Los cultivos y los alimentos transgénicos en Colombia€¦ · ... Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia ... agrícola en el mundo, debe basarse en el

Los cultivos y los alimentos transgénicos en Colombia

Germán Vélez Ortiz*

Colombia posee características ecológicas, geográficas y culturales, que le proporcionan potencialidades y posibilidades para su desarrollo. Es el segundo país con mayor biodiversidad del planeta, se calcula que posee el 10% de la biodiversidad mundial, unas 45.000 especies vegetales y una gran variedad de especies animales. Posee prácticamente todos los climas y es uno de los países con mayores fuentes de recursos hídricos, presentes en ecosistemas marinos como terrestres, especialmente ubicados en 27 humedales complejos de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Adicionalmente, Colombia posee una gran diversidad étnica y cultural, ya que convive la población mestiza, negra y campesina, con más de 84 pueblos indígenas que hablan 64 lenguas.

En las últimas décadas se han presentado cambios que han afectado los ecosistemas y las formas de vida de la población, acompañados de la pérdida de la biodiversidad agrícola y silvestre y de los sistemas productivos tradicionales, lo cual se ha reflejado en una profunda crisis de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional. Algunas de las causas de esta crisis se deben a problemas estructurales y otras a las erróneas políticas del Estado, entre los que se destacan:

• Colombia es uno de los países de América Latina con una distribución más inequitativa de la riqueza y especialmente de la propiedad de tierra, la cual está concentrada en pocas manos, lo que ha generado fuertes impactos económicos, políticos y sociales (Tabla 1).

• Las erróneas políticas gubernamentales han promovido la producción agropecuaria con modelos de “revolución verde”, basados en monocultivos de alto consumo de agroquímicos, maquinaria y semillas, mal llamadas “mejoradas”, que en realidad son semillas de “alta respuesta” a insumos.

• En la última década, han sido abandonadas más de 1´750.000 hectáreas de tierras de cultivos transitorios o se han convertido en pastizales de ganadería extensiva, lo cual ha estado acompañado de la pérdida de más de 120 mil empleos rurales.

• La deforestación de bosques andinos y tropicales (se talan mas de 100.000 hectáreas/año), tiene gran impacto sobre la biodiversidad y los suelos.

• La sustitución de sistemas productivos tradicionales y convencionales por cultivos ilícitos. • En los últimos 15 años, la guerra interna ha generado el desplazamiento de más de 2´700.000 personas de

las zonas rurales. • Una profunda crisis del sector agropecuario, el conflicto armado, la extrema pobreza de gran parte de la

población rural y la falta de alternativas de producción sustentables para la población rural.

Tabla 1 Relación entre el área predial rural nacional y los propietarios, según tamaño de predios 2001. Tamaño de predio

(Ha) Propietarios % Superficie (área predial

rural registrada) ‹ 3 57.3 % 1.7%

›3, ‹ 100 39.7% 22.5% › 100 ‹ 500 2.6% 14.6%

› 500 0.4% 61.2% Total porcentaje 100% 100%

Fuente: IGAC, CORPOICA, Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia, Bogotá, 2002, Volumen 4, p. 83.

* Director Grupo Semillas: [email protected]. - www.semillas.org.co

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La ley del embudo Norte - Sur En general, los países del Sur han tenido que desmontar los ya casi inexistentes subsidios a la producción agropecuaria, mientras que en Europa y Estados Unidos han aumentado escandalosamente los subsidios a los agricultores, la única posibilidad para que este modelo de producción sea viable económicamente. En los países del Norte se dan subsidios al sector agrario por más de 300.000 millones de dólares anuales, permitiendo ofrecer sus enormes excedentes de producción a precios totalmente irreales, mediante la competencia desleal y el “dumping”. Esto ha distorsionado hasta tal punto los mercados, que ha hecho inviable la producción de alimentos en la mayor parte de los países del Sur y ha limitado la posibilidad de que sus agricultores compitan en igualdad de condiciones. Por eso, resulta más costoso producir un kilo de maíz en Colombia, que producirlo e importarlo de Estados Unidos, incluido el subsidiado. Bajo el modelo de liberación de mercados se plantea que la producción agrícola en el mundo, debe basarse en el concepto de la “competitividad”, pero los países desarrollados no reconocen las distorsiones de los mercados que está causando la protección mediante subsidios a sus agricultores, al tiempo que se exige eliminar estos subsidios a los países del Sur y reducir los aranceles para las importaciones agrícolas, lo que ha generado efectos críticos en la oferta nacional. El gobierno colombiano ha emprendido la apertura generalizada a las importaciones de los productos básicos de la agricultura y la alimentación, cumpliendo las directrices contempladas en el "Acuerdo sobre Agricultura de la OMC", sobre liberación de la agricultura y desmonte de subsidios a los agricultores de los países del Sur, y también siguiendo las directrices de los acuerdos bilaterales de comercio, establecidos principalmente con Estados Unidos. Ahora Colombia depende de alimentos básicos importados, siendo Estados Unidos, Canadá y Argentina los principales proveedores de maíz y soja. Esta apertura a las importaciones ha tenido un fuerte impacto en la economía nacional, ya que ha producido un gran desabastecimiento de alimentos junto con la pérdida de los sistemas de producción nacional, especialmente de los pequeños agricultores, que los ha llevado a la ruina y ha reducido las limitadas posibilidades de supervivencia del campo. Estos agricultores son los que históricamente han sustentado gran parte de la seguridad alimentaria del país: sí tomamos toda el área cultivada para el 2000, los pequeños agricultores sembraron el 80% del área del maíz, el 89% de la caña panelera, el 89% del Fríjol, el 75.5% de las hortalizas y el 86% de la yuca. De exportadores a importadores netos de alimentos Al revisar la situación del sector agrícola de Colombia, en la última década ha disminuido en más del 60% el área sembrada con cultivos transitorios y se ha desarticulado la producción agrícola campesina. Por ejemplo, al comenzar la década de 1990 se producía internamente el 95% del maíz de consumo nacional, pero para el año 2002 se importaron más de dos millones de toneladas, lo que representa el 75% del maíz que requiere el país (Colombia es el sexto importador de maíz proveniente de Estados Unidos). Situación similar ha ocurrido con la soja: la producción nacional pasó de 193.597 toneladas en 1991 a 55.656 en el 2001, disminuyendo el 73% de la producción y el 77% del área cultivada. En el caso del algodón, en 1991 la producción nacional fue de 414.539 toneladas, pero en el 2001 solamente se produjeron 122.682 toneladas, disminuyendo el 70% de la producción y el 79% del área cultivada. Paradójicamente, la fuerte disminución del área agrícola ha estado acompañada del aumento descomunal del uso de plaguicidas: en 1990 la importación de herbicidas, insecticidas y funguicidas sumó 33.6 millones de dólares, pero en 1999 fue de 80 millones de dólares; es decir, aumentó en 237%. Esto indica que la crisis del sector agrícola del país está relacionada con la insostenibilidad de un modelo productivo que hace depender la producción del uso generalizado de agroquímicos, con los ya muy conocidos impactos ambientales y de salubridad pública. El país dejó de ser autosuficiente en la producción nacional de alimentos e incluso pasó de ser exportador, de productos como arroz, maíz, papa, algodón, a ser importador neto de alimentos de la mayor parte de los productos que sustentan la agricultura y la alimentación. Es una vergüenza nacional que un país con enorme potencialidad para la producción de alimentos, haya importado en el 2002 ocho millones de toneladas de alimentos básicos, como maíz, soja, arroz, trigo, sorgo, ajonjolí, azúcar, legumbres, frutales, cacao, lácteos, huevos, aves, carnes rojas, pescados, tal como lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Agricultura.

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A pesar de que la producción total de maíz en Colombia se ha mantenido relativamente estable, la demanda nacional para el consumo se ha incrementado significativamente, lo cual ha convertido al país en un gran importador de este producto. En 1991, el área cultivada se redujo en un 30% (Tabla 2), especialmente del maíz tradicional, el cual disminuyó en cerca de 290.000 hectáreas, aunque la disminución total de la producción no fue significativa puesto que el sistema tecnificado incrementó notablemente su producción. En 1991, el maíz producido por pequeños agricultores era tres veces mayor que el tecnificado, pero en el 2001 su porcentaje fue escasamente un poco mayor que el tecnificado, lo cual indica que los pequeños agricultores han sido drásticamente golpeados por la crisis agrícola y las políticas gubernamentales1.

Tabla 2

Producción y área sembrada de maíz y soja en Colombia. 1991 y 2001 Año Maíz Soja

Producción (Ton) Área (hectáreas) Producción (Ton) Área (hectáreas) 1991 1’273.600 821.800 193.597 100.600 2001 1’239.346 574.117 55.656 23.658 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Anuario estadístico del sector agropecuario, Dirección de Política Sectorial Grupo sistemas de información, Bogotá, 2001. Ante el caos agrícola, el paradigma de los transgénicos A partir del 2002, el gobierno colombiano para reactivar el sector agrícola ha propuesto como estrategia fundamental la introducción de cultivos transgénicos. Esta estrategia responde más a los intereses de una industria que a los del país, desconociendo por completo que la crisis agrícola no sólo se debe al uso de una determinada tecnología o al tipo de semillas, sino a la existencia de causas estructurales y políticas de tipo económico y social. Así, los problemas de fondo se deben buscar en aspectos como los subsidios de los países del Norte, los aranceles, el mercado interno y externo y las políticas erróneas de fomento agrícola. Así mismo, es importante tener en cuenta las limitaciones ambientales y productivas que presenta el país para el desarrollo de modelos de agricultura mecanizados que pretenden ser extrapolados a las zonas de economía campesina. Las políticas gubernamentales están alinderadas con las políticas y acuerdos económicos establecidos por los órganos internacionales que controlan la economía mundial, como la Organización Mundial del Comercio, OMC, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM, con los Acuerdos Comerciales y de supuesta “ayuda” que ha suscrito el país con algunos países del Norte, los cuales en gran parte están atados a la creación de condiciones para la privatización del Estado y también a la apertura de inversiones y mercados para el capital internacional. Adicionalmente, las políticas de investigación y desarrollo del sector agropecuario se han orientado hacia la promoción de sistemas de producción basados en modelos tipo revolución verde, los cuales históricamente han tenido un fuerte impacto sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Estos modelos han afectado notablemente a los sistemas de producción y las formas de vida campesina e indígena, puesto que no están adaptados a las condiciones y requerimientos ambientales, socioeconómicos y productivos de las poblaciones rurales del país. De esta manera, las políticas gubernamentales han in visibilizado y marginado las formas de vida tradicionales que sustentan la cultura y economía campesinas. Tras el fracaso de este modelo para salvar el sector agrícola, ahora el gobierno colombiano pretende, como uno de los ejes centrales de su política agropecuaria, meterse de lleno en la tecnología de los transgénicos, basándose en la falsa ilusión de que estas tecnologías van a solucionar la crisis agrícola del país. Al respecto, es preocupante la visión distorsionada que posee el gobierno sobre las posibles soluciones a la profunda crisis agrícola. En reiteradas declaraciones públicas el Ministerio de Agricultura plantea que sí el país no abre totalmente las puertas a estas tecnologías, “nos quedaremos veinte años atrasados con relación a los países desarrollados en la materia”. De igual forma, sostiene que los agricultores que no sean altamente competitivos no podrán sobrevivir en las actuales condiciones del mercado y que la mejor manera de lograrlo es adoptando las nuevas biotecnologías. Pero si los modelos basados en la revolución verde ignoraron totalmente a los pequeños agricultores, la inmensa mayoría de habitantes del campo, con mayor razón van a ser totalmente marginados mediante el uso de las

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tecnologías de transgénicos, que se sustentan sobre los mismos principios y paradigmas reduccionistas y atomicistas de ver el mundo en que se basó la revolución verde, los cuales conciben a los seres vivos como una simple sumatoria de genes que pueden ser movidos en todas direcciones entre las especies, para parchar problemas puntuales generados por este insostenible modelo de vida y de producción. Estas tecnologías desconocen la complejidad e integridad de los múltiples factores ambientales, tecnológicos, socioeconómicos y culturales que intervienen en la producción sustentable y especialmente invisibiliza las múltiples estrategias de manejo ecológico, tecnológico y cultural de los sistemas de producción agropecuarios desarrollados y adaptados desde épocas ancestrales por las comunidades indígenas, negras y campesinas. El Ministerio de Agricultura y el ICA abiertamente defienden las bondades de estas tecnologías, parodiando los mismos argumentos utilizados por la industria biotecnológica sobre los “inmensos beneficios que generaran los transgénicos para el país y especialmente para los agricultores”. Pero en ningún momento se plantean interrogantes ni la necesidad de hacer rigurosos estudios de bioseguridad, por los posibles riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos sobre los ecosistemas, la biodiversidad, la producción nacional, la seguridad alimentaria y la salud humana y animal. Nos dejo el avión de la biotecnología de punta En Colombia la mayor parte de investigación en biotecnología está siendo financiada, directa o indirectamente, por el sector privado a través de convenios con las instituciones de investigación pública o privada, con instituciones internacionales o con algunos gremios del sector agrícola (Fedearroz, Fedepapa, Cenicafe, Cenicaña, entre otros). Por otro lado, algunas investigaciones reciben apoyo gubernamental a través del financiamiento de Colciencias2. En Colombia, las transnacionales no figuran directamente como entidades que financien la investigación biotecnológica, pero es muy probable que los fondos para estas actividades provengan del sector privado, si tenemos en cuenta la tendencia mundial a reducir la investigación pública, la cual está siendo asumida por la industria, a través del apoyo directo o indirecto a estas instituciones públicas. Esto ha conducido las prioridades y los enfoques de la investigación hacia la obtención de productos biotecnológicos controlados por la industria y, potencialmente, de alto valor comercial. Desde luego, estas investigaciones no están orientadas a resolver los principales problemas de la producción agrícola que enfrenta la inmensa mayoría de los agricultores de nuestros países. Colombia, al igual que la mayor parte de los países de América Latina, con la excepción de Brasil y Cuba, ha avanzado muy poco en la investigación biotecnológica y cuenta con un limitado apoyo por parte del Estado para el desarrollo de la capacidad técnica y científica en esta área3. Ante esta situación, el gobierno nacional, a través del Ministro de Agricultura, plantea como una de sus estrategias fundamentales desarrollar la capacidad técnica y científica en nuevas biotecnologías, mediante la apertura masiva a los cultivos y alimentos transgénicos de las transnacionales, sin los debidos controles de Bioseguridad. ¿Quién asumirá las funciones de un Estado en liquidación? Actualmente las políticas gubernamentales están dirigidas a implementar fuertes reestructuraciones del Estado mediante la eliminación, fusión o cambio de funciones de las entidades públicas y a realizar drásticos recortes de presupuesto y de funcionarios que desarrollan investigación o diversos procesos de control. Una muestra de ello es la reciente fusión del Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de Desarrollo, lo que se expresa en que las funciones como Autoridad Nacional Ambiental que ejerce este Ministerio han quedado relegadas a un segundo plano, luego de ser priorizadas las actividades relacionadas con las políticas de vivienda que ejercía el Ministerio de Desarrollo. Es igualmente crítico el caso del ICA y CORPOICA, ya que esas instituciones fueron reducidas a su mínima expresión en el campo de la investigación y de control. Pero mas crítico aún es el reciente anuncio del gobierno Nacional de liquidar el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, o de cederle sus funciones a otra entidad que resulte menos onerosa para el Estado. La investigación en Biotecnología Lo anterior se puede evidenciar en las estadísticas oficiales que muestran la drástica reducción de la inversión y el apoyo del Estado a través de Colciencias, para la financiación y promoción de actividades en ciencia y tecnología. Entre 1995 y 2002 se presentó una disminución del 52.6% de los recursos aplicados; es así como en el 2002 se invirtieron 33,5 millones de dólares, que sólo corresponden al 0.3% del PIB Nacional, de los cuales

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en investigación en biotecnología se invirtió la modesta suma de 420.000 dólares, que equivale al 1,25% del presupuesto total de Conciencias en el 2002. Esta cifra evidencia cómo el país no está haciendo una inversión en el desarrollo de la capacidad técnica y científica en el área de biotecnología; por el contrario, se cierran las posibilidades, especialmente de las instituciones de investigación y universidades gubernamentales. Es preocupante ver cómo el exiguo presupuesto que el país invierte en el desarrollo de ciencia y tecnología, se aplica a la promoción de proyectos agropecuarios con enfoques agroindustriales, sin que exista apoyo para investigaciones que no encajan en este enfoque, es decir, que están orientadas hacia la conservación y manejo sostenible de recursos naturales y los ecosistemas, a la capacitación y fortalecimiento de formas de producción alternativas con enfoques agroecológicos, a la problemática real del campesinado y a la conservación y mejoramiento de semillas por los agricultores. La mayoría de las investigaciones básicas y aplicadas en el campo de la agricultura y de la alimentación todavía utilizan métodos de selección y mejoramiento convencional, que incluyen técnicas como: caracterización de recursos genéticos, organoléptica de frutos andinos, cultivo de tejidos, selección y desarrollo de materiales genéticos con atributos específicos. Adicionalmente, se realizan algunas investigaciones sobre el desarrollo de DNA recombinante y sobre plantas transgénicas, pero, en la mayoría de los casos, se encuentran a nivel de laboratorio y todavía no han sido liberadas comercialmente. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) es la institución que más trabajo tiene en la aplicación de biotecnología y especialmente en el desarrollo de cultivos transgénicos. Aunque sus investigaciones se lleven a cabo en el territorio colombiano, forma parte de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, los cuales desarrollan sus actividades de forma independiente y autónoma y no están regidos por las políticas nacionales de investigación, ni son controlados por las normas nacionales de bioseguridad; por lo tanto, sus investigaciones en transgénesis no pueden considerarse como parte de las actividades nacionales en biotecnología. Desde inicios de la década de 1990, el CIAT adelanta investigaciones para el desarrollo de variedades transgénicas en cultivos de arroz (resistente al virus de la hoja blanca), que está en una etapa de cultivo experimental en campo abierto, yuca (resistente al barrenador del tallo Chilomima clarkei), fríjol (resistente a la sequía) y pastos4. Por su parte, el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia IBUN, hace mas de seis años viene trabajando en la investigación de una variedad de tabaco transgénico resistente a herbicidas, y actualmente está investigando sobre variedades de papa resistentes a virus5. En Colombia existen ocho instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación de cultivos transgénicos de arroz, papa, fríjol, tomate, tabaco, maracuyá, banano, café, caña de azúcar, arveja, pastos, algodón, flores (crisantemo y heliconia) entre otros. Todas estas investigaciones se encuentran en una etapa muy preliminar de caracterización y de evaluación de la expresión de los genes utilizados, otras todavía no han logrado expresar la transformación genética y sólo en algunos casos son ensayos preliminares de laboratorio (Tabla 3). En el país no existe una entidad o instancia que centralice la información sobre todas las investigaciones de entidades públicas y privadas en organismos transgénicos. En Colciencias solamente está disponible información muy general de algunas investigaciones que reciben recursos del Estado, pero no se incluye información sobre otras investigaciones independientes o que reciben fondos de entidades privadas. De otro lado, el Consejo Técnico Nacional de Bioseguridad del ICA (CTN), no posee una base de datos de estas investigaciones y tampoco ejerce control sobre ellas, puesto que la norma de Bioseguridad del ICA no lo contempla.

Tabla 3 Investigación pública y privada para la producción de plantas transgénicas en Colombia.

Cultivo Solicitante (institución)

Rasgo y Características del OGM Estado de la investigación

Arroz Resistencia a la enfermedad hoja blanca del arroz • Baja expresión del gen de la nucleoproteina del virus de la hoja

blanca (RHBV), clonada del RNA 3 del virus.

Investigación en manejo confinado y en pequeña escala en campo.

Yuca

Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT Resistencia al barrenador del tallo (Chilomima clarkei).

• Gen CryIA(b) B. thuringiensis Investigación en manejo confinado.

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Pastos: Brachiaria y Stylozantes

Investigación en manejo confinado.

Café Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Resistencia a la broca del cafeto • Transformación vía Biolística, PEG y A. tumefaciens. - Promotor

35 S


Caña de azúcar

Centro Nacional de Investigación en Caña de Azúcar - CENICAÑA

Resistencia al virus del síndrome de la hoja amarilla. • Gen que codifica proteína de la cápside del virus (CP ORF).

Transformación vía Biobalistica


Papa Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional IBUN

- Papa criolla (Solanum phureja, var. yema de Huevo). que expresan el gen de la Cápside del Virus del enrrollamiento de la hoja (PLRV). - Papa var. Diacol capiro que contengan el gen C.P. y de la replicasa. • Transformación vía A. tumefaciens.

Clones potencialmente transgénicos en etapa de evaluación.

Maracuyá y Crisantemo

Pontificia Universidad Javeriana

Maracuyá resistente a virus, Crisantemo resistente a Hongos

Investigación en laboratorio

Algodón y arveja

CORPOICA Plantas de algodón resistente al insecto (Anthonomus grandis). Plantas de Arveja resistente a insectos


Papa

Plantas de papa resistentes al ataque de las polillas • Transformación vía A. tumefaciens.

Banano

Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB Universidad de Antioquia

Plantas de banano resistentes a la Sigatoka negra • Clonaje de fragmentos de DNA de banano por PCR, con alta

homología a genes de resistencia, que codifican para Fenilalanina Amonia liasa (PAL)


Stevia rebaudiana Heliconia strricta

Facultad de Ciencias exactas y naturales, U. de Antioquia

Transformación genética de Stevia rebaudiana. Transformación genética de Heliconia strricta.


Tomate Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, Valle.

Plantas de tomate vvaarriieeddaadd UUNNAAPPAALL--AArrrreebblleess,, resistentes a plagas. • IInnccoorrppoorraacciióónn ddee llooss ggeenneess nnppttIIII,, gguuss--iinnttrroonn yy CCrryy11AAbb ((BB..

TThhuurriinnggiieennssiiss)).. Transformación vía A. tumefaciens.


Papa Grupo de Ing. genética. Fac. de Ciencias – U. Nacional de Colombia,

Plantas de papa criolla (Solanum phureja vvaarr.. YYeemmaa ddee HHuueevvoo) resistente insectos • GGeenn qquuee ccooddiiffiiccaa ppaarraa uunn iinnhhiibbiiddoorr ddee pprrootteeaassaass ((mmiirrll 22))

ddeerriivvaaddoo ddeell PPoommeelloo..


Fuentes: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Actas CTN 1999 – 2001; Colciencias; y Memorias del “Taller Internacional de Ingeniería Genética para la Agricultura Colombiana”, Departamento de Biología e Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia y Corpoica, 2002. La investigaciones en transgénicos que se realizan en el país utilizan tecnologías y componentes genéticos, comúnmente empleados en todo el mundo, tales como los promotores y terminadores virales (especialmente el 35S y 19S provenientes del Virus del Mosaico de la Coliflor), los marcadores genéticos que generan resistencia a antibióticos y a herbicidas y vectores provenientes de plasmados bacteriales, entre otros. Varias de estas tecnologías y componentes están protegidas por patentes, que son propiedad de la industria. Este hecho obliga a los investigadores nacionales a establecer acuerdos con dichas industrias para utilizar sus tecnologías, sólo para uso exclusivo de la investigación, pero si la innovación llegara a tener una aplicación comercial la industria, de forma directa o indirecta, entraría a controlar los productos de estas investigaciones. A falta de investigación nacional bienvenida la Industria biotecnológica Hasta hace algunos años, en Colombia la investigación y producción de semillas mejoradas era en gran medida realizada por entidades del Estado como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), pero esta actividad ha sido

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progresivamente transferida a unas pocas empresas multinacionales que controlan el mercado internacional de semillas. El interés de estas industrias radica en introducir semillas de alto valor, especialmente dirigidas hacia la producción agroindustrial, y no les llama la atención desarrollar semillas adaptadas a las condiciones y necesidades de los pequeños agricultores. Las posibilidades de inversión de la industria biotecnológica todavía son reducidas, debido a la profunda crisis del sector agropecuario y porque el mercado de semillas “mejoradas” representa un porcentaje reducido dentro de la producción nacional, especialmente de los medianos y pequeños agricultores, quienes guardan sus semillas para las próximas cosechas y se encuentran al margen del mercado de semillas. En la última década, el sector agrícola del país, especialmente el relacionado con cereales, cultivos industriales y de hortalizas ha experimentado una fuerte reducción en el área y producción, lo que se refleja también en la constricción del mercado de semillas y en la reducción de las ganancias de las empresas nacionales e internacionales. Gran parte de las ganancias de las empresas multinacionales está más relacionado con la venta de agroquímicos para la producción, que con la venta de semillas. En países como Colombia, recientemente se ha desencadenado una fuerte presión de la industria biotecnológica para que en el sector agrícola se asuma la apertura masiva a los cultivos transgénicos. Esta presión ha sido notoria ante el Ministerio de Agricultura y el ICA, lo que se evidencia en la débil y laxa norma de Bioseguridad, vigente desde 1998, para organismos transgénicos de uso agrícola y también se pone de presente por los procedimientos irregulares para la liberación comercial de transgénicos en el país. La empresa más activa en este sentido ha sido Monsanto, quien tiene el mayor monopolio de semillas transgénicas en el mundo. Desde 1996, ha realizado en el país pruebas de campo con cultivos transgénicos de algodón Bt sin ningún control de bioseguridad, puesto que se realizaron antes de aprobarse la norma del ICA de 1998. La estrategia de Monsanto ha sido la de crear condiciones para que las autoridades competentes en materia de bioseguridad agrícola le permitan intervenir y controlar los procesos de investigación, evaluación en campo, las solicitudes de comercialización y la liberación comercial de sus cultivos transgénicos. Adicionalmente, todo lo realiza Monsanto a través de convenios con la empresa nacional Semillas Valle, con lo cuan no figura como actor directo en todo el proceso, evita los cuestionamientos que se le han hecho a nivel mundial y logra una mayor aceptación en el mercado. Normas de bioseguridad en Colombia Después de seis años de difíciles negociaciones, en el 2000 fue aprobado el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, presentándose una fuerte oposición y bloqueo del denominado “Grupo de Miami”, liderado por Estados Unidos y otros cuatro países que controlan los cultivos transgénicos en el mundo. Aunque algunos plantean que el protocolo ha sido un avance significativo para regular las aplicaciones de la biotecnología, muchos países y las organizaciones ambientalistas consideran que este acuerdo tiene grandes problemas estructurales, limitaciones, aspectos contradictorios y conflictivos que no resuelven los problemas fundamentales relacionados con el control de la aplicación de la biotecnología. Dentro de las aspectos más críticos del protocolo se pueden mencionar los siguientes: sólo se aplica al movimiento transfronterizo de OGM; existe una indefinición sobre la primacía de los acuerdos ambientales con relación a los acuerdos de comercio; no desarrolla la evaluación de riesgos e impactos en la salud humana y socioeconómicos de los OGM, y no considera la segregación y etiquetado de los OGM6. Estos aspectos del Protocolo evidencian la necesidad de que los países desarrollen normas nacionales fuertes y con un mayor ámbito de acción, de tal forma que cubra los aspectos no incluidos en aquél. Sin embargo, actualmente pocos países poseen legislaciones de bioseguridad estrictas e integrales que incluyan todos los aspectos relacionados con la aplicación de la biotecnología; la mayoría de ellas, en los casos que existen, se refieren principalmente a la regulación de bioseguridad relacionada con los OGM de uso agrícola, dejando por fuera de control a la mayor parte de los OGM que pueden entrar a nuestros países, como los alimentos y las mercancías de aplicación industrial. A raíz de lo anterior, surgen varias preguntas: • ¿Los países del Sur poseen o pueden desarrollar la capacidad técnica y científica para implementar normas

nacionales de bioseguridad que sean integrales, independientes y que respondan a sus intereses y necesidades?

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• ¿Estas normas nacionales pueden aplicarse sin la presión de la industria biotecnológica, o mediante su intromisión para elaborar normas débiles y flexibles, hechas a imagen y semejanza de sus intereses?

• ¿Se puede evitar la intervención directa o indirecta de la industria en los órganos de control, evaluación y aprobación de la liberación comercial de OGM?

• ¿Es posible que nuestros países puedan lograr efectivas normas de bioseguridad, teniendo en cuenta la presión que reciben a través de los acuerdos comerciales que han firmado? (Mediante, por ejemplo, acuerdos bilaterales (Colombia - Estados Unidos), acuerdos regionales (Comunidad Andina de Naciones) o acuerdos multilaterales (OMC - ALCA), en los que se obliga a respetar Derechos de Propiedad Intelectual y a crear condiciones adecuadas para la inversión del capital internacional; además, la “aparente ayuda económica” está condicionada a la generación de un ambiente favorable para la liberación comercial de organismos transgénicos en nuestros territorios)

Cerramos la ventana pero dejamos abierto el solar En mayo de 2002, la Ley 740 aprobó el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad, pero en el país no existe una ley de bioseguridad integral que incluya la regulación y evaluación de riesgos e impactos ambientales, socioeconómicos y de salubridad por la aplicación de la biotecnología. Sólo existe una norma puntual del Ministerio de Agricultura a través del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que expidió la Resolución 3492/98, que “Reglamenta y establece el procedimiento de introducción, producción, liberación y comercialización de OGM de uso agrícola” (es decir, para semillas). Esta norma del ICA tiene bastantes aspectos discutibles: en su proceso de formulación y aprobación no hubo amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad que de alguna forma están involucrados y que pueden ser afectados con los OGM; el ámbito de aplicación, el alcance y la rigurosidad de la evaluación de riesgos son muy limitados; solo se aplica a los OGM de uso agrícola (material reproductivo) y no a los productos derivados (de uso alimenticio, para la salud y otros); tampoco incluye los impactos ambientales y los microorganismos7. Es decir, no se aplica para más del 90% de los posibles OGM que pueden entrar al país. Posteriormente, el ICA expidió la Resolución 02935/01, que regula los OGM de uso pecuario. Entre los aspectos más críticos de la Resolución del ICA se encuentra que las autoridades nacionales competentes sobre bioseguridad no tienen capacidad técnica ni recursos para realizar de forma independiente, objetiva, y a largo plazo, las evaluaciones de riesgos e impactos de los OGM que se pretenden introducir al país. Es preocupante que esta norma permita que estas pruebas sean realizadas, pagadas y evaluadas por el solicitante, tal como ocurrió con el caso del algodón Bt de la Monsanto en su corto e irregular proceso de evaluación y aprobación. Simultáneamente con la Resolución 3492, el ICA aprobó el Acuerdo 0013/98 que crea el Consejo Técnico Nacional, CTN, como órgano de carácter "consultivo y asesor"; puesto que la decisión final de la liberación comercial de OGM es adoptada exclusivamente por el gerente del ICA. En este Consejo participan representantes de los sectores públicos y privados que en general están totalmente a favor y son promotores de los transgénicos. De once miembros del Consejo sólo hay un representante de los agricultores, que según la interpretación que le da el CTN, es el vocero de todos los sectores de la sociedad civil distintos a los gremios económicos y a la industria. Pero en realidad no existe una verdadera representación de todos los sectores que de alguna forma pueden ser afectados por la introducción de OGM, especialmente las comunidades de agricultores locales, los consumidores, y los ciudadanos en general. Posteriormente, el ICA expidió el Decreto Nº 0002/2002, que precisa algunos aspectos de las competencias del CTN. Este Decreto en su artículo 5, dice: “Los miembros del CTN Agrícola deberán abstenerse de evaluar y de votar proyectos o actividades que los beneficien directa o indirectamente”. Este aspecto se debe tener en cuenta en el análisis sobre el procedimiento que siguió el CTN para la liberación comercial del algodón Bt en Colombia, puesto que Monsanto como miembro del CTN ha violado sin ningún tapujo esta inhabilidad, al ser juez y parte en todo el proceso de evaluación y toma de decisión sobre la liberación comercial de este cultivo, como se verá más adelante. Debido al vacío jurídico que existe en Colombia en cuanto a la bioseguridad y a causa de la presión por parte de la sociedad civil para adoptar en el país una norma de bioseguridad integral, el Ministerio de Ambiente en el año 2002 formuló un proyecto para crear una norma marco que incluya la regulación de la investigación, experimentación, introducción, liberación, movilización, producción, comercialización, utilización y

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almacenamiento de OMG en el país. Pese a los esfuerzos de comenzar a formular el proyecto, con la convocatoria de algunos sectores involucrados, en realidad quienes han participado activamente han sido el gobierno, la industria y la academia, pero no lo han hecho sectores de la sociedad civil, como las organizaciones indígenas, campesinas, los consumidores y los grupos ambientalistas. Recientemente, el Gobierno reestructuró el Ministerio de Ambiente, quedando diluidas muchas de sus funciones de tipo ambiental: el tema de bioseguridad ha sido relegado a un segundo plano, y, por ello, la iniciativa de norma nacional ha quedado dilatada desde agosto de 2002, y no se ve voluntad política para que el Ministerio de Ambiente ejerza su función como autoridad nacional ambiental y de bioseguridad, como lo evidencia su forma de actuar en la reciente liberación de transgénicos en el país, tema que abordaremos mas adelante. Esto es de extrema gravedad puesto que existe un vacío jurídico en esta materia, pero siguen adelante las autorizaciones del CTN para las siembras en campo de ensayos que buscan la liberación comercial de cultivos transgénicos y, lo que es más grave aún, el país continúa importando masivamente alimentos transgénicos especialmente maíz y soja sin que las autoridades competentes ejerzan ningún control de bioseguridad. Es preocupante que mientras el Gobierno no muestra voluntad política para avanzar en la elaboración de una norma de bioseguridad integral y en el impulso de la capacidad técnica y científica para ejercer los controles necesarios, por otro lado se plantee abrir sin restricciones las puertas para que la industria pueda inundar el país con cultivos y alimentos transgénicos, sin realizar las evaluaciones de bioseguridad requeridas. Lo mas grave es que el CTN y el Ministerio de Ambiente se han convertido en un comité de aplausos para avalar esta política e ignorar las preocupaciones y criticas de diversos sectores de la sociedad civil. ¿Quién controla la investigación de transgénicos en Colombia? En Colombia no existe legislación que regule la investigación. Sin embargo, entre las instituciones que investigan con transgénicos, algunas hacen manejo de riesgos, de acuerdo a sus propias regulaciones internas de bioseguridad. Pero no existe un órgano que controle los protocolos que están establecidos dentro de cada institución, por tanto esta regulación queda al criterio de cada una de ellas. Las instituciones de investigación en biotecnología no están obligadas a presentar solicitud ante el CTN, y este organismo no tiene competencia para hacerles seguimiento y controlar sus actividades; adicionalmente, no existen protocolos de manejo de riesgos mínimos unificados. Este hecho es cuestionable, por varias circunstancias: por una parte, en el caso de presentarse algún problema, tanto en laboratorio como en invernadero o en campo, no existe ningún órgano de control que pueda ejercer alguna acción y tomar medidas de sanción y de mitigación de daños por estas actividades; por otra parte, estas instituciones consideran que están haciendo un tipo de investigación básica en confinamiento y, por lo tanto, no requieren ser vigiladas. Sin embargo, sus investigaciones, a pesar de presentarse como parte de la investigación básica, están dirigidas hacia el desarrollo de productos que podrían ser comercializados en el futuro a través de la industria biotecnológica, en razón de lo cual sí deberían ser controladas y monitoreadas por alguna autoridad Nacional en materia de bioseguridad. Los cultivos y alimentos transgénicos en Colombia Colombia centro de origen y diversidad de especies cultivadas El país no sólo es centro de diversidad, sino también lugar de origen de muchos cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación mundial. El territorio nacional es centro de diversidad de cultivos como maíz, fríjol, yuca, papa, tomate, arroz, caña de azúcar, algodón, ñame, frutales, entre otros. En los bancos nacionales de germoplasma del ICA existe una amplia diversidad de especies y variedades nativas que hacen parte de estas colecciones. Por ejemplo, de maíz se tienen 2098 accesiones de origen nacional y 2947 provenientes del CIMMYT, de algodón 667, de yuca 340, de ñame 130, de arroz 370 y de frutales 854. En Colombia se ha identificado 23 razas diferentes de maíz, con cientos de variedades y ecotipos locales, de las cuales algunas de ellas se conservan en el Centro de Investigación Tulio Ospina del ICA en Medellín, pero existen muchas de ellas que todavía están en manos de los agricultores y que no han pasado por estos bancos de conservación ex situ. Antes de que el gobierno tome la decisión de liberar estos cultivos transgénicos debería hacer una evaluación completa de los posibles efectos, adversos e impredecibles, sobre este patrimonio genético del país, sobre los

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agroecosistemas, y también mesurar los impactos socioeconómicos, especialmente sobre los pequeños agricultores que dependen de estos cultivos para garantizar su sustento y su seguridad alimentaria. En el caso del maíz, Colombia es centro de convergencia entre América central, las mesetas Andinas y las tierras bajas de Sur América. El cultivo de maíz reviste gran importancia debido a que, de un lado, ha sido la base de la alimentación de gran parte de la población rural y urbana y, de otro lado, por la complejidad ecosistémica y cultural del territorio, se ha creado una amplia diversidad de variedades nativas que se han desarrollado y adaptado a las diferentes regiones ecológicas, culturales y productivas. Por ejemplo, en la región caribe de Colombia las comunidades campesinas e indígenas manejan más de 25 variedades criollas de maíz como base fundamental de su seguridad alimentaria8; y en la región Cafetera Andina las comunidades campesinas manejan más 20 variedades locales de maíz. Para Monsanto el maíz nativo es invisible La industria tergiversa y manipula la información sobre los centros de origen de las especies cultivadas. Por ejemplo, en Colombia las solicitudes en curso que envió Monsanto al Consejo Técnico Nacional (CTN) del ICA, para la liberación comercial del maíz Bt (YieldGard) y el maíz Roundup Ready, afirman que Colombia no es centro de origen de ese cereal, sino centro de convergencia y que de las 23 razas de maíz presentes en nuestro territorio sólo dos son consideradas originarias (pollo y pira). Se afirma que ambas tienen genes de esterilidad, por lo que la probabilidad de cruzamiento es muy baja a distancias mayores de 200 metros, y que éstas variedades solo están ubicadas en áreas limitadas de Boyacá, Cundinamarca y Nariño a una altura mayor de 1.800 metros sobre el nivel del mar. A partir de estos argumentos se afirma que la tecnología YieldGard es equivalente y familiar con las variedades nativas y se llega a la conclusión que para las demás razas de maíz ampliamente distribuidas en las diversas regiones, como en la Caribe en donde se encuentra mas del 50% del maíz nacional, no existen riesgos significativos. Teniendo en cuenta la existencia de un alto número de variedades criollas de maíz, la introducción de variedades transgénicas puede generar efectos adversos en el medio ambiente, en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria, considerando las características fisiológicas de esta planta en cuando a su reproducción (el maíz es una planta alógama, que se caracteriza por presentar un alto porcentaje de hibridación cruzada, como lo demuestran varios estudios que han probado el alto grado de hibridación natural del maíz con sus parientes silvestres (Tripsacum y Teocintle) y con variedades de maíz cultivadas).

La estrategia: primero contaminar y luego resignarse

En estudios realizados por el CIMMYT y otras instituciones, en México que es el centro de origen del maíz, se ha documentado ampliamente como ocurre el flujo genético entre maíz criollo, maíz mejorado y teocintle. El maíz, Zea maíz, posee dos parientes silvestres, Tripsacum spp. y Teocintle spp. Ambas, se cruzan naturalmente con plantas de maíz, a pesar de ser morfológica y genéticamente diferentes del cultivo.

En el año 2001, Quist y Chapela, de la Universidad de California en Berkeley, realizaron una evaluación genética de variedades nativas de maíz de Oaxaca y Puebla y encontraron que existía contaminación de variedades nativas con maíz transgénico. Este trabajo tuvo amplia difusión en la comunidad científica y se ha presentado un fuerte debate público por la contaminación genética de uno de los centros de origen más importantes del mundo, especialmente por las implicaciones ambientales y socioeconómicas que tiene encontrar allí maíz transgénico. Debido a la controversia generada por este estudio en donde se pretendió descalificar la metodología utilizada, se han hecho nuevas investigaciones que han corroborado esta contaminación en el centro de origen del maíz. Uno de estos fue presentado por la Secretaría del Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, en el cual se encontró contaminación transgénica en las variedades de los campesinos en porcentajes de hasta 35% en variedades de Oaxaca y Puebla. Los biopesticidas transgénicos Bt Bt es la abreviatura de Bacillus thuringiensis, una bacteria que existe naturalmente en el suelo, y que es fatal para las larvas de un amplio espectro de insectos que incluye mariposas, polillas, gorgojos y escarabajos, que son plagas de cultivos de importancia comercial, como maíz, arroz, algodón y papa. La toxina del Bt se activa solamente en el tracto digestivo en su estado larvario y la industria ha sostenido que no tiene efectos

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perjudiciales “directamente” sobre otras especies9. Actualmente, en Estados Unidos existen mas de 20 cultivos Bt: maíz, papa, tomate y tabaco colza, arroz, maní, uva, berenjena, brócoli, alfalfa, manzano, eucalipto, pino, nogal, entre otros.

Los biopesticidas Bt, no solucionarán ningún problema Los impactos adversos de los cultivos Bt han sido bien documentados en la literatura científica10, e incluyen varios aspectos: • Evolución de resistencia en plagas de insectos, haciendo necesaria la incorporación de cultivos no-Bt como

una estrategia para el manejo del cultivo. • Expresión aberrante de genes en el campo, lo que ha resultado en variedades que tienen una dosis muy

baja de la toxina, haciéndolas ineficientes en el control de plagas y promoviendo resistencia a las toxinas Bt. • Polinización cruzada con variedades no-Bt, creando super malezas Bt y plantas Bt que pueden causar graves

problemas en el manejo del cultivo. • Las toxinas activas Bt se escurren de los tejidos de las raíces y se incorporan al suelo donde no son

biodegradadas y se acumulan por largo tiempo, lo que puede producir gran impacto en la salud del suelo, con efectos en todos los niveles tróficos del ecosistema.

¿Peor el remedio que la enfermedad? Al final la resistencia acabará con el Bt Existen evidencias científicas y acuerdo entre los entomólogos en que la aparición de insectos resistentes al Bt en los cultivos como algodón, papas y maíz era inevitable; por ello, la preocupación de la industria radica en cómo retrasar la aparición de la resistencia. La estrategia que se ha diseñado para contrarrestar la resistencia se basa en el establecimiento de refugios de plantas no transgénicas, donde los insectos vulnerables al Bt podrían continuar multiplicándose, contrarrestando el predominio de los insectos resistentes al Bt. Sin embargo, ya existen evidencias científicas que muestran que los refugios sólo alargarían unos pocos años la vida útil del Bt y cuanto más se masifiquen los cultivos Bt, más rápidamente los insectos desarrollarán mecanismos de resistencia11. Un estudio realizado por la universidad de Colorado, muestra cómo en EEUU las plagas de Lepidópteros de algodón Bt han desarrollado resistencia a la toxina a pesar de establecerse entre 20 y 40% del área del campo con refugios sembrados con variedades no GM. El estudio encontró que los refugios son ineficaces para retardar la resistencia al Bt, puesto que esta resistencia a la toxina es de carácter dominante. Es decir, la mutación no es recesiva y por eso las siguientes generaciones de insectos son resistentes aunque se crucen con los ejemplares no resistentes presentes en dichos refugios. Otro estudio de las Universidades de Carolina del Norte12, permitió detectar el desarrollo temprano de resistencia a la toxina Bt; el Dr. Gould, estableció que 1.5 de cada mil polillas acarrean el gen de resistencia a la toxina Bt, pronosticando que la resistencia al gen Bt en la polilla del algodón será un verdadero problema en pocos años si este cultivo se planta de manera generalizada13. Impacto en especies no objetivo Existen evidencias de laboratorio de los efectos biológicos de la toxina del Bt sobre insectos benéficos14. Angelicka Hilbeck y otros autores mostraron que el desarrollo de insectos predadores, alimentados por insectos que habían comido maíz Bt, era mucho más lento que en los controles, y su taza de mortalidad aumentó entre dos y tres veces. Estudios realizados Por Deepak, Flores y Stotky, publicado en Nature15, encontraron que las toxinas Bt son liberadas en la rizófera (el área que existe entre las raíces y el suelo), a través de las exudaciones provenientes de los cultivos Bt. Al entrar al suelo en forma activa, la toxina se puede expresar por períodos de entre tres y seis meses. El polémico algodón biopesticida Bt De los 52,6 millones de hectáreas que se sembraron en el mundo con cultivos transgénicos en el 2001, 6.8 millones correspondieron a algodón Bt y el 90% del algodón sembrado en EEUU fue transgénico. El suministro mundial de semillas de algodón GM esta en manos de solo cuatro compañías. La China paso de 0.5 millones de hectáreas en 2000 a 2.5 millones en 2002.

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Estudio Científico confirma que el algodón BT Afecta el ambiente en China El algodón Bt fue introducido a China por Monsanto en 1997. En esa época, se lo publicitó como una solución mágica al problema de las plagas en ese país. Inmediatamente, el área de cultivo de esta variedad se incrementó en un millón y medio de hectáreas en 2001, ascendiendo al 35% del total del área algodonera: el algodón Bt de Monsanto alcanza las dos terceras partes de todo el algodón transgénico sembrado en China. Un estudio realizado en China recientemente sobre el algodón transgénico “Bt” (Bacillus thuringiensis), confirma impactos ambientales adversos a sólo cinco años de la existencia de plantaciones comerciales de este cultivo, y concluye que la variedad no podrá controlar las plagas eficazmente al cabo de 8/10 años de producción continua. Los tests y el monitoreo de campos conducidos por cuatro institutos científicos dependientes del Estado chino, ya han comprobado la resistencia a la bacteria Bt en la “plaga objetivo” (el barrenador del tallo), una reducción en la cantidad de los parásitos enemigos naturales del barrenador, y un incremento en la existencia de plagas secundarias. Estos factores han obligado a los agricultores a continuar usando pesticidas químicos y han incrementado la posibilidad de apariciones de brotes de ciertas plagas a causa del desequilibrio producido en la comunidad de insectos. Super plagas y más problemas Según esta investigación del algodón Bt en China, las pruebas demostraron que la susceptibilidad de los barrenadores resistentes a la toxina Bt bajó a un 30% luego de una alimentación continua con hojas del algodón Bt durante 17 generaciones. La resistencia aumentó unas mil veces cuando la alimentación continuó hasta la 40º generación. Por otra parte, la población de parásitos enemigos naturales del barrenador se redujo significativamente en los campos de algodón Bt. Plagas secundarias como el algodón alphids, algodón ácaro rojo, trips y otros, reemplazaron al barrenador como plaga primaria en algunos campos. Además, se concluyó que la resistencia del algodón Bt al barrenador del tallo disminuye con el paso del tiempo. El autor del estudio, un investigador del Instituto de Ciencias Ambientales de Nanjing, y un asesor de Greenpeace, Profesor Xue Dayuan, dijeron: " El reporte confirma que el algodón Bt está siendo liberado al ambiente en forma prematura. Luego de cinco años de su comercialización, los agricultores y científicos chinos están enfrentándose con problemas serios y ven que es demasiado poco lo que se conoce sobre la interacción de los cultivos transgénicos con el ambiente”. GREENPEACE, junio 2002. El estudio original en inglés está disponible en: http://www.greenpeace.org/%7Egeneng/reports/env_impact_eng.pdf

La India aprobó la liberación comercial del algodón Bt en abril del 2002, luego de cinco años de pruebas en diferentes regiones del país, y aunque durante tres años éstas presentaron fallas, el gobierno se ha negado a hacer públicos los estudios científicos para el escrutinio independiente. En el 2001 se descubrieron en la India 4000 hectáreas ilegales de algodón Bt, que tuvieron que ser destruidas. Recientemente, Monsanto ha comprado varias de las mayores compañías productoras de algodón de la India. Hace varios años una manifestación de más de 1 millón de personas destruyó algunos ensayos demostrativos de algodón Bt. En la India, el algodón en su mayor parte es cultivado por agricultores que poseen en promedio una hectárea, quienes están muy preocupados por el impacto ambiental y socioeconómico de este biopesticida transgénico ¿Quién gana y quién pierde con los cultivos transgénicos? Uno de los impactos que podría generar la introducción de maíces transgénicos sobre la diversidad de maíces criollos y los sistemas productivos locales es la pérdida y abandono de estas variedades por los agricultores, lo que puede generar efectos negativos sobre la sostenibilidad de los sistemas productivos y la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales, debido a la exclusión competitiva generada por las falsas expectativas y las, aparentemente mejores, características que promueve la industria. La homogenización y simplificación de este modelo de agricultura, ha impactado fuertemente las variedades criollas y los mercados locales. Adicionalmente, desde el momento en que Colombia introduzca masivamente cultivos transgénicos no sería posible garantizar la producción de cultivos limpios, puesto que la contaminación de las variedades locales con las transgénicas implicaría la pérdida de estatus de los agricultores orgánicos y se excluirían del mercado internacional los productos de agroexportación contaminados, especialmente de la Comunidad Europea, en

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donde se están adoptando normas muy estrictas contra la importación de productos que no estén limpios de agroquímicos y libres de transgénicos, mediante exigencias de rotulado y trazabilidad de estos productos. El caso más crítico, y que ha tenido mayor repercusión en los mercados internacionales respecto al comercio de alimentos OGM, ha sido el del maíz StarLink, debido al escándalo que se presentó en Estados Unidos al encontrarse este maíz en cerca de 300 productos procesados para la alimentación humana, pese a que sólo había sido autorizado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para la alimentación animal, lo que produjo el retiro masivo de estos productos del mercado en Estados Unidos y ocasionó millonarias pérdidas, tanto para los agricultores como para los comercializadores. Como consecuencia, la Unión Europea, Japón y Corea cerraron totalmente sus puertas a la importación a este tipo de maíz y en el 2001 se presentó una caída dramática en el área sembrada de maíz GM en Estados Unidos, con las consiguientes pérdidas económicas que tuvieron que asumir los agricultores y las empresas comercializadoras. A raíz de este hecho, Estados Unidos retiró la comercialización de ese maíz en su territorio, pero no prohibió su comercialización en el resto del mundo, por lo que es muy probable que los enormes volúmenes, que no es posible ubicar en los países del Norte, estén siendo comercializados en los países del Sur donde no existe ninguna restricción para su consumo. Teniendo en cuenta que muchos países han cerrado las puertas a productos transgénicos o que tienen estrictas normas de bioseguridad antes de ser liberados comercialmente, cabe preguntarse: ¿Colombia debería utilizar plena y rápidamente estas tecnologías, en contravía de la precaución que han mostrado la mayoría de los países del mundo? ¿Quién se cree el cuento de la reducción de uso de agroquímicos? Lo más desconcertante y preocupante son los argumentos y justificaciones que plantean la industria y los funcionarios públicos, puesto que están llenos de erróneas interpretaciones técnicas y conceptuales sobre los posibles impactos y beneficios de los cultivos transgénicos en el país. Para el caso de cultivos Bt, aunque inicialmente se ha logrado reducir el uso de algunos insecticidas específicos para el control de ciertas plagas de Lepidópteros, ya se ha encontrado que las plagas han desarrollado rápidamente resistencia a la toxina, a pesar del establecimiento de parcelas refugios con cultivos no transgénicos. Adicionalmente, para el caso de Colombia el algodón Bt no controla su principal plaga que es “el Picudo” Anthonomus grandis, puesto que para su control se utiliza el 70% de los insecticidas que se aplican en este cultivo. Entre los principales argumentos de la industria para promover los cultivos transgénicos se indica, por ejemplo, que los cultivos resistentes al herbicida y los cultivos Bt van a reducir significativamente el consumo de plaguicidas y de herbicidas. Pero todas las evidencias en el mundo muestran que en las plantas Roundup Ready resistentes al glifosato, el consumo de este producto ha aumentado significativamente y con ello la dependencia de los agricultores con respecto a la empresa dueña de esta tecnología (Monsanto). Esta situación ha ocurrido en Estados Unidos y más dramáticamente en Argentina luego de la masificación del cultivo de soja RR. De la misma manera, la industria afirma que estos cultivos reducen significativamente los costos de producción y aumentan las ganancias netas que reciben los agricultores debido a la reducción del uso de agroquímicos y de mano de obra. En el caso de la soja Roundup Ready, en Estados Unidos los agricultores la han adoptado masivamente, pero esto no se debe al aumento de rendimientos con respecto a la soja convencional, sino a que este paquete tecnológico ha disminuido el uso de mano de obra, que es un insumo escaso y costoso para los agricultores en Estados Unidos. En Argentina en el 2001 se sembraron 12.5 millones de hectáreas con cultivos transgénicos de soja RR. Desde el momento en que se introdujo este cultivo, han desaparecido más de 60.000 explotaciones agropecuarias y han sido expulsados mas de 300.000 familias de pequeños y medianos agricultores hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Adicionalmente, el consumo de glifosato ha crecido descomunalmente al pasar de 1 millón de litros utilizados en 1990 a 80 millones de litros en el 2001, principalmente aplicados en cultivos de soja RR de Monsanto16. No hay que hacer un gran esfuerzo mental para entender quién es el verdadero beneficiario y quién resulta afectado con esta tecnología. En algunos de los cultivos Bt, al principio se ha reducido el uso de algunos insecticidas, como en el caso del algodón. Por esta razón, muchos agricultores han sido atraídos, pero ya existen en el mundo numerosas evidencias que muestran que las plagas de estos cultivos rápidamente se han vuelto resistentes a la toxina, lo cual hará totalmente inefectivo este método de control, y los agricultores tendrán nuevamente que depender de

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los agroquímicos que producen estas mismas industrias, agudizando así los ya conocidos efectos ambientales generados por estos productos. ¿Necesitamos una agricultura sin gente? Uno de los impactos socioeconómicos más notables que podría ocasionar en Colombia la introducción de cultivos transgénicos es la homogenización, simplificación y adopción masiva de estos cultivos en zonas rurales, en donde un alto porcentaje de la población está formado por pequeños agricultores y trabajadores asalariados de las grandes explotaciones agropecuarias. Esta situación podría agravar el desplazamiento de poblaciones rurales, tal como ha ocurrido en Argentina y así agudizar la guerra que actualmente vive el país. Debemos preguntarnos, entonces, sí el país requiere adoptar tecnologías que no tienen en cuenta las necesidades socioeconómicas de su población, o, por el contrario, deberíamos adoptar y promover tecnologías sustentables desde el punto de vista ambiental y social, basadas en principios agroecológicos, que empleen de manera intensiva la biodiversidad y la mano de obra, puesto que son nuestros recursos más abundantes. Liberación comercial de cultivos transgénicos en Colombia En el país oficialmente sólo existen dos autorizaciones de siembra comercial de cultivos transgénicos: un clavel azul y el algodón Bt de Monsanto 17. Pero actualmente están en trámite varias solicitudes para liberar variedades transgénicas de algodón RR, maiz Bt Yieldgard, maíz RR (los tres propiedad de Monsanto) y de caña de azúcar resistente al virus del síndrome de la hoja amarilla (Cenicaña).

Tabla 4 Cultivos transgénicos liberados comercialmente y solicitudes en curso en el CTN del ICA

Cultivo Solicitante (institución–Empresa)

Rasgo y Características del OGM Estado de la solicitud

Clavel azul Florigene Flores Colombianas Ltda

Clavel de coloración azul «Blue gene tecnology». o Marcadores genéticos (resistencia a herbicidas. Gen promotor

35S proveniente del Virus del Mosaico de la coliflor (CaVM).

Aprobada siembra comercial

Algodón Bt Nucont 33B

Monsanto Compañía Agrícola Colombiana Ltda. y Cia. S.C.A

Algodón con el gen Bollgard, que produce la toxina Cry1aC de B. thuringiensis, resistentencia a plagas de Lepidopteros. o Marcadores genéticos (resistencia a antibióticos. Gen promotor

35S proveniente del Virus del Mosaico de la coliflor (CaVM).

Aprobada siembra semicomercial de 2000 Has (2002).

Algodón Roundup Ready

Monsanto Compañía Agríco-la Colombiana Ltda. y Cia. S.C.A

Algodón tolerante al herbicida Glifosato. o Gen que codifica la forma tolerante a N-Fosfonometil glicina.

Vector: Agrobacterium sp. Gen promotor 35S proveniente del Virus del Mosaico de la coliflor (CaVM).

Solicitud en el CTN. Ensayos de campo durante 2003

Maíz Bt Yielgard MON 810


Maíz que produce la toxina Cry1A(b) de B. thuringiensis, resistente al barrenador europeo del maíz Ostrinia nubilalis o Biobalistica via Agrobacterium sp. Gen promotor 35S

proveniente del Virus del Mosaico de la coliflor (CaVM).


Maíz Roundup Ready


Maíz tolerante al herbicida Glifosato o Gen que codifica la forma tolerante a N-Fosfonometil glicina.



Soja Roundup Ready


Soja tolerante al herbicida Glifosato. o Gen que codifica la forma tolerante a N-Fosfonometil glicina.



Caña de azúcar

Centro Nacional de Investigación en Caña de Azúcar - CENICAÑA

Resistencia al virus del síndrome de la hoja amarilla, causado por un luteovirus Gen que codifica proteína de la cápside del virus (CP ORF). Transformación vía Biobalistica. Marcador genético: Resistencia a ampicilina

Investigación en manejo confina-do. Ensayos de campo durante 2003

El clavel azul transgénico entró al país sin discusión Este cultivo de flores agroindustrial fue modificado genéticamente, mediante la tecnología del gen azul “Blue gene tecnology”, y fue desarrollado por la empresa australiano-holandesa Florigene, que comercializa estas flores en Estados Unidos, China, Canadá, Australia y Europa. La solicitud para su liberación comercial fue

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tramitada por Flores Colombianas Ltda. y fue autorizada por el ICA en mayo de 2000. La aprobación se hizo teniendo en cuenta que esta planta no tiene parientes silvestres en Colombia, ya que es originaria de Europa, no es una planta alimenticia y toda su producción se destina a la exportación. Sin embargo, del proceso de solicitud y de aprobación surgen varios cuestionamientos relacionados con los procedimientos de evaluación de riesgos, puesto que en el país no se realizó ninguna evaluación de bioseguridad previa en campo, sino que se extrapolaron las evaluaciones realizadas en países del Norte, a pesar de que la norma nacional dice que estas deben hacerse en el país “caso por caso”. Además, varios miembros del CTN plantearon algunos interrogantes e hicieron recomendaciones relacionadas con un plan de manejo de los cultivos en cuanto a la utilización de los desechos de cosecha y la evaluación de los posibles efectos que podría tener el uso del gen promotor 35S proveniente del Virus del Mosaico de la coliflor (CaVM) y el gen marcador que genera resistencia a herbicida, puesto que en Colombia es frecuente usar los desechos producidos en los cultivos de flores para alimentar el ganado. Pero estas recomendaciones no quedaron incorporadas en la resolución de aprobación expedida por el ICA. El algodón Bt en Colombia, un mal presagio sobre el futuro El segundo caso en el país de liberación de cultivos transgénicos se hizo en el 2002. El CTN del ICA aprobó, mediante el Acta 013 de 2002, la liberación semicomercial del algodón transgénico Nucont 33B propiedad de Monsanto, que tiene el gen Bollgard resistente a plagas de Lepidópteros. Del procedimiento que siguió el ICA para aprobar dicha solicitud se desprenden serios cuestionamientos de tipo ético y técnico. Colombia es centro de diversidad del algodón El algodón es originario de América, la especie Gossypium hirsutum de Mesoamérica y Gossypium barbadense de la región tropical de Sur América. Colombia posee una amplia diversidad de parientes cultivados y silvestres, principalmente en las regiones Amazónica y Caribe y en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La colección Nacional de germoplasma de algodón esta compuesta por 667 accesiones, de las cuales 430 son de origen nacional y 247 de centros internacionales. El algodón es una especie predominantemente autógama (que se autopoliniza), pero posee algún grado de alogamia (polinización cruzada), por lo cual puede ocurrir hibridación espontánea del algodón con parientes silvestres o con variedades cultivadas. Por este motivo, en Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido restricciones para la siembra de algodón en algunas zonas del país. Los empaques de semillas de algodón Bt que allí se comercializa contienen una nota que dice: “No sembrar algodón Bt al Sur de Tampa y no comerciar en Hawai”, debido a que en el Parque Nacional de los Everglades y en Florida Keys existen poblaciones de algodón silvestre Gossypium hirsutum. Igualmente, en Hawai crece un pariente silvestre del algodón Gossypium tomentosum. En consecuencia, la pregunta es: sí Estados Unidos adopta esta medida de precaución, ¿por qué en Colombia, que es centro de diversidad del genero Gossypium, el ICA concluye que no existe probabilidad de hibridación del algodón Bt con las variedades nativas? De la abundancia al caos A comienzos de la década de 1990, el país fue exportador de algodón: en 1991 se sembraron 300.000 hectáreas, pero para la cosecha 2001-2002 se sembraron sólo 39.000 hectáreas, lo que significa que estamos importando la mayor parte del algodón que consumimos. La profunda crisis del sector algodonero ha hecho colapsar la producción nacional, por múltiples causas: la caída de los precios internacionales, los problemas agronómicos (especialmente de plagas y sus consecuencias ecológicos debido el mal manejo de su control), el conflicto armado y también las erróneas políticas en el sector agropecuario, especialmente la apertura masiva de importaciones. La actual política del Estado para reactivación del sector algodonero plantea como principal estrategia la introducción del algodón transgénico Bt. Esta es una visión totalmente reduccionista de la compleja crisis del sector algodonero del país, ya que esa política de reactivación responde a los intereses de una industria que quiere introducir sus semillas transgénicas, sin los debidos controles de bioseguridad. Este bioplaguicida modificado genéticamente sólo apunta a resolver uno de los múltiples problemas del cultivo, es específico para algunas plagas de Lepidopteros, e incluso la toxina del Bt no controla la principal plaga del cultivo, el picudo Anthonomus grandis.

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Puertas giratorias entre la Monsanto y el CTN En Abril de 1999, la Monsanto solicitó al CTN del ICA la liberación comercial del algodón Bt Nucotn 33B. En el marco de esta solicitud Monsanto realizó en la estación del ICA (Turipaná – Córdoba) entre octubre de 2000 y febrero de 2001, durante un sólo período vegetativo, dos evaluaciones de campo: “Evaluación del efecto de la tecnología Bollgard, sobre las poblaciones de artrópodos y anélidos en el algodonero” y “Estimación de la distancia a la cual el polen del algodonero es transportado por polinizadores” (ICA, 2002). En mayo de 2002, el ICA autorizó la importación de de 50.000 Kg semilla, para la siembra de 2.000 hectáreas en la región Caribe, de “ensayos semicomerciales”. La aprobación que hizo el CTN de Bioseguridad se realizó mediante un procedimiento totalmente irregular, que dejó sin piso la credibilidad y objetividad de este organismo. Desde hace algunos años, Monsanto venía presionando para que se aprobara la liberación del algodón Bt, pero solo lo pudo lograr utilizando una estratagema: en la reunión del CTN realizada en el mes de marzo de 2002, se hicieron algunos cambios en su junta directiva y se eligió como vicepresidente del CTN al representante de la Monsanto e, inmediatamente después en esta misma reunión, el Consejo aprobó por unanimidad la liberación comercial del algodón Bt. Es evidente la incompatibilidad, inhabilidad, impedimento y conflicto de intereses que tiene el representante de Monsanto para ser elegido en la junta directiva del CTN y más aún participar en la aprobación de su propia solicitud, a pesar que el ICA expidió el Decreto Nº 00002 de febrero 25 del 2002, que modifica el CTN, adicionando el art.5. “Los miembros del CTN Agrícola deberán abstenerse de evaluar y de votar proyectos o actividades que los beneficien directa o indirectamente”. Además, es inaceptable que esta empresa aparte de financiar estos ensayos, haya participado en toda la evaluación de su solicitud, al ser coautora conjuntamente con el ICA del diseño, montaje, ejecución de los estudios, evaluación de los resultados y elaboración del informe final. Quedan en entredicho los principios éticos y la credibilidad del CTN No tiene ninguna presentación que una empresa sea juez y parte del proceso de solicitud, evaluación y aprobación de su propio producto, es como “poner al lobo a cuidar las ovejitas”. Esta situación descalifica y pone en duda la objetividad, credibilidad y soporte científico de la investigación y de los resultados, puesto que no fue efectuado por un equipo de investigadores independiente y multidisciplinario. Además, las conclusiones de “total seguridad” se hicieron a partir de un sólo ensayo de campo realizado en una zona específica y durante sólo un ciclo de cultivo. Esta situación es extremadamente bochornosa, puesto que Colombia se constituye en el único país en donde el órgano de control de bioseguridad, tiene como vicepresidente a un representante de la empresa que más produce transgénicos en el mundo. Esta situación pone en duda la objetividad y transparencia de este organismo en la evaluación de bioseguridad en el país, puesto que si el modelo de procedimiento utilizado se generalizara con los representantes de la industria, como por ejemplo los productores del DDT, el asbesto o los cigarrillos, entonces se permitiría que ellos efectúen los estudios de seguridad, analicen los resultados y recomienden a las autoridades reguladoras la aprobación del uso comercial de sus productos; así podrían demostrar el uso seguro de los mismos y continuarían desestimando los estudios de los efectos colaterales adversos de sus productos, estrategia que han utilizado durante muchos años, hasta que las evidencias de investigadores independientes han permitido que las autoridades estatales regularan y en algunos casos prohibieran su uso. Buscando el ahogado aguas arriba En Colombia el algodón Bt no controla las principales plagas del cultivo como es el “picudo del algodón” y un chinche conocido como culi-culi. Para el control de estas plagas se emplea el 70% de los insecticidas que se utilizan en este cultivo, por lo tanto son cuestionables los beneficios reales que esta tecnología le podría generar al país, especialmente al deprimido sector algodonero. Para vender esta tecnología, Monsanto le dice a los algodoneros que ahorrarán $ 600.000 por hectárea en la aplicación de insecticidas, pero es evidente que este biopesticida no controla las principales plagas del cultivo. Además, lo que eventualmente podría ahorrar el agricultor en aplicación de insecticidas, sería absorbido por el costo de la tecnología, puesto que la semilla es más costosa y amarra al agricultor a un contrato con la empresa, que le impide guardar su semilla. Aunque es probable que Monsanto utilice la estrategia de subsidiar en un comienzo parte del costo de las regalías por el uso de estas semillas, como se hizo en Argentina con la soja RR mientras se generalizó su adopción.

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No se han realizado evaluaciones de bioseguridad del algodón Bt En el país no se han realizado las evaluaciones completas de bioseguridad sobre el algodón Bt, que garanticen la ausencia de riesgos e impactos ambientales y socioeconómicos, incluyendo la salud animal, en variados aspectos: • Evaluación de las especies y variedades silvestres y cultivadas de algodón que existen específicamente en

los ecosistemas donde se pretende introducir este cultivo GM. Los estudios de flujo de polen (transferencia génica horizontal) se bebe hacer para cada agroecosistema algodonero, con múltiples ensayos que incluyan la diversidad de la especie en el país.

• Evaluación del impacto en los artrópodos, tanto de especies objetivo y no objetivo, especialmente sobre los polinizadores, los controladores de plagas y los microorganismos del suelo. Esta debe realizarse para cada región durante un período largo, por ciertas razones: ya existen evidencias que los efectos de resistencia de las plagas a la toxina Bt es sólo cuestión de tiempo y de escala del cultivo; la dinámica y desequilibrios de las poblaciones de insectos es variable (resurgencia de nuevas plagas, efectos en insectos benéficos y en la microflora del suelo), tal como ha ocurrido en China en solo cinco años y como lo muestran otras investigaciones realizadas en el mundo.

• Evaluación de los impactos socioeconómicos en la agricultura nacional, en el sector algodonero y entre los agricultores, que tengan en cuenta los reales beneficios para el país de este cultivo GM, sin sacrificar la seguridad ambiental del país.

• Evaluaciones de alergenicidad y toxicidad del algodón Bt en la salud animal y humana, puesto que este algodón Bt tiene dentro de su construcción genética marcadores genéticos que generan resistencia a los antibióticos, los cuales han sido muy cuestionados en el mundo, por la posibilidad de transferir esta resistencia a los organismos consumidores. También se ha encontrado que algunas de las toxinas Bt pueden ser alergénicas. Este aspecto adquiere más importancia en Colombia, si tenemos en cuenta que en el país los residuos de cosecha de algodón se pastorean libremente por los bovinos y la semilla se utiliza para producción de aceites y concentrados para la alimentación animal.

El Ministerio de Ambiente cuestionó los estudios realizados por el ICA y Monsanto El Ministerio de Ambiente solicitó conceptos técnicos sobre los estudios realizados del algodón Bollgard, a reconocidos centros de investigación: Facultades de Agronomía de la Universidad Nacional (Bogotá y Palmira), CORPOICA, Instituto Von Humboldt, Instituto Sinchi y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. A partir de estas evaluaciones, el Ministerio emitió un concepto que plantea serios cuestionamientos sobre el diseño, la metodología, los alcances y las conclusiones a las que el ICA y Monsanto llegaron a partir de un solo ensayo de campo. Igualmente, el Ministerio de Ambiente cuestionó el concepto de “ensayos semicomerciales”. Considera que el área de cultivo aprobada son “siembras comerciales”, sin el debido control, puesto que evidentemente 2000 hectáreas trascienden el contexto experimental, por lo cual se requiere un estricto plan de manejo de estas siembras comerciales. ¿Pero este es un ensayo semicomercial o una siembra comercial? Como semicomercial se adoptó una medida de entre el 10 y el 15 por ciento del total del área que se calcula sería cultivada en al región Caribe. Si este mismo parámetro hubiera sido utilizado, por ejemplo en China, en donde se sembraron 2.5 millones de hectáreas en el 2002, un ensayo semicomercial podría ser de mas de 200.000 hectáreas. Sin embargo, el ICA desconoció este concepto técnico, pasando por encima de las recomendaciones de la máxima autoridad ambiental del país y continuó con el plan de siembras que se gestó desde octubre de 2002 en la región Caribe de Córdoba y que se llevo a cabo en el 2003 en varias regiones el país. De hecho, el Ministro de Agricultura y el Gerente del ICA han planteado que para este año se ampliarán las siembras en un área de 13.000 hectáreas en los departamentos del Tolima, el Valle del Cauca y los llanos orientales, pero no existe ninguna resolución que autorice en cambio de área y la ampliación de zonas donde se sembrará el algodón Bt durante este año. Si el ICA y Monsanto no realizaron evaluaciones estrictas de bioseguridad en ensayos pequeños, entonces ¿cómo se va ha realizar en un área de cultivos tan grande y dispersa por todo el país? Ataque a la dieta básica de la población: maíz y soja transgénica El Ministro de Agricultura afirma por todos los medios de comunicación que “este año se iniciaran las siembras de soja RR y maíz RR y Bt”, como estrategia para la reactivación del campo colombiano”. Estas afirmaciones muestran claramente que el país tiene una política contradictoria y claramente sesgada para abrirle las puertas a

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la industria y liberar masivamente OGM, ya que por un lado pregona que se harán evaluaciones rigurosas de bioseguridad, pero, por otro lado, se quiere introducir rápidamente maíz y soja transgénica por la puerta trasera y pasando por encima de los rigurosos mecanismos de evaluación que deberían realizarse para la liberación comercial de OGM en cualquier país del mundo. Si el Ministro de Agricultura anuncia las decisiones tomadas irreversiblemente, nos preguntamos: ¿Vale la pena tener una norma nacional de bioseguridad y un Consejo técnico para evaluación de las solicitudes, si las decisiones sobre la introducción de transgénicos en el país se adoptan unilateralmente como política de gobierno, sometiendo a los órganos de control para convertirlos en un comité de aplausos? Es muy preocupante la débil y cuestionable argumentación que sustenta el Ministro y el ICA para introducir masivamente los transgénicos en el país, porque se trata de cultivos que hacen parte de la dieta alimentaria básica de la población. En cuanto al maíz, Colombia posee uno de los patrimonios genéticos y culturales más importantes y, por eso, se debería analizar muy cuidadosamente y mediante evaluaciones objetivas y rigurosas la conveniencia o no de introducir transgénicos, partiendo de la aplicación del Principio de Precausión. Igualmente, se debe involucrar en la reflexión a todos los sectores de la sociedad; nos debemos preguntar si los transgénicos son la mejor alternativa y sí debemos “poner todos los huevos en una canasta”, para redimir el deprimido sector agropecuario. Pero si los procedimientos para la liberación de estos cultivos transgénicos se hacen de forma similar a cómo se realizó la del algodón Bt, estamos frente a un problema grave y a una profunda amenaza en el país. Entonces, ¿por qué el afán de hacer las cosas a las carreras y mal hechas?

¿Y la sociedad civil Qué? Acción Popular en contra del ICA y el Ministerio de agricultura.

Varias organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los impactos que pueden tener los organismos transgénicos en el mundo y preocupados por la forma como el gobierno está liberando los cultivos y alimentos transgénicos en el país, han realizado seguimiento a las políticas y procedimientos que se han utilizado para introducirlos en nuestro medio. Teniendo en cuenta las anteriores argumentaciones y, luego de haber agotado las vías y procedimientos regulares que buscaban que el ICA y el Ministerio de agricultura adoptaran medidas correctivas sobre estos procedimientos irregulares, varias personas que hacen parte del Grupo Semillas, del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario y de Consumidores Colombia (COCO), interpusieron una “Acción Popular” el 31 de octubre de 2002, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra de la autorización que le dio el ICA a la empresa Monsanto para la siembra comercial del bioplaguicida transgénico algodón Bt. Dentro de las pretensiones de la Acción Popular, se destacan: • Que el Ministerio de Agricultura “revoque la autorización para la liberación del algodón Bt en el país” y se

suspenda la importación de semillas y su siembra. • Que se declare en el territorio Nacional una “Moratoria” a la liberación comercial de transgénicos, hasta

tanto el país cuente con una “Ley Nacional de Bioseguridad integral”, que incluya el desarrollo de la capacidad técnica y científica para realizar de forma independiente las evaluaciones de impactos ambientales, socioeconómicos y en la salud, de tal forma que garantice la ausencia de riesgos para la liberación comercial de OGM.

• Que se realicen todas las evaluaciones de bioseguridad que aún no se han efectuado en el marco de esta solicitud, sobre posibles impactos del algodón Bt en el medio ambiente, la biodiversidad, en la salud y en las condiciones socioeconómicas del país.

• Que las autoridades competentes de los órganos de control del Estado, realicen las “investigaciones sobre las infracciones a las normas penales y disciplinarias en las que han podido incurrir los funcionarios del ICA y del CTN”, en el procedimiento de aprobación de la liberación comercial del algodón Bt en el país.

• Que se haga efectivo el derecho a la “participación y consulta real, efectiva, representativa y equilibrada de todos los sectores de la sociedad y de los órganos de control de Estado” en el proceso de evaluación y toma de decisiones sobre la liberación de organismos genéticamente modificados.

• Que se establezcan los mecanismos para una adecuada difusión y acceso a información completa y veraz a la ciudadanía, sobre los posibles riesgos y la seguridad relacionados con la adopción de estas tecnologías, y sobre el consumo de productos genéticamente modificados, con el fin de que ellos puedan decidir libremente y con adecuada información sobre su adopción o no.

Los bioplaguicidas requieren de “Licencia Ambiental” para ser liberados en el ambiente El Bt asperjado es diferente al Bt de los cultivos, pues en éstos la toxina se encuentra en mayor concentración que en condiciones asperjadas y puede persistir en el suelo durante varios meses y generar efectos sobre el

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equilibrio de la flora microbiana del suelo. Así mismo, la toxina Bt de forma asperjada está presente en la bacteria como Prototoxinas inactivas, que se activan en el sistema digestivo de los insectos y, además, son inactivadas por la luz UV antes ser incorporarse al suelo. Pero en los cultivos Bt, la toxina ya está activa durante todo el ciclo de cultivo y esta presente en mayor concentración, por lo cual pueden tener un efecto mayor sobre la flora microbial del suelo. Los cultivos Bt son bioplaguicidas Las plantas transgénicas que producen toxinas para el control de plagas son considerados como Bioplaguicidas tanto en la Comunidad Europea como en Estados Unidos. El procedimiento regulatorio para cultivos bioplaguicidas Bt por la EPA es riguroso y complejo, ya que evalúa tanto los posibles efectos de la toxina producida (la proteína), como el material genético inserto. Se exigen estudios de riesgos y efectos sobre la salud humana, el ambiente, organismos no blancos, flujo de polen y desarrollo de resistencia en las plagas. EPA exige evaluaciones sobre efectos potenciales como: reacciones alergénicas, irritación de la piel o los ojos, cáncer, defectos de nacimiento y desórdenes neurológicos y reproductivos; también exige test de toxicidad oral en aves terrestres y acuáticas, mamíferos, peces de agua dulce, invertebrados, abejas, insectos no blanco (predadores, parásitos)18. Además, el registro aprobado de plantas bioplaguicidas es revisado cada cuatro años. Estos test son el equivalente a la “Licencia Ambiental”, que el Ministerio de Ambiente exige en Colombia para la liberación en el ambiente de plaguicidas químicos.

Acción popular en contra del Ministerio del Ambiente La mayoría de las regulaciones internacionales reconocen que las plantas bioplaguicidas Bt son plaguicidas que están sujetas a una rigurosa evaluación de éstos productos antes de liberarlos en el ambiente. Para el caso de Colombia, la norma expedida por el Ministerio de Ambiente sobre Licencias Ambientales, incluye que los plaguicidas químicos requieren esta Licencia; pero no explicita que los cultivos Bt son bioplaguicidas, sujetos a esta. A pesar de las insistentes solicitudes desde la sociedad civil, para que el Ministerio de Ambiente ejerciera sus funciones como autoridad nacional en materia de bioseguridad, desconcertantemente, este ente “defensor del ambiente nacional”, interpreta en forma inexplicable que como la norma sobre Licencias Ambientales, no dice explícitamente que los cultivos Bt son bioplaguicidas, no los incluye directamente entre los productos que requieren esta Licencia, por lo tanto no exigió a Monsanto el trámite de Licencia Ambiental. Debido a que el Ministerio de Ambiente, no exigió a Monsanto el trámite de Licencia Ambiental, se ha considerado que esta autoridad incurrio en una falta grave por omisión en la aplicación de sus funciones para la conservación y protección de la biodiversidad del país. Por lo anterior, se instauró también una “Acción Popular” en contra de este Ministerio y de Monsanto, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en marzo de 2003, proceso que actualmente esta en curso. Esta demanda es complementaria a la Acción Popular en contra del Ministerio de Agricultura y el ICA por la liberación comercial del algodón Bt. La Acción Popular fue presentada en Febrero de 2003, por el Dr. Hernán Arévalo, profesor de la Universidad del Rosario y coadyuvada por el Grupo Semillas, la Fundación Derechos de Colombia, el Dr. Herminson Avendaño y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. El argumento central de esta Acción señala que el ICA mediante la resolución 1035 de 2002, autorizó a la Empresa Monsanto, la importación de 50.000 kg de semillas de algodón Bt con destino a ensayos semicomerciales de aproximadamente 2000 hectáreas en la región del Caribe colombiano. En este caso se evidenció como el Ministerio del Ambiente, incurrió en una grave omisión en la aplicación de sus funciones para la conservación y protección del ambiente y la biodiversidad del país, al no exigir a Monsanto Licencia Ambiental para la liberación del bioplaguicida algodón Bt, desconociendo el principio de precaución consagrado en el Convenio de Diversidad Biológica, en la Constitución y en las normas ambientales colombianas. Esta Acción Popular se fundamentó en el hecho que la mayoría de las regulaciones internacionales, como lo mencionamos anteriormente reconocen que las plantas Bt son plaguicidas, que a diferencia de los pesticidas químicos que están en el cultivo solo cuando se aplica el producto y se degradan con el tiempo; los organismos transgénicos dado que son plantas, se pueden multiplicar y incrementar con el tiempo y por lo tanto exigen una rigurosa evaluación. Es importante observar que el Ministerio de Ambiente, cuando el ICA aprobó el año pasado las siembras de

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algodón Bt, emitió un concepto técnico sobre la única evaluación de campo que realizó el ICA y Monsanto en la región Caribe, aceptando los conceptos unánimes de cinco prestigiosas instituciones de investigación del país, que cuestionaron el diseño, la metodología, los resultados y las conclusiones del estudio. Posteriormente el gerente del ICA y la presidente del CTN no aceptaron este concepto técnico y siguieron adelante con las siembras y el Ministerio de Ambiente echó para atrás su propio concepto y avaló la decisión adoptada por el ICA. Luego de varios meses de litigio, en donde el demandante y los coadyuvantes aportaron las pruebas y documentación que sustentaron las pretensiones de la demanda, los Magistrados integrantes de la Sección Cuarta – Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de la Magistrada Doctora Beatriz Martínez Quintero decidieron: • Proteger los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la salud pública, la libertad de consumo, a la

participación de la comunidad en las decisiones que la afectan o que podrían afectarla y a la moralidad administrativa.

• Suspender los efectos jurídicos de la resolución 01035 del 10 de mayo de 2002, expedida por el Gerente General del ICA, que autoriza la importación y siembra de ensayos semicomerciales de algodón NUCOTN 33B, en un área de 2000 hectáreas en el agroecosistema caribe húmedo.

• Ordenar al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial exigir a la sociedad MONSANTO COLOMBIANA INC el trámite de licencia ambiental previa a la importación y siembra de algodón Bt.

• Enviar copia del expediente a la Procuraduría General de la Nación para los fines disciplinarios referidas a posibles vulneraciones a la moralidad administrativa en el trámite para la aprobación de la siembra del algodón Bt en Colombia.

¿Cuál es la Importancia del fallo en esta Acción Popular? Esta sentencia es de trascendental importancia, puesto que por primera vez una instancia judicial se pronuncia sobre la introducción de cultivos transgénicos en Colombia, creando jurisprudencia sobre este polémico tema que trasciende a todas las solicitudes de introducción y liberación comercial de organismos transgénicos en el país y sienta el precedente referido a la obligación que tiene el Ministerio de Ambiente como autoridad nacional para ejercer su función de protección del ambiente en materia de bioseguridad. Adicionalmente este fallo reconoce el derecho de los ciudadanos para intervenir y ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones sobre aspectos que puedan afectar el derecho colectivo a un ambiente sano. Igualmente es una excelente oportunidad para poner sobre la mesa y a disposición de todos los sectores de la sociedad, información sobre este trascendental tema, de tal forma que permita debatir sobre los posibles beneficios e impactos que pueden generar los organismos transgénicos en el país. Aunque este fallo no soluciona todos los retos y desafíos que la sociedad enfrenta con relación a los cultivos y alimentos transgénicos, es un importante paso que han dado los numerosos sectores de la sociedad que trabajan en la búsqueda de un mundo ambientalmente sano, plural y biodiverso, basado en una sociedad mas justa y sustentable. Los transgénicos entran al país vía importación de alimentos El aspecto más crítico por la introducción de transgénicos en Colombia es la importación masiva de maíz y soja, provenientes de Estados Unidos y Argentina, puesto que desde allí se exportan a todo el mundo sin realizar separación y etiquetado de los productos transgénicos. En el mundo, con excepción de la Comunidad Europea, no existen normas estrictas de bioseguridad que obliguen a los países exportadores y los importadores de alimentos a segregar y etiquetar los productos transgénicos. Para el caso del maíz, Estados Unidos destina más de la tercera parte de su producción a la exportación y un alto porcentaje proviene de plantas transgénicas, sin que se realice una separación o etiquetado de la producción de maíz, soja y colza genéticamente modificada. Esta situación es preocupante, puesto que más del 90% de los posibles organismos transgénicos que entran a los países pobres llegan con los alimentos importados, lo que en nuestro caso adquiere sentido si se tiene en cuenta que Colombia es el sexto país importador de maíz procedente de Estados Unidos. Adicionalmente, en el país no existe una norma de bioseguridad que permita ejercer el control y la evaluación de las importaciones de alimentos transgénicos, por lo tanto este tipo de alimentos pueden entrar fácilmente a

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la cadena alimentaria sin tener la más remota idea de ello. En el sector de alimentos la Institución reguladora en Colombia es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, la que no cuenta con una reglamentación específica sobre alimentos transgénicos; pero es mas preocupante aún la reciente declaración del Gobierno Nacional de liquidar esta entidad reguladora, sin que se sepa si alguna otra Autoridad Nacional de los Ministerios de Ambiente, Salud y Agricultura asumirán estas funciones. La pesadilla del maíz StarLink El maíz StarLink producido por AVENTIS tiene insertado la toxina Bt (Cry9C), que puede provocar alergias en los seres humanos. Este maíz fue aprobado en Estados Unidos para su comercialización, pero sólo para alimentación animal. En septiembre de 2000, en Estados Unidos se detectó que el maíz Starlink entró en la cadena de consumo humano, lo que generó una enorme reacción pública, ya que se registraron más de treinta personas que presentaron alergias por su consumo. Posteriormente, se detectó en cerca de 300 productos, que fueron retirados del mercado de Estados Unidos y se eliminaron 350.000 acres plantados de maíz StarLink. Esta situación generó grandes pérdidas, cerca de un billón de dólares, que tuvieron que ser asumidos por los agricultores, almacenadores y procesadores de alimentos19. En 1999, en los Estados Unidos el 33% de la superficie cultivada de maíz era modificado genéticamente mientras que para el 2001 fue solamente el 19,5%, lo que en gran parte se debió al rechazo en todo el mundo del Starlink. La Unión Europea, Japón y Corea cerraron totalmente la entrada de este tipo de maíz y ejercen rigurosas medidas de control y evaluación para evitar su entrada a la cadena alimenticia. Luego de este rechazo mundial del maíz StarLink, Estados Unidos prohibió su consumo interno, tanto para la alimentación humana como animal, pero no prohibió su comercialización en el resto del mundo. Por eso, en varios países que han importado maíz de Estados Unidos o que han recibido “ayuda alimentaria”, como es el caso de algunos países africanos, Nicaragua y Bolivia, entre otros, se ha encontrado maíz StarLink. Aunque no se han realizado pruebas genéticas sistemáticas en la cadena alimentaria, si se tiene en cuenta que Colombia importa gran parte del maíz que se consume internamente de Estados Unidos es probable que parte del maíz que llega esté contaminado con StarLink. A pesar de que varias organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por esta situación, presionaron a las autoridades competentes para que adoptaran medidas de control con el fin de evitar la introducción de este tipo de maíz en Colombia, hasta el momento ninguna de ellas ha tomado medidas sobre el asunto y el maíz importado entra a nuestro territorio sin ningún tipo de evaluación ni control.

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El caso del maíz transgénico en la reunión del Protocolo de Cartagena En Colombia desde hace varios años se está consumiendo masivamente maíz transgénico importado de Estados Unidos y de Argentina. La primera vez que esta situación se puso en evidencia fue en enero de 1999 durante la reunión de Cartagena del Protocolo de Bioseguridad; cuando Geenpeace denunció la importación de maíz transgénico a Colombia. Esta organización, a partir de una muestra de maíz tomada de un barco procedente de Estados Unidos, realizó un análisis genético en los laboratorios del Departamento de Ecología y Biología Molecular del Ministerio del Medio Ambiente de Austria. El análisis mostró que contenía un alto porcentaje de maíz Bt, probablemente de una variedad de Monsanto o Novartis. Sin embargo, el ICA y el Ministerio de Agricultura descalificaron las denuncias y los análisis de laboratorio y afirmaron que “en el caso que fuera transgénico no había ningún peligro puesto que este maíz era sólo para alimentación animal”. Fue preocupante ver cómo ninguna autoridad nacional competente en materia de bioseguridad ejerció ningún tipo de control de dicha importación, ni adoptó medidas para controlar las futuras importaciones de alimentos en el país. Greepeace hizo esta denuncia durante el acalorado debate de la negociación del Protocolo en la reunión de Cartagena; entonces el Ministro del Ambiente de Colombia Juan Mayr, quien presidió esta reunión, en medio de la presión internacional hizo declaraciones públicas de que el gobierno detenía el desembarco de este maíz hasta tener análisis técnicos precisos que demostraran la inocuidad de este cargamento. Pero en el transcurso de esta reunión le llegó al Ministro una carta procedente de la embajada de Estados Unidos, en donde perentoriamente se le notificaba al gobierno nacional que debía inmediatamente autorizar este desembarco, so pena de tener que enfrentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio, por obstrucción al libre comercio. Como las cosas “eran por las buenas”, se procedió a autorizar la entrada al país de este cargamento y no pasó nada. La ayuda alimentaria un arma de doble filo Estados Unidos y la comunidad Europea distribuyen parte de sus excedentes de producción agrícola en el mercado internacional a través de los programas de ayuda alimentaria. Parte de esta ayuda está amarrada a determinadas prioridades y necesidades de los donantes: “buen comportamiento” de los países que reciben la ayuda, “buenas relaciones” con los países del Norte y el tipo de acuerdos que se suscriben con estos países. El Departamento de Agricultura, USDA, de Estados Unidos exporta cientos de miles de toneladas de maíz y soja transgénica a los países del Sur, a través de programas de ayuda humanitaria y alimentaria. Esta ayuda es distribuida por los programas de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, los acuerdos bilaterales y las ayudas puntuales a países que soportan guerras o desastres naturales. En 1999, Estados Unidos donó 500.000 toneladas de maíz y de productos derivados de maíz para los programas internacionales de ayuda, entre los cuales se calcula que más del 30% son transgénicos. Por tal circunstancia, algunos de los beneficiarios de la “ayuda alimentaria” proveniente de Estados Unidos, entre ellos varis países africanos y la India, la han rechazado al comprobar que gran parte es transgénica20. Soja transgénica en el plato de los niños mas pobres Los países Andinos reciben ayuda alimentaria, especialmente dirigida a los programas nacionales de alimentación de la población infantil mas marginada. Muchos de estos programas se basan en el suministro de soja. Debido a que en nuestros países no se controlan los alimentos que se distribuyen en esta ayuda, varias organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Red América Latina Libre de transgénicos RALLT, realizaron en el año 2000 una evaluación genética de la soja que se distribuye en los programas nacionales de alimentación de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Para realizar esta evaluación se tomaron muestras de soja que utilizan los programas nacionales y se enviaron al laboratorio GENETICS ID de Estados Unidos, para analizar si había sido modificada genéticamente. Las muestras de todos los países indicaron que tenían un porcentaje variable de componente transgénico. En Ecuador, se evaluó el Programa gubernamental “Mi papilla” y “Mi colada” y se encontró que en estos productos había un 55% de componente transgénico. En Bolivia, se evaluó el Programa de donación financiado por USAID y los resultados mostraron que una mezcla de maíz y soja tenía entre 3 y 10% de soja GM. Pero el caso de Colombia fue el más crítico, al evaluarse el Programa de ayuda alimentaria que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, entidad que distribuye en las escuelas y hogares infantiles de la población más pobre del país, alimentos con un alto contenido de soja. Esta acción, realizada por el Grupo Semillas y

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Consumidores de Colombia COCO, reveló que el 90% de esta soja era transgénica, correspondiente a la variedad de soja Roundup Ready de Monsanto resistente al herbicida glifosato21. A partir de estos resultados, se organizó una denuncia pública y se cuestionó el papel de las autoridades competentes en la materia, por no tomar cartas en el asunto, lo cual generó un agrio debate en el interior del programa Nacional de alimentación de ICBF y una evidente reacción pública, tanto por las noventa mil madres comunitarias que implementan el programa en todo el país, como por la población que recibe esta ayuda alimentaria. Como resultado, el ICBF debió retirar de sus bodegas todo el stock de soja del que disponía, aunque no logró precisar cuál fue el destino final de este cargamento. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó públicamente que desconocía que la soja fuera transgénica, y aseguró que ésta fue adquirida a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria BNA, entidad que le garantizó que era de origen nacional. Esta situación es muy grave puesto que las entidades gubernamentales no pueden garantizar la calidad y procedencia de los productos que utilizan, debido a que no existe un control real sobre los organismos y empresas importadoras de alimentos, quienes están haciendo pasar productos importados como productos nacionales; es decir, “nos están metiendo gato por liebre”. A raíz de esta polémica, el Ministerio de Ambiente le solicitó al Ministro de Agricultura que el país adoptara una moratoria en la introducción de OGM, basado en la limitada capacidad de control sobre los OGM que tiene el país y a la inexistencia de una ley nacional de Bioseguridad que incluya el control de todos los OGM; pero esta postura del Ministerio de Ambiente no tuvo eco en la demás autoridades en la materia. Con posterioridad a esta acción, tampoco las autoridades competentes han implementado algún mecanismo de control o seguimiento que garantice que la soja que se sigue distribuyendo en estos programas de ayuda alimentaria esté libre de transgénicos22. ¿Qué está haciendo la sociedad civil? La sociedad civil en Colombia ha estado marginada del debate sobre los organismos transgénicos, debido a que tanto el gobierno Nacional, los medios de comunicación y la comunidad científica han limitado la información para el escrutinio de todos los sectores de la sociedad. Aunque la nueva constitución política de Colombia de 1991 avanzó en temas relacionados con los derechos de la sociedad a tener un ambiente sano y en los derechos a la participación de todos los sectores en la toma de decisiones sobre políticas y acciones que los afecte, su aplicación real ha sido mínima y en la práctica las obligaciones del Estado no se han cumplido. El debate y la toma de decisiones se ha limitando a la participación de los sectores gubernamentales, científicos y gremios económicos, y se ha marginado a la mayor parte de la sociedad que puede ser afectada directa o indirectamente, como los agricultores y los consumidores. Adicionalmente, la crisis social y el problema de la guerra en Colombia han acaparado la atención del gobierno, del público en general y de los medios de comunicación. Por eso, en general la discusión sobre los riesgos e impactos por la introducción de los organismos transgénicos no esta dentro de las prioridades de los diferentes sectores de la sociedad. Además, ni las autoridades gubernamentales en temas de Bioseguridad ni los medios de comunicación, al servicio de los grandes grupos económicos y políticos, ponen a disposición de la sociedad información real y objetiva sobre estos temas, por lo cual los ciudadanos no pueden tomar una posición libre e independiente sobre la adopción o no de cultivos y el consumo de alimentos transgénicos. Gran parte de la comunidad científica del país está a favor de la introducción masiva de transgénicos, asumiendo la misma argumentación de la industria biotecnológica. Buena parte de la discusión académica se ha querido llevar al plano netamente técnico y científico, desconociendo el análisis integral que debería incluir las dimensiones políticas, éticas y socioeconómicas sobre esas tecnologías, dejando por fuera del debate a la mayor parte de la sociedad, e incluso descalificando y estigmatizando cualquier argumentación que este por fuera del plano netamente técnico, señalándolas como “posiciones irracionales que solo buscan obstaculizar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el avance del país”. A pesar de esta posición de los biotecnólogos, en la academia existen algunas posturas críticas respecto a éstas tecnologías, que han ido involucrando cuestiones políticas, éticas, socioeconómicas y ambientales. Aunque estos temas no han tenido un debate masivo, existen ONG’s, y sectores de la academia, de agricultores y de consumidores que han realizado acciones a través de alianzas con algunos sectores de la sociedad civil. Estas acciones han permitido generar debates públicos, avanzar en la sensibilización y difusión de información

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sobre estos temas y en la adopción de posturas críticas sobre los organismos transgénicos en el país. Algunas organizaciones han avanzado en el seguimiento de las políticas gubernamentales relacionadas con la liberación comercial de cultivos transgénicos, lo que ha permitido emprender denuncias, tanto sobre los procedimientos que utilizan las autoridades competentes como también en el análisis de los fundamentos técnicos de Bioseguridad, en los cuales se han basado estas decisiones. Igualmente, se ha emprendido una campaña que busca que en Colombia se declare una “moratoria a la introducción de OGM”, puesto que no existen las condiciones jurídicas y técnicas para adoptar de forma segura estas nuevas tecnologías. En este contexto, y a raíz de la reciente aprobación para la liberación comercial de algodón Bt, varias organizaciones de la sociedad civil interpusieron dos demandas judiciales, mediante la figura de Acción Popular: una en contra el Ministerio de Agricultura y el ICA, por realizar de forma irregular la autorización de estas siembras y otra en contra del Ministerio de Ambiente por no ejercer su función como autoridad ambiental, debido a que no exigió una “Licencia Ambiental” a Monsanto para la introducción de un biopesticida en el país, como se exige par la introducción de pesticidas químicos. Estas primeras acciones judiciales en contra de los cultivos transgénicos en Colombia son muy importantes, puesto que, independientemente de la decisión final que adopten los jueces, han permitido generar un debate público que involucra a diferentes sectores de la sociedad. Alternativas que plantean agricultores y comunidades locales En Colombia los agricultores han estado marginados del debate sobre los transgénicos y tienen muy poca información al respecto. A pesar de ello, algunas organizaciones rurales han empezado a desarrollar estrategias y acciones para afrontar las amenazas que podrían generar estos cultivos. En efecto, varias organizaciones indígenas y campesinas de diferentes regiones del país, como respuesta a la profunda crisis del sector agropecuario, a la violencia y a los continuos fracasos de los modelos basados en la "revolución verde" y, ahora en los transgénicos, han creado instancias de trabajo, de coordinación y de apoyo a nivel local y regional, que han permitido generar proyectos y acciones comunitarias con enfoque agroecológico, que parten de las realidades y necesidades de las parcelas familiares, del manejo de la biodiversidad, de la valoración de los saberes tradicionales y del fortalecimiento y cualificación del trabajo comunitario23. En general, estas iniciativas locales se han realizado de forma independiente, sin el apoyo del Estado y, muchas veces, en contravía de las políticas gubernamentales locales. Tienen como objetivo, además de la recuperación y consolidación de los sistemas productivos tradicionales y de la seguridad alimentaria, desarrollar estrategias y mecanismos de protección y control de sus recursos y del conocimiento tradicional frente a la biopiratería y el patentamiento de seres vivos; de la misma forma, quieren enfrentar las nuevas amenazas que se ciernen sobre las economías campesinas por la utilización de cultivos transgénicos. Como resultado de estas iniciativas, por ejemplo, en la región Caribe colombiana diez organizaciones de productores indígenas y campesinos están promoviendo una campaña que se denomina “Semillas de identidad”, en la que se busca fortalecer y divulgar el proceso de recuperación, conservación y manejo de las semillas criollas, especialmente las de maíz, debido a la importancia de este cultivo desde el punto de vista cultural, socioeconómico y en términos de la seguridad alimentaria de campesinos e indígenas de la región. Estas organizaciones han logrado rescatar más de 25 variedades de maíces criollos en esta zona del país y también las prácticas ancestrales para su cultivo y numerosas recetas culinarias basadas en el maíz24. Esta campaña pretende visibilizar y mostrar a las entidades gubernamentales que desarrollan las políticas de fomento en el sector agropecuario, que en el país existen modelos y alternativas productivas sostenibles con enfoque agroecológico, basadas en el manejo de la biodiversidad, que están adaptadas a las condiciones ecológicas y productivas de la Región Caribe, y que para consolidarse requieren el reconocimiento y apoyo del Estado. Estas organizaciones pretenden mostrarle al Estado que si quiere introducir maíz transgénico en la región Caribe, debe involucrarlas y consultarlas antes de tomar una decisión. ¿Ante este panorama que alternativas tenemos? Debido a que la bioseguridad involucra a todos los sectores de la sociedad, la toma de decisiones sobre la adopción de estas nuevas tecnologías y la búsqueda de alternativas y propuestas para afrontar estos nuevos retos, deben incluir a todos los actores de la sociedad que tienen diferentes enfoques sobre este tema. De ahí

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que se deban buscar acciones participativas que generen responsabilidades y compromisos del Estado y de los diferentes sectores de la sociedad, en varios aspectos: El Estado: Basado en el Principio de Precaución y teniendo en cuenta la limitación jurídica y de capacidad técnica del país en materia de bioseguridad, el gobierno debe declarar una “moratoria” para la introducción y liberación de organismos transgénicos en Colombia, hasta que exista una ley de bioseguridad integral. Esta norma debe incluir la regulación y control de la investigación, introducción, producción, liberación de OGMs, que exija en dichos procesos la evaluación de los riesgos e impactos en el medio ambiente, en la salubridad pública y en las realidades socioeconómicas. Igualmente, el país debe desarrollar la capacidad técnica y científica para realizar estas evaluaciones de bioseguridad en forma independiente de los intereses de la industria. Respecto los derechos a la participación y a la información, las autoridades competentes en materia de la bioseguridad, deben generar los espacios y las condiciones para la participación real, efectiva, representativa y equilibrada de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones. También es obligación de Estado suministrar a los ciudadanos, los consumidores y los agricultores información completa y veraz, sobre los posibles beneficios y riesgos relacionados con la adopción de estas tecnologías y el consumo de productos genéticamente modificados. La sociedad civil: Los ciudadanos deben ejercer el derecho a la participación de todos los sectores de la sociedad. Así mismo, en el proceso de evaluación, seguimiento y toma de decisiones sobre la liberación de organismos GM debe haber una participación activa de los órganos de control de Estado. Adicionalmente, los diferentes sectores de la sociedad deben establecer alianzas estratégicas entre los sectores comprometidos y sensibles a esta problemática, tales como los medios de comunicación, algunos miembros de la comunidad científica y académica, movimientos ambientalistas, ONG’s, organizaciones de agricultores y de consumidores y algunos funcionarios del Estado. El objetivo de estas alianzas es el fortalecimiento de redes de trabajo en el ámbito nacional e internacional, la generación del debate público, la difusión de información y la realización de acciones y campañas que buscan desarrollar sistemas productivos libres de semillas transgénicas y de monocultivos dependientes de insumos externos y que rechazan la privatización de la vida y de los conocimientos tradicionales mediante los derechos de propiedad intelectual (patentes). La estrategia de las comunidades indígenas y campesinas frente a las amenazas de los cultivos transgénicos, debe basarse en el fortalecimiento de sus sistemas productivos tradicionales, que incluya la recuperación, la conservación, el uso, manejo e intercambio de los recursos genéticos y los conocimientos locales y el fortalecimiento de propuestas agroecológicas sustentables, que permitan garantizar la seguridad alimentaria y la identidad cultural. Si los agricultores permiten la homogenización de la agricultura en el mundo, perderían el control de sus semillas y de sus sistemas productivos y le dejarían libre el camino a las transnacionales para que controlen por completo sus formas de vida y subsistencia. Los ciudadanos deben exigirle al gobierno el derecho a un ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la salud humana. Los consumidores deben ejercer el derecho de decidir libremente si aceptan o no los OGM y sus productos derivados. Por eso, deben exigir que los productos que consumen tengan la información real y completa sobre su composición, para lo cual es fundamental que exista la separación de productos GM y no GM y el etiquetado de estos productos. Es fundamental que la “carga de la prueba” sobre la seguridad de un producto transgénico recaiga sobre quien produce esta tecnología y no sobre los consumidores, como ocurre actualmente. Con respecto a los organismos transgénicos, en el mundo existen fuertes cuestionamientos, todavía sin resolver, de tipo ético, tecnológico, político y socioeconómico. Por tal circunstancia, la adopción o no de estas tecnologías debe basarse en la aplicación del Principio de Precaución, es decir, ante la duda, la incertidumbre y la falta de certeza sobe la seguridad de estas tecnologías, tenemos el derecho a decir NO de forma preventiva. Igualmente, si tenemos en cuenta que estas tecnologías no han sido diseñadas y adaptadas a las condiciones y necesidades de los países del Sur, y que tampoco existen condiciones jurídicas y de control para su uso seguro, la estrategia que debemos buscar desde la sociedad civil, debería ir más allá de lograr una moratoria a la introducción de OGM, y más bien deberíamos buscar que “el país se declare libre de transgénicos”, de tal forma que se pueda garantizar la seguridad ambiental, socioeconómica y de salubridad pública, como también

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fortalecer la ventaja competitiva a nivel comercial relacionada con ofrecer al mercado internacional productos libres de transgénicos. Bogotá, enero, 2004

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