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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICOFACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHOBIRUACA ESTADO APURE
LOS DERECHOS QUE SE LE VIOLENTAN A LA VÍCTIMA DENTRO
DEL PROCESO PENAL, EN EL DECRETO DEL SOBRESEIMIENTO DE
LA CAUSA
Proyecto del Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Abogado
Autora: Marian Rico Osto
C.I 19.471484
Biruaca, Mayo 2011
CAPITULO IIANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se situará el problema en estudio dentro de un área de
conocimientos específicos; en tal sentido, se indican los antecedentes referidos al
problema de investigación.
Ortiz (2002) en su trabajo de grado para optar al título de Abogado en la
Universidad Bicentenaria de Aragua, titulada: El sobreseimiento en la etapa de
preparación de juicio, conforme al artículo 322 del Código Orgánico Procesal
Penal, recomendó que independientemente de mediar cualquiera que sea la causal
de extinción de la acción penal o resulte acreditada la cosa juzgada, debe
celebrarse una audiencia oral, para decretarse el sobreseimiento conforme al
artículo 322 del Código Orgánico Procesal Penal, más aún en este grado del
proceso tan decisivo, como lo es la etapa de juicio, especialmente se recomienda
a los órganos jurisdiccionales para la debida y correcta aplicación de esta norma
penal a los fines de no causar perjuicio principalmente a las víctimas a través del
decreto del sobreseimiento en la etapa de juicio, dándole la oportunidad de ser
oída en la audiencia oral por el juez para opinar bien por el decreto del
sobreseimiento, o bien por cualquier otra decisión que ponga fin al proceso,
independientemente de la causa en que se fundamente.
Este trabajo guarda una estrecha relación con el tema objeto de estudio y
aportará datos importantísimos para desarrollar los capítulos del trabajo de grado.
Por su parte, Pérez, M. (2003), realizó un trabajo de grado para optar al
titulo de abogado titulado: El Sobreseimiento como Factor Determinante en el
Proceso Penal Venezolano, en la que concluyó que el sobreseimiento se
caracteriza por ser un pronunciamiento emanado de un Juez o tribunal de Proceso,
dictado en forma personal, en forma de auto o mediante sentencia fundada y
motivada; tiene fuerza de decisión definitiva que extingue la acción penal contra
el imputado objeto del sobreseimiento y produce cosa juzgada cuando la decisión
queda firme
Este trabajo de grado servirá de base para los antecedentes de la
investigación, pues la autora hace una descripción de la historia del
sobreseimiento, comenzando por las diferentes constituciones venezolanas y las
leyes penales, así como la parte conceptual, lo cual servirá para aportar datos al
capítulo I.
Guevara (2006), realizó una Investigación para optar al título de Abogado
en la Universidad Bicentenaria de Aragua, titulada: El Sobreseimiento como
Causa de Extinción de la Acción Penal, concluyó que la institución del
sobreseimiento en la normativa legal en materia penal constituye una garantía
efectiva para quien resulte ser procesado o enjuiciado, de la culminación de la
causa, mediante la aplicación de una figura alternativa a la sentencia definitiva,
antes del pronunciamiento de ésta, en ejercicio y práctica de una verdadera justicia
procesal.
De este trabajo se tomará en cuenta el punto de partida que se utilizará
para reunir las disposiciones legales en materia de sobreseimiento y señala las
causas por las cuales el Juez puede decretar el sobreseimiento; datos estos que
servirán para desarrollar el capítulo III
Madrid, P. (2006) en su trabajo de grado el cual tituló: “El Sobreseimiento
previsto en el sistema de responsabilidad penal del adolescente y las causas por
las cuales puede ser decretado” señaló que el sobreseimiento ha sido concebido
como uno de los mecanismos para garantizar el ejercicio de uno de los derechos
procesales fundamentales como lo es el Debido Proceso, reconocidos a quien sea
objeto del proceso penal, sea Adulto o adolescente. La figura del sobreseimiento
ha sido introducida en el marco del Sistema penal diseñado para establecer la
responsabilidad de un adolescente y la comisión de un hecho punible, como
resultado de interpretar que el adolescente es sujeto de derecho y que su
procesamiento penal implica la observancia de las garantías y derechos que
conforman el debido proceso. Para lo cual recomendó que se realicen campañas
divulgativas a través de charlas, foros, publicaciones en los medios de
comunicación escritos, así como también mini micros televisivos y programas
radiales, donde se le explique a todos los integrantes de la comunidad, en qué
consiste el recurso del sobreseimiento, quien lo solicita y ante quien; de igual
forma que beneficios le proporciona a un imputado el sobreseimiento.
Mirabal, D. (2008). Realizó un trabajo de grado para optar al título de
abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, titulado: Acciones que se
desencadenan ante la decisión del juez en dictar el sobreseimiento de la causa, en
la que concluyó que en todo proceso judicial, pero muy especialmente en el penal
las partes, tanto reos como las víctimas tienen sus derechos, los cuales pueden
verse violentados o cercenados ante la decisión del Fiscal de Ministerio Público o
del Juez. Lo que se ha querido siempre es que por lo menos desde la parte teórica,
que se le proteja a la víctima del delito, para garantizarle la vigencia de sus
derechos, garantías e intereses, particularmente cuando estos están encaminados a
lograr la protección y reparación del daño causado por el delito, todo ello, con la
intención de salvaguardarle los derechos a la víctima.
De las dos últimas investigaciones se observa la relación existente con el
presente estudio, en virtud de que tratan el mismo tema pero desde otra
perspectiva; las investigaciones contienen un alto material que permitirá ser
esgrimidos en el desarrollo de los capítulos.
ASPECTOS FILOSOFICOS DEL SOBRESEIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA PENAL VENEZOLANO.
La instauración de la figura del sobreseimiento conduce a la finalización o
culminación de la causa, teniendo este como fin ulterior ofrecer la seguridad
jurídica a la persona que haya sido sometida al proceso penal. El sobreseimiento,
que proviene del Latín: super-cedere (desistir de la pretensión que se tenía),
constituye una de las formas de concluir con la investigación y el único acto
conclusivo que de forma extraordinaria concluye el proceso. Y es así, en tanto que
en un Proceso Penal acusatorio, no podemos esperar la conclusión de un Juicio
Oral y Público, que se realizará más como ritual procedimental, como herramienta
de prosecución de justicia, para absolver a un imputado, que mediante las
diligencias pertinentes y necesarias ha quedado excluido de toda probabilidad de
culpa.
En este mismo orden y dirección, en la historia del Proceso Penal se
aportaron soluciones diversas para responder a los problemas de insuficiencia
objetiva o subjetiva de prueba. En el Derecho Romano, con la llegada de la
República, las funciones jurisdiccionales que hasta ese momento correspondía al
Monarca se atribuyeron a un Magistrado, quien según opina Villamaría, M.
“podía sobreseer y abandonar la causa en todo momento y en todo momento
también podía renovarla…., en esta época la sentencia sólo podía contener un
pronunciamiento en sentido absolutorio o condenatorio”.
Definición de Sobreseimiento
El sobreseimiento, que proviene del Latín: super-cedere (desistir de la
pretensión que se tenía) o, más concretamente, “sobreseer” procede
etimológicamente del latino supersedere, que alude al hecho de “estar sentado
sobre”, “quedar fijo algo” o “quedar decidida una cosa”. De la misma manera el
Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres expresa sobre el
“sobreseimiento” el “desistimiento de pretensión. El abandono del propósito o
desempeño. Cesación en el cumplimiento de una obligación”. En este sentido, la
Real Academia de la Lengua Española, en el Diccionario de la Lengua Española
entiende por “sobreseer” aquella acción de “cesar en una instrucción sumarial y,
por extensión, dejar sin curso ulterior un procedimiento”.
Y concretamente sobre el término “Sobreseimiento”, indica además:
“Acción y efecto de sobreseer./Der. El que por ser evidente la inexistencia del
delito o la irresponsabilidad del inculpado, pone término al proceso con efectos
análogos a los de la sentencia absolutoria.”.
El Sobreseimiento puede definirse, de acuerdo a las expresiones y
consideraciones expuestas, como la decisión judicial que detiene la marcha del
proceso penal y le pone fin anticipadamente, en forma definitiva o provisional;
irrevocable o condicionada; total o parcialmente; por insuficiencia o falta de
pruebas contra un acusado o por no aparecer cometido el delito supuesto;
determina la liberación del posible detenido así como el levantamiento de todas
las restricciones existentes contra los encausados y procede una vez dictado auto
de detención o de sometimiento a juicio, en cualquier fase del proceso y con
sujeción a las causales que establece la ley.
En titulo de homenaje a quien en vida fue un sobresaliente
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un Profesor impecable, y en fin, un
amante del Derecho Procesal Penal, iniciare explanando el concepto de
sobreseimiento aportado a la Ciencia Procesal por el Dr. José Erasmo Pérez-
España (2004), el cual versa en los siguientes términos: “…el sobreseimiento es
un pronunciamiento jurisdiccional que pone fin al proceso, extingue la acción y
pasa en autoridad de cosa juzgada…” (P. 347)
Naturaleza Jurídica Del Sobreseimiento
El Sobreseimiento de la causa, ha sido acogido por gran parte de la
doctrina patria, como una decisión interlocutoria o auto con carácter definitivo,
por ser una resolución judicial anticipada de terminación del proceso, claro está,
cuando concurre algunas de las causales contempladas en el art. 318 del COPP.
El destacado Procesalista cubano-venezolano Eric Lorenzo Pérez
Sarmiento[2008], enseña: “El sobreseimiento, también conocido como preclusión
o dismiss, procede cuando de la investigación resulte que el hecho que motivó la
apertura de la averiguación es inexistente, no puede ser suficientemente acreditado
o resulte no ser constitutivo de delito, o cuando no conste la participación de los
imputados en ninguno de los supuestos de autoría, complicidad o encubrimiento
previstos por la ley penal sustantiva, así como cuando se compruebe la existencia
que impidan continuar el procedimiento o sancionar el delito, tales como la
muerte del acusado, la cosa juzgada (non bis in ídem), la prescripción de la acción
penal, la enajenación mental comprobada o sobrevenida y la despenalización de la
conducta perseguida.” (P. 417)
Se presenta el sobreseimiento como un remedio procesal, como un
instrumento capaz de economizar los gastos excesivos dentro del proceso,
terminando total o parcialmente el mismo, con carácter definitivo.
Así lo indica el autor Carlos Jiménez Segado [2003]: “La terminación
anticipada del proceso penal en la fase de investigación oficial, por concurrencia
de una causa de exclusión tiene su encaje doctrinal y jurisprudencial en el sistema
de sobreseimiento libre.” (P. 133).
El Legislador patrio, ha gustado denominar al Sobreseimiento como
uno de los tres tipos de sentencia a esperarse dentro del Proceso Penal, al expresar
en el artículo 173 de la norma adjetiva penal:
“Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto
fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación. Se dictará
sentencia para absolver, condenar o sobreseer. Se dictarán autos para resolver
sobre cualquier incidente.”
Significa entonces, que parece más conveniente el criterio mantenido
por la doctrina patria, al considerar el Sobreseimiento como un Auto con carácter
definitivo, por cuanto lo acuerda (en el caso de las etapas Investigativa e
Intermedia), un juez de Control. En cambio, podríamos hablar de una sentencia de
Sobreseimiento, en el supuesto de que la misma sea decretada durante la Fase de
Juicio, una vez concluido el debate.
Características del Sobreseimiento contempladas en el Proceso Penal
Venezolano.
Sobre las bases de las consideraciones anteriores el Sobreseimiento en el
Proceso Penal Venezolano ofrece una serie de características establecidas de la
siguiente manera:
Es un pronunciamiento judicial
Por cuanto es el órgano jurisdiccional quien debe dictarlo, ya sea como auto
con carácter definitivo en las dos primeras fases del proceso penal, o como
sentencia en la fase de Juicio.
Es un acto conclusivo de la fase preparatoria
El representante de la vindicta pública, podrá solicitar sea decretado el
sobreseimiento de la causa, cuando de los resultados dimanados de la
investigación, resulte que encuadre en alguna de las causales comprendidas en el
artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal.
Es Personal
Por cuanto se dicta a favor de las personas, y no de los hechos, aunque
quisiera hacer un pequeño paréntesis en este punto.
La Decisión que lo acuerda debe estar motivada
La fundamentación de esta decisión estará basada en la fundamentación
fáctica-jurídica, que hagan encuadrar la solicitud en una de las causales
establecidas en el artículo 318 del COPP. Produce los mismos efectos que una
sentencia absolutoria, y tiene carácter de Cosa Juzgada.
Produce Cosa Juzgada
Puede considerarse implícito en el carácter anterior, el sobreseimiento tiene
carácter y fuerza de definitiva, pone fin al proceso, extingue la acción penal, la
consecuencia y conclusión procesal, será la de pasar en autoridad de cosa juzgada
cuando la decisión quede firme.
Tipos de Sobreseimiento
El sobreseimiento ha sido clasificado de la siguiente forma:
1.-En cuanto a la finalización o no del Proceso:
Sobreseimiento Definitivo: Es aquella resolución judicial, proferida antes
de la oportunidad legal, que pone fin al proceso, siempre y cuando se evidencie
que se concurra en una de las causales contenidas en el art. 318 del COPP. Señala
el Dr. Humberto Becerra [2010], que el sobreseimiento definitivo: “…Produce de
manera inmediata término al procedimiento y por tanto tiene la autoridad de cosas
juzgada, impidiendo por el mismo hecho toda nueva persecución contra el
imputado o acusado a favor de quien se hubiese declarado, haciendo cesar todas
las medidas de coerción que hubiesen sido dictadas en el iter procesal…” (P.33)
Sobreseimiento Provisional: Es aquel que no produce la finalización del
proceso, por ende no adquiere el carácter de cosa juzgada, permitiendo así una
nueva persecución. En palabras más simples, el efecto principal de este tipo de
sobreseimiento es la suspensión provisional del proceso. Es importante traer a
colación que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia[Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Decisión N° 823 de fecha
21/04/03 con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero.] es del
criterio que procede el decreto de sobreseimiento provisional cuando se declara
con lugar la excepción prevista en el literal i del numeral 4 del Art. 28 del COPP,
al indicar que: “Cuando el motivo del “sobreseimiento” es éste, la nueva
persecución contra el imputado es posible si se purgan los defectos, y por lo tanto
si ello ocurre, la nueva causa no es una nueva persecución penal contra el
imputado…”
2.- En cuanto abarque o no a todos los imputados
Sobreseimiento Total: Es aquel que se dicta a favor de todos los imputados
o acusados, no permitiendo una nueva persecución en aras del Principio Non Bis
In Ídem.
Sobreseimiento Parcial: Este tipo sobreseimiento, como su nombre lo
indica va dirigido sólo a algunos de los imputados o acusados, lo que me permite
que la acción penal siga en ejercicio en contra de aquellos que no han sido
favorecido por el sobreseimiento de la causa, y en esto se justifica el carácter
personal del sobreseimiento.
3.-En cuanto a la forma de proceder:
De Oficio: Es aquel que se dicta ex oficio, por iniciativa del órgano
jurisdiccional, como por ejemplo el supuesto en el que la acción penal se
encuentre extinta, producida por la muerte del imputado o acusado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 3 en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 48 numeral 1, todos del Código Orgánico Procesal
Penal.
A instancia de parte: Como se puede inferir lógicamente, es aquel que se
dicta a requerimiento de uno de los sujetos legitimados procesalmente para
solicitar dicho pronunciamiento.
4.- En cuanto a la forma de Decretarlo:
Facultativo: Se desprende del prudente arbitrio del Juez, cuando considera
procedente la aplicación de alguna de las causales del 318 del COPP.
Obligatorio: Por cuanto el Juez lo dicta compelido en base a la los
parámetros de legalidad, en ese sentido siempre que concurra alguna o varias las
causales contenidas en el artículo in comento, se debe decretar el sobreseimiento
de la causa.
Causales De Sobreseimiento:
Las causales que dan origen al sobreseimiento de la causa, están
insertas en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, a continuación se
procederá a enunciar y comentar brevemente cada una:
El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al
imputado: Al inicio del presente ensayo, esbozamos una reflexión sobre el
Objeto del Proceso Penal, es evidente que si la fase investigativa va dirigida entre
otras cosas a verificar o corroborar la existencia del presunto hecho punible, y del
resultado se desprende que tal hecho no existió o no se realizó, lo apegado a
derecho en ese caso sería la solicitud del Sobreseimiento de la Causa a favor del
imputado
El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación,
inculpabilidad o de no punibilidad: Comenta la profesora Magali Vásquez
González [2009]: “Esta causal permite al fiscal introducirse en la teoría del hecho
punible y analizar la tipicidad, antijurídica, culpabilidad y punibilidad del
comportamiento del imputado…” (P. 186) Permite inferir la presente causal, que
el Fiscal debe manejar los aspectos relacionados a la Teoría General del Delito.
Cuando la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa
juzgada: Cuando dentro del proceso penal surge una de las causales contenidas
en el artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal, procede un sobreseimiento
de la causa, por cuanto en dicha normativa se enumeran ocho causales que hacen
procedente la extinción de la acción penal. Asimismo el sobreseimiento tendrá
procedencia cuando este acreditada la cosa juzgada, en aras del principio de non
bis in ídem.
Enseña Humberto Becerra [2010], que: “Para oponer esta causal debe
existir: a) identidad del sujeto, b) identidad de hechos, c) identidad de causa.
Simplemente que debe existir estricta correspondencia de estos elementos, entre la
causa que dio lugar a la sentencia con autoridad de cosa juzgada, y aquella en la
cual se alega como causal de Sobreseimiento basada en el ordinal 3° del artículo
318 del Código Orgánico Procesal Penal…” (P.49)
Cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la
posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya bases
para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado: Luego de
realizada una exhaustiva investigación, puede suceder, que los elementos de
convicción recabados en la misma, no sean los suficientemente contundentes
como para fundamentar el enjuiciamiento del imputado. El maestro procesalista
Juan Montero Arocca[1997], ilustra lo siguiente: “el verdadero enjuiciamiento
sólo debe ser sufrido por el imputado cuando existan elementos suficientes para
ello, elementos que deben ser necesariamente determinados antes de la apertura de
la segunda fase…el juicio sólo debe ser realizado cuando razonablemente se haya
llegado a la constatación, no de que va a obtenerse una sentencia condenatoria,
pero sí de que existen indicios suficientes de que el hecho existió, de que es
delictivo y de que de él es autor el imputado”. (P. 60) (subrayado de mi
responsabilidad).
Esta causal de sobreseimiento se fundamenta, en que se ha hecho imposible
por los medios razonables, incorporar al proceso nuevos elementos de convicción,
que permitan al fiscal del Ministerio Público fundamentar su pretensión punitiva
en contra del imputado. Comparto totalmente el criterio de Binder [24], cuando de
forma magistral alecciona lo siguiente: “La solución correcta para los estados de
incertidumbre insuperable es también el sobreseimiento. No sólo por derivación
de la regla del in dubio pro reo, sino porque existe un derecho de las personas a
que su situación procesal adquiera, en un tiempo razonable, un carácter
definitivo…”
Finalidad del Sobreseimiento
La instauración de la figura del sobreseimiento si bien es cierto conduce a
la finalización o culminación de la causa, no menos cierto es que el fin ulterior del
sobreseimiento es el de ofrecer la seguridad jurídica a la persona que haya sido
sometida a proceso penal.
La Seguridad Jurídica , al revisar los principios del sistema penal diseñado a
raíz de instauración del modelo acusatorio, es uno de los más destacados y una de
las aspiraciones fundamentales del ciudadano, por ello si llega a ser sometido a
proceso penal, en la mayoría de las legislaciones penales del mundo se procura
dar a conocer a quien resulte imputado o contra quien se inicie una averiguación
penal, el hecho que se le imputa, qué autoridad está encargada de la investigación
o del proceso, y se le garantiza el derecho a ser sometido a un proceso justo dentro
del cual será preservado su derecho a la celeridad procesal y a la culminación del
mismo mediante sentencia definitiva absolutoria o condenatoria o antes de esa
oportunidad mediante un pronunciamiento contenido en un auto emanado del
órgano jurisdiccional, bien sea por solicitud de las partes o por iniciativa del
propio tribunal, dado que antes de la oportunidad de dictar sentencia definitiva, se
observa la existencia de condiciones o circunstancias que impiden la continuación
del proceso o se pone fin al juicio, en virtud que no es posible presentar la
acusación o aplicar la sanción a la persona imputada o perseguida.
De darse alguna de las condiciones o circunstancias de las mencionadas,
debe garantizarse al imputado o perseguido penal la seguridad de que es posible
terminar la causa o el proceso, antes de dictar sentencia definitiva, con lo cual se
le garantiza al mismo tiempo que una vez quede firme el pronunciamiento
emanado del Tribunal no será posible una nueva persecución por el mismo hecho.
Efectos Del Sobreseimiento:
Señala Becerra [2010], que de conformidad con el artículo 319, el
sobreseimiento de la causa, produce dos efectos: “1) Efectos sustanciales y 2)
Efectos procesales”. (p. 63)
Efectos sustanciales
Van referido a que el sobreseimiento definitivo conlleva a la terminación
del proceso como tal. Quedando beneficiado el sobreseído de quedar amparado
con la garantía del non bis in ídem (no más de lo mismo). En relación a este
particular, la Sala Constitucional [TSJ SC. Sentencia Nro. 01, de fecha 11/01/06,
Exp. 05-2058] del Tribunal Supremo de Justicia, ha asentado lo siguiente: “El
auto que declara el sobreseimiento de la causa, es una decisión que pone fin al
proceso e impide su continuación, por lo cual, debe equipararse a una sentencia
definitiva. La decisión que declara el sobreseimiento debe calificarse como un
auto con fuerza de definitiva que causa gravamen irreparable…Resulta admisible
el recurso de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento
de la causa…” De la misma forma la Sala de Casación Penal [TSJ SCP. Sentencia
Nro. 190, de fecha 09/05/06, expediente Nro. C05-0509.] De nuestro Máximo
Tribunal, indica: “El principal efecto jurídico-procesal del sobreseimiento es la
imposibilidad de continuar el proceso iniciado, por consiguiente el mismo es un
auto fundado, que en determinados casos constituye una verdadera sentencia en
atención a su contenido…”
Efectos procesales
El efecto procesal que se puede desentrañar del contenido del artículo 319
del Código Adjetivo Penal, es que cesarán todas las medidas de coerción
impuestas sobre la persona del imputado.
Requisitos Del Escrito De Solicitud De Sobreseimiento:
El Código Orgánico Procesal Penal, no contempla dentro de sus estructura
normativa, referencia alguna de los requisitos del escrito de solicitud del
sobreseimiento. Por esa razón, a los fines de poder establecer unos parámetros por
los cuales guiarnos, nos ayudaremos con el contenido de distintos boletines del
Ministerio Público en relación al presente tópico.
En primera fase, todo escrito de solicitud de sobreseimiento deberá
contener:
Base legal que faculta al Ministerio Público para presentar solicitud se
Sobreseimiento: En razón a que toda actuación de la vindicta pública debe estar
dirigida con el mayor apego a la legalidad.
Identificación de las partes: Deberá contener de igual forma la
identificación plena del imputado, y esto se justifica en lo siguiente [29]: “La
identificación plena de los imputados en la solicitud de sobreseimiento constituye
un dato esencial en el escrito fiscal, en virtud que una vez acordado y firme, éste
alcanzará el efecto de cosa juzgada, por el cual no será posible una nueva
persecución penal del favorecido por los mismos hechos -non bis in ídem-.” Así
mismo se señalara la identificación de la víctima, en el caso de haberla, a los fines
de que esté garantizada la oportunidad de poder ejercer los recursos
correspondientes, en el caso de que se decrete la solicitud de sobreseimiento.
Señalamiento de diligencias practicadas: En insuperable cantidad de
oportunidades, hemos recalcado, que el sobreseimiento dependerá de los
resultados emanados de la investigación, siempre y cuando arrojen
irremediablemente a una de las causales contenidas en el artículo 318 del COPP.
Fundamentos de hecho y derecho: la fundamentación fáctica-jurídica, es
la que sustentara la validez del escrito de solicitud de sobreseimiento, en él, el
fiscal debe plasmar una síntesis de los hechos objetos del proceso, y la
fundamentación jurídica en la cual basa su pronunciamiento.
Solicitud de Sobreseimiento (Petitorio): Luego del análisis fáctico-
jurídico, se debe exponer la solicitud de sobreseimiento de la causa, argumentando
el porqué considera el Ministerio Público, que lo procedente es que se decrete el
Sobreseimiento. La fecha en la cual se realizo el escrito de sobreseimiento.
Audiencia Especial Para Debatir La Solicitud De Sobreseimiento
Una vez presenta la solicitud de sobreseimiento, el Juez convocará a una
audiencia especial, a los fines de que se debata sobre dicha solicitud, así lo
establece el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal: “Presentada la
solicitud de sobreseimiento, el Juez deberá convocar a las partes y a la víctima a
una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición. Cuando estime que
para comprobar el motivo, no sea necesario el debate, deberá dejar constancia en
auto motivado.
Si el Juez no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviará las actuaciones
al Fiscal Superior del Ministerio Público, para que, mediante pronunciamiento
motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el Fiscal Superior del
Ministerio Público ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez lo dictará
pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio
Público no estuviere de acuerdo con la solicitud, ordenará a otro Fiscal continuar
con la investigación o dictar algún acto conclusivo.”
La solicitud de sobreseimiento de la causa, no se debatirá en la audiencia
preliminar inserta en el artículo 327 del COPP, por cuanto esta audiencia
corresponde a otra fase del proceso, como lo es la fase intermedia, la cual
solamente podrá aperturarse mediante una acusación.
Requisitos Del Auto Que Decrete El Sobreseimiento:
El artículo 324 del COPP, enumera los requisitos del Auto por el
cual se declare el sobreseimiento:
1. El nombre y apellido del imputado o imputada;
2. La descripción del hecho objeto de la investigación;
3. Las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con
indicación de las disposiciones legales aplicadas;
4. el dispositivo de la decisión.
DESARROLLO DEL PROCESO PENAL PARA QUE SE DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA.
Los requisitos que deben cumplirse para dictar una decisión de
sobreseimiento varían según se trate de un pronunciamiento a ser realizado en las
diferentes etapas del proceso penal. Diversos juristas de renombre académico,
tales como Pérez A, Cabanellas y Serpa coinciden en señalar que el derecho
procesal penal es la disciplina jurídica encargada de proveer los conocimientos
teóricos, prácticos y técnicos, necesarios para comprender y aplicar las normas
jurídicas implícitas en el proceso penal, destinadas a regular el inicio, desarrollo y
culminación del referido proceso jurídico; y cuyo fin se orienta al esclarecimiento
del hecho denunciado previa obtención de pruebas, para la comprobación del
hecho delictivo y establecer las sanciones al o los responsables. En efecto, según
Peña (2003), la finalidad del proceso penal radica en comprobar o desvirtuar la
existencia de un delito, antes que el mismo prescriba.
Sin embargo, este proceso está determinado por la naturaleza del sistema
procesal, que bien puede ser: acusatorio, inquisitivo o mixto, y de esta naturaleza
se determinarán los principios y caracterización de las etapas implícitas en el
proceso y funciones de las actores para las fases de instrucción (investigación) y
juicio, así como también los tipos o medios probatorios admitidos. Lo anterior
evidencia, una transformación significativa en el sistema de justicia venezolano,
lo cual amerita la capacitación de todos los actores implícitos en este proceso
(jueces, fiscales, funcionarios policiales), no solo en los aspectos sistemáticos del
proceso, sino también en cada aspecto técnico y operacional, tal como los medios
probatorios.
En La Fase Preparatoria o de Investigación
El COPP tipifica en su Libro Segundo, del procedimiento ordinario, Titulo
I, de la fase preparatoria, Capitulo I Normas Generales, Articulo 280 del Objeto
que pretende la presente fase; la cual estipula:
Esta fase tendrá por objeto la preparación del Juicio oral y público, mediante
la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de
convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado.
Posteriormente indica su alcance expresando que el Ministerio Público en el
curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles
para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para
exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado los datos que
lo favorezcan. Estipulado en el artículo 281 del COPP. Y en consecuencia marca
la responsabilidad de los jueces de esta fase que les corresponderá controlar el
cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la
Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales
suscritos por la República; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones,
peticiones de las partes y otorgar autorizaciones.
Cuando se trata de la etapa preparatoria, debe señalarse como primer
requisito impretermitible para ser procedente el pronunciamiento de las decisiones
de Sobreseimiento es la existencia de un auto de detención o de sometimiento a
juicio, aunque el mismo no se encuentre firme, porque se entiende que antes del
juicio no existe como tal, de manera que si aparece una situación equivalente a
una causal de sobreseimiento, si uno de aquellos autos no ha sido aún dictado, lo
procedente es la no apertura de la investigación respectiva o la no prosecución de
la misma, según el caso. Tal situación es corriente cuando se trata de ellos tales
como la muerte de uno o más procesados, dentro de aquella etapa sumarial. En
esta fase de investigación el sobreseimiento requiere además de requisitos según
sea la resultante de cualquiera de las dos situaciones siguientes:
a) Como Consecuencia de la declaratoria con lugar de excepciones, que
opuestas por el Imputado o la Defensa, que tengan como efecto poner fin a la
causa: Para esta situación es requisito que la Defensa o el Imputado realicen un
planteamiento de oposición de excepciones. En este caso no se trata que el
imputado o su defensa puedan solicitar en la fase de investigación el
sobreseimiento de la causa directamente, pero puede ocurrir que por el hecho de
oponer una excepción su declaratoria con lugar produzca como efecto, la
finalización de la causa. Ello traerá como consecuencia el sobreseimiento
definitivo de la misma, en cumplimiento a lo establecido en el COPP en su
artículo 319 el cual estipula:
El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene autoridad de cosa
juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el
imputado… a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el
artículo 20 de este Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción personal.
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El sobreseimiento definitivo de la causa es por disposición legal, la
consecuencia jurídica de declararse con lugar las excepciones contempladas en el
COPP, en su artículo 28, en sus numerales 4 puntos a), c), d) y h); y numerales 5 y
6 del ya citado artículo. Como segundo requisito debe citarse el que el
sobreseimiento en la etapa preparatoria del proceso debe dictarse por auto
especial, según lo establecido en el mencionado artículo 325 del COPP, el cual
contempla esta disposición legal como resolución que deberá ser debidamente
motivada y fundamentada.
En la fase de investigación cuando el sobreseimiento se prevé como
consecuencia de la declaratoria con lugar de excepciones, cuya declaratoria con
lugar tenga como efecto poner fin a la causa de manera definitiva, debe cumplirse
como trámites lo previsto en el artículo 29 del COPP, en forma de incidencia, sin
interrumpir la investigación. La oposición de las excepciones o la solicitud de la
declaratoria con lugar del sobreseimiento serán propuestas por escrito
debidamente fundado ante el juez de control, con el ofrecimiento de las pruebas
que justifique la fundamentación y los alegatos con indicación de datos,
identificación y dirección de ubicación de las otras partes.
El juez de control debe notificar a las demás partes del proceso para que
dentro de los cinco días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan pruebas,
cuando se trate de la oposición de excepciones por parte del imputado o el
defensor. En caso de promoción de pruebas el juez convocará a las partes sin
necesidad de notificación previa a una audiencia oral, que se celebrará dentro de
los ocho días siguientes a la publicación del auto respectivo, y en la cual se debe
dar lugar al debate oral producto de los alegatos de cada una de las partes, al
finalizar dicha audiencia el juez resolverá sobre la excepción, de manera tal que
de declararse con lugar y ser su efecto el cese del proceso o causa, se decretará el
sobreseimiento, a través del auto respectivo mencionado anteriormente.
De tratarse de materia que resulte ser de mero derecho o si no se ha
dispuesto la producción de prueba, el juez o tribunal, sin trámite dictará la
resolución motivada dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de
los cinco días mencionados anteriormente.
b) Cuando ha sido solicitado por el Ministerio Público, como acto
conclusivo de la investigación: Durante la fase preparatoria o de investigación y
como acto conclusivo de la misma, el Ministerio Público deberá, según el carácter
imperativo de la disposición legal, solicitar el sobreseimiento, con el objeto de
poner fin a la etapa preparatoria del proceso, por lo que de solicitarlo, se entenderá
que dio por concluida la investigación y que formulado su pronunciamiento, no
habrá lugar a que la fase preparatoria o de investigación continúe. En el único
caso particular de juzgarse a adolescentes el Ministerio Público debe alegar el
sobreseimiento definitivo o el sobreseimiento provisional. A este respecto se debe
resaltar que el sobreseimiento provisional solo puede ser solicitado por el
Ministerio Público, como el único que conoce si cuenta con lo elementos
suficientes para intentar la acción penal. En base a lo anterior se debe mencionar
en la situación planteada, en base a lo estipulado en el artículo 323 del COPP,
como requisitos para la solicitud del sobreseimiento:
En primer lugar debe presentar el Ministerio Público petición debidamente
fundamentada ante el juez de control, y como segunda condición el juez de la
causa debe convocar a las partes y a la victima a una audiencia oral para debatir
los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo
no sea necesario debatirlo. De no ser aceptada por el juez la solicitud formulada
por el Ministerio Público, debe enviar las actuaciones al Fiscal Superior del
Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o
rectifique la petición fiscal. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no
estuviere de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento debe ordenar a otro fiscal
continuar con la investigación o dictar algún otro acto conclusivo. Además, para
la declaratoria del sobreseimiento en esta etapa no se requiere de impulso procesal
ya que puede ser pronunciado de oficio por el juez.
En Fase Intermedia
El sobreseimiento puede ser solicitado en audiencia preliminar o fase
intermedia tanto por el imputado, la defensa o el Ministerio fiscal, para el proceso
seguido a los adultos y también para los adolescentes menores de 18 años, según
lo establece el artículo 573 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
Adolescente (LOPNA), conocida en esta ley especial aplicada al adolescente en
conflicto con la ley penal, como fase de acusación o audiencia preliminar , como
primer requisito se encuentra la solicitud motivada del sobreseimiento, en
segundo lugar la realización de una audiencia en la cual se procederá a debatir los
fundamentes de la petición, el juez luego de esta audiencia preliminar debe decidir
sobre la procedencia o no del sobreseimiento, de conformidad con lo establecido
en el artículo 578, literal C de la LOPNA, en concordancia con lo estipulado en el
Artículo 321 del COPP.
Artículo 321. Declaratoria por el Juez de Control. El juez de control, al
término de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento si considera
que proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente, salvo que
estime que éstas, por su naturaleza, sólo pueden ser dilucidadas en el debate oral y
público.
Según lo plantea la normativa señalada, luego de la audiencia preliminar en
el cual el imputado y su defensor podrán indicar que ha mediado una causa de no
punibilidad, de inculpabilidad o de justificación, o alegar el carácter atípico del
hecho imputado, así como también pueden fundar la petición en la exposición de
que la acción legal se ha extinguido o por último que medie la cosa juzgada; el
juez puede declarar el sobreseimiento si considera que proceden una o varias de
las causales que lo hagan procedente, salvo que estime que por su naturaleza, solo
se pueden dilucidar, aclarar o verificar en el debate oral y público. La declaratoria
del sobreseimiento en esta etapa del proceso judicial tiene como tercer requisito la
declaratoria a través de un auto especial dictado por el juez de la causa.
En Fase de Juicio
Para otorgar el sobreseimiento en esta fase de juicio, específicamente en la
etapa de predebate, debe cumplirse en primer lugar con la solicitud por parte del
imputado, su defensor o del Ministerio Público, únicamente cuando opere para la
procedencia del sobreseimiento los supuestos referidos a situaciones que afecten
la vigencia de la acción penal, y ser alegada en forma motivada, al comprobar que
la acción penal se ha extinguido o que se ha acreditado la cosa juzgada. Como
segundo requisito el juez debe convocar a una audiencia oral, en base a lo
establecido en el Artículo 322 del COPP, el cual contempla:
Artículo 322. Sobreseimiento durante la etapa de juicio.
Si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de
la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, y no es necesaria
la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá
dictar el sobreseimiento.
La normativa legal prevé el sobreseimiento en esta fase del proceso penal,
para los cual en la audiencia oral convocada por el juez se procede a resolver la
incidencia surgida, oportunidad en la que se escuchará a todas las partes, que
procederán a debatir sobre los fundamentos de la solicitud realizada y motivada.
No obstante la normativa le da la prerrogativa al juez de considerar que el asunto
alegado es de los que hace procedente la extinción de la acción penal o que en
forma cierta configura la cosa juzgada, por lo cual se hace innecesario el debate
oral.
El Tercer requisito es el dictamen del juez de juicio, el cual lo efectuará de
oficio especial, sin abrir incidencia para resolver lo referente a la solicitud o
puede también, acordar su dilucidación, mediante incidencia contradictoria, dada
la naturaleza de la materia y todo ello sólo antes del debate.
DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE LE VIOLENTAN A LA VICTIMA DEL PROCESO PENAL, ANTE EL
DECRETO DEL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA.
El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el
cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar
un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad
de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. El término procede del
derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "debido proceso legal". El
derecho al debido proceso contempla: Derecho a ser juzgado conforme a la ley,
Imparcialidad, Derecho a asesoría jurídica, Legalidad de la sentencia judicial,
Derecho al juez predeterminado por ley, Derecho a ser asistido por abogado y
Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete.
El significado jurídico del proceso, independientemente de las partes, objeto
y causa que involucra, ofrece un agregado de relaciones lícitas que son el efecto
inmediato del conflicto de intereses específicos subordinados a una sentencia de
un Tribunal de Justicia. Dada la mencionada presencia del conflicto de intereses,
donde las partes involucradas intentan por todos los medios obtener una sentencia
favorable, se hace inevitable el hecho de contar con una actividad probatoria
dentro del juicio, donde se de fe lícita y confiable del proceso en desarrollo. Se
identifica como una investigación descriptiva, debido a que intenta presentar una
interpretación correcta de las realidades del hecho logrando así no violar los
derechos que tiene la víctima en el proceso penal, para luego sentar las bases
acerca del tema en estudio.
Resumiendo y partiendo de las reflexiones anteriores, la investigadora
procede a definir el Debido Proceso de Ley (Due Process of Law) o simplemente
el Debido Proceso, como aquel en el cual los justiciables, sujeto activo y pasivo,
concurren al mismo en condiciones de igualdad dentro de un marco de garantías,
de tutela y respeto de los derechos y libertades fundamentales, que les son
reconocidos por el ordenamiento, a fin de concluir en una decisión justa y
razonable.
Se habla de decisión justa, porque la sanción que resulta como consecuencia
de todo proceso civil, penal o de otra índole, que es la condena en general, solo es
válida si es pronunciada con imparcialidad e independencia y el Juez hace justicia,
con apego y respeto a los derechos de las partes involucradas en el mismo.
Hablamos de condena racional porque lo justo, entendido como tal, sólo es así si
es a la vez racional. La justicia es un valor ante todo racional, lo mismo que el
derecho, que la tiene como su fin u objeto, y la norma en tanto que forma parte del
derecho. Y dentro de la norma la ley, sólo serán en efecto tales, si ante todo son
racionales, porque lo que no es racional es arbitrario, y la arbitrariedad es un
contravalor de la justicia, por lo cual son categorías que se excluyen.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tipifica en su
Capítulo III de los Derechos Civiles, Articulo 49 lo siguiente: El debido proceso
se aplicara a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado
y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser
notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y
de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán
nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona
declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones
establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con
las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un
tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad.
Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene
derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las
jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta
Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer
la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción
o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar
contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna
naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no
fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en
virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación
de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión
injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la
responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza;
y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.”
El precedente artículo citado, establece una serie de derechos a los que
existen en la mayoría de las constituciones del mundo, y que son consecuencia de
épocas en las que el absolutismo de los gobiernos privaba de toda garantía de
defensa a los acusados de algún delito y era legal. La recepción del principio del
Debido Proceso, siendo considerado como uno de los derechos, así como una
garantía fundamental del individuo, inherente a su condición, y por ende,
trascendente en el tiempo y en el espacio, es consagrado en la actualidad, ya de
modo indirecto, o ya directamente, por las constituciones políticas de los distintos
Estados que se proclaman como Estado democráticos y de derecho, adquiriendo
rango o categoría constitucional como derecho fundamental, reconocido para todo
justiciable sin distinción.
Naturaleza del principio del Debido Proceso.
El debido proceso de Ley, como un derecho que resulta por ser un atributo
de la persona humana, es inherente a todo individuo en razón de su condición de
ser humano, tal como lo enuncian, junto a otros derechos y garantías
fundamentales que ostentan el mismo carácter, los ordenamientos constitucionales
de los Estados, así como el ordenamiento internacional. En cuanto a su naturaleza,
constituye uno de los llamados principios generales del derecho, con vocación
universal, subyacente a todo ordenamiento jurídico particular y general,
constituyendo, dentro de los mismos, un valor supremo en la escala de los valores
normativos o fuentes que implica las siguientes consecuencias:
a) Su observación o aplicación procede siempre, aún cuando no sea
formulado por ninguna norma legislativa, constitucional, ordinaria o tratado
internacional, porque subyace todo el ordenamiento jurídico general y particular.
b) Tiene una vocación universal, es común a todo ordenamiento y sistema
jurídico sin excepción.
c) Es trascendente en el tiempo y el espacio, por aplicarse a todo individuo
en cualquier época o lugar donde se encuentre.
Un ejemplo de lo que se acaba de afirmar lo confirma uno de los elementos
que conforman su contenido: la imparcialidad del juez o de la justicia, que no
tiene que resultar de ninguna disposición o norma, puesto que es una cualidad o
valor inherente a la justicia como virtud o como valor que es ella también, y a la
función del juez, que de no ser así, ambas quedan totalmente desnaturalizadas
para perder su esencia.
Los elementos del Debido Proceso y su aplicación general
a) El derecho de acceso al Tribunal: el derecho de acceso al tribunal o a
un juicio implica que ese juez o tribunal sea independiente e imparcial, además, de
ser el juez natural u ordinario; este derecho se aplica a todo tipo de proceso, dado
que, por el principio de la igualdad de todos los individuos ante la ley el derecho
se vulneraría si se priva o se limita el acceso de cualquier justiciable ante el juez, o
se le obliga a comparecer ante un juez que no sea el juez natural u ordinario; y si
el tribunal o juez no es independiente ni imparcial, se vulnera se desnaturaliza la
justicia como supremo valor del sistema jurídico y del Estado de Derecho; por lo
que debemos concluir que ese aspecto del Debido Proceso es válido y aplicable al
proceso civil, penal, laboral, administrativo y aún disciplinario.
b) El derecho a la tutela efectiva de sus derechos: El acceso al tribunal
debe orientarse a la protección efectiva de los derechos que implica y pone en
juego el proceso con relación a los justiciables. Así, para que la decisión que
resulte sea justa y razonable debe ser fundada y congruente, en este sentido, debe
haber una relación concordante entre los argumentos de derecho o norma
aplicable y los hechos englobados en esa norma, los cuales ella se va a aplicar de
modo que el fallo sobre la cuestión planteada, cuya solución es sometida al juez,
sea lo suficientemente motivada como para que no implique ni injusticia, ni
vulneración de derechos para cualquiera de las partes. Debe además existir el
derecho de recurrir a las instancias superiores para ejercer los recursos que la ley
pone en sus manos para enmendar la sentencia.
Y por último, se hace mención a el derecho a la ejecución de la sentencia
pues, de no existir, los derechos derivados o reconocidos en ella, serían puras
categorías formales o meras intenciones, cualquiera que fuera el tipo de proceso a
resolver.
c) El elemento de igualdad: Considerado como consustancial al proceso y
uno de los elementos dogmáticos del mismo, sin el cual no se aplica ni tiene
sentido el derecho de defensa, el derecho a la igualdad constituye un principio o
elemento del Debido Proceso puesto que implica la oportunidad de que todas las
partes al concurrir al tribunal gocen de los mismos medios de ataque y de defensa,
es decir, que puedan defenderse en iguales condiciones e iguales oportunidades,
con la posibilidad racional de hacer valer sus alegatos, medios y pruebas sin estar
colocadas en situación de desventaja.
d) El derecho de defensa: De importancia capital dentro del contenido del
debido proceso, el derecho de defensa consiste en la facultad de todo justiciable a
disponer de todos los medios, garantías e instrumentos que el ordenamiento pone
a su alcance para la defensa real y efectiva de sus derechos e intereses jurídicos,
cuya privación o desconocimiento en su perjuicio conlleva lo que denominamos
indefensión o violación del derecho de defensa. La violación del derecho de
defensa no sólo se produce cuando se vulneran las reglas procesales, sino también
cuando se atenta contra cualquier otro derecho envuelto en el proceso, ya sea por
parte del órgano jurisdiccional, o por la de una de las partes, siempre que implique
la privación o disminución de las posibilidades de defenderse.
Algunos autores consideran como distinto al de la defensa el derecho a la
asistencia o defensa letrada o técnica, esto es, la asistencia de un consejero o de un
abogado.
e) Derecho a conocer la acusación: Es uno de los aspectos del proceso
donde se manifiesta la noción restrictiva del debido proceso, algunos autores
llegan a señalar que el mismo “es específico del proceso penal” pero, siendo un
instrumento para la realización del derecho fundamental de la defensa, el
mencionado derecho es inherente a toda clase o tipo de proceso, con las
diferencias que le son consecuentes; así como al acusado en el proceso penal, ya
sea por la autoridad que le persigue, ya sea en la citación a comparecer al tribunal,
se le debe informar el contenido, la indicación de la infracción o textos legales en
virtud de los cuales se le requiere, en los asuntos civiles, comerciales, laborales,
etc., la citación, el emplazamiento; en general, el acto introductivo de la demanda,
debe indicar el objeto de la demanda y su causa, los motivos de hecho y de
derecho. En definitiva, el demandado debe conocer la razón por la cual se le
juzga, igual que el acusado de una infracción penal.
h) Garantías fundamentales de orden procesal: Se trata de una serie de
derechos cuya finalidad es garantizar de modo real y efectivo el derecho de
defensa y la objetividad e imparcialidad procesal, razones por las cuales tales
garantías están presentes en todo proceso de orden penal, civil, laboral, comercial
y contencioso administrativo. A continuación se presentan de manera desglosada
las garantías establecidas en nuestra constitución y su importancia en el desarrollo
del debido proceso, o sea nos ubicaremos específicamente en la legislación
venezolana.
Garantías De La Actividad De Las Partes
1. La igualdad de las partes:
El Art.21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establece que los venezolanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero la Constitución no
limita esta igualdad a las leyes llamadas sustantivas. La transposición procesal de
este principio se traduce también en la garantía de las partes en su actividad
procesal. La garantía no suele actuar aisladamente, sino que su infracción suele
provocar algunas repercusiones procesales más.
Desde el punto de vista estrictamente dogmático, las dos posturas procesales
que se contraponen los intereses en todo tipo de enjuiciamiento deben ser
absolutamente equivalentes en cargas y expectativas. Y así se recoge normalmente
en las leyes de enjuiciamiento. Se atiende al posible resultado de indefinición
cuando se situé a las partes en una posición de desigualdad, o si se impide la
aplicación efectiva del principio de contradicción. En definitiva, se trata de evitar
un resultado aleatorio del juicio.
El equilibrio en la dialéctica procesal no significa que no exista tratamiento
diferenciado en cuanto a determinadas expectativas o cargas de la actividad
procesal. Ciertamente algunas normas pueden conceder una cierta posición de
ventaja inicial a una parte, en consideración a determinadas circunstancias pero
ello es legítimo y no viola la igualdad, porque esta no puede predicarse de
situaciones desiguales.
La aplicación de la garantía no significa que el juez deba asumir la defensa
de la parte más débil, porque se incurriría así en una desigualdad de signo
contrario, igualmente prohibida.
La garantía comprende también la igualdad de aplicación de la ley por los
tribunales. Fundamentalmente exige igualdad de trato a los ciudadanos cuando los
casos sometidos a la decisión sean iguales, aun proviniendo de órganos judiciales
distintos, sin perjuicio de su respectiva independencia.
2. La citación y notificación:
Otras de las garantías básicas del juicio son la observancia de los principios
de la citación y notificación, que se complementan recíprocamente y las
encontramos en el Art.49 Ord. 1. De la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela
Estas se reflejan en el vocablo latino nemo inauditus damnari potest, que
supone que hay que dar oportunidad a cada parte de participar en cada una de las
fases del juicio. Tanto es así, que la primera manifestación obvia es el derecho a
ser notificado de la pendencia del juicio. Las garantías no persiguen la presencia
física de la parte ni su actividad en cada trámite procesal, tan solo la presencia
jurídica, que es lo que se asegura con las garantías.
La manifestación específica de estas garantías es ese derecho a ser
informado de la acusación, hecho que debe producirse desde el mismo momento
en que formalmente se realiza la acusación.
3. El derecho de defensa:
La jurisprudencia se ha encargado de potenciar al máximo esta garantía, en
la Constitución la encontramos en el Art.49 Ord.1. Además esta íntimamente
ligada a la de igualdad de partes.
Desde un punto de vista positivo, la garantía significa ante todo el derecho a
defenderse en el juego. Manifestaciones específicas de este aspecto de la
autodefensa es el derecho al nombramiento de un intérprete si el demandado no
conoce el idioma español.
El contenido del derecho a defenderse por si mismo no se extiende a la
facultad de prescindir de la preceptiva defensa técnica.
Por definición, la garantía supone el derecho a la prueba, entendida como
actividad probatoria dentro del juicio. En la fase de prueba del juicio la garantía
comporta para la parte el derecho a utilizar todos los medios pertinentes para su
defensa, entendida esta referencia a su postura procesal de parte, en el sentido de
que solo podrán usarse los medios probatorios previstos en la ley. Pero lo cierto es
que la Constitución se refiere a todas las pruebas conducentes a la defensa. Por
ello no debe de existir limitación alguna en cuanto a la cantidad y a la calidad de
dichas pruebas.
La garantía se proyecta sucesivamente en cada uno de los capítulos de la
prueba, desde la admisión o denegación del medio de prueba. Un aspecto
particular es el control de forma en que se obtienen las pruebas.
El derecho a la asistencia de letrado viene a fortalecer el derecho a la
defensa ya que supone que la intervención de la defensa técnica proporciona al
ciudadano el debido asesoramiento para conducir a buen fin la defensa de sus
intereses legítimos.
La garantía presta defensa técnica mediante la asistencia de abogado, con
libertad de elección o nombramiento de oficio.
4. La presunción de inocencia:
Esta garantía está consagrada en el Art.49 Ord.2 y 3, es una posición de
ventaja que la Constitución atribuye al ciudadano que se encuentra en posición
departe demandada. Consiste en atribuirle de entrada la calidad de persona
inocente y en no obligarle a hacer nada para demostrarlo, por lo cual no tiene que
preocuparse de probar su inocencia, le basta y le sobre la pasividad mas absoluta.
El terreno abonado de la presunción de inocencia es ciertamente la prueba.
De hecho la Doctrina consolidada tras reiteradas resoluciones puede resumirse
como sigue:
• Desvirtuar la presunción de inocencia exige ante todo una mínima
actividad probatoria.
• Solo se considera actividad probatoria la que según la ley tiene carácter de
tal. Ante todo no pueden considerarse como actividad probatoria las meras
diligencias de instrucción, que solo tienen naturaleza de tales y no de actos de
prueba. Sirven para fundar la acusación pero no para sentenciar.
• Solo las partes demandantes tienen la carga de probar la acusación, de
suministrar en el momento procesal adecuado suficientes pruebas de cargo que
puedan desvirtuar la presunción de inocencia. Si dichas pruebas de cargo no se
llegan a producir, la presunción de inocencia se mantiene y procede la absolución
del demandado. Si de haberse aportado dichas pruebas el Tribunal no resultase
convencido también ha de fallar con el principio in dubio pro reo.
Resulta por lo tanto, que la garantía cubre todos y cada uno de los
momentos de la actividad probatoria y pugna por sobrevivir a los embates de la
demanda.
El Código Orgánico Procesal Penal en su Artículo 323; expresa que
Presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez convocará a las partes y a la
víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que
estime que para comprobar el motivo, no sea necesario el debate.
Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del
Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o
rectifique la petición fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de
sobreseimiento, el juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario.
Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la
solicitud ordenará a otro fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto
conclusivo.
El Juez como actor principal de la imparcialidad en el litigio que está en
desarrollo deberá convocar mediando citación a la víctima o a su bien a cada una
de las partes intervinientes en el proceso y presentar, las medidas por las cuales se
deberá decretar el sobreseimiento, en función de que las partes puedan alegar y
dar testimonio y fe de lo que se pretende; a fin de no violar las garantías y
derechos constitucionales citados anteriormente en el Debido Proceso, y las
normas establecidas en Ley adjetiva penal, dando cabal y eficaz cumplimiento con
las normas legales.
