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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“MEDIDAS ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO EN
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COMO
GARANTÍA AL DERECHO HUMANO A LA SALUD MENTAL”
ESTUARDO DE JESUS DOMÍNGUEZ MELGAR
Guatemala, enero de 2012.
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
“MEDIDAS ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO EN
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COMO
GARANTÍA AL DERECHO HUMANO A LA SALUD MENTAL”
Tesis
Presentada al consejo de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Rafael Landivar
Por:
ESTUARDO DE JESUS DOMÍNGUEZ MELGAR
Al conferírsele el Grado Académico de:
MAGÍSTER ARTIUM EN DERECHOS HUMANOS
Guatemala, enero 2012
TRIBUNAL QUE PRÀCTICO EL EXAMEN DE DEFENSA PRIVADA DE TESIS
M.A Licenciada Sonia Annabella Girard Luna
M.A Licenciado Ricardo Prado Ayau
M.A Licenciado Alan González De León
DEDICATORIA
A DIOS: Por sus bendiciones recibidas día a día.
A mi esposa: Aylin Brizeida Ordóñez Reyna, por ser una persona muy
especial y una profesional a la cual admiro mucho, con
inmenso amor y agradecimiento por su apoyo incondicional en
mi carrera.
A mi hijo: Dereck Paolo Domínguez Ordóñez, por ser quién ilumina
todos los días mi vida, te amo.
A mi madre: Por sus bendiciones que me ayudan todos los días.
A mis suegros: Con admiración y agradecimiento por su apoyo.
A: Mi cuñado, esposa y sobrinita, por su apoyo y con mucho
cariño.
A: Hermanas, sobrinos (as) gracias por su cariño y apoyo; y a
quienes ya no se encuentran siempre los llevaré en mi
corazón.
A: Los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, ya que he
aprendido que detrás de un expediente existe una historia de
vida y me han permitido entrar en la intimidad de sus hogares
y vidas, de quienes he aprendido y considero que me han
hecho crecer como profesional y persona.
Responsabilidad: ―Los autores de los trabajos de Tesis de Graduación son
los únicos responsables del contenido del mismo‖.
RESUMEN
En el Capítulo I, el estudio de la niñez y adolescencia en Guatemala, para lo cual
se tomaron en consideración aspectos de la realidad social y del contexto nacional
que reflejan la situación actual de este sector de la población. En el Capítulo II se
analizan aspectos psicosociales de los adolescentes y su salud mental,
describiéndose en inicio la importancia para todo ser humano de su entorno socio
familiar y la influencia que éste provoca en su conducta y salud mental.
Luego se presenta el capítulo III en el cual se describe la justicia penal juvenil en
forma particular los diferentes modelos de atención siendo ellos el modelo tutelar
en el cual el juez era la figura paternalista, el modelo comunal o de acción social y
no judicial en el cual se considera al menor de edad inimputable penalmente y
luego el modelo de justicia de responsabilidad donde el adolescente ya es
considerado como sujeto de derecho y se orienta hacia una protección social y
legal de los menores de edad.
Se presenta en el Capítulo IV lo referente a los antecedentes históricos del
internamiento en Guatemala, y los efectos negativos que puede provocar el
internamiento en los jóvenes que se vean privados de libertad.
Por último se realiza el análisis y presentación de resultados de la investigación
para la cual se analizaron cuadros comparativos de los informes de instituciones
que velan por los derechos humanos de la niñez y adolescencia que se
encuentran en conflicto con la ley penal, tales como el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia -UNICEF-, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
Guatemala, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
(ODHAG), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), para ello se estudiaron
las estadísticas de atención por parte de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia, institución gubernamental encargada de atender a ésta población.
La forma en la cual se desarrollo el trabajo abarcó en primer término el desarrollo
de aspectos téoricos contenidos en el capítulo I al IV, para luego la realización del
trabajo de campo, consistente en el análisis de los documentos antes indicados,
para con ello arribar a las conclusiones y recomendaciones que se presentan al
final de la investigación.
Cuadro de Abreviaturas
AMA Asociación Manos que te Apoyan
CENADOJ Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial
CIV Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
CM Código de Menores
DRPAP Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas
ICCPG Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.
MINEDUC Ministerio de Educación de Guatemala
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala
MTPS Ministerio del Trabajo y Prevensión Social de Guatemala
ODHAG Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud
OPS Organización Panamericana de la Salud
PDH Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala.
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROSMAJU Promoción de la Salud Mental de la Adolescencia y Juventud
SIAS Sistema Integral de Atención en Salud
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I. Niñez y adolescencia en Guatemala…………………………….. 01
1.1 Población en general………………………………………………………………..01
1.2 Desarrollo Humano………………………………………………………………… .02
1.3 Situación de la niñez y adolescencia……………………………………………. .03
CAPITULO II. Aspectos psicosociales de los adolescentes y su salud
mental……………………………………………………………………………........... .09
2.1 El adolescente y su entorno sociofamiliar……………………………………… .09
2.2 Procesos psicológicos de adaptación al medio social………………...............13
2.2.1 Socialización de los adolescentes…………………………………...……14
2.2.2 La imagen de sí mismo y autoestima…………………………………….15
2.2.3 Procesos de identificación social………………………………………… 17
2.3 La nueva delincuencia infantil y juvenil………………………………….……....18
2.4 Los derechos humanos y la salud mental……………………………………… 20
CAPITULO III. Justicia Penal Juvenil en Guatemala…………………………… 25
3.1 La administración de justicia en adolescentes………………………………….25
3.2 Modelos de justicia penal juvenil………………………………………………… 27
3.3 El interés superior del niño, en el sistema de protección integral…………….32
3.3.1 El interés superior y la protección integral del niño en la doctrina de
la protección integral……………………………………………………….34
3.4 La inimputabilidad y los adolescentes……………………………………………35
3.4.1 Normativa…………………………….………………………………..….37
3.4.2 La minoría de edad y derechos y responsabilidad juvenil…………..38
3.5 Bases para la construcción de un sistema de responsabilidad juvenil……… 39
3.5.1 Consecuencias jurídicas del hecho punible de los adolescentes….... 42
3.5.2 La dimensión de la delincuencia de adolescentes …………………….43
3.5.3 La participación de la sociedad en la prevención del delito………......45
3.5.4 La desjudicialización en el sistema de justicia penal juvenil…….….…48
3.6 Justicia restaurativa ¿una nueva opción dentro del sistema penal juvenil?....51
CAPITULO IV. Antecedentes históricos del internamiento y de las medidas
alternativas para adolescentes en conflicto con la ley penal…......................54
4.1 Centro de tratamiento y orientación para adolescentes……………………….54
4.2 Intervención socioeducativa en la justicia penal juvenil……………………..... 59
4.2.1 Prisionización: Los efectos negativos de la privación de libertad en los
jóvenes……………………………………………………………………………....61
4.3 Medidas alternativas al internamiento ―Programas de reinserción y
resocialización‖…………………………………………………………...………... 62
CAPITULO V. Presentación, análisis y discusión de resultados……………. 65
5.1 Las medidas alternativas al internamiento como garantía al derecho
humano a la salud mental del adolescente en conflicto con la ley penal…...65
5.2 Importancia de las medidas alternativas………………………………….……..67
5.3 Beneficios de la aplicación de las medidas alternativas al internamiento
en adolescentes en conflicto con la ley penal……………………………….…..68
CONCLUSIONES………………………………………………………………………. 71
RECOMENDACIONES………………………………………………………………… 74
REFERENCIAS………………………………………………………………………….75
ANEXOS………………………………………………………………………………… 80
i
INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha discutido en diversas ocasiones respecto de la forma
cómo se debe abordar la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley
penal. Se propone la posibilidad del aumento de sanciones, fortalecimiento de los
centros de internamiento ya existentes o bien crear nuevos, con mejores medidas
de seguridad; no siendo el punto central de las propuestas, el fortalecer los
programas sociales de prevención o de medidas alternativas al internamiento de
adolescentes en conflicto con la ley penal.
Los centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal en
Guatemala sufren una serie de debilidades, no sólo para los internos, sino que
también para el personal que labora en dichos centros; dentro de los que pueden
mencionarse situaciones tales como el hecho que en ellos se encuentren
adolescentes y jóvenes pertenecientes a diferentes grupos de ―maras‖ o
―pandillas‖ incluso rivales, tales como las dos que poseen mayor presencia en
Guatemala, -salvatrucha y dieciocho-, y si bien se han adoptado medidas como
dividirlas en diferentes centros que tiene a su cargo la Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia-, la capacidad de éstos no es la óptima, pues se supera
el número de jóvenes o adolescentes para los que se han previsto. Tal situación
podría provocar conflictos entre los jóvenes y situar en riesgo, tanto a los mismos
jóvenes como al personal que presta sus servicios en la Institución.
Otra difícil situación que se presenta, es la dificultad de la convivencia entre
adolescentes de menos de dieciocho años con adolescentes y jóvenes que
superan esta edad, pero que han cometido un hecho cuando tenían la minoridad,
por lo que se les juzga y sanciona en esa calidad, sin embargo al cumplir la
mayoría de edad pueden continuar cumpliendo su sanción en el centro para
adolescentes en el que ingresaron al tener la minoría de edad. Lo anterior
provoca que cohabiten en tal lugar menores de edad y mayores que a su ingreso
aun no cumplían la mayoría de edad, lo que podría situarlos en peligro en su
ii
integridad física y emocional, toda vez que pueden estar en riesgo de ser
abusados, oprimidos, forzados o utilizados a cometer actos contra su voluntad o
ser sujetos de otro tipo de abuso.
Otros factores que pueden sumarse a la dificultad de cumplimiento de tales
centros, en su función primordial, es la carencia del número de profesionales
necesarios para brindar una atención adecuada, ya sea por falta de presupuesto o
de personal dispuesto a trabajar en los centros de internamiento ante la amenaza
de su integridad física y emocional. Además se presenta la falta de programas de
capacitación hacia los menores de edad, para que durante su estancia en el
referido lugar se formen en algún oficio o técnica que pueda serles de utilidad al
reincorporarse a la sociedad. Puede señalarse también que otro factor de
incidencia en la temática es la falta de seguridad para que el personal profesional
y técnico que brinda atención en el centro pueda llevar a buen término sus
actividades y lograr de esa manera los objetivos trazados.
Al advertir las debilidades antes señaladas en los centros de internamiento, el
autor de la investigación estimó adecuado profundizar en el estudio de medios
alternativos al internamiento para hacer cumplir una sentencia impuesta a un
adolescente o joven, sin poner en riesgo su integridad física y emocional de
manera que se cumpla con el objetivo de la medida lográndose su reeducación y
reorientación, en un sistema como lo es ―la libertad vigilada‖ en el cual bajo la
supervisión de personal calificado, con el apoyo de una red de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales se puede lograr este objetivo pero
garantizándose de una mejor manera el respeto de sus derechos y
particularmente su salud mental.
Por ello, considerando el autor de la presente investigación que resulta favorable
para los adolescentes en conflicto con la ley penal la aplicación de medidas
alternativas al internamiento se trazó como objetivo general de la presente
investigación ―determinar la importancia en la salud mental de adolescentes en
iii
conflicto con la ley penal, por medio de la aplicación de medidas alternativas al
internamiento‖.
Del objetivo central derivaron como objetivos específicos el estudiar las medidas
alternativas al internamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal que
pueden ser utilizadas en Guatemala, así como los beneficios que la utilización de
éstas provoca en los referidos adolescentes.
Para ello se formuló como pregunta de investigación ¿Por qué las medidas
alternativas al internamiento en adolescentes en conflicto con la ley penal,
garantizan el derecho humano a la salud mental?. Además derivaron también
como preguntas de investigación ¿Cuáles son las medidas alternativas al
internamiento en adolescentes en conflicto con la ley penal, que garantizan el
derecho humano a la salud mental? y finalmente, ¿Cuál es la importancia de la
aplicación de medidas alternativas al internamiento en adolescentes en conflicto
con la ley penal?
Para el desarrollo de este trabajo se establecieron como elementos de estudio, es
decir temas centrales de la investigación, los adolescentes en conflicto con la ley
penal, medidas alternativas al internamiento y salud mental.
Para el desarrollo del trabajo se inició la investigación con el estudio de temas
fundamentales para el desarrollo de la temática objeto de análisis, abarcando en
el Capítulo I el estudio de la niñez y adolescencia en Guatemala, para lo cual se
tomaron en consideración aspectos de la realidad social y del contexto nacional
que reflejan la situación actual de este sector de la población. Seguidamente en
el Capítulo II se analizan aspectos psicosociales de los adolescentes y su salud
mental, describiéndose en inicio la importancia para todo ser humano de su
entorno socio familiar y la influencia que éste provoca en su conducta y salud
mental. Seguidamente se estudia lo que debe entenderse por salud mental,
describiéndose ésta como mucho más que una mera ausencia de enfermedades
iv
mentales y comprendiéndose como una parte indivisible de la salud, base del
bienestar y funcionamiento eficaz de las personas. Tal como se ha definido por la
Organización Panamericana de la Salud –OPS- núcleo de un desarrollo
equilibrado de toda la vida, que desempeña una función importante en las
relaciones interpersonales, la vida familiar y la integración social.
Luego se presenta el capítulo III en el cual se describe la justicia penal juvenil en
forma particular los diferentes modelos de atención siendo ellos el modelo tutelar
en el cual el juez era la figura paternalista que buscaba una solución para el
menor de edad a quien se estimaba un ser inadaptado y que requería ayuda para
su reincorporación a la sociedad; el modelo comunal o de acción social y no
judicial en el cual se considera al menor de edad inimputable penalmente y se
juzgaba en muchos casos por miembros de la comunidad no necesariamente
jueces, con un tratamiento con fines educativos y luego el modelo de justicia de
responsabilidad o protección integral donde el adolescente ya es considerado
como sujeto de derecho y se orienta hacia una protección social y legal de los
menores de edad.
Se presenta en el Capítulo IV lo referente a los antecedentes históricos del
internamiento en Guatemala, y los efectos negativos que puede provocar el
internamiento en los jóvenes que se vean privados de libertad.
Por último se realiza el análisis y presentación de resultados de la investigación
para la cual se analizaron cuadros comparativos de los informes de instituciones
que velan por los derechos humanos de la niñez y adolescencia que se
encuentran en conflicto con la ley penal, tales como el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia -UNICEF-, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
Guatemala, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
(ODHAG), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Además para ello se
estudiaron las estadísticas de atención por parte de la Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia, institución gubernamental encargada de atender a ésta
v
población. También se presentan los análisis de la Constitución Política de la
República, leyes internas y tratados y convenios internacionales para la
administración de justicia en materia de niñez y adolescencia con énfasis en el
estudio de la posibilidad de brindar medidas alternativas al internamiento de
adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.
La forma en la cual se desarrollo el trabajo abarcó en primer término el desarrollo
de aspectos téoricos contenidos en el capítulo I al IV, para luego la realización del
trabajo de campo, consistente en el análisis de los documentos antes indicados,
para con ello arribar a las conclusiones y recomendaciones que se presentan al
final de la investigación.
1
CAPITULO I
Niñez y adolescencia en Guatemala
1.1 Población en general
En los últimos cinco años, la población de Guatemala ha crecido de 12.7 a 14.4
millones de habitantes y para el año 2015, se pronostica que habrá 16.2 millones
de guatemaltecos. La tasa de fecundidad en el país es de las más altas en
Latinoamérica: 3.6 hijos por mujer en edad fértil para 2008-2009, lo cual significa
alrededor de 400 mil nacimientos por año y una tasa de crecimiento anual de la
población de 2.4 %1.
Con relación a la situación de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala,
puede señalarse que tienen un peso determinante en la composición de la
población guatemalteca y en el futuro del país. En el año 2010 más de la mitad
de la población no alcanzaba los veinte años de edad, en ese año, según las
proyecciones entre los 0 y los 14 años eran de más de seis millones y la población
entre 15 y 19 años sobrepasaba el millón y medio2.
Los efectos directos y las secuelas de la crisis económica mundial, las catástrofes
asociadas con el cambio climático, la persistencia de la pobreza, la discriminación
y la exclusión, la violencia, la impunidad y la debilidad del sistema institucional
reiteraron, en estos dos años, el cuadro de carencias y desprotección de la niñez
y adolescencia que ha caracterizado al país.
En Guatemala la pobreza sigue siendo un desafío de Estado, más de la mitad de
la población vive en condiciones de pobreza y de ellos muchos están en pobreza
1 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. ―Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2009/2010‖. Guatemala. p. 121. 2 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. ―Informe situación de la niñez y
adolescencia en Guatemala 2009/2010‖. Guatemala. p. 9.
2
extrema; esto impide que las familias dispongan de recursos para que los niños,
niñas y adolescentes tengan garantía de vida, integridad personal, alimentación,
educación, salud como lo determina el Articulo 4 de la Ley de Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la República de
Guatemala.
La pobreza crónica es uno de los principales obstáculos en Guatemala para que
la niñez pueda satisfacer sus necesidades y gozar de sus derechos, por lo que es
importarte analizar y señalar las condiciones en que actualmente viven.
1.2 Desarrollo Humano
El Desarrollo humano se fundamenta en un conjunto de ideas y teorías cuyo
propósito es enfocar las metas del proceso de desarrollo en las libertades de las
personas y en contextos sociales favorables a esas libertades.
Sabine Alkire, propone la definición siguiente: ―El desarrollo humano tiene como
propósito ampliar las libertades reales de las personas para que sean y hagan lo
que valoran y tienen razón para valorar. El desarrollo humano se enfoca en las
libertades esenciales: vivir una vida prolongada y saludable, adquirir
conocimientos, disfrutar de un digno estándar de vida y edificar su propio destino.
Estas libertades, valoradas en sí mismas por muchas personas, también
constituyen medios para otras oportunidades‖3.
Se considera también como el proceso de ampliación de la libertad para alcanzar
logros valiosos y depende de la libertad que tengan las personas para tomar
decisiones y trabajar hacia objetivos claves.
De conformidad con el Informe Anual Mundial sobre de Desarrollo Humano, 2010,
desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo,
3 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Op cit. p. 45.
3
trata de la formación del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus
posibilidades y del disfrute de la liberta de la vida que valoran4.
Dentro de los principios básicos, para que este se configure el proceso de
desarrollo humano, se encuentra:
a. Equidad. El concepto de justicia social está en la base de la comprensión
de equidad expresada por el paradigma, se enfoca particularmente en
aquellos factores que propician o limitan la realización de los seres
humanos.
b. Eficiencia y productividad. Desde el punto de desarrollo humano se define
como el método de menor costo que permita alcanzar las metas de
maximizar las oportunidades de los individuos y las comunidades mediante
el uso óptimo de los recursos humanos, materiales e institucionales5.
De lo anterior puede establecerse que el desarrollo humano permite una vida
prolongada y saludable, en la cual la persona pueda desarrollarse plenamente en
condiciones de dignidad; y por ende donde la niñez, adolescencia y juventud
alcancen las mejores de vida en los lugares donde se desenvuelven.
1.3 Situación de la niñez y adolescencia
Según el contexto antes descrito la población guatemalteca es una población
joven en el cual más de la mitad no alcanza los 20 años de edad, por lo que
resulta de sumo interés analizar en qué situación se encuentra dentro del contexto
nacional el referido sector de la población. De esa cuenta se analizarán aspectos
tales como, la salud, educación, vivienda y trabajo, factores que son muy
importantes para el desarrollo humano de cada persona.
4 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ―Informe para el Desarrollo Humano 2011,
Sostenibilidad y Equidad un mejor futuro para todos‖, disponible en http://hdr.undp.org/es/informe/mundial/idh2011 5 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ―Informe Nacional de Desarrollo Humano‖, Op
cit, pp. 45-46.
4
En lo referente a salud puede señalarse que en ésta incide el factor económico de
cada persona, en el sentido de que si se encuentra dentro de las posibilidades
económicas el adquirir alimentación adecuada, poseer una vivienda, gozar de
períodos de esparcimiento y rodearse de lo necesario para una vida digna es muy
probable que su nivel de salud sea mejor; mientras que una persona que no
posee los recursos económicos para vivir adecuadamente tiene una mayor
tendencia a sufrir quebrantos de salud y esa carencia de recursos incidirá en que
se trate adecuadamente.
Si bien en el marco legal guatemalteco se encuentra vigente la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia, la cual establece en su artículo 25 que los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado y a la
salud, lo que deberá realizarse mediante políticas sociales públicas que les
permita un nacimiento y un desarrollo sano y armonioso, en condiciones dignas de
existencia; tal marco legal no garantiza que en la realidad esa situación se
produzca por ello resulta de interés consultar los informes y datos que reflejan la
situación de la niñez y adolescencia con relación a la salud.
A ese respecto, se ha afirmado que ―la salud está estrechamente relacionada con
la seguridad alimentaria y los servicios de agua y saneamiento. Se sabe que las
enfermedades que padecen la niñez y adolescencia obedecen principalmente a
las tres variables siguientes: a) la calidad del ambiente que les rodea; b) los
recursos económicos que la familia puede destinar a gastos en salud preventiva y
curativa, y el acceso a la red hospitalaria y a las campañas de salud,
notablemente las inmunizaciones‖6.
Otro factor que puede provocar riesgo en la salud de las jóvenes y adolescentes
en Guatemala es la temprana edad para la procreación. Con relación a ello,
señala el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS)
6 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ―Informe de situación de la niñez y
Adolescencia en Guatemala 2009-2010, Op. cit. p. 28.
5
que en el año 2010, se produjeron un total de 45,048 partos de adolescentes,
entre las edades de 10 a 19 años, y de 10 a 14 años de un total de 1,634 partos7.
Otro tema a analizar es lo referente a la educación pues ésta es un factor
importante para que todo ser humano alcance un nivel de vida adecuado, sin
embargo, sendo Guatemala un país que posee un gran porcentaje de la población
que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, la educación no es una
prioridad, lo que se refleja en la asistencia a los centros educativos, sobre todo en
el interior del país.
Si bien, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en sus artículos
del 36 al 39 hace referencia al derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir
una educación integral que les prepare para el ejercicio pleno de sus derechos,
deberes y obligaciones. Esto implica garantizar la igualdad de condiciones para el
acceso y permanencia en la escuela; la existencia de educación pública laica y
obligatoria hasta el último grado de diversificado, se hace necesario cotejar tal
situación con la realidad.
Al respecto, el Informe de Avance de Política Educativa del Ministerio de
Educación (MINEDUC), presentado por el relacionado Ministerio, en el año 2007
la población escolar fue de 3.773,685 estudiantes y al año 2010, 4.289,752, esto
significó un incremento neto de 516,067 estudiantes entre el año 2007 y 20108.
En cuanto a la deserción escolar en el año 2008 se produjo un 5.7% en primaria;
9.2% en secundaria y 8.4% en diversificado, produciéndose una baja considerable
7 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-. ―Informe de la
situación de la niñez y adolescencia en Guatemala 2009-2010‖. Op cit. p.31. 8 Ministerio de Educación. Informe de Avance de Política Educativa, disponible en:
www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/políticasEducativas2008-2010/documents/Avance%20Educativo%202008-2010.pdf
6
en el 2009 con relación a estos porcentajes, ya que se presentó en primaria el
5.51%, secundaria 8.22% y diversificado de 6.46%9.
Por otra parte, puede señalarse que otro aspecto de la realidad nacional que debe
analizarse es el referente a la vivienda, al respecto se ha señalado el Tercer
Informe Presidencial que ―uno de los principales problemas de las familias
guatemaltecas lo constituye el acceso a la vivienda. Según la actualización del
déficit habitacional, realizado por el CIV –Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda-, el mismo se estima en 1,021,592 unidades. De este
total, 410,097 unidades corresponden al déficit cuantitativo (40.14%) y 611,495
unidades al déficit cualitativo, es decir 59.86%‖10
.
Como puede apreciarse la situación de la vivienda en Guatemala es compleja
pues existe un elevado porcentaje de personas sin vivienda. Es más la situación
en general evidencia, en muchos casos ni siquiera se tiene acceso a tierra, en
otros casos se ocupan áreas que no ofrecen la seguridad para construir y habitar,
y que originan los asentamientos informales, donde se carece de infraestructura
básica, tales como acceso a agua potable, saneamiento, luz, y otros.
En lo referente al trabajo, Guatemala es el país de Centroamérica y el Caribe con
más niñez trabajadora11
. Al respecto, según el Informe de la Procuraduría de
Derechos Humanos de Guatemala del año 2011, el 55.5% se dedica a actividades
relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 20.1% al
comercio, hoteles y restaurantes; 6.2% a servicios comunales, sociales y
personales; 4.8% a la construcción y 1% a otras actividades. Además, dado que
63.7% de los niños que laboran son considerados trabajadores familiares por lo
9 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, ―Tercer Informe de
Gobierno, Guatemala vamos por más, Guatemala, enero, 2001, p. 59. Disponible en: www.segeplan.gob.gt ver Informes de gobierno. 10
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, ―Tercer Informe de Gobierno, Op.cit. p. 87. 11
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Informe: Situación de la niñez y adolescencia en Guatemala 2009-2010, Op. cit. p. 57.
7
que no reciben un salario con lo que no solo se les priva del derecho de gozar de
una niñez plena, sino que no cuentan con una retribución por las tareas que
desempeñan. Debe tomarse en consideración que la edad mínima para
desarrollar un trabajo, según el Convenio 138 de la OIT, son los 14 años en los
países menos desarrollados. En Guatemala, es el inspector general del trabajo
quien tiene la autoridad para otorgar un permiso de trabajo a un menor de 14 años
y sólo si es aprendiz o por su condición de extrema pobreza, su empleo garantiza
una contribución al ingreso familiar, o si es un trabajo ligero en duración e
intensidad. Cada día son más los niños, niñas y adolescentes que se suman a la
fuerza laboral; la Unidad del Adolescente Trabajador del MTPS no cuenta con
inspectores suficientes para llevar a cabo tareas de supervisión o monitoreo
tendientes a verificar que los adolescentes que laboren en las diferentes
empresas cuenten con los permisos de trabajo y que no sean vulnerados sus
derechos laborales12
.
En Guatemala, el Código de Trabajo en su artículo 148, refiere que ―se prohíbe el
trabajo a menores de catorce años‖, sin embargo, el artículo 150 establece que
―La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción
calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los
menores de catorce años, o, en su caso, para reducir, total o parcialmente, las
rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con ese
objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben
probar que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene
necesidad de cooperar en la economía familiar, por extrema pobreza de sus
padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él; que se trata de trabajos
livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y
moral del menor; y que en alguna forma se cumple con el requisito de la
obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones
12 Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. ―Informe Anual circunstanciado Tomo I.
situación de los Derechos Humanos en Guatemala‖, Enero 2011. p. 73.
8
se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que
deben trabajar los menores de edad.
Lo anterior evidencia que si bien en Guatemala existen una serie de normas que
protegen a la niñez y adolescencia, también debe tomarse en consideración la
realidad que atraviesa cada una de las familias guatemaltecas, y particularmente
los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a esas familias.
9
CAPITULO II
Aspectos psicosociales de los adolescentes y su salud mental
Es importante señalar que los factores de riesgo para la salud mental de los
adolescentes pueden encontrarse ya sea en la persona, en el medio ambiente o
en ambos, en una interacción permanente. En el área personal encontramos que
las dificultades de ajuste se relacionan con la autoimagen, las visiones de mundo
negativas, la expresión emocional insatisfactoria y los trastornos conductuales.
2.1 El adolescente y su entorno sociofamiliar
El punto de partida es la aceptación de que el debilitamiento de las instituciones
consideradas como los más importantes agentes socializadores -principalmente
la familia y la escuela- son pieza importante que se conjuga en el estudio de los
factores que influyen para que algunos jóvenes se involucren en maras y en la
delincuencia.
De igual forma, se debe tener en cuenta otros aspectos como el entorno social en
que se desenvuelven cotidianamente los jóvenes y las estructuras sociales y
comunitarias que los ampara. Estos dos ámbitos de la realidad, familia y entorno
social, no se pueden desligar ya que se inciden mutuamente; la mayor parte de
los problemas que se perciben en el ámbito familiar están relacionados con las
tensiones que se generan entre el macrocosmos social y el microcosmos local.
Debe aclararse que el estudio separado de cada uno de estos factores -la familia;
la escuela o el medio social- no significa que se considere a alguno de ellos como
responsable único del fenómeno, o que se presenten en un orden jerárquico
según el grado de incidencia que cada uno ejerce sobre la problemática.
10
"Idealmente, la familia se entiende como el espacio social básico de adultos, niños
y jóvenes, que permite que cada individuo, al sentirse amado, protegido y pleno
de sentido de pertenencia, desarrolle un discernimiento responsable y una escala
de valores para enfrentar la vida‖13
.
En la familia, se satisfacen, como en ninguna otra estructura social, las
necesidades de desarrollo personal y se suceden las primeras experiencias de
relación con el mundo. Al considerar desde esa concepción la importancia de la
familia y comprendiendo que una buena relación familiar permite a las personas
relacionarse mejor en otras áreas de la vida social, puede decirse que el contexto
familiar juega un papel importante en el análisis del fenómeno de las pandillas,
maras o en la delincuencia juvenil, su influencia no parece estar ligada a las
consecuencias generadas por una estructura familiar determinada, sino también a
otras condiciones internas y externas vinculadas a ella.
Es necesario analizar aspectos que se consideran que pueden "debilitar" a una
familia, entre los que pueden señalarse:
Cantidad y calidad de tiempo de los padres de familia o responsables para
atender la formación y los intereses de los jóvenes.
Falta de la figura paterna y el recargo de las responsabilidades en la madre.
Violencia intrafamiliar.
Situación de pobreza.
La persistencia y conjunción de estos rasgos, sea el grupo familiar nuclear,
incompleto o extenso, inciden en la constitución de un núcleo familiar debilitado
que dificulta la socialización adecuada de los hijos, no aporta referencias claras en
torno a los atributos que conforman los diferentes roles de los miembros del
grupo; priva a los jóvenes de un modelo de identidad familiar consistente y de un
13
Maurás Pérez, Marta y Kaluf Fuentes, Cecilia. ―Políticas públicas sobre la familia en América Latina y el Caribe‖, documento de trabajo 1, UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 1997. pp. 25-30.
11
ambiente que favorezca su formación y dificulta la consecución de oportunidades
que les permitan un desarrollo adecuado.
La mayor parte de la vida de las personas transcurren fuera de la familia a causa
de largas jornadas de trabajo, esto ha condicionado a que muchas familias
durante años, hayan abandonado a sus hijos a su suerte educativa confiada a
abuelos, hermanos mayores o a la calle; probablemente tal situación de vacío de
orientación quita fuerza al núcleo familiar porque genera un desconocimiento, no
acompañado necesariamente de falta de interés, de las actividades que
individualmente cada uno de los miembros realiza cotidianamente, lo que puede
provocar que no se dedique aunque sea una mínima cantidad de tiempo a
conocer la situación en que se encuentren sus hijos.
Tanto padres que tienen hijos en grupos de maras, como los que no los tienen,
comparten las características de estar ausentes de su hogar durante buena parte
del día y de la semana, por lo tanto es difícil relacionar la pertenencia de los
jóvenes a pandillas, maras o a grupos delincuenciales, con la ausencia de los
padres o responsables de sus hogares a causa del trabajo, más importante que
ese aspecto, parece ser la calidad de tiempo que se permanece en el hogar y que
se comparte con la familia.
Adicionalmente, esto conlleva una falta de control y supervisión de las actividades
de los hijos, una escasez de límites claros que normen la conducta y que vayan
creando en los niños una adecuada conciencia de sí mismo y de los otros,
dejando a discreción de cada uno la definición de lo bueno y lo malo, o bien de
acciones que no son consideras como normales.
La ausencia de la figura del padre no implica una ausencia física, podría estar
materialmente presente, pero su figura esta anulada por mujeres como jefas de
hogar; esta situación plantea una importante cuestión, la necesidad de contar con
12
adultos cercanos capaces de ser modelos en el período de la preadolescencia y la
adolescencia.
La familia constituye un lugar donde con frecuencia se suscitan hechos de
violencia de todo tipo, hasta el punto que en muchos hogares se ha convertido en
la forma natural de relación entre sus miembros. Se dice que "hay violencia
intrafamiliar cuando en un grupo social doméstico, una persona más débil que otra
es víctima de abuso físico o psíquico ejercido por otra parte del mismo grupo, en
condiciones tales que resulta la puesta en funcionamiento de mecanismos de
control social que regulen e impidan esa práctica, por lo que tiende a repetirse"14
.
Este tipo de relaciones violentas suelen generar un proceso de debilitamiento del
núcleo familiar, en el sentido que los vínculos entre los diversos miembros se ven
alterados por constantes agresiones no solo físicas, verbales sino que también
psicológicas y emocionales; la dinámica familiar se concentra en "defenderse" de
la amenaza que representa el agresor, restando capacidad para estrechar las
relaciones afectivas y de confianza que se necesitan para garantizar un fortalecido
ambiente familiar, el hogar en estas condiciones deja de ser un ambiente de
protección y pasa a ser una fuente de riesgo, temor y desamparo.
Generalmente este tipo de relaciones impulsan a los jóvenes a la calle, en la cual
encuentran nuevamente un entorno hostil, que lejos de ofrecerles apoyo se
convierte en reforzador de este tipo de vínculos.
Otros de los grandes retos que enfrenta en la actualidad las familias para asumir
adecuadamente su papel de institución formadora y educadora, es el problema de
las condiciones de pobreza en las que viven día a día la mayor parte ellas.
Este análisis parte de presuponer que la pobreza, aunque no constituye una
causa suficiente, es un factor que predispone a los jóvenes a ingresar a las
14
Maurás Pérez, Marta y Kaluf Fuentes, Cecilia, ―Políticas públicas sobre la familia en America Latina y El Caribe, documento de trabajo 1, UNICEF, Oficina Regional para América Latina y El Caribe, 1997, Op. cit. p. 25.
13
pandillas o maras y por ende a cometer actos contra la ley, pero no se puede
afirmar que todos los jóvenes pobres se organizan en maras, sin embargo, puede
decirse, que la totalidad de los jóvenes que integran estos grupos viven en
situación de pobreza15
. Sin embargo, otro factor que puede incidir es la ausencia
de los padres, pues por trabajo u otras situaciones, algunos podrían abandonar a
sus hijos durante gran parte del tiempo, sin siquiera comunicarse con ellos un
momento del día, y tal situación podría provocar actitudes antisociales, ello se
evidencia con algunos jóvenes que tienen todo lo necesario para satisfacer sus
necesidades vitales, pero les falta el apoyo para sentirse aceptados y útiles dentro
de su grupo familiar o social y ello puede incidir en actitudes antisociales.
2.2 Procesos psicológicos de adaptación al medio ambiente social.
El ser humano se mueve en dos realidades o planos: El mundo exterior y el
mundo interior.
Lo que caracteriza el universo exterior o la denominada vida cotidiana son las
circunstancias, acontecimientos y situaciones, más o menos relevantes o
rutinarias. Es asimismo el entorno. Se requiere una actitud de equilibrio en una
sociedad desequilibrada para poder mantener la propia identidad y la visión clara
de hacia donde se quiere ir.
El universo interior, se caracteriza por los estados de ánimo, los pensamientos, las
emociones y los sentimientos. Dentro de nosotros fluyen todas las operaciones
pensantes, afectivas, emocionales y, en suma, anímicas.
Los pensamientos constructivos favorecen el carácter y la relación, los
pensamientos destructivos generan sufrimiento inútil, perturban la personalidad y
dificultan las relaciones con los otros16
.
15
Smutt Marcela y Miranda Jenny. ―El Fenómeno de las Pandillas en El Salvador‖. Serie Adolescencia 2, FLACSO/UNICEF, 1998. p. 53. 16
Calle, Ramiro. ―Guía Práctica de la Salud Emocional‖. Editorial EDAF, Madrid 2004. pp. 17-19.
14
2.2.1 Socialización de los adolescentes
La preadolescencia y la adolescencia constituyen etapas cruciales para el
proceso de socialización y el desarrollo de la persona, ya que constituyen el
período de la vida durante el cual el individuo debe construir su identidad y
plantearse un proyecto de vida propio, la elaboración de esa identidad, es decir ―la
construcción de una experiencia interna de mismidad, de ser uno mismo en forma
articulada y continua, a pesar de los cambios internos y externos que se enfrentan
en la vida, lo cual implica contar con un ambiente que brinde condiciones de
seguridad emocional básicas, una interacción entre lo individual, lo social y una
lucha entre el período infantil y el presente‖17
.
Para muchos jóvenes de pandillas o maras, su hogar, lejos de ser un espacio de
seguridad y de apoyo; constituyen un lugar de temor y desamparo, vacío de amor
y de cuidado. En estos hogares, la comunicación y la discusión han sido
sustituidas por la tensión permanente, predominan los sentimientos de
inseguridad y desconfianza y los castigos físicos y psicológicos son el medio más
frecuente de administrar la disciplina. Este ambiente en que se desarrollan y viven
los jóvenes no facilita las vías para la adquisición de una imagen de sí mismo
positiva; por el contrario, les genera un sentimiento de falta de identidad
aceptable, que se expresa a través de una marcada hostilidad hacia los roles que
se presentan como deseables en la propia familia y en la comunidad.
Las relaciones que se establecen en el núcleo familiar tienen profundos efectos
sobre la conducta de la persona, ya que la familia constituye el primer grupo de
pertenencia para el niño, provee la socialización inicial y transmite los
comportamientos aceptados por la cultura.
15
2.2.2 La imagen de sí mismo y autoestima
Los jóvenes construyen su propia imagen a través del reconocimiento que la
familia y la comunidad tienen de ellos desde los primeros años de vida. La
persona se descubre a sí misma en las acciones que otros realizan respecto de
ella: si se le acepta, valora y admira tenderá a adquirir actitudes de
autoaceptación y autorrespeto. Si, en cambio, se subestima, rechaza, acusa o
discrimina, probablemente desarrolle conceptos y actitudes desfavorables para
consigo18
.
Con relación a lo que debe entenderse por autoestima puede afirmarse que es ―un
conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias
de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser
y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En
resumen, es la percepción evaluativa de sí mismo‖19
.
De lo anterior se estima que la autoestima se forma por la evaluación y percepción
propia que una persona tiene de sí mismo, la cual se forma según el trato que
recibe de la familia, su trabajo, lugar de estudio, trabajo y en general de su
ambiente con la sociedad. La desvalorización y la denigración de las personas
impiden a los seres humanos formarse una imagen positiva de sí mismo y adquirir
confianza en sus capacidades personales, lo cual durante la preadolescencia y
adolescencia se traduce en baja autoestima.
Para la formación de la autoestima existen componentes cognoscitivos y
afectivos, siendo los primeros aquéllos que permiten discernir sobre las actitudes
17 Smutt Marcela y Miranda Jenny. ―El Fenómeno de las Pandillas en El Salvador‖, Op.cit. p. 81. 18 Smutt Marcela y Miranda Jenny, Op. Cit. p. 87 19
Bonet, José Vicente. ―Sé amigo de sí mismo. Manual de Autoestima‖. Editorial Sal Terrae, Cantabria, España, 1997, p.25.
16
y los afectivos los que hacen referencia a la respuesta emocional generada por la
convivencia en la sociedad o en el grupo al que se pertenece20
.
Puede afirmarse que existen percepciones de la juventud diversas, entre ellas
aquéllas, que la consideran como un segmento poblacional problemático y no la
reconoce como un grupo con potencialidades ni mucho menos como una fuente
de desarrollo humano. Los jóvenes son considerados porque transgreden las
normas socialmente establecidas: robos, peleas callejeras, prostitución,
drogadicción, embarazo precoz, etc21
.
Cuando se habla de Derechos Humanos a menudo se enfatizan los aspectos
jurídicos y políticos, sin embargo, poco se relaciona el tema con el aspecto
psicosocial. En este sentido se puede afirmar que hay un mínimo de condiciones
y requisitos esenciales, que permiten a la persona desarrollarse plenamente.
Esas necesidades comprenden, desde los factores físicos y psicológicos, hasta
los de orden espiritual; y cuando esas necesidades no son satisfechas, se
producen en el ser humano, niveles de frustración que lo llevarán a sentirse mal
consigo mismo y con los demás. Pero, cuando estas necesidades se satisfacen
adecuadamente la persona desarrolla un profundo amor por sí mismo y por los
demás, es decir, una verdadera autoestima, si se toma en cuenta que el
desarrollo de una buena autoestima se produce en función de los modelos de
identificación y de los mensajes recibidos desde la niñez, podría indicarse que un
elemento indispensable para lograrla es el conocimiento y la vivencia de sus
derechos y obligaciones.
Solamente en la medida en que el ser humano se sienta igual a los demás en
derechos y obligaciones, introyectará su valor como persona y será capaz de
superar todo aquello que atente contra su desarrollo pleno.
20
Rodríguez Espinar, Sebastián, ―Teoría y práctica de la orientación educativa‖, Barcelona, España, 1993, p. 344. 21 Smutt Marcela y Miranda Jenny, Op. cit. p. 84.
17
Por lo que educar en derechos humanos, consiste en producir cambios en el
comportamiento de las personas a fin de que sus actos se realicen de acuerdo
con unos valores determinados22
.
2.2.3 Procesos de identificación social
―La identidad social se forma por la pertenencia a un grupo; que sea positiva o
negativa dependerá de la valoración que el individuo haga de su grupo en
comparación con otros grupos‖23
.
El ser humano es puramente sociable, razón por la cual busca el pertenecer de un
grupo igual, que le permita sentirse protegido, aceptado, donde logre una
identificación, al entenderse ésta como el tener algo en común en relación a los
demás, misma que permite relacionarse con otras personas compartiendo
intereses del mismo tipo. La identificación se forma desde la familia, de ahí la
importancia del proceso de comparación social, por el cual las personas tienden a
compararse a sí mismos con otros.
La identificación constituye un proceso mental por medio del cual el individuo,
desde la infancia, incorpora en él por medio de la imitación de los modelos adultos
y del grupo de pares.
Esta identificación en los niños y niñas a temprana edad forman una manera de
expresarse, forma de pensar y de interactuar con la sociedad, por tal razón es
importante que tanto dentro del seno familiar, como en el ambiente social donde
se viva, existan modelos positivos para imitar, modelo que brinden un ejemplo de
conducta, positivismo y de superación personal.
―La ausencia de modelos positivos para imitar durante la primera infancia podría
generar dificultades en el proceso de identificación o interiorización de las figuras
significativas y, consecuentemente, en la conformación de la identidad‖24
.
22
Caballeros Alvarado de Mazariegos, Hilda. ―Derechos Humanos y Autoestima‖ en Revista de Derechos Humanos Tomo I, IDHUSAC E IIJ/URL, Guatemala, 2003, p. 221. 23 Peris Pichastor, Rosana/Agut Nieto, Sonia. ―Evolución conceptual de la identidad social. El
retorno de los procesos emocionales‖ Revista electrónica de Motivación y Emoción, Universitat Jaume I. Valencia, España 2007 Numero 26-27. p. 3. 24
Smutt Marcela y Miranda Jenny. Op Cit p. 91.
18
2.3 La nueva delincuencia infantil y juvenil
―La adolescencia no puede ser considerada como una etapa evolutiva cuyos
cambios se deben en gran parte a causas endógenas –la pubertad-, sino que
debemos adoptar un enfoque global que considere, al menos, los siguientes
aspectos:
a) La evolución del sistema nervioso y sus alteraciones debidas a los cambios
hormonales y fisiológicos en general. Estos cambios producen una
evidente alteración y variación en la conducta del chico y de la chica.
b) La adolescencia y los años que la preceden como un período de fuertes
crisis en la estructura de la personalidad, y en la que la búsqueda del
reequilibrio actúa como motor evolutivo. La adolescencia como etapa de
construcción del ―yo‖ en una situación absolutamente nueva biológica y
socialmente.
c) La adolescencia como etapa de adaptación a unas nuevas demandas del
mundo exterior, cambiantes de un medio a otro, de un momento histórico a
otro; como etapa en la que las demandas del mundo adulto condicionan, en
su base, las respuestas evolutivas de adaptación‖25
.
La delincuencia juvenil puede ser consecuencia de un proceso de rebeldía propia
de la adolescencia, y esta no es más que un medio de expresar sus
pensamientos, su forma de ver las cosas y en muchas ocasiones esa forma de
comportamiento se relaciona muy íntimamente con una conducta disocial.
La adolescencia es una etapa del desarrollo, donde aún no se ha logrado una
madurez emocional, donde el niño, niña y/o adolescente, en muchas ocasiones es
influenciado en sus decisiones, y esto puede ser una reacción de conducta a la
falta de atención de los padres.
25 Funes Artiaga, Jaime. ―La Nueva Delincuencia Infantil y Juvenil‖. Ediciones Piados, Barcelona-
Buenos Aires, 1984. Págs. 57.
19
Dentro de una sociedad de competencia y apariencias, los niños y adolescentes,
son productos del consumismo comercial, donde el como se viste y se ve, es muy
importante dentro del grupo de amigos el ―ser alguien‖. Una preocupación que
según el tipo de adolescente, es sentida y vivida; se presenta una fase
consciente de construcción del ―yo‖ en el que han de ir integrando su problemática
de independencia, sus vivencias sexuales, las tensiones y demandas de la
sociedad adulta, sus propias decisiones, etc.
El tiempo libre o de óseo, es un tema importarte, ya que la ausencia total o parcial
de tareas, laborales porque no hay, se acabaron o se suspendieron clases,
plantea cada día al grupo la cuestión del qué hacer; por lo que la calle, los
rincones, área verdes, canchas deportivas o plazas específicas, en ausencia de
dinero se convierten en lugares permanentes de interacción social entre los
adolescentes y jóvenes. La calle pasa a ser el principal foco de contagio de
conductas antisociales, convirtiéndose en el primer agente socializador de la
conducta delincuente.
La consecuencia del sistema económico injusto y la violencia en sus diferentes
niveles de expresión, se va constituyendo en el marco principal donde el ser
humano guatemalteco desarrolla su vida, donde la población no solamente vive
un estado violento sino también actúa e interviene en él, no es sólo lo que cree o
lo que el mundo cree, sino algo más, es una conexión e interconexión dentro de
ese estado, en el cual el guatemalteco cumple un rol objetivo que transciende lo
individual y del que no necesariamente puede darse cuenta, en otras palabras
todos esos elementos constitutivos de vida forman la cotidianidad, por lo que la
vida, la muerte, la enfermedad, el nacimiento, los triunfos, las decepciones, los
retos, los desafíos y demás hechos son los acontecimientos registrados de la vida
diaria, e influyen en nuestra salud mental.
20
2.4 Los derechos humanos y la salud mental
Es importante tener una visión clara en cuanto al significado de los Derechos
Humanos y su protección al derecho de la salud, no sólo entendiéndose ésta
última solo física, sino que también a una salud mental o emocional.
Los derechos humanos, son las facultades que tienen las personas por el sólo
hecho de serlo, para exigir del Estado elementos esenciales a su dignidad, así
mismo son mecanismos de limitación del poder contra posibles abusos.
―Los derechos humanos tienen las siguientes características:
Son innatos o inherentes al ser humanos, porque todas las personas nacen
con ellos.
Son universales, porque corresponden a todas las personas, en cualquier
lugar y en cualquier tiempo.
Son interdependientes e indivisibles, porque cada uno de ellos forma parte
integral de un todo orgánico y armónico, dentro del cual el ejercicio de uno
está conectado con el ejercicio de otro.
Son intransferibles, irrenunciables e inalienables, nadie puede renunciar a
sus derechos o negociarlos.
Son imprescriptibles, no vencen y no se pueden perder por el transcurso
del tiempo.
Son inderogables, no pueden anularse o dejarse sin efecto. Sin embargo,
bajo circunstancias muy excepcionales contenidas en la ley, si puede
limitarse las obligaciones de los Estados frente a ellos‖26
.
Por lo que al hablar de derechos humanos de una persona debe considerarse de
forma integral, por que, tan importante, es el hecho en sí de la vida misma, como
de igual importancia es el derecho a la salud, y ―siendo la salud un derecho
26 UNICEF. ―Guía práctica sobre principios aplicables a la administración de justicia penal juvenil y a
la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. Guatemala octubre 2008. p. 5.
21
humano universal, la salud mental deviene por esencia en un resultado del
ejercicio de dicho derecho‖27
.
Para el presente estudio de esta investigación la salud mental, involucra la parte
emocional del ser humano, como el stress, la depresión, ansiedad, el sentido de
vacío existencial, etc.; y no solo se le debe entender como un trastorno mental.
La salud mental es un término difícil de delimitar o de conceptualizar, por lo que la
psiquiatría se inclinó por un concepto integral del ser humano y su conducta,
asumiendo que es una unidad bio-psico-social, por lo que exige una visión
multidisciplinaria y multisectorial por parte del Estado.
Por lo que se estima pertinente citar la definición de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), para que de una noción clara del concepto de Salud Mental, y ésta
la considera como ―un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades‖ y está relacionada con la
promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y
rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos.28
Y al identificarlo como un estado de bienestar por medio del cual los individuos
reconocen sus habilidades, sus capacidades de hacer frente al estrés normal de
la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades,
también se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos
y comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos.
La salud mental afecta en la forma de ver la vida de cada persona, cuando una
persona se encuentra en un estado depresivo, cuando no existen metas
personales, cuando se tiene un vació existencial, se esta hablando de problemas
de salud mental y esto afecta en el desarrollo normal de la vida cotidiana de cada
persona.
―Siendo Guatemala, un país joven donde más del 30% de la población lo
constituyen adolescentes y jóvenes, esta cifra hace un llamado importante sobre
la necesidad de invertir en este grupo poblacional, considerando que el futuro
desarrollo social y económico de un país que depende del aumento proporcional
27 Ministerio de Salud de la República de Perú. ―Lineamientos para la acción en salud mental‖.
Perú 2004, p. 19.
22
de la población que esté bien educada, que sea saludable y económicamente
productiva. La evidencia muestra que los problemas y conductas en salud de la
población joven están interrelacionados y tienen raíces comunes por lo que los
programas de intervención deben ser respuestas integradas para reducir la
duplicación costosa de esfuerzos.
En este sentido en Guatemala se están construyendo esfuerzos importantes para
favorecer la atención integral a la población adolescente y existen instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que velan por la atención de la salud
mental de la niñez y adolescencia, como lo es la municipalidad de Guatemala que
se encuentra desarrollando acciones importantes a nivel comunitario, a través de
la línea telefónica ―Cuenta Conmigo‖ y la implementación de la estrategia familias
fuertes: Amor y Límites. A iniciativa de dicha municipalidad se conformó la red de
promoción de salud mental de la juventud –PROSMAJU-, en la que participan el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, organizaciones
no gubernamentales como: Organización DEVENIR, Proyecto GÉNESIS y
COMUNICARES entre otros coordinado por la Dirección de Salud y Bienestar
Municipal, así también organismos de cooperación como fondo de Población para
las Naciones Unidas –UNFPA- , Organización Panamericana de la Salud –OPS- y
la Organización Mundial de la Salud –OMS-―29
.
La Asociación Manos que te Apoyan –AMA- es una Ong, que tiene como objetivo
principal el coadyuvar al desarrollo integral de los jóvenes y adolescentes que se
encuentran en situación de riesgo o peligro y en conflicto con la ley penal,
residentes en el departamento de Guatemala y sus municipios, brindándole la
oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de programas dirigidos a
su formación educativa, moral y laboral contribuyendo a su reinserción social y
familiar.
28
OMS. ―Invertir en Salud Mental‖. Ginebra Suiza, 2004, p. 7 29 OPS. ―Articulo. Guatemala trabaja a favor de los y las adolescentes‖.
http://new.paho.org/gut/index.php?option=com_content&task=view&id=82id=Itemid=259 (Fecha de consulta: Octubre 2011).
23
El programa de inserción laboral se realiza dentro de las instalaciones de la
empresa -EDECA, S.A- ―Envases Desechables Centroamericanos, Sociedad
Anónima― (14 Calle final interior Finca El Zapote zona 02), donde realizan una
actividad remunerada a través de metas de trabajo, en embolsar, sellar, enfardar y
empacar el producto (cubiertos plásticos)30
.
Esta Ong, es un ejemplo del compromiso empresarial con el afán de colaborar con
la niñez, adolescencia y juventud que se encuentra en riesgo social y en conflicto
con la ley penal, logrando apoyar a los adolescentes y por ende a su núcleo
familiar. La Asociación Manos que te Apoyan coordina acciones con empresas
como con operarios de justicia, ya que la mayoría de sus beneficiarios han sido
referido por el Juzgado Primero y Segundo de Primera Instancia de Adolescentes
en Conflicto con la Ley Penal, la Secretaría de Bienestar Social y la Defensa
Pública Penal.
Con el programa se logra que el adolescente referido a la Asociación Manos que
te Apoyan –AMA-, logre una estabilidad emocional y por ende una Salud Mental,
apoyándolo en su crecimiento humano (fortaleciendo autoestima, metas
personales, proyecto de vida, relación de pareja, etc), que el adolescente se
eduque en una cultura de trabajo donde aprenda a cumplir con un horario y reglas
de convivencia, trabajo en equipo, que aprenda al buen uso de la administración
de su dinero y que colabore en la economía familiar.
Como anteriormente se ha descrito el ambiente social que brinda cada barrio,
zona o sector de las comunidades donde habitan los adolescentes brindan una
serie de señales y muestras que la salud mental de los adolescentes se encuentra
a diario en peligro, por vivir muchas veces en condiciones poco favorables y las
consecuencias que ésta trae como: limitación de acceso a la educación, a la
salud, vivienda y recreación.
30 Asociación Manos que te Apoyan –AMA- ―Manual del Beneficiario‖. Guatemala 2010. p 3.
24
―Por vivir en un sector con mucha violencia social y en muchas ocasiones en
violencia intrafamiliar, por lo que la salud mental tiene una estrecha relación, con:
a) Sentido de identidad, b) De dignidad personal, c) Pertenencia familiar, d)
Adaptación a los cambios físicos, e) Habilidades para ser productivo aprender, f)
Aprovechar los desafíos del entorno para maximizar el desarrollo, g) Resiliencia,
h) Autoafirmación, i) Adolescentes, j) Desarrollo de potencialidades, k) Plan de
vida, l) Habilidades comunicacionales, m) Autogestión de oportunidades, n)
Asociatividad y participación, y ñ) Identidad sexual, sexualidad plena, entre otros.
Así entonces el concepto es el bienestar interno y con el entorno de los y las
adolescentes que maximiza el potencial de desarrollo personal y social.
Esta condición es prerrequisito para:
a) Desarrollo psicológico óptimo, b) Relaciones sociales productivas, c)
Aprendizaje efectivo, d) Autocuidado, e) Buena salud física, y f) Participación
económica efectiva como adulto.
Esta definición refuerza la necesidad de promover la salud mental de niños y
niñas y adolescentes ya sea que presenten o no riesgos o cuadros clínicos‖31
.
Los niños, niñas y adolescentes, son los que mas sufren en cuanto a las
desigualdades sociales y por ende esto causa problemas en su salud mental,
desigualdad en cuanto a oportunidades de desarrollo y el de vivir en un ambiente
sano, ya que la niñez y adolescencia se encuentra habituada a vivir en
condiciones de un continuo riesgo social, con predominio de la violencia, la
drogadicción, la prostitución, la delincuencia.
31 Ministerio de Salud / Subsecretaria de Salud Publica División de Prevención y control de
Enfermedades/Departamento de Salud Mental Programa de Salud del Adolescente y Joven.
“Orientaciones técnicas Atención de Adolescentes con Problemas de Salud Mental‖ Gobierno de Chile 2009. p . 13
25
CAPITULO III
Justicia Penal Juvenil en Guatemala
3.1 La Administración de Justicia en adolescentes
A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los representantes de
cincuenta Estados se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, redactándose
la Carta de las Naciones Unidas, con la que inició el sistema universal cuyos
objetivos en ese momento se centraban en el mantenimiento de la paz y la
seguridad32
. Luego surgen los sistemas regionales, tales como el Europeo,
Interamericano, Africano en los cuales la normativa emitida regirá para los países
suscriptores del área a donde pertenecen.
El incremento en la suscripción de tratados y convenciones internacionales se
produce, de esa cuenta a partir de la segunda mitad del siglo XX se produce un
incremento en la suscripción de tratados internacionales, los que en alto número
se refieren a la protección de los derechos humanos. De esa cuenta se han
adoptado diversos instrumentos –convencionales, declarativos y resolutivos-
respecto de la protección de diferentes derechos humanos, así como de grupos
de la población, tales como la niñez y adolescencia, además para el tema de
análisis resulta de interés conocer que también se han emitido sobre
administración de justicia.
El Sistema de Naciones Unidas cuenta con una serie de instrumentos aplicables
en la materia, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas
Mínimas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Las
Reglas para los Menores Privados de Libertad y las Directrices para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil (Reglas de RIAD). También se puede aplicar el Pacto
32 Remiro Brotons, Antonio, ―Derecho Internacional‖, McGraw Hill, Madrid, 1997, p. 932.
26
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contiene disposiciones relativas
a administración de justicia de menores, así como otros instrumentos
internacionales.
El Sistema Interamericano, cuenta con disposiciones aplicables en esta materia,
como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 4, 12,17 y
19), el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 7, 9, 15 y
16); y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo
VII). En donde se reconocen ciertos derechos, que por el carácter de
vulnerabilidad de los sujetos –menores de 18 años de edad- ameritan de una
protección especial.
Según lo afirmado por Florentín Meléndez en su texto, Instrumentos
internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia,
afirma que los instrumentos internacionales reconocen derechos y garantías
directamente vinculados a la administración de justicia, entre otros: ―el derecho de
protección contra las detenciones ilegales y arbitrarias; el derecho a que toda
detención o privación de libertad se realice conforme a las leyes especiales,
mediante procedimientos especiales, ante autoridades especiales y sujeto a
penas o medidas también especiales, diferenciadas de los adultos; el derecho a
que la privación de libertad se utilice sólo como último recurso en los procesos
judiciales y durante el más breve plazo que proceda; el derecho a ser tratado con
humanidad y con respeto a su dignidad; el derecho de protección a la identidad
personal en los procesos judiciales y administrativos; el derecho a estar separado
de los adultos en lugares de privación de libertad; el derecho a la pronta asistencia
jurídica en caso de detención; el derecho a impugnar la legalidad de la privación
de libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e
imparcial; el derecho a ser juzgado con rapidez e imparcialidad; el derecho a una
pronta decisión sobre sus peticiones ante la autoridad; el derecho a la presunción
de inocencia; el derecho a ser informado sin demora sobre los cargos en su
27
contra y de los derechos que tiene en tal calidad; el derecho a no ser obligado a
declarar ni a prestar testimonio; el derecho a gozar gratuitamente de un intérprete;
el derecho a la reparación de los daños y perjuicios causados en su contra; y el
derecho a que se respete plenamente su vida y su integridad personal en todas
las fases del procedimiento‖33
.
Las leyes nacionales reconocen también una serie de derechos llamados a
garantizarlos derechos humanos de quienes son juzgados, entre ellos los
derechos de los adolescentes que infringieron la ley penal.
3.2 Modelos de Justicia Penal Juvenil
Ahora bien, en los diferentes Estados se aplican distintos sistemas para procesar
y aplicar sanciones a los jóvenes y adolescentes infractores de la ley. Puede
señalarse que desde el derecho romano se establecieron diferentes categorías
para el tratamiento de la niñez y adolescencia transgresora de la ley penal, en la
cual se mencionaba los in fans –comprendidos entre 0 a 7 años, lo cuales eran
sustraídos del derecho penal común para adultos, en virtud de una presunción
irrebatible de incapacidad-; el impúber –que eran los comprendidos entre los 7 a
14 años, los cuales eran sometidos caso por caso a un juicio individual de
discernimiento para determinar si eran susceptibles de ser sometidos a una pena
o no-; y el minor, que eran comprendidos entre las edades de 14 a 18 años, los
cuales eran estimados susceptibles de recibir una imposición de una pena inferior
a la de un adulto34
.
En la actualidad se utilizan diferentes sistemas para determinar qué sanción
podría aplicarse a aquéllos menores de edad, que transgreden la ley, básicamente
33
Meléndez, Florentín. ―Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia‖. Konrad Adenauer Stiftung. México 2004, pp. 95-116 . 34 Pascual de la Parte, María Belén, y otros, Inimputabilidad y responsabilidad penal especial de los
adolescentes transgresores de la ley. Organismo Judicial-UNICEF, Proyecto de Implementación de la Convención sobre los derechos del niño, 2001, p. 57.
28
en América Latina se aprecia la influencia de tres modelos básicos para el
juzgamiento de los menores de edad, siendo éstos el modelo de situación
irregular, el educativo y el garantista. Por esta razón es necesario describirlos
para conocer la historia y entender el presente; y de esta manera apreciar mejor,
el por qué, de la evolución que ha tenido el juzgamiento de las personas menores
de edad, por la transgresión legal.
Esta evolución no ha sido un hecho aislado, sino, que ha tenido la influencia de
diferentes hechos, tanto fácticos como jurídicos. Entre los hechos jurídicos
debemos destacar la importancia que ha tenido para las Naciones Unidas, la
protección de los derechos humanos, incluyéndose los derechos humanos de las
personas menores de edad.
a) Modelo tutelar. (Situación irregular). Este modelo se fundamenta en la
doctrina de la situación irregular y surge a finales del siglo XIX, como reacción de
la sociedad ante la indignación que producían las condiciones carcelarias de los
niños, niñas y adolescentes.
Para Carlos Tiffer este modelo se caracterizaba principalmente por lo siguiente:
―…a) El menor de edad es considerado como sujeto pasivo de intervención
jurídica, objeto y no sujeto de derecho, por lo que las garantías propias del
derecho penal y las que le corresponden por su especial condición de menor de
edad no son ni siquiera pensadas en este derecho… El juez tiene una figura
paternalista que debe buscar una solución para el menor de edad que se
encuentra en una situación irregular, con el único fin de resocializador al menor
de edad, por lo tanto se le considera un ser incompleto, inadaptado y que requiere
ayuda para su reincorporación en la sociedad… El menor es considerado
inimputable ―no imputable‖, y no puede atribuírsele responsabilidad penal…
Además es el juez quien determina para el caso concreto cuál es la situación
irregular, bajo esta perspectiva se equiparan en su naturaleza y en las medidas
adoptadas, situaciones totalmente disímiles… No se reconocen las garantías del
29
derecho penal de adultos…Sistema inquisitivo: el juez tiene un doble carácter,
como órgano acusador y como órgano de decisión… En la realidad, las medidas
de internamiento son indeterminadas, aplicadas indiscriminadamente, en centros
de reclusión que no cumplen con los fines mínimos de educación para lo que
fueron creados…35
.
Puede apreciarse de lo antes señalado la actitud del Estado en la cual pueden
lesionarse derechos humanos de los adolescentes sometidos a un procedimiento
para establecer si han o no lesionado el orden jurídico, y ni siquiera se les deben
brindar la protección al reconocimiento de sus derechos procesales, ni están
sujetos a éstos.
b) Modelo comunal. (Acción social no judicial). Se ha afirmado por Carlos
Tiffer , que ―este modelo acentúa el esfuerzo de protección y rehabilitación de las
personas menores de edad en el cause de la acción social y no judicial. Por medio
de Comités o Consejos de la Niñez o de la Juventud, como por ejemplo, los
jurados de la infancia o de ayuda social. Se trabaja tanto con el menor como son
su familia. La finalidad es ayudar a las soluciones de problemas sociales, de
convivencia, educativas y legales que enfrenta el menor…Algunas de las
características fundamentales de este modelo son las siguientes… El menor tiene
un status real dependiente de los adultos, y son éstos los que toman las últimas
decisiones…Los Consejos o Comités de la Infancia están compuestos por
miembros de la comunidad sin que sean necesariamente juristas… Se valora la
conducta infractora de los niños como producto de su evolución tomando en
consideración la influencia ejercida por las instancias resocializadoras… Se
considera al menor inimputable penalmente… Esta irresponsabilidad del menor
implica que el Estado estará imposibilitado de someterlo a procedimientos
punitivos por la comisión de infracciones…. Los Consejos o Comités se erigen
35 Tiffer Sotomayor, Carlos. ―La convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su
influencia en el Modelo de Justicia‖, Revista interdisciplinaria No. 13, Montevideo, Uruguay, 2000, p. 2
30
como titulares de la patria potestad en defecto de los padres…Específicamente en
el caso del derecho a la libertad, los menores pueden ser privados de ella para ser
sometidos a un tratamiento educativo… Las medidas a adoptar se han de tomar
en función del interés superior del niño... La decisión de los jurados o comités no
tiene la connotación de una sanción negativa…36
‖
Si bien en este modelo al menor de edad, aun no le son reconocidos plenamente
sus derechos, si constituye un avance con respecto al modelo anterior, en el cual
no era si quiera sujeto de tales derechos. En este se pretende dar solución a un
conflicto social, procedimiento particular, en el cual el Comité o Consejo de la
sociedad es de suma importancia, en el que impera el interés superior del
adolescente.
c) Modelo de justicia o de responsabilidad. (Protección integral). Este
modelo surge a raíz de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del
niño, primer instrumento internacional en reconocer ampliamente la protección de
menores de edad y a partir de su vigencia debe adecuarse el sistema de justicia
para jóvenes a sus disposiciones. De esa cuenta ya se considera a los niños
como sujetos de derechos y no como objeto de protección, lo que permite la
exigencia de protección a sus derechos durante la tramitación de procesos
judiciales.
Este modelo, con mayor o menor intervención en lo social y legal es el que se
práctica en los países europeos y algunos países latinoamericanos,
principalmente los que han promulgado legislaciones posteriores a la Convención
de Derechos del Niño de 1989, por ejemplo Brasil en 1990, Nicaragua en 1998,
Bolivia en 1999 y España en el 2000.
36 Tiffer Sotomayor, Carlos. ―La convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su
influencia en el Modelo de Justicia‖, Op. cit. p.3.
31
Dentro de sus principales postulados, según lo afirmado por Ester Giménez-
Salinas, citada por Gabriela Flores, pueden señalarse: ―Sienta las bases para la
responsabilización de los jóvenes por actos que transgredan las leyes penales.
Realiza una distinción entre los jóvenes en riesgo social y que necesitan ser
protegidos por el Estado debido a que han sido vulnerados en sus derechos y los
jóvenes transgresores de la ley penal que deben ser responsabilizados por sus
actos. Orienta el tratamiento de los jóvenes transgresores de las leyes penales
hacia su responsabilización y culminación de procesos de socialización. Realiza
un mayor acercamiento a la justicia penal adulta, en lo concerniente a la
observancia de principios y garantías procesales, que propicien la aplicación de
los mismos e incida en el respeto de los derechos de los jóvenes durante la
tramitación de los procesos judiciales. Conserva de modelos anteriores los
principios educativos al momento de determinar las medidas socio-educativas a
aplicarse a los casos concretos, todo ello posteriormente a la determinación de la
culpabilidad y grado de responsabilidad…37
‖
Con relación a este sistema se aprecia que es el que con mayor adecuación se
presenta en relación al contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño,
conteniendo en su aplicación una serie de mecanismos de protección hacia el
niño y adolescente. En primer término se realiza una diferencia entre el menor de
edad que está desprotegido, ―en riesgo‖ y aquéllos transgresores de las leyes
penales, los cuales no se sitúan en un mismo plano. Además el tratamiento de
éstos últimos va dirigido hacia su responsabilización y socialización, lo que puede
estimarse adecuado al reorientarlo hacia su socialización. En este sistema el
Estado deberá promover el bienestar de los niños. Este sistema se utiliza en su
mayoría en Estados que han reformado su legislación para menores de edad, con
posterioridad a la emisión de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues
37 Flores, Gabriela. Proceso de criminalización juvenil. Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales de Guatemala y Organización Intereclesiástica para cooperación al desarrollo, Guatemala, 2003, p. 5
32
con la aprobación de la referida Convención culmina un proceso progresivo de
reconocimiento y protección de los derechos del niño.
Puede afirmarse entonces que la Convención de los Derechos del Niño además
de recopilar una serie de derechos que protegen a los niños y adolescentes ha
elevado principios en ella reconocidos a que sean aplicados por los diferentes
Estados, toda vez que éstos al suscribirlos deberán aplicarlos. Uno de estos
conceptos es el de ―interés superior del niño‖. Con relación a ello puede afirmarse
que: ―La Convención ha elevado el ‗interés superior del niño‘ al carácter de norma
fundamental, con un rol jurídico definido que, además, se proyecta más allá del
ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo
de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las
personas. Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño, establecido
por la propia Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno
de los principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como
principio ‗rector-guía‘ de ella38
.
Toda vez que el ―interés superior del niño‖ es uno de los principios que se
reconocen en la Convención sobre los Derechos del Niño, resulta de interés
analizar su alcance a manera de determinar su significado y cuál ha de ser la
interpretación que de tal postulado deberá realizarse en el sistema de la
protección integral en lo referente a justicia penal juvenil. De esa cuenta, el
siguiente tema de análisis será el referido.
3.3 El Interés superior del niño, en el sistema de protección integral
Con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño surge el tema del
―interés superior del niño‖ el cual se reconoce desde el artículo 3º de su texto al
38
Cillero Bruñol, Miguel. ―El Interés superior del niño en el Marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño‖. Aplicación de estándares internacionales en materia de derechos humanos en la administración de justicia. Modulo IV: Derechos de la Niñez. Naciones Unidas/UNICEF. Octubre 2011, p. 2
33
prever que ―En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño‖.
De revisarse el texto completo de la Convención se encontrará la mención de
interés superior del niño ocho veces, así se prevé además del precitado artículo 3º
en los artículos 9.1, 9.3, 18, 20, 21, 37 y 40. Sin embargo en ninguna parte de su
texto se da una definición de qué debe entenderse por interés superior del niño,
por lo que doctrinariamente se ha tratado de definir su significado.
Al respecto, ha señalado Baeza, que ―interés superior del niño es el conjunto de
bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del
menor de edad y en general de sus derechos, que buscan su mayor bienestar‖39
.
Por su parte, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de
Guatemala, Decreto 27-2003 del Congreso de la República, establece en el
artículo 151 el Principio de Interés Superior, y al respecto prevé: ―Cuando a un
adolescente puedan aplicársele dos leyes o normas diferentes, siempre se optará
por la que resulte más favorable para sus derechos fundamentales‖.
Sin embargo, tampoco se dan parámetros de interpretación o se establece la
forma como habrá de definirse su alcance, lo que deberá irse desarrollando por
medio de su aplicación.
39 Baeza Concha, Gloria. El interés superior del niño: Derecho de rango constitucional. Su
recepción en la legislación nacional y aplicación en la jurisprudencia. Revista Chilena de Derecho, volumen 28, No. 2, p. 356.
34
Puede mencionarse que en otras legislaciones se han establecido algunos
aspectos relacionados con el interés superior del niño, definiéndolo o
estableciendo pautas para su interpretación, tal es el caso de Costa Rica, en cuyo
Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley No. 7739, promulgada el seis de enero
de 1998, se establece en su artículo 5º que ―Toda acción pública o privada
concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su
interés superior, el cual garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente
físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal‖.
Además se prevé en la precitada norma que la determinación del interés superior
deberá considerar:
a) su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.
b) su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás
condiciones personales.
c) las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.
d) la correspondencia entre el interés individual y el social40
.
Lo anterior resulta de sumo interés para determinar algunos aspectos de lo que
debe entenderse por interés superior del niño, pues en el caso guatemalteco, no
se precisan aspectos ni se dan pautas de interpretación por lo que tales aspectos
deberán irse definiendo al aplicar la normativa al caso concreto.
3.3.1 El interés superior y la protección integral del niño en la
doctrina de la protección integral
Se debe reconocer que la forma en que se concibe la protección integral del niño
y con ello el principio educativo marca una diferencia entre las doctrinas de la
situación irregular y de la protección integral, puesto que esta última parte, en
definitiva, del carácter de sujeto de derechos del niño a diferencia de la
40
Ley Número 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de Costa Rica, promulgado el 6 de enero de 1998, publicada en la Gaceta No 26, de 6 de febrero de 1998, disponible en: www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaniñez.pdf
35
concepción de mero objeto de la actuación estatal tutelar que le atribuí la doctrina
de la situación irregular.
Por ello resulta de gran importancia la consideración del interés superior del niño,
pues con la interpretación de tal principio deberá velarse por la aplicación que en
mejor forma garantice el pleno reconocimiento de derechos al menor de edad.
Con relación a ello resulta interesante señalar lo que ha afirmado Carlos Tiffer y
Javier Llobet quienes indican que: ―el interés superior del niño no debe llevar a
caer en la ‗trampa‘ a la que la conduce la doctrina de la situación irregular, de
modo que no debe funcionar para limitar las garantías penales y procesales del
niño; precisamente el temor a que el principio educativo que surge de los
principios del interés del niño y de protección integral se utilice para justificar las
violaciones de los derechos del joven ha conducido a un sector de la doctrina a
cuestionar dicho principio, el que ha sido catalogado, como un caballo troyano en
el Estado de Derecho41
.
Lo anterior porque ante la falta de definición del significado de interés superior del
niño y al pretender darle un alcance, en casos determinados se podría limitar
derechos de los jóvenes. Por lo anterior, lo mejor sería que la legislación definiera
o estableciera las pautas para determinar el alcance de qué debe interpretarse por
interés superior del niño. En caso de no hacerlo deberá acudirse a las
interpretaciones de los órganos calificados para ello, como sería en el sistema
universal el Comité de Derechos del Niño, en el interamericano, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y en el nacional los tribunales de justicia.
3.4 La inimputabilidad y los adolescentes
Un aspecto a tomar en consideración en lo referente a los procesos dirigidos a
adolescentes es el concepto de ―inimputabilidad‖. Es necesario señalar que
imputabilidad significa la posibilidad de atribuir a alguien las consecuencias de su
actuar, porque concurran factores que permitan hacerlos responsables de sus
41
Tiffer Carlos/Llobet Javier. ―La Sanción Penal Juvenil y sus Alternativas en Costa Rica‖. Unicef, Costa Rica 1999. p. 9.
36
actos. Respecto de los menores de edad se produce la circunstancia de que la
legislación de los diferentes Estados prevé las edades en las cuales pueden ser
considerados como inimputables.
Con relación al tema la Convención sobre los Derechos del Niño estipula en el
artículo 40 que: ―Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien
se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare
culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el
fomento de su sentido de dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por
los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se
tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración
del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad‖.
También en el párrafo tercero de este artículo se prevé que los Estados partes
tomarán las medidas adecuadas para promover el establecimiento de la edad
mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para
infringir las leyes penales, y siempre que sea apropiado y deseable la adopción de
medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el
entendido de que se respetarán plenamente los derechos humanos y garantías
legales.
Estos principios normativos fundamentan el cambio de paradigma respecto a la
consideración tradicional de Inimputabilidad referida a los menores de edad pues
con anterioridad a la vigencia de la Convención se estimaba la inimputabilidad
como la falta de comprensión de los actos del menor de edad y por ende la falta
de responsabilidad en ello, se aplicaba una teoría naturalista, pues era la
naturaleza del sujeto la que lo hacía no ser responsable de sus actos.
Al respecto, señala Frida Eneida Pineda Monroy que por medio de la Convención
de los Derechos del Niño se cambió la apreciación de la inimputabilidad referida a
los menores, pues previo a ésta se reducía a un criterio naturalista, falta de
capacidad para conocer el ilícito penal, con lo cual se asumía por decisión legal
37
que la niñez carecía de esas característica y no se tomaban en cuenta otros
factores aparte de los aspectos propios de la persona, ignorando circunstancias
como la afectividad y las relaciones sociales42
.
Sin embargo, con el surgimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño
surge el sistema de la protección integral, pues ya no se estima que el menor de
edad por ese solo hecho es inimputable, sino que se analiza en su integralidad, y
además de la situación relacionada con la infracción a la ley, se busca brindarle
un apoyo para la protección de sus derechos, y mejor adaptación al medio en el
que actúa.
Con relación a ello se indica por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
que actualmente se aplica un sistema de protección integral, con lo que debía
romperse el esquema anterior. Precisa que por ejemplo si un adolescente roba, y
se le sanciona por tal hecho, pero se determina que pertenece a una familia
desintegrada, y a su vez consume drogas, se requiere una respuesta integral del
Estado, en la cual se protejan sus derechos por medio de un sistema que
complemente esa respuesta por procedimientos por lo general referidos a órganos
administrativos, encargados de la protección en los procesos penales, para
canalizar por ese medio los requerimientos de protección de los adolescentes43
.
3.4.1 Normativa
Por otra parte es necesario señalar cómo se regula la situación de los menores de
edad en Guatemala con relación a su capacidad. Al respecto puede señalarse
que el artículo 20 de la Constitución Política de la República prevé: ―Los menores
de edad que transgreden la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar
orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud. Los
42 Pineda Monroy, Frida Eneida. ―Análisis comparativo de la lesgislación de niñez guatemalteca y
costarricense‖, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008, p. 4. 43
Rodríguez Rescia, Víctor. ―Manual autoformativo en Acceso a la justicia y Derechos de la niñez y adolescencia en Centroamérica‖, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, 2008, p. 48.
38
menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y
personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros
penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta
materia‖.
Si bien, la Constitución de Guatemala data de 1985, anterior a la vigencia de la
Convención sobre los derechos del Niño, ya se menciona lo referente a una
educación integral.
En el ámbito penal dentro de las causas que excluyen la responsabilidad penal se
encuentra la minoría de edad (Art. 23 inciso 1 Código Penal), atribuyéndoles a
tales personas la característica de inimputables.
Por su parte la Ley de Protección integral de la niñez y la adolescencia regula de
los artículos 142 al 159 lo referente a los derechos y garantías fundamentales en
el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, entre los que se
encuentran el respeto de los derechos de igualdad y no discriminación, a justicia
especializada, aplicación del principio de legalidad, principio de lesividad,
presunción de inocencia, debido proceso, derecho de abstenerse de declarar, non
bis in idem, interés superior, privacidad, confidencialidad, inviolabilidad de la
defensa, principio del contradictorio, racionalidad y proporcionalidad, de
determinación de las sanciones e internamiento en centros especializados.
Lo anterior evidencia lo especializado del procedimiento para los adolescentes
infractores de la ley penal, así como lo referente a los derechos que se reconocen
en la Ley relacionada, los que se encuentran en consonancia con las previsiones
de la Convención sobre los Derechos del Niño.
3.4.2 La minoría de edad y derechos y responsabilidades
En definitiva el niño es una categoría cultural, en donde los elementos físicos
constituyen un indicio para delimitarlo pero son insuficientes para definirlo. Así lo
estipula la Convención sobre los derechos del niño cuando expresa en su artículo
primero: ―se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años, salvo que,
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad‖.
39
La disparidad del criterio sobre el límite de la edad para la responsabilidad penal,
pone en evidencia que la construcción del sujeto social niño es eminentemente
histórica, que guarda en sí un criterio político sobre las necesidades de control
social por parte del poder. Incluso, en la actualidad se pone en evidencia esta
diferenciación en varios instrumentos legales vigentes: edad para contraer
matrimonio (14 años para mujeres y 16 para hombres), y edad para contraer
obligaciones y derechos para el trabajo (14 años).
El Código Civil reconoce que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, o sea
a partir de la cual la persona goza de todos los derechos de participación social,
como ciudadano pleno, sin embargo puede ejercer derechos específicos
directamente tales como los precisados con anterioridad. El Código Penal es
congruente con estos principios al excluir al menor de 18 años de la
responsabilidad penal en dos sentidos:
a) en primer lugar pon no tener una participación plena en las decisiones
globales;
b) y en segundo lugar porque no se han satisfecho ciertas necesidades
sociales que contribuyan eficazmente en la sociedad (en especial trabajo y
educación); de esta manera, la respuesta a este sector social será diferente
(medidas socioeducativas), mientras no se remuevan los obstáculos que
impidan su participación plena.
3.5 Bases para la construcción de un sistema de Responsabilidad Juvenil
Los instrumentos que conforman la Doctrina de la Protección Integral, y
particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño, poseen los elementos
necesarios para construir un sistema de responsabilidad penal juvenil, que permita
superar los sistemas anteriores en los cuales se presentaban los sistemas
proteccionistas y paternalistas.
40
Al respecto ha señalado Emilio García Méndez que: ―Un sistema de
responsabilidad penal juvenil, es el requisito imprescindible para superar la real o
supuesta sensación de impunidad que transmiten muchas veces los medios
masivos de comunicación y que provocan una serie de contra reacciones que
encuentran en la propuesta de la disminución de la edad de la imputabilidad, su
mínimo común denominador. La construcción de un sistema de esta naturaleza,
conlleva el desafío de superar el binomio arbitrariedad-impunidad, que caracteriza
a los viejos sistemas de la justicia de menores, sustituyéndolo por el binomio
severidad con justicia, que debería caracterizar una visión garantista de la
administración de un nuevo tipo de justicia para la infancia y la adolescencia‖44
.
El autor relacionado estima la conveniencia de estudiar un sistema de justicia para
adolescentes en el cual se cumpla con la eliminación de impunidad, pero en un
sistema garantista, mencionándose el nuevo sistema de justicia para la infancia y
adolescencia.
Al respecto, continúa señalando el precitado autor que dentro de las
características que podría tener un sistema de responsabilidad penal juvenil se
encuentran:
―a) Los adolescentes de 18 años (y mayores de 12) no son penalmente
imputables, siendo sin embargo, penalmente responsables.
b) La responsabilidad penal significa que a los adolescentes (de 12 a 18 años
incompletos), se le atribuyen, en forma diferenciada respecto de los adultos, las
consecuencias de sus hechos que siendo, típicos, antijurídicos y culpables,
significan la realización de algo denominado crimen, falta o contravención. Siendo
las leyes penales, el punto de referencia común para adultos y adolescentes de
18 años, el concepto de responsabilidad difiere sustancialmente respecto del de
44 García Méndez, Emilio, Adolescentes en conflicto con la ley penal: seguridad ciudadana y
derechos fundamentales en ―Estudios básicos de derechos humanos VII‖, Antonio Cancado Trindade (comp.), Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1996, p. 237.
41
imputabilidad, en tres puntos fundamentales: a) los mecanismos procesales, b) el
monto de las penas (adultos) difiere del monto de las medidas socioeducativas
(adolescentes) y c) el lugar físico de cumplimiento de la medida.
c) Los menores de 12 años, no sólo son inimputables sino que además son
penalmente irresponsables. Cuando un menor de 12 años, comete un hecho
(debidamente comprobado), que si cometido por un adolescente pudiera constituir
una infracción penal, no corresponde aplicar en estos casos una medida
socioeducativa, sino una medida de protección.
d) El adolescente infractor es una precisa categoría jurídica. Sólo es infractor
quien ha realizado una conducta previamente definida como crimen, falta o
contravención, se le ha imputado la responsabilidad por dicha conducta, se le ha
sustanciado un debido proceso y se le ha decretado judicialmente una medida
socio-educativa.
e) Un sistema de responsabilidad penal juvenil, presupone la existencia de una
gama de medidas socio-educativas, que permitan dar respuestas diferenciadas
según el tipo de infracción cometida. En general, esta escala incluye medidas
tales como: a) advertencia, b) obligación de reparar el daño, c) prestación de
servicios a la comunidad, d) libertad asistida, e) semi-libertad y f) privación de
libertad…
f) La privación de libertad es una medida de naturaleza estrictamente judicial, una
privación legal de libertad sólo puede ocurrir en flagrante delito o por orden escrita
de autoridad (judicial) competente. En el caso del arresto in flagrante, que puede
ser realizado por cualquier individuo, de forma inmediata o en el plazo del número
de horas que determine la ley, el detenido tiene que ser presentado ante la
autoridad judicial.
g) La privación de libertad (como medida definitiva), es una medida excepcional y
de último recurso que debería ser solamente el resultado posible de infracciones
gravísimas‖45
.
45
García Méndez, Emilio. Adolescentes en conflicto con la ley penal… op. cit. pp. 238-239.
42
Surge una interesante diferenciación en lo afirmado por el autor en cuanto a la
imputabilidad y la responsabilidad, pues el autor anterior señala que los menores
de 18 pero mayores de 12, sí son responsables de sus actos, en el sentido que
podrán ser sometidos a un procedimiento particular por haber infringido la ley
penal, sin embargo no serán imputables penalmente. Ahora bien, para los
menores de 12 años, no solo son inimputables, sino que además no poseen
responsabilidad por tales actos, en todo caso habrían de ser sometidos a medidas
socioeducativas.
3.5.1 Consecuencias Jurídicas del Hecho Punible de los
Adolescentes
Como se afirmó anteriormente, aun cuando el adolescente es inimputable
penalmente y no puede ser sometido a un proceso penal como el de los adultos,
sí deberá ser responsabilizado por los hechos infractores de la ley penal, pero
sometido a un procedimiento especial, precisamente adaptado para los menores
de edad. Ahora bien, las medidas que se aplican a los jóvenes, con el carácter de
ser procesos integrales poseen varias finalidades, por lo que según lo afirmado
por Luis Ramírez y Justo Solórzano, se indica entre ellas que se encuentra la
medida como respuesta de control social, es decir, como una herramienta del
control social, siendo una respuesta punitiva46
.
Señalan los precitados autores que se produjeron cambios en la legislación
constitucional e internacional con la Convención sobre los Derechos del Niño,
pues se produce un cambio de paradigma en la conceptualización del menor de
edad que transgredió la ley, pues el nuevo sistema va enfocado en la protección
integral, produce un cambio notable en la conceptualización de las consecuencias
46Ramírez, Luis y Solórzano, Justo, Justicia Penal Juvenil en ―Módulo sobre los derechos del niño
en Guatemala‖, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, -UNICEF-, Organismo Judicial, Guatemala, 2001, p. 83.
43
de la comisión de una infracción por parte de un joven/niño. La nueva legislación
de la niñez incorpora la participación social y del Estado en la definición y
cumplimiento de las políticas públicas, que parten de la definición y cumplimiento
de estas políticas tomando en cuenta la realidad sociocultural de la niñez desde
su contexto. Para la doctrina de la protección integral, la inimputabilidad es una
garantía para el sujeto social niño y joven, al cual no se le aplicará una pena
criminal tal como está establecido para los adultos en la ley penal, sino por el
contrario, una medida socio-educativa que tiene como finalidad completar el
proceso de socialización47
.
Definitivamente, puede apreciarse el gran impacto que la Convención sobre los
derechos del niño produjo en la justicia penal juvenil, pues en ésta la participación
del Estado, así como la forma de sancionar a los infractores de la ley penal, varió.
Además derivado de ello los Estados han ido adecuando su legislación interna a
lo previsto en la Convención. En el caso de Guatemala se produjo la emisión de
la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
Además en cuanto a las sanciones que se aplican también han cambiado los
paradigmas de modelos altamente represivos donde la principal medida era la
privación de libertad, por medio de programas de internamiento, a prever tal
medida solo como el último recurso, debiéndose auxiliar de diferentes medidas
socioeducativas que sean alternativas al internamiento. Tales medidas, pueden
estimarse que proporcionan un mayor grado de bienestar pues no provocan un
aislamiento, además de arriesgar a quien se le imponen de la difícil situación de
convivir en un lugar que se encuentra compuesto por diferentes sujetos que
también han infringido la ley.
3.5.2 La dimensión de la delincuencia de adolescentes
Es un hecho conocido, que diferentes sectores de la sociedad guatemalteca
estiman que en los últimos años se ha incrementado la violencia, con alta
47
Ramírez, Luis y Solórzano, Justo, Justicia Penal Juvenil… op. cit. p. 84.
44
participación de los jóvenes en los hechos que transgreden el orden social. Se
menciona el incremento de las maras y que la pertenencia a éstas ha provocado
también el ascenso de hechos que contravienen el orden social.
Se ha afirmado que ―esta sobredimensión de la problemática de la criminalidad se
ha visto reflejada con efectos estigmatizantes principalmente en la asociación casi
automática de ‗mara‘ con ‗adolescentes en conflicto con la ley‘ y hacerlos aparecer
como los causantes de la mayor parte de la delincuencia‖48
.
Sin embargo, al revisar los datos del Organismo Judicial, Ministerio Público,
Policía Nacional Civil, si bien no se encuentran totalmente registrados, pero de las
estadísticas que se presentan no se refleja esa percepción. Al respecto puede
citarse que: ―Los casos que llegan al sistema de justicia), en los datos del
Organismo Judicial, tenemos que en el año 2006, se conocieron 2010 procesos
de adolescentes en conflicto con la ley penal, de los cuales 450eran mujeres y
1560 hombres y en el 2007 se conocieron 1757 delitos cometidos por
adolescentes, de los cuales 372 eran mujeres y 1385 hombres… hay que tomar
en cuenta que en el año 2007, se cometieron un promedio de 6,000 homicidios en
el país y que de ellos únicamente en 58 casos existiera una probable participación
de una persona menor de edad, refleja menos del uno por ciento (0.96%)49
.
Lo anterior refleja que las estadísticas no reportan que los adolescentes
representen una cantidad mayoritaria en la delincuencia, por ejemplo en las tasas
de homicidios, su participación en 2007, según lo citado no alcanza el 1%.
48 Sánchez, Efraín Estuardo. Análisis del sistema de justicia penal juvenil en Guatemala. Alianza
joven regional, USAID-SICA, Guatemala, 2008, pp. 23-24. 49
Sánchez, Efraín Estuardo. Análisis del sistema de justicia penal juvenil en Guatemala, op. cit. pp. 25-27.
45
3.5.3 La Participación de la sociedad en la prevención del delito
Definitivamente, en Guatemala se menciona por parte de la sociedad la necesidad
de que ésta participe en la prevención del delito, y que el Estado adopte
programas y medidas que prevengan la comisión de hechos que quebranten y
lesionen el orden social y no solo instituya aquéllos que sancionan los hechos ya
ocurridos.
Es necesario mencionar que el procedimiento formal del proceso penal que inicia
desde la captura del responsable del hecho delictivo, su juzgamiento y condena
no ha sido suficiente para la reducción de los delitos. Por ello han surgido
inquietudes de la sociedad para participar en la prevención del delito.
Al respecto puede señalarse que ―El creciente involucramiento de ciudadanos con
algunos tipos de prevención delictiva, particularmente patrullas de ciudadanos,
pueden inadvertidamente ocasionar vigilantismo y justicia privada, consistente
principalmente en la solución, muchas veces arbitraria y al margen de la ley, de
los problemas penales y la consecuente pérdida de respeto a la autoridad y el
peligro de reacciones como las que se están dando en tiempos recientes en
México, de las cada vez más frecuentes y brutales linchamientos‖50
.
Si bien, la sociedad debe participar, debe tenerse muy claros los alcances de su
participación pues situaciones como la relatada por la autora precitada también se
han presentado en Guatemala, donde se han conocido casos de linchamientos, y
también de grupos de seguridad que no forman parte de las fuerzas estatales de
seguridad sino de grupos pertenecientes a la sociedad, y justificándose en
mantener la seguridad cometen actos al margen de la ley.
50
Mendoza Bremauntz, Emma. ―Derecho Penitenciario‖. McGraw-Hill, Serie Jurídica. México 1998, Pág. 16-19.
46
Uno de los casos que se mencionó recientemente se refiere al surgimiento de una
―Comisión de Seguridad‖ en Panajachel, cuya denuncia formulada por la
periodista Lucía Escobar generó una serie de actos en su contra51
.
Por ello debe determinarse cuál podría ser el alcance de participación de la
sociedad, y siguiendo a Mendoza Bremauntz, esta prevención debe darse desde
varios niveles, primaria, secundaria y terciaria. ―En cuanto a la primaria, se indica
que está orientada a promover el desarrollo integral de la niñez y la juventud para
evitar que sea víctima de violencia o se involucre en hechos violentos. Este tipo
de prevención incluye el acceso a la salud, la educación, a fuentes de trabajo
justo, el arte, la cultura y la recreación… La secundaria está orientada a proteger
a los grupos vulnerable o en situación de riesgo social, como la adolescencia y
juventud que viven en situación de calle, quienes migran en condiciones precarias,
personas con adicciones, personas explotadas sexualmente, adolescentes y
jóvenes fuera del sistema escolar y desempleados, etc. Este tipo de prevención
también incluye a grupos especiales como las marras y pandillas, o agrupaciones
que manifiestan actitudes violentas… Prevención terciaria que comprende un
conjunto de estrategias que previenen la reincidencia de adolescentes y jóvenes
que han cometido un delito. Esta prevención promueve el proceso de inserción y
reintegración social de personas que están siendo procesadas por algún delito o
han recibido una sanción o condena penal, con miras a evitar que vuelvan a
cometer un delito o provocar un daño social52
.
Lo anterior evidencia cuál deberá ser el alcance que deberá darse a la sociedad y
cómo debería dirigirse su actuar a efecto de que contribuya con la prevención de
51 El Periódico de 19 de octubre de 2011, columna Ataque a la libertad de expresión en Panajachel,
disponible en: www.elperiodico.com.gt
52 Mendoza Bremauntz, Emma. Derecho penitenciario, Op. cit. pp. 18-19.
47
la delincuencia, pero sin infringir el orden social y el respeto de los derechos
humanos.
Con relación a estos sistemas de participación de la sociedad se pronuncia el
documento denominado ―Estrategias para prevenir la violencia relacionada con la
adolescencia y la juventud‖ en el cual se afirma que: ―Para prevenir la violencia es
necesario adoptar medidas integrales que ataquen los factores estructurales y los
factores inmediatos que la ocasionan. Esto incluye: a) programas de desarrollo
integral para la población, particularmente la adolescencia y la juventud que se
encuentran en condiciones de mayor marginalidad y riesgo social; b) estrategias y
medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus
posibles efectos perjudiciales para las víctimas; c) adopción de medidas efectivas
de seguridad, así como garantizar a la población una justicia pronta y cumplida; y
d) impulso de programas de reinserción social para personas en conflicto con la
ley penal… En términos generales, la prevención de la violencia implica la
obligación del Estado de garantizar la vida y la seguridad de las personas,
proveyendo los recursos necesarios que permitan su desarrollo integral y
garantizando el mantenimiento del orden y el acceso a una justicia pronta y
cumplida, ello con el fin de alcanzar la paz y el bien común53
.
Lo antes descrito evidencia cuál podría ser el rol de la sociedad a efecto de
participar activamente en la prevención de la delincuencia, en la cual el Estado
debe adoptar una actuación preventiva creando las condiciones que permitan el
mejor desarrollo de la población y otras tendentes a reducir la delincuencia y no
brindar únicamente programas sancionadores, cuando han ocurrido los hechos
delictivos.
53
Interpeace, Oficina Regional para América Latina, Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ―12 Estrategias para prevenir la violencia relacionada con la adolescencia y la juventud‖, Guatemala, 2011. pp. 34-35.
48
3.5.5 La Desjudicialización en el Proceso Penal Juvenil
La delincuencia juvenil es un fenómeno social de actualidad. Son cada vez más
frecuentes los hechos noticiosos que los medios de comunicación revelan en los
cuales se menciona la comisión de hechos delictivos, y en situaciones la comisión
de éstos por jóvenes. Asimismo, la sensación de inseguridad ciudadana está
relacionada con la existencia de conductas socialmente dañinas que también en
ocasiones se atribuyen a jóvenes. La sensación, por un lado, de alarma social y,
por otro, de ineficacia del sistema de justicia deben considerarse y ponderarse a
la hora de las decisiones legales para que la reacción legal frente a estas
conductas —generalmente magnificada— no sea desproporcionada ni más
violenta que las conductas mismas que se quieren reprimir.
Frente a las respuestas tradicionales a la criminalidad, de más represión y penas
severas con las que han respondido históricamente las legislaciones, se debe
analizar críticamente si estas reacciones, de las que se tiene conocimiento no han
sido eficaces, deberían ser las mismas para cuando los autores de estos hechos
delictivos son jóvenes o adolescentes.
Por lo menos en los niveles doctrinal y de derecho internacional, las normas
relacionadas con las conductas delictivas de las personas menores de edad — en
especial la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de
Menores— orientan hacia una respuesta o reacción a estos hechos delictivos de
una manera diferente de la tradicional. Esta nueva reacción, que no siempre es la
que se refleja en el nivel legislativo, recomienda una separación clara entre los
conflictos de índole familiar, social o laboral en los que se pueden encontrar una
gran cantidad de niños y personas jóvenes con referente a los jóvenes
involucrados en la participación de hechos delictivos.
49
Se alude a la organización de una justicia especializada para el juzgamiento de
estas personas. El sistema debe poseer características especiales que lo
diferencien y caractericen respecto de la justicia de adultos; no debería satisfacer
una simple adecuación o adaptación de los institutos y órganos que participan en
la justicia de adultos; por el contrario, debe promoverse la idea de la justicia
especializada y diferente para personas jóvenes.
Surge entonces la idea de la desjudicialización la cual puede señalarse que se
origina, para el caso de los adolescentes, del artículo 40.3.b el cual prevé que
―Los Estados partes tomarán todas las medidas… siempre que sea apropiado y
deseable, para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el
entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las
garantías legales‖. Este aspecto va en consonancia con la idea de protección
integral que deriva también de la aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
De conformidad con lo afirmado por Carlos Tiffer, ―las razones jurídicas y sociales
que se exponen en favor de la desjudicialización son básicamente dos. Primero,
que la desjudicialización es una forma de practicar los principios de humanidad,
de proporcionalidad, de igualdad y de eficiencia que debe buscar el sistema penal.
Segundo, que se debe considerar que todos los sistemas de represión y
corrección por medio una política criminal fuerte y severa resultan insatisfactorios,
máxime tratándose de jóvenes y adolescentes, para quienes la penalización de
los conflictos en la mayoría de los casos, en vez de ser una solución a los
problemas, los aumenta; esto debido a que los adolescentes se encuentran en
una etapa de formación de su personalidad, y la conducta delictiva muchas veces
es solo una manifestación de un período de crisis de juventud y desacuerdo con la
madurez54
.
54 Tiffer, Carlos. Desjudicialización y alternativas a la sanción privativa de libertad para jóvenes
delincuentes en La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica, con jurisprudencia nacional, Unicef-Ilanud, Costa Rica, 1999, p. 173.
50
Lo anterior constituye entonces alguna de las razones por las cuales debería
aplicarse la desjudicialización. Tal como se ha afirmado resulta más acorde a la
protección integral del menor, pues le afecta menos.
Con relación a lo afirmado por el precitado autor, puede indicarse que a juicio de
éste, la desjudicialización favorece a todos, al adolescente porque se elimina la
posibilidad de estigmatización e institucionalización que significa someterse a
proceso penal. A la comunidad porque por ella se debe proveer que los sectores
sociales hagan efectiva la idea de resocialización, a la víctima pues es una
manera más real de lograr una forma de reparación de los daños o recuperación
de los derechos del ofendido del delito. Además también reduce costos de la
administración de justicia55
.
La desjudicialización sería entonces una ventaja para la justicia penal juvenil al ser
menor lesivo a su integridad que el ser sometido a un juez, y además la
participación de la sociedad reviste importancia en lograr su objetivo, ya que como
se mencionó participará en la resocialización del adolescente que haya infringido
la ley.
Por último citando al relacionado autor puede precisarse que como argumentos
relevantes que apoyan la idea de la desjudicialización en favor de los jóvenes se
encuentran los siguientes: La socialización se produce en la comunidad, y no por
medios formales de control como lo son las instancias judiciales; La justicia penal
es cara, selectiva, estigmatizante e inconveniente para jóvenes que se encuentran
en proceso de formación; La judicialización produce un efecto distorsionado en la
comunidad, al pensar esta que el delito se elimina por dicho medio, lo cual
sabemos que no es cierto56
.
55 Tiffer, Carlos. Desjudicialización y alternativas a la sanción privativa de libertad para jóvenes
delincuentes… Op. cit. p. 174.
56
Tiffer, Carlos, Desjudicialización y alternativas a la sanción privativa de libertad para jóvenes delncuentes… Op. cit. p.179.
51
3.6 Justicia Restaurativa ¿Una nueva opción dentro del sistema penal
juvenil?
En las últimas décadas el Sistema de Justicia tradicional ha entrado en crisis ante
el aumento y complejidad de la criminalidad actual, volviéndose cada vez más
incapaz de asumir el manejo de la delincuencia.
Ante este panorama, surge la Justicia Restaurativa entendida como una nueva
opción dentro del Sistema Penal formal al ofrecer una manera distinta para dar
solución a los conflictos generados por la comisión de un hecho delictivo. Una de
las particularidades de la Justicia Restaurativa, es que no se centra en la
represión del autor del delito, sino que toma como puntos de partida las
necesidades tanto de la víctima como del víctimario y busca responder al delito de
una forma diferente y menos punitiva que el sistema de justicia tradicional.
Actualmente existe una gran confusión terminológica y conceptual para definir el
nuevo paradigma, lo que ha dado lugar a una gran variedad de términos como
justicia positiva, pacificadora, reparativa, restauradora, comunitaria, entre otros y
para algunos autores el término más adecuado sería el de una justicia
―conciliadora‖.
Esta práctica de busca responder al delito de una forma diferente y menos
punitiva que el sistema penal tradicional, siendo que las prácticas restaurativas
utilizan una fórmula más constructiva que el sistema retributivo, ya que conjugan
elementos como la responsabilidad, la restauración y la reintegración.
De conformidad con Michelle Mayorga Agüero, dentro de las principales
características de este nuevo modelo de justicia, se encuentran: ―la
responsabilidad del autor, desde la perspectiva de que cada persona debe
responder por las conductas que asume libremente; la restauración de la víctima;
que debe ser reparada por el perjuicio recibido y la reintegración del víctimario a la
52
comunidad; el restablecimiento de los vínculos con la sociedad a la que también
se ha dañado con el ilícito, por lo que la justicia restaurativa funciona como un
modo de resolución de cuestiones de naturaleza penal, de carácter no punitivo,
reparativo y deliberativo a través de un proceso que comprende a la víctima, el
ofensor y representantes de la comunidad57
.
Para uno de los principales exponentes de la filosofía restaurativa John
Braithwaite, este modelo no es solo una respuesta a la delincuencia, sino una
filosofía integral, entendiéndose que la restauración no solo se refiere al daño
particular recibido por una víctima en concreto, sino que implica una diversidad de
restauraciones que incluyen a la víctima, al víctimario y a la sociedad.
Las diferentes formas de restauración podrían dar lugar a resarcimientos de
daños, puesto que podría por este medio establecer mecanismos hacia la víctima,
la comunidad, la familia o algún grupo de la sociedad.
En consonancia con los fines que busca la Justicia Restaurativa siguiendo al
precitado autor se señala que entre ellos se encuentran:
Proteger los intereses de la víctima (el ofensor debe reconocer el daño
producido y procurar repararlo), de la comunidad (paz social), y del
víctimario (se busca lograr su rehabilitación y reinserción).
La disminución de la población penitenciaria. Ya que para algunos autores
como Neuman, consideran que las cárceles son ―universidades donde se
enseñan nuevas técnicas para delinquir‖, aumentando la criminalidad una
vez que cumple su sentencia58
.
57 Mayorga Agüero, Michelle, Justicia Restaurativa ¿Una nueva opción dentro del sistema penal
juvenil? Incorporación de los principios restaurativos dentro del proceso penal costarricense, San José, Costa Rica, 2009, p. 8. 58
Mayorga Agüero Michelle, ―Justicia Restaurativa ¿Una nueva opción dentro del sistema penal juvenil? Incorporación de los principios restaurativos dentro del procesos penal juvenil Costarricense‖. Op. cit. pp. 35-40.
53
Este tipo de justicia permite de una manera más fácil incorporarse de nuevo a la
sociedad al infractor, pues la comunidad habrá apreciado cómo éste se
responsabilizó de sus actos y los corrigió resarciendo el daño causado, tanto a la
víctima como a la comunidad.
54
CAPITULO IV
Antecedentes Históricos del Internamiento
y de las Medidas Alternativas para Adolescentes
en Conflicto con la Ley Penal
4.1 Centros de Tratamiento y Orientación para adolescentes
Los centros de internamiento, en primera instancia fueron creados para resolver
los problemas originados por la comisión de un delito o bien por encontrarse en
ocio, lo que origino que al principio se recluía a todas las personas en los centros
sin importar la edad y condición humana, por lo que es importante que se estudie
la historia y observar los avances significativos que se han tenido.
―En 1834, se creó la ―Escuela de Reforma‖, en ésta se recluía a menores de 18
años que eran acusados de delitos comunes, esta escuela también se utilizó para
la reclusión de adolescentes entre 16 y 18 años desocupados y ociosos, y en el
mismo año, se promulgó el primer código que protegía a los menores de 16 años
que eran acusados de vagancia y de conducta irregular.
1854, se creó la ―Casa de Huérfanos y Niños Desamparados‖, en ella se recluían
a niños transgresores y a niños abandonados.
1887, se creó la ―Casa de Corrección‖, se atendían casos de menores
transgresores, vagabundos mayores de 18 años, y se atendían a adultos
sentenciados a penas de carácter correccional.
1913, se aprobó el reglamento de funcionamiento de la Casa de Corrección, y se
acordó que la edad de los transgresores se prolongara a los 18 años‖59
.
En esta primera parte de la investigación de la investigadora Paz y Paz, se
observa que se utiliza el internamiento como una primera medidas, para dar una
59 Paz y Paz Claudia/Ramírez G. Luís Rodolfo. ―Niños, niñas y adolescentes privados de libertad‖.
ILANUD/Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala –PDH-. Guatemala 1993, p 15-16.
55
respuesta a los problemas sociales de aquella época, pero sin tomar en cuenta
los derechos humanos de las personas, y ya a principios del siglo XXI, se observa
un primer intento por ordenar las acciones y las medidas a seguir en cuanto al
internamiento en adolescentes, por lo que ya en, “1925, se dispuso una creación
de sección de menores y pasara a cargo de la Policía Nacional y se observó la
necesidad de crear una sección especializada para niñas infractoras.
1927, dada la necesidad de crear un centro para niñas infractoras, se implementó
un anexo a la prisión de mujeres al cual se le dio el nombre de ―Escuela de
Corrección de Menores‖.
1934, se promulgó la ―Ley de Protección para Menores‖. Mediante esta ley se
creaba un Consejo Consultivo conformado por un médico, un abogado y un
pedagogo, dicho Consejo Consultivo pretendía atender los casos de menores
transgresores de una forma profesional, con la finalidad que dichos menores
sufrieran los menos posible la reclusión, por lo que se le dejaba en la mayoría de
los casos bajo libertad vigilada. Únicamente cuando se fracasaba en estas
medidas se internaba al menor en la Escuela Correccional.
1951, en este año la Escuela de Prevención Juvenil, pasó a la Jurisdicción del
Ministerio de Educación.
1952, se creó la ―Ciudad de los Niños‖. Funcionó con un Consejo integrado por:
un director general, un subdirector general, un médico, un trabajador social, un
psiquiatra, varios maestros de grupo y el presidente del tribunal de menores.
1954, en este año la sección de reeducación de varones se trasladó a las
instalaciones de la Ciudad de los Niños, en el municipio de San José Pínula. Esta
institución fue creada para ―estudiar, reeducar, orientar y reformar integralmente la
personalidad de los menores transgresores‖.
56
Asimismo, en este año se fundaron dos centros de educación especial: Centro de
Observación, ubicado en el Barrio de ―San Pedrito‖, zona 05 de la ciudad capital; y
el Centro de Reeducación de Niñas, ubicado en el Municipio de San José Pínula.
1966, el Congreso de la República de Guatemala, amplía el artículo 55 de la
Constitución de la República, en el sentido de la edad máxima para ingresar a los
centros para menores es de 18 años, ya que anteriormente se recluía a los
menores de entre 15 a 18 años a la prisión, junto con los mayores.
1969, se promulgó el Código de Menores.
1979, se promulgó el Código de Menores, donde se refiere lo siguiente:
Los centros de internamiento de menores se encuentran a cargo de la Dirección
de Tratamiento y Orientación para Menores –TOM-. Esta dirección fue creada en
1971 y depende de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la
República. Su objetivo General es ―Atender la problemática del menor de
conducta irregular comprendido entre las edades de 12 a 18 años, para
reincorporarlo a su familia y a la sociedad así como promover programas
preventivos tendientes a evitar en lo posible la aparición de problemas de
conducta en la población menor de edad‖60
.
Y ya avanzado el los años 1990, se observa que ya existe una preocupación por
el respeto de los derechos humanos y ver la necesidad de la creación de centros
apropiados para cada sexo y según sus necesidades, así mismo surgen las
primera ley en cuanto a materia de la niñez y adolescencia.
―En julio de 1978 fue creada la Secretaría de Bienestar Social, en julio de 1990 se
emite un reglamento orgánico, que contemplaba las Direcciones de Bienestar
Infantil, Tratamiento y Orientación para Menores, y de Asistencia Educativa
Especial, así mismo se estableció una Dirección Administrativa de apoyo.
60
Paz y Paz Claudia/Ramírez G. Luís Rodolfo. Op cit. p 17-19.
57
A partir de la entrada en vigencia de su nuevo Reglamento Orgánico, el 16 de
enero de 1998, emitido mediante Acuerdo Gubernativo 4-98 de fecha 9 de enero
del mismo año, se sientan las bases para la aplicación de la doctrina de
protección, con lo que busca dar cumplimiento a tratados y convenios
internacionales, a los acuerdos de paz, a la constitución política de la república y
demás legislaciones nacionales en materia de derechos humanos, redefiniendo su
misión y visión de la forma siguiente:
MISION: Contribuir al desarrollo económico, social, político y cultural de la
sociedad guatemalteca, mediante el diseño, impulso, administración, coordinación
y monitoreo del cumplimiento de las políticas, estrategias, normas y programas
dedicados a la niñez, la juventud y la familia, fortaleciendo el proceso de la
descentralización y desconcentración, que incida en las áreas de mayor exclusión
social, sin ningún tipo de discriminación, fomentando el desarrollo integral y los
valores de la familia y el compromiso de los diversos sectores sociales en la
construcción de una nueva sociedad.
VISION: La Secretaría de Bienestar Social será la institución rectora,
coordinadora e impulsora de las políticas públicas en materia de derechos
humanos de la niñez, la juventud y la familia en todo el país.
En la actualidad la población de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley
penal se encuentra a cargo de la ―Subsecretaría de Reinserción y Resocialización
de jóvenes‖61
.
Dentro de los programas de atención con que cuenta la Secretaría de Bienestar
Social, se encuentran los programas de internamiento y los de las medidas
socioeducativas, para lo cual se describirá cada a uno a partir de la experiencia
vivida por parte del autor de la presente investigación:
61 Secretaría de Bienestar Social Presidencia de la República de Guatemala. ―Manual de Inducción‖
Recursos Humanos. pp. 25.
58
PROGRAMA DE INTERNAMIENTO,
Es el programa que tiene a su cargo el brindar atención de manera especializada
a los adolescentes que son acusados de haber cometido un delito y que se
encuentran tanto en la etapa de investigación como en la etapa de cumplimiento
de medida.
Cuenta con tres centros para varones y uno para mujeres, siendo éstos:
Centro Juvenil de Detención Provisional -CEJUDEP- (Gaviotas), ubicado en
la 2da. calle 1-32 zona 12 Pamplona.
Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II –CEJUPLIV II-
(Anexo), ubicado en 2a. calle 1-32 zona 12 Pamplona.
Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones -CEJUPLIV- (Etapa
II), ubicado en Finca San Antonio, Aldea El Platanar San José Pínula, y
Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM-
(Gorriones), ubicado en Km. 19.5 Carretera a San Juan Sacatepéquez.
El Perfil de los adolescentes atendidos en los centros es, de la edad de 13 a 18
años, que han cometido delitos; ambos sexos, que provienen de todos los
departamentos del país; la mayoría de los internos pertenecen a maras o
pandillas, también se encuentran los adolescentes que no pertenecen a ningún
grupo juvenil, denominados los paisa.
PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS:
Son las medidas alternativas al internamiento en adolescente en conflicto con la
ley penal, es una medida socializadora que se ejecuta estando en libertad el
adolescente bajo la supervisión de un equipo técnico como los trabajadoras
sociales, psicólogos y pedagogos.
Dentro de los programas que ejecutan, se encuentran: el programa de libertad
asistida, el programa de prestación de servicios a la comunidad y el programa de
órdenes de orientación y supervisión.
59
Los perfiles de atención son adolescentes: mujeres y varones comprendidos entre
los 13 a 18 años de edad, que posean vínculos familiares estables y/o relación
firme con adulto o tutor que se responsabilice a la vez del adolescente y
cumplimiento de la sanción y ser referidos por juzgados de paz y/o de
adolescentes en conflicto con la ley penal
―El procedimiento de atención, en las medidas socioeducativas comprende, de:
1. Se recibe la referencia del caso según delito cometido a la sanción
correspondiente por parte de juez competente.
2. Se realiza una investigación psico-pedagógica-social del adolescente por el
equipo multidisciplinario.
3. Elaboración de plan inicial y/o plan individual, proyecto educativo y
referencia del mismo al juzgado correspondiente.
4. Elaboración y referencia de informes de seguimiento e informes finales de
cada caso a los juzgados correspondientes.
5. Finalización de la sanción‖62
.
4.2 Intervención Socioeducativa en la Justicia Penal Juvenil
Esta intervención debe comprenderse como el atender el área social y educativa
del niño, niña, adolescente y joven; y buscar los modelos adecuado para dicha
reeducación, esta intervención se puede basar ―en el artículo 40 de la convención
sobre los derechos del niño, el comentario general no. 10 y las reglas de Beijing,
artículos 18 y 18.1., respondiendo a las particularidades y singularidades del caso,
promoviendo respuestas acordes a la historia de vida y recursos personales y
sociales del adolescente‖63
.
Donde se establece que debe de existir una flexibilidad y evitar al máximo el
internamiento, por lo que se brinda una serie de opciones alternativas, es una
atención estructurada y contextualizada desde la vida misma del niño, niña,
62
Secretaría de Bienestar Social. www.sbs.gob.gt 63 Defensa de Niños y Niñas Internacional –DNI-. ―Justicia Penal Juvenil: Experiencia desde el
enfoque socioeducativo‖. Bolivia, Septiembre 2009, p. 5.
60
adolescente y joven en conflicto con la ley penal, que lleva el fin de la reeducación
y reinserción social.
El advenimiento de la convención y la doctrina de protección integral, plantean un
nuevo enfoque para el abordaje de los casos de adolescentes en conflicto con la
ley penal, estableciendo y reclamando a los estados parte los máximos esfuerzos
para evitar la judicialización de los conflictos y los efectos nocivos de la privación
de libertad en la vida del adolescente.
―En el mismo sentido, el comité de los derechos del niño opina que es obligación
de los estados parte, en relación con los niños de quienes se alegue, acuse o
declare culpables de haber infringido las leyes penales, promover medidas que no
supongan el recurso a procedimientos judiciales, siempre que sea apropiado y
deseable.
En este contexto, hoy se torna imperativo y constituye una obligación para los
sistemas de justicia penal juvenil, adoptar todas las medidas para garantizar los
caminos alternativos a la judicialización del conflicto y el establecimiento de un
derecho penal mínimo, acorde con los lineamientos internacionales‖64
.
El apoyo de profesionales para la intervención del modelo socioeducativo, es
importante ya que a partir de su percepción de una serie de análisis, entrevistas y
de visitas domiciliares, que se le realiza al adolescente se realiza su plan y/o
proyecto educativo. Este proyecto educativo recaba el aspecto emocional
aspectos dende el adolescente debe de trabajar para cambiar aspectos de actitud,
aptitud y formas de afrontar sus problemas personales, así como los sociales que
es la modificación del área socio-familia con el apoyo de trabajo social y el área
pedagógica donde se incluye un plan de desarrollo educativo para que el
adolescente continúe con su preparación académica.
64 Defensa de Niños y Niñas Internacional –DNI-. Op cit. p. 7.
61
4.2.1 Prisionización: los efectos negativos de la Privación de libertad
en los Jóvenes
La cárcel, en sus inicios, dirigía sus acciones fundamentalmente a asegurar la
presencia de los imputados para su juzgamiento y castigo.
―Como institución, la cárcel ha tenido varios momentos filosóficos, en cuanto al
tratamiento que debe brindar y los fines que debe perseguir. Dentro de estos
modelos de atención, en sus inicios se daba un tratamiento igualitario a los
jóvenes, aplicando el modelo penal criminal, el cual aplicaba a los menores las
mismas instituciones que a los adultos, procesándolos de igual manera,
realizando únicamente reducciones en las penas a imponer a los mismos. Es
decir, que se perseguía el mismo fin resocializador. Posteriormente con el
surgimiento de la Situación Irregular se inicia la diferenciación del trato que deben
recibir los jóvenes de los adultos y con la entrada en vigencia de la convención
sobre los derechos del niño, se da un nuevo giro a los fines que debe perseguir la
privación de libertad de los jóvenes, planteando la utilización de la misma como
último recurso, ampliando las respuestas estatales a la transgresión penal, todas
ellas con el fin primordial de culminar los procesos de socialización de los
menores transgresores‖65
.
Actualmente el sistema penal juvenil se encuentra en un sistema y modelo mucho
mas garantista donde se trata de evitar por todos los medios al internamiento, ya
que antes de ésta opción se encuentra un gran gama de sanciones y/o medidas
socioeducativas alternativas al internamiento, esto con el fin de evitar que el
adolescente pase por un proceso de estigmatización, periodos traumatizante y
estresantes dentro del mismo ambiente de internamiento.
Desde el punto de vista de la psicología forense se considera que: ―cuando una
persona es ingresada a una institución carcelaria sufre de una experiencia
traumatizante que altera su estado emocional de manera inevitable, este
fenómeno ha sido estudiado a lo largo del tiempo por muchos investigadores y se
65 Flores Gabriela, ―Procesos de Criminalización Juvenil‖ Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales –ICCPG-. Guatemala 2003, pp. 47-48.
62
le ha denominado de diferentes maneras entre ellas ―carcelazo‖, efecto de
prisionización, prisionalización e incluso se ha descrito como un proceso de duelo
por la pérdida de la libertad‖66
.
4.3 Medidas Alternativas al Internamiento “Programas de Reinserción y
Resocialización”
Se estima importante citar los temas centrales del presente estudio, de
conformidad con las definiciones que establece la ley de protección integral de la
niñez y adolescencia, decreto número 27-2003 del congreso de la república de
Guatemala:
Niñez y Adolescencia (Artículo 2): Se considera niño o niña a toda persona desde
su concepción hasta que cumple trece años de edad, y adolescentes a toda
aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad.
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Artículo 132): Debe entenderse como
adolescentes en conflicto con la ley penal a aquel o aquella cuya conducta viole la
ley penal.
La ley de protección integral de la niñez y adolescencia tiene un catálogo de
sanciones, teniendo como una de las garantías esenciales, que la privación de
libertad es de carácter excepcional, y solo está reservada para los delitos dolosos
en que concurra grave violencia contra la vida, la integridad física, la libertad
individual y sexual de las personas.
Dentro del catálogo de sanciones se encuentran: tipos de sanciones (Artículo
238): verificada la comisión o la participación del adolescente en un hecho que
transgreda la ley penal, el juez correspondiente podrá aplicar los siguientes tipos
de sanciones:
66 www.psicólogos-forenses.blogspot.com/p/carcelazo-o-prisionización.html. Fecha de consulta:
Noviembre 2011.
63
1) Sanciones socioeducativas:
Amonestación y advertencia.
Libertad Asistida.
Prestación de Servicios a la Comunidad.
Reparación de los daños al ofendido.
2) Ordenes de orientación y supervisión.
3) Ordenar el internamiento terapéutico del niño, niña o adolescente o el
tratamiento ambulatorio en un centro especializado de salud, público o
privado, para desintoxicarlos o eliminar su adicción a las drogas antes
mencionadas.
4) Privación del permiso de conducir.
5) Sanciones privativas de libertad:
Privación de libertad domiciliaria.
Privación de libertad durante el tiempo libre.
Privación de libertad en centros especializados durante fines de
semana, comprendido desde el sábado, de las ocho horas, hasta el
domingo a las dieciocho horas.
Privación de libertad en centros especializados de cumplimiento en
régimen abierto, semiabierto o cerrado.
Sección II. Definición de Medidas o Sanciones:
Amonestación y Advertencia (Artículo 241): Es la llamada de
atención que el Juez dirige oralmente al adolescente haciéndole
comprender la gravedad del hecho cometido y la consecuencia que
ha tenido.
Libertad Asistida (Artículo 242): Es una sanción educativa,
socializadora e individualizada, que consiste en otorgar la libertad del
adolescente bajo la asistencia y supervisión de personal
especializado.
64
Prestación de Servicios a la Comunidad (Artículo 243): Consiste en
realizar tareas gratuitas, de interés general en entidades de
asistencia, públicas o privadas.
Obligación de Reparar el daño (Artículo 244): Consiste en una
obligación de hacer del adolescente, responsable y resarcir el daño
causado o restituir la cosa dañada por la conducta delictiva.67
Al ser entrevistado el Licenciado Carlos Estuardo Soto, director del programa de
medidas socioeducativas de la secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de
Guatemala, refiere que la primera Sanción Socioeducativa que se aplicó fue,
libertad vigilada o bien libertad asistida fue creada dentro de la secretaría de
Bienestar Social mediante el acuerdo No. 23-2000 ―A‖ de Guatemala el 14 de
Marzo del 2000; y es una de las medidas alternativas al internamiento, que el juez
de menores puede imponer al adolescente (13-18 años) que ha infringido la ley
penal, es decir, que ha realizado una conducta que viene tipificada como delito en
el código penal o leyes penales especiales.
Los requisitos para ingresar al programa son: a) es indispensable que el menor
cuente con familia y/o tutores o encargados; b) que la falta o el delito por lo que se
encuentre bajo la medida socioeducativa sea grave.
La libertad vigilada es de carácter socio-educativo, que se aplica estando el
adolescente en libertad, dentro de su entorno, bajo la asistencia y supervisión de
personal especializado. El artículo 40.4 de la convención sobre los derechos del
niño establece que: se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado,
las ordenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la LIBERTAD
VIGILADA (LIBERTAD ASISTIDA), la colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación profesional, así como otras, posibilidades
alternativas al internamiento en instituciones, para asegurar que los niños sean
67
―Ley de Protección Integral de l a Niñez y Adolescencia‖. Decreto Número 27-203 del Congreso de la República de Guatemala.
65
tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto
con sus circunstancias como con la infracción
Así mismo refiere que tres son las medidas que se encuentran a cargo de la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, las cuales son: libertad asistida,
prestación de servicios a la comunidad y órdenes de orientación y supervisión.
Así también, refiere que en la actualidad el programa cuenta con: cinco equipo
multidisciplinarios de profesionales en psicología, trabajo social y pedagogía,
personal especializado que tiene a su cargo de realizar los proyectos de vida y
monitoreo de todos los adolescentes que son referidos, de los cuales un equipo
multidisciplinario se encuentra su sede se encuentra en Quetzaltenango que cubre
la zona Occidental de Guatemala (Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango,
Totonicapán y Sololá), y cuatro equipo técnicos de profesionales que atienden el
resto del país.
El 6 de octubre del 2,010 dio inicio el Centro de Capacitación y Formación
Integral, ubicado en la 7ª. Avenida 6-32 Zona 7 Colonia Landívar, el cual está
orientado a la atención de adolescentes en Conflicto con la Ley Penal que
cumplen sanciones socioeducativas y con el cual se busca brinda a los
adolescentes la oportunidad de continuar con sus estudios incompletos y recibir
capacitaciones con orientación laboral que le permita una mejora integral en su
calidad de vida.
Este Centro de Capacitación, único en su área de atención y servicios, dando
inicio en agosto del 2010, es un proyecto con muy buenas prácticas que será
tomado como modelo para ser replicado en la Zona 18, colonia El Limón en donde
se ampliará su campo de acción a la Prevención de la Violencia Juvenil, al mismo
tiempo que la formación académica y la capacitación laboral.68
68
Soto, Carlos. ―Entrevista‖, Director del Programa de Medidas Socioeducativas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, Guatemala Octubre 2011.
66
CAPITULO V
Presentación, análisis y discusión de resultados
5.1 Las medidas alternativas al internamiento como garantía al derecho
humano a la salud mental del adolescente en conflicto con la ley penal
Cuadros de cotejo No. 1
Los centros de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, si
bien es cierto cuentan con médicos de turnos o de cabecera, no cuentan con
todos los insumos necesarios para su atención y en caso de que hubiera una
necesidad de salud especial o de emergencia tienen que referir el caso a un
centro hospitalario, pero lamentablemente Guatemala no cuenta con un eficiente
servicio de salud pública lo que dificulta su atención; y así mismo para su atención
externa fuera del centro de internamiento debe de contar con autorización del juez
competente.
Es obligación del Estado brindar todo lo necesario para la atención de la Salud, la
que se encuentra debidamente protegida por la Constitución Política de la
República en su artículo 93 donde se expresa claramente ―que es un derecho
fundamental del ser humano sin discriminación‖, en este sentido se entiende que
toda persona siendo hombre, mujer, niño, niña y/o adolescente tiene derecho al
mismo‖.
Si bien es cierto no hay algún artículo que expresa claramente la salud mental
como un derecho fundamental, pero al momento que el Estado en su artículo 94
expresa que ―Velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes y
tomará todas las acciones para procurar el más completo bienestar físico, mental
y social‖, queda incluida dentro de este articulo la salud mental que se entiende
para efecto de esta investigación como no solo la ausencia de trastornos
psiquiátricos, sino que también como un desequilibrio emocional y por ende en su
conducta, como consecuencia de un trastorno transitorio como lo es, el stress, la
ansiedad, la depresión, etc.
67
Por lo que el hecho de perder la libertad es un efecto traumatizante para el ser
humano y provoca trastornos adaptativos de la personalidad anteriormente
descritos, al encontrarse en un sistema de institucionalización, donde las
autoridades tienen sus reglas de convivencia general y la población interna cuenta
con sus propias reglas creadas por ellos mismos, que provocan efectos negativos
a una persona, por lo que se considera de suma importancia el uso adecuado en
la aplicación en la ley, de las medidas alternativas al internamiento.
5.2 Importancia de las medidas alternativas
El internamiento para adolescente en conflicto con la ley penal, debe de utilizarse
solo como último recurso, ya que las leyes buscan el proteger a la persona y a la
familia, brindando una educación y atención integral; en busca del modelo
responsabilidad y de la restauración de los daños, en donde tanto la víctima, el
victimario y la sociedad son importantes en busca de la paz y el bien común.
Las medidas alternativas al internamiento son medidas socializadoras que brindan
una estabilidad emocional como familiar al adolescente, factores importes para su
resocialización tanto a su medio social, educativo y familiar sin perder sus raíces y
costumbres.
Con el apoyo de un equipo técnico de profesionales (psicólogo, trabajo social y
pedagogía), se brinda una atención integral, no solo al adolescente sino que se
involucra a la familia; se elabora un proyecto de vida que el joven debe de realizar
estando en libertad, que incluye responsabilizarse en el cumplimiento de sus
obligaciones y deberes, como el estudio, trabajo y con ello ir adquiriendo
conductas socialmente adecuadas y colaborando en la economía familiar.
El adolescente al estar cumpliendo con una medida alternativa al internamiento se
le esta evitando pasar por procesos traumatizante de adaptación a un medio hostil
como es el ambiente en un centro de privación de libertad, donde puede ser
objeto de vejámenes y violaciones de sus derechos, como lo es su integridad
personal, lo cual influye en su salud mental.
68
5.3 Beneficios de la aplicación de medidas alternativas al internamiento
en adolescentes en conflicto con la ley penal
El cuadro de cotejo No. 1, nos permite apreciar que hay una gran gama de
medidas alternativas al internamiento no privativas de la libertad, del cual el juez
competente puede hacer uso, según su criterio y el grado del delito cometido, los
beneficios son:
a) Permite una estabilidad emocional
b) Permite tener una convivencia tanto con su familia como con su
medio social, que es un factor importante para su salud mental y el
sentirse emocionalmente positivo para obtener mejores resultados
de cambio.
c) Permite que la familia sea un aspecto importante en el desarrollo
integral.
d) Permite que el joven asuma su Responsabilidad y que asimile de
una mejor forma lo sucedido y procese cambios en su
comportamiento.
e) Permite un desarrollo integral del niño, niña, adolescente y joven,
como continuar con sus estudios, acceder a medios de salud,
obtener capacitación según sus interés.
f) Permite que la sociedad o su comunidad, asuma papel activo en el
tema de la prevención y reincidencia delictiva.
g) Permite un nuevo proceso como el de Restauración de la Pena.
Cuadro de cotejo No. 2
Los informes presentados por las instituciones que velan por los derechos
humanos en Guatemala, si bien es cierto que reflejan una gran deficiencia y
atraso en el desarrollo humano, por encontrarse la mayoría de la población en
condiciones de vida de pobreza y extrema pobreza y conviviendo con todo lo malo
69
que esa condición de vida brinda, también queda establecido que para cualquier
persona, para tener un desarrollo emocional adecuado es indispensable el
mantener vínculo afectivos con la familia y la comunidad de donde uno es
originario.
La pobreza es el resultado de políticas públicas poco desarrolladas, por lo que si
bien es cierto que podría ser un factor que incide en los adolescentes y jóvenes a
cometer hechos delictivos, el Estado de Guatemala debe de enfocar sus acciones
a la prevención en los tres niveles de atención, a la prevención de la población
que le son violados sus derechos y son objetos de maltrato, a la población que se
encuentra en la calle sin una esperanza de un futuro mejor y a la población que ya
ha cometido un delito y busca adaptarse a las exigencias del medio social.
Los informes muestran una realidad por la que atraviesa los centros de
internamiento de la Secretaría de Bienestar Social para adolescentes en conflicto
con la ley penal, que en condiciones de hacinamiento y de una falta de atención
profesional, y/o de una capacitación adecuada, no se puede tener una
resocialización, que al contrario puede crear condiciones de maltrato y de peligro
tanto para los internos como para el personal que los atiende.
Cuadro de cotejo No. 3
Los centros de internamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, en tu
totalidad tienen una población de 582 internos, siendo la población varonil con
mayor número y es importante resaltar un dato que llama la atención que el
Centro Juvenil de Detención Provisional –CEJUDEP-, como su nombre lo indica
es un centro provisional (transitorio), centro donde se encuentran los adolescentes
en proceso de investigación judicial y donde son ligados a un proceso penal y
actualmente tiene una población de 230 internos lo cual refleja un hacinamiento
en un centro pequeño para no más de 150.
El problema de un hacinamiento en una institución, refleja un problema en cuanto
a la investigación judicial y a la falta de aplicación de medidas alternativas, así
mismo este problema origina inconformidad, peleas y abusos entre los internos.
70
Cuadro de cotejo no. 4
Se observa que el total de población atendida en los programas de medidas
socioeducativa alternativa al internamiento es de 314 casos, con el que el
programa de libertad asistida cuenta con un porcentaje mayor de aplicación de la
medida en relación con las otras como lo son el programa de prestación de
servicios a la comunidad y de órdenes de orientación y supervisión, en éstos se
observa una baja en los años 2009 y 2010 en su aplicación, lo cual refleja que los
abogados defensores no solicitan las medidas para sus patrocinados y/o los
jueces, no aplican las medidas socioeducativas.
71
Conclusiones
En base al problema de la investigación planteado mediante preguntas de
investigación, se concluye lo siguiente:
1. En el presente trabajo de investigación se ha venido profundizando por las
etapas de desarrollo psicosocial por las que atraviesa un ser humano, desde
el momento en que nacemos y nos damos cuenta que una de las primeras
instancias que llegamos a conocer en nuestra vida es la FAMILIA, misma
que nos brinda una estabilidad emocional al momento que compartimos con
ella.
2. La familia y su entorno social, son fuentes de desarrollo y de crecimiento,
que permite tener una estabilidad emocional y por ende una Salud Mental,
estable y máxime en niños, niñas y adolescentes campesinos o indígenas,
que sus raíces se encuentran bien arraigados en su cultura, religión y modo
de vida, lo cual es un factor muy importante para lograr su resocialización.
3. Las medidas alternativas al internamiento garantizan el derecho humano a
la salud mental, porque evita que el adolescente sea institucionalizado, sea
estigmatizado, que el adolescente pase por un proceso de adaptación
traumatizante a un medio hostil y que sufra de tratos crueles y denigrantes.
4. El derecho a la salud mental, aunque no se encuentra claramente
delimitado dentro de la normativa nacional e internacional, es un derecho
implícito de cada persona, que viene como uno de los aspectos que abarca
el tener salud.
5. La Ley de Protección integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003,
presenta una gama de sanciones no privativas a la libertad, siendo, éstas:
72
Artículo 238. Tipos de sanciones. Verificada la comisión o la participación
del adolescente en un hecho que transgreda la ley penal, el juez
correspondiente podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones:
Sanciones socioeducativas:
Amonestación y advertencia.
Libertad asistida.
Prestación de servicios a la comunidad.
Reparación de los daños al ofendido.
Ordenes de orientación y supervisión:
Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él.
Abandonar el trato con determinadas personas.
Eliminar la visita a centros de diversión determinados.
Obligación de matricularse en un centro de educación formal o en
otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio.
Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas,
enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o
hábito.
Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural,
educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación
vial u otros similares.
6. Permite brindar una orientación más humanizadora y resocializadora a los
adolescentes que han infringido la ley penal.
7. Permite la restauración de los daños a las víctimas.
8. Brinda una oportunidad a la comunidad y sociedad local que se involucre en
la resolución de sus conflictos, sin retirar a los adolescentes y jóvenes de su
contexto socio-familiar.
73
9. Las medidas socioeducativas alternativas al internamiento brinda una
estabilidad emocional por ende a su salud mental, no sólo al procesado
sino que también a su propia familia.
10. Brinda mayor oportunidad de obtener una educación apropiada según sus
medios e intereses.
11. Permite involucrar tanto entidades gubernamentales como no
gubernamentales (ONGs) y crear una red de apoyo institucional en el
proceso de resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
12. Permite con un adecuado acompañamiento profesional para que el
adolescente y joven asimile de forma madura, un comportamiento
responsable ante la sociedad y tenga un cambio en su conducta.
13. Permite que los padres continúen ejerciendo la patria potestad sobre el
adolescente y/o joven, y cumpla con su deber como formador y orientador
de sus hijos.
14. Las medidas privativas de libertad en la actualidad no llenan los requisitos
para que una persona cambie y se responsabilice de sus hechos, ya que
puede llegar a aprender nuevas formas de criminalización.
74
Recomendaciones
1. Que la Escuela de Estudios Judiciales del Organismos Judicial de
Guatemala, refuerce los conocimientos en materia de niñez, adolescencia y
juventud en Conflicto con la Ley Penal, a los jueces de paz para una
aplicabilidad de las sanciones socioeducativas alternativas al internamiento.
2. Que el Instituto de la Defensa Pública Penal refuerce los conocimientos en
materia de niñez, adolescencia y juventud en Conflicto con la Ley Penal, a
sus abogados para que soliciten la aplicabilidad de las sanciones
socioeducativas alternativas al internamiento, a sus patrocinados.
3. Que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República,
fortalezca el Programa de Medidas Socioeducativas, para que brinde una
atención profesional a la población referida.
4. Que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República,
continúe con el proceso de regionalización del Programa de Medidas
Socioeducativas en el resto del país.
5. Que el Estado de Guatemala, fortalezca los tres niveles de atención en la
prevención (primaria, secundaria y terciaria), mediante apoyo económico e
implementando políticas públicas con el objetivo de evitar que niños y
niñas, lleguen a cometer un acto delictivo en un futuro no muy lejano.
75
REFERENCIAS
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justicia penal juvenil y a la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. Guatemala octubre 2008.
LEGALES
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27-203 del Congreso de la República de Guatemala.
2. Código de Trabajo
3. Constitución Política de la República de Guatemala.
4. Convención sobre los Derechos del Niño
5. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –RIAD-.
6. Ley Número 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de Costa Rica,
promulgado el 6 de enero de 1998, publicada en la Gaceta No 26, de 6 de febrero de 1998, disponible en: www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaniñez.pdf-
7. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
8. Reglas de la ONU para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
9. Reglas Mínimas de las naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores –BEIJING-
10. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de
Libertad (Reglas de TOKIO).
79
ELECTRÓNICAS
1. Ministerio de Educación. Informe de Avance de Política Educativa,
disponible en: www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/políticasEducativas2008-2010/documents/Avance%20Educativo%202008-2010.pdf.
2. OPS. ―Articulo. Guatemala trabaja a favor de los y las adolescentes‖.
http://new.paho.org/gut/index.php?option=com_content&task=view&id=82id=Itemid=259 (Fecha de consulta: Octubre 2011).
3. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ―Informe para el
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4. Secretaría de Bienestar Social. www.sbs.gob.gt.
5. www.psicólogos-forenses.blogspot.com/p/carcelazo-o-prisionización.html. Fecha de consulta: Noviembre 2011.
OTRAS
1. Soto, Carlos. ―Entrevista‖, Director del Programa de Medidas Socioeducativas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, Guatemala Octubre 2011.
80
ANEXOS
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Maestría en Derechos Humanos
CUADRO DE COTEJO No. 1
Normativa nacional e instrumentos internacionales que contemplan las medidas alternativas al internamiento de Menores en Conflicto con la Ley.
Indicadores ↓
Constitución
Política de la
República
Ley de Protección
Integral de la
Niñez y
Adolescencia
Convención sobre los
Derechos del Niño
Protocolo Adicional a la
Convención Americana
sobre Derechos
Humanos en materia de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Reconocimiento de
Derechos
específicos para la
niñez y
adolescencia
Art. 3 Derecho a la
Vida. El Estado
garantiza y protege
la vida humana
desde su
concepción, así
como la integridad
y la seguridad de la
persona.
Art. 9. Derecho a
la Vida. Los
niños, niñas y
adolescentes
tienen derecho
fundamental a la
vida.
Art. 11 Integridad
Todo niño, niña y
adolescente tiene
derecho a ser
protegido contra
toda forma de
descuido,
abandono o
violencia, así
también a no ser
sometido a
torturas, tratos
crueles,
inhumanos o
degradantes.
Art. 3.1 En todas las
medidas concernientes
a los niños que tomen
las instituciones
públicas o privadas de
bienestar social, los
tribunales, las
autoridades
administrativas o los
órganos legislativos,
una consideración
primordial a que se
atenderá será el interés
superior del niño.
Art. 6.1 Los Estados
partes reconocen que
todo niño tiene derecho
intrínseco a la vida.
Art. 12.2 Derecho a la
alimentación. Con el
objetivo de hacer
efectivo este derecho y
a erradicar la
desnutrición, los
Estados Partes se
comprometen a
perfeccionar los
métodos de
producción,
aprovisionamiento y
distribución de
alimentos, a promover
una mayor cooperación
internacional en apoyo
de las políticas
nacionales sobre la
materia.
Art. 13.1 Derecho a la
Educación. Toda
persona tiene derecho a
Unidades de Análisis
81
Art. 13 goce y
ejercicio de
derechos. El
Estado debe de
garantizar la
protección jurídica
de la familia. Los
niños, niñas y
adolescentes,
deben gozar y
ejercitar sus
derechos en la
medida de su
desarrollo físico,
mental, moral y
espiritual dentro
del marco de las
instituciones del
derecho de la
familia
reconocidas en la
legislación.
Art. 14 Identidad.
Los niños, niñas y
adolescentes
tienen derecho a
tener una
identidad,
nacionalidad y
nombre.
la educación.
Art. 15.3.c Derecho a la
constitución y
protección de la familia.
Adoptar medidas
especiales de
protección de los
adolescentes a fin de
garantizar la plena
maduración de sus
capacidades físicas,
intelectual y moral.
Art. 16 Derecho de la
niñez. Todo niño sea
cual fuere su filiación
tiene derecho a las
medidas de protección
que su condición de
menor requieren por
parte de su familia, de
la sociedad y del
Estado.
Protección del
Derecho a la Salud
Art. 93 Derecho a la
Salud. El goce a la
Salud es derecho
fundamental del
ser humano sin
discriminación.
Art. 25 Nivel de
vida adecuado.
Los niños, niñas y
adolescentes
tienen derecho, a
un nivel de vida
adecuado y a la
salud, mediante la
realización de
Art. 24.1 Los Estados
partes reconocen el
derecho del niño al
disfrute del más alto
nivel posible de salud y
a servicios para el
tratamiento de las
enfermedades y la
rehabilitación de la
Art. 10.2. Con el fin de
hacer efectivo el
derecho a la salud los
Estados partes se
comprometen a
reconocer la salud
como un bien público y
particularmente a
adoptar las siguientes
82
políticas sociales
públicas que les
permitan un
nacimiento y un
desarrollo sano y
armonioso, en
condiciones
dignas de
existencia.
Art. 26
Condiciones para
la lactancia
materna. El
Estado, las
instituciones y los
empleadores
deberán
proporcionar
condiciones
adecuadas para la
lactancia materna,
incluso para los
hijos e hijas de
madres sometidas
a medidas
privativas de la
libertad.
Art. 28. sistema de
Salud Queda
asegurada la
atención medica al
niño, niña y
adolescente a
través del sistema
de salud pública
del país.
Art. 30 Programas
de asistencia
médica y
odontológica. El
salud. medidas para garantizar
este derecho:
a. atención primaria
de la salud:
asistencia sanitaria
esencial.
b. B extensión de los
servicios de salud
c. Inmunización
contra principales
enfermedades.
d. Prevención y
tratamiento de
enfermedades
e. Educación sobre
prevención y
tratamiento
f. Satisfacción de
necesidades de
salud a grupos de
mas alto riesgo.
83
Estado el
desarrollo de
programas de
asistencia médica
y odontológica.
Art.33 Salud
Primaria. el
Estado deberá
establecer
programas
dedicados a la
atención integral
del niño y niña
hasta los 06 años
Protección del
Derecho a la Salud
Mental
Art.94 Obligación
del Estado, sobre
salud y asistencia
social. El Estado
velará por la Salud
y la asistencia
social de todos los
habitantes.
Desarrollará
a través de sus
instituciones,
acciones de
prevención,
promoción,
recuperación,
rehabilitación,
coordinación y las
complementarias
pertinentes a fin de
procurarles el más
completo bienestar
físico, mental y
social.
Art. 35. Atención
a la Salud. Crear
programas
especializados
para la Atención
de niños, niñas y
adolescentes que
presenten
problemas
patológicos y
discapacidades
físicas,
sensoriales y
mentales.
Art. 19.1 Los Estados
Partes adoptarán todas
las medidas
legislativas,
administrativas,
sociales y educativas
apropiadas para
proteger al niño contra
toda forma de perjuicio
o abuso físico o mental,
descuido o trato
negligente; malos
tratos o explotación,
incluido el abuso
sexual, mientras el niño
se encuentre bajo la
custodia de los padres,
de un representante
legal o de cualquier
otra persona que lo
tenga a su cargo.
Art. 27.1 Los Estados
partes reconocen el
Art. 10.1 Derecho a la
Salud. Toda persona
tiene derecho a la
salud, entendida como
el disfrute del más alto
nivel de bienestar
físico, mental y social.
84
derecho de todo niño a
un nivel de vida
adecuado para su
desarrollo físico,
mental, espiritual,
moral y social.
Medidas
Alternativas al
Internamiento
Art. 1. Protección a
la Persona. Es
Estado de
Guatemala se
organiza para
proteger a la
persona y a la
familia; su fin
supremo es la
realización del bien
común.
Art. 20. Menores de
edad. Los
menores de edad
que transgredan la
Ley son
inimputables. Su
tratamiento debe
estar orientado
hacia una
educación integral
propia para la
niñez y la juventud.
Los menores, cuya
conducta viole la
ley penal, serán
atendidos por
instituciones y
personal
especializado. Por
ningún motivo
Art. 103.B
Atribuciones de
los Juzgados de
Paz. En materia de
adolescentes en
conflicto con la ley
penal: i)
Socioeducativas:
1. Amonestación y
advertencia.
2. Prestación de
servicios a la
comunidad, por un
período
máximo de dos (2)
meses; y,
3. Reparación de
los daños.
ii) Ordenes de
orientación y
supervisión, a
excepción de las
contempladas en
las literales a) y g)
de las órdenes de
orientación
y supervisión
reguladas en el
artículo 253 de
esta Ley.
Art. 196. Libertad
provisional.
Art.37.b Ningún niño
sea privado de su
libertad ilegal o
arbitrariamente. La
detención, el
encarcelamiento o la
prisión de un niño se
llevará a cabo de
conformidad con la ley
y se utilizará tan sólo
como medida de último
recurso y durante el
período más breve que
proceda.
Art. 40.4 Se dispondrá
de diversas medidas,
tales como el cuidado,
las órdenes de
orientación y
supervisión, el
asesoramiento, la
LIBERTAD VIGILADA, la
colocación en hogares
de guarda, los
programas de
enseñanza y formación
profesional, así como
otras posibilidades
alternativas a la
internación en
instituciones, para
asegurar que los niños
85
pueden ser
recluidos en
centros penales o
de detención para
adultos. Una ley
específica regulará
esta materia.
Cuando el
adolescente fuere
puesto en
libertad después
de su declaración,
deberá
presentarse ante
el juez que
conozca el
caso y/o Ministerio
Público, cuantas
veces sea
solicitado por
ellos. Los padres,
tutores
o responsables
asumirán dicha
obligación cuando
estuviere bajo su
cuidado, en caso
de
incumplimiento, el
juez podrá ordenar
la conducción del
adolescente si su
presencia
fuere
estrictamente
necesaria. En los
casos en que el
adolescente se
oculte o se le
halle en situación
de rebeldía, el
juez, aún sin
declaración
previa, podrá
ordenar su
conducción.
sean tratados de
manera apropiada para
su bienestar y que
guarde proporción
tanto con sus
circunstancias como
con la infracción.
86
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Maestría en Derechos Humanos
CUADRO DE COTEJO No. 1.1
Normativa nacional e instrumentos internacionales que contemplan las medidas alternativas al internamiento de Menores en Conflicto con la Ley.
Indicadores ↓ Directrices de la ONU para la prevención
de la delincuencia juvenil (Directrices de
RIAD)
Reglas Mínimas de la ONU para la
Administración de la Justicia de Menores
(Reglas de Beijing)
Reconocimiento
de Derechos
específicos para
la niñez y
adolescencia
Art. 5.d La protección del bienestar, el
desarrollo, los derechos y los intereses
de todos los jóvenes.
Art. 6 Deben crearse servicios y
programas con base en la comunidad
para la prevención de la delincuencia
juvenil, sobre todo si no se han
establecido todavía organismos oficiales.
Sólo en última instancia ha de recurrirse
a organismos oficiales de control social.
Art. 7.1 Derechos de los menores. En todas
las etapas del proceso se respetarán
garantías procesales básicas tales como la
presunción de inocencia, el derecho a ser
notificado de las acusaciones, el derecho a
no responder, el derecho al asesoramiento,
el derecho a la presencia de los padres o
tutores, el derecho a la confrontación con
los testigos y a interrogar a éstos y el
derecho de apelación ante una autoridad
superior.
Protección del
Derecho a la
Salud
------------------------------------ --------------------------------------
Protección del
Derecho a la
Salud Mental
Art. 2 Para poder prevenir eficazmente la
delincuencia juvenil es necesario que
toda la sociedad procure un desarrollo
armonioso de los adolescentes, y respete
y cultive su personalidad a partir de la
primera infancia.
Art. 12 Dado que la familia es la unidad
central encargada de la integración social
primaria del niño, los gobiernos y la
sociedad deben tratar de preservar la
integridad de la familia, incluida a la
familia a cuidad y proteger al niño y
asegurar su bienestar físico y mental.
Deberán prestar servicios apropiados,
Art. 26.2 Los menores confinados en
establecimientos penitenciarios recibirán los
cuidados la protección y toda la asistencia
necesaria social, educacional, profesional,
psicológica, médica y física que puedan
requerir debido a su edad, sexo y
personalidad y en interés de su desarrollo
sano.
Unidades de Análisis
87
inclusive de guardianías.
Medidas
Alternativas al
Internamiento
Principios Fundamentales Art. 10, Deberá
prestarse especial atención a las políticas
de prevención que favorezcan la
socialización e integración eficaces de
todos los niños y jóvenes, en particular
por conducto de la familia, la comunidad,
etc.
Art. 46. Sólo deberá recluirse a los
jóvenes en instituciones como último
recurso y por el período mínimo
necesario, y deberá darse máxima
importancia a los propios intereses del
joven.
Tercera Parte De la Sentencia y la
Resolución artículo 18.1. Para mayor
flexibilidad y para evitar en la medida de lo
posible el confinamiento en
establecimientos penitenciarios, la autoridad
competente podrá adoptar una amplia
diversidad de decisiones. Entre tales
decisiones, algunas de las cuales pueden
aplicarse simultáneamente, figuran las
siguientes:
a) Ordenes en materia de atención,
orientación y supervisión;
b) LIBERTAD VIGILADA;
c)Ordenes de prestación de servicios a la
comunidad;
d)Ordenes de tratamiento intermedio y otras
formas de tratamiento;
e)Ordenes de participar en sesiones de
asesoramiento colectivo y en actividades
análogas;
f) Ordenes relativas a hogares de guarda,
comunidades de vida u otros
establecimientos educativos;
g)Sanciones económicas, indemnizaciones y
devoluciones;
h) Otras órdenes pertinentes.
Art. 19.1 El confinamiento de menores en
establecimientos penitenciarios se utilizará
en todo momento como último recurso y por
el más breve plazo posible.
Art. 28.1 La autoridad pertinente recurrirá en
la mayor medida posible a la libertad
condicional y la concederá tan pronto como
sea posible.
Art. 28.2 Los menores en libertad
condicional recibirán asistencia del
correspondiente funcionario a cuya
supervisión estarán sujetos, y el pleno apoyo
de la comunidad.
88
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Maestría en Derechos Humanos
CUADRO DE COTEJO No. 1.2
Normativa nacional e instrumentos internacionales que contemplan las medidas alternativas al internamiento de Menores en Conflicto con la Ley.
Indicadores ↓ Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre
las medidas no privativas de la libertad
(Reglas de Tokio)
Reglas de la ONU para la Protección de los
Menores Privados de Libertad
Reconocimiento de
Derechos
específicos para la
niñez y
adolescencia
Al aplicar las Reglas, los Estados Miembros se
esforzarán por alcanzar un equilibrio adecuado
entre los derechos de los delincuentes, los
derechos de las víctimas y el interés de la
sociedad en la seguridad pública y la
prevención del delito.
Art. 4. Las Reglas deberán aplicarse
imparcialmente a todos los menores, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad,
opinión política o de otra índole, prácticas o
creencias culturales, patrimonio, nacimiento,
situación de familia, origen étnico o social o
incapacidad. Se deberán respetar las creencias
religiosas y culturales, así como las prácticas y
preceptos morales de los menores.
Protección del
Derecho a la Salud
------------------------------------
Art. 49 Todo menor deberá recibir atención
médica adecuada, tanto preventiva como
correctiva incluida atención odontológica,
oftalmológica y de salud mental.
Protección del
Derecho a la Salud
Mental
------------------------------
Art. 1 El sistema de justicia de menores deberá
respetar los derechos y la seguridad de los
menores y fomentar su bienestar físico y mental.
El encarcelamiento deberá usarse como último
recurso.
Art. 31 Los menores privados de libertad tendrán
derecho a contar con locales y servicios que
satisfagan todas las exigencias de la higiene y de
la dignidad humana.
Medidas
Alternativas al
Internamiento
Art. 2.3 Al fin de asegurar una mayor
flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad
del delito, la personalidad y los antecedentes
del delincuente y la protección de la sociedad, y
Art. 79 Todos los miembros deberán beneficiarse
de medidas concebidas para ayudarles a
reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la
educación o el trabajo después de ser puesto en
Unidades de Análisis
89
evitar la aplicación innecesaria de la pena de
prisión, el sistema de justicia penal establecerá
una amplia serie de medida No privativas de la
libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la
fase posterior a la sentencia. El número y el
tipo de las medidas no privativas de la libertad
disponibles debe estar determinados de manera
tal que sea posible fijar de manera coherente las
penas.
Art. 2.7 La utilización de medidas no privativas
de la libertad será parte de un movimiento en
pro de la despenalización y destipificación de
delitos, y no estarán encaminadas a
obstaculizar ni a diferir las iniciativas en ese
sentido.
Art. 8.2 Las autoridades competentes podrán
tomar las medidas siguientes:
a) Sanciones verbales, como la amonestación,
la represión y la advertencia: libertad
condicional, penas privativas de derechos o
inhabilitaciones, sanciones económicas, arresto
domiciliario, cualquier otro régimen que no
entrañe reclusión.
libertad.
A tal fin se deberán establecer procedimientos,
inclusive la LIBERTAD ANTICIPADA, y cursos
especiales.
Art. 80 Las autoridades competentes deberán
crear o recurrir a servicios que ayuden a los
menores a reintegrarse en la sociedad y
contribuyan a atenuar los prejuicios que existen
contra esos menores.
90
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Maestría en Derechos Humanos
CUADRO DE COTEJO No. 2
Informes de la Situación actual de la niñez y adolescencia en conflicto con la
ley penal en Guatemala
Indicadores ↓
Informe año 2010
Naciones Unidas.
Derechos Humanos.
Oficina del Alto
Comisionado para
Guatemala
Informe año 2009-
2010
Oficina de Derechos
Humanos del
Arzobispado de
Guatemala
-ODHAG-
Informe año 2010
Procuraduría de
Derechos Humanos
-PDH-
Informe año 2010
Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
-UNICEF-
Situación de la
niñez y
adolescencia en
Guatemala
La implementación de
la gratuidad en la
educación
preprimaria, primaria y
media, adoptada en
noviembre de 2008,
constituye un avance
fundamental para
romper el círculo de
exclusión y pobreza,.
Para mantener este
logro, el Ministerio de
Educación debe
atender
adecuadamente los
desafíos que
representó el aumento
de necesidades que la
medida comporta. En
particular, se deben
superar las
dificultades existentes
en relación a la
ineficacia de los
mecanismos
administrativos para la
En Guatemala la
violencia se potencia
debido a los niveles de
impunidad que son
mayores al 96% del
total de las denuncias
presentadas ante el
Ministerio Público.
Esta impunidad
también se expresa en
los casos vinculados a
la niñez y
adolescencia.
La pobreza, el
hacinamiento, la falta
de escolaridad y la
violencia sexual son
factores que se
asocian con la
persistencia de la
maternidad precoz en
Guatemala. Para el
2010 ocupo el último
lugar en Desarrollo
Humano que coincide
con el aumento de la
la situación de los
derechos de niños, niñas
y adolescentes del país,
como uno de los
sectores de población
especialmente
vulnerados en sus
derechos, en referencia
especial al derecho a la
vida y la integridad;
situación que en 2010
siguió manifestándose
de manera grave. Al
concluir diciembre de
2010, fueron 465 las
víctimas menores de 18
años que fallecieron en
forma violenta, en tanto
que 977 resultaron con
lesiones.
Informe Anual
Circunstanciado 2010
de estos hechos fueron
cometidos con armas de
fuego. Adicionalmente, el
maltrato infantil,
La principal causa de morbilidad
entre las adolescentes mujeres
de 13 a 17 años es el resfrío
común (15.3%), mientras que
como segunda enfermedad más
común están las infecciones
intestinales (13.4%) y parásitos
(12.5%). Las muertes por heridas
por armas de fuego es la tercera
causa de muerte en las
adolescentes (12%), siendo para
los hombres su primera causa de
muerte (39%). Las adolescentes
de 15-19 años son las que tiene
un mayor número de
nacimientos, ya que reportaron
para el 2006 el 17.72% de los
nacimientos totales del país.
Un promedio de 48 adolescentes
murieron de forma violenta al
mes durante 2010 y hasta el 23 de
enero del 2011 fueron registradas
más de 35 muertes violentas en
adolescentes.
Unidades de Análisis
91
asignación de los
fondos, así como la
contratación y
asignación de
maestros en cantidad
adecuada. Por otra
parte, aún falta
garantizar el derecho a
una educación de
calidad, problema que
se agudiza en las
escuelas rurales e
indígenas,
especialmente en la
educación bilingüe e
intercultural. Salud
El porcentaje del
presupuesto asignado
a la salud se mantuvo
por décimo año
consecutivo en un
promedio del 1.2% del
PIB, uno de los más
bajos de la región.
pobreza extrema en el
país por efectos de las
crisis del alza de
precios de alimentos y
económica mundial.
emocional, físico, por
negligencia o por
violencia sexual, no ha
disminuido en nuestra
sociedad. Más del 80%
de casos atendidos en la
PDH ocurre en familias
desintegradas,
provenientes de estratos
socioeconómicos
desfavorecidos, quienes
no pueden llenar sus
satisfactores mínimos
para una vida digna.
Situación de la
niñez y
adolescencia
con relación a
Conflicto con la
Ley Penal
Los niños y
adolescentes privados
de libertad, bajo
autoridad de la
Secretaría de
Bienestar Social, viven
en condiciones de
hacinamiento agudo.
Algunos de ellos
pasan la mayor parte
del día encerrados,
con muy limitado
acceso a actividades
recreativas, escolares
o de formación y sin
clara separación por
edades, tipo de delito,
ni situación jurídica.
La oficina en
Guatemala recibió
En el 2010 el Centro
Nacional de Análisis y
Documentación
Estadística Judicial –
CENADOJ- indicó que
696 adolescentes
fueron ligados a
procesos en conflicto
con la Ley Penal,
generando un aumento
del 41% en
comparación con el
2009 (413). Hechos
como el robo,
asesinato, extorsión,
violación y portación
ilegal de armas son
causas que durante el
2010 han incrementado
doblemente su
Un monitor del Centro
Juvenil de Privación de
Libertad para Menores (
De la Secretaría de
Bienestar Social), Etapa
2, ubicado en San José
Pinula, de 32 años,
fue asesinado el 4 de
junio en ese municipio.
Colegas suyos
informaron que el
fallecido tenía seis años
de laborar en ese
correccional donde están
recluidos pandilleros.
Los centros de privación
de libertad para
adolescentes recluyen a
469: en Etapa II hay 146
adolescentes miembros
Un informe de 2007 que analizaba
la situación en El Salvador,
Guatemala, Jamaica, y Trinidad y
Tabago descubrió que los
adolescentes de 15 a 18 años –
especialmente varones– son
quienes corren los mayores
peligros provocados por la
violencia armada y confirmó que
los niños y niñas son con mayor
frecuencia las víctimas de la
violencia armada en lugar de
los agresores18. En las cárceles
y las instituciones de todo el
mundo, a los adolescentes se les
niega a menudo el derecho a la
atención médica, la educación y
la posibilidad de desarrollo
individual. La detención expone
también a los niños y niñas a
92
información sobre
casos de violencia
física entre jóvenes
detenidos, así como
sobre la aplicación de
un régimen de tipo
militar, que da
prioridad a las
medidas
disciplinarias, incluido
el castigo corporal y el
uso de gas pimienta,
en violación de la
prohibición de la
tortura y otras formas
de malos tratos. Este
enfoque sobre la
detención perpetúa los
ciclos de violencia, no
contribuye a la
reinserción, acentúa la
marginalización,
afecta al crecimiento y
desarrollo de los
niños, fortalece las
redes criminales y
aumenta las
probabilidades de
reincidencia.
recurrencia.
El 78% de los
adolescentes varones
mueren violentamente
por arma de fuego,
esto demuestra la falta
de protección social,
gubernamental.
de la
Mara 18 y en Anexo, 64
jóvenes de la Mara
Salvatrucha; en el sector
femenino Los Gorriones,
42 jovencitas, y en Las
Gaviotas, 217.44
Se observa con
preocupación que los
hechos ilegales de
asesinato, extorsión y
otros, cobren mayor
relevancia entre
jóvenes e incluso niños.
Existe en la sociedad
guatemalteca una seria
preocupación por la gran
participación de los
jóvenes en hechos
delictivos, pues se
evidencia la falta de
educación, valores y
oportunidades; en 2009
fueron capturados
1 mil 813 menores de
edad, mientras que hasta
abril de 2010 se reportan
517 capturas, por
sindicación de delitos
graves
como homicidio, tráfico
de drogas, extorsión,
portación ilegal de arma
de fuego, robo, entre
otros.
graves formas de violencia, como
la tortura, la brutalidad, el abuso
sexual y la violación, así como a
unas condiciones de vida
deficientes.
93
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Maestría en Derechos Humanos
CUADRO DE COTEJO No. 3
Estadística de Población Atendida por el Programa de Medidas
Socioeducativas de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
Indicadores ↓
Estadísticas
2007
Estadísticas
2008
Estadísticas
2009
Estadísticas
2010
Libertad
Asistida
83
106
222
276
Prestación de
Servicios a la
Comunidad
87
107
81
30
Ordenes de
Orientación y
Supervisión
00
06
12
08
Fuente: Datos obtenidos en las Oficinas del Programa de Medidas Socioeducativas de la Secretaría de Bienestar Social,
Octubre 2011.
Unidades de Análisis
94
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Maestría en Derechos Humanos
CUADRO ESTADISTICO
Estadística de Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad en el Programa de Privación de Libertad para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
Fuente: Datos obtenidos en las Oficinas de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Jóvenes. Octubre 2011.
Centro de Privación
Internos en el Programa de
Privación de Libertad
Año 2011
Centro Juvenil de Privación
Provisional –CEJUDEP-
230
Centro Juvenil de Privación de
Libertad –CEJUPLIV I- (Etapa II)
182
Centro Juvenil de Privación de
Libertad –CEJUPLIV II- (Anexo)
130
Centro Juvenil de Privación de
Libertad de Mujeres
–CEJUPLIM- (Gorriones)
40
Total de Población Interna
582
