimo existencial", Madriñán, citando a Ángel Garronera, dice que es por este concepto que se le otorga al Estado una función asistencial, gestor de prestaciones, servicios y asistencias para asegurar condiciones fundamentales de existencia humana. Madriñán, op. cit., p. 55. 17 Ramón Madriñán, op. cit, p. 57-58.

La noción de problema social en la Constitución [ 531 ]

• Una realidad construida discursivamente desde el discur­so político y social.

• Un fenómeno social que puede constituirse en una ame­naza: para el régimen político y/o para la vida misma.

De tal forma, los "problemas sociales" son "propios" de cada contexto en particular, producto del desarrollo social económico, político y, por lo mismo, corresponden al momento histórico por el que atraviesa cada sociedad en particular; por lo que entende­mos que los problemas sociales, tanto en su concepción como en su manifestación y en su consideración social, también cambian.

Para Robert Horton, los problemas sociales representan pau­tas complejas de comportamiento social y, por lo mismo, no es fácil describirlos; sin embargo, hay algunos elementos que nos permiten reconocerlos. Una condición es que son creación hu­mana, tienen origen social, no son productos naturales ni so­brenaturales; los problemas sociales deben tener cierto grado de permanencia; deben afectar a un número importante de perso­nas, ser considerados inconvenientes; que la gente piense que puede y debe hacer algo para corregir cierta condición. Que una situación sea o no deseable, tiene que ver con los valores acep­tados por la mayoría de la población, valores que cambian con el tiempo18. Y, más adelante, el mismo autor agrega que "los pro­blemas sociales representan interpretaciones subjetivas de con­diciones objetivas"19.

Se puede decir, entonces, que el problema social se define por la existencia de:

a) Unas condiciones objetivas: como un hecho social de ca­rencia, de necesidad; una situación social permanente verifica-ble, cuantificable, contrastable.

18 Robert I. Horton, Problemas sociales, Ateneo Editorial, Buenos Aires, 1978, p. 2-3. 19 ídem, p. 5.

[ 532 ] LEONOR PERILLA LOZANO

b) Unas condiciones subjetivas: en principio, un conocimien­to de la realidad objetiva (científico); una interpretación negativa de dicha realidad; un valor socialmente compartido de que el hecho afecta a la sociedad y atenta contra ella, y va en contra de cierta conciencia de "orden", de "bienestar" o de "vida humana digna", valores que se comparten y se construyen socialmente.

Y la expresión política de las dos condiciones mencionadas en la forma de "correlación de fuerzas", en donde encontramos, por un lado, la presión que ejercen distintos grupos sociales y políticos que pugnan por poner, en el debate y la decisión públi­ca, un problema social como expresión de la necesidad, la caren­cia, la demanda de distintos grupos de población20 y, por otro lado, la decisión de quienes detentan el poder político, de incorporar o no un problema social como prioritario en la agenda de políti­ca pública. Interesa agregar además, y de acuerdo con Alejo Vargas, que el "proyecto político dominante", en cada momento históri­co, condiciona también el tipo de respuesta, constituyéndose en un factor determinante que influencia la política pública21.

Alejo Vargas, inspirado en Ozslak y O'Donnell, distingue en­tre "problema social" y "situaciones socialmente problemáticas"; entendiendo el primero como las necesidades, carencias y de­mandas de la sociedad que en general rebasan la capacidad de respuesta del Estado, y las segundas, como aquellas en las cua­les la sociedad, de manera mayoritaria, percibe un problema social como relevante y considera que el régimen político debe enfrentarlo con políticas públicas; dándose un continuo tránsi­to entre "problemas sociales" y "situaciones socialmente proble-

20 Alejo Vargas incorpora esta discusión, de la presión ejercida por los distintos actores políticos y sociales, en el tema del entendimiento de la política pública. Véa­se Alejo Vargas Velásquez, Notas sobre el Estado y las políticas públicas, Almuneda Edito­res, 1999, p. 59. 21 Alejo Vargas V, op. cit., pp. 61-63.

La noción de problema social en la Constitución [ 533 ]

máticas", en el que la intervención de los actores sociales y polí­ticos con poder es fundamental para hacer que sus intereses específicos sean considerados de interés general, y lograr dis­cusiones y políticas en relación con ellos22.

Por lo expuesto anteriormente, los problemas sociales están en la base de las políticas públicas, en tanto éstas se plantean como respuesta gubernamental a las demandas y necesidades sociales, a los problemas sociales relevantes (o situaciones social­mente problemáticas, como diría Alejo Vargas).

En síntesis, tanto las condiciones objetivas de necesidad y carencias, como las interpretaciones subjetivas de éstas, y la de­cisión política frente a las mismas -como expresión de poder- , tienen una permanencia relativa en el tiempo y el espacio, en tanto que se transforman o se expresan de distinta forma, aun­que se mantengan aspectos estructurales de una situación social determinada. Para el caso, podemos ilustrarnos con el tema de la pobreza como un problema social estructural, reiterado his­tóricamente, que en cada momento histórico se manifiesta en diferentes formas - e n distintos grupos de población- y se dan respuestas sociales y políticas de diversa índole, según sea con­siderado éste como un problema social que amenaza al régimen político o como una amenaza a la vida misma; en este sentido, vemos la relación directa de la formulación de políticas públicas con procesos de gobernabilidad y legitimidad del Estado.

Además, la insatisfacción social sentida (y reiterada) en un contexto social determinado significa, a su vez, que existe un con­flicto entre la necesidad y el nivel de desarrollo de la sociedad en cuestión.

Por tanto, el conflicto social se crea, además, por los proble­mas sociales no resueltos de distintos grupos de población que ex­presan una demanda que es desatendida y que genera el conflicto.

Alejo Vargas Velásquez, op. cit., pp. 58-59.

[ 534 ] LEONOR PERILLA LOZANO

Desde el proyecto político (del modelo de Estado del que estemos hablando) y, en particular, desde las políticas públicas planteadas como respuestas a los problemas sociales, se afronta el conflicto social que provoca los problemas sociales sin resol­ver; es decir, desde una perspectiva ideológica y política23 del Es­tado se da respuesta a los problemas sociales, expresados en de­mandas sociales al Estado, y/o se "afronta" o se aplaza el conflicto social.

A C E R C A DE LA R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L DEL 36 Y LA C O N S T I ­

T U C I Ó N DEL 91 COMO EXPRESIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y SOCIAL DE

DERECHO, Y LA NOCIÓN DE PROBLEMA SOCIAL ALLÍ

Interesa, en principio, precisar aspectos de la Reforma Consti­tucional de 1936 y de la Constitución de 1991 referidos a la in­clusión del tema de los problemas sociales allí y, por ende, lo tocante al campo económico-social, como reconocimiento de ciertos derechos de los individuos; como derechos fundamenta­les -no sólo políticos, sino también económicos, sociales, cultu­rales- y deberes del Estado y de los particulares para con los mismos, en particular para con los "más necesitados".

Con este propósito, enunciaré los principios constituciona­les más relevantes, relacionados con alguna noción de proble­ma social allí -en cuanto enunciado de necesidades y carencias de la población-, mencionando la idea de unidad política y de actuación del Estado a este respecto.

Entonces, a propósito de la noción de problema social en los textos constitucionales, interesa:

• Identificar la visión de totalidad -de unidad- de los prin­cipios constitucionales.

23 Aquí entiendo por ideológico el conjunto de ideas que orientan la acción; mien­

tras que lo político se refiere a la acción gubernamental misma.

La noción de problema social en la Constitución i 535 ]

• Identificar principios en conflicto. • Identificar correspondencia o no con el contexto econó­

mico, social y político, interno y externo. • Visualizar en el texto constitucional el "ideal" de organi­

zación del Estado.

A PROPÓSITO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1936

Se ubica en el contexto internacional de surgimiento del llamado Estado interventor, el Estado de bienestar o Estado social -para nuestro caso-, teniendo como marco una crisis económica, social y política en el mundo capitalista, en general, y en nuestro país, en particular; además que esta reforma, a pesar de las resisten­cias políticas y económicas internas en el país, promulga la liber­tad de cultos, la libertad de enseñanza, un intervencionismo de Estado y de orientación social en el régimen de propiedad y de garantías individuales.

Los principios enunciados por la Reforma del 36 referidos a la acción social del Estado se expresan en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 20.

• Deberes sociales del Estado y de los particulares. • El interés público o social. • Racionalización de la distribución y el consumo de riquezas. • La equidad. • Los fines sociales de la cultura. • La asistencia pública como función del Estado. • El trabajo como obligación social y de protección del Estado.

CON RELACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE 1991

El objetivo social del Estado, en cuanto a su finalidad de procu­rar bienestar general, calidad de vida y satisfacción de las nece-

[ 536 ] LEONOR PERILLA LOZANO

sidades básicas a la población, aparece consignado de manera expresa. Es así que en el artículo Io de la ponencia del Congre­so de la República sobre régimen económico y finalidad del Es­tado se enuncia: "Es finalidad social del Estado procurar el bien­estar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población atendiendo a principios de universalidad, integridad y solidaridad, así como la satisfacción permanente de sus nece­sidades básicas, y entre ellas, prioritariamente, la salud, la edu­cación y el consumo básico de agua potable"24.

• Respeto a la dignidad humana, solidaridad, prevalencia del interés general, artículo Io .

• Servir a la comunidad, garantizar derechos y deberes, fa­cilitar participación, asegurar la vigencia de un orden justo, debe­res sociales del Estado y de los particulares. Artículo 2o.

• Condiciones para la igualdad real y efectiva, medidas a fa­vor de grupos discriminados o marginados, artículo 13.

• Protección integral a la familia y asistencia a personas de la tercera edad, artículos 42 y 46.

• Políticas de previsión, rehabilitación e integración social para disminuidos físicos y psíquicos, artículo 47.

• Seguridad social; servicio público de carácter obligatorio. Principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, artículo 48.

• Atención en salud y saneamiento ambiental, servicios pú­blicos. Garantizar a todas las personas promoción, protección y recuperación de la salud, artículo 49.

• El interés privado, ceder al interés público o social (en lo referido a la propiedad). Propiedad como función social que implica obligaciones. Función ecológica, artículo 58.

• Deber del Estado: promover acceso progresivo a la pro­piedad de la tierra de los trabajadores, mejorar ingresos y cali­dad de vida de los campesinos, artículo 64.

Gaceta Constitucional, N2 53, abril 11 de 1991.

La noción de problema social en la Constitución í 537 ]

• Servicios públicos inherentes a la función social del Estado. Asegurar prestación eficiente a todos los habitantes, artículo 365.

• Bienestar general y mejoramiento de calidad de vida de la población. Solución de necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, artículo 366.

• La ley fijará en cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario; criterios de costos, de^solidaridad y redistribución de ingresos, artículo 367.

Hay que mencionar, entonces, que se amplían numéricamen­te las funciones sociales del Estado en la Constitución de 1991, con relación a la Constitución de 1886 y la Reforma del 36; en tanto que en la del 86 se dedica sólo un título a la promulgación de derechos civiles y garantías sociales -artículos 19 al 52- , en la Constitución del 91 se habla de los derechos fundamentales como sociales, económicos y culturales; colectivos y del ambien­te; de protección y aplicación de los deberes y obligaciones -artí­culos 11 al 95- , y de la finalidad social del Estado y de los servi­cios públicos -artículos 365 al 370-, por lo que se podría presumir que existe un "mayor entendimiento" de los problemas sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que aquejan a nuestra sociedad en ésta época y, por lo mismo, una incorpora­ción de éstos como principios orientadores para la acción social y política del Estado colombiano. Hecho que no necesariamen­te significa una materialización institucional del Estado (en la forma de políticas públicas), en concordancia fiel con los enun­ciados de los derechos y deberes propuestos en la Constitución.

A MANERA DE LECTURA SOCIAL

DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

1. En la Reforma del 36 encontramos, como unidad constitucio­nal: La intervención social del Estado para garantizar liberta­des, racionalización, distribución, asistencia directa en ciertos

[ 544 ] LEONOR PERILLA LOZANO

sófica. Buenos Aires: Editorial Unidad, 1968. Y Editorial Claridad, Buenos Aires, 1955.

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La noción de problema social en la Constitución i 537 1

• Servicios públicos inherentes a la función social del Estado. Asegurar prestación eficiente a todos los habitantes, artículo 365.

• Bienestar general y mejoramiento de calidad de vida de la población. Solución de necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, artículo 366.

• La ley fijará en cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario; criterios de costos, de^solidaridad y redistribución de ingresos, artículo 367.

Hay que mencionar, entonces, que se amplían numéricamen­te las funciones sociales del Estado en la Constitución de 1991, con relación a la Constitución de 1886 y la Reforma del 36; en tanto que en la del 86 se dedica sólo un título a la promulgación de derechos civiles y garantías sociales -artículos 19 al 52-, en la Constitución del 91 se habla de los derechos fundamentales como sociales, económicos y culturales; colectivos y del ambien­te; de protección y aplicación de los deberes y obligaciones -artí­culos 11 al 95-, y de la finalidad social del Estado y de los servi­cios públicos -artículos 365 al 370-, por lo que se podría presumir que existe un "mayor entendimiento" de los problemas sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que aquejan a nuestra sociedad en ésta época y, por lo mismo, una incorpora­ción de éstos como principios orientadores para la acción social y política del Estado colombiano. Hecho que no necesariamen­te significa una materialización institucional del Estado (en la forma de políticas públicas), en concordancia fiel con los enun­ciados de los derechos y deberes propuestos en la Constitución.

A MANERA DE LECTURA SOCIAL

DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

1. En la Reforma del 36 encontramos, como unidad constitucio­nal: La intervención social del Estado para garantizar liberta­des, racionalización, distribución, asistencia directa en ciertos

[ 538 ] LEONOR PERILLA LOZANO

casos (personas "incapacitadas") y protección al trabajo. Y en la Constitución del 91, se define como Estado social de derecho.

2. En cuanto a principios en conflicto: la presencia del tema de "los particulares"; si bien en lados reformas se enuncia el prin­cipio de los deberes sociales del Estado y de los particulares como el conjunto de obligaciones que corresponden al Estado y a los parti­culares, preocupa este tema en concreto cuando se hace referen­cia a los servicios públicos o sociales.

3. Existe correspondencia del enunciado de principios cons­titucionales con el contexto político nacional e internacional (en tanto presencia de grupos de presión y protesta social y presión por reformas políticas); sin embargo, luego del enunciado de principios, el desarrollo de políticas públicas es el que no corres­ponde con la problemática social del contexto nacional.

4. Según los textos constitucionales, podemos "leer" al Esta­do colombiano como producto de la "asociación" de todos por el "bien común", en donde no se reconocen diferencias ni intereses en conflicto; se obvian antagonismos en este "ideal" de Estado.

En síntesis, podemos decir: 1. Tanto las constituciones políticas del siglo XX como las re­

formas políticas de esta época dan un paso importante con rela­ción a las de los siglos anteriores, XVIII y XIX: el de incorporar el tema de los "derechos sociales" de los individuos que conforman un Estado (entre otras, están la Constitución de Weimar de 1919, la de la República española de 1931, la Constitución soviética de 1918, el New Deal de 1932 de Roosevelt, y en nuestro país, la Reforma del 3625).

25 Si bien el Acto Reformatorio de la Constitución de 1936 no enuncia de manera explícita el término "derechos sociales", sí habla de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado de los particulares -la propiedad como función social (Art. 9 y 10)-, la libertad de conciencia, de enseñanza y de enseñanza primaria gra-

La noción de problema social en la Constitución [ 539 1

Para explicar esta extensión de los textos constitucionales a

los problemas económicos y sociales, los economistas hablan ge­

neralmente de un acrecentamiento de los derechos individuales.

Haciendo notar que a los derechos tradicionales contenidos en

las viejas constituciones se añade hoy una nueva categoría a los

derechos del individuo: los derechos llamados sociales"26.

2. Las reformas políticas y jurídicas responden a cambios en el orden mundial, referidos tanto a crisis económicas (crisis de acumulación del mundo capitalista que se inicia en 1929) como a revueltas políticas y sociales (guerras mundiales, protestas po­pulares y huelgas generalizadas), que están expresando el "ma­lestar" generalizado por el orden económico, político y social, una organización institucional del Estado que no atiende ni las necesidades básicas de la población pobre -que es la mayoría-, ni responde a valores de dignidad humana.

3. Los procesos de reformas políticas y constitucionales no cuentan en su mayoría con respaldos políticos y económicos de los grupos con poder; es decir, no responden a iniciativas con­juntas de los grupos en el poder, o son iniciativas de personajes políticos en particular o de grupos políticos que no representan a intereses de la mayoría27, por lo que, en la práctica, los gobier-

tuita (arts. 13 y 14) la asistencia pública como función del Estado (art. 16); la protec­ción del Estado al trabajo (art. 17); el derecho a huelga (art. 20). 26 Francesco Vito, "Los problemas sociales en las Constituciones modernas", en Re­vista Javeriana, vol. 28, N2 139, 1947, p. 278. 27 Para el caso de la constitución política colombiana de 1991, interesaría analizar en qué medida, al ser promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente -pre­sidida por representantes de las tres corrientes políticas más importantes en su mo­mento, Partido Liberal, Partido Conservador yn-19-, realmente responde a los in­tereses de la mayoría o si quedaron allí consignados los propósitos de una sociedad nacional y el respaldo de la misma.

[ 540 ] LEONOR PERILLA LOZANO

nos se encuentran con graves tropiezos de materializar los prin­cipios constitucionales en la realidad; es decir, dificultades en traducir los enunciados jurídicos en formas institucionales y políticas públicas.

4. Las reformas constitucionales y políticas, además de no contar con el respaldo de los grupos con poder -los grupos eco­nómicos, los grupos políticos en el poder del Estado o fuera de él28-, tampoco corresponden con el nivel de "madurez" o "in­madurez" política, ni de la llamada sociedad civil, ni de las ins­tancias políticas encargadas de traducir los principios constitu­cionales en políticas públicas, es decir, los altos funcionarios de la administración pública del Estado. Nos encontramos con que las constituciones políticas no corresponden a un determinado desarrollo de las conciencias o de las prácticas políticas cotidia­nas de los miembros de una sociedad29, en cuanto están o más adelante o más atrás de éstas. En este sentido, y refiriéndose a la Constitución del 91, el profesor Luis Carlos Sáchica dice: "La Constitución del 91 será modificada pronto y con frecuencia porque la historia se está desenvolviendo a ritmo vertiginoso. Es una Constitución de empalme, destinada a quedar atrás por su propio dinamismo. Realizarla es llevar a Colombia a los um-

28 Es el caso, entre otros, de la Reforma del 36, a la que luego se opusieron de manera férrea tanto grupos económicos de terratenientes, industriales y banqueros organi­zados en la Asociación de Propietarios, APEN, como el Partido Conservador y la je­rarquía de la Iglesia católica. 29 Un hecho, entre muchos, que nos ilustra esta idea son los escándalos recientes de corrupción política producidos por la Cámara de Representantes, hecho que, sin ser novedoso, sí nos reitera la apreciación de que pueden darse "excelentes" consti­tuciones, en cuanto cartas de derechos y enunciado de principios orientadores de una mejor organización social y política de la sociedad, pero mientras no haya una verdadera "revolución" de las conciencias -como ya alguien dijo- y, como efecto de ésta, cambio en las prácticas, nada ha de cambiar en el orden social, político y eco­nómico de nuestro país.

La noción de problema social en la Constitución [ 541 ]

brales de la modernidad y, con ello, a la necesidad de otra for­ma de vida"30.

5. Las reformas constitucionales representan una formali­zación jurídica de un conjunto de principios y propósitos, es decir, un conjunto de normas que responden a una intencio­nalidad -intencionalidad que es de orden político, social y eco­nómico-, pero que luego deben ser traducidas en política pú­blica, para lo que se requiere voluntad política que se materialice en decisión y acción pública y social31. Siendo en este aspecto de la materialización de la norma donde nos quedamos cortos, tanto la administración del Estado como quienes lo conforma­mos.

6. Si bien las mencionadas reformas sociales del Estado se hacen en el marco del Estado de derecho, lo que supone que los poderes públicos y los particulares deben obrar conforme a la ley, a la norma jurídica establecida por la Constitución política, "en el pleno sentido de la palabra el Estado de derecho presu­pone no sólo la sujeción del ejercicio del poder a las normas generales, sino, sobre todo, la subordinación de las leyes al lí­mite material del reconocimiento de los derechos fundamenta­les"32. Sin embargo, para nuestro caso v respecto a la Constitu­ción de 1991, todo el enunciado de los derechos, garantías, deberes y derechos fundamentales está acompañado en la prác-

30 Luis Carlos Sáchica, Nuevo constitucionalismo colombiano. Editorial Temis S.A., Bo­gotá, 1992, p. 376. 31 Me refiero a decisión y acción pública en lo correspondiente al rol del Estado en cuanto a la formulación, administración y gestión de las políticas: administración pública. En tanto que a decisión y acción social en lo que respecta al papel de la sociedad en general y las comunidades en particular en cuanto al pronunciamiento y al seguimiento del enunciado de principios y de las políticas públicas mismas. 32 Abel Rodríguez Céspedes, "Estado social de derecho y neoliberalismo", en Re­vista Foro, N2 20, 1993, p . 73.

[ 542 J LEONOR PERILLA LOZANO

tica de una realidad económica y social y una prácticas políticas y administrativas que van en contravía del Estado social de de­recho.

7. Teniendo en cuenta que un texto constitucional se pre­senta como un enunciado de principios que prescriben una ac­ción desde unos valores filosóficos y políticos reconocidos y, a su vez, dejan un espacio de discrecionalidad a la labor legislati­va33, nos encontramos con que, o no todos los principios se tra­ducen en acción legislativa y ejecutiva, o la traducción de los mismos efectivamente queda a discrecionalidad del poder pú­blico del momento.

8. No debemos olvidar que el contexto internacional y so­cial en el cual se gesta una nueva constitución o una reforma constitucional -que presiona por ampliar una serie de funcio­nes sociales asignadas al Estado- es, paradójicamente, por un lado el de "minimización del Estado" y, por otro, el de ausencia de éste, en particular, y de manera más evidente, en muchos sec­tores rurales de nuestro país, hecho que muestra que, o no hay traducción de los principios constitucionales en la vida de la na­ción - en la forma institucional o de formulación de políticas es­tatales públicas-, o dicha traducción no es fiel a los preceptos constitucionales.

9. En tanto que una determinada noción de problema social conduce a una "toma de posición" de quienes detentan el po­der político dominante en un momento histórico determinado,

33 Según lo dispuesto por la Corte Constitucional, los principios "consagran pres­cripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional... expresan normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden... Los principios son normas que establecen un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial". Corte Constitucional, Sala N s 1 de Revisión, sentencia T-406, citada por Ramón E. Madriñán, op. cit, p. 110.

La noción de problema social en la Constitución l 543 ]

en este sentido estaría de acuerdo con el profesor Alejo Vargas en cuanto a que los problemas sociales rebasan la capacidad de respuesta del Estado y la acción del mismo no apunta a erradi­car definitivamente una situación problemática, sino a volverla "manejable".

10. Finalmente, es de anotar que se requiere profundizar en el análisis constitucional con el fin de identificar valores en con­flicto en los textos constitucionales mismos; la correspondencia o no de dichos valores con la situación política, económica y social del país, así como identificar el ideal social y político que, de manera explícita o implícita, se plantea en la Constitución y su correspondencia o no con la materialización que se hace de la norma y, por lo mismo, la concreción del Estado en la vida de la Nación.

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