Movimientos comunitarios en Cuba: un análisis comparativo

Armando Fernández Soriano Haroldo Dula Alfonso

Margarita Castro Flores

E S T E A R T Í C U L O E S E L R E S U L T A D O de una investigación de campo de varios meses de duración, en tres comunidades cubanas donde se habían desarrolla­do organizaciones barriales que, con agendas diversas, pretendían crear for­mas nuevas de organización de la vida cotidiana de sus pobladores. No son casos paradigmáticos, pero tampoco experiencias aisladas. Son sencillamente tres casos que ilustran las particularidades de este fenómeno social en Cuba. Por su naturaleza, este estudio es el primero de su tipo desarrollado en el país, y por ello sus propuestas se benefician al ser novedosas y son afectadas negativamente por la carencia de estudios precedentes. Queda al lector juz­gar el balance de estas ventajas y desventajas.1

Los nuevos movimientos comunitarios: ¿continuidad o ruptura?

Las comunidades habitacionales cubanas han sido desde hace casi cuatro décadas, un campo muy intenso de acción y participación popular. En la dé­cada de los años sesenta, se crearon organizaciones sectoriales y de masas, con asiento barrial, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que desempeñaron un papel vital en la movilización popular en torno a las metas revolucionarias y sirvieron

1 Los autores desean expresar su agradecimiento a la fundación alemana Bunststift y a la Fundación para el Desarrollo de El Salvador (Funde) por sus invaluables apoyos para esta investigación. En particular desean agradecer la cálida cooperación de Karin Urschel y Alfon­so Goitia.

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de vehículos para la aplicación de planes sociales diversos, particularmente en salud y educación.

En 1976, con la creación y desarrollo del actual sistema municipal, el proceso de participación adoptó un carácter más institucionalizado. Desde las circunscripciones (unidades electorales), los vecinos fueron capacitados para elegir directamente a sus representantes (delegados) a las Asambleas Municipales (consideradas las máximas autoridades estatales en cada munici­pio), así como para participar en reuniones periódicas encaminadas a fiscali­zar la acción del gobierno, expresar demandas y debatir los problemas loca­les. A partir de 1998, con la creación paulatina de los consejos populares (agrupaciones de circunscripciones con un presidente elegido por los dele­gados), los barrios se fortalecieron como unidades políticas.

A pesar de la importancia de este sistema municipal (Dilla et al, 1993) , no hay que perder de vista que su funcionamiento estaba apoyado en un esquema de participación paternalista y subordinado a un orden político ver­tical y poco descentralizado. No había aquí espacio para proyectos de voca­ción autogestiva.

L a aparición de movimientos barriales externos a estas estructuras polí­tico-administrativas representa sólo parcialmente una continuidad respecto a los procesos de participación precedentes. De ellos heredan una tradición de compromiso, elementos de una cultura política participativa y un liderazgo local, honesto y capaz. En ocasiones, como se observará más adelante, se produce una interacción fructífera entre las nuevas organizaciones y las ins­tituciones preexistentes. De igual manera, partiendo de un entramado políti­co de vocación socialista, estos movimientos tienden a una identificación sistémica que no excluye contradicciones y conflictos.

Se trata de organizaciones nuevas, cuyas acciones buscan llenar espa­cios de coordinación y gestionar a partir de nuevas agendas o simplemente cubrir necesidades que el Estado ya no puede satisfacer con eficacia. En el orden normativo y de procedimiento, existen varias características que dis­tinguen a los movimientos barriales emergentes:

1) Son movimientos no conectados entre sí, por lo que poseen eminente­mente un sentido local. No se trata simplemente de una carencia (los ma­gros mecanismos de información y coordinación con sus homólogos), sino de un rasgo muy definido. La experiencia indica que cuando varios de estos movimientos entran en contacto, la principal preocupación de sus líderes y activistas es evitar copias mecánicas de otras experiencias y sal­vaguardar la singularidad.

2) Exhiben una vocación autogestiva, que se expresa inmediatamente en el

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trazado de políticas sociales y, posteriormente, en el logro de espacios económicos propios.

3) A diferencia de las organizaciones populares formales, estos movimien­tos se proponen metas de transformación integral de las comunidades a partir de consideraciones socioculturales. Aun cuando sus agendas es­tén inicialmente limitadas a temas específicos, a la larga tienden a sobre­pasarlas.

4) Se apoyan en ejercicios "difusos" de los liderazgos y los activismos, dife­rentes del concepto habitual de dirigentes y miembros.

Tres comunidades en busca de su futuro

Santa Fe

Santa Fe, ubicado en el extremo occidental de la ciudad de La Habana, es un poblado costero con una historia propia que la distingue del resto de la ciu­dad. Sus construcciones, modo de vida e idiosincrasia, indican un sello pecu­liar en la conformación histórica del poblado. La historia de Santa Fe parece remontarse a finales del siglo XVlll, cuando se ubicaba en el lugar un pequeño grupo de pescadores con pocos vínculos con la ciudad de La Habana, enton­ces distante varias decenas de kilómetros y sin vías efectivas de comunica­ción. No es sino hasta la década de los años treinta del siglo XX, cuando se construye la primera carretera que lo unió con la capital, lo que tuvo un efecto social inmediato: el arribo de sectores de clase media en busca de un lu­gar retirado para los placeres del verano. Aunque estos grupos no influyeron decisivamente en la psicología social del lugar, sí dejaron su huella en la arquitectura y en la formación de lo que hoy se denomina Nuevo Santa Fe, ubicado al sur (y separado por la carretera) del poblado original. Dado que la mayor parte de estos pobladores emigraron durante los años sesenta, Nuevo Santa Fe se vio repoblado, principalmente, por personas de origen campesi­no (usualmente vinculadas a las Fuerzas Armadas, dada la presencia en las cercanías de algunas instalaciones militares). Desde los años cincuenta, pero sobre todo a partir de los setenta, Santa Fe vio complicarse más su caracteriza­ción demográfica cuando se produjo el asentamiento de migrantes de otras zonas del país, en las márgenes de un terreno cenagoso, al extremo oeste del poblado, lo que dio lugar a un barrio conocido como Bajos de Santana (Fernández y Otazo, 1996).

Esta evolución histórica marca a Santa Fe con un sello contradictorio. Por un lado, se trata de una comunidad que históricamente preserva un sen-

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tido de pertenencia y que se asume como distinta respecto a otras comunida­des cercanas y al propio municipio en que está enclavada, pero, por otro lado, la yuxtaposición de grupos poblacionales diferentes, portadores de tra­diciones y rasgos culturales propios, ha configurado un espacio local en el que habitan más de 21 000 personas marcadas por una diversidad de modos de vida y aspiraciones, a la que no ha podido sustraerse la práctica política en la zona, ni el propio Movimiento de Horticultores en estudio. Santa Fe está organizada como un Consejo Popular dentro del municipio Playa.

E l Movimiento de Horticultores es la asociación más prominente de las muchas que agrupan a cientos de personas de la localidad, y que ha recibido un fuerte estímulo por parte de las autoridades políticas y gubernamentales de la comunidad, particularmente del Consejo Popular y de su presidente, quien ejerce un activo liderazgo y ha sido reelegido en ese cargo desde su establecimiento en 1991.

Los orígenes del Movimiento de Horticultores se enlazan con varios factores, por un lado, una tradición de cultivadores que habitan en el poblado (particularmente en Nuevo Santa Fe), ya sea en los patios de las casas o en terrenos baldíos que habían sido paulatinamente ocupados por los vecinos para estos fines. Esta vocación fue impulsada desde 1991 por la política nacional, trazada para el otorgamiento de terrenos disponibles en zonas ur­banas, en calidad de usufructo, a aquellas entidades colectivas (empresas, grupos de vecinos, escuelas, etc.) o individuos que estuvieran en condicio­nes de producir alimentos. Dada la abundancia de terrenos baldíos en su territorio, los habitantes de Santa Fe pudieron beneficiarse considerablemente de esta medida. Por último, habría que considerar un hecho tan específico como trascendente: la designación en ese lugar, por el Ministerio de la Agri­cultura, de un ingeniero agrónomo (en calidad de su representante en el terri­torio), crecientemente interesado tanto en el desarrollo de la agricultura or­gánica como en la organización de estructuras asociativas y participativas en la comunidad, y que se convirtió en el más activo promotor de la asociación de los horticultores.

Esta organización fue estructurándose poco a poco en clubes, cada uno con un presidente, un tesorero y dos vocales, y posteriormente en la elección de una junta directiva de la que formaban parte los presidentes de cada club. La pertenencia a un club implicaba beneficios no sólo por la asistencia técni­ca que provee el Consultorio Agrícola Veterinario (CAV), sino también por el acceso privilegiado a recursos provenientes de donaciones externas. Impli­caba, además, deberes como el pago de cuotas monetarias para las activida­des colectivas y la entrega de algunas de las cosechas para el consumo social en escuelas, círculos infantiles, etcétera.

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Es difícil calcular el número exacto de personas inscritas en este movi­miento. En este poblado, el total de horticultores se elevaba a 1 2 1 5 perso­nas, todos los cuales se beneficiaban o podían ser beneficiarios de los servi­cios técnicos del CAV. Pero no todos estaban afiliados a clubes. Según otras fuentes, el número de clubes ascendía a 17, y el de afiliados a 3 0 2 personas, pero tampoco esto implica que todos ellos tengan una participación activa. E l sentido de "membresía" se flexibiliza, y excepto un núcleo de algo más de un centenar de horticultores, el resto pudiera ser una suerte de participantes eventuales, de acuerdo con sus necesidades específicas.

En términos de satisfacción personal, la mayoría de los encuestados con­fesó haber encontrado en esta actividad una forma de realización personal que rebasaba el plano económico y haber ganado mayor sensibilidad en cuanto a la preservación y desarrollo del medio ambiente. De ellos, 9 2 % evaluaba como democrática la estructura organizativa creada y percibía que sus pun­tos de vista eran tomados en cuenta siempre o regularmente.

Atares

Atares, ubicado en el municipio Cerro, uno de los municipios centrales de la ciudad de La Habana, ha sido históricamente un barrio popular. Aunque sus primeros habitantes debieron asentarse allí desde el siglo xvm, el barrio fue reconocido como tal en 1856, cuando contaba con algo más de 3 0 0 0 habi­tantes. Las principales actividades económicas del barrio eran los oficios menores y el comercio. Estos rasgos fueron evolucionando con el paso de los años. Hacia 1931 el barrio había llegado a saturarse demográficamente al contar con 12 0 0 0 habitantes, prácticamente la misma cantidad que en la actualidad. Por entonces, la actividad económica del lugar era muy intensa dada la cercanía del puerto de La Habana, del Mercado General de Abastos y Consumo y de algunas zonas comerciales minoritarias. A l mismo tiempo, esto producía una considerable población flotante y la consiguiente prolife­ración de actividades como la prostitución, los juegos de azar y el robo. A partir de la cuarta década del siglo, Atares comenzó a experimentar un pro­ceso de empobrecimiento como resultado del crecimiento de la ciudad, y el traslado o decadencia de los focos económicos que habían marcado su rela­tiva prosperidad.

E l triunfo de la Revolución contribuyó decisivamente a cambiar la fiso­nomía del barrio en varios sentidos. En un primer plano, la población pobre del lugar, mayoritariamente negra y mestiza, pudo beneficiarse de las medi­das de equidad social y del proceso de movilidad social ascendente. En se­gundo lugar, la erradicación de los pequeños negocios cambió por completo

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la conformación socioclasista del barrio. Por último, la inexistencia de pro­yectos de remodelación y mantenimiento de viviendas, así como las dificul­tades para ejecutar este tipo de acciones de manera individual, condujo a un deterioro acentuado de la planta física del barrio, compuesta fundamental­mente por viviendas individuales de una sola planta y cuarterías.

Un censo realizado en 1990 registraba 10 591 residentes fijos y una población flotante de cerca de 2 000 personas. 52% de los residentes fijos eran trabajadores, 11% jubilados, 4% pensionados, 21% estudiantes y 11% desempleados, cifra esta última muy alta en comparación con el estándar nacional de la época. Estas personas habitaban en 3 088 viviendas, 70% en construcciones en mal estado. Del total de viviendas mencionadas, 1 382 estaban ubicadas en 110 ciudadelas o cuarterías, donde vivían cerca de 5 000 personas. Los 12 500 habitantes de Atares ocupan un espacio de 28 hectá­reas, lo que supondría una alta densidad poblacional de 45 000 habitantes por kilómetro cuadrado.2

L a larga existencia de Atares como un barrio capitalino pobre, con ras­gos de marginalidad, ha reforzado el sentido de pertenencia expresado en rituales, símbolos y jerarquías informales, buena parte provenientes de las religiones afrocubanas (santería, palo monte, abakkuá), y de una intensa vida cultural. Atares es, entre las tres comunidades estudiadas, la que expresa una cohesión mayor y una extensión más acentuada de las relaciones primarias. En la división político-administrativa, Atares está enclavado en el municipio Cerro, y forma parte, junto con el barrio aledaño de E l Pilar (8 000 habitan­tes), de un Consejo Popular.

E l surgimiento en 1988 del proyecto comunitario de Atares (formal­mente conocido como Taller de Transformación Integral de Atares), fue inducido directamente por el Grupo de Desarrollo Integral de la capital, ins­titución estatal multidisciplinaria encargada de formular propuestas y aseso­rar en la planificación estratégica de la ciudad de La Habana.

En sus inicios, el Taller dirigió sus acciones hacia la construcción y rehabilitación de viviendas, la necesidad más visible en el barrio, lo que estaba previsto como un primer paso efectivo para la legitimación del Taller y para el incremento de su capacidad de convocatoria en aras de una mayor participación popular en un trabajo integral de transformación sociocultural. Simultáneamente, esta orientación era alentada por las políticas oficiales pre­valecientes entre 1986 y 1990, encaminadas a agilizar la construcción de viviendas y obras sociales, particularmente en La Habana.

Datos suministrados por la líder comunitaria María Regla Barbón.

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Como consecuencia, la actividad del Taller, al menos hasta 1991, se orientó hacia la formación y puesta en marcha de tres microbrigadas sociales (unidades constructoras formadas por los vecinos y provistas de recursos proporcionados por el Estado), y a la realización de un censo que permitiera sobre todo calibrar las necesidades reales en esta zona y establecer las prio­ridades.

También fue constituido un grupo de ocho personas, que incluía di­ferentes especialidades que incidían en la actividad de la construcción y en el trabajo social, para actuar como promotor de la transformación del barrio.

Muchos actores recuerdan este periodo como la época de oro del pro­yecto. Las expectativas generadas entre la población produjo un alza de la movilización en torno al Taller, que tuvo su expresión más evidente en cien­tos de personas, en buena parte mujeres, que se inscribieron como trabajado­ras en las microbrigadas sociales. Pero los resultados fueron mucho más dis­cretos que las motivaciones, y la crisis puso fin al entusiasmo cuando se hizo manifiesto que no existían los recursos para afrontar las necesidades acumu­ladas durante décadas.

A partir de 1992, y coincidente con un cambio de dirección en el grupo promotor, el Taller comenzó a reorientar su actividad en el barrio. Por un lado, emprendió acciones para conseguir financiamientos externos que le permitie­ran dar alguna respuesta al problema clave de la vivienda. Por otro, y posible­mente esto sea lo más significativo, se reorientó hacia el trabajo sociocultural, a la promoción en sectores específicos de la población (básicamente niños, ado­lescentes y mujeres), y al impulso de tareas comunitarias que, a un menor costo, repercutieran en las condiciones de vida de los pobladores.

A pesar de haber reunido sumas notables para la rehabilitación y sanea­miento de viviendas y cuarterías, el Taller no ha logrado resultados visibles.3

E l porcentaje de obras terminadas es bajo y las obras en construcción han marchado a un ritmo muy lento, todo lo cual erosiona la credibilidad de los líderes comunitarios. Aunque de ello se hablará más adelante. Es importante señalar que en este punto, el taller de Atares revela una profunda contradicción entre la aspiración de un proyecto de autogestión comunitaria y la rigidez nor­mativa e insuficiente autonomía que padecen las estructuras gubernamentales locales, particularmente en la capital. Esta contradicción también se ha expre­sado crudamente en la frustración de diferentes acciones encaminadas a fo­mentar espacios autónomos de economía barrial.

3 Debe anotarse que las acciones constructivas y de rehabilitación han sido más efectivas en obras sociales como la Casa Comunitaria, el Centro Cultural Religioso y otros centros de educación y salud. Hasta el momento, el Taller tiene varias obras sin concluir con un potencial de cerca de 400 beneficiarios.

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E l Taller ha logrado poner en marcha varios programas dirigidos a niños y adolescentes, un taller femenino de autoestima (novedoso en el escenario nacional), así como re vitalizar tradiciones culturales en proceso de extinción y centrar muchas actividades barriales en torno a la Casa Comunitaria y al Cen­tro Cultural Religioso. También ha podido consolidar un grupo considerable de activistas voluntarios y coordinar acciones con las instancias gubernamenta­les de base, principalmente con el Consejo Popular. De igual manera, ha ensayado formas novedosas de compromiso popular en la producción de diagnósticos y la propuesta de soluciones a los problemas del barrio, al crear las asambleas conocidas como Talleres de Ideas.

Sin embargo, la acción del Taller aún parece limitada a grupos específi­cos y no ha logrado generar un proceso de participación activa de la pobla­ción. Su dirección sigue residiendo en el grupo técnico multidisciplinario (por lo demás inestable en su composición), y aun cuando de su seno han emergido personas con alta ascendencia en la población, lo cierto es que el movimiento no ha logrado articular un liderazgo colectivo distinto que el esta­blecido formalmente en el planeamiento técnico del proyecto.

El Condado

E l Condado tiene su origen en la migración de población rural, sobre todo de las zonas montañosas, hacia la ciudad de Santa Clara, hasta llegar a consti­tuir su barrio marginal más conocido. Aunque los primeros poblamientos aparecieron hace ya varias décadas, el crecimiento explosivo del barrio tuvo lugar a partir de los años cincuenta, lo que hasta cierto punto lo caracteriza como un poblado joven. Aun cuando sus habitantes pudieron beneficiarse de numerosas medidas adoptadas por la Revolución, nunca se practicó un plan de desarrollo específico que permitiera afrontar las condiciones particula­res del barrio. En la actualidad, E l Condado tiene unos 48 000 habitantes y ocupa un área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados. Según un censo levantado por los promotores del proyecto en 1992, de una muestra de 732 habitantes 24% tenían menos de 14 años, y 58% se ubicaba entre 15 y 49. De la población adulta, 17% estaba desempleada, índice que ascendía a 30% entre la población femenina. E l 41% de las viviendas estaba en mal estado. En cuanto a la educación, 55% de la población adulta tenía 6 grados o me­nos, 31% entre 6 y 9 grados, 13% entre 9 y 12 grados y sólo 1% tenía nivel universitario.4 En términos político-administrativos, está ubicado en el mu-

4 Datos suministrados por el doctor Luis Fonticciella. Estos índices son bajos en compa­ración con los niveles nacionales, pero al mismo tiempo típicos de la zona. En una comunidad

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nicipio de Santa Clara, capital de la provincia de Villaclara, y se divide en dos consejos populares: Norte y Sur.

E l movimiento comunitario estudiado está ubicado en una de las cir­cunscripciones del Condado Sur, donde habitan aproximadamente unas 3 000 personas. E l proyecto Condado surge como iniciativa de varios actores so­ciales, principalmente de algunos expertos de la Universidad Central de las Villas y del gobierno municipal de Santa Clara, interesados en poner en prác­tica algunas acciones contra el deterioro físico del lugar y las conductas antisociales suscitadas ahí (delincuencia, reyertas frecuentes, alcoholismo, violencia familiar). A l principio se plantearon algunos proyectos de cons­trucción de viviendas y de prevención social, pero resultaron poco efectivos al carecer de una perspectiva integral de transformación del barrio.

Es a fines de 1989 cuando se empieza a planificar un proyecto de mayor envergadura, para lo cual fue imprescindible el apoyo de tres partes. Por un lado, el del Grupo de Desarrollo Integral de la capital, que puso a disposi­ción de los actores locales los elementos metodológicos necesarios, inclu­yendo el intercambio con experiencias en marcha, particularmente en el ba­rrio de Atares. Por otro lado, la voluntad del gobierno municipal de impulsar el proyecto, incluso al costo de concentrar los recursos disponibles en una sola circunscripción (una de las que mostraba condiciones habitacionales más deplorables), y obtener así un efecto de demostración que irradiara la experiencia a otras zonas de la ciudad. Por último, fue vital la capacidad de negociación de la delegada de la circunscripción para convencer a las auto­ridades locales de la pertinencia de realizar el proyecto en su barrio y obte­ner los recursos disponibles.

E l proyecto de transformación del barrio se inició en abril de 1990, y en enero de 1991 se formó un grupo de trabajo compuesto por personas desta­cadas de la comunidad, capaces de movilizar a la población en torno a las metas propuestas: el activista comunitario de la cultura, la santera más influ­yente del barrio, el arquitecto a cargo de las construcciones en el lugar, el médico de la familia, la delegada municipal y el jefe del sector de la policía. La columna vertebral del movimiento ha sido desde entonces la microbrigada social, compuesta por los propios habitantes del barrio y cuya primera tarea es la construcción de viviendas y otras obras sociales para la comunidad. Aun cuando esta microbrigada pertenece a una dirección municipal, es evi­dente que el proyecto posee un considerable poder de decisión sobre sus operaciones.

cercana, Los Sirios, 52% de la población tenía 6 grados de enseñanza o menos, 36% entre 6 y 9 grados, 10% desde 9 a 12 grados y sólo 1% poseía nivel universitario.

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Sin lugar a dudas, este proyecto puede mostrar un nivel de realización envidiable. En sus seis años de funcionamiento ha logrado la construc­ción de más de 120 viviendas, además de realizar algunas obras sociales como son un mercado, un hogar materno, un centro cultural y deportivo, una escue­la y un consultorio médico. De igual manera, ha puesto en marcha un conjun­to de grupos culturales y de educación popular que han incidido efectiva­mente en el desarrollo de prácticas solidarias y en el rescate de las raíces culturales de la comunidad. Se ha conseguido un mejoramiento sustancial en los índices de salud, educación y, en general, en la eliminación de la delin­cuencia y otros males sociales. No menos significativa es la ampliación a unas 3 0 personas de su grupo promotor, representantes de sectores o respon­sables de funciones, lo que les ha permitido avanzar en un programa con enfoque multisectorial del trabajo comunitario.

A pesar de sus avances participativos, el proyecto aún no ha logrado una participación suficiente de la población ni establecer con ésta una comunica­ción fluida. De igual manera, las ventajas reportadas por el decidido apoyo del gobierno local se han traducido en una fuerte dependencia económica en detrimento de formas propias de autofinanciamiento, a pesar de la volun­tad de sus líderes para impulsar acciones de esta naturaleza.

Como podrá observarse, hay puntos comunes y no menos diferencias entre estos tres proyectos. Y serían innumerables los espacios de compara­ción. De esta manera, nos parecería oportuno centrarnos en dos: en primer lugar, sobresale el siempre problemático tema de la relación entre Estado y movimientos sociales. Aquí, esta relación ha sido muy intensa, con resulta­dos positivos y negativos, lo que ofrece un campo interesante de discusión. Pero, al mismo tiempo, vale la pena explorar sucintamente la relación con un tercer mecanismo de asignación de valores y recursos: el mercado. Por últi­mo analizaremos el carácter de los liderazgos emergentes, sus estilos de ges­tión y el lugar donde participan.

Los movimientos comunitarios y el Estado

Ninguno de los movimientos comunitarios estudiados puede definirse como contestatario frente al Estado. A l contrario, en todos ellos ha existido una voluntad de sus líderes y activistas para actuar complementariamente res­pecto a las políticas estatales en los territorios y por mantener relaciones cordiales con las autoridades locales, sus interlocutores estatales inmediatos. Ello es perfectamente comprensible si tenemos en consideración la vocación social del Estado cubano y su impacto en el desarrollo de los diferentes terri-

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torios. A l mismo tiempo, el Estado posee una compleja organización muni­cipal que penetra hasta las bases poblacionales, involucrándolas en prácticas de participación a las que no puede permanecer indiferente ningún movi­miento barrial. Las figuras ya mencionadas del delegado municipal o del Consejo Popular son piezas clave del funcionamiento comunitario en cual­quier lugar del país y, de hecho, constituyen una suerte de línea difusa entre el Estado y la sociedad civil.

E l Estado ha sido un proveedor fundamental de recursos en el despegue y consolidación de los tres movimientos estudiados.

En primer lugar, ha sido el suministrador por excelencia de los recursos humanos vitales. E l proyecto de Santa Fe difícilmente hubiera podido alcan­zar sus niveles actuales de madurez sin la asignación a ese territorio de un agrónomo experimentado capaz de inducir la aplicación de técnicas agríco­las adecuadas para alcanzar un resultado alentador. Todo el equipo dirigente en Atares es asalariado del Estado, como parte de la plantilla de una mi-crobrigada municipal. La situación es idéntica en E l Condado, donde buena parte de sus líderes —el médico del barrio, el activista cultural, el arquitecto, etc.— son empleados de distintas dependencias estatales o de la microbrigada social. En este mismo sentido, el Estado actúa como un difusor de "tecnolo­gías blandas", particularmente mediante grupos especializados provenientes de universidades y, sobre todo, del Grupo de Desarrollo Integral de la capi­tal, cuyas metodologías han sido un punto de partida para todas estas expe­riencias. Por último, no puede perderse de vista que ha sido gracias a las políti­cas estatales como se ha logrado la maduración de un sujeto social educado y entrenado en los asuntos públicos, para el cual la idea de participar no resulta extraña, y que hoy constituye la base social de los movimientos.

Segundo, ha sido un suministrador muy importante de recursos materia­les. E l Condado es un ejemplo por excelencia, lo cual merece un análisis más adelante. Pero también Santa Fe, cuyos horticultores en buena parte se bene­fician con tierras públicas; o Atares, cuyo inicio se vincula a un malogrado intento inversionista de gran escala y cuya sede y centro principal de accio­nes, la Casa Comunitaria, es un inmueble estatal cedido para tales fines.

Tercero, ha sido un actor insustituible dada su capacidad para reconocer a los movimientos como interlocutores. Ciertamente, ninguno de estos pro­yectos posee una titularidad legal, y el intento de algunos de ellos de conse­guir un status de asociación civil ha fracasado, dadas las restricciones en la legislación y en su aplicación en el ámbito nacional. Esto actúa como una limitación para el despliegue de acciones, como luego se verá. De cualquier manera, es un hecho que las instancias locales de gobierno reconocen a estos movimientos como actores válidos y actúan en consecuencia.

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Nuevamente, el caso más sobresaliente es E l Condado, donde las auto­ridades locales han entendido la necesidad de la autonomía para alcanzar un efecto a largo plazo, y los líderes comunitarios han sabido mantener sus es­pacios propios, en lo que denominaremos una situación de "autonomía pac­tada".5 Pero incluso en Atares, donde las relaciones con las instancias loca­les han sido más conflictivas, tanto el Consejo Popular como el municipio perciben al Taller como un mecanismo complementario para el desarrollo local y respetan sus perfiles específicos. Sin lugar a dudas, es una situación en la que un movimiento tiene acceso a las áreas de toma de decisiones y puede ejercer la representación de sus intereses en un escenario, cuando menos, abierto a desarrollos positivos en el futuro.

Nada de esto implica que las relaciones entre ambas instancias sean en todos los casos armónicas, como tampoco que incluso allí donde pueda pre­dominar la armonía, ésta resulte en beneficio de los fines autogestivos y participativos de los movimientos. De hecho, el Estado cubano se encuentra inmerso en un proceso de reformas y cambios cuyo punto de partida fue un sistema de planificación altamente centralizado que dejaba poco espacio a iniciativas ciudadanas en los ámbitos descritos. En consecuencia, existe aún no sólo una legislación restrictiva sino también una cultura política y un en­tramado burocrático poco anuentes a permitir "competencias" de otros actores en su territorio. En ocasiones, la puerta de acceso a los corrillos del Estado exige un precio alto en términos de subordinación y manipulación utilitaria, aun cuando ésta sea ejercida con fines altruistas.

Las vicisitudes de la economía popular

Lo señalado en el párrafo anterior ha sido particularmente visible en el cam­po de la economía. Todos los movimientos estudiados han afrontado dificul­tades insuperables para desarrollar formas de economía propia que les per­mita un nivel aceptable de autofinanciamiento y, en los casos en que se han puesto en práctica, se ha tratado de acciones menores en precarios intersti­cios permisivos de las normas establecidas.

5 El término "autonomía pactada", que utilizaremos aquí, parece ser el escenario óptimo que puede afrontar un movimiento comunitario en Cuba en las actuales condiciones. Describe una situación en la que el movimiento posee capacidades decisorias fundamentales sobre los temas que afectan a la comunidad, pero no a partir de una titularidad legal, sino de una suerte de acuerdo con las autoridades políticas y gubernamentales. Por consiguiente, exige un proce­so de negociación permanente pero en condiciones más favorables para el movimiento. Tam­bién implica, necesariamente, contracciones y expansiones de los derechos pactados.

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E l Taller de Atares ha reconocido con objetividad espacios posibles de captación de recursos, explotando la principal riqueza del barrio, su intensa vida cultural, mediante el turismo especializado, pero hasta el momento no ha conseguido el permiso legal. En 1990 comenzaron a realizar diferentes gestiones para instalar un pequeño taller de materiales de construcción de bajo costo, con uso intensivo de desechos y escombros. Su pleno funciona­miento les permitiría facilitar a los vecinos insumos imprescindibles para la rehabilitación de sus viviendas. Tras un periodo de funcionamiento, el taller de materiales tuvo que ser entregado a una microbrigada municipal, con el compromiso de recibir 2 0 % de la producción para uso del barrio.

Santa Fe ofrece en esta línea varios ejemplos ilustrativos, dado que aquí reside el único de los movimientos estudiados cuyo eje es, precisamente, el desarrollo de actividades productivas. E l desarrollo de acciones económicas propias no confrontó dificultades mientras se trató del cultivo de pequeñas parcelas, con una productividad lo suficientemente modesta como para no rebasar el ámbito del autoconsumo. Desde el momento en que se planteó la existencia de un excedente, el tema entró en una agenda conflictiva. Debido a que los horticultores no poseían la fuerza económica suficiente como para afrontar los impuestos y tasas existentes, comenzaron a vender sus produc­ciones en los propios huertos, lo cual los colocaba como evasores del fisco. E l Consejo Popular intentó resolver la situación mediante ferias populares, lo que recibió una respuesta adversa de las autoridades municipales. En los momentos de escribir este informe, los horticultores y los dirigentes políti­cos locales estaban negociando una fórmula novedosa planteada por los pri­meros: la vinculación de los clubes con asociaciones de consumidores for­madas por los vecinos cercanos a los huertos.

E l excedente agrícola siempre plantea el problema de su conservación. En consecuencia, los horticultores consiguieron un financiamiento externo para instalar una pequeña planta de procesamiento y envase de vegetales. E l proyecto estaba concebido como una propiedad cooperativa de un grupo de vecinos. Pero como no existe en el país una legislación que autorice la pro­piedad cooperativa urbana, las autoridades municipales mostraron su dis­posición favorable sólo si la pequeña planta pasaba a ser administrada por una empresa estatal local, lo que era incompatible con las cláusulas del proyec­to. Finalmente fue desechado. Una suerte parecida corrió otro proyecto de igual naturaleza, destinado al montaje de una minúscula empresa para la pre­paración de piensos para las incipientes crías de animales en algunos huertos.

En E l Condado, la situación es aparentemente menos compleja, tenien­do en cuenta la voluntad de las diferentes instancias del gobierno local de apoyar materialmente al proyecto respetando su autonomía. En la práctica,

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sin embargo, ello ha creado una dependencia excesiva de los fondos estata­les, no siempre disponibles en una economía de recursos escasos, y de cual­quier manera ha limitado la posibilidad del movimiento para expandir su agenda a otras esferas. Aun así, E l Condado resulta un caso no usual de vo­luntad política, poco probable, por ejemplo, en un municipio capitalino, y pudiera argumentarse que las peculiaridades de su éxito también indican los límites de su viabilidad a una escala mayor.

Situaciones como las descritas no sólo limitan el despliegue de los mo­vimientos, sino que también distorsionan sus ejecutorias. Un caso evidente de esta afirmación es Atares. Como señalábamos anteriormente, este movi­miento produjo una reorientación de sus acciones desde 1992, consistente en la búsqueda de apoyo externo para la rehabilitación y reparación de vivien­das, así como en poner un mayor énfasis en acciones sociales y culturales que motivaran la participación popular. Entre 1994 y 1995 el Taller recibió un financiamiento considerable de varias organizaciones internacionales, lo que incidió en una reanimación efectiva de los procesos constructivos dada, por un lado, la inexistencia de una estructura empresarial propia de la comu­nidad, y por otro, la poca capacidad del gobierno municipal para responder con sus empresas y microbrigadas a los programas trazados. Ello obligó a los dirigentes del Taller a asumir directamente gestiones administrativas, cuyo resultado no pudo ser otro que el desgaste de los primeros y el inevitable relegamiento de las acciones sociales y culturales previstas.

E l breve recuento realizado indica claramente los obstáculos que en­frentan los movimientos barriales para incidir en la dinamización de la eco­nomía local, propósito básico en proyectos que se plantean una transforma­ción integral de la calidad de la vida cotidiana de los pobladores. Pero más allá de estas consideraciones, pudiera argumentarse que coartar el fomento de formas de economía popular constituye una pérdida de oportunidades históricas para incidir en la socialización del mercado y contrarrestar sus efec­tos erosionadores de la solidaridad y la cooperación. Las experiencias obser­vadas indican que las formas incipientes de economía popular, marcadas por principios asociacionistas de productores y consumidores sobre bases soli­darias, apuntan a nuevas formas de producción, distribución y consumo que no deben ser desdeñadas por una sociedad que ha fijado sus metas estratégi­cas en un orden alternativo al capitalismo.

En Santa Fe, algunos horticultores han acordado destinar parte de sus producciones para fines sociales, donándolas a centros escolares, guarderías infantiles, etc. No es inusual encontrar actos espontáneos de ayuda a vecinos desvalidos. A l mismo tiempo, han ensayado relaciones directas con los consu­midores, sustituyendo parcialmente el pago monetario por su cooperación

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en la vigilancia de los huertos, y otras acciones de mutuo beneficio. En cual­quier caso, una preocupación permanente de los horticultores ha sido cómo vender sus producciones a la comunidad a precios menores que los del mer­cado privado formal. En E l Condado, los pocos trabajadores cuentapropistas han convenido en brindar sus servicios gratis o a muy bajo costo a personas sin capacidad económica o que se hayan distinguido de alguna manera positi­va en función de la comunidad, como una forma de retribuir los beneficios que la misma les aporta. En Atares también se han producido experiencias de esta naturaleza. Ciertamente se trata de fenómenos muy reducidos, casi in­significantes, cuando nos remontamos al mundo de la gran economía. Pero todo reto de magnitudes históricas tiene que ser enfrentado con un primer paso.

La agenda ambiental en los movimientos barriales

E l tema ambiental en los tres casos estudiados resulta disímil, aunque en todos, en mayor o menor medida, se hayan adoptado acciones relacionadas con el mejoramiento ambiental de las comunidades. Sin lugar a dudas, este es un aspecto que aún no se ha instalado de forma permanente en las agendas de los movimientos.

Esto no quiere decir, por supuesto, que no esté presente en el interés de algunos de sus líderes, como en el caso de Santa Fe y E l Condado, pero las prioridades otorgadas a otros asuntos que afectan al barrio o el tratamiento por sectores de "lo ambiental", separándolo de una visión y gestión integral y colocándolo como acciones aisladas, hace que este importante aspecto per­manezca, con todo su potencial movilizador, esperando una adecuada ubica­ción en la agenda comunitaria.

Si observamos la experiencia de los horticultores de Santa Fe, encontrare­mos una concepción ambientalista del manejo agrocultural entre los líderes y en una buena parte de los miembros del movimiento, la tendencia a esta­blecer una horticultura de bajos insumos energéticos, sobre todo en los mé­todos de riego, el uso creciente de abonos orgánicos (composta y lom-bricultura), la intención de buscar un manejo integral de los recursos en los huertos mayores, con crías de animales de corral y espejos de agua para la piscicultura, la utilización de biopesticidas, etc., expresan esta voluntad. Pero más allá de este manejo agroecológico, el proyecto ha logrado cierta reper­cusión en el saneamiento de la comunidad al eliminar los vertederos de resi­duos sólidos en los solares yermos, mejorar la calidad de vida de los horticultores y sus familias, así como sus relaciones con otros sujetos sociales de la comu­nidad. L a creación del Club de Amigos del Bosque, en el que participa un

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grupo importante de niños y adolescentes para la recuperación forestal, dota de una extensión interesante a este movimiento.

Si esta es la realidad del Movimiento de Horticultores de Santa Fe, no resulta igual en la experiencia de Atares, un espacio urbano con alto grado de deterioro en las construcciones y con una realidad ambiental sumamente crí­tica. La frecuencia de derrumbes, la acumulación de desechos sólidos en las calles, el pésimo estado de las redes sanitarias para el drenaje y la altísima densidad demográfica del barrio, son sólo algunos de los indicadores am­bientales problemáticos de esta comunidad y que, sin lugar a dudas, rebasan la posibilidad de acción efectiva del proyecto del Taller.

No obstante, algunos momentos del proyecto han logrado explorar di­mensiones interesantes de lo ambiental en el barrio: el microtaller de mate­riales de construcción, que reciclaba los áridos de los derrumbes para su aprovechamiento constructivo, fue una interesante experiencia que quedó sin continuación ni análisis en su proyección ambiental, los repetidos esfuer­zos de acciones de saneamiento y manejo de desechos sólidos han quedado como hitos aislados en el trabajo cotidiano del movimiento comunitario.

Sin embargo, el Taller de Atares ha desarrollado una vertiente del trabajo comunitario que lo acerca de forma tangencial a los problemas ambientales y brinda una vía de entrada como quizá no se presente en otros lugares. La relación cultura-ambiente, mediante el rescate de las tradiciones culturales afrocubanas, permanece como una fuente de acciones educativas y partici-pativas por medio de la cual podría comenzar un programa de acciones des­de lo cultural-barrial hacia lo ambiental-comunitario, que aportaría mucho a las experiencias existentes en este sentido, no sólo en Cuba sino también en otras partes del continente.

E l proyecto de E l Condado presenta una visión diferente respecto a los dos anteriores, debido en gran medida a su génesis, a la dimensión espa­cial de la experiencia y al estilo de dirección del proyecto, así como por el nivel de prioridad que le ha otorgado el gobierno local al desarrollo del pro­yecto. E l hecho de que entre los líderes se encuentre el médico de la familia, el promotor cultural y la delegada del poder popular, ha brindado, además de la dirección colectiva, la posibilidad de acción múltiple que en cierta medi­da abre canales futuros para la percepción ambiental integrada dentro del proyecto.

Curiosamente, a pesar de las acciones descritas, el tema ambiental no ha sido desarrollado como tal en estos movimientos, quizá debido a la búsque­da de acciones inmediatas que reviertan reconocimiento y beneficio a corto plazo y al carácter más estratégico de una visión ambiental, generado a partir de políticas públicas, niveles de gestión y manejo más integrado por parte de

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las visiones sectoriales de los problemas, tal y como se ha venido percibien­do hasta el momento.

A pesar de ello, el tema ambiental permanece con todo su potencial para la acción de estos movimientos, ya que los coloca como un interlocutor váli­do entre los habitantes de las comunidades y los gobiernos locales, al carecer estos niveles de la presencia de otros actores que llenen este espacio. Para ello será preciso que el problema ambiental se vea como una gestión integral y no sectorial, y como un programa a largo plazo que incluya en la gestión pública la necesaria dimensión educativa y cultural.

Comunidades, liderazgos y participación

De alguna manera, en las páginas anteriores hemos analizado las característi­cas de los liderazgos de los tres movimientos barriales en estudio, así como la repercusión que han tenido sobre la gente común y su compromiso. No cabe duda de que estamos en presencia de líderes emergentes que han logrado, con honestidad y sacrificios personales, movilizar recursos y personas en torno a metas de desarrollo y transformación social, y que han tratado de hacerlo me­diante métodos incentivadores de la participación popular. Tampoco puede dudarse de que ello se ha traducido en acciones innovadoras que han mejorado los estilos de vida, ayudado a promover a sectores sociales tradicionalmente subordinados, y difundido, con mayor o menor éxito, una cultura participativa.

Sin embargo, a pesar de la voluntad de sus promotores, los movimientos estudiados no han mostrado todavía una capacidad para producir un lideraz-go colectivo y, en relación con él, un proceso efectivo de participación. Esto constituye, indudablemente, la principal limitante para un despliegue de es­tos movimientos.

En el caso de Santa Fe, aun cuando el movimiento ha logrado crear estructuras democráticas (dirigentes nominados y electos por las bases), éste sigue dependiendo en gran medida del promotor original. Los espacios de participación están limitados tanto como la agenda del movimiento, que sólo incorpora de manera marginal otras acciones de interés comunitario. E l ele­mento técnico, fuertemente representado en un proyecto productivo, tiende a sobreponerse sobre otras consideraciones, lo que induce a un tecnicismo fun­cional de la dinámica corporativa de los horticultores.

En E l Condado, gracias a las habilidades de sus promotores, pero tam­bién al apoyo del gobierno local, se ha logrado articular una dirección colec­tiva compuesta por líderes formales e informales, altamente representativos y funcionales, aunque seleccionados por cooptación del núcleo sin media-

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ciones electorales, excepto en el caso de la delegada de la circunscripción. Esto ha permitido refractar, desde la comunidad, las políticas sociales y cultura­les gubernamentales, lo que los líderes comunitarios llaman un "enfoque multi-sectorial" de las acciones. Sin embargo, aún persiste un fuerte personalismo y los habitantes tienden a identificar las acciones con aquellos líderes más diná­micos o conocidos. Por otro lado, el éxito de E l Condado en la construcción de viviendas y la realización de obras sociales así como de la transformación del barrio ha legitimado al movimiento, pero no necesariamente se ha traducido en una participación popular que desborde los intereses más particulares, lo que pudiera indicar la reproducción de las relaciones asistencialistas.

En Atares los papeles de liderazgo han estado determinados desde 1988 por los status diseñados en las plantillas del taller, lo que en algunos casos ha marcado a los primeros con un sello de formalidad poco efectiva. Según se ha avanzado en los programas sociales y culturales de transformación, el Taller se ha rodeado de activistas, algunos de los cuales son capaces de in­fluir socialmente, sea desde una autoridad tradicional o desde funciones que afectan a la comunidad o a parte de ella. Estos son los casos, por ejemplo, de jerarcas religiosos, activistas juveniles, promotores sociales diversos, etc. Pero en ningún momento se ha logrado consolidar este liderazgo en una institución colegiada que supere el diseño tecnicista del grupo dirigente for­mal. Tampoco la participación ha sido una cualidad del movimiento. Cierta­mente, desde 1994, el espectro de personas participantes en torno al Taller se ha ampliado y diversificado: grupos de jóvenes, niños y mujeres, activis­tas culturales, etc. Pero no es aventurado afirmar que, si exceptuamos tanto a los beneficiarios pasivos como a los comprometidos eventuales en acciones lúdico-culturales, el total de participantes en torno al Taller no excede de algunas decenas de personas.

¿Qué determina un resultado semejante en proyectos que han tenido lugar en escenarios distantes, con actores disímiles y en algunos casos con agendas diferentes? Con seguridad no existe una respuesta inequívoca. Y buscarla puede conducir a engaños. En su lugar, es preferible explorar algu­nos factores que pudieran estar afectando negativamente la consecución de un liderazgo más dinámico y de una participación cualitativamente superior, sin pretender con ello dar una solución teórica al asunto.

El tejido sociocultural de las comunidades

Es usual encontrar en los estudios comunitarios la idea de que una mayor cohesión histórica comunitaria es un escenario más favorable para el desa­rrollo de movimientos asociativos. Y puede ser así hasta cierto punto. En

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las tres comunidades estudiadas ha existido un precedente de sentido de identidad favorable a las acciones colectivas; sin embargo, una fuerte tra­dición comunitaria también retarda el desarrollo de movimientos de esta na­turaleza.

E l caso de Atares es paradigmático al respecto. Como decíamos antes, ninguno de los tres barrios muestra, como éste, una sólida tradición histórico-cultural propia. Santa Fe es un poblado más extendido, con fragmentaciones espaciales visibles, y el propio movimiento de horticultores es una asocia­ción de afinidades construidas por una práctica. Aquí, la experiencia política y el nivel educativo de la población parece haber sido un ingrediente más activo que otras consideraciones históricas. E l Condado es una población relativamente joven, en comparación con Atares, y su propia identifica­ción tiene mucho que ver con el impacto positivo del proyecto, que ha levan­tado el orgullo de sus habitantes. Las relaciones tradicionales son difusas y poco consolidadas, y la única santera del barrio, una mujer en la tercera edad con 12 grados de escolaridad, ha sido un factor clave en la conformación de un liderazgo barrial.

En cambio, Atares, desde los puntos de vista cultural, étnico, religioso, etc., es una unidad histórica de larga data. Pero ha construido una identifica­ción desde la marginalidad y la subordinación a los poderes establecidos y, con frecuencia, definida en términos antitéticos respecto a otras comunidades. Sus rituales y símbolos expresan una inclusión condicionada a la aceptación de valores de gueto y de jerarquías tradicionales, religiosas o seculares. Y por consiguiente, una exclusión explícita o implícita de todo lo "ajeno" que pon­ga en peligro este sistema de valores y jerarquías.

La prevalencia de lazos tradicionales también ha incidido en la persis­tencia de una cultura clientelista, que se manifiesta desde dentro de la comu­nidad (jerarcas tradicionales-clientes), pero también en la visión de los po­bladores sobre sus relaciones de derechos y deberes respecto a los poderes públicos.

Todo hace pensar que en Atares, cualquier estrategia viable para alcan­zar los fines de transformación social pasa inevitablemente por la coopta­ción de los líderes informales. Pero tampoco estos liderazgos se expresan de manera jerárquica piramidal como lo hace la política moderna. A l contrario, se trata de liderazgos informales fragmentados y, en ocasiones, contrapuestos entre sí. En este sentido, la línea de acción trazada por el Taller, de producir un acercamiento a los líderes religiosos afrocubanos (santeros, babalaos, paleros, abakkuas), y a las figuras culturales tradicionales, es correcta, siem­pre que se plantee de manera consistente el rescate de los rasgos positivos de estas tradiciones, y su arranque en función de fines sociales más amplios que

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amplios que los nichos confesionales. También debe considerarse que una acción limitada a estos usuarios puede conducir al Taller a ser presa del corporativismo y el folclor. Un proyecto de transformación en Atares impli­ca, inevitablemente, la competencia por las bases y el enarbolamiento de acciones liberadoras (contra el machismo, la violencia familiar, las prácticas delictivas) mediante un trabajo de educación y práctica social. En este senti­do, la puesta en funcionamiento de talleres de autoestima femenina, de gru­pos juveniles y de círculos de niños, son pasos iniciales de un programa que debe continuar y extenderse.

Los peligros de la legitimidad a corto plazo

Como se señaló anteriormente, desde sus inicios estos proyectos aspiraron a ser eficaces a corto plazo, en aquellas áreas identificadas por la población como más urgentemente necesitadas de atención pública. En E l Condado y Atares se le dio mayor importancia a la construcción de viviendas. En Santa Fe, aprovechando las condiciones físicas del poblado, se dirigieron los es­fuerzos a la producción de alimentos. Ciertamente, los diseñadores de estos proyectos no limitaron su proyección a estas acciones, sino que las percibie­ron como un primer paso legitimador que desencadenara un proceso más intenso e integral de transformación social, en el que la participación popu­lar tuviera un lugar privilegiado.

Pero más allá de las aspiraciones, la dinámica impuesta en esos prime­ros momentos permeó los proyectos de un sentido tecnicista y cortoplacista que, inevitablemente, relegó la participación a un segundo plano de priorida­des, excepto cuando se trataba de comprometer a las personas en la instru­mentación de decisiones adoptadas por equipos técnicos y burocráticos, lo cual, ciertamente, no era nada novedoso en Cuba.

E l tiempo se encargó de demostrar que el éxito de estos proyectos tecnicis-tas podía producir mejorías en la vida de la gente, así como legitimar a los propios movimientos y sus líderes. La experiencia de E l Condado es muy ilustrativa al respecto. Y si los planes constructivos en Atares hubieran teni­do un mejor destino, hoy la situación del Taller sería más halagüeña. Pero también demostró que el éxito de corto plazo no conducía de manera espon­tánea ni a una participación cualitativamente superior, ni a un liderazgo ca­paz de actuar en consecuencia, todo lo cual resultaba imprescindible de cara a las metas transformativas explícitas en los diseños. También la experiencia de E l Condado es, en este sentido, significativa.

Los líderes comunitarios supieron tomar nota de estos déficit. La evolu­ción posterior de los movimientos, la certeza de que era imposible obtener

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resultados a corto plazo con recursos cada vez más escasos, el acercamiento de sus dirigentes a corrientes de pensamiento renovadoras (de educación popular, feministas, ambientalistas, etc.), han dado un giro positivo desde este enfoque inicial tecnicista hacia otro de corte gestionador, más interesa­do en contactos regulares con las bases y su participación en los diagnósticos y programas de transformación. Esta evolución positiva enfrenta peligros de consideración, dado el entorno sistémico en el que se desenvuelven estos movimientos, particularmente en lo que se refiere al acceso de poder y a los recursos.

El acceso al poder y los recursos

Como hemos visto, los líderes de estos proyectos han estado siempre ocupa­dos en negociaciones con actores diversos para acceder a cuotas de poder y a recursos que hagan viables sus programas, más aún cuando carecen de bases económicas propias. Con mayor frecuencia, y casi exclusivamente en E l Condado, estos actores han sido el gobierno municipal y sus empresas y dependencias. Pero también han existido otros actores, en unos casos gu­bernamentales, como el Grupo de Desarrollo Integral de la Capital, y en otros casos organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales o extranje­ras. Hasta aquí la situación descrita es normal.

No es imaginable un movimiento social que actúe en un territorio y no esté obligado a negociar con otros actores.

Lo particular de los movimientos aquí estudiados es que en todos los casos tienen que negociar sin un status legal lo suficientemente preciso en cuanto a sus atribuciones, lo que de cierta manera hace depender su acceso de variables oportunistas que no pueden controlar, y de un marco legal poco flexible y restrictivo.

Esta precariedad formal ha afectado considerablemente la actuación de los líderes, su tendencia a concentrar la autoridad y la manera como se pro­yectan hacia sus bases reales o potenciales.

En el caso de Santa Fe, la existencia de un liderazgo electo no ha podido sustituir la figura central del ingeniero agrónomo que actuó inicialmente como promotor. Dadas sus habilidades especiales para negociar con actores exter­nos, esta persona sigue siendo el emblema del proyecto, lo que en ocasiones produce fracciones con la dirigencia formal. A l mismo tiempo, los intentos ya descritos de expandir los perfiles económicos del proyecto han producido severos choques tanto con las autoridades municipales como con la delega­ción municipal del Ministerio de la Agricultura, sin que existan espacios institucionalizados de discusión y negociación.

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Sin embargo, Santa Fe ofrece una experiencia interesante en cuanto al lugar del Consejo Popular en la gestión del desarrollo local y en la articula­ción de los diferentes intereses que concurren en esta meta. E l presidente de la Junta Directiva de los Horticultores es invitado frecuentemente a las sesiones del Consejo, lo que permite articular acciones conjuntas y resolver posibles desacuerdos. Un ejemplo de ello fue el uso del agua por los horticultores. Cuando se inició el movimiento, éstos regaban sus pequeños sembrados con agua corriente, lo que motivaba frecuentes quejas de los ve­cinos dada la escasez de este recurso en el pueblo. Tras varias discusiones se llegó a un acuerdo satisfactorio para todos: la apertura de pozos para la ex­tracción manual o eólica del agua del subsuelo, para lo cual se consiguió ayuda técnica y financiera de varias instituciones cubanas y extranjeras. Por esta misma vía se ha logrado movilizar recursos de los horticultores para determinadas acciones de interés social.

En Atares la situación es más crítica. Por un lado, es el barrio donde se manifiesta una mayor desproporción entre las demandas acumuladas y la eficacia de las acciones adoptadas. Por otro lado, al estar ubicado en la capi­tal, el Taller enfrenta autoridades locales con menos atribuciones reales que en otras provincias del país, de manera que los acuerdos que se adoptan están sujetos a limitantes administrativas que, en determinadas circunstan­cias, pueden anular o paralizar las acciones en curso. Por último, el munici­pio en que está ubicado ha sido afectado por renovaciones o sustituciones de dirigentes, lo que teniendo en cuenta el contexto anteriormente explicado, obliga a periódicas renegociaciones, cuyo resultado más o menos auspicioso depende de factores diversos, incluyendo aquí la buena disposición perso­nal de los cuadros locales.

En este escenario de negociaciones continuas, fragmentadas y revoca­bles, el taller no tiene otra alternativa que mantener sus decisiones concen­tradas en muy pocas personas, aquellas que las autoridades locales reco­nocen como interlocutoras. No es casual que según estudios realizados y nuestras propias observaciones, los habitantes del barrio desconocen con frecuencia la existencia del Taller, aunque pueden identificar a la líder de éste como una persona a cargo de acciones positivas en beneficio del barrio. Iden­tificación, por lo demás, compatible con la cultura clientelista de la mayoría de sus habitantes.

En El Condado, a pesar de que la dependencia de los recursos del munici­pio es abrumadora, la autonomía pactada permite un proceso de negociación más seguro y con resultados más previsibles. En primer lugar, ello ha facili­tado el desarrollo del liderazgo. Si bien en sus inicios la figura de la delegada de la circunscripción fue vital en la obtención de recursos, con el paso del

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tiempo la propia dinámica del proceso determinó la emergencia de otros líderes; algunos, como el médico de la comunidad, con una proyección más general, y otros, como el activista de cultura y la santera, con áreas más espe­cíficas de influencia.

La debilidad de los enfoques sectoriales: el caso de la mujer

Las tres comunidades estudiadas han tomado en cuenta la necesidad de aplicar enfoques específicos para sectores sociales que, como los niños, adolescen­tes, mujeres y ancianos, sufren algún grado de subordinación. Estos enfo­ques, sin embargo, han sido insuficientes e incompletos, lo cual ha obstacu­lizado una convocatoria participad va de mayor claridad.

E l movimiento de horticultores de Santa Fe ha dedicado una atención especial al caso de niños y adolescentes, y ha destinado fondos para activida­des recreativas o promueve acciones de educación ambiental. Sin embargo, es aquí donde podemos encontrar una representación femenina más pobre y sesgada por el patriarcalismo. En los huertos, las mujeres desempeñan un papel muy importante, sea "auxiliando" a los hombres en los cultivos o indi­cando cuales productos deben ser cosechados de acuerdo con las necesida­des de la economía familiar. Pero la titularidad de pertenencia a los clubes es ocupada por los hombres. Como decíamos antes, sólo 24% de los miembros de las juntas directivas de los clubes eran mujeres, y muy pocas presidían clubes, aunque el número de estas últimas ha crecido. Regularmente el papel de las mujeres en las juntas era ocuparse de los controles rutinarios de corte burocrático. 6

Por sus perfiles sociológicos y programáticos, E l Condado y Atares guar­dan en este punto muchas similitudes. En ambos casos se trata de barriadas que han experimentado, o experimentan, altos niveles de machismo, con fre­cuencia reforzado por creencias religiosas discriminativas respecto a las mujeres; violencia familiar; altos porcentajes de población femenina a cargo del sustento familiar, y una pobre proyección pública de este sector. Un estu­dio realizado (Núñez y Buscaron, 1988:37-46) a fines de los años ochenta en Atares, indica que la población masculina era renuente a participar en las tareas hogareñas, lo que descargaba en las mujeres toda la responsabilidad. Según este estudio, 55% de los hombres blancos, 48% de los mestizos y 83%

6 Una de las experiencias más interesantes detectadas en Santa Fe es el Club de Abuelos, que agrupa varios centenares de personas de la tercera edad y tiene un papel público destacado. Pero esta asociación es externa al movimiento de horticultores, por lo que no fue objeto de estudio.

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de los negros no participaban en las tareas del hogar. De acuerdo a los grados de educación, no lo hacían 4 0 % de los universitarios, 6 0 % de los que tenían enseñanza media y 7 7 % de los que sólo habían alcanzado nivel primario. No hay razones para creer que el caso de E l Condado sea muy diferente.

Aquí, es interesante observar cómo las transformaciones constructivas llevadas a cabo a partir del inicio del proyecto que nos ocupa y que han incluido a las mujeres, han incidido de manera llamativa en la transforma­ción conductual de gran cantidad de hombres y mujeres que intervienen en el mismo. Lo anterior se expresa, por ejemplo, en que uno de los obstáculos iniciales lo constituía la escasez de fuerza de trabajo para acometer las obras, a pesar de las facilidades otorgadas a quienes mostraran disposición para incorporarse a la microbrigada social.

Fueron principalmente las mujeres de las familias quienes se incorpora­ron para transformar sus condiciones de vida, hecho coherente con la tradi­cional prevalencia de la mujer en el ámbito de lo privado. Sin embargo, esta incorporación trajo aparejadas algunas variaciones que, de un modo u otro, le dieron cierta particularidad al proyecto, a la vez que influyeron en la vida familiar y de la comunidad en aspectos como la invasión en la esfera pública de quienes antes sólo actuaban en el ámbito familiar, con el consiguiente efecto en el incremento de la autoestima, cambios en la apariencia personal de las mujeres, un mayor efecto de socialización, etc. Simultáneamente, las mujeres comenzaron a tener un papel significativo en la aportación econó­mica hogareña, aun cuando ello ha sido el costo de un incremento de la can­tidad de trabajo de cada mujer, al no descargarlas de las responsabilidades de la vida hogareña.

Es interesante anotar que la incorporación laboral de las mujeres en E l Condado produjo en ellas la necesidad de dar continuidad a un proyecto de vida no experimentado anteriormente, y de ahí que más de 8 0 % de las muje­res incorporadas a la microbrigada decidieran seguir vinculadas como traba­jadoras al concluir la construcción de sus viviendas. La fuerte presencia fe­menina en la construcción de viviendas, la médula del proyecto, indujo a los líderes comunitarios a adoptar decisiones específicamente dirigidas a faci­litar sus vidas cotidianas, como la extensión de los horarios de servicios, lo que ha afectado positivamente al resto de las mujeres y contribuido a la interiorización de sus status genéricos.

E l movimiento de Atares ha logrado avances en otros sentidos al elabo­rar una agenda específica para las mujeres, lo cual está, sin lugar a dudas, l i ­gado a que la mayoría de los promotores y activistas del barrio son mujeres. En enero de 1996 inició sus labores un taller de autoestima, en el que participan regularmente alrededor de 2 5 mujeres y que sesiona mensualmente. E l acer-

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camiento realizado indica que existe interés en las mujeres incorporadas al mismo, lo que se expresa en su presencia constante en las actividades a las que se convoca.

Sin embargo, en la indagación efectuada constatamos que todavía el taller de autoestima no ha logrado abordar los problemas esenciales de nivel social que afectan a la población femenina del barrio. Esto puede tener rela­ción con el hecho de que sus participantes no son precisamente las mujeres que en mayor medida reflejan dichos problemas. En este taller participan mujeres cuyas edades oscilan entre 16 y 60 años (aunque la mayoría se ubica en la cuarta década de vida), con un nivel educativo elevado, relaciones fa­miliares estables (casadas o acompañadas) y cuyos problemas principales se localizan en el área de la conflictividad laboral o espiritual.

Los solapamientos de actores en el barrio

En los barrio existen numerosos actores que organizan a una parte de la po­blación e intentan movilizarla para fines específicos. Estos actores pueden ser informales (a los cuales ya nos hemos referido) o formales. Los últimos pueden ser estatales (los componentes del sistema del Poder Popular u otras agencias estatales ubicadas en los territorios) o no estatales ( C D R y F M C , entre otras).

Las observaciones indican que cuando estos actores han podido ser sumados a los movimientos comunitarios, aun conservando sus perfiles pro­pios, ha resultado altamente provechoso para todos. Este es, por ejemplo, el caso de E l Condado y el papel de la delegada, inicialmente como promotora principal del movimiento y luego sumada a una dirección colectiva. Pero en realidad este comportamiento parece poco común.

Usualmente no existen conexiones entre los delegados y las organiza­ciones de masas y sectoriales por un lado, y los movimientos comunitarios por el otro, a pesar de que los activistas de los movimientos son "cederistas" o "federadas" en el caso de las mujeres. Sólo se establecen conexiones cuando se trata de coordinaciones para actos muy específicos. Así, los movimientos utilizan las reuniones de rendición de cuenta (que se celebran en las circuns­cripciones dos veces al año, y donde los electores tienen la oportunidad de presentar demandas al gobierno local) como una vía de información acerca de las necesidades y el estado de ánimo de la población. Cuando se trata de acciones con un perfil sectorial muy marcado, los movimientos tienden a buscar el apoyo o al menos la anuencia de las organizaciones.

Las causas de estos solapamientos son diversas. Por un lado, las organi­zaciones sociales y de masa con asiento barrial han llegado a tal grado de

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formalización de sus agendas que les impide comprometerse en otras accio­nes, aun cuando éstas incidan en sus membresías o contribuyan a sus fines declarados. Por otro lado, todas estas organizaciones, estatales o no, han estado adecuadas a un funcionamiento verticalista que ha permeado la cultu­ra política de muchas personas, incluyendo a las que ejercen funciones de dirección. Enfrentar en el territorio de su jurisdicción un proyecto de organi­zación diferente puede provocar más de una desavenencia aun cuando se compartan sus propósitos generales.

En este punto cabe una última observación. En algunos lugares los con­sejos populares parecen haber adoptado iniciativas asociacionistas que sobre­pasan el papel protector de Santa Fe, y lo han hecho con notable éxito, te­niendo en cuenta su autoridad para convocar a los diferentes actores sociales y políticos en sus jurisdicciones.

Un caso de esta naturaleza fue detectado en el Consejo Popular "Her­manos Cruz", en la occidental provincia de Pinar del Río. Allí, con el apoyo de un Instituto Pedagógico, ha sido puesto en práctica un proyecto de educa­ción popular y participación comunitaria.

Otro caso muy exitoso ha sido la experiencia del Consejo Popular " L i ­bertad", en la capital, donde a iniciativa de los pobladores y con el impulso de la presidente, una mujer carismática con nivel universitario, y de los de­legados, se ha producido un rico entramado de espacios participativos que abarcan temas ambientalistas, culturales y de promoción de sectores socia­les, entre otros. En la medida en que sus promotores fueron ganando expe­riencias y habilidades gracias al contacto con ONG, grupos académicos, etc., estos proyectos han madurado y profundizado sus objetivos.

Aunque estos casos distan mucho de ser la generalidad, tampoco son raras excepciones, y hablan de la potencialidad de los consejos en relación con el desarrollo de movimientos comunitarios en el país.

¿Hay un futuro para los movimientos barriales?

Cualquiera de los movimientos barriales estudiados puede mostrar un lista­do de éxitos. Gracias a sus gestiones, las condiciones de vida material y espiritual de la gente común ha mejorado. En la medida en que ello se ha logrado mediante captación de personas, también han contribuido al desa­rrollo de la autoestima, particularmente entre sectores que, como las muje­res, los jóvenes y los niños, tienden a ser marginados por los patrones de dominación patriarcal prevalecientes. Han incidido positivamente en la difu­sión de formas solidarias y asociacionistas sobre nuevas bases éticas y edu-

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cativas. De sus núcleos han brotado decenas de activistas y colaboradores que han aprendido a dialogar, a negociar y pensar la alteridad de manera constructiva. Los tres barrios son ahora sencillamente mejores que antes de co­menzar a actuar en ellos los movimientos estudiados.

Los éxitos alcanzados, sin embargo, no garantizan per se la continuidad de ninguno de ellos, como tampoco garantizan su evolución hacia niveles su­periores de organización y acción participad vas. Como hemos visto, to­dos carecen de un status legal propio, dependen excesivamente de los fondos estatales o externos, no poseen la capacidad para avanzar hacia el autofinan­ciamiento mediante la promoción de formas de economía popular, y han sido incapaces de generar una base social propia o sólo lo han hecho de manera in­cipiente. Esta serie de indefiniciones legales y limitaciones burocráticas si­túan a los movimientos en una suerte de "tierra de nadie" institucional, que facilita a otros actores territoriales mejor implantados, tanto ignorarlos como manipularlos, aun cuando sea persiguiendo fines altruistas.

Pudiera pensarse, sin embargo, que este listado de dificultades sólo res­ponde a una situación coyuntural. En última instancia, todos estos movi­mientos son jóvenes —ninguno llega al decenio— y los sistemas económico y político cubanos se encuentran en proceso de cambios y redefiniciones que pudieran resolver en el futuro algunas o todas estas incomodidades. Y no hay razones para creer que los dirigentes estatales villaclareños que han impulsa­do a E l Condado sean seres únicos o irrepetibles.

Pero, entonces, los movimientos barriales cubanos tendrán que enfren­tar retos mayores, tales como evitar el enclaustramiento parroquial y la con­quista de espacios públicos propios como componentes —quién sabe cuan modestos o trascendentes— de un genuino poder popular. De lo contra­rio, serán sólo motivación para antropólogos sociales, o para politólogos encantados con el mito de una sociedad civil despolitizada, o para políticos interesados en llenar con algo los espacios asistencialistas cada vez más in­compatibles con la lógica del mercado en esta proclamada era de la glo-balización.

Recibido y revisado en febrero de 1998

Correspondencia: Centro Félix Várela/Calles 5ta. y lOma./Vedado, Plaza/La Habana, Cuba/fax 537 33 33 28

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