MONITOREO Y ANÁLISIS DE COYUNTURA DE DERECHOS

HUMANOS EL SALVADOR

Puedes leer los informes completos aquí:https://centroamerica.cristosal.org/monitoreo-covid-19/

1 A 12 DE JULIO 2020

Según cifras oficiales reportados en el portal del gobierno

En contraste a las cifras del gobierno central, los medios han reportado otros datos que indican una diferencia registros oficiales y posibles fallecimientos a causa de COVID-19. En la ciudad de San Salvador, por ejemplo, el alcalde ha informado que la cantidad de entierros en el cementerio municipal bajo el protocolo COVID-19 sumaban 538 hasta el martes 7 de julio. Dicha diferencia podría reflejar subregistro o, incluso, un ocultamiento deliberado de información.

Al respecto, un medio digital ha confirmado que, hasta el 19 de junio, el Ministerio de Salud (MINSAL) contabilizaba internamente más de 600 entierros con protocolo COVID-19, es decir, aproximadamente un 44% más de los fallecimientos que reporta el gobierno hasta el 12 de julio. La confirmación del número real de entierros con protocolo covid-19 en el país está contenida en una respuesta a una solicitud de información hecha por un medio al MINSAL.

Entierros bajo protocolo de COVID-19 de personas fallecidas representan 44% más que las cifras oficiales de decesos

Varias propuestas legislativas, sin Plan Nacional para atender la crisis sanitaria y sus efectos

La actividad legislativa en atención a la pandemia por COVID 19 se centró en decretos y disposiciones relacionados a aspectos económicos, presupuestarios y financieros

| El 12 de julio vio el número más alto hasta la fecha de casos nuevos en un día: 304.

| Un total de 9,998 casos confirmados, de los cuales el 40% (3,979) se mantienen activos.

| Un total de 5,732 personas recuperadas y 267 fallecidas por la enfermedad.

| Un promedio de 7 muertes diarias.

sin que haya una ley especial para la atención de la pandemia en protección de la salud.

Por tanto, continuó la vigencia del decreto ejecutivo 31 (DE31) que regula las fases de reapertura económica hasta el mes de agosto y ha sido señalado de posibles transgresiones a la Constitución. Debido al alza de casos positivos y decesos, el presidente Bukele movió la fecha de inicio de la Fase 2 de la reactivación de la económica del 7 de julio al 21 del mismo mes.

En la Asamblea Legislativa, los partidos promovieron diferentes medidas para atender a la situación de la pandemia.

| La iniciativa de ARENA (6 de julio) de una “Ley de uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos” y una “Ley Especial para contención de la pandemia por COVID 19, para permitir restricciones de derechos a nivel municipal”

| Iniciativas del FMLN para “la autorización de la prestación del transporte especial del transporte de pasajeros a causa del impacto económico por el COVID 19” y otras disposiciones de apoyo al mismo sector

| ARENA presentó una iniciativa para discutir una “Ley de Restricción Temporal y Territorios Focalizados, del municipio de Soyapango, la cual establece medidas sanitarias y de detección temprana de casos sospechosos de COVID-19. El alcalde del municipio de Soyapango (situado en San Salvador y dentro del área metropolitana) había públicamente pedido la suspensión de derechos constitucionales en ciertas zonas ante el incremento de casos de COVID 19.

Se conoció del veto del presidente Bukele al decreto legislativo 673, que había propuesto la suspensión de plazos judiciales y administrativos por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, decisión que se trasladó al conocimiento de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa con fecha 9 de julio.

La consulta amplia de sectores y organizaciones realizada por la Comisión Política de la Asamblea legislativa, a partir de la propuesta de un nuevo régimen de excepción presentado por el Consejo de Ministros, no avanzó en un dictamen o iniciativa de ley especial para la atención de la pandemia. Las posiciones públicas de legisladores de diversas fracciones, sin embargo, apuntaron a que no se apoyaría una nueva ley de excepción, aunque sí una ley especial, en la cual se permitieran cercos o intervenciones sanitarias focalizadas.

En el marco de la ausencia de una ley especial de alcance nacional, han crecido el número de iniciativas municipales adoptadas ante la pandemia.

Por su lado, el presidente Bukele ha reaccionado rechazando las iniciativas municipales. Se destacó su intentó por desacreditar el “Plan Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI)”, en su cuenta de Twitter llegando al punto de irrespeto del académico Joao Picardo de la Universidad Francisco Gavidia, coordinador del Plan, quien respondió con una misiva crítica pero respetuosa el 6 de julio.

Ante el vacío legislativo destacaron las medidas adoptadas por gobiernos municipales

Iniciativas municipalesEL SALVADOR

| San Salvador anunció un “Plan de lucha” contra el COVID 19, considerando la creación de un consejo médico;

| Mejicanos (Dpto. de San Salvador) acordó multas por no portar mascarillas y regulación de horarios del comercio;

| San José Villanueva (Dpto. La Libertad) lanzó un “Plan Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI)” que incluye medidas diversas, con apoyo de la Universidad Francisco Gavidia;

| Puerto de la Libertad (Dpto. La Libertad) ordenó el cierre de acceso a vehículos particulares y de transporte de 6 am a 2pm y horarios de mercados;

| San Miguel (Dpto. San Miguel) amplió el cierre de mercados por 7 días.

| Los cierres o restricciones en mercados municipales y uso obligatorio de mascarillas se adoptaron en muchos otros municipios como Sonzacate (Dpto. Sonsonate); Cacaopera (Morazán); Ilopango (SS); Polorós (La Unión); El Congo (Santa Ana) entre otros.

Grupos afectados por las medidas tomadas ante la pandemia

Gobierno reporta la repatriación del 68% de los salvadoreños varados en el exterior, pero no detiene las deportaciones desde los Estados Unidos

Víctimas de detenciones arbitrarias durante cuarentena obligatoria

La Sala de lo Constitucional emitió resolución a controversia 3-2020, dando vigencia al art. 1 del Decreto Legislativo n° 621 después que fue vetado por el presidente.

| Dicha ley contenía disposiciones transitorias para regular el retorno de salvadoreños varados en el exterior en el momento de la declaración de emergencia.

| De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), desde el primero de mayo que han sido retornados 2,836 salvadoreños de un total de 4,200, es decir, aproximadamente el 68%.

| El “Plan de Repatriación” no ha sido publicado, tampoco han tenido acceso a él los demás órganos del Estado.

| La Asamblea Legislativa ha solicitado acceder a plan mediante una solicitud de acceso a información pública puesto que la última vez que el MIREX les remitió un enlace a una página web que no da detalles sobre las repatriaciones ni los protocolos sanitarios implementados.

Representantes de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, pidieron al Gobierno que solicite a Estados Unidos y México la suspensión de deportaciones de salvadoreños, debido a que esos países no están garantizando los protocolos sanitarios. En un reportaje del New York Times los Estado Unidos solo aplica la prueba a un porcentaje mínimo de personas que deporta y que han mandado personas COVID positivas a, por lo menos, 11 países han recibido personas retornadas positivas del virus.

PERSONAS DEPORTADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

Cristosal brindó asistencia humanitaria y acompañamiento psicosocial a 122 personas (que representan 23 casos) durante todo el mes de junio, proceso en el cual, las personas manifestaron que las consecuencias de su detención fueron graves, para la mayoría significó la pérdida de su empleo y la desmejora de su salud física y mental.

Nuestro equipo legal dio seguimiento a 5 de los 17 casos que obtuvieron resoluciones de los Habeas Corpus interpuestos ante la Sala de lo Constitucional, cuyo proceso de diligenciamiento ha sido lento.

Poblaciones en riesgo o condiciones de vulnerabilidad

Trabajadores de primera línea

Los agentes de la PNC forman parte de los grupos con mayor riesgo a contagiarse por encontrarse en la primera línea de atención. Ante la falta de información consistente y completa del gobierno, los medios han asumido el trabajo de recurrir a fuentes alternativas para establecer un número aproximado de contagios.

| Hasta el 29 de junio, la PNC contabilizaba oficialmente 11 fallecimientos de policías por COVID-19, no obstante, el Movimiento de Trabajadores de la Policía reportaba 25 muertes de agentes policiales.

| El mismo Movimiento también reporta más de 600 contagios en la corporación policial.

| Denuncia que en algunos casos no se les concede la incapacidad a los miembros de la fuerza policial y se les obliga a seguir trabajando.

Hasta el 3 de julio, el mismo medio que reportó sobre la policía también reportó:

Entre las denuncias recurrentes del personal médico figuran que el Ministerio de Salud (MINSAL) no les ha proporcionado el equipo de bioseguridad, y el colapso de los hospitales mientras el nuevo Hospital El Salvador trabaja a una capacidad mínima por escasez de personal disponible y capacitado.

LA POLICÍA NACIONAL CIVIL (PNC)

PERSONAL MÉDICO

| 44 fallecimientos de personal médico que, en aquel momento, equivalía al 22% de muertes por COVID-19 a nivel nacional.

| 30% de los cuales formaban parte del personal de enfermería.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al presupuesto 2020 para la reorientación de 3 millones de dólares para otorgar un seguro de vida al personal de salud y a su familia. Esta iniciativa fue vetada por el presidente Bukele pero ante una resolución de la Sala de Constitucional, esta propuesta ha sido declarada constitucional y, por lo tanto, deberá ser sancionada.

La petición de los $3 millones fue hecha por el Ejecutivo el pasado 25 de junio, día en el que la Sala de lo Constitucional declaró constitucional el Decreto Legislativo 620 que fue aprobado por la Asamblea el 1 de abril pasado pero vetado por el presidente.

Dirección General de Centros Penales (DGCP) se declara libre de casos positivos de COVID-19

El 1 de julio, el Director General de Centros Penales presentó la situación de las personas privadas de libertad (PPL) de manera muy positiva diciendo que:

No obstante, la situación sigue delicada por la vulnerabilidad de la población que hasta principios de julio, la DGCP registraba 36,677 internos. El mismo día el jefe del Departamento Médico-Odontológico de Centros Penales comunicó que hasta el mismo 1 de julio han dado 1,295 altas, dejando 381 personas privadas de libertad aisladas con cuadros leves dentro del sistema penitenciario. Hasta la fecha no ha habido procesos de verificación independiente de las condiciones en los centros o los criterios para aplicar la prueba. Este hermetismo genera una gran preocupación e intranquilidad a las familias de las personas privadas de libertad, según han expresado familiares con quienes Cristosal tiene un contacto directo.

Ante tal situación, Cristosal, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, se organizaron para realizar una serie de webinars para abordar la situación de PPL dentro de los centros penales.

El primer webinar se realizó el 25 de junio y contó con una audiencia virtual de 170 personas en Facebook y 4,400 reproducciones, entre las cuales fue posible constatar

| Se habían reducido a cero el número de casos positivos entre personas privadas de libertad (PPL).

| No se ha reportado ningún fallecimiento por esa enfermedad.

| 70 de las 141 personas privadas de libertad recuperadas donarán voluntariamente su plasma convaleciente.

a familiares de personas privadas de libertad. Entre ellos una señora quien expresó: “Excelente exposición del contexto penitenciario Sr. Salazar, el hacinamiento es un factor determinante que incide en la calidad de vida de los institucionalizados, es necesario poner atención a esto, porque la dignidad de ser humano no se pierde, gracias”.

Desplazamiento forzado por violencia aumenta en 45% en El Salvador: Población LGBTIQ+ se desplaza debido a violencia por parte de las pandillas

| Los casos de desplazamiento forzado aumentaron en un 45% en 2019 con respecto al año 2018, según un estudio reciente de Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (OUDH)

| La jefa de la oficina de ACNUR en el país, Elisa Carlaccini, confirmó que las solicitudes de asilo por salvadoreños incrementaron de 46,400 en 2018 a 54,300 en 2019 de salvadoreños que “han pedido que su condición sea considerada como persona refugiada y que se le otorgue la protección internacional en otro país”.

| El informe titulado “Huir y sobrevivir: una mirada a la situación en El Salvador de las personas LGBTI desplazadas internas y los riesgos que enfrentan” de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS), recopila 84 casos de personas LGBTI, de desplazamiento forzado interno y personas retornadas con necesidades de protección.

| De los casos antes mencionados 49% de las víctimas no interpusieron denuncia ante las autoridades de Estado. Los pueblos indígenas continúan la lucha por el resguardo de los recursos naturales dentro de sus comunidades.

En el marco de la pandemia también está afectada la población LGBTIQ+. Un grupo de personas LGBTIQ+ con quien Cristosal mantiene contacto en la zona oriental del país, reporta limitaciones económicas relacionadas a la precariedad de la labor comercial que realizan.

Este escenario se agrava debido a que muchas de estas personas viven solas, como producto de las dificultades que conlleva vivir en su núcleo familiar, esto les ha dejado con mayores vulnerabilidades y con redes de apoyo constituida por pares LGBTIQ, que experimentan situaciones similares.

A pesar de los esfuerzos por invisibilizar a los pueblos indígenas salvadoreños durante siglos, la lucha por sus derechos sigue vigente.

El último caso que se ha destacado en un especial de un medio digital es el proyecto para instalar la octava hidroeléctrica en Sensunapán, Nahuizalco, que constituye una amenaza al río del que dependen las comunidades indígenas de esa zona. Las artesanas de Nahuizalco están preocupadas porque necesitan agua del río Sensunapán para el cultivo de tule, con el que trabajan y elaboran productos para generar sus ingresos económicos.

Este proyecto fue autorizado bajo la política del gobierno de Bukele de "agilizar los permisos ambientales" y "desentrampar los miles de millones de dólares en proyectos", luego de que, en el 2014, el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) rechazó la primera solicitud. Consecuentemente, los líderes indígenas y defensores ambientales exigen MARN que vuelva a rechazar el permiso ambiental.

Los pueblos indígenas continúan la lucha por el resguardo de los recursos naturales dentro de sus comunidades

Continúan las investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción

Durante este período se publicó nuevas investigaciones de casos de compras irregulares del gobierno durante la emergencia. Entre ellas, denunciaron:

El manejo irregular de la estadística sobre el comportamiento de COVID 19 por el abandono del VIGEPES pasando la administración de la información de los casos confirmados “en un documento de hojas de cálculo en Google Drive, al que solo algunas personas del Gobierno tienen acceso, según fue confirmado por esta revista a través de distintas fuentes”, situación que habría impactado el personal sanitario en los territorios, por no tener acceso a información relevante sobre el comportamiento de la pandemia en sus zonas de trabajo para poder prevenir.

1) CASO DE VIOLACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL SALVADOR (VIGEPES):

En mayo el presidente afirmó públicamente que su secretario jurídico recibía un salario de Casa Presidencial a pesar de que su nombramiento fue declarado "ad honorem”. Bukele explicó que Castro tenía un segundo cargo como asesor jurídico por lo que recibía honorarios sin especificar cuánto. Según la indagación de El Faro el Sr. Castro gana 8,000 dólares al mes por su cargo de “secretario jurídico de la Presidencia”.

Se reportó que sección de Probidad de la CSJ identificó que, Araujo, actual precandidato a diputado por el partido del presidente, Nuevas Ideas, cuenta con 1.4 millones de dólares no justificados durante su período como magistrado electoral por el partido ARENA (2004 - 2014).

Sobre este último caso, el presidente Bukele reaccionó tildando a esta acusación como una “campaña sucia”. Además, el mandatario afirmó que el "decir que (Walter Araujo) tiene millones es absurdo" pues personalmente le prestó dinero "para cosas básicas".

3) CASO CONAN CASTRO, SECRETARIO JURÍDICO “AD HONOREM” DE LA PRESIDENCIA:

4) WALTER ARAUJO, PRECANDIDATO A DIPUTADO POR NUEVAS IDEAS:

El 11 de julio se publicó detalles sobre una compra autorizada por el MINSAL de 26 mil pares de botas de hule para personal médico por $225 mil a una empresa de unos familiares de Alabí. En la orden de compra, aparece la firma del ministro Alabí y la de Celina Quiñonez, representante legal de la empresa que hizo la venta, la Sra. Quiñonez es la tía política de Alabí y madre de sus primos hermanos, todos miembros de la junta directiva de la empresa, según el Centro Nacional de Registros (CNR).

2) CASO DE FRANCISCO ALABÍ, MINISTRO DE SALUD: