La lucha contra la privatización del agua en Puebla. Un balance necesario.

María Eugenia Ochoa García y Esther Galicia Hernández: Maestría en Estudios

Socioterritoriales, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez

Pliego”, BUAP y Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales

(REMEPP)

Resumen

El propósito del presente trabajo consiste en exponer la experiencia del proceso de privatización del agua en el estado de Puebla, México, fundamentalmente desde las miradas de la ciudadanía que está viviendo los impactos de esta medida que fue aprobada por el Congreso Local del Estado en septiembre del 2013.

The fight against water privatization in Puebla: A necessary balance

The main objective of this paper is to expose the process of water privatization in the state of Puebla in Mexico. This through the experience and views of the citizens that are in the front line of the impacts of this measure that was approved by the State’s local congress in September of 2013.

Introducción:

El proceso de privatización del agua en el estado de Puebla, se da en el marco de

un proceso de políticas económicas y sociales de corte neoliberal impulsadas a

partir del Consenso de Washington1 y que han venido siendo estructuradas e

implementadas a través de convenios firmados entre las multilaterales como el

Banco Mundial, BM y el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco

Interamericano de Desarrollo, BID, y los países del denominado “tercer mundo” y

que en el caso de México entran en vigencia desde la segunda mitad de los 80s,

(Rangel & Reyes Garmendia, 2012).

1 http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf

La privatización de este vital líquido denominada eufemísticamente como

concesión en la legislación local de la Ley de Agua para en el estado de Puebla,

forma parte de las reformas neoliberales de última generación, ó más bien de más

reciente generación, lo que ha venido ocurriendo a escala planetaria y en especial

en los países de América Latina (Colón, 2009), aterrizando en este último periodo

en modificaciones a los marcos legales e institucionales de los países para

permitir el saqueo y explotación de elementos estratégicos y vitales como el agua,

la energía proveniente del petróleo, el subsuelo y el aire, así como la extracción de

minerales, entre otros2.

A nivel nacional se encuentra concesionado alrededor de la tercera parte de

nuestro país (Tourliere, 2017)3, lo que resulta preocupante ya que pone en riesgo

no solo el modelo de desarrollo sustentable al que se podría aspirar, sino que,

dada la situación actual del país, pone en peligro la sostenibilidad de ecosistemas

completos, lo que conlleva a poner en riesgo en diferentes ámbitos nuestra propia

existencia.

Para el caso del estado de Puebla, se han venido implementado políticas

orientadas a la concesión del territorio y a la implementación de políticas públicas

económicas, territoriales y ambientales que están impactando directamente al

sistema hídrico. El estado mexicano y el gobierno poblano han venido ajustando

sus funciones y formas de participación a partir de modificar la base legal y jurídica

en sus diferentes niveles con el objeto de facilitar el despojo y saqueo de los

recursos naturales por parte de empresas nacionales y transnacionales (Anzures,

2015)4.

Proceso que abordaremos más específicamente para el caso de la privatización del agua, en la ciudad capital y en otros 24 municipios del estado, de los cuales abordaremos el caso capitalino y en general el proceso de los otros municipios de la zona conurbada, haciendo énfasis en los efectos que ha tenido sobre todo a nivel de las tarifas del servicio de agua y alcantarillado, la calidad del servicio en términos de accesibilidad y calidad del líquido, como de los servicios en general, así como de sus impactos en la percepción de la ciudadanía en términos de su

2 file:///Users/AbeCuellar/Downloads/Dialnet-LaCrisisDelAguaEnAmericaLatina-3406358.pdf 3 http://www.proceso.com.mx/500030/pais-una-gigantesca-concesion-mapas 4 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/09/29/el-30-del-territorio-poblano-esta-concesionado-a-

empresas-extractivistas-revela-mapa-gracias-a-la-vida/

derecho humano al agua, y al agua como un bien público y un bien común, así como de las reacciones de la población ya sea a nivel individual y colectiva frente a este proceso del 2013 a la fecha. 1. Los Antecedentes del Proceso de Privatización del Agua en Puebla.

Un cambio significativo al respecto se concretó con las reformas energéticas impuestas en 2014 desde el gobierno Federal, situación que provocó que el gobernador Moreno Valle haya enfocado su mirada hacia la Sierra Norte del Estado de Puebla. Desafortunadamente no con la idea de proteger sus valiosas riquezas naturales y socioculturales sino para ofrecer los hidrocarburos (petróleo, gas), minerales, energía eléctrica basada en grandes cantidades de agua (represas) y extracción del gas de lutitas a través de la fractura hidráulica (fracking) a los mejores postores y quedarse con jugosas ganancias producto de su mercantilización. Algunos ejemplos que representan estos procesos son: saqueo que realizó/a la multinacional minera de Oro East Mining en Tulcingo del Valle para extraer antimonio (Cambio de Puebla, 2012); el Proyecto Integral Necaxa o Proyecto Ecoturístico Necaxa que Rafael Moreno Valle pretende imponer en las presas de Tenango y Nexapa; En Tetela de Ocampo el Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terreno en el Cerro de Espejeras; tanto en 2014, como en 2015, en algunos medios de información local y electrónicos se anunciaba que en la Sierra Norte poblana existen diez proyectos para la construcción de hidroeléctricas en las aguas de los ríos Apulco, Zempoala, Ateno y Ajajalpan, se mencionaba que en el caso del río Apulco la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura S. A. de C.V., subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco en territorio de los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla, el proyecto fue denominado “Sistema hidroeléctrico Río Apulco” (Ánimas, 2015)5.

5(http://regeneracion.mx/hidroelectricas-mineria-y-fracking-en-la-sierra-norte-de-puebla/ ).

2. Un proceso nada transparente: Contratos financieros de concesiones secretas e información reservada.

Las concesiones de servicio de agua potable y saneamiento que los gobiernos de diversos países han firmado para privatizar éste servicio han sido clasificadas como información reservada por las mismas administraciones que lo han promovido. En Puebla no ha sido diferente, el contenido de los contratos constituye el mayor secreto financiero de los últimos tiempos. La falta de la transparencia morenovallista, se hace evidente al tener una “licitación o concesión” en calidad de “RESERVADA” durante siete años o hasta que en la empresa subsistan las causales que originaron la reserva de Ley. Este Acuerdo de Reserva fue emitido y firmado el 26 de agosto de 2013, por el Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Manuel M. Urquiza Estrada. Unos meses después, en abril de 2014, el gobierno del estado le confirma a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que “Agua de México” es la firma que obtuvo la concesión para administrar los servicios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) dando inicio a partir del mes de abril. Germán Sierra Sánchez, indica que el contrato con la empresa, no abarca la propiedad de los activos del Soapap, es decir la infraestructura del organismo estatal porque no se transfirieron estos derechos a la empresa pero si se van a usufructuar, por lo que este podrá seguir recibiendo los subsidios de la Conagua. Es por ello, que Soapap es el organismo que le está inyectando recursos públicos a esta empresa privada (Jornada de Oriente enero 2016). 3. Una aproximación al impacto de la privatización del Agua en Puebla de 2013-2018.

Por lo que se ha buscado ir midiendo, los impactos de este proceso de privatización, tomando en cuenta variables e indicadores en base a las experiencias de evaluación que vienen desde entornos académicos y ciudadanos a nivel internacional como la desarrollada por el académico inglés David Hall (Hall & Lobina, 2002) 6 , quien establece como variables o aspectos claves a dar seguimiento: a) Comportamiento de las tarifas del servicio de agua.

6 http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/TPP/2-

PrivatizacionAmericaLatina.pdf

b) Incumplimiento con inversiones acordadas. c) Desempeño Operativo y Administrativo de la concesionaria. d) Calidad del servicio y del agua e) Condiciones laborales en la concesionaria. f) Falta de acceso a la información, especialmente la financiera y de convenios. Para fines de este trabajo se tomaran en cuenta los aspectos planteados en los incisos, a) tarifas del servicio de agua y saneamiento; c) Desempeño Operativo y Administrativo de la Concesionaria; y d) Calidad del servicio y del agua; sobretodo a partir de la información y de las percepciones desarrolladas a través del trabajo de un espacio ciudadano que desde la privatización del servicio del agua potable en Puebla se fue construyendo, La Asamblea Social del Agua, ASA, nace en septiembre de 2013, al mismo tiempo que se aprueba el 12 de septiembre de ese año, en el Congreso Local, la privatización del agua con la reforma a la Ley de Agua, impulsada por el gobernador de ese periodo, el panista, Rafael Moreno Valle (Hernández, 2013 )7. 3.1. Comportamiento de las tarifas del servicio de agua.

En marzo de 2014, ya en el proceso de implementar la privatización del agua, el Congreso local poblano autorizó el incremento del agua para entrar en vigencia en el mes de mayo de ese mismo año, en momentos en que no se sabía nada del proceso de licitación para dejar en manos privadas el servicio del agua, según el pliego tarifario que dividía en seis estratos tarifarios el costo del consumo del metro cúbico de agua en el municipio, en esos momentos ponía el estrato 6, el más caro en 20.23 pesos el metro cubico, lo que puso a Puebla como una de las entidades más caras en materia del servicio del agua y alcantarillado, 10 veces más que lo que pagaba en esos momentos un habitante de la ciudad de México (Castillo, 2014)8. Al entrar en vigencia estas tarifas, otro elemento que vino a encarecer el servicio fue que el cobro dejo de ser bimensual para convertirse en cobro mensual, estableciéndose en todos los casos conocidos por la ASA, la misma tarifa que antes pagaban bimensualmente, como la tarifa mensual; con lo cual se encareció de manera automática en un 100%. La empresa a la cual SOAPAP, le dio la concesión, Concesiones Integrales, S.A. de C.V. estableció que obligatoriamente se tendría que cambiar el medidor, argumentando que los que la gente tenía ya no funcionaban bien, y que ya habían sobrepasado su vida útil, por los nuevos medidores de 1,500 a 2 mil pesos, los cuales vino descontando en los recibos a lo largo de un año, con lo que miles de

7 http://www.proceso.com.mx/352632/aprueba-congreso-de-puebla-privatizar-servicio-de-agua-potable 8 http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/118409/finanzas/puebla-tendra-las-tarifas-de-agua-mas-

caras-de-mexico

familias vieron incrementados sus gastos del servicio de agua, también por esta vía. El Congreso del Estado, ni la empresa, ni SOAPAP, contestaron nunca a las preguntas y reclamos de la ciudadania, de por qué ese sistema de estratificación de la ciudad, y el por qué colonias que con anterioridad pagaban la tarifa más básica pasaron de ser unidades habitaciones, a ser colonias residenciales y estar consideradas hasta el estrato 4, con lo cuál sus costos se incrementaron sustancialmente. La ciudadanía ha detectado que además de que no le dan información clara de la tarifa que está pagando, ni del consumo real que les están cobrando, el funcionamiento de los medidores no es confiable, ya sea porque tenga lo que ellos denominan “mucho aire” y se dispare el aparente consumo, o por otro tipo de descompostura que hace que registre una lectura de consumo que no responde a la realidad, pero que ha llevado a que la ciudadania tenga que organizarse y asumir un peritaje independiente de la empresa. Hasta mayo de 2017, un sondeo que la ASA hizo en base a las denuncias y quejas de los usuarios del agua afectad@s, en colonias del norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, haciendo un análisis de 10 casos en cada rumbo, dio como resultado que mientras en el norte y el sur se registraron incremento de entre 400 y 500%, en el oriente el incremento fue del 300% y en el poniente del 375%. El 22 de mayo de 2017, el periódico oficial del estado de Puebla registra que el SOAPAP autorizo el incremento en las cuotas, tasas y tarifas del servicio que presta a la ciudadanía ahora a través de la empresa Concesiones Integrales, el cual entró en vigencia el mes de junio de 2017 (Gobierno Constitucional del Estado de Puebla , 2017)9. Si bien los medios de prensa registran un incremento entre las tarifas del mayo del 2014 a mayo del 2017 de un 28% en promedio en cada estrato por metro cubico (Martínez, 2017)10, lo cual es muy alto, si tomamos en cuenta el comportamiento de la inflación, según cifras oficiales y que es el indicador económico que debiera ser tomado en cuenta para cualquier incremento, pero que tampoco resulta real, ya que la empresa tampoco ha venido respetando estas tarifas, que de por si son injustas según los parámetros internacionales y de acuerdos firmados por México y que no son respetados, aunque legales porque fueron aprobados por las instancias de ley.

9

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2017/soapap.actua.tarif.

jun17.pdf 10 https://agua.org.mx/costo-del-agua-incrementa-28-en-3-anos-golpe-al-bolsillo-los-poblanos/

La empresa ha transgredido estas tarifas oficiales, según la percepción y la realidad de la ciudadanía, ya que no le cobra las tarifas establecidas sino tarifas superiores, encubriendo esta situación al no registrar debidamente los estados de cuenta de los usuari@s, no estableciendo claramente la tarifa, ni el consumo, así encontramos cientos de casos en donde los usuarios presentan adeudos en casas habitación de hasta un millón de pesos del servicio de agua y saneamiento. A continuación copiamos los cuadros de las tarifas para que se tenga una idea de los costos por metro cubico de agua en los seis estratos en los cuales se dividen las colonias del municipio de Puebla, según las nuevas tarifas publicadas por el periódico oficial y que entraron en vigencia en junio del 2017.

Según el último sondeo de la ASA, los porcentajes de incremento que presenta en sus recibos y en su percepción es en la zona norte y zona sur de 500%, en la zona oriente de 425% % y en la zona poniente de 450%, además de los abusos que vienen sufriendo desde finales de 2017 con el incremento en los cortes de agua y de drenaje por retraso en los pagos, por lo cual la ASA, lanzó una campaña ciudadana para que la población conozca sus derechos y los haga valer (RIOS, 2018)11. 3.2. El Desempeño Operativo y Administrativo de la concesionaria:

El desempeño de la empresa es calificado por la ciudadanía que se organiza y acude a la ASA, como PÉSIMO, ya que desde 2014 que entro con la concesión del servicio, las primeras denuncias fueron que no llegaban recibos-estados de cuenta de cada usuari@, lo que obligaba a que la ciudadanía fuera a las oficinas a solicitar información de sus adeudos o consumos, siendo atendidos de pésima manera, según los relatos a los que además se les puede dar seguimiento en la página de face de la ASA. La percepción de la población sobre las funciones de la concesionaria se han deteriorado aún más por la falta de sensibilidad de su personal y sus funcionarios al tratar las diversas y múltiples situaciones que vive la ciudadanía, dada la crisis económica y el desempleo y además con las medidas que desde finales de 2017 comenzaron a implementar con los cortes de agua y drenaje ante los atrasos en el pago del servicio, lo que viola el artículo 4 y 12 de la constitución federal y del estado de Puebla que consagra el agua y el saneamiento como un derecho humano. Lo que ha llevado también a la ASA a impulsar una estrategia jurídica frente a estas medidas inconstitucionales y violadoras de los derechos a estructurar una campaña de frente a los cortes injustos e inconstitucionales AMPÁRATE, con lo

11 https://www.facebook.com/Asamblea-Social-del-Agua-744796168911897/?ref=bookmarks

cual se ha logrado durante el año pasado ganar alrededor de 87 amparos y en lo que va de este año, 95. 3.3. Calidad del Servicio y del Agua:

La percepción de la ciudadanía y dadas las pruebas que han venido presentando en la ASA, es que la calidad del servicio ha disminuido entre un 50 y 80%, registrándose igual un mayor deterioro en el servicio de las colonias del norte y sur del municipio con un 80% y en las del oriente y poniente también pero en una menor medida porcentual del 50%, lo que es palpable por el incremento del tandeo en el servicio del agua, ya que hay colonias en el oriente y poniente de la ciudad en donde antes de la privatización del servicio del agua les caía agua toda la semana y luego del cambio les cae agua tres o cuatro veces por semana y algunas horas; mientras que en las colonias del norte y sur de la ciudad la situación es más dramática, ya que el tandeo se incrementó de cuatro o tres días que les caía agua por semana a dos o un día algunas horas, por lo que han tenido que incrementar sus gastos ya sea comprando agua de pipa o bien teniendo que construir un aljibe para almacenar su agua y una bomba para distribuirla. Sobre la calidad del agua, la percepción de la ciudadanía también es dramática al respecto, ya que aunque no se tiene información sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento del agua, de las cuales es visible que algunas ya no funcionan, la población si es testigo de que el agua llega con muchos residuos de sales y minerales que afectan sus enseres domésticos, además de que es importante recalcar de que el agua que se recibe en el chorro no es potable, y que para beber, es necesario comprar agua embotellada, lo que significa un incremento más en el gasto familiar. 4. La reacción desde la ciudadanía: individual y colectivamente.

Durante el proceso de privatización del agua, la reacción ciudadana no se hizo esperar, desde diferentes espacios sociales, organizaciones, se comenzaron a articular esfuerzos para buscar influir a través de movilizaciones y pronunciamientos demandando el acceso a la información y que se diera marcha atrás al proceso de concesión del servicio de este vital líquido. Asimismo las organizaciones sociales buscaron influir en los poderes ejecutivo y legislativo locales, a través de cartas formales acompañadas de cientos de firmas, dirigidas tanto al Gobierno del estado como al Congreso Local, al Presidente Municipal y a los regidores, planteando la necesidad urgente de que se analizará el tema, abriendo la posibilidad a la ciudadanía de manifestarse al respecto y la exigencia de revertir este proceso, del ejecutivo estatal sólo se recibió copia de una notificación a una instancia de la Secretaría General de Gobierno a la cual se turnaba el caso; del Congreso no se recibió respuesta y del municipio tampoco. En términos de influir en el poder judicial, la iniciativa ciudadana se planteó impulsar una estrategia jurídica que se ha desarrollado en tres fases:

1ª- fase: de amparos efectuados inmediatamente después de que fue aprobada la privatización del servicio, argumentando la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de Agua de Puebla, presentándose alrededor de 200 amparos, de los cuales sólo uno permanece en proceso en la Suprema Corte de Justicia, SCJ a nivel federal, el cual de seguir su curso implicaría dar marcha atrás a la privatización del agua en la entidad. 2ª fase: de amparos en contra del incremento a las tarifas del servicio de agua luego de que la concesionaria entró en funciones y que se registró, luego de la aprobación del nuevo pliego de tarifas por parte del Congreso local el 14 de marzo del 2014, con lo que se registró un incremento de hasta 400% en las tarifas del agua potable en algunas colonias del municipio de Puebla, con lo cual se ampararon colectivamente a un promedio de 150 personas. (primer amparo que fue aceptado provisionalmente por el juez tercero de distrito, dándose a conocer el 7 de julio de 2014 y que favoreció a 20 personas de la zona norte de la ciudad y luego a otras 40 con otros amparos presentados. En otros dos casos se logró la reconexión del servicio que fue suspendido porque los particulares se habían negado a pagar el incremento. 3ª fase de amparos: en la que se encuentra actualmente la estrategia jurídica de las organizaciones sociales, por violación al derecho de petición de la ciudadanía que viola el Artículo 8 de la Constitución General y 138 de la Constitución en el Estado de Puebla, ya que una de las primeras anomalías que la mayor parte de la ciudadanía registro por parte de la empresa Concesiones Integrales, fue la no llegada de los recibos, tal cual lo plantea la Ley de Agua en el Estado que debieran contener toda la información que se requiere para pagar el servicio; y para lo cual después de requerirlo la empresa cuenta con 8 días hábiles entrega de estados de cuenta, más de 50 amparos que acaban de presentarse para abordar este situación. 4ta fase de amparos: desarrollada desde finales de 2017 hasta la fecha en donde se continúan presentando amparos para contrarrestar los cortes del servicio de agua y de drenaje que cada vez se multiplican más, en donde se alude la violación al derecho humano al agua, lo que debiera de garantizarse, independientemente del pago o no del servicio durante 2017 se ganaron alrededor de 87 amparos y ese año van un promedio de 95. Es importante registrar que una limitación para la ciudadanía es la falta de acceso a la información, tanto respecto al proceso mismo de la licitación a través del cual se decidió que quedara la empresa que actualmente suministra el servicio de agua, así como la reserva del Convenio que estableció el gobierno con la empresa, por 7 años lo que se argumentó como se explica en el apartado anterior, primero por razones del proceso jurídico de los amparos y luego por cuestiones de seguridad de las instancias de gobierno y obvio de la empresa; razones por las cuales, al no contar con los criterios y las reglas claras que se establecieron, esto

limita gravemente el ejercicio de la ciudadanía ante cualquier ejercicio de auditoria, contraloría de la población a ser ejercido a través de las otras instancias que permiten salvaguardar derechos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, como la Procuraduría de Defensa de los Derechos del Consumidor, PROFECO, entre otras. La ASA como otros espacios colectivos e institucionales y organizaciones sociales agrupadas en Puebla en Agua para Todos, Agua para la vida, han desarrollado otras acciones colectivas buscando influir en otras instancias relacionadas con el tema de derechos humanos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la cual le hemos solicitado su intervención en el tema, presentando como argumento, tanto la violación laos artículos tanto de la Constitución General de la República como de la Ley de Agua en el estado, así como con los casos de suspensión del suministro de agua y drenaje y el incremento de tarifas más allá incluso de las tarifas establecidas en el Congreso y de la reclasificación de las colonias y sin embargo a la fecha no hemos recibido respuesta, lo que también hace dudar de su funcionamiento independiente del poder ejecutivo estatal. Como parte de esta labor de incidencia, la acción ciudadana busco incidir también a nivel del cabildo del municipio de Puebla, y apoyados con la experiencia de Agua para Todos, Agua para la vida en el caso de Ramos Arizpe, Coahuila, impulsando una iniciativa de remunicipalización del Agua a finales de 2014 con el apoyo de la mayoría de la oposición: PRI, PRD, PT, MC faltaron 3 votos. Lo que limitó la posibilidad de incidencia en este sentido durante el gobierno actual liderado por el PAN. Lamentablemente, la función actual de los regidores incluso de la oposición se centra en gestionar clientelarmente los requerimientos de la ciudadanía y no en exigir reglas claras a la empresa, abren mesas de negociación con la empresa siendo intermediarios sin exigir y garantizar la debida aplicación de la ley y el acceso a los derechos de la ciudadanía. Así, a partir de la experiencia de organizaciones sociales en defensa del agua, como la ASA, se ha puesto de manifiesto que no existe división de poderes en Puebla, que la democracia está lejos de cumplirse en medio de procesos privatizadores, sin embargo hay esfuerzos de organización social y acciones colectivas dirigidos a la construcción de una sociedad más equitativa, democrática, informada y participativa.

Durante 2017 la ciudadanía a través de la ASA y de Agua para Todos inicio una campaña para lograr que en Puebla, el agua fuera considerada un Derechos Humano, presentando el 7 de abril, una iniciativa de ley para garantizar el derecho humano al agua en la constitución poblana, e impulsó una campaña de recolección de firmas para tal fin a dos niveles, tanto recolección física como a través de CHANGE.ORG además de la recolección de firmas a nivel nacional para impulsar la nueva Ley Ciudadana de Agua Nacional para contrarrestar la iniciativa gubernamental para privatizar el agua a nivel federal.

Sin embargo a pesar de que estuvimos presentando firmas y solicitando respuesta, la única que obtuvimos, fue que estudiarían la petición y no fue hasta principios del 2017 que producto de la presión de diferentes actores sociales que se unieron a esta petición, como municipios y cabildos del estado, que se logró ya que el artículo 12 de la constitución del estado de Puebla, contemple al agua como un derecho humano en los mismos términos que el artículo 4 de la Constitución Federal, lo que es una conquista de la ciudadanía poblana.

Asimismo, la ciudadanía que se ha venido organizando para impulsar la lucha en contra de la privatización del agua y ha planteado como objetivos centrales:

La abrogación inmediata de la Ley de Agua en el estado de Puebla.

La elaboración participativa de una nueva Ley Ciudadana de Agua que tome en cuenta tanto los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, así como las prácticas comunales y de organización colectiva que se tienen en el estado, así como los estudios, investigaciones y propuestas elaboradas tanto en las universidades como en espacios de organizaciones no gubernamentales y colegios de profesionistas sobre el tema. Asimismo que plantea mecanismos claros de la coordinación y operativización de los diferentes niveles de gobierno en la gestión integral del agua desde una visión de sustentabilidad, cuidado y respeto de nuestra naturaleza.

Las estrategias ciudadanas se manifiestan en diferentes frentes y dimensiones, la informativa: con la generación de páginas web, en facebook, en twitter, redes por whatsapp, publicaciones impresas, lonas afuera de las casas; la formativa: con el impulso de talleres, conferencias, foros; la de organización a través de formar Comités en Defensa del Derecho Humano al Agua por barrios, colonias y municipios; la de movilización con la organización de marchas, asambleas mensuales, mítines, brigadas informativas afuera de las oficinas de Concesiones Integrales y en el zócalo de la ciudad y la de multiplicación que es a la que se orientan todas las estrategias y buscando la articulación con otras luchas sociales que buscan la justicia, la equidad y el buen vivir.

5. Apuntando a un balance necesario de la privatización del agua en Puebla: Conclusiones y perspectivas.

a. La privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio de Puebla y zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Amozoc) impulsada y ejecutada por el gobierno de Moreno Valle en septiembre 2013 va en contra de la tendencia mundial que es su remunicipalización (restablecimiento del control público de los servicios de suministro de agua y saneamiento que en algún momento se privatizaron), como

lo señala claramente David Hall en su reciente visita a Puebla (Jornada de Oriente y E-Consulta), así como en diferentes estudios y publicaciones académicas de este autor, de otros autores y de diferentes espacios sociales a nivel nacional e internacional.

b. La no transparencia en todo el proceso de privatización, desde la licitación, hasta los contratos y el funcionamiento de la empresa y el marco institucional generado, que ha estado presente además en gran parte de los fracasos de la privatización del agua en el mundo y ha obligado a “repensar” éstas políticas, más del 94% de los países que se mantenían en esta situación han re-municipalizado el servicio de agua potable y saneamiento, luego de haber registrado los problemas de regulación relacionados con los proveedores multinacionales de agua y la prestación de servicios con fines de lucro. c. En el caso de Puebla esto pone en evidencia que al gobierno de Moreno Valle y a su sucesor no les interesa ni estiman el agua como un bien común ni como un derecho humano, como un bien que es de todos los poblan@s, su visión mercantilista está claramente reflejada en las modificaciones a la Ley Estatal del Agua (2013) y en la entrega del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Municipio de Puebla (SOAPAP) a empresas/capitales privados (Epccor Servicios, Aguas de México, Tecnología Intercontinental y Grupo Financiero Monex, de acuerdo con datos de periódicos locales). En el fondo el objetivo es impulsar y consolidar la inversión privada en todas o casi todas las esferas de la vida pública, beneficiando a los grandes capitales privados nacionales e internacionales y alineándose a las políticas de “desarrollo” neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde hace más de tres décadas.

d. Con la privatización del SOAPAP el gobierno poblano desacata acuerdos internacionales ratificados por México como el que se firmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través del cual se reafirmó a los gobiernos como los principales responsables de brindar las garantías individuales, entre ellas el acceso al agua potable y saneamiento. A nivel nacional se contraviene el mandato constitucional formalizado el 8 de febrero del 2012 cuando se reformó el Artículo 4º de la Constitución Mexicana, a partir de lo cual se reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental y al Estado el responsable de garantizarlo de la misma manera que no reconoce la misma reforma aprobada en enero de 2017 al artículo 12 de la constitución de Puebla que asume todo el contenido del artículo 4to. constitucional federal y al agua como un derecho humano.

Estas modificaciones a la constitución federal y estatal plantean una contradicción entre la constitución federal y del estado con la Ley de Agua del estado de Puebla, ya que mientras la constitución ampara el derecho humano al agua, la ley secundaria permite que si hay deuda en el servicio del agua, la empresa pueda ejecutar el corte del agua y del saneamiento, lo que viola flagrantemente tanto el derecho humano al agua, como convenios internacionales de los cuales nuestro país es firmante.

e. En suma, con la privatización del agua las diferentes instancias de gobiernos se niegan a reconocer este derecho humano básico y al mismo tiempo se oponen a cumplir con su responsabilidad en la prestación de estos servicios estratégicos para el desarrollo social, económico, ambiental de Puebla y la región. Con tal acción dejan en manos de las empresas privadas no sólo la construcción-mantenimiento de la infraestructura y la administración de los servicios de agua potable y saneamiento, sino que transfiere al capital privado el poder amplio de su gestión, esto es, el poder en la toma de decisiones en todo lo relacionado con el control-planeación del recurso hídrico, uso-distribución, manejo de la información y fondos/financiamientos públicos (incluidas las contribuciones de los usuarios). Un poder que no sólo garantizará recuperar la inversión realizada por las empresas favorecidas con la “concesión” del sistema operador sino que permitirá que éstas se apropien de ganancias de monopolio, lo que además favorecerá nuevas formas de injerencia en las esferas de poder económico (por ejemplo, en el sector inmobiliario) y político (por ejemplo, para negociar apoyos partidistas, lo que se ha hecho evidente en las pasadas elecciones).

f. La ciudadanía poblana ha enfrentado estos embates de las políticas neoliberales proyectadas a través de la privatización, informándose, estudiando, organizándose, vinculados con otras experiencias organizativas a nivel nacional e internacional, experimentando diferentes formas y métodos de organización y aprendiendo entre el error y el acierto de lo que implica un trabajo colectivo, hay un largo camino por andar, enfrentar el embate que se viene en abril en donde los intereses transnacionales quieren privatizar el agua a nivel nacional con la Ley Pichardo, la necesidad de generar una mayor correlación de fuerzas en la organización ciudadana por colonias, barrios, poblados, comunidades, municipios para lograr dar marcha atrás a la privatización del agua en Puebla y en otros estados y así la necesaria coordinación con otras luchas en pro de los derechos humanos y en la construcción de ese otro mundo posible en donde quepan todos los derechos, entre ellos los derechos de nuestra madre naturaleza, los derechos del AGUA.

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