LECTURAS TERRITORIALES EN CLAVE DE PAZ

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

Autores: Víctor Barrera y Andrés Aponte

     

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1. INTRODUCCIÓN

Considerado uno de los territorios donde mayor influencia ha tenido las FARC, el

departamento de Caquetá es una región estratégica para la implementación de los acuerdos de

paz que, eventualmente, el Gobierno Nacional firme con esta guerrilla. Así se evidencia en los

ejercicios de priorización territorial que diversas organizaciones han elaborado. De acuerdo al

conjunto de indicadores desarrollado por la Fundación Paz y Reconciliación y publicado en un

reciente informe, los 16 municipios de este departamento evidencian distintos niveles de riesgo

que llaman la atención acerca de la necesidad de tener en cuenta una atención especial en un

escenario de posacuerdo (PARES, 2015). Con una metodología distinta, la priorización

realizada por Naciones Unidas identificó 14 de estos 16 municipios (NN.UU., 2014).

Conscientes de esta situación, en este documento se presentan los resultados de una lectura

territorial que tiene como propósito identificar las posibilidades y desafíos que existen en el

departamento de Caquetá de acuerdo a tres dimensiones que se consideran claves vistas desde

una perspectiva histórica.

En este sentido, el documento sigue la misma estructura sugerida en la presentación general.

Luego de una breve caracterización del departamento (sección 2), se describen los procesos

históricos de ocupación territorial y se destacan tres efectos principales según el tipo de

configuración socioespacial a los que dieron lugar en el departamento (sección 3).

Posteriormente, se presenta una narrativa del conflicto armado en el Caquetá en dos

momentos: el de su origen y expansión y el de sus principales impactos y afectaciones

territoriales (sección 4). En la siguiente sección, se presenta un análisis de las principales

expresiones organizativas y los patrones de movilización social (sección 5) y, posteriormente,

un balance del desarrollo de los procesos políticos y electorales (sección 6). Para finalizar, se

presentan los principales hallazgos de las tres dimensiones estudiadas en clave de los riesgos

que éstos suponen para la implementación de acuerdos de paz y se ofrecen algunas ideas para

mitigarlo (sección 7).

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2. ALGUNOS ASPECTOS BÁSICOS

El departamento del Caquetá se ubica en el sur occidente colombiano, siendo Florencia su

capital. Su jurisdicción territorial inicia en el piedemonte andino y termina en los escarpes de

Araracuara, en plena selva amazónica de modo que en este departamento confluyen la región

andina, el piedemonte amazónico y una parte del piedemonte orinoquense. Limita al sur con el

Amazonas, al oriente con el Guaviare y el Vaupés, al noroccidente con el Huila y el Cauca, al

nororiente con el Meta y al occidente con el Putumayo.

El departamento tiene una extensión de 88.965 kilómetros cuadrados y ocupa el 7.8% del

territorio nacional y el 22.9% del área que Colombia aporta a la gran cuenca Amazónica. No

obstante, la mayoría de la población se encuentra asentada en la denominada parte del

piedemonte amazónico, concentrándose así la dinámica sociopolítica y económica en este

lugar; y teniendo como eje de comunicación la vía denominada “Marginal de la Selva”, que

comunica los departamento del Meta, Caquetá y Putumayo con el Ecuador.

Su territorio se encuentra atravesado por importantes cuencas fluviales (el Ajajú o Apaporis, el

Yarí, el Caguán y el Orteguaza), que en su mayoría desembocan en el río Caquetá, y el cual

termina delimitando el departamento con el sur (Amazonas).El departamento está conformado

por dieciséis municipios que se han fundado en diversas oleadas de colonización, muchas de

ellas tuvieron como génesis los desplazamientos y desarraigos producto de la Violencia y el

fracaso de las reformas agrarias en el mundo andino.

Si bien, inicialmente estaba habitado por poblaciones indígenas, hoy en día la mayoría de sus

pobladores son de origen mestizo. No obstante todavía cuenta con unos pocos caseríos

indígenas en las márgenes de los grandes ríos. Su ubicación geoestratégica lo ha convertido en

un cruce de caminos de los conflictos y violencias que ha padecido el país, ya que ha sido un

nodo entre las zonas de frontera, y el centro del país.

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De acuerdo a estas características de geografía física, pero también ligados a los procesos de

ocupación territorial y la intervención de los colonos y la sociedad que se describen la siguiente

sección, se pueden distinguir cuatro subregiones que se georreferencian en el siguiente mapa y

se caracterizan en el cuadro que le sigue.

Mapa 1. Subregiones del departamento del Caquetá.

Fuente: Vásquez (2015).

3. CONFIGURACIÓN SOCIOESPACIAL

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En esta sección se presenta, de manera sucinta, el proceso histórico de ocupación territorial

que ha tenido lugar en el departamento de Caquetá y sus principales implicaciones en la

configuración socioespacial de este territorio, especialmente en relación con la

subregionalización presentada en la sección anterior.

En términos generales, se insiste en cinco puntos claves:

• El poblamiento del departamento de Caquetá ha sido el resultado de la convergencia

de distintos tipos de colonización (misionera, empresarial, espontánea y armada) que se

han desarrollado desde finales del siglo XIX pero que adquirieron un mayor vigor

desde mediados del siglo XX tal y como se evidencia en el crecimiento demográfico

sostenido que tuvo lugar a partir de la década de 1950 (ver gráfica 1).

• Dichos procesos de poblamiento han sido el resultado tanto del reiterado aplazamiento

de la resolución del problema agrario como de La Violencia partidista de los cincuenta

en las zonas andinas del país que derivó en la expulsión de campesinos hacia regiones

como el Caquetá que, a su vez, han reproducido las mismas problemáticas de sus

lugares de origen alentando nuevos ciclos de colonización que reproducen la misma

lógica de ocupación-concentración-expulsión a nuevos territorios caracterizado por

una secular deficiencia de presencia estatal; lógica que sigue vigente en algunos de los

municipios del departamento.

• La densificación demográfica que el departamento evidenció desde la década de 1950,

en gran parte motivado por la llegada de campesinos tolimenses y huilense que huían

de la violencia partidista, definió las identidades políticas y regionales que caracterizan

al departamento (colonos liberales y comunistas al norte y conservadores al sur). Esta

distribución poblacional tuvo profundas consecuencias para e desenlace del conflicto

armado.

• Estos ciclos de colonización han estado acompañados por la competencia entre dos

modelos de desarrollo (ganadero versus agrícola) entre los que si bien existen puntos

intersección o complementariedad, se ha terminado por imponer la ganadería extensiva

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con consecuencias ambientales significativas para el departamento comprometiendo la

posibilidad de que modelos de agricultura campesina a gran escala puedan tener lugar

en la región.

• Estos ciclos de colonización le han permitido a las FARC insertarse con éxito en

algunas comunidades y lugares del departamento (particularmente al norte) lo cual ha

derivado en la imposición de órdenes sociales parcialmente legítimos por las garantías y

la regulación que ha ejercido este grupo armado en situaciones en los que la autoridad

estatal además de deficitaria ha priorizado el componente militar sobre el civil.

En lo que se sigue, se describen los procesos históricos detrás de estos cinco puntos claves.

Para este propósito, la narrativa se divide en tres períodos temporales. El primero, que va

desde finales del siglo XIX hasta la década de 1950, cuando el dominio indirecto que ejercía los

capuchinos estuvo sucedido por ciclos de colonización alentados por la actividad cauchera que

derivó en una mayor integración del departamento y sentó las bases de una economía ganadera

y de una élite política liberal provenientes del Huila que, posteriormente, se consolidaría como

el intermediario entre la región y la nación. El segundo, que va de 1950 hasta mediados de

1980, donde la superposición de colonizaciones (dirigida, espontánea y armada) dio lugar a una

mayor densificación demográfica y una mayor integración política, territorial y económica del

departamento al país. Y el tercer período en el que se evidencia la consolidación del modelo

ganadero y la conformación de una estructura agraria multimodal con profundas implicaciones

en materia ambiental.

3.1. Los inicios del poblamiento: auge cauchero

El inicio del poblamiento “moderno” de lo que actualmente se conoce como el departamento

de Caquetá, se inició durante los últimos años del siglo XIX y se prolongó hasta mediados

hasta mediados del siglo XX. Inicialmente esta zona fue administrada y controlada por los

misioneros capuchinos, quienes tuvieron la labor de civilizar a los pobladores aborígenes (Ciro,

2008; Ciro, 2013 y Vázquez, 2015). Luego, con la introducción de la explotación cauchera, se

empezó a consolidar una mayor ocupación del territorio obligando al Estado ya no sólo a

delegar el control de este territorio a un tercero, sino a insertar la maquinaria estatal por los

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avances de las empresas peruanas, la Casa Arana y la Guerra con el Perú (1932-1933). De esta

manera, se fueron configurando puntas de colonización empresarial y campesina, teniendo

como nodo la geopolítica del caucho que dominó la cuenca amazónica a comienzos del siglo

XX (Ciro, 2008; Ciro 2013, Ariza, Ramírez y Vega, 1998).

La importancia de la introducción de la economía cauchera en el departamento del Caquetá,

radicó en que puso en marcha un proceso de civilización de amplios territorios selváticos,

aceleró el poblamiento del territorio y contribuyó a sentar las bases iniciales del modelo

ganadero toda vez que muchos de los colonos que adquirieron sus tierras en el proceso de

adjudicación de baldíos durante los años veinte y treinta aprovecharon la bonanza para

establecer fincas ganaderas encaminadas a abastecer de carne y queso a la población flotante

que se reunía en los puntos estratégicos de acopio y comercio (González, Ramón y Torrijos,

2003, p. 42; Sinchi, 2000; Domínguez, 2005; Ciro, 2008).

Las trochas ganaderas desarrollaron una mayor comunicación entre el piedemonte y el interior

del país, posibilitando una mayor presencia del Estado que terminó por materializarse en la

creación de diferentes unidades administrativas. Para 1912 se elevó la categoría administrativa

del Caquetá a comisaría y se establecieron cuatro corregimientos al interior de la misma,

situación que evidenciaba una presencia temprana pero precaria de algunas instituciones

estatales (Artunduaga, 1987; González, 1998; Ciro, 2008).

Este proceso se acentuó para la década de 1930 cuando el conflicto con el Perú incentivó una

respuesta del Estado con un impacto local significativo. Por una parte, se generó un despliegue

de autoridades estatales producto de los cambios en la legislación que elevaron, de nuevo, el

estatus administrativo de esta región. Por la otra, con el fin de desplazar tropas se construyeron

nuevos caminos que, una vez la confrontación bélica dejó de ser una amenaza para el país, se

constituyeron en nuevos ejes de poblamiento e interacción con otras regiones del país,

especialmente el piedemonte Sur y la región del Caguán (Ciro, 2008).

Como resultado de estas dinámicas, durante la mitad del siglo XX el hato ganadero creció de

manera lenta pero sostenida y sentó las bases de una elite liberal proveniente del Huila que,

posteriormente, terminaría por acaparar tierras y el monopolio de la intermediación política.

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3.2. Superposición de colonizaciones y consolidación del modelo ganadero

Este primer ciclo de poblamiento que se desplegó durante la primera mitad del siglo XX se

dinamizó durante la década de 1950 en adelante resultado de la superposición de tres tipos

colonizaciones que, finalmente, derivaron en una mayor densificación demográfica del

Caquetá.

Gráfica 1.

Fuente: Dane. Elaboración propia

En primer lugar, una colonización armada (hacia el noroccidente del departamento) de

campesinos provenientes de las regiones de Villarica y el oriente de Sumapaz que huían de la

ofensiva militar declarada por el presidente Gustavo Rojas Pinilla. Se trató del fenómeno

conocido como las “columnas en marcha”, la migración de poblaciones campesinas

coordinadas y acompañadas por las autodefensas campesinas que encontrarían en la zona de El

Pato y Balsillas (municipio de San Vicente del Caguán) un lugar idóneo para asentarse: las

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condiciones climáticas y la fertilidad del suelo emulaban las condiciones de sus lugares de

origen y les permitieron impulsar con éxito una economía campesina.

Las identidades políticas de los colonos recién asentados, afiliados al partido comunista, le

valieron una profunda estigmatización que, posteriormente, se reflejaría en una oleada de

represión estatal en el marco de las denominadas Repúblicas Independientes que finalmente

daría lugar a la creación de las FARC en 1964.

En segundo lugar, durante esta misma década arribaron al departamento nuevos contingentes

campesinos provenientes del Tolima y Huila que huían de la violencia partidista. De esta

forma, se una colonización espontánea que finalmente la imprimiría una geografía política

particular al departamento. Al sur llegaron los migrantes conservadores, mientras que al norte

lo hicieron los liberales y comunistas.

En tercer lugar, durante la década de 1950 pero con especial énfasis durante las décadas de

1960 y 1970 se pusieron en marcha varios programas estatales de colonización dirigida por medio

de la Caja Agraria y el Incora. A cargo de esta última institución, se pusieron en marcha los

proyectos “Caquetá 1” y “Caquetá 2”, considerados en su momento el modelo de colonización

dirigida más importante del país e incluso de América Latina. El primero se ejecutó entre 1963

y 1971 y se concentró en la titulación de tierras y la construcción de infraestructura vial. El

segundo proyecto, desarrollado en dos fases (1972-1976 y 1976-1980), buscó enmendar,

parcialmente, algunas de las falencias del anterior al implementar medidas relacionadas con la

promoción de desarrollo social, especialmente en el ámbito de salud y educación (Brucher,

1974; Sinchi, 2000).

A pesar que ambos proyectos contribuyeron positivamente en la titulación de tierras y la

promoción de actividades económicas como la ganadería tuvo profundos impactos

ambientales y sociales. En cuanto a los impactos ambientales, se produjo una transformación

significativa del paisaje resultado de la tala de bosques y la civilización de tierras ganadas a la

selva amazónica. El INCORA restringió la titulación de tierra únicamente a aquellos colonos

que hubiesen desmontado las dos terceras partes de sus baldíos y destinó el 75% de los

créditos al desarrollo de la ganadería desincentivando otras actividades agrícolas. Además, en el

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marco de la Revolución Verde, la productividad agrícola a la cual se destinaron el 25% restante

de esos créditos so orientó hacia los monocultivos, la aplicación de tecnologías no tradicionales

y el uso intensivo de agroquímicos que, además del daño ambiental, fueron insostenibles de

cara a las precarias condiciones materiales de los colonos (Sinchi, 2000).

En cuanto a los impactos sociales, los incentivos ofrecidos por ambos programas fueron

aprovechados por los sectores mejor posicionados que tenían mayor influencia política. En

este sentido, las elites solventes provenientes del Huila que se habían asentado décadas atrás en

el marco de la bonanza cauchera aprovecharon la masiva titulación para acaparar las mejores

tierras y manipularon la provisión de bienes públicos como, por ejemplo, el diseño de las vías

que se construyeron durante esta época con el ánimo de valorizar sus propiedades (Ciro, 2008).

Eventualmente, estas dinámicas agotaron el modelo de colonización dirigida promovida por el

Estado resultado de La configuración de nuevos frentes de colonización espontánea hacia la

zona central y sur del departamento que, finalmente, terminaron por desbordar la iniciativa

estatal. Como anotan Uribe y Ferro (2004), “El campesino-colono, sin la posibilidad de

acceder a nuevos créditos y en muchos casos agobiado por éstos, se vio obligado a vender su

parcela, con lo que se generó un doble problema: la apertura de nuevos frentes de colonización

cada vez más distantes y con menos posibilidades de acceso, y el avance del latifundio que

reprodujo de esta manera las mismas formas de concentración de la tierra del interior del país”.

3.3. Agotamiento del modelo de colonización dirigida

Este último período es la prolongación de las dinámicas descritas anteriormente (consolidación

de la ganadería extensiva y frentes de colonización espontánea) en un nuevo contexto marcado

por la irrupción de los cultivos de coca.

Las líneas de continuidad respecto al período anterior se evidencia en el crecimiento sostenido

de la ganadería, la mayoría de ella concentrada en el norte del departamento (ver gráfica) y la

apertura de nuevo frentes de colonización hacia el centro y sur del Caquetá agenciados por

colonos que no encontraron posibilidades de asentarse en los lugares donde en principio había

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llegado en razón del acaparamiento de tierras de una elite agraria , en su mayoría liberal, que ya

daba visos de consolidación.

Los nuevos frentes de colonización tuvieron impactos demográficos diferenciados al interior

del departamento. Entre 1973 y 1985, gran parte de la explosión del crecimiento demográfico

en Morelia (251%), Curillo (200%) y Solano (207%) están relacionadas con estas dinámicas.

Posteriormente, entre 1985 y 1993, fueron los municipios de Valparaiso (228%), Cartagena del

Chairá (209%), Milán (146%) y San José de la Fragua (154%) los registraron las tasas más altas

de crecimiento demográfico (ver siguiente gráfica)

A pesar de estas líneas de continuidad respecto al período anterior, desde finales de la década

de 1970 la introducción de los cultivos de coca y la llegada de grandes narcotraficantes

impactaron profundamente el proceso de configuración socioespacial.

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La llegada de estos nuevos actores, además de profundizar la tendencia hacia la concentración

de tierras, fueron quienes introdujeron el cultivo en la región buscando construir en ella una

infraestructura que cubriera todos los eslabones de la cadena productiva lo cual incluía el

procesamiento (instalando laboratorios) y su comercialización (con pistas clandestinas) (Ciro,

2013; Vásquez, 2015). Con su arribo no tardó mucho para que estos sectores entraran en

contradicción con la guerrilla, situación que explica la conformación de los primeros grupos

paramilitares en la región. No obstante, el fracaso de esta iniciativa fue evidente y la hegemonía

de las Farc se hizo sentir para los próximos años, regulando, controlando y monopolizando los

diversos eslabones de la economía de la droga (Vázquez, 2015).

El otro revés del asunto fueron las Farc, quienes consolidaron su presencia territorial en

amplios espacios del nivel regional. En algunas ocasiones estableciendo unos lazos fuertes con

las comunidades; y en otros, sobre todo en el piedemonte y el sur, actuando más como ejército

de ocupación, extrayendo importantes recursos materiales a través de prácticas como el

secuestro y “boleteo”; así como afectando e “influyendo” de forma determinada la vida

política local y regional.

En los lugares donde pudo insertarse en la vida comunitaria, un mecanismo crucial fue su

gradual y monopolizadora regulación sobre la economía de la coca (cultivos, procesamiento y

comercialización), que le valió no solo legitimidad política frente a los campesinos cocaleros

sino que también les sirvió para ampliar sus bases sociales, al dirigir y controlar los diversos

eslabones de la coca y los procesos de colonización en las áreas de frontera agrícola en donde

se sembraba (Ramírez, 2011; Vázquez, 2015; González, Bolívar y Vázquez, 2003 y Ferro y

Uribe, 2002).

De lo anterior hay varios puntos a destacar que ayudan a entender el presente del

departamento del Caquetá. Primero, la tendencia al alza de censos poblacionales: lejos de

normalizarse o descender, la población en el Caquetá continuó con su alto crecimiento hasta

mediados del 2000 (Gráfica 1), cuando se estanca por cuenta de las políticas contrainsurgente

de la administración Uribe.

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Segundo, paralelo al desarrollo del cultivo de coca en algunos lugares del departamento y la

intensificación de la violencia que se experimentó durante las décadas de 1990 y 2000, el

modelo ganadero, fundamentalmente de carácter intensivo, se profundizó en el departamento,

algunas veces, jalonado precisamente por este cultivo ilícito: muchos colonos cocaleros

invirtieron los excedentes de capital en esta actividad y, algunos de ellos, se han convirtieron en

ganaderos con medianas propiedades. Dicha consolidación se evidencia en el crecimiento del

hato ganadero que si bien ha disminuido en años recientes sigue siendo significativo y,

particularmente, circunscrito territorialmente en el municipio de San Vicente del Caguán que

desde el 2001 ha representado casi la mitad de todo el inventario bovino del Caquetá.

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Tercero, esta misma diferenciación explica el carácter desigual de la estructura agraria- su

multimodalidad-, pero también la heterogeneidad en el carácter y tipo de propiedad. Por un

lado, están unas reconocidas por la normatividad- tituladas y escrituradas-; y por el otro, otras

informales, sin ningún tipo de reconocimiento legal, salvo el de la comunidad y por parte de la

guerrilla. La anterior idea se confirma con el fortalecimiento hasta el presente del uso pecuario,

en el piedemonte, teniendo como nodo a la zona de San Vicente del Caguán. En este lugar, la

economía ganadera ha inducido la concentración de la tierra. Entre 1988 y el 2008, el

porcentaje de predios menores de 50 hectáreas se redujo en 5%, y el número de hectáreas que

ocupaban disminuyó en un 12%, mientras que los predios mayores de 500 hectáreas

aumentaron, tanto en cantidad como número de hectáreas ocupadas, con un 24% y 53%

respectivamente (Vázquez, 2015). En este orden de ideas la estructura agraria en el Caquetá se

caracteriza, si bien por su multimodalidad, por una preponderancia también de grandes

extensiones.

En el 2008, el 54,25% de los predios tenían menos de 50 hectáreas y ocupaba el 5,58%; el

31,91% era de mediana propiedad y ocupaba el16,8% ; y el latifundio suma el 13,83% y ocupa

el 77,54 %. Si bien 465 del total de los predios tienen entre 20 y 50 hectáreas, es evidente un

proceso de concentración de la tierra, a la cual, posiblemente, han contribuido las denominadas

haciendas de los neoganaderos, que han comprado antiguas haciendas y, como en otras partes

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del país, ese proceso ha implicado una concentración y valorización de la tierra como resultado

de la compra masiva (Vázquez, 2015).

Tabla 2. Distribución de la Tierra en el Caquetá según rango de tamaños, 2008.

Tipo de propiedad

Rangos de Tamaño (ha)

Número de predios

Departamental (%)

Superficie hectáreas

Área departamental

Microfundio Menos de 1 4730 10,24 430,5 0,01 1 -5 1983 4,29 5426,1 0,06

Minifundio 5 -10 2135 4,62 15687,9 0,18 10-20 4538 9,44 62637,9 0,71 20-50 11854 25,66 409152,7 4,62

Mediana propiedad

50-100 9441 20,44 644082,9 7,28 100-200 4235 9,17 551429,3 6,23 200-500 1062 2,30 297861,1 3,37

Latifundio 500-1000 139 0,30 89499,7 1,01 1000-2000 99 0,21 130456,7 1,47 + de 2000 101 0,22 6 643907,5 75,06 Mejoras 6052 13,10 s.i. s.i.

Total 46189 100 8850574,3 99.99 Fuente: IGAC (2010) Elaboración propia. Tomado de Vázquez, 2015.

4. DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO

Para entender las dinámicas territoriales del conflicto armado en el departamento del Caquetá,

es vital partir de dos presupuestos que, no solo ayudan a matizar ciertos lugares comunes sobre

la interpretación del conflicto armado colombiano sino que también resaltan su complejidad y

heterogeneidad: (1) que el conflicto armado no se distribuye de forma homogénea en el

espacio y tiempo y, (2) que los actores armados no se insertan en espacios vacíos (González,

Bolívar y Vásquez, 2003 y Vásquez, 2015a; 2015b).

En este orden, la adopción de una óptica territorial permite dilucidar la naturaleza y la

expresión del conflicto armado en esta zona del país, con el objeto de explicar las formas de

inserción, desenlaces y niveles de afectación diferenciados del conflicto armado. Ya que estas

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variaciones deben ser tenidas en cuenta para enfrentar los posibles retos que se aproximan con

el post-conflicto y concretar la llamada Paz Territorial.

De acuerdo a una mirada panorámica en perspectiva territorial, el primer elemento que salta a

la vista es que los niveles de afectación han sido diferenciados en los municipios del

departamento. Como se observa en la siguiente gráfica, los municipios más afectados han sido,

en su orden: San Vicente del Caguán, Florencia, Cartagena del Chairá, Montañita y Puerto

Rico. En estos cinco municipios, se concentraron el 70% (955) del total de hechos de conflicto

(acciones bélicas e infracciones al DIH) (1349 hechos) registrados en todo el departamento

entre 1990 y 2015.

Visto por modalidad, la distribución territorial cambia aunque se mantienen los mismos

municipios. De acuerdo a las infracciones al DIH, Cartagena del Chairá ha sido el municipio

más afectado, seguido por Florencia y San Vicente del Caguán. Por hechos de acciones bélicas,

esto es, la confrontación estrictamente militar, San Vicente del Caguán ha sido el municipio

que cuenta con mayores registros seguido de Florencia y Puerto Rico. Como veremos más

adelante, esta distribución diferenciada da cuenta de desafíos diferenciados en relación con una

eventual implementación de acuerdos de paz.

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Ahora, de acuerdo a las tendencias temporales del conflicto armado, la violencia asociada a éste

y sus consecuencias para la población del Caquetá se puede dividir, de acuerdo a los datos

estadísticos, en tres momentos: (1) entre 1990 y 1997, donde tuvo lugar un estancamiento del

conflicto y más expresiones asociadas a la violencia política por poder local; (2) entre 2000 y

2006, cuando tuvieron lugar los diálogos del Caguán y, luego, como resultado de su fracaso, se

adelantó una ofensiva militar (Seguridad Democrática) contra las Farc con graves

consecuencias para los DD.HH de los habitantes; y, (3) y entre 2006 y 2015, cuando se

produce la reactivación de esta guerrilla ante el agotamiento de la Seguridad Democrática, para

luego mostrar un evidente descenso a partir de los diálogos de la Habana (Gráfica 3).

Gráfica 3.

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Fuente: Banco datos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Violencia Política- Cinep.

4.1. 1990-1997. El conflicto amado, entre la paz nacional y la disputa por el control de la

política local

A finales de los años 80 y comienzos de la década del 90, los resultados del frustrado intento

de apertura política y la violencia desatada desde diferentes lados contra el oficialismo liberal y

la Unión Patriótica (UP) tuvieron sus repercusiones en el plano político regional: el turbayismo

vio en la UP una amenaza al status quo y reaccionó virulentamente para contener su ascenso,

abriendo, así, un nuevo ciclo de violencia política, al resultar asesinados militantes y políticos

de ambos bandos(Carroll, 2011; Vázquez, 2015 y Ciro, 2013).

En efecto, desde 1987 inició una serie de asesinatos contra líderes y miembros del Partido

Liberal que provocaron la protesta del liberalismo oficial que amenazó con retirarse de los

comicios electorales de ese momento (Mojica, 2000; Ciro, 2012 y 2013). Y en el caso de la UP,

la situación fue más crítica ya que entre 1986 y 1993 fueron asesinados 23 de sus miembros

(Romero, 2013 y Vázquez, 2015). De ahí que este movimiento político se hallaba casi

desaparecida para mediados de los noventa: en el caso del Partido Liberal en cabeza del

turbayismo, a pesar de los golpes que recibió se terminó consolidando su dominio regional; y el

Partido Conservador mostraba un franco retroceso incluso en la denominada Costa Azul

(Vásquez, 2015; Carroll, 2011; Ciro, 2012 y 2013).

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No obstante, para estos años (1990-1997), a pesar de estas expresiones de violencia política en

lo local y regional, la intensidad del conflicto armado fue baja en comparación con toda la serie

histórica, salvo ciertas coyunturas ligadas a los intentos fallidos de paz al final de la década de

1990 y las conversaciones de Caracas-Tlaxcala. Tal es el caso del pico registrado para los años

de 1990 y 1991, el cual estuvo relacionado con el deterioro de la negociación que el gobierno

de Barco había heredado de su antecesor y el asalto a Casa Verde (sede del secretariado de las

Farc), la declaratoria de la estrategia de Guerra Integral y la consiguiente respuesta de esta

guerrilla (Vásquez, 2015 y Vásquez, Restrepo y Vargas, 2011).

Luego, desciende nuevamente durante la administración Samper (1994-1997) por dos tazones.

Primero, porque estaba teniendo lugar un reacomodamiento de las Farc en el marco de su VIII

Conferencia. Y, segundo, porque la Fuerza Pública padecía de una “parálisis”, producto de la

crisis de gobernabilidad ocasionada por el escándalo del denominado proceso 8000. En efecto,

en estos tres años se alcanzó uno de los menores niveles de intensidad del conflicto para la

serie en el departamento.; situación que fue el preludio para el escalamiento del conflicto en

varias zonas del Caquetá como resultado de la preparación de los diálogos y los comienzos de

la entrada en vigencia de la zona de distensión. No en vano, podemos ver un ascenso no sólo

en las acciones bélicas sino también en la tasa de secuestros (Gráfica 3 y 4).

4.2. 1998-2006. Paz y guerra: del fracaso de los diálogos a la intervención directa del

Estado para recuperar el territorio por la vía militar.

Este aumento en la intensidad del conflicto armado preludió lo que posteriormente fue el

establecimiento de la Zona de Distensión como un acuerdo fundamental entre el Gobierno

nacional y las FARC para desarrollar los diálogos de paz durante el gobierno de Andrés

Pastrana (1998-2002). En total fueron cinco los municipios desmilitarizados, entre ellos San

Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá. Aunque uno de los efectos inmediatos de

esta medida fue la disminución de la violencia asociada al conflicto en razón del control que

ejercieron en éstos las FARC, también es cierto que la intensidad del conflicto armado se

trasladó a los municipios aledaños por varias razones (Vicepresidencia, 2007; Vásquez, Vargas

y Restrepo, 2011; Vásquez, 2015).

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En primera instancia, por una cuestión estratégica de la guerrilla, ya que ésta utilizó la ZD

como plataforma para construir desde allí sus corredores militares, en función de sus objetivos

de expansión militar y territorial en amplias zonas del territorio nacional. Para ese entonces,

configuraron el corredor que iba desde el Caguán hasta el Pacífico, pasando por los

departamentos de Huila, Tolima, Cauca y el Valle del Cauca. Igualmente, crearon el corredor

que iba desde el sur de Caquetá hasta el pacífico Nariñense, pasando por la bota caucana y el

Valle del Patía. Sumados a estos dos corredores, construyeron otro que buscó asegurar su

tránsito entre los llanos del Yarí, el medio y bajo Caguán y el río Guaviare, con el objeto de

neutralizar el cerrojo que los paramilitares y la Fuerza Fuerza Pública habían construido

alrededor de la ZD.

En segundo lugar, por la avanzada paramilitar. Aunque estos grupo ya tenían una presencia

ocasional en el norte del departamento, en otras regiones del Caquetá como el sur avanzaron

de manera sostenida aprovechando la ventana de oportunidad que representó algunas medidas

impopulares desarrolladas por las FARC como fueron la campaña de saboteo a las elecciones

locales de 1997 y la extracción de recursos al notablato regional y local y la generalización del

secuestro, sobre todo en la zona de influencia de Florencia que terminaron por superar el

umbral de tolerancia de este sector de la sociedad (Vásquez, Bolívar, González, 2003; Vázquez,

2015; Vargas, 2003; Vicepresidencia, 2007; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011).

Gráfica 4.

21  

Fuente: Cnmh. Elaboración propia.

Sin embargo, la incursión e inserción paramilitar no sólo tuvo lugar en la zona de influencia de

Florencia, igualmente hizo presencia en la subregión sur, específicamente en los municipios de

Morelia, Doncello y Belén de los Andaquíes. En esta zona del departamento se constituyó en

el epicentro del paramilitarismo en el departamento, sobre todo cuando sus actividades se

intensificaron a partir de finales del 2002, bajo el propósito de construir un corredor de

seguridad sobre el río Orteguaza-Alto Caquetá y controlar también la interconexión entre el

Bajo y Medio Caguán (Vargas, 2003; Vásquez, 2015) bajo diversos propósitos: (1)contener la

movilidad y las acciones de la guerrilla por fuera de la ZD,(2) como parte de su pretensión de

monopolizar todos los eslabones de la economía de la coca, desde los cultivos hasta su

comercialización pasando por el procesamiento de pasta básica (Vásquez, 2015).

En esta dirección, se entiende la disputa territorial que emergió entre paramilitares y Farc, para

evitar que tanto uno como el otro se adentraran y alteraran las formas de control territorial que

tenían en sus áreas de presencia. Así, para estos años, los paramilitares hacían presencia y se

extendían desde el Bajo y Medio Putumayo pasando por el sur del departamento del Caquetá

en dirección sur-norte para ejercer presión sobre el Caguán, donde se enfrentaban a las Farc,

que operaba en sentido contrario y avanzando desde la región del Caguán; en sentido norte-sur

(Gráfica 3 y 5) (Vázquez, 2015). De ahí que no deba extrañar los picos registrados en las

infracciones al DIH así como el ascenso de los desplazamientos forzados (Gráfica 3 y 5).

Gráfica 5.

22  

Fuente: Ocha-Onu. Elaboración propia.

Ahora bien, vale aclarar que la ZD no inclinó de forma definitoria la balanza militar en favor

de las Farc, y esto se explica por varios factores. Primero, el paquete de ayuda militar (Plan

Colombia) que recibió el Estado colombiano le permitió una mayor capacidad de reacción a la

Fuerza Pública. Segundo, la concentración de tropas por parte de las Farc, en esta zona, con el

fin de salvaguardar a sus comandantes, les restó movilidad militar (Vázquez, 2015, González,

Bolívar y Vázquez, 2003; Vicepresidencia, 2003). Y tercero, en el ámbito político las relaciones

entre esta guerrilla y los poderes regionales y locales oscilaron entre la cooperación y el

conflicto lo que también les representó esfuerzos y minó su credibilidad. Respecto a este

último punto las Farc no solo buscaron generar un vacío total de autoridades estatales, sino

que también masacraron a la familia política regional de mayor importancia (los Turbay Cote)

(Vicepresidencia, 2007, Vázquez, 2015; Ciro, 2013).

Más vale aclarar que no todo fue confrontación. A medida que pasó el tiempo, surgieron

formas de cooperación y se sellaron ciertos acuerdos para asegurar la gobernabilidad. Si bien al

inicio algunas administraciones locales se mostraron desconfiadas, asumiendo algunas veces

posturas de confrontación con la guerrilla y exigiendo al Estado mayor claridad, en aspectos

relacionados con la seguridad, justicia, bienestar y desarrollo, con el paso del tiempo

emergieron y se construyeron unos mínimos de confianza que permitieron reglas claras de

23  

juego, en materia de convivencia, temas sociales, etc., como lo ilustra el caso de San Vicente

del Caguán (Vásquez, 2015).

Lo interesante de este asunto es que las relaciones entre población civil y Farc variaron no solo

de acuerdo a los pobladores sino también al espacio. Por ejemplo, en las zonas marginales de

Florencia se desarrollaron una serie de procesos organizativos con jóvenes de las zonas más

marginadas de la capital; caso aparte fue su labor en las partes rurales del departamento, en las

cuales estas continuaron “fortaleciendo” los procesos organizativos y de algunas expresiones y

demandas de estos dirigidos a presionar al Estado por medio de las Juntas de Acción Comunal

(Jac) (Vázquez, 2015). Dicha labor, se dio sobre todo en los frentes activos de colonización

(Caquetania, Las Delicias, La Cristalina, La Sombra, Los Pozos y San Juan de Losada)

(Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011 y Vásquez, 2015).

Además, la guerrilla aprovechó su presencia en estas zonas apartadas para construir vías que le

resultaron de utilidad en dos dimensiones: por un lado, las utilizó para movilizar sus estructuras

armadas y mejorar los diferentes momentos de la cadena productiva de las economías

regionales de la coca (Vicepresidencia, 2003; Bedoya, 2008; Vásquez, 2015); así como le

sirvieron para ganar mayor legitimidad de los pobladores locales al asumir ciertas funciones

típicas del Estado, pues no sólo estaba colaborando con los procesos organizativos, sino que

también acompañaba, de paso, con una mayor integración a la vida regional de estos habitantes

de espacios marginales.

En este orden de ideas, los aspectos señalados anteriormente permiten entender la escogencia

de esta guerrilla de los 5 municipios para la ZD, pues en ellos no sólo tenía un control

territorial garantizado sino que también les permitía aceitar su relación con los pobladores

insertos en esta área.

Por otro lado, el fin de la ZD, llegó después de varias vicisitudes. A inicios del año 2002 con el

secuestro del senador Eduardo Gechem Turbay, se rompió el proceso de negociación y se

acabó con la ZD.. Dicha situación inauguró un punto de inflexión en el departamento y en las

dinámicas del conflicto armado, por cuenta de la retoma del Ejército, la consiguiente respuesta

24  

por parte de la guerrilla y los comienzos de la incursión de los grupos paramilitares (Gráfica, 3

y 5) (El Heraldo marzo 6 de 2002, página 6; VáSquez, 2015).

Esta tendencia se afirmó con la llegada de Álvaro Uribe (2002), pues el clima adverso frente

una salida negociada del conflicto, y su posterior reelección (2006), le dieron rienda suelta a su

estrategia de derrota militar de la guerrilla y recuperación del territorio por medios coercitivos.

En este sentido, se entiende la implementación de la política de Seguridad Democrática (Plan

Patriota y Plan Consolidación), y que ésta tuviera como uno de sus focos el departamento de

Caquetá. Debido a que esta estrategia se ideó con el fin de golpear a los comandantes de las

Farc, insertarse en sus bastiones históricos, quebrar sus corredores estratégicos de movilidad y

erosionar las bases sociales que habían construido en estos territorios (Bedoya, 2008; Vásquez,

Vargas y Restrepo, 2011 y Vásquez, 2015).

Por eso no debe extrañar, que el departamento de Caquetá y varios de sus espacios

subregionales se tornaron en territorios en disputa. Por un lado, el Estado ingresó y fortaleció

la presencia de la Fuerza Pública en el piedemonte. En respuesta, la guerrilla optó por

replegarse a la zona montañosa (El Pato y Balsillas), los llanos de Yarí, el medio y bajo Caguán

y el medio y bajo Caquetá, desde donde asediaba el piedemonte. De ahí, se explica no sólo el

recrudecimiento de las acciones militares, al intensificarse los combates en las zonas rurales,

entre guerrilla-Estado (Vicepresidencia, 2007; Vásquez, 2015); sino que también la población

civil terminó siendo la gran afectada. Sobre todo por parte de la Fuerza Pública, quien en su

estrategia de recuperación militar del territorio, se constituyó en el principal infractor del DIH.

Hecho que se vio agravado, aún más, por la insistencia del presidente Uribe por los resultados

de los operativos y los incentivos a los miembros del Ejército por guerrilleros muertos.

Detrás de esta apuesta militar había dos percepciones diametralmente opuestas: lo que para el

centro del país eran buenos resultados, al tener apostados militares por “todo” el territorio

caqueteño; para la gente local fue todo un desastre ya que sus intercambios regionales, lazos

comerciales, su movilidad y hasta la misma integridad de los pobladores se vieron afectados

por la política de recuperación militar. Durante este subperíodo se generaron procesos de

éxodos masivos de los habitantes rurales a la capital (Florencia), a otras zonas del país (Bedoya

25  

2008 y Vásquez, 2015) o a áreas más apartadas del departamento para evadir el cerco militar. Y

de esta forma se profundizó la incesante expansión de la frontera agraria en la selva amazónica.

Mirando retrospectivamente, no hay duda que el Estado logró recuperar ciertos espacios y

zonas donde de la guerrilla hacía presencia, extraía recursos e interfería en la vida política

(como el piedemonte); además, aunque parcialmente, logró adentrase en algunas zonas de

retaguardia (2004-2005) que les eran vetadas (como en la zona de la cordillera y en el medio y

bajo Caguán), con el objeto de tomar el control sobre el río Caguán y los diferentes corredores

de movilidad entre la llanura selvática, el piedemonte y el área de la cordillera que tenía la

guerrilla (Reyes, 2009; Vargas, 2003; Vicepresidencia, 2004; Vásquez, Vargas y Restrepo,

2011). No obstante, lo que se produjo fue una marginalización de la guerra (Vásquez, Vargas y

Restrepo, 2011) ya que la guerrilla decidió replegarse y cambiar su estrategia.

En respuesta a la iniciativa militar la guerrilla, inicialmente, aumentó su accionar con el objeto

de retener y dispersar la acción de la Fuerza Pública contra sus principales. Al inicio, su acción

se supeditó a aislar al departamento (por medio de paros armados) y mandó prácticamente al

exilio a buena parte de la clase política del Caquetá (Vásquez, 2015). Esta postura perduró por

un par de años más, aproximadamente hasta el 2007, dedicándose a vetar el proselitismo

político en sus zonas de influencia, y asediando la supuesta zona asegurada por el Estado

colombiano: el piedemonte. De esta forma, exiliaron a varios concejales de diferentes

municipios en la capital (Florencia), asesinaron a otros más en Puerto Rico, así como

continuaron con sus ofensivas militares y los decretos de paros armados para torpedear la

movilidad de los habitantes y los intercambios económicos intrarregionales. (El Tiempo, 22 de

mayo de 2005: 1 y 32 y El Tiempo, 25 de mayo de 2005: 1 y 3).

Para el 2006, en el marco del Plan Patriota, el Estado se logró controlar los cursos medios de

los ríos Guayabero, Caguán y Yarí (Bedoya, 2008; Conferencia, 2004; 2006), poniendo de

manifiesto el continuo retroceso de las Farc en el departamento. No en vano, el Frente 14 se

había reducido a casi a la mitad de sus efectivos; y también las Farc, por cuenta de la ofensiva y

las bajas sufridas en sus diferentes frentes, tuvo la obligación de crear y fusionar varios de sus

frentes no solamente en la parte de la cordillera sino en la llanura amazónica (Reyes, 2009;

26  

Vásquez, 2015). En lugares tales como la Serranía de Chibiriquete, situada en la parte más

oriental del departamento del Caquetá (Bedoya, 2008 y Vásquez, 2015).

Pero esto no fue todo, la intervención directa del Estado las obligó a dejar de lado la

confrontación directa, ahora privilegiando las acciones más pequeñas y atomizadas (Vázquez,

2015 y Vázquez, Vargas y Restrepo, 2011). Mostrando esta vez su capacidad de

reacomodamiento a la Seguridad Democrática y al Plan Patriota, como lo referenciamos atrás

(Vázquez, 2015; Granada, Restrepo y Vargas, 2009).

En suma, lo que señala Vásquez (2015), permite retratar las dinámicas del conflicto armado y

las disputas territoriales que tuvieron lugar, durante este período, luego de la iniciativa estatal

por recuperar militarmente el territorio: lo que significó la recuperación de la seguridad a nivel

nacional representó para los habitantes del Caquetá el aumento de la inseguridad y la

vulneración de sus derechos humanos”.

4.3. Agotamiento de la Seguridad Democrática 2006-2011

Para la segunda administración de Álvaro Uribe (2006-2010), la Política de Seguridad

Democrática empezó a mostrar su agotamiento en tanto que las Farc habían logrado adaptarse

a las nuevo balance estratégico de la guerra (Granada, Restrepo y Aponte 2009; Ávila, 2009;

Vásquez, Vargas y Restrepo, 2001). En el ámbito regional habían evadido de forma exitosa la

presencia de las tropas; además, durante estos años consolidaron las fronteras como nuevas

retaguardias estratégicas políticas y militares; de igual forma se fortalecieron en la Amazonía

oriental y el pacifico nariñense y caucano; y se mantenía a la ofensiva en las zonas circundantes

al macizo del nevado del Huila, especialmente en el norte del Cauca y sur de Tolima (Vázquez,

2010 y 2015). Además, la lógica militar del Estado se materializó en resultados negativos en

materia de DD.HH en las regiones donde la guerrilla se retiró tras su repliegue táctico, como

en el Caquetá (Restrepo, Granada y Vargas, 2009; Vásquez, 2015).

Evidencia del primer punto es que las Farc no cesaron su asedio sobre las partes más

integradas del departamento y esta seguía teniendo injerencia y ejerciendo cierta influencia

27  

sobre ciertos asuntos políticos, económicos y sociales en sus zonas de influencia. En este

orden, continuaban con la realización de retenes, regulaban los diversos eslabones de la coca,

así como controlaban la movilidad de los habitantes y seguían realizando actividades extorsivas

y prácticas de secuestro en el piedemonte (Vázquez, 2015; El Espectador, 14 de diciembre de

2008: 6 y 7). No obstante, los registros no volvieron a alcanzar los mismos niveles que en años

anteriores (Gráfica 4).

En cuanto a los paramilitares, si bien su presencia no se puede comparar con el de otras

regiones del país como la Costa Caribe o el Magdalena Medio, su accionar militar y violento

fue significativo en las subregiones del piedemonte central y sur del departamento, replicando

las mismas estrategias que aplicaron en otras zonas a donde se expandieron. Además, lograron

tener una influencia significativa en la política regional, por medio del Bloque Central Bolívar

(Bcb) al entablar una serie de acuerdos con los políticos locales y regionales (Vásquez, 2015;

Ciro, 2013) que de todos modos nunca tuvieron las magnitudes de Córdoba, Sucre o Cesar.

El caso más emblemático fue el de Luis Fernando Almario y a su ahijado político, Juan Carlos

Claros, a quienes se les comprobó su participación en el asesinato de Diego Turbay Cote,

perpetrado por la Farc (2000), así como por la promoción de grupos paramilitares, haber

pactado con ellos para recibir apoyo político y acordar el apoyo financiero y electoral

(Vázquez, 2015; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011, Vásquez, 2013 y Ciro 2013).

En síntesis, la política pública de recuperación militar del territorio, implementada durante los

ocho años del gobierno de Uribe, partió del errado supuesto de que la violencia y la existencia

de grupos armados no estatales había emergido por “un problema de carencia de Estado, la

cual genera un vacío, que a su vez, facilita el crimen organizado y dificulta la protección

efectiva a los derechos de propiedad” (Granada, Restrepo y Vargas, 2009; Vásquez, 2015).

Pero lo evidencia caqueteña confirma la existencia de una soberanía fragmentada, donde el

Estado y las Farc ejercen simultáneamente autoridad y gobierno sobre el mismo territorio

(Vásquez, 2015); en relación al tipo de población presente, el grado de integración a la vida

nacional, entre otros factores.

28  

Con la llegada de la administración de Juan M. Santos, el gobierno y las Farc decidieron

emprender una ronda de diálogos en medio del fuego. Esta situación, al lado del rearme

paramilitar, ha implicado graves consecuencias en la seguridad de la población del Caquetá, al

afectar gravemente sus DD.HH. No obstante, como veremos, también se ha dado un descenso

histórico del conflicto, no solo a nivel regional sino también nacional.

En relación al primer punto, para los años de 2010 y 2011, incursionaron las denominadas

Bacrim en los municipios del sur (Belén de los Andaquíes, Albania, San José de Fragua y

Valparaíso), al igual que en otras zonas del territorio nacional. Acá su accionar se caracterizó

por varias violaciones a los DD.HH como forma de diputarle el control del territorio y sobre

algunos eslabones de la economía de la coca a los frentes 15 y 49 de las Farc ( Revista Semana,

Una radiografía de las llamada BACRIM”, Marzo 31, 2011).

También las Farc incurrieron en la intimidación de la población civil en la parte norte del

departamento (San Vicente del Caguán, Puerto Rico, el Doncello y Paujil), al cometer varias

violaciones a los DD.HH., sobre todo buscando regular el comportamiento y movilidad de los

habitantes de sus áreas de influencia, restringiendo la incorporación de la población a

programas del Gobierno (como Familias en Acción), sembrando minas antipersonal como

estrategia de contención de la erradicación de cultivos, ejerciendo actos de extorsión y el cobro

de vacunas a comerciantes y ganaderos y, finalmente, obstaculizaron el ejercicio electoral a

través de presiones sobre la población con el fin de evitar el apoyo a ciertos candidatos (El

Tiempo, Las Farc atacan a Puerto Rico Caquetá, Julio 14, 2011 y El Espectador, “Durante la

tregua de las Farc se han registrado 57 acciones violentas”, Enero 18, 2013).

En el marco de estas acciones, algunos habitantes han estado en situación de riesgo,

esencialmente líderes de organizaciones sociales e integrantes de comités de derechos

humanos, delegados y representantes comunitarios, además de víctimas que han entrado en

procesos con la Ley 1448 del 2011.

Y esta postura de las FARC se entiende y se enmarca como forma de contención a la estrategia

del Estado de llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial (Pnct), bajo tres

líneas de acción: recuperación de la institucionalización en el territorio, integración económica

29  

y participación ciudadana y fortalecimiento gubernamental. Ante esta situación, las Farc han

emprendido una serie de acciones con el fin de ejercer contención ante la avanzada estatal. En

esa medida se ha reactivado el Frente 3 y el Frente 49 para enfrentar los operativos de la

Fuerza Pública (El Espectador, Marzo 26, 2015).

A pesar de todas estas vicisitudes, es innegable que el conflicto armado, luego de los diálogos

emprendidos en la Habana, no solo ha descendido de forma importante en el departamento

sino también a nivel nacional . Y todo parece indicar, que los últimos meses se ha dado un

nuevo cese al fuego entre el gobierno y las Farc dicha tendencia se ha acentuado antes de la

firma de los acuerdos (El Espectador, enero 20, 2016).

Síntesis

Lo primero que se puede señalar de este breve recuento es que durante la serie temporal

considerada fue mayor el número de acciones contra la población civil que los enfrentamientos

directos entre los grupos en contienda: se cometieron 863 infracciones al DIH y 663 acciones

bélicas. De esas infracciones al DIH, el 56% fueron cometidas por la Fuerza Pública, el 39%

por las Farc y el 5% por los paramilitares; mientras que las acciones bélicas enfrentaron casi

exclusivamente a la Farc con la Fuerza pública.

Sin embargo, a pesar de haber sido menor en materia de hechos, las acciones bélicas registran

un mayor número de víctimas en el Caquetá que el total de víctimas por infracciones al DIH.

En este departamento, el total de combatientes muertos y heridos fue de 1616 y, en cambio, el

número de víctimas del DIH fue casi la mitad. Lo anterior se explica en razón de que este

departamento ha sido un escenario nacional de confrontación armada que, al lado de una

menor presencia paramilitar, ha implicado una mayor regularidad del conflicto en comparación

con otras regiones, donde la presencia paramilitar se ha dirigido más a atacar

indiscriminadamente a la población civil, a quien considera la base social de las guerrillas-, que

a confrontar militarmente a la guerrilla.

Así mismo, estas modalidades de violencia diferenciadas por autor expresan sus distintas

relaciones con la población civil en el territorio, pues la forma de ejercer violencia varia en la

30  

medida en que sean territorios en disputa o territorios con mayor control y hegemonía de

algunos de los grupos armados. En este sentido es importante tener en cuenta que las

responsabilidad de los diferentes actores varían en función del municipio y el grado de control

que tenían sobre él.

De esta forma, se explica por qué en Cartagena del Chairá, una zona donde las FARC han

logrado construir un orden contraestatal efectivo, sea precisamente la Fuerza Pública la mayor

responsable de victimización de los civiles. De acuerdo a los registros de la base de datos de

conflicto armado del CINEP, entre 1990 y 2015, este actor –la Fuerza Pública- fue el

responsable del 96% de todos los hechos de infracciones al DIH en este municipio. Una

situación diametralmente opuesta a lo ocurrido en la capital del departamento, Florencia,

donde han sido las FARC el actor a quien se le atribuyen la mayoría de las infracciones al DIH.

Del total de las infracciones cometidas en este municipio entre 1990 y 2015 esta guerrilla ha

sido la responsable del 53% de este tipo de victimización seguida de los paramilitares a quienes

se le atribuye el 28%.

Entre estos dos polos, se puede ubicar el municipio de San Vicente del Caguán donde si bien

las FARC han logrado un control importante en algunas zonas rurales, el avance de la Fuerza

Pública y las condiciones sociopolíticas del casco urbano han limitado los dominios territoriales

de esta guerrilla en el municipio. Como correlato, si bien la Fuerza Pública ha sido el actor que

en mayor proporción ha cometido infracciones el DIH entre 1990 y 2015 (58%) a las FARC se

le atribuye un 32%.

Esta distribución de la violencia ejercida en contra de la población civil, es una medida

aproximada que permite ilustrar de qué forma los niveles de control territorial y social de los

distintos actores armados incide en su comportamiento violento. Aunque, como se advirtió,

ésta no ha sido una situación constante en el tiempo, es importante tenerla en cuenta al

momento de pensar los posibles escenarios de la transición el departamento como lo hacemos

en la sección final de este documento.

En suma, las cifras y el análisis cuantitativo de la violencia en general y de la violencia

directamente asociada al conflicto permiten afirmar que este ha sido de baja intensidad y

31  

prolongado en el tiempo, con múltiples actores que han tenido capacidad de adaptación en sus

lógicas y repertorios de violencia. Esos cambios se explican en relación con los contextos

políticos y con las transformaciones estratégicas de la guerra y la paz. Sin embargo, como

hemos insistido, esas trasformaciones temporales del conflicto y la vulneración a los derechos

humanos tienen también una distribución geográfica desigual, lo cual es central si se pretende

diseñar estrategias diferenciadas que tengan en cuenta esa geografía de la violencia en Caquetá

5. ORGANIZACIONES SOCIALES Y MOVILIZACIÓN

Al igual que en otras zonas del país, la presencia de organizaciones sociales en el departamento

del Caquetá no solo es heterogénea, sino que también sus capacidades organizativas dependen

según la división urbano/rural y de sus identidades políticas. En este sentido, los objetivos

planteados por una organización X difieren de una organización Y, en relación no sólo a su

área de influencia sino también con los contextos concretos (si es una zona de colonización, si

la zona está afectada por el conflicto armado, capacidades productivas de la tierra, etc.). En

este orden de ideas, una asociación de caucheros no tiene los mismos objetivos que una de

víctimas, o de una organización para el desarrollo comunitario o de asociaciones campesinas

productivas.

No obstante, a pesar de esta evidente diversidad (Tabla 3), es perceptible que a lo largo de la

historia del departamento algunas asociaciones u organizaciones sociales han logrado

emprender acciones colectivas sostenidas en distintos niveles, demandando no sólo una mayor

injerencia en la toma de decisiones del poder central sino también reclamando una mayor

integración a la vida nacional. Tal es el caso ilustrado por María Clemencia Ramírez con las

marchas cocaleras de 1997 o las iniciativas locales de organización en torno a proyectos

productivos, que han servido de plataforma para instaurar reglas y normas para el desarrollo

“normal” de la vida comunitaria en medio de la violencia y la incertidumbre (Ramírez, 2001;

Vázquez, 2015).

En el caso del Caquetá, algunas de estas expresiones organizativas se han anclado en casos

concretos así como experiencias y tradiciones históricas particulares. Tal es el caso de las Juntas

de Acción Comunal (Jac), las cuales tienen un predominio en el escenario regional debido a

32  

que estas han sido las instancias básicas de coordinación entre los pobladores locales y de

negociación colectiva con los grupos armados y los poderes políticos locales. Y en gran parte,

esta capacidad y fortaleza se explica por los vínculos de reciprocidad y solidaridad heredados

de procesos compartidos de colonización, la economía ganadera y una conexión vial

interveredal derivada de los dos anteriores procesos, los cuales han terminado por sentar en el

tiempo, las bases simbólicas y materiales de estas dinámicas organizativas.

En este sentido, las Jac han permitido establecer normas comunitarias, cobrar impuestos,

proporcionar bienes públicos básicos (puestos de salud, escuelas y carreteras) y erigirse como

las depositarias por ley consuetudinaria de atribuciones como darle legitimidad a la posesión de

predios rurales, resolver conflictos vecinales, etc.

Ahora bien, contrario a otras zonas de colonización, y de acuerdo a las características descritas

en la sección sobre configuración territorial, algunos cambios relacionados con los legados de

la zona de despeje y algunos impulsos desde la municipalidad, le ha permitido a diversas

experiencias organizativas, entre esas las Jac, resolver con éxito los problemas básicos de

acción colectiva y, de esa forma, sostenerse en el tiempo y promover y mantener

organizaciones de segundo y tercer nivel desde las cuales proyectan sus normas y actividades a

un ámbito territorial más amplio y de acuerdo a las coyunturas regionales y nacionales. Tal es el

caso de asociaciones que aglomeran diversas experiencias locales para trabajar temas de

sostenibilidad, desarrollo rural, aspectos técnicos y productivos, en coyunturas nacionales de

paz, en temas ambientales o en materia de cultivos ilícitos (Tabla 3).

No en vano, podemos observar que hay ciertas coyunturas cruciales que nos ayudan a entender

no solo la dinámica organizativa sino también los tiempos de movilización y sus repertorios

para hacer sentir no solo en el ámbito regional sino también nacional, las demandas de los

pobladores caqueteños. Por ejemplo, durante los diálogos de la Uribe, a inicios de los años

ochenta, la movilización experimentó un repunte, para descender y mantenerse más o menos

estable durante toda la década del noventa. Luego, esta experimentó un nuevo repunte a

mediados del 2000, cuando estaba agotándose la política de Seguridad Democrática, para

finalmente dinamizarse con los diálogos de la Habana, en donde nuevamente se llamó la

33  

atención sobre las problemáticas locales, ligadas al acceso de la tierra, el reconocimiento de

dinámicas endógenas de organización, las políticas antidrogas, etc.

Gráfica 6

Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales en Colombia Cinep. Elaboración propia.

Además, queda en evidencia que tanto los procesos organizativos así como los repertorios de

movilización en la historia del Caquetá (1975-2013), han estado ligados en su mayoría a

demandas ligadas a posesión y “legalización” de la tierra, no en vano el 40% del total de las

movilizaciones estuvieron asociados a predios urbanos y rurales. Así mismo, para completar el

cuadro quienes más se movilizaron fueron las organizaciones sociales por medio de marchas,

invasiones y bloqueos. Situación que muestra no solo la vitalidad de estas sino también su

capacidad de organización y coordinación.

Gráfica 7

34  

Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales en Colombia Cinep (2013). Elaboración propia.

Por otro lado, los avances de las diversas expresiones organizativas en el Caquetá no solo se

han limitado al ámbito de acción colectiva, la organización y coordinación de labores en

común. También los capitales acumulados les han sido útiles para incidir en la vida política

local y regional. Gracias a las organizaciones de segundo y tercer nivel, las Jac han podido

movilizar agendas más amplias que la resolución micro local de necesidades y tener una mayor

capacidad de incidencia política, a tal punto que su apoyo resultó fundamental en la elección de

Domingo Emilio Pérez, como alcalde de San Vicente del Caguán (2011-2015) y de varios

representantes al concejo en los comicios de 2010; hechos que son de gran trascendencia toda

vez que rompieron con el dominio histórico que había tenido el partido liberal en este

municipio.

Ahora, esto no quiere decir que las Jac dominen todo el horizonte en el Caquetá; todo lo

contrario lo que evidencia este escenario regional es la existencia de un amplio número y oferta

de organizaciones sociales, que van desde asociaciones, pasando por gremios, organizaciones

de base, fundaciones, entre otras expresiones. Que no solo han surgido dentro de contextos

violentos, sino que también hacen evidente su capacidad de resistencia, adaptación y de

proposición para las problemáticas contextuales del Caquetá: tales como subsanar la pobreza,

35  

las deficiencias estatales, posturas “reactivas” frente a la políticas del gobierno central, pedidos

de mayor integración, reconocimiento de resguardos étnicos, etc. (Tabla 3 y Gráfica 7). De ahí

que no deba extrañar que los pobladores rurales y urbanos caqueteños hayan encontrado

dentro de estas diversas formas organizativas uno de los principales recursos para incidir y

demandar reconocimiento por parte del Estado. De ahí, la imperiosa necesidad no sólo de

fortalecer su estructura interna, sino también integrarlas al diseño de las políticas públicas y

tenerlas como grandes aliadas para el postconflicto (Vázquez, 2015; Fip, 2015).

Y es que las diversas organizaciones sociales del departamento del Caquetá no sólo han

adelantado acciones reivindicativas. Al lado de esa faceta “reactiva”, también hay demandas

incluyentes para que se reconozcan sus tradiciones organizativas, políticas e ideológicas

propias. En este sentido, no solo son un interlocutor válido en el departamento, sino que

pueden servir como una bisagra para que el Estado consolide la presencia de su maquinaria,

apalancándose en los acumulados y la legitimidad que éstas han ganado.

Y es que sus logros son evidentes. Por ejemplo, en el caso de San Vicente del Caguán, se puede

remarcar la experiencia, a partir del movimiento y la organización social, que logró el

reconocimiento “legal” de la Zona de Reserva Campesina del Pato, luego de que en 1997

varias Jac, posteriormente reunidas en la Asociación de Colonos del Pato (Amcop), entraran a

negociar el tema de la tenencia de tierras en el sector Balsillas, para que fueran repartidas entre

unas 110 familias cerca de 8 mil hectáreas (Fip, 2015). Otro caso significativo es el de la

Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas de

Caquetá (Coordosac), que es la instancia de coordinación y movilización más importante del

departamento, la cual ha realizado demandas colectivas por infraestructura vial, cobertura en

salud, educación (Fip, 2015).

También se puede señalar la experiencia de la Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas,

Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán (Unios), que al aglomerar

diversas experiencias organizativas no solo es una de las organizaciones más fuertes del

departamento, sino que también ha desempeñado un importante rol en temas relacionados con

la salida negociada del conflicto, y recientemente ha tomado la bandera contra la explotación

minera y la entrada de inversión extranjera a la región. Así mismo, apoyó la elección como

36  

alcalde de Domingo Pérez, en San Vicente del Caguán, mostrándoles a otras experiencias

organizativas que el campo político es un ámbito que si bien presentan enormes barreras para

su entrada es posible si se logra una acción colectiva sostenida y así prescindir de las

maquinarias de las elites políticas locales (Vázquez, 2015; Fip, 2015 y Ciro, 2013).

Organizaciones sociales, agremiaciones y fundaciones en el Caquetá Nombre Área de

presencia e incidencia

Labor

Organización de afro descendientes del municipio El Doncello

El Doncello Representa a la población organizada afro descendiente entre las personas en situación de desplazamiento.

Asociación Martin Luther King

Puerto Rico Representa a población afro descendiente del área rural y urbana, con el fin de generar acciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de representación en la toma de decisiones.

Asociación Tío Tom Puerto Rico Represente a la población afro descendiente con el fin de mejorar sus condiciones de vida y de representación en la toma de decisiones.

Asociación Construyendo Territorio

Puerto Rico Represente a la población afro descendiente con el fin de mejorar sus condiciones de vida y de representación en la toma de decisiones.

Asociación de Negritudes de San Vicente del Caguán (Anesan)

San Vicente del Caguán

Busca el reconocimiento de la población afrocolombiana y su inclusión en la toma de decisiones a nivel municipal y departamental.

Comité de Paneleros Doncello Gremio creado para la búsqueda de vías de asistencia técnica y se promueven alianzas y gestión de proyectos en pro de la actividad.

Comité de Caucheros Doncello Tiene el objetivo buscar vías de asistencia técnica y promoción de alianzas y gestión proyectos en pro de la actividad en el municipio.

Grupo Asociativo de San Juan

Florencia Asociación creada con el objeto de producir productos agrícolas orgánicos.

Asociación de Ganaderos de Puerto Rico (Asoganado)

Puerto Rico Asociación que promueve el desarrollo y productividad de la actividad pecuaria.

37  

Asociación de Caucheros de Tres esquinas del Caguán

San Vicente del Caguán

Asociación creada para el fortalecimiento y desarrollo del gremio cauchero en el municipio.

Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá (Asoheca)

Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chaira, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, Milán, La Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solita y Valparaíso

Asociación que se encarga de fortalecer al gremio cauchero en el departamento, a través del fomento de estrategias para el manejo de la cadena productiva y el del desarrollo de actividades que mejoren la calidad de vida de las familias cultivadoras de caucho.

Asociación de Productores de Cacao, Maderables y Frutales de la zona norte del Departamento del Caquetá (Acamafrut)

Florencia, La Montañita, Solita, Curillo, Paujil, El Doncello, Valparaíso, Belén de los Andaquíes, San Vicente del Caguán, Solano, San José del Fragua, Milán, Puerto Rico

Asociación que presta asistencia técnica agropecuaria y promueve las alianzas para el desarrollo de cadenas productivas de carácter agrícola y pecuario.

Asociación the Wala (Asothewala)

Puerto Rico Asociación que tiene como objetivo la lucha por los derechos de los grupos indígenas y por el reconocimiento de su cultura y prácticas ancestrales.

Fundación Picachos Florencia Trabaja en el acompañamiento, atención y seguimiento psicosocial a los niños y adolescentes, involucrados en pandillas o víctimas de abuso sexual, para su inclusión en la sociedad

Plataforma de Juventudes

El Doncello Representa a la población joven organizada del municipio del Doncello, entre los que se incluyen víctimas en situación de desplazamiento.

Asociación de Jóvenes de Rio Negro (Asojorio)

Puerto Rico Esta asociación busca desarrollar y brindar ofertas recreativas, audiovisuales, culturales y artísticas a la juventud como una apuesta para la paz.

38  

Red de jóvenes constructores de paz (Red Compaz)

San Vicente del Caguán

Organización conformada por diferentes organizaciones juveniles, la cual está encaminada a adelantar relacionadas con el reconocimiento y respeto del derecho a la objeción de conciencia, el arte, las comunicaciones y la cultura; para promover la protección de este sector de la población frente a las problemáticas que genera el conflicto armado.

Asociación para la Gestión Integral de la Mujer de El Doncello (Asomujer)

El Doncello Asociación encargada de coordinar y ejecutar políticas, planes y programas que contribuyan al logro de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades, con un especial énfasis en los DD.HH.

Red de Mujeres Lideresas Gestoras de Paz y Desarrollo de Puerto Rico

Puerto Rico Organización de mujeres que adelanta acciones en pro de la construcción de paz y desarrollo local.

Mesa Municipal de Víctimas

El Doncello Espacio de participación para las víctimas del municipio, en la cual se adoptan decisiones de política pública y se procura la gestión para las garantías de sus derechos.

Asociación de Futuro (Asodefuturo)

Puerto Rico Organización enfocada a las víctimas del conflicto, la cual se encarga de adelantar acciones tendientes a la formación en derechos y a la promoción del ejercicio de derechos.

Mesa Municipal de Víctimas

San Vicente del Caguán

Espacio conformado con el objeto de fomentar la participación de las víctimas y el ejercicio e sus derechos.

Observatorio Sur colombiano de Derechos Humanos y Violencia (Absurdh)

Caquetá Esta entidad promueve la defensa de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, para hace eso labores de trabaja en la investigación, sistematización y registro de hechos de violencia, así como en la divulgación, defensa y promoción de los DDHH y DIH en la región.

Cámara de Comercio de Caquetá

Caquetá Institución que promueve el desarrollo del departamento.

Fundación Natura Caquetá Organización que aporta a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad para generar beneficios sociales, económicos y ambientales, en el marco del desarrollo humano

39  

sostenible.

Fundación Red Desarrollo y Paz del Caquetá (Red Caquetá Paz)

Caquetá Fundación que busca generar espacios para la recuperación de la confianza, convivencia ciudadana y la construcción colectiva y cotidiana de la paz.

Asociación de Discapacitados

El Doncello Representa a la población discapacitada organizada, entre los que se incluyen víctimas en situación de desplazamiento.

Fundación Promover El Doncello Tiene como objeto trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida y el progreso psicosocial, económico, cultural y ambiental de la población en general.

Fundación Vida y Esperanza

El Doncello Trabaja en la construcción de posibilidades de educación en valores para niños, niñas y adolescentes y población vulnerable.

Secretariado Diocesano de Pastoral Social

Florencia, La Montañita, Paujil, El Doncello, Puerto Rico y Milán.

Ayuda a las comunidades vulnerables, a través de asistencia humanitaria, acompañamiento en formación de derechos y autogestión.

Findifuturo Puerto Rico Asociación de personas en condición de discapacidad que elaboran y venden productos de aseo, generando empleo para sus asociados, lo que redunda en la mejora de sus condiciones de vida.

Asociación Campesina para el desarrollo sostenible del medio ambiente y los derechos humanos del Municipio de Puerto Rico (Asocamcap)

Puerto Rico Organización encaminada a defender los DD.HH y la preservación del medio ambiente.

Unión de Organizaciones Sociales, Campesinas, Ambientales y de Derechos Humanos de San Vicente del Caguán (Unios)

San Vicente del Caguán

Es la confederación de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de DD.HH.

Fundación del Vicariato para la Pastoral Social

San Vicente del Caguán

Organización eclesiástica que brinda atención, protección y capacitación a la población vulnerable y promueve la

40  

(Funvipas) defensa de los derechos humanos de la población víctima del conflicto.

Mercado Campesino de San Vicente del Caguán (Mercasan)

San Vicente del Caguán

Asociación campesina que comercializa los productos en el casco urbano.

Corporación Instituto Politécnico Sur colombiano (Inposurc)

San Vicente del Caguán

Institución de capacitación y formación en perforación sísmica y extracción petrolera.

Fundación Río Caguán

San Vicente del Caguán

Tiene como objeto propósito trabajar en pro de la cuenca al río Caguán y demás recursos naturales del municipio.

Asociación Ambiental del Bajo Pato y Lozada (Asabpl)

San Vicente del Caguán

Proceso organizativo de base, que trabaja en pro de la defensa del medio ambiente y el respeto de la autonomía del territorio, bajo la figura de Zona de Reserva Campesina.

Asociación Municipal de Colonos de la Zona de Reserva Campesina del Pato - Balsillas (Amcop)

San Vicente del Caguán

Esta asociación se creó como solución a los conflictos de usos del suelo que se vivían en la región, facilitando la creación de planes y tecnologías de aprovechamiento racional de los recursos naturales, el impulso de empresas campesinas de economía solidaria para el aprovechamiento forestal y proyectos viables de comercialización, así como la creación de un espacio de trabajo conjunto entre las instituciones y las organizaciones de la comunidad, para la definición de políticas de inversión y desarrollo.

Programa de Desarrollo y Paz del Huila y piedemonte Amazónico (Huipaz)

Caquetá Tiene como objeto contribuir a la consolidación de alternativas frente a la pobreza y los efectos de la violencia en la región, en procura de una salida política al conflicto armado interno.

Asociación de Colonos del Pato (Amcop)

San Vicente del Caguán

Aglomera diversas Juntas de Acción comunal para el reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina.

Plataforma Sur de Procesos Sociales

San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, Solita, Curillo, Cartagena del Chaira, La Montañita y

Es una organización donde convergen diversas organizaciones y procesos sociales con el objeto de una construcción de agendas comunes para alcanzar el desarrollo integral como salida al conflicto y a la desigualdad.

41  

Solano.

Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas de Caquetá (Coordosac)

Caquetá Instancia de coordinación y movilización de diversas organizaciones de base, la cual ha llevado demandas y reivindicaciones en temas relacionados con la infraestructura vial, cobertura en salud, educación

Por otro lado, un punto a resaltar, y que complejiza y supone un gran reto para estas iniciativas

sociales así como al mismo Estado, son los siguientes factores. Por el lado del Estado, este

tiene la imperiosa necesidad de generar y construir confianza entre las organizaciones sociales y

sus instituciones y funcionarios, ya que como resaltamos atrás uno de los corolarios de la

política gubernamental durante el gobierno de Uribe Vélez, así como en hechos pasados, han

terminado por aumenta la brecha entre las comunidades y las instituciones estatales. Además

del trágico deceso de la UP que se experimentó a finales de la década de 1980 y principio de

1990, la responsabilidad de la Fuerza Pública en materia de victimización de civiles, la excesiva

militarización de la presencia estatal y la fuerte estigmatización de muchas organizaciones

sociales han contribuido a esta situación.

Esta percepción no solo pierde vista los matices que hay en el tipo relación que la población

civil establece con los grupos armados ilegales, que puede ir desde la colaboración, el

acomodamiento pragmático, el control por medio de las armas; sino que también, se

desconoce de paso, su capacidad de agencia. Es decir, se olvida que muchas veces estas

negocian, se adaptan o resisten al orden de un grupo armado.

De acuerdo a las ideas esgrimidas anteriormente, se entiende que hayan emergido en el plano

regional y del Caquetá, por parte de las organizaciones sociales, una postura o una demanda de

independencia frente al Estado nacional, así como cierto radicalismo en sus proyectos

políticos. Pero también, por el lado del Estado, esto ha significado su no reconocimiento como

interlocutor válido y legítimo lo cual ha terminado por configurar una intervención estatal

informada por una lógica contrainsurgente que supedita la acción social a la lógica militar

(Vázquez, 2015; Fip, 2015).

42  

De ahí tiene asidero la idea de que uno de los mayores retos del Estado sea integrarlas a su

maquinaria debido a las desconfianza mutuas construidas a lo largo del tiempo por cuenta del

conflicto armado. Además, una cuestión necesaria para la anterior apuesta es no partir de su

idealización, de verla como “una fuerza universal para el bien”, pues la llamada sociedad civil

es más heterogenea y contradictoria de lo que se cree. Y sobre todo en escenarios

postconflicto, en donde los legados de la violencia armada pueden redundar en una sociedad

civil dividida y atravesada por la desconfianza.

No obstante, a pesar de las dificultades y retos señalados atrás, también vale insistir que es

imprescindible aprovechar la existencia de destrezas y habilidades a nivel de las bases sociales

ya que son un componente estratégico para asegurar una adecuada implementación de los

acuerdos y potenciar la construcción de paz, sobre todo después de la evidencia expuesta atrás

en donde se señalaron sus logros en medio de un ambiente polarizado no solo políticamente

sino enmarcada en un conflicto armado.

6. DIMENSIÓN POLÍTICA Y ESTATAL

En este último apartado se aborda la dimensión política en relación con las dinámicas del

conflicto armado y la violencia política como factores que afectan la gobernabilidad, la calidad

de la democracia regional y el ejercicio de una ciudadanía efectiva. Esta sección se divide en

dos apartados. En el primero de ellos se hace un recuento del proceso de formación histórica

del Estado en el departamento con el ánimo de demostrar por qué y cómo las lógicas de

integración que se han promovido desde el centro del país no han sido consistentes con las

realidades locales del departamento.

En el segundo apartado, se analiza el comportamiento de la democracia local y qué tan abierta

ha sido la disputa electoral. La intención de este apartado es demostrar que si bien la

hegemonía histórica del Partido Liberal en el departamento se ha deteriorado y se evidencia

una mayor competencia electoral a nivel local esto no ha significado una verdadera apertura

43  

política. En este sentido, a pesar del impacto local de transformaciones y reformas del orden

nacional como la elección popular de alcaldes a finales de la década de 1980 y la reforma

electoral de 2003, no han tenido lugar una verdadera renovación de las elites políticas locales

pues éstas han logrado reinventarse en nuevos movimientos políticos que limitan el acceso al

poder de fuerzas políticas alternativas.

6.1. La formación de Estado en Caquetá: de la delegación a la intervención militar

directa.

En la historia del Caquetá, la relación de los pobladores con el poder central ha estado

atravesada por distintos tiempos, relacionados con la forma de intervención del Estado y sus

discursos y prácticas de desarrollo: de la postura civilizadora de las misiones católicas se pasó a

las prácticas extractivitas (caucho) y, posteriormente la implementación del modelo ganadero.

Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, bajo el Frente Nacional, se implementó una

intervención reformista y paternalista por medio de una colonización dirigida que, como se

advirtió en la primera sección de este documento terminó siendo desbordada por otras

dinámicas de colonización: espontánea, violenta y cocalera que hizo que las instituciones

estatales no necesariamente estuvieran ausente pero sí a destiempo respecto a las dinámicas y

demandas de una comunidad en constante movimiento. Un modalidad que se profundizó

durante la década de 1980 hasta el presente cuando, no obstante, el Estado cambió su forma

de intervención adoptando una idea de “normalización y recuperación militar” del territorio,

por cuenta de la convergencia entre una economía ilegal y el orden guerrillero (Vázquez, 2015;

Ciro, 2013; Ciro 2008; Gómez y Ramírez, 2015 y Espinosa, 2016).

En este orden de ideas, el departamento del Caquetá retrata de manera acertada la presencia

diferenciada del Estado en el espacio y tiempo (González, Bolívar y Vásquez, 2003 y Vázquez,

2015), ya que en algunas ocasiones el Estado colombiano no tuvo ningún tipo de capacidad o

interés de hacer presencia en ciertas zonas del Caquetá y en otros lo hizo de manera indirecta o

por medio de una serie de “arreglos” con las élites regionales y locales. Este proceso se expresó

en las diferentes legislaciones y cambios de estatus que el Estado realizó a través de sus leyes

sobre el actual territorio del Caquetá: desde su instauración como comisaria en medio del auge

cauchero, pasando por su elevación de categoría de territorio nacional a intendencia en medio

de la violencia de los años 50; y, luego, su posterior departamentalización resultado de la

44  

consolidación de una élite política liberal con base materiales en la ganadería y bien conectada

con el gobierno de Julio César Turbay quien consideró que elevar el estatus político

administrativo de esta región era urgente para garantizar el orden público en una zona donde

se desarrollaba precisamente lo que se conoció como la guerra del Caquetá.

Por eso no debe extrañar que su presencia, históricamente, no haya sido homogénea en el

territorio. Desde el inicio del poblamiento, en la zona del piedemonte, el Estado sí tuvo un

papel importante al incentivar e intentar dirigir un proceso de colonización; además, con las

alianzas y acuerdos tejidos con las élites locales apuntaló su presencia en esta zona del país, al

delegar en las élites regionales y locales- inicialmente huilenses- el monopolio de la

intermediación e integración (sobre todo en el Partido Liberal, así como en el Conservador en

el sur del departamento), el modelo desarrollo regional, entre otras cosas (Ciro, 2013, Gómez y

Ramírez, 2015 y Vásquez, 2015).

Lo anterior no quiere decir que las relaciones entre Estado y élites hayan sido del todo

armónicas. Éstas también han pasado por momentos de tensión y oposición. Pero sin duda

alguna éstas sí contrastan de forma tajante con las relaciones conflictivas y antagónicas que se

han configurado, históricamente, con los pobladores de las zonas de colonización y con la

población campesina cocalera, en donde no solo no hay una falta de reconocimiento e

inclusión de sus formas organizativas a la matriz del Estado, sino que también de las formas y

modos de producción, y apropiación territorial. De ahí se explica que esta escisión haya

terminado generando y definiendo la convergencia territorial entre las Farc y la colonización

cocalera (Vázquez, 2015 y Ciro, 2013).

En este sentido, las tensiones y coyunturas críticas por las que atravesó el departamento, por

cuenta de la renuencia del Estado a reconocer los procesos organizativos locales y regionales

endógenos, así como por su manera de intervenir en el territorio- recuperación militar-,

terminaron por derivar en ciclos violentos que afectaron no solo a las bases guerrilleras sino

también a la población en general por efecto de la misma estigmatización de los habitantes;

45  

hecho enmarcado en imaginarios y representaciones que aglutinan a todo poblador como una

extensión del orden guerrillero.

Estas relaciones antagónicas emergieron entre 1984 y 1988, con el fallido intento de construir

un plan de desarrollo participativo para estabilizar el proceso colonizador en medio del

proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla; también se pueden señalar las marchas

cocaleras (1996), cuando se produjeron las multitudinarias acciones colectivas en respuesta al

tratamiento punitivo y de criminalización que el Estado dio a la problemática de los cultivos de

uso ilícito en varios lugares del sur del país (Ramírez, 2001; Ferro y Uribe, 2002; González,

Bolívar y Vázquez, 2003 y Vázquez, 2015), así como los recientes paros agrarios por cuenta de

la política antidrogas y la poca intervención del Estado central para mejorar la situación del

campo colombiano (La Nación, “Marchas campesinas comienza en Caquetá”, Octubre 8,

2012).

Por otro lado, vale advertir que la presencia diferenciada del Estado no solo se evidencia en la

diversidad y particularidad de relaciones que éste ha establecido con las élites políticas

regionales y locales y los mismos pobladores, sino también en materia de su capacidad para

satisfacer demandas, prestar servicios e implementar planes de desarrollo. De ahí que la

presencia de la maquinaria no solo sea precaria en algunos lugares, sino que ésta tampoco tiene

un importante musculo para recaudar impuestos y desplegar apropiadamente sus planes de

desarrollo y políticas públicas (Tabla 4); ni tampoco para garantizar la satisfacción de

necesidades básicas como viviendo, educación etc. (Tabla 5).

Tabla 4

Índice de desempeño integral por municipios del Caquetá

Municipio Índice Clasificación Puesto

Nacional

Puesto

Departamental

Florencia 79.9 Satisfactorio 97 1

Solano 74.9 Satisfactorio 236 2

Solita 74.6 Satisfactorio 256 3

46  

San José

De la Fragua

74.4 Satisfactorio 258 4

San Vicente del

Caguán

71.4 Satisfactorio 372 5

Belén de

Los Andaquíes

70.6 Satisfactorio 399 6

El Doncello 67.4 Medio 502 7

Cartagena de Chairá 65.3 Medio 573 8

Morelia 64.2 Medio 603 9

Curillo 64.0 Medio 608 10

La Montañita 63.5 Medio 624 11

Paujil 62.1 Medio 653 12

Puerto Rico 59.9 Bajo 704 13

Milán 59.1 Bajo 719 14

Valparaíso 56.3 Bajo 773 15

Albania 53.7 Bajo 838 16

Fuente: DNP (2012). Elaboración propia.

Tabla 5

NBI por municipios en Caquetá Municipio 2005 2012 Albania 35.03% 35.03% Belén De Los Andaquíes 47.83 % 47.83 % Cartagena Del Chairá 50.68 % 51.57 % Curillo 47.42 % 44.58 %

El Doncello 41.17% 42.34% Florencia 26.84% 26.85% La Montañita 64.00 % 65.29 % Milán 60.34 % 60.77 % Morelia 40.27% 40.27% Puerto Rico 46.85% 46.20% El Paujil 54.34 % 54.22 % San Vicente Del Caguán 53.80 % 53.98 % Solano S.I 100,00% Solita 52.87 % 52.87 % San José Del Fragua 49.65 % 49.72 % Valparaíso 46.94% 46.94 %

47  

Fuente: Ocha-Onu. Elaboración propia.

Respecto al tema de la tributación hay varios aspectos a resaltar. Primero que sus limitaciones a

nivel municipal se deben a que la medición del desempeño integral1 evidencia que ningún

municipio tiene una calificación sobresaliente, es decir “aquellos municipios que cumplen todas

o casi todas las metas de sus planes de desarrollo, los bienes y servicios producidos son

generados con alta eficiencia y tienen la mayor capacidad de gestión administrativa y fiscal

(Dnp, 2012).

Sin embargo, seis municipios (Florencia, Solano, Solita, San José de la Fragua, San Vicente del

Caguán y Belén de los Andaquíes) presentan un desempeño integral satisfactorio, que significa

que estos cumplen considerablemente buena parte de las metas de sus planes de desarrollo y la

mayoría de los bienes y servicios son producidos con niveles aceptables de eficiencia, gracias a

unas finanzas que permiten unas capacidades administrativas importantes” (Ibíd.).

Tercero, cinco municipios (El Doncello, Cartagena del Chairá, Morelia, Curilo, La Montañita y

Paujil) tuvieron un desempeño integral clasificado como medio, es decir estos cumplen

parcialmente sus planes de desarrollo y la eficiencia en la producción de bienes y servicios está

en la mitad. Así mismo, han desarrollado a medias su capacidad administrativa y fiscal (Ibíd.).

Y finalmente cuatro de los 16 municipios quedan clasificados como bajo, lo que quiere decir

que cumplen parte de sus planes de desarrollo pero la eficiencia en la producción de bienes y

servicios es baja, al igual que su capacidad administrativa y fiscal es baja (Ibíd.).

                                                                                                               1 Este está compuesto por los siguientes elementos: eficacia, eficiencia, cumplimiento de las regulaciones legales y gestión administrativa y fiscal, que permiten evaluar la gestión pública territorial (Dnp, 2012).

 

48  

De lo anterior también se puede tener idea del estado de las finanzas de los gobiernos

territoriales, su sostenibilidad financiera, su capacidad de generar rentas propias y su nivel de

dependencia de las transferencias nacionales (Ibíd.).En este orden, se puede remarcar que

ninguno de los municipios del Caquetá está clasificado en el rango superior, lo que equivale a

que ninguno de estos es solvente. Solo dos de ellos son sostenibles y 13 de los 16 están

calificados como vulnerables, lo que significa que apenas mantienen un nivel de equilibrio

relativo en su balance fiscal, por lo cual dependen de las transferencias. Por último, dos

municipios del departamento tienen una clasificación de riesgo, lo que representa

insuficiencias para generar recursos propios, haciéndolos altamente dependientes de las

transferencias nacionales.

En esta dirección, esta sección apunta a sostener que no todos los males y la presencia del

Estado en Caquetá y su relación con los pobladores locales- tanto en zonas integradas como en

zonas de frontera-, con las élites locales y regionales y los grupos armados se explican bajo la

dicotomía presencia o ausencia del Estado. Pues esta idea parte del supuesto de que los

conflictos en el Caquetá, y en buena parte del territorio nacional, se relacionan con la ausencia

de Estado (Conferencia Episcopal, 2004 y 2006; Sinchi, 2007).

Es este sentido, se trata más bien de analizar con detalle las vicisitudes de la política local, sus

prácticas y las relaciones fluidas que los actores políticos establecen con los grupos armados y

el Estado. Pues el anterior prisma permite visibilizar y mostrar que la formación del Estado en

Caquetá se trata de un proceso de construcción estatal entrelazado con la conformación de la

clase política regional, que se va tejiendo en una trama de interacciones fluidas en la que

intervienen los actores políticos, grupos armados y las adaptaciones que, en el ámbito regional,

se hacen de los diseños y de las transformaciones institucionales realizadas a escala nacional

(Ciro, 2013 y Vásquez, 2015).

Por eso, más que la dicotomía entre ausencia o presencia del Estado, es necesario reexaminar

las relaciones que históricamente se han dado entre el Estado y la sociedad regional del

Caquetá. El cual muestra un patrón dual, así cuando se trata de políticas estatales progresistas que

socavan los intereses de las élites regionales se produce una reacción o resistencia de esas élites

49  

a la política del Estado central, pero también se observa que, al mismo tiempo que se oponen,

las élites locales encuentran las vías, acuerdos y arreglos para adaptarse a la nueva situación y

poner a su favor dichos objetivos reformistas del Estado, como parece ser el caso de los

proyectos de colonización dirigida y de fomento de los años 60 y 70 (Vásquez,2013 y 2015).

6.2. Democracia local e identidades políticas

Una de las dimensiones fundamentales en relación con la implementación de los acuerdos de

La Habana tiene que ver con la posibilidad que habría para que nuevas fuerzas políticas entren

en escena y logren acceder al poder a nivel. En este apartado, se analiza de manera general el

comportamiento de la democracia local a partir de una dimensión minimalista: qué tan

competidas han sido las elecciones a las alcaldías de los 16 municipios del departamento desde

1988 hasta 2015 y qué tipo de fuerzas políticas han accedido al ejecutivo municipal durante

este período de tiempo.

Aunque se trata de un indicador aproximado que no agota las múltiples dimensiones de la

democracia, este análisis ofrece un panorama pertinente en una región que, como anotamos en

secciones previas, la presión armada sobre la clase política local y el pleno ejercicio de los

derechos políticos básicos en razón de la violencia han sido una constante.

En cuanto al primer factor, los niveles de competencia electoral, se empleó un indicador

simple: observar el margen de victoria que el ganador de cada contienda electoral obtuvo

respecto al candidatos que obtuvo el segundo lugar. Detrás de este indicador hay un supuesto

relacionado con uno de los principios básicos de la democracia: certeza en las reglas de juego e

incertidumbre en los resultados. En este sentido, en lugares donde existe un amplio margen de

maniobra se puede asumir que este principio no se cumple y, por lo tanto, al menos desde la

dimensión procedimental, la democracia es de muy baja calidad. Sin embargo, como veremos,

en contextos como el Caquetá, este indicador se puede interpretar de acuerdo a las afectaciones

del conflicto armado que ha padecido esta región.

50  

El siguiente cuadro presenta la evolución de la competencia electoral en cada una de las nueve

contiendas para la elección de alcaldes en los 16 municipios del departamento. En términos

generales, se observa que si bien hay unos picos importantes, es decir, que el ganador obtuvo

un enorme ventaja respecto a quien obtuvo el segundo lugar, en todos los municipios se

observa una disminución. Esto, al menos en términos generales, estaría hablando que,

actualmente, las elecciones para alcaldía son mucho más reñidas que hace quince años.

Sin embargo, para el año de 1997 es notable el pico en municipios como La Montañita, Solano

y San Vicente del Caguán resultado, precisamente, de la operación de sabotaje que desplegaron

las FARC para impedir el desarrollo normal de los comicios electorales lo cual condujo a que

se presentaran candidatos únicos en muchos municipios pero, sobre todo, porque la mayoría

de los aspirantes renunciaron y los pobladores no fueron a depositar su voto por temor a

represalias por parte de esta guerrilla.

Esta dinámica explica, además, que no se hayan podido realizar elecciones en varios municipios

lo cual se expresa en la gráfica en casos como Cartagena del Chairá, Solita y Valparaíso.

51  

Ahora bien, aunque se ha tratado de elecciones locales muy poco competidas en la medida que

la oferta partidista ha estado dramáticamente limitada en razón de la presión de las guerrillas y

el desenlace del conflicto armado en el departamento, algunos observadores han insistido en la

idea según la cual las FARC han presionado para que candidatos con los que simpatizan

resulten favorecidos. Sin embargo, al observar el tipo de partidos que han respaldado a los

ganadores en cada una de las elecciones para alcaldía que se han desarrollado desde 1988 hasta

2015 en los 16 municipios, las fuerzas tradicionales tanto “históricas” (v.g. liberal y

conservador) como “nuevas” (v.g. cambio radical, partido de la U, etc.) han dominado los

ejecutivos municipales, y tan sólo el 17% de estas alcaldías han quedado en manos de fuerzas

políticas alternativas (v.g. partido verde) o de izquierda.

En este sentido, al menos en relación con el cargo político más importante del orden

municipal, se puede decir que la presencia y presión de las FARC si bien ha afectado las

dinámicas y el desarrollo normal de las elecciones no ha producido una transformación

sustantiva del paisaje partidista en el departamento y, más bien al contrario, pudo haber

perpetuado el dominio de elites políticas locales respaldas por partidos que se alejan de contar

con una visión genuinamente reformista.

52  

7. CONCLUSIONES, DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

En este documento ofrecimos un panorama general históricamente informado sobre tres

dimensiones que consideramos claves para tener en cuenta al momento de la implementación

de un eventual acuerdo de paz que logren firmar el Gobierno Nacional y las FARC en La

Habana: las afectaciones territoriales y dinámicas del conflicto armado; las fortalezas y

debilidades de las organizaciones sociales y comunitarias; y la infraestructura estatal y la calidad

de la democracia local.

En esta última sección retomamos los principales hallazgos del análisis de cada una de estas

dimensiones, describimos qué tipos de riesgos implican y ofrecemos algunas rutas de acción

que eventualmente podrían ayudar a mitigarlos.

7.1. Sobre el desenlace e impactos del conflicto armado

Entre los principales hallazgos sobre los cuales es importante insistir tiene que con la

distribución desigual de la intensidad del conflicto armado en función de los niveles de control

territorial y social que han ejercido los diferentes grupos armados en disputa al interior del

departamento. Aunque sin duda existen diferencias en cuanto a su naturaleza y la forma en que

ejercen ese tipo de dominios, el punto clave a destacar es que de ninguna forma se puede

desconocer las capacidades que, en distintos niveles y municipios, las FARC han obtenido

configurándose como un actor político y social relevante que más allá de instrumentalizar a la

población civil se ha constituido en una autoridad que, como tal, le ha permitido a las

comunidades negociar muchas de las normas que han buscado imponer, particularmente, en

aquellos territorios que se asumen santuarios de esta guerrilla.

En otras palabras, contrario a lo que se supone, en los lugares donde esta guerrilla ha ejercido

un control social y comunitario histórico, las comunidades han desarrollado capacidades y

creado canales de negociación para evitar que el grupo armado imponga normas a su antojo.

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Experiencias como las regiones de El Pato en San Vicente del Caguán o Remolino del Caguán

en Cartagena del Chairá ejemplifican esta situación.

El desafío que se desprende de lo anterior tiene que ver, precisamente, en cómo poner en

marcha mecanismos de regulación civilistas y democráticos en lugares donde las FARC han

sido un actor político y social una vez esta guerrilla se desmovilice.

En este sentido, valdría la pena tener en cuenta dos rutas de acción. En primer lugar, pensar en

diseños transicionales que les permita a las comunidades, eventuales desmovilizados de la

guerrilla y autoridades del Estado generar espacios de diálogo acerca del tipo de regulaciones

que deben permanecer y las instancias y autoridades idóneas para garantizar el cumplimiento

de las mismas.

7.2. Sobre la situación de las organizaciones sociales  

Como se describió en la sección correspondiente, en el departamento de Caquetá existe un

capital social importante materializado en distintos tipos de organizaciones sociales y

comunitarias de muy diverso perfil que se han creado y fortalecido a pesar de la persistencia del

conflicto armado y del estigma que recae sobre ellas. En este sentido, al igual que en muchas

otras regiones de colonización, las Juntas de Acción Comunal constituyen el eslabón primario

de coordinación entre los pobladores rurales. Desde estas instancias han promovido

organizaciones de segundo y tercer nivel y han logrado negociar colectivamente con los grupos

armados ilegales.

Sin embargo, se trata de organizaciones que no necesariamente establecen puentes de diálogo

entre ellas lo cual minimiza su capacidad de impacto e incidencia. A su vez, son instancias que

no han logrado traducir su capital social en capital electoral y político que les permita acceder a

las instancias de decisión y, además, se han acostumbrado a actuar al margen de las autoridades

del Estado en razón del estigma y el señalamiento constante resultado de una presencia

excesivamente militar de las instituciones estatales.

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Aquí el tema fundamental tiene que ver con la disminución de las brechas entre comunidades y

Estado pues, de lo contrario, la infraestructura social que se ha construido en el departamento

y las potencialidades que representa se desaprovecharían o, peor aún, competirían y podrían

socavar los esfuerzos de construir una nueva institucionalidad. Por lo tanto, urge la posibilidad

de encontrar mecanismos que articulen las capacidades de las organizaciones sociales y

comunitarias con las instituciones del Estado local y nacional.

En este sentido, se podrían dar pequeños pasos que podrían tener una gran trascendencia para

que las nuevas instituciones ganen en legitimidad y estén informadas por el conocimiento local

que han acumulado los pobladores rurales. Asuntos como las cartas de colonos en los que las

Juntas de Acción Comunal reconoce la posesión de tierras, sus linderos, actividades y tiempo

de residencia en la vereda, son una fuente fundamental al momento de clarificar los tírulo de

propiedad sobre la tierra. Más en un contexto donde el Estado ha sido incapaz de cumplir

cabalmente con esta labor.

Sin embargo, el gran riesgo que se corre es, precisamente, la seguridad de los líderes

comunitarios y sociales del departamento. A pesar que en La Habana las conversaciones

avanzan, en el departamento han proliferado panfletos y amenazas que comprometen su

integridad física.

7.3. Sobre la democracia y la política local

La presión armada por parte de las FARC en contra de candidatos, elites locales y pobladores

ha limitado el ejercicio pleno de los derechos políticos en el departamento de Caquetá

contrasta con la persistencia de un personal político afiliado a los partidos políticos

tradicionales. En este sentido, la posibilidad de profundizar la democracia local durante la

implementación de los acuerdos de La Habana enfrenta un desafío doble. Primero, cómo

evitar que se presenten revanchismos agenciados por una clase política tradicional que ha

resistido la violencia de la guerrilla y que no estaría dispuesta a perder espacios políticos por

parte de fuerzas alternativas sean o no parte de un eventual movimiento político compuesto

por ex miembros de las FARC. Segundo, cómo garantizar que las FARC, una vez convertidos

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en nuevos jugadores políticos se adecúen a las reglas democráticas y acepten el paso de la

certidumbre de las armas a la incertidumbre del juego político.

Una posible ruta para mitigar ambos riesgos podría ser la implementación de laboratorios de

democracia como un espacio que conduzca a la reconciliación política en el departamento.

Estos laboratorios consistirían en arreglos locales transitorios que bran espacios de

deliberación entre comunidades, organizaciones sociales, clase política local y ex miembros de

la guerrilla comprometidos con el proceso de desmovilización para que, con base en recursos

políticos y de inversión pública ampliado, pueden determinar asunto de interés general en cada

uno de los municipios. Concebidos de esta forma, estos laboratorios cumplirían con dos

propósitos. Primero, acercar a enemigos que si bien lo han sido durante mucho tiempo su

cercanía y conocimiento mutuo podría dar lugar a nuevas formas de relacionamiento y a

desarrollar una concepción de la política como un juego de suma positiva donde lo que

algunos ganan no construye la pérdida para otros. Segundo, ayudaría a desarrollar destrezas

deliberativas y de negociación entre agentes que no necesariamente están acostumbrados a

realizar pactos con quienes consideran competidores reales o potenciales.

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